Ejecutoria num. 2a./J. 163/2006 de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala - Jurisprudencia - VLEX 26822403

Ejecutoria num. 2a./J. 163/2006 de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala

Emisor:Segunda Sala
Número de Resolución:2a./J. 163/2006
Localizacion:JOSÉ VICENTE AGUINACO ALEMÁN.
Materia:Suprema Corte de Justicia de México
Fecha de Publicación: 1 de Enero de 2007
RESUMEN

AMPARO EN REVISIÓN 1923/99. PETRÓLEOS MEXICANOS.DESPIDO INJUSTIFICADO. CUANDO LA ACCIÓN DERIVADA DE AQUÉL SEA LA REINSTALACIÓN, LA REGLA GENERAL ES QUE NO PROCEDE LA INSUMISIÓN AL ARBITRAJE NI LA NEGATIVA DEL PATRÓN A ACATAR EL LAUDO, SALVO EN LOS CASOS DE EXCEPCIÓN REGLAMENTADOS EN EL ARTÍCULO 49 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO. DESPIDO INJUSTIFICADO. CUANDO LA ACCIÓN DERIVADA DE AQUÉL SEA LA DE REINSTALACIÓN, Y LA INTENTE UN TRABAJADOR DE CONFIANZA, OPERA LA EXCEPCIÓN A LA REGLA GENERAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 123, APARTADO A, FRACCIÓN XXI, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

 
ÍNDICE
CONTENIDO

AMPARO EN REVISI�N 1923/99. PETR�LEOS MEXICANOS.

MINISTRO PONENTE: J.V.A.A.

SECRETARIA: ESTELA J.F..

CONSIDERANDO:

PRIMERO

Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n es competente para conocer y resolver el presente recurso de revisi�n, en t�rminos de lo dispuesto en los art�culos 107, fracci�n VIII, inciso a), de la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, 84, fracci�n I, inciso a), de la Ley de Amparo y 10, fracci�n II, inciso a), de la Ley Org�nica del Poder Judicial de la Federaci�n, en relaci�n con el punto segundo del Acuerdo General Plenario 1/1997 de fecha veintisiete de mayo de mil novecientos noventa y siete, en virtud de que se interpone en contra de una sentencia dictada en la audiencia constitucional de un juicio de garant�as en el que interpret� literalmente lo establecido en las fracciones XXI y XXII del apartado A del art�culo 123 de la C.�n Federal de la Rep�blica mexicana, para resolver si es o no posible, conforme lo dispuesto en las fracciones invocadas, que el patr�n quede eximido de reinstalar al trabajador, mediante el pago de la indemnizaci�n y las responsabilidades, cuando fue condenado en un laudo a tal reinstalaci�n, lo que es materia propia de la especialidad de esta Segunda Sala, determinada en el punto segundo del Acuerdo 1/1997 referido.

En lo relativo a la competencia de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, para conocer de un recurso de revisi�n cuando el Juez de Distrito, al dictar la sentencia recurrida, interpreta de modo directo una disposici�n constitucional, el Tribunal Pleno sustent� el criterio de que el propio Pleno y las S. son competentes, seg�n puede observarse de la tesis de jurisprudencia 18/2000, aprobada por el Tribunal Pleno, en su sesi�n privada celebrada el veintinueve de febrero del a�o dos mil, pendiente de ser publicada, con el rubro y texto siguientes:

"INTERPRETACI�N DIRECTA DE UN PRECEPTO CONSTITUCIONAL. PARA CONOCER DEL RECURSO DE REVISI�N EN CONTRA DE UNA SENTENCIA DICTADA POR UN JUEZ DE DISTRITO QUE LA CONTENGA, SON COMPETENTES TANTO EL PLENO COMO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA. Los art�culos 107, fracciones VIII y IX, de la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos y 84, fracci�n I, inciso a), de la Ley de Amparo, establecen la competencia de la Suprema Corte de Justicia para conocer de los recursos de revisi�n en contra de sentencias en las que se haya efectuado la interpretaci�n directa de un precepto constitucional. A su vez, los art�culos 10, fracciones II y III y 21, fracciones II y III, de la Ley Org�nica del Poder Judicial de la Federaci�n, indican que esa competencia corresponde a las S., tanto en amparo directo, como en amparo indirecto, pero trat�ndose del Tribunal Pleno se observa una disparidad porque, aparentemente, s�lo es competente para pronunciarse sobre dicha materia en la resoluci�n de revisiones en amparo directo, como se�ala la fracci�n III del citado art�culo 10, pero no en la revisi�n de amparos indirectos, toda vez que ni la fracci�n II del mismo precepto, ni ninguna otra disposici�n, le otorgan competencia expresa. Esta interpretaci�n letrista, que cercenar�a al Pleno una de las atribuciones exeg�ticas m�s importantes, de las que le son propias, no es admisible, en virtud de que romper�a el sistema de control de la constitucionalidad que, en la v�a judicial, se encomienda a la Suprema Corte y, por antonomasia, al Pleno, a quien se le reserva, de acuerdo con las disposiciones constitucionales y legales invocadas, la decisi�n de las cuestiones m�s trascendentes que pueden plantearse en amparo, toc�ndole conocer, as�, del recurso de revisi�n en el juicio de amparo indirecto cuando se reclaman leyes federales, estatales o del Distrito Federal, o cuando se reclaman tratados internacionales por estimarlos directamente violatorios de alg�n precepto constitucional o cuando se alegan violaciones por las entidades federativas a la esfera de competencia que la C.�n reserva a la Federaci�n, o viceversa, encomiendas mediante las cuales se reconoce al Pleno de este Alto Tribunal el car�cter de m�ximo int�rprete de la C.�n Pol�tica, que es acorde con la intenci�n perseguida con el actual texto del comentado art�culo 107 constitucional, de que a este �rgano corresponda, principalmente, el control de la constitucionalidad y la tarea de fijar en definitiva el alcance de los textos constitucionales, intenci�n que aparece revelada en la exposici�n de motivos de la iniciativa presidencial que dio lugar a la reforma de ese art�culo 107, que entr� en vigor el quince de enero de mil novecientos ochenta y ocho. Las precisiones realizadas ponen de relieve que el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia tambi�n tiene competencia para conocer, en definitiva, de amparos indirectos en los que tenga que determinarse la interpretaci�n directa de un precepto constitucional, resultando as� que en esta materia pueden v�lidamente conocer de las revisiones de amparos directos e indirectos, tanto el Pleno, como las S., conclusi�n que ampl�a la interpretaci�n gramatical de los art�culos 10, fracciones II y III y 21, fracciones II y III, de la Ley Org�nica del Poder Judicial de la Federaci�n.

"Amparo en revisi�n 32/97. L.G.B.Z.. 21 de octubre de 1997. Once votos. Ponente: J.D.�az R.. Secretario: A.C.�s G.�n.

"Amparo en revisi�n 2639/96. F.A.V.. 27 de enero de 1998. Unanimidad de nueve votos. Ausentes: J.V.C. y C. y H.R.P.. Ponente: M.A.G.�itr�n. Secretario: A.A.R.C..

"Amparo en revisi�n 3073/96. Partido Foro Democr�tico. 3 de marzo de 1998. Mayor�a de ocho votos; unanimidad de diez votos en relaci�n con el criterio contenido en esta tesis. Ausente: J.V.A.A.�n. Ponente: S.S.A.A.. Encargado del engrose: G.I.O.M.. Secretaria: Adela Dom�nguez S..

"Amparo en revisi�n 2295/98. Cesar D.R.V.. 28 de septiembre de 1999. Unanimidad de nueve votos. Ausentes: M.A.G.�itr�n y J.V.A.A.�n. Ponente: G.I.O.M.. Secretario: R.C.C..

"Amparo en revisi�n 421/99. C.d.S., S.A. de C.V. 28 de septiembre de 1999. Unanimidad de nueve votos. Ausentes: M.A.G.�itr�n y J.V.A.A.�n. Ponente: J.V.C. y C.. Secretario: �scar M.M.M.."

SEGUNDO

En relaci�n con la materia competencia de este Alto Tribunal, relativa al estudio de los agravios en los cuales el quejoso, ahora recurrente, pretende controvertir la interpretaci�n literal que el Juez de Distrito del conocimiento realiz� de lo dispuesto en las fracciones XXI y XXII del apartado A del art�culo 123 constitucional, cabe destacar que la declaratoria de incompetencia pronunciada por el S�ptimo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, descansa en la circunstancia de que en el recurso interpuesto se plantean agravios que atacan las consideraciones del Juez de Distrito en las que se apoya la interpretaci�n que realiz� del art�culo 123, apartado A, fracciones XXI y XXII, de la C.�n.

