Ejecutoria num. 2a./J. 169/2011 (9a.) de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala - Jurisprudencia - VLEX 337513210

Ejecutoria num. 2a./J. 169/2011 (9a.) de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala

Emisor:Segunda Sala
Número de Resolución:2a./J. 169/2011 (9a.)
Fecha de Publicación: 1 de Noviembre de 2011
RESUMEN

ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS DE CARÁCTER MUNICIPAL. SUS RELACIONES LABORALES SE RIGEN POR EL APARTADO A DEL ARTÍCULO 123 CONSTITUCIONAL (SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN FRANCISCO DEL RINCÓN Y SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO PURÍSIMA DEL RINCÓN, AMBOS DEL ESTADO DE GUANAJUATO).

 
ÍNDICE
CONTENIDO

ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS DE CARÁCTER MUNICIPAL. SUS RELACIONES LABORALES SE RIGEN POR EL APARTADO A DEL ARTÍCULO 123 CONSTITUCIONAL (SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN FRANCISCO DEL RINCÓN Y SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO PURÍSIMA DEL RINCÓN, AMBOS DEL ESTADO DE GUANAJUATO).

CONTRADICCIÓN DE TESIS 172/2011. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO Y PRIMERO EN MATERIAS CIVIL Y DE TRABAJO, AMBOS DEL DÉCIMO SEXTO CIRCUITO. 7 DE SEPTIEMBRE DE 2011. MAYORÍA DE CUATRO VOTOS. DISIDENTE: J.F.F.G.S.. PONENTE: L.M.A.M.. SECRETARIA: Ú.H.M..

CONSIDERANDO:

PRIMERO

Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo previsto en los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 197-A de la Ley de Amparo; 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos primero, segundo y cuarto del Acuerdo General 5/2001, aprobado por el Tribunal Pleno el veintiuno de junio de dos mil uno, en virtud de que el tema sobre el que versa dicha denuncia corresponde a la materia de trabajo, de la especialidad de esta Sala.

SEGUNDO

La denuncia de contradicción de criterios proviene de parte legítima, en términos de lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 197-A de la Ley de Amparo, toda vez que la formuló el presidente del Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Decimosexto Circuito.

TERCERO

De acuerdo con las tesis XLVI/2009 y XLVII/2009, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, debe considerarse que existe contradicción de tesis cuando las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o los Tribunales Colegiados de Circuito adoptan en sus sentencias criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que los rodean no sean exactamente iguales o que se adviertan elementos secundarios diferentes en el origen de las ejecutorias.

Entendiéndose por "tesis" el criterio adoptado por el juzgador a través de argumentaciones lógico-jurídicas para justificar su decisión en una controversia, lo que determina que la contradicción de tesis se actualiza cuando dos o más órganos jurisdiccionales terminales adoptan criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, expresando los razonamientos lógico-jurídicos necesarios para sustentar sus respectivas decisiones.

Lo anterior, se reitera, independientemente de que las cuestiones fácticas que los rodean no sean exactamente iguales.

