Tesis de Suprema Corte de Justicia, Sala Auxiliar - Jurisprudencia - VLEX 26992638

Tesis de Suprema Corte de Justicia, Sala Auxiliar

Emisor:Sala Auxiliar
Materia:Administrativa
RESUMEN

AGRARIO. SUPLENCIA DE LA QUEJA EN EL AMPARO EN MATERIA AGRARIA. NATURALEZA.

 
CONTENIDO

AGRARIO. SUPLENCIA DE LA QUEJA EN EL AMPARO EN MATERIA AGRARIA. NATURALEZA.

Quiero fundamentar, en esta ocasi�n, cu�les son los alcances constitucionales de la suplencia de la queja en el amparo en materia agraria, a fin de que el proyecto de sentencia, sujeto a nuestra consideraci�n y que surgi�, como les consta a ustedes, de las objeciones presentadas contra la ponencia original, quede debidamente apoyado en las normas constitucionales y legales sobre la cuesti�n sujeta a la atenci�n de esta honorable Sala Auxiliar. Para contemplar mejor el amparo en revisi�n, materia de nuestro estudio, precisemos sobre qu� versa dicho amparo. El comisariado ejidal de la comunidad agraria de Tacot�n, Municipio de Tula, Estado de J., reclama del Departamento Agrario la ejecuci�n de una resoluci�n dictada el veintid�s de octubre de mil novecientos setenta y cinco, a virtud de la cual se pretende dar cumplimiento a una resoluci�n presidencial que afecta, a su vez, los terrenos ejidales otorgados a la comunidad citada, desde el a�o de mil novecientos treinta y ocho. En rigor, el comisariado ejidal de referencia no reclama, en el amparo interpuesto, la resoluci�n presidencial que afecta sus terrenos, aunque s� se�ala como acto reclamado la ejecuci�n de los acuerdos del Departamento Agrario que dan cumplimiento a aquella resoluci�n presidencial. La ponencia del se�or Ministro Capponi Guerrero, pide la reposici�n del procedimiento y esta reposici�n es, justamente, para que se tenga como acto reclamado en el amparo en cuesti�n, la resoluci�n presidencial que declar� como propiedad inafectable, la que se indica en la propia resoluci�n, que seg�n parece comprende una extensi�n de 180 hect�reas de terrenos ejidales. Es obvio, se�ores Ministros, que estamos aplicando, por primera vez, en esta Suprema Corte de Justicia, lo dispuesto por el �ltimo p�rrafo del art�culo 78 de la vigente Ley de Amparo, que expresa que "En los juicios de garant�a en materia agraria se tomar�n en cuenta las pruebas que aporte el quejoso y las que de oficio recabe la autoridad judicial. La autoridad que conozca del amparo resolver� sobre la inconstitucionalidad de los actos reclamados, tal y como se hayan probado, a�n cuando sean distintos de los invocados en la demanda de amparo". Para las personas en contacto directo con el juicio de amparo, que conocen la t�cnica del juicio constitucional desde su creaci�n en el Acta de Reformas del dieciocho de mayo de mil ochocientos cuarenta y siete, hasta la reforma que sufri� y entr� en vigor el veintisiete de octubre del a�o de pasado, saben que estamos tratando lo que comunmente se ha llamado la suplencia de la queja en el amparo. Tres cuestiones nada m�s quisiera contemplar con relaci�n a esta suplencia de la queja. El amparo eminentemente individualista, protector del derecho individual p�blico, el del siglo pasado, no conoci� cuando menos constitucionalmente, la instituci�n de la suplencia de la queja. No es sino hasta la Constituci�n de 1917 (art�culo 107, fracci�n II), cuando surge la suplencia de la queja en materia penal y exclusivamente en relaci�n con una violaci�n que haya dejado sin defensa al acusado en un juicio criminal, o se le juzgue por una ley que no es exactamente aplicable al caso. La reforma del a�o de 1951, prohijada directamente en la Procuradur�a General de la Rep�blica, ampli� la suplencia de la queja a estos dos casos: cuando el acto reclamado se funde en una ley declarada inconstitucional por la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia, y cuando adem�s, el obrero el trabajador que reclama en amparo la resoluci�n del tribunal del trabajo por estimarla contraria a la Constituci�n, no expresa, en su demanda, el concepto de violaci�n en los t�rminos en que verdaderamente se le ha violado su garant�a individual. Sobre este �ltimo aspecto de la suplencia de la queja en el amparo en materia de trabajo, hay que decir y