En la sentencia recurrida, el a quo al ocuparse del tema de referencia, estim� que el acuerdo reclamado (14 de abril de 1999) era legal en cuanto determin� que en el caso no proced�a el no acatamiento del laudo propuesto por el demandado, ahora quejoso-recurrente, en virtud de que de la transcripci�n de las fracciones XXI y XXII del apartado A del art�culo 123 de la C.�n, deriva que trat�ndose de despido injustificado, cuando se ejercen las acciones de cumplimiento de contrato o de indemnizaci�n constitucional, no es aplicable lo dispuesto en la fracci�n XXI citada, sin importar que se trate de un trabajador de confianza, ya que el supuesto regulado en los art�culos 49, fracci�n III y 50 de la Ley Federal del Trabajo, no es aplicable despu�s de tramitado el juicio y dictado el laudo que ordena la reinstalaci�n.

Lo considerado por el Juez de Distrito permite a esta Segunda Sala ocuparse del estudio de la interpretaci�n efectuada, pues aunque no se realiz� un an�lisis hist�rico y sistem�tico del precepto constitucional, s� tuvo lugar una interpretaci�n gramatical, lo que implica la interpretaci�n directa de la C.�n como lo sostuvo la anterior Tercera Sala en la tesis publicada en el Semanario Judicial de la Federaci�n, Octava �poca, Tomo III, Primera Parte, enero a junio de 1989, p�gina 397, bajo el rubro: "REVISI�N EN CONTRA DE UNA SENTENCIA DICTADA EN AMPARO DIRECTO, POR INTERPRETACI�N DIRECTA DE UN PRECEPTO CONSTITUCIONAL. S�LO PROCEDE SI EN LA MISMA SE REALIZA UN AN�LISIS GRAMATICAL, HIST�RICO, L�GICO, SISTEM�TICO O JUR�DICO DEL MISMO.", lo que resulta indudable que la determinaci�n del Juez de Distrito conlleva a fijar el sentido y alcance de las fracciones XXI y XXII del apartado A del art�culo 123 constitucional, lo que torna necesario efectuar el estudio de los agravios.

Asimismo, esta Segunda Sala ejerce la facultad de atracci�n para conocer de las dem�s cuestiones planteadas, por econom�a procesal y en virtud de su estrecha vinculaci�n con la interpretaci�n del precepto constitucional cuyo conocimiento compete a este �rgano colegiado.

TERCERO

Los agravios expresados por el recurrente, son del tenor siguiente:

"Su Se�or�a, en la sentencia que se recurre, determina en forma incorrecta, en su considerando segundo, lo siguiente: ?... los actos reclamados de 14 y 19 de abril del a�o en curso fueron emitidos por la Junta del conocimiento y no por el presidente y el actuario (fojas 494 y 495 del expediente laboral), por lo que es de concluir la inexistencia de tales actos reclamados y, por ello, lo procedente es con fundamento en el dispositivo y ley antes invocados sobreseer por cuanto a los actos reclamados de las autoridades en comento ...?

"En la presente demanda de garant�as, se se�alaron como autoridades responsables: tanto a la Junta Especial N�mero Siete de la Federal de Conciliaci�n y Arbitraje (entendida esta como �rgano colegiado), su presidente y actuario, por lo que no existe motivo para sobreseer el presente juicio de garant�as con apoyo en lo dispuesto por el art�culo 74, fracci�n IV, de la Ley de Amparo, ya que el imperativo constitucional de dar noticia de la iniciativa del juicio de garant�as se cumple al solicitarse y rendirse el informe justificado, ya que �ste invariablemente deber� ser emitido por el presidente de dicho �rgano colegiado, por ser una atribuci�n que le confiere la Ley Federal del Trabajo, en sus art�culos 617, fracci�n VII, 618, fracci�n VI y 623; por tanto, ya sea que el informe lo rinda en nombre propio o como representante de la Junta, al hacerlo se est� haciendo sabedor del inicio del juicio de amparo y con ello est� en posibilidad de defender la constitucionalidad del acto reclamado. Lo anterior tiene sustento en la tesis jurisprudencial publicada en el Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, Novena �poca, Tomo II, octubre de 1995, tesis 2a./J. 57/95, p�gina 226, la cual se encuentra transcrita despu�s de los agravios que se formulan.

"2. Su Se�or�a determina de forma incorrecta interpretaci�n directa a preceptos diversos de la Ley Federal del Trabajo, lo cual causa agravios a mi representada al establecer en el considerando cuarto de la misma, lo siguiente: ?... el acto reclamado consistente en la resoluci�n interlocutoria de 14 de abril del a�o en curso, no es violatoria de garant�as, en raz�n de que la Ley Federal del Trabajo no establece como �l pretende en los art�culos 49, 50 y 947, la posibilidad de que el patr�n sea eximido de reinstalar al trabajador despu�s de haberse seguido en todas sus partes el juicio, emiti�ndose un laudo condenatorio que ha causado ejecutoria, en el que se consider� como injustificado el despido del trabajador ...?

"La anterior situaci�n evidencia una interpretaci�n err�nea de dichos preceptos, ya que cuando el patr�n se niega a acatar el laudo que lo condena a reinstalar al trabajador, la Junta responsable debe actuar conforme a lo dispuesto por el art�culo 947 de la Ley Federal del Trabajo e imponer las sanciones correspondientes al patr�n, que el propio precepto establece.

"Asimismo, la potestad patronal para eximirse de la obligaci�n de reinstalar al actor, que establece el art�culo 49 de la Ley Federal del Trabajo, se traduce en la facultad para oponerse al cumplimiento de la reinstalaci�n a que se le condena en el laudo, como lo se�ala el art�culo 947 del citado ordenamiento, por lo cual, la oposici�n debe hacerse valer con posterioridad a la orden de reinstalaci�n o al momento de ejecutarla.

"Cabe aclarar que la resoluci�n incidental emitida por la responsable (de 14 de abril de 1999), se promovi� con motivo de que con fecha 26 de octubre de 1998, se despach� auto de ejecuci�n, por parte del presidente de la Junta responsable, con efectos de mandamiento en forma para requerir a P.�leos Mexicanos fuera reinstalada la actora A.C.E. en las labores que ven�a desempe�ando, y por otra parte, el cumplimiento al auto de ejecuci�n que hace el actuario a dicha resoluci�n en fecha 11 de marzo de 1999, por lo que en ese mismo acto, el licenciado J.R.F.C., representante legal de P.�leos Mexicanos, en uso de la palabra reiter� y ratific� en todas y cada una de sus partes el escrito de fecha 20 de marzo de 1998 y 23 de noviembre de 1998, presentado este �ltimo el d�a 24 de noviembre de 1998 ante esa Junta y por el cual diverso apoderado de P.�leos Mexicanos ante la condena de reinstalaci�n de la demandante, ejercit� la facultad que los art�culos 49, fracci�n III y 947 de la Ley Federal del Trabajo le confieren al patr�n, por situarse la trabajadora dentro de las hip�tesis contempladas en dichos art�culos.

"Por tanto, al dictar dicha resoluci�n interlocutoria, la responsable debi� analizar los antecedentes que obran en el expediente laboral, siendo que el no acatamiento al laudo se promovi� al ordenar la Junta responsable su ejecuci�n y practicarse la misma.

"Raz�n por la cual se promovi� juicio de garant�as, ya que viola en perjuicio de mi representada las garant�as contenidas en los art�culos 14 y 16 constitucionales, porque es privado de sus derechos que la Ley Federal del Trabajo establece a favor del patr�n para aplicar los art�culos 947, 49 y 50 de la misma, siendo, en consecuencia, molestado en su persona, porque se obliga a reinstalar a la actora, cuando la propia Ley Federal del Trabajo faculta para eximirse de la reinstalaci�n, puesto que se trata de una trabajadora de confianza.

"3. Por otra parte, su Se�or�a al emitir resoluci�n de fondo que nos ocupa, tambi�n manifiesta en el considerando cuarto que: ?... las circunstancias de que se trata de un trabajador de confianza no implica la posibilidad que pretende el quejoso fund�ndose en los art�culos 49, fracci�n III y 50 de la Ley Federal del Trabajo, ya que tales supuestos no son aplicables despu�s de tramitado el juicio y habi�ndose emitido el correspondiente laudo condenatorio que obliga a reinstalar, mismo que en el caso caus� ejecutoria ...?

"Disentimos del criterio de su Se�or�a, toda vez que, como ya se dijo anteriormente, la oposici�n al acatamiento del laudo debe hacerse valer con posterioridad a la orden de reinstalaci�n o al momento de ejecutarla.

"La Ley Federal del Trabajo, a trav�s de su art�culo 49, reglamentado por la fracci�n XXII del art�culo 123 constitucional, establece en cinco fracciones, los casos en que no obstante trat�ndose de acciones derivadas de un despido, procede tanto la insumisi�n al arbitraje como el incumplimiento del laudo.

"Bajo ese mismo tenor, el art�culo 947 de la ley reglamentaria del art�culo 123 constitucional, determina las consecuencias tanto de la insumisi�n al arbitraje como de la negativa de aceptar el laudo y prerrogativas no operan en acciones derivadas del despido, la propia fracci�n XXII del art�culo 123 constitucional, remite a la ley laboral su reglamentaci�n de las excepciones, las cuales, en obvio de repeticiones, se consignan en el art�culo 49 del mismo cuerpo normativo, por lo que resulta incontrovertible la procedencia del no acatamiento del laudo.

