Ejecutoria num. 2a./J. 133/2005 de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala - Jurisprudencia - VLEX 26823510

Ejecutoria num. 2a./J. 133/2005 de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala

Emisor:Segunda Sala
Número de Resolución:2a./J. 133/2005
Materia:Suprema Corte de Justicia de México
Fecha de Publicación: 1 de Diciembre de 2005
RESUMEN

AMPARO EN REVISIÓN 1199/2005. JOSÉ ALFREDO GERARDO RÍOS.SEGURO SOCIAL. LA VIOLACIÓN FORMAL QUE SE ATRIBUYE AL PROCESO LEGISLATIVO DEL QUE DERIVÓ LA REFORMA AL ARTÍCULO 237 DE LA LEY RELATIVA, MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 20 DE DICIEMBRE DE 2001, NO TRASCENDIÓ A LA NORMA Y, POR ENDE, NO PROVOCA SU INCONSTITUCIONALIDAD.SEGURO SOCIAL. EL ARTÍCULO 237 DE LA LEY RELATIVA, AL ESTABLECER EL RÉGIMEN OBLIGATORIO PARA LOS TRABAJADORES EVENTUALES DEL CAMPO, NO TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD TRIBUTARIA.

 
ÍNDICE
CONTENIDO

AMPARO EN REVISI�N 1199/2005. J.A.G.R..

CONSIDERANDO:

TERCERO

En virtud de que fue revocado el sobreseimiento decretado por el Juez de Distrito, por lo que se refiere a los actos vinculados con la inconstitucionalidad del art�culo 237 de la Ley del Seguro Social, en relaci�n con el art�culo 12, fracci�n I, del propio ordenamiento legal, as� como respecto del acto concreto de aplicaci�n imputado al subdelegado en Guasave, S., del Instituto Mexicano del Seguro Social, que se hizo consistir en el oficio n�mero 2604129100 fechado el diecinueve de julio de dos mil cuatro, a trav�s del cual se invita al quejoso a que cumpla con sus obligaciones conforme al marco de la Ley del Seguro Social y el reglamento de la referida ley en materia de afiliaci�n, clasificaci�n de empresas, recaudaci�n y fiscalizaci�n, con fundamento en la fracci�n I del art�culo 91 de la Ley de Amparo, se debe proceder al an�lisis de los conceptos de violaci�n que omiti� estudiar el a quo federal, para lo cual se hace indispensable sintetizar su contenido.

El reclamante de garant�as en sus conceptos de violaci�n, aleg� fundamentalmente lo siguiente:

  1. Que el art�culo 237 de la Ley del Seguro Social es contrario a la garant�a del debido proceso legislativo que instituye el art�culo 72, inciso h), de la Constituci�n Federal, e igualmente contrario a la garant�a de fundamentaci�n de los actos legislativos que salvaguarda el art�culo 16 de la Carta Magna, en virtud de que la iniciativa de reformas tuvo su origen en la C�mara de Senadores y no en la de Diputados, como ten�a que ser por referirse tal precepto a cuestiones impositivas.

  2. Que el art�culo 237 de la Ley del Seguro Social viola los art�culos 14, 16 y 89, fracci�n I, de la Constituci�n Federal, ya que no obstante que el art�culo vig�simo sexto transitorio de la ley estableci� la obligaci�n de expedir los reglamentos relativos a los trabajadores eventuales del campo, a la fecha el jefe del Ejecutivo Federal ha incumplido con tal obligaci�n, provocando con ello la imposibilidad legal para realizar los tr�mites concernientes a los trabajadores agr�colas y a su vez impedimento a la autoridad para exigir su cumplimiento.

  3. Que los oficios signados por el subdelegado de Guasave del Instituto Mexicano del Seguro Social, mediante los cuales se aplican por primera vez las leyes y el decreto tra�dos a juicio, violan la garant�a de legalidad tributaria establecida en la fracci�n IV del art�culo 31 de la Constituci�n Federal, en raz�n de que el Congreso de la Uni�n dispuso que los trabajadores del campo accedieran al r�gimen de seguridad social bajo las modalidades que al efecto establezcan los reglamentos; sin embargo, ello no es posible ya que a la fecha no han sido emitidos tales reglamentos, lo que implica que se obligue al gobernado a cumplir con una obligaci�n no prevista en el art�culo 12, fracci�n I, de la Ley del Seguro Social, lo que implica que no se establezca la forma de cotizar y enterar las cuotas obrero patronales que surjan por motivo de la relaci�n laboral entre aqu�llos con el hoy quejoso.

  4. Que el oficio expedido por el subdelegado del Instituto Mexicano del Seguro Social en Guasave, S., viola en perjuicio del quejoso las garant�as de fundamentaci�n y motivaci�n contenidas en los art�culos 14 y 16 constitucionales, en virtud de que no se expresan suficientemente los motivos o circunstancias especiales para la emisi�n del oficio de referencia, adem�s de que tampoco se encuentra fundado el acto.

  5. Que los preceptos cuestionados son contrarios al principio de legalidad tributaria, ya que no existe un reglamento que regule el contenido normativo del art�culo 237 de la Ley del Seguro Social, o bien, la forma de afiliar y cotizar por los trabajadores agr�colas o eventuales del campo, dado que s�lo el legislador puede establecer los elementos esenciales de las contribuciones, es decir, sujeto, objeto, base, tasa o tarifa y, por tanto, de existir un reglamento que establezca los elementos esenciales de la contribuci�n en su modalidad de aportaciones de seguridad social, el mismo sin lugar a dudas es contrario a la garant�a de legalidad, ya que al �nico que le corresponde establecer cargas tributarias es al Poder Legislativo.

  6. Que el precepto cuestionado es contrario a la garant�a de equidad tributaria contenida en el art�culo 31, fracci�n IV, de la Constituci�n Federal, ya que no obstante que existe una manifiesta desigualdad entre los trabajadores eventuales del campo en relaci�n con los trabajadores urbanos permanentes, se obliga tanto a los patrones agr�colas, como a los trabajadores eventuales del campo a contribuir en su modalidad de urbanos permanentes.

CUARTO

Es infundado el argumento contenido en el primer concepto de violaci�n como se pasar� a demostrar a continuaci�n.

En efecto, el reclamante de garant�as en el concepto de violaci�n a que se hace m�rito, adujo b�sicamente que el precepto cuestionado es violatorio del art�culo 72, inciso h), de la Constituci�n Federal, ya que tuvo su origen en la C�mara de Senadores y no en la de Diputados como ten�a que ser, por referirse tal precepto a cuestiones impositivas.

