Ejecutoria num. 2a./J. 112/2004 de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala - Jurisprudencia - VLEX 26824644

Ejecutoria num. 2a./J. 112/2004 de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala

Emisor:Segunda Sala
Número de Resolución:2a./J. 112/2004
Materia:Suprema Corte de Justicia de México
Fecha de Publicación: 1 de Septiembre de 2004
RESUMEN

AMPARO EN REVISIÓN 2412/2003. RICARDO MAZÓN LIZÁRRAGA Y OTRA. PRODUCCIÓN Y SERVICIOS. EL ARTÍCULO 18, FRACCIONES I, II, III, V, VI, VII, X Y XI, DE LA LEY DEL IMPUESTO ESPECIAL RELATIVO (VIGENTE DURANTE EL AÑO DE 2002), EN CUANTO CONCEDE EXENCIONES POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TELEFONÍA, INTERNET E INTERCONEXIÓN, MAS NO POR EL DE TELEVISIÓN POR CABLE, NO ES VIOLATORIO DEL PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA.PRODUCCIÓN Y SERVICIOS. LAS EXENCIONES AUTORIZADAS EN LA LEY DEL IMPUESTO ESPECIAL RELATIVO POR LA PRESTACIÓN DE CIERTOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, NO PROPICIAN LA CREACIÓN DE MONOPOLIOS PROHIBIDOS POR EL ARTÍCULO 28 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.TELEVISIÓN POR CABLE. COMUNICACIONES VÍA SATÉLITE. ES FACULTAD EXCLUSIVA DEL CONGRESO DE LA UNIÓN ESTABLECER CONTRIBUCIONES EN ESA MATERIA.

 
ÍNDICE
CONTENIDO

AMPARO EN REVISI�N 2412/2003. R.M.L. Y OTRA.

CONSIDERANDO:

CUARTO

La parte quejosa hizo valer, en esencia, los siguientes conceptos de violaci�n:

  1. El Congreso de la Uni�n no cumpli� con las formalidades esenciales del procedimiento legislativo a que hacen alusi�n los art�culos 66, 67, 70, 72, inciso E) y 74, fracci�n IV, de la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, en virtud de que por lo que se refiere a la Ley de Ingresos de la Federaci�n, la C�mara de Senadores estableci� un nuevo impuesto suntuario en el art�culo octavo transitorio de dicha ley, sin que previamente se hubiera discutido por la C�mara de Diputados como C�mara de Origen como marca el texto constitucional, y por lo que se refiere al Decreto que reforma y adiciona la Ley del Impuesto Especial sobre P.�n y Servicios, la C�mara de Senadores no se concret� a sus facultades de aprobar, reformar o modificar su texto para su mejor comprensi�n, sino que tambi�n suprimi� los numerales 1 y 2 del inciso a) de la fracci�n XIII del art�culo 3o. de esta ley en los que se gravaba a los servicios de telecomunicaciones consistentes en telefon�a b�sica local y larga distancia, adem�s de que dichas leyes no fueron aprobadas dentro del periodo de sesiones del Congreso de la Uni�n el cual expir� fatalmente el treinta y uno de diciembre de dos mil uno, siendo publicados en el Diario Oficial de la Federaci�n del primero de enero de dos mil dos, motivo por el cual los actos de su promulgaci�n, refrendo y publicaci�n, se refieren a leyes inexistentes y adolecen de los mismos vicios de inconstitucionalidad, esto es, por falta o ausencia de procedimientos legislativos y de fundamentaci�n y motivaci�n.

  2. El Congreso de la Uni�n transgrede lo dispuesto por los art�culos 14 y 16 de la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, en virtud de que carece de facultades para establecer un impuesto especial a los servicios de telecomunicaci�n. Lo anterior es as�, en virtud de que, por una parte, la facultad gen�rica a que hace referencia la fracci�n VII del art�culo 73 constitucional, se concreta �nica y exclusivamente a lo que reglamenta la fracci�n XXIX-A, punto 5, de dicho numeral, en la que textualmente se se�ala que s�lo podr� imponer contribuciones especiales sobre energ�a el�ctrica, producci�n y consumo de tabacos de labrados, gasolina y otros derivados del petr�leo, cerillos y f�sforos, aguamiel y productos de su fermentaci�n, explotaci�n forestal y producci�n y consumo de cerveza y no as� a los servicios de telecomunicaci�n; y, por la otra, en virtud de que dicha facultad tampoco se la otorgan los puntos 2 y 4 de la propia fracci�n XXIX-A del art�culo constitucional en comento, ya que en dichos puntos tan s�lo se hace referencia a la potestad del Poder Legislativo Federal para establecer contribuciones sobre el aprovechamiento y explotaci�n de los recursos naturales comprendidos en los p�rrafos cuarto y quinto del art�culo 27 de la C.�n Federal y sobre los servicios p�blicos concesionados, supuestos dentro de los cu�les no se pueden ubicar a los servicios de telecomunicaci�n.

  3. El art�culo 1o., inciso A), fracci�n I, numeral 4, letra E, de la Ley de Ingresos de la Federaci�n para el ejercicio fiscal de dos mil dos, as� como los art�culos 1o., fracci�n II, 2o., fracci�n II, inciso B), 3o., fracci�n XIII, inciso A), numeral 4, 4o., 5o., 17, 18 y 19 de la Ley del Impuesto Especial sobre P.�n y Servicios, al imponer un impuesto especial a los servicios de telecomunicaciones, transgreden en perjuicio de su representada las garant�as de igualdad y equidad tributarias a que hacen alusi�n los art�culos 12, 13 y 31, fracci�n IV, de la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, en virtud de que en forma arbitraria y caprichosa s�lo gravan un n�mero determinado servicios de telecomunicaci�n y excluyen a otros servicios como son la telefon�a local, la larga distancia nacional, la larga distancia internacional, la televisi�n abierta y el radio de amplitud modulada y de frecuencia modulada, creando un privilegio a favor de todos aquellos operadores y prestadores del servicio que est�n exentos sin causa o fundamento alguno, esto es, con base en criterios no objetivos.

  4. El art�culo 1o., inciso A), fracci�n I, numeral 4, letra E, de la Ley de Ingresos de la Federaci�n para el ejercicio fiscal de dos mil dos, as� como los art�culos 1o., fracci�n II, 2o., fracci�n II, inciso B), 3o., fracci�n XIII, inciso A), numeral 4, 4o., 5o., 17, 18 y 19 de la Ley del Impuesto Especial sobre P.�n y Servicios, al imponer un impuesto especial a los servicios de telecomunicaciones, transgrede la garant�a de proporcionalidad tributaria a que se refiere el art�culo 31, fracci�n IV, de la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, en relaci�n con lo dispuesto por el art�culo 22 de dicho ordenamiento jur�dico, en virtud de que obliga a las concesionarias del servicio a aplicar la tasa del 10% sobre el total de ingresos que obtenga por la prestaci�n del servicio de telecomunicaciones, sin que su monto est� en relaci�n directa con la capacidad econ�mica de su representada, trayendo como consecuencia un aumento en el precio de los servicios y por lo mismo la posibilidad de perder usuarios y sin �stos, fuentes de trabajo. Lo anterior es as�, debido a que del total de ingresos que percibe por la operaci�n y explotaci�n de redes p�blicas del servicio de televisi�n restringida por microondas, se deben descontar gastos, insumos, salarios, proveedores, rentas, pago de pr�stamos, intereses, pago de derechos por uso del espectro radioel�ctrico, entre otros, resultando un ingreso del veinte por ciento, mismo que se grava a la tasa del 35% por concepto del impuesto sobre la renta, quedando un rendimiento final del trece por ciento, al cu�l todav�a se le debe aplicar la tasa del 10% que se establece en la Ley del Impuesto Especial sobre P.�n y Servicios.

  5. El art�culo 3o., fracci�n XIII, inciso A), numeral 6, de la Ley del Impuesto Especial sobre P.�n y Servicios, transgrede la garant�a de legalidad tributaria que prev� la fracci�n IV del art�culo 31 de la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, en virtud de que en forma confusa y ambigua grava los servicios conexos dentro de los cuales se incluyen todos los dem�s servicios que presta la quejosa en relaci�n con su objeto, desde el arrendamiento de su oficinas hasta la prestaci�n del servicio de telecomunicaciones que queda sujeto a determinaci�n del Poder Ejecutivo que carece de facultades para ello.

  6. El art�culo 1o., inciso A), fracci�n I, numeral 4, letra E, de la Ley de Ingresos de la Federaci�n para el ejercicio fiscal de dos mil dos, as� como los art�culos 1o., fracci�n II, 2o., fracci�n II, inciso B), 3o., fracci�n XIII, inciso A), numeral 4, 4o., 5o., 17, 18 y 19 de la Ley del Impuesto Especial sobre P.�n y Servicios al imponer un impuesto especial a los servicios de telecomunicaciones, transgrede la garant�a de proporcionalidad tributaria a que hace alusi�n el art�culo 31, fracci�n IV, de la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, en relaci�n con lo dispuesto por el art�culo 22 de dicho ordenamiento jur�dico, en virtud de que se grava a una misma fuente con diversas contribuciones, provocando con ello una doble tributaci�n, ya que sobre esos ingresos tiene que pagar cuotas para el Instituto Mexicano del S.uro Social, para el Instituto Nacional de Vivienda para los Trabajadores, el Fondo del Ahorro para el Retiro, impuesto sobre la renta, pagos y derechos por el uso del espectro radioel�ctrico, que absorbe casi la totalidad de sus ingresos, con consecuencias devastadores tanto para la econom�a de la empresa como para el sector de la industria de las telecomunicaciones.

  7. El art�culo 1o., inciso A), fracci�n I, numeral 4, letra E, de la Ley de Ingresos de la Federaci�n para el ejercicio fiscal de dos mil dos, as� como los art�culos 1o., fracci�n II, 2o., fracci�n II, inciso B), 3o., fracci�n XIII, inciso A), numeral 4, 4o., 5o., 17, 18 y 19 de la Ley del Impuesto Especial Sobre P.�n y Servicios, violan en perjuicio de su representada la libertad de industria y de trabajo que prev� el art�culo 5o. de la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, en virtud de que sustraen y exentan arbitrariamente del pago del impuesto especial a un grupo de empresas que prestan los servicios de telecomunicaciones, y en cambio obligan a otras como a ella a efectuar su pago, dando como consecuencia que se absorba una buena parte de sus ingresos y, por tanto, que se le prive del derecho de competir en igualdad de circunstancias dentro del mercado, cre�ndose con ello un monopolio que est� prohibido en t�rminos de lo dispuesto por el art�culo 28 constitucional.

QUINTO

Por raz�n de m�todo se analizar�n, en primer lugar, los conceptos de violaci�n que quedaron sintetizados en los incisos a) y b) del considerando inmediato anterior de este fallo, en el que la quejosa sostiene, por una parte, que ni la Ley de Ingresos de la Federaci�n en vigor para el ejercicio fiscal de dos mil dos, ni tampoco el decreto legislativo que reform�, adicion� y derog� diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Especial sobre P.�n y Servicios, se ajust� al proceso legislativo que prev�n los art�culos 66, 67, 70, 72, inciso E) y 74, fracci�n IV, de la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, adem�s de que dichos ordenamientos jur�dicos entraron en vigor el mismo d�a de su publicaci�n y, por la otra, que el Congreso de la Uni�n carece de facultades para establecer un impuesto especial a las telecomunicaciones en t�rminos de lo dispuesto por el art�culo 73 de la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, lo que provoca que dichos actos carezcan de la debida fundamentaci�n y motivaci�n que todo acto de autoridad debe tener.

Dichos argumentos resultan infundados en virtud de lo siguiente:

Por lo que se refiere al argumento relativo a que la Ley de Ingresos de la Federaci�n en vigor a partir del primero de enero de dos mil dos, no se ajust� al procedimiento legislativo que prev� el art�culo 72 de la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que la C�mara de Senadores fungi� como C�mara de Origen al momento en que se agreg� el art�culo octavo transitorio a dicho ordenamiento jur�dico, el mismo resulta infundado, en virtud de que independientemente de que pudiera resultar o no fundado dicho argumento, ello no provocar�a que se declarara la inconstitucionalidad de toda la ley, sino tan s�lo de dicho numeral y no as� del art�culo 1o., inciso A), numeral 4, subinciso e), de la Ley de Ingresos de la Federaci�n, en el cual se prev� que en el ejercicio fiscal de dos mil dos, la Federaci�n percibir� ingresos por concepto del impuesto especial sobre producci�n y servicios por el servicio de telecomunicaciones, que es el que impugna la parte quejosa.

En otro orden de ideas, debe se�alarse que el argumento relativo a que el decreto legislativo que reform�, adicion� y derog� diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Especial sobre P.�n y Servicios no se ajust� al procedimiento legislativo que prev� el art�culo 72, inciso E), de la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, el mismo resulta infundado, en atenci�n a lo siguiente:

El proceso legislativo se encuentra regulado en el cap�tulo II del t�tulo tercero de la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos al establecer, por una parte, el derecho de iniciar leyes y, por la otra, el proceso de formaci�n de las mismas.

Por lo que se refiere al primer supuesto, el art�culo 71 constitucional expresamente prev� que el derecho de iniciar leyes o decretos compete en forma exclusiva al presidente de la Rep�blica, a los diputados y senadores del Congreso de la Uni�n y a las Legislaturas de los Estados, precisando adem�s que las iniciativas presentadas por el titular del Poder Ejecutivo, as� como por las diputaciones locales, pasar�n desde luego a comisi�n, mientras que las que presenten los miembros del Congreso de la Uni�n se sujetar�n a lo dispuesto en el Reglamento de Debates.

Dicho numeral textualmente establece:

"Art�culo 71. El derecho de iniciar leyes o decretos compete:

"I. Al presidente de la Rep�blica;

"II. A los diputados y senadores al Congreso de la Uni�n; y

"III. A las Legislaturas de los Estados.

Las iniciativas presentadas por el presidente de la Rep�blica, por las Legislaturas de los Estados o por las diputaciones de los mismos, pasar�n desde luego a comisi�n. Las que presentaren los diputados o los senadores, se sujetar�n a los tr�mites que designe el Reglamento de Debates.

Por su parte, el art�culo 72 de la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos establece el procedimiento para la formaci�n de leyes o decretos cuya resoluci�n no sea exclusiva de alguna de las C�maras, al precisar:

"Art�culo 72. Todo proyecto de ley o decreto, cuya resoluci�n no sea exclusiva de alguna de las C�maras, se discutir� sucesivamente en ambas, observ�ndose el Reglamento de Debates sobre la forma, intervalos y modo de proceder en las discusiones y votaciones.

"A. Aprobado un proyecto en la C�mara de su origen, pasar� para su discusi�n a la otra. Si �sta lo aprobare, se remitir� al Ejecutivo, quien, si no tuviere observaciones que hacer, lo publicar� inmediatamente.

"B. Se reputar� aprobado por el Poder Ejecutivo, todo proyecto no devuelto con observaciones a la C�mara de su origen, dentro de diez d�as �tiles; a no ser que, corriendo este t�rmino hubiere el Congreso cerrado o suspendido sus sesiones, en cuyo caso la devoluci�n deber� hacerse el primer d�a �til en que el Congreso est� reunido.

"C. El proyecto de ley o decreto desechado en todo o en parte por el Ejecutivo, ser� devuelto, con sus observaciones, a la C�mara de su origen. Deber� ser discutido de nuevo por �sta, y si fuese confirmado por las dos terceras partes del n�mero total de votos, pasar� otra vez a la C�mara Revisora. Si por �sta fuese sancionado por la misma mayor�a, el proyecto ser� ley o decreto y volver� al Ejecutivo para su promulgaci�n.

"Las votaciones de ley o decreto, ser�n nominales.

"D. Si alg�n proyecto de ley o decreto, fuese desechado en su totalidad por la C�mara de R.�n, volver� a la de su origen con las observaciones que aqu�lla le hubiese hecho. Si examinado de nuevo fuese aprobado por la mayor�a absoluta de los miembros presentes, volver� a la C�mara que lo desech�, la cual lo tomar� otra vez en consideraci�n, y si lo aprobare por la misma mayor�a, pasar� al Ejecutivo para los efectos de la fracci�n A; pero si lo reprobase, no podr� volver a presentarse en el mismo periodo de sesiones.

"E. Si un proyecto de ley o decreto fuese desechado en parte, o modificado, o adicionado por la C�mara Revisora, la nueva discusi�n de la C�mara de su origen versar� �nicamente sobre lo desechado o sobre las reformas o adiciones, sin poder alterarse en manera alguna los art�culos aprobados. Si las adiciones o reformas hechas por la C�mara Revisora fuesen aprobadas por la mayor�a absoluta de los votos presentes en la C�mara de su origen, se pasar� todo el proyecto al Ejecutivo, para los efectos de la fracci�n A. Si las adiciones o reformas hechas por la C�mara Revisora fueren reprobadas por la mayor�a de votos en la C�mara de su origen, volver�n a aqu�lla para que tome en consideraci�n las razones de �sta, y si por mayor�a absoluta de votos presentes se desecharen en esta segunda revisi�n dichas adiciones o reformas, el proyecto, en lo que haya sido aprobado por ambas C�maras, se pasar� al Ejecutivo para los efectos de la fracci�n A. Si la C�mara Revisora insistiere, por la mayor�a absoluta de votos presentes, en dichas adiciones o reformas, todo el proyecto no volver� a presentarse sino hasta el siguiente periodo de sesiones, a no ser que ambas C�maras acuerden, por la mayor�a absoluta de sus miembros presentes, que se expida la ley o decreto s�lo con los art�culos aprobados, y que se reserven los adicionados o reformados para su examen y votaci�n en las sesiones siguientes.

"F. En la interpretaci�n, reforma o derogaci�n de las leyes o decretos, se observar�n los mismos tr�mites establecidos para su formaci�n.

"G. Todo proyecto de ley o decreto que fuere desechado en la C�mara de su origen, no podr� volver a presentarse en las sesiones del a�o.

"H. La formaci�n de las leyes o decretos puede comenzar indistintamente en cualquiera de las dos C�maras, con excepci�n de los proyectos que versaren sobre empr�stitos, contribuciones o impuestos, o sobre reclutamiento de tropas, todos los cuales deber�n discutirse primero en la C�mara de Diputados.

"I. Las iniciativas de leyes o decretos se discutir�n preferentemente en la C�mara en que se presenten, a menos que transcurra un mes desde que se pasen a la comisi�n dictaminadora sin que �sta rinda dictamen, pues en tal caso el mismo proyecto de ley o decreto puede presentarse y discutirse en la otra C�mara.

"J. El Ejecutivo de la Uni�n no puede hacer observaciones a las resoluciones del Congreso o de alguna de las C�maras, cuando ejerzan funciones de cuerpo electoral o de jurado, lo mismo que cuando la C�mara de Diputados declare que debe acusarse a uno de los altos funcionarios de la Federaci�n por delitos oficiales.

Tampoco podr� hacerlas al decreto de convocatoria a sesiones extraordinarias que expida la C.�n Permanente.

De dicho numeral se desprende el procedimiento que debe seguirse para la formaci�n, reforma o derogaci�n de leyes o decretos, estableci�ndose un tratamiento especial para aquellos que versen sobre empr�stitos, reclutamiento de tropas, contribuciones e impuestos, que es lo que aqu� interesa.

Lo anterior es as�, en virtud de que conforme a lo dispuesto por el inciso H) del art�culo 72 de la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, la formaci�n de las leyes o decretos puede comenzar indistintamente en cualquiera de las dos C�maras. Sin embargo, cuando los proyectos de ley o decreto se refieran a empr�stitos, contribuciones e impuestos y reclutamiento de tropas, �stos deber�n discutirse y aprobarse primero en la C�mara de Diputados, la cual fungir� siempre como C�mara de Origen y, posteriormente, en la de Senadores, la cual actuar� como C�mara Revisora, pudiendo darse en el seno del Congreso de la Uni�n alguno de los siguientes supuestos:

  1. Que el proyecto de ley o de decreto sea discutido y aprobado por ambas C�maras, en cuyo caso lo remitir�n al presidente de la Rep�blica, quien de no tener observaciones lo promulgar� y publicar� (art�culo 72, incisos A) y B), de la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos).

  2. Que el proyecto de ley o de decreto una vez discutido y aprobado por ambas C�maras, sea desechado en todo o en parte por el Ejecutivo Federal, en ese supuesto deber� regresarse con las observaciones pertinentes a la C�mara de Diputados para ser discutido de nuevo por �sta y si fuese aprobado por las dos terceras partes del n�mero total de votos, pasar� otra vez a la C�mara de Senadores y si est� la aprobare por la misma mayor�a, volver� al Ejecutivo para su promulgaci�n (art�culo 72, inciso C), de la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos).

  3. Que el proyecto de ley o de decreto fuese desechado en su totalidad por la C�mara de Senadores, en ese caso volver� a la C�mara de Diputados con las observaciones que aqu�lla le hubiese hecho y si examinado de nuevo fuese aprobado por la mayor�a absoluta de los miembros presentes de la C�mara de Diputados volver� a la Revisora y si �sta lo aprobare por la misma mayor�a pasar� al Ejecutivo para su sanci�n o veto; pero si lo reprobase no podr� volver a presentarse en el mismo periodo de sesiones (art�culo 72, inciso D), de la C.�n Pol�tica de los Estados UnidosMexicanos).

  4. Que el proyecto de ley o de decreto fuese desechado en parte, modificado o adicionado por la C�mara de Senadores, en cuyo caso se devolver� a la de Diputados versando la nueva discusi�n �nicamente sobre lo desechado o sobre las reformas o adiciones sin poder alterarse en manera alguna los art�culos aprobados. Si las adiciones o reformas hechas por la C�mara de Senadores fuesen aprobadas por la mayor�a absoluta de los votos presentes en la C�mara de Origen, se pasar� el proyecto al Ejecutivo para su sanci�n o veto; si fueren reprobadas por la mayor�a de votos en la C�mara de Diputados, volver�n a aquella para que tome en consideraci�n las razones de �sta y si por mayor�a de votos se desecharen en esta segunda revisi�n, el proyecto en lo que haya sido aprobado por ambas C�maras se pasar� al Ejecutivo, pero si la C�mara de Senadores insistiere, por la mayor�a absoluta de votos presentes, en dichas reformas o adiciones, todo el proyecto no volver� a presentarse hasta el siguiente periodo de sesiones a no ser que ambas C�maras acuerden, por la mayor�a absoluta de sus miembros presentes, que se expida la ley o decreto s�lo con los art�culos aprobados, reserv�ndose los adicionados o reformados para su examen y votaci�n en las sesiones siguientes (art�culo 72, inciso E), de la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos).

  5. Que el proyecto de ley o de decreto fuese desechado por la C�mara de Diputados, en ese caso, no podr� volver a presentarse en las sesiones del a�o (art�culo 72, inciso G), de la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos).

Una vez precisado lo anterior, se estima necesario analizar el contenido de la versi�n estenogr�fica correspondiente a las sesiones extraordinarias de los d�as treinta y treinta y uno de diciembre de dos mil uno en los cuales se discuti� y aprob� en la C�mara de Diputados y en la de Senadores el decreto de reformas a la Ley del Impuesto Especial sobre P.�n y Servicios.

