Ejecutoria num. 2a./J. 120/2002 de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala - Jurisprudencia - VLEX 26826066

Ejecutoria num. 2a./J. 120/2002 de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala

Emisor:Segunda Sala
Número de Resolución:2a./J. 120/2002
Materia:Suprema Corte de Justicia de México
Fecha de Publicación: 1 de Noviembre de 2002
RESUMEN

AMPARO EN REVISIÓN 1162/96. XOCONGO MERCANTIL, S.A. DE C.V.CUOTAS COMPENSATORIAS. NO SON CONTRIBUCIONES EN VIRTUD DE QUE RESULTAN DE UN PROCEDIMIENTO EN QUE SE OYE A LOS INTERESADOS Y NO SON UNA EXPRESIÓN DE LA POTESTAD TRIBUTARIA.COMERCIO EXTERIOR. DIFERENCIA ENTRE LAS FACULTADES FORMALMENTE LEGISLATIVAS CUYO EJERCICIO PUEDE AUTORIZAR EL CONGRESO DE LA UNIÓN AL TITULAR DEL EJECUTIVO FEDERAL EN TÉRMINOS DE LO PREVISTO EN EL PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 131 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL Y LAS FACULTADES CONFERIDAS A UNA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA AL TENOR DEL PÁRRAFO PRIMERO DEL PROPIO DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. COMERCIO EXTERIOR. LA POTESTAD TRIBUTARIA CUYO EJERCICIO PUEDE AUTORIZAR EL CONGRESO DE LA UNIÓN AL TITULAR DEL EJECUTIVO FEDERAL, EN TÉRMINOS DE LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 131, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL DE LA REPÚBLICA, NO ESTÁ CONDICIONADA A PROCEDIMIENTOS O REQUISITOS DE VALORACIÓN QUE IMPIDAN A ÉSTE FIJAR CONTRIBUCIONES EN DICHA MATERIA.COMERCIO EXTERIOR. LOS CRÉDITOS FISCALES PROVISIONALES DETERMINADOS CONFORME AL ARTÍCULO 121-B DE LA LEY ADUANERA PUEDEN DESVIRTUARSE MEDIANTE LAS PRUEBAS QUE EL GOBERNADO APORTE DENTRO DEL PLAZO DE CUATRO MESES QUE TIENE LA AUTORIDAD PARA EMITIR, EXPRESA O TÁCITAMENTE, LA LIQUIDACIÓN DEFINITIVA, POR LO QUE CON TAL REGULACIÓN SE RESPETA LA GARANTÍA DE PREVIA AUDIENCIA (LEGISLACIÓN VIGENTE HASTA EL 31 DE MARZO DE 1996).CONTRIBUCIONES. CARECEN DE ESTA NATURALEZA LAS PRESTACIONES PATRIMONIALES DE CARÁCTER PÚBLICO CUYO ESTABLECIMIENTO ESTÁ CONDICIONADO AL DESARROLLO DE UN PROCEDIMIENTO EN EL QUE SE ESCUCHE A LOS GOBERNADOS QUE PUEDAN VERSE AFECTADOS Y A QUE EL ÓRGANO INVESTIDO DE LA RESPECTIVA ATRIBUCIÓN ACREDITE QUE DETERMINADOS HECHOS DEL PASADO JUSTIFICAN SU CREACIÓN. CRÉDITOS FISCALES. LA FACULTAD QUE CONFIERE EL ARTÍCULO 121-B DE LA LEY ADUANERA A LAS AUTORIDADES COMPETENTES PARA DETERMINARLOS PROVISIONALMENTE, SIN SUSTANCIAR EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO RESPECTIVO, NO SE RIGE POR LA GARANTÍA DE AUDIENCIA PREVIA (LEGISLACIÓN VIGENTE HASTA EL TREINTA Y UNO DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS). CUOTAS COMPENSATORIAS. EL CONGRESO DE LA UNIÓN TIENE FACULTADES IMPLÍCITAS EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 73, FRACCIONES X Y XXX, Y 131 CONSTITUCIONALES, PARA OTORGAR A UNA DEPENDENCIA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL LAS ATRIBUCIONES QUE LE PERMITAN DESARROLLAR EL PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACIÓN DE PRÁCTICAS DESLEALES DE COMERCIO INTERNACIONAL Y ESTABLECER, EN SU CASO, AQUÉLLAS. CUOTAS COMPENSATORIAS. EL PROCEDIMIENTO QUE SE SIGUE PARA SU ESTABLECIMIENTO NO ES ANÁLOGO AL QUE DESARROLLAN LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS PARA FIJAR LAS BASES, CUOTAS O TARIFAS DE UNA CONTRIBUCIÓN, NI PARA REALIZAR LA LIQUIDACIÓN DE UNA CONTRIBUCIÓN Y TAMPOCO TIENEN LA NATURALEZA DE UNA CONTRIBUCIÓN DE CARÁCTER EXTRAFISCAL CUOTAS COMPENSATORIAS. LA ATRIBUCIÓN CONFERIDA AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL (ACTUALMENTE SECRETARÍA DE ECONOMÍA) PARA EMITIR DISPOSICIONES DE OBSERVANCIA GENERAL EN LAS QUE ESTABLEZCA PRESTACIONES PATRIMONIALES DE ESA NATURALEZA, NO CONLLEVA UNA VIOLACIÓN AL PRINCIPIO DE DIVISIÓN DE PODERES (CONTEXTO NORMATIVO VIGENTE HASTA EL 27 DE JULIO DE 1993). CUOTAS COMPENSATORIAS. LA FACULTAD DEL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL (ACTUALMENTE SECRETARÍA DE ECONOMÍA) PARA IMPONERLAS, NO IMPLICA LA CREACIÓN DE UNA PRESTACIÓN PATRIMONIAL DE ESA NATURALEZA, PUES LA HIPÓTESIS DE HECHO QUE AL SER REALIZADA POR LOS GOBERNADOS PROVOCARÁ LA RESPECTIVA OBLIGACIÓN DE PAGO, SURGE CUANDO LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE EJERCE LA ATRIBUCIÓN CONFERIDA (CONTEXTO NORMATIVO VIGENTE HASTA EL 27 DE JULIO DE 1993). CUOTAS COMPENSATORIAS. NO TIENEN NATURALEZA JURÍDICA DE CONTRIBUCIONES, EN VIRTUD DE QUE SU ESTABLECIMIENTO ESTÁ CONDICIONADO AL DESARROLLO DE UN PROCEDIMIENTO EN EL QUE SE ESCUCHE A LAS PARTES INTERESADAS E, INCLUSO, AL ACREDITAMIENTO DE QUE LAS IMPORTACIONES SUJETAS A INVESTIGACIÓN SE REALIZARON EN CONDICIONES DE DISCRIMINACIÓN DE PRECIOS Y CAUSARON O AMENAZARON CAUSAR DAÑO A LA PRODUCCIÓN NACIONAL. CUOTAS COMPENSATORIAS. PARA ANALIZAR LA CONSTITUCIONALIDAD DEL RÉGIMEN LEGAL QUE RIGE SU ESTABLECIMIENTO, DETERMINACIÓN Y COBRO, DEBE ATENDERSE A SU NATURALEZA, CON INDEPENDENCIA DE LA DENOMINACIÓN QUE EL LEGISLADOR ORDINARIO LES HAYA DADO (CONTEXTO NORMATIVO VIGENTE HASTA EL 27 DE JULIO DE 1993).CUOTAS COMPENSATORIAS. PARA DETERMINAR SU NATURALEZA DEBE ACUDIRSE TAMBIÉN A LO DISPUESTO EN DIVERSOS INSTRUMENTOS INTERNACIONALES, INCORPORADOS AL ORDEN JURÍDICO NACIONAL EN TÉRMINOS DE LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 133 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS (CONTEXTO NORMATIVO VIGENTE HASTA EL 27 DE JULIO DE 1993).CUOTAS COMPENSATORIAS. SU ESTABLECIMIENTO EN FORMA DEFINITIVA DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO DE PRÁCTICAS DESLEALES DE COMERCIO INTERNACIONAL, ESTÁ CONDICIONADO A QUE LA AUTORIDAD COMPETENTE ESCUCHE A LOS GOBERNADOS QUE PUEDEN VERSE AFECTADOS Y A QUE SE ACREDITE QUE LAS IMPORTACIONES SUJETAS A INVESTIGACIÓN SE REALIZARON EN CONDICIONES DE DISCRIMINACIÓN DE PRECIOS Y CAUSARON O AMENAZARON CAUSAR DAÑO A LA PRODUCCIÓN NACIONAL (CONTEXTO NORMATIVO VIGENTE HASTA EL 27 DE JULIO DE 1993). CUOTAS COMPENSATORIAS. SU ESTABLECIMIENTO EN FORMA PROVISIONAL ESTÁ CONDICIONADO A QUE LA AUTORIDAD COMPETENTE REÚNA LOS ELEMENTOS SUFICIENTES CONFORME A LOS CUALES QUEDE ACREDITADO QUE LAS IMPORTACIONES SUJETAS A INVESTIGACIÓN SE REALIZARON EN CONDICIONES DE DISCRIMINACIÓN DE PRECIOS Y CAUSARON O AMENAZARON CAUSAR DAÑO A LA PRODUCCIÓN NACIONAL (CONTEXTO NORMATIVO VIGENTE HASTA EL 27 DE JULIO DE 1993). DIVISIÓN DE PODERES. INTERPRETACIÓN CAUSAL Y TELEOLÓGICA DE LA PROHIBICIÓN CONTENIDA EN EL TEXTO DEL ARTÍCULO 49 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, RELATIVA A QUE EL PODER LEGISLATIVO NO PUEDE DEPOSITARSE EN UN INDIVIDUO. DIVISIÓN DE PODERES. INTERPRETACIÓN HISTÓRICA, CAUSAL Y TELEOLÓGICA DE LA PROHIBICIÓN CONTENIDA EN EL TEXTO ORIGINAL DEL ARTÍCULO 49 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, RELATIVA A QUE EL PODER LEGISLATIVO NO PUEDE DEPOSITARSE EN UN INDIVIDUO. DIVISIÓN DE PODERES. INTERPRETACIÓN SISTEMÁTICA DE LA PROHIBICIÓN CONTENIDA EN EL TEXTO ORIGINAL DEL ARTÍCULO 49 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, RELATIVA A QUE EL PODER LEGISLATIVO NO PUEDE DEPOSITARSE EN UN INDIVIDUO.DIVISIÓN DE PODERES. PARA FIJAR EL ALCANCE DE LA PROHIBICIÓN CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 49 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, RELATIVA A QUE EL PODER LEGISLATIVO NO PUEDE DEPOSITARSE EN UN INDIVIDUO, RESULTA INSUFICIENTE SU INTERPRETACIÓN LITERAL. DIVISIÓN DE PODERES. LA FACULTAD CONFERIDA EN UNA LEY A UNA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA PARA EMITIR DISPOSICIONES DE OBSERVANCIA GENERAL, NO CONLLEVA UNA VIOLACIÓN A ESE PRINCIPIO CONSTITUCIONAL.INGRESOS PÚBLICOS. PARA VERIFICAR SU APEGO A LOS PRINCIPIOS QUE CONFORME A LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS RIGEN SU ESTABLECIMIENTO, LIQUIDACIÓN Y COBRO, DEBE ATENDERSE A SU NATURALEZA, CON INDEPENDENCIA DE LA DENOMINACIÓN QUE LES DÉ EL LEGISLADOR ORDINARIO.

 
ÍNDICE
CONTENIDO

AMPARO EN REVISI�N 1162/96. XOCONGO MERCANTIL, S.A. DE C.V.

CONSIDERANDO:

SEXTO

Por orden l�gico y por referirse a una cuesti�n de orden p�blico, se analizan de manera preferente los agravios expuestos por la autoridad recurrente, donde sostiene la existencia de diversas causales de improcedencia.

En primer t�rmino, se alega que debi� sobreseerse en el juicio respecto de los actos que se hicieron consistir en la expedici�n y refrendo de los diversos ordenamientos legales cuya constitucionalidad se discute, y para lo cual se argumenta que tales actos no afectan por s� solos los intereses jur�dicos de la quejosa, sin haberse tomado en cuenta la tesis citada en el respectivo informe justificado.

Es infundado tal argumento, pues si bien es cierto que los ordenamientos legales impugnados no afectan por s� solos los intereses jur�dicos de la quejosa, no menos lo es que aqu�llos son combatidos por esta �ltima con motivo de actos de aplicaci�n en su perjuicio, materializados en el oficio 326-A-7987, expedido por el administrador general de Aduanas en fecha seis de junio de mil novecientos noventa y cuatro, por el cual se determina a la quejosa un cr�dito fiscal por la cantidad de N$702,656.73 (setecientos dos mil seiscientos cincuenta y seis nuevos pesos 73/100 M.N.), por concepto de cuotas compensatorias y se le impone multa por la cantidad de N$1'053,995.00 (un mill�n cincuenta y tres mil novecientos noventa y cinco nuevos pesos 00/100 M.N.), acto este �ltimo tambi�n impugnado en el juicio de garant�as, circunstancias que acreditan el inter�s jur�dico de la quejosa.

Cobra aplicaci�n al caso el criterio sostenido por esta Suprema Corte de Justicia de la Naci�n en la tesis del Pleno, consultable en la p�gina 23 de la Gaceta N�mero 67, julio de 1993, Octava �poca, que a la letra dice:

AMPARO CONTRA LEYES. LA APLICACI�N A LA PARTE QUEJOSA DE DETERMINADOS PRECEPTOS DEMUESTRA SU INTER�S JUR�DICO PARA RECLAMAR LOS QUE LE HAN SIDO APLICADOS, AS� COMO AQUELLOS QUE REGULAN EL SISTEMA ESPEC�FICO DENTRO DEL QUE SE UBICA. La aplicaci�n a la parte quejosa de determinados preceptos de la ley cuya inconstitucionalidad reclama en el juicio de amparo, demuestra su inter�s jur�dico para combatir tales preceptos, as� como aquellos que, por la �ntima relaci�n que guardan sus disposiciones, puedan resultarle aplicables como consecuencia, es decir, todos aquellos que regulen el sistema espec�fico dentro del que se ubique. Sin embargo, esto no significa que tenga, necesariamente, inter�s jur�dico para combatir todo el cuerpo legal que contiene los preceptos que le fueron aplicados, pues el mismo puede regular hip�tesis diversas, como podr�an ser impuestos diferentes o contribuyentes diversos que se rigen por otro sistema, o bien hip�tesis excluyentes entre s�, de manera tal que la aplicaci�n de determinados preceptos implique, precisamente, la imposibilidad de aplicaci�n de otros dispositivos del mismo ordenamiento legal.

No est� por dem�s agregar que la tesis citada por la recurrente en el informe justificado que rindi� no se actualiza en el presente caso, donde qued� plenamente acreditado que las diversas disposiciones de observancia general reclamadas s� se concretaron en la esfera jur�dica de la quejosa, pues en el referido criterio se alude en forma gen�rica a la hip�tesis en la que al acto reclamado no afecta el inter�s jur�dico del quejoso

En el segundo punto de los agravios se alega que conforme a lo previsto en el art�culo 73, fracci�n X, de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debi� decretar el sobreseimiento en el presente juicio, en relaci�n con el acto consistente en la resoluci�n de car�cter provisional, publicada en el Diario Oficial de la F.�n de fecha quince de abril de mil novecientos noventa y tres, por la que se declara de oficio el inicio de la investigaci�n administrativa sobre las importaciones de hilados y tejidos de fibras sint�ticas y artificiales, a trav�s de la cual se establecieron cuotas compensatorias provisionales a las importaciones originarias y procedentes de la Rep�blica Popular China, por considerar que en la especie oper� un cambio de situaci�n jur�dica, toda vez que con fecha veintisiete de septiembre de mil novecientos noventa y tres, el subsecretario de Comercio Exterior e I.�n Extranjera sign� la resoluci�n publicada en el Diario Oficial de la F.�n de fecha primero de octubre de mil novecientos noventa y tres, que revisa a la diversa de car�cter provisional que se cita en l�neas precedentes.

Es inoperante dicho agravio en atenci�n a lo siguiente:

Seg�n se advierte de la lectura de la sentencia recurrida, al analizar la alegada causal de improcedencia el Juez de Distrito la declar� infundada con base en los siguientes razonamientos:

"La fracci�n X del art�culo 73 de la Ley de Amparo establece: 'Art�culo 73. El juicio de amparo es improcedente: ... X. Contra actos emanados de un procedimiento judicial, o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud de cambio de situaci�n jur�dica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situaci�n jur�dica. ...'. De la lectura del precepto legal antes transcrito puede afirmarse que para configurarla se necesita de la reuni�n de los siguientes requisitos: Que se haya promovido amparo en contra de un acto dictado dentro de un procedimiento, sea este judicial (civil, familiar, penal) o administrativo (en stricto sensu, fiscal o agrario), en virtud del cual el quejoso se encuentre colocado en un estado jur�dico determinado, es decir, que dicho acto haya definido la posici�n del promovente del amparo frente al orden jur�dico; que despu�s de admitida la demanda sobrevenga, en el mismo procedimiento, otro acto, cualquiera que sea la autoridad que lo dicte, por el que se produzca una diversa situaci�n jur�dica que sustituya a la anterior, de tal manera que se agoten los efectos del acto reclamado, creando frente al quejoso una nueva situaci�n jur�dica que no derive de �ste, sino del nuevo acto; que el nuevo acto sea aut�nomo, es decir, que no exista un v�nculo de subordinaci�n entre el acto reclamado y el nuevo acto, ni que este �ltimo derive o sea consecuencia necesaria del primero, de tal manera que la ilegalidad del primero traiga aparejada la irregularidad del segundo, es decir, que su naturaleza permita la subsistencia de la nueva situaci�n jur�dica creada, aun cuando fueran ciertas las violaciones cometidas en el acto que origin� la situaci�n precedente, de modo que �stas deban considerarse consumadas irreparablemente en el juicio de garant�as de que se trata, por no poder subsanarse sin afectar la nueva situaci�n jur�dica, esto es, sin desconocer la eficacia del nuevo acto, que es posterior y diverso del acto reclamado, pues en caso contrario, el nuevo acto no podr�a subsistir si el primero adolece de vicios que pudieran determinar su ineficacia jur�dica, s�lo as�, la nueva situaci�n podr�a permanecer inc�lume aunque la primera se invalidara. Por lo antes expuesto, es que se habla en estos casos de una consumaci�n irreparable de las violaciones que pudieran derivar del acto reclamado, ya que al no apoyarse la nueva situaci�n jur�dica en �l, el amparo no podr�a conducir a un resultado pr�ctico, porque incluso en el supuesto de que llegara a concederse el amparo y protecci�n de la Justicia Federal, no se modificar�a la nueva situaci�n jur�dica. Tomando en consideraci�n lo anterior, el suscrito estima infundada la causal de improcedencia en estudio, pues aun cuando resulta cierto lo que se�ala la responsable en el sentido de que la resoluci�n publicada en el Diario Oficial de la F.�n con fecha primero de octubre de mil novecientos noventa y tres produce un cambio en la situaci�n jur�dica que produjo la diversa resoluci�n de car�cter provisional publicada en el Diario Oficial de la F.�n de fecha quince de abril de mil novecientos noventa y tres, por la que se declara de oficio el inicio de la investigaci�n administrativa sobre las importaciones de hilados y tejidos de fibras sint�ticas y artificiales originarias y procedentes de la Rep�blica Popular China, en tanto que la primera resoluci�n modifica y confirma las cuotas compensatorias establecidas por la resoluci�n de car�cter provisional; sin embargo, en la especie, el suscrito considera que no se surte la causal de improcedencia en comento, toda vez que las citadas resoluciones no pueden estimarse aut�nomas, en tanto que la primera resoluci�n citada remite a la de car�cter provisional en lo relativo al monto de las cuotas compensatorias que confirma. Por otra parte, tampoco se actualiza la causal de improcedencia en estudio, en virtud de que la resoluci�n que cambia la situaci�n jur�dica establecida por la de car�cter provisional, no fue emitida con posterioridad a la promoci�n del presente juicio, sino antes. Resulta aplicable al criterio anterior, el sustentado en la tesis n�mero sesenta y seis, clave TC015066 CIV, del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, consultable en la p�gina noventa y uno, Tomo I, Segunda Parte-1, Octava �poca del Semanario Judicial de la F.�n, que al rubro dice: 'AMPARO IMPROCEDENTE POR CAMBIO DE SITUACI�N JUR�DICA. ELEMENTOS PARA SU CONFIGURACI�N.'."

Ahora bien, se estima inoperante el motivo de inconformidad que se trata, ya que en �l no se combaten cabalmente las consideraciones aducidas por el Juez de Distrito para estimar infundada la causal de improcedencia en cuesti�n, limit�ndose la recurrente a se�alar que "el a quo debi� decretar el sobreseimiento del juicio constitucional respecto de la resoluci�n citada en primer t�rmino en el p�rrafo que antecede, pues al continuarse con la secuela del procedimiento que de dicha resoluci�n eman�, se resolvi� confirmar la primera contra la cual tambi�n se promovi� el juicio de amparo, por lo que es obvio que dicho sobreseimiento debi� derivarse por actualizarse la causal de improcedencia hecha valer por esta responsable, la que se�ala que el juicio de garant�as es improcedente contra actos emanados de un procedimiento judicial, cuando, en virtud de cambio de situaci�n jur�dica en el mismo, deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio promovido, por no poder decidirse, en dicho juicio, sin afectar la nueva situaci�n jur�dica y, en este caso, se est� dictando sentencia tambi�n respecto de la segunda resoluci�n impugnada por la quejosa. En efecto, se actualiza la causal de improcedencia, pues la ley no se�ala como requisito que el nuevo acto sea aut�nomo, no obstante que, en el presente caso, si bien la resoluci�n provisional es un antecedente de la resoluci�n que la revisa, las 2 resoluciones subsisten independientes una de otra, por lo que tienen autonom�a propia; ahora bien, el propio Juez de la causa reconoce a fojas 25, �ltimo p�rrafo, que existe un cambio de situaci�n jur�dica, ya que manifiesta lo siguiente: '... en virtud de que la resoluci�n que cambia la situaci�n jur�dica establecida por la de car�cter provisional ...'.".

Como se ve, tales argumentos de la recurrente no combaten las consideraciones vertidas por el Juez de Distrito para estimar, por una parte, que las resoluciones a que se alude no son aut�nomas entre s� y, por otra, que la definitiva se dict� con posterioridad a la presentaci�n de la demanda de garant�as, consideraciones que llevaron al Juez Federal a concluir sobre lo infundado de la causal de improcedencia en an�lisis, y que al no ser ahora combatidas hace manifiesta la inoperancia del agravio en estudio.

Apoya lo anterior el contenido de la tesis sustentada por el Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, consultable en la p�gina 112 del Tomo I, Primera Parte-1, enero a junio de 1988, Octava �poca del Semanario Judicial de la F.�n, que a la letra dice:

SUPLENCIA DE LA DEFICIENCIA DE LA QUEJA. NO PROCEDE RESPECTO DE LA AUTORIDAD, POR LO QUE SUS AGRAVIOS RESULTAN INOPERANTES SI NO COMBATEN LOS FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA. Deben considerarse inoperantes los agravios que se hacen valer en el recurso de revisi�n, cuando los argumentos expresados en ellos por la autoridad recurrente no se encuentran encaminados a controvertir los razonamientos y fundamentos legales en que se apoya la sentencia recurrida que concedi� el amparo a la quejosa, procediendo, en consecuencia, confirmar en sus t�rminos dicho fallo, pues al quedar firmes por tal motivo los razonamientos y fundamentos legales que lo sustentan, contin�an rigiendo el sentido del mismo, en virtud, adem�s, de que, en los t�rminos del art�culo 76 bis de la Ley de Amparo, en materias diversas a la penal, laboral y agraria, y en asuntos en que intervengan menores de edad o incapaces, la suplencia en la deficiencia de la queja s�lo se admite respecto del particular recurrente, lo que implica que no est� prevista respecto de la autoridad recurrente.

Por otra parte, en el tercer punto de los agravios se alega que el Juez de Distrito en el d�cimo primero considerando de la resoluci�n que en esta v�a se impugna, estudia indebidamente la causa de sobreseimiento hecha valer por la recurrente, la que se fund� en el hecho de que si la resoluci�n publicada en el Diario Oficial de la F.�n el primero de octubre de mil novecientos noventa y tres, por la que se revisa la diversa de car�cter provisional, le deparaba perjuicio, debi� comparecer ante la S.�a de Comercio y Fomento Industrial antes de acudir al juicio de amparo para manifestar lo que a su derecho conviniera, al no haberlo hecho, la resoluci�n de primero de octubre evidentemente constituye un acto emanado de otro consentido.

Tales alegatos son inoperantes.

Esto es as�, ya que de la lectura del precitado considerando d�cimo primero del fallo recurrido, se advierte que para declarar infundada la causa de improcedencia en cuesti�n el Juez de Distrito razon� lo siguiente:

"D�CIMO PRIMERO. Las multicitadas autoridades, presidente de la Rep�blica y secretario de Comercio y Fomento Industrial, estiman que debe decretarse el sobreseimiento en el presente juicio, en relaci�n con el acto consistente en: la resoluci�n publicada en el Diario Oficial de la F.�n con fecha primero de octubre de mil novecientos noventa y tres, por la que se revisa la diversa de car�cter provisional, publicada en el Diario Oficial de la F.�n de fecha quince de abril de mil novecientos noventa y tres, por considerar que si la quejosa estimaba que la resoluci�n de car�cter provisional, publicada en el Diario Oficial de la F.�n de fecha quince de abril de mil novecientos noventa y tres, por la que se declara de oficio el inicio de la investigaci�n administrativa sobre las importaciones de hilados y tejidos de fibras sint�ticas y artificiales, originarias y procedentes de la Rep�blica Popular China, le deparaba perjuicio, debi� comparecer ante la S.�a de Comercio y Fomento Industrial para manifestar lo que en derecho procediera, cuesti�n esta que no hizo y, en consecuencia, la resoluci�n citada en primer t�rmino constituye un acto emanado de otro consentido. Para que opere la causal de improcedencia en estudio es necesario que concurran los dos requisitos siguientes: la existencia de un acto anterior consentido y la existencia de un acto posterior que sea una consecuencia directa y necesaria de aqu�l. De un an�lisis de los anteriores requisitos, cabe concluir que resulta infundada la citada causal de improcedencia, pues no obstante que, tal como lo se�alan las responsables: la resoluci�n publicada en el Diario Oficial de la F.�n con fecha primero de octubre de mil novecientos noventa y tres, es una consecuencia directa de la diversa resoluci�n de car�cter provisional, publicada en el Diario Oficial de la F.�n de fecha quince de abril de mil novecientos noventa y tres, y que el promovente del amparo no impugn� la mencionada resoluci�n provisional (previamente a la promoci�n del presente juicio de garant�as); el suscrito estima que, en la especie, no se surte dicha causal de improcedencia, pues en la fecha en que se public� tal resoluci�n en el Diario Oficial de la F.�n (quince de abril de mil novecientos noventa y tres), el hoy quejoso no ten�a la necesidad ni la obligaci�n de impugnarla, pues tomando en consideraci�n las caracter�sticas de la misma, semejantes a una norma jur�dica general y abstracta, es evidente que el hoy agraviado ten�a la posibilidad de impugnarla en dos momentos, a saber: Dentro del t�rmino de treinta d�as siguientes a su entrada en vigencia, en caso de estimarla autoaplicativa, esto es, en caso de estimarla violatoria desde el momento de su entrada en vigor; o dentro de los quince d�as siguientes a la fecha de la realizaci�n de su primer acto de aplicaci�n, en caso de estimarla heteroaplicativa. De lo antes expuesto, se concluye que al haberse impugnado la mencionada resoluci�n por esta v�a, dentro de los quince d�as siguientes a su primer acto de aplicaci�n, consistente en el oficio 326-A-7987, de fecha seis de junio de mil novecientos noventa y cuatro, tal resoluci�n no puede reputarse consentida. En las relatadas condiciones, es evidente que la resoluci�n publicada en el Diario Oficial de la F.�n con fecha primero de octubre de mil novecientos noventa y tres, tampoco puede considerarse como un acto derivado de otro consentido."

El an�lisis comparativo de las consideraciones expuestas por el Juez de Distrito para desestimar la causa de improcedencia de que se trata, con las que ahora vierte la autoridad recurrente en el agravio que se examina, hace manifiesta la inoperancia de este �ltimo, ya que en �l no se combaten en modo alguno tales consideraciones de dicho Juez de Distrito, limit�ndose la inconforme a reproducir lo alegado en su informe justificado ante ese juzgador.

En el cuarto punto de los agravios, se argumenta que el Juez de Distrito analiz� incorrectamente la causal de improcedencia hecha valer por las responsables, prevista en el art�culo 73, fracci�n XV, de la Ley de Amparo, al considerar que la circunstancia de cuestionar la constitucionalidad de la ley constituye una excepci�n al principio de definitividad, criterio del a quo que se dice es incorrecto, pues bastar�a con que el promovente de un juicio de amparo se�ale como acto reclamado la ley que le concede un medio de defensa, para que pueda sustraerse de la obligaci�n que tiene de agotar el principio de definitividad que la Ley de Amparo establece como requisito para la procedencia del juicio, adem�s de que no se tom� en consideraci�n el hecho de que la parte quejosa en su demanda de garant�as no s�lo invoca violaciones directas a la C.�n, sino que tambi�n alega violaci�n a leyes secundarias, por lo que la cuesti�n litigiosa en este juicio se contrae a cuestiones de legalidad que debieron ser expuestas y resueltas ante la autoridad administrativa, citando en apoyo de tales argumentos la tesis jurisprudencial sustentada por el H. Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la p�gina 126 de la Tercera Parte del Informe de labores de 1975, bajo la voz de: "RECURSOS ORDINARIOS. CU�NDO DEBEN AGOTARSE AUNQUE SE RECLAME LA VIOLACI�N DIRECTA DE UN PRECEPTO CONSTITUCIONAL.".

Es infundado tal agravio, pues como bien lo determin� el Juez de Distrito y seg�n se constata del contenido del resultando primero de esta ejecutoria, en el juicio de garant�as cuya sentencia se revisa, la quejosa reclam� la inconstitucionalidad de diversos ordenamientos legales con motivo del primer acto de aplicaci�n en su perjuicio, circunstancia que actualiza una excepci�n al principio de definitividad imperante en el juicio de amparo, en los t�rminos previstos por el art�culo 73, fracci�n XII, p�rrafo tercero, de la ley de la materia,queal efecto establece:

Cuando contra el primer acto de aplicaci�n proceda alg�n recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, ser� optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la ley en juicio de amparo. En el primer caso, s�lo se entender� consentida la ley si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir de la fecha en que se haya notificado la resoluci�n reca�da al recurso o medio de defensa, aun cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad.

