Ejecutoria num. 2a./J. 31/2006 de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala - Jurisprudencia - VLEX 26823236

Ejecutoria num. 2a./J. 31/2006 de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala

Emisor:Segunda Sala
Número de Resolución:2a./J. 31/2006
Materia:Suprema Corte de Justicia de México
Fecha de Publicación: 1 de Marzo de 2006
RESUMEN

AMPARO EN REVISIÓN 1806/2005. GASOLINERA ALFA, S.A. DE C.V.CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN. SU ARTÍCULO 33, FRACCIÓN I, INCISO G), VIGENTE A PARTIR DE DOS MIL CUATRO, NO TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD TRIBUTARIA.

 
ÍNDICE
CONTENIDO

AMPARO EN REVISI�N 1806/2005. GASOLINERA ALFA, S.A. DE C.V.

CONSIDERANDO:

TERCERO

Los agravios hechos valer por la quejosa recurrente, mismos que fueron sintetizados en la sentencia emitida por el Tribunal Colegiado de Circuito del conocimiento en el expediente que recay� al recurso de revisi�n n�mero RA. 383/2005 y que sirvieron de base para delimitar la materia de la revisi�n, son los siguientes:

Adujo la recurrente que el Juez de Distrito omiti� realizar un estudio m�s profundo del asunto, adem�s de que se apoy� en art�culos que no son aplicables, ya que no encuadran los supuestos con el caso concreto, por lo que sustent� el sobreseimiento en argumentos que no son claros y que carecen de soporte legal y l�gica jur�dica.

Asimismo, consider� que de conformidad con el art�culo 1o., fracci�n I, de la Ley de Amparo, debe existir una violaci�n actual, lo que acontece en la especie, ya que el perjuicio en el amparo contra leyes no se actualiza s�lo con un acto concreto que da�e al particular, sino tambi�n cuando se presenta una violaci�n en su esfera de derechos, o cuando la hip�tesis legal lo pone en ese supuesto generando una obligaci�n, como sucede con las resoluciones miscel�neas reclamadas, ya que impone obligaciones y cargas que son de dif�cil cumplimiento, por lo que se actualiza la procedencia del juicio.

Por otro lado, destac� que las resoluciones miscel�neas reclamadas, la ubica en los supuestos de la ley impugnada, pues se�ala que se pronuncia en cumplimiento de lo dispuesto en el art�culo 28, fracci�n V, del C�digo F. de la Federaci�n, adem�s de que en el caso es innecesario que el acto de aplicaci�n cause un agravio actual y evidente para que proceda el amparo, ya que no s�lo se est� discutiendo la equidad tributaria, sino que tambi�n aduce violaciones al art�culo 13 constitucional, lo cual debe ser estimado tanto para la procedencia como para la resoluci�n de fondo.

Tambi�n estim� que el Juez de Distrito tom� en consideraci�n la tesis de rubro: "CL�USULAS HABILITANTES. ..." para negar el amparo, pero no para decretar el sobreseimiento, lo que resulta incongruente.

S.� argumentando que las resoluciones miscel�neas impugnadas son el acto de aplicaci�n de todos los preceptos legales reclamados, por lo que no debieron calificarlas como heteroaplicativas, lo que evidencia que el Juez de Distrito omiti� examinar el escrito de demanda en forma detenida y razonada, ya que sin entrar al fondo de la controversia planteada sobresee en el juicio, esto es, s�lo estudiando el fondo del amparo podr�a estar en condiciones de determinar si se actualiza alguna causa de improcedencia.

Por otro lado, puntualiz� que existen cuestiones sobre inconstitucionalidad de una norma, por lo que de conformidad con lo establecido en el Acuerdo General N�mero 5/2001, del Tribunal P. de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, se debe dejar a salvo la jurisdicci�n de ese Alto Tribunal para conocer de la constitucionalidad de dichos preceptos.

Asimismo, estim� que el Juez de Distrito violent� lo establecido en el art�culo 145 de la Ley de Amparo, puesto que omiti� realizar un minucioso an�lisis del escrito de demanda, as� como la naturaleza intr�nseca del acto reclamado, ya que califica a priori, prejuzgando la acci�n, sin considerar que el acto reclamado debe ser probado en juicio, o bien, decretar su inexistencia.

Tambi�n consider� que la resoluci�n recurrida es incongruente, ya que por una parte se sobresee en el juicio y por otra se niega el amparo, de ah� la incongruencia se�alada, en virtud de que la demanda y sus conceptos de violaci�n son un todo que no puede analizarse aisladamente.

Se�al� que la reforma al art�culo 28, fracci�n V, es autoaplicativa, ya que transcurri� el plazo para promover el juicio de amparo, por lo que si el primer acto de aplicaci�n derivado de esa reforma es la publicaci�n de las resoluciones impugnadas, no puede sobreseer en esa parte, porque el motivo para estimarla oportuna comenz� a partir de esa publicaci�n.

S.� aduciendo que el Juez de Distrito no analiz� la naturaleza de los art�culos 111 y 115-Bis del C�digo F. de la Federaci�n, ya que si bien es cierto que no se han materializado en una detenci�n u orden de aprehensi�n, no menos lo es que no existe argumento alguno relativo a esa circunstancia, ya que los conceptos de violaci�n relativos versan acerca de la indebida motivaci�n del acto legislativo, esto es, el Congreso nunca justific� el motivo que tuvo para crearlos.