S.�n se desprende de la versi�n estenogr�fica de las sesiones permanentes del periodo extraordinario de sesiones del Congreso de la Uni�n correspondiente a los d�as treinta y treinta y uno de diciembre de dos mil uno, la C�mara de Diputados fungi� como C�mara de Origen y la C�mara de Senadores como C�mara Revisora, en t�rminos de lo dispuesto por el art�culo 72, inciso H), de la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos.

Lo anterior es as�, en virtud de que en la versi�n estenogr�fica de la sesi�n extraordinaria de la C�mara de Diputados correspondiente al d�a treinta de diciembre de dos mil uno, se observa la discusi�n y aprobaci�n del decreto de reformas a la Ley del Impuesto Especial sobre P.�n y Servicios, se�al�ndose al respecto lo siguiente:

"Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de Decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Especial sobre P.�n y Servicios. Pase al Senado para sus efectos constitucionales."

Posteriormente, en la sesi�n extraordinaria de la C�mara de Senadores correspondiente al treinta y uno de diciembre de dos mil uno, se dio lectura al oficio de la C�mara de Diputados con el que se remiti� a dicho �rgano legislativo la minuta del proyecto del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Especial sobre P.�n y Servicios, precis�ndose:

Ciudadanos secretarios de la honorable C�mara de Senadores. Presente. Tenemos el honor de remitir a ustedes para sus efectos constitucionales, el expediente con la minuta proyecto de Ley del Impuesto Especial sobre P.�n y Servicios, aprobada en esta fecha por la C�mara de Diputados del honorable Congreso de la Uni�n. M�xico, D.F., a 30 de diciembre de 2001. Debidamente suscrito por el secretario A.�n R. P�rez y R.D.P.G.�n.

Discutido y aprobado el proyecto con algunas modificaciones, se devolvi� a la C�mara de Diputados para los efectos precisados en el inciso E) del art�culo 72 de la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, seg�n se observa en la versi�n estenogr�fica de la sesi�n extraordinaria de la C�mara de Senadores correspondiente al treinta y uno de diciembre de dos mil uno, en la cual se se�al�:

Aprobado en lo general y en lo particular el decreto, por el que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Especial (sic) sobre P.�n y Servicios. Se devuelve a la C�mara de Diputados, para los efectos de lo dispuesto por el inciso e) del art�culo 72 constitucional.

Posteriormente, de la versi�n estenogr�fica de la sesi�n extraordinaria de la C�mara de Diputados correspondiente al d�a treinta y uno de diciembre de dos mil uno, se desprende que dicho �rgano legislativo aprob� el Decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Especial sobre P.�n y Servicios, orden�ndose se pase al Ejecutivo Federal para sus efectos constitucionales, al se�alarse:

Aprobado el Decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Especial sobre P.�n y Servicios. Pase al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.

Finalmente, se precis� en la versi�n estenogr�fica de la C�mara de Senadores del �ltimo d�a del a�o de dos mil uno, lo siguiente:

"... y toda vez que no hay materia que pueda remitirnos la colegisladora y que se han agotado los asuntos a tratar, solicito a la asamblea, en votaci�n econ�mica, si autoriza que se d� por le�da y aprobada el acta de la sesi�n permanente."

De lo anterior, se desprende que contrariamente a lo manifestado por la quejosa, el proceso legislativo del decreto de reformas a la Ley del Impuesto Especial sobre P.�n y Servicios s� se ajust� al procedimiento que prev� el inciso H) del art�culo 72 de la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos.

Lo anterior es as�, en virtud de que el proyecto de ley o decreto se present� ante la C�mara de Diputados (C�mara de Origen) en donde se discuti� y aprob�, y posteriormente se remiti� a la C�mara de Senadores (C�mara Revisora) para su discusi�n y aprobaci�n, de conformidad con lo dispuesto por el inciso H) del art�culo 72 constitucional; pero como en dicha C�mara se realizaron diversas modificaciones al decreto de reformas a la Ley del Impuesto Especial sobre P.�n y Servicios, regres� a la C�mara de Diputados para que fungiera, nuevamente, como C�mara de Origen respecto de las modificaciones propuestas, en donde una vez discutidas y aprobadas por la mayor�a absoluta de sus miembros presentes se pas� al Ejecutivo para su sanci�n o veto, en t�rminos de lo dispuesto por el inciso E) de dicho precepto constitucional, lo que sucedi� en las sesiones correspondientes a los d�as treinta y treinta y uno de diciembre de dos mil uno, esto es, antes de que finalizaran las labores del Congreso de la Uni�n, por lo que los argumentos planteados por la quejosa en ese sentido resultan infundados.

Cabe se�alar que similar criterio sostuvo esta S.unda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n al fallar por unanimidad de cuatro votos en sesi�n de siete de febrero de dos mil tres, el amparo en revisi�n 797/2002, promovido por La Perla de la Paz, Sociedad An�nima de Capital Variable y otra.

Una vez precisado lo anterior, debe se�alarse que el hecho de que dichos ordenamientos jur�dicos hubieran entrado en vigor el mismo d�a de su publicaci�n en el Diario Oficial de la Federaci�n, no contravienen precepto alguno de la C.�n.

Lo anterior es as�, en virtud de que la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos no establece regla alguna sobre el momento en que deba iniciar la vigencia de las leyes, de ah� que es incuestionable que la materia pueda ser regulada libremente por el legislador ordinario.

La promulgaci�n no es otra cosa que la publicaci�n formal de la ley y ambas voces se emplean como sin�nimos, tanto en el lenguaje com�n como en el jur�dico. La C.�n Federal emplea las dos palabras con el mismo significado, tal como puede corroborarse de la lectura de los art�culos 70, 72, inciso A) y 89, fracci�n I, que disponen:

"Art�culo 70. Toda resoluci�n del Congreso tendr� el car�cter de ley o decreto. Las leyes o decretos se comunicar�n al Ejecutivo firmados por los presidentes de ambas C�maras y por un secretario de cada una de ellas, y se promulgar�n en esta forma: ?El Congreso de los Estados Unidos Mexicanos decreta: (texto de la ley o decreto).?

"El Congreso expedir� la ley que regular� su estructura y funcionamiento internos.

"La ley determinar�, las formas y procedimientos para la agrupaci�n de los diputados, seg�n su afiliaci�n de partido, a efecto de garantizar la libre expresi�n de las corrientes ideol�gicas representadas en la C�mara de Diputados.

"Esta ley no podr� ser vetada ni necesitar� de promulgaci�n del Ejecutivo Federal para tener vigencia."

"Art�culo 72. Todo proyecto de ley o decreto, cuya resoluci�n no sea exclusiva de alguna de las C�maras, se discutir� sucesivamente en ambas, observ�ndose el Reglamento de Debates sobre la forma, intervalos y modo de proceder en las discusiones y votaciones.

"A. Aprobado un proyecto en la C�mara de su origen, pasar� para su discusi�n a la otra. Si �sta lo aprobare, se remitir� al Ejecutivo, quien, si no tuviere observaciones que hacer, lo publicar� inmediatamente."

"Art�culo 89. Las facultades y obligaciones del presidente son las siguientes:

I.P. y ejecutar las leyes que expida el Congreso de la Uni�n, proveyendo en la esfera administrativa a su exacta observancia.

Esta afirmaci�n se corrobora con la tesis de este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, cuyos rubro, texto y datos de localizaci�n, enseguida se mencionan:

"PROMULGACI�N Y PUBLICACI�N DE LAS LEYES. La promulgaci�n no es otra cosa que la publicaci�n formal de la ley y ambas voces se emplean como sin�nimas, tanto en el lenguaje com�n como en el jur�dico, sin que sea obst�culo para llegar a esta conclusi�n, el que en la doctrina, tambi�n jur�dica, exista una corriente de opini�n que pretenda encontrar diferencias entre la promulgaci�n y la publicaci�n de las leyes, pues tales diferencias son meramente te�ricas, al resultar que la Ley Fundamental emplea las dos palabras con el mismo significado, seg�n se desprende de la consulta, entre otros, de los art�culos 70, 72 inciso a), y 89, fracci�n I, de la propia C.�n." (S�ptima �poca. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federaci�n. Vol�menes 139-144, Primera Parte. P�gina 224).

Entonces, la finalidad de la promulgaci�n es lograr que las leyes sean conocidas de aquellos a quienes obligan y, naturalmente, los particulares no est�n obligados a cumplir lo prevenido en disposiciones que no han sido publicadas. Es as� que si bien el legislador ordinario cuenta con la libertad para establecer el momento en que inicia la vigencia de una ley, es claro que jam�s podr� determinar que su vigencia sea anterior a su promulgaci�n, empero, ninguna disposici�n constitucional le impide establecer que el ordenamiento jur�dico estar� vigente a partir del d�a de su publicaci�n oficial.

En ese sentido, debe se�alarse que si bien lo deseable es que una ley sea conocida por todos sus destinatarios cuando cobre vigencia, lo cierto es que el sistema que establece que las leyes entrar�n en vigor el d�a de su publicaci�n no transgrede derecho fundamental alguno consagrado en la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, ya que de la lectura que se realice a lo dispuesto en los art�culos 71 y 72 de dicho ordenamiento jur�dico que se refieren a "la iniciativa y formaci�n de leyes", s�lo se desprende que la intenci�n del Constituyente fue que las leyes fueran obligatorias a partir del momento de su promulgaci�n.

En esta tesitura, la �nica obligaci�n del legislador ordinario en cuanto a la formaci�n de las normas consiste en sujetarse a las disposiciones constitucionales antes transcritas.

Por tanto, el decreto de reformas fiscales para dos mil dos al establecer que entrar� en vigor el mismo d�a de su publicaci�n, no es violatorio de lo dispuesto en los art�culos 14 y 16 de la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos.

Sirve de apoyo a lo expuesto, el criterio del Tribunal Pleno y de esta S.unda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, sostenido en las tesis cuyos rubros, textos y datos de localizaci�n, enseguida se mencionan:

"LEYES. EL LEGISLADOR ORDINARIO CUENTA CON LA FACULTAD DE ESTABLECER EL MOMENTO EN QUE INICIA SU VIGENCIA. Aun cuando la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos en sus art�culos 71 y 72 se�ala a qui�nes compete el derecho de iniciar leyes o decretos y el procedimiento que se sigue en las C�maras de Diputados y Senadores para su formaci�n, lo cierto es que no prev� regla alguna sobre el momento en que deba iniciar la vigencia de las leyes, ni de su articulado se deduce la existencia de un sistema sobre tal vigencia, por lo que es incuestionable que esta materia puede ser regulada libremente por el legislador ordinario. En consecuencia, el hecho de que una ley haya entrado en vigor el mismo d�a de su promulgaci�n, no vulnera disposici�n constitucional alguna, pues debe tomarse en consideraci�n que la promulgaci�n de una ley, no es otra cosa que su publicaci�n formal, esto es, su finalidad consiste en lograr que las leyes sean conocidas por aquellos a quienes obligan y, naturalmente, los particulares no est�n obligados a cumplir lo prevenido en disposiciones que no han sido publicadas, por ende, el legislador ordinario cuenta con la libertad para establecer el momento en que inicia la vigencia de una ley, al no existir disposiciones constitucionales que le impidan establecer que el ordenamiento jur�dico estar� vigente a partir del d�a de su publicaci�n oficial, aun cuando lo deseable es que una ley sea conocida por todos sus destinatarios antes de que cobre vigencia." (Novena �poca. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta. T.X.I, diciembre de 2002. Tesis P. XLV/2002. P�gina 13).

Por otra parte, por lo que se refiere al argumento relativo a que el Congreso de la Uni�n carece de facultades para establecer un impuesto especial al servicio de telecomunicaciones, el mismo resulta infundado, en virtud de lo siguiente:

El an�lisis de dichas cuestiones requiere tener presente lo previsto en los art�culos 31, fracci�n IV, 73, fracciones VII, X y XXIX, 117, 118 y, especialmente, el numeral 124 de la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, en los cu�les se se�ala textualmente:

"Art�culo 31. Son obligaciones de los mexicanos:

"...

"IV. Contribuir para los gastos p�blicos, as� de la Federaci�n, como del Distrito Federal o del Estado y M. en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes."

"Art�culo 73. El Congreso tiene facultad:

"...

"VII. Para imponer las contribuciones necesarias a cubrir el presupuesto.

"...

"X. Para legislar en toda la Rep�blica sobre hidrocarburos, miner�a, industria cinematogr�fica, comercio, juegos con apuestas y sorteos, intermediaci�n y servicios financieros, energ�a el�ctrica y nuclear, y para expedir las leyes del trabajo reglamentarias del art�culo 123.

"...

"XXIX. Para establecer contribuciones:

"1o. Sobre el comercio exterior;

"2o. Sobre el aprovechamiento y explotaci�n de los recursos naturales comprendidos en los p�rrafos 4o. y 5o. del art�culo 27;

"3o. Sobre instituciones de cr�dito y sociedades de seguros;

"4o. Sobre servicios p�blicos concesionados o explotados directamente por la Federaci�n; y

"5o. Especiales sobre:

"a) Energ�a el�ctrica;

"b) P.�n y consumo de tabacos labrados;

"c) Gasolina y otros productos derivados del petr�leo;

"d) Cerillos y f�sforos;

"e) Aguamiel y productos de su fermentaci�n; y

"f) Explotaci�n forestal.

"g) P.�n y consumo de cerveza.

"Las entidades federativas participar�n en el rendimiento de estas contribuciones especiales, en la proporci�n que la ley secundaria federal determine. Las Legislaturas Locales fijar�n el porcentaje correspondiente a los M.s, en sus ingresos por concepto del impuesto sobre energ�a el�ctrica."

"Art�culo 117. Los Estados no pueden, en ning�n caso:

"I. Celebrar alianza, tratado o coalici�n con otro Estado ni con las potencias extranjeras.

"II. Derogado.

"III. A.�ar moneda, emitir papel moneda, estampillas ni papel sellado.

"IV. Gravar el tr�nsito de personas o cosas que atraviesen su territorio.

"V. Prohibir ni gravar directa ni indirectamente la entrada a su territorio, ni la salida de �l, a ninguna mercanc�a nacional o extranjera.

"VI. Gravar la circulaci�n en el consumo de efectos nacionales o extranjeros, con impuestos o derechos cuya exenci�n se efect�e por aduanas locales, requiera inspecci�n o registro de bultos o exija documentaci�n que acompa�e la mercanc�a.

"VII. Expedir ni mantener en vigor leyes o disposiciones fiscales que importen diferencias de impuestos o requisitos por raz�n de la procedencia de mercanc�as nacionales o extranjeras, ya sea que esta diferencia se establezca respecto de la producci�n similar de la localidad, o ya entre producciones semejantes de distinta procedencia.

"VIII. Contraer directa o indirectamente obligaciones o empr�stitos con gobiernos de otras naciones, con sociedades o particulares extranjeros, o cuando deban pagarse en moneda extranjera o fuera del territorio nacional.

"Los Estados y los M.s no podr�n contraer obligaciones o empr�stitos sino cuando se destinen a inversiones p�blicas productivas, inclusive los que contraigan organismos descentralizados y empresas p�blicas, conforme a las bases que establezcan las legislaturas en una ley y por los conceptos y hasta por los montos que las mismas fijen anualmente en los respectivos presupuestos. Los Ejecutivos informar�n de su ejercicio al rendir la cuenta p�blica.

"IX. Gravar la producci�n, el acopio o la venta del tabaco en rama, en forma distinta o con cuotas mayores de las que el Congreso de la Uni�n autorice.

"El Congreso de la Uni�n y las Legislaturas de los Estados dictar�n, desde luego, leyes encaminadas a combatir el alcoholismo."

"Art�culo 118. Tampoco pueden, sin consentimiento del Congreso de la Uni�n:

"I.E. derechos de tonelaje, ni alg�n otro de puertos, ni imponer contribuciones o derechos sobre importaciones o exportaciones.

"II. Tener, en ning�n tiempo, tropa permanente ni buques de guerra.

"III. Hacer la guerra por s� a alguna potencia extranjera, exceptu�ndose los casos de invasi�n y de peligro tan inminente, que no admita demora. En estos casos dar�n cuenta inmediata al presidente de la Rep�blica."

Art�culo 124. Las facultades que no est�n expresamente concedidas por esta C.�n a los funcionarios federales, se entienden reservadas a los Estados.

Del examen de las anteriores disposiciones constitucionales deriva la obligaci�n de los gobernados de contribuir al gasto p�blico no s�lo de la Federaci�n, sino tambi�n del Distrito Federal, de los Estados y M. en que residan y que la facultad para legislar en materia impositiva no siempre es exclusiva de la Federaci�n, sino que en ocasiones concurre con los Estados, de tal manera que puede suceder que una misma fuente de ingresos puede estar gravada tanto por la Federaci�n como por las entidades federativas, acorde con la facultad gen�rica establecida en la fracci�n VII del art�culo 73 constitucional, hecha excepci�n de las materias previstas en la fracci�n XXIX del mismo art�culo, cuyas materias son de competencia exclusiva de la Federaci�n acorde con la interpretaci�n arm�nica que deriva de este precepto y del �ltimo de los reproducidos.

En tales condiciones, debe afirmarse que no existe una delimitaci�n radical entre la competencia federal y laestatal en materia impositiva, sino que se trata de una sistema complejo, el cual ha sido explicado por el Tribunal Pleno en la jurisprudencia que enseguida se reproduce, donde estableci� las reglas fundamentales que deben tomarse en consideraci�n para distribuir las facultades impositivas entre ambos niveles de gobierno.

El criterio mencionado aparece en el Semanario Judicial de la Federaci�n, S�ptima �poca, Vol�menes 151-156, Primera Parte, p�gina 149, el cual es del tenor literal siguiente:

"IMPUESTOS. SISTEMA CONSTITUCIONAL REFERIDO A LA MATERIA FISCAL. COMPETENCIA ENTRE LA FEDERACI�N Y LAS ENTIDADES FEDERATIVAS PARA DECRETARLOS. Una interpretaci�n sistem�tica de los preceptos constitucionales que se refieren a materia impositiva, determina que no existe una delimitaci�n radical entre la competencia federal y la estatal, sino que es un sistema complejo y las reglas principales las siguientes: a) Concurrencia contributiva de la Federaci�n y los Estados en la mayor�a de las fuentes de ingresos (art�culos 73, fracci�n VII y 124); b) L.�n a la facultad impositiva de los Estados mediante la reserva expresa y concreta de determinada materia a la Federaci�n (art�culo 73, fracci�n XXIX) y c) Restricciones expresas a la potestad tributaria de los Estados (art�culos 117, fracciones IV, V, VI y VII y 118)."

As� deriva que la potestad impositiva a que se contrae la fracci�n XXIX del art�culo 73, �nicamente tiene como funci�n enunciar, mas no limitar los tributos que corresponden a la Federaci�n.

Por tanto, debe decirse que no asiste raz�n a la quejosa al alegar que el establecimiento del impuesto especial sobre producci�n y servicios al gravar, entre otras, la actividad de servicios de telecomunicaciones y conexos a que ella se dedica, sea inconstitucional por el hecho de que esta actividad no est� expresamente contemplada en el art�culo 73, fracci�n XXIX, punto 5, constitucional, como de aquellas sobre las cuales el Congreso de la Uni�n est� facultado para fijar "contribuciones especiales".

En efecto, seg�n se anticip�, el Tribunal Pleno al interpretar el alcance del mencionado precepto constitucional determin� que �ste s�lo contiene un cat�logo enunciativo pero no limitativo de los tributos que en forma exclusiva puede imponer la Federaci�n con participaci�n de las entidades federativas, lo que significa que el hecho de que el legislador ordinario al incluir en la Ley del Impuesto Especial sobre P.�n y Servicios como actividad gravada el servicio de telecomunicaciones y conexos, no conduce a estimarlo inconstitucional.

Es cierto que la C.�n en el art�culo 73, fracci�n XXIX, inciso 5), establece la facultad exclusiva para que el Congreso de la Uni�n imponga contribuciones especiales sobre las materias ah� enumeradas, entre las que no figura la referente a las telecomunicaciones. Sin embargo, de ello no se sigue que el Poder Legislativo Federal carezca de atribuciones para imponer contribuciones en materia de telecomunicaciones, pues dicha actividad �nicamente pueden llevarla a cabo los particulares mediante concesi�n que les otorgue el Gobierno Federal, tal como sucede con la quejosa que presta ese servicio en virtud de la concesi�n federal que le otorg� la Secretar�a de Comunicaciones y Transportes, de modo que el fundamento del tributo impugnado se encuentra en el inciso 4) de la fracci�n XXIX mencionada, que otorga facultades al Congreso Federal para establecer contribuciones sobre servicios p�blicos concesionados.

"Art�culo 73. El Congreso tiene facultad:

"...

"VII. Para imponer las contribuciones necesarias a cubrir el presupuesto.

"...

"XXIX. Para establecer contribuciones:

"...

4o. Sobre servicios p�blicos concesionados o explotados directamente por la Federaci�n.

Bajo esa �ptica, esta S.unda Sala advierte que la Ley del Impuesto Especial sobre P.�n y Servicios no se limita a establecer contribuciones sobre algunas de las materias que enumera el art�culo 73, fracci�n XXIX, inciso 5), constitucional, esto es, energ�a el�ctrica, producci�n y consumo de tabacos labrados, gasolina y otros productos derivados del petr�leo, cerillos y f�sforos, aguamiel y productos de su fermentaci�n, explotaci�n forestal, y producci�n y consumo de cerveza, de tal manera que en dicha ley impositiva deban contenerse forzosa y necesariamente todas las contribuciones sobre las materias acabadas de enumerar, so pena de inconstitucionalidad y tampoco cabe esta censura por el hecho de que en dicho ordenamiento impositivo se grave una materia que no aparece en el citado inciso 5), sino en el 4), que se refiere a los servicios p�blicos concesionados. Ello, en virtud de que el Congreso Federal, con fundamento en la fracci�n VII del art�culo 73 constitucional, tiene atribuciones para establecer los tributos que sean necesarios para cubrir el presupuesto. Por tanto, no existe inconveniente constitucional alguno para que en la mencionada ley ordinaria se establezca una contribuci�n que grave el servicio de telecomunicaciones.

Por tanto, es irrelevante que el Constituyente al expedir la Carta Fundamental, no hubiera considerado a la actividad de telecomunicaciones, espec�ficamente la radiocomunicaci�n especializada de flotillas, dentro del cat�logo de impuestos especiales, pues tal consideraci�n hubiera sido materialmente imposible en 1916-1917, pues en esa �poca no exist�a ese servicio.

Resulta aplicable al respecto la tesis n�mero 2a. LXXIII/2003, sustentada en la Novena �poca por esta S.unda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, misma que fue aprobada en sesi�n privada de diecis�is de mayo de dos mil tres y que aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, T.X., junio de 2003, p�gina 295, cuyos rubro y texto son los siguientes:

PRODUCCI�N Y SERVICIOS. LA LEY DEL IMPUESTO ESPECIAL, NO ES INCONSTITUCIONAL POR EL HECHO DE QUE EL CONSTITUYENTE DE 1917 NO CONSIDERARA AL SECTOR DE LAS TELECOMUNICACIONES COMO DE ALTA RENTABILIDAD. Es irrelevante el hecho de que el Constituyente de 1917, al expedir la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, no hubiera considerado a la actividad de las telecomunicaciones, espec�ficamente en el ramo del servicio de televisi�n por cable, como una actividad de alta potencialidad recaudatoria o de alta rentabilidad, pues ese factor no es el que determina su gravaci�n por la Ley del Impuesto Especial sobre P.�n y Servicios ni, por ende, la inconstitucionalidad de �sta, m�xime que tal consideraci�n hubiera sido materialmente imposible en 1917, ya que en esa �poca no exist�a ese servicio, el cual, en M�xico se inici� en 1954, cuando se instal� el primer sistema de televisi�n por cable.