Apoya lo anterior el contenido de las tesis sustentadas por el Pleno de este Alto Tribunal, visibles, respectivamente, en la p�gina 108, Vol�menes 205-216, y p�gina 29, Vol�menes 217-228, ambos de la Primera Parte, S�ptima �poca del Semanario Judicial de la F.�n, que a la letra dicen:

"RECURSO PREVISTO EN LA LEY IMPUGNADA. ES OPTATIVO AGOTARLO. INTERPRETACI�N JUDICIAL Y REFORMAS A LA LEY DE AMPARO. Esta Suprema Corte de Justicia de la Naci�n reiteradamente ha establecido que no existe obligaci�n de agotar los recursos ordinarios establecidos en la ley del acto, cuando se reclama la inconstitucionalidad de una ley, ya que ser�a contrario a los principios de derecho, obligar al quejoso a que se someta a las disposiciones de la ley, cuya obligatoriedad impugna por conceptuarla contraria al texto de la C.�n (jurisprudencia 96, p�gina 214, Ap�ndice al Semanario Judicial de la F.�n de 1917 a 1954 y jurisprudencia 1, p�gina 15, Primera Parte, del Ap�ndice al Semanario Judicial de la F.�n de 1917-1965). La interpretaci�n judicial contenida en la tesis transcrita, incuestionablemente determina el verdadero significado y alcance jur�dico de la ley, en relaci�n con los principios generales de derecho, constituyendo una verdadera labor de hermen�utica jur�dica, lo que se corrobora por la circunstancia de que el legislador realiz� la reforma atingente por decreto de 3 enero de 1968, publicado en el Diario Oficial de la F.�n el 30 de abril del mismo a�o, al adicionar con un p�rrafo tercero la fracci�n XII del art�culo 73 de la Ley de Amparo, a fin de establecer que, si contra el primer acto de aplicaci�n de la ley combatida procede alg�n recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, o revocado o nulificado '... ser� optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la ley en juicio de amparo'."

"LEYES, RECURSOS QUE DEBEN AGOTARSE PREVIAMENTE AL AMPARO CONTRA. ES OPTATIVO AGOTARLOS O ACUDIR AL AMPARO. Si una persona pretende combatir el primer acto de aplicaci�n de una ley, por considerar que �ste es inconstitucional puede optar por agotar los recursos ordinarios o acudir al juicio de amparo, con fundamento en la fracci�n XII, del art�culo 73 de la Ley de Amparo, por lo que si hace esto �ltimo no cabe sobreseer por no haberse agotado previamente aquellos medios ordinarios de defensa."

No se opone a lo anterior el contenido de la tesis citada por la recurrente bajo la voz de: "RECURSOS ORDINARIOS. NO ES NECESARIO AGOTARLOS CUANDO �NICAMENTE SE ADUCEN VIOLACIONES DIRECTAS A LA CONSTITUCI�N.", ya que dicho criterio se refiere al supuesto de que a la par de violaciones directas a la C.�n se alegue infracci�n a normas legales secundarias, supuesto distinto al que nos ocupa en la especie, en que se reclama la inconstitucionalidad de la ley, caso en el que por disposici�n expresa del art�culo 73, fracci�n XII, tercer p�rrafo, de la Ley de Amparo, opera una excepci�n al principio de definitividad.

S�PTIMO

No obstante lo anterior, este Tribunal Pleno, de conformidad con lo establecido en el �ltimo p�rrafo del art�culo 73 de la Ley de Amparo advierte que debe sobreseerse en el juicio de garant�as por lo que respecta a los actos reclamados que se hicieron consistir en la inconstitucionalidad de los art�culos 5o., fracciones II y VII, 16, fracci�n V, 17, segundo p�rrafo, 18, 20, 28 a 44 y 57 a 71 de la Ley de Comercio Exterior; 37 a 69, 75 a 116, 135 a 141, 162 a 176, y 5o. y 6o. transitorios del Reglamento de la Ley de Comercio Exterior; la Ley de Ingresos de la F.�n para el ejercicio fiscal de mil novecientos noventa y cuatro, y el decreto publicado en el Diario Oficial de la F.�n el veintis�is de julio de mil novecientos noventa y tres, mediante el cual se derog� el inciso c) de la fracci�n I del art�culo 35 de la Ley Aduanera, por actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracci�n V del citado dispositivo legal.

A tal conclusi�n se arriba como consecuencia de que no se acredita en autos ning�n acto de aplicaci�n en perjuicio de la quejosa de tales dispositivos legales.

Por lo que ve a los actos consistentes en los diversos preceptos que se reclaman de la Ley de Comercio Exterior, de su reglamento y del decreto mediante el cual se derog� el inciso c) de la fracci�n I del art�culo 35 de la Ley Aduanera, cabe se�alar que tales dispositivos no pudieron aplicarse en perjuicio de la quejosa, dado que, en abono a que los mismos no estaban vigentes al dictarse la resoluci�n que dio lugar a la disposici�n de observancia general reclamada por la quejosa, en el art�culo cuarto transitorio del primero de esos ordenamientos, se precis� que los procedimientos administrativos en materia de pr�cticas desleales de comercio internacional que se encontraran en tr�mite al momento de su entrada en vigor, el veintiocho de julio de mil noventa y tres, se resolver�an conforme a lo previsto en la Ley Reglamentaria del Art�culo 131 de la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, y si el respectivo procedimiento administrativo inici� el catorce de abril de mil novecientos noventa y tres, resulta inconcuso que los mismos no pudieron concretarse en perjuicio de la quejosa, circunstancia que se corrobora por lo establecido en el ac�pite de la resoluci�n que revisa a la diversa de car�cter provisional, impugnada por la quejosa, y que fue publicada en el Diario Oficial de la F.�n el primero de octubre de mil novecientos noventa y tres, en el cual se expresa como fundamento el art�culo cuarto transitorio de la referida Ley de Comercio Exterior y se citan diversos numerales de la Ley Reglamentaria del Art�culo 131 de la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos. El citado precepto transitorio dispone:

Cuarto. Los procedimientos administrativos a que se refiere este ordenamiento que se encuentren en tr�mite al momento de su entrada en vigor, se resolver�n en los t�rminos de la Ley Reglamentaria del Art�culo 131 de la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos en Materia de Comercio Exterior.

Para fortalecer la anterior conclusi�n, y para demostrar que la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal de mil novecientos noventa y cuatro tampoco se concret� en la esfera jur�dica de la quejosa con motivo de la emisi�n de los actos de aplicaci�n y disposiciones de observancia general reclamadas, conviene transcribir la resoluci�n que revisa a la diversa de car�cter provisional emitida el veintisiete de septiembre de mil novecientos noventa y tres por la S.�a de Comercio y Fomento Industrial, relativa a la investigaci�n administrativa sobre las importaciones de hilados y tejidos de fibras sint�ticas y artificiales, originarias de la Rep�blica Popular China, con independencia del pa�s de procedencia. La referida determinaci�n, cuya constitucionalidad tambi�n se controvierte en este juicio de garant�as, es del siguiente tenor:

"R.�n que revisa a la diversa de car�cter provisional que declar� de oficio el inicio de la investigaci�n administrativa sobre las importaciones de hilados y tejidos de fibras sint�ticas y artificiales, mercanc�as comprendidas en las fracciones arancelarias de las partidas 30.05, 52.01 a la 52.12, 53.01 a la 53.11, 54.01 a la 54.08, 55.01 a la 55.16, 58.03 y 59.11 de la tarifa de la Ley del Impuesto General de Importaci�n, originarias de la Rep�blica Popular China, independientemente del pa�s de procedencia.

"Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos. S.�a de Comercio y Fomento Industrial.

"R.�n que revisa a la diversa de car�cter provisional que declar� de oficio el inicio de la investigaci�n administrativa sobre las importaciones de hilados y tejidos de fibras sint�ticas y artificiales, mercanc�as comprendidas en las fracciones arancelarias de las partidas 30.05, 52.01 a la 52.12, 53.01 a la 53.11, 54.01 a la 54.08, 55.01 a la 55.16, 58.03 y 59.11 de la tarifa de la Ley del Impuesto General de Importaci�n, originarias de la Rep�blica Popular China, independientemente del pa�s de procedencia.

"Con fundamento en los art�culos 16 y 34 de la Ley Org�nica de la Administraci�n P�blica Federal; cuarto transitorio de la Ley de Comercio Exterior; 1o., fracci�n II, letra c, 2o., fracci�n II, 7o., fracci�n I, 8o., fracci�n I, 9o., 12, 15 y 17 de la Ley Reglamentaria del Art�culo 131 de la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos en Materia de Comercio Exterior, y 1o., fracciones IV, VII y VIII, 2o., 3o., 5o., 6o., 9o., 10, 11, 18, 19, 20, fracci�n II, incisos a), b) y c) y 22 del Reglamento contra Pr�cticas Desleales de Comercio Internacional, se emite la presente resoluci�n tomando en cuenta los siguientes antecedentes y considerandos.

"Antecedentes

"Inicio de investigaci�n

"1. La S.�a de Comercio y Fomento Industrial se alleg� de diversa informaci�n referente al mercado de importaci�n de hilados y tejidos de fibras sint�ticas y artificiales originarios de la Rep�blica Popular China, vol�menes y condiciones de precios en que los productos referidos han ingresado a territorio nacional, as� como los efectos que dichas importaciones han causado a la producci�n nacional de mercanc�as id�nticas y similares.

"2. Atento lo anterior, despu�s de ser revisada la informaci�n, se consider� suficiente para presumir la existencia de pr�cticas desleales de comercio internacional, en su modalidad de dumping, particularmente en el periodo de julio a diciembre de 1992.

"D.�n del producto

"3. De acuerdo a la nomenclatura arancelaria de la tarifa de la Ley del Impuesto General de Importaci�n los productos objeto de investigaci�n tienen la siguiente denominaci�n, a nivel de partida arancelaria: hilo de coser de filamentos sint�ticos o artificiales, incluso acondicionado para la venta al por menor; hilados de filamentos sint�ticos (excepto el hilo de coser) sin acondicionar para la venta al por menor, incluidos los monofilamentos sint�ticos de menos de 67 decitex; hilados de filamentos artificiales (excepto el hilo de coser), sin acondicionar para la venta al por menor, incluidos los monofilamentos artificiales de menos de 67 decitex; monofilamentos sint�ticos de 67 decitex o m�s y cuya mayor dimensi�n de la secci�n transversal no exceda de 1 mm, tiras y formas similares de materias textiles sint�ticas de anchura aparente inferior a 5 mm; monofilamentos artificiales de 67 decitex o m�s y cuya mayor dimensi�n de la secci�n transversal no exceda de 1 mm, tiras y formas similares de materias textiles o artificiales de anchura aparente inferior a 5 mm; hilados de filamentos sint�ticos o artificiales (excepto el hilo de coser), acondicionados para la venta al por menor y tejidos de hilados de filamentos sint�ticos, incluidos los tejidos fabricados con los productos de la partida 54.04. Estos productos se clasifican en las fracciones arancelarias de las partidas 5401, 5402, 5403, 5404, 5405, 5406 y 5407 de la tarifa de la Ley del Impuesto General de Importaci�n.

"Inicio de la investigaci�n

"4. El 14 de abril de 1993 la secretar�a dict� la resoluci�n provisional, la que se public� en el Diario Oficial de la F.�n el 15 de abril de 1993. A trav�s de este fallo se dict� el inicio de la investigaci�n administrativa, imponiendo las siguientes cuotas compensatorias provisionales: para los productos que ingresan por las fracciones arancelarias de las partidas 52.01 a la 52.12 y de la 53.01 a la 53.11 de la tarifa de la Ley del Impuesto General de Importaci�n: 331 (trescientos treinta y uno) por ciento; para las partidas 54.01 a la 54.08 y de la 55.01 a la 55.16: 501 (quinientos uno) por ciento; y para las fracciones arancelarias de las partidas 30.05, 58.03 y 59.11: 54 (cincuenta y cuatro) por ciento.

"Convocatoria

"5. Mediante la publicaci�n en el Diario Oficial de la F.�n, a que se refiere el punto precedente, la secretar�a convoc� a los importadores, exportadores, y a los representantes del gobierno de la Rep�blica Popular China, as� como a quien tuviese inter�s jur�dico en la investigaci�n, con el prop�sito de que comparecieran a manifestar lo que a su derecho conviniere.

"N.icaciones

"6. En cumplimiento a las formalidades de ley, la secretar�a notific� el inicio de la investigaci�n a las empresas importadoras y exportadoras que acreditaron su inter�s en la investigaci�n, corri�ndoles traslado de los documentos en que consta la metodolog�a empleada por la secretar�a y de los formularios oficiales de investigaci�n, con el objeto de que presentaran sus alegatos y excepciones.

"Argumentaciones y pruebas de las empresas comparecientes

"7. Para esta etapa del procedimiento, comparecieron en tiempo las siguientes personas, quienes expusieron las argumentaciones y pruebas que a continuaci�n se relacionan:

"Importadores

"8. A.M., S.A. de C.V., la Asociaci�n de Empresarios de Baja California, A.C., la Asociaci�n Nacional de Importadores y Exportadores de la Rep�blica Mexicana, la C�mara Nacional de Comercio en Tijuana, la Confederaci�n de C�maras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo, C., S.A. de C.V., Distribuidora de Importaciones en el Sureste, S.A. de C.V., El Nuevo Garage de M�xico, S.A. de C.V., Grupo J.E., S.A. de C.V., Grupo Textil Pima, S.A. de C.V., Par�s Textil, S.A., S. de Comercio, S.A. de C.V., manifestaron que en el momento de entrar en vigor la resoluci�n que impuso la cuota compensatoria ten�an mercanc�a en tr�nsito, por lo que solicitaron se les exceptuara del pago correspondiente.

"9. Grupo Corporativo Eli, S.A. de C.V. y Ropa Alta Calidad, S.A. de C.V., presentaron respuesta al formulario oficial de investigaci�n, pedimentos de importaci�n y facturas de sus operaciones comerciales.

"10. Almacenes 5-10-15, S.A. de C.V., manifest� que importa diversas mercanc�as de origen chino, pero no en condiciones de pr�ctica desleal. Al efecto, exhibi� copia de diversa informaci�n relativa a sus operaciones comerciales.

"11. Arenales Blancos, S.A. de C.V., compareci� para manifestar su inter�s en la investigaci�n, en virtud de que es importadora de diversas mercanc�as de origen chino. Exhibi� copia de facturas y pedimentos de importaci�n relativos a sus operaciones comerciales.

"12. Edibas de M�xico, S.A. de C.V., compareci� para manifestar su inter�s jur�dico en el resultado de la investigaci�n. Argument� que la resoluci�n provisional es imprecisa en lo que ata�e a la determinaci�n del da�o a la producci�n nacional; a la generalidad de la clasificaci�n arancelaria de textiles; a la falta de informaci�n para determinar el dumping y a las t�cnicas de muestreo adoptadas que, seg�n dijo, son incorrectas.

"13. Grupo J.E., S.A. de C.V., expuso que no existe producci�n nacional del producto que importa, pero no aport� ninguna prueba para demostrar su afirmaci�n.

"14. Grupo T.T., S.A. de C.V., afirm� que en la resoluci�n provisional no est�n comprendidos art�culos promocionales.

"15. S. de Comercio, S.A. de C.V., solicit� que a sus transacciones contratadas con anterioridad al 15 de abril de 1993, se les except�e del pago de las cuotas compensatorias y que se exprese en la pr�xima resoluci�n que �stas no son aplicables a las franjas fronterizas y zonas libres del pa�s.

"Exportadores

"16. Aldwick-Textile-Exports-Co. y la C�mara de Comercio para la Importaci�n y E.�n de Textiles de la Rep�blica Popular China, presentaron respuesta al formulario oficial de investigaci�n y las pruebas requeridas por la secretar�a para esta etapa de la investigaci�n.

"17. Aldwick Textile Exports Co., present� respuesta al formulario oficial de investigaci�n, en donde se reportan las ventas a los Estados Unidos Mexicanos durante el periodo investigado. Destac� que la empresa fabricante se denomina Shekki Garment Factory, localizada en la Rep�blica Popular China, aclarando que no constituye una cooperativa ni coinversi�n con el gobierno chino.

"18. La C�mara de Comercio para la Importaci�n y E.�n de Textiles de la Rep�blica Popular China, compareci� en el procedimiento para acreditar su inter�s jur�dico. Exhibi�, en este acto, respuesta al formulario oficial de investigaci�n, en nombre de las empresas Kendall Yantai Medical Products Company Limited, Shanghai Textiles Import and Export Corporation, Shanghai Hua Shen Textiles Printing and Dyeing, y Zhejiang Medicine and Health Products Import and Export Corporation. Anex� a su escrito principal una lista de productos que no fueron exportados a los Estados Unidos Mexicanos durante el periodo de investigaci�n, nombres y domicilios de las empresas y personas f�sicas a quienes se ha vendido la mercanc�a y copias de las facturas expedidas a dichos compradores.

"Manifest� que los precios de exportaci�n de la Rep�blica Popular China a M�xico son similares a los de otros pa�ses; los precios de fabricaci�n en esos pa�ses son ligeramente superiores a los de fabricaci�n de la Rep�blica Popular China; las empresas de la C�mara no han incurrido en pr�cticas desleales, porque los fabricantes chinos no venden sus productos por debajo del costo de producci�n, ni reciben subsidios. Seg�n indicaron, los importadores mexicanos prefieren los productos chinos por su capacidad, servicio, calidad y precio; los precios de los exportadores chinos son precios competitivos a nivel internacional y los productos id�nticos a los exportados pueden ser fabricados en otros pa�ses con econom�a de mercado a precios de los fabricados en la Rep�blica Popular China.

"Finalmente, argument� que las muestras utilizadas por la secretar�a en su an�lisis no son representativas de los productos objeto de investigaci�n.

"19. La Asociaci�n China de Empresas con I.�n Extranjera, manifest� que las cuotas compensatorias impuestas son injustas para sus agremiados, pero no aport� argumentos ni pruebas de sus aseveraciones.

"20. La Oficina Comercial de la Embajada de la Rep�blica Popular China, se�al� que en la imposici�n de las cuotas compensatorias la secretar�a no tom� en consideraci�n el bajo costo de producci�n en China y a su precio competitivo de exportaci�n. Por su parte, se emplearon como valor normal los elevados costos y precios de exportaci�n de terceros pa�ses, creando con ello m�rgenes de dumping muy altos.

"Argument� que la resoluci�n de inicio no se�ala todas las mercanc�as involucradas, una por una, sino por grupos o clasificaciones.

"21. Sunny Merchandise Co., Inc., indic� que como exportador ha perdido ventas a M�xico con motivo de la aplicaci�n de la cuota compensatoria, por lo que solicita se reconsidere la medida antidumping.

"22. Thompson Consumer Electronics, Inc., compareci� para exponer que ha sido afectada por la cuota compensatoria en relaci�n a varios de los productos que f�brica en su planta filial en la Rep�blica Popular China y exporta a los Estados Unidos Mexicanos. Indic� que no existe evidencia de que la producci�n nacional haya sido afectada.

"23. US Trade Co., se�al� que las cuotas compensatorias a los productos chinos son extremadamente altas.

"24. V.T.I., expuso que empezaba a realizar un estudio de mercado en los Estados Unidos Mexicanos, con el fin de exportar a territorio nacional telas de mezclilla, de lo cual ha deducido que las exportaciones delaRep�blica China no son la causa del problema que enfrentan las empresas mexicanas.

"Productores nacionales

"25. La F.�n de Asociaciones Industriales Textiles Agremiadas compareci� en esta etapa del procedimiento para aportar informaci�n correspondiente a algunas empresas del sector textil, que se han visto da�adas u obligadas al cierre por la importaci�n de textiles.

"Considerandos

"Derecho de defensa

"26. Conforme a la legislaci�n aplicable en la materia, las partes interesadas tuvieron amplia oportunidad para presentar toda clase de excepciones, defensas y alegatos que a su derecho convino, mismos que fueron valorados preliminarmente en sujeci�n a las formalidades esenciales del procedimiento administrativo y conforme a la ley en la materia.

"27. De acuerdo con la Ley Reglamentaria del Art�culo 131 de la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos en Materia de Comercio Exterior, las resoluciones que emita la secretar�a sobre pr�cticas desleales de comercio internacional entran en vigor al d�a siguiente de su publicaci�n en el Diario Oficial de la F.�n.

"28. Atendiendo a la pr�ctica desleal de comercio internacional y al da�o causado a la producci�n nacional, as� como a la relaci�n que existe entre ambas, la secretar�a determin� el pago de las cuotas compensatorias de acuerdo a la resoluci�n publicada en el Diario Oficial de la F.�n el 15 de abril de 1993.

"29. Acorde con la pr�ctica y legislaci�n internacional, la secretar�a considera a la Rep�blica Popular China como una econom�a centralmente planificada por las siguientes razones:

"A. Las empresas no son lo suficientemente independientes de los mecanismos de control que ejerce el gobierno central.

"B. Los costos de producci�n de las empresas tambi�n se encuentran influenciados por las condiciones generales imperantes en la econom�a de la Rep�blica Popular China, sin poder distinguir con precisi�n los posibles efectos de las fuerzas de mercado, de los efectos de la intervenci�n del gobierno chino en una industria en particular.

"An�lisis de dumping

"30. Un importador y un exportador respondieron al formulario oficial de investigaci�n o presentaron pruebas de manera incompleta, ya que no aportaron referencias de valor normal. Por esta raz�n, la secretar�a desestim� dichas respuestas para efectos del c�lculo del margen de discriminaci�n de precios. La empresa importadora es Ropa Alta Calidad, S.A. de C.V. La empresa exportadora es Aldwick Textile Exports Co.

"31. Quince importadores y cuatro exportadores tambi�n respondieron de manera incompleta, puesto que no presentaron informaci�n sobre valor normal ni sobre precio de exportaci�n. Por ello, la secretar�a descart� tales respuestas para efectos de la estimaci�n del margen de discriminaci�n de precios. Las empresas importadoras son las siguientes: Grupo J.E., S.A. de C.V.; C., S.A. de C.V.; A.M., S.A. de C.V.; Grupo Textil Pima, S.A. de C.V.; El Nuevo Garage de M�xico, S.A. de C.V.; Distribuidora de Importaciones del Sureste, S.A. de C.V.; Par�s Textil, S.A.; Almacenes 5-10-15, S.A. de C.V.; Arenales Blancos, S.A. de C.V.; Edibas de M�xico, S.A. de C.V.; Grupo Corporativo Eli, S.A. de C.V.; G.T.T., S.A. de C.V.; S. de Comercio, S.A. de C.V. y Volcano International. Los exportadores son: Sunny Merchandise Co., Inc.; Thompson Consumer Electronics, Inc.; US Trade Co. y V.T. Inc.

"32. Adicionalmente, la C�mara de Comercio para la Importaci�n y E.�n de Textiles de la Rep�blica Popular China compareci� como representante de las empresas Suzhou Textiles Import & Export Corp.; Shangai Knitwear Import & Export Corp.; T.K.; Tianjin Foreign Trade; J.G.I. & Export; The Foreign Trade Corp.; L.K.N.H.; A.G.; Shangai Home Textiles Import & Export Corp., y Kendall Yantai Medical Products y present� respuesta al formulario oficial de investigaci�n. Para efectos del c�lculo del margen de discriminaci�n de precios, la secretar�a calific� dicha respuesta como inadecuada, ya que no se incluyeron datos sobre valor normal ni sobre el precio de exportaci�n.

"33. Para todas las empresas con respuestas deficientes, se�aladas en los puntos 30, 31 y 32 en los t�rminos de la legislaci�n aplicable, los m�rgenes de discriminaci�n de precios se establecieron conforme a los hechos de los que la secretar�a tuvo conocimiento. Este mismo tratamiento se adopt� para los exportadores y los importadores que no comparecieron ante la secretar�a en esta etapa del procedimiento.

"34. Los hechos de los cuales la secretar�a tuvo conocimiento consisten en la informaci�n que sustent� el inicio de la investigaci�n administrativa. Seg�n esta informaci�n, el margen de dumping para todas las dem�s empresas es del 331 por ciento en el caso de las mercanc�as que se importen por los cap�tulos 52 y 53 del 501 por ciento para las mercanc�as que se importen por los cap�tulos 54 y 55 y del 54 por ciento para las que se importen por las partidas 3005, 5803 y 5911 de la mencionada tarifa. En esta etapa del procedimiento, la secretar�a no recibi� promociones que impugnaran t�cnicamente la metodolog�a empleada para obtener este margen.

"An�lisis de da�o

"Producto similar

"Fracciones arancelarias excluidas

"35. A partir de la informaci�n que la secretar�a obtuvo de c�maras y asociaciones industriales, as� como de empresas fabricantes de productos similares a los que se importan por las fracciones arancelarias correspondientes a los cap�tulos 52, 53, 54 y 55, y a las partidas 3005, 58.03, 58.06 y 59.11 de la tarifa de la Ley del Impuesto General de Importaci�n, la secretar�a concluy� que no existe producci�n nacional similar, o no se reunieron pruebas suficientes de que las importaciones investigadas causaron da�o a los fabricantes locales de mercanc�as similares a las comprendidas en las fracciones arancelarias de los cap�tulos y partidas referidos. Por esta raz�n, la secretar�a resolvi� excluir las mercanc�as clasificadas en las fracciones arancelarias descritas en el punto 53 de esta resoluci�n.

"Producci�n nacional similar

"36. Con el fin de evaluar el efecto de las importaciones investigadas sobre la producci�n nacional de mercanc�as similares, la secretar�a consider� los argumentos y pruebas aportadas por todas las partes interesadas en esta etapa de la investigaci�n, en relaci�n con el da�o a la producci�n nacional, as� como la informaci�n que ella misma se alleg�. A partir de los elementos aportados se lleg� a los resultados que se describen en los puntos siguientes.

"37. Diversos importadores afirmaron que en los Estados Unidos Mexicanos s� exist�a producci�n nacional de productos similares a los que ellos importaron de origen chino; no obstante, prefirieron el producto importado por razones como las que se�al� la empresa Ropa de Alta Calidad, S.A. de C.V., acabado de la tela, consistencia de tonos y precios m�s bajos, y mejores condiciones de calidad, entrega y cr�dito flexible.

"38. Con base en los argumentos y pruebas aportadas en relaci�n con lo descrito en el punto anterior, la secretar�a consider� que elementos tales como diferencias f�sicas, de calidad, en dise�os, en prestigio comercial y de tecnolog�as utilizadas en la fabricaci�n del producto nacional e importado no constituyen elementos suficientes para concluir que los productos importados en condiciones de dumping no compitieron con los productos similares de producci�n nacional y, por consiguiente, que no causaron efectos negativos sobre el desempe�o y desarrollo de las empresas nacionales que fabrican productos similares.

"39. Lo anterior es cierto si los productos importados de la Rep�blica Popular China se ofrecieron a precios tales que provocaron distorsiones en la competencia interna, ya que al ofrecer productos importados a precios dumping a los mismos distribuidores o clientes de los productores nacionales, la variable determinante para la decisi�n de adquirir uno u otro producto fue el precio.

"40. Con base en lo descrito en los puntos anteriores, y debido a que la secretar�a consider� que los argumentos y pruebas aportadas en esta etapa de la investigaci�n no modificaron los resultados que llevaron a la secretar�a a iniciar este procedimiento administrativo, la secretar�a resolvi� que las mercanc�as comprendidas en todas las fracciones arancelarias de los cap�tulos 52, 53, 54 y 55, y de las partidas 30.05, 58.03, 58.06 y la 59.11 contin�an sujetas a investigaci�n, excepto aquellas que son excluidas en el punto 53 de esta resoluci�n.

"Crecimiento de las importaciones objeto de dumping

"41. El valor total de las importaciones investigadas pasaron de 414.3 millones de d�lares de los Estados Unidos de Am�rica en 1990 a 722 millones de d�lares de los Estados Unidos de Am�rica en 1992. Lo que signific� una tasa de crecimiento del 27 por ciento entre 1990 y 1992.

"42. La din�mica de las importaciones totales fue determinada por el crecimiento de las importaciones de productos de origen chino, tanto por las importaciones que provinieron directamente de la Rep�blica Popular China como por las que se triangularon a trav�s de la Rep�blica de China (Taiwan), Hong Kong y los Estados Unidos, principalmente.

"43. De acuerdo con las cifras del Sistema de Informaci�n Comercial de M�xico de la S.�a de Comercio y Fomento Industrial, entre 1990 y 1992 el valor de las importaciones investigadas provenientes directamente de la Rep�blica Popular China pasaron de 0.836 millones de d�lares a 13.08 millones de d�lares, crecimiento que represent� un incremento del 1,464 por ciento.

"44. El crecimiento que registr� el valor total de las importaciones provenientes directamente de la Rep�blica Popular China entre 1990 y 1992 no s�lo se dio en t�rminos absolutos sino tambi�n en relaci�n con su participaci�n en el total importado. El crecimiento de la participaci�n de los productos de origen chino est� subestimada ya que no considera la triangulaci�n que seg�n cifras preliminares se da a trav�s de Rep�blica de China (Taiwan), Hong Kong y los Estados Unidos, principalmente.

"45. Por otra parte, las importaciones provenientes de Taiwan pasaron de 16.6 millones de d�lares en 1990 a 33.1 millones de d�lares en 1992. Las importaciones provenientes de Hong Kong pasaron de 22.6 a 57.1 millones de d�lares entre 1990 y 1992. Finalmente, las importaciones provenientes de Estados Unidos pasaron de 239.8 millones de d�lares en 1990 a 333.1 en 1992.

"Efectos de las importaciones de origen chino sobre la producci�n nacional

"46. En esta etapa de la investigaci�n diversos productores nacionales de productos textiles y gasas, presentaron argumentos y pruebas alegando que las importaciones sujetas a investigaci�n causaron da�o a sus empresas. Las empresas nacionales afirmaron que las importaciones originarias de la Rep�blica Popular China, se han traducido en p�rdida de empleos y pedidos, disminuci�n de ventas, aumento de inventarios, cierre de empresas y riesgo de quiebra en otras, as� como subutilizaci�n de la capacidad instalada de la planta productiva nacional. Los productores nacionales presentaron individualmente pruebas del da�o causado por las importaciones de productos chinos, entre dichas pruebas, se encuentran las siguientes:

"47. F.�n de Asociaciones Industriales Textiles Agremiadas (FAITA) y muchas de sus empresas agremiadas se han visto da�adas por la falta de mercado ocasionada por las importaciones de productos textiles de origen chino y algunas han suspendido sus operaciones.