As� como que los conceptos de violaci�n, por los que indebidamente sobresee, no son aislados, sino que son consecuencia del art�culo 28, fracci�n V, del C�digo F. de la Federaci�n, por lo que no es permisible que se divida la causa de manera totalmente arbitraria dejando de analizar argumentos relacionados con la constitucionalidad de los actos reclamados.

Y que el acto reclamado es el decreto del veintiocho de diciembre de dos mil tres, y su primer acto de aplicaci�n es la resoluci�n publicada en el Diario Oficial de la Federaci�n el uno de diciembre de dos mil cuatro, expedida por el jefe del Servicio de Administraci�n Tributaria, sin embargo, tal funcionario no cumpli� en tiempo y forma con esa obligaci�n, de ah� que basta que ponga al particular bajo el supuesto o hip�tesis legal, o bien, que incida en su esfera de derechos para que sea posible solicitar el amparo, por lo que si el acto existe y vincula al gobernado al imponerle diversas obligaciones, es evidente que la autoridad administrativa ya extern� el primer acto de aplicaci�n, con lo cual se actualiza la hip�tesis de procedencia del juicio de garant�as.

Por otro lado, consider� que tanto el art�culo 33, fracci�n I, inciso g), del C�digo F. de la Federaci�n, como las miscel�neas impugnadas, son contrarios a los art�culos 14, 16, 31, fracci�n IV, 72, inciso f) y 133 de la Constituci�n Federal, pues incumplen con los principios de legalidad tributaria, autoridad formal y de supremac�a constitucional, debido a la falta de certeza jur�dica en que se coloca al gobernado.

Tambi�n precis� que en el amparo contra leyes no resulta aplicable el criterio de que el primer acto de aplicaci�n debe causar un perjuicio actual y evidente para que proceda, m�xime que en la especie no s�lo se est� discutiendo la equidad tributaria, sino que adem�s se aducen violaciones en relaci�n con el art�culo 13 constitucional, en raz�n de que el legislador violent� la armon�a del C�digo F. de la Federaci�n, puesto que lo hizo privativo.

As� como que en el art�culo 28, fracci�n V, del C�digo F. de la Federaci�n, se establece una sanci�n inusual y particularizada para un n�mero de sujetos o grupo determinado de contribuyentes, los cuales fueron designados con criterios subjetivos, pues no existe ning�n criterio razonable u objetivo del que se pueda desprender que los citados sujetos obligados est�n en un caso o circunstancia diferente que haga necesario que cuenten con controles volum�tricos, lo que indudablemente se traduce en una violaci�n al art�culo 13 constitucional.

Por otro lado, estim� que el sobreseimiento decretado respecto de la miscel�nea fiscal publicada el uno de diciembre de dos mil cuatro, es incorrecto, ya que es el primer acto de aplicaci�n, el cual no puede ser intrascendente como pretende el Juez de Distrito, pues tiene una serie de consecuencias que impactan el �mbito jur�dico del gobernado.

Y que el Juez de Distrito debe analizar primero, si las autoridades administrativas cumplieron en tiempo y forma con la obligaci�n de emitir tales reglas, y despu�s, si el gobernado est� en posibilidad de acatarlas, de ah� que si su cumplimiento es imposible, es evidente que no hay seguridad jur�dica.

Tambi�n adujo que el Servicio de Administraci�n Tributaria carece de facultades para variar los plazos y t�rminos que el particular ten�a en su favor, como lo es el contar con seis meses para implementar los equipos en cuesti�n, y en la especie se reduce a dos meses, de ah� que la publicaci�n de las miscel�neas reclamadas resulta de vital importancia para la procedencia del juicio de garant�as, puesto que tiene efectos vinculatorios para el gobernado.

Y finalmente, que los art�culos 111 y 115-Bis del C�digo F. de la Federaci�n son normas de car�cter heteroaplicativo, que se impugnan en cuanto a la naturaleza intr�nseca del acto legislativo que les dio forma, porque son privativos, discriminatorios y contienen sanciones inusitadas, por lo que se debe analizar la fundamentaci�n y motivaci�n que tuvo el Poder Legislativo para crear dichos dispositivos y si es leg�tima su actuaci�n. Finalmente, se�al� que el acto de aplicaci�n de los preceptos impugnados es indivisible al dimanar directamente de lo dispuesto en el art�culo 28, fracci�n V, del C�digo F. de la Federaci�n, por lo que se deben estudiar los conceptos de violaci�n relativos a tal acto, ya que s� causa un perjuicio directo.

