Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Pleno - Jurisprudencia - VLEX 29072149

Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Pleno

Emisor:Pleno
Localizacion:SERGIO SALVADOR AGUIRRE ANGUIANO.
Materia:Suprema Corte de Justicia de México
Fecha de Publicación: 1 de Diciembre de 2000
RESUMEN

RECURSO DE RECLAMACIÓN 93/2000-PL, DEDUCIDO DE LA CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 7/99. PODER EJECUTIVO FEDERAL.CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. PROCEDE LA ADMISIÓN Y DESAHOGO DE LA PRUEBA TESTIMONIAL, SI GUARDA RELACIÓN CON EL FONDO DE AQUÉLLA Y PUEDE INFLUIR EN LA SENTENCIA QUE EN SU MOMENTO SE DICTE.

 
ÍNDICE
CONTENIDO

RECURSO DE RECLAMACI�N 93/2000-PL, DEDUCIDO DE LA CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 7/99. PODER EJECUTIVO FEDERAL.

MINISTRO PONENTE: S.S.A.A..

SECRETARIO: P.A.N.M.

CONSIDERANDO:

CUARTO

?Los recurrentes aducen en su �nico agravio esencialmente lo siguiente:

  1. Que el prove�do recurrido contraviene los art�culos 1o., 24, 31 y 41 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Art�culo 105 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, porque se funda en una interpretaci�n m�s all� de lo que la ley le concede al Ministro instructor, en virtud de que veda el derecho que le asiste para ofrecer todo tipo de pruebas y acreditar los extremos de su contestaci�n a la demanda.

  2. Que el Ministro instructor invade, con el acuerdo impugnado, la competencia del Tribunal Pleno, porque pretende resolver la litis constitucional planteada, extralimitando su facultad de instruir el procedimiento.

  3. Que la parte actora, en su escrito de demanda, solicit� la invalidez de los actos reclamados al secretario de Gobierno, al procurador general de Justicia y al director de la Polic�a, todos del Estado de C., consistentes en el allanamiento del recinto fiscal de Ciudad Ju�rez, as� como la sustracci�n de diversos veh�culos previamente asegurados por la Secretar�a de Hacienda y Cr�dito P�blico; asimismo, manifest� que los hechos anteriores se realizaron de manera violenta por parte de los citados funcionarios estatales; y, a efecto de acreditar lo anterior, exhibi� como prueba la documental p�blica consistente en copia certificada de la fe ministerial, de fecha veinticuatro de febrero del a�o en curso, en la que constan los citados hechos.

  4. Que todo lo anterior se presenta como parte de la litis constitucional en este asunto, porque no fueron declarados improcedentes al radicar el asunto, ni tampoco fueron materia de aclaraci�n en su momento, raz�n por la cual, al momento de contestar la demanda, se controvirtieron los hechos de referencia, as� como las conclusiones a que arriba la parte actora; consecuentemente, al conformar tales actos parte de la litis constitucional del presente asunto, es que la autoridad recurrente ofreci�, como prueba de su parte, la testimonial con el objeto de desvirtuar las imputaciones hechas por la actora y demostrar los extremos de su contestaci�n de demanda.

  5. Que con base en lo anterior, resulta inexacto e infundado el auto impugnado, en virtud de que se estima que los hechos antes referidos no son actos destacados en la litis constitucional planteada, con lo cual se le est� impidiendo la posibilidad de acreditar los hechos que afirma en su contestaci�n a la demanda.

  6. Que es incorrecta la consideraci�n que se hace en el prove�do recurrido, al considerar que la prueba testimonial es inconducente, toda vez que la misma est� encaminada a desvirtuar lo manifestado por la parte actora en su quinto concepto de invalidez; y, que asimismo resulta inexacto lo manifestado por el Ministro instructor en el sentido de que la citada prueba no influir�a en la sentencia definitiva, en virtud de que tal aseveraci�n constituye un exceso de facultades que le otorga la ley reglamentaria de la materia para instruir el procedimiento.