Asimismo, resultan aplicables al caso concreto las tesis 2a. LXXIV/2003 y 2a. LXXX/2003, sustentadas en la Novena �poca por esta S.unda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, mismas que fueron aprobadas en sesi�n privada de diecis�is y veintitr�s de mayo de dos mil tres, respectivamente, y que aparecen publicadas en el Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, T.X., junio de 2003, p�ginas 303 y 295, cuyos rubros y textos son los siguientes:

"TELEVISI�N POR CABLE. COMUNICACIONES V�A SAT�LITE. ES FACULTAD EXCLUSIVA DEL CONGRESO DE LA UNI�N ESTABLECER CONTRIBUCIONES SOBRE ESA MATERIA. La comunicaci�n v�a sat�lite constituye, seg�n lo previsto en el art�culo 28 de la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, una de las �reas prioritarias para el desarrollo nacional que est� bajo la rector�a del Estado, sector al que corresponden las telecomunicaciones que hace posible la prestaci�n del servicio de televisi�n por cable, y que para ser operado por los particulares requiere del otorgamiento de concesiones o permisos cuya actividad encuadra en la hip�tesis del art�culo 73, fracci�n XXIX, inciso 4o., de la propia C.�n Federal, que otorga competencia exclusiva al Congreso de la Uni�n para establecer contribuciones en esa materia."

PRODUCCI�N Y SERVICIOS. LA LEY DEL IMPUESTO ESPECIAL, EN CUANTO GRAVA EL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES, TIENE SU FUNDAMENTO EN LAS FRACCIONES VII Y XXIX, INCISO 4o., DEL ART�CULO 73 DE LA CONSTITUCI�N FEDERAL. De la exposici�n de motivos de la Ley del Impuesto Especial sobre P.�n y Servicios, que data del 26 de noviembre de 1980, se advierte que su creaci�n tuvo como prop�sito instituir un ordenamiento proyectado para agrupar y sistematizar diversos grav�menes federales hasta esa �poca diseminados en varias leyes, mas no tom� en consideraci�n la semejanza de las fuentes impositivas enumeradas en el art�culo 73, fracci�n XXIX, inciso 5o., de la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que la concurrencia en dicha ley de distintas materias impositivas no produce vicios de inconstitucionalidad. En efecto, el art�culo 73, fracci�n XXIX, inciso 5o., de la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, prev� la facultad exclusiva del Congreso de la Uni�n para establecer contribuciones especiales sobre las materias ah� enumeradas, entre las que no figura la referente al servicio de telecomunicaciones y conexos; sin embargo, de ello no se sigue que el Poder Legislativo Federal carezca de atribuciones para imponer contribuciones en tal materia, pues si esta actividad, acorde con el art�culo 28 de la propia C.�n Federal, �nicamente pueden llevarla a cabo los particulares mediante la concesi�n que les otorgue el Gobierno Federal, el fundamento del tributo que sobre dicha materia prev� la Ley del Impuesto Especial sobre P.�n y Servicios, se halla en el art�culo 73, fracciones VII y XXIX, inciso 4o., de la Ley Fundamental, que otorga facultades al Congreso Federal para establecer contribuciones sobre servicios p�blicos concesionados.

Bajo este orden de ideas, se pone de manifiesto que contrariamente a lo manifestado por la quejosa el Congreso de la Uni�n s� se encuentra facultado en forma expresa por el texto constitucional para gravar el servicio de telecomunicaciones, por tratarse de un servicio p�blico concesionado, en t�rminos de lo dispuesto por el art�culo 73, fracciones VII y XXIX, numeral 4, de la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, de ah� que se consideren infundados los argumentos que hizo valer la quejosa en ese sentido.

Similar criterio sostuvo esta S.unda Sala al resolver por unanimidad de cuatro votos en la sesi�n de veinticinco de abril de dos mil tres, el amparo en revisi�n 1154/2002, promovido por Telecable de Tecom�n, Sociedad An�nima de Capital Variable.

En virtud de lo anterior, se pone de manifiesto que el Congreso de la Uni�n, por una parte, s� se ajust� al procedimiento legislativo que prev� la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos al momento de establecer el impuesto especial a las telecomunicaciones, y por la otra, s� es competente para gravar la prestaci�n de ese tipo de servicios, por lo que se estima que el acto del legislador federal se encuentra debidamente fundado y motivado, contrariamente a lo manifestado por la parte quejosa.

Son aplicables al respecto las tesis sustentadas por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Uni�n en la S�ptima �poca y que aparecen publicadas en el Semanario Judicial de la Federaci�n, Vol�menes 193-198, Primera Parte, p�gina 100 y Vol�menes 181-186, Primera Parte, p�gina 239, respectivamente, las cu�les son del tenor literal siguiente:

"FUNDAMENTACI�N Y MOTIVACI�N. FORMA DE ENTENDER ESTA GARANT�A, CON RESPECTO A LAS LEYES. Ni en la iniciativa de una ley ni en el texto de la misma, es indispensable expresar su fundamentaci�n y motivaci�n, como si se tratara de una resoluci�n administrativa, ya que estos requisitos, trat�ndose de leyes, quedan satisfechos cuando �stas son elaboradas por los �rganos constitucionalmente facultados, y cumpli�ndose con los requisitos relativos a cada una de las fases del proceso legislativo que para tal efecto se se�alan en la Ley Fundamental."

FUNDAMENTACI�N Y MOTIVACI�N DE LOS ACTOS DE AUTORIDAD LEGISLATIVA. Este Tribunal Pleno ha establecido que por fundamentaci�n y motivaci�n de un acto legislativo, se debe entender la circunstancia de que el Congreso que expide la ley, constitucionalmente est� facultado para ello, ya que estos requisitos, en trat�ndose de actos legislativos, se satisfacen cuando act�a dentro de los l�mites de las atribuciones que la C.�n correspondiente le confiere (fundamentaci�n), y cuando las leyes que emite se refieren a relaciones sociales que reclaman ser jur�dicamente reguladas (motivaci�n); sin que esto implique que todas y cada una de las disposiciones que integran estos ordenamientos deben ser necesariamente materia de una motivaci�n espec�fica.

SEXTO

Una vez analizados dichos argumentos, procede el estudio del concepto de violaci�n que qued� sintetizado en el inciso e) del cuarto considerando de este proyecto, relativo a que el art�culo 3o., fracci�n XIII, inciso A), numeral 6, de la Ley del Impuesto Especial sobre P.�n y Servicios, transgrede la garant�a de legalidad tributaria que prev� la fracci�n IV del art�culo 31 de la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, al establecer una serie de conceptos que no se encuentran claramente definidos en la ley, como son los servicios conexos, ya que ello provoca que los prestadores de servicios no tengan certeza alguna en cuanto al objeto del gravamen, esto es, si diversos conceptos se encuentran gravados o no por las actividades que realicen, por ser una exigencia de primer orden, pues de no respetarse dicha garant�a no podr�a considerarse equitativa y proporcional una contribuci�n.

Es aplicable al respecto la tesis de jurisprudencia P./J. 77/99 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n en la Novena �poca, que aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, Tomo X, agosto de 1999, p�gina 20, que es del tenor literal siguiente:

LEGALIDAD TRIBUTARIA. EL EXAMEN DE ESTA GARANT�A EN EL JUICIO DE AMPARO, ES PREVIO AL DE LAS DEM�S DE JUSTICIA FISCAL. Las argumentaciones encaminadas a poner de manifiesto en el juicio de amparo, la existencia de una violaci�n a la garant�a de legalidad tributaria consagrada en el art�culo 31, fracci�n IV, de la C.�n General de la Rep�blica, deben examinarse previamente a las que tambi�n se esgriman respecto de la violaci�n de las dem�s garant�as de justicia fiscal de los tributos, dado que el principio general de legalidad constituye una exigencia de primer orden, conforme al cual ning�n �rgano del Estado puede realizar actos individuales que no est�n previstos y autorizados por una disposici�n legal anterior, por lo que de no respetarse, no podr�a considerarse equitativa y proporcional una contribuci�n cuyos elementos no est�n expresamente previstos en una ley formal y material.

En primer lugar, debe se�alarse que el principio de legalidad tributaria que prev� la fracci�n IV del art�culo 31 de la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, no significa tan s�lo que el acto creador del impuesto debe emanar de aquel poder que conforme a la C.�n est� encargado de la funci�n legislativa, ya que as� se satisface la exigencia de que sean los propios gobernados, a trav�s de sus representantes, los que determinen las cargas fiscales que deben soportar, sino fundamentalmente que los caracteres esenciales del impuesto y la forma, contenido y alcance de la obligaci�n tributaria, est�n consignados de manera expresa en la ley, de tal modo que no quede margen para la arbitrariedad de las autoridades exactoras, ni para el cobro de impuestos imprevisibles o a t�tulo particular.

Corrobora lo anterior el criterio que se sostuvo en la Quinta �poca por la entonces S.unda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n y que aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federaci�n, Tomo LXXXI, p�gina 5753, que es del tenor literal siguiente:

IMPUESTOS, PRINCIPIO DE LEGALIDAD QUE EN MATERIA DE, CONSAGRA LA CONSTITUCI�N FEDERAL. El principio de legalidad se encuentra claramente establecido por el art�culo 31 constitucional, al expresar, en su fracci�n IV, que los mexicanos deben contribuir para los gastos p�blicos ?de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes?, y est� adem�s, minuciosamente reglamentado en su aspecto formal, por diversos preceptos que se refieren a la expedici�n de la Ley General de Ingresos, en la que se determinan los impuestos que se causar�n y recaudar�n durante el periodo que la misma abarca. Por otra parte, examinando atentamente este principio de legalidad, a la luz del sistema general que informan nuestras disposiciones constitucionales en materia impositiva y de su explicaci�n racional e hist�rica, se encuentra que la necesidad de que la carga tributaria de los gobernados est� establecida en una ley, no significa tan s�lo que el acto creador del impuesto debe emanar de aquel poder que, conforme a la C.�n del Estado est� encargado de la funci�n legislativa -ya que as� se satisface la exigencia de que sean los propios gobernados, a trav�s de sus representantes, los que determinen las cargas fiscales que deben soportar-, sino fundamentalmente, que los caracteres esenciales del impuesto y la forma, contenido y alcance de la obligaci�n tributaria, est�n consignados de manera expresa en la ley, de tal modo que no quede margen para la arbitrariedad de las autoridades exactoras, ni para el cobro de impuestos imprevisibles o a t�tulo particular, sino que el sujeto pasivo de la relaci�n tributaria pueda, en todo momento, conocer la forma cierta de contribuir para los gastos p�blicos del Estado, y a la autoridad no quede otra cosa sino aplicar las disposiciones generales de observancia obligatoria, dictadas con anterioridad al caso concreto de cada causante. Esto, por lo dem�s, es consecuencia del principio general de legalidad, conforme al cual, ning�n �rgano del Estado puede realizar actos individuales que no est�n previstos o autorizados por disposici�n general anterior, y est� reconocido por el art�culo 14 de nuestra Ley Fundamental. Lo contrario, es decir, la arbitrariedad en la imposici�n, la imprevisibilidad en las cargas tributarias y los impuestos que no tengan un claro apoyo legal, debe considerarse absolutamente proscrito en el r�gimen constitucional mexicano, sea cual fuere el pretexto con que se pretenda justific�rsele.

Bajo este orden de ideas se pone de manifiesto que lo que exige el principio de legalidad tributaria es precisamente que en una ley, en sentido formal y material, se definan con precisi�n todos los conceptos relativos al sujeto, objeto, base, tasa, tarifa, �poca de pago y sanciones aplicables, de modo que cualquier persona de entendimiento ordinario pueda saber a qu� atenerse respecto de sus obligaciones fiscales, a fin de no dejar en estado de inseguridad jur�dica a los contribuyentes del impuesto.

No obstante ello, debe se�alarse que este Alto Tribunal ha estimado que el hecho de que el legislador deba definir con precisi�n todos esos conceptos, no implica que se llegue al absurdo de exigirle que defina, como si formulara un diccionario, cada una de las palabras que emplea, si las que eligi� tienen una utilizaci�n que revela que en el medio son de uso com�n o de clara comprensi�n.

Bajo este orden de ideas, se pone de manifiesto que los argumentos que hizo valer la parte quejosa en cuanto a que el art�culo 3o., fracci�n XIII, inciso A), numeral 6, de la Ley del Impuesto Especial sobre P.�n y Servicios, en forma confusa y ambigua grava los servicios conexos dentro de los cuales se incluyen todos los dem�s servicios que presta la quejosa en relaci�n con su objeto, resultan infundados, en virtud de que dicho concepto se encuentra referido en forma directa a los servicios de telecomunicaci�n, los cuales no es necesario que seandefinidos expresamente por el legislador como si formulara un diccionario, haciendo alusi�n a cada una de las palabras que emplea, si las que eligi� tienen un uso que revela que en el medio en la que la quejosa se desempe�a son de clara comprensi�n.

Es aplicable al respecto la tesis de jurisprudencia P. XI/96 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n en la Novena �poca y que aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, Tomo III, febrero de 1996, p�gina 169, que es del tenor literal siguiente:

LEGALIDAD TRIBUTARIA. DICHA GARANT�A NO EXIGE QUE EL LEGISLADOR EST� OBLIGADO A DEFINIR TODOS LOS T�RMINOS Y PALABRAS USADAS EN LA LEY. Lo que exige el principio de legalidad tributaria establecido en el art�culo 31, fracci�n IV, constitucional, es que la determinaci�n de los sujetos pasivos de las contribuciones, su objeto y, en general, sus elementos esenciales, se encuentren en la ley y para ello es suficiente que en ellas se precisen en forma razonable, de manera que cualquier persona de entendimiento ordinario pueda saber a qu� atenerse respecto de sus obligaciones fiscales. No se puede pretender que se llegue al absurdo de exigir que el legislador defina, como si formulara un diccionario, cada una de las palabras que emplea, si las que eligi� tienen un uso que revela que en el medio son de clara comprensi�n. De acuerdo con ello, expresiones como ?uso dom�stico?, ?uso no dom�stico?, ?uso dom�stico residencial?, ?uso dom�stico popular? o ?uso del sector p�blico? son, por s� solas, comprensibles, sin que pueda aceptarse que su empleo en la ley sea violatorio del principio de legalidad tributaria, ni tampoco exigirse que en la sentencia que establece estas conclusiones se definan esas expresiones, exactamente por la misma raz�n. Adem�s, si las autoridades administrativas al aplicar las disposiciones relativas se apartan del contenido usual de las expresiones al examinar en amparo la constitucionalidad de las resoluciones relativas, la correcta interpretaci�n de la ley bastar�a para corregir el posible abuso, sin que ello pudiera significar que se hubieran delegado en las autoridades administrativas facultades legislativas y que, por ello, la ley fuera inconstitucional.

De esta forma, el hecho de que el legislador no hubiere definido pormenorizadamente en dicho ordenamiento jur�dico todos esos conceptos en forma expresa, no le causa perjuicio jur�dico alguno a la quejosa, puesto que se trata de conceptos de amplio manejo en el medio de las telecomunicaciones.

A fin de corroborar lo anterior, se estima necesario transcribir el contenido de la fracci�n XIII del art�culo 3o. de la Ley del Impuesto Especial sobre P.�n y Servicios, en la cual textualmente se establece:

"Art�culo 3o. Para los efectos de esta ley se entiende por:

"...

"XIII. Servicios de telecomunicaciones y conexos, los siguientes:

"A. Telecomunicaciones:

"1. R.�a m�vil con tecnolog�a celular y acceso inal�mbrico fijo o m�vil.

"2. R.�n m�vil de personas o de bienes.

"3. Servicio de radiocomunicaci�n especializada de flotillas o aquellos servicios que comprenden grupos cerrados de usuarios o grupos de usuarios determinados, definidos como aquellos que desarrollan actividades comunes o interrelacionadas y que requieren servicios de radiocomunicaci�n m�vil de voz y datos, en forma permanente e inmediata, sea de car�cter grupal o privada entre pares de usuarios, haciendo uso de equipos fijos o m�viles.

"4. Servicio de televisi�n restringida, tales como sistemas de televisi�n por cable, satelitales o los que utilicen cualesquiera otro medio de transmisi�n al�mbrico o del espectro radioel�ctrico.

"5. Cualquier otro servicio proporcionado por concesionarios o permisionarios de servicios de telecomunicaciones, proveedores de servicios satelitales, de soluciones de telecomunicaciones y de internet, de servicios de valor agregado o cualesquiera otro proveedor de servicios, siempre que, en todos los casos, el servicio que se preste sea para la explotaci�n comercial de servicios que impliquen la emisi�n, recepci�n o transmisi�n, de se�ales de voz, datos o video.

6. Conexos, todos aquellos prestados por las empresas de telecomunicaciones, independientemente del nombre con el que se les designe, distintos de los se�alados en el inciso anterior, que se presten a los usuarios del servicio de telecomunicaciones como consecuencia o complemento de dichos servicios, aun cuando estos servicios conexos no est�n condicionados al citado servicio de telecomunicaciones, tales como el servicio de llamada en espera, identificador de llamadas o buz�n de voz, entre otros.

Resulta aplicable al efecto la tesis 2a. LXIV/2002, sustentada en la Novena �poca por la S.unda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n que aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, T.X., junio de 2002, p�gina 160, que es del tenor literal siguiente:

LEYES. SU INCONSTITUCIONALIDAD NO DEPENDE DE LOS VICIOS EN LA REDACCI�N Y PRECISI�N DE T�RMINOS EN QUE EL LEGISLADOR ORDINARIO PUEDA INCURRIR. Si bien la claridad de las leyes constituye un imperativo para evitar su ambig�edad, confusi�n o contradicci�n, ninguno de los art�culos constitucionales exige que el legislador defina los vocablos o locuciones utilizados en las leyes, pues tal exigencia tornar�a imposible su funci�n, en vista de que implicar�a una labor interminable y nada pr�ctica, provocando que no se cumpliera, de manera oportuna, con la finalidad de regular y armonizar las relaciones humanas. Por tanto, es incorrecto pretender que una ley sea inconstitucional s�lo por incurrir en una deficiencia de definici�n o irregularidad en su redacci�n, pues la contravenci�n a �sta se basa en aspectos objetivos que generalmente son los principios consagrados en ella, ya sea prohibiendo una determinada acci�n de la autoridad en contra de los particulares gobernados u ordenando la forma en que deben conducirse en su funci�n de gobierno. Adem�s, del an�lisis de lo dispuesto por los art�culos 94, p�rrafo s�ptimo y 72, inciso f), de la Carta Magna, se advierte el reconocimiento, por parte de nuestro sistema jur�dico, de la necesidad de que existan m�todos de interpretaci�n jur�dica que, con motivo de las imprecisiones y oscuridades que puedan afectar a las disposiciones legales, establezcan su sentido y alcance, pero no condiciona su validez al hecho de que sean claras en su redacci�n y en los t�rminos que emplean.

Independientemente de lo anterior, debe se�alarse que contrariamente a lo manifestado por la parte quejosa en su escrito inicial de demanda, en cuanto a que el objeto de la Ley del Impuesto Especial sobre P.�n y Servicios se ve afectado por no haber sido definidos por el Congreso de la Uni�n esos conceptos, dichos argumentos resultan infundados, en virtud de que, por una parte, el objeto del impuesto especial sobre producci�n y servicios es, precisamente, la prestaci�n del servicio de telecomunicaciones y conexos en t�rminos de lo dispuesto por el art�culo 2o., fracci�n II, inciso b), del ordenamiento legal en comento y, por la otra, existen diversos supuestos respecto a los cuales no se pagar� dicho gravamen y que est�n contenidos en el art�culo 18 de la ley relativa, por lo que atento al contenido de dichos numerales se pone de manifiesto que la recurrente puede conocer de manera fehaciente si es o no sujeto del impuesto y, consecuentemente, si su actividad est� o no gravada.

A fin de corroborar lo anterior, se estima necesario transcribir el contenido de dichos numerales, en los cuales se se�ala lo siguiente:

"Art�culo 2o. Al valor de los actos o actividades que a continuaci�n se se�alan, se aplicar�n las tasas siguientes:

"...

"II. En la prestaci�n de los siguientes servicios:

"...

"B) De telecomunicaciones y conexos 10%."

"Art�culo 18. No se pagar� el impuesto establecido en esta ley por la prestaci�n de los siguientes servicios:

"I. Telefon�a rural.

"II. Telefon�a b�sica local.

"III. Telefon�a p�blica.

"IV. Conexos de internet.

"V. Intermedios.

"VI. Larga distancia.

"VII. El servicio de internet residencial en lo que corresponde a la renta b�sica.

"VIII. Las comunicaciones de servicios de emergencia.

"IX. Las tarifas por uso de radiotelefon�a celular estipuladas bajo el sistema de prepago y cuyo monto sea igual o menor a $3.50 por minuto de tiempo aire.

X. Los se�alados en los incisos g) y h) de la fracci�n XIII del art�culo 3o. de esta ley. ...

Por tanto, contrariamente a lo manifestado por la quejosa, no se deja abierta la posibilidad de que las autoridades fiscales de manera arbitraria o caprichosa determinen cu�les son los servicios que van a estar gravados en t�rminos del art�culo 2o., fracci�n II, inciso B), de la Ley del Impuesto Especial sobre P.�n y Servicios, y cu�les no, puesto que ello se estableci� con claridad en dicho numeral, as� como en el art�culo 18 del ordenamiento legal en comento.

S�PTIMO

Por lo que se refiere al argumento sintetizado en el inciso c) del cuarto considerando de este fallo, relativo a que el art�culo 1o., inciso A), fracci�n I, numeral 4, letra E, de la Ley de Ingresos de la Federaci�n para el ejercicio fiscal de dos mil dos, as� como los art�culos 1o., fracci�n II, 2o., fracci�n II, inciso B), 3o., fracci�n XIII, inciso A), numeral 4, 4o., 5o., 17, 18 y 19 de la Ley del Impuesto Especial sobre P.�n y Servicios transgreden las garant�as de igualdad y equidad tributarias que prev�n los art�culos 12, 13 y 31, fracci�n IV, de la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, al establecer una tasa fija del 10% a ciertos servicios de telecomunicaci�n, mientras que a otros prestadores del servicio, sin justificaci�n objetiva y razonable alguna, perdiendo todo juicio de equilibrio, se les exenta del tributo en cuesti�n, de conformidad con lo dispuesto por el art�culo 18 del ordenamiento legal en comento, ya que en la especie se trata de la prestaci�n del mismo tipo de servicio, a saber, telecomunicaciones, en t�rminos de lo que se�ala el art�culo 3o., fracci�n XIV, de la Ley Federal de Telecomunicaciones, creando con ello un privilegio a favor de ciertos contribuyentes, el mismo resulta infundado, en virtud de lo siguiente:

Este Alto Tribunal ha estimado en diversas tesis de jurisprudencia que la garant�a de equidad exige que los contribuyentes de un impuesto que se encuentran en una misma hip�tesis de causaci�n, deben guardar una id�ntica situaci�n frente a la norma jur�dica que los regula, lo que a la vez implica que las disposiciones tributarias deben tratar de manera igual a quienes se encuentren en una misma situaci�n y de manera desigual a los sujetos del gravamen que se ubiquen en una situaci�n diversa, implicando, adem�s, que para poder cumplir con este principio, el legislador no s�lo est� facultado, sino que tiene obligaci�n de crear categor�as o clasificaciones de contribuyentes, a condici�n de que �stas no sean caprichosas o arbitrarias o creadas para hostilizar a determinadas clases o a un universo de causantes.