CUARTO

Previo el estudio de los conceptos de violaci�n hechos valer en contra del art�culo 33, fracci�n I, inciso g), del C�digo F. de la Federaci�n, que es tal como se aprecia de la sentencia emitida por el Tribunal Colegiado de Circuito, la materia de an�lisis en este recurso de revisi�n sobre la cual se reserv� jurisdicci�n a este Alto Tribunal por no haber sido estudiado por el Juez a quo, y no existir jurisprudencia sobre el tema, es necesario hacer menci�n que las consideraciones hechas valer por el tribunal citado, constituyen determinaciones caracterizadas por su firmeza, pues as� lo ha determinado esta Suprema Corte de Justicia de la Naci�n en las tesis cuyos datos de identificaci�n, rubros y textos dicen:

(Novena �poca. P.. S.J. de la Federaci�n y su Gaceta. T.X.III, diciembre de 2003. Tesis P. XVII/2003. P�gina 18).

REVISI�N EN AMPARO INDIRECTO. LA RESOLUCI�N DICTADA POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO EN LA SEGUNDA INSTANCIA, CONFORME AL ACUERDO PLENARIO 5/2001, CONSTITUYE UNA DECISI�N INMUTABLE E INATACABLE. De conformidad con lo dispuesto en los puntos quinto, d�cimo, d�cimo primero y d�cimo segundo del Acuerdo General Plenario 5/2001, de 21 de junio de 2001, los recursos de revisi�n en amparo indirecto, competencia originaria de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, ser�n enviados por los Jueces de Distrito y, en su caso, por los Tribunales Unitarios de Circuito a los Tribunales Colegiados de Circuito para que verifiquen su procedencia y resuelvan, en su caso, sobre la caducidad, el desistimiento o la reposici�n del procedimiento, as� como sobre la inconstitucionalidad de leyes locales o federales respecto de las cuales exista jurisprudencia aplicable de este Alto Tribunal, y que de resultar procedente el juicio, cuando el asunto no quede comprendido en tales hip�tesis, dejar�n a salvo la jurisdicci�n de la Suprema Corte de Justicia y le remitir�n los autos sin analizar los temas de su exclusiva competencia. En ese sentido, la resoluci�n dictada en segunda instancia por el Tribunal Colegiado de Circuito constituye una decisi�n emitida por un tribunal terminal y, por tanto, adquiere caracter�sticas de inatacabilidad e inmutabilidad, de manera que ni siquiera el M�ximo Tribunal de la Rep�blica est� jur�dicamente facultado para modificarla.

(Novena �poca. Primera Sala. S.J. de la Federaci�n y su Gaceta. Tomo XIX, junio de 2004. Tesis 1a. LXIV/2004. P�gina 241).

"REVISI�N EN AMPARO INDIRECTO. LA RESOLUCI�N DICTADA POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO EN LA SEGUNDA INSTANCIA, CONFORME AL ACUERDO PLENARIO 5/2001, CONSTITUYE UNA DECISI�N DEFINITIVA. De conformidad con lo dispuesto en los puntos quinto, d�cimo, d�cimo primero y d�cimo segundo del Acuerdo General Plenario 5/2001, de 21 de junio de 2001, los recursos de revisi�n en amparo indirecto, competencia originaria de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, ser�n enviados por los Jueces de Distrito y, en su caso, por los Tribunales Unitarios de Circuito a los Tribunales Colegiados de Circuito para que verifiquen su procedencia y resuelvan, en su caso, sobre la caducidad, el desistimiento o la reposici�n del procedimiento, as� como sobre la inconstitucionalidad de leyes locales o federales respecto de las cuales exista jurisprudencia aplicable de este Alto Tribunal; y que de resultar procedente el juicio, cuando el asunto no quede comprendido en tales hip�tesis de competencia delegada, dejar�n a salvo la jurisdicci�n originaria de la Suprema Corte de Justicia y le remitir�n los autos sin analizar los temas de su exclusiva competencia. En ese sentido, la resoluci�n dictada en segunda instancia por el Tribunal Colegiado de Circuito constituye una decisi�n emitida por un tribunal terminal y, por tanto, adquiere caracter�sticas de definitividad, de manera que la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n no est� jur�dicamente facultada para modificarla."

Pues bien, aduce la parte agraviada en el �nico argumento hecho valer en la demanda de amparo del que se aprecie, atendiendo a la causa de pedir, que el art�culo 33, fracci�n I, inciso g), del C�digo F. de la Federaci�n, es inconstitucional, es el relativo a que viola en su perjuicio el principio de legalidad tributaria, porque faculta a la autoridad administrativa a emitir reglas de car�cter general que contravengan o vayan m�s all� de lo dispuesto en la propia ley, ya que la �nica limitante que le impone es que las reglas que establezca la autoridad administrativa no se refieran al sujeto, objeto, base o tarifa del impuesto, sin embargo, salvo estos supuestos, le otorga plena facultad para modificar el marco regulatorio fiscal a su libre albedr�o "pudiendo ir m�s all� de lo legislado que no corresponda a las limitantes ya citadas. Lo anterior implica que ahora puede establecer cargas adicionales para los contribuyentes. ..."