"Sirven de fundamento los siguientes criterios jurisprudencias que se transcriben a continuaci�n:

"?POTESTAD PATRONAL PARA EXIMIRSE DE LA OBLIGACI�N DE REINSTALAR AL ACTOR. MOMENTO PROCESAL PARA HACERLA VALER. La potestad patronal para eximirse de la obligaci�n de reinstalar al actor, que establece el art�culo 49 de la Ley Federal del Trabajo, por su naturaleza, no puede ser resuelta al momento de emitir el laudo, aun cuando se haya hecho valer al dar contestaci�n a la demanda, pues no se trata de una excepci�n que tienda a destruir la acci�n planteada por el trabajador, derivada del despido injustificado, sino de una facultad que la ley otorga al patr�n, para oponerse al cumplimiento de la reinstalaci�n a que se le conden� en el laudo, como lo se�ala el art�culo 947 del citado ordenamiento, por lo cual, la oposici�n debe hacerse valer con posterioridad a la orden de reinstalaci�n o al momento de ejecutarla.

"?S�PTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO.?

"?INDEMNIZACI�N CONSTITUCIONAL. S�LO PROCEDE CUANDO EL PATR�N NO ACATA EL LAUDO QUE ORDENA REINSTALAR. Si se solicita el pago de la cantidad establecida en el art�culo 50, fracci�n II de la ley laboral (20 d�as de salarios por cada uno de los a�os de servicios prestados), no es procedente su pago cuando no se est� en la situaci�n de que el patr�n pretenda eximirse de acatar el laudo que ordena reinstalaci�n.

"?QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO.?

"?REINSTALACI�N. LA OPOSICI�N DEL PATR�N V�A EXCEPCI�N Y LA NEGATIVA DE ACATAR EL LAUDO QUE LO CONDENA SON SUPUESTOS DIVERSOS. Cuando el patr�n se niega a acatar el laudo que lo condena a reinstalar al trabajador, la Junta responsable debe actuar conforme a lo dispuesto por el art�culo 947 de la Ley Federal del Trabajo e imponer las sanciones correspondientes que el propio precepto establece, siendo inexacto que ello proceda �nicamente en el evento de que la patronal demuestre, durante el procedimiento laboral, la imposibilidad del desarrollo normal de la relaci�n de trabajo en t�rminos de la fracci�n II del numeral 49 del invocado ordenamiento legal, pues am�n de que ninguna de las normas precisadas lo establece as�, el art�culo 49 contiene una disposici�n de car�cter eminentemente procedimental referida a las excepciones oponibles contra la reinstalaci�n reclamada por el trabajador que deben examinarse en el laudo y, en cambio, el art�culo 947 contempla la hip�tesis de la contumacia del patr�n en acatar el laudo, esto es, se trata de situaciones totalmente diferentes. Luego, para dilucidar la falta de acatamiento de un laudo, resulta intranscendente que se hayan o no opuesto las cuestionadas excepciones durante la tramitaci�n del juicio.

"?SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL CUARTO CIRCUITO.?

"?JUNTA LABORAL Y PRESIDENTE DE LA MISMA. ERROR DEL QUEJOSO AL SE�ALAR COMO RESPONSABLE A AQU�LLA EN EL AMPARO PROMOVIDO EN CONTRA DE �STE. Si bien es cierto que es esencial el correcto se�alamiento de la autoridad responsable en la demanda de amparo y que ello es una carga del agraviado, ya que respecto de dichos actos es que versar� el juicio y ser�n motivo de an�lisis por parte del juzgador; y si bien es cierto, asimismo, que las Juntas laborales y sus presidentes son autoridades distintas, debe considerarse que si en la demanda de amparo el quejoso se�ala con desacierto como acto reclamado una resoluci�n que atribuye a una Junta como �rgano colegiado, cuando �sta fue dictada por el presidente en uso de las atribuciones que le son propias, como la deordenar la ejecuci�n de un laudo, en estos casos, el error en el se�alamiento de la autoridad responsable no da motivo para sobreseer en el juicio con apoyo en lo dispuesto por el art�culo 74, fracci�n IV, de la Ley de Amparo, dado que el imperativo constitucional de dar noticia de la iniciaci�n del juicio de garant�as se cumple al solicitarse y rendirse el informe justificado, ya que �ste invariablemente deber� ser emitido por el presidente de dicho �rgano colegiado, por ser una atribuci�n que le confiere la Ley Federal del Trabajo en sus art�culos 617, fracci�n VII, 618, fracci�n VI, y, 623, por tanto, ya sea que el informe lo rinda en nombre propio o como representante de la Junta, al hacerlo se est� haciendo sabedor del inicio del juicio de amparo y con ello est� en posibilidad de defender la constitucionalidad del acto reclamado. (Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta).

"?C.�n de tesis 13/95. Entre las sustentadas por el Noveno Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito y el Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito. 2 de agosto de 1995. Cinco votos. Ponente: S.S.A.A.. Secretario: R.L.H.�ndez.

"?Tesis de Jurisprudencia 57/95. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesi�n p�blica de dos de agosto de mil novecientos noventa y cinco, por cinco votos de los Ministros: presidente J.D.R., S.S.A.A., M.A.G.�itr�n, G.D.G.�ngora P. y G.I.O.M..?

Por todo lo anterior, procede as� lo solicito, se revoque la sentencia dictada y se conceda el amparo y protecci�n de la Justicia Federal a mi representada para efecto de quedar eximida de reinstalar a la actora laboral, toda vez que la resoluci�n dictada por su Se�or�a causa molestia y perjuicios a P.�leos Mexicanos, de conformidad con lo dispuesto por los art�culos 14 y 16 de la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos.

CUARTO

Es inoperante el primero de los planteamientos aducidos, en virtud de que no combate las consideraciones de la sentencia recurrida que funda el sobreseimiento decretado en el juicio respecto de los actos reclamados del presidente y actuario de la Junta Especial N�mero Siete de la Federal de Conciliaci�n y Arbitraje.

En efecto, seg�n deriva de los considerandos primero y segundo del fallo recurrido, el sobreseimiento en el juicio respecto de las autoridades anteriormente se�aladas, decretado en el primer punto resolutivo de dicha sentencia, se fund� en el art�culo 74, fracci�n IV, de la Ley de Amparo, es decir, en la inexistencia de los acuerdos de catorce y diecinueve de abril de mil novecientos noventa y nueve, porque fueron emitidos por la Junta.

Ahora bien, lo aducido por el recurrente en el agravio en an�lisis es ajeno a la anterior determinaci�n, pues se refiere al error en el se�alamiento de las autoridades responsables en el caso de las Juntas y sus presidentes, que son autoridades distintas y que no debe dar motivo para sobreseer en el juicio con apoyo en el art�culo 74, fracci�n IV, de la Ley de Amparo, pues al ser el presidente el representante de la Junta, tiene conocimiento del juicio y est� en posibilidad de defender la constitucionalidad del acto reclamado, ya sea en nombre propio o como representante de la Junta, y en la sentencia recurrida, si bien el sobreseimiento se fund� en el art�culo 74, fracci�n IV, de la Ley de Amparo, s�lo se decret� respecto de los acuerdos reclamados del presidente y actuario porque fueron emitidos por la Junta y no por existir error en el se�alamiento de la autoridad responsable, pues se tuvieron por ciertos los actos reclamados de la Junta, por lo que se est� en una hip�tesis diversa a la invocada por el recurrente y que es materia de an�lisis de esta Segunda Sala que invoca en su agravio, lo que determina su inoperancia.

Al respecto, resultan aplicables las jurisprudencias 16/91 y 13/89 de la anterior Tercera Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, que aparecen publicadas en el Semanario Judicial de la Federaci�n, Octava �poca, T.V., abril 1991, p�gina 24 y Tomo IV, Primera Parte, julio a diciembre de 1989, p�gina 277, que respectivamente se�alan:

"AGRAVIOS EN LA REVISI�N. SON INOPERANTES CUANDO SE DIRIGEN A COMBATIR CONSIDERACIONES LEGALES QUE NO SE FORMULARON EN LA SENTENCIA RECURRIDA. Cuando lo que se ataca, mediante los agravios expresados, constituyen aspectos que no fueron abordados en la sentencia recurrida para sobreseer en el juicio, otorgar o negar la protecci�n constitucional, deben desestimarse tales agravios por inoperantes puesto que no se desvirt�a la legalidad del fallo a revisi�n; a menos de que sea el quejoso quien recurre la sentencia y se est� en alguna de las hip�tesis del art�culo 76 Bis de la Ley de Amparo, en cuyo caso deber� suplirse la deficiencia de la queja."

