Tesis de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala - Jurisprudencia - VLEX 26973978

Tesis de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala

Emisor:Segunda Sala
Materia:Administrativa
RESUMEN

PENSIONES CIVILES DE RETIRO.

 
CONTENIDO

PENSIONES CIVILES DE RETIRO.

La circunstancia de haberse expedido la Ley de Pensiones Civiles de Retiro, hasta el a�o de mil novecientos veinticinco, no significa que antes de su vigencia, los servidores p�blicos no tuvieran derecho a pensiones, puesto que existiendo la base constitucional de ese derecho, el mismo pod�a ser reconocido a determinadas clases de servidores p�blicos, que ya estaban en condiciones de pedir ese reconocimiento, de acuerdo con leyes especiales expedidas con anterioridad, tales como la Ley Org�nica del Servicio Consular Mexicano, la del cuerpo diplom�tico, las militares y sus respectivas reglamentaciones, as� como las leyes respectivas que han reconocido derechos semejantes a funcionarios de la justicia del orden com�n y a los profesores, o tambi�n pod�a ser declarado y reconocido el mismo derecho, a los servidores no comprendidos en dichas categor�as, por medio de actos del Ejecutivo, en forma de decreto, previa la revisi�n del expediente de servicios respectivo. Se ve, pues, claramente, que la tendencia del concepto jur�dico sobre pensiones, a partir del per�odo nuevo de revoluci�n de las ideas jur�dicas, ha sido llegar a la concepci�n de que las pensiones de retiro constituyen un derecho del servidor p�blico, cuyo derecho se ha venido reconociendo por leyes especiales, en favor de funcionarios y empleados, comprendidos en determinadas clases, hasta reconocerse en favor de todos, sin distinci�n, por la Ley General de Pensiones del mil novecientos veinticinco. Para definir el momento en que nace el derecho, es preciso colocarse en dos situaciones distintas: una, bajo la vigencia de las leyes que reglamentan los elementos del derecho; y otra, bajo el sistema carente de legislaci�n detallada sobre la materia, y en que las condiciones del ejercicio del mismo derecho, se han estudiado y precisado en cada caso especial, por el Ejecutivo, al otorgar una pensi�n. En ambos casos pueden observarse las siguientes bases diversas que corresponden a la situaci�n del servidor p�blico, seg�n que va reuniendo los diversos elementos del mismo derecho: el primero, es el nombramiento; el segundo, es el transcurso de determinado n�mero de a�os en el servicio, o sea, la consumaci�n del tiempo y dem�s condiciones requeridas por la ley; el tercero, es el momento en que el poder p�blico declara y reconoce por acto concreto, la adquisici�n del derecho; y el cuarto, es la fijaci�n de las cuotas, en funci�n del tiempo de servicios y de los sueldos disfrutados, y que percibe el empleado vitaliciamente, o que se trasmite a sus deudos, en determinadas condiciones, cuando fallece el pensionista. Las diferencias que existen entre una y otra situaci�n, son dos: la primera consiste en la situaci�n carente de ley; la fijaci�n de las cuotas era discrecional, y para ello atend�a el Ejecutivo que otorgaba una pensi�n, a la similitud con los casos previstos en leyes especiales que establec�an el mismo derecho para determinadas clases de servidores p�blicos; y en el sistema bajo r�gimen legal, la fijaci�n de las cuotas se hace de acuerdo con lo previsto en la ley; la otra diferencia consiste en que, conforme a la nueva Ley de Pensiones, al fallecer un pensionista, se trasmite el derecho, con ciertas restricciones, a los deudos de aqu�l; en el primer sistema, la pensi�n era simplemente vitalicia, s�lo en casos excepcionales se trasmit�a a los deudos del pensionado. Es pues evidente que existen dos fases fundamentales del derecho que se analiza: la primera cuando consiste en una mera expectativa, y la segunda, cuando es ya un derecho adquirido. Es una simple expectativa cuando el Estado no ha declarado expresa e individualmente el derecho, o cuando el empleado o funcionario est� en v�as de llenar todas las condiciones que las leyes fijan para alcanzar la pensi�n. Es derecho adquirido, cuando ya lo ha declarado as� el Estado, o cuando el empleado o funcionario, ha llenado aquellas condiciones, aun cuando no concurra declaratoria completa en el caso individual; entonces el derecho entra, por lo mismo, en el patrimonio del jubilado, caracteriz�ndose ya como un derecho patrimonial. Conforme a las teor�as sobre retroactividad, que salvo las diferencias de terminolog�a, coinciden todas en las tesis de que son leyes retroactivas, las que lesionan derechos adquiridos, resulta evidente que tales leyes secundarias, s�lo pueden aplicarse desconociendo, suprimiendo o reduciendo el derecho de un pensionado, cuando �ste no ha obtenido la declaraci�n expresa o individual de su derecho, por parte del poder p�blico, a percibir determinada cuota vitalicia, o cuando, como ya se dijo, no habiendo obtenido esta declaratoria, tampoco ha llenado todas esas condiciones, que las leyes fijan para alcanzar la pensi�n. Cuando se trata del caso en que todav�a no existe la ley que determina la pensi�n, es evidente que al crearla el poder p�blico, con un acto de su soberan�a, reconoce un derecho particular, el de un jubilado a recibir pensi�n; ejecuta un acto administrativo que, fundado como se funda, en el reconocimiento del derecho del jubilado, es una obligaci�n que el Estado como soberano, cumple y quiere cumplir; y como persona de derecho privado, ejecuta un acto que produce igualmente la situaci�n de derecho patrimonial, adquirido por el pensionado. De manera que es que si conforme al presupuesto de egresos, quedaba reducido el sueldo, y, por consiguiente, la pensi�n a que ten�a derecho el funcionario p�blico, en relaci�n con el mismo sueldo, la reducci�n de una y otro, jam�s podr�a admitirse que se aplicara retroactivamente a los casos en que el poder p�blico, por declaraci�n individual y expresa, hubiese ya otorgado una pensi�n, como no podr�a tampoco descontarse a los funcionarios y empleados que ya hab�an percibido su sueldo, la reducci�n establecida en nuevo presupuesto de egresos. A lo m�s, puede admitirse que cuando el Estado se encuentra en condiciones de no poder cubrir, ni los sueldos, ni las pensiones, los que ya tuvieren adquirido el derecho de percibir �stos, pasar�n a la categor�a de acreedores p�blicos del Estado y se crear�a la deuda p�blica del mismo, cuando no pudiera pagar las pensiones a su tiempo.

Amparo administrativo en revisi�n 3735/29. B.C.. 31 de julio de 1930. Unanimidad de cinco votos, en cuanto a los dos primeros puntos resolutivos, y por mayor�a de tres votos, por lo que hace al tercero. R.: A.C.C..