Ejecutoria num. P. XV/2007 de Suprema Corte de Justicia, Pleno - Jurisprudencia - VLEX 29345091

Ejecutoria num. P. XV/2007 de Suprema Corte de Justicia, Pleno

Emisor:Pleno
Número de Resolución:P. XV/2007
Localizacion:JUAN DÍAZ ROMERO.MINISTRO ENCARGADO DEL ENGROSE: GUILLERMO I. ORTIZ MAYAGOITIA.
Materia:Suprema Corte de Justicia de México
Fecha de Publicación: 1 de Julio de 2007
RESUMEN

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 7/2005. MUNICIPIO DE CARMEN, ESTADO DE CAMPECHE.CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. PARA ESTUDIAR LA CONSTITUCIONALIDAD DE UNA NORMA GENERAL POR ESA VÍA, DEBE LLAMARSE A JUICIO COMO DEMANDADOS TANTO AL ÓRGANO QUE LA EXPIDIÓ COMO AL QUE LA PROMULGÓ, AUNQUE NO SE ATRIBUYAN VICIOS PROPIOS A CADA UNO DE ESTOS ACTOS, SALVO CUANDO SE RECLAME UNA OMISIÓN LEGISLATIVA.CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. PARA ESTUDIAR LA CONSTITUCIONALIDAD DE UNA NORMA GENERAL POR ESA VÍA, NO ES NECESARIO QUE SE RECLAMEN, DE MANERA CONJUNTA, TODAS LAS DISPOSICIONES QUE REGULAN EL ASPECTO JURÍDICO DEBATIDO.

 
ÍNDICE
CONTENIDO

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 7/2005. MUNICIPIO DE CARMEN, ESTADO DE CAMPECHE.

MINISTRO PONENTE: JUAN D�AZ ROMERO.

MINISTRO ENCARGADO DEL ENGROSE: G.I.O.M..

SECRETARIO: I.F.R..

M�xico, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, correspondiente al d�a veintiocho de noviembre de dos mil seis.

VISTOS; Y;

RESULTANDO:

PRIMERO

Por oficio presentado el tres de febrero de dos mil cinco, en la Oficina de Certificaci�n Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, S.B.d.C.C.Q. en su car�cter de s�ndico de asuntos judiciales del Ayuntamiento del Municipio de C., Estado de C., en representaci�n de este �ltimo, promovi� demanda de controversia constitucional en la que solicit� la invalidez de los actos de la autoridad, que a continuaci�n se precisan:

"II. Acto cuya invalidez se demanda:

"A) Al Congreso del Estado de C.. Concretamente a la C�mara de Diputados, en calidad de C�mara de Origen y R., y parte del proceso administrativo en materia de actos administrativos municipales, el dictamen emitido por las C.ones Unidas de Puntos C.onales y G.�n, de Finanzas y Hacienda P�blica, Control Presupuestal y Contable y Patrimonio del Estado y de los Municipios y del Fortalecimiento Municipal y que corre agregado al presente documento en copias certificadas, en t�rminos del art�culo 110, fracci�n I, de la Ley Org�nica de los Municipios del Estado de C., los que a continuaci�n se transcriben:

"?Art�culo 110. Los Municipios requieren la autorizaci�n previa de la Legislatura del Estado para concesionar sus servicios p�blicos, en los siguientes casos:

"?I. Si el t�rmino de la concesi�n excede a la gesti�n del Ayuntamiento; y

"?II. ...?

"Se les reclama dicho acto procedimental por considerarlo inconstitucional y no ajustarse a derechos previos reconocidos a los Municipios en el art�culo 115, fracci�n II, inciso b), de la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, ya que a partir de mil novecientos ochenta y uno, hasta principios del a�o dos mil cuatro, el texto de la Ley Org�nica de los Municipios del Estado de C. sufri� diversas reformas y adiciones, como producto del procedimiento legislativo previsto por los ordenamientos vigentes, esto es, el Poder Legislativo del Estado de C. modific� el texto original, sin que en ning�n momento �ste fuera sustituido por uno nuevo y distinto orden jur�dico en donde se estableciera lo preceptuado en nuestra Carta Magna.

Por ello mediante acuerdo de Cabildo de fecha primero de febrero del a�o dos mil cinco, el Ayuntamiento del Municipio de C., Estado de C., determin� iniciar el juicio de controversia constitucional, para solicitar la invalidez de los referidos art�culos de la multicitada ley de los Municipios dada su inconstitucionalidad.

SEGUNDO

El Municipio actor narr� como antecedentes del caso, los siguientes:

"IV. Hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes de la norma cuya invalidez se demanda:

"A) El d�a siete de diciembre de mil novecientos ochenta y uno, siendo gobernador del Estado de C., E.E.�a Castellot, orden� la promulgaci�n y publicaci�n de la Ley Org�nica de los Municipios del Estado de C., vigente hasta la presente fecha.

"B) Que a partir de mil novecientos ochenta y cinco hasta principios del a�o dos mil cuatro, el texto de aquella Ley Org�nica de los Municipios del Estado de C. sufri� diversas reformas y adiciones, como producto del procedimiento legislativo previsto por los ordenamientos vigentes, esto es, el Poder Legislativo del Estado de C., modific� el texto original, sin que en ning�n momento �ste fuera sustituido por uno nuevo y distinto orden jur�dico en donde se estableciera lo preceptuado por nuestra Carta Magna.

"C) Que la LVII Legislatura Estatal expidi� el Decreto N�mero 69 mediante el cual seg�n su publicaci�n reforma y deroga diversas disposiciones de la Ley Org�nica de los Municipios del Estado de C. precedente, sustituyendo ciertos art�culos por un nuevo (sic), hecho que no ocurri� con el numeral 110 de la citada ley, ya que no se observ� lo mismo en lo preceptuado en el numeral 115, fracci�n II, inciso B), de la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos a partir de la reforma publica (sic) en el Diario Oficial el veintitr�s de diciembre de mil novecientos noventa y nueve.

D) Por ello mediante acuerdo de Cabildo de fecha primero de febrero de enero (sic) del a�o dos mil cinco, el Ayuntamiento del Municipio de C., Estado de C., determin� iniciar el juicio de controversia constitucional, para solicitar la invalidez de los referidos art�culos de la multicitada Ley de los Municipios dada su inconstitucionalidad.

TERCERO

El Municipio actor estim� violados en su perjuicio los art�culos 115, fracci�n II, inciso b) y 133 de la C.�n Federal y formul� los siguientes conceptos de invalidez:

"Primero. De las autoridades demandadas se reclama la violaci�n del derecho del Municipio de ejercer sus facultades, contenidas en el art�culo 115 de la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, en relaci�n con la C.�n Pol�tica del Estado de C., la Ley Org�nica de los Municipios del Estado de C., por el incumplimiento de lo establecido en el art�culo 115, fracci�n II, inciso B), en el sentido de que el Ayuntamiento se encuentra facultado, con el acuerdo de las dos terceras partes de los miembros que lo componen, para dictar resoluciones que afecten al patrimonio inmobiliario municipal o para celebrar actos o convenios que comprometan al Municipio por un plazo mayor al periodo del referido ente p�blico. Por lo que solicitamos se declare la invalidez del art�culo 110, fracci�n I, de la Ley Org�nica de los Municipios del Estado decretado por el Congreso del Estado de C. en virtud de que contiene disposiciones contrarias a la C.�n y con perjuicio de esta entidad municipal.

"Se�ores Ministros, para nuestro Ayuntamiento ning�n sistema constitucional, admite que cualquier otro �rgano constituido pueda atentar contra la C.�n que lo crea, porque tal acto significar�a la destrucci�n del orden constitucional. Por lo que el dictamen emanado de la Legislatura del Estado, es un acto de autoridad contrario a la C.�n General por sobrepasar las facultades que �sta confiere a los Municipios y por ello ese M�ximo Tribunal debe declarar la invalidez del acto legislativo que se reclama, ya que nos encontramos en presencia de facultades metaconstitucionales que vulneran el marco normativo de los Municipios impiden su desarrollo institucional y obstaculizan los servicios p�blicos que tienen encomendada como trabajo fundamental ese nivel de gobierno. Lo anterior se robustece con la tesis sostenida por el Pleno del Poder Judicial de la Federaci�n en su Quinta �poca que a continuaci�n se transcribe: ?AYUNTAMIENTOS. La sociedad tiene inter�s en que no se altere su organizaci�n pol�tica o social, y en que sus intereses sean administrados por las personas en quienes haya depositado su confianza, al celebrarse su elecci�n, Mientras no se pruebe que tal elecci�n no ha sido realmente leg�tima. Asimismo, el Estado, que tiene como base de organizaci�n el Municipio, tiene inter�s que �ste sea administrado por Ayuntamientos de elecci�n popular directa, y sin que existan autoridades intermediarias entre ellos y el gobierno, y en que se observen escrupulosamente los preceptos constitucionales relativos, mientras no se declare que la C.�n ha sido violada al elegir a esos Ayuntamientos. Amparo administrativo. R.�n del incidente de suspensi�n. Regidores del Ayuntamiento de Tacubaya. 3 de marzo de 1923. Mayor�a de siete votos. Los Ministros A.M.G.�lez y E.M. no intervinieron en este asunto, por las razones que constan en el acta del d�a. La publicaci�n no menciona el nombre del ponente.?

"Segundo. El dictamen emitido por la Legislatura Local del Estado de C., es igualmente contrario a la C.�n, en virtud de que contraviene las reformas efectuadas a nuestra Carta Magna a partir del a�o de mil novecientos noventa y nueve, ya que dentro de los art�culos transitorios ah� establecidos, se preceptu� lo siguiente: Segundo art�culo: ?los Estados deber�n adecuar sus C.ones y leyes conforme a lo dispuesto en este decreto a m�s tardar en un a�o a partir de su entrada en vigor. En su caso, el Congreso de la Uni�n deber� realizar las adecuaciones a las leyes federales a m�s tardar el 30 de abril del a�o 2000.?. De ah� que los art�culos mencionados de la Ley Org�nica de los Municipios del Estado de C., est�n en clara oposici�n con la norma constitucional que al regular en sus transitorios las obligaciones de los Estados en cuanto a dicha reforma �sta no se efectu�, por tanto, la norma que se combate, es violatoria en perjuicio del Municipio.

"Lo anterior se robustece con la tesis sostenida por la Primera Sala del Poder Judicial de la Federaci�n en su Novena �poca que a continuaci�n se transcribe:

"?SUPREMAC�A CONSTITUCIONAL Y ORDEN JER�RQUICO NORMATIVO, PRINCIPIOS DE. INTERPRETACI�N DEL ART�CULO 133 CONSTITUCIONAL QUE LOS CONTIENE. En el mencionado precepto constitucional no se consagra garant�a individual alguna, sino que se establecen los principios de supremac�a constitucional y jerarqu�a normativa, por los cuales la C.�n Federal y las leyes que de ella emanen, as� como los tratados celebrados con potencias extranjeras, hechos por el presidente de la Rep�blica con aprobaci�n del Senado, constituyen la Ley Suprema de toda la Uni�n, debiendo los Jueces de cada Estado arreglarse a dichos ordenamientos, a pesar de las disposiciones en contrario que pudiera haber en las C.ones o en las leyes locales, pues independientemente de que conforme a lo dispuesto en el art�culo 40 de la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, los Estados que constituyen la Rep�blica son libres y soberanos, dicha libertad y soberan�a se refiere a los asuntos concernientes a su r�gimen interno, en tanto no se vulnere el Pacto Federal, porque deben permanecer en uni�n con la Federaci�n seg�n los principios de la Ley Fundamental, por lo que deber�n sujetar su gobierno, en el ejercicio de sus funciones, a los mandatos de la Carta Magna, de manera que si las leyes expedidas por las Legislaturas de los Estados resultan contrarias a los preceptos constitucionales, deben predominar las disposiciones del C�digo Supremo y no las de esas leyes ordinarias, aun cuando procedan de acuerdo con la C.�n Local correspondiente, pero sin que ello entra�e a favor de las autoridades que ejercen funciones materialmente jurisdiccionales, facultades de control constitucional que les permitan desconocer las leyes emanadas del Congreso Local correspondiente, pues el art�culo 133 constitucional debe ser interpretado a la luz del r�gimen previsto por la propia Carta Magna para ese efecto.?

Tercero. Violaci�n de la obligaci�n que tienen las autoridades se�aladas como responsables de guardar y hacer guardar la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, contenidas en los art�culos 87 y 128 de la misma y en lo correlativo en la C.�n Pol�tica del Estado de C. de la Legislatura del Estado de C., por violaci�n a la garant�a de legalidad, debido proceso, y seguridad jur�dica, al no acatar la disposici�n jur�dica establecida en el art�culo 115 de nuestra Carta Magna que consagra el funcionamiento y las prerrogativas del Municipio Libre como base de la divisi�n territorial y organizaci�n pol�tica y administrativa de los Estados, regulando el marco de sus relaciones jur�dicas y pol�ticas.

CUARTO

Por auto del cuatro de febrero de dos mil cinco, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n orden� formar y registrar el expediente relativo a la presente controversia constitucional, que le correspondi� el n�mero 7/2005 y, por raz�n de turno, design� como instructor al Ministro Juan D�az R..

Por prove�do de la misma fecha, el Ministro instructor previno al actor para que en el plazo de cinco d�as contados a partir de su notificaci�n, aclarara si deseaba tener como autoridad demandada al Gobernador C.onal del Estado de C., adem�s de que dentro de la misma temporalidad, precisara la fecha en que tuvo conocimiento de los actos reclamados.

QUINTO

Mediante oficio n�mero 0402 presentado el once de febrero de dos mil cinco, ante la Oficina de Certificaci�n Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal, el Municipio actor cumpli� la referida prevenci�n, esencialmente, en los siguientes t�rminos:

... No reconozco el car�cter de demandado al Gobernador C.onal del Estado de C.; por lo que no se�alo expresamente los actos y disposiciones que haya emitido dicha autoridad que deban ser materia del asunto planteado. Por lo que hace a la prevenci�n que se me hiciera en el sentido de informar la fecha en que se tuvo conocimiento del acto impugnado le manifiesto que dicho acto me fue notificado con fecha veinte de diciembre del a�o dos mil cuatro, v�a correo certificado ...

SEXTO

Mediante acuerdo del diecis�is de febrero de dos mil cinco, el Ministro instructor admiti� la demanda de controversia constitucional, teniendo �nicamente como autoridad demandada al Poder Legislativo del Estado de C., a la que orden� su emplazamiento para que formulara la contestaci�n relativa, y dio vista al procurador general de la Rep�blica para que manifestara lo que a su representaci�n corresponde.

S�PTIMO

La autoridad demandada al dar contestaci�n a la demanda respectiva, se�al� lo siguiente:

Hechos expuestos en la demanda:

  1. Que no es hecho propio del Congreso Estatal la afirmada promulgaci�n y publicaci�n del ordenamiento impugnado.

  2. Que se niega la imputaci�n hecha en el sentido de que no se han establecido en la norma impugnada, los principios que se precisan en el art�culo 115, fracci�n II, inciso b), de la C.�n Federal.

  3. Que se reconoce la aprobaci�n de la reforma a la ley que se tilda de inconstitucional; sin embargo, contrario a lo aducido por el demandante, s�lo se reform� el subinciso a), del inciso 1, de la fracci�n IV, del art�culo 16 de la ley org�nica combatida y no diversos art�culos, por lo que no representa perjuicio alguno al actor, pues nada tiene que ver con lo establecido en la fracci�n II, inciso b), del art�culo 115 de la C.�n General.

  4. Que la decisi�n del Cabildo de promover la controversia constitucional, no constituye un hecho propio del demandado.

    Actos reclamados en la demanda:

    1. Que el Municipio actor consinti� la aplicaci�n del art�culo 110, fracci�n I, de la Ley Org�nica de los Municipios del Estado de C., que ahora reclama, en virtud de que el diecisiete de junio de dos mil cuatro solicit� la autorizaci�n del Congreso del Estado para concesionar el servicio p�blico de limpia, recolecci�n, traslado y disposici�n final de residuos en su Municipio, aunado a que el dictamen del treinta de noviembre de dos mil cuatro, no es un acto definitivo en relaci�n con la solicitud mencionada, pues en el mismo se concluye que el Ayuntamiento deber� proporcionar la informaci�n necesaria para hacer la valoraci�n correspondiente.

    2. Que en atenci�n a la respuesta dada por el Municipio actor en el sentido de que no impugna la publicaci�n o promulgaci�n del art�culo controvertido, ni fue su deseo llamar como demandado al Gobernador del Estado de C., no es posible examinar la constitucionalidad de dicha norma, porque este �ltimo particip� en el proceso legislativo correspondiente.

    Causas de improcedencia:

    1. Que el dictamen emitido el treinta de noviembre de dos mil cuatro, no constituye un acto definitivo en la medida de que tendr� esa calidad hasta que el Pleno del Congreso del Estado apruebe o desapruebe el dictamen, en el que, inclusive, puede modificar las consideraciones o fundamentos legales en los que descansa.

    2. Que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el art�culo 19, fracci�n VI, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Art�culo 105 de la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, en la medida en que no se agot� previamente el procedimiento regulado en la Ley Reglamentaria de la Fracci�n IV del Art�culo 88 de la C.�n Pol�tica del Estado Libre y Soberano de C., no cumpli�ndose, por estos motivos, con el principio de definitividad que campea en estos juicios.

    3. Que se surten las causas de improcedencia previstas en los art�culos 19, fracci�n VI y 20, fracci�n II, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Art�culo 105 de la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, habida cuenta que el dictamen reclamado no ha sido aprobado por el Pleno del Congreso Estatal y, entonces, el perjuicio se actualiza hasta aquel evento.

    4. Que resulta improcedente la controversia constitucional, ya que no se impugnan todos los preceptos que regulan la obligaci�n de los Municipios de solicitar al Congreso Estatal su autorizaci�n para concesionar los servicios p�blicos por un periodo mayor al del Ayuntamiento, en espec�fico, los art�culos 54, fracci�n XXXII y 106 de la C.�n Local, 59, fracci�n IV y 118, fracci�n IV, de la Ley Org�nica de los Municipios del Estado de C., porque en el supuesto de que este Alto Tribunal declarara la invalidez de la fracci�n I del art�culo 110 de la Ley Org�nica de los Municipios del Estado, no ser�a suficiente para otorgar la autorizaci�n solicitada, al subsistir otros preceptos que permiten dicha autorizaci�n.

    5. Que el dictamen reclamado no constituye el primer acto de aplicaci�n de las normas que prev�n la obligaci�n de los Municipios de solicitar autorizaci�n para disponer del patrimonio inmobiliario, ya que se han otorgado diversas autorizaciones de esa naturaleza al Municipio actor.

    6. Que se actualiza la causa de improcedencia establecida en la fracci�n VIII del art�culo 19 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Art�culo 105 de la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, en virtud de que no fue deseo del actor nombrar como autoridad demandada al gobernador del Estado, a pesar de que �ste promulg� el art�culo reclamado.

    Fondo del asunto:

    N. reclamada.

  5. Que la norma impugnada que faculta a la Legislatura del Estado para aprobar la concesi�n de los servicios p�blicos de los Municipios, no contraviene los principios de autonom�a municipal, en virtud de que:

    1. Si bien este principio se encuentra establecido en el art�culo 115 constitucional, el mismo admite excepciones, tal es el caso de los empr�stitos municipales que deben ser autorizados por la legislatura o la aprobaci�n de dicho �rgano colegiado de la disposici�n del patrimonio municipal y que respecto a esta �ltima, este Alto Tribunal ha sostenido su constitucionalidad, al no pugnar con el principio de libre administraci�n hacendaria.

    2. El art�culo 28 constitucional establece que el Estado podr� concesionar los servicios p�blicos siempre y cuando se sujeten a lo dispuesto en las leyes, lo cual qued� regulado por la legislatura en la Ley Org�nica de los Municipios del Estado de C., previ�ndose, entre otros requisitos formales, la autorizaci�n previa para llevar a cabo dicha concesi�n.

    3. La mencionada autorizaci�n tiene como objetivo el que los Ayuntamientos cumplan con los requisitos para que un particular preste un servicio que resulta de inter�s p�blico, en aras de evitar despu�s da�os que por la interrupci�n o deficiencia en la prestaci�n del servicio se pudieren ocasionar a la poblaci�n, por lo que dicho art�culo combatido es acorde con la reforma del art�culo 115 de la C.�n F. mil novecientos noventa y nueve.

    4. El inciso b), fracci�n II, del art�culo 115 constitucional, se refiere a que ser�n las dos terceras partes del Ayuntamiento las que aprobar�n los actos o convenios en los que se comprometa al Municipio en un plazo mayor al periodo normal del Ayuntamiento; sin embargo, la norma impugnada no se refiere espec�ficamente a la concesi�n del servicio p�blico, ya que �ste se rige por la fracci�n III del mismo precepto supremo, previ�ndose que, sin perjuicio de la competencia municipal para el ejercicio de sus funciones o para la prestaci�n de los servicios a su cargo, deber� sujetarse al texto de las leyes federales o estatales, que si se concuerda con lo establecido en el art�culo 28 constitucional, se puede arribar a la convicci�n de que es constitucional el reclamado art�culo 110, fracci�n I, de la citada ley org�nica.

  6. De la comparaci�n de diversas C.ones estatales se evidencia la obligaci�n de los Municipios de solicitar autorizaci�n para concesionar servicios p�blicos que se encuentran a su cargo como una pr�ctica com�n y ordinaria en nuestro sistema jur�dico nacional (ver cuadro de las fojas 247 a 251).

    O.�n legislativa reclamada:

  7. Que contrariamente a lo estimado por el actor, el Congreso de C. mediante Decreto 312 publicado el veintinueve de junio de dos mil, con el objeto de hacer las adecuaciones relativas y en acatamiento del art�culo segundo transitorio del decreto que reform� el art�culo 115 de la C.�n General, en diciembre de mil novecientos noventa y nueve, llev� a cabo las reformas a la ley org�nica que se tilda de inconstitucional.