"AGRAVIOS INOPERANTES. LO SON AQUELLOS QUE NO COMBATEN LAS CONSIDERACIONES DE LA SENTENCIA RECURRIDA Y NO SE DA NINGUNO DE LOS SUPUESTOS DE SUPLENCIA DE LA DEFICIENCIA DE LOS MISMOS. Si en la sentencia recurrida el Juez de Distrito expone diversas consideraciones para sobreseer en el juicio y negar el amparo solicitado respecto de los actos reclamados de las distintas autoridades se�aladas como responsables en la demanda de garant�as, y en el recurso interpuesto lejos de combatir la totalidad de esas consideraciones el recurrente se concreta a esgrimir una serie de razonamientos, sin impugnar directamente los argumentos expuestos por el juzgador para apoyar su fallo, sus agravios resultan inoperantes; siempre y cuando no se d� ninguno de los supuestos de suplencia de la deficiencia de los mismos, que prev� el art�culo 76 bis de la Ley de Amparo, pues de lo contrario, habr�a que suplir esa deficiencia, pasando por alto la inoperancia referida."

Las anteriores tesis jurisprudenciales resultan aplicables al caso, en virtud de que en el agravio en an�lisis no se aduce razonamiento alguno que combata la determinaci�n de la sentencia recurrida en torno a que los actos reclamados no fueron emitidos por el presidente y actuario de la Junta Especial N�mero Siete de la Federal de Conciliaci�n y Arbitraje, sin que se d� ninguno de los supuestos de procedencia de la suplencia de su deficiencia.

No pasa inadvertido que en la demanda de garant�as no se reclam� al actuario y presidente de la Junta la emisi�n de los acuerdos de catorce y diecinueve de abril de mil novecientos noventa y nueve, sino los actos de ejecuci�n, y en torno a ello, el recurrente no expone agravio alguno para combatir el error en el estudio, sin que proceda la suplencia de la queja, pues su an�lisis s�lo es en v�a de agravio.

QUINTO

En relaci�n con la materia competencia de esta Suprema Corte de Justicia, cabe se�alar que los �ltimos agravios mediante los cuales el quejoso controvierte la interpretaci�n literal que el Juez del conocimiento realiz� de lo dispuesto en las fracciones XXI y XXII del apartado A del art�culo 123 constitucional, y los preceptos 49, 50 y 947 de la Ley Federal del Trabajo que las reglamentan, son fundados.

En primer t�rmino, debe quedar asentado que para realizar la interpretaci�n del citado precepto constitucional, es necesario referirse a los antecedentes del caso, as� como al an�lisis, sistem�tico, l�gico e hist�rico de la Norma C.onal, en relaci�n con las relativas a la Ley Federal del Trabajo, materia de la sentencia recurrida. En cuanto a los antecedentes destaca:

1) Por escrito presentado el diecis�is de enero de mil novecientos noventa y seis, ante la Junta Especial N�mero Siete de la Federal de Conciliaci�n y Arbitraje, A.C.E., por conducto de su apoderado, demand�, entre otras prestaciones, el cumplimiento del contrato individual de trabajo para desempe�ar las labores de ayudante administrativo en el CENDI del Hospital Central Norte de Concentraci�n Nacional, con categor�a de auxiliar administrativo "B" y su consecuente reinstalaci�n.

2) El nueve de septiembre de mil novecientos noventa y ocho, la Junta Especial N�mero Siete de la Federal de Conciliaci�n y Arbitraje dict� laudo en el juicio laboral 30/96, en el que resolvi� condenar a P.�leos Mexicanos a reinstalar a la actora en las labores de ayudante administrativo del CENDI del Hospital Central Norte de Concentraci�n Nacional, en la categor�a auxiliar "D" en los mismos t�rminos y condiciones en que ven�a laborando, a pagarle salarios vencidos, aguinaldo, prima vacacional y aumentos.

3) Con fecha veintis�is de octubre de mil novecientos noventa y ocho, se despach� auto de ejecuci�n con efectos de mandamiento en forma para que se requiriera a P.�leos Mexicanos la reinstalaci�n de la actora A.C.E. y se comision� al actuario de la Junta para que llevara a cabo la ejecuci�n del laudo. Se levant� acta de diligencia el once de marzo de mil novecientos noventa y nueve, por el fedatario de la Junta y el representante del demandado manifest� que reproduc�a en sus t�rminos el escrito presentado ante la Junta en el que ejercit� la facultad que los art�culos 49, fracci�n III y 947 de la Ley Federal del Trabajo le confieren, por situarse la trabajadora dentro de la hip�tesis contemplada en dichos art�culos; asimismo, manifest� que se encuentran depositados ante la Junta los alcances econ�micos por lo que hace a la negativa de reinstalaci�n, se incluye la condena l�quida de $119,696.37, y posteriormente el actuario procedi� a trabar formal embargo sobre la cuenta 642071.

4) El veinticinco de marzo de mil novecientos noventa y nueve, la Junta reserv� acordar la diligencia practicada por el actuario ante la solicitud del no acatamiento al laudo de la parte patronal y hasta que fuera resuelto el incidente planteado.

Por diverso prove�do de la misma fecha, la autoridad responsable se�al� fecha para la audiencia del incidente sobre la negativa de acatar el laudo, constituyendo esta resoluci�n el acto que se reclama en el juicio de amparo materia de la presente revisi�n, en esta interlocutoria de fecha catorce de abril de mil novecientos noventa y nueve, se declar� improcedente el no acatamiento al laudo propuesto por P.�leos Mexicanos y se orden� la continuaci�n del procedimiento. Las consideraciones que la sustentaron, fueron las siguientes: que no proced�a el no acatamiento al laudo propuesto por el demandado, ya que no es posible que el patr�n se libere de cumplir con la condena de reinstalaci�n mediante el pago de indemnizaciones, porque la parte final del art�culo 947 de la Ley Federal del Trabajo, determina que eso no es posible cuando se trata de acciones establecidas en la fracci�n XXII del apartado A del art�culo 123 de la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, misma que privilegia el derecho de opci�n que tiene el trabajador cuando es despedido injustificadamente de su trabajo, de solicitar el cumplimiento del contrato o la indemnizaci�n; y en el caso, la actora opt� por la primera, la cual obtuvo mediante laudo firme. Tambi�n consider� la Junta que la fracci�n XXI del aludido art�culo constitucional, establece que los patrones no podr�n dejar de cumplir el laudo mediante el pago de una indemnizaci�n cuando se trate de un despido injustificado y que la responsable lleg� a la conclusi�n de que esta disposici�n protege el derecho de opci�n que fue consagrada en la fracci�n XXII del apartado A del citado precepto de la Carta Fundamental. Cit� como apoyo la tesis del Noveno Tribunal Colegiado del Primer Circuito, n�mero I..T.21 L, visible en la p�gina 465, Tomo II, agosto de 1995, del Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, Novena �poca, bajo el rubro: "ARBITRAJE, INSUMISI�N AL. CASO EN QUE NO ES PROCEDENTE."

5) En la sentencia recurrida, se calificaron de infundados los conceptos de violaci�n planteados contra la anterior resoluci�n, exponi�ndose, en lo conducente: que cuando se trata de un despido sin causa justificada y se ejercitan las acciones de cumplimiento de contrato o de indemnizaci�n constitucional (tres meses de salario), no es aplicable la disposici�n contenida en la fracci�n XXI del art�culo 123 constitucional; que la circunstancia de que se trate de un trabajador de confianza no implica la posibilidad que pretende el quejoso, fund�ndose en los art�culos 49, fracci�n II y 50 de la Ley Federal del Trabajo, ya que tales supuestos no son aplicables despu�s de tramitado el juicio, habi�ndose emitido el correspondiente laudo condenatorio, que obliga a reinstalar y que caus� estado; que lo que pretende el quejoso tiende a incumplir con el laudo y de ser as� se violar�an los art�culos 847, 848, 949 y 945 de la Ley Federal del Trabajo. Que la admisi�n y tramitaci�n del incidente de inejecuci�n de laudo contrar�a disposiciones de orden p�blico, e invoc� la jurisprudencia 237, publicada en el Ap�ndice al Semanario Judicial de la Federaci�n 1917-1995, Tomo V, p�gina 155, bajo el rubro: "INCIDENTE DE INEJECUCI�N DE LAUDO, IMPROCEDENCIA DE LA ADMISI�N Y TRAMITACI�N DEL, POR NO TENER SUSTENTO EN LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO Y CONTRARIAR DISPOSICIONES DE ORDEN P�BLICO DE LA PROPIA LEY."

De las anteriores consideraciones b�sicas que sustenta la sentencia recurrida y del tercer agravio planteado en su contra, deriva que la litis en el presente asunto consiste en determinar si el art�culo 123, apartado A, fracciones XXI y XXII, constitucional, y los preceptos relativos de la Ley Federal del Trabajo que lo reglamentan, admiten o no la procedencia de la negativa de aceptar el laudo por la parte patronal trat�ndose de acciones derivadas de un despido injustificado, es decir, si el patrono puede negarse a acatar el laudo que condena a la reinstalaci�n de la trabajadora en su calidad de confianza y que fue despedida injustificadamente.

Precisados los antecedentes del caso, procede el an�lisis hist�rico, sistem�tico y l�gico de la Norma C.onal, y de los preceptos de la Ley Federal del Trabajo que lo reglamentan.