Corroboran lo anterior las siguientes tesis de jurisprudencia sustentadas por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, que establecen:

"IMPUESTOS. PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA PREVISTO POR EL ART�CULO 31, FRACCI�N IV, CONSTITUCIONAL. De una revisi�n a las diversas tesis sustentadas por esta Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, en torno al principio de equidad tributaria previsto por el art�culo 31, fracci�n IV, de la C.�n Federal, necesariamente se llega a la conclusi�n de que, en esencia, este principio exige que los contribuyentes de un impuesto que se encuentran en una misma hip�tesis de causaci�n, deben guardar una id�ntica situaci�n frente a la norma jur�dica que lo regula, lo que a la vez implica que las disposiciones tributarias deben tratar de manera igual a quienes se encuentren en una misma situaci�n y de manera desigual a los sujetos del gravamen que se ubiquen en una situaci�n diversa, implicando, adem�s, que para poder cumplir con este principio el legislador no s�lo est� facultado, sino que tiene obligaci�n de crear categor�as o clasificaciones de contribuyentes, a condici�n de que �stas no sean caprichosas o arbitrarias, o creadas para hostilizar a determinadas clases o universalidades de causantes, esto es, que se sustenten en bases objetivas que justifiquen el tratamiento diferente entre una y otra categor�a, y que pueden responder a finalidades econ�micas o sociales, razones de pol�tica fiscal o incluso extrafiscales." (Novena �poca. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta. Tomo XI, marzo de 2000. Tesis P./J. 24/2000. P�gina 35).

"EQUIDAD TRIBUTARIA. IMPLICA QUE LAS NORMAS NO DEN UN TRATO DIVERSO A SITUACIONES AN�LOGAS O UNO IGUAL A PERSONAS QUE EST�N EN SITUACIONES DISPARES. El texto constitucional establece que todos los hombres son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminaci�n alguna por raz�n de nacimiento, raza, sexo, religi�n o cualquier otra condici�n o circunstancia personal o social; en relaci�n con la materia tributaria, consigna expresamente el principio de equidad para que, con car�cter general, los poderes p�blicos tengan en cuenta que los particulares que se encuentren en la misma situaci�n deben ser tratados igualmente, sin privilegio ni favor. Conforme a estas bases, el principio de equidad se configura como uno de los valores superiores del ordenamiento jur�dico, lo que significa que ha de servir de criterio b�sico de la producci�n normativa y de su posterior interpretaci�n y aplicaci�n. La conservaci�n de este principio, sin embargo, no supone que todos los hombres sean iguales, con un patrimonio y necesidades semejantes, ya que la propia C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos acepta y protege la propiedad privada, la libertad econ�mica, el derecho a la herencia y otros derechos patrimoniales, de donde se reconoce impl�citamente la existencia de desigualdades materiales y econ�micas. El valor superior que persigue este principio consiste, entonces, en evitar que existan normas que, llamadas a proyectarse sobre situaciones de igualdad de hecho, produzcan como efecto de su aplicaci�n la ruptura de esa igualdad al generar un trato discriminatorio entre situaciones an�logas, o bien, propiciar efectos semejantes sobre personas que se encuentran en situaciones dispares, lo que se traduce en desigualdad jur�dica." (Novena �poca. Instancia: Pleno. Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta. Tomo V, junio de 1997. Tesis P./J. 42/97. P�gina 36).

Asimismo, se estima pertinente se�alar que el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n ha establecido que existen ciertos elementos objetivos que permiten delimitar el principio de equidad tributaria, a saber:

? No toda desigualdad de trato por la ley supone una violaci�n al art�culo 31, fracci�n IV, de la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, sino que dicha violaci�n se configura �nicamente si aquella desigualdad produce distinci�n entre situaciones tributarias que pueden considerarse iguales sin que exista para ello una justificaci�n objetiva y razonable.

? A iguales supuestos de hecho deben corresponder id�nticas consecuencias jur�dicas.

? No se proh�be al legislador contemplar la desigualdad de trato, sino s�lo en los casos en que resulta artificiosa o injustificada la distinci�n.

? Para que la diferenciaci�n tributaria resulte acorde con las garant�as de igualdad, las consecuencias jur�dicas que resultan de la ley, deben ser adecuadas y proporcionadas para conseguir el trato equitativo, de manera que la relaci�n entre la medida adoptada, el resultado que produce y el fin pretendido por el legislador, superen un juicio de equilibrio en sede constitucional.

Es aplicable al respecto la siguiente tesis de jurisprudencia que establece:

"EQUIDAD TRIBUTARIA. SUS ELEMENTOS. El principio de equidad no implica la necesidad de que los sujetos se encuentren, en todo momento y ante cualquier circunstancia, en condiciones de absoluta igualdad, sino que, sin perjuicio del deber de los poderes p�blicos de procurar la igualdad real, dicho principio se refiere a la igualdad jur�dica, es decir, al derecho de todos los gobernados de recibir el mismo trato que quienes se ubican en similar situaci�n de hecho porque la igualdad a que se refiere el art�culo 31, fracci�n IV, constitucional, lo es ante la ley y ante la aplicaci�n de la ley. De lo anterior derivan los siguientes elementos objetivos, que permiten delimitar al principio de equidad tributaria: a) no toda desigualdad de trato por la ley supone una violaci�n al art�culo 31, fracci�n IV, de la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, sino que dicha violaci�n se configura �nicamente si aquella desigualdad produce distinci�n entre situaciones tributarias que pueden considerarse iguales sin que exista para ello una justificaci�n objetiva y razonable; b) a iguales supuestos de hecho deben corresponder id�nticas consecuencias jur�dicas; c) no se proh�be al legislador contemplar la desigualdad de trato, sino s�lo en los casos en que resulta artificiosa o injustificada la distinci�n; y d) para que la diferenciaci�n tributaria resulte acorde con las garant�as de igualdad, las consecuencias jur�dicas que resultan de la ley, deben ser adecuadas y proporcionadas, para conseguir el trato equitativo, de manera que la relaci�n entre la medida adoptada, el resultado que produce y el fin pretendido por el legislador, superen un juicio de equilibrio en sede constitucional." (Novena �poca. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta. Tomo V, junio de 1997. Tesis P./J. 41/97. P�gina 43).

Por tanto, la equidad radica en dar un trato igual a los iguales y uno desigual a los desiguales, aunque no toda desigualdad de trato establecida en la ley supone una violaci�n a dicho principio, siempre y cuando ello se base en razones objetivas.

Una vez precisado lo anterior, debe se�alarse que el numeral tildado de inconstitucional no transgrede la garant�a de equidad tributaria, pues prev� el mismo trato a sujetos que est�n en igualdad de circunstancias, esto es, a todos los que prestan los servicios de telecomunicaciones y conexos, por lo que los particulares que se encuentren en una misma situaci�n deben ser tratados igualmente, sin privilegio ni favor alguno.

Lo anterior es as�, en virtud de que el art�culo 18 de la Ley del Impuesto Especial sobre P.�n y Servicios permite la exenci�n del pago del impuesto a favor de los sujetos que realicen las actividades que ese numeral precisa, de la siguiente manera:

"Art�culo 18. No se pagar� el impuesto establecido en esta ley por la prestaci�n de los siguientes servicios:

"I. Telefon�a rural.

"II. Telefon�a b�sica local.

"III. Telefon�a p�blica.

"IV. Conexos de internet.

"V. Intermedios.

"VI. Larga distancia.

"VII. El servicio de internet residencial en lo que corresponde a la renta b�sica.

"VIII. Las comunicaciones de servicios de emergencia.

"IX. Las tarifas por uso de radiotelefon�a celular estipuladas bajo el sistema de prepago y cuyo monto sea igual o menor a $3.50 por minuto de tiempo aire.

"X. Los se�alados en los incisos g) y h) de la fracci�n XIII del art�culo 3o. de esta ley.

"XI. Larga distancia nacional que se origine o termine como voz entre usuarios de dos �reas locales, independientemente de los medios o formatos utilizados durante su transmisi�n."

Del numeral anterior se desprende que la norma reclamada establece exenciones a diversos contribuyentes del impuesto pertenecientes al sector de las telecomunicaciones, que se clasifican en tres grandes grupos, a saber:

  1. La concedida a empresas concesionarias del servicio de telecomunicaciones que loprestan a proveedores de servicios de redes p�blicas o entre �stos y los proveedores de servicio de internet, a condici�n de que sean "intermediarios" en la prestaci�n del servicio, lo que implica que s�lo deben pagar el tributo los prestadores de servicios "finales".

  2. La concedida a los prestadores del servicio de internet conmutado en lo que corresponde a renta b�sica.

  3. La concedida a los prestadores del servicio de telefon�a, como son: telefon�a rural; telefon�a b�sica residencial; telefon�a p�blica; larga distancia nacional residencial hasta por cuarenta pesos; larga distancia internacional; telefon�a b�sica local en todas sus modalidades; larga distancia nacional que se origine o termine como voz entre usuarios de dos �reas locales; servicios de emergencia; telefon�a celular a trav�s de tarjetas prepagadas hasta por doscientos pesos.

    Ahora bien, las telecomunicaciones corresponden a una de las �reas estrat�gicas manejadas en forma exclusiva por el Estado y que para que los particulares puedan acceder a �stas se requiere necesariamente la obtenci�n de una concesi�n o permiso de parte de la autoridad competente. En consecuencia, con motivo de tales concesiones existen empresas que se dedican a prestar el servicio de telecomunicaciones, el cual requiere generalmente de infraestructura costosa que puede no estar al alcance de todas las empresas que pertenecen a esta �rea de servicios.

    El gran avance que �ltimamente ha tenido este sector prioritario del pa�s, se lleva a cabo a trav�s de los servicios de redes de comunicaci�n que no es otra cosa que una interconexi�n de aparatos y sistemas que permiten la emisi�n, recepci�n o transmisi�n de se�ales de voz, de datos o de videos.

    Dada la magnitud de este sector, algunas empresas con mayores recursos y, por ende, mayor infraestructura, est�n en condiciones de prestar sus instalaciones o parte de sus servicios a otras empresas concesionarias, mediante el pago de una renta, sin que estas �ltimas empresas obtengan este servicio como consumidoras finales sino que lo requieren para a su vez dar ese servicio a los usuarios finales.

    Las telecomunicaciones se pueden prestar a trav�s de distintos sistemas: de cableados de hilos de cobre, de fibra �ptica (estas dos utilizadas en la telefon�a), de microondas, sistema que tiene como sustento las ondas que viajan en l�nea recta y se enfocan en un haz estrecho, el cual fue por mucho tiempo utilizado para los servicios de telefon�a de larga distancia y que ahora se utilizan para el servicio de las antenas parab�licas, ondas infra rojas y milim�tricas, que son las que se utilizan para enviar se�ales de corto alcance y son utilizadas en los controles remotos de aparatos el�ctricos como la televisi�n, grabadoras de video, est�reos, etc., la transmisi�n por ondas de luz como el rayo l�ser, que se utiliza para transmisiones entre un edificio y otro.

    Derivado de este proceso complejo de las telecomunicaciones es que existen empresas que, como ya se anot�, por la infraestructura que tienen est�n en posibilidad de rentar parte de sus servicios o instalaciones para que otras, que son intermediarias, puedan prestar el mencionado servicio y servir de enlace con el usuario final. Un ejemplo de �ste lo constituye la renta de sus redes de cableado y fibra �ptica que realiza actualmente la empresa denominada Tel�fonos de M�xico, para que otras empresas intermediarias puedan ofrecer servicios de telefon�a como el de larga distancia nacional.

    Son estas empresas que rentan parte de sus equipos o servicios a otras, a las que se refiere la fracci�n V del art�culo 18 de la ley, quienes pueden prestar el servicio a servidores de redes p�blicas o a quienes dan el servicio de internet.

    La fracci�n V describe cu�les pueden ser los servicios que presten esas empresas intermediarias y al respecto se�ala que pueden ser:

  4. La interconexi�n nacional e internacional. Como ejemplo de ese servicio est� la mencionada renta de las redes de cableado y fibra �ptica que Telmex est� ofreciendo a otras empresas para que �stas puedan prestar el servicio de larga distancia nacional.

  5. Servicio de transporte o reventa de larga distancia. Tambi�n referido al servicio de telefon�a, comprende como lo indica el precepto s�lo la reventa de este servicio de larga distancia que realice una empresa concesionaria para que sea otra empresa la que lo ofrezca al consumidor final.

  6. Servicios de acceso a redes. En sus or�genes el servicio de redes de comunicaci�n se reduc�a al env�o de correos electr�nicos por parte de investigadores universitarios y por empleados corporativos para compartir impresoras; sin embargo, en la actualidad se ha ido ampliando el servicio de red a otros sectores para dejar de ser un servicio dom�stico y as� logra una apertura m�s amplia, por lo que la evoluci�n de este sistema de red que incluye comunicaciones internacionales en segundos, requiere de un programa de administraci�n a trav�s de estaciones administradoras que requieren de un software especial, as�, dentro de los servicios que prestan dichas administradoras se encuentra el referente al acceso que el usuario final requiere para interconectarse a las redes.

  7. P.�n de enlaces de interconexi�n. No siempre los usuarios finales de un servicio de redes est�n conectados a una misma, por ello se requieren compa��as de telecomunicaci�n que realicen ese enlace para intercomunicar a las que pertenecen a red distinta.

  8. Enlaces dedicados o privados. Son canales de comunicaci�n para uso exclusivo de alguna instituci�n, empresa o corporaci�n.

  9. Servicios de coubicaci�n. Est� referido al servicio de redireccionamiento de dominios registrados, lo que hace este servicio es proporcionar la ruta correcta para poder llegar al servidor de otro usuario.

  10. Servicios de provisi�n de capacidad del espectro radioel�ctrico. Se refiere a todas las comunicaciones que viajan por el espacio, como el tel�grafo, la radio y la televisi�n.

  11. Cargos relacionados a la presuscripci�n o cambios de operador y troncales digitales para servicios de internet. La conexi�n de alg�n servicio de telecomunicaciones entre dos usuarios finales como el tel�fono, o el internet requiere suscribirse a alguna empresa que lo preste, este servicio no siempre se realiza de manera directa, pues si los usuarios que desean tener una comunicaci�n a trav�s de esos medios no dependen de una misma oficina de cargo a donde llega su comunicaci�n antes de que el otro usuario la reciba, requiere de un enlace que se efect�a mediante troncales digitales, que son oficinas donde se lleva a cabo la interconexi�n, servicios que son a los que se refiere esta hip�tesis, pues puede ser que alg�n usuario desee cambiarse de una oficina de cargo a otra, en cuyo caso se tendr� que hacer un pago por el cambio de operador.

    Tambi�n se alude al servicio de internet conmutado en lo que corresponde a renta b�sica. Aqu� conviene establecer que el servicio de internet es ofrecido por diversas compa��as concesionarias quienes cobran al usuario final una renta, donde est�n incluidos paquetes b�sicos por los que cobran una renta predeterminada; sin embargo, si el usuario del servicio desea ampliar los servicios que el paquete b�sico ofrece, por ejemplo, si en lugar de tener un solo correo electr�nico desea la instalaci�n de otros 5 o m�s, deber� pagar una cantidad adicional, entonces, aqu� lo que est� exento es s�lo el servicio b�sico.

    El resto de las fracciones de dicho precepto legal se refieren a servicios de telefon�a, como son: la telefon�a rural; la telefon�a b�sica residencial; la telefon�a p�blica; la larga distancia nacional residencial hasta por cuarenta pesos; la larga distancia internacional; la telefon�a b�sica local en todas sus modalidades; la larga distancia nacional que se origine o termine como voz entre usuarios de dos �reas locales; los servicios de emergencia; los de telefon�a celular a trav�s de tarjetas prepagadas hasta cierto l�mite.

    Una vez precisado lo anterior, se estima necesario se�alar que el trato diferenciado que da el legislador a los contribuyentes que est�n exentos de pagar el tributo en relaci�n con otros que como la empresa quejosa tanto en la exposici�n de motivos de la reforma como en las deliberaciones legislativas, de donde se desprende que dicha distinci�n obedeci� a que los servicios de internet y telefon�a con determinadas caracter�sticas son considerados como servicios b�sicos para el desarrollo del pa�s, donde tambi�n deben incluirse los concesionarios que prestan la interconexi�n de tales servicios como "intermediarios" y si bien no se refiri� espec�ficamente a por qu� deb�a gravarse ese servicio, s� se deduce l�gicamente, por exclusi�n, que �ste no es un servicio b�sico, mientras que el servicio de internet a trav�s de la red de quienes se conectan a este servicio pueden tener a su alcance informaci�n de todos niveles, inclusive cultural y cient�fica de cualquier parte del mundo, lo que evidentemente redundar� en beneficio y progreso de la colectividad, as� como los diversos servicios de telefon�a a que hace alusi�n el art�culo 18 de la Ley del Impuesto Especial sobre P.�n y Servicios, a saber: la telefon�a rural; la telefon�a b�sica residencial; la telefon�a p�blica; la larga distancia nacional residencial hasta por cuarenta pesos; la larga distancia internacional; la telefon�a b�sica local en todas sus modalidades; la larga distancia nacional que se origine o termine como voz entre usuarios de dos �reas locales; los servicios de emergencia; los de telefon�a celular a trav�s de tarjetas prepagadas hasta por doscientos pesos, ya que todos ellos son servicios b�sicos que confluyen a fin de mejorar las condiciones de vida de la sociedad y, por ende, a las familias que utilizan esos servicios y procurar no afectar a los sectores m�s necesitados del pa�s.

    En ese mismo sentido, debe se�alarse que las exenciones concedidas en los rubros de telefon�a y servicios de internet e interconexi�n de quienes los prestan como "intermediarios" a que se refieren las hip�tesis contempladas en las fracciones del art�culo 18 impugnado, se deben fundamentalmente a la idea que tuvo el legislador de no afectar a las familias que utilizan esos servicios, los cuales, se repite, son calificados como b�sicos, esto es, indispensables para procurar un mejor nivel de vida familiar, equipar�ndolos al servicio de agua, luz y drenaje, todo lo cual evidencia que contra lo sostenido por el quejoso, el legislador federal s� justifica las exenciones que en materia de telecomunicaciones otorg� a los contribuyentes que se ubican en las hip�tesis respectivas.

    As�, en el dictamen de la C.�n de Hacienda y Cr�dito P�blico en torno a esta cuesti�n, se se�al�:

    En este orden de ideas y dada la necesidad de recursos del pa�s, esta C.�n de Hacienda y Cr�dito P�blico considera necesario el establecimiento de un impuesto especial a los servicios de telecomunicaciones y conexos con una tasa del 10%, exentando la telefon�a b�sica residencial, la telefon�a p�blica, la telefon�a rural, renta b�sica del servicio de internet, servicios de administraci�n de datos y dominios, interconexi�n, larga distancia internacional, comunicaciones de servicios de emergencia y la telefon�a celular por medio de tarjetas prepagadas. Derivado de lo anterior, esta C.�n de Hacienda y Cr�dito P�blico sugiere incorporar el gravamen en menci�n a la Ley del Impuesto Especial sobre P.�n y Servicios y modificar la estructura del mismo para establecer los servicios gravados en fracciones y para dar mayor claridad en su lectura. ... Exenciones. ... Por otra parte y con el objeto de no afectar a las familias que utilizan los servicios de telefon�a, esta comisi�n dictaminadora propone establecer exenciones a dicho servicio cuando �ste sea utilizado en casa habitaci�n, en comunidades rurales, as� como la telefon�a p�blica, la telefon�a celular con tarjetas prepagadas, los servicios de internet y los de interconexi�n entre otros.

    En la discusi�n que se llev� a cabo en la C�mara de Diputados intervino el diputado F.R.R.�rez �vila y expuso:

    �ste es el caso del impuesto del 10% con el que se propone gravar los servicios de telecomunicaciones, otra ventaja de este tipo de impuestos es que tienen un car�cter sumamente progresivo de tal forma que recae en mayoritariamente en los grupos sociales de mayores ingresos. Es esencial sin embargo, no perjudicar con este tipo de impuestos a los que menos recursos tienen, por tal motivo no se le va a aplicar gravamen anteriormente mencionado a la telefon�a b�sica residencial hasta por 160 pesos mensuales; a la telefon�a p�blica, a la telefon�a rural, a la renta b�sica del servicio de internet conmutado, a los servicios de administraci�n de datos y dominios, a la interconexi�n, a la larga distancia internacional, a las comunicaciones del servicios de emergencia ni a la telefon�a celular por medio de tarjetas de prepago hasta la cantidad de 200 pesos.

    El diputado J.M.d.R.�o V., respecto a esta cuesti�n se�al�:

    Debe ser eje de la regulaci�n sobre impuestos a productos y servicios cuya captaci�n econ�mica por producto de impuestos ser� en beneficio del pueblo de M�xico, deben por tanto gravarse todos los art�culos con caracter�sticas suntuosas y no considerados de primera necesidad, su gravamen debe responder al compromiso del Estado por obtener mayores recursos para combatir la pobreza y atender el desarrollo social. Por ello solicitamos que el impuesto a los refrescos se aplique exclusivamente a aquellos que utilizan fructuosa, porque gravar los art�culos suntuosos importados y producidos en el pa�s garantiza una recaudaci�n tributaria de beneficio social, en este caso, en el caso de los refrescos, a la industria azucarera mexicana. El impuesto a los productos de naturaleza distinta a los de primera necesidad no son del grueso de la poblaci�n, pero su aplicaci�n servir� para contribuir al desarrollo nacional. El impuesto especial tampoco ser� causante del cierre de empresas y despido masivo de trabajadores como se ha comentado, los empresarios deben ver en este impuesto un obst�culo para crecer, deben ver en este impuesto una posibilidad de ayudar al desarrollo nacional, deben verlo como un elemento m�s que vendr� a fortalecer la econom�a nacional y por tanto ayudar� a repartir mejor la riqueza nacional. Sin embargo, compa�eras y compa�eros diputados, me reservar� el art�culo 2o. fracci�n II inciso B) el art�culo 3o., fracci�n III y el art�culo 18, porque no tenemos por qu� aprobar un impuesto de servicio telef�nico porque en la actualidad este servicio, lejos de representar un servicio de lujo, representa realmente un servicio indispensable para mantener comunicados a los mexicanos, porque el desarrollo nacional y el crecimiento econ�mico no pueden verse atrofiados por gravar con m�s un servicio que se encuentra en plena expansi�n, adem�s de que la base cautiva del mismo no es significativa a nivel nacional.