Como se anticip�, el argumento esgrimido por el inconforme deviene infundado atendiendo a la raz�n de que sobre tal aspecto en particular, esta Segunda S. de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, al resolver por unanimidad de votos en sesi�n de cinco de agosto de dos mil cinco, el amparo en revisi�n 944/2005, promovido por Operadora de Servicios y Asesor�a Agr�cola, Sociedad An�nima de Capital Variable, estableci� que la violaci�n formal al proceso legislativo en t�rminos de la disposici�n constitucional en cita no trasciende a la norma legal impugnada y, por ende, no provoca su inconstitucionalidad, puesto que los sujetos de la contribuci�n a los que alude el art�culo 237 de la Ley del Seguro Social -trabajadores asalariados eventuales y permanentes en actividades del campo-, son los que el referido numeral impugnado se�ala que est�n comprendidos en la fracci�n I del art�culo 12 de la propia ley, mismo ordenamiento que, incluso, tambi�n comprende en su art�culo 15 a los patrones como otro de los sujetos del pago de dicha contribuci�n, los que por ser inherentes al r�gimen fiscal, junto con otros de la misma naturaleza, se reservaron al decidir presentar, la C�mara de Diputados, una nueva iniciativa de decreto respecto de estos preceptos legales, la que discuti� y aprob� como C�mara de Origen, para luego continuar con el proceso legislativo hasta llegar a su culminaci�n, lo que trae como consecuencia que la violaci�n formal al proceso legislativo del que deriv� la reforma al art�culo 237 de la Ley del Seguro Social, apoyada en que se origin� de una iniciativa que se present� y discuti� en la C�mara de Senadores, a pesar de que la C�mara de Origen debi� ser la de Diputados, no trascendi� de manera fundamental a esa norma y, por tanto, en nada afect� su constitucionalidad; conclusi�n que deriv� del an�lisis del proceso legislativo de referencia, en torno al cual destacan las siguientes consideraciones:

"Del proceso legislativo de referencia que dio origen al decreto impugnado -donde se incluye el art�culo 237 de la Ley del Seguro Social impugnado-, destaca, fundamentalmente, lo siguiente:

"? En sesi�n de seis de diciembre del a�o dos mil uno, la C�mara de Senadores aprob� ?en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que reforma la Ley del Seguro Social? y orden� se pasara a la C�mara de Diputados para los efectos constitucionales procedentes.

"? En sesi�n de trece de diciembre de dos mil uno, en la C�mara de Diputados, se atendi� al dictamen de las Comisiones de Seguridad Social, y de Trabajo y P.�n Social, sobre el proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social, proveniente de la C�mara de Senadores, el cual qued� en primera lectura.

"? El catorce de diciembre de dos mil uno, la C�mara de Diputados, previamente a la discusi�n de la referida minuta, hizo el se�alamiento de que las Comisiones de Seguridad Social y de Trabajo presentar�an una iniciativa de reformas sobre diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social, referente, exclusivamente, a los asuntos de ?car�cter fiscal? para evitar que se pudiera entrar en un debate de constitucionalidad o inconstitucionalidad de la ley, solicitando se diera lectura a la iniciativa que se estaba presentando y posteriormente discutir la minuta recibida del Senado. De las intervenciones correspondientes se advierte que se hizo hincapi�, en que desde el punto de vista t�cnico constitucional, y para evitar problemas, no podr�a la C�mara, bajo el esquema que estaba planteado, aprobar la minuta del Senado sino que tendr�an que votar negativamente, lo cual no les permitir�a despu�s presentar la iniciativa sino hasta el siguiente periodo ordinario de sesiones, de ah� la conveniencia de presentar primero la iniciativa de los diputados, para despu�s estudiar la minuta del Senado.

"? Una vez presentada la iniciativa, dispensados los tr�mites, se puso a discusi�n y votaci�n, aprobando el proyecto de decreto en lo general y en lo particular, ordenando se pasara al Senado para los efectos constitucionales.

"? En continuaci�n de la sesi�n del mismo catorce de diciembre de dos mil uno, el siguiente punto del orden del d�a fue el dictamen a discusi�n de las Comisiones de Seguridad Social, y de Trabajo y P.�n Social, con proyecto de decreto de reformas a la ley en cuesti�n, recibido de la C�mara de Senadores.

"? Discutido tal dictamen, se determin� la reserva de los siguientes art�culos del proyecto de decreto: 5o., 9o., 12, 13, 15, 15A, 15B, 16, 19, 22, 27, 28A, 30, 31, 34, 39, 39A, 39B, 39C, 39D, 40, 40A, 40B, 40C, 40D, 40E, 40F, 72, 73, 74, 79, 232, 233, 251, 270, 271, 272, 277B, 277G, 286C, 287, 288, 289, 290, 291, 297, 304, 304A, 304B, 304C, 304D, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318 y 319, as� como los art�culos transitorios quinto, s�ptimo, noveno, d�cimo cuarto y d�cimo sexto, habi�ndose aprobado en lo general y en lo particular los art�culos no impugnados.

"? Sobre los art�culos reservados se hizo la aclaraci�n de que los mismos corresponden a la iniciativa de ley presentada por la propia C�mara de Diputados y, una vez realizada la votaci�n correspondiente, fueron desechados los citados art�culos, se tuvo por aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto y se orden� pasara al Senado para los efectos del art�culo 72, inciso e), de la Constituci�n Federal.

"? Por �ltimo, recibido en el Senado el dictamen relativo a la iniciativa proveniente de la C�mara de Diputados, se dio primera lectura, se acord� la dispensa de la segunda lectura y se puso a discusi�n de inmediato, fue votado por ochenta y un votos a favor y ninguno en contra, ordenando pasara al Ejecutivo Federal para sus efectos constitucionales.

"Conforme a lo anterior, es de suma importancia dejar establecido -ante la violaci�n formal por la que se tilda de inconstitucional el proceso legislativo por el que se reform� el art�culo 237 impugnado, en cuanto se�ala a los sujetos de las aportaciones de seguridad social-, que el proceso legislativo que culmin� con el decreto por el que se reforman diversas disposiciones relativas a las aportaciones de seguridad social, entre ellas las que determinan los sujetos de �stas -art�culos 12 y 15 de la ley relativa-, por haberse discutido primero en la C�mara de Diputados se ajustan a lo previsto en el inciso h) del art�culo 72 constitucional, lo que estableci� esta Segunda S. en la tesis de jurisprudencia 131/2004, publicada en el Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, Novena �poca, Tomo XX, octubre de 2004, p�gina 382, de rubro: ?SEGURO SOCIAL. EL DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE LA MATERIA, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACI�N EL 20 DE DICIEMBRE DE 2001, EN LO RELATIVO A APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL, NO TRANSGREDE EL ART�CULO 72, INCISO H), DE LA CONSTITUCI�N FEDERAL.?