Nuevamente, previo el estudio del argumento antes sintetizado, es necesario tener en consideraci�n que si bien la parte quejosa se�ala, tanto en el sexto concepto de violaci�n como en el cuarto agravio, que el citado precepto es contrario a los art�culos 14, 16, 31, fracci�n IV, 72, inciso f) y 133, todos ellos de la Constituci�n Federal, lo cierto es que en el concepto de violaci�n citado, s�lo se refiere (atendiendo a la causa de pedir), a que transgrede el principio de legalidad tributaria, y en el cuarto agravio, a que transgrede el principio citado, as� como que violenta los principios de supremac�a constitucional y "autoridad formal de la ley", sin que se puedan analizar a trav�s del recurso de revisi�n estos dos �ltimos principios que estima violados, por ser argumentos novedosos, ya que no fueron materia de consideraci�n alguna en los conceptos de violaci�n, por lo que hace a la constitucionalidad del art�culo 33, fracci�n I, inciso g), del C�digo F. de la Federaci�n reclamado, mismo que tampoco fue sujeto de an�lisis en la sentencia recurrida, por tanto, los agravios mencionados son adem�s de insuficientes, pues se limitan a citar preceptos constitucionales y principios constitucionales violados, sin hacer mayor consideraci�n, inoperantes, porque como se expres�, no fueron materia de consideraci�n por parte del Juez a quo, ni tampoco de argumento en la demanda de amparo, sin que se actualice alguna de las hip�tesis de suplencia de la queja de las contempladas en el art�culo 76 Bis de la Ley de Amparo.

Sirve de apoyo a la anterior consideraci�n, la siguiente tesis con datos de identificaci�n, rubro y texto, que dicen, respectivamente:

(Octava �poca. Tercera Sala. S.J. de la Federaci�n. Tomo IV, Primera Parte, julio a diciembre de 1989. Tesis 3a./J. 30 13/89. P�gina 277).

AGRAVIOS INOPERANTES. LO SON AQUELLOS QUE NO COMBATEN LAS CONSIDERACIONES DE LA SENTENCIA RECURRIDA Y NO SE DA NINGUNO DE LOS SUPUESTOS DE SUPLENCIA DE LA DEFICIENCIA DE LOS MISMOS. Si en la sentencia recurrida el Juez de Distrito expone diversas consideraciones para sobreseer en el juicio y negar el amparo solicitado respecto de los actos reclamados de las distintas autoridades se�aladas como responsables en la demanda de garant�as, y en el recurso interpuesto lejos de combatir la totalidad de esas consideraciones el recurrente se concreta a esgrimir una serie de razonamientos, sin impugnar directamente los argumentos expuestos por el juzgador para apoyar su fallo, sus agravios resultan inoperantes; siempre y cuando no se d� ninguno de los supuestos de suplencia de la deficiencia de los mismos, que prev� el art�culo 76 bis de la Ley de Amparo, pues de lo contrario, habr�a que suplir esa deficiencia, pasando por alto la inoperancia referida.

As�, la litis en el presente asunto se limita a determinar, tal como se se�al� en el p�rrafo que antecede, si el art�culo 33, fracci�n I, inciso g), del C�digo F. de la Federaci�n es o no contrario al principio de legalidad tributaria.

A efecto de estar en posibilidad de determinar su constitucionalidad, hay que tener en cuenta que esta Suprema Corte de Justicia de la Naci�n ha emitido el criterio de que el acatamiento al principio de legalidad tributaria previsto en el art�culo 31, fracci�n IV, de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, exige que se establezcan en un acto formal y materialmente legislativo todos aquellos elementos que sirven de base para realizar el c�lculo de una contribuci�n, fij�ndolos con la precisi�n necesaria que, por un lado, impida el comportamiento arbitrario de las autoridades que directa o indirectamente participen en su recaudaci�n y, por otro, que genere al gobernado certidumbre sobre qu� hecho se encuentra gravado, c�mo se calcular� la base del tributo, qu� tasa o tarifa debe aplicarse, c�mo, cu�ndo y d�nde se realizar� el entero respectivo, y todo aquello que le permita conocer qu� cargas tributarias le corresponden en virtud de la situaci�n jur�dica en que se encuentra o pretenda ubicarse.

Asimismo, el P. de este Alto Tribunal ha determinado al aprobar la tesis aislada P. CXLVIII/97, que en materia tributaria, la reserva de ley, entendida como la posibilidad de que se regule a trav�s de otras fuentes diversas a la ley (como ser�an los actos administrativos materialmente legislativos tales como las reglas generales miscel�neas fiscales que no corresponden a un acto legislativo en sentido formal y material, al no emanar de la autoridad legislativa, federal o local) puede ser relativa, siempre y cuando, sea la ley quien determine expresa y limitativamente las directrices a las que dichas fuentes secundarias deber�n ajustarse.

Lo anterior significa que es suficiente s�lo un acto normativo primario que contenga la normativa esencial de la materia a regular, que marque los l�mites de contenido para las normas secundarias posteriores, las cuales no podr�n nunca contravenir lo dispuesto en la norma primaria, as� como que, en ciertos casos, pueden existir remisiones a normas secundarias, siempre y cuando la regulaci�n en estas normas est� subordinada y dependa de la primaria, y constituyan un complemento de la regulaci�n legal que sea indispensable por motivos t�cnicos o para el debido cumplimiento de la finalidad recaudatoria.

La tesis referida con antelaci�n, dice:

(Novena �poca. P.. S.J. de la Federaci�n y su Gaceta. Tomo VI, noviembre de 1997. Tesis P. CXLVIII/97. P�gina 78).