"48. Telas Vyc, S.A. de C.V., afirm� que sus clientes han disminuido considerablemente sus pedidos debido a las importaciones investigadas. Por lo anterior Telas Vyc tuvo que suspender parte de la operaci�n de la empresa suspendiendo el 3o. y 4o. turnos de trabajo que implic� el despido de 35 trabajadores, que equivale a una reducci�n del 29 por ciento de la poblaci�n laboral total.

"49. En 1992, La Uni�n, S.A. de C.V., se declar� en suspensi�n de pagos y en abril de 1993 se declar� en quiebra.

"50. F�brica S.. Mar�a Guadalupe, S.A., afirm� que el consejo de accionistas tom� la decisi�n de cerrar la planta ubicada en la Ciudad de M�xico, por su incosteabilidad actual y por la no viabilidad a futuro, por los problemas financieros que se generaron por la competencia desleal de las importaciones investigadas.

"51. La C�mara de la Industria Textil de Puebla y Tlaxcala, representando al 50 por ciento de la producci�n nacional de gasas de algod�n, afirm� que los precios dumping a los que se ofreci� el producto chino en el mercado mexicano han provocado una crisis econ�mica severa en las empresas fabricantes de gasas, ya que el producto de origen chino se ofreci� a precios 38 por ciento menores a los que ofrecieron los productores nacionales de gasa blanqueada, y 40 por ciento menores a los de gasa empaquetada de fabricaci�n nacional. Adem�s de lo anterior los fabricantes de gasas alegan que:

"A. La calidad del producto mexicano y su contenido en fibra es similar o superior al elaborado en los pa�ses extranjeros, ya que su producci�n se apega estrictamente a las normas mexicanas de gasa de uso hospitalario o quir�rgico.

"B. Los fabricantes de gasa de algod�n son eficientes y competitivos, modernizaron sus plantas y equipos r�pidamente mediante inversiones importantes, y disminuyeron sus precios dom�sticos para alinearlos a los internacionales.

"C. Las importaciones de producto chino causaron la ca�da de la producci�n, las ventas, la disminuci�n de turnos de trabajo e incluso el cierre de plantas.

"52. A partir de los resultados descritos en los puntos precedentes, la secretar�a concluy� que existen pruebas suficientes de la existencia de da�o a la producci�n nacional de textiles causado directamente por las importaciones en condiciones de pr�cticas desleales de comercio originarias de la Rep�blica Popular China.

"Conclusi�n

"A partir de los resultados descritos en los puntos precedentes, la secretar�a concluy� que existen pruebas suficientes de la existencia de da�o a la producci�n nacional de hilados y tejidos de fibras sint�ticas y artificiales, causado directamente por las importaciones en condiciones de pr�cticas desleales de comercio originarias de la Rep�blica Popular China.

"R.�n

"53. Se declara concluida la investigaci�n administrativa para las importaciones de las mercanc�as comprendidas en las fracciones arancelarias de la tarifa del impuesto general de importaci�n que a continuaci�n se indica, originarias de la Rep�blica Popular China, independientemente del pa�s de procedencia:

"De la partida 52.01:

"...

"54. Se confirman las cuotas compensatorias impuestas en la resoluci�n provisional a que se refiere el p�rrafo 4 de esta resoluci�n, en los siguientes t�rminos:

"A. Para las mercanc�as que ingresen por las fracciones arancelarias de las partidas 52.01 a la 52.12 y de la 53.01 a la 53.11 de la tarifa de la Ley del Impuesto General de Importaci�n: 331 (trescientos treinta y uno) por ciento.

"B. Para las mercanc�as que ingresen por las fracciones arancelarias de las partidas 54.01 a la 54.08 y de la 55.01 a la 55.16: 501 (quinientos uno) por ciento.

"C. Para las mercanc�as que ingresen por las fracciones arancelarias de las partidas 30.05, 58.03 y 59.11: 54 (cincuenta y cuatro) por ciento.

"55. Las cuotas compensatorias referidas en los incisos A, B y C del p�rrafo anterior se aplicar�n con excepci�n de las importaciones a que se refiere el punto 53.

"56. Los importadores que hayan efectuado el pago de las cuotas compensatorias establecidas en la resoluci�n provisional a que se refiere el p�rrafo 4 de esta resoluci�n o, en su defecto, presentando garant�a en los t�rminos del art�culo 11 de la Ley Reglamentaria del Art�culo 131 de la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos en Materia de Comercio Exterior, podr�n solicitar ante la S.�a de Hacienda y Cr�dito P�blico la devoluci�n de la diferencia a su favor o, en su caso, la cancelaci�n de las garant�as que hubieren exhibido ante la autoridad aduanera.

"57. Las cuotas compensatorias impuestas en los t�rminos de esta resoluci�n se aplicar�n sobre el valor en aduana declarado en el pedimento de importaci�n correspondiente.

"58. Compete a la S.�a de Hacienda y Cr�dito P�blico aplicar las cuotas compensatorias impuestas en esta resoluci�n, con independencia del cobro del arancel respectivo, en todo el territorio nacional, incluso en las franjas fronterizas y zonas libres del pa�s.

"59. Los importadores, consignatarios o mandatarios de la mercanc�a de referencia deber�n exhibir ante la aduana de entrada o de despacho que corresponda, el certificado de origen correspondiente, a efecto de acreditar, en su caso, que los bienes son originarios de un pa�s, zona o regi�n distintos de la Rep�blica Popular China, en los t�rminos del art�culo 17 de la ley reglamentaria invocada. La autoridad aduanera aceptar� los certificados o certificaciones de origen expedidos por el gobierno, y por productores, exportadores, c�maras o asociaciones industriales o comerciales autorizadas por sus respectivos gobiernos conforme a su legislaci�n aplicable.

"60. C.�quese esta resoluci�n a la Administraci�n General de Aduanas de la S.�a de Hacienda y Cr�dito P�blico, para los efectos legales correspondientes.

"61. N.�quese a las partes involucradas.

"62. La presente resoluci�n entrar� en vigor al d�a siguiente de su publicaci�n en el Diario Oficial de la F.�n.

M�xico, D.F., a 27 de septiembre de 1993. Con fundamento en el art�culo 38 del Reglamento Interior de la S.�a de Comercio y Fomento Industrial, firma por ausencia del C.S. del ramo, y del C. Subsecretario de Negociaciones Comerciales Internacionales, el C. Subsecretario de Comercio Exterior e I.�n Extranjera, P.N.. R�brica.

Como se advierte tanto del an�lisis formal como material de la resoluci�n antes transcrita, en la misma no se concret�, en forma alguna, lo dispuesto en los numerales de la Ley de Comercio Exterior y del Reglamento de la Ley de Comercio Exterior impugnados por la quejosa, ni en lo determinado en la misma influy� en manera alguna la derogaci�n del inciso c) de la fracci�n I del art�culo 35 de la Ley Aduanera, que contemplaba a las cuotas compensatorias como un impuesto al comercio exterior, o lo establecido en la Ley de Ingresos de la F.�n para el ejercicio fiscal de mil novecientos noventa y cuatro, por lo que resulta inconcuso que con base en lo dispuesto en el art�culo 74, fracci�n III, en relaci�n con el diverso 73, fracci�n V, ambos de la Ley de Amparo, debe sobreseerse en el presente juicio respecto de los referidos actos reclamados.

Apoya lo anterior la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, visible en la p�gina 673 del Tomo CXIV, Quinta �poca del Semanario Judicial de la F.�n, que a la letra dice:

"INTER�S JUR�DICO EN EL AMPARO CONTRA LAS LEYES, FALTA DE. Si las disposiciones legales impugnadas no son las que fundan los actos reclamados en el amparo, la expedici�n, promulgaci�n y publicaci�n de las mismas no irrogan perjuicios a los quejosos."

OCTAVO

Conforme a los argumentos que a continuaci�n se desarrollan es fundado el agravio aducido por la autoridad recurrente encaminado a controvertir las consideraciones del fallo impugnado, que sustentan la declaraci�n de inconstitucionalidad de lo dispuesto en el art�culo 121-B de la Ley Aduanera abrogada mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la F.�n el quince de diciembre de mil novecientos noventa y cinco.

En el considerando d�cimo octavo el Juez de Distrito del conocimiento sostuvo que el referido art�culo 121-B transgrede la garant�a de audiencia, en tanto que no prev� una instancia de inconformidad que puedanhacervaler los contribuyentes en contra de los resultados obtenidos por las autoridades fiscales con motivo del ejercicio de la revisi�n de pedimentos de importaci�n, y que pueda interponerse previo el fincamiento de cr�ditos a su cargo, aunado a que, en la especie, no resulta aplicable la jurisprudencia plenaria que lleva por rubro: "AUDIENCIA, GARANT�A DE, EN MATERIA IMPOSITIVA. NO ES NECESARIO QUE SEA PREVIA.", dado que la misma �nicamente es aplicable a los casos en los que la determinaci�n de contribuciones omitidas deviene directamente de la sola aplicaci�n de la ley impositiva, pues en el caso concreto los cr�ditos no se determinan directamente de la sola aplicaci�n de la ley, sino con motivo de un procedimiento iniciado por la S.�a de Hacienda y Cr�dito P�blico en ejercicio de sus facultades de revisi�n.

Por su parte, la autoridad recurrente plante�, entre otros argumentos, que en la sentencia impugnada no se advierte que la resoluci�n regulada en la primera parte del art�culo 121-B de la Ley Aduanera constituye un acto de molestia de car�cter provisional que no se rige por la garant�a de previa audiencia, pues el mismo numeral permite al gobernado ofrecer las pruebas que estime oportunas.

Para determinar si el precepto impugnado se rige por la garant�a de audiencia previa establecida en el art�culo 14, p�rrafo segundo, constitucional, por principio, debe precisarse la distinci�n entre los actos privativos y los que implican una mera molestia y, posteriormente, fijar el alcance de lo dispuesto en el art�culo 121-B de la Ley Aduanera, lo que permitir� conocer cu�l es su finalidad y cu�les son las consecuencias que la determinaci�n de un cr�dito de car�cter provisional, en t�rminos del mismo, provoca en la esfera jur�dica del importador.

Conforme a la jurisprudencia de este Alto Tribunal los actos privativos son todos aquellos que producen como efecto la disminuci�n, menoscabo o supresi�n definitiva de un derecho del gobernado, es decir, aquellos cuya finalidad connatural es la de privar de un bien material o inmaterial, a diferencia de los actos de molestia, que restringen de manera provisional o preventiva un derecho con el objeto de proteger determinados bienes jur�dicos, y en los que la permanencia de sus efectos en la esfera jur�dica del gobernado queda sujeta a posteriores actos de autoridad. Sirven de apoyo a la anterior conclusi�n las tesis jurisprudenciales que llevan por rubros, textos y datos de identificaci�n los siguientes:

"ACTOS PRIVATIVOS Y ACTOS DE MOLESTIA. ORIGEN Y EFECTOS DE LA DISTINCI�N. El art�culo 14 constitucional establece, en su segundo p�rrafo, que nadie podr� ser privado de la vida, de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho; en tanto, el art�culo 16 de ese mismo Ordenamiento Supremo determina, en su primer p�rrafo, que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. Por consiguiente, la C.�n Federal distingue y regula de manera diferente los actos privativos respecto de los actos de molestia, pues a los primeros, que son aquellos que producen como efecto la disminuci�n, menoscabo o supresi�n definitiva de un derecho del gobernado, los autoriza solamente a trav�s del cumplimiento de determinados requisitos precisados en el art�culo 14, como son, la existencia de un juicio seguido ante un tribunal previamente establecido, que cumpla con las formalidades esenciales del procedimiento y en el que se apliquen las leyes expedidas con anterioridad al hecho juzgado. En cambio, a los actos de molestia que, pese a constituir afectaci�n a la esfera jur�dica del gobernado, no producen los mismos efectos que los actos privativos, pues s�lo restringen de manera provisional o preventiva un derecho con el objeto de proteger determinados bienes jur�dicos, los autoriza, seg�n lo dispuesto por el art�culo 16, siempre y cuando preceda mandamiento escrito girado por una autoridad con competencia legal para ello, en donde �sta funde y motive la causa legal del procedimiento. Ahora bien, para dilucidar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de un acto de autoridad impugnado como privativo, es necesario precisar si verdaderamente lo es y, por ende, requiere del cumplimiento de las formalidades establecidas por el primero de aquellos numerales, o si es un acto de molestia y por ello es suficiente el cumplimiento de los requisitos que el segundo de ellos exige. Para efectuar esa distinci�n debe advertirse la finalidad que con el acto se persigue, esto es, si la privaci�n de un bien material o inmaterial es la finalidad connatural perseguida por el acto de autoridad, o bien, si por su propia �ndole tiende s�lo a una restricci�n provisional." (Novena �poca, Pleno, Semanario Judicial de la F.�n y su Gaceta, Tomo IV, julio de 1996, tesis P./J. 40/96, p�gina 5).

"MEDIDAS CAUTELARES. NO CONSTITUYEN ACTOS PRIVATIVOS, POR LO QUE PARA SU IMPOSICI�N NO RIGE LA GARANT�A DE PREVIA AUDIENCIA. Conforme a la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, la garant�a de previa audiencia, establecida en el segundo p�rrafo del art�culo 14 constitucional, �nicamente rige respecto de los actos privativos, entendi�ndose por �stos los que en s� mismos persiguen la privaci�n, con existencia independiente, cuyos efectos son definitivos y no provisionales o accesorios. Ahora bien, las medidas cautelares constituyen resoluciones provisionales que se caracterizan, generalmente, por ser accesorias y sumarias; accesorias, en tanto la privaci�n no constituye un fin en s� mismo; y sumarias, debido a que se tramitan en plazos breves; y cuyo objeto es, previendo el peligro en la dilaci�n, suplir interinamente la falta de una resoluci�n asegurando su eficacia, por lo que tales medidas, al encontrarse dirigidas a garantizar la existencia de un derecho cuyo titular estima que puede sufrir alg�n menoscabo, constituyen un instrumento no s�lo de otra resoluci�n, sino tambi�n del inter�s p�blico, pues buscan restablecer el ordenamiento jur�dico conculcado desapareciendo, provisionalmente, una situaci�n que se reputa antijur�dica; por lo que debe considerarse que la emisi�n de tales providencias no constituye un acto privativo, pues sus efectos provisionales quedan sujetos, indefectiblemente, a las resultas del procedimiento administrativo o jurisdiccional en el que se dicten, donde el sujeto afectado es parte y podr� aportar los elementos probatorios que considere convenientes; consecuentemente, para la imposici�n de las medidas en comento no rige la garant�a de previa audiencia." (Novena �poca, Pleno, Semanario Judicial de la F.�n y su Gaceta, T.V., marzo de 1998, tesis P./J. 21/98, p�gina 18).

Ahora bien, el art�culo 121-B de la Ley Aduanera, cuya inconstitucionalidad se determin� en el fallo impugnado dispon�a:

Art�culo 121-B. En los casos en que con motivo del reconocimiento aduanero, del segundo reconocimiento, de la verificaci�n de mercanc�as en transporte o del ejercicio de las facultades de comprobaci�n, en que proceda la determinaci�n de cr�ditos fiscales con fundamento en esta ley y no sea aplicable el art�culo 121-A de la misma, las autoridades aduaneras podr�n determinar los cr�ditos fiscales que correspondan, sin necesidad de sustanciar el procedimiento establecido en el art�culo 121 de esta ley. La determinaci�n a que se refiere este art�culo tendr� el car�cter de provisional. Si el contribuyente opta por pagar el cr�dito determinado, el pago correspondiente tendr� el car�cter de provisional. Las autoridades aduaneras competentes podr�n efectuar la determinaci�n definitiva en un plazo que no exceda de cuatro meses, contado a partir del d�a siguiente a aquel en que surti� sus efectos la notificaci�n de la determinaci�n provisional, acreditando el pago provisional efectuado. De no efectuarse la determinaci�n definitiva, la provisional tendr� tal car�cter, contra la que se podr�n interponer los recursos que procedan.

Por otra parte, debe tomarse en cuenta lo que establec�an, al momento de su aplicaci�n, los numerales a los que remite el transcrito art�culo 121-B, es decir, los diversos 121 y 121-A, los que dispon�an:

"Art�culo 121. Las autoridades aduaneras levantar�n el acta de inicio del procedimiento administrativo en materia aduanera, cuando con motivo del reconocimiento aduanero, del segundo reconocimiento, la verificaci�n de mercanc�as en transporte o por el ejercicio de las facultades de comprobaci�n, embarguen precautoriamente mercanc�as en los t�rminos previstos por esta ley.

"En dicha acta se deber� hacer constar:

"I. La identificaci�n de la autoridad que practica la diligencia.

"II. Los hechos y circunstancias que motivan el inicio del procedimiento.

"III. La descripci�n, naturaleza y dem�s caracter�sticas de las mercanc�as.

"IV. La toma de muestras de las mercanc�as, en su caso, y otros elementos probatorios necesarios para dictar la resoluci�n correspondiente.

"Deber� requerirse al interesado para que designe dos testigos y se�ale domicilio para o�r y recibir notificaciones dentro de la circunscripci�n territorial de la autoridad competente para tramitar y resolver el procedimiento correspondiente, salvo que se trate de pasajeros, en cuyo caso, podr�n se�alar un domicilio fuera de dicha circunscripci�n, apercibi�ndolo de que, de no hacerlo o de se�alar uno que no le corresponda a �l o a su representante, las notificaciones que fueren personales se efectuar�n por estrados. Si los testigos no son designados o los designados no aceptan fungir como tales, quien practique la diligencia los designar�.

"Dicha acta deber� se�alar que el interesado cuenta con un plazo de diez d�as para ofrecer las pruebas y alegatos que a su derecho convenga."

"Art�culo 121-A. La autoridad aduanera proceder� al embargo precautorio de las mercanc�as y de los medios en que se transporten, en los siguientes casos:

"I. Cuando las mercanc�as se introduzcan a territorio nacional por lugar no autorizado.

"II. Cuando se trate de mercanc�a de importaci�n o exportaci�n prohibida o sujeta a las restricciones o regulaciones no arancelarias a que se refiere la fracci�n II del art�culo 127 de esta ley y no se acredite su cumplimiento.

"III. Cuando no se acredite con la documentaci�n aduanal correspondiente, que las mercanc�as se sometieron a los tr�mites previstos en esta ley para su introducci�n al territorio nacional. En el caso de pasajeros, el embargo precautorio proceder� s�lo respecto de las mercanc�as no declaradas.

"IV. Cuando con motivo del reconocimiento aduanero, del segundo reconocimiento o verificaci�n de mercanc�as en transporte, se descubran sobrantes de mercanc�as en m�s de un diez por ciento de lo manifestado en el pedimento o en la carta de porte cuando el pedimento no sea obligatorio, siempre que se trate de transportistas en v�as terrestres.

"V. Cuando se introduzcan dentro del recinto fiscal veh�culos de carga que transporten mercanc�as, sin el pedimento que corresponda para realizar el despacho de las mismas, o cuando dichos veh�culos no transporten mercanc�as y las puertas de acceso al compartimiento de carga no se encuentren abiertas al transitar por el recinto fiscal. En este �ltimo caso el embargo del veh�culo se efectuar� con el objeto de garantizar el pago de la multa que corresponda.

Se embargar�n precautoriamente los medios de transporte, sin incluir las mercanc�as que los mismos transporten, cuando con ellos se ocasionen da�os en los recintos fiscales, con el objeto de garantizar el pago de la multa que corresponda.

Como se advierte de lo dispuesto en el art�culo 121-B de la Ley Aduanera, el procedimiento previsto en el mismo resultaba aplicable cuando la autoridad aduanera, con motivo del ejercicio de sus facultades de comprobaci�n, en el caso en el que no procediera trabar un embargo de car�cter precautorio que diera lugar a la sustanciaci�n del procedimiento administrativo en materia aduanera (PAMA), advirtiera que el respectivo gobernado hab�a omitido alguna de sus obligaciones en tal materia, dando lugar a la existencia de un cr�dito fiscal.

En tal hip�tesis, la autoridad respectiva podr�a determinar los correspondientes cr�ditos fiscales sin necesidad de sustanciar el procedimiento administrativo en materia aduanera, pero aqu�llos tendr�an el car�cter de provisionales, pudiendo las autoridades aduaneras efectuar la determinaci�n definitiva en un plazo que no excediera de cuatro meses, contado a partir del d�a siguiente al en que hubiera surtido efectos la notificaci�n de la determinaci�n provisional. Adem�s, si en ese lapso no se efectuaba la determinaci�n definitiva, la provisional tendr�a ese car�cter.

Ante el contenido de tal precepto, se advierte que el mismo regula dos diversas hip�tesis normativas, una primera relativa a la emisi�n de un cr�dito fiscal de car�cter provisional, que puede pagarse por el contribuyente mediante un pago que adopta la misma naturaleza provisional.

Una segunda porci�n normativa que prev� el numeral en comento, es la relativa a la determinaci�n definitiva que respecto de tal cr�dito fiscal subsistir� en el mundo jur�dico, precis�ndose que la misma puede efectuarse por las autoridades competentes en un plazo que no exceda de cuatro meses posteriores a la notificaci�n del cr�dito provisional, o bien, que de no emitirse la determinaci�n definitiva en el referido lapso, tal car�cter adquirir� la determinaci�n provisional.

En tal virtud, el art�culo en comento regula dos diversas determinaciones aduaneras, la que finca cr�ditos fiscales provisionales y la que conlleva la definitividad de los mismos.

Ante ello, como se advierte del octavo concepto de violaci�n planteado por la quejosa, transcrito en las fojas de la sesenta y seis a la setenta y siete del presente fallo, resulta patente que la quejosa se limit� a controvertir la constitucionalidad de la primera porci�n normativa antes referida, se�alando, en esencia, que tal numeral le impide una defensa efectiva antes de que la autoridad le finque alg�n cr�dito fiscal, pues no existe una instancia de inconformidad que los contribuyentes puedan hacer valer en contra de los resultados obtenidos por las autoridades fiscales con motivo del ejercicio de la revisi�n de pedimentos de importaci�n, la cual pueda interponerse antes del fincamiento respectivo; situaciones que a juicio de la quejosa se actualizan en el presente caso, por la circunstancia de que durante el procedimiento que dio lugar a la emisi�n del oficio n�mero 326-A-7987 no se dio la oportunidad previa para que participara en �l.

Por otra parte, para corroborar cu�l es la porci�n normativa que se impugna en este juicio de garant�as, conviene precisar cu�l es la que fue aplicada en perjuicio de la quejosa en el acto administrativo reclamado, a saber, la resoluci�n expedida el seis de junio de mil novecientos noventa y cuatro por el administrador general de Aduanas, contenida en el oficio n�mero 326-A-7987. En tal determinaci�n se se�ala lo siguiente:

Visto el pedimento de importaci�n n�mero 3218-400005888 de fecha de entrada y de pago 10 de mayo de 1994, tramitado ante la Aduana de Nuevo Laredo, por el agente aduanal R.E.C. y R.L., patente n�mero 829 y autorizaci�n nacional para operar ante aduanas distintas a la de su adscripci�n n�mero 3218, en el cual fueron declarados, entre otros, los siguientes datos: Importador X.M., S.A. de C.V.; domicilio Xocongo 213, Col. Tr�nsito; ciudad/Edo. de M�xico, D.F.; RFC: XME870408PY3; tipo de operaci�n 1 (importaci�n); clave de pedimento A1 (definitiva); tipo de cambio 3.32230; facturas 300571 de 310394, emitida por Twin Dragon Marketing, Inc., domicilio 14600 South Broadway Gardens, California; marcas n�meros, total de bultos, S/M, S/N, 350 rollos; conocimientos, gu�a o veh�culos Nos. Caja SC216, sellos 1173688 y 1173689; valor moneda extranjera 63,696.55 Dlls.; valor en aduana N$212,283.00; pa�s vendedor G8 (Estados Unidos), pa�s de origen J6 (Hong Kong); descripci�n de mercanc�as: n�mero de orden 1, tejidos 100% algod�n te�idos, fracci�n arancelaria 5209.32.01, cantidad 7592.08 M, cantidad en unidad de la tarifa 8654.96 m2; n�mero de orden 2/4, tejidos de mezclilla fracci�n arancelaria 5209.42.01, cantidad 21998.17 M, cantidad en unidad de la tarifa 7466.9200 kg; contribuciones: ad valorem N$31,842.00 DTA (derecho de tr�mite aduanero), N$1,698.00; IVA (impuesto al valor agregado) N$24,582.00; total efectivo N$58,122.00 cantidad esta �ltima que coincide con el importe total que aparece impreso en el anverso del pedimento que se describe, por la caja de B.�rcito, S.N.C., operaci�n 32223 de 10 de mayo de 1994; observaciones: A. 1 T.D.. V.A., RD. No. 1, pa�s de origen Taiwan, 2/4 origen Hong Kong, se anexa factura comercial, Cert. de origen, especificaciones t�cnicas y declaraci�n de nuestro comitente; subdivisi�n art�culo 87, 3er. p�rrafo R.L.A. Al pedimento de importaci�n anteriormente descrito se acompa��, entre otra, la siguiente documentaci�n: Factura 300571 de 31 de marzo de 1994, emitida por Twin Dragon Marketing, Inc., a favor de la negociaci�n X.M., S.A. de C.V.; certificado de origen de 31 de marzo de 1994, expedido por la empresa Twin Dragon Marketing, Inc., departamento de exportaci�n. Sin embargo, de la documentaci�n que obra en el presente expediente, en concreto del oficio n�mero 314.94.3748 de fecha 6 de junio de 1994, emitido por el C. Director general de Pol�tica Industrial de la S.�a de Comercio y Fomento Industrial, se desprende que el certificado de origen sin n�mero de fecha 31 de marzo de 1994, al que se ha hecho referencia, fue emitido por la empresa Twin Dragon Marketing, Inc., que no es alguna de las cinco organizaciones en Hong Kong que han sido facultadas por el gobierno de ese lugar para expedir los certificados de origen, pues las �nicas cinco organizaciones autorizadas por el Gobierno de Hong Kong para expedir certificados de origen, son las que a continuaci�n se citan: The Hong Kong General Chamber of Commerce; Federation of Hong Kong Industries; The Indian Chamber of Commerce, Hong Kong; The Chinese Manufacturers Association of Hong Kong; The Chinese General Chamber of Commerce, es m�s, el certificado de origen en cuesti�n emitido por la empresa Twin Dragon Marketing, Inc., no coincide con alguno de los certificados de origen que expiden las referidas organizaciones autorizadas por el gobierno de Hong Kong, y a mayor abundamiento, del oficio de fecha ocho de abril de 1994, expedido por el Departamento de Comercio del Gobierno de Hong Kong, se desprende que las multicitadas cinco organizaciones y el Departamento de Comercio de dicho gobierno son los �nicos que expiden certificados de origen; de todo lo expuesto, esta autoridad, con fundamento en lo dispuesto por los art�culos 3o. y 4o. del C�digo F. de la F.�n; 72, fracciones XIX y XXVII, del Reglamento Interior de la S.�a de Hacienda y Cr�dito P�blico, en relaci�n con los art�culos 5o. A, 25, fracci�n I, inciso d), 36, 38, fracci�n I, inciso b), 41, 58, 64, 69, 116, fracciones II, XV, XVI y XVII, 121-B, 127, fracci�n I, 129, fracci�n I y dem�s relativos y aplicables de la Ley Aduanera, considera que en el presente caso no se exhibi� el certificado de origen de la mercanc�a descrita en el pedimento anteriormente mencionado y, por ende, no se acredit� el origen de los bienes al momento de tramitarse la operaci�n de comercio exterior al momento de tramitarse el mismo, raz�n por la cual se incumpli� con el art�culo 25, fracci�n I, inciso d), de la Ley Aduanera vigente en la �pocadelos hechos, incumpli�ndose de igual manera con el punto 11 de la resoluci�n de car�cter provisional que declara de oficio el inicio de la investigaci�n administrativa sobre las importaciones de diversos productos textiles, mercanc�as comprendidas en las fracciones arancelarias de las partidas 52.01 a la 52.12 y de 53.01 a la 53.11 de la tarifa de la Ley del Impuesto General de Importaci�n, originarias de la Rep�blica Popular China, independientemente del pa�s de procedencia, publicada en el Diario Oficial de la F.�n de 15 de abril de 1993, el cual establece que los importadores, consignatarios o mandatarios de la mercanc�a de referencia deber�n exhibir ante la aduana de entrada o de despacho que corresponda el certificado de origen correspondiente, a efecto de acreditar, en su caso, que los bienes son originarios de un pa�s, zona o regi�n distintos de la Rep�blica Popular China, en los t�rminos del art�culo 17 de la Ley Reglamentaria del Art�culo 131 de la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos en Materia de Comercio Exterior, tomando en cuenta, adem�s, lo dispuesto por el art�culo 89 de la Ley de Comercio Exterior publicada en el Diario Oficial de la F.�n el 27 de julio de 1993 que establece que las cuotas compensatorias se aplicar�n a partir del d�a siguiente de su publicaci�n en el Diario Oficial de la F.�n, as� como el art�culo cuarto transitorio de este �ltimo ordenamiento que dispone que los procedimientos administrativos que se encuentren en tr�mite al momento de su entrada en vigor, se resolver�n en los t�rminos de la Ley Reglamentaria del Art�culo 131 de la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos en Materia de Comercio Exterior, la cual en su art�culo 16 establec�a la obligaci�n de calcular en el pedimento de importaci�n correspondiente el monto de la cuota compensatoria causada y a pagarla, junto con los dem�s impuestos al comercio exterior, aun en el caso de que la S.�a de Comercio la hubiese determinado provisionalmente, por lo que debe estimarse que en la presente operaci�n de comercio exterior se omiti� el pago de la cuota compensatoria del 331% determinado en el punto ocho, apartado A, de la resoluci�n de car�cter provisional anteriormente citada, misma cuota que fue confirmada en el punto 54, apartado A, de la resoluci�n que revisa la diversa de car�cter provisional que decret� de oficio el inicio de la investigaci�n administrativa sobre las importaciones de hilados y tejidos de fibras sint�ticas. ... Por lo anteriormente expuesto y fundado, esta autoridad determina los siguientes cr�ditos fiscales: Primero. La empresa X.M., S.A. de C.V. y el agente aduanal R.C. y R.L. son responsables solidarios del pago de la cuota compensatoria por la cantidad de N$702,653.73, de conformidad con los razonamientos que han quedado expresados. Segundo. Por la infracci�n cometida por los sujetos responsables, se les impone una multa de N$1'053,985.00, de conformidad con lo dispuesto por los art�culos 127, fracci�n I, en relaci�n con el 129, fracci�n I, de la Ley Aduanera. Tercero. Los cr�ditos fiscales anteriormente determinados deber�n ser cubiertos debidamente actualizados con sus accesorios por los sujetos responsables de conformidad con los razonamientos y fundamentos que han quedado mencionados con anterioridad.