  8. Que no es aplicable la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, de rubro y texto siguientes:

    BIENES INMUEBLES DEL MUNICIPIO. CUALQUIER NORMA QUE SUJETE A LA APROBACI�N DE LA LEGISLATURA LOCAL SU DISPOSICI�N, DEBE DECLARARSE INCONSTITUCIONAL (INTERPRETACI�N DEL ART�CULO 115, F.I., INCISO B), DE LA CONSTITUCI�N FEDERAL, ADICIONADO POR REFORMA PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACI�N EL 23 DE DICIEMBRE DE 1999). El desarrollo legislativo e hist�rico del art�culo 115 de la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, revela que el Municipio Libre es la base sobre la que se construye la sociedad nacional, como lo demuestran los diversos documentos que integran los procesos legislativos de sus reformas, tales como la municipal de 1983, la judicial de 1994 y la municipal de 1999, siendo esta �ltima donde destaca la voluntad del �rgano Reformador en pro de la consolidaci�n de su autonom�a, pues lo libera de algunas injerencias de los Gobiernos Estatales y lo configura expresamente como un tercer nivel de gobierno, m�s que como una entidad de �ndole administrativa, con un �mbito de gobierno y competencias propias y exclusivas, todo lo cual conlleva a determinar que la interpretaci�n del texto actual del art�culo 115 debe hacer palpable y posible el fortalecimiento municipal, para as� dar eficacia material y formal al Municipio Libre, sin que esto signifique que se ignoren aquellas injerencias leg�timas y expresamente constitucionales que conserven los Ejecutivos o las Legislaturas Estatales. Atento lo anterior, el texto adicionado del inciso b) de la fracci�n II del art�culo 115 constitucional debe interpretarse desde una �ptica restrictiva en el sentido de que s�lo sean esas las injerencias admisibles de la Legislatura Local en la actividad municipal, pues as� se permite materializar el principio de autonom�a y no tornar nugatorio el ejercicio legislativo realizado por el Constituyente Permanente, sino m�s bien consolidarlo, lo que significa que el inciso citado s�lo autoriza a las Legislaturas Locales a que se�alen cu�les ser�n los supuestos en que los actos relativos al patrimonio inmobiliario municipal requerir�n de un acuerdo de mayor�a calificada de los propios integrantes del Ayuntamiento, mas no las autoriza para erigirse en una instancia m�s exigible e indispensable para la realizaci�n o validez jur�dica de dichos actos de disposici�n o administraci�n, lo cual atenta contra el esp�ritu de la reforma constitucional y los fines perseguidos por �sta; de ah� que cualquier norma que sujete a la aprobaci�n de la Legislatura Local la disposici�n de los bienes inmuebles de los Municipios, al no encontrarse prevista esa facultad en la fracci�n citada, debe declararse inconstitucional.

    En virtud de que de las consideraciones que sustentaron el fallo de esta Suprema Corte de Justicia, estableci� que:

    1. La reforma de m�rito no elimin� todas las intervenciones de las legislaturas.

    2. El fortalecimiento municipal tiene como l�mite el ejercicio de las atribuciones de los Congresos Estatales.

    3. El principio de interpretaci�n (fortalecimiento municipal) que se desprende de esa reforma, s�lo puede aplicarse a los aspectos que la reforma modific�.

  9. Que conforme al inciso d), de la fracci�n II, del art�culo 115 de la C.�n General, se prev� que en las leyes que emitan los Congresos Estatales en materia municipal se podr� regular el que, a solicitud del Municipio correspondiente, �stos puedan asumir la prestaci�n de un servicio p�blico municipal, pudiendo regular el procedimiento y las condiciones necesarias para llevar a cabo dicho supuesto, por lo que resulta absurdo que trat�ndose de la concesi�n a un particular, el Congreso Local no pueda establecer los requisitos a cumplirse para permitir la prestaci�n de dicho servicio.

OCTAVO

Por acuerdo dictado el doce de abril de dos mil cinco por el Ministro instructor, se tuvo por contestada la demanda de controversia constitucional y se se�alaron las diez horas del seis de mayo siguiente para la celebraci�n de la audiencia de ofrecimiento y desahogo de pruebas y alegatos.

NOVENO

El procurador general de la Rep�blica al emitir su opini�n, en lo sustancial, dijo:

Oportunidad de la demanda.

Que respecto del acto consistente en la presunta omisi�n del Congreso Local de no adecuar el art�culo 110, fracci�n I, de la Ley Org�nica de los Municipios del Estado de C. a la reforma del art�culo 115 de la C.�n Federal, efectuada en diciembre de mil novecientos noventa y nueve, se present� la demanda en el plazo legal, porque esta Suprema Corte de Justicia de la Naci�n ha sostenido que trat�ndose de actos omisivos por parte de la autoridad demandada, la oportunidad para presentar la demanda se actualiza d�a a d�a. Igualmente resulta oportuna la presentaci�n de la referida demanda por lo que hace al dictamen reclamado.

Causas de improcedencia.

  1. Que es fundada la causa de improcedencia propuesta por la demandada, prevista en la fracci�n VI del art�culo 19 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Art�culo 105 de la C.�n de los Estados Unidos Mexicanos, en la medida de que el dictamen de las comisiones unidas no constituye un acto definitivo, porque no se trata de una ley, decreto o acuerdo que pueda ser impugnado mediante el presente juicio constitucional, m�xime que la comisi�n s�lo se limit� a solicitar al Municipio actor que completara la informaci�n respecto de la solicitud para concesionar el servicio p�blico de limpia, recolecci�n y disposici�n de residuos s�lidos, ya que era insuficiente.

  2. Que es infundada la causa de improcedencia hecha valer por la demandada en el sentido de que no se sigui� previo al presente juicio constitucional, el procedimiento establecido en la fracci�n IV del art�culo 88 de la C.�n Pol�tica del Estado de C., porque se advierte que este procedimiento tiende en forma directa a dirimir controversias entre los diferentes �rganos p�blicos del Estado por la aplicaci�n de las leyes locales e incluso por violaciones a la C.�n Local, pero no atinente a la propia C.�n Federal.

  3. Que en relaci�n con la causa de improcedencia consistente en que no le causa perjuicio alguno al Municipio actor el dictamen impugnado, debe desestimarse en virtud de que la causa hecha valer involucra el estudio de fondo de la cuesti�n planteada.

  4. Que resulta infundada la causa de improcedencia en la que se argumenta que el Municipio actor no impugn� todos los art�culos que reglamentan la solicitud para obtener la autorizaci�n de concesionar el servicio p�blico en comento, y que este M�ximo Tribunal no puede, supliendo la deficiencia de la queja, ampliar la litis planteada, pues en t�rminos de lo dispuesto en los art�culos 39 y 40 de la ley que reglamenta las controversias constitucionales, esta Suprema Corte de Justicia de la Naci�n est� facultada para suplir la deficiencia de la demanda y examinar en conjunto los razonamientos planteados por las partes a efecto de resolver la cuesti�n planteada.

  5. Que la improcedencia hecha valer en el sentido de que el dictamen cuya invalidez se impugna no constituye el primer acto de aplicaci�n de los art�culos 59, fracci�n IV y 118, fracci�n IV, de la Ley Org�nica de los Municipios del Estado de C. (que albergan la obligaci�n del actor de solicitar autorizaci�n respecto de las operaciones para disponer de su patrimonio), ya que en mil novecientos ochenta y dos, le fue otorgada la autorizaci�n para venta o donaci�n de un bien perteneciente a dicho Municipio, es infundada; en virtud de que la demandante impugna el art�culo 110, fracci�n I, de la ley citada, pues considera que dicho numeral limita su facultad para concesionar a un particular los servicios p�blicos a su cargo, el cual nada tiene que ver con los actos de disposici�n de su patrimonio inmobiliario.

    Conceptos de invalidez.

  6. Que de una interpretaci�n integral de las fracciones II y III del art�culo 115 de la C.�n Federal, en comuni�n con la exposici�n de motivos de la reforma del veintitr�s de diciembre de mil novecientos noventa y nueve, se desprende lo siguiente:

    1. Que las Legislaturas Estatales tienen la facultad de expedir leyes que prevean las bases generales en las que se determinen los casos en que los Ayuntamientos necesitan de una votaci�n calificada para dictar resoluciones que lo comprometan por un t�rmino mayor a su gesti�n. A partir de estas leyes los Municipios cuentan con la facultad reglamentaria.

    2. Que dichas leyes buscan la homogeneidad estatal sin que se regulen cuestiones espec�ficas de los Municipios.

    3. Que la citada prestaci�n del servicio p�blico de limpia, recolecci�n, traslado y disposici�n final de residuos es facultad de los Municipios; sin embargo, debe ajustarse a las leyes generales que emitan las Legislaturas de los Estados.

    4. Que en virtud de las disposiciones transitorias del decreto de reformas del art�culo 115 constitucional, las adecuaciones de las C.ones y leyes locales, debi� efectuarse a m�s tardar el veintiuno de marzo de dos mil uno.

  7. Que del estudio normativo de la C.�n Local, as� como de la ley org�nica de los Municipios, no se advierte que la legislatura se haya excedido en sus facultades, restringi�ndose las concedidas al Municipio actor, pues la prestaci�n de servicios p�blicos debe ajustarse al principio de reserva de ley, es decir, aun cuando su prestaci�n es originalmente facultad del Municipio de C., debe ajustarse a las leyes que en la materia expida la demandada.

  8. La conclusi�n anterior deriva de que el servicio p�blico por el cual se solicita autorizaci�n es de inter�s social, raz�n por la cual la Legislatura del Estado estableci� el que para garantizar su efectiva prestaci�n, el Municipio debe solicitar autorizaci�n para concesionarlo en caso de que exceda del tiempo de gesti�n del Ayuntamiento.

  9. Que el Municipio tiene expedita su facultad de otorgar la concesi�n del servicio; sin embargo, debe cubrir los requisitos y sujetarse a las excepciones que el Congreso Local establezca a fin de salvaguardar el inter�s p�blico.

  10. Que aun cuando del ordenamiento legal impugnado no se desprende disposici�n alguna que vulnere alg�n precepto de la C.�n Federal, s� se advierte que viola lo dispuesto en el art�culo 115, fracci�n II, inciso b), de la C.�n Federal, as� como el segundo transitorio del decreto que reforma y adiciona dicho art�culo constitucional, porque del an�lisis del ordenamiento legal que regula a los Municipios no se advierte disposici�n que desarrolle en ese numeral constitucional, es decir, aquellos casos en los que se requiera de votaci�n calificada del Ayuntamiento para comprometer su patrimonio inmobiliario o expedir un acto o celebrar convenios por un plazo mayor al de su gesti�n, al tratarse de actos que, por su importancia afectan la funci�n del propio Municipio, situaci�n distinta a las normas que condicionan el otorgamiento para la concesi�n de un servicio p�blico municipal, las cuales tienden a garantizar el que �ste se preste considerando el inter�s de la colectividad.

  11. Que es infundado el concepto de invalidez hecho valer por el actor en el sentido de que con el dictamen emitido, el cual se fundamenta en el art�culo 110, fracci�n I, de la ley org�nica multicitada, se vulnera el art�culo 115, fracci�n II, inciso b), de la C.�n Federal, al no permitirle celebrar los actos previstos en el dispositivo constitucional citado, porque como se sostuvo en p�rrafos anteriores, la autorizaci�n previa para concesionar un servicio p�blico implica tomar las medidas necesarias a efecto de que �ste se preste correctamente y considerando el inter�s de la colectividad, cuesti�n que en nada impide que el Municipio actor tome las decisiones a trav�s de la mayor�a calificada que exige el dispositivo constitucional referido.

  12. Que por lo que se refiere a la violaci�n de los art�culos 87 y 128 del C�digo Pol�tico Federal, los argumentos hechos valer son parcialmente fundados, pues por lo que se refiere al citado en primer t�rmino, no resulta aplicable a los funcionarios integrantes de las Legislaturas Locales; en cambio, existe omisi�n de legislar en los casos en los que se requiere la mayor�a calificada de los Ayuntamientos para tomar determinadas decisiones, provocando la violaci�n al art�culo 128 constitucional.

D�CIMO

Agotado en sus t�rminos el tr�mite relativo, el seis de mayo de dos mil cinco tuvo verificativo la audiencia prevista en el art�culo 29 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Art�culo 105 de la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, en la que de acuerdo con lo dispuesto en el art�culo 34 del propio ordenamiento legal, se hizo relaci�n de las constancias de autos, se tuvieron por exhibidas las pruebas documentales ofrecidas por las partes, por presentados los alegatos y se puso el expediente en estado de resoluci�n; y,

CONSIDERANDO:

PRIMERO

Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n es competente para conocer de la presente controversia constitucional, de conformidad con lo dispuesto en el art�culo 105, fracci�n I, inciso a), de la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos y 10, fracci�n I, de la Ley Org�nica del Poder Judicial de la Federaci�n, en la medida de que se trata de una controversia suscitada entre el Municipio de C., Estado de C. y el Poder Legislativo de esa entidad federativa.

SEGUNDO

Con fundamento en el art�culo 41, fracci�n I, de la ley reglamentaria de la materia, es conveniente determinar, en principio, la existencia o inexistencia de los actos impugnados en esta controversia constitucional.

  1. Est� probada la existencia del dictamen elaborado el treinta de noviembre de dos mil cuatro, por las C.ones Unidas de Puntos C.onales y G.�n; de Finanzas, Hacienda P�blica, Control Presupuestal, Contable y Patrimonio del Estado y Municipios y Fortalecimiento Municipal, del Congreso del Estado de C., en virtud de que la demandada al dar contestaci�n a la demanda de controversia constitucional admiti� su existencia, la que se corrobora con la copia certificada que la actora anex� a su escrito inicial, la cual tiene pleno valor probatorio de acuerdo con lo establecido en los art�culos 129 y 202 del C�digo Federal de Procedimientos Civiles, de aplicaci�n supletoria.

  2. De igual forma, se encuentra probada la existencia de los art�culos 59, fracci�n IV y 110, fracci�n I, de la Ley Org�nica de los Municipios del Estado de C., publicada en el peri�dico oficial de dicha entidad el siete de diciembre de mil novecientos ochenta y uno, los cuales prev�n:

    "Art�culo 59. Son facultades y obligaciones de los Ayuntamientos:

    "IV. Contratar o concesionar mediante concurso, obras y servicios p�blicos municipales, en t�rminos de esta ley y sus reglamentos, solicitando, en su caso, la autorizaci�n correspondiente de la Legislatura del Estado. ..."

    "Art�culo 110. Los Municipios requieren la autorizaci�n previa de la Legislatura del Estado para concesionar sus servicios p�blicos, en los siguientes casos:

    I. Si el t�rmino de la concesi�n excede a la gesti�n del Ayuntamiento; y ...

    Se asevera lo anterior, porque su existencia se prueba al haber sido publicadas en el peri�dico oficial de dicha entidad el siete de diciembre de mil novecientos ochenta y uno, seg�n lo previsto en los art�culos 86, 86 Bis y 88 del C�digo Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente, que prev�n que �nicamente el derecho extranjero ser� materia de prueba por las partes, as� como las normas nacionales que no hayan sido publicadas en el �rgano informativo oficial respectivo.

    Los citados art�culos del C�digo Federal de Procedimientos Civiles, disponen:

    "Art�culo 86. S�lo los hechos estar�n sujetos a prueba, as� como los usos o costumbres en que se funde el derecho."

    "Art�culo 86 Bis. El tribunal aplicar� el derecho extranjero tal como lo har�an los Jueces o tribunales del Estado cuyo derecho resultare aplicable, sin perjuicio de que las partes puedan alegar la existencia y contenido del derecho extranjero.

    "Para informarse del texto, vigencia, sentido y alcance del derecho extranjero, el tribunal podr� valerse de informes oficiales al respecto, los que podr� solicitar al Servicio Exterior Mexicano, as� como disponer y admitir las diligencias probatorias que considere necesarias o que ofrezcan las partes."

    Art�culo 88. Los hechos notorios pueden ser invocados por el tribunal, aunque no hayan sido alegados ni probados por las partes.

    En la exposici�n de motivos del decreto publicado el doce de enero de mil novecientos noventa y ocho, que reform� y adicion� los primeros preceptos referidos, se precis�:

    "Esta iniciativa propone la reforma del art�culo 86 para perfeccionar su disposici�n vigente y se�alar que s�lo los hechos est�n sujetos a prueba, as� como los usos o costumbres en que se funde el derecho, eliminando la referencia a leyes extranjeras, a las cuales se destina el art�culo 86 Bis, cuya adici�n se propone.

    El art�culo 86 Bis se refiere a la aplicaci�n del derecho extranjero por el tribunal mexicano, a la manera de hacerlo y a la forma de probarlo, en los t�rminos de la convenci�n correspondiente.

    En tal virtud, �nicamente el derecho extranjero es materia de prueba por las partes, adem�s de que las normas de observancia general mexicanas, ante la notoriedad de su existencia por haber sido publicadas en el peri�dico oficial relativo, tampoco son sujetas de prueba por parte del actor en las controversias constitucionales, salvo que aqu�llas hayan carecido de esta difusi�n oficial.

    Sirve de apoyo a lo expuesto, por el criterio que informa, la jurisprudencia n�mero 65/2000 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, visible en la p�gina 260 del Tomo XII, agosto de 2000 del Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, del rubro y texto, siguientes:

    "PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTER�S GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACI�N. Respecto de las leyes, reglamentos,decretos y acuerdos de inter�s general, no se necesita probar su existencia en autos, pues basta que est�n publicados en el Diario Oficial, para que la autoridad judicial est� obligada a tomarlos en cuenta, en virtud de su naturaleza y obligatoriedad, y porque la inserci�n de tales documentos en el �rgano oficial de difusi�n tiene por objeto dar publicidad al acto de que se trate, y tal publicidad determina precisamente que los tribunales, a quienes se les encomienda la aplicaci�n del derecho, por la notoriedad de ese acontecimiento, no puedan arg�ir desconocerlo."

  3. Asimismo, en autos qued� probada la omisi�n legislativa del Congreso de C. en aras de ajustar o adecuar la Ley Org�nica de los Municipios del Estado, a las prevenciones del art�culo 115, fracci�n II, inciso b), de la C.�n Federal, reformado mediante decreto publicado el veintitr�s de diciembre de mil novecientos noventa y nueve, seg�n lo dispuesto en el art�culo segundo transitorio del propio decreto, en particular, establecer los casos en que se requiere el acuerdo de las dos terceras partes de los miembros de los Ayuntamientos para dictar resoluciones que afecten el patrimonio inmobiliario del Municipio o para celebrar actos o convenios que lo comprometan por un plazo mayor al periodo del Ayuntamiento.

    En este sentido, la autoridad demandada neg� la existencia de la referida omisi�n que se le atribuye; sin embargo, no se surte la causa de sobreseimiento prevista en el art�culo 20, fracci�n III, de la ley de la materia, si se toma en especial consideraci�n que una revisi�n preliminar de la Ley Org�nica de los Municipios del Estado de C., en espec�fico, del cap�tulo VII denominado "De las facultades y obligaciones de los Ayuntamientos", permite advertir que no aparecen disposiciones vinculadas al tema de que se trata; por tanto, es cierta la reclamada omisi�n.

    Se expone tal aseveraci�n, pues al hacerse el estudio propio de la existencia de la omisi�n legislativa, s� es posible disociar con claridad el sobreseimiento en el juicio, de aquellas cuestiones que miran al fondo del asunto, porque trat�ndose del primer punto s�lo se analizar� si la autoridad incurri� o no en las conductas omisivas que se le atribuyen, en cambio, en el fondo del asunto se estudiar� si constitucionalmente tiene ese deber de realizar las conductas y, en su caso, si �stas fueron acatadas en sus t�rminos, hip�tesis que permite formar convicci�n de que el estudio de la existencia de la omisi�n legislativa, no entra�a resolver una cuesti�n de fondo en la controversia constitucional.

    En estas condiciones, debe tenerse por cierta la existencia del acto, normas generales y omisi�n cuya invalidez se demanda.

TERCERO

Procede analizar, a continuaci�n, si la demanda de controversia constitucional fue promovida oportunamente.

Con dicho prop�sito, conviene se�alar que los art�culos 3o. y 21, fracciones I y II, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Art�culo 105 de la C.�n Federal, precisan:

"Art�culo 3o. Los plazos se computar�n de conformidad con las reglas siguientes:

"I. ...

"II. Se contar�n s�lo los d�as h�biles, y

"III. No correr�n durante los periodos de receso, ni en los d�as en que se suspendan las labores de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n."

"Art�culo 21. El plazo para la interposici�n de la demanda ser�:

"I.T.�ndose de actos, de treinta d�as contados a partir del d�a siguiente al en que conforme a la ley del propio acto surta efectos la notificaci�n de la resoluci�n o acuerdo que se reclame; al en que se haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecuci�n; o al en que el actor se ostente sabedor de los mismos;

II.T.�ndose de normas generales, de treinta d�as contados a partir del d�a siguiente a la fecha de su publicaci�n, o del d�a siguiente al en que se produzca el primer acto de aplicaci�n de la norma que d� lugar a la controversia, y ...

Del enlace de las disposiciones transcritas se obtiene que la demanda de controversia constitucional, trat�ndose de actos y de disposiciones generales, debe presentarse en el plazo de treinta d�as h�biles, siendo que el Municipio actor manifest� que respecto del dictamen legislativo reclamado, en el que se aplic� el art�culo 110, fracci�n I, de la Ley Org�nica de los Municipios del Estado de C., le fue notificado el veinte de diciembre de dos mil cuatro, sin que exista en autos prueba en contrario.

As�, el plazo de treinta d�as transcurri� del tres de enero al once de febrero de dos mil cinco, porque surti� efectos la aludida notificaci�n el veintiuno de diciembre de dos mil cuatro, fecha en la que estaba en receso esta Suprema Corte de Justicia de la Naci�n por periodo vacacional, que dur� del diecis�is al treinta y uno de diciembre de dos mil cuatro. Asimismo, deben descontarse el uno, dos, ocho, nueve, quince, diecis�is, veintid�s, veintitr�s, veintinueve y treinta de enero y cinco y seis de febrero de dos mil cinco, por ser inh�biles en t�rminos del art�culo 163 de la Ley Org�nica del Poder Judicial de la Federaci�n.

En ese entendido, si el escrito de demanda se present� el tres de febrero de dos mil cinco, ante la Oficina de Certificaci�n Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal, es evidente que se hizo dentro del se�alado plazo atinente al dictamen y normas generales reclamadas.

De igual forma, la demanda de controversia constitucional se present� oportunamente respecto de la omisi�n reclamada, ya que si bien la ley reglamentaria de la materia no precisa un plazo para este tipo de actos, debe ponderarse que aqu�lla crea una situaci�n permanente que no se subsana mientras no se act�e, esto es, d�a con d�a se produce esta situaci�n mientras subsista la omisi�n de la autoridad, generando consecuencias jur�dicas al mismo tiempo actualizadas.