"En ese contexto, queda claro que no afecta la constitucionalidad del art�culo 237 de la Ley del Seguro Social -reformada por decreto publicado el veinte de diciembre del a�o dos mil uno-, la violaci�n formal que la quejosa atribuye al respectivo proceso legislativo, toda vez que el hecho de que tal precepto legal hubiera derivado de una iniciativa que se present� y discuti� en la C�mara de Senadores, a pesar de que la C�mara de Origen debi� ser la de Diputados en t�rminos de lo dispuesto en el numeral 72, inciso h), de la Carta Fundamental, lo cierto es que no trascendi� a la norma impugnada, tomando en cuenta que la relevancia que pod�a tener -en cuanto a que se trata de una disposici�n que determina los sujetos de las contribuciones de seguridad social-, finalmente no trascendi� porque los sujetos de las contribuciones de seguridad social a que alude el art�culo 237 impugnado, es decir, los trabajadores asalariados eventuales y permanentes en actividades del campo, est�n comprendidos en la fracci�n I del diverso art�culo 12 de la propia Ley del Seguro Social, mismo ordenamiento que en su art�culo 15 tambi�n comprende a los patrones como sujetos de dicha contribuci�n tripartita, habiendo quedado demostrado conforme al proceso legislativo que dio lugar a las reformas de estos dos �ltimos numerales, que no obstante las circunstancias en que se inici� el respectivo procedimiento legislativo, al final, fue la C�mara de Diputados la que fungi� como C�mara de Origen en lo referente a la iniciativa de reformas de las disposiciones de m�rito, cumpli�ndose con lo dispuesto en el inciso h) del art�culo 72 constitucional, raz�n por la que no trascendi� de manera fundamental al art�culo 237 reclamado, que en el respectivo proceso legislativo que culmin� con la aprobaci�n de su reforma, no existiera un estricto apego a las formalidades establecidas en el citado precepto constitucional -aspecto por el que la quejosa reclama su inconstitucionalidad-, puesto que la finalidad de que los sujetos pasivos de la contribuci�n a que alude el referido art�culo 237 impugnado estuvieran contenidos en normas jur�dicamente v�lidas atendiendo al imperativo constitucional en cita, se cumpli� al estar comprendidos los sujetos de la contribuci�n de que se trata en los diversos numerales 12 y 15 de la propia Ley del Seguro Social, de ah� que no se afectara la constitucionalidad del precepto legal reclamado por el motivo aducido por la quejosa en el concepto de violaci�n que se analiza.

Cabe citar en apoyo de la anterior conclusi�n, por su sentido y alcance, la tesis de jurisprudencia P./J. 94/2001, publicada en la p�gina 438 del Tomo XIV, correspondiente al mes de agosto de dos mil uno del Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, Novena �poca, del siguiente tenor: ?VIOLACIONES DE CAR�CTER FORMAL EN EL PROCESO LEGISLATIVO. SON IRRELEVANTES SI NO TRASCIENDEN DE MANERA FUNDAMENTAL A LA NORMA. Dentro del procedimiento legislativo pueden darse violaciones de car�cter formal que trascienden de manera fundamental a la norma misma, de tal manera que provoquen su invalidez o inconstitucionalidad y violaciones de la misma naturaleza que no trascienden al contenido mismo de la norma y, por ende, no afectan su validez. Lo primero sucede, por ejemplo, cuando una norma se aprueba sin el qu�rum necesario o sin el n�mero de votos requeridos por la ley, en cuyo caso la violaci�n formal trascender�a de modo fundamental, provocando su invalidez. En cambio cuando, por ejemplo, las comisiones no siguieron el tr�mite para el estudio de las iniciativas, no se hayan remitido los debates que la hubieran provocado, o la iniciativa no fue dictaminada por la comisi�n a la que le correspond�a su estudio, sino por otra, ello carece de relevancia jur�dica si se cumple con el fin �ltimo buscado por la iniciativa, esto es, que haya sido aprobada por el Pleno del �rgano legislativo y publicada oficialmente. En este supuesto los vicios cometidos no trascienden de modo fundamental a la norma con la que culmin� el procedimiento legislativo, pues este tipo de requisitos tiende a facilitar el an�lisis, discusi�n y aprobaci�n de los proyectos de ley por el Pleno del Congreso, por lo que si �ste aprueba la ley, cumpli�ndose con las formalidades trascendentes para ello, su determinaci�n no podr� verse alterada por irregularidades de car�cter secundario.?.

En esa tesitura, es dable concluir que los argumentos de la quejosa resumidos en el punto uno del considerando tercero de esta resoluci�n -violaci�n formal del proceso legislativo del que deriv� la reforma al art�culo 237 de la Ley del Seguro Social, de conformidad con lo establecido en el inciso h) del art�culo 72 de la Norma Fundamental-, devienen infundados en t�rminos del criterio sustentado por esta S. en la ejecutoria de m�rito, mismo que reiter� al resolver los amparos en revisi�n 1120/2005, 1126/2005 y 1181/2005, en sesiones de diecinueve y veinticuatro de agosto, y dos de septiembre de dos mil cinco, respectivamente.

QUINTO

En el segundo concepto de violaci�n reclam� el peticionario de garant�as violaci�n a los art�culos 14, 16 y 89, fracci�n I, de la Constituci�n Federal, derivada de la circunstancia de que, seg�n su decir, no obstante que el art�culo vig�simo sexto transitorio de la ley estableci� la obligaci�n de expedir los reglamentos relativos a los trabajadores eventuales del campo, a la fecha en que present� su demanda de amparo (veintisiete de septiembre de dos mil cuatro), el jefe del Ejecutivo Federal ha incumplido con tal obligaci�n, provocando con ello imposibilidad legal para realizar los tr�mites concernientes a los trabajadores agr�colas y a su vez impedimento a la autoridad para exigir su cumplimiento.

Es inoperante el argumento de referencia, ya que la violaci�n que reclama la hace depender de la circunstancia de que el jefe del Ejecutivo Federal ha omitido expedir el reglamento a que alude, lo que se traduce propiamente en una omisi�n de car�cter legislativo en contra de la cual resulta improcedente el juicio de garant�as, en virtud de que, seg�n el principio de relatividad que rige en el juicio de amparo, la sentencia que en �ste se dicte ser� siempre tal que s�lo se ocupe de individuos particulares, limit�ndose a ampararlos y protegerlos en el caso especial sobre el que verse la queja sin hacer una declaraci�n general respecto de la ley o acto que la motivare, lo que impide que una hipot�tica concesi�n de la protecci�n federal reporte beneficio alguno al quejoso, dado que no puede obligarse a la autoridad responsable a reparar la omisi�n que se le ha imputado, es decir, a expedir el ordenamiento aludido, ya que ello implicar�a darle efectos generales a la ejecutoria de amparo, lo cual, desde luego, no es factible.

Sirven de apoyo a la consideraci�n anterior, las tesis sustentadas por el Tribunal Pleno, las cuales se transcriben a continuaci�n, con los datos de localizaci�n correspondientes.

"Novena �poca

"Instancia: Pleno

"Fuente: Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta

"Tomo: X, noviembre de 1999

"Tesis: P. LXXX/99

"P�gina: 40

"CONCEPTOS DE VIOLACI�N Y AGRAVIOS EXPRESADOS EN EL AMPARO DIRECTO EN REVISI�N. SON INOPERANTES CUANDO EN ELLOS SE IMPUGNA LA OMISI�N DEL LEGISLADOR ORDINARIO DE EXPEDIR UNA LEY O DE ARMONIZAR UN ORDENAMIENTO A UNA REFORMA CONSTITUCIONAL. Cuando en la demanda de amparo directo o en los agravios expresados en la revisi�n interpuesta en dicho juicio constitucional, se impugna la omisi�n de una legislatura, ya sea local o federal, de expedir determinada codificaci�n u ordenamiento, la imposibilidad jur�dica de analizar tales cuestionamientos deriva de que conforme al principio de relatividad que rige en el juicio de amparo, establecido en los art�culos 107, fracci�n II, constitucional, y 76 de la Ley de Amparo, lasentencia que en �ste se dicte ser� siempre tal, que s�lo se ocupe de individuos particulares, limit�ndose a ampararlos y protegerlos en el caso especial sobre el que verse la queja, sin hacer una declaraci�n general respecto de la ley o acto que la motivare, lo que impide que una hipot�tica concesi�n de la protecci�n federal reporte alg�n beneficio al quejoso, dado que no puede obligarse a la autoridad legislativa a reparar esa omisi�n, esto es, a legislar, porque esto ser�a tanto como pretender dar efectos generales a la ejecutoria, ya que la reparaci�n constitucional implicar�a la creaci�n de una ley que, por definici�n, constituye una regla de car�cter general, abstracta e impersonal, la que vincular�a no s�lo al recurrente y a las autoridades se�aladas como responsables, sino a todos los gobernados y autoridades cuya actuaci�n tuviera relaci�n con la norma creada, apart�ndose del enunciado principio."