Del an�lisis de la anterior determinaci�n se advierte que la misma corresponde a la emitida con motivo de la revisi�n del pedimento de importaci�n n�mero 3218-400005888 de fecha de entrada y pago del diez de mayo de mil novecientos noventa y cuatro, es decir, que la misma constituye una determinaci�n de car�cter provisional.

En tal virtud, si en el acto administrativo antes transcrito �nicamente se aplic� la porci�n normativa que regula la determinaci�n de un cr�dito fiscal provisional y la quejosa en sus conceptos de violaci�n �nicamente se duele de que el numeral impugnado impide que se le escuche antes de la emisi�n de un cr�dito fiscal, como sucedi� en el caso concreto, debe concluirse que su demanda de amparo se endereza en contra de la porci�n normativa que faculta a las autoridades administrativas a fincar cr�ditos fiscales provisionales sin escuchar previamente a los afectados.

En ese tenor, en principio, debe analizarse si la posibilidad que otorga el art�culo 121-B de la Ley Aduanera a las autoridades competentes para emitir cr�ditos fiscales provisionales con motivo del ejercicio de sus facultades de comprobaci�n, se rige por la garant�a de audiencia, sin menoscabo de que al fijar la naturaleza de tal facultad se precise el alcance de las dos diversas porciones normativas contenidas en el propio precepto, por la estrecha relaci�n que guardan.

Al respecto, como lo se�ala la recurrente, destaca que la facultad conferida en el mencionado precepto legal no permite a las autoridades administrativas la emisi�n de un acto privativo, sino la de un acto de molestia, respecto del cual no rige la garant�a de audiencia previa consagrada en el p�rrafo segundo del art�culo 14 de la C.�n General de la Rep�blica.

En efecto, al disponer el legislador que con motivo del ejercicio de las facultades de comprobaci�n en materia aduanera, la autoridad competente podr� determinar de manera provisional los cr�ditos fiscales que correspondan, sin necesidad de sustanciar previamente alg�n procedimiento, ello no implica facultar a una autoridad para emitir un acto privativo sin el otorgamiento de la garant�a de previa audiencia, pues el respectivo cr�dito no tendr� los efectos de un acto privativo, ya que su finalidad no es, cuando menos en ese momento, la de desincorporar en definitiva de la esfera jur�dica del gobernado una prestaci�n patrimonial.

A tal conclusi�n se arriba tomando en cuenta que la determinaci�n provisional se encuentra sujeta a que las autoridades aduaneras emitan dentro de un plazo de cuatro meses, al realizar una nueva valoraci�n de los elementos de prueba en que hayan sustentado su determinaci�n provisional, o bien, de los que dentro del referido lapso la parte afectada aporte a la misma, una determinaci�n definitiva en la que modifiquen en alguna medida la resoluci�n provisional, o bien, se abstengan de emitir una nueva resoluci�n al estimar que los elementos de prueba valorados no modifican su determinaci�n provisional, adquiriendo �sta, como consecuencia del silencio de la autoridad, el car�cter de definitiva.

Ante tal disposici�n, en aras de corroborar la naturaleza provisional del cr�dito determinado, en t�rminos del primer p�rrafo del art�culo 121-B de la Ley Aduanera, no debe desconocerse que la circunstancia de que el legislador haya otorgado el car�cter de provisional al cr�dito fiscal determinado inicialmente y, adem�s, haya previsto un plazo de cuatro meses para que la autoridad emita una determinaci�n definitiva implica, necesariamente, la intenci�n del legislador de permitir a la autoridad aduanera revalorar los elementos de prueba que sustentaron su liquidaci�n inicial, existiendo la posibilidad de que modifique o incluso revoque la misma.

A�n m�s, si el legislador no impidi� expresamente al gobernado ofrecer los elementos de prueba que puedan desvirtuar la determinaci�n provisional que genera una molestia a su esfera jur�dica, y a la vez fij� un plazo entre la emisi�n de �sta y una diversa que decidir� en definitiva la situaci�n del afectado, tal omisi�n no debe interpretarse como un silencio del legislador que impide al gobernado aportar dentro del mismo los elementos de prueba que estime conducentes, sino como un vac�o legislativo que debe llenarse atendiendo al principio general derivado del art�culo 14, p�rrafo segundo, constitucional, consistente en que antes de la emisi�n de todo acto privativo, la autoridad competente debe escuchar a la parte afectada.

En tal virtud, la circunstancia de que la liquidaci�n provisional se pueda tornar en definitiva, aparentemente por el simple transcurso del tiempo, no implica que aqu�lla tenga la misma naturaleza que �sta ni que, por ende, haya sido voluntad del legislador permitir a la respectiva autoridad aduanera emitir la determinaci�n definitiva sin haber escuchado previamente al afectado.

Por ende, al constituir un acto provisional, la facultad otorgada a las autoridades aduaneras para fincar cr�ditos provisionales con motivo del ejercicio de sus potestades de comprobaci�n no se rige por la garant�a de audiencia previa, por lo que debe revocarse la determinaci�n adoptada en el fallo recurrido y negarse la protecci�n solicitada.

NOVENO

Por otra parte, debe estimarse que resulta infundado lo que se alega en la parte final del quinto agravio que se analiza, en atenci�n a las siguientes consideraciones.

Seg�n qued� apuntado con anterioridad, en la resoluci�n de seis de junio de mil novecientos noventa y cuatro se sanciona a la quejosa con la imposici�n de una multa por la cantidad de N$1'053,985.00 (un mill�n cincuenta y tres mil novecientos ochenta y cinco nuevos pesos 00/100 M.N.), en t�rminos de lo previsto por el art�culo 129, fracci�n I, de la Ley Aduanera.

Dicho dispositivo legal se�ala:

Art�culo 129. Se aplicar�n las siguientes sanciones a quien cometa las infracciones establecidas por el art�culo 127: I.M. equivalente a un tanto y medio de los impuestos omitidos, o en su caso, de las cuotas compensatorias omitidas, cuando no se haya cubierto lo que correspond�a pagar. Cuando la infracci�n a que se refiere esta fracci�n sea cometida por pasajeros, se impondr� una multa equivalente a cuatro tantos del valor comercial de la mercanc�a, salvo que se haya ejercido la opci�n a que se refiere la fracci�n I del art�culo 28 de esta ley, en cuyo caso, la multa ser� el equivalente a un tanto y medio de dicho valor comercial. Previamente a la imposici�n de la multa a que se refiere el p�rrafo que antecede, la S.�a de Hacienda y Cr�dito P�blico, deber� escuchar al agente o apoderado aduanal que hubiera formulado la consulta, en una comisi�n integrada por lo menos por tres agentes aduanales, adem�s del interesado.

Como se ve, tal ordenamiento legal autoriza la imposici�n de una multa fija equivalente a un tanto y medio del impuesto o de la cuota compensatoria cuyo pago se haya omitido, sin establecer reglas adecuadas para que las autoridades impositoras tengan la posibilidad de fijar su monto o cuant�a, tomando en cuenta la gravedad de la infracci�n, la capacidad econ�mica del infractor, la reincidencia de �ste en la conducta que la motiva y, en fin, todas aquellas circunstancias que tiendan a individualizar dicha sanci�n, lo cual, como bien lo determin� el Juez de Distrito, resulta contrario al texto del art�culo 22 de la C.�n Federal, tal como lo ha sostenido esta Suprema Corte de Justicia de la Naci�n en la jurisprudencia n�mero 10/95 y tesis n�mero X/95, visibles, respectivamente, en la p�gina 19 del T.I., julio de 1995, Novena �poca del Semanario Judicial de la F.�n y su Gaceta, y p�gina 21 del N�mero 86-2, febrero de 1995, Octava �poca de la Gaceta del Semanario Judicial de la F.�n, que a la letra dicen:

"MULTAS FIJAS. LAS LEYES QUE LAS ESTABLECEN SON INCONSTITUCIONALES. Esta Suprema Corte ha establecido que las leyes, al establecer multas, deben contener las reglas adecuadas para que las autoridades impositoras tengan la posibilidad de fijar su monto o cuant�a, tomando en cuenta la gravedad de la infracci�n, la capacidad econ�mica del infractor, la reincidencia de �ste en la conducta que la motiva y, en fin, todas aquellas circunstancias que tiendan a individualizar dicha sanci�n, obligaci�n del legislador que deriva de la concordancia de los art�culos 22 y 31, fracci�n IV, de la C.�n Federal, el primero de los cuales proh�be las multas excesivas, mientras el segundo aporta el concepto de proporcionalidad. El establecimiento de multas fijas es contrario a estas disposiciones constitucionales, por cuanto al aplicarse a todos por igual, de manera invariable e inflexible, propicia excesos autoritarios y tratamiento desproporcionado a los particulares."

MULTAS EXCESIVAS. EL SISTEMA QUE ESTABLECE SU IMPOSICI�N EN PORCENTAJES FIJOS VIOLA EL ART�CULO 22 CONSTITUCIONAL. Para que una ley respete la prohibici�n contenida en el art�culo 22 de la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, relativa a la imposici�n de multas excesivas, es necesario que establezca un sistema en el que la autoridad sancionadora est� en aptitud de tomar en cuenta la gravedad de la infracci�n cometida, el grado de responsabilidad en la conducta omitida o prohibida, y las condiciones econ�micas del infractor, a fin de que pueda determinar razonablemente, en cada caso concreto, el monto de la multa que aqu�l amerite, atendiendo a dichas circunstancias; de lo contrario, con un sistema de imposici�n de sanciones en porcentajes fijos, la individualizaci�n de la multa no se consigue, toda vez que cualquiera que sea la conducta omitida o realizada, el porcentaje de la sanci�n ser� siempre, para todos los casos, invariable, lo que da lugar a la imposici�n de multas excesivas, contraviniendo el art�culo 22 constitucional.

No se opone a lo anterior, lo que se alega en el agravio que se analiza, pues, por una parte, debe se�alarse que, en la especie, no se discute ninguna cuesti�n relativa a la garant�a de audiencia y, por otra, los extremos a que aluden la jurisprudencia y tesis citadas no se colman por el hecho de fijar la multa tomando como base el monto del cr�dito determinado, circunstancia que, por el contrario, dado lo antes expuesto, hace manifiesta la inconstitucionalidad del art�culo 129, fracci�n I, de la Ley Aduanera vigente hasta el treinta y uno de marzo de mil novecientos noventa y seis.

D�CIMO

En cuanto a lo alegado por la autoridad recurrente en el sexto punto de sus agravios, de conformidad con lo previsto en los art�culos 85, fracci�n II y 92 de la Ley de Amparo, debe reservarse jurisdicci�n al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito en turno, a fin de que estudie y resuelva las cuestiones ah� planteadas, toda vez que �stas se reducen a temas de legalidad en relaci�n con la fundamentaci�n y motivaci�n de las resoluciones de quince de abril y primero de octubre de mil novecientos noventa y tres por las que autoridades de la S.�a de Comercio y Fomento Industrial determinan la existencia de pr�cticas desleales de comercio internacional y fijan cuotas compensatorias.

D�CIMO PRIMERO

Una vez concluido el an�lisis de los agravios vertidos por la autoridad recurrente, a continuaci�n se aborda el de los planteados por la quejosa, no sin antes se�alar que en el estudio de los planteamientos respectivos, provengan de �sta o de la autoridad responsable, el �rgano de control constitucional, en aras de una administraci�n de justicia que se acerque en la mayor medida posible a la verdad material, no debe exigir el cumplimiento de formulismos rigoristas que carecen de sustento legal, por lo que para realizar su an�lisis basta que se controviertan las consideraciones respectivas y que se precise, en t�rminos generales, cu�l es la lesi�n o agravio que las respectivas consideraciones le provocan, as� como los motivos que generan esta afectaci�n. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis jurisprudencial que lleva por rubro, texto y datos de identificaci�n los siguientes:

"AGRAVIOS EN RECURSOS INTERPUESTOS DENTRO DEL JUICIO DE AMPARO. PARA QUE SE ESTUDIEN BASTA CON EXPRESAR EN EL ESCRITO RELATIVO, RESPECTO DE LAS CONSIDERACIONES QUE SE CONTROVIERTEN DE LA RESOLUCI�N IMPUGNADA, LA CAUSA DE PEDIR. Tomando en cuenta lo dispuesto en la tesis jurisprudencial 2a./J. 63/98, visible en el Semanario Judicial de la F.�n y su Gaceta, T.V., septiembre de 1998, p�gina 323, cuyo rubro es 'CONCEPTOS DE VIOLACI�N. PARA QUE SE ESTUDIEN, BASTA CON EXPRESAR CLARAMENTE EN LA DEMANDA DE GARANT�AS LA CAUSA DE PEDIR.', esta Suprema Corte de Justicia arriba a la conclusi�n de que los agravios que se hagan valer dentro de los recursos que prev� la Ley de Amparo no necesitan cumplir con formalidades r�gidas y solemnes, ya que, por una parte, los diversos preceptos de este ordenamiento que regulan los referidos medios de defensa no exigen requisitos para su formulaci�n y, por otra, el escrito a trav�s del cual se hagan valer �stos debe examinarse en su conjunto, por lo que ser� suficiente que en alguna parte de �ste se exprese con claridad la causa de pedir, se�al�ndose cu�l es la lesi�n o agravio que las respectivas consideraciones le provocan, as� como los motivos que generan esta afectaci�n, para que el �rgano revisor deba analizarlos; debiendo precisarse que esta conclusi�n �nicamente exime al recurrente de seguir determinado formalismo al plantear los agravios correspondientes, mas no de controvertir el c�mulo de consideraciones que por su estructura l�gica sustentan la resoluci�n recurrida, o, en su caso, las circunstancias de hecho que afectan la validez de esta �ltima." (Novena �poca, Pleno, Semanario Judicial de la F.�n y su Gaceta, T.X., agosto de 2000, tesis P./J. 69/2000, p�gina 5).

Precisado lo anterior, destaca que en sus agravios la parte quejosa sostiene, en s�ntesis:

  1. En el fallo recurrido se omite abordar el planteamiento relativo al indebido uso de facultades extraordinarias que realiza el Ejecutivo de la Uni�n, en t�rminos de lo dispuesto en los art�culos 49 y 131 constitucionales, pues lo respondido en el fallo al primer concepto de violaci�n no guarda una relaci�n l�gica con lo aducido en �ste. Adem�s, el punto medular del planteamiento inicial se refiri� a la naturaleza de las facultades extraordinarias que alude el citado art�culo 49, en relaci�n con el diverso 131, sin que ello se haya agotado intelectivamente en el fallo recurrido.

  2. Al pretender responder al primer concepto de violaci�n el juzgador de garant�as hace referencia a una supuesta colaboraci�n de poderes en trat�ndose de la aplicaci�n de cuotas compensatorias; sin embargo, tal colaboraci�n no se encuentra prevista en ning�n precepto de la propia C.�n General, ni puede encontrarse, dado que la N.F. se basa en el principio de separaci�n de poderes y no en el diverso de colaboraci�n que �nicamente rige en un r�gimen parlamentario; de ah� que el desarrollo subsecuente elaborado por el Juez de Distrito no obedece a deducciones aplicables al caso.

  3. En el fallo impugnado no se colm� el estudio del sexto concepto de violaci�n, pues desde la propia demanda de garant�as se arguy� la deficiencia de la citada ley reglamentaria y de su reglamento al no prever una adecuada definici�n de los criterios calificadores, por no ser puntuales ni precisos sobre los conceptos aplicables. Incluso, no asiste la raz�n al juzgador de garant�as cuando afirma que las definiciones establecidas en el cap�tulo del Reglamento contra Pr�cticas Desleales de Comercio Internacional se contienen las definiciones, alcance y contenido de los diversos conceptos que en la demanda se sostuvo eran imprecisos, destacando que en el referido reglamento las definiciones realizadas son deficientes desde el punto de vista jur�dico o econ�mico e incluso constituyen verdaderas peticiones de principio.

  4. En el d�cimo s�ptimo considerando de la sentencia recurrida se remite al considerando d�cimo cuarto de la misma, como si efectivamente se hubiera resuelto en aquellas consideraciones lo planteado por la quejosa.

  5. En la sentencia recurrida el juzgador de garant�as no resuelve la cuesti�n planteada consistente en que la legislaci�n ordinaria no puede delegar las funciones reservadas constitucionalmente al Ejecutivo, pues con ello se estar�a contrariando lo dispuesto en los art�culos 49 y 131 constitucionales; adem�s, al contrario de lo sostenido en el fallo impugnado, las resoluciones emitidas por la S.�a de Comercio y Fomento Industrial en materia depr�cticasdesleales de comercio internacional s� constituyen disposiciones de observancia general, por lo que debe estimarse que su emisi�n s� constituye una transgresi�n de los referidos preceptos constitucionales.

    En relaci�n con los referidos agravios, en los que se atribuyen vicios formales al fallo recurrido, debe considerarse que los mismos resultan fundados, en tanto que, como se demuestra a continuaci�n, en la sentencia impugnada no se abordaron en forma congruente los conceptos de violaci�n que se identifican en la demanda como primero, cuarto, quinto, sexto y s�ptimo, en los que se desarrollan razonamientos l�gico-jur�dicos que guardan una estrecha relaci�n.

    De la lectura del libelo de garant�as se advierte que en los conceptos de violaci�n marcados como primero, cuarto, quinto, sexto y s�ptimo, la quejosa medularmente sostuvo:

    1. La Ley Reglamentaria del Art�culo 131 de la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos y las diversas disposiciones que emanan de la misma transgreden lo dispuesto en los art�culos 16, 31, fracci�n IV, 49 y 131 constitucionales, ya que en aquel ordenamiento se otorga al secretario de Comercio y Fomento Industrial la facultad necesaria para determinar la existencia de pr�cticas desleales de comercio internacional, y conforme a los dos �ltimos preceptos citados, tal potestad �nicamente puede ejercerse por el presidente de la Rep�blica, titular del Ejecutivo Federal, por lo que el Congreso est� impedido para delegar facultades extraordinarias a un diverso servidor p�blico. En el caso de las facultades conferidas al Ejecutivo en t�rminos del art�culo 131, p�rrafo segundo, constitucional, las mismas conllevan la emisi�n de disposiciones de observancia general, por lo que cualquiera de ellas tienen materialmente el rango de ley y �nicamente pueden ser expedidas por el presidente de la Rep�blica en uso de la delegaci�n de facultades (primer concepto de violaci�n).

    2. La citada ley reglamentaria viola el art�culo 131 constitucional, en tanto que la delegaci�n de facultades realizada en aqu�lla se realiza en forma ilimitada y por tiempo indefinido, cuando la delegaci�n de facultades extraordinarias debe realizarse en v�a de excepci�n y por un tiempo restringido, pues de lo contrario, dejar�an de ser extraordinarias para convertirse en ordinarias, de lo contrario, la facultad legislativa delegada en t�rminos del citado numeral implicar�a una sustituci�n del Ejecutivo por el Legislativo, teniendo lugar el ejercicio indiscriminado de una facultad legislativa que est� reservada al Congreso Federal (cuarto concepto de violaci�n).

    3. La Ley Reglamentaria del Art�culo 131 de la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos transgrede las garant�as de legalidad y seguridad jur�dica, dado que dentro de las facultades legislativas extraordinarias previstas en el art�culo 131 de la N.F., no se encuentra prevista la relativa a que el presidente de la Rep�blica pueda determinar la existencia de pr�cticas desleales de comercio internacional y mucho menos la de imponer cuotas compensatorias, por lo que el Congreso de la Uni�n no puede, v�lidamente, depositar en el presidente de la Rep�blica o en alguna otra autoridad administrativa la atribuci�n de emitir disposiciones de observancia general como lo son el establecimiento de cuotas compensatorias. Al efecto, debe estimarse que la enumeraci�n de facultades realizada en el mencionado art�culo 131, p�rrafo segundo, debe entenderse en formal limitada y restringida, sin que sea v�lido que se d� una extensi�n ilimitada a los supuestos en los que la autoridad administrativa puede expedir normas de car�cter general, abstractas e impersonales, pues lo contrario implicar�a una interpretaci�n incorrecta del art�culo 49 constitucional, d�ndose una delegaci�n interminable e inagotable de facultades extraordinarias a favor del Ejecutivo Federal (quinto concepto de violaci�n).

    4. Las diversas disposiciones contenidas en la Ley Reglamentaria del Art�culo 131 de la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos en Materia de Comercio Exterior, as� como en el Reglamento contra Pr�cticas Desleales de Comercio Internacional no establecen con precisi�n el contenido y alcance de las hip�tesis normativas aplicables, vulnerando las garant�as de legalidad y seguridad jur�dica previstas en los art�culos 14 y 16 de la propia C.�n; m�xime que trat�ndose del ejercicio de facultades extraordinarias la ley respectiva debe se�alar con toda precisi�n el contenido, los alcances y efectos de todos y cada uno de los elementos, t�rminos y expresiones que integran las hip�tesis normativas que determinan la existencia de pr�cticas desleales de comercio internacional. En efecto, la ley y el reglamento citados no prev�n con claridad la definici�n de pr�ctica desleal de comercio internacional, ni de costo de producci�n. No se�alan c�mo se determina este �ltimo, c�mo se calcula la utilidad y c�mo debe cuantificarse el margen razonable de la misma, tampoco se precisan los conceptos de gastos de transportaci�n y venta, as� como mediante qu� procedimientos deber�n ser calculados por las autoridades administrativas. En la ley impugnada se genera mayor incertidumbre al se�alar que la amenaza de da�o a la producci�n nacional que provoquen las importaciones tambi�n ser� sancionable, aunado a que no se define qu� debe entenderse por amenaza de da�o. Igualmente, el art�culo 1o., fracci�n VIII, del citado reglamento, al pretender definir el concepto de da�o a la producci�n nacional, transgrede el principio de seguridad jur�dica al no precisar qu� es o c�mo se cuantifica la p�rdida o menoscabo patrimonial, ni en qu� consiste una ganancia l�cita y normal, ni qu� productores son representativos de una parte significativa de la producci�n nacional. Incluso, el mismo numeral parte de una situaci�n contingente como lo es el "puedan sufrir" (sexto concepto de violaci�n).

    5. La cuota compensatoria impuesta a la quejosa es conculcatoria de las garant�as de legalidad y seguridad jur�dica consagradas en los art�culos 16 y 31, fracci�n IV, de la C.�n General de la Rep�blica, dado que el presidente de la Rep�blica y el Congreso de la Uni�n transgredieron lo dispuesto en el art�culo 131, p�rrafo segundo, de la propia N.F., en tanto que ni aqu�l rindi� un informe sobre el ejercicio de las facultades delegadas en t�rminos de ese numeral, ni �ste aprob� lo propio, respecto de las cuotas establecidas en las respectivas resoluciones provisional y definitiva, como deriva del contenido del diario de debates de la C�mara de Diputados, con motivo del informe que en esta materia fue presentado por el presidente de la Rep�blica, y tal como se desprende de la Ley de Ingresos de la F.�n para el ejercicio fiscal de 1994, el Ejecutivo Federal en ning�n tiempo someti� a la aprobaci�n del Poder Legislativo, ni �ste aprob� el uso de la facultad delegada en el art�culo 1o., fracci�n II, inciso c), de la Ley Reglamentaria del Art�culo 131 C.onal (s�ptimo concepto de violaci�n).

    Para dar respuesta al c�mulo de planteamientos antes sintetizados, en los considerandos d�cimo quinto, d�cimo sexto y d�cimo s�ptimo de la sentencia recurrida, se sostuvo, en esencia:

  6. Las cuotas compensatorias no fueron creadas exclusivamente por el presidente de la Rep�blica o el secretario de Comercio y Fomento Industrial en uso de una facultad extraordinaria delegada por el Congreso de la Uni�n, sino en virtud de una colaboraci�n de poderes, tal como se desprende de los p�rrafos introductorios de la Ley Reglamentaria del Art�culo 131 de la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos en Materia de Comercio Exterior, conforme a los cuales tanto el Congreso de la Uni�n como el presidente de la Rep�blica, en t�rminos de lo previsto en el art�culo 73, fracci�n XXIX-A, apartado 1o. y 131 de la propia N.F. tienen facultades para crear cuotas compensatorias; en tanto que por lo que ve a la participaci�n del secretario de Comercio y Fomento Industrial cabe se�alar que aun cuando la referida ley reglamentaria precisa que a �l corresponde establecer las cuotas compensatorias, su funci�n no implica la creaci�n de un tributo, ni el uso de una delegaci�n de facultades legislativas, sino �nicamente determinar o liquidar el monto de las cuotas compensatorias cuando de las investigaciones que realice advierta la existencia de una pr�ctica desleal de comercio internacional, para lo cual deber� ce�irse a lo que dispone la referida ley sobre los elementos de las cuotas compensatorias, de tal modo que no queda margen para que esta �ltima autoridad arbitrariamente fije el monto de las cuotas compensatorias, ya que la misma debe someterse a los pasos o procedimientos y reglas generales correspondientes; m�xime que la ley en comento prev� el sujeto, objeto, base, cuotas y �poca de pago de las referidas cuotas (considerando d�cimo quinto).

  7. Es fundado pero inoperante el sexto concepto de violaci�n aducido por la quejosa, pues aun cuando es cierto que ni la ley ni el reglamento impugnados definen el alcance y contenido de los diversos conceptos que menciona la peticionaria de garant�as, ello no es suficiente para conceder la protecci�n constitucional, dado que el reglamento impugnado contiene un cap�tulo de definiciones en el que se establecen el contenido, los alcances y los efectos de diversos elementos, t�rminos y expresiones que se estiman importantes para determinar la existencia de pr�cticas desleales de comercio internacional, con lo que se evita que las autoridades administrativas determinen la existencia de una pr�ctica de esa naturaleza con criterios subjetivos y arbitrarios, por lo que no se transgreden las garant�as de legalidad y seguridad jur�dica, pues es evidente que no se pueden definir todas y cada una de las expresiones que se citan en la ley. Adem�s no se hace consideraci�n alguna en relaci�n con los argumentos vertidos sobre el uso de la facultad legislativa extraordinaria por parte del presidente de la Rep�blica o el secretario de Comercio y Fomento Industrial, dado que ninguna de tales autoridades utiliz� la referida facultad, como se precisa en el considerando anterior (considerando d�cimo sexto).

  8. Resulta infundado el concepto de violaci�n relativo a que las cuotas compensatorias determinadas en las resoluciones reclamadas transgreden el art�culo 131 constitucional al no haberse rendido el informe a que se refiere el p�rrafo segundo de este �ltimo numeral, pues las resoluciones impugnadas no se emitieron con apoyo en la facultad prevista en el mencionado p�rrafo segundo (considerando d�cimo s�ptimo).

    Por principio, como se advierte del an�lisis relacionado de las consideraciones antes sintetizadas, en ellas se sostiene que las cuotas compensatorias fueron "creadas" en virtud de una colaboraci�n entre el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo, se�al�ndose que ambos tienen facultades para crear cuotas compensatorias en t�rminos de lo previsto en el art�culo 131 constitucional, primer argumento que genera incertidumbre sobre a qu� autoridad corresponde, conforme a las consideraciones impugnadas, el ejercicio de tales facultades y sobre si las mismas se ejercieron o no en la creaci�n de las cuotas compensatorias impugnadas; a�n m�s, en las propias consideraciones no se precisa en qu� momento o en qu� t�rminos colabor� el presidente de la Rep�blica con el Congreso de la Uni�n para la creaci�n de las cuotas compensatorias, lo que incluso da lugar a que en la sentencia recurrida no se se�ale en qu� t�rminos se ejerci� la facultad prevista en el art�culo 131 constitucional, aun cuando en ella se haga menci�n a que el presidente de la Rep�blica tiene facultades para crear las cuotas compensatorias en t�rminos de lo dispuesto en este �ltimo numeral. Incluso, como lo sostiene la quejosa, las consideraciones del fallo recurrido se tornan incongruentes cuando en las mismas se llega a sostener que el presidente de la Rep�blica no utiliz� las facultades extraordinarias en comento, pero que s� puede crear las referidas cuotas, al tenor del art�culo 131 constitucional.

    Ahora bien, en relaci�n con el primer concepto de violaci�n, en ning�n momento se abordan o expresan las consideraciones que desestimen los argumentos de la quejosa, relativos a que la facultad que se confiere al titular de la S.�a de Comercio y Fomento Industrial conlleva la creaci�n de disposiciones de observancia general, pues al respecto �nicamente se se�ala que la participaci�n de �ste se traduce en la liquidaci�n o determinaci�n de un tributo e, incluso, se desestima lo previsto en la ley reglamentaria en an�lisis, sin precisar porqu� se trata de un acto de esa naturaleza y no de una disposici�n de observancia general como lo reiter� la quejosa.

    En tal virtud, como lo sostiene esta �ltima, en el considerando d�cimo quinto se omite abordar planteamientos contenidos en el primero de sus conceptos de violaci�n y se emiten conclusiones que en otros considerandos de la sentencia se contradicen, lo que da lugar a que al respecto no se aborde la cuesti�n efectivamente planteada, pues no existe un pronunciamiento definitivo donde se precise si el Ejecutivo ejerci� o no las facultades extraordinarias a que se refiere el art�culo 131 constitucional y, menos a�n, si ello fue debido o indebido, atendiendo a lo previsto en los art�culos 49 y 131 constitucionales; tampoco se hace referencia a la naturaleza de tales facultades. Incluso, en cuanto a la colaboraci�n de poderes que se menciona en el fallo no se expresa el fundamento constitucional de la misma, sino que se basa en lo dispuesto en la ley impugnada, de donde la quejosa cuestiona la posibilidad constitucional de su existencia.