Esta peculiaridad de la situaci�n constante en las omisiones, conduce a que ordinariamente el plazo para impugnarlas tambi�n se actualice d�a a d�a, permitiendo, entonces, en cada una de las actualizaciones, reclamarlas mediante controversia constitucional con el fin de que cese la conducta omisiva. Sobre el particular, es aplicable la jurisprudencia n�mero 43/2003 de este Alto Tribunal, visible en la p�gina mil doscientas noventa y seis del T.X., agosto de dos mil tres, del Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, cuyo tenor es el siguiente:

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. CUANDO SE TRATE DE OMISIONES, LA OPORTUNIDAD PARA SU IMPUGNACI�N SE ACTUALIZA D�A A D�A, MIENTRAS AQU�LLAS SUBSISTAN. El art�culo 21 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Art�culo 105 de la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos no establece plazo espec�fico para la promoci�n de la controversia constitucional respecto de omisiones, entendi�ndose por �stas las que implican un no hacer del �rgano demandado y que por su especial naturaleza crean una situaci�n permanente que no se subsana mientras subsista la omisi�n, de tal suerte que dicha situaci�n se genera y reitera d�a a d�a, lo que produce consecuencias jur�dicas que se actualizan de igual forma. Esta peculiaridad lleva a considerar que el plazo para su impugnaci�n se actualiza d�a a d�a mientras la omisi�n subsista.

Ahora bien, los art�culos transitorios primero y segundo del Decreto que reform� el art�culo 115 de la C.�n General de la Rep�blica, publicado el veintitr�s de diciembre de mil novecientos noventa y nueve, se�alan:

"Art�culo primero. El presente decreto entrar� en vigor noventa d�as despu�s de su publicaci�n en el Diario Oficial de la Federaci�n, salvo lo previsto en los art�culos siguientes."

"Art�culo segundo. Los Estados deber�n adecuar sus C.ones y leyes conforme a lo dispuesto en este decreto a m�s tardar en un a�o a partir de su entrada en vigor. En su caso, el Congreso de la Uni�n deber� realizar las adecuaciones a las leyes federales a m�s tardar el 30 de abril del a�o 2001.

En tanto se realizan las adecuaciones a que se refiere el p�rrafo anterior, se continuar�n aplicando las disposiciones vigentes.

El art�culo segundo transitorio pone de relieve la obligaci�n de las entidades federativas para que a m�s tardar en un a�o a partir de la vigencia de la aludida reforma constitucional, adecuen sus C.ones y leyes, aplic�ndose mientras tanto las normas vigentes; de ah� que si el actor manifest� en la demanda relativa que no se hab�a subsanado dicha omisi�n, debe concluirse que se present� oportunamente el juicio de controversia constitucional en relaci�n con ese espec�fico acto.

CUARTO

Al ser un presupuesto esencial para el ejercicio de la acci�n constitucional, ahora debe analizarse la legitimaci�n de quien promueve la demanda respectiva.

Cabe destacar que el escrito de controversia constitucional fue suscrito por S.B.d.C.C.Q., en su car�cter de s�ndico de Asuntos Judiciales del Ayuntamiento del Municipio de C., Estado de C., el que exhibi� copia certificada de la constancia de mayor�a y validez de la elecci�n del Ayuntamiento, expedida por el Consejo Municipal Electoral el once de julio de dos mil tres, as� como el acta de instalaci�n del mencionado Ayuntamiento en la que se le design�, por mayor�a de votos, para asuntos jur�dicos.

Por su parte, tiene especial relevancia precisar que el art�culo 11 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Art�culo 105 de la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos prev� que podr�n comparecer a juicio los funcionarios que, en los t�rminos de las leyes que los rigen, est�n facultados o autorizados para representar a los �rganos correspondientes; por tanto, para verificar la expuesta representaci�n del s�ndico promovente, debe tenerse en cuenta lo que al respecto disponen los art�culos 32, 59, fracci�n XXIII y 65, apartado A, fracci�n II, de la Ley Org�nica Municipal de C.:

"Art�culo 32. Los Ayuntamientos estar�n integrados por:

"I.P. municipal;

"II. Regidores;

"III. S�ndicos.

"Los Ayuntamientos de los Municipios de C. y C. se compondr�n de un presidente, siete regidores y dos s�ndicos electos por el principio de mayor�a relativa y cuatro regidores y un s�ndico asignados por el principio de representaci�n proporcional.

"Los Ayuntamientos de los dem�s Municipios se compondr�n de un presidente, cinco regidores y un s�ndico de mayor�a relativa y tres regidores y un s�ndico de representaci�n proporcional.

"A cada regidor se asignar� un n�mero ordinal, para identificarlo debidamente. Uno de los s�ndicos ser� el de asuntos judiciales, el otro lo ser� de hacienda. En el caso de los Ayuntamientos de C. y C., el s�ndico de representaci�n proporcional ser� asignado al ramo que determine el Cabildo."

"Art�culo 59. Son facultades y obligaciones de los Ayuntamientos:

"...

"XXIII. Comparecer en juicio para la gesti�n o defensa de los intereses municipales, debiendo ser representado por el s�ndico o por apoderado especial constituido al efecto; ..."

"Art�culo 65. Los s�ndicos de los Ayuntamientos, tendr�n las siguientes facultades y obligaciones:

"A. El de asuntos judiciales:

"...

II. La representaci�n jur�dica de los Ayuntamientos en los litigios en que �stos fueren parte y en la gesti�n de los negocios de la hacienda municipal; ...

De las disposiciones transcritas se advierte que el s�ndico de asuntos judiciales tiene facultades para representar legalmente al Ayuntamiento de C., Estado de C., lo que le otorga legitimaci�n activa necesaria para promover esta controversia en nombre de aqu�l.

QUINTO

Enseguida procede examinar la legitimaci�n de la parte demandada, en atenci�n a que es una condici�n necesaria para la procedencia de la acci�n, consistente en que dicha parte sea la obligada legalmente para satisfacer la pretensi�n expuesta en la demanda, en caso de que resulte fundada.

En primer lugar, conviene significar que el Poder Legislativo del Estado de C. (Congreso), s� tiene legitimaci�n pasiva para comparecer como autoridad demandada en el presente juicio, habida cuenta que a �l se le atribuyeron los actos cuya invalidez se solicita, seg�n lo previsto en los art�culos 10, fracci�n II y 11, p�rrafo primero, de la ley reglamentaria de la materia.

En ese mismo sentido, debe precisarse que la contestaci�n de la demanda de controversia constitucional la suscribi� C.O.P.C. en su calidad de presidente de la Gran C.�n del Congreso del Estado de C., designaci�n que le fue hecha por la propia legislatura mediante Acuerdo N�mero 2, publicado en el peri�dico oficial de esa entidad el siete de octubre de dos mil tres (foja 260 a 264 del expediente).

Ahora bien, los art�culos 24, fracci�n II y 25 de la Ley Org�nica del Poder Legislativo del Estado de C., prev�n:

"Art�culo 24. La Gran C.�n o C.�n de Gobierno y Administraci�n tendr� las atribuciones siguientes:

"...

"II. Representar al Poder Legislativo en ceremonias oficiales y actos c�vicos y culturales a los cuales expresamente se invite al Congreso, as� como en toda clase de actos y negocios jur�dicos, ya sean administrativos o judiciales, ante tribunales del fuero com�n o federal, formulando denuncias, querellas, demandas, contestaci�n de demandas o cualquier otro tipo de promociones o solicitudes; ..."

Art�culo 25. Las atribuciones a que aluden las fracciones I, II, VI, XI, XII y XIII del art�culo anterior, la Gran C.�n o C.�n de Gobierno y Administraci�n las ejercer� a trav�s de su presidente.

De lo expuesto bien puede advertirse que el presidente de la Gran C.�n puede representar legalmente al Poder Legislativo del Estado de C. y, por ende, tiene legitimaci�n pasiva en la presente controversia constitucional al tratarse de un �rgano de los previstos en el art�culo 105, fracci�n I, constitucional.

SEXTO

Por raz�n de m�todo, debe abordarse el examen de las causas de improcedencia sea que las partes las invoquen o no, al ser su estudio preferente y oficioso en t�rminos del �ltimo p�rrafo del art�culo 19 de la ley reglamentaria de la materia.

En ese tenor, la autoridad demandada aduce que se surte la causa de improcedencia prevista en el art�culo 19, fracci�n VIII, en relaci�n con el art�culo 10, fracci�n II, de la ley reglamentaria de la materia, porque para analizar la constitucionalidad de los art�culos cuya invalidez se pretende, era menester llamar a juicio tanto al �rgano que expidi� la ley org�nica de los Municipios de la citada entidad como al poder que la promulg�.

Los referidos art�culos de la ley reglamentaria de la materia, disponen:

"Art�culo 10. Tendr�n el car�cter de parte en las controversias constitucionales:

"...

"II. Como demandado, la entidad, poder u �rgano que hubiere emitido y promulgado la norma general o pronunciado el acto que sea objeto de la controversia; ..."

"Art�culo 19. Las controversias constitucionales son improcedentes:

"...

VIII. En los dem�s casos en que la improcedencia resulte de alguna disposici�n de esta ley. ...

Del primer art�culo transcrito se advierte que tienen la calidad de demandado en las controversias constitucionales contra normas generales, los entes que las hubiesen expedido y promulgado, ya que intervinieron en diferentes etapas del proceso legislativo con que culmin�, aunado a que para la validez de la norma general se requiere tanto de su aprobaci�n como de su promulgaci�n.

Estas ideas justifican que en las controversias constitucionales contra normas generales sea indispensable que concurran al juicio las autoridades que las aprobaron y promulgaron, como se advierte de la exposici�n de motivos y el dictamen de la C�mara de Origen (Diputados) de la ley reglamentaria de la materia, relacionados con los art�culos 10, fracci�n II y 61, fracci�n II,(1) que dicen:

"Exposici�n de motivos:

"M�xico, D.F., a 6 de abril de 1995.

"Iniciativa del Ejecutivo.

"...

"En el proyecto de ley que se pone a consideraci�n de esta C�mara se precisan tambi�n los requisitos que deben contener los escritos de demanda y contestaci�n. Esta previsi�n tiene como prop�sito que las partes encaminen adecuadamente sus escritos iniciales a efecto de estar en posibilidad de llegar a constituir de inmediato la materia de la controversia correspondiente. Aun cuando respecto de este tipo de asuntos pudiera parecer excesivo exigir este tipo de requisitos formales en procesos de car�cter constitucional, a la larga resulta m�s conveniente preverlos para lograr una adecuada tramitaci�n y resoluci�n de los juicios.

"...

"Una vez que el Ministro instructor reciba el escrito, deber� solicitar a las autoridades legislativas y ejecutivas que hubieren emitido o promulgado la norma impugnada, para que en un plazo de quince d�as rindan un informe en que sostengan la validez de esas normas ..."

"Dictamen de C�mara.

"M�xico D.F., a 10 de abril de 1995.

"...

"Toda vez que en algunos de los procedimientos constitucionales, tendr� que ser llamado a juicio el titular del Poder Ejecutivo, se establece c�mo deber�n entenderse las notificaciones a dicho funcionario y qui�n podr� representarlo en los tr�mites respectivos ..."

De lo expuesto bien puede advertirse que trat�ndose de las controversias constitucionales contra normas generales es b�sico llamar como autoridades demandadas a las que las expidieron y promulgaron, no s�lo con el prop�sito de sostener su validez o la defensa de su constitucionalidad, sino "para lograr una adecuada tramitaci�n y resoluci�n" en esos juicios; sin embargo, en el caso, a pesar de que el Municipio actor al aclarar su demanda destac� que no era su deseo nombrar como demandado al gobernador del Estado de C. dicha particularidad no hace improcedente la presente controversia constitucional, si se pondera que en realidad la inconstitucionalidad de los actos reclamados se hace derivar de la omisi�n legislativa antes se�alada, no por vicios propios, de ah� que no requiera tenerse como demandado al poder que promulg� la Ley Org�nica de los Municipios del Estado de C..

En ese contexto, debe decirse que no se actualiza la causa de improcedencia invocada por la autoridad demandada, ya que si bien la Ley Org�nica de los Municipios del Estado de C. se public� por el entonces gobernador E.E.�a Castellot, el siete de diciembre de mil novecientos ochenta y uno en el Diario Oficial del Estado, el Municipio actor no le atribuye vicios propios, sino que tales vicios constitucionales los hace derivar de la omisi�n legislativa en que, a su criterio, ha incurrido el Congreso Estatal.

Por otro lado, la autoridad demandada manifiesta que el actor consinti� la aplicaci�n del art�culo impugnado, porque el diecisiete de junio de dos mil cuatro solicit� la autorizaci�n del Congreso del Estado para concesionar el servicio p�blico de limpia, recolecci�n, traslado y disposici�n final de los residuos de su Municipio, por un periodo mayor a la gesti�n del Ayuntamiento, esto es, se someti� voluntariamente a los efectos normativos del art�culo 110, fracci�n I, de la Ley Org�nica de los Municipios del Estado de C..

Para analizar el afirmado consentimiento de la norma general impugnada, en primer lugar, conviene determinar si en los juicios de controversia constitucional existe la figura del consentimiento, sea expreso o t�cito, atinente a la impugnaci�n de tales normas.

Con dicho objetivo, debe tenerse presente que el art�culo 21, fracci�n II, de la ley reglamentaria de la materia, prev�:

"Art�culo 21. El plazo para la interposici�n de la demanda ser�:

"...

II.T.�ndose de normas generales, de treinta d�as contados a partir del d�a siguiente a la fecha de su publicaci�n, o del d�a siguiente al en que se produzca el primer acto de aplicaci�n de la norma que d� lugar a la controversia, y ...

Del an�lisisliteral de la disposici�n reclamada se desprende que la impugnaci�n de normas generales en v�a de controversia constitucional, puede llevarse a cabo en dos momentos distintos:

  1. Dentro del plazo de treinta d�as, contado del d�a siguiente de su publicaci�n.

  2. Dentro del plazo de treinta d�as, contado a partir del d�a siguiente al en que se produzca el primer acto de aplicaci�n de la norma controvertida.

Sobre el particular, es aplicable la jurisprudencia del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia que lleva por rubro, texto y datos de identificaci�n, los siguientes:

"CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. OPORTUNIDAD PARA PROMOVERLAS CUANDO SE IMPUGNEN NORMAS GENERALES. De conformidad con lo dispuesto en la fracci�n II del art�culo 21 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Art�culo 105 de la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, la impugnaci�n de normas generales en la v�a de controversia constitucional, puede llevarse a cabo en dos momentos distintos: 1) Dentro del plazo de treinta d�as, contado a partir del d�a siguiente de su publicaci�n; y, 2) Dentro del plazo de treinta d�as, contado a partir del d�a siguiente al en que se produzca el primer acto de aplicaci�n de la norma controvertida. Con base en la citada disposici�n legal, los �rganos de poder legitimados para intentar una controversia constitucional, gozan de una doble oportunidad para cuestionar la constitucionalidad de una norma de car�cter general, ya que pueden hacerlo con motivo de su publicaci�n, o del primer acto de aplicaci�n en perjuicio del �rgano demandante; de esto se sigue que, en el primer caso, si esta Suprema Corte de Justicia decretara el sobreseimiento por la improcedencia de la controversia constitucional, fundada en que se promovi� fuera del plazo de treinta d�as posteriores a la publicaci�n de la norma general respectiva, aquel mismo �rgano de poder estar�a en aptitud jur�dica de ejercer v�lidamente, con posterioridad, la acci�n de controversia constitucional para impugnar la referida norma, si lo hiciera con motivo del primer acto de aplicaci�n." (Novena �poca, Pleno, Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, Tomo V, mayo de 1997, tesis P./J. 29/97, p�gina 474).

En tal virtud, para impugnar normas generales en el juicio de controversia constitucional se requiere que se promueva dentro de los plazos y t�rminos previstos legalmente, lo que significa que no es procedente la impugnaci�n si se trata de un segundo o ulterior acto de aplicaci�n en perjuicio del actor de la norma controvertida, una vez transcurrido el plazo de treinta d�as contado a partir del d�a siguiente de su publicaci�n, traduci�ndose la actuaci�n omisiva de no promover el juicio en virtud del primer acto de aplicaci�n, en una manifestaci�n de la voluntad que entra�a el consentimiento de la disposici�n general impugnada, porque no obstante que, en primer t�rmino, ya transcurri� el plazo de treinta d�as a partir de la publicaci�n y, en segundo lugar, los efectos jur�dicos de la norma fueron individualizados por primera vez en perjuicio del actor, �ste combati� su inconstitucionalidad hasta un segundo o ulterior acto concreto de aplicaci�n.

Entonces, el consentimiento de la norma reclamada parte de la premisa de que el actor no promovi� la demanda de controversia constitucional dentro de las hip�tesis previstas en el art�culo 21, fracci�n II, de la ley reglamentaria de la materia, a pesar de que fue individualizada la norma reclamada en perjuicio del actor, ya que uno de los elementos relevantes del consentimiento es que cause perjuicio al actor la primera aplicaci�n de la disposici�n combatida, de lo contrario, aunque se trate de un segundo o ulterior acto si el primero o anteriores no generaron agravio alguno al demandante, podr� promover v�lidamente controversia constitucional, por l�gica, en aquellos supuestos en que ya hubiese transcurrido el plazo de treinta d�as, contado a partir de la fecha de publicaci�n de la ley, tratado internacional, reglamento o cualquier disposici�n general.

En relaci�n con que el primer acto de aplicaci�n de la norma controvertida debe generar un agravio actual contra el actor, como presupuesto para impugnar una disposici�n general, distinto a la hip�tesis prevista en el art�culo 21, fracci�n II, primera parte, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Art�culo 105 de la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, resulta ilustrativa la jurisprudencia del Tribunal Pleno, que dice:

"CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL SOBRESEIMIENTO POR FALTA DE INTER�S LEG�TIMO DEBE DECRETARSE SIN INVOLUCRAR EL ESTUDIO DEL FONDO, CUANDO ES EVIDENTE LA INVIABILIDAD DE LA ACCI�N. La jurisprudencia n�mero P./J. 92/99 del Tribunal Pleno, cuyo t�tulo es: ?CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO, DEBER� DESESTIMARSE.?, no es de aplicaci�n irrestricta sino limitada a aquellos supuestos en que no sea posible disociar con toda claridad la improcedencia del juicio, de aquellas cuestiones que miran al fondo del asunto, circunstancia que no acontece cuando la inviabilidad de la acci�n resulta evidente, porque la norma impugnada no afecta en modo alguno el �mbito de atribuciones de la entidad actora, pues tal circunstancia revela de una forma clara e inobjetable la improcedencia de la v�a, sin necesidad de relacionarla con el estudio de fondo del asunto; en esta hip�tesis, no procede desestimar la improcedencia para vincularla al estudio de fondo sino sobreseer con fundamento en el art�culo 20, fracci�n II, en relaci�n con los art�culos 19, fracci�n VIII, ambos de la ley reglamentaria de la materia, y 105, fracci�n I, de la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, debiendo privilegiarse en tal supuesto la aplicaci�n de las jurisprudencias n�meros P./J. 83/2001 y P./J. 112/2001 de rubros: ?CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. INTER�S LEG�TIMO PARA PROMOVERLA.? y ?CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. MEDIANTE ESTA ACCI�N LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACI�N TIENE FACULTADES PARA DIRIMIR CUESTIONES QUE IMPLIQUEN VIOLACIONES A LA CONSTITUCI�N FEDERAL, AUNQUE NO SE ALEGUE LA INVASI�N DE ESFERAS DE COMPETENCIA DE LA ENTIDAD O PODER QUE LA PROMUEVE.?, de las que se infiere que para la procedencia de la controversia constitucional se requiere que por lo menos exista un principio de agravio, que se traduce en el inter�s leg�timo de las entidades, poderes u �rganos a que se refiere el art�culo 105, fracci�n I, para demandar la invalidez de la disposici�n general o acto de la autoridad demandada que vulnere su esfera de atribuciones." (Novena �poca, Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, Tomo XX, julio de 2004, tesis P./J. 50/2004, p�gina 920).

Con base en lo expuesto se puede arribar a la convicci�n de que no se surte la causa de improcedencia prevista en el art�culo 19, fracci�n VIII, en relaci�n con el diverso 21, fracci�n II, aplicado en sentido contrario, ambos de la ley reglamentaria de la materia, porque no existe evidencia en autos de que a la actora se le haya aplicado anteriormente el reclamado art�culo 110, fracci�n I, de la Ley Org�nica de los Municipios del Estado de C., ya que si bien la parte demandada sostiene que antes de la promoci�n de la presente controversia, al Municipio actor se le otorgaron varias autorizaciones para disponer de su patrimonio inmobiliario, dicha autorizaci�n no se rige en lo dispuesto por el art�culo 110, fracci�n I, sino en los art�culos 59, fracci�n XXXII y 106 de la C.�n del Estado de C., que se�alan:

C.�n Pol�tica del Estado de C.

"Art�culo 54. Son facultades del Congreso:

"...

"XXXII. Autorizar la enajenaci�n o gravamen de los bienes de los Municipios; ..."

Art�culo 106. Los Municipios no podr�n enajenar o gravar de cualquier manera los bienes que les pertenezcan, ni contratar empr�stitos, sin la autorizaci�n expresa del Congreso del Estado.

Ley Org�nica de los Municipios del Estado de C.

"Art�culo 110. Los Municipios requieren la autorizaci�n previa de la Legislatura del Estado para concesionar sus servicios p�blicos, en los siguientes casos:

I. Si el t�rmino de la concesi�n excede a la gesti�n del Ayuntamiento; y ...

El estudio relacionado de las disposiciones transcritas pone de manifiesto que en el art�culo impugnado se prev� la obligaci�n de los Municipios de solicitar autorizaci�n de la Legislatura Local para concesionar los servicios p�blicos por un periodo mayor a la gesti�n del Ayuntamiento, mientras que los otros preceptos regulan la obligaci�n de los Municipios de solicitar autorizaci�n de aquella autoridad cuando disponga (enajenar o gravar) de los bienes que le pertenezcan; por tanto, el hecho de que anteriormente se le haya autorizado al Municipio actor disponer de sus bienes, no significa que se haya aplicado la hip�tesis normativa reclamada, porque es evidente que se refiere a situaciones jur�dicas diversas.

Adem�s, la circunstancia de que el Municipio actor hubiese pedido la autorizaci�n del Congreso del Estado para concesionar los servicios p�blicos de limpia, recolecci�n, traslado y disposici�n final de los residuos que genera, tampoco trae como consecuencia el consentimiento del art�culo reclamado, porque no dimana de una manifestaci�n de voluntad sobre su conformidad con los efectos de la norma, si se pondera que promovi� esta controversia contra el primer acto concreto de aplicaci�n del art�culo 110, fracci�n I, de la Ley Org�nica de los Municipios del Estado de C., al mismo tiempo de que la autorizaci�n no es un acto voluntario en el que puedan optar por realizarlo, sino una obligaci�n para estar en posibilidad de concesionar los servicios p�blicos municipales, de ah� que la solicitud de autorizaci�n no entra�e consentimiento alguno, dado que estaba constre�ido a observar la norma impugnada.