De los anteriores argumentos se desprende que la materia de la reclamaci�n versa �nicamente acerca del desechamiento de la prueba testimonial. En consecuencia, por lo que hace al desechamiento de la prueba de reconocimiento o inspecci�n judicial, al no haber realizado la parte promovente del recurso, consideraci�n alguna tendente a controvertir esta cuesti�n, por tanto, como lo se�alan el secretario de Hacienda y Cr�dito P�blico y el procurador general de la Rep�blica en sus respectivos oficios, lo procedente es confirmar el auto recurrido, �nicamente en lo relativo al desechamiento de la prueba antes referida.

Por lo que hace al planteamiento de que la prueba testimonial es inconducente, cuando lo cierto es que el objeto de la prueba testimonial desechada consiste en desvirtuar el acto que se le reclama al secretario de Gobierno, al procurador general de Justicia y al director de la Polic�a del Estado de C., consistente en el allanamiento al recinto fiscal federal localizado en la ciudad de C.; as� como los hechos marcados con los n�meros 3, 4 y 5 de la propia demanda, relativos a la supuesta introducci�n violenta por parte de los referidos funcionarios al inmueble que ocupa la Administraci�n Local de Recaudaci�n ubicada en la citada metr�poli, as� como la supuesta sustracci�n de veh�culos embargados previamente por la autoridad federal, son fundados en raz�n de lo siguiente:

La parte actora, en su escrito inicial se�al� como actos impugnados, entre otros:

? Del secretario de Gobierno, del procurador general de Justicia y del director de la Polic�a del Estado, todos del Estado de C., demando la invalidez de los actos consistentes en el allanamiento del recinto fiscal de Ciudad Ju�rez, C., as� como la sustracci�n de diversos veh�culos previamente asegurados por funcionarios de la Secretar�a de Hacienda y Cr�dito P�blico ...

En los hechos marcados con los n�meros 3, 4 y 5 de la demanda, la parte actora se�ala:

3. En la misma fecha, los veh�culos embargados fueron trasladados a los patios de la Administraci�n Local de Recaudaci�n de la ciudad de C., C., a cuyo recinto un grupo aproximado de m�s de cien personas, entre las que se encontraban el director operativo de la Polic�a Judicial del Estado, as� como algunos elementos de dicha corporaci�n, el subprocurador de la Zona Centro de la Procuradur�a General de Justicia del Estado, el secretario de Gobierno del Estado y diversos diputados de las distintas fracciones parlamentarias que integran el Congreso Local, se introdujo violentamente, sustrayendo un total de siete veh�culos que previamente fueron embargados por la autoridad federal.?Las personas citadas, argumentaron que ten�an instrucciones de P.M.G.�a, Gobernador Constitucional del Estado de C., para realizar tales actos.?4. El 25 de febrero del presente a�o se presentaron a las instalaciones de la Aduana Interior de la ciudad de C., C., alrededor de veinte personas, entre las que se encontraban diversos diputados del Congreso Local y el asesor del Gobierno del Estado quienes irrumpieron violentamente, sustrayendo un total de cinco veh�culos que fueron embargados el d�a anterior por las autoridades fiscales federales.?5. Con motivo de la realizaci�n de los actos descritos, se present� la denuncia de hechos correspondiente ante el agente del Ministerio P�blico de la Federaci�n, anexando los expedientes de los procedimientos administrativos relacionados con los veh�culos sustra�dos del recinto fiscal antes se�alado.?Igualmente y como consecuencia de los incidentes mencionados, las autoridades fiscales federales tuvieron conocimiento de la existencia de un Padr�n Local de Propietarios y Poseedores de Veh�culos Extranjeros, con base en el que se autoriza a propietarios o poseedores de veh�culos de procedencia extranjera, que se encuentren en el Estado de C., su circulaci�n dentro del territorio de dicho Estado. Esto a pesar de que su estancia en territorio nacional es ilegal conforme a las disposiciones federales aplicables.