    En adici�n a lo anterior, en relaci�n con el cuarto concepto de violaci�n, se advierte que al no precisarse por qu� autoridades y en qu� t�rminos se ejercieron las facultades previstas en el art�culo 131 constitucional, y se�alarse al respecto �nicamente que en las resoluciones reclamadas no se ejerci� alguna potestad derivada de este numeral, pero que el presidente s� tiene facultades para crear cuotas compensatorias al tenor de este numeral, no se contestan los conceptos de violaci�n relativos a si las mismas pueden ejercerse �nicamente por este servidor p�blico, o si es v�lido que la autorizaci�n respectiva sea por tiempo indefinido, ya que en el fallo recurrido no existe un pronunciamiento congruente sobre el uso que se realiz� de la facultad extraordinaria prevista en el mencionado art�culo 131.

    Por otra parte, en relaci�n con lo argumentado en el fallo controvertido, en cuanto al respeto de los principios de legalidad y seguridad jur�dica, asiste plenamente la raz�n a la quejosa recurrente, pues, por un lado, en aqu�l se sostiene que ni la ley ni el reglamento citados prev�n las definiciones y, enseguida, se aduce que en este �ltimo se dan �stas, en la medida necesaria para evitar la actuaci�n arbitraria de las autoridades y, por otro lado, en las consideraciones que dan respuesta al planteamiento sobre la indefinici�n de diversos conceptos, no se aborda el estudio de ninguno de ellos, sino que en forma general se sostiene que las definiciones del reglamento son suficientes, m�xime que no es necesario definir todas y cada una de las expresiones que se citan en la ley.

    Por �ltimo, respecto de los argumentos que se dan en el considerando d�cimo s�ptimo del fallo recurrido, en relaci�n con la falta de informe del presidente al Congreso de la Uni�n sobre la facultad ejercida, si en el considerando d�cimo quinto no se abord� en forma congruente y a cabalidad lo planteado en los respectivos conceptos de violaci�n, en v�a de consecuencia, la respuesta que se da en aqu�l tampoco puede estimarse como una respuesta congruente con lo planteado.

    En tal virtud, ante las imprecisiones del estudio realizado en el fallo recurrido y, en su caso, las omisiones advertidas, este Alto Tribunal, en t�rminos de lo previsto en el art�culo 91, fracci�n I, de la Ley de Amparo, debe abordar el an�lisis de los argumentos desarrollados en los conceptos de violaci�n identificados en el libelo de garant�as con los n�meros primero, cuarto, quinto, sexto y s�ptimo, los que, por su estrecha relaci�n, se abordan a continuaci�n en forma conjunta, al tenor de lo establecido en el diverso 78 del �ltimo ordenamiento citado.

    Por principio, para dar respuesta a los referidos conceptos de violaci�n, no puede desconocerse que la facultad de establecer y determinar cuotas compensatorias, atribuciones radicalmente diversas, se reg�an, al emitirse los actos reclamados a trav�s del presente juicio de garant�as, por la denominada "Ley Reglamentaria del Art�culo 131 de la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos en Materia de Comercio Exterior", contempl�ndose la primera de tales potestades, la de establecer, crear o fijar cuotas compensatorias, como una facultad cuyo ejercicio se deb�a realizar al tenor del art�culo 131 constitucional.

    Por ende, en primer lugar, debe precisarse el alcance de lo previsto en este dispositivo constitucional, lo que permitir� conocer qu� facultades son las que asisten al Congreso de la Uni�n en materia de comercio exterior y, conforme a tal numeral, cu�les puede delegar en forma extraordinaria al Ejecutivo Federal.

    El art�culo 131 de la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos dispone:

    Art�culo 131. Es facultad privativa de la F.�n gravar las mercanc�as que se importen o exporten, o que pasen de tr�nsito por el territorio nacional, as� como reglamentar en todo tiempo y aun prohibir, por motivos de seguridad o de polic�a, la circulaci�n en el interior de la Rep�blica de toda clase de efectos, cualquiera que sea su procedencia; pero sin que la misma F.�n pueda establecer, ni dictar, en el Distrito Federal, los impuestos y leyes que expresan las fracciones VI y VII del art�culo 117. El Ejecutivo podr� ser facultado por el Congreso de la Uni�n para aumentar, disminuir o suprimir las cuotas de las tarifas de exportaci�n e importaci�n, expedidas por el propio Congreso, y para crear otras; as� como para restringir y para prohibir las importaciones, las exportaciones y el tr�nsito de productos, art�culos y efectos, cuando lo estime urgente, a fin de regular el comercio exterior, la econom�a del pa�s, la estabilidad de la producci�n nacional, o de realizar cualquier otro prop�sito, en beneficio del pa�s. El propio Ejecutivo al enviar al Congreso el presupuesto fiscal de cada a�o, someter� a su aprobaci�n el uso que hubiese hecho de la facultad concedida.

    De la lectura integral de este dispositivo constitucional, tomando en cuenta que un �rgano solamente puede delegar las facultades que son de su competencia, se advierte que al Congreso de la Uni�n, como �rgano legislativo de la F.�n y en forma privativa, se atribuyen en sede constitucional las facultades necesarias para:

  9. Ejercer su potestad tributaria, en sus diversas expresiones, respecto de la importaci�n y exportaci�n de mercanc�as, reiter�ndose lo dispuesto en el art�culo 73, fracci�n XXIX, inciso 1o., de la propia N.F.; y,

  10. Regular en todo momento la importaci�n y exportaci�n de mercanc�as, pudiendo incluso restringir o prohibir tales operaciones comerciales respecto de determinados productos, as� como reglamentar en el interior de la Rep�blica la circulaci�n de toda clase de efectos, todo ello con el objeto de establecer un marco jur�dico que a la vez de acotar la actuaci�n de las autoridades administrativas, dote a �stas de los instrumentos necesarios que permitan encauzar las operaciones de comercio exterior en beneficio de la econom�a del pa�s, la estabilidad de la producci�n nacional y cualquier otro prop�sito ben�fico para la Rep�blica.

    Por otra parte, respecto de las referidas facultades legislativas, en el propio numeral se permiti� alCongreso dela Uni�n delegar al Ejecutivo Federal las necesarias para:

  11. Ejercer la potestad tributaria, en sus diversas expresiones, respecto de las importaciones y exportaciones de mercanc�as; y,

  12. Restringir y prohibir las importaciones, las exportaciones y el tr�nsito de productos, cuando el propio Ejecutivo lo estime urgente, con el fin de regular el comercio exterior, la econom�a del pa�s, la estabilidad de la producci�n nacional o realizar cualquier otro prop�sito en beneficio del pa�s.

    Ahora bien, para precisar cu�l es la naturaleza de las facultades que el Congreso de la Uni�n puede delegar al Ejecutivo Federal, es necesario acudir a la interpretaci�n causal y teleol�gica del p�rrafo segundo del dispositivo en comento.

    Al respecto, cabe se�alar que en el amparo en revisi�n 2046/97, resuelto el diecis�is de mayo del a�o dos mil por el Pleno de esta Suprema Corte de Justicia, por unanimidad de once votos y bajo la ponencia del se�or Ministro J. D�az R., para fijar el alcance de la norma constitucional en comento se acudi� a lo expresado en el dictamen realizado por la C�mara de Diputados, respecto de la iniciativa que dio lugar a la adici�n del p�rrafo segundo del art�culo 131 constitucional, llegando a las siguientes conclusiones:

    "... Del precepto de la Ley Fundamental supracitado deriva que en concordancia con lo dispuesto en los art�culos 50 y 73, fracciones IX, X y XXIX, punto 1o., de la propia C.�n, se establece que corresponde al Congreso de la Uni�n legislar en materia de comercio exterior, estableciendo contribuciones que graven la importaci�n o exportaci�n de mercanc�as y reglamentar o aun prohibir, por motivos de seguridad o de polic�a, la circulaci�n de toda clase de efectos sin importar su procedencia.

    "Por otro lado, el segundo p�rrafo del art�culo que se analiza, establece la facultad que tiene el Congreso de la Uni�n para conferir al Ejecutivo de la Uni�n la potestad de: aumentar, disminuir o suprimir las cuotas de las tarifas de exportaci�n e importaci�n previamente establecidas por el Congreso de la Uni�n, o bien, para crear otras.

    "Asimismo, dispone que el Ejecutivo podr� restringir o prohibir las importaciones, las exportaciones y el tr�nsito de productos, art�culos y efectos, todo ello con el prop�sito de regular el comercio exterior, la econom�a nacional o de obtener un beneficio para el pa�s.

    "La facultad del Congreso de la Uni�n para establecer contribuciones como son las tarifas arancelarias a que se alude en el primer p�rrafo del art�culo 131 de la C.�n Federal, constituye lo que la doctrina ha denominado potestad financiera o potestad tributaria del Estado que, como se dijo, corresponde originariamente al �rgano legislativo. Dicha atribuci�n puede ser, en t�rminos del citado p�rrafo segundo, delegada a favor del Ejecutivo Federal a quien corresponde el equilibrio de la balanza econ�mica del pa�s.

    Respecto a la delegaci�n de facultades al Ejecutivo de la Uni�n, conviene citar parte del dictamen que formularon las comisiones dictaminadoras con motivo de la iniciativa del presidente de la Rep�blica para adicionar el multirreferido segundo p�rrafo del art�culo 131 de la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, cuya lectura se efectu� al celebrarse la sesi�n del d�a doce de diciembre de mil novecientos cincuenta en el seno de la C�mara de Diputados. Sobre el particular se dijo (se transcribe la parte relativa). ... De lo anterior deriva que la delegaci�n de facultades en el Ejecutivo Federal tuvo como raz�n, conferir al Ejecutivo Federal la potestad de un poder tributario delegado a efecto de que estuviera en posibilidad de crear, modificar o suprimir tarifas arancelarias y autorizarlo para que proveyera lo adecuado dentro de la esfera de su administraci�n, con motivo de 'un hecho o estado de cosas de las que la ley se propone hacer depender su acci�n', esto es, la reforma aludida determin� una doble funci�n delegada, como ya se indic�, la tributaria propiamente dicha en cuanto que se otorga al Ejecutivo la potestad exclusiva delegada de crear o modificar contribuciones en materia arancelaria, y la administrativa, a efecto de que se proveyera lo debido en m�rito a situaciones de hecho con atribuciones para restringir y aun prohibir importaciones, exportaciones y el tr�nsito de productos cuando lo estime urgente, a fin de regular el comercio exterior, todo ello ajust�ndose a las disposiciones de la ley relativa, actualmente, la Ley de Comercio Exterior, por medio de la cual se abrog� la Ley Reglamentaria del Art�culo 131 C.onal. ... El contenido de los numerales supracitados pone de manifiesto que contrariamente a lo argumentado por la sociedad agraviada, las facultades que el art�culo 5o. de la Ley de Comercio Exterior establece a favor de la S.�a de Comercio y Fomento Industrial, no se encuentran relacionadas con el poder tributario delegado en materia de comercio exterior a que se refiere el art�culo 131 de la C.�n Federal y, por otro lado, que no son delegadas por el presidente de la Rep�blica en el titular de dicha dependencia de la administraci�n p�blica federal, sino directamente concedidas por el Congreso de la Uni�n, restringi�ndose a aspectos no arancelarios delimitados por la propia ley en el �mbito administrativo, seg�n establece en forma contundente el art�culo 2o. de la ley reclamada, en cuanto se�ala: 'Art�culo 2o. Las disposiciones de esta ley son de orden p�blico y de aplicaci�n en toda la Rep�blica, sin perjuicio de lo dispuesto por los tratados o convenios internacionales de los que M�xico sea parte. La aplicaci�n e interpretaci�n de estas disposiciones corresponde, para efectos administrativos, al Ejecutivo Federal por conducto de la S.�a de Comercio y Fomento Industrial.'. El hecho de que en el ordenamiento legal que actualmente rige en materia de comercio exterior se faculte a la S.�a de Comercio y Fomento Industrial para que en auxilio de las facultades que le fueron conferidas al Ejecutivo Federal, por conducto del Congreso de la Uni�n, para dictar medidas no arancelarias que restrinjan la importaci�n de mercanc�as, no se traduce en una violaci�n a lo dispuesto en el segundo p�rrafo del art�culo 131 de la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, ya que como se ha puesto en evidencia, no se delega a favor de �sta un poder delegado tributario en materia de comercio exterior, pues no se le confiere la atribuci�n de crear normas abstractas en dicha materia sino, se insiste, se demarca su actuaci�n al aspecto de aplicaci�n de las disposiciones en el �mbito no arancelario, seg�n deriva de los ya invocados art�culos 21 y 22 de la ley impugnada, en relaci�n con los diversos 23 a 27 del propio ordenamiento normativo y 19 a 22 del reglamento relativo que delimitan sus funciones en los siguientes t�rminos ...

    Con base en estas consideraciones se aprob� la tesis que lleva por rubro, texto y datos de identificaci�n los siguientes:

    "COMERCIO EXTERIOR. EL ART�CULO 5o., FRACCIONES III, V Y XII, DE LA LEY RELATIVA, QUE ESTABLECE LA FACULTAD DE LA SECRETAR�A DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL PARA OTORGAR PERMISOS DE IMPORTACI�N O EXPORTACI�N DE MERCANC�AS, AS� COMO PARA ESTABLECER O MODIFICAR RESTRICCIONES NO ARANCELARIAS A LA IMPORTACI�N, CIRCULACI�N O EXPORTACI�N DE �STAS, NO TRANSGREDE EL ART�CULO 131, SEGUNDO P�RRAFO, DE LA CONSTITUCI�N FEDERAL. De conformidad con lo dispuesto en el art�culo 131, segundo p�rrafo, de la Carta Magna, el Congreso de la Uni�n puede conferir al Ejecutivo de la Uni�n la potestad para aumentar, disminuir o suprimir las cuotas de las tarifas de exportaci�n e importaci�n previamente establecidas por dicho �rgano legislativo, o bien, para crear otras, as� como para restringir o prohibir las importaciones, las exportaciones y el tr�nsito de productos, art�culos y efectos, cuando lo estime urgente, con el prop�sito de regular el comercio exterior, la econom�a nacional o de obtener un beneficio para el pa�s, lo que constituye un poder delegado tributario que recae en forma exclusiva en el presidente de la Rep�blica, es decir, en t�rminos de lo previsto en el mencionado precepto constitucional, la potestad financiera o tributaria del Estado, que corresponde originariamente al citado Congreso, puede ser delegada a favor del Ejecutivo Federal. En congruencia con lo anterior, debe decirse que el art�culo 5o., fracciones III, V y XII, de la Ley de Comercio Exterior que faculta a la S.�a de Comercio y Fomento Industrial, para que en auxilio de las atribuciones que le fueron conferidas al Ejecutivo Federal, por conducto del Congreso de la Uni�n, otorgue permisos de importaci�n o exportaci�n de mercanc�as, establezca o modifique restricciones no arancelarias a la importaci�n, circulaci�n y tr�nsito de �stas, constri�endo el ejercicio de esa facultad al aspecto no arancelario, no transgrede el precepto constitucional de referencia. Ello es as�, porque no se delega a favor de la referida secretar�a un poder tributario en materia de comercio exterior, pues no se le confiere la atribuci�n de crear normas abstractas en dicha materia, sino que se demarca su actuaci�n al aspecto de aplicaci�n de las disposiciones en el �mbito no arancelario, adem�s de que las citadas atribuciones no son delegadas por el presidente de la Rep�blica, sino directamente concedidas por el Congreso de la Uni�n, restringi�ndose a aspectos no arancelarios delimitados por la propia ley en el �mbito administrativo, seg�n se desprende de lo previsto en el art�culo 2o. de la Ley de Comercio Exterior." (Novena �poca, Pleno, Semanario Judicial de la F.�n y su Gaceta, T.X., septiembre de 2000, tesis P. CXL/2000, p�gina 17).

    Como se advierte de lo sostenido en este precedente, cuya votaci�n es id�nea para integrar jurisprudencia, al interpretar lo dispuesto en el art�culo 131 de la C.�n General de la Rep�blica, se arrib� a las siguientes conclusiones:

  13. En el referido numeral se autoriza al Congreso de la Uni�n a delegar su potestad tributaria al titular del Ejecutivo Federal, as� como para regular en el �mbito administrativo las importaciones y exportaciones, incluso para restringirlas y prohibirlas respecto de determinados productos.

  14. Las disposiciones ordinarias que facultan al secretario de Comercio y Fomento Industrial para dictar medidas no arancelarias, es decir, que no impliquen el ejercicio de la potestad tributaria, no transgreden el art�culo 131 constitucional, pues mediante ellas no se confiere la facultad para crear normas abstractas en materia tributaria; m�s a�n, cuando la atribuci�n no arancelaria es concedida directamente por el Congreso de la Uni�n y no es delegada por el titular del Ejecutivo Federal.

    En ese contexto, con el fin de corroborar la conclusi�n adoptada por el Pleno de esta Suprema Corte de Justicia y precisar algunas cuestiones que no fueron materia del fallo respectivo, esta Segunda Sala estima conveniente profundizar en la interpretaci�n causal y teleol�gica de lo previsto en el art�culo 131, p�rrafo segundo, de la C.�n General de la Rep�blica. Ello se torna necesario ante la complejidad del tema en estudio, el cual implica analizar la constitucionalidad de la facultad otorgada por el legislador al titular de la S.�a de Comercio y Fomento Industrial para crear disposiciones de observancia general que conllevan el establecimiento de una prestaci�n patrimonial de car�cter p�blico, en relaci�n con lo dispuesto en el citado precepto constitucional, as� como en el diverso 49 de la propia N.F..

    Para conocer con precisi�n cu�les fueron las causas y fines que tuvo el Poder Revisor de la C.�n para llevar a cabo la adici�n del p�rrafo segundo del art�culo 131 constitucional, resulta necesario conocer la exposici�n de motivos de la iniciativa correspondiente, as� como los dict�menes emitidos por las respectivas comisiones en la C�mara de Diputados y en la C�mara de Senadores.

    La exposici�n de motivos de la iniciativa que dio lugar a la adici�n del p�rrafo segundo del art�culo 131 de la C.�n General de la Rep�blica, publicada en el Diario Oficial de la F.�n el veintiocho de marzo de mil novecientos cincuenta y uno, es del siguiente tenor:

    "C�mara de Origen: Diputados

    "Exposici�n de motivos

    "M�xico, D.F., a 5 de diciembre de 1950

    "Iniciativa del Ejecutivo

    "Estados Unidos Mexicanos. Poder Ejecutivo Federal. M�xico, D.F. S.�a de G.�n.

    "CC. S.ios de la H. C�mara de Diputados del Congreso de la Uni�n. Presentes.

    "Para los efectos constitucionales con el presente me es grato remitir a ustedes iniciativa que el C. Primer magistrado de la Naci�n somete a la consideraci�n de esa H. C�mara, para adicionar el art�culo 131 de la C.�n General de la Rep�blica.

    "Al rogar a ustedes dar cuenta con dicho documento, les reitero mi consideraci�n distinguida.

    "Sufragio efectivo. No reelecci�n.

    "M�xico, D.F., a 29 de noviembre de 1950. P. Ac. del C.S., el oficial mayor E.R.C..

    "Estados Unidos Mexicanos. Presidencia de la Rep�blica.

    "CC. S.ios de la H. C�mara de Diputados:

    "En ejercicio de la facultad que al Ejecutivo Federal confiere la fracci�n I del art�culo 71 de la C.�n General de la Rep�blica, por el digno conducto y para aprobaci�n, en su caso, del H. Congreso de la Uni�n y de las HH. Legislaturas de los Estados, someto la siguiente iniciativa de adici�n al art�culo 131 de la propia C.�n.

    "Fundan la presente iniciativa las consideraciones que a continuaci�n se expresan:

    "Ha sido pr�ctica parlamentaria ya ancestral en el Estado mexicano que ese H. Congreso de la Uni�n otorgue al Ejecutivo Federal la facultad de elaborar todas las disposiciones complementarias de las leyes fiscales y no simplemente la de proveer en la esfera administrativa a su exacta observancia. Esa costumbre, no privativa de M�xico, es conocida por la doctrina extranjera con el nombre de leyes marcos, porque el �rgano legislativo se limita a sentar en ellas mismas los principios generales del ordenamiento sin descender a los detalles, los cuales son encomendados al Poder Ejecutivo tanto por lo que respecta a su precisi�n cuanto por lo que ata�e a adaptarlos a las exigencias cotidianas, dentro del marco que ha sido trazado por los principios rectores consignados en las propias leyes.

    "Dicha costumbre, sin duda, ha se�oreado, en materia fiscal, la actitud que ese H. Congreso de la Uni�n ha asumido con frecuencia cuando ha otorgado al Poder Ejecutivo Federal facultades para aumentar o disminuir las cuotas de las tarifas de exportaci�n e importaci�n, agregar o suprimir fracciones a dichas tarifas y restringir y aun prohibir la importaci�n, exportaci�n y tr�nsito de productos, art�culos y mercanc�as que afecten desfavorablemente la econom�a del pa�s, como ha venido haciendo en las Leyes de Ingresos de la F.�n o en otras leyes tambi�n de car�cter fiscal.

    "La pr�ctica aludida, sin embargo, por obedecer a una necesidad impuesta por la realidad, tanto patria como la de todos los pa�ses, especialmente en los estudios de los derechos administrativo y fiscal o financiero, lejos de que deba desaparecer, es indispensable que se conserve. Mas, para ello, todo aut�ntico Estado de derecho, como lo es el Estado mexicano, debe constitucionalizarla a efecto de que tenga como fundamento no una simple costumbre, como hasta ahora, sino una clara instituci�n jur�dica.

    "El breve periodo parlamentario ordinario de sesiones de ese H. Congreso de la Uni�n, de cuatro meses, de conformidad con los textos 65 y 66 de la C.�n General de la Rep�blica, por una parte, y la naturaleza de las altas funciones encomendadas a ese propio �rgano estatal, que le impiden descender a desarrollar en detalle los preceptos legales de manera que puedan aplicarse por s� mismos y aquilatar, momento a momento, los elementos condicionantes de las reglas de derecho, por la otra, son las razones m�s atendibles para justificar la ineludible necesidad que existe para el Poder Ejecutivo que por la naturaleza de sus funciones est� en contacto continuo con la realidad del medio social en el que la ley va a aplicarse, colabore, aunque en muy modesta proporci�n, con ese Poder Legislativo en la excelsa tarea de integrar el derecho objetivo.

    "El complejo de atribuciones que los ordenamientos jur�dicos en vigor otorgan al Estado mexicano, constituye la causa fundamental que determina el incremento incesante de los gastos p�blicos, los cuales dentro de una buena administraci�n financiera, deben cubrirse a trav�s de los tributos y entre �stos ocupan sitial preferente los impuestos cuya misi�n actual no consiste, exclusivamente, en producir ingresos para el Estado, sino concomitantemente en realizar fines de car�cter extrafiscal: de pol�ticas econ�mica, social, demogr�fica, exterior, etc., y es as�, con tarifas arancelarias elevadas en un momento, reducidas en otro o prohibitivas en determinado instante, el Estado puede favorecer el desarrollo de las industrias nacionales mexicanas, lograr el florecimiento de industrias incipientes, influir en el equilibrio de la producci�n, estimular la producci�n agr�cola en vez de la industrial o viceversa, incrementar o impedir el comercio internacional, tutelar la clase laborante, etc., etc. Asimismo, que en un momento determinado, mediante impuestos elevados o reducidos o la creaci�n o supresi�n de fracciones en las tarifas de importaci�n o de exportaci�n, por medio de restricciones a unas y otras, as� como al tr�nsito de los productos y aun mediante su prohibici�n, es factible estabilizar la moneda e impedir la elevaci�n de los precios en bien de la poblaci�n mexicana y del propio pa�s, o bien, cubrir un d�ficit presupuestario. Ahora bien, no pasa inadvertido a ese H. Congreso y a esas HH. Legislaturas de los Estados que la apreciaci�n de las diferentes circunstancias que en cada momento exigen la adopci�n de determinadas medidas en lugar de otras, para la consecuci�n de los fines que el Estado se propone alcanzar, por las razones anteriormente expuestas, escapan a ese H. Congreso de la Uni�n y son, en cambio, clara y f�cilmente perceptibles para el Ejecutivo Federal.

    "Por medio de la adici�n que se propone al texto constitucional citado, nuestro sistema fiscal, en este punto, dar� plena realizaci�n a los principios de elasticidad y suficiencia en la imposici�n, estando el Estado en posibilidad, tanto material como jur�dica, de adecuar los aranceles a las necesidades imperantes en el pa�s en un momento determinado.

    "La colaboraci�n del Poder Ejecutivo con ese H. Poder Legislativo que se propone, en modo alguno infringe decisi�n pol�tica fundamental emanada del Constituyente de 1916-1917. En efecto, con la iniciativa de adici�n que se propone no hay violaci�n al principio de la divisi�n de poderes consagrado en el art�culo 49 de nuestra Carta Magna, porque es conocido el hecho de que nuestra C.�n vigente no ha plasmado una teor�a r�gida de la divisi�n de poderes haciendo de los mismos poderes dislocados, sino, por el contrario, una divisi�n flexible que impone hablar de una verdadera colaboraci�n entre ellos. El art�culo 49 ya citado proh�be que una sola persona o corporaci�n asuma la totalidad de funciones de dos o m�s poderes con desaparici�n de los titulares de los mismos cuyas funciones se arrogue aqu�lla y es evidente que al concederse al Ejecutivo la facultad que se pretende con la actual iniciativa, no asumir� las funciones del Congreso, ni �ste, por tanto, desaparecer�, ya que continuar� teniendo la potestad legislativa y el Poder Ejecutivo, dentro del marco que el propio Constituyente le se�ale, gozar� de la facultad de modificar las prescripciones legales.

    "Por as� decirlo, el Ejecutivo gozar� esencialmente de la facultad de reglamentar en texto constitucional desarrollado en formam�nima por elCongreso de la Uni�n como �rgano legislativo constituido. El propio texto constitucional aludido proscribe que el Legislativo se deposite en una sola persona y por expresado con antelaci�n queda desvirtuada esta posibilidad, ya que el Congreso subsiste y el Ejecutivo simplemente colaborar� con �l en una m�nima proporci�n. Por lo dem�s, es bien conocido por esas HH. C�maras que integran el Congreso de la Uni�n y por las HH. Legislaturas de los Estados, que la colaboraci�n entre los Poderes del Estado Federal mexicano se efect�a otorgando a uno de ellos algunas facultades que no son particulares de �l, sino de alguno de los otros dos, de tal suerte que, mediante la iniciativa que someto a vuestra alta consideraci�n, simplemente se confirma la colaboraci�n entre los diversos poderes integrantes del Estado Federal mexicano.

    "Con apoyo en las consideraciones que se han expresado en la presente iniciativa, propongo a ese H. Congreso de la Uni�n y a las HH. Legislaturas de los Estados de la F.�n que se adicione el art�culo 131 de la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, para que quede concebido en los t�rminos siguientes:

    "'Art�culo 131. Es facultad privativa de la F.�n gravar las mercanc�as que se importen o exporten o que pasen de tr�nsito por el territorio nacional, as� como reglamentar en todo tiempo y aun prohibir por motivos de seguridad o de polic�a, la circulaci�n en el interior de la Rep�blica, de toda clase de efectos, cualquiera que sea su procedencia; pero sin que la misma F.�n pueda establecer ni dictar, en el Distrito y Territorios Federales, los impuestos y leyes que expresan las fracciones VI y VII del art�culo 117.

    "'El Ejecutivo Federal queda facultado para aumentar o disminuir las cuotas de las tarifas de exportaci�n e importaci�n expedidas por el Congreso de la Uni�n; crear y suprimir las propias cuotas, as� como restringir y aun prohibir las importaciones, exportaciones y el tr�nsito de productos, art�culos y efectos a fin de regular el comercio exterior, la econom�a del pa�s, la estabilidad de la moneda, la determinaci�n de los precios y de proteger la producci�n nacional, as� como cualquier otro prop�sito en beneficio del pa�s.'

    "'Transitorio.

    "'Art�culo �nico. La adici�n al art�culo 131 de la C.�n General de la Rep�blica, entrar� en vigor el d�a siguiente al de su publicaci�n en el Diario Oficial de la F.�n.'

    "'Aprovecho esta oportunidad para reiterar a ustedes las seguridades de mi m�s atenta y distinguida consideraci�n.

    "'Sufragio efectivo. No reelecci�n. M�xico, D.F., a 9 de noviembre de 1950. El Presidente C.onal de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado M.A.�n. El secretario de Hacienda y Cr�dito P�blico, R.�n B.. El secretario de G.�n, A.R.C.�nez.'

    Recibo, a las C.ones Unidas de Puntos C.onales en turno y de Aranceles y Comercio Exterior e impr�mase.

    Como se advierte de esta exposici�n de motivos, la adici�n del p�rrafo segundo del art�culo 131 constitucional ten�a como finalidad primordial lograr que el Ejecutivo Federal se encontrara facultado para establecer, modificar o suprimir las contribuciones aplicables a la importaci�n o exportaci�n de mercanc�as, as� como la de permitir al titular del Ejecutivo Federal establecer o modificar las prescripciones legales que permitan restringir y aun prohibir las importaciones, exportaciones y el tr�nsito de productos, art�culos y efectos, a fin de regular el comercio exterior, la econom�a del pa�s, la estabilidad de la moneda, la determinaci�n de los precios y proteger a la producci�n nacional, as� como cualquier otro prop�sito en beneficio del pa�s.

    Dicho en otras palabras, se pretend�a que en sede constitucional se dotar� al Ejecutivo de potestad tributaria en relaci�n con los hechos imponibles consistentes en importar o exportar mercanc�as, es decir, para establecer una excepci�n al principio de reserva de ley que en t�rminos del art�culo 31, fracci�n IV, rige el establecimiento y regulaci�n de las contribuciones.

    Adem�s, se ten�a la intenci�n de que en la propia C.�n Pol�tica se permitiera al Ejecutivo Federal emitir disposiciones de observancia general de la jerarqu�a necesaria para modificar las leyes del Congreso de la Uni�n que regulan aspectos no tributarios relacionados con el comercio exterior, es decir, para que las disposiciones establecidas por el Ejecutivo Federal en tal materia tuvieran el mismo rango y efectos que un acto formal y materialmente legislativo emitido por el mencionado Congreso.

    En abono a lo anterior, se precisaba que la facultad del Ejecutivo para emitir disposiciones de observancia general en materia arancelaria y sobre cuestiones no arancelarias, que tuvieran la misma jerarqu�a que una ley proveniente del Congreso de la Uni�n, no implicar�a una afectaci�n al principio de divisi�n de poderes garantizado en el art�culo 49 constitucional, pues en abono a que la N.F. no reproduce una teor�a r�gida del principio, sino una divisi�n flexible que da lugar a una colaboraci�n entre los poderes, el otorgamiento de la facultad de m�rito no implicar�a que el Ejecutivo Federal asumiese las funciones del Congreso, ni que �ste desapareciera.