Se reitera, la solicitud de autorizaci�n para concesionar los servicios p�blicos municipales no implica un consentimiento de la disposici�n general reclamada, habida cuenta que se impugn� en v�a de controversia constitucional dentro del plazo de treinta d�as y en la demanda relativa existe manifestaci�n expresa de desacuerdo con ella, al estimarla contraria al art�culo 115, fracci�n II, de la Ley Fundamental, siendo patente que para realizar esa concesi�n es preponderante la autorizaci�n por parte del Congreso Estatal.

Asimismo, la parte demandada aduce que es improcedente la controversia constitucional, ya que no se controvierten todos los preceptos que regulan la obligaci�n de los Municipios de solicitar al Congreso Estatal su autorizaci�n para concesionar los servicios p�blicos por un periodo mayor al del Ayuntamiento, en espec�fico, los art�culos 59, fracci�n IV y 118, fracci�n IV, de la Ley Org�nica de los Municipios del Estado de C., pues en el supuesto de que este Alto Tribunal declarara la invalidez de la fracci�n I del art�culo 110 de la ley org�nica de los Municipios del Estado, no ser�a suficiente para otorgar la autorizaci�n solicitada, al subsistir otros preceptos que permiten llevar a cabo dicha autorizaci�n.

Los referidos art�culos 59, fracci�n IV y 118, fracci�n IV, de la Ley Org�nica de los Municipios del Estado de C., dicen:

"Art�culo 59. Son facultades y obligaciones de los Ayuntamientos:

"...

"IV. Contratar o concesionar mediante concurso, obras y servicios p�blicos municipales, en t�rminos de esta ley y sus reglamentos, solicitando en su caso, la autorizaci�n correspondiente de la Legislatura del Estado; ..."

"Art�culo 118. Los Ayuntamientos necesitan autorizaci�n de la legislatura para:

"...

IV. Celebrar contratos de administraci�n de obras, as� como de prestaci�n de servicios p�blicos que produzcan obligaciones, cuyo t�rmino exceda de la gesti�n del Ayuntamiento contratante; ...

Del examen de las disposiciones reproducidas se advierte que guardan estrechan relaci�n con el art�culo 110, fracci�n I, de la ley org�nica de m�rito, que prev� la obligaci�n de solicitar autorizaci�n previa de la Legislatura del Estado de C. para concesionar los servicios p�blicos municipales si excede de la gesti�n propia del Ayuntamiento; sin embargo, contrariamente a lo expuesto por el Congreso demandado, el Municipio actor s� reclam� expresamente el art�culo 59, fracci�n IV, de la Ley Org�nica de los Municipios del Estado de C., adem�s, cabe puntualizar que para analizar la constitucionalidad de la primera norma no era menester que se reclamaran de forma conjunta todas las disposiciones que regulan la obligaci�n de que se trata, seg�n las prevenciones del art�culo 41, fracci�n IV, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Art�culo 105 de la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone:

"Art�culo 41. Las sentencias deber�n contener:

"...

IV ... Cuando la sentencia declare la invalidez de una norma general, sus efectos deber�n extenderse a todas aquellas normas cuya validez dependa de la propia norma invalidada. ...

De lo anterior puede apreciarse que la invalidez que en su caso se llegare a declarar respecto de la norma que, de manera aislada, se haya impugnado en la v�a de controversia constitucional, implica necesariamente la invalidez de todas aquellas normas, no s�lo que dependan en sentido estricto de la norma impugnada, o bien, de manera vertical o heterog�nea de ella, sino que se vean afectadas directamente u horizontalmente en su sentido, alcance o contenido por haberse modificado sustancialmente las hip�tesis normativas que prev�n con la declaratoria de invalidez respectiva.

Bajo esa �ptica jur�dica, resulta infundada la pretensi�n de la autoridad demandada en el sentido de que no puede analizarse la conformidad del art�culo 110, fracci�n I, de la Ley Org�nica de los Municipios del Estado de C., con la C.�n Federal, al no haberse impugnado todas las normas que regulan aquella obligaci�n de solicitar autorizaci�n previa para concesionar todos los servicios p�blicos municipales, porque si tal norma establece esta espec�fica obligaci�n al exceder la concesi�n del periodo de gesti�n del Ayuntamiento, su inconstitucionalidad generar�a la del sistema o contexto normativo que regula relacionadamente dicha autorizaci�n, con independencia de que no se haya impugnado la totalidad de las disposiciones que lo conforman, pues se ver�n afectados en la misma medida.

Por otro lado, respecto del dictamen del treinta de noviembre de dos mil cuatro, elaborado por distintas comisiones(2) del Congreso del Estado de C., la parte demandada precisa que se surte la causa de improcedencia prevista en el art�culo 19, fracci�n VI, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Art�culo 105 de la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, pues no constituye un acto definitivo en la medida que tendr� dicha calidad hasta que el Pleno del Congreso de Estado lo apruebe o desapruebe, en el que, incluso, puede modificar las consideraciones o fundamentos legales en los que descansa, momento en el cual se actualizar� el perjuicio.

Ahora bien, es oportuno puntualizar que el art�culo 19, fracci�n VI, de la ley reglamentaria de la materia, prev�:

"Art�culo 19. Las controversias constitucionales son improcedentes:

"...

VI. Cuando no se haya agotado la v�a legalmente prevista para la soluci�n del propio conflicto.

El art�culo reproducido alberga a la causa de improcedencia por falta de definitividad del acto impugnado consistente en que al existir un procedimiento iniciado sin haber culminado, el afectado debe esperar hasta que se emita el �ltimo acto en el procedimiento para impugnarlo y, en su caso, las cuestiones surgidas durante su tr�mite, pues este presupuesto de improcedencia no s�lo se refiere a los recursos o medios de defensa que deban agotarse en forma previa, sino que tambi�n comprende aquellos procedimientos que, una vez iniciados, est�n en tr�mite o pendientes de resoluci�n, y cuyos elementos litigiosos sean esencialmente los mismos que los que se plantean en la controversia constitucional.

As�, de existir un procedimiento iniciado pero a�n en tr�mite o pendiente de resoluci�n final, en el que la cuesti�n debatida constituye tambi�n la materia de la controversia constitucional y que, por su naturaleza, resulta apto para dirimir el propio conflicto planteado en la controversia, pero que, por su estado procesal no existe determinaci�n o resoluci�n definitiva sobre dicho conflicto, debe considerarse, entonces, que la controversia es improcedente por no haberse agotado o concluido todav�a la v�a legalmente prevista para tal efecto.

Lo expuesto encuentra apoyo en la jurisprudencia 12/99 del Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, la cual fue publicada en el Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, Novena �poca, Tomo IX, abril 1999, p�gina 275, en cuyos rubro y texto, se dice:

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ES IMPROCEDENTE CUANDO NO SE HAYA PROMOVIDO PREVIAMENTE EL RECURSO O MEDIO DE DEFENSA LEGALMENTE PREVISTO PARA RESOLVER EL CONFLICTO O, SI HABI�NDOLO HECHO, EST� PENDIENTE DE DICTARSE LA RESOLUCI�N RESPECTIVA. La causal de improcedencia a que se refiere la fracci�n VI del art�culo 19 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Art�culo 105 de la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, implica un principio de definitividad para efectos de las controversias constitucionales, que involucra dos cuestiones espec�ficas que consisten, una, en la existencia legal de un recurso o medio de defensa en virtud del cual puedan combatirse el o los actos materia de impugnaci�n en la controversia y lograr con ello su revocaci�n, modificaci�n o nulificaci�n, caso en el que la parte afectada est� obligada a agotarlo previamente a esta acci�n; otra, la existencia de un procedimiento iniciado que no se ha agotado, esto es, que est� sustanci�ndose o que se encuentra pendiente de resoluci�n ante la misma o alguna otra autoridad y cuyos elementos litigiosos sean esencialmente los mismos que los que se plantean en la controversia constitucional, caso en el que el afectado debe esperar hasta la conclusi�n del procedimiento, para poder impugnar la resoluci�n y, en su caso, las cuestiones relativas al procedimiento desde su inicio.

A la misma conclusi�n se llega si se toma en cuenta que la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n ha definido que trat�ndose de este tipo de controversias, el promovente plantea la existencia de un agravio en su perjuicio, que se traduce en el inter�s leg�timo de las entidades, poderes u �rganos a que refiere el art�culo 105, fracci�n I, de la C.�n Federal, para demandar la invalidez de la disposici�n general o del acto de la autoridad demandada, y en este sentido, no se requiere que el perjuicio sea directo, como sucede en el juicio de amparo previsto en los art�culos 103 y 107 de la Ley Suprema, en el que para solicitar la inconstitucionalidad de un acto o disposici�n general se requiere tener inter�s jur�dico, sino que basta que el perjuicio sea indirecto por requerirse de un inter�s leg�timo, pero en ambos medios de control constitucional es indispensable la existencia de un perjuicio actual, no inminente o futuro, que en los supuestos indicados se alcanzar� hasta que se dicte la resoluci�n final.

Lo anterior permite considerar que los actos preparatorios o procedimentales no pueden considerarse como definitivos, porque en s� mismos no causan perjuicio a los promoventes, sino que es menester que se emita la resoluci�n o actuaci�n definitiva para que en su caso se actualice la afectaci�n a su inter�s leg�timo y sean, por tanto, susceptibles de impugnaci�n, debiendo acotarse que la irrecurribilidad de los aludidos actos constituye una regla de orden que no implica que sean inimpugnables o inmunes a los medios de control constitucional, sino que simplemente noson controvertibles separadamente, es decir, habr� que esperar a que se produzca la resoluci�n o actuaci�n final del procedimiento.

En relaci�n con el tema del principio de agravio para que sea procedente la controversia constitucional, resulta conveniente citar la jurisprudencia del Tribunal en Pleno que lleva por rubro, texto y datos de identificaci�n, los siguientes:

"CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. INTER�S LEG�TIMO PARA PROMOVERLA. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n ha sostenido, en la tesis n�mero P./J. 71/2000, visible en la p�gina novecientos sesenta y cinco del Tomo XII, agosto de dos mil, del Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, cuyo rubro es ?CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES Y ACCIONES DE INCONSTITUCIONALIDAD. DIFERENCIAS ENTRE AMBOS MEDIOS DE CONTROL CONSTITUCIONAL.?, que en la promoci�n de la controversia constitucional, el promovente plantea la existencia de un agravio en su perjuicio; sin embargo, dicho agravio debe entenderse como un inter�s leg�timo para acudir a esta v�a el cual, a su vez, se traduce en una afectaci�n que resienten en su esfera de atribuciones las entidades poderes u �rganos a que se refiere la fracci�n I del art�culo 105 de la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, en raz�n de su especial situaci�n frente al acto que consideren lesivo; dicho inter�s se actualiza cuando la conducta de la autoridad demandada sea susceptible de causar perjuicio o privar de un beneficio a la parte que promueve en raz�n de la situaci�n de hecho en la que �sta se encuentre, la cual necesariamente deber� estar legalmente tutelada, para que se pueda exigir su estricta observancia ante la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n." (Novena �poca, Pleno, Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, Tomo XIV, julio de 2001, tesis P./J. 83/2001, p�gina 875).

Al tenor de estas ideas, conviene significar que el Municipio actor impugna el dictamen parlamentario del treinta de noviembre de dos mil cuatro, elaborado por las C.ones Unidas de Puntos C.onales y G.�n; de Finanzas, Hacienda P�blica, Control Presupuestal, Contable y Patrimonio del Estado y de los Municipios, y de Fortalecimiento Municipal, del Congreso Estatal de C., en el que se examin� su solicitud para concesionar el servicio p�blico de limpia, recolecci�n, traslado y disposici�n final de residuos del Municipio de C., que se�ala:

"Antecedentes

"Primero. Con fecha 14 de junio de 2004, el presidente municipal del H. Ayuntamiento de C., en representaci�n del H. Ayuntamiento y de conformidad con lo dispuesto por el art�culo 46, fracci�n III, de la C.�n Pol�tica del Estado de C., present� una solicitud dirigida al Congreso del Estado de C., con la finalidad de que esta soberan�a autorice al Municipio a otorgar en concesi�n el servicio p�blico de limpia, recolecci�n, traslado y disposici�n final de residuos del Municipio de C., misma que fue acompa�ada con: a) la certificaci�n del acta de Cabildo celebrada el pasado 20 de mayo de 2004, en la cual fue aprobado, proceder al proceso de licitaci�n p�blica y concesionar el servicio p�blico en comento, b) el estudio de factibilidad de la concesi�n y c) las bases de licitaci�n p�blica para el otorgamiento de la concesi�n.

"En dicha solicitud el presidente municipal, manifest�, entre otras cosas que, existe la necesidad de dar un confinamiento adecuado para el dise�o, construcci�n y operaci�n de rellenos sanitarios, que aseguren un control en el manejo eficiente de los residuos s�lidos no peligrosos, conjuntamente con un sistema eficiente de recolecci�n y transporte de los mismos. Por tanto, con el objeto de eficientar estos servicios, con alta calidad y una adecuada disposici�n final de los residuos s�lidos, el mismo presidente municipal se�al� que el H. Ayuntamiento de C. ha tomado la determinaci�n de llevar a cabo una licitaci�n p�blica, con la finalidad de contratar con la persona f�sica o moral la prestaci�n del servicio integral de limpia.

"Segundo. En sesi�n ordinaria de fecha 21 de octubre de 2004, la mesa directiva de la LVIII Legislatura acord� turnar a las C.ones de Puntos C.onales y G.�n; de Finanzas, Hacienda P�blica, Control Presupuestal y Contable y Patrimonio del Estado y de los Municipios y, de Fortalecimiento Municipal, para su estudio y dictamen, la solicitud presentada por el H. Ayuntamiento.

"Tercero. La solicitud presentada y el proyecto de decreto que se someti� a estudio y dictamen de estas comisiones unidas, tiene por objeto obtener autorizaci�n para concesionar a un particular el servicio p�blico de limpia, recolecci�n, traslado y disposici�n final de residuos, atribuci�n conferida a los Municipios por la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, en su art�culo 115, fracci�n III, inciso c), de la C.�n Pol�tica del Estado de C. en su art�culo 105, primer p�rrafo, inciso c), y por la Ley Org�nica de los Municipios del Estado de C. en sus art�culos 8o., inciso c), 59, fracci�n IV, 107 y 110, fracci�n I.

"Cuarto. El problema de la gesti�n de los residuos s�lidos, est� considerado tanto por la Ley General del Equilibrio Ecol�gico y de P.�n al Ambiente en su art�culo 134, fracci�n II, la Ley del Equilibrio Ecol�gico y P.�n al Ambiente del Estado de C. en su art�culo 128, as� como por la doctrina ambiental, como un problema relacionado directamente con el control de la contaminaci�n de los suelos, y de forma paralela, con la contaminaci�n del aire, el agua y el agotamiento de recursos naturales. Por su importancia, la gesti�n integral de los mismos se debe de llevar a cabo de la forma m�s eficiente posible.

"Por ello, se somete a consideraci�n del Pleno el presente dictamen.

"Considerando

"I. Que el Congreso del Estado de C. tiene la facultad de autorizar de manera previa a los Ayuntamientos la concesi�n de servicios p�blicos municipales, de conformidad con lo dispuesto por los art�culos 59, fracci�n IV y 110, fracci�n I, de la Ley Org�nica de los Municipios del Estado de C..

"II. Que del an�lisis a los documentos que adjunt� el presidente municipal de C. a la solicitud de autorizaci�n, estas comisiones unidas consideran que los mismos resultan insuficientes para acreditar la imposibilidad del Ayuntamiento de C. para prestar por s� mismo el servicio p�blico de limpia, o mediante la creaci�n de alg�n organismo descentralizado. Requisito indispensable en t�rminos de lo se�alado por el art�culo 165, fracci�n I, de la Ley Org�nica de los Municipios del Estado de C..

"En espec�fico, estas comisiones unidas no cuentan con la siguiente informaci�n citada por el presidente municipal en su solicitud, a saber:

"a) El volumen de basura que se genera en el Municipio de C..

"b) Los l�mites a la capacidad de la administraci�n municipal, para atender este servicio p�blico.

"c) Datos sobre la acumulaci�n de basura en las calles y en los hogares.

"d) Concepto y monto del pasivo que el Municipio de C. tiene en el servicio p�blico que se concesiona y en su caso, el mecanismo para disminuir o eliminar dicho pasivo, con el otorgamiento de la concesi�n.

"e) El monto de las inversiones que el Municipio tendr�a que realizar, si siguiera prestando el servicio.

"f) El monto actual del gasto corriente que el Municipio destina a la prestaci�n de este servicio p�blico.

"g) El monto aproximado que el Municipio pagar� al concesionario por la prestaci�n del servicio p�blico.

"h) La descripci�n de las molestias de la ciudadan�a, que en su caso, se eliminar�n con el otorgamiento de la concesi�n, se�alando el mecanismo para su eliminaci�n.

"III. Que de conformidad con lo se�alado en el art�culo 107 de la Ley Org�nica de los Municipios del Estado de C., es necesario contar con la informaci�n que permita a estas comisiones unidas verificar que de autorizarse la concesi�n solicitada, no se afectar� la estructura y organizaci�n municipal; en especial respecto de los derechos de los trabajadores municipales de limpia.

"IV. Que a fin de conocer las caracter�sticas del subsuelo del predio que servir� para la disposici�n final de los residuos s�lidos, es necesario que se incluya en el estudio de factibilidad presentado por el presidente municipal, los siguientes estudios geohidrol�gicos:

"a) Pruebas de permeabilidad y estudio de intercambio cati�nico.

"b) Factor de tr�nsito de infiltraci�n.

"c) Un estudio de proyecci�n de la poblaci�n a atender que debe realizarse para la disposici�n final de los residuos, y

"d) Un estudio de la geohidrolog�a general y la geolog�a regional, el cual debe de complementarse con trabajos de geof�sica y s�smica de refracci�n.

"V. Que para la determinaci�n de una adecuada ubicaci�n de un sitio de disposici�n final de residuos s�lidos municipales, la norma oficial mexicana NOM-083-SEMARNAT-2003 se�ala la necesidad de contar con los siguientes estudios:

"a) Estudios hidrogeol�gicos.

"b) Estudios topogr�fico y geot�cnico.

"c) E.�n geol�gica.

"d) Estudios de generaci�n y composici�n.

"Estas comisiones unidas consideran necesario que de manera previa a la autorizaci�n de la concesi�n que se solicita, acrediten haber realizado los estudios anteriores o que, en todo caso ser�n exigidos al posible concesionario.

"VI. Que con la finalidad de verificar que el t�tulo de concesi�n no contravenga ninguna disposici�n legal se considera necesario conocer el proyecto del mismo o sus caracter�sticas generales. Lo anterior de manera previa al otorgamiento de la autorizaci�n solicitada.

"VII. Que el art�culo 115 de la C.�n Federal establece en su fracci�n III, inciso c), que le corresponde al Municipio atender el servicio p�blico de ?limpia, recolecci�n, traslado, tratamiento y disposici�n final de residuos?; sin embargo, en las bases de la licitaci�n p�blica que se adjunta a la solicitud, no contempla el concepto de ?tratamiento?, el cual consiste en las transformaciones que sufren los residuos s�lidos como resultado de la aplicaci�n de alg�n m�todo espec�fico con el objeto de aprovechar y, en su caso, eliminar algunos materiales contenidos en ellos. Por tal motivo, estas comisiones unidas consideran necesario que el Municipio de C., aclare si la concesi�n es respecto del servicio integral de limpia, o si el tratamiento de los residuos s�lidos quedar� excluido de la misma.

"Estas comisiones unidas hacen del conocimiento del H. Ayuntamiento que existen diversos m�todos de aprovechamiento de los residuos s�lidos, tales como la incineraci�n (con planta adecuada), la composta, la pir�lisis y el reciclaje, entre otros; por lo que resulta necesario contemplar esta �ltima etapa de los residuos dentro de la concesi�n del servicio integral de limpia cuya autorizaci�n solicita.

"VIII. Que de la documentaci�n presentada a las comisiones unidas que dictaminan, en especial del estudio realizado para el Municipio de C. por el centro de an�lisis estrat�gico, sobre la situaci�n actual de recolecci�n domiciliaria y disposici�n final de residuos s�lidos municipales no peligrosos de ciudad de C.C., se desprende que existen dos alternativas:

"1. La prestaci�n del servicio por organismos privados, y

"2. La reestructura del sistema actual de barrio, recolecci�n y disposici�n final.

"No obstante lo anterior, de la solicitud presentada por el presidente municipal, no se desprenden elementos que lleven a concluir la imposibilidad del Municipio de seguir proporcionando el servicio p�blico que se pretende concesionar o que la reestructuraci�n del sistema municipal resulte una alternativa inviable.

"Adicionalmente, es necesario se�alar que el estudio en comento se�ala como recomendaci�n ?la privatizaci�n de los servicios de manejo y disposici�n final de residuos s�lidos municipales?, sin hacer una recomendaci�n expresa respecto a privatizar el servicio de limpia y recolecci�n de residuos s�lidos.

"IX. Que de conformidad con el art�culo 108 bis de la Ley Org�nica de los Municipios del Estado de C. existe la posibilidad de crear organismos descentralizados de car�cter municipal e incluso empresas de participaci�n estatal para dichos efectos, sin que en la solicitud presentada por el Municipio de C. se desprenda que se haya analizado esta alternativa.

"X. Que de los proyectos de convocatoria y bases de licitaci�n presentadas junto con la solicitud, se desprende que los mismos no se ajustan a lo previsto por el art�culo 111 de la Ley Org�nica de los Municipios del Estado de C., toda vez que no se contemplan los supuestos de exclusi�n e impedimentos para la participaci�n en la licitaci�n p�blica de la concesi�n, tanto de los servidores p�blicos municipales, como de las dem�s personas impedidas por ley para participar en el mismo.

"XI. Que el art�culo 107 de la Ley Org�nica de los Municipios del Estado de C. establece una preferencia de contrataci�n a favor de empresas locales para la prestaci�n de servicios; sin embargo las bases de licitaci�n p�blica proh�ben la posibilidad de que el concesionario del servicio integral de limpia lleve a cabo la subcontrataci�n de servicios, lo que podr�a impedir que empresas locales participen en la prestaci�n de alguno de los servicios que implica la concesi�n.