Las tesis del Pleno de este Alto Tribunal referidas en el párrafo anterior dicen, respectivamente, lo siguiente:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES (INTERRUPCIÓN DE LA JURISPRUDENCIA P./J. 26/2001, DE RUBRO: ‘CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.’). De los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197 y 197-A de la Ley de A., se advierte que la existencia de la contradicción de criterios está condicionada a que las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o los Tribunales Colegiados de Circuito en las sentencias que pronuncien sostengan ‘tesis contradictorias’, entendiéndose por ‘tesis’ el criterio adoptado por el juzgador a través de argumentaciones lógico-jurídicas para justificar su decisión en una controversia, lo que determina que la contradicción de tesis se actualiza cuando dos o más órganos jurisdiccionales terminales adoptan criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean exactamente iguales, pues la práctica judicial demuestra la dificultad de que existan dos o más asuntos idénticos, tanto en los problemas de derecho como en los de hecho, de ahí que considerar que la contradicción se actualiza únicamente cuando los asuntos son exactamente iguales constituye un criterio rigorista que impide resolver la discrepancia de criterios jurídicos, lo que conlleva a que el esfuerzo judicial se centre en detectar las diferencias entre los asuntos y no en solucionar la discrepancia. Además, las cuestiones fácticas que en ocasiones rodean el problema jurídico respecto del cual se sostienen criterios opuestos y, consecuentemente, se denuncian como contradictorios, generalmente son cuestiones secundarias o accidentales y, por tanto, no inciden en la naturaleza de los problemas jurídicos resueltos. Es por ello que este Alto Tribunal interrumpe la jurisprudencia citada al rubro, pues al establecer que la contradicción se actualiza siempre que ‘al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes’ impide el estudio del tema jurídico materia de la contradicción con base en ‘diferencias’ fácticas que desde el punto de vista estrictamente jurídico no deberían obstaculizar el análisis de fondo de la contradicción planteada, lo que es contrario a la lógica del sistema de jurisprudencia establecido en la Ley de Amparo, pues al sujetarse su existencia al cumplimiento del indicado requisito disminuye el número de contradicciones que se resuelven en detrimento de la seguridad jurídica que debe salvaguardarse ante criterios jurídicos claramente opuestos. De lo anterior se sigue que la existencia de una contradicción de tesis deriva de la discrepancia de criterios jurídicos, es decir, de la oposición en la solución de temas jurídicos que se extraen de asuntos que pueden válidamente ser diferentes en sus cuestiones fácticas, lo cual es congruente con la finalidad establecida tanto en la Constitución General de la República como en la Ley de Amparo para las contradicciones de tesis, pues permite que cumplan el propósito para el que fueron creadas y que no se desvirtúe buscando las diferencias de detalle que impiden su resolución." (Tesis número P. XLVI/2009, registro 166993, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXX, julio de 2009, página 68).

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. DEBE ESTIMARSE EXISTENTE, AUNQUE SE ADVIERTAN ELEMENTOS SECUNDARIOS DIFERENTES EN EL ORIGEN DE LAS EJECUTORIAS. El Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 26/2001, de rubro: ‘CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.’, sostuvo su firme rechazo a resolver las contradicciones de tesis en las que las sentencias respectivas hubieran partido de distintos elementos, criterio que se considera indispensable flexibilizar, a fin de dar mayor eficacia a su función unificadora de la interpretación del orden jurídico nacional, de modo que no solamente se resuelvan las contradicciones claramente inobjetables desde un punto de vista lógico, sino también aquellas cuya existencia sobre un problema central se encuentre rodeado de situaciones previas diversas, ya sea por la complejidad de supuestos legales aplicables, o por la profusión de circunstancias de hecho a las que se hubiera tenido que atender para juzgarlo. En efecto, la confusión provocada por la coexistencia de posturas disímbolas sobre un mismo problema jurídico no encuentra justificación en la circunstancia de que, una y otra posiciones, hubieran tenido un diferenciado origen en los aspectos accesorios o secundarios que les precedan, ya que las particularidades de cada caso no siempre resultan relevantes, y pueden ser sólo adyacentes a un problema jurídico central, perfectamente identificable y que amerite resolverse. Ante este tipo de situaciones, en las que pudiera haber duda acerca del alcance de las modalidades que adoptó cada ejecutoria, debe preferirse la decisión que conduzca a la certidumbre en las decisiones judiciales, a través de la unidad interpretativa del orden jurídico. Por tanto, dejando de lado las características menores que revistan las sentencias en cuestión, y previa declaración de la existencia de la contradicción sobre el punto jurídico central detectado, el Alto Tribunal debe pronunciarse sobre el fondo del problema y aprovechar la oportunidad para hacer toda clase de aclaraciones, en orden a precisar las singularidades de cada una de las sentencias en conflicto, y en todo caso, los efectos que esas peculiaridades producen y la variedad de alternativas de solución que correspondan." (Tesis número XLVII/2009, registro 166996, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXX, julio de 2009, página 67).