"Novena �poca

"Instancia: Pleno

"Fuente: Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta

"Tomo: VI, diciembre de 1997

"Tesis: P. CLXVIII/97

"P�gina: 180

LEYES, AMPARO CONTRA. ES IMPROCEDENTE AQUEL EN QUE SE IMPUGNA LA OMISI�N DEL LEGISLADOR ORDINARIO DE EXPEDIR UNA LEY O DE ARMONIZAR UN ORDENAMIENTO LEGAL A UNA REFORMA CONSTITUCIONAL. Respecto de la omisi�n del legislador ordinario de dar cumplimiento al mandato constitucional de expedir determinada ley o de reformar la existente en armon�a con las disposiciones fundamentales, es improcedente el juicio de garant�as, de conformidad con lo dispuesto en el art�culo 73, fracci�n XVIII, de la Ley de Amparo, en relaci�n con lo establecido en los art�culos 107, fracci�n II, de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos y 76 de la citada legislaci�n ordinaria, en virtud de que, seg�n el principio de relatividad que rige en el juicio de amparo, la sentencia que en �ste se dicte ser� siempre tal, que s�lo se ocupe de individuos particulares, limit�ndose a ampararlos y protegerlos en el caso especial sobre el que verse la queja, sin hacer una declaraci�n general respecto de la ley o acto que la motivare, lo que impide que una hipot�tica concesi�n de la protecci�n federal reporte alg�n beneficio al quejoso, dado que no puede obligarse a la autoridad legislativa a reparar esa omisi�n, es decir, a legislar, pues esto ser�a tanto como pretender dar efectos generales a la ejecutoria, ya que la reparaci�n constitucional implicar�a la creaci�n de una ley que es una regla de car�cter general, abstracta y permanente, la que vincular�a no s�lo al peticionario de garant�as y a las autoridades se�aladas como responsables, sino a todos los gobernados y autoridades cuya actuaci�n tuviera relaci�n con la norma creada, lo que es inconcuso resultar�a apartado del principio de relatividad enunciado.

Independientemente de lo anterior, debe destacarse que es inexacto que el jefe del Ejecutivo Federal haya incurrido en la omisi�n que se le imput�, ya que contrario a las manifestaciones del reclamante de garant�as, con fecha treinta de junio de mil novecientos noventa y siete, fue publicado en el Diario Oficial de la Federaci�n, el Reglamento de la Seguridad Social para el Campo, el cual fue expedido por el presidente de la Rep�blica en turno, en ejercicio de las facultades que le confiere el art�culo 89, fracci�n I, de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos y con fundamento, adem�s, en los art�culos 234 al 239 de la Ley del Seguro Social, y 31 y 32 de la Ley Org�nica de la Administraci�n P�blica Federal.

Adem�s, debe destacarse que esta Segunda S. de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n al resolver por unanimidad de votos, en sesiones de diecinueve y veinticuatro de agosto de dos mil cinco, los amparos en revisi�n 1120/2005 y 1126/2005, sobre cuestionamientos similares, determin� lo siguiente:

"... la impetrante sostiene que el Poder Ejecutivo vulnera el art�culo 89, fracci�n I, de la Constituci�n, porque no expidi� el reglamento en materia de seguridad social que normar�a el procedimiento para inscribir a los trabajadores del campo al r�gimen obligatorio; en raz�n de lo cual no hay posibilidad de cumplir con tal obligaci�n.

"Para dar respuesta a ese planteamiento, conviene recordar que la Ley del Seguro Social cuestionada, se public� el veintiuno de diciembre de mil novecientos noventa y cinco; y que en el t�tulo segundo, ?Del r�gimen obligatorio?, contiene el cap�tulo X, denominado ?De la seguridad social en el campo?.

"En ese cap�tulo se encuentra el art�culo 237, que establec�a en su texto original:

"?Art�culo 237. Los trabajadores asalariados, eventuales y permanentes en actividades del campo, se comprenden en el art�culo 12, fracci�n I, de esta ley y acceder�n a la seguridad social en los t�rminos y formas que establezca la presente ley, y conforme a las modalidades que para el efecto establezca el reglamento de afiliaci�n.?

"Precepto que se complementa con el art�culo vig�simo sexto transitorio que dice a la letra:

"?Vig�simo sexto. El Reglamento de Afiliaci�n que normar� el procedimiento a trav�s del cual se inscribir�n los trabajadores asalariados a que se refiere el cap�tulo X del t�tulo II de esta ley, se expedir� dentro de los ciento ochenta d�as posteriores a la entrada en vigor del presente ordenamiento.?

"Conforme al numeral transcrito, el Reglamento de Afiliaci�n que normar�a el procedimiento para inscribir los trabajadores asalariados del campo al r�gimen obligatorio, deb�a ser expedido dentro de los ciento ochenta d�as posteriores a la entrada en vigor de la Ley del Seguro Social.

"Esa disposici�n fue cumplida por el titular del Poder Ejecutivo, si se toma en cuenta que de acuerdo al art�culo primero transitorio del decreto que la contiene, la fecha para que la Ley del Seguro Social entrara en vigor, estaba se�alada para el primero de enero de mil novecientos noventa y siete; sin embargo, en decreto publicado en el Diario Oficial de la Federaci�n del primero de noviembre de mil novecientos noventa y seis, se modific� ese art�culo transitorio para se�alar el primero de julio de mil novecientos noventa y siete como la nueva fecha para que entrara en vigor ese ordenamiento legal. Consecuentemente, el lapso de ciento ochenta d�as previsto en el art�culo vig�simo sexto transitorio, para expedir el reglamento que deb�a normar el procedimiento de inscripci�n de los trabajadores asalariados del campo al r�gimen obligatorio, corri� del dos de julio al veintiocho de diciembre de mil novecientos noventa y siete.

"Plazo que fue acatado por el titular del Poder Ejecutivo, toda vez que el treinta de junio de mil novecientos noventa y siete se public� en el Diario Oficial de la Federaci�n el Reglamento de la Seguridad Social para el Campo, en cuyo art�culo primero transitorio se dispuso que entrar�a en vigor al d�a siguiente, primero de julio de mil novecientos noventa y siete.