"XII. Que estas comisiones unidas consideran que los proyectos de convocatoria y bases de licitaci�n p�blica presentados por el presidente municipal de C., reflejan un incumplimiento a lo establecido en los art�culos 24 y 25 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestaci�n de Servicios Relacionados con Bienes Muebles, ya que no establecen claramente los requisitos que deber�n cumplir los interesados, en materia de experiencia y de car�cter t�cnico.

"XIII. Que la Ley General del Equilibrio Ecol�gico y P.�n al Ambiente, en el art�culo 134, fracci�n III, determina la obligatoriedad de incorporar t�cnicas y procedimientos para el reuso y reciclaje de los residuos s�lidos municipales, lo cual se omite especificar en las bases de la licitaci�n p�blica, aun cuando en t�rminos de las propias bases, la concesi�n tiene por objeto el servicio integral de limpia.

"XIV. Que la Ley del Equilibrio Ecol�gico y P.�n al Ambiente del Estado de C., en sus art�culos 33 y 34 exige que los Ayuntamientos: 1) eval�en el impacto ambiental de las obras o actividades no reservadas a la Federaci�n o al Estado; 2) gestionen o promuevan la manifestaci�n de impacto ambiental de los rellenos sanitarios y 3) en su art�culo 132 establece la obligaci�n de promover la fabricaci�n y utilizaci�n de empaques y envases para todo tipo de productos, cuyos materiales permitan reducir la generaci�n de residuos s�lidos. En la solicitud de autorizaci�n presentada, no se explica el r�gimen de supervisi�n y/o colaboraci�n con el concesionario que establecer� el Municipio de C., sobre todo, en las materias reguladas en dicho ordenamiento.

"XV. Que el Ayuntamiento de C. encarg� la realizaci�n de un estudio de factibilidad al centro de an�lisis estrat�gico. Este estudio se�ala varios comentarios, as� como deficiencias y riesgos en los aspectos t�cnicos y econ�micos del manejo y disposici�n de los residuos s�lidos municipales, adem�s de la falta de diversos estudios referentes al sitio de disposici�n final de los residuos s�lidos. La mayor�a de estos comentarios requieren de acciones concretas; sin embargo, la solicitud presentada a este Congreso es omisa en se�alar o explicar si dichas acciones ser�n realizadas de manera previa al otorgamiento de la concesi�n o ser�n ejecutadas por el concesionario.

"Se se�alan los siguientes temas, observados por el centro de an�lisis estrat�gico y cuya solventaci�n se considera indispensable por parte de estas comisiones unidas:

"a) La proyecci�n de la poblaci�n de ciudad de C., crecer� en m�s de un 50% de la que se tiene actualmente en los pr�ximos 15 a�os. Circunstancia que se debe tomar en cuenta, en la generaci�n de residuos s�lidos; sin embargo, ello no se contempl� en las bases de licitaci�n, respecto de la inversi�n que tenga que realizar el concesionario.

"b) A la fecha, dentro de los servicios proporcionados por el Municipio, se encuentra la ?recolecci�n comercial? de residuos s�lidos, actividad que no est� prevista en el otorgamiento de la concesi�n, sin definirse lo que ocurrir� en el futuro con dicha actividad, as� como la recolecci�n de residuos no peligrosos, generados en oficinas gubernamentales, privadas, bancarias, escuelas, locales comerciales, industrias, mercados, parques y jardines. Es importante resaltar que la concesi�n solamente se refiere a residuos s�lidos domiciliarios, concepto, este �ltimo, que no se encuentra regulado en el reglamento de limpieza para el Municipio de C..

"c) La existencia de 9 tiraderos clandestinos. Igualmente sin definirse su situaci�n, a partir del otorgamiento de la concesi�n.

"d) No se establece la necesidad de contar con una estaci�n de transferencia de residuos s�lidos independientemente de que con la que se tiene actualmente se encuentra en proceso de desmantelamiento.

"e) El relleno sanitario actual, origin� la contaminaci�n de agua del subsuelo y del ambiente en general por realizarlo fuera de las celdas que originalmente se planearon para lograr un relleno sanitario.

"El sitio seleccionado por la presidencia municipal para ocupar el relleno sanitario, se hizo sin contar con el estudio requerido seg�n distancias con comunidades cercanas ni con la NOM 083 ECOL 1993.

"g) Se deben realizar estudios adecuados, t�cnicos y econ�micos (planes maestros de inversi�n), para planear el uso de los contenedores dentro de un marco de manejo integral para recolectar la basura.

"h) La cobertura de atenci�n del servicio de recolecci�n no es el adecuado, entre otras razones, por el trazo de las rutas y la deficiente recolecci�n en las �reas rurales.

"i) En cuanto al n�mero de trabajadores, el estudio revel� que existen 223 trabajadores en actividades de recolecci�n de basura, incluyendo choferes, peones y operadores y 62 en el servicio de limpia, siendo un total de 285 trabajadores. Es importante precisar la situaci�n futura de dichos trabajadores.

"j) La mitad del equipo con el que se cuenta tanto para el barrido mec�nico como en el relleno sanitario, no est� en operaci�n y adem�s se encuentra rentado.

"De no tomarse en cuenta el estudio en comento, se corre el riesgo de que la concesi�n sea superada por las condiciones reales en las que va a operar.

"XVI. Que en cuanto al proyecto de convocatoria, cabe mencionar que estas comisiones unidas encontraron las siguientes inconsistencias:

"a) Que solamente se refiere a la concesi�n de los servicios, relativos a los residuos s�lidos no peligrosos generados, �nicamente en la cabecera municipal, o sea en ciudad de C..

"b) No establece los requisitos que deber�n acreditar los participantes, relativos a su experiencia en este tipo de trabajos, solamente se refiere a la relaci�n de contratos de obras en vigor celebrados.

"c) El capital contable m�nimo requerido de $35'000,000.00 no concuerda con el se�alado en las bases de licitaci�n, que hace referencia a $50'000,000.00.

"d) Se hace referencia a la existencia de un comit�, sin definirse c�mo est� integrado dicho �rgano.

"e) Menciona un apartado de criterios generales para la adjudicaci�n de la concesi�n, no obstante en la misma no se expone ninguno.

"f) Por otra parte, en la convocatoria se menciona que el contrato de concesi�n se precisar� con posterioridad a la emisi�n del fallo, pero en las bases de licitaci�n se obliga al participante a manifestar que conoce y acepta el contenido del contrato de concesi�n, situaci�n que es necesario verificar para efectos de evitar una futura interpretaci�n que resulte incorrecta.

"XVII. Que delan�lisis y estudio del proyecto de bases de licitaci�n p�blica, se encontraron tambi�n importantes inconsistencias que impiden a estas comisiones unidas considerar como adecuados, los t�rminos en que se plantea otorgar la concesi�n cuya autorizaci�n se solicita:

"a) Solamente se refiere a la concesi�n de los servicios, relativos a los residuos s�lidos no peligrosos generados �nicamente en la cabecera municipal, o sea, en ciudad de C..

"b) Se estima realizar un pago por inscribirse a la licitaci�n p�blica, para los participantes interesados, dicha circunstancia como tal, no es com�n en la legislaci�n local mexicana y podr�a ser combatida como ilegal dentro del proceso.

"c) Las bases de licitaci�n contienen un apartado relativo a los antecedentes y a la justificaci�n, que implican la solicitud al Congreso Local.

"d) La descripci�n de los trabajos, o sea, el objeto de la licitaci�n no es muy claro, adem�s de referirse �nicamente a los residuos s�lidos domiciliarios. Adicionalmente, se incluye la actividad de ?clausura parcial? del actual relleno sanitario, sin especificar el modo de llevarlo a cabo y sin que esta actividad estuviera prevista de antemano.

"e) En cuanto a los requisitos que deber�n cumplir los interesados, se encuentra una inconsistencia, respecto de la entrega de los documentos para acreditar la capacidad financiera y que son los relativos a exhibir los estados financieros de los 2 �ltimos ejercicios fiscales, siendo que en la convocatoria, solamente se exige el correspondiente al a�o 2003.

"f) No se incluye la exigencia contenida en el art�culo 32-D del C�digo Fiscal de la Federaci�n, relativo al cumplimiento de obligaciones fiscales de los interesados.

"g) No se incluye el requisito de inhabilitar a las empresas para esta licitaci�n, a quienes se encuentren sujetas a procesos de concursos mercantiles.

"h) En el apartado de exigencias t�cnicas a los participantes, �stos deber�n describir las rutas para la recolecci�n de residuos s�lidos en los mercados, siendo que aparentemente la licitaci�n solamente se refiere a los residuos s�lidos domiciliarios.

"i) Se deja que el participante determine el equipo, las rutas, los programas, las inversiones, en fin, todos los esquemas de prestaci�n del servicio p�blico.

"j) Se permite que el particular exhiba el apoyo financiero que reciba de las instituciones crediticias para realizar a las inversiones necesarias, con el consecuente riesgo de que esta operaci�n sea totalmente fondeada por los bancos y los particulares no inviertan en la misma.

"k) No se incluye un esquema de supervisi�n a cargo del Municipio.

"l) El proyecto es omiso en se�alar a qui�n corresponder�n, concesionario o Municipio, los productos que se obtengan del aprovechamiento de los residuos s�lidos que sean procesados o reciclados, lo cual podr�a ser una fuente de ingresos para destinarse al mismo sistema de recolecci�n.

"m) Falta claridad en la descripci�n de contraprestaciones al concesionario. Adicionalmente de acuerdo con las bases de licitaci�n p�blica, el Municipio se obliga a asumir el costo del servicio integral prestado por la concesionaria. Sin embargo, las bases s�lo determinan los pagos por tonelada recolectada y confinada y por metro barrido (manual o mec�nicamente).

"Por lo anterior, no es claro si se pactar� previamente la contraprestaci�n al concesionario por la clausura del relleno sanitario actual, as� como por la apertura del nuevo relleno sanitario.

"n) Las bases de licitaci�n p�blica, no son claras en las obligaciones del concesionario respecto del nuevo relleno sanitario y su intervenci�n en la puesta en marcha del mismo; las bases solamente exponen las especificaciones en cuanto a las acciones y obras de infraestructura que implica la operaci�n del actual relleno sanitario.

"�) En cuanto a la garant�a de cumplimiento de la concesi�n, el importe exigido como garant�a por el primer a�o de la concesi�n es por la cantidad de $6'500,000.00 (seis millones quinientos mil pesos), mencionando las bases que dicho importe deber� ser equivalente a la liquidaci�n del personal.

"Al respecto, se carece de la informaci�n que permita verificar si el monto anterior ser� suficiente para liquidar al personal actual, adem�s de que al parecer no se contemplan las posibles contingencias laborales que el despido masivo pueda generar y qui�n asumir� el costo de las mismas.

"o) Las bases de licitaci�n establecen que las propuestas econ�micas ser�n abiertas en una fecha posterior a la apertura de las propuestas t�cnicas, lo cual carece de sentido, toda vez que la evaluaci�n se realizar� en conjunto. Es decir, se revisar�n conjuntamente las propuestas t�cnicas y econ�micas.

"p) En los documentos que se exigen a los participantes para acreditar su experiencia se hace referencia a la difusi�n de campa�as de concientizaci�n ciudadana y educaci�n ambiental, cuando en ninguna otra parte de las bases de licitaci�n se hace referencia a que estar�n a cargo de los concesionarios dichos servicios.

"q) De acuerdo con el planteamiento general se busca otorgar una concesi�n del servicio integral de limpia por el t�rmino de 15 a�os. Sin embargo las fechas previstas para la operaci�n de los servicios de barrido, recolecci�n y transporte, pueden ser diferentes a las de inicio de la administraci�n y operaci�n del relleno sanitario. Adicionalmente las bases prev�n la posibilidad de que se renueve el plazo de la concesi�n por un t�rmino igual al originalmente pactado.

"r) En general, estas comisiones unidas consideran que el proyecto de base de licitaci�n es deficiente en los siguientes aspectos:

"- Descripci�n correcta del objeto de la licitaci�n.

"- Trabajos a realizar para la recolecci�n de los residuos urbanos.

"- Servicios no incluidos.

"- Forma de prestaci�n del servicio p�blico.

"- Rutas necesarias que tiene que describir el Ayuntamiento.

"- Veh�culos a utilizar, su n�mero y caracter�sticas adecuadas.

"- Personal afecto al servicio, se�alando puestos, vacaciones, etc�tera, necesidades para el estacionamiento de veh�culos.

"- Disponibilidad del personal, al 100% en jornadas de trabajo.

"- S.�n del personal actual.

"- Ampliaci�n del servicio.

"- Periodicidad del servicio.

"- Horarios.

"- N�mero de itinerarios.

"- Responsabilidad civil.

"- R.�n de precios.

"- Informes de la ejecuci�n en la prestaci�n de servicios.

"- Inspecci�n y vigilancia.

"- Sanciones.

"- Maquinaria ofrecida.

"- Criterios claros de adjudicaci�n.

"- Iniciaci�n del servicio.

"- Mecanismo de pago del precio del servicio.

"- Relaci�n de personal.

"- Relaci�n de medios materiales adscritos a los servicios.

"XVIII. Que estas comisiones unidas consideran que la denominaci�n otorgada por el Municipio de C. a la concesi�n ?Concesi�n de los servicios de barrido manual y mec�nico, recolecci�n domiciliaria, transporte y exposici�n final de los residuos s�lidos no peligrosos generados en ciudad de C., C.?, podr�a interpretarse que comprende �nicamente la ?recolecci�n domiciliaria?, es decir, que se limita a la recolecci�n de residuos generados en casa habitaci�n. Lo anterior resulta impreciso, toda vez que la competencia del Municipio, en t�rminos del reglamento de limpieza para el Municipio de C., comprende la limpia, recolecci�n, traslado, tratamiento y disposici�n de residuos s�lidos municipales.

"En m�rito de lo anteriormente expuesto y considerado, con fundamento en los art�culos antes citados y espec�ficamente en los art�culos 38 y 39 de la Ley Org�nica del Poder Legislativo del Estado, estas C.ones Unidas de Puntos C.onales y G.�n; de Finanzas, Hacienda P�blica, Control Presupuestal y Contable y Patrimonio del Estado y de los Municipios y, de Fortalecimiento Municipal.

"Dictaminan

"Primero: Que la solicitud formulada para autorizar al Municipio de C. a otorgar en concesi�n el servicio p�blico de limpia, recolecci�n, traslado y disposici�n final de residuos a un particular, no re�ne la informaci�n necesaria para valorar si resulta adecuada o no su autorizaci�n, por lo que estas comisiones unidas carecen de elementos para pronunciarse sobre la procedencia o no de autorizar dicha concesi�n. Lo anterior, en atenci�n a que estas comisiones unidas carecen de la documentaci�n que justifique la necesidad de otorgar la concesi�n, as� como de los estudios t�cnicos que sugieran su viabilidad y, ante los posibles vicios de legalidad que han sido se�aladas en el cuerpo del presente dictamen.

"Segundo. Que estas comisiones unidas para estar en la posibilidad de dictaminar la autorizaci�n de la concesi�n solicitada, sugieren al H. Ayuntamiento del Municipio de C. ajustarse a los preceptos legales se�alados en el dictamen y obtener la informaci�n se�alada como incompleta o faltante en el mismo.

"Tercero. Se solicita al H. Ayuntamiento del Municipio de C. que determine cu�l ser� la situaci�n jur�dica de los trabajadores que prestan sus servicios para el Municipio en el �rea de limpia, recolecci�n, traslado tratamiento y disposici�n final de residuos s�lidos.

"As� lo dictaminan los CC. Diputados miembros de las C.ones Unidas de Puntos C.onales y G.�n; de Finanzas, Hacienda P�blica, Control Presupuestal y Contable y Patrimonio del Estado y de los Municipios y de Fortalecimiento Municipal.

"C.�n de Puntos C.onales y G.�n.

"R�brica

"Dip. A.R.�n Gonz�lez Flores

Presidente.

Al respecto, es preciso conocer el tr�mite parlamentario que regula la emisi�n de esos dict�menes, para lo cual es necesario traer a colaci�n los art�culos 44, 47 y 48 de la C.�n Pol�tica del Estado de C. y 2o., 31, 38, 39, 40, 62, fracci�n VI y 69 de la Ley Org�nica del Poder Legislativo de esa entidad, que en ese orden, disponen:

C.�n Pol�tica del Estado de C.

"Art�culo 44. Las resoluciones del Congreso tendr�n car�cter de ley, decreto, iniciativa, ante el Congreso de la Uni�n o acuerdo. Para su sanci�n, promulgaci�n y publicaci�n, las leyes y decretos se enviar�n al gobernador del Estado, firmados por el presidente y los dos secretarios de la directiva del Congreso. Los acuerdos requerir�n s�lo de la firma de los dos secretarios y no ameritar�n sanci�n ni promulgaci�n del Ejecutivo."

"Art�culo 47. Todas las iniciativas o propuestas presentadas o sometidas a la consideraci�n del Congreso del Estado se sujetar�n a los tr�mites establecidos en la Ley Org�nica del Poder Legislativo y reglamentos que de ella emanen."

Art�culo 48. Para que un proyecto o iniciativa obtenga el car�cter de ley, decreto o acuerdo, ser� necesario que satisfaga todos y cada uno de los requisitos y tr�mites previstos en esta C.�n y en la Ley Org�nica del Poder Legislativo del Estado.

Ley Org�nica del Poder Legislativo

"Art�culo 2o. El ejercicio del Poder Legislativo del Estado se deposita en una asamblea de representantes populares o diputados, electos directamente cada tres a�os. La asamblea se denomina Congreso del Estado. El Congreso funcionar� en Pleno, o mediante comisiones, y tendr� como �rganos de apoyo: ..."

"Art�culo 31. El estudio y dictaminaci�n de las iniciativas, proyectos y dem�s asuntos cuya resoluci�n sea de la competencia del Congreso del Estado, salvo aquellos que esta ley u otras disposiciones normativas de car�cter general reserven al conocimiento de otro �rgano del Poder Legislativo, estar�n a cargo de las comisiones de dictamen legislativo u ordinarias. Son comisiones de dictamen legislativo las de:

"I. Puntos C.onales y G.�n;

"II. Finanzas, Hacienda P�blica, Control Presupuestal y Contable y Patrimonio del Estado y de los Municipios;

"III. Desarrollo Social;

"IV. Fomento y Desarrollo Agropecuario y Forestal;

"V. Desarrollo Industrial, Fomento Econ�mico y Desarrollo Tur�stico;

"VI. Desarrollo Urbano, Comunicaciones y Obras P�blicas;

"VII. Salud, P.�n del Medio Ambiente y Recursos Naturales;

"VIII. Educaci�n, Cultura y Deporte;

"IX. P.�n e I.�n de Justicia, Seguridad P�blica, P.�n Civil y Derechos Humanos;

"X. Fomento y Desarrollo Pesquero;

"XI. Fortalecimiento Municipal; y

"XII. Equidad y G�nero, A.�n a Grupos Vulnerables y Etnias Ind�genas.

"El estudio y dictamen de los asuntos relativos a normas y pr�cticas parlamentarias as� como a trabajo y previsi�n social estar� a cargo de la C.�n de Puntos C.onales y G.�n; los concernientes a temas sobre menores y discapacitados a la C.�n de Equidad y G�nero, A.�n a Grupos Vulnerables y Etnias Ind�genas; y los del ramo de contralor�a a la C.�n de Finanzas, Hacienda P�blica, Control Presupuestal y Contable y Patrimonio del Estado y de los Municipios."

"Art�culo 38. Toda comisi�n deber� emitir dictamen sobre el asunto que se le turne en un plazo no mayor de quince d�as, contados a partir de la fecha en que su presidente lo reciba. Si para la emisi�n del dictamen se ameritase la consulta p�blica, el t�rmino se contar� a partir del d�a siguiente a aquel en que se realice el foro de presentaci�n de conclusiones.

"Si por la naturaleza del asunto se requiriese de un plazo mayor para la emisi�n del dictamen, el Congreso a petici�n del presidente de la comisi�n, formulada antes de que expire el plazo, podr� prorrogarlo por un lapso no mayor a treinta d�as."

"Art�culo 39. Los dict�menes deber�n redactarse en forma clara y sencilla, exponiendo las razones y fundamentos jur�dicos en los que se sustenten, divididos en una parte expositiva o de antecedentes, una parte considerativa o de razonamientos y, finalmente, en un punto de acuerdo o de decreto; precis�ndose la fecha en que se emitan. El dictamen ser� firmado por todos los integrantes de la comisi�n que est�n de acuerdo con el mismo."

"Art�culo 40. Cuando la �ndole de un asunto amerite que deba ser objeto de estudio por m�s de una comisi�n, las mismas trabajar�n unidas para emitir dictamen conjunto, con la finalidad de evitar dict�menes contradictorios. Cuando existan varias iniciativas sobre un mismo asunto o cuyos temas se relacionen entre s�, proceder� su acumulaci�n para ser analizadas, discutidas y resueltas todas ellas de manera conjunta, esto es, en un solo dictamen."

"Art�culo 62. En el desarrollo de una sesi�n se observar� el orden siguiente:

"...

"VI. Lectura de dict�menes; ..."

"Art�culo 69. Recibida una propuesta, iniciativa o proyecto se le dar� el tr�mite siguiente:

"I.C. al orden que la presidencia determine, ser� dada a conocer en sesi�n a la asamblea mediante la lectura �ntegra de su texto. Podr� omitirse la lectura, cuando a cada uno de los miembros de la asamblea legislativa presentes en la sesi�n se le entregue copia de ella. En este caso s�lo se dar� lectura a su exposici�n de motivos;

"II. Le�da la propuesta, iniciativa o proyecto o, en su caso, su exposici�n de motivos, el presidente de la directiva dispondr� que se turne a la o las comisiones de dictamen legislativo que correspondan, en atenci�n a su materia;

"III. Las comisiones de dictamen legislativo, dentro del plazo que esta misma ley se�ala, analizar�n la iniciativa y emitir�n dictamen recomendando a la asamblea la aprobaci�n, en su integridad o con modificaciones, o el rechazo de la iniciativa de ley, decreto o acuerdo. En caso de aprobaci�n, el dictamen contendr� la minuta proyecto de ley, decreto o acuerdo que proponga la comisi�n o comisiones;

"IV. El dictamen se har� del conocimiento de la asamblea, en sesi�n, mediante su lectura. Previa a la lectura del dictamen se leer� la iniciativa que lo provoc�; esta lectura se omitir� cuando se haya distribuido entre los miembros del Congreso copia de la iniciativa, o cuando por consenso mayoritario la asamblea determine dispensarla. Tambi�n se omitir� la lectura del proyecto de minuta de ley, decreto o acuerdo, que se contenga en el dictamen, en el caso de que su texto sea igual en todas y cada una de sus partes al proyecto contenido en la iniciativa o que sus modificaciones s�lo sean de estilo o redacci�n; cuando la modificaci�n sea de fondo se leer� �nicamente la parte o partes afectadas;

".L.�do el dictamen se proceder� a su discusi�n por la asamblea conforme a las disposiciones contenidas en el cap�tulo und�cimo. La aprobaci�n del dictamen conllevar� la aprobaci�n de la iniciativa o proyecto, si aqu�l se emiti� recomendando su aprobaci�n. La minuta de ley o decreto contenida en el dictamen se enviar� al Ejecutivo para su sanci�n y, en su caso, promulgaci�n y publicaci�n en el Peri�dico Oficial del Estado;

"VI. Si el dictamen no es aprobado por el voto mayoritario de la asamblea, se proceder� a retornarlo a las comisiones que lo elaboraron para que procedan a su modificaci�n en los t�rminos de las consideraciones vertidas en el debate, y sea presentado de nuevo a la consideraci�n de la asamblea en un plazo que no deber� exceder de ocho d�as; y

"VII. Cuando una iniciativa sea desechada por el Congreso, tal decisi�n se dar� a conocer, por escrito, a su promotor sin que haya m�s tr�mite."