El texto original plasmado en la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos (5 de febrero de 1917), de las fracciones XXI y XXII del apartado A del art�culo 123, es el siguiente:

"XXI. Si el patrono se negare a someter sus diferencias al arbitraje o a aceptar el laudo pronunciado por la Junta, se dar� por terminado el contrato de trabajo y quedar� obligado a indemnizar al obrero con el importe de tres meses de salario, adem�s de la responsabilidad que le resulte del conflicto. Si la negativa fuere de los trabajadores, se dar� por terminado el contrato de trabajo.

"XXII. El patrono que despida a un obrero sin causa justificada, o por haber ingresado a una asociaci�n o sindicato, o por haber tomado parte en una huelga l�cita, estar� obligado, a elecci�n del trabajador, a cumplir el contrato o a indemnizarlo con el importe de tres meses de salario. Igualmente tendr� esta obligaci�n cuando el obrero se retire del servicio por falta de probidad de parte del patrono o por recibir de �l malos tratamientos, ya sea en su persona o en la de su c�nyuge, padres, hijos o hermanos. El patrono no podr� eximirse de esta responsabilidad cuando los malos tratamientos provengan de dependientes o familiares que obren con el consentimiento o tolerancia de �l."

El art�culo 601 relativo al t�tulo noveno "Del procedimiento ante las Juntas", cap�tulo VIII "De la ejecuci�n de los laudos", de la Ley Federal del Trabajo de 1931, establec�a.

"Art�culo 601. Si el patr�n se negare a someter sus diferencias al arbitraje o a aceptar el laudo pronunciado por la Junta, �sta:

"I. Dar� por terminado el contrato de trabajo;

  1. Condenar� a indemnizar al trabajador con el importe de tres meses el salario;

III. Proceder� a fijar la responsabilidad que al patr�n resulte del conflicto.

Estando en vigor los textos transcritos, la anterior Cuarta Sala de esta Suprema Corte de Justicia emiti� la tesis de jurisprudencia n�mero 430, Quinta �poca, visible en el Ap�ndice al Semanario Judicial de la Federaci�n de 1995, Tomo V, p�gina 286, cuyo contenido dice:

"REINSTALACI�N DE TRABAJADORES. Si un trabajador ha sido despedido injustificadamente, la ley le concede dos acciones: la de reinstalaci�n y la de pago de tres meses de salarios, y a veces se opta por �sta en raz�n de que el despido puede originar que el trabajador no se sienta ya contento o no est� de acuerdo, precisamente por lo injustificado del despido, en continuar trabajando en la empresa; pero no es posible admitir que un patrono est� autorizado para no aceptar el laudo que le ordena reinstalar al obrero, ya que con esto se contrariar�a el esp�ritu del derecho del trabajo, pues no puede entenderse que el legislador haya querido garantizar los derechos del obrero y al mismo tiempo haya dejado la posibilidad de que los patronos dejaran de cumplir sus obligaciones correspondientes. As� pues, la Cuarta Sala de esta Suprema Corte ha concluido que la fracci�n XXI del art�culo 123 de la C.�n se refiere a un caso diverso de aquel en que los trabajadores demanden la reinstalaci�n, pues de lo contrario, se har�a nugatorio el derecho concedido en la fracci�n XXII, y por igual raz�n, no pueden invocarse para los casos de reinstalaci�n las disposiciones de los art�culos 601 y 602 de la Ley Federal del Trabajo, que reglamentan en parte los mandatos contenidos en la fracci�n XXI del art�culo 123 constitucional, pero no los previstos en la fracci�n XXII, cuando el obrero ha optado por la reinstalaci�n.

Nota: Esta tesis tiene importancia hist�rica, pues el criterio que sostiene fue recogido por el decreto publicado el 21 de noviembre de 1962 en el Diario Oficial de la Federaci�n, que reforma la fracci�n XXI del apartado A del art�culo 123 constitucional.

La otrora Cuarta Sala modific� su postura con la diversa tesis de jurisprudencia 1036, visible en el Ap�ndice al Semanario Judicial de la Federaci�n de 1995, Tomo V, p�gina 722, que es del tenor siguiente:

"REINSTALACI�N DE TRABAJADORES, LOS PATRONOS PUEDEN NEGARSE A ELLA, PAGANDO DA�OS Y PERJUICIOS. Por obligaci�n de hacer debe entenderse la prestaci�n de un hecho, y en esta clase de obligaciones, la ejecuci�n forzosa es imposible. La reinstalaci�n en el trabajo es una obligaci�n de este tipo, y por lo mismo, su ejecuci�n, forzosa es imposible; por eso es que un patrono puede negarse a cumplirla pag�ndole al trabajador da�os y perjuicios, seg�n el esp�ritu de la fracci�n XXI del art�culo 123 de la C.�n Federal, que estatuye que si el patr�n se negare a someter sus diferencias al arbitraje o a aceptar el laudo pronunciado por la Junta, se dar� por terminado el contrato de trabajo y quedar� obligado a indemnizar al obrero con el importe de tres meses de salario, adem�s de la responsabilidad que le resulte del conflicto; y dicha fracci�n XXI, con la XXII del mismo precepto constitucional, se complementan entre s� y no se refieren a casos diversos, toda vez que cuando conceden al trabajador el derecho de exigir el cumplimiento forzoso del contrato de trabajo, o bien el pago de los da�os y perjuicios, y por otra parte, cuando se dice que el patrono puede negarse a acatar el laudo de la Junta o a someter sus diferencias al arbitraje, en los casos de cumplimiento del contrato de trabajo, se est� subordinando el derecho del trabajador a la naturaleza de las obligaciones cuyo cumplimiento se exija, y es claro que ni el legislador ni el juzgador pueden llegar a hacer cumplir obligaciones de imposible realizaci�n, ni tampoco se puede dejar al trabajador sin la justa compensaci�n por la negativa del dador del trabajo, a cumplir con la obligaci�n de hacer, ya contra�da.

Nota: Esta tesis, de importancia hist�rica, es obsoleta, porque interpretaba la fracci�n XXI del art�culo 123 constitucional, que fue reformada (junto con otras fracciones del mismo art�culo), mediante decreto publicado en el DiarioOficial de la Federaci�n del 21 de noviembre de 1962. V�anse los art�culos 47, 48, 49 y 50 de la Ley Federal del Trabajo de 1970.

En el Diario Oficial de la Federaci�n de veintiuno de noviembre de mil novecientos sesenta y dos, se publicaron las reformas al art�culo 123 de la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, en sus fracciones II, III, VI, IX, XXI, XXII y XXXI, apartado A.

El contenido de las fracciones XXI y XXII de la referida reforma, en la actualidad tienen vigencia y son del tenor literal siguiente:

"XXI. Si el patrono se negare a someter sus diferencias al arbitraje o a aceptar el laudo pronunciado por la Junta, se dar� por terminado el contrato de trabajo y quedar� obligado a indemnizar al obrero con el importe de tres meses de salario, adem�s de la responsabilidad que le resulte del conflicto. Esta disposici�n no ser� aplicable en los casos de las acciones consignadas en la fracci�n siguiente. Si la negativa fuere de los trabajadores, se dar� por terminado el contrato de trabajo;

XXII. El patrono que despida a un obrero sin causa justificada o por haber ingresado a una asociaci�n o sindicato, o por haber tomado parte en una huelga l�cita, estar� obligado, a elecci�n del trabajador, a cumplir el contrato o a indemnizarlo con el importe de tres meses de salario. La ley determinar� los casos en que el patrono podr� ser eximido de la obligaci�n de cumplir el contrato, mediante el pago de una indemnizaci�n. Igualmente tendr� la obligaci�n de indemnizar al trabajador con el importe de tres meses de salario, cuando se retire del servicio por falta de probidad del patrono o por recibir de �l malos tratamientos, ya sea en su persona o en la de su c�nyuge, padres, hijos o hermanos. El patrono no podr� eximirse de esta responsabilidad, cuando los malos tratamientos provengan de dependientes o familiares que obren con el consentimiento o tolerancia de �l.

La exposici�n de motivos de la iniciativa de reformas que el titular del Ejecutivo envi� a la C�mara de Senadores, en relaci�n con las fracciones XXI y XXII del apartado A del art�culo 123 de la C.�n, se fund� en lo siguiente:

"Octavo. Es necesario asegurar a los trabajadores la estabilidad en sus empleos mediante las reformas consiguientes de las fracciones XXI y XXII del inciso A del art�culo 123 de la C.�n para dar plena vigencia al prop�sito del Constituyente de 1917, modificando los textos a fin de evitar que los patronos no se sometan al arbitraje de la Junta de Conciliaci�n y Arbitraje, o rechacen el laudo que dice, cuando el trabajador despedido injustificadamente haga uso de los derechos que le concede la fracci�n XXI. Las diversas situaciones que pueden mediar en un despido injustificado ser�n tomadas en cuenta por la ley, para eximir al patr�n de la obligaci�n de cumplir el contrato mediante el pago de una indemnizaci�n."