LEGALIDAD TRIBUTARIA. ALCANCE DEL PRINCIPIO DE RESERVA DE LEY. Este Alto Tribunal ha sustentado el criterio de que el principio de legalidad se encuentra claramente establecido en el art�culo 31 constitucional, al expresar en su fracci�n IV, que los mexicanos deben contribuir para los gastos p�blicos de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes. Conforme con dicho principio, es necesaria una ley formal para el establecimiento de los tributos, lo que satisface la exigencia de que sean los propios gobernados, a trav�s de sus representantes, los que determinen las cargas fiscales que debensoportar, as� como que el contribuyente pueda conocer con suficiente precisi�n el alcance de sus obligaciones fiscales, de manera que no quede margen a la arbitrariedad. Para determinar el alcance o profundidad del principio de legalidad, es �til acudir al de la reserva de ley, que guarda estrecha semejanza y mantiene una estrecha vinculaci�n con aqu�l. Pues bien, la doctrina clasifica la reserva de ley en absoluta y relativa. La primera aparece cuando la regulaci�n de una determinada materia queda acotada en forma exclusiva a la ley formal; en nuestro caso, a la ley emitida por el Congreso, ya federal, ya local. En este supuesto, la materia reservada a la ley no puede ser regulada por otras fuentes. La reserva relativa, en cambio, permite que otras fuentes de la ley vengan a regular parte de la disciplina normativa de determinada materia, pero a condici�n de que la ley sea la que determine expresa y limitativamente las directrices a las que dichas fuentes deber�n ajustarse; esto es, la regulaci�n de las fuentes secundarias debe quedar subordinada a las l�neas esenciales que la ley haya establecido para la materia normativa. En este supuesto, la ley puede limitarse a establecer los principios y criterios dentro de los cuales la concreta disciplina de la materia reservada podr� posteriormente ser establecida por una fuente secundaria. As�, no se excluye la posibilidad de que las leyes contengan remisiones a normas reglamentarias, pero s� que tales remisiones hagan posible una regulaci�n independiente y no claramente subordinada a la ley, lo que supondr�a una degradaci�n de la reserva formulada por la Constituci�n en favor del legislador. En suma, la clasificaci�n de la reserva de ley en absoluta y relativa se formula con base en el alcance o extensi�n que sobre cada materia se atribuye a cada especie de reserva. Si en la reserva absoluta la regulaci�n no puede hacerse a trav�s de normas secundarias, sino s�lo mediante las que tengan rango de ley, la relativa no precisa siempre de normas primarias. Basta un acto normativo primario que contenga la disciplina general o de principio, para que puedan regularse los aspectos esenciales de la materia respectiva. Precisado lo anterior, este Alto Tribunal considera que en materia tributaria la reserva es de car�cter relativa, toda vez que, por una parte, dicha materia no debe ser regulada en su totalidad por una ley formal, sino que es suficiente s�lo un acto normativo primario que contenga la normativa esencial de la referida materia, puesto que de ese modo la presencia del acto normativo primario marca un l�mite de contenido para las normas secundarias posteriores, las cuales no podr�n nunca contravenir lo dispuesto en la norma primaria; y, por otro lado, en casos excepcionales, y que lo justifiquen, pueden existir remisiones a normas secundarias, siempre y cuando tales remisiones hagan una regulaci�n subordinada y dependiente de la ley, y adem�s constituyan un complemento de la regulaci�n legal que sea indispensable por motivos t�cnicos o para el debido cumplimiento de la finalidad recaudatoria.

Por otro lado, tambi�n esta Suprema Corte de Justicia de la Naci�n ha determinado en diversos criterios, que las reglas generales administrativas son cuerpos normativos sobre aspectos t�cnicos y operativos para materias espec�ficas, cuya existencia obedece a los constantes avances de la tecnolog�a y al acelerado crecimiento de la administraci�n p�blica.

Asimismo, se ha subrayado y en concordancia con lo establecido en p�rrafos precedentes sobre la reserva de ley relativa en materia tributaria, que las disposiciones de observancia general cuya emisi�n se rigen por lo dispuesto en el art�culo 33, fracci�n I, inciso g), del C�digo F. de la Federaci�n, tienen como finalidad precisar la regulaci�n establecida en las leyes y reglamentos fiscales expedidos por el Congreso de la Uni�n y el presidente de la Rep�blica con el fin de lograr su eficaz aplicaci�n, as� como que est�n sujetas a los principios que tutelan la seguridad jur�dica de los gobernados, como es el de reserva y primac�a de la ley, de manera que deben sujetarse a lo previsto en el acto formal y materialmente legislativo que ordena su emisi�n, y de no ser as�, se podr�n hacer valer los medios de defensa correspondientes a efecto de que, en su caso, se determine que perdieron efectos por no sujetarse a lo dispuesto en la ley primaria o a lo establecido por el legislador.

Los criterios plasmados en p�rrafos precedentes dicen, respectivamente, en la parte que interesa (el segundo criterio no es jurisprudencia por no haber obtenido la votaci�n requerida), lo siguiente:

(Novena �poca. P.. S.J. de la Federaci�n y su Gaceta. Tomo XX, septiembre de 2004. Tesis P. LV/2004. P�gina 15).