De la interpretaci�n sistem�tica de los art�culos transcritos se advierte que las comisiones parlamentarias son �rganos internos de la propia Legislatura Estatal que apoyan a que �sta cumpla con sus actividades legislativas, para lo cual analizan los asuntos del ramo o �rea de su competencia y los instruyen hasta ponerlos en estado de resoluci�n, elaborando un dictamen que contendr� una parte expositiva relacionada a los antecedentes del asunto de que se trata, y una parte considerativa en que se expliquen las razones que justifiquen el sentido del documento, mediante proposiciones claras y sencillas que puedan someterse a votaci�n.

Una vez elaborado el dictamen, se somete a discusi�n ante el Pleno del Congreso para proceder a su votaci�n, el que puede ser aprobado o no, de acuerdo con los debates parlamentarios en la Legislatura Local, procedi�ndose, en su caso, ha modificar tanto los fundamentos jur�dicos como las consideraciones del dictamen, de estimarlo adecuado el �rgano plenario, esto es, la propuesta de dictamen no produce invariablemente su aprobaci�n, porque este evento depender� de la respectiva discusi�n del Congreso, pero de ser aprobado, as� como la minuta, tendr� el car�cter de decreto o acuerdo, que formar� una unidad con el dictamen antes discutido.

En tal virtud, si bien por regla general los dict�menes de las comisiones no son una actuaci�n o resoluci�n definitiva que en s� mismos causen un perjuicio actual porque deben someterse a la aprobaci�n relativa de la Legislatura Local, el dictamen impugnado constituye un acto definitivo que no requiere aprobaci�n del Pleno del Congreso Estatal de C., ya que el ejercicio del Poder Legislativo se deposita en esa asamblea que act�a en comisiones o en Pleno, de ah� que no siempre se necesite de la intervenci�n del Congreso funcionando en Pleno, m�xime si se pondera que los dict�menes se tornan en simples recomendaciones cuando versen sobre la "aprobaci�n, en su integridad o con modificaciones, o el rechazo de la iniciativa de ley, decreto o acuerdo", esto es, cuando se resuelva la cuesti�n de fondo que se proponga aprobar, pero el dictamen reclamado no hizo pronunciamiento acerca de si rechazaba o aprobaba la solicitud del Municipio actor, sino que se requiri� a este �ltimo para que allegara diversa informaci�n, por lo que sin duda es un acto definitivo, tanto es as� que se notific� por correo certificado el veinte de diciembre de dos mil cuatro, sin pasar por la aprobaci�n del Congreso en Pleno.

De esta forma queda acreditada la definitividad del dictamen impugnado porque basta para su expedici�n de la aprobaci�n de las comisiones legislativas, raz�n por la cual debe desestimarse la causa de improcedencia prevista en la fracci�n VI delart�culo 19 de la ley reglamentaria de la materia, m�xime que el perjuicio que resiente el Municipio actor es actual, porque no tiene que esperar a que se apruebe o rechace su solicitud de autorizaci�n, en virtud de que la afectaci�n se produce desde que est� sujeto a la previa autorizaci�n del Congreso del Estado de C. para estar en aptitud de concesionar los servicios p�blicos municipales, esto es, se reclama la invasi�n a la esfera municipal, porque a criterio del Municipio actor no es menester cumplir con esa formalidad, seg�n las bases del art�culo 115, fracci�n II, inciso b), de la C.�n Federal.

Por �ltimo, debe decirse que tampoco era necesario agotar el procedimiento regulado en la Ley Reglamentaria de la Fracci�n IV del Art�culo 88 de la C.�n Pol�tica del Estado de C., para cumplir con el principio de definitividad, habida cuenta que en la demanda relativa se plantean violaciones directas o inmediatas a la C.�n Federal, de las que ning�n �rgano de las entidades federativas tiene competencia para pronunciarse sobre ellas.

Se expone tal aseveraci�n, porque la pretensi�n principal del Municipio actor dimana de la omisi�n del Congreso del Estado de C. para ajustar su legislaci�n interna a las prevenciones del art�culo 115 constitucional, conforme al decreto publicado en el Diario Oficial de la Federaci�n el veintitr�s de diciembre de mil novecientos noventa y nueve; por ende, se trata de una violaci�n directa a la propia Carta Fundamental que no puede ser reparada por el Tribunal Superior de Justicia de dicho Estado mediante el juicio previsto en el art�culo 88, fracci�n IV, de la C.�n Local.

En efecto, los alcances del aludido juicio est�n descritos en los art�culos 78 y 88, fracci�n IV, de la C.�n Pol�tica del Estado de C. y 1o. y 22 de la ley reglamentaria de la fracci�n IV de ese art�culo 88, que respectivamente, disponen:

C.�n Pol�tica del Estado de C.

"Art�culo 78. El Tribunal Superior de Justicia del Estado funcionar� en acuerdo Pleno o en Salas, y estar� integrado con el n�mero de Magistrados numerarios y supernumerarios que determine la Ley Org�nica del Poder Judicial del Estado. ..."

"Art�culo 88. Corresponde al Tribunal Pleno:

"...

"IV. Conocer y resolver los conflictos que se susciten entre:

"a) El Estado y un Municipio;

"b) Un Municipio y otro;

"c) Un Municipio y una secci�n municipal;

"d) Una secci�n municipal y otra;

"e) Los Poderes Ejecutivo y Legislativo del Estado;

"f) Alguno de los anteriores y una entidad paraestatal o paramunicipal;

"g) Dos entidades paraestatales;

"h) Dos entidades paramunicipales; o

"i) Una entidad paraestatal y una paramunicipal.

El procedimiento para resolver los mencionados conflictos se establecer� en la correspondiente ley reglamentaria. Las sentencias de fondo que emita el Tribunal Pleno ser�n definitivas e inatacables ...

Ley Reglamentaria de la Fracci�n IV del Art�culo 88 de la C.�n Pol�tica del Estado de C.

"Art�culo 1o. El Tribunal Superior de Justicia del Estado conocer� y resolver�, con base en las disposiciones de la presente ley, los conflictos a que se refiere la fracci�n IV del art�culo 88 de la C.�n Pol�tica del Estado. A falta de disposici�n expresa, se estar� a las prevenciones del C�digo de Procedimientos Civiles del Estado."

"Art�culo 22. El escrito de demanda deber� se�alar:

"...

"d. El acto cuya invalidez se demande, as� como, en su caso, el medio oficial en que se hubiere publicado;

e. Los preceptos legales, que en su caso, se estimen violados. ...

De los preceptos anteriores se desprende que compete al Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado de C. sustanciar y resolver los conflictos que se susciten entre el Estado y alguno de sus Municipios, para verificar la conformidad de actos con las disposiciones legales locales, no de la C.�n Federal.

Ahora bien, resulta importante puntualizar que para que los sujetos legitimados para promover la controversia constitucional prevista en la fracci�n I del art�culo 105 de la C.�n Federal se encuentren obligados a agotar previamente a esta v�a alg�n medio de defensa previsto en las leyes locales para la soluci�n del conflicto, es presupuesto b�sico que en la demanda relativa el actor no haya planteado violaciones inmediatas y directas a la Ley Suprema, pues de ser as�, resulta innecesario agotar el principio de definitividad aludido, toda vez que ser� a trav�s de dicho juicio constitucional como pueda plantearse la no conformidad de actos o normas de car�cter general con la C.�n Federal, incluso, respecto de omisiones legislativas, lo cual no podr�a efectuarse al resolverse una acci�n local.

En la especie, este Alto Tribunal estima que se actualiza la excepci�n de m�rito, habida cuenta que la parte actora no estaba obligada a impugnar los actos reclamados a trav�s del medio que prev� el art�culo 88, fracci�n IV, de la C.�n del Estado de C., pues en la demanda se queja de la omisi�n legislativa en que ha incurrido el Congreso Estatal, no obstante de que existe la obligaci�n constitucional de ajustar la legislaci�n interior o interna a las prevenciones del art�culo 115 de la Ley Fundamental.

Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 136/2001 del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, que fue publicada en la p�gina novecientos diecisiete del Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, T.X., enero de 2002, Novena �poca, con el rubro y texto que enseguida se insertan:

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA V�A PREVISTA EN LA LEGISLACI�N LOCAL S�LO DEBE AGOTARSE PARA SU PROCEDENCIA CUANDO EN LOS CONCEPTOS DE INVALIDEZ NO SE PLANTEEN VIOLACIONES DIRECTAS E INMEDIATAS A LA CONSTITUCI�N FEDERAL, SINO QUE SU TRANSGRESI�N SE HAGA DERIVAR DE LA VULNERACI�N A NORMAS LOCALES. El art�culo 19, fracci�n VI, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Art�culo 105 de la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos establece como causal de improcedencia de las controversias constitucionales el que no se haya agotado la v�a legalmente prevista para la soluci�n del conflicto, principio de definitividad que trat�ndose de recursos o medios de defensa previstos en las legislaciones locales s�lo opera cuando en la demanda no se planteen violaciones directas e inmediatas a la C.�n Federal, sino violaciones a la legislaci�n local que, como consecuencia, produzcan la transgresi�n a normas de la Carta Magna, pues el �rgano local a quien se atribuya competencia para conocer del conflicto carece de ella para pronunciarse sobre la vulneraci�n a disposiciones de la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, dado que la interpretaci�n de la N.F. corresponde dentro de nuestro sistema constitucional, en exclusiva, al Poder Judicial de la Federaci�n y, concretamente en el caso de controversias constitucionales, a la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n.

En esas condiciones, al haberse desestimado las causas de improcedencia que expuso la parte demandada, procede abordar el estudio de fondo del asunto.

S�PTIMO

Con ese fin tiene especial importancia puntualizar que del estudio integral de la demanda de controversia se advierte que la pretensi�n principal del Municipio actor radica en poner en evidencia la omisi�n del Congreso del Estado de C. para ajustar su legislaci�n interna a las prevenciones del art�culo 115, fracci�n II, inciso b), constitucional, conforme al decreto publicado en el Diario Oficial de la Federaci�n el veintitr�s de diciembre de mil novecientos noventa y nueve y, para tal efecto, transcribe los art�culos 59, fracci�n IV y 110, fracci�n I, de la Ley Org�nica de los Municipios del Estado de C., de modo que una vez que se demuestre la citada omisi�n legislativa, ser� innecesario emitir un pronunciamiento espec�fico de invalidez de tales preceptos, porque los vicios constitucionales que se exponen se atribuyen, en esencia, a dicha omisi�n, no en s� a la referida ley org�nica, por lo que ser� abordado su examen en primer lugar.

OCTAVO

Conviene destacar que esa omisi�n legislativa es susceptible de impugnarse en v�a de controversia constitucional, porque el actor expone una violaci�n directa al mandato del Poder Reformador establecido en el art�culo segundo transitorio del decreto de reformas del art�culo 115 de la C.�n Federal, publicado el veintitr�s de diciembre de mil novecientos noventa y nueve, que contiene una obligaci�n de hacer o facultad de ejercicio obligatorio para que los Estados adecuen su normatividad interna a las nuevas prevenciones de dicho precepto, dentro de un plazo determinado; pues en caso contrario, probablemente no se podr�a lograr el cumplimiento efectivo y oportuno de esa obligaci�n, en la hip�tesis de no someter dicha omisi�n a control constitucional en aras de buscar que aqu�lla cese, restableci�ndose, en su caso, el orden supremo que debe imperar.

Lo expuesto hasta aqu� no es contrario a las disposiciones del art�culo 42 de la ley reglamentaria de la materia, que prev� los casos en que es procedente emitir una declaratoria de invalidez con efectos generales, o con efectos entre las partes, puesto que del proceso legislativo que culmin� con esa ley, no se advierte que en los efectos de las resoluciones dictadas en las controversias se haya considerado la conducta omisiva de una autoridad, en virtud de que en la exposici�n de motivos relativa, se dispuso:

"Igualmente, las nuevas atribuciones implican que la Suprema Corte de Justicia pueda llevar a determinar las competencias que correspondan a los tres niveles de gobierno que caracterizan a nuestro sistema federal, en tanto que existe la posibilidad de que aquellos poderes u �rganos que estimen que una de sus atribuciones fue indebidamente invalidada o restringida por la actuaci�n de otros, pueda plantear la respectiva controversia ante la Suprema Corte a fin de que la misma determina a cu�l de ellos debe corresponder. Debido a que en las controversias constitucionales se lleva a cabo un control de regularidad de los actos y normas generales respecto de la C.�n, es importante permitir que las declaraciones de invalidez respecto de tales normas generales no s�lo recaiga a las normas objeto de la controversia, sino tambi�n a aquellas normas cuya propia validez derive de la norma declarada inconstitucional. ..."

Estas ideas forman convicci�n de que el legislador ordinario, al establecer los tipos de efectos de las sentencias dictadas en las controversias constitucionales, no consider� a los actos omisivos en s�, sino a los actos en general que implican un hacer al hablarse de frases como la "actuaci�n de otros" y "normas", situaci�n que se corrobora con el propio texto del art�culo 42 de la ley reglamentaria de la materia, que dispone:

"Art�culo 42. Siempre que las controversias versen sobre disposiciones generales de los Estados o de los Municipios impugnadas por la Federaci�n, de los Municipios impugnadas por los Estados, o en los casos a que se refieren los incisos c), h) y k) de la fracci�n I del art�culo 105 constitucional, y la resoluci�n de la Suprema Corte de Justicia las declare inv�lidas, dicha resoluci�n tendr� efectos generales cuando hubiera sido aprobada por una mayor�a de por lo menos ocho votos.

"En aquellas controversias respecto de normas generales en que no se alcance la votaci�n mencionada en el p�rrafo anterior, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia declarar� desestimadas dichas controversias. En estos casos no ser� aplicable lo dispuesto en el art�culo siguiente.

"En todos los dem�s casos las resoluciones tendr�n efectos �nicamente respecto de las partes en la controversia."

En ese sentido, de acuerdo con las reglas de hermen�utica jur�dica el alcance de la expresi�n en "todos los dem�s casos" no puede comprender propiamente a los actos omisivos, ya que lo que el legislador quiso regular son las hip�tesis distintas al contenido del p�rrafo primero respecto de disposiciones generales, y todo lo concerniente a actos positivos o negativos que impliquen un hacer, en raz�n de que no hay bases s�lidas para sostener que tambi�n se pens� en una situaci�n particular como es el acto omisivo.

En tal virtud, cuando la omisi�n reclamada afecte solamente a la parte actora no habr� duda de que los efectos de la sentencia ser�n relativos, pero cuando la omisi�n, en caso de declararse su invalidez, implique darle un efecto general, no puede considerarse improcedente la controversia constitucional, aplicando en sentido contrario, la �ltima parte del art�culo 42 de la ley reglamentaria de la materia, al no ubicarse la conducta omisiva en dicha hip�tesis.

Bajo esa �ptica jur�dica, es procedente la controversia a que este toca se refiere, aunque se vincule con una omisi�n legislativa que, de declararse inv�lida, produzca efectos generales en favor de todos los dem�s Municipios del Estado de C., por las razones apuntadas; siendo pertinente ahora abordar el estudio de los conceptos de invalidez planteados sobre el particular.

NOVENO

En congruencia con lo anterior, cabe precisar que del escrito de demanda se advierte que el actor argumenta que la falta de adecuaci�n de la aludida Ley Org�nica de los Municipios del Estado de C., a las bases del art�culo 115, fracci�n II, inciso b), de la C.�n Federal, le causa perjuicio ya que no existen las disposiciones legales que hagan eficaz y vigente dicha reforma, tanto es as� que las actuales no comulgan con el principio constitucional de autonom�a municipal, dado que aun en ellas se prev� la intervenci�n directa de la Legislatura Local.

Por su parte, la autoridad demandada aduce, esencialmente, que las reformas del mencionado art�culo 115, fracci�n II, inciso b), no implican que la legislatura tenga nula intervenci�n en los actos realizados por los Ayuntamientos del Estado de C. en los que se afecte el patrimonio inmobiliario municipal o se comprometa al Municipio por un plazo mayor al periodo del Ayuntamiento, ya que, inclusive, la aludida intervenci�n se encuentra prevista en la fracci�n III del mismo precepto supremo; por tanto, en el Decreto N�mero 312 del veintinueve de junio de dos mil dos, por enunciar algunos, se adecu� la Ley Org�nica de los Municipios del Estado de C. a las referidas reformas constitucionales, porque se dieron las bases para la aprobaci�n de ciertos actos municipales en una ley de esa naturaleza expedida por la Legislatura Estatal.

Para estar en posibilidad de examinar la alegada omisi�n de adecuar las disposiciones municipales, en particular, establecer los casos en que se requiera el acuerdo de las dos terceras partes de los miembros de los Ayuntamientos para dictar resoluciones que afecten el patrimonio inmobiliario municipal o para celebrar actos o convenios que comprometan al Municipio por un plazo mayor al periodo del Ayuntamiento, y si dentro de estos supuestos puede la Legislatura Estatal intervenir mediante autorizaci�n, es necesario tener en cuenta lo que prev� el art�culo 115 constitucional, a partir de la reforma contenida en el decreto del veintitr�s de diciembre de mil novecientos noventa y nueve, que dispone:

"Art�culo 115. Los Estados adoptar�n, para su r�gimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, popular, teniendo como base de su divisi�n territorial y de su organizaci�n pol�tica y administrativa el Municipio Libre, conforme a las bases siguientes:

"...

"II. Los Municipios estar�n investidos de personalidad jur�dica y manejar�n su patrimonio conforme a la ley.

"Los Ayuntamientos tendr�n facultades para aprobar, de acuerdo con las leyes en materia municipal que deber�n expedir las Legislaturas de los Estados, los bandos de polic�a y gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones que organicen la administraci�n p�blica municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios p�blicos de su competencia y aseguren la participaci�n ciudadana y vecinal.

"El objeto de las leyes a que se refiere el p�rrafo anterior ser� establecer:

"a) Las bases generales de la administraci�n p�blica municipal y del procedimiento administrativo, incluyendo los medios de impugnaci�n y los �rganos para dirimir las controversias entre dicha administraci�n y los particulares, con sujeci�n a los principios de igualdad, publicidad, audiencia y legalidad.

"b) Los casos en que se requiera el acuerdo de las dos terceras partes de los miembros de los Ayuntamientos para dictar resoluciones que afecten el patrimonio inmobiliario municipal o para celebrar actos o convenios que comprometan al Municipio por un plazo mayor al periodo del Ayuntamiento;

"c) Las normas de aplicaci�n general para celebrar los convenios a que se refieren tanto las fracciones III y IV de este art�culo, como el segundo p�rrafo de la fracci�n VII del art�culo 116 de esta C.�n.

"d) El procedimiento y condiciones para que el gobierno estatal asuma una funci�n o servicio municipal cuando, al no existir el convenio correspondiente, la Legislatura Estatal considere que el Municipio de que se trate est� imposibilitado para ejercerlos o prestarlos; en este caso, ser� necesaria solicitud previa del Ayuntamiento respectivo, aprobada por cuando menos las dos terceras partes de sus integrantes; y

"e) Las disposiciones aplicables en aquellos Municipios que no cuenten con los bandos o reglamentos correspondientes.

"Las Legislaturas Estatales emitir�n las normas que establezcan los procedimientos mediante los cuales se resolver�n los conflictos que se presenten entre los Municipios y el gobierno del Estado, o entre aqu�llos, con motivo de los actos derivados de los incisos c) y d) anteriores;

"III. Los Municipios tendr�n a su cargo las funciones y servicios p�blicos siguientes:

"a) Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposici�n de sus aguas residuales;

"...

"c) Limpia, recolecci�n, traslado, tratamiento y disposici�n final de residuos;

"...

"Sin perjuicio de su competencia constitucional, en el desempe�o de las funciones o la prestaci�n de los servicios a su cargo, los Municipios observar�n lo dispuesto por las leyes federales y estatales.

"Los Municipios, previo acuerdo entre sus Ayuntamientos, podr�n coordinarse y asociarse para la m�s eficaz prestaci�n de los servicios p�blicos o el mejor ejercicio de las funciones que les correspondan. En este caso y trat�ndose de la asociaci�n de Municipios de dos o m�s Estados, deber�n contar con la aprobaci�n de las Legislaturas de los Estados respectivas. Asimismo cuando a juicio del Ayuntamiento respectivo sea necesario, podr�n celebrar convenios con el Estado para que �ste, de manera directa o a trav�s del organismo correspondiente, se haga cargo en forma temporal de algunos de ellos, o bien se presten o ejerzan coordinadamente por el Estado y el propio Municipio;

"...

"IV. Los Municipios administrar�n libremente su hacienda, la cual se formar� de los rendimientos de los bienes que les pertenezcan, as� como de las contribuciones y otros ingresos que las legislaturas establezcan a su favor y en todo caso:

"a) Percibir�n las contribuciones, incluyendo tasas adicionales que establezcan los Estados sobre la propiedad inmobiliaria, de su fraccionamiento, divisi�n, consolidaci�n, traslaci�n y mejora as� como las que tengan por base el cambio de valor de los inmuebles;

"Los Municipios podr�n celebrar convenios con el Estado para que �ste se haga cargo de algunas de las funciones relacionadas con la administraci�n de esas contribuciones;

"b) Las participaciones federales que ser�n cubiertas por la Federaci�n a los Municipios con arreglo a las bases, montos y plazos queanualmente se determinen por las Legislaturas de los Estados; y

"c) Los ingresos derivados de la prestaci�n de servicios p�blicos a su cargo.