as� obra en la exposici�n de motivos de veintitr�s de octubre de mil novecientos cincuenta, a prop�sito de esa reforma constitucional, que ya no se tuvo en cuenta el amparo individualista y liberal del siglo XIX, sino el juicio constitucional que contempla las garant�as sociales, como las llamadas en M�xico, o bien los derechos econ�micos, culturales y pol�ticos, como se les llama en el lenguaje internacional, en la organizaci�n de las naciones unidas, o como los denomina la doctrina constitucional europea. Quiero precisar, entonces, que esta suplencia de la queja en el amparo obrero, en favor de la clase trabajadora, quiso dar plena vigencia a las garant�as sociales de los trabajadores contenidas en el art�culo 123 de la Constituci�n de 1917. En cambio, qued� en olvido, no se pens� en la suplencia de la queja en cuanto al amparo en materia agraria en favor de ejidatarios, comuneros o poblados dotados con tierras o aguas en los t�rminos del art�culo 27 de la Carta Magna del pa�s. En verdad, no es sino hasta el a�o de 1959, es decir, ocho a�os despu�s de aprobada la reforma antes comentada, cuando la garant�a social m�s trascendental que contiene la Ley Fundamental de la naci�n, la que se contrae al r�gimen constitucional de la propiedad ejidal o al r�gimen jur�dico ejidal en M�xico, recibe su adecuado tratamiento y se le da posibilidad de que opere la suplencia de la queja en los amparos interpuestos por los campesinos o pueblos dotados con tierras. El se�or presidente L�pez Mateos, en su iniciativa del 26 de diciembre del a�o de 1959, repara esta omisi�n, cuando solicita del �rgano revisor de la Constituci�n, al que suele llamarse Poder Constituyente Permanente de M�xico, con una gran ignorancia de lo que es un verdadero poder constituyente, se establezca la suplencia de la queja, en materia agraria, en beneficio de los campesinos. cuando se estudia la iniciativa del se�or presidente L�pez Mateos y se revisan los dict�menes y discusiones tenidos en la C�mara de Senadores, que fue la que conoci� originalmente de esa iniciativa sobre la suplencia de la queja en materia agraria, se est� en posibilidad de poder afirmar que no s�lo se quiso instituir la suplencia de la queja en esta materia, sino que naci� y surgi� en el sistema constitucional de M�xico, un nuevo amparo, el amparo social agrario, que puede precisarse al trav�s de esta sencilla expresi�n: para la garant�a social del r�gimen jur�dico ejidal es necesario determinar el amparo social y abolir el amparo individualista, obsoleto en muchos aspectos, del siglo XIX, creado para el derecho individual, mas no para los derechos sociales regulados en los art�culos 27 y 123 de la Constituci�n actual. Para corroborar esta afirmaci�n perm�taseme leer s�lo un p�rrafo de la iniciativa del se�or presidente L�pez Mateos, en donde se evidencia como su reforma quiere, al ser aprobada por el �rgano revisor de la Constituci�n, que se modifique la Ley de Amparo para que nazca el amparo social que garantice el r�gimen jur�dico de la propiedad ejidal. El se�or presidente L�pez Mateos considera: "De adoptarse por el texto constitucional la adquisici�n que adelante se consigna, quedar�a para la ley secundaria la estructuraci�n, con rasgos y normas peculiares, del nuevo amparo agrario, previendo las reglas adecuadas sobre personalidad, t�rminos, deficiencias de la demanda, pruebas y en general la sustanciaci�n del juicio, con objeto de crear un procedimiento al alcance del campesino que constituya una eficaz defensa de la garant�a social agraria, y al efecto pueda establecerse, entre otras previsiones, que el J. de oficio y para mejor proveer, recabe pruebas, procedimiento que encuentra precedente en el C�digo Agrario trat�ndose de conflictos por linderos de terrenos comunales". F�cil es observar que la iniciativa presidencial de 1959, habl� del nuevo amparo agrario que, a la fecha, a�n no aplican muchos de los Jueces de Distrito de la Rep�blica por estar todav�a imbuidos del criterio del amparo individualista del siglo XIX. Es com�n escuchar cr�ticas por la labor ineficaz del Poder Legislativo de la Federaci�n en M�xico. Generalmente se dice que s�lo se concreta a aprobar las iniciativas que