La aprobaci�n de las reformas a las fracciones XXI y XXII del apartado A del art�culo 123 de la C.�n, condujo a la expedici�n de la iniciativa de reformas a la Ley Federal del Trabajo mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federaci�n, de treinta y uno de diciembre de mil novecientos sesenta y dos, concretamente del cap�tulo XII "De la rescisi�n de los contratos de trabajo", contenido en el t�tulo segundo de la invocada ley para ajustarla a los principios de la ley constitucional, y el art�culo 124 de la Ley Federal del Trabajo reformada dispon�a:

"Art�culo 124. El patr�n quedar� eximido de la obligaci�n de reinstalar al trabajador, mediante el pago de las indemnizaciones que se determinen en el art�culo siguiente:

"I. Cuando se trate de trabajadores que tengan una antig�edad menor de dos a�os.

"II. Si comprueba ante la Junta de Conciliaci�n y Arbitraje que el trabajador, por raz�n del trabajo que desempe�a o por las caracter�sticas de sus labores, est� en contacto directo y permanente con �l y la Junta estima, tomando en consideraci�n las circunstancias del caso, que no es posible el desarrollo normal de la relaci�n de trabajo.

"III. En los casos de aprendices.

"IV. En los casos de empleados de confianza.

"V. En el servicio dom�stico.

VI. Cuando se trate de trabajadores eventuales.

Por otra parte, cabe destacar que en la exposici�n de motivos en virtud de la cual se reform� la Ley Federal del Trabajo, expresa:

La reforma citada reconoce el principio de que los trabajadores no pueden ser despedidos de sus empleos, salvo que exista una causa justificada. La consecuencia de este principio es el derecho otorgado a los trabajadores para reclamar contra el despido y obtener, a su elecci�n, salvo que se demuestre la justificaci�n del mismo, que se cumpla el contrato y se les reinstale en el empleo que desempe�aban o se les pague una indemnizaci�n de tres meses de salario. La jurisprudencia de la H. Suprema Corte de Justicia de la Naci�n y de las Juntas de Conciliaci�n y Arbitraje hab�a reconocido el derecho de los patronos para acogerse al doble beneficio contenido en la fracci�n XXI del art�culo 123 de la C.�n; en consecuencia, los patrones pod�an negarse a someter sus diferencias al arbitraje de la Junta o a aceptar el laudo pronunciado; en uno y en otro caso, se daba por terminado el contrato de trabajo, quedando autom�ticamente separado de su empleo el trabajador, si bien recib�a una indemnizaci�n. La reforma constitucional ya no permite a los patronos negarse a someter el conflicto al arbitraje de la Junta o a aceptar el laudo dictado. Las reformas a la C.�n, despu�s de consignar el principio de la estabilidad de los trabajadores en los empleos, reconocen la conveniencia de autorizar, en algunos casos especiales, que deber�n estar precisamente consignados en la ley, la posibilidad de que la obligaci�n principal se cumpla en forma indirecta, a fin de respetar ciertas situaciones que pod�a estorbar, no s�lo la armon�a, sino tambi�n la actividad normal de las empresas. ... En el art�culo 124 se consignan los casos en los cuales el patr�n, obligado a reinstalar al trabajador, podr� quedar eximido de esa obligaci�n, mediante el pago de las indemnizaciones correspondientes. Las excepciones que se han considerado en el proyecto son las siguientes: En primer lugar, cuando se trate de trabajadores que tengan una antig�edad menor de dos a�os; para admitir esta excepci�n se tuvieron a la vista los estudios presentados por los empresarios y los trabajadores y se lleg� a la conclusi�n de que un lapso de dos a�os es suficiente para que el trabajador se acostumbre a los sistemas y m�todos de trabajo y la empresa pueda considerarlo como un elemento integrante de ella; se consider� asimismo, que la separaci�n de un trabajador antes de cumplir dos a�os de servicios, mediante el pago de una indemnizaci�n no produce consecuencias graves, puesto que los derechos de antig�edad son a�n reducidos. En segundo lugar, el patr�n quedar� eximido de la obligaci�n de reinstalar, si comprueba que el trabajador, por raz�n de las actividades que desempe�a o por las caracter�sticas de la empresa, est� en contacto directo y permanente con �l; esta segunda excepci�n tiene por objeto, por una parte, respetar un derecho del hombre a no tener trato con aquellas personas con las que no quiere convivir y, por otra, tiende a evitar la ruptura de la armon�a indispensable para el buen funcionamiento de una empresa. La tercera excepci�n menciona a los aprendices, fund�ndose en la posici�n que guardan dentro de las empresas y en el car�cter temporal de sus actividades. La fracci�n IV se�ala los empleados de confianza. La naturaleza de los servicios que prestan estas personas es la justificaci�n mejor de la excepci�n que se consigna. La fracci�n V menciona el servicio dom�stico. Est� fuera de duda la imposibilidad de imponer a una familia la convivencia con los trabajadores dom�sticos. Ser�a una notoria violaci�n de los derechos del hombre. Por �ltimo, la fracci�n VI habla de los trabajadores eventuales. Esta excepci�n se funda, tanto en el car�cter de estos trabajadores cuando en la imposibilidad de reinstalarlos en actividades que carecen de permanencia. El art�culo 123 menciona las indemnizaciones que deben pagarse a los trabajadores en los casos en que el patr�n quede eximido de la obligaci�n de reinstalar y son las mismas que consigna la actual Ley Federal del Trabajo; pero se agrega la de pagar los salarios vencidos desde la fecha en que se produzca el despido hasta la en que se paguen las indemnizaciones; esta obligaci�n est� actualmente reconocida por la jurisprudencia y la doctrina, por lo que, al consignarse expresamente en el proyecto, no se crea una indemnizaci�n nueva, sino que, simplemente, se sanciona una soluci�n jurisprudencial.

Una vez en vigor las reformas a la C.�n y a la Ley Federal del Trabajo, el Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Naci�n pronunci� la tesis que fue publicada en el Semanario Judicial de la Federaci�n, Volumen LXVI, Primera Parte, p�gina 51, S�ptima �poca, cuyo tenor literal es el siguiente:

"REINSTALACI�N DEL TRABAJADOR, CASO EN QUE EL PATRONO QUEDA EXIMIDO DE LA OBLIGACI�N DE. CONSTITUCIONALIDAD DEL ART�CULO 124, FRACCI�N I, DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO REFORMADA EN 1962. El art�culo 124, fracci�n I, de la Ley Federal del Trabajo reformada en 1962, al eximir al patrono de la obligaci�n de reinstalar al trabajador, cuando �ste tiene una antig�edad menor de dos a�os, no viola la garant�a constitucional de estabilidad y continuidad en el empleo, consagrada en la fracci�n XXI del art�culo 123 de la Ley Suprema del pa�s, en primer lugar, porque el legislador constituyente, al adicionar la fracci�n XXII del art�culo 123 citado, con la frase: ?La ley determinar� los casos en que el patrono podr� ser eximido de cumplir el contrato mediante el pago de una indemnizaci�n?, facult� expresamente al legislador ordinario para que, tomando en cuenta la �poca, lugar y condiciones en que se presentan las relaciones de trabajo, se�alar� los casos de excepci�n en los que no se justificaba la aplicaci�n absoluta y gen�rica del principio de la estabilidad, y por tanto, al establecer �ste que en trat�ndose de trabajadores con antig�edad menor de dos a�os, no deb�a aplicarse dicho principio, no hizo sino ejercer prudentemente la facultad que el Constituyente le otorg� al respecto; y en segundo lugar, porque las razones que justifican dicha eximente, consisten esencialmente, en que como el principio de la estabilidad impone una obligaci�n permanente y definitiva de mantener las relaciones de trabajo, no es conveniente hacerla extensiva a los trabajadores que tengan escaso tiempo de laborar en la empresa, porque ello implicar�a al patrono a mantener sus relaciones laborales con una persona de la que a�n no conoce sus aptitudes, conocimientos, honestidad y otros atributos que resultan necesarios para la buena marcha de la empresa.

"Amparo en revisi�n 2802/69. J.S.T.. 11 de junio de 1974. Unanimidad de diecis�is votos. Ponente: J.I.��rritu."

Con motivo de las reformas a la Ley Federal del Trabajo, publicadas en el Diario Oficial de la Federaci�n el primero de abril de mil novecientos setenta, qued� ubicado en el t�tulo segundo "Relaciones individuales de trabajo", cap�tulo IV "Rescisi�n de las relaciones de trabajo", el art�culo 49, que es parecido al 124 de la ley de 1962, para quedar en los siguientes t�rminos:

"Art�culo 49. El patr�n quedar� eximido de la obligaci�n de reinstalar al trabajador, mediante el pago de las indemnizaciones que se determinan en el art�culo 50 en los casos siguientes:

"I. Cuando se trate de trabajadores que tengan una antig�edad menor de un a�o;

"II. Si comprueba ante la Junta de Conciliaci�n y Arbitraje, que el trabajador, por raz�n del trabajo que desempe�a o por las caracter�sticas de sus labores, est� en contacto directo y permanente con �l y la Junta estima, tomando en consideraci�n las circunstancias del caso, que no es posible el desarrollo normal de la relaci�n de trabajo;

"III. En los casos de trabajadores de confianza;

"IV. En el servicio dom�stico; y

V. Cuando se trate de trabajadores eventuales.

El art�culo 50 de la Ley Federal del Trabajo dispone:

"Art�culo 50. Las indemnizaciones a que se refiere el art�culo anterior consistir�n:

"I. Si la relaci�n de trabajo fuere por tiempo determinado menor de un a�o, en una cantidad igual al importe de los salarios de la mitad del tiempo de servicios prestados; si excediera de un a�o, en una cantidad igual al importe de los salarios de seis meses por el primer a�o y de veinte d�as por cada uno de los a�os siguientes en que hubiese prestado sus servicios;

"II. Si la relaci�n de trabajo fuere por tiempo indeterminado, la indemnizaci�n consistir� en veinte d�as de salario por cada uno de los a�os de servicios prestados; y,

"III. Adem�s de las indemnizaciones a que se refieren las fracciones anteriores, en el importe de tres meses de salario y en el de los salarios vencidos desde la fecha del despido hasta que se paguen las indemnizaciones."