"Las leyes federales no limitar�n la facultad de los Estados para establecer las contribuciones a que se refieren los incisos a) y c), ni conceder�n exenciones en relaci�n con los mismas. Las leyes estatales no establecer�n exenciones o subsidios en

favor de persona o instituci�n alguna respecto de dichas contribuciones. S�lo estar�n exentos los bienes de dominio p�blico de la Federaci�n, de los Estados o de los Municipios, salvo que tales bienes sean utilizados por entidades paraestatales o por particulares, bajo cualquier t�tulo, para fines administrativos o prop�sitos distintos a los de su objeto p�blico.

"Los Ayuntamientos, en el �mbito de su competencia, propondr�n a las Legislaturas Estatales las cuotas y tarifas aplicables a impuestos, derechos, contribuciones de mejoras y las tablas de valores unitarios de suelo y construcciones que sirvan de base para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria.

"Las Legislaturas de los Estados aprobar�n las leyes de ingresos de los Municipios, revisar�n y fiscalizar�n sus cuentas p�blicas. Los presupuestos de egresos ser�n aprobados por los Ayuntamientos con base en sus ingresos disponibles.

"Los recursos que integran la hacienda municipal ser�n ejercidos en forma directa por los Ayuntamientos, o bien, por quien ellos autoricen, conforme a la ley;

"V. Los Municipios, en los t�rminos de las leyes federales y estatales relativas, estar�n facultados para:

"a) Formular, aprobar y administrar la zonificaci�n y planes de desarrollo urbano municipal;

"b) Participar en la creaci�n y administraci�n de sus reservas territoriales;

"c) Participar en la formulaci�n de planes de desarrollo regional, los cuales deber�n estar en concordancia con los planes generales de la materia. Cuando la Federaci�n o los Estados elaboren proyectos de desarrollo regional deber�n asegurar la participaci�n de los Municipios;

"d) Autorizar, controlar y vigilar la utilizaci�n del suelo, en el �mbito de su competencia, en sus jurisdicciones territoriales;

"e) Intervenir en la regularizaci�n de la tenencia de la tierra urbana;

"f) Otorgar licencias y permisos para construcciones;

"g) Participar en la creaci�n y administraci�n de zonas de reservas ecol�gicas y en la elaboraci�n y aplicaci�n de programas de ordenamiento en esta materia;

"h) Intervenir en la formulaci�n y aplicaci�n de programas de transporte p�blico de pasajeros cuando aqu�llos afecten su �mbito territorial; e

"i) Celebrar convenios para la administraci�n y custodia de las zonas federales.

En lo conducente y de conformidad a los fines se�alados en el p�rrafo tercero del art�culo 27 de esta C.�n, expedir�n los reglamentos y disposiciones administrativas que fueren necesarios. ...

Del examen del numeral transcrito, destaca lo siguiente:

1) Que los Municipios manejar�n su patrimonio de acuerdo a la ley.

2) Que los Ayuntamientos tienen facultades para aprobar los respectivos bandos de polic�a y gobierno, reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus jurisdicciones que organicen la administraci�n p�blica dentro del Municipio, regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios p�blicos de su competencia y aseguren la participaci�n ciudadana y vecinal, sujet�ndose para tal efecto a las leyes que, en materia municipal, expidan las Legislaturas Locales.

3) Que el objeto de las leyes que expidan las legislaturas, trat�ndose de la materia municipal, ser� establecer:

- Las bases generales de la administraci�n p�blica municipal y procedimiento administrativo, incluyendo desde luego los medios de impugnaci�n y los �rganos para dirimir las controversias entre esa administraci�n y los particulares, con sujeci�n a los principios de igualdad, publicidad, audiencia y legalidad.

- Los supuestos en que se requiera el acuerdo de las dos terceras partes de los miembros de los Ayuntamientos para dictar resoluciones que afecten el patrimonio inmobiliario municipal o para celebrar actos o convenios que comprometan al Municipio por un plazo mayor al periodo del Ayuntamiento.

- Las disposiciones de aplicaci�n general para celebrar los convenios a que se refieren las fracciones III y IV del propio precepto 115 y la fracci�n VII del art�culo 116, ambos de la C.�n Federal.

- El procedimiento y condiciones para que el gobierno estatal asuma una funci�n o un servicio municipal cuando, no existiendo convenio, la legislatura considere que el Municipio de que se trate est� imposibilitado para ejercerlos o prestarlos;

- Las normas aplicables en los Municipios que no cuenten con los bandos o reglamentos correspondientes.

4) Que la prestaci�n de servicios p�blicos, entre otros, de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposici�n de aguas residuales, incumbe a los Municipios, quienes en el ejercicio de la atribuci�n deber�n observar las leyes federales y estatales, permiti�ndose para tal efecto:

A. La coordinaci�n y asociaci�n entre Municipios del Estado, previo acuerdo de los Ayuntamientos y aprobaci�n de la Legislatura Estatal, as� como la asociaci�n hecha entre Municipios de dos o m�s Estados en el que tambi�n deber� contener la aprobaci�n.

B. La celebraci�n de convenios con el Estado para que �ste se haga cargo temporalmente de la prestaci�n de los servicios p�blicos o bien se presten o ejerzan coordinadamente, siempre y cuando a juicio del Ayuntamiento as� lo considere pertinente.

5) Que los Municipios administrar�n libremente su hacienda, la cual se formar� de los rendimientos de los bienes que les pertenezcan, as� como de las contribuciones y otros ingresos que las legislaturas establezcan a su favor.

6) Que las Legislaturas Estatales aprobar�n las leyes de ingresos de los Municipios, revisar�n y fiscalizar�n sus cuentas p�blicas.

7) Que los presupuestos de egresos ser�n aprobados por los Ayuntamientos con base en sus ingresos disponibles.

8) Que los recursos que integran la hacienda municipal ser�n ejercidos en forma directa por los Ayuntamientos, o bien, por quien ellos autoricen, conforme a la ley.

De lo anterior se concluye que, a partir de la aludida reforma al art�culo 115 de la C.�n Federal, los Municipios est�n investidos de diversas facultades dentro de su jurisdicci�n, que los dotan de autonom�a en su �mbito competencial, pero para llevarlas a cabo se encuentran sujetos a las leyes que en materia municipal emitan las Legislaturas Estatales, mediante las cuales, adem�s, establecer�n las bases generales de la administraci�n p�blica municipal.

Asimismo, para hacer efectivas estas disposiciones en los art�culos primero, segundo y tercero transitorios del decreto por el que se modific� el art�culo 115 constitucional, publicado en el Diario Oficial de la Federaci�n el veintitr�s de diciembre de mil novecientos noventa y nueve, se dispuso lo siguiente:

"Transitorios:

"Art�culo primero. El presente decreto entrar� en vigor noventa d�as despu�s de su publicaci�n en el Diario Oficial de la Federaci�n, salvo lo previsto en los art�culos siguientes.

"Art�culo segundo. Los Estados deber�n adecuar sus C.ones y leyes conforme a lo dispuesto en este decreto a m�s tardar en un a�o a partir de su entrada en vigor. En su caso, el Congreso de la Uni�n deber� realizar las adecuaciones a las leyes federales a m�s tardar el 30 de abril del a�o 2001.

"En tanto se realizan las adecuaciones a que se refiere el p�rrafo anterior, se continuar�n aplicando las disposiciones vigentes.

"Art�culo tercero. Trat�ndose de funciones y servicios que conforme al presente decreto sean competencia de los Municipios y que a la entrada en vigor de las reformas a que se refiere el art�culo transitorio anterior sean prestados por los gobiernos estatales, o de manera coordinada con los Municipios, �stos podr�n asumirlos, previa aprobaci�n del Ayuntamiento. Los gobiernos de los Estados dispondr�n de lo necesario para que la funci�n o servicio p�blico de que se trate se transfiera al Municipio de manera ordenada, conforme al programa de transferencia que presente el gobierno del Estado, en un plazo m�ximo de 90 d�as contados a partir de la recepci�n de la correspondiente solicitud.

"En el caso del inciso a) de la fracci�n III del art�culo 115, dentro del plazo se�alado en el p�rrafo anterior, los gobiernos estatales podr�n solicitar a la legislatura correspondiente, conservar en su �mbito de competencia los servicios a que se refiere el citado inciso, cuando la transferencia de Estado a Municipio afecte, en perjuicio de la poblaci�n, su prestaci�n. La Legislatura Estatal resolver� lo conducente.

En tanto se realiza la transferencia a que se refiere el primer p�rrafo, las funciones y servicios p�blicos seguir�n ejerci�ndose o prest�ndose en los t�rminos y condiciones vigentes.

Del segundo de los preceptos transcritos, como bien lo afirma el actor, se prev� la obligaci�n de las entidades federativas para que a m�s tardar en un a�o a partir de la vigencia de la reforma constitucional, adecuen sus C.ones y leyes locales y que, en tanto se realizan tales adecuaciones, continuar�n aplic�ndose las disposiciones vigentes. As�, considerando que en t�rminos del art�culo primero transitorio del decreto mencionado, las reformas de que se trata entraron en vigor noventa d�as despu�s de su publicaci�n, es decir, el veintid�s de marzo de dos mil, el plazo para esa adecuaci�n de las leyes locales feneci� el veintiuno de marzo de dos mil uno.

Con base en lo expuesto, se estima fundamental conocer el an�lisis de la gestaci�n del art�culo 115 constitucional reformado, para estar en posibilidad de realizar una correcta interpretaci�n y, consecuentemente, examinar si es verdad que la Ley Org�nica de los Municipios del Estado de C. no ha sido adecuada a la nueva estructura constitucional en materia municipal, para lo cual debe tenerse presente, en principio, que durante los a�os de mil novecientos noventa y siete a mil novecientos noventa y nueve, fueron presentadas diferentes iniciativas por parte de los distintos grupos parlamentarios que propon�an modificaciones al art�culo 115, las que en totalidad sumaron nueve.

Cuando eventualmente se agend� dicha reforma municipal, estas nueve propuestas se estudiaron de manera conjunta por la comisi�n encargada de dictaminarlas y, como resultado de su trabajo de dictaminaci�n, se elabor� un proyecto �nico de reforma constitucional que fue el que a la postre se discuti� en el seno de ambas C�maras, pero previo al an�lisis del dictamen y proyecto �nico elaborado por la comisi�n, conviene destacar que todas las iniciativas, en sus exposiciones de motivos, coincidieron, tal como expresamente lo acept� la comisi�n, en que era b�sico fortalecer el Municipio Libre o la autonom�a municipal, y superar aquellos escollos u obst�culos que la propia C.�n hab�a dejado en la actualidad, a pesar de la reforma municipal de mil novecientos ochenta y tres.

El dictamen o texto propuesto por la comisi�n de la C�mara de Origen, pr�cticamente pas� casi en sus t�rminos a la C�mara R., que a su vez lo aprob� con cambios menores, siendo las consideraciones en que se sustent�, las siguientes:

"Consideraciones

"1. Esta C.�n coincide con los autores de las iniciativas objeto del presente dictamen, en el sentido de que el Municipio es la c�lula b�sica de organizaci�n pol�tica, social, territorial y administrativa en nuestro pa�s.

"2. Diversas circunstancias de orden pol�tico y econ�mico, han propiciado que el Municipio presente carencias de tipo financiero, as� como debilidad pol�tica y jur�dica en relaci�n con los �rganos federales y de las entidades federativas, que han impedido su funcionamiento aut�nomo y libre.

"3. Por ello, esta comisi�n est� de acuerdo con los autores de las iniciativas que se dictaminan, en la necesidad de reformar el art�culo 115 de la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, para propiciar el fortalecimiento del Municipio en M�xico. En este sentido, coincidimos tambi�n con el titular del Ejecutivo Federal, quien ha sostenido que, ?el compromiso con la renovaci�n del federalismo, tambi�n implica la promoci�n del Municipio como espacio de gobierno, vinculado a las necesidades cotidianas de la poblaci�n; y que la integraci�n plural de los Ayuntamientos y la fuerza de la participaci�n ciudadana constituyen un gran activo para lograrlo. Municipios con mayor libertad y autonom�a ser�n fuentes de creatividad y de nuevas iniciativas; Municipios con mayores responsabilidades p�blicas ser�n fuente de mayores gobiernos. De ah� que esta comisi�n dictaminadora procure las siguientes caracter�sticas en el presente dictamen: reconocimiento y protecci�n del �mbito exclusivo municipal, precisi�n jur�dica y reenv�o de la normatividad secundaria a las Legislaturas de los Estados y a los Ayuntamientos seg�n sea el caso, conforme a los lineamientos de la reforma que se dictamina.

"4. Esta comisi�n, considera que es conveniente incluir nuevas disposiciones al art�culo 115 constitucional. As� todas las iniciativas analizadas con motivo del presente dictamen coinciden en que el Municipio sea el eje de desarrollo nacional, ya que a trav�s de la consolidaci�n del Municipio se lograr� el impulso al desarrollo regional y urbano en concordancia con los objetivos del crecimiento econ�mico.

"4.1 Es procedente reformar la fracci�n I en su primer p�rrafo, con la intenci�n de ....

"4.2 La intenci�n de esta comisi�n dictaminadora, consiste en fortalecer al �mbito de competencia municipal y las facultades de su �rgano de gobierno. Por ello se propone tal como lo plantean los autores de las iniciativas antes descritas, delimitar el objeto y los alcances de las leyes estatales que versan sobre cuestiones municipales. Lo que se traduce en que la competencia reglamentaria del Municipio, implique de forma exclusiva, los aspectos fundamentales para su desarrollo. De ah� que se defina y modifique en la fracci�n II, el concepto de bases normativas, por el de leyes estatales en materia municipal, conforme a las cuales los Ayuntamientos expiden sus reglamentos, y otras disposiciones administrativas de orden general.

"Dichas leyes se deben orientar a las cuestiones generales sustantivas y adjetivas, que le den un marco normativo homog�neo a los Municipios de un Estado, sin intervenir en las cuestiones espec�ficas de cada Municipio.

"En consecuencia, queda para el �mbito reglamentario como facultad de los Ayuntamientos, todo lo relativo a su organizaci�n y funcionamiento interno y de la administraci�n p�blica municipal; as� como para la regulaci�n sustantiva y adjetiva de las materias de su competencia a trav�s de bandos, reglamentos, circulares y dem�s disposiciones de car�cter general; mientras que las leyes estatales en materia municipal, contemplar�n lo referente al procedimiento administrativo, conforme a los principios que se enuncian en los nuevos incisos, y dem�s aspectos que contienen lo siguiente:

"4.2.1 En el inciso a) ...

"4.2.2 En el inciso b), se establece que la ley deber� prever el requisito de mayor�a calificada de los miembros de un Ayuntamiento en las decisiones relativas a la afectaci�n de su patrimonio inmobiliario y la firma de convenios que por su trascendencia lo requieran; sin embargo, en dichas decisiones la Legislatura Estatal ya no intervendr� en la toma de la decisi�n a los Ayuntamientos.

"...

"4.4 La fracci�n IV es de reformarse, atento a las motivaciones expresadas en las iniciativas en estudio.

"...

"Por �ltimo, se aclara en un p�rrafo quinto, que la libertad de hacienda implica un ejercicio exclusivo de sus recursos por parte de los Ayuntamientos, sin perjuicio de que autoricen a terceros para ello. Lo anterior evita la posibilidad de que mediante actos o leyes de los poderes federales o estatales se afecte de cualquier modo la hacienda municipal.

Por lo tanto, ser�n incompatibles con el nuevo precepto constitucional los actos de cualquier �rgano legislativo o ejecutivo distinto al Ayuntamiento, que se comprometan o predeterminen cualquier elemento de su presupuesto de egresos, incluso dietas o salarios de los miembros de los Ayuntamientos o sus funcionarios, puesto que para cualquier caso, es una disposici�n presupuestal propia del Ayuntamiento en el hoy exclusivo ejercicio de administrar su hacienda.

Esto significa que el art�culo 115, fracci�n II, inciso b), de la C.�n Federal, seg�n las exposiciones del citado dictamen, s�lo autoriza a las Legislaturas Locales a que se�alen cu�les ser�n los supuestos en que los actos relativos al patrimonio inmobiliario municipal y actos o convenios que comprometan al Municipio por un plazo mayor al periodo del Ayuntamiento, requerir�n s�lo de un acuerdo de mayor�a calificada de los propios integrantes del Ayuntamiento, sin que se autorice a la legislatura para erigirse en una instancia m�s, exigible e indispensable, para la realizaci�n o validez jur�dica de dichos actos de disposici�n o administraci�n, pues no puede intervenir en esos temas cuya decisi�n compete en forma exclusiva a los Ayuntamientos, incluso, trat�ndose de los servicios p�blicos ajust�ndose �nicamente a las leyes federales o estatales, sin poderse restringir o limitar mediante aprobaciones o revisiones de las legislaturas las decisiones de los Ayuntamientos, a fin de cumplir con el principio de autonom�a municipal, ya que sin duda la observancia de las disposiciones federales o locales aplicables significa que a trav�s de ellas se d� el marco normativo al cual deber�n adecuarse los actos administrativos municipales, con libertad en la toma de decisi�n, soslay�ndose quedar sujeto el acto o actuaci�n administrativa a la revisi�n o aprobaci�n de la Legislatura Local, que implicar�a, contrario a los fines de la reforma, el sometimiento nuevamente del Municipio al Congreso Local.

La anterior conclusi�n no es contraria al texto del art�culo 28, pen�ltimo p�rrafo, de la C.�n Federal, como lo asevera la demandada, sino concordante con �l, porque se prev� la figura administrativa de la concesi�n de servicios p�blicos sujet�ndose a las leyes respectivas la eficacia en la prestaci�n de esos servicios, pero no se establece la injerencia v�a revisi�n o aprobaci�n de los actos concernientes a la concesi�n por parte de las Legislaturas de los Estados o bien federal, cuando se comprometa el Municipio m�s all� de la gesti�n del Ayuntamiento, o con ella se trastoque o afecte el patrimonio inmobiliario del Municipio, seg�n se evidencia del propio texto del precisado art�culo 28, que establece:

"Art�culo 28. ...

El Estado, sujet�ndose a las leyes, podr� en casos de inter�s general, concesionar la prestaci�n de servicios p�blicos o la explotaci�n, uso y aprovechamiento de bienes de dominio de la Federaci�n, salvo las excepciones que las mismas prevengan. Las leyes fijar�n las modalidades y condiciones que aseguren la eficacia de la prestaci�n de los servicios y la utilizaci�n social de los bienes, y evitar�n fen�menos de concentraci�n que contrar�en el inter�s p�blico. ...

Al tenor de esta interpretaci�n constitucional, resulta de vital importancia se�alar, en aras de averiguar la existencia o no de la expuesta omisi�n legislativa, que el Congreso de C. ha reformado y modificado la Ley Org�nica de los Municipios de esa entidad federativa a trav�s de los decretos que enseguida se enuncian, haci�ndose la precisi�n de que el �rgano demandado se�al� que con la aprobaci�n del primero hizo las adecuaciones respectivas al art�culo 115, fracci�n II, inciso b), de la C.�n Federal.

  1. Decreto N�mero 312 de veintinueve de junio de dos mil, se reforman los art�culos 2o., 8o., 9o., 12,p�rrafos segundo, tercero y sexto, 23, en sus fracciones II, III y IV, 32, en su fracci�n I y p�rrafos segundo y tercero, 34, 37, 39, 40, 41, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 56, 57, 58, 59, en sus fracciones III, V, V bis, X, XV, XVI, XVIII, XXII, XXIII y XXVI, 61, en sus fracciones XIV y XV, 62, en su fracci�n V, 65, 78, 83, 84, 85, 86, 93, 102, en sus fracciones II, IX, XII y XIII, 105, 113, 114, 115, 116, 117, 119, 152, 153, 156, 157, 158 y 159.

  2. Decreto N�mero 86 de cinco octubre dos mil uno, en el que se reform� el art�culo 13, fracci�n VI, inciso a).

  3. Decreto N�mero 160 fechado el tres de julio de dos mil dos, en el que se reform� el art�culo 59, fracci�n XV.

  4. Decreto N�mero 186 de fecha quince de noviembre de dos mil dos, en el que se reform� el art�culo 14, fracci�n VI, p�rrafo tercero, inciso b).

  5. Decreto N�mero 270 del trece de septiembre de dos mil tres, se modifica el art�culo 15 reponiendo la derogada fracci�n III y el p�rrafo tercero de la fracci�n V conformada por los incisos a), b), c) y d), asimismo, se reforman los incisos b), c), c) bis y d), del p�rrafo primero de la fracci�n V y por �ltimo se deroga el inciso a) bis.

  6. Decreto N�mero 52 de fecha veintitr�s de abril de dos mil cuatro, se reforma el art�culo 13, fracci�n VI, inciso a).

Por la importancia que reviste, resulta indispensable traer al contexto, s�lo en lo conducente, el Decreto N�mero 312 que dice:

Decreto 312

"Art�culo 59. Son facultades y obligaciones de los Ayuntamientos:

(Reformada, P.O. 29 de diciembre de 1994)

"I. Formular las normas de car�cter general y reglamentos municipales necesarios para el cumplimiento de sus fines, para la organizaci�n y prestaci�n de los servicios p�blicos municipales y aquellas que demanden la tranquilidad y seguridad de las personas y sus bienes, y la moralidad, seguridad y salubridad p�blica, con arreglo a las bases generales que se fijen en esta ley;

(Reformada, P.O. 29 de diciembre de 1994)

"II. Dividir el territorio municipal en comisar�as, conforme a lo dispuesto por el art�culo 11 de esta ley;

(Reformada, P.O. 29 de junio de 2000) (F. de E., P.O. 14 de marzo de 2001)

"III. Dictaminar respecto de las solicitudes relativas a la categor�a y denominaci�n pol�tica de las poblaciones del Estado, procediendo en la forma prevista por el art�culo 24;

"IV. Contratar o concesionar mediante concurso, obras y servicios p�blicos municipales, en t�rminos de esta ley y sus reglamentos, solicitando en su caso, la autorizaci�n correspondiente de la Legislatura del Estado;

(Reformada, P.O. 29 de junio de 2000) (F. de E., P.O. 14 de marzo de 2001)

"V. Autorizar a las juntas municipales, a solicitud de las mismas, para celebrar toda clase de contratos, convenios y dem�s actos jur�dicos, con excepci�n de aquellos a los que se contrae la fracci�n anterior, mismos cuya solicitud se remitir� a la legislatura para su autorizaci�n.