RESOLUCI�N MISCEL�NEA FISCAL. LAS REGLAS QUE CONTIENE PUEDEN LLEGAR A ESTABLECER OBLIGACIONES A LOS CONTRIBUYENTES, YA QUE NO CONSTITUYEN CRITERIOS DE INTERPRETACI�N SINO DISPOSICIONES DE OBSERVANCIA GENERAL.-De los art�culos 33, p�rrafo pen�ltimo y 35 del C�digo F. de la Federaci�n se advierte que la atribuci�n conferida a diversas autoridades fiscales para dar a conocer los criterios internos que deben seguirse en la aplicaci�n de las normas tributarias, se refiere a las interpretaciones que esas autoridades realicen de cualquier disposici�n de observancia general que incida en el �mbito fiscal, bien sea una ley, un reglamento o una regla general administrativa, por lo que, por su propia naturaleza, no pueden generar obligaci�n alguna a los gobernados sino, en todo caso, ser ilustrativas sobre el alcance de dichas normas y en caso de publicarse en el Diario Oficial de la Federaci�n, otorgar�n derechos a los contribuyentes. En cambio, las disposiciones de observancia general cuya emisi�n y publicaci�n se rigen, respectivamente, por lo dispuesto en los art�culos 14, fracci�n III, de la Ley del Servicio de Administraci�n Tributaria y 33, fracci�n I, inciso g), del C�digo F. de la Federaci�n, tienen como finalidad precisar la regulaci�n establecida en las leyes y reglamentos fiscales expedidos por el Congreso de la Uni�n y el presidente de la Rep�blica con el fin de lograr su eficaz aplicaci�n y est�n sujetas a principios que tutelan la seguridad jur�dica de los gobernados, entre otros, los de reserva y primac�a de la ley, por lo que deben ce�irse a lo previsto en el acto formal y materialmente legislativo que habilita su emisi�n. En tal virtud, al tratarse de actos de diversa naturaleza no existe raz�n alguna para considerar que las reglas agrupadas en la resoluci�n miscel�nea fiscal se rigen por los mencionados art�culos 33, p�rrafo pen�ltimo y 35, ya que �stos se refieren exclusivamente a criterios interpretativos que sostengan las autoridades fiscales, los que en ning�n momento ser�n obligatorios para los gobernados, a diferencia de las disposiciones de observancia general que emita el presidente del Servicio de Administraci�n Tributaria, las cuales son de cumplimiento obligatorio para los gobernados, sin menoscabo de que alguna de ellas, con motivo de una sentencia dictada en alg�n medio de defensa que prev� el orden jur�dico nacional, pueda perder sus efectos, total o parcialmente, al no ce�irse a los referidos principios y, en su caso, a las condiciones que establezca el legislador para su dictado.

(Novena �poca. P.. Ap�ndice, actualizaci�n 2002. Tomo III, Materia Administrativa, Suprema Corte de Justicia de la Naci�n. Tesis 24. P�gina 168. Genealog�a S.J. de la Federaci�n y su Gaceta, Novena �poca, T.X., abril de 2002, p�gina 6, P., tesis P. XV/2002).

REGLAS GENERALES ADMINISTRATIVAS EXPEDIDAS POR LOS SECRETARIOS DE ESTADO EN USO DE UNA FACULTAD AUTORIZADA POR EL CONGRESO DE LA UNI�N. DIFERENCIAS CON LOS REGLAMENTOS, DECRETOS, ACUERDOS Y �RDENES DICTADAS POR EL PRESIDENTE DE LA REP�BLICA.-De lo dispuesto en el art�culo 92 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, que establece la facultad del presidente de la Rep�blica para emitir reglamentos, decretos, acuerdos y �rdenes, refrendados por el secretario de Estado o jefe del departamento administrativo a que el asunto corresponda, se infiere que tienen un contenido espec�fico que los diferencia de las reglas generales administrativas, pues estas �ltimas son cuerpos normativos sobre aspectos t�cnicos y operativos para materias espec�ficas, cuya existencia obedece a los constantes avances de la tecnolog�a y al acelerado crecimiento de la administraci�n p�blica; mientras que los reglamentos constituyen un conjunto de normas de car�cter general para dar cumplimiento a las leyes; los decretos administrativos formalizan la expresi�n jur�dica de la voluntad del Ejecutivo en ejercicio de sus funciones, sobre casos concretos de los negocios p�blicos; las �rdenes constituyen mandamientos del superior que deben ser obedecidas, ejecutadas y cumplidas por los inferiores jer�rquicos y los acuerdos administrativos constituyen decisiones del titular del Poder Ejecutivo Federal dirigidas a los �rganos subordinados, cuyos efectos se producen dentro de la propia estructura interna, que no ata�en a los particulares o a otros sujetos de derecho que no tengan car�cter de funcionarios o trabajadores al servicio del Estado.