Por otra parte, el art�culo 601 de la Ley Federal del Trabajo de mil novecientos treinta y uno, qued� reubicado en la ley de mil novecientos setenta, con el art�culo 845 relativo al t�tulo quince "Procedimiento de ejecuci�n.", cap�tulo I "Disposiciones generales" y es del tenor siguiente:

"Art�culo 845. Si el patr�n se negare a someter sus diferencias al arbitraje o a aceptar el laudo pronunciado, la Junta:

"I. Dar� por terminada la relaci�n de trabajo;

"II. Condenar� a indemnizar al trabajador con el importe de tres meses de salario;

"III. Proceder� a fijar la responsabilidad que resulte al patr�n del conflicto, de conformidad con lo dispuesto en el art�culo 50, fracci�n I y II; y

"IV. Adem�s, condenar� al pago de los salarios vencidos desde la fecha en que dejaron de pagarse hasta que se paguen las indemnizaciones.

"Las disposiciones contenidas en este art�culo no son aplicables en los casos de acciones consignadas en el art�culo 123, fracci�n XXII, apartado A de la C.�n."

Finalmente, se dieron reformas a la Ley Federal del Trabajo que entraron en vigor el primero de mayo de mil novecientos ochenta, pero sin cambio alguno, el art�culo 49 antes transcrito, fue ubicado en el t�tulo segundo "Relaciones individuales de trabajo", cap�tulo IV "Rescisi�n de las relaciones de trabajo".

Por otra parte, se reform� el t�tulo quince "Procedimientos de ejecuci�n", cap�tulo I "Disposiciones generales", en cuya parte se encontraba el art�culo 845 y su contenido en similares t�rminos ahora aparece en el t�tulo quince, cap�tulo I, secci�n primera "Disposiciones generales", con el art�culo 947 y textualmente dice:

"Art�culo 947. Si el patr�n se negare a someter sus diferencias al arbitraje o a aceptar el laudo pronunciado, la Junta:

"I. Dar� por terminada la relaci�n de trabajo;

"II. Condenar� a indemnizar al trabajador con el importe de tres meses de salario;

"III. Proceder� a fijar la responsabilidad que resulte al patr�n del conflicto, de conformidad con lo dispuesto en el art�culo 50, fracciones I y II; y

"IV. Adem�s, condenar� al pago de los salarios vencidos desde la fecha en que dejaron de pagarlos hasta que se paguen las indemnizaciones, as� como el pago de la prima de antig�edad, en los t�rminos del art�culo 162.

"Las disposiciones contenidas en este art�culo no son aplicables en los casos de las acciones consignadas en el art�culo 123, fracci�n XXII, apartado A de la C.�n."

Para determinar el sentido intr�nseco de las situaciones jur�dicas que ata�en a este asunto en relaci�n con las fracciones XXI y XXII del apartado A del art�culo 123 de la C.�n Federal, y tomando en cuenta los antecedentes hist�rico-legales antes expuestos, se observa que en su origen, la fracci�n XXI siempre estableci� dos situaciones jur�dicas que van encaminadas a derechos de los patrones; la primera, la posibilidad de no someterse al arbitraje. Cabe se�alar que en materia laboral, el arbitraje empieza en la etapa de la audiencia de demanda y excepciones, y era en ese momento cuando el patr�n ten�a la opci�n de aceptar o no el sometimiento del arbitraje, por eso es que se cuestionaba que no hab�a estabilidad en el empleo; la segunda hip�tesis consisti� en que el patr�n se pod�a oponer a la ejecuci�n del laudo, desde luego que para que surgiera esta segunda oportunidad, la l�gica indica que ya se hab�a tramitado un juicio laboral que concluy� con un laudo y que a la hora de ejecutarlo el patr�n se pod�a oponer a ello. Estas dos cuestiones se daban de manera general.

Con las reformas a las fracciones XXI y XXII citadas en el p�rrafo anterior, publicadas en el Diario Oficial de la Federaci�n el veintiuno de noviembre de mil novecientos sesenta y dos, se modificaron los textos de ambas fracciones y de acuerdo con la exposici�n de motivos de dichas reformas, la idea central consisti� en garantizar la estabilidad de los trabajadores en su empleo; dicho de otra manera, ten�a como finalidad primordial impedir que el patr�n se negare a someter sus diferencias al arbitraje o a acatar el laudo dictado cuando se trataba de acciones derivadas de un despido injustificado.

El propio legislador estuvo consciente en la necesidad de establecer algunas excepciones a la regla general a que se refiere el p�rrafo inmediatamente anterior, y as� en la fracci�n XXII determin� que "La ley determinar� los casos en que el patrono podr� ser eximido de la obligaci�n de cumplir el contrato mediante el pago de una indemnizaci�n."

Si bien es verdad que la fracci�n XXI establece que la posibilidad de negarse a someter las diferencias al arbitraje o aceptar el laudo no es aplicable en los casos de las acciones consignadas en la fracci�n XXII, ello debe entenderse en debida armon�a interpretativa, que efectivamente cuando se trate de un despido injustificado, el patr�n no puede negarse a someter sus diferencias al arbitraje o a aceptar el laudo; sin embargo, la excepci�n consiste en que aun cuando se trate de acciones derivadas de un despido, la ley determinar� los casos en que el patr�n puede no someterse al arbitraje o negarse a aceptar el laudo, pues la propia C.�n dej� abierta esa posibilidad de que el legislador las contemplara en una norma secundaria, es decir, en la Ley Federal del Trabajo.

Efectivamente, cuando el titular del Ejecutivo envi� las reformas de la Ley Federal del Trabajo para que �sta fuera adecuada a las fracciones XXI y XXII comentadas, expuso que en ellas se reconoce el principio de que los trabajadores no pueden ser despedidos de sus empleos, salvo que exista una causa justificada; que la consecuencia de este principio es el derecho otorgado a los trabajadores para reclamar contra el despido y obtener, a su elecci�n, que se cumpla el contrato y se les reinstale en el empleo, o bien, que se les pague una indemnizaci�n de tres meses de salario. La misma exposici�n de motivos contempl� que la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n hab�a reconocido el derecho de los patronos para acogerse al doble beneficio contenido en la fracci�n XXI, por tanto, los patrones pod�an negarse a someter sus diferencias al arbitraje, o a aceptar el laudo. En cambio, contin�a diciendo la exposici�n de motivos, la reforma constitucional ya no permite a los patrones negarse a someter el conflicto al arbitraje de la Junta o a aceptar el laudo dictado. Despu�s de consignar el principio de la estabilidad de los trabajadores en su empleo, las reformas a la C.�n reconocen la conveniencia de autorizar, en algunos casos especiales, que deber�n estar precisamente consignados en la ley, la posibilidad de que la obligaci�n principal se cumpla en forma indirecta, a fin de respetar ciertas situaciones que pod�an estorbar no s�lo la armon�a, sino tambi�n la actividad normal de las empresas y laseguridad de las personas, excepciones que el propio legislador plasm� en el art�culo 124 de la Ley Federal del Trabajo, cuyo texto ya fue transcrito y actualmente corresponde al 49, con la variante de que se excluy� a los aprendices, y en la fracci�n I, la antig�edad del trabajador se redujo a un a�o.

De tal manera que para que opere la insumisi�n al arbitraje o el no acatamiento del laudo, debe estarse en alguno de los supuestos del invocado art�culo 49 de la Ley Federal del Trabajo, que son los que por su naturaleza se considera inconveniente continuar el v�nculo laboral, entre los que se encuentran los trabajadores de confianza.

En conclusi�n, la regla general de que la insumisi�n al arbitraje o la negativa a acatar el laudo contemplada en la fracci�n XXI "... no ser� aplicable en los casos de las acciones consignadas en la fracci�n siguiente.", que se refiere a los casos de despido sin causa justificada y dem�s supuestos contemplados en la misma, no debe interpretarse en el sentido de que siempre que se trate de un despido el patr�n no podr� hacer uso de tales prerrogativas, dado que precisamente por eso, en la fracci�n XXII, se consigna que: "... La Ley determinar� los casos en que el patrono podr� ser eximido de la obligaci�n de cumplir el contrato, mediante el pago de una indemnizaci�n ...", lo que implica que se deleg� en la ley reglamentaria establecer los supuestos en que el arbitraje y el laudo de la Junta no resultan obligatorios para el patr�n.