    Incluso, llama la atenci�n que en el texto propuesto en la iniciativa en comento no se precisaba que para el ejercicio de las atribuciones conferidas ser�a necesario contar con una autorizaci�n del Congreso, tampoco que su ejercicio se realizar�a cuando el Ejecutivo lo estimara urgente, ni que se tendr�a que rendir anualmente un informe al propio Congreso sobre la facultad concedida.

    En relaci�n con la referida iniciativa, las C.ones Unidas Segunda de Puntos C.onales y de Aranceles y de Comercio Exterior, el diecinueve de diciembre de mil novecientos cincuenta rindieron el siguiente dictamen:

    "C�mara de Diputados

    "Dictamen

    "M�xico, D.F., a 19 de diciembre de 1950

    "Honorable asamblea:

    "Por acuerdo de vuestra soberan�a fue turnada a las suscritas C.ones Unidas Segunda de Puntos C.onales y de Aranceles y Comercio Exterior, la iniciativa del Ejecutivo Federal sobre la adici�n al art�culo 131 de la C.�n General de la Rep�blica.

    "Esa adici�n tiene por objeto capital erigir a la categor�a constitucional la costumbre en el Estado mexicano, establecida por una imperiosa ley de necesidad, de otorgar al Ejecutivo Federal la facultad de cooperar con el Congreso de la Uni�n, mediante ciertas oportunas regulaciones a la mejor eficiencia del sistema fiscal, haciendo factible la adecuada elasticidad de los aranceles como medio de consolidaci�n de la pol�tica econ�mica del pa�s y de realizar los esenciales fines de car�cter social, demogr�fico, exterior, etc., encaminados a favorecer el desarrollo de las industrias nacionales, lograr su florecimiento, equilibrar y estimular la producci�n, regular el comercio internacional, etc.

    "De acuerdo con los mandatos constitucionales el Congreso de la Uni�n, al expedir la Ley de Ingresos y fijar los diversos impuestos, expide tambi�n las tarifas de exportaci�n e importaci�n a las que debe sujetarse el comercio exterior, pero por los diversos motivos que la iniciativa examina y, muy singularmente, por ser conveniente en la vida econ�mica actual prestar elasticidad a las bases de imposici�n para un mejor funcionamiento del sistema fiscal, es indispensable que las cuotas de las tarifas de exportaci�n e importaci�n que expida el Congreso, quedan sujetas a las variaciones, modificaciones y supresiones que en un momento dado considere el Ejecutivo necesario que se introduzca con urgencia y oportunidad, cosa esta que no podr�a lograrse por la intervenci�n directa de las C�maras, tanto por la natural lentitud en el desarrollo de la funci�n legislativa, como porque �sta s�lo se realiza 4 meses del a�o seg�n los preceptos de nuestra Carta Magna.

    "Y como es rigurosamente cierto que, a trav�s de ciertos atributos, el Estado no s�lo ha de realizar el fin esencial de previsi�n para que se satisfagan los gastos p�blicos, sino llevar tambi�n otros fines de car�cter extraoficial para, mediante variaci�n de las tarifas en unos casos, y la restricci�n y prohibici�n de importaciones y exportaciones, y de tr�nsito de productos en otros, proteger la econom�a del pa�s, regular el comercio exterior y tutelar la estabilidad de la moneda y de los precios, as� como proteger la producci�n nacional, se necesita que el Ejecutivo se encuentre constitucionalmente capacitado a fin de dictar todas esas medidas de urgencia.

    "La adici�n al art�culo 131 que propone el Ejecutivo podr�a estimarse que no constituye una t�pica delegaci�n de facultades, sino una delegaci�n de autoridad para determinar un hecho o estado de cosas, de los que depende la actuaci�n de la ley; dicho con m�s propiedad, con la frase de ejecutorias de la Corte de Justicia de los Estados Unidos a prop�sito de la delegaci�n de facultades que la C.�n de aquel pa�s proh�be: 'El Congreso no puede delegar su facultad de hacer la ley; pero puede hacer la ley delegando autoridad para determinar un hecho o estado de cosas de las que la ley se propone hacer depender su acci�n. Negar esto, ser�a parar las ruedas del gobierno.'. Podr�a sostenerse, repetimos, que lo que la propuesta adici�n al art�culo 131 persigue en esa delegaci�n de autoridad para el fin indicado, pero aun cuando con un extremo rigorismo se pensase en lo contrario, o lo que es lo mismo, en que la reforma persigue una delegaci�n de facultad para hacer la ley, esa delegaci�n es plenamente justificada y necesaria. Examinando el fen�meno mismo que nos ocupa y al que se pretende dar soluci�n en la iniciativa presidencial, la Suprema Corte de Justicia en el Informe de la Segunda Sala en el a�o de 1949, se produce en los siguientes t�rminos: 'Por las fluctuaciones tan frecuentes y en ocasiones bruscas de los precios en el comercio internacional, hay notoria necesidad de obrar con la mayor rapidez para dictar oportunamente las medidas indispensables a la preservaci�n del valor de nuestra moneda y, en general, de la econom�a del pa�s. Antes de la reforma que en agosto de 1938 se hizo al art�culo 49 constitucional, anualmente se conced�an en esta materia facultades extraordinarias del Ejecutivo; pero como a partir de la apuntada fecha qued� terminantemente proscrita la delegaci�n de facultades legislativas, salvo el caso de suspensi�n de garant�as y, por otra parte, el periodo ordinario de labores del Congreso de la Uni�n s�lo comprende 4 meses del a�o, adem�s de que el proceso legislativo no puede tener la rapidez que requiere la materia arancelaria, se suscit� la cuesti�n constitucional a prop�sito del decreto del Ejecutivo de 20 de agosto de 1948.'. Ese decreto fue declarado inconstitucional por la Corte frente a la dr�stica prohibici�n contenida en el art�culo 49 constitucional. Es cierto, por otra parte, que con el prop�sito de no dejar sin posible soluci�n adecuada un problema de tanta urgencia el Congreso de la Uni�n, al expedir la Ley de Ingresos de la F.�n para el a�o en curso, formul� en la misma el art�culo 10 en el que se establece que: a fin de regular el comercio exterior del pa�s con fines de estabilidad monetaria, de impedir la elevaci�n de los precios y de proteger la producci�n nacional, el Ejecutivo de la Uni�n, a propuesta de la C.�n de Aranceles, aumentar� o disminuir� hasta en un 100% las cuotas de la tarifa de exportaci�n en vigor y hasta en un 50% las de importaci�n. Y en ese propio art�culo se autoriz� tambi�n al Ejecutivo para crear o suprimir fracciones de las tarifas mencionadas, as� como para restringir o prohibir la importaci�n, la exportaci�n, o el tr�nsito de productos, todo con el prop�sito de realizar aquellos fines. Pero independientemente de la inconveniencia de estar repitiendo a�o tras a�o un precepto semejante, bien podr�a suceder que, por los motivos que se han expresado antes, la Corte se pronunciase por declarar inconstitucional un precepto semejante. De aqu� la necesidad de que esa autorizaci�n por todos conceptos conveniente y necesaria se encuentre expresamente permitida por un precepto constitucional. Pero las comisiones que suscriben consideran indispensable introducir una reforma al texto de la adici�n que propone la iniciativa, a fin de que no se realice un cercenamiento permanente y definitivo de facultad legislativa atribuida por la Ley C.onal al Poder Legislativo, sino para hacer posible una delegaci�n de facultades en materia arancelaria al Ejecutivo por una ley del Congreso, cuando aqu�l la solicite o �ste considere conveniente y necesario otorgarla, pero sujeta siempre a la revisi�n y aprobaci�n por su parte de lo que hubiese hecho el Ejecutivo en uso de la facultad otorgada.

    "Y como indispensable colorario, ha de modificarse el p�rrafo segundo del art�culo 49, a fin de que en forma indubitable quede establecido que s�lo pueden otorgarse facultades al Ejecutivo para legislar, en los casos de suspensi�n de garant�as de que habla el art�culo 29 y en materia arancelaria en los t�rminos del p�rrafo que se adiciona al art�culo 131. La parte del art�culo 49 de la C.�n, que actualmente reza: 'En ning�n otro caso se otorgar�n al Ejecutivo facultades extraordinarias para legislar', quedar� en los siguientes t�rminos:

    "'En ning�n otro caso, salvo lo dispuesto en el segundo p�rrafo del art�culo 131, se otorgar�n al Ejecutivo facultades extraordinarias para legislar.'

    "En consecuencia, las comisiones que suscriben someten a vuestra soberan�a la aprobaci�n de adici�n al art�culo 131 y la reforma al 49 de la C.�n General de la Rep�blica, en los siguientes t�rminos:

    "'Art�culo 131. ... El Ejecutivo Federal podr� ser facultado por el Congreso de la Uni�n para aumentar o suprimir las cuotas de las tarifas de exportaci�n e importaci�n, expedidas por el propio Congreso, y para crear otras, as� como para restringir y para prohibir las importaciones, las exportaciones y el tr�nsito de productos, art�culos y efectos, cuando lo estime urgente, a fin de regular el comercio exterior, la econom�a del pa�s, la estabilidad de la producci�n nacional, o de realizar cualquiera otro prop�sito, en beneficio del pa�s. El propio Ejecutivo al enviar al Congreso el presupuesto fiscal de cada a�o, someter� a su aprobaci�n el uso que hubiese hecho de la facultad concedida.'

    "'Art�culo 49. El Supremo Poder de la F.�n se divide para su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y Judicial.

    "'No podr�n reunirse dos o m�s de estos poderes en una sola persona o corporaci�n, ni depositarse el Legislativo en un individuo, salvo el caso de facultades extraordinarias al Ejecutivo de la Uni�n, conforme a lo dispuesto en el art�culo 29. En ning�n otro caso, salvo lo dispuesto en el segundo p�rrafo del art�culo 131, se otorgar� al Ejecutivo facultades extraordinarias para legislar.'

    "Sala de comisiones de la C�mara de Diputados del H. Congreso de la Uni�n.

    "M�xico, D.F., a 19 de diciembre de 1950. Segunda C.�n de Puntos C.onales: A.P.G.. A.R.J.. J.�n C.. C.�n de Aranceles y Comercio Exterior: R.A.S.�rzano. L.A.�n Catal�n. G.C.. Primera lectura e impr�mase."

    Como se advierte de este documento, la C�mara de Diputados realiz� relevantes precisiones sobre los efectos de la reforma constitucional en comento y, adem�s, introdujo modificaciones sustanciales al texto propuesto, las cuales, a la postre, formar�an parte del texto aprobado por el Poder Revisor de la C.�n.

    Al respecto, destaca que en el referido dictamen se reconoci� que la reforma del art�culo 131 constitucional conllevar�a una delegaci�n de facultades "para hacer la ley"; circunstancia que, adem�s, estaba plenamente justificada y era necesaria, con el fin de que el Ejecutivo Federal en casos de urgencia regulara el comercio exterior, tanto en el aspecto arancelario como en el no arancelario.

    Por otra parte, en el referido dictamen se precisa la causa principal que hac�a imperioso dotar al Ejecutivo de la potestad necesaria para emitir disposiciones de observancia general cuya jerarqu�a, constitucionalmente, fuera la misma que la de las leyes provenientes del Congreso de la Uni�n.

    En efecto, con el fin de dotar al Ejecutivo Federal de las atribuciones necesarias para crear, modificar o suprimir los aranceles, impuestos a las importaciones y exportaciones, as� como para restringir o prohibir tales operaciones respecto de determinados productos, en aras de tutelar diversos aspectos de la econom�a nacional, el Congreso de la Uni�n, en las respectivas Leyes de Ingresos, otorgaba la autorizaci�n respectiva. Ejemplo de tal delegaci�n de facultades se encuentra en los siguientes preceptos:

    Ley de Ingresos de la F.�n para 1948.

    Art�culo 12. Queda facultado el Ejecutivo Federal para modificar, en los t�rminos que proponga la C.�n de Aranceles, las tarifas de los impuestos de importaci�n y exportaci�n, de acuerdo con lo prevenido por el art�culo 20 de la Ley de Fomento de Industrias de Transformaci�n; y, asimismo, para introducir en dichas tarifas, a propuesta de la propia comisi�n, las modificaciones necesarias para la defensa de la producci�n, la elevaci�n del nivel de vida de la poblaci�n y el sostenimiento del valor de la moneda nacional.

    Ley de Ingresos de la F.�n para 1950.

    "Art�culo 10. A fin de regular el comercio exterior del pa�s con fines de estabilidad monetaria, de impedir la elevaci�n de los precios y de proteger la producci�n nacional, el Ejecutivo de la Uni�n, a propuesta de la C.�n de Aranceles, aumentar� o disminuir� hasta en un 100% las cuotas de la tarifa de exportaci�n en vigor aplicables a los productos, efectos o art�culos que ameriten tal aumento o disminuci�n.

    "Para los propios fines y a propuesta de la misma comisi�n, el Ejecutivo aumentar� o disminuir� hasta en un 50% las cuotas de la tarifa de importaci�n vigente, referentes a los productos, efectos o art�culos en que se haga necesaria tal modificaci�n.

    "Asimismo, a iniciativa de la propia comisi�n, el Ejecutivo crear� o suprimir� las fracciones de las tarifas de importaci�n y exportaci�n indispensables para obtener los fines antes mencionados.

    El Ejecutivo Federal restringir� o prohibir� la importaci�n, la exportaci�n o el tr�nsito de los productos, art�culos o mercanc�as que afecten desfavorablemente la econom�a del pa�s en oposici�n a los prop�sitos inicialmente se�alados.

    Ahora bien, con base en lo dispuesto en numerales de esa naturaleza, el Ejecutivo de la Uni�n expidi� el decreto del 20 de agosto de 1948, mediante el cual se modificaron las tarifas de los impuestos de exportaci�n. El referido decreto dispon�a:

    "Decreto que modifica la tarifa del impuesto de exportaci�n adicionando al gravamen que tiene se�alado cada uno de los art�culos que la misma consigna, una sobretasa ad valorem de 15%.

    "Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos. Presidencia de la Rep�blica.

    "M.A.�n, Presidente C.onal de los Estados Unidos Mexicanos, a sus habitantes, sabed:

    "Que en uso de las facultades que al Ejecutivo Federal concede el art�culo 12 de la Ley de Ingresos del erario federal para el presente a�o; y

    "Considerando: Que el retiro del Banco de M�xico, S.A., del mercado de cambios, ha dado lugar a que en mercado libre se establezca un tipo m�s elevado para la conversi�n de las divisas extranjeras a moneda nacional;

    "Considerando: Que la conversi�n a moneda nacional de las cantidades que los exportadores de productos nacionales reciban como precio de sus mercanc�as significar� para ellos la obtenci�n de un precio mayor en moneda nacional;

    "Considerando: Que la obtenci�n de precios altos por los art�culos que se exporten puede provocar el aumento de los preciosinteriores de losmismos art�culos;

    "Considerando: Que en las actuales circunstancias el mejoramiento del nivel de vida de la poblaci�n requiere asegurar el abastecimiento del mercado interno a los menores precios posibles;

    "Considerando: Que para sostener el valor de la moneda nacional se requiere indispensablemente fomentar la exportaci�n de algunos art�culos y restringir la salida de otros;

    "Decreto:

    "'Art�culo 1o. Se modifica la tarifa del impuesto de exportaci�n adicionando al gravamen que tiene se�alado cada uno de los art�culos que la misma consigna, una sobretasa ad valorem del 15% que se aplicar� independientemente de las cuotas espec�ficas y ad valorem se�aladas en la propia tarifa a todos los art�culos comprendidos en ella inclusive los exentos de las cuotas espec�ficas y ad valorem sobre los precios a que se refieren los art�culos 2o. a 5o. del decreto de 18 de noviembre de 1947.

    "'Art�culo 2o. La S.�a de Hacienda y Cr�dito P�blico, previo estudio que al efecto haga oyendo la opini�n de la C.�n de Aranceles, propondr� los casos de excepci�n en que deba reducirse el impuesto adicional conforme a las siguientes bases:

    "'a) La reducci�n no podr� exceder del 80% del importe de la sobretasa ad valorem, salvo cuando se trate de art�culos gravados con impuestos interiores especiales que se causen en tal forma y proporci�n que permitan alcanzar las mismas finalidades de la sobretasa a la exportaci�n establecida en el art�culo anterior.

    "'b) Las excepciones deber�n establecerse por decreto del Ejecutivo que se publicar� en el �Diario Oficial�.

    "'c) Las excepciones en ning�n caso podr�n otorgarse a favor de determinadas personas, sociedades o empresas.

    "'d) La reducci�n deber� otorgarse por periodos de tiempo fijos sin exceder de seis meses.'

    "En cumplimiento de lo dispuesto por la fracci�n I del art�culo 89 de la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, para su debida publicaci�n y observancia, expido el presente decreto en la residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de M�xico, Distrito Federal, a los veinte d�as del mes de agosto de mil novecientos cuarenta y ocho. M.A.�n. R�brica. El S.io de Hacienda y Cr�dito P�blico, R.�n B.. R�brica. A.C.A.R.C., secretario de G.�n. Presente."

    Diversos gobernados impugnaron este decreto mediante juicio de amparo. Entre las resoluciones que se emitieron al respecto destaca el amparo 8912/48, promovido por Planta Enlatadora de Carnes de "La Uni�n Regional Ganadera de Coahuila", fallado el doce de septiembre de mil novecientos cuarenta y nueve, por unanimidad de cuatro votos, por la Segunda Sala de esta Suprema Corte de Justicia, siendo ponente el se�or Ministro Nic�foro G.. Ese fallo dio lugar a la tesis que lleva por rubro, texto y datos de identificaci�n los siguientes:

    "TARIFAS DE IMPORTACI�N Y EXPORTACI�N. SOBRETASA DEL 15% AD VALOREM. SU FIJACI�N CORRESPONDE AL PODER LEGISLATIVO Y NO AL PRESIDENTE DE LA REP�BLICA. Conforme a los art�culos 31, fracci�n IV, 65, fracci�n II, y 73, fracci�n VII, de la C.�n General de la Rep�blica, los impuestos tienen que ser establecidos por medio de leyes expedidas por el Poder Legislativo, ya que, como lo expresa la ejecutoria pronunciada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia en el amparo toca n�mero 5605/43, promovido por R.�n H.�ndez Reyes (Tomo LXXXI, p�gina 5753 del Semanario Judicial de la F.�n), as� se satisface la exigencia de que sean los propios gobernados los que determinen las cargas fiscales que deben soportar. La creaci�n de estas cargas no s�lo implica el se�alamiento del hecho o de la situaci�n que asigna la causaci�n del impuesto, sino que necesariamente debe contenerse la cuota del mismo, puesto que por definici�n, es una prestaci�n en dinero o en especie (art�culo 2o. del C�digo F. de la F.�n) y si no se fija la tarifa o base para calcularlo, en realidad no se ha creado impuesto alguno. La fijaci�n de la cuota del impuesto es adem�s necesaria, porque el art�culo 31 constitucional previene que las leyes deben disponer la manera de contribuir proporcional y equitativamente a los gastos p�blicos, lo cual no es susceptible de apreciaci�n sin el se�alamiento concreto de la carga correspondiente. As� pues, la fijaci�n de la cuota de los impuestos es atributo de la ley y forma parte necesaria de la facultad legislativa en materia tributaria; por lo que autorizar al Ejecutivo para modificar esa fijaci�n, es delegar en su favor aunque no sea m�s que parcialmente, la potestad legislativa, contrariando la prohibici�n del art�culo 49 constitucional que previene que en ning�n caso diverso del de suspensi�n de garant�as, pueden otorgarse al Ejecutivo facultades para legislar. Son sin g�nero de duda muy importantes las consideraciones que hace la recurrente acerca de la evidente conveniencia de facultar al Ejecutivo para modificar las tarifas de importaci�n y exportaci�n en concordancia con las fluctuaciones de los precios en el comercio internacional; pero dentro de las normas constitucionales vigentes en el pa�s, no es posible admitir ese sistema que pugnar�a con las citadas disposiciones de la Ley Suprema." (Quinta �poca, Segunda Sala, Informe 1949, p�gina 208).

    En relaci�n con el mismo t�pico se emitieron otros precedentes, tal como se advierte de la tesis que lleva por rubro, texto y datos de identificaci�n los siguientes:

    "IMPORTACI�N Y EXPORTACI�N, FACULTADES ANTICONSTITUCIONALES PARA QUE EL EJECUTIVO LEGISLE EN MATERIA DE. El art�culo 73, fracciones VII y XXIX, de la C.�n, proh�be que se autorice por el Congreso de la Uni�n al ciudadano presidente de la Rep�blica, para modificar las tarifas de los impuestos de exportaci�n. El Congreso tiene la facultad exclusiva de gravar el comercio exterior y de establecer las contribuciones necesarias para cubrir el presupuesto de egresos y el presidente de la Rep�blica, en ning�n caso puede establecer impuestos, y ser� inconstitucional la delegaci�n de facultades que para ello se haga en su favor; y si modifica una tarifa, la modificaci�n implica la creaci�n de un nuevo impuesto que, por las razones ya dichas, resulta anticonstitucional." (Quinta �poca, Segunda Sala, Semanario Judicial de la F.�n, Tomo CIX, p�gina 2096).

    De la lectura de estas tesis se advierte que en aquel momento se declar� inconstitucional el decreto antes transcrito al estimar que el mismo se traduc�a en una violaci�n a diversos preceptos constitucionales, entre otros, al 31, fracci�n IV y al 49, pues al pretender el Ejecutivo establecer la tasa de una contribuci�n, materia reservada a una ley del Congreso de la Uni�n, se transgred�a el principio de legalidad consagrado en el primero de los citados preceptos, a la vez que se creaba por el Ejecutivo Federal una disposici�n de observancia general de igual jerarqu�a a las leyes emanadas del mencionado Congreso, transgredi�ndose el principio de divisi�n de poderes, sin que obstara a ello la circunstancia de que el propio legislador hubiera facultado al presidente de la Rep�blica para tales efectos, pues el mencionado art�culo 49 establec�a con toda claridad que en ning�n caso diverso a la suspensi�n de garant�as, se pod�a conferir a �ste la facultad para legislar.

    Fue entonces el criterio de este Alto Tribunal sobre el alcance de los principios constitucionales de divisi�n de poderes y de legalidad tributaria, los que provocaron que el Poder Revisor de la C.�n adicionara el p�rrafo segundo del art�culo 131 constitucional con el fin de dotar al Ejecutivo de la F.�n, desde la propia sede constitucional, de las facultades necesarias para emitir disposiciones de observancia general en materia de comercio exterior, arancelarias y no arancelarias, que tuvieran la misma jerarqu�a y efectos que las leyes emanadas del Congreso de la Uni�n.

    Incluso, ante la trascendencia de la reforma en comento, la propia C�mara de Diputados estim� conveniente que no se realizara un cercenamiento permanente de la facultad legislativa conferida en la N.F. al Congreso de la Uni�n en materia de comercio exterior, por lo cual se modific� el texto de la iniciativa para precisar que mediante una autorizaci�n de ese �rgano legislativo el Ejecutivo podr�a ejercer la referida facultad, autorizaci�n que conforme al propio dictamen se dar�a en una ley, ya fuera que �ste lo solicitara o que aqu�l lo considerara conveniente.

    Adem�s, en el texto finalmente aprobado, a propuesta de la C�mara de Diputados se precis� que tal facultad se ejercer�a en casos de urgencia, y que el uso de las atribuciones legislativas delegadas estar�a sujeto a revisi�n y aprobaci�n del Congreso, al enviarse a �ste el presupuesto fiscal de cada a�o.

    Por otra parte, en relaci�n con el principio de divisi�n de poderes consagrado en el art�culo 49 de la C.�n General de la Rep�blica, la C�mara de Diputados estim� conveniente adicionar el p�rrafo �ltimo de este precepto con un enunciado en el que se precisara que: "En ning�n otro caso, salvo lo dispuesto en el segundo p�rrafo del art�culo 131, se otorgar� al Ejecutivo facultades extraordinarias para legislar.", con el fin de precisar que al Ejecutivo Federal solamente pueden otorgarse facultades para legislar, es decir, para emitir disposiciones de observancia general de la misma jerarqu�a de las leyes emanadas del Congreso de la Uni�n, en los casos de suspensi�n de garant�as de que habla el art�culo 29 y en las materias a que se refiere el p�rrafo segundo del art�culo 131 constitucional.

    En relaci�n con la aprobaci�n de la propuesta contenida en el dictamen antes referido, por representar una expresi�n de las ideas que llevaron a su aprobaci�n, a continuaci�n se reproducen los argumentos esgrimidos por dos diputados de la C.�n de Puntos C.onales que apoyaron el dictamen que a la postre se aprob�.

    "El C. P�rez G.A.: Se�ores diputados: Voy a procurar ser lo m�s breve posible para fundar los motivos de la iniciativa y para fundar tambi�n los motivos del dictamen.

    "Debo comenzar por expresar que los Constituyentes de Q.�taro, en el art�culo 49 constitucional, no incluyeron el p�rrafo que se incluy� en la reforma de 1937, o lo que es lo mismo, lo que dec�a el art�culo 49 era que no pod�an reunirse dos o m�s de los poderes en una sola persona o corporaci�n, ni depositarse el Poder Legislativo en un individuo, salvo el caso de suspensi�n de garant�as a que hace referencia el art�culo 21.

    "Bajo la vigencia de este precepto constitucional, constantemente el Congreso hab�a otorgado facultad al Ejecutivo para expedir leyes destin�ndole, incluso c�digos, o lo que es lo mismo, exist�a una costumbre que pod�a considerarse mala costumbre, de que sin necesidad y para quitarse labores, el Congreso daba facultades al Ejecutivo a fin de que expidiese leyes de toda �ndole.

    "Se explica entonces que bajo el r�gimen del se�or general C�rdenas se hubiese propuesto una iniciativa que modificara el art�culo 49, en el sentido de expresar que en ning�n otro caso se conceder�a al Ejecutivo facultad extraordinaria para legislar, y si fue as�, del extremo de autorizaci�n para expedir leyes por delegaci�n del Congreso, a un sistema de prohibici�n absoluta.

    "Los defectos de esta prohibici�n y las desventajas de esta prohibici�n radical se han observado a trav�s del tiempo, y ese el motivo por el cual en diversas ocasiones en que se ha pretendido hacer frente a situaciones econ�micas de emergencia y de vital necesidad para el pa�s, toda actividad legislativa, toda determinaci�n por parte del Ejecutivo, ha encontrado el tropiezo del art�culo 49 constitucional y se ha estrellado ante las decisiones de la Suprema Corte de Justicia, la cual al reconocer los motivos esenciales de conveniencia, de justicia, de necesidad y de protecci�n, estima que a pesar de eso, existe un escollo, un tropiezo, en la parte prohibitiva del art�culo 49 constitucional.

    "En el proyecto de dictamen, o m�s bien dicho, en el dictamen, mencion�bamos lo que dice una ejecutoria de la Corte: 'Por las fluctuaciones tan frecuentes y ocasiones bruscas de los precios en el comercio internacional, hay notoria necesidad de obrar con la mayor rapidez para dictar oportunamente las medidas indispensables a la preservaci�n del valor de nuestra moneda y, en general, de la econom�a del pa�s.'.

    "Pero dice la Corte: 'Estas medidas a pesar de que son urgentes, a pesar de que no se pueden tomar con la oportunidad necesaria, la C�mara o el Congreso y en algunas ocasiones, porque las cosas requieren mayor rapidez y en otras porque el Congreso no est� reunido, a pesar de eso, estimamos que leyes de esta especie pugnan con la prohibici�n radical del art�culo 49 de la C.�n, en su parte final.'.

    "En otra ejecutoria, expresa en su parte conducente: 'As� pues, la fijaci�n de la cuota de los impuestos es atributo de la ley y forma parte necesaria de la facultad legislativa en materia tributaria, por lo que autorizar al Ejecutivo para modificar esa fijaci�n es delegar en su favor aunque sea menos que parcialmente, la potestad legislativa, contrariando la proposici�n del art�culo 49 constitucional que previene que en ning�n caso diverso del de suspensi�n de garant�as puede otorgarse al Ejecutivo facultades para legislar.'.

    "Entonces, pues, nos encontramos con que todas las medidas de prohibici�n que ha pretendido dictar el Congreso mexicano tienen el tropiezo del art�culo 49 constitucional. No se discute, no se duda de la urgencia, de la conveniencia ni de la necesidad de dictar determinadas medidas que son protectoras del r�gimen econ�mico y del desarrollo del pa�s, pero se encuentra uno en presencia de que esas medidas, o se dictan con la urgencia necesaria para que sean eficaces o no llegan a dictarse.

    "El Congreso se re�ne y act�a durante cuatro meses, de manera que si la medida se presenta con car�cter de urgente en el receso, no se podr� dictar, y si es tan urgente que requiere una mayor rapidez, una mayor celeridad de la que requiere el tiempo de trabajo en las C�maras, es entonces cuando las medidas que se dictan resultan inoportunas.

    "Naturalmente que sobre este particular no debo insistir porque est� en la conciencia p�blica este hecho y porque yo entiendo que tambi�n es del conocimiento de los mismos impugnadores. El problema, pues, se presenta as�: El fen�meno existe y requiere una adecuada soluci�n. Es indispensable que exista cierta movilidad, cierta flexibilidad en el sistema arancelario para proteger la econom�a del pa�s y para organizar los diversos fines a que la iniciativa se refiere, y entonces esos aranceles que conforme a la ley deben ser expedidos por el Congreso, quedar�an r�gidos si no hubiese manera de modificarlos.

    "Esta C�mara, cuando trat� la Ley de Ingresos del a�o pasado, aprob� un art�culo, el 10, por el cual se facultaba al Ejecutivo para aumentar en un cien por ciento las tarifas de ingresos y en un cincuenta por ciento las de egresos; y el dictar medidas tendientes a aumentar o disminuir cuotas arancelarias y evitar el tr�nsito de mercanc�as, se encuentran en los casos previstos por el art�culo 10 y son exactamente los mismos a que hace referencia la iniciativa presidencial.