"No sobra se�alar que en el art�culo segundo transitorio del mismo ordenamiento, se abrog� el Reglamento para el Seguro Social Obligatorio de los Trabajadores del Campo, publicado en el Diario Oficial de la Federaci�n el dieciocho de agosto de mil novecientos sesenta (que a su vez derog� el reglamento de quince de agosto de mil novecientos cincuenta y cuatro establecido para los Estados de Baja California, Sonora y S.), as� como cualquier otra disposici�n reglamentaria o administrativa que se opusiera a la observancia de ese cuerpo normativo; y en el sexto, estableci� que las disposiciones previstas en el nuevo reglamento para los trabajadores eventuales, ser�an aplicables a partir del primero de julio de mil novecientos noventa y ocho, manteni�ndose vigente, mientras tanto, lo dispuesto para dichos trabajadores en el reglamento que se abrogaba.

"Ahora bien, con motivo de la reforma que reclama la quejosa publicada el veinte de diciembre de dos mil uno, el art�culo 237 de la Ley del Seguro Social qued� como sigue:

"?Art�culo 237. Los trabajadores asalariados, eventuales y permanentes en actividades del campo, se comprenden en el art�culo 12, fracci�n I, de esta ley y acceder�n a la seguridad social en los t�rminos y formas que establezca la misma, conforme a las modalidades que para el efecto establezcan los reglamentos que correspondan.?

"El decreto de esa reforma, contiene los art�culos primero y segundo transitorios, que dicen a la letra:

"?Primero. El presente decreto entrar� en vigor al d�a siguiente de su publicaci�n en el Diario Oficial de la Federaci�n, con las salvedades previstas en los siguientes art�culos transitorios.?

"?Segundo. En tanto se emitan, en su caso, nuevos reglamentos o adecuaciones a los existentes, conforme a lo previsto en este decreto, continuar�n vigentes los reglamentos emitidos a la fecha. ...?

"Y para reglamentar, entre otras disposiciones, el referido art�culo 237 de la Ley del Seguro Social reformado, el presidente de la Rep�blica expidi� el ?Reglamento de la Ley del Seguro Social en Materia de Afiliaci�n, Clasificaci�n de Empresas, Recaudaci�n y F.�n?, publicado en el Diario Oficial de la Federaci�n del primero de noviembre de dos mil dos, en vigor al d�a siguiente, en cuyo art�culo segundo transitorio, se abrogaron, entre otros, los Reglamentos de Afiliaci�n y el de la Seguridad Social para el Campo.

"Conforme a esta secuencia de an�lisis es evidente que el presidente de la Rep�blica ha cumplido con la obligaci�n que le impone el art�culo 89, fracci�n I, de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, de reglamentar las disposiciones contenidas en el art�culo 237 de la Ley del Seguro Social, desde su texto vigente a partir de mil novecientos noventa y siete, hasta la reforma que impugna la quejosa, con el prop�sito de incorporar a los trabajadores eventuales del campo al r�gimen obligatorio.

"En efecto, contrario a lo que aduce la impetrante, la incorporaci�n de los trabajadores eventuales del campo al r�gimen obligatorio del Seguro Social ha estado reglamentada desde mil novecientos cincuenta y cuatro hasta la fecha. En particular, la que deriv� de la reforma al art�culo 237 de la ley de la materia, publicada el veinte de diciembre de dos mil uno, pues conforme al art�culo segundo transitorio del decreto que contiene esa modificaci�n legislativa, la incorporaci�n de m�rito deb�a continuarse realizando a trav�s del Reglamento de la Seguridad Social para el Campo, publicado el treinta de junio de mil novecientos noventa y siete, que la misma disposici�n transitoria mantuvo vigente hasta el dos de noviembre de dos mil dos, cuando entr� en vigor el Reglamento de la Ley del Seguro Social en Materia de Afiliaci�n, Clasificaci�n de Empresas, Recaudaci�n y F.�n, que rige en la actualidad.

De ah� que resulte infundado el tercer concepto de violaci�n que invoca la impetrante, en cuanto a que el Poder Ejecutivo vulnera el art�culo 89, fracci�n I, de la Constituci�n, porque no expidi� el reglamento en materia de seguridad social que normar�a el procedimiento para inscribir a los trabajadores del campo; pues como se ha visto, para dar cumplimiento a la incorporaci�n de los trabajadores eventuales del campo al r�gimen obligatorio del Seguro Social, el presidente de la Rep�blica, en su momento, ha expedido los reglamentos correspondientes para que los patrones est�n en posibilidad de cumplir con esa obligaci�n.

SEXTO

En el tercer y quinto conceptos de violaci�n, adujo el quejoso violaci�n a la garant�a de legalidad tributaria contenida en la fracci�n IV del art�culo 31 de la Constituci�n Federal, bajo el argumento de que los oficios signados por el subdelegado de Guasave del Instituto Mexicano del Seguro Social, mediante los cuales se aplican por primera vez las leyes y el decreto tra�dos a juicio, en raz�n de que el Congreso de la Uni�n dispuso que los trabajadores del campo accedieran al r�gimen de seguridad social bajo las modalidades que al efecto establezcan los reglamentos; lo cual, seg�n el decir del reclamante no es posible, ya que a la fecha no han sido emitidos tales reglamentos, lo cual implica que se obligue al gobernado a cumplir con una obligaci�n no prevista en el art�culo 12, fracci�n I, de la Ley del Seguro Social, no obstante que no se establezca la forma de cotizar y enterar las cuotas obrero patronales que surjan por motivo de la relaci�n laboral entre aqu�llos con el hoy quejoso.

Tambi�n adujo que al no existir un reglamento que regule el contenido normativo del art�culo 237 de la Ley del Seguro Social, o bien, la forma de afiliar y cotizar por los trabajadores agr�colas o eventuales del campo, dado que s�lo el legislador puede establecer los elementos esenciales de las contribuciones, es decir, sujeto, objeto, base, tasa o tarifa, se actualiza una violaci�n a la garant�a de legalidad, ya que al �nico que le corresponde establecer cargas tributarias es al Poder Legislativo.

Son infundados los argumentos a que se hace m�rito.

Lo anterior es as�, ya que debe destacarse que es inexacta la afirmaci�n vertida por el inconforme en el sentido de que no ha sido expedido el reglamento que regule el contenido del art�culo 237 reclamado, toda vez que como se manifest� con anterioridad, con fecha treinta de junio de mil novecientos noventa y siete, fue publicado el Reglamento de la Seguridad Social para el Campo, el cual tiene sustento legal en los art�culos 234 a 239 de la Ley del Seguro Social.

Adem�s, se debe se�alar que los elementos esenciales de la tributaci�n se establecen en la ley relativa y no en los reglamentos, ya que ello ser�a atentatorio del principio de reserva de ley, motivo por el cual la supuesta inexistencia del reglamento a que alude el impetrante de modo alguno puede traer consigo violaci�n alguna al principio de legalidad tributaria, pues como se ha dicho los elementos esenciales del tributo se consignan en la ley y no en los reglamentos.