le env�a el Ejecutivo Federal, nunca he tenido un cargo de representaci�n popular, de manera que la defensa que har� de ese Poder Legislativo no puede estar fundada en un inter�s por haber formado parte de el, sino en una verdad hist�rica que dignifica al r�gimen constitucional mexicano. La iniciativa presidencial de 1959, creaba el amparo agrario �nica y exclusivamente en cuanto a los ejidos y a los n�cleos de poblaci�n que de hecho o por derecho guarden el estado comunal, s�lo en favor de estas entidades proceder�a la suplencia de la queja en materia agraria. Escap� a la iniciativa del presidente L�pez Mateos, la protecci�n del ejidatario y del comunero en lo individual. Ello, con pensamiento previsor, con sentido del alcance de la garant�a social contenida en el art�culo 27 constitucional, lo hizo el Senado de la Rep�blica, y as� qued� instituido en el �ltimo p�rrafo de la fracci�n II del art�culo 107 de la Constituci�n, la posibilidad del amparo agrario social teniendo como sujetos de el al ejidatario o al comunero en lo individual. Entre las tesis conocidas en torno a la interpretaci�n de una norma legal, o bien de una cl�usula constitucional, e igualmente, la coordinaci�n que debe hacerse entre las diversas disposiciones de una misma ley o bien entre las disposiciones de una ley individualmente considerada y cualquiera otra que le sea af�n o que recoja o contenga el mismo principio. La interpretaci�n hist�rica del art�culo 78 de la Ley de Amparo, est� acorde con el pensamiento que inspira a la adici�n propuesta por el se�or presidente L�pez Mateos, a la fracci�n II del art�culo 107 constitucional, para que operara la suplencia de la queja en el amparo agrario. El prop�sito del legislador constituyente fue crear el nuevo amparo agrario con una situaci�n especial, diversa a la conocida hasta entonces, para que al trav�s de nuevas normas en punto al t�rmino para interponer el amparo obligaci�n oficial de recabar las pruebas, superaci�n de las deficiencias t�cnicas de la demanda de amparo, la designaci�n de actos reclamados distintos a los invocados en la demanda, quede estructurado el amparo social agrario en sustituci�n del amparo individualista del siglo XIX, protector, �nicamente, de intereses privados. En el caso del amparo a estudio, no reclam� la comunidad agraria quejosa la resoluci�n presidencial que declar� inafectables terrenos ejidales. Pero, justamente, la interpretaci�n l�gica y jur�dica del invocado art�culo 78, funda y apoya que se haga la reposici�n del procedimiento del juicio de garant�as, para que se tenga como acto reclamado, en ese amparo la resoluci�n presidencial que afecto terrenos ejidales y se la juzgue en relaci�n con la resoluci�n presidencial anterior, la de 1938, que otorg� terrenos al comisariado ejidal de la comunidad agraria de Tacot�n. S�lo as�, estudiando las dos resoluciones presidenciales se podr� determinar cu�l debe prevalecer y se lograr� que la justicia agraria impere con respecto a la garant�a social regulada en el art�culo 27 de la Constituci�n; quisiera todav�a hacer, antes de concluir esta exposici�n, algunas consideraciones en cuanto al dictamen formulado por la C�mara de Senadores, para fundamentar el nuevo amparo social o el nuevo amparo agrario. Advirtamos, con juicio imparcial, que la reforma que sufri� la Ley de Amparo en el a�o de 1962, no fue producto de una iniciativa del Ejecutivo Federal, menos, porque la Constituci�n no le da ese derecho, de esta Suprema Corte de Justicia de la Naci�n; la iniciativa surgi� del propio Senado de la Rep�blica, lo que revela como si se legisla, por las C�maras federales, en M�xico. La iniciativa del 26 de noviembre de 1962, redactada por un grupo de senadores, sustenta, con relaci�n al amparo agrario, estas ideas: "La lucha entre el agrarismo y el juicio constitucional, culmin� con la abolici�n del amparo en materia agraria. Pero ahora quisiera yo referirme no a este sentido de democratizaci�n del juicio de amparo, sino a dos aspectos que el se�or presidente de la Rep�blica marc� claramente en su iniciativa y que pudi�ramos expresarlo del siguiente modo. Al democratizar el juicio de amparo y ponerlo al alcance de la ignorancia y de la