(Adicionada, P.O. 29 de junio de 2000) (F. de E., P.O. 14 de marzo de 2001)

"V Bis. Convocar a elecciones de los comisarios municipales y designar a los agentes municipales, salvo cuando la poblaci�n a la que corresponda la agencia se ubique dentro de una secci�n municipal, ya que en este caso la designaci�n corresponder� a la Junta municipal;

(Reformada, P.O. 29 de diciembre de 1994)

"VI. Crear las unidades administrativas necesarias para el despacho de los negocios del orden administrativo y para la eficaz prestaci�n de los servicios p�blicos municipales;

"VII. Formular, y ejecutar los planes y programas de su competencia;

"VIII. Enviar al Ejecutivo, planes y programas municipales para su aprobaci�n y coordinaci�n con los de car�cter estatal;

"IX. (Derogada, P.O. 29 de junio de 2000)

(Reformada, P.O. 29 de junio de 2000) (F. de E., P.O. 14 de marzo de 2001)

"X. Convocar a elecciones para la integraci�n de los comit�s de desarrollo comunitario, facultad que en sus respectivas secciones corresponder� a las Juntas municipales;

(Reformada, P.O. 29 de junio de 2000) (F. de E., P.O. 14 de marzo de 2001)

"XI. Crear y reglamentar el funcionamiento de las Juntas vecinales dentro del Municipio. La creaci�n de estas Juntas corresponder� a la Junta municipal en las poblaciones que se ubiquen dentro de su respectiva secci�n municipal;

"XII. Solicitar al Ejecutivo del Estado la expropiaci�n de bienes por causas de utilidad p�blica;

"XIII. Municipalizar en su caso, mediante el procedimiento respectivo, los servicios p�blicos municipales cuando est�n a cargo de particulares;

(Reformada, P.O. 29 de diciembre de 1994)

"XIV. Nombrar al secretario, tesorero y titulares de las unidades administrativas municipales, a propuesta del presidente del Ayuntamiento y removerlos por justa causa.

(Reformada, P.O. 29 de junio de 2000) (F. de E., P.O. 14 de marzo de 2001)

"XV. Formular la iniciativa de Ley de Ingresos de su Municipio y remitirla al Congreso del Estado para su aprobaci�n, en su caso, dentro de los �ltimos diez d�as del mes de noviembre de cada a�o; y formular, aprobar y publicar su presupuesto anual de egresos, a m�s tardar el d�a treinta y uno del mes de diciembre. En ambos casos considerar� lo correspondiente a cada una de sus secciones y comisar�as municipales.

(Reformada P.O. 29 de junio de 2000) (F. de E., P.O. 14 de marzo de 2001)

"XVI. Celebrar convenios de colaboraci�n con otros Municipios de la entidad, con el Estado o con particulares, y remitirlos a la Legislatura Local para su aprobaci�n, en su caso;

"XVII. Administrar su hacienda en t�rminos de ley, y controlar a trav�s del presidente y s�ndico la aplicaci�n del presupuesto de egresos del Municipio;

(Reformada, P.O. 29 de junio de 2000) (F. de E., P.O. 14 de marzo de 2001)

"XVIII. Enviar a la Legislatura del Estado, para su autorizaci�n, los proyectos para contrataci�n de empr�stitos que afecten los ingresos de los posteriores gobiernos municipales;

"XIX. Resolver los recursos interpuestos en contra de los acuerdos dictados por el propio Ayuntamiento o presidente municipal;

"XX. Sujetar a sus trabajadores al r�gimen de seguridad social establecido en el Estado;

"XXI. Dotar de pante�n a los centros de poblaci�n que excedan de quinientos habitantes;

(Reformada, P.O. 29 de junio de 2000) (F. de E., P.O. 14 de marzo de 2001)

"XXII. Crear y sostener, cuando sus recursos lo permitan, cuerpos de seguridad p�blica y polic�a preventiva y de tr�nsito municipal, bomberos y rescate;

(Reformada, P.O. 29 de junio de 2000) (F. de E., P.O. 14 de marzo de 2001)

"XXIII. Comparecer en juicio para la gesti�n o defensa de los intereses municipales, debiendo ser representado por el s�ndico o por apoderado especial constituido al efecto;

"XXIV. Formar su reglamento interior, cuidando de establecer las reglas que han de observarse en las sesiones y en la discusi�n y votaci�n de los asuntos;

(Reformada, P.O. 29 de diciembre de 1994)

"XXV. Constituir, operar o participar en organismos descentralizados de car�cter municipal o empresas con participaci�n estatal o intermunicipal, con autorizaci�n del Congreso Local.

(Reformada, P.O. 29 de junio de 2000) (F. de E., P.O. 14 de marzo de 2001)

"XXVI. Dividir el territorio de sus centros de poblaci�n en sectores, cuarteles y manzanas, seg�n corresponda, determinando las �reas de cada circunscripci�n, o modificar la divisi�n existente. En las secciones municipales esta atribuci�n corresponder� a las Juntas municipales;

(Adicionada, P.O. 29 de diciembre de 1994)

"XXVII. Crear la dependencia que lleve el catastro municipal, sujet�ndose a las disposiciones correspondientes de la Ley de Catastro del Estado de C.; y

(Adicionada, P.O. 29 de diciembre de 1994)

XXVIII. En general, promover en la esfera administrativa lo necesario para el mejor desempe�o de las funciones que les se�alen �sta u otras leyes y reglamentos.

Como se observa, si bien las reformas a la ley org�nica de referencia, medularmente, las contenidas en el Decreto 312 antes reproducido, tuvieron su origen en la reforma del art�culo 115 de la C.�n Federal, de mil novecientos noventa y nueve, no se logr� el objetivo propuesto por el Poder Reformador, en virtud de que ni en dicho decreto ni en los posteriores se han regulado los casos en que se requiere el acuerdo de las dos terceras partes de los miembros del Ayuntamiento para dictar resoluciones que afecten el patrimonio inmobiliario del Municipio o para celebrar convenios o actos que lo comprometan por un plazo mayor al periodo de tal Ayuntamiento, sin alguna intervenci�n de la Legislatura Estatal, ya que el transcrito art�culo 59, fracci�n IV, as� como el diverso 110, fracci�n I, entre otras normas, de la Ley Org�nica de los Municipios del Estado de C. facultan a la Legislatura Local para aprobar o rechazar los actos relacionados con la concesi�n de los servicios p�blicos municipales si aqu�lla excede del plazo de la gesti�n del Ayuntamiento o, si se afectan bienes inmuebles municipales, lo cual, conforme a lo que se ha explicado en torno al inciso b) de la fracci�n II del art�culo 115 constitucional, primeramente, no resulta congruente con sus lineamientos a los cuales debieron ajustarse los Estados y, en segundo plano, en ellos no se prev�n los casos en que se requiere el acuerdo de las dos terceras partes de los miembros del Ayuntamiento para dictar resoluciones en los temas indicados.

Esto es, mientras que la C.�n General reconoce a los Municipios la facultad de manejar su patrimonio inmueble y la de celebrar actos o convenios que comprometan al Municipio por un plazo mayor al periodo del Ayuntamiento, con la �nica limitante de que las decisiones que se tomen sean aprobadas por acuerdo de las dos terceras partes de los integrantes del Ayuntamiento y, en su caso, observando las disposiciones federales o estatales que resulten aplicables a dicho acto, la Ley Org�nica de los Municipios del Estado de C. establece como requisito para la validez de esos actos jur�dicos la autorizaci�n previa de la Legislatura Local, facultad cuyo ejercicio no es condicionado en la Suprema N., salvo, se reitera, por los requisitos de mayor�a calificada y, en su caso, acatando las disposiciones legales federales o estatales, sin que en �stas, las legislaturas sujeten la actuaci�n municipal a una aprobaci�n, porque, inclusive, trat�ndose de los servicios p�blicos municipales, la �nica hip�tesis que necesita de autorizaci�n de las Legislaturas Estatales es la prevista en el art�culo 115, fracci�n III, inciso i) de la C.�n Federal, que dice:

"Art�culo 115. ...

"I ...

"III ...

"a) ...

"i) ... Los Municipios, previo acuerdo entre sus Ayuntamientos, podr�n coordinarse y asociarse para la m�s eficaz prestaci�n de los servicios p�blicos o el mejor ejercicio de las funciones que les correspondan. En este caso y trat�ndose de la asociaci�n de Municipios de dos o m�s Estados, deber�n contar con la aprobaci�n de las Legislaturas de los Estados respectivas. ..."

Al mismo tiempo, conviene puntualizar que si bien en el art�culo 115, fracci�n II, constitucional se prev� que trat�ndose de los servicios p�blicos municipales, los Ayuntamientos deber�n de observar las leyes en materia municipal que expidan las Legislaturas Estatales, no significa que con base en esta facultad constitucional los Congresos Locales puedan limitar la autonom�a municipal o el fortalecimiento del Municipio mediante la imposici�n de una previa autorizaci�n para manejar su patrimonio inmueble, y para celebrar actos que comprometan al Municipio por un plazo mayor al de la gesti�n del Ayuntamiento, porque el prop�sito de dichas leyes es "dar un marco normativo homog�neo a los Municipios de un Estado, sin intervenir en las cuestiones espec�ficas de cada Municipio, esto es ... en dichas cuestiones la Legislatura Estatal ya no intervendr� en la toma de decisi�n de los Ayuntamientos", por m�s que la intervenci�n tenga como fin el evitar da�os por la interrupci�n o deficiencia en la prestaci�n de los servicios p�blicos, en virtud de que las modalidades y condiciones que aseguren la eficacia de la prestaci�n de los servicios p�blicos deben estar contenidos en las leyes, conforme al art�culo 28 de la C.�n Federal -las cuales ni siquiera han sido fijadas en la citada Ley Org�nica de los Municipios del Estado de C. o en alguna otra ley-, pero no sujetos a una aprobaci�n previa de la Legislatura Local.

Es aplicable la jurisprudencia n�mero 36/2003, sustentada por el Tribunal Pleno que aparece publicada en la Novena �poca del Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, T.X., agosto de 2003, visible en la p�gina 1251, que dice:

"BIENES INMUEBLES DEL MUNICIPIO. CUALQUIER NORMA QUE SUJETE A LA APROBACI�N DE LA LEGISLATURA LOCAL SU DISPOSICI�N, DEBE DECLARARSE INCONSTITUCIONAL (INTERPRETACI�N DEL ART�CULO 115, F.I., INCISO B), DE LA CONSTITUCI�N FEDERAL, ADICIONADO POR REFORMA PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACI�N EL 23 DE DICIEMBRE DE 1999). El desarrollo legislativo e hist�rico del art�culo 115 de la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, revela que el Municipio Libre es la base sobre la que se construye la sociedad nacional, como lo demuestran los diversos documentos que integran los procesos legislativos de sus reformas, tales como la municipal de 1983, la judicial de 1994 y la municipal de 1999, siendo esta �ltima donde destaca la voluntad del �rgano Reformador en pro de la consolidaci�n de su autonom�a, pues lo libera de algunas injerencias de los Gobiernos Estatales y lo configura expresamente como un tercer nivel de gobierno, m�s que como una entidad de �ndole administrativa, con un �mbito de gobierno y competencias propias y exclusivas, todo lo cual conlleva a determinar que la interpretaci�n del texto actual del art�culo 115 debe hacer palpable y posible el fortalecimiento municipal, para as� dar eficacia material y formal al Municipio Libre, sin que esto signifique que se ignoren aquellas injerencias leg�timas y expresamente constitucionales que conserven los Ejecutivos o las Legislaturas Estatales. Atento lo anterior, el texto adicionado del inciso b) de la fracci�n II del art�culo 115 constitucional debe interpretarse desde una �ptica restrictiva en el sentido de que s�lo sean esas las injerencias admisibles de la Legislatura Local en la actividad municipal, pues as� se permite materializar el principio de autonom�a y no tornar nugatorio el ejercicio legislativo realizado por el Constituyente Permanente, sino m�s bien consolidarlo, lo que significa que el inciso citado s�lo autoriza a las Legislaturas Locales a que se�alen cu�les ser�n los supuestos en que los actos relativos al patrimonio inmobiliario municipal requerir�n de un acuerdo de mayor�a calificada de los propios integrantes del Ayuntamiento, mas no las autoriza para erigirse en una instancia m�s exigible e indispensable para la realizaci�n o validez jur�dica de dichos actos de disposici�n o administraci�n, lo cual atenta contra el esp�ritu de la reforma constitucional y los fines perseguidos por �sta; de ah� que cualquier norma que sujete a la aprobaci�n de la Legislatura Local la disposici�n de los bienes inmuebles de los Municipios, al no encontrarse prevista esa facultad en la fracci�n citada, debe declararse inconstitucional."

Por todas estas razones, queda en evidencia la omisi�n del Congreso Estatal de C. de ajustar la normalidad interna a las citadas reformas del art�culo 115 constitucional, en particular, a las prevenciones de su fracci�n II, inciso b), situaci�n que en el caso se robustece, porque en la Ley Org�nica de los Municipios del Estado de C. no se han regulado aquellos casos que requieran del acuerdo de las dos terceras partes de los miembros de los Ayuntamientos para emitir actos que afecten el patrimonio inmobiliario municipal, o bien, para celebrar actos o convenios que comprometan al Municipio por un plazo mayor a la gesti�n propia del Ayuntamiento, porque al respecto, basta apreciar el contenido del cap�tulo VII denominado "De las facultades y obligaciones de los Ayuntamientos", de esa ley org�nica, en especial, los art�culos 53 y 118, fracciones II y IV, que todav�a prev�n:

"Art�culo 53. Las decisiones de los Ayuntamientos y de las Juntas municipales se tomar�n por mayor�a de votos, en caso de empate, el presidente municipal tendr� voto de calidad. ..."

"Art�culo 118. Los Ayuntamientos necesitan autorizaci�n de la legislatura para:

"...

"II. Enajenar sus bienes inmuebles.

"...

IV. Celebrar contratos de administraci�n de obras, as� como de prestaci�n de servicios p�blicos que produzcan obligaciones, cuyo t�rmino exceda de la gesti�n del Ayuntamiento contratante; ...

En consecuencia, lo procedente es declarar fundada la presente controversia constitucional por lo que hace a la omisi�n legislativa atribuida a la autoridad demandada, as� como por lo que hace al dictamen legislativo reclamado, en virtud de que qued� en evidencia que es directamente violatorio del art�culo 115, fracci�n II, inciso b), de la C.�n Federal, porque prev� que el Poder Legislativo del Estado de C. es competente para resolver la autorizaci�n del Municipio actor para concesionar el servicio de limpia, recolecci�n, traslado y disposici�n final de residuos, por un plazo mayor a la gesti�n del Ayuntamiento, siendo inconcuso que para tal efecto no est� sujeto a cumplir esa formalidad.

D�CIMO

Los art�culos 41 y 45 de la ley reglamentaria de la materia, prev�n:

"Art�culo 41. Las sentencias deber�n contener:

"I. La fijaci�n breve y precisa de las normas generales o actos objeto de la controversia y, en su caso, la apreciaci�n de las pruebas conducentes a tenerlos o no por demostrados;

"II. Los preceptos que la fundamenten;

  1. Las consideraciones que sustenten su sentido, as� como los preceptos que en su caso se estimaren violados;

"IV. Los alcances y efectos de la sentencia, fijando con precisi�n, en su caso, los �rganos obligados a cumplirla, las normas generales o actos respecto de los cuales opere y todos aquellos elementos necesarios para su plena eficacia en el �mbito que corresponda. Cuando la sentencia declare la invalidez de una norma general, sus efectos deber�n extenderse a todas aquellas normas cuya validez dependa de la propia norma invalidada;

"V. Los puntos resolutivos que decreten el sobreseimiento, o declaren la validez o invalidez de las normas generales o actos impugnados, y en su caso la absoluci�n o condena respectivas, fijando el t�rmino para el cumplimiento de las actuaciones que se se�alen; y

"VI. En su caso, el t�rmino en el que la parte condenada deba realizar una actuaci�n."

"Art�culo 45. Las sentencias producir�n sus efectos a partir de la fecha en que determine la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n.

"La declaraci�n de invalidez de las sentencias no tendr� efectos retroactivos, salvo en materia penal, en la que regir�n los principios generales y disposiciones legales aplicables de esta materia."

Del enlace de las disposiciones transcritas se desprende la obligaci�n de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n de fijar los efectos y alcances de la sentencia, el plazo para su cumplimiento y que aqu�llas surtir�n efectos a partir de la fecha que determine este Alto Tribunal, pero no tendr�n efectos retroactivos.

Bajo ese enfoque, la declaratoria de invalidez del dictamen reclamado en la presente controversia surtir� efectos a partir del d�a siguiente al de la publicaci�n de esta sentencia en el Diario Oficial de la Federaci�n.

En otro aspecto, cabe observar que con motivo de los citados art�culos transitorios del decreto de reformas de la C.�n Federal, las leyes estatales vigentes deben aplicarse hasta en tanto se adecuen a esta N.F., porque en primer t�rmino, constituye una prevenci�n constitucional expresa y, en segundo plano,el fallo no puede tener efectos retroactivos sino �nicamente hacia el futuro.

Adem�s, con la finalidad de salvaguardar el orden jur�dico en el Estado de C., esta Suprema Corte determina que la Legislatura Local, dentro del plazo de un a�o, contado a partir de la legal notificaci�n de la presente ejecutoria, deber� realizar las adecuaciones en materia municipal, sean en la C.�n Local o en las leyes ordinarias, ajust�ndose en su totalidad al art�culo 115, fracci�n II, inciso b), constitucional; particularmente:

  1. Suprimir el requisito de la autorizaci�n del Congreso del Estado de C. para que los Municipios de dicha entidad puedan enajenar o afectar sus bienes o celebrar actos jur�dicos, entre ellos, la concesi�n a particulares de servicios p�blicos.

  2. Se�alar con precisi�n, los casos en los que se requiera la votaci�n calificada de los miembros de los Ayuntamientos para los fines destacados en el inciso anterior.

  3. Precisar en ley qu� requisitos deben cumplir los Municipios para concesionar los servicios p�blicos; aspectos �stos en los que la omisi�n legislativa es manifiesta.

Se asevera lo expuesto, pues trat�ndose de omisiones de las Legislaturas Locales para adecuar su normatividad interna a una prevenci�n constitucional, los efectos de la sentencia que se emita no deben limitarse a las disposiciones estatales a trav�s de las que se hubiese advertido aquella omisi�n legislativa, sino que deben extenderse a todas las normas generales locales o internas que por su contenido, alcance o aplicaci�n requieran de la adecuaci�n normativa, pues si una sentencia que declara la invalidez de una norma general, sus efectos se extienden a todas aquellas normas cuya validez dependa de la propia norma invalidada, en t�rminos del art�culo 41, fracci�n IV, de la ley reglamentaria de la materia, por mayor�a de raz�n, trat�ndose de dichas omisiones legislativas los efectos deben extenderse a todas las disposiciones locales que ameriten adecuaci�n constitucional conforme al art�culo segundo transitorio del decreto de reformas del art�culo 115 de la Carta Suprema, publicado el veintitr�s de diciembre de mil novecientos noventa y nueve, m�xime que el acto reclamado fue la omisi�n de m�rito, que podr�a comprender cualquier norma local que no haya sido ajustada a los lineamientos previstos en la fracci�n II, inciso b), del precepto supremo invocado.

Hecho lo anterior, har� del conocimiento esa situaci�n a este Alto Tribunal, para lo cual deber� acompa�ar las constancias que as� lo acrediten para efectos de analizar el correcto cumplimiento de la resoluci�n dictada en la presente controversia constitucional.

Por lo expuesto y fundado, se

resuelve:

PRIMERO

Es procedente y fundada la presente controversia constitucional.

SEGUNDO

No se sobresee respecto de los art�culos 59, fracci�n IV y 110, fracci�n I, de la Ley Org�nica de los Municipios del Estado de C., en t�rminos del considerando respectivo.

TERCERO

Se declara la invalidez del dictamen elaborado el treinta de noviembre de dos mil cuatro por las C.ones Unidas del Congreso del Estado de C..

CUARTO

El Congreso del Estado de C. deber� proceder en los t�rminos especificados en el �ltimo considerando de la presente sentencia.

N.�quese; haci�ndolo por medio de oficio a las partes y, en su oportunidad, arch�vese el expediente como concluido.

As� lo resolvi� el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, por mayor�a de seis votos de los se�ores Ministros A.A., C.�o D�az, L.R., D�az R., G�ngora P. y S�nchez C. se tuvo como acto impugnado la omisi�n del Congreso del Estado de C. de cumplir con la reforma al art�culo 115, fracci�n II, inciso b), de la C.�n Federal, los se�ores Ministros G.�o P., O.M., V.H.�ndez, S.M. y presidente A.G.�itr�n, votaron en contra; por mayor�a de siete votos de los se�ores Ministros A.A., G.�o P., O.M., V.H.�ndez, S.C., S.M. y presidente A.G.�itr�n se resolvi� que es acto definitivo el dictamen impugnado, elaborado el treinta de noviembre de dos mil cuatro por las C.ones Unidas del Congreso del Estado de C., los se�ores Ministros C.�o D�az, D�az R. y G�ngora P. votaron en contra, y el se�or Ministro C.�o D�az reserv� su derecho de formular voto particular; por mayor�a de siete votos de los se�ores Ministros A.A., G.�o P., O.M., V.H.�ndez, S.C., S.M. y presidente A.G.�itr�n se resolvi� que no es necesario llamar a juicio al gobernador del Estado para analizar la constitucionalidad de los art�culos 59, fracci�n IV y 110, fracci�n I, de la Ley Org�nica de los Municipios del Estado de C., los se�ores Ministros C.�o D�az, D�az R. y G�ngora P. votaron en contra; y por unanimidad de diez votos, siete expresos de los se�ores Ministros A.A., G.�o P., O.M., V.H.�ndez, S.C., S.M. y presidente A.G.�itr�n y los de los se�ores Ministros C.�o D�az, D�az R. y G�ngora P., emitidos tomando en cuenta el resultado de las votaciones anteriores, se resolvi� no sobreseer respecto de los art�culos 59, fracci�n IV y 110, fracci�n I, de la Ley Org�nica de los Municipios del Estado de C. y analizar su constitucionalidad.

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  1. "Art�culo 61. La demanda por la que se ejercita la acci�n de inconstitucionalidad deber� contener:

    "I. ...

    II. Los �rganos legislativo y ejecutivo que hubieran emitido y promulgado las normas generales impugnadas ...

  2. De Puntos C.onales y G.�n; de Finanzas, Hacienda P�blica, Control Presupuestal, Contable y Patrimonio del Estado y Municipios, y de Fortalecimiento Municipal.