    El diputado A.E.V. sobre el particular dijo:

    Es as� que el presente dictamen sobre la Ley de Impuesto Especial sobre P.�n y Servicios en algunos casos muestra una clara disposici�n por la modernizaci�n de este impuesto a favor del bienestar com�n. A pesar de esto existen otras propuestas en las que el Partido Verde Ecologista de M�xico est� en desacuerdo, como es la aplicaci�n de un impuesto especial al 10% al servicio telef�nico. En principio las tarifas telef�nicas en M�xico son de las m�s caras del mundo, siendo las segundas m�s elevadas de los pa�ses integrantes de las OCDE, la cual evidentemente implica una disminuci�n en la competitividad nacional y abuso y detrimento de la econom�a familiar, tan s�lo en los �ltimos a�os la renta b�sica en nuestro pa�s para el servicio residencial se increment� en un 34.6% y se tiene uno de los niveles m�s bajos del mundo en cuanto a n�mero de aparatos telef�nicos por habitante, apenas 12 por cada 100, que es un porcentaje menor al que tiene naciones como Per�, Bolivia o Paraguay.

    El diputado E.R.J.G.L. dijo:

    Durante los �ltimos cinco a�os el sector de las telecomunicaciones ha mostrado un extraordinario dinamismo impulsado por un proceso de liberalizaci�n y apertura a la competencia. En el 2000 el PIB de las telecomunicaciones creci� un 28% y en los primeros nueve meses del a�o 2001, el INEGI estima un crecimiento del 17% con respecto al mismo a�o anterior. Por su parte la inversi�n total en el sector ha crecido de 1800 millones de d�lares en 1996, a cerca de 5 mil millones en los �ltimos dos a�os. Con la nueva Ley de Telecomunicaciones que estamos creando, se considera a la telefon�a y al internet como un servicio b�sico al igual que el agua, la luz y el drenaje. Y se podr�n dar inversiones en los pr�ximos a�os, en los pr�ximos 5 a�os por 30 mil millones de d�lares en infraestructura y que se van a traducir en 15 millones de nuevas l�neas telef�nicas con conectividad a internet, precisamente a gente que hoy no tiene tel�fono. Sin embargo, estos avances han sido claramente insuficientes para cerrar la brecha existente de disponibilidad de servicios no s�lo frente a pa�ses desarrollados sino tambi�n ante otros pa�ses latinoamericanos con un desarrollo similar al nuestro. Sin embargo, los costos mayores no ser�n aquellos que se puedan estimar para el corto plazo con relativa facilidad, sino los correspondientes a la evoluci�n de la industria en el futuro, al desenvolverse en un contexto m�s desfavorable, en particular para los nuevos operadores que recientemente se han incorporado al mercado. La incidencia de este impuesto ser� definitivamente m�s perniciosa sobre los nuevos entrantes, a que sobre Tel�fonos de M�xico no tendr� ese impacto. Los planos de negocios de todos los nuevos operadores dependen de capturar parte del crecimiento del mercado. Adem�s, para iniciar sus operaciones han requerido de grandes inversiones que en el mejor de los casos apenas empiezan a generar flujos de operaci�n, positivos. El amplio proceso de consulta llevado a cabo por la conferencia parlamentaria para la Ley de Telecomunicaciones muestra de manera inequ�voca la alt�sima prioridad que los nuevos operadores le otorgan a la consolidaci�n de un nuevo marco jur�dico que d� mayor seguridad y prop�sito a estas nuevas inversiones. La aplicaci�n del impuesto pudiera ahuyentar las inversiones que se tienen contempladas y hacer nugatoria la posibilidad de que much�simos mexicanos se puedan integrar con los mexicanos que actualmente cuentan con los servicios. Desde una perspectiva m�s amplia la aplicaci�n del impuesto conlleva a que el Estado extraiga una cantidad importante de recursos de un sector fundamental para el desarrollo del pa�s, para destinarlo a un gasto a�n indeterminado, que incluso puede cubrir necesidades del gasto corriente, en el mejor de los casos bajo distintos criterios la creaci�n de infraestructura es una prioridad para este pa�s para poder tener posibilidad de integraci�n nacional. La p�rdida de eficacia econ�mica se sumaria a la menor disponibilidad de nuevos capitales internos y externos para la creaci�n de esta infraestructura, lo que representar�a sin duda una p�rdida neta para el pa�s en su conjunto. Privar a la industria de estos recursos necesarios para su expansi�n, es condenar a la mayor parte de las familias mexicanas a mantenerse al margen por mucho m�s tiempo, de los servicios de telecomunicaciones; por lo que significa finalmente cancelar la posibilidad de salir m�s r�pidamente del estado de pobreza en que se encuentran. Estas palabras que resumo de un documento, las elabor� hace una semana cuando se nos hab�a informado que el impuesto telef�nico ser�a del 20%. El d�a de hoy ocurrimos como invitados a la C.�n de Hacienda y se lograron importantes avances que sin embargo, sigo pensando que la industria de telecomunicaciones, elesp�ritu que ha creado la conferencia parlamentaria para poder crear en M�xico la integraci�n de todos los mexicanos de poder contar con 25 tel�fonos por cada 100 habitantes, de 12 o 13 que hoy tenemos, creo todav�a que la puede afectar. Sin embargo, debo reconocer que la reducci�n al 10%, la eliminaci�n o exenci�n de la telefon�a rural, de la renta b�sica, de la larga distancia internacional, ya que causar�a lo que se llama en ingl�s el call back o la facturaci�n en los Estados Unidos. El haber dejado exento del prepago en materia de celular, donde de los 19 millones de aparatos existentes 17 millones son de prepago. Donde se ha dejado fuera la renta del internet, el hospedaje de internet, la interconexi�n entre las empresas, la telefon�a p�blica, los servicios de emergencia, y adem�s presentaremos ma�ana un fondo para crear el servicio universal por mil 500 millones con el objeto de que se puedan crear los incentivos para llevar m�s tel�fonos a las zonas rurales de este pa�s. Sin duda alguna, mis amigos, un impuesto de este tama�o y con permanencia en el tiempo frenar�a a un sector que es pilar y es el motor de la propia econom�a mexicana. En esto a m�, como parte de la conferencia parlamentaria para la nueva Ley de Telecomunicaciones, que buscamos que la telefon�a, el internet sea un servicio b�sico, que buscamos inversi�n, que buscamos que los nuevos tel�fonos se coloquen en las zonas donde no hay tel�fonos, me causa un dilema. Por un lado, la necesidad del Estado mexicano y del gobierno de obtener recursos y, por el otro, de poder integrar a todos los mexicanos. Mi voto ser� de conciencia. Esta C�mara es la conciencia de la patria, espero que la utilicemos.

    I.�n del diputado J.M.V.:

    En la fracci�n VI del art�culo 18 se contempla que quedar� exenta de gravarse la larga distancia internacional o cualquier otro servicio que se origine o termine como voz entre usuarios de M�xico y un pa�s extranjero, independientemente de que durante su transmisi�n se hubiere utilizado formato de datos. Lo que me parece, es que c�mo le explicamos al pueblo mexicano que exentamos la larga distancia internacional y gravamos la larga distancia nacional. Yo creo que aqu� en este Congreso indudablemente en todos nosotros existe la preocupaci�n de darle viabilidad a los proyectos del gobierno, de impulsar mecanismos que fortalezcan la gobernabilidad de este pa�s, pero tambi�n tenemos que ser muy precisos porque �sta no puede pasar, ni soportarse en las espaldas el pueblo mexicano. Por eso creemos que es importante que se incorpore en el texto de esta fracci�n un concepto que incluya la larga distancia nacional residencial exclusivamente y lo proponemos hasta por un monto de 250 pesos. Creemos naturalmente que esta propuesta naturalmente (sic) deber� incorporarse porque de no ser as� se ver�n afectados muchos hogares mexicanos. La C.�n de Hacienda indudablemente tiene una serie de elementos de car�cter t�cnico. La C.�n de Hacienda sabe bien que estamos discutiendo esto una circunstancia particularmente, una coyuntura dif�cil y complicada, el acceso a la informaci�n que tenemos no es lo suficientemente amplia para que podamos realizar una propuesta consistente y tenemos que reconocerlo. Sin embargo, no es posible que omitamos, bajo ninguna circunstancia, un aspecto que va a da�ar la econom�a de M�xico. Esta propuesta la dejo aqu�, junto con la firma, casi de los mismos diputados anteriores, con el prop�sito de que sea valorada por este Pleno.

    En el dictamen de la C�mara de Senadores se expuso:

    II. Contenido de la minuta. Los aspectos m�s relevantes de la minuta que nos ocupa son los siguientes. Se incluye un impuesto especial a las aguas naturales y minerales gasificadas; refrescos, bebidas alcoh�licas; bebidas hidratantes o rehidratantes; concentrados, polvos jarabes; esencias o extractos de sabores que se puedan diluir para obtener refrescos, bebidas hidratantes o rehidratantes. Se se�ala que el impuesto al refresco solamente ser� aplicado en aquellos cuyo ingrediente sea la fructuosa en sustituci�n de az�car de ca�a. Se crea un gravamen a las telecomunicaciones y conexos, exentando la telefon�a b�sica residencial, la telefon�a p�blica, la telefon�a rural, la renta b�sica del servicio de internet, los servicios de administraci�n de datos y dominios, interconexi�n, larga distancia internacional, comunicaciones de servicio de emergencia y la telefon�a celular que se realice a trav�s de tarjetas prepagadas.

    El senador E.R.B. en su intervenci�n adujo:

    Ped� la reserva de los art�culos en cuesti�n, con el objeto de precisar sobre uno de los impuestos especialmente que vienen en este dictamen que ha sido aprobado en lo general. Me refiero a lo que tiene que ver con las telecomunicaciones y, en forma especial, con el impuesto al servicio telef�nico. Hemos estado trabajando todas las fracciones de este Senado de la Rep�blica, y de la C�mara de Diputados, en forma muy intensa, para lograr que las telecomunicaciones en M�xico se vuelvan algo que sea un bien b�sico para la poblaci�n, espec�ficamente el tel�fono. En esto hemos coincidido todos, y ha coincidido tambi�n la Secretar�a de Comunicaciones y Transportes que se conoce que la Secretar�a de Hacienda le gan� la partida y tuvo que aceptar un impuesto a este servicio. Creemos que el servicio telef�nico es un bien en donde todos tenemos que incentivar su uso. Es un bien que s�lo 12 de cada 100 habitantes poseen servicio telef�nico fijo en su domicilio. Debemos aspirar, cuando menos, a estar entre 25 y 30 tel�fonos por cada 100 habitantes. Para lograr esto, para lograr que las poblaciones peque�as, para lograr que la infraestructura llegue a todo el pa�s y tengamos una teledensidad aceptable en M�xico, tenemos que hacer varios pasos, pero el primero es aumentar la competencia entre las telef�nicas. El segundo, buscar que esta competencia reduzca los precios, aumente la calidad del servicio y se permita tener el acceso universal a este servicio telef�nico. Es una incongruencia, desde mi punto de vista, que ante estas tesis que todos coincidimos, compa�eros senadores, y que coinciden tambi�n los diputados, y que coincide el Ejecutivo, a excepci�n de la Secretar�a de Hacienda, que s�lo piensa en la recaudaci�n y no piensa que en este servicio, y en las telecomunicaciones, puede haber 15 mil millones de inversi�n el pr�ximo a�o, y que gravar las telecomunicaciones significa ahuyentar la inversi�n nacional y extranjera; significa impedirle a m�s mexicanos el servicio telef�nico; significa que no va a tener acceso mucha gente al servicio y, por ende, al internet, a la voz, a los datos y a tantos servicios que significan progreso, productividad y mejora en el nivel de vida de los mexicanos. Por eso no podemos estar de acuerdo en subir absolutamente nada al servicio telef�nico. Estamos de acuerdo en que tenemos que hacer un esfuerzo para que las telef�nicas bajen el costo del servicio, que pueda tener acceso toda la poblaci�n. Algunos dec�an que en este momento un impuesto como estos s�lo puede beneficiar al incumbente o dominante en el mercado telef�nico, porque los chicos en los que estamos buscando a trav�s de la ley la competencia para bajar el precio y mejorar la calidad, con un impuesto pueden desaparecer, por eso el tono debe ser bajar el costo, es una incongruencia absoluta el subirle un impuesto de la forma que sea, y en el volumen que sea. Por esa raz�n, adem�s tenemos programas como en M�xico, tenemos programas muy amplios que se pueden ver mermados con esta alza a los tel�fonos. Ya tenemos un tel�fono caro, lo estamos encareciendo en esta C�mara de Senadores y Diputados, a instancias del Gobierno Federal; estamos perdiendo la oportunidad en el rengl�n que da m�s productividad, m�s inversi�n, y el rengl�n m�s importante para la econom�a de M�xico, que son las telecomunicaciones. Muchas gracias (aplausos).

    Como se observa de las reproducciones anteriores, los legisladores federales dieron una justificaci�n objetiva al conceder la exenci�n a tales servicios de la telecomunicaci�n, esto es, coincidieron en que los servios de telefon�a, internet conmutado, administraci�n de datos y dominios e interconexi�n deben ser considerados como servicios b�sicos, esto es, como si se tratara de la luz, el agua, el drenaje, etc. y que por ello, no deben gravarse con el tributo; la justificaci�n anterior, al ser objetiva, permite a esta Suprema Corte llegar a la conclusi�n de que el precepto en las fracciones cuestionadas no transgrede el principio de equidad, toda vez que los servicios que presta el quejoso no son considerados como b�sicos, de ah� que tenga que pagar el tributo.

    En efecto, el M�ximo Tribunal de la Rep�blica ha sostenido que para cumplir con el citado principio, el legislador no s�lo est� facultado, sino que tiene la obligaci�n de crear categor�as o clasificaciones de contribuyentes a condici�n de que �stas no sean caprichosas o arbitrarias, es decir, que se sustenten en bases objetivas que justifiquen el tratamiento diferente entre una y otra categor�a, y que pueden responder a finalidades econ�micas o sociales, razones de pol�tica fiscal o incluso extrafiscales.

    Acorde con lo antes expuesto, el art�culo 18 de la Ley del Impuesto Especial sobre P.�n y Servicios no viola el principio de equidad tributaria consagrado en el art�culo 31, fracci�n IV, de la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, al otorgar una serie de exenciones a diversos servicios de telecomunicaciones, ya que el tratamiento diferenciado est� justificado puesto que los contribuyentes que se ven beneficiados con la exenci�n otorgan un servicio considerado b�sico que para poder llegar a la mayor�a de la poblaci�n que antes no lo recib�a se consider� necesario conferir la exenci�n a los contribuyentes que intervienen en la prestaci�n de tales servicios como la telefon�a e internet, igualmente el legislador decidi� incluir dentro de las exenciones a los intermediarios, al considerar pertinente coadyuvar a trav�s de esta medida a la expansi�n y avance de tales servicios b�sicos dado que con esa medida se lograr�a un menor costo para la poblaci�n que se ver� beneficiada, situaci�n distinta a los servicios que presta la quejosa, todo lo cual permite ver que las distinciones en el trato est�n entre uno y otro contribuyentes justificadas.

    Luego, lo que no est� permitido por nuestra C.�n es la exenci�n de impuestos cuando se trata de favorecer a determinada persona con el otorgamiento de un verdadero privilegio en su favor, mas no cuando en consideraci�n a situaciones objetivas la exenci�n del impuesto alcanza a toda una categor�a de personas por medio de leyes de car�cter general.

    El criterio sobre ese particular se consulta en las tesis jurisprudenciales del Pleno de este Alto Tribunal, que dicen:

    "IMPUESTOS, EXENCI�N DE. ES CONSTITUCIONAL CUANDO SE ESTABLECEN CONSIDERANDO LA SITUACI�N OBJETIVA DE LAS PERSONAS EXENTAS. Interpretando en forma sistem�tica el art�culo 28 constitucional y el art�culo 13 de su reglamento, se obtiene la conclusi�n de que la prohibici�n contenida en el primero de ellos respecto de la exenci�n de impuestos debe entenderse en el sentido de que �sta se proh�be cuando tiende a favorecer intereses de determinada o determinadas personas, y no cuando la exenci�n de impuestos se concede considerando situaciones objetivas en que se reflejan intereses sociales o econ�micos en favor de categor�as determinadas de sujetos." (S�ptima �poca. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federaci�n. Volumen 66, Primera Parte. P�gina 81).

    "IMPUESTOS, EXENCI�N DE. ES CONSTITUCIONAL CUANDO SE ESTABLECE CONSIDERANDO LA SITUACI�N OBJETIVA DE LAS PERSONAS EXENTAS. Es constitucional la exenci�n de impuestos cuando se establece considerando la situaci�n objetiva de las personas exentas (no as� cuando la exenci�n se hace en atenci�n a las caracter�sticas individuales de las personas, estim�ndose sus caracter�sticas personal�simas), en atenci�n a la situaci�n jur�dica abstracta prevista en la ley, la cual contempla elementos objetivos para establecer excepciones en el pago de los impuestos. Por tales razones, es constitucional el Decreto N�mero 200 del Estado de Sinaloa, que en el art�culo 150 exime del pago del impuesto, entre otras personas, a los agentes consulares extranjeros, a los miembros de delegaciones cient�ficas, a las personas de nacionalidad extranjera, a los empleados p�blicos federales, del Estado o de los M.s, que reciban gratificaciones de fin de a�o. Interpretando en forma sistem�tica el art�culo 28 constitucional y el art�culo 13 de su reglamento, se obtiene la conclusi�n de que la prohibici�n contenida en el primero de ellos respecto de la exenci�n de impuestos, debe entenderse en el sentido de que �sta se proh�be cuando tiende a favorecer intereses de determinada o determinadas personas, y no cuando la exenci�n de impuestos se otorga considerando situaciones objetivas en que se reflejan intereses sociales o econ�micos en favor de una categor�a de sujetos." (S�ptima �poca. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federaci�n. Volumen 12, Primera Parte. P�gina 44).

    Por tal motivo, al existir razones objetivas para justificar el tratamiento desigual que prev� el art�culo 18 de la Ley del Impuesto Especial sobre P.�n y Servicios para las personas que presten servicios de telecomunicaciones y conexos, no transgrede en modo alguno la garant�a de equidad que prev� la fracci�n IV del art�culo 31 constitucional, respecto de aquellos contribuyentes que se encuentran sujetos al pago del impuesto.

    Resulta aplicable al asunto la tesis 2a. LXX/2003 sustentada en la Novena �poca por esta S.unda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, misma que fue aprobada en sesi�n privada de diecis�is de mayo de dos mil tres y que aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, T.X., junio de 2003, p�gina 296, cuyos rubro y texto son los siguientes:

    PRODUCCI�N Y SERVICIOS. LAS FRACCIONES I, II, III, V, VI, VII, X Y XI DEL ART�CULO 18 DE LA LEY DEL IMPUESTO ESPECIAL, EN CUANTO CONCEDEN EXENCIONES A DIVERSAS EMPRESAS QUE PRESTAN SERVICIOS DE TELEFON�A, INTERNET E INTERCONEXI�N, MAS NO A LAS QUE PRESTAN EL SERVICIO DE TELEVISI�N POR CABLE, NO ES VIOLATORIO DEL PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA. El precepto citado que concede exenciones a varios servicios del sector de telecomunicaciones, que pueden clasificarse en tres grandes grupos, a saber: a) la concedida a empresas concesionarias de telecomunicaciones que prestan a proveedores de servicios de redes p�blicas o entre �stos y los proveedores de servicio de internet, a condici�n de que sean ?intermediarios? en su prestaci�n; b) la concedida a los prestadores del servicio de internet conmutado en lo que corresponde a renta b�sica; y c) la concedida a prestadores del servicio de telefon�a, como son: telefon�a rural, telefon�a b�sica residencial y p�blica, larga distancia nacional residencial hasta por cuarenta pesos, larga distancia internacional, telefon�a b�sica local en todas sus modalidades y larga distancia nacional que se origine o termine como voz entre usuarios de dos �reas locales, no viola el principio de equidad tributaria consagrado en la fracci�n IV del art�culo 31 de la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, al no contemplar en esos beneficios a las empresas que prestan el servicio de televisi�n por cable, a pesar de que tambi�n pertenecen al sector de telecomunicaciones, porque tanto en la exposici�n de motivos de la reforma a la Ley del Impuesto Especial sobre P.�n y Servicios, publicada en el Diario Oficial de la Federaci�n el 1o. de enero de 2002, como en las deliberaciones legislativas, aparece que dicha distinci�n se halla plenamente justificada, pues obedece a que los servicios de internet, telefon�a e interconexi�n son considerados como b�sicos para el desarrollo del pa�s, caracter�stica de la que no goza el de televisi�n por cable que constituye un servicio de entretenimiento.

    En ese mismo sentido, se estima necesario precisar que los numerales tildados de inconstitucionales de la Ley del Impuesto Especial sobre P.�n y Servicios, no transgreden el contenido del art�culo 13 de la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, en virtud de lo siguiente:

    El art�culo 13 constitucional, en la parte que interesa, textualmente establece:

    Nadie puede ser juzgado por leyes privativas ni por tribunales especiales.

    En tal virtud, se estima necesario precisar, en primer lugar, qu� se entiende por leyes privativas.

    Para tal efecto, debe se�alarse que este Alto Tribunal ha sostenido el criterio de que una ley es privativa cuando carece de los requisitos de generalidad, abstracci�n e impersonalidad que todo norma legal debe contener, esto es, aquella cuyas disposiciones s�lo regulan una situaci�n concreta respecto a una persona o personas determinadas de antemano y que desaparece despu�s de su aplicaci�n.

    Corroboran lo anterior las siguientes tesis de jurisprudencia sustentadas por este Alto Tribunal cuyos rubro, texto y datos de identificaci�n son:

    "LEYES PRIVATIVAS. Es car�cter constante de las leyes que sean de aplicaci�n general y abstracta; es decir, que deben contener una disposici�n que no desaparezca despu�s de aplicarse a un caso previsto y determinado de antemano, sino que sobreviva a esta aplicaci�n y se aplique sin consideraci�n de especie o de persona a todos los casos id�nticos al que previenen, en tanto no sean abrogadas. Una ley que carece de esos caracteres, va en contra del principio de igualdad, garantizado por el art�culo 13 constitucional, y aun deja de ser una disposici�n legislativa, en el sentido material, puesto que le falta algo que pertenece a su esencia. Estas leyes pueden considerarse como privativas, tanto las dictadas en el orden civil como en cualquier otro orden, pues el car�cter de generalidad se refiere a las leyes de todas las especies, y contra la aplicaci�n de las leyes privativas protege el ya expresado art�culo 13 constitucional." (Sexta �poca. Instancia: Pleno. Fuente: Ap�ndice de 1995. Tomo I, P.S.. Tesis 222. P�gina 211).