CUARTO

Precisado lo anterior, a fin de estar en aptitud de determinar si existe la contradicción de tesis denunciada y, en su caso, resolverla, es necesario tener presentes las consideraciones que expusieron los Tribunales Colegiados:

En la parte que interesa, el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Decimosexto Circuito, al dictar resolución el **********, en el amparo directo **********, promovido por **********, determinó lo siguiente:

Que en relación con los argumentos de la parte quejosa en el sentido de que la Junta responsable carecía de atribuciones y competencia para condenarla al pago de las prestaciones demandadas y que no se había observado lo establecido en la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos al Servicio del Estado y de los Municipios, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que las relaciones laborales entre los organismos descentralizados estatales y sus trabajadores se rigen por el apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con independencia de lo que establezcan la Constitución y los ordenamientos secundarios de las entidades federativas, así como los decretos de creación de aquéllos, y que la competencia para conocer de los conflictos laborales que surjan entre los citados organismos y sus trabajadores corresponde a las Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje, y no a los Tribunales Estatales de Conciliación y Arbitraje. Esto conforme a la tesis que se reproduce a continuación:

"COMPETENCIA LABORAL. CORRESPONDE A LA JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE CONOCER DE LOS CONFLICTOS LABORALES QUE SURJAN ENTRE LOS ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES Y SUS TRABAJADORES. El Pleno de la Suprema Corte de la Nación estableció en la tesis P. XXV/98, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, T.V., abril de 1998, página 122, que, en atención a lo sostenido en jurisprudencia firme, los organismos descentralizados no forman parte del Poder Ejecutivo y, en esa virtud, las relaciones laborales de los organismos de carácter local con sus trabajadores escapan a las facultades reglamentarias de las Legislaturas Locales; asimismo, en la diversa tesis P. XXVI/98, publicada en la página 117 del referido tomo, sostuvo que conforme a lo dispuesto en los artículos 116, fracción VI, y 123, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los Poderes Legislativos de cada entidad federativa sólo pueden expedir las leyes que rijan las relaciones de trabajo entre los Poderes Locales y sus empleados, pues de comprender a otros sujetos resultarían inconstitucionales. Por tanto, toda vez que las relaciones laborales entre los organismos descentralizados estatales y sus trabajadores se rigen por el apartado A del artículo 123 de la Constitución Federal, con independencia de lo que establezcan la Constitución y los ordenamientos secundarios de las entidades federativas, así como los decretos de creación de aquéllos, la competencia para conocer de los conflictos laborales que surjan entre los citados organismos y sus trabajadores corresponde a las Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje y no a los Tribunales Estatales de Conciliación y Arbitraje." (No. registro: 185234. Tesis aislada. Materia(s): Laboral. Novena Época. Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XVII, enero de 2003, tesis 2a. CXCV/2002, página 725).

Que del artículo 1o. del Reglamento del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de San Francisco del Rincón, Guanajuato, se advierte que el servicio será prestado por un organismo público descentralizado, lo que se corrobora con el diverso artículo 1o. del Reglamento de Agua Potable, D., Alcantarillado, Saneamiento, Tratamiento y Disposición Uso y Reuso de Aguas Residuales para el Municipio de San Francisco del Rincón, Guanajuato.

Que, por consiguiente, si el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de San Francisco del Rincón era un organismo descentralizado, entonces, acorde a la tesis citada, las relaciones con sus trabajadores se rigen por el apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Por su parte, el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Decimosexto Circuito, al emitir resolución el **********, en el amparo directo **********, promovido por **********, estableció lo siguiente:

Que es fundado el concepto de violación en el que la parte quejosa aduce que el laudo que constituye el acto reclamado le perjudica, porque la autoridad responsable incorrectamente determinó que es un organismo público que cuenta con personalidad jurídica y patrimonio propio y que, por ello, las relaciones de trabajo con sus empleados se rigen por el apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, en consecuencia, por las disposiciones de la Ley Federal del Trabajo.