Una vez precisado lo anterior, procede analizar el contenido del precepto reclamado, que dispone:

Art�culo 33. Las autoridades fiscales para el mejor cumplimiento de sus facultades, estar�n a lo siguiente: I.P.�n asistencia gratuita a los contribuyentes y para ello procurar�n: ... (Reformado, D.O.F. 5 de enero de 2004).-g) Publicar anualmente las resoluciones dictadas por las autoridades fiscales que establezcan disposiciones de car�cter general agrup�ndolas de manera que faciliten su conocimiento por parte de los contribuyentes; se podr�n publicar aisladamente aquellas disposiciones cuyos efectos se limitan a periodos inferiores a un a�o. Las resoluciones que se emitan conforme a este inciso y que se refieran a sujeto, objeto, base, tasa o tarifa, no generar�n obligaciones o cargas adicionales a las establecidas en las propias leyes fiscales.-(Adicionado, D.O.F. 5 de enero de 2004).-Los servicios de asistencia al contribuyente a que se refiere esta fracci�n, tambi�n deber�n difundirse a trav�s de la p�gina electr�nica que al efecto establezca el Servicio de Administraci�n Tributaria. En dicha p�gina tambi�n se dar�n a conocer la totalidad de los tr�mites fiscales y aduaneros.

Del art�culo antes transcrito, se desprende en la parte que interesa, que las autoridades fiscales para el mejor cumplimiento de sus facultades, proporcionar�n asistencia gratuita a los contribuyentes, para lo cual publicar�n en forma anual las resoluciones dictadas por las autoridades fiscales que establezcan disposiciones de car�cter general, agrup�ndolas de manera que faciliten su conocimiento por parte de los contribuyentes.

Asimismo, se aprecia que podr�n publicar aisladamente las disposiciones cuyos efectos se limitan a periodos inferiores a un a�o.

Finalmente, dispone que las resoluciones que se emitan en relaci�n con estas facultades de la autoridad hacendaria, que se refieran a sujeto, objeto, base, tasa o tarifa, no generar�n obligaciones o cargas adicionales a las establecidas en las propias leyes fiscales.

Ahora bien, a juicio de esta Segunda Sala, el art�culo reclamado no contrar�a el principio de legalidad tributaria consagrado en el art�culo 31, fracci�n IV, constitucional, que se reitera, implica que mediante un acto formal y materialmente legislativo se establezcan todos los elementos que sirven de base para realizar el c�lculo de una contribuci�n, fij�ndolos con la precisi�n necesaria, de tal manera que impida el comportamiento arbitrario o caprichoso de las autoridades que directa o indirectamente participen en su recaudaci�n y que, por otro, genere certidumbre al gobernado sobre qu� hecho o circunstancia se encuentra gravado, c�mo se calcular� la base del tributo, qu� tasa o tarifa debe aplicarse, c�mo, cu�ndo y d�nde se realizar� el entero respectivo y, en fin, todo aquello que le permita conocer qu� cargas tributarias le corresponden en virtud de la situaci�n jur�dica en que se encuentra o pretenda ubicarse; lo anterior, porque en ning�n momento autoriza, como pretende la quejosa-recurrente, a la autoridad administrativa para que �sta determine a trav�s de las reglas generales alguno de los elementos de las contribuciones referidos, al contrario, dispone que las reglas de car�cter general que se refieran a sujeto, objeto, base, tasa o tarifa, no pueden generar obligaciones o cargas adicionales a las establecidas en las propias leyes fiscales, lo que implica que se est� determinando que no pueden ir m�s all� que lo que disponen las normas formalmente legislativas, es decir, acata el principio en materia tributaria de reserva relativa de ley.

En efecto, contrario a lo manifestado por la parte quejosa-recurrente, el numeral reclamado no permite a las autoridades administrativas, a trav�s de las reglas de car�cter general, establecer cargas adicionales para los contribuyentes en relaci�n con cualquiera de los elementos de las contribuciones, pues se deben sujetar a �stos, tal como expl�citamente dispone su texto, de ah� que no transgreda en su perjuicio la garant�a de legalidad tributaria, pues en primer lugar, su emisi�n en materia fiscal no s�lo es permisible sino necesaria, al ser cuerpos normativos sobre aspectos t�cnicos y operativos para materias espec�ficas, cuya existencia obedece a los constantes avances de la tecnolog�a y al acelerado crecimiento de la administraci�n p�blica y, en segundo lugar, ser�n observables, s�lo si acatan el principio de reserva de ley relativa, es decir, siempre y cuando acaten con lo dispuesto en la norma primaria, que como en el caso, es el art�culo 33, fracci�n I, inciso g), del C�digo F. de la Federaci�n, que impone a estas normas secundarias, l�mites y sujeci�n a la misma (a la ley primaria, es decir, al propio art�culo 33, fracci�n I, inciso g), pues de no ser as�, no ser�n observables, siempre y cuando as� se determine una vez que se hagan valer los medios de defensa pertinentes y se resuelva lo conducente.

Por lo anterior, no le asiste la raz�n a la quejosa, en consecuencia, ha lugar a negar el amparo y protecci�n de la Justicia Federal respecto a la constitucionalidad del art�culo 33, fracci�n I, inciso g), del C�digo F. de la Federaci�n.