    "LEYES PRIVATIVAS, CONCEPTO CONSTITUCIONAL DE. El art�culo 13 de la actual C.�n General de la Rep�blica establece que ?nadie puede ser juzgado por leyes privativas ni por tribunales especiales?. Este art�culo 13 es id�ntico al del mismo n�mero de la C.�n de 1857 que prohibi�, en iguales t�rminos ser juzgado por leyes privativas y por tribunales especiales. La g�nesis de esta disposici�n constitucional mexicana puede encontrarse en el art�culo 3o. de la Declaraci�n Francesa de los Derechos del Hombre y del Ciudadano del 26 de agosto de 1789, que instituy�, por vez primera, como garant�a de la persona humana, que la ley ?debe ser la misma para todos?. Esta fuera de toda discusi�n que la C.�n de los Estados Unidos de Am�rica, del 17 de septiembre de 1787, no incluy�, entre sus cl�usulas m�s importantes, el cap�tulo relativo a los derechos del hombre. No es sino hasta las enmiendas que sufre posteriormente, cuando se establece como derecho individual p�blico, la igualdad ante la ley, llegando a consignar en su enmienda 14, que ?ning�n Estado podr� negar, a persona alguna bajo su jurisdicci�n, la igual protecci�n de las leyes?. La C.�n de Apatzing�n del 22 de octubre del a�o de 1814, recoge estos principios de las C.ones de Francia y de los Estados Unidos de Am�rica, y lo dispuso, as�, en su art�culo 19, que la ley debe ser igual para todos, principios respetados y conservados, despu�s, tanto en el primer proyecto de la C.�n Pol�tica de la Rep�blica mexicana, del 25 de agosto de 1842, como en el voto particular de la minor�a de la C.�n Constituyente y en el segundo proyecto de C.�n, del 2 de noviembre de aquel a�ode 1842, al trav�s de las prescripciones contenidas, respectivamente, en sus art�culos 7o., fracci�n II, 5o., fracci�n XV y 13, fracciones I y III, que mantienen el derecho fundamental del individuo a la protecci�n concretada en la generalidad de la ley. Sembrada la idea de que todos deben ser iguales ante la ley, o bien, proscrita la aplicaci�n de las leyes privativas, su aceptaci�n en documentos internacionales se impon�a. Por ello, la Declaraci�n Universal de los Derechos del Hombre, del 10 de diciembre de 1948, con obligatoriedad para todos los pa�ses que la han suscrito, determin� en su art�culo 7o. que ?todos son iguales ante la ley y tienen derecho, sin distinci�n, a igual protecci�n de la ley?. La coincidencia no s�lo conceptual, sino tambi�n terminol�gica de los art�culos 13 de las mexicanas C.ones de 1857 y 1917, justifica conocer la interpretaci�n, sentido y alcances que se dio a la expresi�n ley privativa en la primera de esas leyes fundamentales, para despu�s orientar la noci�n de ley privativa en la doctrina y en la C.�n mencionada en segundo lugar. V., en sus ?votos?, tomo III, p�ginas 67 a 72, fij� con toda nitidez el concepto de la ley privativa, en estos t�rminos: ?... no puede tenerse como privativas aquellas leyes que se refieren s�lo a determinada clase de personas, en raz�n de las circunstancias especiales en que se encuentran, y por esto nadie califica de privativas a las leyes sobre los menores, los incapacitados, los comerciantes, los quebrados, los militares, etc., y todas las razones que no necesito exponer, que se oponen a que se haga esta calificaci�n de tales leyes, existen para que tampoco se llame privativo al impuesto sobre fabricantes, propietarios, agricultores, mineros, exportadores, etc. Despu�s de esas ejecutorias no es ya l�cito venir ante los tribunales a negar la constitucionalidad de un impuesto, �nicamente porque �l no pes� sobre todos los contribuyentes, sino s�lo sobre determinada industria, giro, propiedad, etc.; por la sola raz�n de que no siendo general la ley que lo establece, es privativa y en consecuencia contraria al art�culo 13 de la C.�n?. La doctrina de V. es tan convincente, que basta para ello fijar la atenci�n en que expresamente consider� que no puede llamarse ley privativa a las que decretan impuestos sobre fabricantes, propietarios, agricultores, mineros, como tampoco tienen ese car�cter las leyes impositivas que estatuyen impuestos, no sobre todos los contribuyentes, sino s�lo sobre determinada industria, giro, propiedad. De otra parte C., en su obra Derecho C.onal Mexicano, p�gina 31, 1887, tambi�n hace una interpretaci�n doctrinaria del art�culo 13 de la C.�n de 1857, sosteniendo que ?la ley, pues, tiene car�cter de generalidad; y aun cuando se refiera a persona determinada, como las que habilitan de edad a un menor o declaran electo a un funcionario, no hacen m�s que reconocer una condici�n que se relaciona con el orden social pero entra�an un precepto com�n, obligatorio para todos. As� tambi�n, las leyes que otorgan ciertos beneficios a las mujeres, a los menores, etc., por razones de clara justicia, no quitan a la solemne declaraci�n legislativa su sello de generalidad?. Doce a�os antes de la promulgaci�n de la C.�n de 1917, esto es, en 1905, G.E. public� sus Principios de Derecho C.onal, tomo I, p�gina 299 y 302, y sus comentarios al art�culo 13 fueron de esta �ndole: ?... de este texto tan claro de la declaraci�n, se pretende concluir que �sta proclama la igualdad material o econ�mica o aun intelectual de los hombres, y as�, sujetarlos a una especie de nivelaci�n general establecida por la fuerza, que ser�a la negaci�n misma de todos los derechos?. ?Para que se comprenda nuestra idea, haremos presente que las condiciones de todos los seres en la sociedad no son las mismas bastando para comprobar este hecho que no todos est�n dotados igualmente de inteligencia y voluntad, ni tampoco su desarrollo moral es el mismo; de esto resulta que, para obtener, en lo posible, la igualdad ante la ley, el derecho haya introducido distintas reglas, que ser�a largo enumerar, ya en lo relativo a la capacidad de las personas para obligarse, ya supliendo el discernimiento, la inexperiencia, la debilidad del sexo o la edad; con la intervenci�n de terceras personas que de alg�n modo hagan el que se obtenga la igualdad ante la ley?. Espinosa, tambi�n, da un sentido de ley privativa que se aleja del concepto de lo universal, acerc�ndose a las desigualdades materiales y econ�micas que exigen tratamientos distintos en las normaciones jur�dicas o legales. En la compilaci�n jurisprudencial anterior (1917 a 1954), la actual (1917-1965), la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n expuso su criterio sobre lo que debe entenderse por ley privativa, consign�ndose en la tesis n�mero 643, visible a p�ginas 1147 y 1148, lo siguiente: ?Es car�cter constante de las leyes, que sean de aplicaci�n general y abstracta (es decir, que deben contener una disposici�n que no desaparezca despu�s de aplicarse a un caso previsto y determinado de antemano, sino que sobreviva a esta aplicaci�n y se apliquen sin consideraci�n de especie o de persona, a todos los casos id�nticos al que previenen, en tanto, que no sean abrogadas). Una ley que carece de esos caracteres, va en contra del principio de igualdad garantizado por el art�culo 13 constitucional, y aun deja de ser una disposici�n legislativa, en el sentido material, puesto que le falta algo que pertenece a su esencia. Las leyes pueden considerarse como privativas, tanto las dictadas en el orden civil como en cualquier otro orden, pues el car�cter de generalidad, se refiere a las leyes de todas las especies, y contra la aplicaci�n de las leyes privativas, protege el ya expresado art�culo 13 constitucional?. Y la misma Suprema Corte, en precedente a tesis jurisprudencial que aparece en la p�gina 897 del Tomo XXXVI del Semanario Judicial de la Federaci�n, ha estimado que: ?La circunstancia de que un decreto comprenda a un determinado n�mero de individuos, no implica que se le considere privativo, pues para ello se requiere que la disposici�n se dicte para una o varias personas, a las que se mencione individualmente, pues las leyes relativas a cierta clase de personas, como los mineros, los fabricantes, los salteadores, los propietarios de alguna clase de bienes, etc., no son disposiciones privativas, porque comprenden a todos los individuos que se encuentra o lleguen a encontrarse en la clasificaci�n establecida?. El an�lisis doctrinario de la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, conduce necesariamente a estas conclusiones: a) La ley es privativa, si la materia de que trata desaparece despu�s de aplicarse a un caso previsto y determinado de antemano; b) La ley es tambi�n privativa cuando menciona individualmente (nominalmente) a las personas a las que se va a aplicar; c) La ley no es privativa cuando se aplica sin consideraci�n de especie o de personas a todos los casos que previene. d) La ley no es privativa cuando comprende a un determinado n�mero de individuos; y e) Las leyes relativas a cierta clase de personas, como los mineros, los fabricantes, los salteadores, los propietarios de alguna clase de bienes no son disposiciones privativas, porque comprenden a todos los individuos que se encuentran o lleguen a encontrarse en la clasificaci�n establecida." (S�ptima �poca. S.A.. Informe 1969. P�gina 58).

    "LEYES PRIVATIVAS. Al establecer el art�culo 13 constitucional, que nadie puede ser juzgado por leyes privativas ni por tribunales especiales, se refiere a que las personas no pueden ser sentenciadas en aplicaci�n de una ley que no sea de observancia general, y por tanto, para que se viole esa garant�a constitucional, es preciso que se aplique o trate de aplicarse una disposici�n que s�lo se refiere a determinada persona especialmente." (Quinta �poca. Instancia: S.unda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federaci�n. Tomo LXVI. P�gina 44).

    Por tanto, para que una ley no sea privativa, es necesario que �sta se aplique sin distinci�n de especie o persona a todos los supuestos que previene y debe subsistir aun despu�s de aplicarse a un caso determinado.

    Una vez precisado lo anterior, se estima necesario precisar que los numerales de la Ley del Impuesto Especial sobre P.�n y Servicios no constituyen una ley privativa de las que se encuentran proscritas por el art�culo 13 de la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, ya que se aplican sin distinci�n alguna a todos los individuos que se ubican en el mismo supuesto jur�dico y no desaparecen con motivo de su aplicaci�n, lo que pone de manifiesto que dichas disposiciones no constituyen una ley privativa, sino una norma especial.

    Lo anterior es as�, en virtud de que sus hip�tesis normativas deben aplicarse a todos los hechos y a todas las personas que se ubiquen en ese supuesto, en forma general, abstracta e impersonal y no desaparecen despu�s de aplicarse a un caso concreto, sino que por el contrario seguir�n vigentes para regular casos posteriores en los que se den los supuestos contenidos en dichos preceptos.

    Es aplicable al respecto la tesis de jurisprudencia P./J. 18/98 sustentada en la Novena �poca por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n y que aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, T.V., marzo de mil novecientos noventa y ocho, p�gina 7, que es del tenor literal siguiente:

    LEYES PRIVATIVAS. SU DIFERENCIA CON LAS LEYES ESPECIALES. Las leyes privativas se caracterizan porque se refieren a personas nominalmente designadas, atendiendo a criterios subjetivos y por el hecho de que despu�s de aplicarse al caso previsto y determinado de antemano pierden su vigencia, encontr�ndose prohibidas por el art�culo 13 de la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, debido a que atentan contra el principio de igualdad jur�dica; mientras que las leyes especiales, aun cuando se aplican a una o a varias categor�as de personas relacionadas con hechos, situaciones o actividades espec�ficas, s� se encuentran investidas de las caracter�sticas de generalidad, abstracci�n y permanencia, dado que se aplican a todas las personas que se colocan dentro de las hip�tesis que prev�n y no est�n dirigidas a una persona o grupo de ellas individualmente determinado, adem�s de que su vigencia jur�dica pervive despu�s de aplicarse a un caso concreto para regular los casos posteriores en que se actualicen los supuestos contenidos en ellas, no transgrediendo, por tanto, el citado precepto constitucional.

    Bajo este orden de ideas, se pone de manifiesto que el art�culo 1o., inciso A), fracci�n I, numeral 4, letra E, de la Ley de Ingresos de la Federaci�n para el ejercicio fiscal de dos mil dos, as� como los art�culos 1o., fracci�n II, 2o., fracci�n II, inciso B), 3o., fracci�n XIII, inciso A), numeral 4, 4o., 5o., 17, 18 y 19 de la Ley del Impuesto Especial sobre P.�n y Servicios, al establecer un impuesto especial a algunos de los servicios de telecomunicaciones, no transgrede en modo alguno las garant�as de igualdad y equidad tributaria que prev�n los art�culos 12, 13 y 31, fracci�n IV, de la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos.

OCTAVO

El concepto de violaci�n sintetizado en el inciso d) del considerando cuarto de este fallo, en cuanto a que los numerales tildados de inconstitucionales, en vigor a partir del primero de enero de dos mil dos, transgreden la garant�a de proporcionalidad tributaria que prev� la fracci�n IV del art�culo 31 de la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, al establecer una tasa �nica del 10% a la prestaci�n del servicio de telecomunicaciones y conexos, que no est� en relaci�n directa con su capacidad contributiva, provoca que los prestadores de tales servicios se vean afectados en sus ingresos, ya que al existir una tasa sumamente excesiva que antes no exist�a, se propicia una menor demanda en los servicios de telecomunicaci�n que presta su representada con el consecuente impacto econ�mico negativo tanto en su patrimonio como en las cantidades que por concepto del impuesto sobre la renta perciba el fisco federal, p�rdida de empleos, resulta infundado, en atenci�n a lo siguiente:

La fracci�n IV del art�culo 31 de la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos ordena:

"Art�culo. 31. Son obligaciones de los mexicanos:

"...

IV. Contribuir para los gastos p�blicos, as� de la Federaci�n, como del Distrito Federal o del Estado y M. en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes.

Este Alto Tribunal ha sostenido que el principio de proporcionalidad tributaria radica, medularmente, en que los sujetos pasivos deben contribuir a los gastos p�blicos en funci�n de su respectiva capacidad contributiva, debiendo aportar una parte justa y adecuada de sus ingresos, utilidades, rendimientos o la manifestaci�n de riqueza gravada.

Pues bien, de conformidad con este principio, los grav�menes deben fijarse de acuerdo con la capacidad econ�mica de cada sujeto pasivo, esto es, en funci�n de su potencialidad real para contribuir a los gastos p�blicos, de manera que las personas que obtengan ingresos elevados tributen en forma cualitativamente superior a los de medianos y reducidos recursos.

Expresado en otros t�rminos, la proporcionalidad se encuentra vinculada con la capacidad econ�mica de los contribuyentes, para que en cada caso el impacto sea distinto no s�lo en cantidad sino en lo tocante al mayor o menor sacrificio, reflejado cualitativamente en la disminuci�n patrimonial que proceda y que debe encontrarse en proporci�n a los ingresos, utilidades, rendimientos o la manifestaci�n de riqueza gravada.

Adem�s, este Alto Tribunal ha sostenido que para que un gravamen sea proporcional debe existir congruencia entre el impuesto creado por el Estado y la capacidad contributiva de los causantes, entendida �sta como la potencialidad real de contribuir a los gastos p�blicos que el legislador atribuye al sujeto pasivo del impuesto en el tributo de que se trate, tomando en consideraci�n que todos los presupuestos de hecho de las contribuciones tienen una naturaleza econ�mica en la forma de una situaci�n o de un movimiento de riqueza y las consecuencias tributarias son medidas en funci�n de esa riqueza.

De acuerdo con lo anterior, la potestad tributaria implica para el Estado, a trav�s de las autoridades legislativas competentes, la facultad de determinar el objeto de los tributos, involucrando cualquier actividad de los gobernados que sea reflejo de capacidad contributiva, de ah� que uno de los principios que legitima la imposici�n de las contribuciones es, precisamente, el de la identificaci�n de la capacidad para contribuir a los gastos p�blicos por parte de los gobernados.

La capacidad contributiva se vincula con la persona que tiene que soportar la carga del tributo, o sea, aquella que finalmente, seg�n las diversas caracter�sticas de cada contribuci�n, ve disminuido su patrimonio al pagar una cantidad espec�fica por concepto de esos grav�menes, sea en su calidad de sujeto pasivo o como destinatario de los mismos, por traslaci�n que deba hac�rsele por disposici�n legal o por las caracter�sticas propias del tributo de que se trate.

De lo anterior se desprende que la garant�a de proporcionalidad tributaria se respeta en la medida en que se atiende a la capacidad contributiva de los sujetos pasivos, pues debe pagar m�s quien tiene una mayor capacidad contributiva y menos el que la tiene en menor proporci�n.

Corroboran lo anterior, las diversas tesis sustentadas por este Alto Tribunal, que son del tenor literal siguiente:

"IMPUESTOS. CONCEPTO DE CAPACIDAD CONTRIBUTIVA. Esta Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, ha sostenido que el principio de proporcionalidad tributaria exigido por el art�culo 31, fracci�n IV de la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, consiste en que los sujetos pasivos de un tributo deben contribuir a los gastos p�blicos en funci�n de su respectiva capacidad contributiva. Lo anterior significa que para que un gravamen sea proporcional, se requiere que el objeto del tributo establecido por el Estado, guarde relaci�n con la capacidad contributiva del sujeto pasivo, entendida �sta como la potencialidad de contribuir a los gastos p�blicos, potencialidad �sta que el legislador atribuye al sujeto pasivo del impuesto. Ahora bien, tomando en consideraci�n que todos los presupuestos de hecho de los impuestos tienen una naturaleza econ�mica en forma de una situaci�n o de un movimiento de riqueza y que las consecuencias tributarias son medidas en funci�n de esta riqueza, debe concluirse que es necesaria una estrecha relaci�n entre el objeto del impuesto y la unidad de medida (capacidad contributiva) a la que se aplica la tasa de la obligaci�n." (Informe rendido por el presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Naci�n al concluir el a�o de 1996. Tesis P. XXXI/96. P�gina 118).

"CONTRIBUCIONES. LA POTESTAD PARA DETERMINAR SU OBJETO NO SE RIGE POR EL PRINCIPIO DE GENERALIDAD, SINO POR EL DE CAPACIDAD CONTRIBUTIVA. La potestad tributaria implica para el Estado, a trav�s de las autoridades legislativas competentes, la facultad de determinar el objeto de los tributos, involucrando cualquier actividad de los gobernados que sea reflejo de capacidad contributiva, de ah� que uno de los principios que legitima la imposici�n de las contribuciones no es precisamente el de generalidad, sino el de la identificaci�n de la capacidad contributiva de los gobernados, por lo que no existe obligaci�n de contribuir si no existe la relativa capacidad contributiva, y consecuentemente, habr� de pagar m�s quien tiene una capacidad mayor, y menos el que la tiene en menor proporci�n; todo lo cual descarta la aplicaci�n del principio de generalidad en la elecci�n del objeto del tributo." (Novena �poca. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta. T.V.II, diciembre de 1998. Tesis P. LXXIX/98. P�gina 241).

Las consideraciones anteriores fueron sintetizadas por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n en la tesis de jurisprudencia P./J. 10/2003 que aparece publicada en la Novena �poca del Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, T.X., mayo de 2003, p�gina 144, que es del tenor literal siguiente:

PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA. DEBE EXISTIR CONGRUENCIA ENTRE EL TRIBUTO Y LA CAPACIDAD CONTRIBUTIVA DE LOS CAUSANTES. El art�culo 31, fracci�n IV, de la C.�n Federal establece el principio de proporcionalidad de los tributos. �ste radica, medularmente, en que los sujetos pasivos deben contribuir al gasto p�blico en funci�n de su respectiva capacidad contributiva, debiendo aportar una parte adecuada de sus ingresos, utilidades, rendimientos, o la manifestaci�n de riqueza gravada. Conforme a este principio los grav�menes deben fijarse de acuerdo con la capacidad econ�mica de cada sujeto pasivo, de manera que las personas que obtengan ingresos elevados tributen en forma cualitativamente superior a los de medianos y reducidos recursos. Para que un gravamen sea proporcional debe existir congruencia entre el mismo y la capacidad contributiva de los causantes; entendida �sta como la potencialidad real de contribuir al gasto p�blico que el legislador atribuye al sujeto pasivo del impuesto en el tributo de que se trate, tomando en consideraci�n que todos los supuestos de las contribuciones tienen una naturaleza econ�mica en la forma de una situaci�n o de un movimiento de riqueza y las consecuencias tributarias son medidas en funci�n de esa riqueza. La capacidad contributiva se vincula con la persona que tiene que soportar la carga del tributo, o sea, aquella que finalmente, seg�n las diversas caracter�sticas de cadacontribuci�n, ve disminuido su patrimonio al pagar una cantidad espec�fica por concepto de esos grav�menes, sea en su calidad de sujeto pasivo o como destinatario de los mismos. De ah� que, para que un gravamen sea proporcional, debe existir congruencia entre el impuesto creado por el Estado y la capacidad contributiva de los causantes, en la medida en que debe pagar m�s quien tenga una mayor capacidad contributiva y menos el que la tenga en menor proporci�n.

Por tanto, el principio de proporcionalidad tributaria radica, medularmente, en que los sujetos pasivos deben contribuir al gasto p�blico en funci�n de su respectiva capacidad contributiva, debiendo aportar una parte adecuada de sus ingresos, utilidades, rendimientos, o la manifestaci�n de riqueza gravada, esto es, para que un gravamen sea proporcional, debe existir congruencia entre el impuesto creado por el Estado y la capacidad contributiva de los causantes, en la medida en que debe pagar m�s quien tenga una mayor capacidad contributiva y menos el que la tenga en menor proporci�n.

Una vez precisado lo anterior, debe se�alarse que el hecho de que el legislador hubiera establecido una tasa �nica del 10% a la prestaci�n de servicios de telecomunicaciones y conexos no le causa agravio, en virtud de que, por una parte, se trata de un impuesto indirecto, en el que el prestador del servicio se encuentra obligado a trasladar el impuesto al prestatario, y por la otra, en virtud de que al estar establecida esa tasa en un porcentaje, ello permite que se atienda a la funci�n contributiva de los sujetos econ�micos del impuesto, ya que a mayor consumo mayor impuesto y a la inversa, ya que impacta en mayor medida a quien m�s gasta, lo que resulta un reflejo inequ�voco de la capacidad contributiva.

Es aplicable al respecto la tesis P. CXXXIX/97, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n y que aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, T.V., septiembre de 1997, p�gina 207, en la cual se se�ala:

VALOR AGREGADO. EL ART�CULO 1o. DE LA LEY RELATIVA AL IMPUESTO CORRESPONDIENTE, QUE ESTABLECE PARA SU C�LCULO LA APLICACI�N DE UNA TASA DEL QUINCE POR CIENTO, NO VIOLA EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA (LEGISLACI�N VIGENTE A PARTIR DEL 1o. DE ABRIL DE 1995). De conformidad con lo previsto en la fracci�n IV del art�culo 31 de la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos las contribuciones deben ser proporcionales, gravando m�s a los que tienen una mayor capacidad contributiva. Ahora bien, al establecerse en el art�culo 1o. de la Ley del Impuesto al Valor Agregado una tasa del quince por ciento, aplicable al precio de los bienes o servicios que se adquieren por los gobernados, no se viola el precepto constitucional referido, dado que conforme al sistema que rige al impuesto al valor agregado, al que doctrinalmente se le puede clasificar como indirecto, el monto o precio de los bienes o servicios adquiridos es lo que determina indirectamente la capacidad contributiva del gobernado, pues el que tiene �sta en mayor grado adquiere bienes o servicios de un precio m�s elevado y por tanto, paga un tributo mayor que resulta de aplicar el porcentaje del quince por ciento al precio del bien o servicio adquirido. As�, la tasa fija del quince por ciento no viola el principio de proporcionalidad tributaria, ya que impacta en mayor medida a quien m�s gasta, lo que resulta un reflejo inequ�voco de la capacidad contributiva.