Apoyado en lo anterior, se puede llegar a la conclusi�n de que la sentencia de amparo impugnada carece de consistencia jur�dica al afirmar que cuando se trata de un despido injustificado, no es aplicable el derecho del patr�n a oponerse a la ejecuci�n del laudo, porque como ya se dijo en otra parte, si bien la fracci�n XXI dice que ese derecho no es oponible cuando se trate de la acci�n derivada de un despido, el Juez de Distrito no observ� que la fracci�n XXII estableci� la excepci�n al decir que: "la ley determinar� los casos en que el patrono podr� ser eximido de la obligaci�n de cumplir el contrato mediante el pago de una indemnizaci�n", y tan cierta es esta excepci�n, que el propio Ejecutivo justifica su conveniencia. Por supuesto que al dejar el Constituyente originario la posibilidad de que se establezcan casos de excepci�n, �stos ser�n especiales y de manera limitada; de ah� que resulte fundado el agravio que se hace consistir en que la propia fracci�n XXII remite a la ley laboral los casos de excepci�n.

Es pertinente se�alar el criterio que sustent� la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, al resolver el amparo en revisi�n 2802/69, determinando que el art�culo 124, fracci�n I, de la Ley Federal del Trabajo, al eximir al patr�n de la obligaci�n de reinstalar al trabajador cuando �ste tiene una antig�edad menor de dos a�os (caso de excepci�n), no viola la garant�a constitucional de estabilidad y continuidad en el empleo, porque el legislador constituyente al adicionar la fracci�n XXII facult� expresamente al legislador ordinario para que tomando en cuenta la �poca, lugar y condiciones en que se presentan las relaciones de trabajo, se�alara los casos de excepci�n en los que no se justificaba la aplicaci�n absoluta y gen�rica del principio de la estabilidad y, por tanto, al establecer la excepci�n de trabajadores con antig�edad menor de dos a�os, no deb�a aplicarse dicho principio, lo que hizo el legislador ordinario fue ejercer la facultad que el Constituyente le otorg� al respecto.

El segundo argumento del Juez de Distrito, es en el sentido de que la Ley Federal del Trabajo no establece la posibilidad de que el patr�n sea eximido de reinstalar al trabajador despu�s de haberse seguido en todas sus partes el juicio, emiti�ndose un laudo condenatorio que ha causado ejecutoria en el que se consider� como injustificado el despido del trabajador. Contin�a se�alando el Juez de Distrito que el hecho de que se trate de un trabajador de confianza no implica el derecho que pretende P.�leos Mexicanos fund�ndose en los art�culos 49, fracci�n III y 50 de le Ley Federal del Trabajo, ya que tales supuestos no son aplicables despu�s de tramitado el juicio y haberse emitido el laudo correspondiente que obliga a reinstalar, pues lo que pretende el quejoso, tiende a incumplir con el laudo, y de ser as�, se violar�an los art�culos 847, 848, 949 y 945 de la Ley Federal del Trabajo. Que la admisi�n y tramitaci�n del incidente de inejecuci�n de laudo contrar�a disposiciones de orden p�blico.

En relaci�n con los razonamientos anteriores, el recurrente aduce que al haber considerado el Juez de Distrito que no son aplicables los art�culos 49, fracci�n III y 50 de la Ley Federal del Trabajo, despu�s de tramitado el juicio y haberse emitido el laudo que obliga a reinstalar es incorrecto, porque la oposici�n al acatamiento del laudo debe hacerse valer con posterioridad a la orden de reinstalaci�n o al momento de ejecutarla; que la Ley Federal del Trabajo, a trav�s de su art�culo 49 reglamentado por la fracci�n XXII del art�culo 123 constitucional, establece en sus fracciones cinco casos en que procede el incumplimiento del laudo aunque se trate de acciones derivadas de un despido, y el art�culo 947 de la Ley Federal del Trabajo determina las consecuencias de esa negativa, y aunque en el p�rrafo final de este �ltimo precepto reitera que esa prerrogativa no opera en acciones derivadas del despido, la propia fracci�n XXII del art�culo 123 constitucional, remite a la ley laboral la reglamentaci�n de sus excepciones, las cuales se consignan en el art�culo 49 de la citada ley, por tanto, resulta incontrovertible la procedencia del no acatamiento al laudo.

Son fundados los agravios expuestos, ya que efectivamente no es exacto lo que afirma el Juez de Distrito en la sentencia recurrida, en virtud de que la fracci�n XXI precitada establece derechos a favor de los patrones para que se puedan oponer a la reinstalaci�n del trabajador y que esto solamente puede hacerse en casos especiales, y que la fracci�n XXII dispuso que la ley determinar� los casos de excepci�n. Derivado de esta facultad, el legislador ordinario estableci� en el art�culo 49 de la ley laboral, que el patr�n quedar� eximido de la obligaci�n de reinstalar al trabajador en los casos que ah� se enumera y concretamente la fracci�n III se refiere a los trabajadores de confianza; por su parte, el art�culo 947 de la Ley Federal del Trabajo prev� un procedimiento a seguir, si el patr�n se negare a someter sus diferencias al arbitraje o a aceptar el laudo, de tal manera que el Juez de Distrito interpret� err�neamente tales disposiciones, pues como queda establecido, s� existe en esos art�culos la facultad del patr�n para negarse a aceptar el laudo. Si bien es verdad que la parte final del art�culo 947 se�ala que: "Las disposiciones contenidas en este art�culo no son aplicables en los casos de las acciones consignadas en el art�culo 123, fracci�n XXII, apartado A de la C.�n.", ello debe entenderse dirigido hacia la regla general, pero el Juez de Distrito olvid� que la propia fracci�n XXII dej� libertad al legislador ordinario para que estableciera normas de excepci�n, y ese es el caso del art�culo 947, porque la fracci�n XXI s� otorga derecho al patr�n a no acatar el laudo, pero en casos espec�ficos y cuando se actualiza uno de �stos, cobra aplicaci�n el art�culo 947 de la Ley Federal del Trabajo.

Es incorrecta la apreciaci�n del Juez al estimar que no hay posibilidad de negarse a reinstalar al trabajador despu�s de haberse seguido en todas sus partes el juicio y dictado el laudo que estima injustificado el despido, porque al decir la propia C.�n que si el patrono se negare a aceptar el laudo, quiere decir que el propio legislador estuvo consciente que ya se hab�a tramitado un juicio y que �ste hab�a concluido con el laudo condenatorio a reinstalar y, por otra parte, el art�culo 947 de la ley laboral, al establecer que si el patr�n se niega a aceptar el laudo, tambi�n por supuesto que ello indica que aunque se haya seguido un juicio y que el laudo haya quedado firme, existe la posibilidad de que el patr�n se niegue a aceptarlo, pero, se reitera, en casos especiales.

Es cierto que esta Suprema Corte de Justicia de la Naci�n emiti� la jurisprudencia invocada por el a quo, en la que consider� que es improcedente la admisi�n y tramitaci�n del incidente de inejecuci�n del laudo; sin embargo, en el presente caso no se trata de que la Junta se haya negado al tr�mite o admisi�n de un incidente de inejecuci�n de laudo, sino que lo que en el juicio de amparo se plante�, es que la Junta no otorg� derecho a P.�leos Mexicanos a no aceptar el laudo que al final de todo, esa es la pretensi�n que se plante� ante la autoridad responsable, es decir, ya est� definido que la actora es trabajadora de confianza y P.�leos Mexicanos se niega a aceptar la reinstalaci�n de dicha trabajadora atendiendo a que esa situaci�n est� contemplada como caso de excepci�n en el art�culo 49, fracci�n III, de la Ley Federal del Trabajo, y que el art�culo 947 de la propia ley se�ala el tr�mite correspondiente, cuando el patr�n no acepta el laudo, disposiciones que derivan de la facultad que otorg� la propia Norma C.onal para que el legislador las contemplara en la secundaria.

Por lo expuesto y fundado, se

resuelve:

PRIMERO

Se revoca la sentencia recurrida.

SEGUNDO

Se sobresee en el juicio de amparo respecto de los actos reclamados del presidente y actuario de la Junta Especial N�mero Siete de la Federal de Conciliaci�n y Arbitraje.

TERCERO

La Justicia de la Uni�n ampara y protege a P.�leos Mexicanos, contra el acto reclamado de la autoridad se�alada en el resultando primero de esta ejecutoria, consistente en el acuerdo de catorce de abril de mil novecientos noventa y nueve.

N.�quese; con testimonio de la presente resoluci�n y, en su oportunidad, arch�vese el toca como asunto concluido.

As� lo resolvi� la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, por unanimidad de cinco votos de los se�ores Ministros J.D.�az R., M.A.G.�itr�n, S.S.A.A., J.V.A.A.�n y presidente G.I.O.M.. Fue ponente el se�or Ministro J.V.A.A.�n.

Nota: La tesis P./J. 18/2000 citada en esta ejecutoria, aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, Novena �poca, Tomo XI, marzo de 2000, p�gina 36.