Tesis de Suprema Corte de Justicia, Cuarta Sala - Jurisprudencia - VLEX 27621378

Tesis de Suprema Corte de Justicia, Cuarta Sala

Emisor:Cuarta Sala
Materia:Constitucional
RESUMEN

INTERDICTOS. INCONSTITUCIONALIDAD DEL CAPÍTULO QUE LOS ESTABLECE EN EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL ESTADO DE TAMAULIPAS.-

 
CONTENIDO

INTERDICTOS. INCONSTITUCIONALIDAD DEL CAPÍTULO QUE LOS ESTABLECE EN EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL ESTADO DE TAMAULIPAS.-

Del examen de lo dispuesto por el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Tamaulipas en su Título Noveno, Capítulo I, en sus artículos del 600 al 603, se llega al conocimiento de que en tales disposiciones se establece un procedimiento denominado interdicto que tiene por objeto retener o recobrar la posesión interina de una cosa, así como evitar los riesgos y daños originados en una obra nueva o peligrosa. Asimismo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 602 del código en cuestión, el J. tendrá la facultad de practicar inspecciones personales o interrogar testigos, aunque no hayan sido ofrecidos por las partes y puede asistirse de peritos o encomendar a éstos o al secretario que lleven a cabo comprobaciones especiales. Desde luego, se destaca que las disposiciones analizadas son violatorias de la garantía de audiencia que consagra el artículo 14 de la Constitución General de la República, atento a que, de conformidad con dichos preceptos, basta que una persona presente una demanda interdictal y que afirme ser poseedora del bien materia del interdicto ofreciendo testigos, documentos, pruebas de inspección ocular, periciales u otras comprobaciones especiales o inclusive, lo que resulta más grave todavía, el Juez puede decretar de oficio tales probanzas, para que se le ampare en la pretensión ejercitada, todo esto, sin la intervención del demandado, quien en estas condiciones queda sin ser oído, es decir, sin haberlo emplazado a juicio, dándole oportunidad de repreguntar o tachar a los testigos, objetar documentos, intervenir en el desahogo de la prueba de inspección ocular, o de nombrar perito de su parte; o sea, totalmente a sus espaldas, el Juez efectúa un procedimiento en el que siendo prácticamente Juez y coadyuvante de la parte actora, resuelve que ha lugar al interdicto y lo faculta para tomar medidas de urgencia que estime necesarias, y solamente después de llevar a cabo un procedimiento en el que se priva al demandado de sus posesiones o derechos, se ordena correr traslado a la parte demandada, para que concurra a juicio, lo cual como ya quedó expresado resulta violatorio de la garantía de audiencia consagrada por el artículo 14 constitucional, pues deja al demandado en completo estado de indefensión al no darle ninguna intervención en dicho procedimiento. Más aún, los preceptos cuestionados son violatorios de las garantías de legalidad previstas por el artículo 14 constitucional, en virtud de que rompen con el principio de igualdad de las partes dentro de un procedimiento, en el que ambas deben ser oídas, en igualdad de condiciones, ante consideraciones de interés público que son preponderantes, tales como el respeto a sus posesiones y derechos y la no privación de los mismos sin audiencia previa, que derivan del artículo 14 constitucional y las garantías invocadas son vulneradas cuando los preceptos cuestionados establecen un procedimiento en el que, sin dar oportunidad al demandado a que se defienda, se le priva de la posesión de la cosa; de ahí que no se cumpla con las formalidades esenciales del procedimiento y, por tanto, los preceptos cuestionados sean inconstitucionales. Por último, cabe precisar que los preceptos cuestionados son también violatorios de la garantía de legalidad consagrada por los artículos 14 y 16 constitucionales, porque otorgan al Juez facultades para decretar medidas de urgencia sin exigir que el promovente del interdicto otorgue fianza para responder de los daños y perjuicios que pudiera ocasionar a su contraparte y que además el artículo 605 del código cuestionado manda ejecutar la sentencia sin necesidad de fianza, en virtud de que para el caso de que ese fallo fuera revocado o nulificado por una autoridad superior se haría difícil la reparación de tales daños, ya que es de elemental justicia que en las medidas como las de la especie se garantice a la parte contraria el resarcimiento de los daños y perjuicios que con tales medidas se pudieran ocasionar.

Amparo en revisión 5344/80.-S.H. y Z. y coags.-24 de marzo de 1982.-Cinco votos.-Ponente: A.L.A..

Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Volúmenes 157-162, Quinta Parte, página 29, Cuarta Sala.