Que el artículo 1o. del Reglamento del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de P. delR., Guanajuato, establece que tal ordenamiento tiene por objeto regular las atribuciones municipales para garantizar el buen funcionamiento, la adecuada prestación de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento, así como la detección, el tratamiento, reuso y comercialización de aguas y lodos residuales del referido Municipio; y que dicho sistema es un organismo público descentralizado de la administración municipal con personalidad jurídica y patrimonio propio, encargado de la prestación de los mencionados servicios públicos.

Que, por su parte, el artículo 1o. de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos al Servicio del Estado y de los Municipios establece que dicha ley rige las relaciones de trabajo entre el Estado y sus trabajadores y entre los Municipios y sus trabajadores; y que cuando las empresas u organismos paraestatales, municipales o descentralizadas del Estado o de los Municipios se encarguen de la atención de los servicios públicos o de actividades sociales que las leyes encomiendan al Estado o a los Municipios, las relaciones con sus trabajadores se regirán también por dicha ley.

Que de lo anterior se obtenía que el Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de P. delR., Guanajuato, es un organismo público descentralizado que se encarga de la atención de los servicios públicos de agua potable, alcantarillado y saneamiento, así como la detección, el tratamiento, reuso y comercialización de aguas y lodos residuales.

Que en estas condiciones, las relaciones de trabajo entre la parte quejosa y sus trabajadores se regían por la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos al Servicio del Estado y de los Municipios y no por la Ley Federal del Trabajo, como lo había determinado la Junta responsable, ya que se trata de un organismo descentralizado de un Municipio que se encarga de la atención de un servicio público.

Que, por ende, era ilegal que la autoridad responsable hubiera condenado a la peticionaria del amparo al pago de las indemnizaciones previstas en el artículo 50 de la Ley Federal del Trabajo, así como al pago de horas extras con base en lo establecido en dicho ordenamiento legal, ya que en la especie era aplicable la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos al Servicio del Estado y de los Municipios.

Por último, el citado tribunal estableció que al dar cumplimiento a su ejecutoria, la autoridad responsable, la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje de León, Guanajuato, podía determinar si era competente o no para conocer del asunto.

QUINTO

Como deriva del considerando anterior, en el presente caso hay contradicción de tesis, en tanto que ambos tribunales se pronunciaron sobre el régimen laboral que corresponde a los trabajadores de organismos descentralizados de diversos Municipios del Estado de Guanajuato, llegando, al efecto, a conclusiones contrarias.

Sobre ese tópico, el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Decimosexto Circuito, al dictar resolución en el amparo directo **********, determinó que como el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de San Francisco del Rincón era un organismo público descentralizado, las relaciones con sus trabajadores se rigen por el apartado A del artículo 123 constitucional; mientras que el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Decimosexto Circuito, al emitir resolución en el amparo directo **********, estableció que las relaciones de trabajo entre el Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de P. delR., Guanajuato, se rigen por la Ley Federal del Trabajo de los Servidores Públicos al Servicio del Estado y de los Municipios y no por la Ley Federal del Trabajo, porque se trata de un organismo descentralizado de un Municipio que se encarga de la atención de un servicio público.

De las conclusiones a las que arribaron los Tribunales Colegiados contendientes se aprecia que, en las ejecutorias de referencia, abordaron la misma cuestión jurídica, pero sostuvieron criterios discrepantes sobre la aplicabilidad de la legislación que debe regir las relaciones laborales entre los trabajadores y los organismos descentralizados de los Municipios del Estado de Guanajuato (Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de San Francisco del Rincón, Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Purísima del Rincón).

Asimismo, se aprecia que sólo el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Decimosexto Circuito se pronunció respecto del tema de la competencia, al señalar que de acuerdo con lo dispuesto por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis CXCV/2002, de rubro: "COMPETENCIA LABORAL. CORRESPONDE A LA JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE CONOCER DE LOS CONFLICTOS LABORALES QUE SURJAN ENTRE LOS ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES Y SUS TRABAJADORES.", la competencia para conocer de los conflictos laborales que surjan entre los organismos descentralizados y sus trabajadores corresponde a las Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje y no a los tribunales estatales; pues, el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Decimosexto Circuito, en cambió, estableció que al dar cumplimiento a su ejecutoria, la autoridad responsable, la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje de León, Guanajuato, podía determinar si era competente o no para conocer del asunto, razón por la que en el aspecto de competencia no se actualiza una contradicción de criterios.