Independientemente de lo anterior, se deben desestimar las alegaciones esgrimidas por el quejoso, tomando en consideraci�n que esta Segunda S., al resolver por unanimidad de cinco votos los amparos en revisi�n 262/2001 y 268/2005, en sesiones de dieciocho de octubre de dos mil dos y veintisiete de mayo de dos mil cinco, respectivamente, emiti� criterio en el sentido de que el art�culo 237 de la Ley del Seguro Social, al establecer el r�gimen obligatorio para los trabajadores eventuales del campo no transgrede el principio de legalidad tributaria.

El criterio de referencia fue plasmado en la tesis 2a. LXVIII/2005, cuyos datos de localizaci�n, rubro y texto son del tenor siguiente:

"Novena �poca

"Instancia: Segunda S.

"Fuente: Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta

"Tomo: XXII, julio de 2005

"Tesis: 2a. LXVIII/2005

"P�gina: 511

SEGURO SOCIAL. EL ART�CULO 237 DE LA LEY RELATIVA, AL ESTABLECER EL R�GIMEN OBLIGATORIO PARA LOS TRABAJADORES EVENTUALES DEL CAMPO, NO TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD TRIBUTARIA. El art�culo 237 de la Ley del Seguro Social ordena la incorporaci�n de los trabajadores eventuales del campo al r�gimen obligatorio, y dispone que acceder�n a la seguridad social en los t�rminos y formas que prevea dicho ordenamiento, conforme a las modalidades que para tal efecto establezca el reglamento de afiliaci�n, de donde deriva que los elementos esenciales del tributo fueron establecidos por el propio legislador en la ley citada, al prever: a) sujeto obligado: los patrones -art�culo 15-; sujeto del aseguramiento: los trabajadores eventuales del campo -art�culo 12, fracci�n I-; b) objeto de la contribuci�n: la incorporaci�n de los citados trabajadores al r�gimen obligatorio del seguro social (riesgos de trabajo; enfermedades y maternidad, invalidez y vida, retiro, cesant�a en edad avanzada y vejez, as� como guarder�as y prestaciones sociales) -art�culos 2o., 6o., 7o. y 11-; c) base del tributo: el salario que perciben los trabajadores, integrado en t�rminos de los art�culos 27, 28, 29, 30, 39 y 39-A de la propia ley; d) tasa o tarifa: los porcentajes que se deben aplicar a la base para cada uno de los seguros que comprende el r�gimen obligatorio, en t�rminos de los art�culos 28 y vig�simo quinto transitorio de la Ley del Seguro Social, publicada en el Diario Oficial de la Federaci�n el 21 de diciembre de 1995; y, e) �poca de pago: a m�s tardar el d�a 17 del mes inmediato siguiente al en que se causaron las cuotas relativas -art�culo 39-. Consecuentemente, si la Ley del Seguro Social contiene los elementos esenciales de las aportaciones de seguridad social para la incorporaci�n de los trabajadores eventuales del campo al r�gimen obligatorio, es evidente que su art�culo 237 no transgrede el principio de legalidad tributaria contenido en el art�culo 31, fracci�n IV, de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, pues si bien alude a que la incorporaci�n se realizar� conforme a los reglamentos que correspondan, en ellos no se establece ninguno de los elementos esenciales del tributo, sino �nicamente se contienen las disposiciones generales para dar exacto cumplimiento a la ley.

Conforme a lo anterior, se desestiman las alegaciones esgrimidas por el impetrante, ya que como se ha establecido por este Alto Tribunal, el art�culo cuestionado no es contrario al principio de legalidad tributaria contenido en la fracci�n IV de la Constituci�n Federal.

S�PTIMO

En el sexto concepto de violaci�n sintetizado en el punto 6 del considerando tercero de esta ejecutoria, adujo el impetrante que el precepto cuestionado es contrario a la garant�a de equidad tributaria, contenida en el art�culo 31, fracci�n IV, de la Constituci�n Federal, ya que no obstante que existe una manifiesta desigualdad entre los trabajadores eventuales del campo, en relaci�n con los trabajadores urbanos permanentes, se obliga a los patrones agr�colas como a los trabajadores eventuales del campo a contribuir en su modalidad de urbanos permanentes.

De igual manera es infundado el argumento anterior, toda vez que en relaci�n con tal cuestionamiento, tambi�n existe pronunciamiento de esta Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, al resolver los amparos en revisi�n antes citados, en el sentido de que el art�culo 237 de la Ley del Seguro Social no es contrario al principio de equidad.

El criterio a que se hace referencia se encuentra contenido en la tesis que se transcribe a continuaci�n con los datos de localizaci�n correspondientes.

"Novena �poca

"Instancia: Segunda S.

"Fuente: Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta

"Tomo: XXII, julio de 2005

"Tesis: 2a. LXX/2005

"P�gina: 510

SEGURO SOCIAL. EL ART�CULO 237 DE LA LEY RELATIVA, AL ESTABLECER EL R�GIMEN OBLIGATORIO PARA LOS TRABAJADORES EVENTUALES DEL CAMPO, NO TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA. El mencionado precepto, al disponer que los trabajadores asalariados, eventuales y permanentes en actividades del campo, comprendidos en la fracci�n I del art�culo 12 de la Ley del Seguro Social, acceder�n a la seguridad social en los t�rminos y formas que �sta establezca, no transgrede el principio de equidad tributaria contenido en la fracci�n IV del art�culo 31 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, puesto que a los trabajadores de m�rito les otorga el mismo trato que a los dem�s sujetos de aseguramiento de las zonas urbanas, sin distinci�n en cuanto al salario base de cotizaci�n, a los seguros que comprende el r�gimen obligatorio, as� como a los servicios y prestaciones en dinero o en especie que la ley regula.

En las condiciones anotadas, por lo que respecta a la inconstitucionalidad alegada respecto del art�culo 237 de la Ley del Seguro Social, en relaci�n con el art�culo 12, fracci�n I, de tal ordenamiento, debe negarse la protecci�n constitucional solicitada, ya que no se actualiza la violaci�n de garant�as alegada.

OCTAVO

Por �ltimo, en el cuarto concepto de violaci�n, en relaci�n con el oficio n�mero 2604129100, expedido con fechadiecinueve de julio de dos mil cuatro por el subdelegado del Instituto Mexicano del Seguro Social, en Guasave, S., el cual constituye el acto concreto de aplicaci�n, aduce fundamentalmente el afectado que el oficio de m�rito es violatorio de las garant�as contenidas en los art�culos 14 y 16 de la Constituci�n Federal, toda vez que no se expresan suficientemente los motivos o circunstancias especiales para la emisi�n del oficio de referencia, adem�s de que tampoco se encuentra fundado el acto.

Como se puede advertir el argumento de referencia se vincula con aspectos de mera legalidad; sin embargo, a fin de no dilatar la impartici�n de justicia y atendiendo al principio de econom�a procesal, se ejerce la facultad de atracci�n respecto del acto de aplicaci�n a que se alude, en estricto apego a la garant�a de impartici�n de justicia pronta, completa e imparcial consagrada en el art�culo 17 constitucional.

Sirve de apoyo a la consideraci�n anterior, la tesis sustentada por la otrora Tercera S. de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, cuyos datos de localizaci�n, rubro y texto son del tenor siguiente:

"Octava �poca

"Instancia: Tercera S.