pobreza de nuestros campesinos, adem�s de que se hace respetar el patrimonio que la Revoluci�n ha entregado a los campesinos, se puede realizar la defensa del r�gimen jur�dico ejidal. Es decir, el amparo ser� un instrumento no s�lo de control de la constitucionalidad de los actos para la defensa de las garant�as y de los derechos individuales, sino para el mantenimiento de los principios de la Revoluci�n Mexicana". Hasta despu�s de 6 a�os de realizada esta reforma y de que se crea el amparo social agrario, vamos por primera vez a considerar que se tenga como actos reclamados, los que verdaderamente perjudican al comisariado ejidal quejoso, y es que este amparo social, instituido en beneficio de la garant�a social, contenida en el art�culo 27 constitucional, respeta y observa estas dos nobles ideas: la ignorancia y la pobreza del campesino. No puede negarse, a prop�sito del caso que estamos tratando, que por ignorancia no reclam�, el comisariado ejidal de Tacot�n, las resoluciones presidenciales que realmente lo perjudican. Y esa ignorancia, no en suplencia de la queja en el sentido tradicional que le dio la Constituci�n de 1917, para la materia penal; tampoco con el alcance que le fij�, para la materia obrera, la reforma constitucional de 1950 en vigor desde el a�o de 1951 est� fundado que se tenga como actos reclamados, en el amparo que vamos a fallar las resoluciones presidenciales del 23 de mayo y del 20 de septiembre de 1946, que son, conjuntamente con la ejecuci�n ordenada por el Departamento de Asuntos Agrarios y Colonizaci�n, las que afectan, en sus derechos sociales, al comisariado interesado en este negocio. Tiene rancio arraigo, en el derecho constitucional mexicano, el principio de la garant�a de audiencia. Desde nuestras primeras Constituciones, estampamos este principio que aparece, por vez primera, como norma constitucional, en el art�culo 39 de la Carta Magna de Inglaterra del 15 de julio de 1215. El antiguo derecho espa�ol no lo desconoci�, pens�ndose, incluso, que ese derecho acudi� el derecho pol�tico ingl�s, al estatuir, en el documento mencionado de garant�a de audiencia. El respecto que se tuvo en las colonias americanas de Inglaterra por las libertades humanas, hizo que se estampara este mismo principio en las constituciones particulares de esas colonias, antecedentes directos de su instituci�n en la legislaci�n constitucional norteamericana de fines del siglo XVIII, esta disertaci�n debe llevarnos ya a considerar, a prop�sito del amparo interpuesto por el comisariado ejidal de la comunidad agraria de Tacot�n, que al estimarse como actos reclamados las resoluciones presidenciales del 23 de mayo y del 20 de septiembre de 1946, deber� tenerse como autoridad responsable al se�or presidente de la Rep�blica que dict� aquellas resoluciones, a efecto de que como autoridad responsable adquiera su calidad constitucional de parte en el juicio de garant�as, produzca su informe y goce del derecho a la garant�a de audiencia, en la substanciaci�n y resoluci�n del amparo del comisariado ejidal quejoso. Siempre ha encontrado gran resistencia la realizaci�n de las nuevas ideas, sobre todo, las que transforman la estructura de la sociedad y crean nuevas formas de vida. Por ello, estimo urgente que M�xico establezca disposiciones similares a las que las Naciones Unidas han adoptado ya en el Pacto Internacional de los Derechos Econ�micos, Sociales y Culturales de 1966, as�, el art�culo 25 expresa: "ninguna disposici�n del presidente, de todos los pueblos, a utilizar plena y liberalmente sus riquezas y sus recursos naturales". Demos estos alcances a las nuevas normas creadoras del amparo social agrario, y de este modo interpretamos el �ltimo p�rrafo del art�culo 78 de la vigente Ley de Amparo, producto de la reforma del a�o de mil novecientos sesenta y dos, en vigor desde el cuatro de febrero de mil novecientos setenta y tres, sin que el sentido de ninguna de sus disposiciones sea en menoscabo de los derechos inherentes al r�gimen jur�dico de la propiedad ejidal o comunal en M�xico.

Amparo en revisi�n 5610/66. Comunidad Agraria de Tacot�n, Municipio de Tula, J.. 30 de junio de 1969. Unanimidad de cinco votos. R.: A.C.G..