Asimismo, resulta aplicable al presente asunto la tesis de jurisprudencia P./J. 31/97 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n y que aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, Tomo V, mayo de 1997, p�gina 59, en cuanto se�ala que la garant�a de proporcionalidad tributaria se respeta mediante la utilizaci�n de tasas progresivas, pero tambi�n con tasas proporcionales, en la cual se se�ala en forma textual lo siguiente:

RENTA. LA TASA FIJA DEL 35% QUE ESTABLECE EL ART�CULO 10 DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, NO ES VIOLATORIA DEL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA. La fracci�n IV del art�culo 31 constitucional impone la obligaci�n de contribuir al sostenimiento de los gastos p�blicos de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes, pero sea cual fuere el criterio interpretativo que se adopte, en la expresi�n ?de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes? tiene perfecta cabida no s�lo la tasa progresiva, sino tambi�n la proporcional, ya que el precepto constitucional en cita no proh�be la instauraci�n de las tasas proporcionales, y menos a�n consigna que s�lo mediante el establecimiento de tasas progresivas se satisfagan los principios tributarios contenidos en el mismo. Ello es as�, en raz�n de que el pago de tributos en proporci�n a la riqueza gravada, se puede conseguir mediante la utilizaci�n de tasas progresivas, pero tambi�n con tasas proporcionales, como sucede en el caso del impuesto sobre la renta a cargo de las sociedades mercantiles, pues en la composici�n legal de la base gravable se tiene en cuenta, como ocurre en el impuesto de que se trata, la distinta aptitud contributiva de la riqueza delimitada por medio de los componentes que determinan el contenido econ�mico del hecho imponible. En tales condiciones, en el impuesto sobre la renta de las sociedades, el respeto a la garant�a de proporcionalidad exigida por el art�culo 31, fracci�n IV, constitucional, se consigue en una primera fase, con la determinaci�n de la base gravable del impuesto, a lo cual no conciernen los gastos indispensables de la negociaci�n; y despu�s, con la aplicaci�n de la cuota del 35% sobre esa base gravable que, independientemente de su monto, tendr� siempre la caracter�stica de ser producto del capital y no del trabajo.

Por otra parte, debe se�alarse que el argumento relativo a que al momento de establecerse una tasa del 10% a los servicios que presta su representada, se genera un impacto econ�mico negativo en su patrimonio, as� como la cancelaci�n de inversiones de su representada ante la falta de recuperaci�n de las mismas, el mismo resulta infundado, en virtud de que al estar establecido el pago del impuesto en funci�n de una tasa porcentual, siempre se causar� el impuesto en funci�n de los servicios de telecomunicaci�n y conexos que se presten, ya que siempre va a impactar en mayor medida a quien mayores servicios contratan y menor a los que menos, lo que demuestra que se respeta la capacidad contributiva de los destinatarios del gravamen, e inoperante en cuanto a que el establecimiento de este impuesto afecta en forma negativa el impuesto sobre la renta que perciba el fisco federal, provoca la p�rdida de empleos, la falta de desarrollo en la infraestructura de telecomunicaciones y rezago en las necesidades sociales de telecomunicaci�n, en virtud de que ello nada tiene que ver con la potencialidad real de los sujetos del impuesto especial sobre producci�n y servicios para contribuir a los gastos p�blicos de la Federaci�n, as� como del Estado, del Distrito Federal o M. en que residan, adem�s de que todas ellas constituyen meras afirmaciones de la quejosa que carecen de sustento jur�dico alguno.

Resultan aplicables por analog�a los siguientes criterios del Tribunal Pleno y de esta S.unda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, los cuales son del tenor literal siguiente:

"IMPUESTO RUINOSO. LAS PRUEBAS SOBRE LA SITUACI�N ECON�MICA DEL QUEJOSO Y DE LA AFECTACI�N QUE PODR�A CAUSAR, NO LO DEMUESTRAN. La situaci�n de que un impuesto es tan gravoso que trae consigo la ruina de quienes lo pagan o que afecta la fuente de sus ingresos, no puede probarse con la demostraci�n de la situaci�n econ�mica del quejoso y de la afectaci�n que sobre la misma podr�a producir el impuesto, ya que tales elementos s�lo se refieren a �l y por ser la ley de car�cter general, las pruebas id�neas deben favorecer a la generalidad de los destinatarios de la norma." (S�ptima �poca. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federaci�n. Vol�menes 193-198, Primera Parte. P�gina 103).

"IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCI�N Y SERVICIOS. EL ART�CULO 14, CUARTO P�RRAFO, DE LA LEY RELATIVA, AL DETERMINAR LA BASE GRAVABLE, TRAT�NDOSE DE IMPORTACI�N DE BEBIDAS ALCOH�LICAS, NO INFRINGE EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA (DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACI�N EL 31 DE DICIEMBRE DE 1998). La circunstancia de que los fabricantes, productores, envasadores o importadores de bebidas alcoh�licas, al calcular el impuesto relativo atiendan al precio de venta del detallista y no al grado de su participaci�n en la cadena de comercializaci�n del producto, no implica que se les imponga una carga mayor a su capacidad contributiva, ya que el impuesto est� comprendido en el referido precio y, por tanto, quien lo paga realmente es el consumidor final." (Novena �poca. Instancia: S.unda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta. T.X.I, julio de 2002. Tesis 2a. LXXXVII/2002. P�gina 453).

NOVENO

En cuanto al argumento sintetizado en el inciso f) del considerando cuarto de este fallo, relativo a que dichos numerales transgreden la garant�a de proporcionalidad tributaria que prev� la fracci�n IV del art�culo 31 de la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, al establecer que se gravar� a la tasa del 10% la prestaci�n de los servicios de telecomunicaciones y conexos, provoca una doble tributaci�n que conlleva a destruir la fuente de origen del impuesto especial sobre producci�n y servicios, ya que el mismo acto jur�dico, a saber, la prestaci�n del servicio de telecomunicaciones y conexos, se encuentra gravada por muy diversas contribuciones y aprovechamientos, tales como la participaci�n a la Secretar�a de Telecomunicaciones en un 5% y los relativos al derecho por espectro del 0.3%, impuesto sobre la renta de personas morales, impuesto sobre la renta sobre dividendos y cuotas patronales al IMSS, al Infonavit y al SAR, resulta infundado, en virtud de lo siguiente:

En primer lugar, debe se�alarse que la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, de manera reiterada ha sostenido el criterio de que la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos no proh�be la doble tributaci�n, esto es, que se grave el mismo objeto gravable o hecho imponible por uno o m�s tributos, ya que lo �nico que se proh�be por el art�culo 31, fracci�n IV, de la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, es el que las contribuciones no respeten los principios de proporcionalidad, equidad, legalidad y destino al gasto p�blico.

Son aplicables al respecto los siguientes criterios jurisprudenciales sustentados por este Alto Tribunal, los cuales se�alan:

"DOBLE TRIBUTACI�N, CONSTITUCIONALIDAD DE LA. Es tendencia de la pol�tica fiscal de la mayor�a de los pa�ses, entre ellos el nuestro, evitar la doble tributaci�n precisamente para realizar la justicia fiscal; para lograrlo infinidad de pa�ses han celebrado convenciones, convenios y modus vivendi, y existen normas de derecho tendientes a evitar la doble tributaci�n. Sin embargo, en ocasiones, la doble tributaci�n es conscientemente buscada por el legislador para lograr diversos fines, como lo son: graduar la imposici�n o hacerla m�s fuerte a trav�s de los grav�menes que se complementen, en lugar de aumentar las cuotas del primeramente establecido; buscar un fin social extra fiscal; lograr una mayor equidad en la imposici�n tomando en cuenta la distinta capacidad contributiva de los sujetos pasivos y aun tratar de captar un aumento en el ingreso con mayor comodidad para la administraci�n p�blica. En nuestra propia legislaci�n positiva existen normas que tratan de evitar la doble tributaci�n y otros que claramente dan lugar a ella. Sin embargo, no puede decirse que por el solo hecho de que un determinado impuesto d� lugar a una doble tributaci�n, por ello sea inconstitucional. Podr� contravenir una sana pol�tica tributaria o principio de buena administraci�n fiscal, pero no existe disposici�n constitucional que la proh�ba. Lo que la norma constitucional proh�be, en su art�culo 31, fracci�n IV, es que los tributos sean exorbitantes o ruinosos, que no est�n establecidos por ley o que no se destinen para gastos p�blicos; pero no que haya doble tributaci�n. En resumen, una misma fuente de ingresos puede estar gravada por uno o m�s tributos, sin contradecir por ello la C.�n; lo que podr�a violar la Carta Magna es que con diversos tributos se rompa la proporcionalidad y equidad que deben satisfacer." (S�ptima �poca. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federaci�n. Vol�menes 181-186, Primera Parte. P�gina 50).

"DOBLE TRIBUTACI�N, CONSTITUCIONALIDAD DE LA (LEY FEDERAL DE INGRESOS MERCANTILES, REFORMADA EL 29 DE DICIEMBRE DE 1948). Es tendencia de la pol�tica fiscal de la mayor�a de los pa�ses, entre ellos el nuestro, evitar la doble tributaci�n precisamente para realizar la justicia fiscal; para lograrlo, infinidad de pa�ses han celebrado convenciones, convenios y modus vivendi, y existen normas de derecho tendientes a evitar la doble tributaci�n. Sin embargo, en ocasiones, la doble tributaci�n es conscientemente buscada por el legislador para lograr diversos fines, como son: graduar la imposici�n o para hacerla m�s fuerte al trav�s de dos grav�menes que se complementen en lugar de aumentar las cuotas del primeramente establecido; buscar un fin social extrafiscal; lograr una mayor equidad de la imposici�n tomando en cuenta la distinta capacidad contributiva de los sujetos pasivos; y aun tratar de captar un aumento en el ingreso con mayor comodidad para la administraci�n p�blica. En nuestra propia legislaci�n positiva existen normas que tratan de evitar la doble tributaci�n y otras que claramente dan lugar a ella. Sin embargo, no podemos decir que por el solo hecho de que un determinado impuesto de lugar a una doble tributaci�n, por ello es inconstitucional. Podr� contravenir una sana pol�tica tributaria o principios de buena administraci�n fiscal, pero no existe disposici�n constitucional que la proh�ba. Lo que la norma constitucional proh�be, en su art�culo 31, fracci�n IV, es: que los tributos sean exorbitantes o ruinosos; que no est�n establecidos por la ley; o que no se destinen para los gastos p�blicos; pero no que haya doble tributaci�n. En resumen, una misma fuente de ingresos puede estar gravada por uno o m�s tributos, sin contradecir por ello la C.�n; lo que podr�a violar la Carta Magna es que con diversos tributos se rompa la proporcionalidad y equidad que deben satisfacer, lo que no ocurre con el impuesto federal sobre ingresos mercantiles. Ahora bien, el tributo establecido por la Ley Federal del Impuesto sobre Ingresos Mercantiles reclamado no grava en forma inusitada (en forma exorbitante y ruinosa) al particular, ni falta a la equidad." (S�ptima �poca. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federaci�n. Volumen 76, Primera Parte. P�gina 36).

"DOBLE TRIBUTACI�N. EN S� MISMA NO ES INCONSTITUCIONAL. Es tendencia de la pol�tica fiscal en la mayor�a de los pa�ses, entre ellos el nuestro, evitar la doble tributaci�n con el objeto de realizar una efectiva justicia fiscal; sin embargo, este fen�meno impositivo no est� prohibido por ning�n art�culo de la C.�n Federal de tal suerte que en s� mismo no es inconstitucional. Lo que la Carta Magna proh�be en su art�culo 31, fracci�n IV, entre otros supuestos, es que los tributos sean desproporcionados, que no est�n establecidos por ley o que no se destinen para los gastos p�blicos; pero no que haya doble tributaci�n." (Octava �poca. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federaci�n. Tomo I, Primera Parte-1, enero a junio de 1988. Tesis P./J. 23/88. P�gina 139).

Bajo este orden de ideas, se pone de manifiesto que el hecho de que el Congreso de la Uni�n hubiere establecido, por una parte, un gravamen sujeto a la tasa del 10% por la prestaci�n del servicio de telecomunicaciones y conexos, y por la otra, diversos tipos de grav�menes que deben cumplir este tipo de contribuyentes, en s� mismo no es desproporcional, pues el art�culo 31, fracci�n IV, de la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos no proh�be tal cuesti�n, adem�s de que este Alto Tribunal no advierte que dicha cuesti�n destruya en modo alguno la fuente del gravamen.

Resulta aplicable al respecto, por analog�a, el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n en la S�ptima �poca y que aparece publicado en el Semanario Judicial de la Federaci�n, Vol�menes 175-180, Primera Parte, p�gina 199, que es del tenor literal siguiente:

VALOR AGREGADO. IMPUESTO AL, NO ES INCONSTITUCIONAL PORQUE CONSTITUYA DOBLE TRIBUTACI�N. No es exacto que al establecer el art�culo 1o., fracci�n III, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado la obligaci�n del pago del impuesto a las personas f�sicas o morales que otorguen el uso o goce temporal de bienes, se constituye una doble tributaci�n en virtud de que se grava la misma fuente impositiva que el art�culo 61, fracci�n I, de la Ley del Impuesto sobre la Renta y por ello la ley combatida es inconstitucional, ya que reiteradamente esta Suprema Corte ha sostenido el criterio de que el gravar la misma fuente impositiva no es inconstitucional; lo que debe cuidarse es que los impuestos no violen los requisitos de equidad y proporcionalidad, ni es verdad que las disposiciones contenidas en los art�culos cuya inconstitucionalidad se reclama, al incluir en los valores a los que se aplica la tasa del 10% del impuesto al valor agregado, los dem�s impuestos pagados por el obligado, hacen m�s notoria la falta de equidad y proporcionalidad de dicho impuesto que sobrecarga todos esos grav�menes sobre los consumidores que en su gran mayor�a son de escasos recursos econ�micos. El argumento que precede no puede prosperar en virtud de que, aun cuando la mayor�a de los causantes del impuesto al valor agregado fueran personas de escasos recursos econ�micos, ese solo hecho no determina la falta de equidad y proporcionalidad del impuesto, pues de aceptarse lo contrario se llegar�a al absurdo de estimar que la C.�n, en su art�culo 31, fracci�n IV, proh�be que se establezcan impuestos a esa clase de personas; por lo tanto, ese argumento es ineficaz para llevar a la convicci�n de que se est� en presencia de un impuesto desproporcionado e inequitativo.

En ese mismo sentido, debe se�alarse que el hecho de que la quejosa se encuentre obligada a enterar diversos grav�menes al fisco federal y a enterar diversas aportaciones al IMSS, Infonavit y SAR, resulta inoperante para efectos de conceder el amparo y protecci�n de la Justicia de la Uni�n a la quejosa, ya que la inconstitucionalidad de las leyes depende de circunstancias generales y no de la situaci�n particular del sujeto al que se le aplican.

Es aplicable al respecto, la tesis 2a. XL/2001 sustentada por la S.unda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n en la Novena �poca y que aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, T.X., abril de 2001, p�gina 500, que es del tenor literal siguiente:

"LEYES. SU INCONSTITUCIONALIDAD DEPENDE DE CIRCUNSTANCIAS GENERALES Y NO DE LA SITUACI�N PARTICULAR DEL SUJETO AL QUE SE LE APLICAN. Los argumentos planteados por quien estima inconstitucional una ley, en el sentido de que no tiene las caracter�sticas que tom� en consideraci�n el legislador para establecer que una conducta deb�a ser sancionada, no pueden conducir a considerar a la ley de esa manera, en virtud de que tal determinaci�n depende de las caracter�sticas propias de la norma y de circunstancias generales, en raz�n de todos sus destinatarios, y no as� de la situaci�n particular de un solo sujeto, ni de que pueda tener o no determinados atributos."

D�CIMO

Finalmente, por lo que se refiere alargumento que qued� sintetizado en el inciso g) del cuarto considerando de este fallo, relativo a que el art�culo 1o., inciso A), fracci�n I, numeral 4, letra E, de la Ley de Ingresos de la Federaci�n para el ejercicio fiscal de dos mil dos, as� como el art�culo 1o., fracci�n II, 2o., fracci�n II, inciso B), 3o., fracci�n XIII, inciso A), numeral 4, 4o., 5o., 17, 18 y 19 de la Ley del Impuesto Especial Sobre P.�n y Servicios, violan en perjuicio de su representada su libertad de industria y de trabajo que prev� el art�culo 5o. de la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, en virtud de que sustraen y exentan arbitrariamente del pago del impuesto especial a un grupo de empresas que prestan los servicios de telecomunicaciones, y en cambio obligan a otras como a ella a efectuar su pago, dando como consecuencia que se absorba una buena parte de sus ingresos y, por tanto, que se le prive del derecho de competir en igualdad de circunstancias dentro del mercado, cre�ndose con ello un monopolio que est� prohibido en t�rminos de lo dispuesto por el art�culo 28 constitucional, el mismo resulta infundado, en virtud de lo siguiente:

Estos argumentos devienen infundados y para justificar esta afirmaci�n se hace necesario transcribir el precepto constitucional que contempla la garant�a de trabajo:

"Art�culo 5o. A ninguna persona podr� impedirse que se dedique a la profesi�n, industria, comercio o trabajo que le acomode, siendo l�citos. El ejercicio de esta libertad s�lo podr� vedarse por determinaci�n judicial, cuando se ataquen los derechos de tercero, o por resoluci�n gubernativa, dictada en los t�rminos que marque la ley, cuando se ofendan los derechos de la sociedad. Nadie puede ser privado del producto de su trabajo, sino por resoluci�n judicial.

"La ley determinar� en cada Estado, cu�les son las profesiones que necesitan t�tulo para su ejercicio, las condiciones que deban llenarse para obtenerlo y las autoridades que han de expedirlo.

"Nadie podr� ser obligado a prestar trabajos personales sin la justa retribuci�n y sin su pleno consentimiento, salvo el trabajo impuesto como pena por la autoridad judicial, el cual se ajustar� a lo dispuesto en las fracciones I y II del art�culo 123.

"En cuanto a los servicios p�blicos, s�lo podr�n ser obligatorios, en los t�rminos que establezcan las leyes respectivas, el de las armas y los jurados, as� como el desempe�o de los cargos concejiles y los de elecci�n popular, directa o indirecta. Las funciones electorales y censales tendr�n car�cter obligatorio y gratuito, pero ser�n retribuidas aquellas que se realicen profesionalmente en los t�rminos de esta C.�n y las leyes correspondientes. Los servicios profesionales de �ndole social ser�n obligatorios y retribuidos en los t�rminos de la ley y con las excepciones que �sta se�ale.

"El Estado no puede permitir que se lleve a efecto ning�n contrato, pacto o convenio que tenga por objeto el menoscabo, la p�rdida o el irrevocable sacrificio de la libertad de la persona por cualquier causa.

"Tampoco puede admitirse convenio en que la persona pacte su proscripci�n o destierro, o en que renuncie temporal o permanentemente a ejercer determinada profesi�n, industria o comercio.

"El contrato de trabajo s�lo obligar� a prestar el servicio convenido por el tiempo que fije la ley, sin poder exceder de un a�o en perjuicio del trabajador, y no podr� extenderse, en ning�n caso, a la renuncia, p�rdida o menoscabo de cualquiera de los derechos pol�ticos o civiles.

La falta de cumplimiento de dicho contrato, por lo que respecta al trabajador, s�lo obligar� a �ste a la correspondiente responsabilidad civil, sin que en ning�n caso pueda hacerse coacci�n sobre su persona.

La Enciclopedia Jur�dica Mexicana del Instituto de Investigaciones Jur�dicas de la Universidad Nacional Aut�noma de M�xico, editada por la Editorial Porr�a, respecto a los antecedentes de esta garant�a, se�ala lo siguiente:

III. Esta declaraci�n del art�culo 5o. constitucional, tiene como antecedente una declaraci�n similar contenida en la C.�n de 1857, y que, a su vez, representa una superaci�n de los planteamientos revolucionarios de los elementos constitucionales de I.R.�n, cuyo punto 30 abol�a los ex�menes de artesanos, as� como las ideas de abolir la esclavitud y de dar un trato igualitario a todos los hombres en materia laboral. De acuerdo a los debates del Constituyente de 1856-1857, la libertad de trabajo nac�a, primero, como una reacci�n en contra de las pr�cticas gremiales; sobre todo, porque representaban una verdadera traba al ejercicio de ciertas artes en un mundo que comenzaba a mirar y adentrarse por el camino de la industrializaci�n, que no hubiera sido posible sin esta libertad de trabajo. Y, en segundo lugar, como una superaci�n de la esclavitud. Por este motivo, la expresi�n de que se vale el enunciado constitucional equivale en su contexto de 1857 a la idea de que ning�n hombre podr� ya ser compelido u obligado a trabajar contra su voluntad; es decir, por medio de una relaci�n que no sea libre y voluntariamente asumida por el trabajador. De ah� tambi�n que se hace menci�n expresa al derecho que tiene sobre su salario, en cuanto producto de su trabajo. Por otro lado, algunos de los principios de la etapa gremial, tal vez aquellos que pod�an todav�a ser recomendados, persistir�n, pero como requisitos objetivos para el ejercicio de determinadas profesiones, que requerir�n de t�tulo, debidamente registrado, y de la correspondiente c�dula profesional con valor de patente. Esta idea viene, pues, a complementar el significado de la libertad de trabajo y se encuentra enunciada en el segundo p�rrafo del mencionado art�culo 5o. constitucional, al disponer que, en los Estados, la ley determinar� qu� profesiones requieren t�tulo para su ejercicio, estableciendo previamente su registro y el tr�mite del otorgamiento de la respectiva c�dula profesional. IV. Como vemos, una cosa es el principio abstracto de la libertad de trabajo, como contraria a la esclavitud, como contraria a los estancos cerrados y de privilegio del tipo de los gremios, y otra muy diferente, el ejercicio de esa libertad. El principio abstracto se reconoce al hombre, en cuanto ser humano, en cuanto persona, de manera igualitaria. El ejercicio concreto de esa libertad podr� limitarse. De tres clases pueden ser las limitaciones previstas en la C.�n para el ejercicio de la libertad de trabajo: primero, se proh�ben aquellas actividades que sean intr�nsecamente il�citas; segundo, la autoridad judicial podr� prohibir aquellas otras que redunden en perjuicio de derechos leg�timos de terceros, y tercero, la autoridad gubernativa podr� decretar otras limitaciones con fundamento en la defensa de la sociedad, como dice el texto constitucional. V.T.�a tenemos otras posibles limitaciones indirectas, si se quiere, pero en todo caso importantes, previstas, ya en la propia C.�n, ya en leyes ordinarias. L.ones indirectas previstas en la C.�n ser�an aquellas que se derivaran de la reserva absoluta que se hace a favor del Estado para que �ste pueda desarrollar y ejercer las �reas llamadas estrat�gicas, como la de hidrocarburos, tel�grafos, acu�aci�n de moneda, etc., en los t�rminos del art�culo 28 de la C.�n. Como ejemplo de limitaciones establecidas en leyes ordinarias est�n las prohibiciones para los extranjeros de pescar o efectuar aprovechamientos y explotaciones pesqueras, en los t�rminos de la Ley de Pesca publicada en el Diario Oficial de la Federaci�n el 25 de junio de 1992.