    "Nos encontramos en presencia de casos en que el Congreso consider� necesario dictar acuerdos de esta especie, concebidos en el art�culo referido de la Ley de Ingresos como una necesidad; y de este art�culo tendr�a que estimarse como inconstitucional ante el claro y preciso criterio de la ejecutoria de la Suprema Corte, si no se estableciese la necesaria modificaci�n al art�culo 49 para el efecto de atemperar el precepto; para no hacerlo excesivamente r�gido; para no pasar de un extremo a otro como sucedi� con la reforma de 1937 y cuando se trata del bien del pa�s; cuando el prop�sito del Congreso es que se realice el bien p�blico, entonces no puede decirse que no se est� cumpliendo con un deber democr�tico al aprobarse esa reforma. Si queremos entender en sus or�genes el art�culo 29 constitucional, nos encontramos con que �ste lo que autoriza es la expedici�n de una ley de suspensi�n de garant�as. Dice el art�culo 29: 'En los casos de invasi�n, perturbaci�n grave de la paz p�blica o cualquiera otro que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto, solamente el presidente de la Rep�blica mexicana, de acuerdo con el Consejo de ministros y con aprobaci�n del Congreso de la Uni�n y en los recesos de �ste, de la C.�n Permanente, podr� suspender en todo el pa�s, o en lugar determinado, las garant�as que fuesen obst�culo para hacer frente, r�pida y f�cilmente a la situaci�n; pero deber hacerlo por un tiempo limitado, por medio de prevenciones generales y sin que la suspensi�n se contraiga a determinado individuo. Si la suspensi�n tuviese lugar hall�ndose el Congreso reunido, �ste conceder� las autorizaciones que estime necesarias para que el Ejecutivo haga frente a la situaci�n. Si la suspensi�n se verificase en el tiempo de receso, se convocar� sin demora al Congreso para que las acuerde.'.

    "Pero la suspensi�n de garant�as que permite el art�culo 29 es un caso de gravedad por guerra o por trastorno de car�cter interno, es porque en determinadas situaciones tan graves como �sta el Congreso no puede ejercer su funci�n, y entonces la delega para el efecto de reunirse el Poder Legislativo en una sola persona, de modo de hacer frente a un grave problema nacional; pero es que para todas las necesidades de car�cter econ�mico �ser�a conveniente, ser�a prudente, ser�a necesario expedir una ley de suspensi�n de garant�as? �No ser�a alarmante que de esta forma procediese el Congreso? Honradamente creo que s�.

    "La cr�tica que concretamente hace el se�or diputado C. al dictamen, se concreta a estos tres puntos: incomprensible celo de las comisiones para dar al Ejecutivo m�s facultades de las solicitadas.

    "Con todo el respeto que me merece el se�or diputado C., digo que eso no es exacto. El dictamen de las comisiones no da al Ejecutivo m�s facultades de las que pide la iniciativa. En la iniciativa se solicita que el art�culo 131 contenga un segundo p�rrafo por medio del cual quede facultado el Ejecutivo 'para aumentar o disminuir las cuotas de las tarifas de exportaci�n e importaci�n expedidas por el Congreso de la Uni�n', o lo que es lo mismo, la iniciativa, como fue presentada lo que sugiere �es un cercenamiento definitivo de las facultades que corresponden al Congreso, para que esas facultades pasen en materia arancelaria, definitivamente, al Poder Ejecutivo? As�, la iniciativa dice: 'El Ejecutivo queda facultado para aumentar, disminuir, etc., para modificar los aranceles, para modificar una ley del Congreso.'.

    "�sta es una fusi�n absolutamente excesiva y contraria al principio de divisi�n de poderes, o lo que es lo mismo, no es posible permitir que la C.�n misma cercene una facultad del Congreso para pasarla permanentemente al Ejecutivo.

    "Las comisiones consideraron que en presencia de un problema que no puede negarse, lo �nico que podr�a hacerse ser�a establecer en la C.�n que el Congreso tiene la facultad de delegar esa funci�n en forma transitoria, circunstancial, para atender necesidades urgentes, al Ejecutivo.

    "En el propio dictamen las comisiones creyeron conveniente hacer referencia al criterio de alguna ejecutoria de la Suprema Corte de los Estados Unidos, en cuya C.�n se encuentra tambi�n un precepto semejante al del art�culo 29. Y se conduce as�: 'El Congreso no puede delegar su facultad de hacer la ley, pero puede hacer la ley delegando autoridad para determinar un hecho o estado de cosas de las que la ley se propone hacer depender su acci�n.'.

    "Y en el texto constitucional lo �nico que se establece es que el Congreso est� facultado para expedir esa ley. El que delegue la autoridad se determina por medio de lasregulaciones dentro de lasbases que se fijan en la ley del Congreso, cada vez que se haga esa delegaci�n. Entonces, podemos afirmar categ�ricamente que no es exacto que el dictamen pretenda dar al Ejecutivo m�s de lo que la iniciativa propone; por el contrario, las comisiones, celosas de la facultad exclusiva del Congreso para legislar, y en presencia de un caso de necesidad incontrovertible, considera indispensable para el mejor funcionamiento de nuestro r�gimen jur�dico, que el Congreso est� en capacidad de facultar al Ejecutivo para expedir determinadas modificaciones a las tarifas arancelarias; no le da m�s facultades, sino, por el contrario, las restringe y las acomoda al r�gimen constitucional.

    "La segunda objeci�n consiste en que las comisiones han procedido en forma inusitada, porque 'por carambola' proponen la modificaci�n de un texto constitucional que no fue sugerido por la iniciativa del Ejecutivo. Aun cuando se expres� que 'eso es lo de menos', sin embargo, se argumenta que la conducta de las comisiones es inconveniente. Yo creo que cuando se est� en presencia de una iniciativa de reformas constitucionales y las comisiones encuentran la conveniencia de la modificaci�n o de la reforma constitucional sugerida en el precepto, pero si no corrigen la redacci�n de otro precepto correlativo, dejan a la C.�n en estado de discrepancia o de contradicci�n, y entonces el Congreso no puede o no debe hacer otra cosa sino velar porque todos los preceptos constitucionales act�en en una forma arm�nica.

    "De aqu� que la modificaci�n del art�culo 131 constitucional, como quiera que implica una posible delegaci�n de facultades para legislar, requiere una modificaci�n concordante con el p�rrafo segundo del art�culo 49.

    "Por otra parte, el esp�ritu de la reforma de 1937 se mantiene, porque en vez de que en ning�n caso se conceda facultad para legislar, se establece que en ning�n caso, fuera del de excepci�n del art�culo 131, podr� el Congreso delegar facultades al Ejecutivo para legislar.

    "Se afirma que la reforma es innecesaria, porque son posibles de resolverse las cuestiones que pretende resolver la reforma por otros procedimientos fijados por nuestra C.�n.

    "No se expres� con exactitud cu�les ser�an esos procedimientos y c�mo podr�an operar, pero me imagino que la sugerencia es que el camino est� en el art�culo 29 constitucional, o lo que es lo mismo, cuando estamos en un periodo que no es de guerra, sino en presencia de una grave crisis que se viene acentuando desde hace mucho tiempo, como consecuencia de la pasada guerra y de las dificultades mundiales, entonces, a pesar de que no existe ese estado de guerra, nosotros vamos a pedir una ley de suspensi�n de garant�as en virtud de la cual vamos a cercenar facultades al Congreso, para pas�rselas temporalmente y en forma absoluta al Ejecutivo, a fin de que legisle en materia arancelaria.

    "Me parece que el remedio es mucho m�s grave y alarmante, porque con sobrada raz�n se pensar�a que el uso de facultades extraordinarias es menos peligroso que el estar inquietando constantemente al pa�s con una declaraci�n de suspensi�n de garant�as, s�lo justificable en el estado de gravedad a que se refiere el art�culo 29, que ciertamente es distinto de los fen�menos de car�cter econ�mico y que revisten categor�as y caracteres completamente distintos. Concretando las objeciones, se habla de que el dictamen no es aceptable por falta de t�cnica. Yo pido excusas a los se�ores diputados, porque no entiendo en qu� est� la falta de t�cnica.

    "No s� si el Congreso no est� capacitado para, en presencia de una proposici�n de reformas constitucionales de un precepto, sugerir las reformas que no sugiri� la iniciativa y que son indispensables para armonizar las dos disposiciones legales.

    "Se dice, en segundo lugar, que 'porque con el dictamen se comete el absurdo de renegar de nuestro sistema democr�tico y de las facultades que el Congreso tiene'.

    "Yo, con toda entereza, tengo que declarar que en mi sentir no se afecta, no se lesiona el r�gimen democr�tico por el hecho de que el Congreso, consciente de las graves necesidades del momento, haga una reforma constitucional que preste utilidad bastante a nuestra N.M.�xima, a fin de estar en capacidad de dictar leyes adecuadas por medio de las cuales el se�or presidente de la Rep�blica est� en condiciones de hacer frente a las necesidades econ�micas del pa�s.

    "Por �ltimo, considero que no es justa la afirmaci�n que se hace de que la reforma propuesta es in�til, porque en mi sentir es necesario modificar el art�culo 131 en su adici�n, ya que los fines que persiguen no se pueden alcanzar a trav�s del art�culo 29 por medio de la suspensi�n de garant�as.

    "...

    "El C. Rocha Jr. A.: Es cierto que estamos estudiando uno de los asuntos m�s trascendentales y de capital importancia que haya tocado conocer a esta C�mara de Diputados, pero no es exacto que se pretenda sorprender al pueblo de la naci�n con una reforma constitucional inmediata y sin remedio. Parece que los se�ores diputados de Acci�n Nacional olvidan que en estos momentos la C�mara de Diputados no asume funciones irrevocables, sino que sus actos habr�n de ser conocidos por la C�mara de Senadores y por toda las Legislaturas de la Rep�blica. Olvidan que la petici�n arranca del Ejecutivo Federal y de su gabinete, y que ha sido objeto de estudio meditado frente a circunstancias capitales. Despu�s de que ustedes resuelvan lo conducente, el Senado de la Rep�blica tomar� conocimiento del caso, y si encuentra que la propuesta del Ejecutivo y de la comisi�n son razonables, lo turnara a las Legislaturas de los Estados, y de esta manera, siguiendo los lineamientos contenidos en la propia Carta Magna, se introducir� la reforma si es procedente.

    "Si la C.�n fuere algo intocable, un 'tab�' que no pudiese de ninguna manera alterarse, no hubiese la propia C.�n consignado dentro de su ordenamiento la manera de alterarla; y no otra cosa, aunque plausible por muchos aspectos, fue la reforma de los a�os de 1937 y 1938, puesto que la C.�n Pol�tica Mexicana, tal como naci� en Q.�taro, no conten�a esa situaci�n.

    "La alarma del se�or diputado M.�n del Campo frente a lo que �l trata de llamar 'la p�rdida de la fisonom�a del r�gimen constitucional mexicano' es un viejo temor muchas veces alegado ante muchos parlamentos de la tierra. Precisamente uno de los m�s distinguidos exponentes del verdadero constitucionalismo, M., aquel que fraguara y creara en su esencia la C.�n americana, refutaba esta tesis con palabras tan claras que nos pueden iluminar a ciento y tantos a�os de distancia en esta ocasi�n. M. dec�a lo siguiente. Hac�a referencia a quienes afirmaban que la tesis de M. creaba la divisi�n de poderes sin limitaci�n de ninguna especie, y dec�a: 'El Federalista, XLVII'.

    "(M.). De estos hechos, que son los que guiaron a M., es posible inferir con claridad que al decir: 'No puede haber libertad donde los Poderes Legislativo y Ejecutivo se hallan unidos en la misma persona o en el mismo cuerpo de Magistrados', o 'si el poder de juzgar no est� separado de los Poderes Legislativo y Ejecutivo', no quer�a decir que estos departamentos no deber�an tener una intervenci�n parcial en los actos del otro o cierto dominio sobre ellos. Su idea como lo expresan sus propias palabras y todav�a con m�s fuerza de convicci�n, como lo esclarece el ejemplo que ten�a a la vista, no puede tener m�s alcance que �ste: que donde todo el poder de un departamento es ejercido por quienes poseen todo el poder de otro departamento, los principios fundamentales de una C.�n libre se hallan subvertidos. �ste habr�a sido el caso dentro de la C.�n que estudi�, si el rey, que es el �nico magistrado ejecutivo, hubiera pose�do asimismo todo el Poder Legislativo o la administraci�n suprema de la justicia; o si todo el cuerpo legislativo hubiera dispuesto de la autoridad judicial suprema o de la suprema autoridad ejecutiva.

    "Es decir, el m�s claro de todos los exponentes de las tesis constitucionalistas, no estim� que el hecho transitorio de facultar al Ejecutivo para expedir leyes, subvierta la fisonom�a fundamental de la democracia y de los pueblos federalistas donde exista la divisi�n de los poderes, pero tampoco los tratadistas que han estudiado nuestra C.�n estiman que tal cosa ocurra en M�xico, es decir, que se haya planteado una firme divisi�n de poderes sin colaboraci�n de los mismos, y as� tenemos que T.R.�rez nos dice lo siguiente:

    "'Nuestra C.�n consagra la divisi�n de los tres Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, y realiza su colaboraci�n por dos medios principales: haciendo que para la validez de un mismo acto se necesite la participaci�n de dos poderes (ejemplo: en la celebraci�n de los tratados participan el presidente de la Rep�blica y el Senado) u otorgando a uno de los poderes algunas facultades que no son peculiares de ese poder, sino de alguno de los otros dos (ejemplo: la facultad judicial que tiene el Senado para conocer de los delitos oficiales de los funcionarios con fuero).

    "'As�, pues, aunque el primer p�rrafo del art�culo 49 no hace sino expresar la divisi�n de los Poderes Federales, es posible deducir de la organizaci�n constitucional toda entera que esa divisi�n no es r�gida, sino flexible o atenuada; no hay dislocamiento, sino coordinaci�n de poderes.'

    "Y si observamos detenidamente nuestro texto constitucional, seguramente que encontraremos muchos casos en que concurren facultades de un poder en otro. La C�mara de Diputados puede ser �rgano de acusaci�n en cierto tipo de delitos, que es facultad privativa del Ministerio P�blico, �rgano del Poder Ejecutivo. El Senado de la Rep�blica es el tribunal espec�fico que sentencia e impone penas en los casos de delitos oficiales. Aqu� tenemos, pues, c�mo el propio Poder Legislativo, en ciertos casos, realiza funciones del Ejecutivo, y en otros casos del Judicial. Veamos ahora el Poder Ejecutivo: son �rganos del Poder Ejecutivo el Tribunal F. de la F.�n, las Juntas Federales de Conciliaci�n y Arbitraje, y los tribunales de justicia militar, que imponen las m�s graves y trascendentales penas de que tiene conocimiento nuestra vida institucional y, sin embargo, esos tribunales, esos �rganos del Poder Ejecutivo no dependen del Poder Judicial de la F.�n ni del Poder Judicial de los Estados en ning�n caso. Tenemos tambi�n otros ejemplos a los cuales se podr�a hacer referencia. El Poder Judicial tiene sus propios funcionarios, como son los Jueces. �sta es una funci�n ejecutiva de la que hace uso el Poder Judicial; pero hay m�s, el Poder Judicial como supremo defensor e int�rprete de la C.�n va creando lo que se llama jurisprudencia constructiva, que no es otra cosa que colocarse sobre el Poder Legislativo en nombre de la C.�n para variarle sus actos. Podr�a dec�rseme que al obrar en esta forma lo hace porque la C.�n misma en su supremac�a le impone la necesidad de actuar, y esto es cierto, pero en la realidad podr�amos tener presente la expresi�n del presidente de la Corte americana cuando dijo que la C.�n es lo que quieren que sea los Jueces que la interpretan. Y as� encontramos c�mo ese alto tribunal var�a muchas veces su modo de pensar, su propia jurisprudencia, y es natural que entonces al darle una ley dos sentidos en alguna de las ocasiones no estuvo en lo justo y en aqu�lla, en cierta forma, invadi� la jurisdicci�n del Poder Legislativo. Pero se�ores, no hay m�s que un criterio definido en materia constitucional y en materia legal. No hay m�s que la realidad de los pueblos y de los momentos que se vive. Ninguna doctrina naci� antes que los pueblos y ni antes del Estado. Todas las doctrinas las forjaron la historia, los hombres mismos. Y es natural que as� lo sea, y es natural como consecuencia l�gica que las leyes vayan variando, que se transformen. Tampoco es exacto, como dice el se�or diputado R.M.�n del Campo, que perder�amos nuestra fisonom�a.

    "Q.� le pudi�ramos decir que nuestra verdadera fisonom�a, aunque lament�ndonos de ello, no ha sido la de funci�n exacta, capital del Congreso, sino la de las facultades extraordinarias. Esto es lamentable y contra ello debemos de luchar cuando no se justifique por situaciones elevadas y de patriotismo, pero no podemos negarlas cuando exista raz�n para entregarla al Ejecutivo la defensa del pa�s, neg�ndole esas facultades en nombre de principios que ni siquiera encuentra su plena justificaci�n.

    "Yo le pregunto al se�or diputado R.M.�n del Campo �querr�a que se convocara al Congreso para variar el valor de las tarifas arancelarias o cuando var�a la moneda, o para decirle que se va a variar el valor de la moneda y que por consecuencia hay que variar los aranceles y comunic�rselo al mundo entero? Entonces se producir�n fen�menos catastr�ficos. Lo que pasa es que hace doscientos a�os, cuando se forj� en la mente de los te�ricos la divisi�n de los poderes, ni hab�a los medios de comunicaci�n tan r�pidos ni los problemas econ�micos eran tan profundos como los que hoy d�a sufre y vive esta humanidad. Esas doctrinas verticales, necesariamente tienen que cambiar frente a problemas de realidad �Qu� puede hacer un pueblo sino elevar sus tarifas cuando tiene que enfrentarse con variaciones diarias y cambios de moneda en todos los lugares de la tierra y con las comunicaciones tan r�pidas que no le permitir�n sacar a tiempo sus productos?

    "Se�ores, si el Ejecutivo va a convocar al Legislativo para poder subir la cuota arancelaria prohibitiva de la importaci�n de autom�viles, esto ocurrir� cuando todos los autom�viles necesarios ya hayan sido importados. Eso no es posible; es necesario, por raz�n obvia, otorgarle al Ejecutivo, en casos determinados y en circunstancias especiales, la facultad de alterar esas tarifas.

    "Por lo dem�s, yo quiero hacer notar circunstancias de los tratadistas de derecho constitucional mexicano: de los actuales, T.R.�rez es el que me ha convencido en mayor grado, y de �l voy a hacer una segunda cita que tiene muy estrecha relaci�n con lo que estamos tratando, dice lo siguiente: 'Pensamos, por todo ello, que la reforma de 38, en lugar de haber confirmado una situaci�n que abiertamente rechaza nuestra realidad, debi� abordar el problema desde el punto de vista de esa realidad, para acoger otros casos como los antes anotados, en que, aparte de los previstos por el art�culo 29, el Congreso pudiera delegar facultades legislativas en el presidente de la Rep�blica.'.

    "Creo, se�ores, que podr�amos resumir nuestra posici�n de la siguiente manera: los m�s claros exponentes de la doctrina constitucionalista no son partidarios verticales de la divisi�n de poderes, sino de su colaboraci�n. La C.�n mexicana no recoge la perfecta divisi�n, sino que atribuye en muchos casos a un poder, facultades propias y espec�ficas de otro. La C.�n es siempre producto de una realidad. Por eso es modificable, y dentro de ella misma est� postulado que autoriza a modificarla. La realidad nacional exige en estos momentos una reforma de orden constitucional, para hacer frente a problemas de car�cter econ�mico extraordinariamente urgente. Nuestros tratadistas han conocido las facultades extraordinarias, justific�ndolas en sus libros, en sus tesis y en la propia jurisprudencia de la Corte, y aun juzgan que la reforma de 1937 exager� el punto que tuvo algo de rom�ntico y algo de apartado de la realidad.

    "Entonces, se�ores diputados, nosotros no creemos que existan en realidad los tan graves cargos que han lanzado los se�ores de la oposici�n. No se pretende sorprender al pueblo de M�xico. El Supremo Poder da el tiempo para los diversos dict�menes, y este dictamen es uno de los primeros pasos para informar a la naci�n y �ste es uno de los primeros pasos para introducir la reforma.

    "Podr�amos hacer referencia a otro argumento, sobre todo a los cargos que se han formulado sobre el particular, pero creemos que es innecesario, porque para nosotros la �nica raz�n que puede justificar el hecho es la esencia misma de las cosas; y entonces, si la reforma declara que el Poder Legislativo podr� autorizar al Ejecutivo para esto y para lo otro, quiere decir, sencillamente, que de la entrega positiva y real que de las facultades transitorias y temporales haga el Poder Legislativo al Ejecutivo y del uso que �ste sepa hacer, ser� donde est� la esencia misma de la bondad o del error del paso dado, no de la transferencia constitucional de autorizaci�n, sino en el hecho positivo; cuando nosotros le otorguemos al Ejecutivo las primeras facultades, ser� donde tendremos que decirle por un a�o o por dos para esto, para aquello. Y es m�s: �l tendr�, a�o por a�o, en los casos en que se le otorgue, que someter al conocimiento del Poder Legislativo el uso que del mismo haya hecho.

    "La jurisprudencia mexicana, la tesis de Landa y la tesis de Vallarta han sido que no se funde un poder en otro, sino en el caso de que se transfieran en lo absoluto las funciones, es decir, que si de las 30 fracciones del art�culo 73 de la C.�n, nosotros solamente declaramos que podemos autorizar bajo ciertas condiciones al Ejecutivo, para que de una de ellas en ciertas condiciones y en defensa del pa�s pueda hacer uso, seguramente que ni ha desaparecido el Poder Legislativo, ni se ha fundido con el Ejecutivo, ni hay ning�n tirano que tenga en sus manos todos los poderes para hacer uso arbitrario de los mismos, pues �l tendr� que rendir su informe al Legislativo y seguramente tendr� que fundar sus actos en verdadero patriotismo.

    Se�ores diputados: Es cierto que es trascendental el momento, pero tambi�n es cierto que los problemas que confronta el pa�s nos exigen de nuestro patriotismo, de nuestra acci�n, no s�lo pensar en la doctrina, sino poner los pies sobre la realidad para defender a nuestro pa�s frente a la crisis de la cual tendr� que hacerse cargo, porque incuestionablemente horas m�s tarde, d�as m�s tarde, tendr�amos que lamentar la imprevisi�n de no haber sabido dar a un poder central la funci�n de la defensa de la patria. La suspicacia doctrinaria que se alega no encuentra conceptos esenciales que la funden. ...

    Una vez votado y aprobado el texto de la referida iniciativa, con las modificaciones introducidas en la C�mara de Diputados, la minuta correspondiente se remiti� a la C�mara de Senadores, la cual la aprob� en los t�rminos propuestos por la C�mara de Origen. En el dictamen elaborado por las comisiones respectivas del Senado se sostuvo:

    "C�mara de Senadores

    "Dictamen y discusi�n

    "M�xico, D.F., a 23 de diciembre de 1950

    "H. Asamblea:

    "Nos fue turnado, para estudio y dictamen, el expediente formado con la minuta proyecto de ley aprobada por la H. C�mara de Diputados sobre reformas de los art�culos 49 y 131 de la C.�n General de la Rep�blica, iniciada por el Ejecutivo de la Uni�n.

    "Creemos conveniente no rehuir los verdaderos alcances tanto te�ricos como pr�cticos de dicha iniciativa, sino afrontarlos con toda claridad. Emplear eufemismos en casos como el presente, en que est�n de por medio aspectos trascendentales de la vida econ�mica y pol�tica del pa�s, resultar�a perjudicial. La cuesti�n se plantea en los t�rminos siguientes:

    "�Debe respetarse estrictamente el principio de la divisi�n tripartita de los poderes, consignada en la C.�n, aun cuando la realidad indique la necesidad o conveniencia de no hacerlo en determinados casos; o deben atenderse excepcionalmente los imperativos de la realidad aun cuando sea en mengua de la rigidez del principio?

    "La verdad es que s� se ataca el principio de la tripartici�n de los poderes, tanto cuanto inconstitucionalmente se delega una facultad del Legislativo en favor del Ejecutivo, como cuando desde el propio ordenamientoconstitucional se inviste a �ste deuna atribuci�n que, por su naturaleza, deber�a corresponder a aqu�l.

    "T�cnicamente, el �rgano constitucional que nuestro C�digo Pol�tico establece en el art�culo 135 no tiene limitaciones a su soberan�a: basta que diga que tal o cual acto es atribuci�n de uno de los poderes para que, aun cuando �ste no vaya de acuerdo con su naturaleza intr�nseca, jur�dicamente tal acto tenga el car�cter de legislativo, ejecutivo o jurisdiccional, seg�n el �rgano del Estado al que haya sido confiado.

    "Se concluye, por ende, que las C�maras del Congreso de la Uni�n y la mayor�a de las Legislaturas de los Estados, actuando en los t�rminos y conforme a los requisitos exigidos en el art�culo 135 citado, tienen facultad para decidir en favor de cualquiera de los dos extremos de la alternativa, aun cuando en el propio ordenamiento constitucional existan disposiciones en contrario.

    "Trataremos, ahora, de precisar cu�l de los dos presupuestos del dilema es el conveniente para la naci�n.

    "Estimamos que el criterio de esta H. C�mara no debe detenerse ante la consideraci�n de que un principio es absolutamente inviolable. El bienestar del pueblo mexicano y los intereses de la naci�n no s�lo est�n por encima de los intereses individuales o de grupo, sino aun sobre la te�rica intangibilidad de los principios.

    "En el caso concreto a que nos venimos refiriendo puede todav�a extremarse el argumento, se�alando la repetida e insistente violaci�n del principio en nuestra propia C.�n y en las de todos los dem�s pa�ses del mundo que han adoptado, para su r�gimen interior, la cl�sica divisi�n de los Poderes en Legislativo, Ejecutivo y Judicial.

    "Todos los tratadistas est�n de acuerdo y cualquier estudiante de derecho constitucional o derecho administrativo sabe que no es posible trasplantar el principio, en toda su rigidez, de la teor�a a la pr�ctica y que abundan los ejemplos de actos que teniendo una naturaleza intr�nseca determinada, siempre han sido atribuidos a un poder de diversa categor�a. En nuestra propia C.�n los encontramos: la facultad de reglamentar las leyes es eminentemente legislativa y, sin embargo, se conf�a al Ejecutivo (art�culo 89, fracci�n I); la expedici�n de nombramientos en ejecuci�n de una ley, que es acto propio del Poder Ejecutivo y, constitucionalmente, se atribuye tambi�n al Legislativo y al Judicial (art�culos 77, fracci�n III y 97, respectivamente); y por �ltimo, la atribuci�n intr�nsecamente jurisdiccional de juzgar, confiada al Poder Legislativo (art�culo 111).

    "No ser�a, pues, inusitado en nuestro derecho que se instituyera otro caso m�s, y ello demostrarlo, sin lugar a dudas, que cuando excepcionalmente se rompe la teor�a ante el imperio de la realidad, que cuando aun con violaci�n de un principio rigorista se establecen excepciones, ni se rompe el equilibrio de los poderes, ni se derrumba nuestro r�gimen democr�tico, ni se destruyen sus instituciones.

    "Ahora bien, con toda justificaci�n hace ver la exposici�n de motivos c�mo determinadas clases de impuestos no tienen como finalidad �nica la de que los particulares contribuyan a los gastos p�blicos ni obedecen exclusivamente a exigencias del erario de la naci�n, sino que, concomitantemente, y en forma decisiva, llenan otras muy importantes necesidades colectivas: 'Favorecer el desarrollo de las industrias nacionales mexicanas, lograr el florecimiento de industrias incipientes, influir en el equilibrio de la producci�n, estimular la producci�n agr�cola en vez de la industrial o viceversa, incrementar o impedir el comercio internacional, tutelar la clase laborante, etc., etc.'. Asimismo, que en un momento determinado, mediante impuestos elevados o reducidos o la creaci�n o supresi�n de fracciones en las tarifas de importaci�n o de exportaci�n, por medio de restricciones a unos y otras, as� como al tr�nsito de los productos y aun mediante su prohibici�n, es factible estabilizar la moneda e impedir la elevaci�n de los precios en bien de la poblaci�n mexicana y del propio pa�s, o bien, cubrir un d�ficit presupuestario.

    "�ste es, precisamente, el caso de las tarifas arancelarias: podr�n constituir un importante rengl�n de ingresos; podr�n servir para cubrir en parte muy considerable exigencias presupuestales, pero tambi�n fungen de insustituibles reguladoras del comercio internacional, cuyas numerosas implicaciones tienen tanta trascendencia en la vida econ�mica del pa�s.

    "Por otro cap�tulo, debe tambi�n convenirse en que la intervenci�n legislativa, en casos como los se�alados, no podr� ser siempre tan oportuna y eficaz como se deseara y lo vayan exigiendo las circunstancias. Efectivamente, por su propia naturaleza, toda iniciativa debe pasar a trav�s de dos asambleas deliberativas y, por ello, la actuaci�n del Congreso es, y tiene que ser, laboriosa y, por tanto, lenta.

    "Todav�a debemos agregar que, constitucionalmente, las C�maras tienen un limitado y realmente breve periodo ordinario de sesiones, con m�ximo de cuatro meses al a�o; que no es recomendable convocar al Congreso, con demasiada frecuencia, a periodos extraordinarios y que, aun cuando as� se hiciera, el cumplimiento de los t�rminos y requisitos se�alados por nuestra Carta Magna impedirla, de todos modos, una intervenci�n r�pida y eficaz del Poder Legislativo para hacer frente a cualquiera emergencia, monetaria o financiera, pongamos por caso, lo que podr�a llegar a ser de incalculables y perjudiciales consecuencias para la econom�a de la naci�n.

    "En cambio, el Ejecutivo act�a permanentemente por una parte y, por la otra, de su intervenci�n puede esperarse la agilidad de la concepci�n y la rapidez en la ejecuci�n que son caracter�sticas del pensamiento y la acci�n individuales.

    "Si a lo anterior se a�ade que la conquista del tiempo y el espacio lograda por el hombre; que la creciente rapidez de las comunicaciones en todos los �rdenes, ha ligado entre s�, m�s que nunca, a todos los pueblos de la tierra, y que las repercusiones de un fen�meno acaecido en un punto determinado son inmediatas, casi pudiera decirse que simult�neas en todas partes, porque el tel�grafo, la radio, etc., al difundir r�pidamente la noticia transmiten tambi�n las inquietudes sociales, econ�micas o de otra �ndole que fueron su causa, o son su consecuencia, y es frecuente ver c�mo, por contagio, surgen fen�menos semejantes en los lugares m�s apartados; si se tiene en cuenta que unas cuantas horas de duda pueden ser nocivas para la industria, para la agricultura, para el comercio, para la banca y, por tanto, para los obreros, para los campesinos, para la llamada clase media, en suma, para todo el pueblo, debe concluirse obviamente que es indispensable encomendar las funciones m�s delicadas al �rgano del Estado que se encuentre en mejores condiciones para adaptarse, con la urgencia que el caso requiera, a las cambiantes circunstancias de la vida moderna, aunque para ello sea necesario prescindir de la estricta aplicaci�n de una teor�a a la que, por lo dem�s, ya se le reconocen varias y leg�timas excepciones.