La parte actora ofreci� como pruebas de su parte para acreditar tales hechos, las que a continuaci�n se precisan:

... 5. La documental p�blica consistente (en) copia certificada de la fe ministerial de los hechos relacionados con la toma de las instalaciones de la Administraci�n Local de Recaudaci�n, ubicada en la ciudad de C., C., practicada el 24 de febrero del a�o en curso por la licenciada M.E.A.M., agente del Ministerio P�blico de la Federaci�n, titular de la Tercera Agencia Investigadora en la Delegaci�n Estatal de la Procuradur�a General de la Rep�blica, con sede en esa ciudad, que contiene una relaci�n de los hechos suscitados en la misma fecha ...

La parte recurrente al contestar la demanda, neg� los hechos que se le imputaron, ofreciendo como prueba de su parte para desvirtuarlos, entre otras, la prueba testimonial que le fue desechada en el auto recurrido.

De los hechos antes relacionados, se advierte que, como lo afirma la recurrente, en contra de lo considerado en el auto recurrido, la prueba testimonial s� guarda relaci�n con la controversia constitucional, ya que a trav�s de dicha probanza se pretenden desestimar los actos que la actora le imputa en el cap�tulo de actos reclamados y en los hechos marcados con los n�meros 3, 4 y 5 de la demanda, que anteriormente quedaron transcritos y, por lo tanto, podr� tener influencia en la sentencia que en su momento se dicte.

As� las cosas, al ser suficiente el argumento anterior para revocar el auto recurrido, resulta innecesario el estudio de los restantes argumentos contenidos en el �nico agravio hecho valer por la recurrente; sirve de apoyo a lo anterior, por analog�a, la tesis del Tribunal Pleno n�mero 100/99, Novena �poca, publicada en el Tomo X, septiembre de 1999, del Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, visible en la p�gina 705, cuyo contenido es el siguiente:

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ESTUDIO INNECESARIO DE CONCEPTOS DE INVALIDEZ.?Si se declara la invalidez del acto impugnado en una controversia constitucional, por haber sido fundado uno de los conceptos de invalidez propuestos por la parte actora, situaci�n que cumple el prop�sito de este juicio de nulidad de car�cter constitucional, resulta innecesario ocuparse de los restantes argumentos de queja relativos al mismo acto.

Ante lo fundado del agravio hecho valer, se impone revocar el auto recurrido en cuanto hace al desechamiento de la prueba testimonial, para el efecto de que el Ministro instructor proceda a su admisi�n y prepare su desahogo, siempre y cuando no exista motivo distinto al que fue materia del desechamiento en el auto recurrido; debiendo, en su caso, se�alar d�a y hora para la celebraci�n de la diligencia correspondiente.

Consecuentemente, por todo lo expuesto y de conformidad con los art�culos 51, fracci�n V y 53 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Art�culo 105 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, se resuelve:

PRIMERO

?Es procedente y parcialmente fundado el recurso de reclamaci�n interpuesto por el secretario de Finanzas y Administraci�n del Gobierno del Estado de C..

SEGUNDO

?En la materia del recurso se revoca el auto de fecha ocho de mayo del a�o dos mil, en lo relativo y para los efectos precisados en la parte final del considerando cuarto de esta resoluci�n.

Notif�quese; haci�ndolo por medio de oficio a las partes y, en su oportunidad, arch�vese el expediente.

As� lo resolvi� la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n en Pleno, por unanimidad de nueve votos de los se�ores M.S.S.A.A., M.A.G.�itr�n, J.V.C. y C., J.D.R., J.V.A.A.�n, G.I.O.M., O.M.�a del Carmen S�nchez C. de G.�a V., J.N.S.M. y presidente G.D.G.�ngora P.. No asistieron los se�ores Ministros Humberto Rom�n P., por estar desempe�ando una comisi�n de car�cter oficial y Jos� de Jes�s G.�o P., previo aviso a la Presidencia. Fue ponente en este asunto el se�or Ministro S.S.A.A..