"Fuente: Semanario Judicial de la Federaci�n

"Tomo: V, Primera Parte, enero a junio de 1990

"Tesis: XXXIX/90

"P�gina: 158

ATRACCI�N. DEBE EJERCERSE ESA FACULTAD CUANDO DE MODO EVIDENTE SE ADVIERTA QUE DE NO HACERLO SE AFECTAR� LA GARANT�A DE CELERIDAD EN LA ADMINISTRACI�N DE JUSTICIA CONSAGRADA EN EL ART�CULO 17 DE LA CONSTITUCI�N.-Cuando de modo evidente se advierta que de remitirse el asunto al �rgano originalmente competente, se atender� a la garant�a de celeridad en la administraci�n de justicia consagrada en el art�culo 17 constitucional, resulta procedente que la S. de la Suprema Corte correspondiente ejerza la facultad de atracci�n de conformidad con lo dispuesto por los art�culos 107, fracci�n VIII, de la Constituci�n y 26, fracciones I, inciso b) y III de la Ley Org�nica del Poder Judicial Federal.

Atento a lo anterior, se procede a realizar el an�lisis del cuarto concepto de violaci�n, en el que como se ha destacado se reclama la inconstitucionalidad del oficio antes citado, el cual es del tenor siguiente:

"Guasave, Sin., a 19 de julio de 2004.

"Oficio No. 26 04 12 9100/

"C. Productor: J.A.G.R.�os

"Domicilio: C.S.P. 28, fracc. S.M.S. Alvarado Sin.

"Registro patronal anterior: E47 11736 45 0

"Registro patronal nuevo: E47 11736 13 8

"Presente.

"Como es de su conocimiento, el Consejo Nacional Agropecuario (CNA) firm� en diciembre de 1998 un convenio con el Instituto Mexicano del Seguro Social mediante el cual se estableci� un periodo (sic) de transici�n que les permitiera a ustedes como productores del campo cumplir con sus obligaciones patronales en los t�rminos establecidos en la Ley del Seguro Social y en el Reglamento de la Ley del Seguro Social en Materia de Afiliaci�n, Clasificaci�n de Empresas, Recaudaci�n y F.�n.

"Al quedar sin efecto las disposiciones del convenio, a partir del 1o. de julio de 2004, usted como productor que contrata trabajadores eventuales a su servicio, deber� restablecer los t�rminos de aplicaci�n legal que corresponden al cumplimiento de sus obligaciones patronales ante el Instituto Mexicano del Seguro Social.

"Para facilitar el cumplimiento de esta responsabilidad, el IMSS ha tomado las siguientes medidas:

"I. Se le modific� su registro patronal en las tres �ltimas posiciones, quedando registrado en la modalidad 13.

"II. El instituto proporciona herramientas inform�ticas para facilitar el cumplimiento de sus obligaciones; por lo que sus movimientos afiliatorios deber�n ser presentados en dispositivo magn�tico, para lo cual se pone a su disposici�n el DISMAG.

"III. Usted cuenta con el SUA (Sistema �nico de Autodeterminaci�n), mismo que ofrece las siguientes ventajas:

"-Contiene un m�dulo para el c�lculo de cuotas y sus diferencias.

"-Calcula el importe exacto de las cuotas obrero patronales.

"-Verifica el disco de pago.

"-Facilita y simplifica el proceso de autodeterminaci�n y del pago en las ventanillas de las instituciones bancarias autorizadas.

"-Cuenta con un m�dulo que permite la generaci�n de pagos complementarios.

"IV. Asimismo cuenta con el IDSE (IMSS desde su empresa). Este sistema consiste en la transmisi�n y recepci�n de informaci�n por medio del intercambio electr�nico de datos que permite a ustedes como productores comunicar desde sus propias instalaciones, los trescientos sesenta y cinco d�as del a�o, las 24 horas del d�a, los movimientos de reingreso, modificaci�n de salario y baja de sus trabajadores; misma informaci�n que ser� procesada por el instituto en forma oportuna y confiable. Adem�s tiene entre otros beneficios que:

"-Facilita al patr�n la presentaci�n de movimientos afiliatorios, al ampliar el horario para su recepci�n.

"-Simplifica el procedimiento y disminuye el �ndice de errores y aclaraciones patronales, en virtud de que se efect�a una homologaci�n previa, entre la informaci�n del patr�n y la del instituto.

"-Garantiza la actualizaci�n oportuna y confiable de las bases de datos.

"-Reduce significativamente las cargas administrativas de trabajo, ya que la informaci�n fluye de la computadora del patr�n a la computadora del instituto, por lo que abate costos operativos para las empresas.

"-Permite actualizar en un m�ximo de 48 hrs., las bases de datos del IMSS una vez recibida la informaci�n.

"-Evita posibles capitales constitutivos as� como la imposici�n de multas.

"-Permite la inscripci�n oportuna de trabajadores que ingresan a laborar en d�as y horas inh�biles para el instituto.

"Por todo lo anterior, le invito a que cumpla con sus obligaciones en el marco de la Ley del Seguro Social y el Reglamento de la Ley del Seguro Social en Materia de Afiliaci�n, Clasificaci�n de Empresas, Recaudaci�n y F.�n otorgando as� las prestaciones de seguridad social a sus trabajadores y beneficiarios.

"No dude en acudir a esta subdelegaci�n donde podremos ampliar la informaci�n al respecto y proporcionarle las herramientas inform�ticas necesarias.

"Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

"Atentamente.

"Firma ilegible.

"C.J.R.�n Castro Caro.

Subdelegado.

Del contenido del oficio de m�rito, aparece que la autoridad administrativa que lo emiti�, modific� el registro patronal del quejoso a la modalidad 13 y lo requiri�, entre otras cosas, para que cumpla con sus obligaciones en el marco de la Ley del Seguro Social en Materia de Afiliaci�n, Clasificaci�n de Empresas, Recaudaci�n y F.�n, otorgando as� las prestaciones de seguridad social a sus trabajadores y beneficiarios.

Del texto del oficio de m�rito no aparece que la autoridad administrativa, tal como lo alega el inconforme, haya expresado los motivos o las circunstancias especiales para su emisi�n, tampoco aparece que se haya apoyado de manera espec�fica en alguno de los preceptos que regula su funci�n, ya que de manera gen�rica hace referencia a la Ley del Seguro Social, as� como al Reglamento de la Ley del Seguro Social en Materia de Afiliaci�n, Clasificaci�n de Empresas, Recaudaci�n y F.�n.

Lo anterior evidencia la actualizaci�n de la violaci�n a la garant�a de fundamentaci�n y motivaci�n contenida en el p�rrafo primero del art�culo 16 de la Carta Fundamental, ya que en t�rminos de tal precepto todo acto de autoridad debe estar fundado y motivado, debi�ndose entender por fundar, la expresi�n de los fundamentos legales o de derecho del acto reclamado, y por motivaci�n, el se�alamiento de las causas materiales o de derecho que hayan dado lugar al acto reclamado, sin que pueda admitirse que la motivaci�n consista en la expresi�n general y abstracta del actuar de la autoridad responsable. Adem�s de lo anterior, debe existir congruencia entre un aspecto y otro a fin de darle al gobernado la oportunidad de defensa, ya que de no proporcionarle tales elementos se le dejar�a en estado de indefensi�n por desconocer los fundamentos en que se apoy� la autoridad administrativa y las circunstancias particulares, causas, motivos o razones que tom� en consideraci�n para aplicar tales preceptos.