Consecuentemente, de lo expuesto se obtiene que el punto de contradicción radica en determinar si las relaciones laborales entre los trabajadores de los organismos descentralizados municipales del Estado de Guanajuato se rigen por el artículo 123, apartado A, constitucional y su ley reglamentaria; la Ley Federal del Trabajo, expedida por el Congreso de la Unión; o bien, por el artículo 123, apartado B, constitucional y la ley relativa expedida por la Legislatura del Estado de Guanajuato, esto es, la Ley del Trabajo de Servidores Públicos al Servicio del Estado y de los Municipios.

SEXTO

Conforme a las consideraciones que a continuación se exponen debe prevalecer con el carácter de jurisprudencia el criterio que sostiene esta Segunda Sala que coincide, en lo esencial, con el sustentado por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Decimosexto Circuito.

Resulta pertinente tener presente que los tribunales contendientes determinaron el régimen laboral de los trabajadores, en un caso del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de San Francisco del Rincón; y en otro del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de P. delR., partiendo de la base de que éstos constituyen organismos descentralizados de diversos Municipios del Estado de Guanajuato, cuyo objeto radica en la prestación de los servicios públicos que sus propios nombres indican.

En atención a esa premisa inicial de ambos órganos jurisdiccionales, lo conducente es verificar el marco normativo de los organismos descentralizados, para que a partir de ahí se pueda identificar cuál es el régimen laboral que corresponde a sus trabajadores. Con tal propósito se tomarán en cuenta los regímenes normativos federal, local y municipal.

Pues bien, acorde con el artículo 90 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,(1) la administración pública federal se manifiesta de dos formas, a saber, la centralizada y la paraestatal.

Ahora, conforme a los artículos 1o. y 45 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal(2) expedida por el Congreso de la Unión, los organismos descentralizados (que constituyen las entidades creadas por ley o decreto del Congreso de la Unión o por decreto del Ejecutivo Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propios, cualquiera que sea la estructura legal que adopten) componen, junto con las empresas de participación estatal, las instituciones nacionales de crédito, las organizaciones auxiliares nacionales de crédito, las instituciones nacionales de seguros y de fianzas y los fideicomisos de la administración pública paraestatal. Asimismo, todas estas entidades, conforme al artículo 3o. de la propia ley citada(3) auxilian al Poder Ejecutivo de la Unión.

El objeto de los organismos descentralizados se encuentra específicamente establecido en el artículo 14 de la Ley Federal de Entidades Paraestatales,(4) y comprende la realización de actividades relativas a las áreas estratégicas o prioritarias, la prestación de un servicio público o social; o bien, la obtención o aplicación de recursos para la asistencia o seguridad social.

La administración pública paraestatal es el reflejo del desdoblamiento de la administración pública como consecuencia del incremento de las atribuciones del poder público, dada la transición de un Estado de derecho a un Estado social de derecho, con motivo del crecimiento de la colectividad, así como de los problemas inherentes a ésta y sus necesidades, lo que suscitó una creciente intervención del Estado Mexicano en diversas actividades, como son, entre otras, la prestación de servicios. Sobre el desarrollo de estas cuestiones que dieron lugar a la denominada rectoría económica del Estado, así como respecto de la naturaleza de los organismos en comento, cabe citar la siguiente tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación:

"ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS. FORMAN PARTE DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. El artículo 90 constitucional consigna las bases de la administración pública federal, al señalar que ésta será centralizada y paraestatal remitiendo a la ley orgánica que expida el Congreso, la cual distribuirá los negocios del orden administrativo entre las secretarías de Estado y departamentos administrativos y sentará los principios generales de creación de las entidades paraestatales y la intervención del Ejecutivo Federal en su operación. Este dispositivo constitucional y, entre otros, los artículos 1o., 3o., 45, 48, 49 y 50 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, reglamentaria de este dispositivo constitucional, y 14 de la Ley Federal de Entidades Paraestatales, dan sustento jurídico a los organismos descentralizados que forman parte de la administración pública paraestatal. Efectivamente, las atribuciones del Estado mexicano se han incrementado con el tiempo. De un Estado de derecho pasamos a un Estado social de derecho, en el que el crecimiento de la colectividad y concomitantemente de los problemas y necesidades de ésta suscitaron una creciente intervención del ente público en diversas actividades, tanto de prestación de servicios como de producción y comercialización de productos. En este sentido, en la década de los ochenta se advierten profundos cambios constitucionales que dieron paso a la llamada rectoría económica del Estado en materia económica. Consecuentemente, la estructura estatal se modificó y creció, específicamente en el ámbito del Poder Ejecutivo, en cuyo seno se gestó la llamada administración paraestatal formada, entre otros entes, por los organismos descentralizados. Con el objeto de dar coherencia y lograr el cumplimiento de la función administrativa encomendada al Poder Ejecutivo, la administración pública se organiza de dos formas: la centralizada y la paraestatal. La administración pública centralizada se presenta como una estructura de órganos en niveles diversos, dependientes unos de otros en una relación de jerarquía presidida por un jefe máximo, en el nivel federal encarnado en el presidente de la República y, en el local, en los gobernadores de los Estados. La administración pública paraestatal y, concretamente, los organismos descentralizados, se encuentran desvinculados en diverso grado de la administración central, a los que se encomienda el desempeño de algunas tareas administrativas por motivos de servicio, colaboración o por región. En este orden de ideas, los organismos descentralizados no forman parte del Poder Ejecutivo en tanto que son componentes de la administración pública, cuyo objeto general es auxiliarlo en el ejercicio de sus atribuciones y para el despacho de asuntos del orden administrativo, pero que tienen objetos específicos diversos, a saber los que refiere el artículo 14 de la Ley Federal de Entidades Paraestatales." (No. registro: 192756. Novena Época. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo X, diciembre de 1999, tesis P. XCII/99, página 21).

Así, es de subrayarse que los organismos descentralizados no forman parte del Poder Ejecutivo en tanto que son componentes de la administración pública, cuyo objeto general es auxiliarlo en el ejercicio de sus atribuciones y para el despacho de asuntos del orden administrativo, pero que tienen objetos específicos diversos, a saber, los que refiere el artículo 14 de la Ley Federal de Entidades Paraestatales; y aun cuando no pertenezcan al Poder Ejecutivo Federal, sí pertenecen al Estado Mexicano, como lo ha establecido esta Segunda Sala en la tesis que a continuación se cita:

"ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS FEDERALES. AUN CUANDO NO PERTENECEN AL PODER EJECUTIVO FEDERAL, SÍ FORMAN PARTE DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció en la tesis P. XCII/99, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo X, diciembre de 1999, página 21, que los organismos descentralizados de carácter federal no forman parte del Poder Ejecutivo Federal, en tanto que son componentes de la administración pública federal, cuyo objeto general es auxiliarlo en el ejercicio de sus atribuciones, de lo que deriva que dichos organismos no cuentan con personalidad distinta a la del Estado mexicano, pues forman parte de éste, es decir, necesariamente integran a la entidad política a la que pertenecen (Federación). Lo anterior se corrobora por lo dispuesto en los artículos 73, fracción XXIV, y 79, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los cuales se reconoce que la Federación se integra tanto por los Poderes de la Unión como por los entes públicos federales, entre los que se ubican los organismos descentralizados, por lo que estos entes sí forman parte del Estado mexicano, con independencia de que para efectos de las relaciones jurídicas que entablan al seno del orden jurídico nacional estén dotados de una esfera competencial y un patrimonio propios que los distinguen de los demás poderes y organismos paraestatales o autónomos del Estado." (No. registro: 187466.