Ahora bien, toda vez que esta Suprema Corte de Justicia de la Naci�n no es competente para conocer en el recurso de revisi�n sobre la constitucionalidad de las reglas miscel�neas fiscales reclamadas, consistentes en la cuarta y sexta resoluciones de modificaciones a la resoluci�n miscel�nea fiscal para dos mil cuatro, publicadas en el Diario Oficial de la Federaci�n el veintid�s de septiembre y uno de diciembre de dos mil cuatro, procede reservar jurisdicci�n al D�cimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, a efecto de que analice los argumentos hechos valer al respecto.

Sirve de apoyo a la anterior consideraci�n, la tesis cuyos datos de identificaci�n, rubro y texto dicen:

(Novena �poca. Segunda Sala. S.J. de la Federaci�n y su Gaceta. T.X., mayo de 2002. Tesis 2a./J. 27/2002. P�gina 218).

MISCEL�NEA FISCAL. LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA CARECE DE COMPETENCIA PARA CONOCER DEL RECURSO DE REVISI�N EN QUE SE CUESTIONA LA CONSTITUCIONALIDAD DE AQUELLA RESOLUCI�N.-De conformidad con lo dispuesto en los art�culos 107, fracci�n VIII, inciso a), y �ltimo p�rrafo, de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos; 84, fracci�n I, inciso a) y 85, fracci�n II, de la Ley de Amparo; 10, fracci�n II, inciso a) y 21, fracci�n II, inciso a), de la Ley Org�nica del Poder Judicial de la Federaci�n, corresponde conocer a la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n del recurso de revisi�n en amparo contra sentencias pronunciadas por los Jueces de Distrito, cuando subsista en el recurso el problema de constitucionalidad, si en la demanda de amparo se impugn� la constitucionalidad de una ley, tratado internacional o reglamento expedido por el presidente de la Rep�blica en uso de la facultad reglamentaria que le otorga el art�culo 89, fracci�n I, de la propia Constituci�n Federal, por el jefe del Distrito Federal o por los gobernadores de los Estados y, en todos los dem�s casos, salvo que se plantee invasi�n de soberan�as o la interpretaci�n directa de un precepto de la Carta Magna, compete conocer de la revisi�n a los Tribunales Colegiados de Circuito. En consecuencia, si en un juicio de amparo se reclama la constitucionalidad de una resoluci�n miscel�nea fiscal, expedida por el subsecretario de Ingresos de la Secretar�a de Hacienda y Cr�dito P�blico, en ausencia del titular y del subsecretario del ramo, con fundamento, entre otros, en el art�culo 33, fracci�n I, inciso g), del C�digo F. de la Federaci�n, que establece que las autoridades fiscales procurar�n ?publicar anualmente las resoluciones dictadas por las autoridades fiscales que establezcan disposiciones de car�cter general, agrup�ndolas de manera que faciliten su conocimiento por parte de los contribuyentes?, se concluye que no se surte la competencia de este Alto Tribunal para conocer del recurso de revisi�n en el que subsista tal problema de constitucionalidad, sino la de los Tribunales Colegiados de Circuito, puesto que la resoluci�n reclamada no fue expedida por el presidente de la Rep�blica en uso de su facultad reglamentaria, sino por un subsecretario de Estado con base en el referido precepto del c�digo tributario, esto es, aun cuando la resoluci�n miscel�nea fiscal contiene reglas generales, impersonales y abstractas para facilitar el cumplimiento de las obligaciones de los contribuyentes, ello no da lugar a considerar que tal resoluci�n tiene el car�cter de reglamento y que, por tanto, se ubica dentro de los ordenamientos cuyo an�lisis de constitucionalidad compete realizar al M�ximo Tribunal del pa�s, pues tanto la Constituci�n Federal, como la Ley de Amparo y la Ley Org�nica del Poder Judicial de la Federaci�n, son claras al especificar que debe tratarse de reglamentos expedidos por el presidente de la Rep�blica, o bien, de reglamentos expedidos por los gobernadores de los Estados o por el jefe del Distrito Federal.

En suma, por lo que fue materia de la revisi�n, al resultar infundados los argumentos hechos valer por la parte quejosa-recurrente, lo que procede es confirmar el fallo recurrido y reservar jurisdicci�n al Tribunal Colegiado de Circuito del conocimiento para que estudie las manifestaciones referentes a las reglas miscel�nea fiscal reclamadas.

Por lo expuesto y fundado, se

resuelve:

PRIMERO

En la materia de la revisi�n, se confirma la sentencia recurrida.

SEGUNDO

La Justicia de la Uni�n no ampara ni protege a Gasolinera Alfa, Sociedad An�nima de Capital Variable, en contra del art�culo 33, fracci�n I, inciso g), del C�digo F. de la Federaci�n.

TERCERO

Se reserva jurisdicci�n al D�cimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, para los efectos precisados en la parte final de esta ejecutoria.

N.�quese, con testimonio de esta resoluci�n devu�lvanse los autos al lugar de origen y, en su oportunidad, arch�vese este asunto como concluido.

As� lo resolvi� la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, por unanimidad de cuatro votos de los se�ores Ministros: M.B.L.R., G.D.G.�ngora P., S.S.A.A. y presidente J.D.R.. Estuvo ausente el se�or M.G.I.O.M., por atender comisi�n oficial.