Por su parte, la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, en torno al tema ha sustentado los siguientes criterios jurisprudenciales:

"INSTITUCIONES FINANCIERAS. LOS ART�CULOS 50 BIS Y CUARTO TRANSITORIO DE LA LEY DE PROTECCI�N Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS, QUE LAS OBLIGA A CONSTITUIR UNIDADES ESPECIALIZADAS PARA LA ATENCI�N DE CONSULTAS Y RECLAMACIONES, NO CONTRAVIENE LA GARANT�A DE LIBERTAD DE TRABAJO CONSAGRADA EN EL ART�CULO 5o., PRIMER P�RRAFO, DE LA CONSTITUCI�N FEDERAL. Este precepto garantiza la libertad de trabajo al establecer que a ninguna persona podr� imped�rsele que se dedique a la profesi�n, industria, comercio o trabajo que le acomode, y la condiciona a la satisfacci�n de determinados presupuestos fundamentales, a saber: a) que no se trate de una actividad il�cita, esto es, que est� prohibida por la ley o que pueda significar transgresi�n al derecho positivo mexicano; b) que no se afecten derechos de terceros; y, c) que no se vulneren derechos de la sociedad. Ahora bien, la circunstancia de que los art�culos 50 bis y cuarto transitorio de la Ley de Protecci�n y Defensa al Usuario de Servicios Financieros establezcan la obligaci�n, a cargo de las instituciones financieras, de tener una unidad especializada, cuyo objeto es atender las consultas y reclamaciones que presenten los usuarios del servicio financiero, las cuales deber�n quedar constituidas dentro de los seis meses siguientes a la entrada en vigor del decreto correspondiente, no transgrede la referida garant�a constitucional. Lo anterior es as�, porque los mencionados art�culos 50 bis y cuarto transitorio tienden a regular uno de los aspectos de la prestaci�n de servicios financieros, como lo es la soluci�n a las consultas y reclamaciones que, en su caso, tales usuarios presenten ante las instituciones financieras, as� como proteger y defender sus derechos e intereses, y uniformar la legislaci�n y los procedimientos previstos en esta materia para poner a disposici�n de la poblaci�n que hace uso de los mencionados servicios procedimientos �giles y expeditos para resolver sus controversias con las instituciones financieras, brind�ndoles un marco legal que proporcione mayor seguridad y certidumbre en sus relaciones con dichas instituciones, lo que de manera alguna impide o limita a dichas instituciones el libre ejercicio de su libertad de trabajo y de comercio, m�xime que se trata de la regulaci�n de un servicio p�blico cuya prestaci�n requiere de una autorizaci�n por parte del Estado, lo que legitima a �ste para establecer los t�rminos y condiciones en que el mismo debe desarrollarse. Adem�s, las se�aladas unidades especializadas se constituyen como una v�a expedita para la canalizaci�n de dudas o aclaraciones que eventualmente surjan entre el p�blico usuario, y el tama�o que deban tener dichas unidades en funci�n de sus necesidades espec�ficas ser� decisi�n de las propias instituciones financieras." (Novena �poca. Instancia: S.unda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, T.X., mayo de 2001. Tesis 2a. XLV/2001. P�gina 452).

"ACTIVO DE LAS EMPRESAS, IMPUESTO AL. EL ART�CULO 6o. DE LA LEY, AL ESTABLECER EXENCIONES, NO COARTA LA LIBERTAD DE TRABAJO. La circunstancia de que el art�culo 6o. de la Ley del Impuesto al Activo de las Empresas exente del pago del tributo a diversas categor�as de causantes, no viola, en perjuicio de los no exentos, la garant�a de libertad de trabajo que establece el art�culo 5o. constitucional, pues la exenci�n no impide a �stos dedicarse a la industria, comercio o trabajo l�citos que les acomode. La obligaci�n de contribuir para los gastos p�blicos que establece la ley reclamada, representa una carga tributaria, pero no coarta la libertad de trabajo." (Octava �poca. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federaci�n. T.V., Primera Parte, julio a diciembre de 1990. Tesis P./J. 24/90. P�gina 51).

"IMPUESTO PREDIAL. EL ART�CULO 4o. DE LA LEY DE INGRESOS DEL ESTADO DE MORELOS, NO VIOLA EL ART�CULO 4o. CONSTITUCIONAL. De la lectura del art�culo 4o. de la Ley de Ingresos del Estado de Morelos para 1963, se aprecia que esta disposici�n lo �nico que hace es establecer un impuesto predial del 6% anual, pero no es una disposici�n que prohiba dedicarse a una actividad o profesi�n, ni reglamenta a �stas, por lo tanto, no puede considerarse en modo alguno, que esta disposici�n legal viole la libertad de trabajo a que se refiere el art�culo 4o. de la C.�n General, pues es la facultad del legislador dictar ese tipo de disposiciones impositivas, ya que la garant�a a que se refiere el mencionado art�culo 4o. s�lo se violar�a si la ley secundaria contuviera una disposici�n que prohibiera o limitara injustificadamente el dedicarse a una actividad o profesi�n l�citas, pero no puede decirse que porque una actividad no sea suficientemente productiva a juicio del quejoso, se viole con ello la libertad de trabajo consagrada en el art�culo 4o. constitucional." (S�ptima �poca. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federaci�n. Volumen 52, Primera Parte. P�gina 43).

"IMPUESTOS SOBRE DIVERSIONES Y ESPECT�CULOS P�BLICOS (LEGISLACI�N DE NUEVO LE�N). Si de acuerdo con el art�culo 11, de la Ley de Ingresos del Estado de Nuevo Le�n, para el a�o de mil novecientos cuarenta y tres, se dispuso que las personas que asistan a las diversiones o espect�culos p�blicos pagar�n el diez por ciento adicional sobre el valor del boleto de entrada, no es de tomarse en cuenta el agravio alegado por las empresas quejosas, en el sentido de que viol� en su perjuicio el art�culo 4o. de la C.�n Federal, relativo a la restricci�n de la libertad de comercio, en cuanto que al obligarlas la ley, a aumentar los precios, disminuye el consumo; porque no es exacto que tal impuesto constituya restricci�n a esa libertad de comercio, en primer lugar, porque la garant�a se refiere a la libertad de comercio por esa oposici�n a las antiguas limitaciones de la �poca Colonial, en que hab�a ciertos trabajos, profesiones y oficios vedados a las castas, y en segundo, el establecimiento de un impuesto no constituye una limitaci�n a la libertad del trabajo, de comercio o industria. Un impuesto puede tener una finalidad ulterior y afectar al comercio o a la industria, pero de violar alguna garant�a, no ser�a la del art�culo 4o. constitucional, por las razones invocadas." (Quinta �poca. Instancia: S.unda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federaci�n. Tomo LXXIX. P�gina 6014).

De lo transcrito, puede v�lidamente se�alarse que el art�culo 5o. de la C.�n General de la Rep�blica establece la garant�a de trabajo se�alando que a nadie podr� imped�rsele que se dedique a la profesi�n, industria, comercio o trabajo que le acomode. De los antecedentes de la garant�a, se observa que la idea original alude a que ning�n hombre puede ser compelido u obligado a trabajar contra su voluntad, esto es, por medio de una relaci�n que no sea libre y voluntariamente asumida por el trabajador. Asimismo, se advierte que el ejercicio concreto de la libertad s� puede limitarse y que estas limitaciones pueden ser de tres clases:

  1. Que la actividad sea l�cita, esto es, que no se encuentre prohibida por la ley o que transgreda al derecho positivo mexicano.

  2. Que no se afecten derechos de terceros.

  3. Que no vulnere derechos de la sociedad.

Este Alto Tribunal al respecto, ha se�alado que la obligaci�n de los gobernados de contribuir al gasto p�blico representa una carga tributaria, pero ello no coarta la libertad de trabajo, ya que no les impide que se dediquen a la profesi�n, industria, comercio o trabajo que les acomode, aun en el caso de que una actividad no sea lo suficientemente productiva a juicio del gobernado.

En la especie, el hecho de que se establezca un impuesto especial a los servicios de telecomunicaciones, no implica un obst�culo para la realizaci�n de las actividades que realiza la quejosa.

Resulta aplicable por analog�a la tesis 2a. CCIII/2002, sustentada en la Novena �poca por esta S.unda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, que aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, T.X., enero de 2003, p�gina 735, que es del tenor literal siguiente:

RENTA. PEQUE�OS CONTRIBUYENTES. LA REFORMA A LOS ART�CULOS 119-M Y 119-� DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO VIGENTE EN 2001, NO VIOLA LA LIBERTAD DE TRABAJO CONSAGRADA EN EL ART�CULO 5o. DE LA CONSTITUCI�N FEDERAL, AL ESTABLECER UN NUEVO MONTO M�XIMO DE INGRESOS PARA TRIBUTAR EN �L Y LA OBLIGACI�N DE HACERLO EN EL R�GIMEN GENERAL CUANDO SE EXPIDAN COMPROBANTES QUE RE�NAN LOS REQUISITOS FISCALES. El citado dispositivo constitucional garantiza la libertad de trabajo al se�alar que a nadie podr� imped�rsele que se dedique a la profesi�n, industria, comercio o trabajo que le acomode y que el ejercicio concreto de esta libertad s�lo puede limitarse por tres razones: a) que la actividad sea l�cita, esto es, que no se encuentre prohibida por la ley ni transgreda el derecho positivo mexicano; b) que no se afecten derechos de terceros; y, c) que no vulnere derechos de la sociedad. Por su parte, la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n ha sostenido el criterio de que la obligaci�n de los gobernados de contribuir al gasto p�blico representa una carga tributaria, pero no coarta la libertad de trabajo, ya que no les impide que se dediquen a la profesi�n, industria, comercio o trabajo que les acomode, aun en el caso de que una actividad no sea lo suficientemente productiva a juicio del gobernado. En raz�n de lo anterior, se concluye que la circunstancia de que la reforma a los art�culos 119-M y 119-� de la Ley del Impuesto sobre la Renta, vigente en 2001, establezca un nuevo monto m�ximo de ingresos para tributar en el r�gimen de peque�os contribuyentes y la obligaci�n de hacerlo en el r�gimen general cuando se expidan comprobantes que re�nan los requisitos fiscales, no quebranta la garant�a constitucional citada, pues el establecimiento del r�gimen de beneficio de los peque�os contribuyentes no implica un obst�culo para la realizaci�n de las actividades en �l comprendidas, por el contrario, conlleva impl�cito un provecho al regular en favor de las personas con bajos ingresos contributivos un r�gimen que pretende un esquema de tributaci�n sencillo y simplificado.

En ese mismo orden de ideas, debe se�alarse que no le asiste la raz�n a la recurrente, ya que contrariamente a lo que sostiene, el art�culo 28 de la C.�n no se opone a que el legislador autorice en las leyes secundarias la exenci�n de impuestos cuando considere necesaria y justificable esta medida, y no se trate de favorecer a determinada persona, sino que debe beneficiar a categor�as de personas y obedecer a razones de equidad, de pol�tica econ�mica o perseguir fines sociales, como enseguida se demuestra.

Al promulgarse la C.�n Federal el cinco de febrero de mil novecientos diecisiete, el texto del art�culo 28, p�rrafo primero, prohib�a la exenci�n de impuestos de manera total, ya que dec�a lo siguiente:

"Art�culo 28. En los Estados Unidos Mexicanos no habr� monopolios ni estancos de ninguna clase; ni exenci�n de impuestos; ni prohibiciones a t�tulo de protecci�n a la industria; exceptu�ndose �nicamente los relativos a la acu�aci�n de moneda, a los correos, tel�grafos y radiotelegraf�a, a la emisi�n de billetes por medio de un solo banco que controlar� el Gobierno Federal, y los privilegios que por determinado tiempo se concedan a los autores y artistas para la reproducci�n de sus obras, y a los que, para el uso exclusivo de sus inventos, se otorguen a los inventores y perfeccionadores de alguna mejora. ..."

Posteriormente, mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federaci�n el tres de febrero de mil novecientos ochenta y tres, el texto del primer p�rrafo del art�culo 28 en cuesti�n, fue modificado y qued� redactado en los t�rminos que actualmente se conocen, y aunque se conserv� la prohibici�n de las exenciones de impuestos, se agreg� la prevenci�n "en los t�rminos y condiciones que fijen las leyes".

"Art�culo 28. En los Estados Unidos Mexicanos quedan prohibidos los monopolios, las pr�cticas monop�licas, los estancos y las exenciones de impuestos en los t�rminos y condiciones que fijan las leyes. El mismo tratamientose dar� a las prohibiciones a t�tulo de protecci�n a la industria. ..."

De lo dispuesto en esta norma constitucional, se desprende que al decretar la prohibici�n de las exenciones de impuestos "en los t�rminos y condiciones que fijan las leyes", establece la actualizaci�n del principio de reserva a la ley, esto es, la C.�n reserva la reglamentaci�n de las exenciones de impuestos al ejercicio de atribuciones que corresponden al Poder Legislativo, pues es el �rgano que tiene encomendada la funci�n creadora de leyes (funci�n legislativa), en t�rminos de los art�culos 49, 50 y 70 de la propia C.�n Federal.

Sobre la citada prohibici�n de las exenciones de impuestos, esta Suprema Corte de Justicia al interpretar lo dispuesto en el art�culo 28 constitucional, estableci� que no contempla una prohibici�n absoluta, sino que el precepto constitucional lo que proh�be es la exenci�n de impuestos cuando se trata de favorecer a determinada persona con el otorgamiento de un verdadero privilegio en su favor, mas no cuando en consideraci�n a situaciones objetivas la exenci�n del impuesto alcanza a toda una categor�a de personas por medio de leyes de car�cter general.

Corrobora lo anterior, la tesis de jurisprudencia sustentada en la S�ptima �poca por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n que aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federaci�n, Volumen 66, Primera Parte, p�gina 81, que es del tenor literal siguiente:

IMPUESTOS, EXENCI�N DE. ES CONSTITUCIONAL CUANDO SE ESTABLECEN CONSIDERANDO LA SITUACI�N OBJETIVA DE LAS PERSONAS EXENTAS.-Interpretando en forma sistem�tica el art�culo 28 constitucional y el art�culo 13 de su reglamento, se obtiene la conclusi�n de que la prohibici�n contenida en el primero de ellos respecto de la exenci�n de impuestos debe entenderse en el sentido de que �sta se proh�be cuando tiende a favorecer intereses de determinada o determinadas personas, y no cuando la exenci�n de impuestos se concede considerando situaciones objetivas en que se reflejan intereses sociales o econ�micos en favor de categor�as determinadas de sujetos.

Asimismo, resulta aplicable al respecto la tesis de jurisprudencia sustentada en la S�ptima �poca por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n que aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federaci�n, Volumen 12, Primera Parte, p�gina 44, que es del tenor literal siguiente:

"IMPUESTOS, EXENCI�N DE. ES CONSTITUCIONAL CUANDO SE ESTABLECE CONSIDERANDO LA SITUACI�N OBJETIVA DE LAS PERSONAS EXENTAS.-Es constitucional la exenci�n de impuestos cuando se establece considerando la situaci�n objetiva de las personas exentas (no as� cuando la exenci�n se hace en atenci�n a las caracter�sticas individuales de las personas, estim�ndose sus caracter�sticas personal�simas), en atenci�n a la situaci�n jur�dica abstracta prevista en la ley, la cual contempla elementos objetivos para establecer excepciones en el pago de los impuestos. Por tales razones, es constitucional el Decreto N�mero 200 del Estado de Sinaloa, que en el art�culo 150 exime del pago del impuesto, entre otras personas, a los agentes consulares extranjeros, a los miembros de delegaciones cient�ficas, a las personas de nacionalidad extranjera, a los empleados p�blicos federales, del Estado o de los M.s, que reciban gratificaciones de fin de a�o. Interpretando en forma sistem�tica el art�culo 28 constitucional y el art�culo 13 de su reglamento, se obtiene la conclusi�n de que la prohibici�n contenida en el primero de ellos respecto de la exenci�n de impuestos, debe entenderse en el sentido de que �sta se proh�be cuando tiende a favorecer intereses de determinada o determinadas personas, y no cuando la exenci�n de impuestos se otorga considerando situaciones objetivas en que se reflejan intereses sociales o econ�micos en favor de una categor�a de sujetos."

En este orden de ideas, es concluyente que mientras una exenci�n se instituya con car�cter de general sin pretender favorecer a determinada persona, sino para que gocen de ella todos los sujetos que se encuentren dentro de la situaci�n prevista en la norma, no se viola lo dispuesto en el art�culo 28 constitucional, y as� se entiende la prevenci�n de esta norma constitucional sobre los "t�rminos y condiciones" en que las leyes ordinarias deben prohibir las exenciones de impuestos.

Cabe agregar que la exenci�n en materia impositiva, es una excepci�n a la regla general de causaci�n de una prestaci�n fiscal, y consiste en que sin eliminar los elementos esenciales de la relaci�n jur�dica tributaria (sujeto, objeto, procedimiento para calcular la base gravable, tasa y �poca de pago), por razones de equidad, conveniencia social o pol�tica econ�mica, se libera de su obligaci�n fiscal a cierta categor�a de contribuyentes que no se encuentran en igualdad de condiciones respecto del resto de los contribuyentes, y por lo general tiende a proteger a las personas de bajos ingresos (o que carecen de ellos). La exenci�n tiene como justificaci�n la liberaci�n a los mencionados sujetos de un tratamiento fiscal inequitativo y para alentar en ellos el desempe�o de la actividad gravada, en cuyos casos la exenci�n opera m�s que como un privilegio, como un instrumento de justicia social y distributiva.

Pero en acatamiento a lo previsto en el art�culo 28 de la C.�n, dicha figura jur�dico-tributaria (la exenci�n) debe estar expresamente consignada en la ley y determinar de manera general y abstracta la liberaci�n del pago del impuesto a las categor�as de personas beneficiadas, sin conceder una ventaja exclusiva a favor de alg�n particular, como se ha dicho, con el fin de disminuir las diferencias existentes entre los sujetos obligados al pago del impuesto y entre quienes no tienen dicha obligaci�n, para que las actividades gravadas se desarrollen en igualdad de condiciones.

En consecuencia, de acuerdo con el sistema establecido en los art�culos 28, p�rrafo primero, 31, fracci�n IV y 73, fracciones VII y XXIX, de la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, el establecimiento de la exenci�n de impuestos se reserva a la ley formal y material expedida por el �rgano legislativo.

La figura jur�dica de la exenci�n tributaria, en tanto que es imperativa y general, afecta el nacimiento y cuant�a de la obligaci�n fiscal respecto de los sujetos comprendidos en esta obligaci�n, por lo que es evidente que constituye un elemento esencial de la norma tributaria y, por tanto, dada su propia naturaleza, sobre todo por estar prevista la exenci�n en el art�culo 28, p�rrafo primero, de la C.�n que se�ala: "En los Estados Unidos Mexicanos quedan prohibidos los monopolios, las pr�cticas monop�licas, los estancos y las exenciones de impuestos en los t�rminos y condiciones que fijan las leyes. ...", se encuentra vinculada al principio de reserva de ley en materia tributaria, ya que la C.�n autoriza al �rgano legislativo a crear normas que regulen esa materia, esto es, por mandato del Constituyente se reserva la materia de la exenci�n a la ley como forma de creaci�n del orden jur�dico.

Dicho de diversa manera, la aprobaci�n, configuraci�n y alcance de la exenci�n tributaria, debe realizarse s�lo por normas con la jerarqu�a de la ley formal y material, por lo que contrariamente al alegato de las recurrentes, el Poder Legislativo s� est� facultado constitucionalmente para establecer en leyes secundarias la exenci�n de impuestos, y es infundado lo sostenido por las propias empresas aqu� recurrentes, en el sentido de que el art�culo 28 de la C.�n de ninguna manera autoriza las exenciones de impuestos, y que la exenci�n decretada en el art�culo 18 de la ley impugnada es inconstitucional.

Para apoyar lo aqu� considerado, es conveniente citar la jurisprudencia P./J. 25/91, emitida por el Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, que aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federaci�n, Octava �poca, T.V., junio de 1991, p�gina 54, que es del tenor literal siguiente:

EXENCI�N DE IMPUESTOS. S�LO COMPETE ESTABLECERLA AL PODER LEGISLATIVO EN UNA LEY, NO AL EJECUTIVO EN USO DE LA FACULTAD REGLAMENTARIA.-El establecimiento de exenciones fiscales, es facultad exclusiva del �rgano legislativo, por lo que no cabe aceptar su ejercicio por parte del Ejecutivo a trav�s de reglamentos, seg�n se infiere del art�culo 28 de la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, en cuanto proh�be ?las exenciones de impuestos en los t�rminos y condiciones que fijan las leyes?, reserva que se confirma por la �ntima conexi�n que la parte transcrita tiene con la fracci�n IV del art�culo 31 constitucional, que al establecer la obligaci�n de contribuir al gasto p�blico, impone la condici�n de que ello se logre ?de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes?. Esta Suprema Corte siempre ha interpretado que en este aspecto, por ley debe entenderse un acto formal y materialmente legislativo, por lo cual ha de considerarse que si la creaci�n de tributos, as� como sus elementos fundamentales son atribuciones exclusivas del legislador, tambi�n lo es la de establecer exenciones impositivas, que guardan una conexi�n inseparable con los elementos tributarios de legalidad y equidad, sin que valga en contra de tales disposiciones constitucionales, ning�n precepto legal.

Bajo este orden de ideas, se pone de manifiesto que el hecho de que el Congreso de la Uni�n hubiere, por una parte, gravado ciertos servicios de telecomunicaci�n, y por la otra, exentado a otras, en t�rminos de lo dispuesto por el art�culo 18 de la Ley del Impuesto Especial sobre P.�n y Servicios, no implica de manera alguna que se est� creando un monopolio a favor de una persona en lo particular, ya que a todas las personas que se ubiquen en el mismo supuesto normativo y que prestan el mismo servicio se les otorga un id�ntico tratamiento, lo que propicia que a todas aquellas empresas que se encuentren en el mismo tipo de mercado no se les prive en modo alguno de competir en igualdad de circunstancias.

Por lo expuesto y fundado, se

resuelve:

�NICO.-La Justicia de la Uni�n no ampara ni protege a R.M.�n L.�rraga y Telecomunicaciones y Entretenimiento, Sociedad An�nima de Capital Variable, en contra de las autoridades y por los actos reclamados que se precisan en el resultando primero de esta ejecutoria.

N.�quese; con testimonio de esta resoluci�n vuelvan los autos al lugar de su origen y, en su oportunidad, arch�vese el presente toca como asunto concluido.

As� lo resolvi� la S.unda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n por unanimidad de cinco votos de los se�ores Ministros M.B.L.R., G.D.G.�ngora P., S.S.A.A., G.I.O.M. y presidente J.D.R..

Fue ponente el M.G.I.O.M..