Tesis de Suprema Corte de Justicia, Pleno - Jurisprudencia - VLEX 27647510

Tesis de Suprema Corte de Justicia, Pleno

Emisor:Pleno
Materia:Penal
RESUMEN

ACCIÓN PENAL. ES PROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO, MIENTRAS NO SE ESTABLEZCA EN LEY LA VÍA JURISDICCIONAL DE IMPUGNACIÓN ORDINARIA, PARA RECLAMAR LAS RESOLUCIONES SOBRE EL NO EJERCICIO O DESISTIMIENTO DE AQUÉLLA (ARTÍCULO 21, PÁRRAFO CUARTO, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL).-

 
CONTENIDO

ACCI�N PENAL. ES PROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO, MIENTRAS NO SE ESTABLEZCA EN LEY LA V�A JURISDICCIONAL DE IMPUGNACI�N ORDINARIA, PARA RECLAMAR LAS RESOLUCIONES SOBRE EL NO EJERCICIO O DESISTIMIENTO DE AQU�LLA (ART�CULO 21, P�RRAFO CUARTO, DE LA CONSTITUCI�N FEDERAL).-

De la reforma al citado precepto constitucional, que entr� en vigor el 1o. de enero de 1995, y de los antecedentes legislativos que le dieron origen, se advierte el reconocimiento en favor del querellante, denunciante, v�ctima del delito o de los familiares de �sta o del legalmente interesado, del derecho de impugnar las resoluciones del Ministerio P�blico sobre el no ejercicio o desistimiento de la acci�n penal, coet�neo del derecho de exigir al Estado la persecuci�n de los delitos, lo que se traduce en el nacimiento de una garant�a individual, cuyo respeto no puede considerarse postergado o sujeto a la condici�n suspensiva de que el legislador ordinario, en los diferentes fueros, emita las disposiciones legales que reglamenten el instrumento para impugnar por la v�a jurisdiccional ordinaria las determinaciones de m�rito, puesto que, en principio, ante la vigencia de la disposici�n constitucional relativa, la protecci�n del derecho garantizado es inmediata, ya que, en tal hip�tesis, no se requieren medios materiales o legales diferentes de los existentes para que la autoridad cumpla cabalmente y desde luego, con el mandato constitucional de investigar y perseguir los delitos, siendo obvio que dentro del sistema constitucional mexicano, el medio para controlar directamente el cumplimiento de esas funciones es el juicio de amparo. Por consiguiente, la ausencia de ordenamientos legales que precisen la v�a jurisdiccional ordinaria para impugnar las resoluciones del Ministerio P�blico sobre el no ejercicio y desistimiento de la acci�n penal que pueden ser violatorias de las garant�as individuales del ofendido, no impide que tales determinaciones sean reclamadas de modo inmediato y en tanto se expidan las leyes ordinarias, a trav�s del juicio de amparo, dado que al estar regulada la actuaci�n relativa de la representaci�n social por la propia Carta Magna, entre otros de sus preceptos, en los art�culos 14 y 16, bien puede y debe examinarse esa actuaci�n en el juicio de garant�as, pues arribar a una postura que sobre el particular impida la procedencia de dicho juicio, ser�a tanto como desconocer la existencia de la mencionada garant�a individual y el objetivo y principios que rigen al juicio de amparo, que de acuerdo con lo previsto en los art�culos 103 y 107 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, es procedente contra leyes o actos de autoridad que violen garant�as individuales. En estas condiciones, debe concluirse que si las determinaciones del aludido representante social sobre el no ejercicio o desistimiento de la acci�n penal pueden implicar la violaci�n de garant�as individuales, aqu�llas podr�n impugnarse mediante el juicio de amparo indirecto, en t�rminos de lo dispuesto en el art�culo 114, fracci�n II, de la Ley de Amparo, por ser esta v�a la que revisa la legalidad del proceso indagatorio de la comisi�n de il�citos, adem�s de que desatender la norma constitucional reformada implicar�a la inobservancia de los art�culos 133 y 136 de la Constituci�n Federal, siendo que el esp�ritu del Constituyente Originario se orient� a la prevalencia de los principios de supremac�a e inviolabilidad de la Ley Fundamental.

Novena �poca:

C.�n de tesis 18/98-PL.-Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero y Tercero del Cuarto Circuito.-5 de junio de 2000.-Unanimidad de diez votos.-Ausente: G.I.O. Mayagoitia.-Ponente: J.V.C. y Castro.-Secretario: H.S.�nchez Cort�s.

Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, Tomo XII, octubre de 2000, p�gina 5, Pleno, tesis P./J. 114/2000; v�ase la ejecutoria en el Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, Novena �poca, Tomo XII, noviembre de 2000, p�gina 361.