Ahora bien, si como se ha advertido el oficio cuestionado dentro de su texto no contiene precepto legal alguno que apoye el actuar de la responsable, ni contiene las razones particulares de su proceder, es indudable que se actualiza plenamente la violaci�n a la garant�a de fundamentaci�n y motivaci�n consagrada en el art�culo 16 de la Constituci�n Federal, motivo por el cual se debe conceder la protecci�n constitucional solicitada en relaci�n con tal acto.

Sirven de apoyo a la consideraci�n anterior, las tesis que se transcriben a continuaci�n.

"S�ptima �poca

"Instancia: Segunda S.

"Fuente: Semanario Judicial de la Federaci�n

"Volumen: 80, Tercera Parte

"P�gina: 36

"FUNDAMENTACI�N Y MOTIVACI�N DE LOS MANDAMIENTOS DE LA AUTORIDAD. ART�CULO 16 CONSTITUCIONAL.-Por fundar debe entenderse la expresi�n de los fundamentos legales o de derecho del acto reclamado; en consecuencia, una resoluci�n reclamada no queda debidamente fundada si no contiene la expresi�n de ning�n fundamento legal o de derecho. Por motivar debe entenderse el se�alamiento de las causas materiales o de derecho que hayan dado lugar al acto reclamado, sin que pueda admitirse que la motivaci�n consista en la expresi�n general y abstracta: ?por razones de inter�s p�blico?, ya que la mencionada expresi�n no se�ala en principio las causas materiales o de hecho que hubieran dado lugar al acto reclamado."

"Sexta �poca

"Instancia: Segunda S.

"Fuente: Semanario Judicial de la Federaci�n

"Volumen: CXXV, Tercera Parte

"P�gina: 28

"MOTIVACI�N, GARANT�A DE, CONCEPTO.-La motivaci�n exigida por el art�culo 16 constitucional consiste en el razonamiento, contenido en el texto mismo del acto autoritario de molestia, seg�n el cual quien lo emiti� lleg� a la conclusi�n de que el acto concreto al cual se dirige se ajusta exactamente a las prevenciones de determinados preceptos legales. Es decir, motivar un acto es externar las consideraciones relativas a las circunstancias de hecho que se formul� la autoridad para establecer la adecuaci�n del caso concreto a la hip�tesis legal."

"Sexta �poca

"Instancia: Segunda S.

"Fuente: Semanario Judicial de la Federaci�n

"Volumen: LX, Tercera Parte

"P�gina: 24

AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS, FUNDAMENTACI�N Y MOTIVACI�N DE SUS ACTOS.-Las autoridades administrativas est�n obligadas a llenar los requisitos que se�ale la norma secundaria aplicable y adem�s, a cumplir las formalidades esenciales del procedimiento, de tal modo que, aunque la ley del acto no establezca, en manera alguna, requisitos ni formalidades previamente a la emisi�n del acuerdo reclamado, de todas suertes queda la autoridad gubernativa obligada a observar las formalidades necesarias para respetar la garant�a de previa audiencia que consagra el art�culo 14 constitucional. Las formalidades que legalmente debe observar un procedimiento administrativo no son tan s�lo aquellas que expresamente establezca la ley relativa, sino tambi�n, y de modo fundamental (en el supuesto de que dicha ley guarde en este punto absoluto silencio), las formalidades esenciales cuyo respeto exige el art�culo 14 constitucional.

En las anotadas condiciones, lo que procede, en la especie, es conceder al quejoso la protecci�n constitucional solicitada, por lo que respecta al acto concreto de aplicaci�n, para el solo efecto de que la autoridad responsable deje sin efecto el oficio cuestionado.

Sirve de apoyo a lo antes considerado la jurisprudencia sustentada por esta Segunda S. que se transcribe a continuaci�n.

"Novena �poca

"Instancia: Segunda S.

"Fuente: Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta

"Tomo: XII, septiembre de 2000

"Tesis: 2a./J. 79/2000

"P�gina: 95

INCONFORMIDAD. LA SENTENCIA QUE OTORGA EL AMPARO POR FALTA DE FUNDAMENTACI�N Y MOTIVACI�N, NO OBLIGA A DICTAR UNA NUEVA RESOLUCI�N, A MENOS QUE SE TRATE DEL DERECHO DE PETICI�N O DE LA RESOLUCI�N DE UN RECURSO O JUICIO.-Conforme a la tesis publicada con el n�mero 261, del Tomo VI, del Ap�ndice al Semanario Judicial de la Federaci�n 1917-1995 bajo el rubro de ?FUNDAMENTACI�N Y MOTIVACI�N, AMPARO EN CASO DE LA GARANT�A DE.?, por regla general, los efectos de una ejecutoria de amparo que otorga la protecci�n constitucional por falta de fundamentaci�n y motivaci�n, son los de constre�ir a la autoridad responsable a nulificar o dejar sin efectos el acto o actos reclamados, dej�ndola en aptitud de emitir otro acto, siempre que subsane el vicio formal. De lo anterior se desprende que la autoridad se encuentra en libertad de emitir un nuevo acto o de no hacerlo. Sin embargo, la autoridad se ver� necesariamente constre�ida a emitir un nuevo acto, subsanando el vicio formal descrito, cuando el acto reclamado consista en una resoluci�n que se emita en respuesta al ejercicio del derecho de petici�n o que resuelva una instancia, recurso o juicio, ya que en esas hip�tesis es preciso que el acto carente de fundamentaci�n y motivaci�n se sustituya por otro sin esas deficiencias pues, de lo contrario, se dejar�an sin resolver aqu�llos.

Por lo expuesto y fundado, se

resuelve:

PRIMERO

La Justicia de la Uni�n no ampara ni protege a J.A.G.R.�os, respecto del art�culo 237, en relaci�n con el art�culo 12, fracci�n I, ambos de la Ley del Seguro Social, reformada por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federaci�n el veinte de diciembre de dos mil uno.

SEGUNDO

Para los efectos precisados en la parte �ltima del considerando octavo de esta resoluci�n, la Justicia de la Uni�n ampara y protege a J.A.G.R.�os, respecto del oficio n�mero 2604129100, fechado el diecinueve de julio de dos mil cuatro, emitido por el subdelegado del Instituto Mexicano del Seguro Social, en Guasave, S..

N.�quese; con testimonio de la presente resoluci�n devu�lvanse los autos a su lugar de origen y, en su oportunidad, arch�vese este toca como asunto concluido.

As� lo resolvi� la Segunda S. de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, por unanimidad de cuatro votos de los se�ores Ministros: M.B.L.R., S.S.A.A., G.I.O.M. y presidente J.D.R.. El se�or Ministro G.D.G.�ngora P., estuvo ausente por gozar de licencia concedida por el Pleno. Fue ponente el se�or M.S.S.A.A..