    "No se puede, pues, hacer caso omiso de ingentes necesidades reales en nombre de la inviolabilidad de un principio que, aun cuando parezca paradoja, no es, ni ha sido, inviolable ni inviolado.

    "Y es l�gico que as� suceda, porque esta clase de principios de derecho p�blico no son leyes inmutables de la naturaleza, son creaciones del hombre encaminadas a una mejor regulaci�n de la convivencia humana: son medios, no fines; son instrumentos que deben usarse de conformidad con los variables acontecimientos del devenir de los pueblos; no pueden ser est�ticos porque la vida es din�mica. Si es necesario modificarlos, restringirlos y aun abolirlos, en nombre del bienestar general debemos hacerlo, sin que nos arredre la opini�n contraria de quienes quisieran conservarlo todo intangible. Es lo que han hecho todas las revoluciones: no detenerse ante las cosas ni ante las ideas consagradas; destruir de un golpe el tab� intocable cuando las necesidades colectivas as� lo exigen.

    "Estamos contemplando la lucha sin tregua que todos los �rganos del Estado vienen sosteniendo para impedir que se agraven las penosas condiciones econ�micas de las grandes masas del pueblo, como consecuencia de trastornos econ�micos internos o como reflejo de la situaci�n mundial, lucha en la que el Poder Legislativo ha participado dentro de sus atribuciones, modesta pero decididamente. No vamos ahora, por miedo a atenuar el rigor de un principio, a prescindir de un factor importante en esta lucha y que quiz� pueda usarse para evitar que la escasez y la carest�a se acent�en.

    "Lo que decimos del principio de la divisi�n de poderes podemos repetirlo para todos los dem�s que inspiran a los reg�menes democr�ticos. La democracia, considerada en s� misma, no es tampoco est�tica: ha evolucionado y seguir� evolucionando, al comp�s que le marquen los hechos hist�ricos. De no hacerlo, quedar� relegada a una teor�a del pasado.

    "Si la flexibilidad de facultades puede servir para lograr que el pueblo satisfaga sus necesidades m�s ingentes, adoptemos la flexibilidad de facultades, porque el pueblo no alivia sus urgencias con teor�as.

    "En otro orden de ideas, expresamos tambi�n nuestra opini�n de que no debe temerse tanto a las palabras: se ha dicho que el Congreso no debe abdicar de sus atribuciones espec�ficas como Poder Legislativo. Los reyes abdicaban porque cre�an o fing�an creer que el trono, por derecho divino, era suyo, en propiedad con todos sus atributos de uso, usufructo y abuso. Nosotros sabemos que no somos due�os de atribuci�n alguna, que estamos ejerciendo poderes delegados del pueblo y que, si en un momento dado, las instrucciones contenidas en el poder que nos ha sido conferido, resultan contrarias a los intereses de nuestro mandante que es el pueblo de M�xico, debemos variarlas de acuerdo con �l, porque la funci�n esencial del mandatario es cuidar y servir los intereses de quien le otorga el mandato.

    "Ahora bien, no es necesario llegar tampoco a extremos como los se�alados, ni con la aprobaci�n de la iniciativa, ni menos con la del texto votado por la H. C�mara de Diputados va a terminarse la divisi�n de poderes, ni va a desaparecer el Legislativo. Conservando el acervo de las atribuciones fundamentales que le son propias, no en contra ni al margen de la C.�n, sino de acuerdo con ella, vamos a capacitar al Ejecutivo para que pueda afrontar los problemas que la fijaci�n, en detalle, de los aranceles, pudiera implicar y para que vaya adapt�ndolos a las necesidades econ�micas del pa�s.

    "Con muy buen juicio la H. Colegisladora, sin descuidar los fines esenciales que se persiguen en la iniciativa, atempera los alcances de la misma, al sustituir la facultad irrestricta del Ejecutivo para aumentar, disminuir, etc., las tarifas de importaci�n y exportaci�n tal como esta facultad se conceb�a en el proyecto por la autorizaci�n del Congreso, no forzosa, sino potestativa, para mover las tarifas arancelarias, y las restricciones y prohibiciones aduaneras, de acuerdo con las bases fijadas previamente por el propio Congreso, por una parte y, por la otra, de conformidad con las necesidades de la naci�n. Establece, adem�s, la obligaci�n del Ejecutivo de dar cuenta al Poder Legislativo con el uso que hubiere hecho de esa autorizaci�n.

    "Existe en nuestra C.�n un antecedente que tiene una gran similitud, el de la fracci�n VII del art�culo 73 constitucional, seg�n el cual el Congreso da las bases generales sobre las cuales el Ejecutivo puede celebrar empr�stitos sobre el cr�dito de la naci�n. Este antecedente, as� como el caso que da motivo al presente dictamen, encuadran perfectamente con el invocado por la iniciativa, cuando cita el uso de las llamadas 'leyes marcos'.

    "Refiri�ndonos a otro aspecto de la minuta aprobada por la H. Colegisladora, entendemos que no era rigurosamente indispensable la reforma del art�culo 49 constitucional para hacerla concordar con la modificaci�n que se introduce en el art�culo 131, puesto que si en un precepto se establece una regla general y, en otro del mismo cuerpo de leyes, una excepci�n, no es absolutamente necesario que en el primero se consigne dicha excepci�n o se haga referencia a ella, puesto que es de explorado derecho que para la validez jur�dica de las excepciones basta con que est�n expresamente previstas, pero como la reforma al art�culo 49 contribuye a dar mayor claridad al texto y evita la posibilidad, aunque sea remota, de que pueda creerse en una no aparente sino real antinomia, no tenemos, por nuestra parte, inconveniente en que tambi�n se apruebe, m�xime cuando, de ser rechazada en esta parte, tendr�a que regresar a la C�mara de Origen, lo que probablemente no permitir�a disponer del tiempo que es necesario para consultar el voto de las Legislaturas de los Estados dentro del actual periodo de sesiones, lo que, a su vez, impedir�a que, durante el pr�ximo ejercicio fiscal, el Ejecutivo pudiera hacer frente, con la urgencia que el caso puede requerir, a las posibles contingencias que no es dif�cil prever desde ahora con que tendr�a que enfrentarse dada la tensa situaci�n mundial.

    "En suma: ante los peligros que involucra la dif�cil situaci�n mundial, ante las necesidades vitales del pueblo de M�xico, optamos por poner en manos del Ejecutivo un instrumento adecuado para que pueda sortear esos peligros y defender los intereses de la naci�n.

    "En esa virtud, los que integramos las C.ones Unidas Primera de Puntos C.onales, Hacienda, Aranceles y Comercio Exterior, sometemos a la consideraci�n de esta H. C�mara el siguiente proyecto de:

    "Ley que reforma y adiciona los art�culos 49 y 131 de la C.�n General de la Rep�blica.

    "Art�culo �nico. Se reforman el art�culo 49 y se adiciona el art�culo 131 de la C.�n General de la Rep�blica, para quedar redactados en los t�rminos siguientes:

    "'Art�culo 49. El Supremo Poder de la F.�n se divide para su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y Judicial.

    "'No podr�n reunirse dos o m�s de estos poderes en una sola persona o corporaci�n, ni depositarse el Legislativo en un individuo, salvo el caso de facultades extraordinarias al Ejecutivo de la Uni�n, conforme a lo dispuesto en el art�culo 29. En ning�n otro caso, salvo lo dispuesto en el segundo p�rrafo del art�culo 131, se otorgar�n al Ejecutivo facultades extraordinarias para legislar.'

    "'Art�culo 131. ...

    "'El Ejecutivo Federal podr� ser facultado por el Congreso de la Uni�n para aumentar, disminuir o suprimir las cuotas de las tarifas de exportaci�n e importaci�n, expedidas por el propio Congreso y para crear otras: as� como para restringir y para prohibir las importaciones, las exportaciones y el tr�nsito de productos, art�culos y efectos, cuando lo estime urgente, a fin de regular el comercio exterior, la econom�a del pa�s, la estabilidad de la producci�n nacional, o de realizar cualquier otro prop�sito, en beneficio del pa�s. El propio Ejecutivo al enviar al Congreso el presupuesto fiscal de cada a�o, someter� a su aprobaci�n el uso que hubiese hecho de la facultad concedida.'

    "'Transitorio:

    "'Art�culo �nico. La presente ley entrar� en vigor al d�a siguiente de su publicaci�n en el Diario Oficial de la F.�n.'

    Sala de comisiones de la H. C�mara de Senadores. M�xico, D.F., a 23 de diciembre de 1950. Primera C.�n de Puntos C.onales: L.. G.D.�az O.. L.. P.G.M.�nez. L.. F.L.A.. C.�n de Hacienda: L.. A.L.M.. L.. A.C.. L.. A.D.S.. Segunda C.�n de Aranceles y Comercio Exterior: L.. A.D.S.. J.�s B.G.�lez. Dr. G.A.U..

    El texto finalmente aprobado de los art�culos 49 y 131 de la C.�n General de la Rep�blica, que a la fecha est� vigente, es el siguiente:

    "Art�culo 49. El Supremo Poder de la F.�n se divide para su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y Judicial.

    "No podr�n reunirse dos o m�s de estos poderes en una sola persona o corporaci�n, ni depositarse el Legislativo en un individuo, salvo el caso de facultades extraordinarias al Ejecutivo de la Uni�n, conforme a lo dispuesto en el art�culo 29. En ning�n otro caso, salvo lo dispuesto en el segundo p�rrafo del art�culo 131, se otorgar�n facultades extraordinarias para legislar."

    "Art�culo 131. Es facultad privativa de la F.�n gravar las mercanc�as que se importen o exporten, o que pasen de tr�nsito por el territorio nacional, as� como reglamentar en todo tiempo y aun prohibir por motivos de seguridad o de polic�a, la circulaci�n en el interior de la Rep�blica de toda clase de efectos, cualquiera que sea su procedencia; pero sin que la misma F.�n pueda establecer, ni dictar, en el Distrito Federal, los impuestos y leyes que expresan las fracciones VI y VII del art�culo 117.

    El Ejecutivo podr� ser facultado por el Congreso de la Uni�n para aumentar, disminuir o suprimir las cuotas de las tarifas de exportaci�n e importaci�n, expedidas por el propio Congreso, y para crear otras; as� como para restringir y para prohibir las importaciones, las exportaciones y el tr�nsito de productos, art�culos y efectos, cuando lo estime urgente, a fin de regular el comercio exterior, la econom�a del pa�s, la estabilidad de la producci�n nacional, o de realizar cualquiera otro prop�sito, en beneficio del pa�s. El propio Ejecutivo al enviar al Congreso el presupuesto fiscal de cada a�o, someter� a su aprobaci�n el uso que hubiese hecho de la facultad concedida.

    Con base en los elementos que derivan del proceso que dio lugar a la reforma del p�rrafo segundo del art�culo 131 constitucional, es posible llegar a diversas conclusiones relacionadas con el alcance de las facultades que el Congreso de la Uni�n puede conceder al presidente de la Rep�blica y con el principio de divisi�n de poderes y las limitantes establecidas en el p�rrafo segundo del art�culo 49 constitucional.

    Con la adici�n del p�rrafo segundo del art�culo 131 constitucional se facult� al Congreso de la Uni�n para que, mediante una ley, delegue al titular del Ejecutivo Federal su potestad tributaria para crear, modificar o suprimir aranceles, as� como para establecer disposiciones de observancia general de la misma jerarqu�a que las leyes emitidas por el referido Congreso, a trav�s de las cuales se reglamente el comercio exterior con el fin de realizar cualquier prop�sito en beneficio del pa�s.

    Dicho en otras palabras, mediante la reforma en comento se permiti� en sede constitucional que el legislador delegue su facultad de crear leyes tanto en materia arancelaria como no arancelaria al titular del Ejecutivo de la Uni�n, debiendo entenderse por tales leyes las que en t�rminos de lo previsto en la C.�n General de la Rep�blica corresponde emitir al Congreso de la Uni�n y que, por ende, constituyen las normas federales de mayor jerarqu�a, es decir, a trav�s de las cuales se regulan las bases de todas aquellas materias que en la propia N.F. est�n sujetas al principio de reserva de ley o cuya fuente de regulaci�n ha sido delegada en la propia C.�n al referido Congreso.

    Entonces, en virtud de lo dispuesto en el referido p�rrafo segundo del art�culo 131 constitucional, el Congreso de la Uni�n qued� facultado para delegar al Ejecutivo de la Uni�n la potestad necesaria para emitir disposiciones de observancia general en materia arancelaria o no arancelaria, que se distinguen por gozar de la misma jerarqu�a que las leyes dictadas por el Congreso de la Uni�n, pero con la ventaja de que para su aprobaci�n y efectos plenos en el mundo jur�dico, no se requiere seguir el proceso legislativo regulado en el art�culo 72 constitucional; potestad cuya finalidad fue dotar al Estado de mecanismos jur�dicos eficientes y expeditos que le permitan encauzar las operaciones de comercio internacional enbeneficio de la econom�a nacional yresponder con la velocidad necesaria a las fluctuaciones que el intercambio de bienes con el sector externo provoca a �sta.

    Adem�s, con el fin de que el Congreso de la Uni�n mantenga el control sobre la potestad constitucional para legislar, es decir, para expedir actos formal y materialmente legislativos, especialmente en materia tributaria, el Poder Revisor de la C.�n estim� necesario que el titular del Ejecutivo Federal, al enviar al referido Congreso el presupuesto fiscal de cada a�o, someta a la aprobaci�n de �ste el uso que hubiere hecho de las potestades legislativas concedidas.

    Por otra parte, en relaci�n con la limitaci�n constitucional prevista en el art�culo 49 constitucional en cuanto a que el Poder Legislativo no puede depositarse en un individuo, salvo el caso de facultades extraordinarias concedidas al Ejecutivo de la Uni�n, con la reforma en comento se adicion� una segunda excepci�n a esa expresi�n constitucional del principio de divisi�n de poderes, estableci�ndose que adem�s de la hip�tesis prevista en el art�culo 29 de la propia Carta Magna, para el caso de suspensi�n de garant�as, el presidente de la Rep�blica se tornar�a en depositario del Poder Legislativo cuando el Congreso de la Uni�n lo facultara para emitir disposiciones de car�cter general en materia arancelaria y no arancelaria.

    Cabe agregar que la conclusi�n adoptada fortalece la diversa sostenida en el precedente de la actual integraci�n del Pleno de esta Suprema Corte de Justicia, en virtud de que, como se sostuvo en esa ocasi�n, las atribuciones que pueden delegarse por el Congreso de la Uni�n al titular del Ejecutivo Federal, en t�rminos del p�rrafo segundo del art�culo 131 constitucional, no deben confundirse con las facultades que el propio legislador confiere a una determinada autoridad administrativa para cumplir con lo dispuesto en un ordenamiento federal que regula el comercio exterior, pues, en tal hip�tesis, el acto desarrollado por la autoridad administrativa, ya sea de car�cter concreto o abstracto, no tendr� la misma jerarqu�a que los actos formal y materialmente legislativos que corresponde dictar a la potestad legislativa, ni implicar� el ejercicio de una facultad reservada constitucionalmente al Congreso de la Uni�n.

    Una vez fijado el alcance de lo dispuesto en el art�culo 131, p�rrafo segundo, de la C.�n General de la Rep�blica, en virtud de que la quejosa sostiene que esta disposici�n constitucional se transgrede al conferirse al titular de la S.�a de Comercio y Fomento Industrial la potestad para establecer cuotas compensatorias, en t�rminos de los art�culos 1o., fracci�n II, inciso c), 2o., fracci�n II, 9o., 11, 12, 13, 15 y 19 de la Ley Reglamentaria del Art�culo 131 de la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos y diversos del Reglamento contra Pr�cticas Desleales de Comercio Internacional, resulta necesario precisar cu�l es la naturaleza de la referida potestad, con el fin de concluir si la misma deriva de lo previsto en el mencionado p�rrafo segundo del art�culo 131 constitucional.

    Para llegar a una conclusi�n sobre ello, resulta necesario precisar cu�l es el marco jur�dico al tenor del cual se emiti� la resoluci�n que estableci� la cuota compensatoria que se liquid� en contra de la quejosa.

    Como se advierte del primer resultando de este fallo, a la peticionaria de garant�as le fue emitida una liquidaci�n el seis de junio de mil novecientos noventa y cuatro por el administrador general de Aduanas de la S.�a de Hacienda y Cr�dito P�blico, en la cual se le aplic� la cuota compensatoria determinada en la resoluci�n provisional de catorce de abril de mil novecientos noventa y tres, y confirmada en la diversa que la revis� de veintisiete de septiembre de mil novecientos noventa y tres. Ahora bien, dado que el respectivo procedimiento de investigaci�n administrativa se inici� el catorce de abril de mil novecientos noventa y tres, destaca que al tenor del art�culo cuarto transitorio de la Ley de Comercio Exterior, que derog� a la referida ley reglamentaria del art�culo 131, los procedimientos de tal naturaleza iniciados al tenor de este �ltimo ordenamiento que se encontraran en tr�mite al momento de la entrada en vigor de aquella ley, se resolver�an conforme a lo previsto en la ley reglamentaria abrogada.

    Por tanto, para determinar cu�l es la naturaleza de las cuotas compensatorias resulta necesario analizar el contexto normativo vigente a la fecha de inicio del respectivo procedimiento de investigaci�n de importaciones bajo pr�cticas desleales de comercio internacional, es decir, al catorce de abril de mil novecientos noventa y tres.

    Ahora bien, de la simple lectura de algunos de los preceptos del contexto normativo que resultaba aplicable en aquel momento, como son el 1o. y el 16 de la Ley Reglamentaria del Art�culo 131 de la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos en Materia de Comercio Exterior, as� como el diverso 35 de la Ley Aduanera vigente en aquel momento, podr�a llegarse a la conclusi�n de que la potestad para establecer cuotas compensatorias, conferida al titular de la S.�a de Comercio y Fomento Industrial, constitu�a una expresi�n de la potestad tributaria que en t�rminos del p�rrafo segundo del art�culo 131 constitucional, el Congreso de la Uni�n puede delegar al titular del Ejecutivo de la Uni�n. Tales preceptos dispon�an:

    Ley Reglamentaria del Art�culo 131 de la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos en Materia de Comercio Exterior.

    "Art�culo 1o. Las disposiciones de esta ley son de orden p�blico y de inter�s general. Tienen por objeto regular y promover el comercio exterior, la econom�a del pa�s, la estabilidad de la producci�n nacional o de realizar cualquier otro prop�sito similar en beneficio del mismo, a cuyo fin se faculta al Ejecutivo Federal, en t�rminos del art�culo 131 constitucional, para:

    "I. Aumentar, disminuir o suprimir las cuotas arancelarias de las tarifas de exportaci�n e importaci�n y para crear otras. No podr�n establecerse cuotas diferentes a las generales establecidas, salvo cuando existan compromisos internacionales que as� lo justifiquen.

    "II.E. medidas de regulaci�n o restricciones a la exportaci�n o importaci�n de mercanc�as consistentes en:

    "a. Requisito de permiso previo para exportar o importar mercanc�as de manera temporal o definitiva, inclusive a las zonas libres del pa�s.

    "b. Cupos m�ximos de mercanc�as de exportaci�n o de importaci�n en raz�n de los excedentes de producci�n, de los requerimientos del mercado o de los acuerdos y convenios internacionales.

    "c. Cuotas compensatorias, provisionales y definitivas, a la importaci�n de mercanc�as en condiciones de pr�cticas desleales de comercio internacional, las que ser�n aplicables independientemente del arancel que corresponda a la mercanc�a de que se trate.

    "d. Prohibici�n de importaci�n o exportaci�n de mercanc�as.

    "III. Restricci�n de la circulaci�n o el tr�nsito por el territorio nacional de las mercanc�as procedentes del y destinadas al extranjero, por razones de seguridad nacional, de salud p�blica, de sanidad fitopecuaria o conservaci�n o aprovechamiento de especies.

    "El propio Ejecutivo Federal, al enviar al Congreso el presupuesto fiscal de cada a�o, someter� a su aprobaci�n el uso que hubiera hecho de las facultades concedidas."

    Art�culo 16. Los importadores o sus consignatarios est�n obligados a calcular en el pedimento de importaci�n correspondiente el monto de la cuota compensatoria causada y a pagarla, junto con los dem�s impuestos al comercio exterior, aun en el caso de que la S.�a de Comercio y Fomento Industrial la haya determinado provisionalmente.

    Ley Aduanera (abrogada mediante decreto publicado el 15 de diciembre de 1995 en el Diario Oficial de la F.�n).

    "Art�culo 35. Se causar�n los siguientes impuestos al comercio exterior:

    "...

    C.C. compensatorias a la importaci�n de mercanc�as en condiciones de pr�cticas desleales de comercio internacional, conforme a la Ley Reglamentaria del Art�culo 131 de la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos en Materia de Comercio Exterior. ...

    Ante tales disposiciones, por principio, debe se�alarse que la circunstancia de que el referido ordenamiento fuera reglamentario del art�culo 131 constitucional, implicaba que la regulaci�n relativa ten�a su origen tanto en lo dispuesto en su primer p�rrafo como en el segundo, es decir, en el mismo cuerpo legal el legislador a la vez de emitir disposiciones en materia de comercio exterior que reg�an y acotaban la actuaci�n de la autoridad administrativa, autorizaba al Ejecutivo Federal para emitir actos formal y materialmente legislativos, con jerarqu�a de ley, tanto en materia arancelaria como no arancelaria; por lo que, por ende, el informe que correspond�a rendir al propio titular del Ejecutivo Federal se refer�a a las facultades concedidas en t�rminos del p�rrafo segundo del art�culo 131 y no del p�rrafo primero del propio numeral.

    Por otra parte, aun cuando el art�culo 1o. de la ley reglamentaria en comento parece distinguir entre aranceles y medidas de regulaci�n o restricci�n al comercio exterior, el propio ordenamiento contiene expresiones que llevan a estimar que fue intenci�n del legislador ubicar a las cuotas compensatorias como un impuesto al comercio exterior, corrobor�ndose tal concepci�n con lo previsto en el art�culo 35 de la Ley Aduanera.

    Ante tal disposici�n, dado que las cuotas compensatorias constituyen una prestaci�n patrimonial de car�cter p�blico, esta Suprema Corte de Justicia de la Naci�n estima que para efectos del an�lisis de su constitucionalidad debe atenderse a la naturaleza de tal prestaci�n, con independencia de la denominaci�n que el legislador le haya otorgado.

    En relaci�n con la potestad de este Alto Tribunal para analizar la constitucionalidad de una prestaci�n patrimonial de car�cter p�blico atendiendo a su naturaleza y no a su denominaci�n, debe tenerse presente que desde la S�ptima �poca del Semanario Judicial de la F.�n, esta Suprema Corte de Justicia sustent� el criterio consistente en que el estudio de constitucionalidad de una contribuci�n debe realizarse de acuerdo con su verdadera naturaleza jur�dica, con independencia de la denominaci�n que le den las partes o incluso la ley, tal como se corrobora con la tesis que lleva por rubro, texto y datos de identificaci�n los siguientes:

    "TRIBUTOS. SU ESTUDIO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON SU VERDADERA NATURALEZA JUR�DICA, INDEPENDIENTEMENTE DE LA DENOMINACI�N QUE LE DEN LAS PARTES O INCLUSO LA LEY. Aun cuando la ley atacada de inconstitucionalidad llame al tributo controvertido 'derecho'; y las autoridades responsables lo concept�en como 'derecho de cooperaci�n', y el quejoso se empe�e en sostener que es un 'impuesto especial', lo cierto es que este Supremo Tribunal debe analizar el gravamen de acuerdo con su verdadera naturaleza jur�dica independientemente de la denominaci�n que le den las partes." (S�ptima �poca, Pleno, Semanario Judicial de la F.�n, Volumen 79, Primera Parte, p�gina 28).

    Posteriormente, al enfrentar el an�lisis de constitucionalidad de prestaciones patrimoniales de car�cter p�blico, esta Suprema Corte de Justicia abord� el an�lisis de algunas de ellas con el fin de concluir si atendiendo a su naturaleza las mismas ten�an el car�cter de contribuciones. Al efecto, resultan ilustrativas las tesis que llevan por rubros, textos y datos de identificaci�n los siguientes:

    "SEGURO SOCIAL, CUOTAS QUE SE CUBREN AL INSTITUTO MEXICANO DEL. NO TIENEN CAR�CTER DE CONTRIBUCIONES. Las cuotas obrero-patronales que se pagan al Instituto Mexicano del Seguro Social no tienen car�cter de contribuciones, porque no se apoyan en la fracci�n IV del art�culo 31 de la C.�n, sino en las fracciones XIV y XXIX del art�culo 123 de la Carta Magna, y la finalidad del establecimiento de las primas es distinta a la de los tributos; pues, mientras las primeras tienen como objetivo una protecci�n a favor de los trabajadores contra los riegos y eventualidades que pudieran suceder en el desempe�o de sus labores, los segundos tienen como objetivo contribuir a los gastos p�blicos de la F.�n, de los Estados o de los Municipios, con independencia de que el art�culo 267 de la Ley del Seguro Social establezca que el pago de las cuotas, los recargos y los capitales constitutivos tienen car�cter fiscal, pues tal aseveraci�n es, por una parte, puramente pr�ctica, y por la otra, el t�rmino fiscal es gen�rico y puede aplicarse tanto a los impuestos como a cualquiera otra prestaci�n o contraprestaci�n a favor del Estado o de un organismo descentralizado que, por estar prevista en la ley como obligaci�n a cargo de los particulares, puede ser exigida coactivamente, sin que ello signifique, por necesidad, que se trata de las contribuciones a que alude el art�culo 31, fracci�n IV, constitucional." (Octava �poca, Pleno, Semanario Judicial de la F.�n, T.I., Primera Parte, julio a diciembre de 1988, p�gina 120).

    "SEGURO SOCIAL, CUOTAS QUE SE CUBREN AL INSTITUTO MEXICANO DEL. NO EST�N SUJETAS A LOS REQUISITOS DE PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD PREVISTOS PARA LOS IMPUESTOS. Las cuotas obrero-patronales que se paguen al Instituto Mexicano del Seguro Social tienen su origen y fundamento en el art�culo 123, fracciones XIV y XXIX, de la C.�n, y no en el art�culo 31, fracci�n IV, de la propia Ley Fundamental, por lo que no pueden ni deben quedar sujetas a los requisitos de proporcionalidad y equidad a que alude el art�culo 31, fracci�n IV, mencionado, especialmente si se considera que: a) Las cuotas de referencia tienen el car�cter de primas y no de contribuciones; b) En cuanto a su asimilaci�n con los cr�ditos fiscales, s�lo tienen un fin meramente pr�ctico, dada la exigencia de la prestaci�n del servicio p�blico de aseguro que al Instituto Mexicano del Seguro Social le fue encomendado por el Congreso de la Uni�n, y c) El inter�s p�blico existente para que dicha prestaci�n sea suministrada con eficiencia y oportunidad en beneficio de los asegurados." (Octava �poca, Pleno, Semanario Judicial de la F.�n, T.I., Primera Parte, julio a diciembre de 1988, p�gina 37).

    "SEGURO SOCIAL, CUOTAS DEL. SON CONTRIBUCIONES Y SE RIGEN POR LOS PRINCIPIOS DE EQUIDAD Y PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIAS. Del examen de lo dispuesto en los art�culos 2o. del C�digo F. de la F.�n y 260, 268, 269, 271 y dem�s relativos de la Ley del Seguro Social, se desprende que las cuotas al Seguro Social son contribuciones, no s�lo por la calificaci�n formal que de ellas hace el primero de los preceptos citados, al concebirlas como aportaciones de seguridad social a cargo de las personas que son sustituidas por el Estado en el cumplimiento de las obligaciones establecidas por la ley en materia de seguridad social, o de las personas que se benefician en forma especial por servicios de seguridad social proporcionados por el mismo Estado sino que, por su naturaleza, son obligaciones fiscales que deben ce�irse a los principios tributarios, ya que se advierte de la evoluci�n legislativa que el Instituto Mexicano del Seguro Social, constituido desde sus or�genes como un organismo p�blico descentralizado de la administraci�n p�blica federal, se convirti� en un organismo fiscal aut�nomo encargado de prestar el servicio p�blico de seguridad social, investido de la facultad de determinar los cr�ditos a cargo de los sujetos obligados y de cobrarlos a trav�s del procedimiento econ�mico-coactivo y que, por lo mismo, en su actuaci�n debe observar las mismas limitaciones que corresponden a la potestad tributaria en materia de proporcionalidad, equidad, legalidad y destino al gasto p�blico." (Novena �poca, Pleno, Semanario Judicial de la F.�n y su Gaceta, T.I., septiembre de 1995, tesis P./J. 18/95, p�gina 62).

    En estrecha relaci�n con lo anterior, la actual integraci�n de esta Suprema Corte de Justicia al abordar la constitucionalidad de diversos tributos ha partido por desentra�ar su naturaleza, como se advierte en las tesis cuyos rubros, textos y datos de identificaci�n son los siguientes:

    "APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL. PARA DETERMINAR SU PROPORCIONALIDAD DEBE ATENDERSE A SU NATURALEZA DE CONTRIBUCI�N PECULIAR. Esta Suprema Corte de Justicia ha sostenido reiteradamente que para establecer la proporcionalidad de las contribuciones debe atenderse a la naturaleza de cada una operando criterios diferentes respecto de los impuestos, los derechos y otro tipo de grav�menes. Trat�ndose de aportaciones de seguridad social, debe establecerse que no basta atender al 'beneficio obtenido' pues ello desvirtuar�a el prop�sito de solidaridad social que abrig� la creaci�n del Instituto Mexicano del Seguro Social, con el fin de que se estableciera un sistema de salud y seguridad general que protegiera a las clases econ�micas m�s desfavorecidas. La visi�n que apoy� la existencia del Instituto Mexicano del Seguro Social, no fue impulsada por el liberalismo de corte individualista que caracteriza a otros sistemas, sino dentro del contexto social que identific� a la C.�n de 1917. Lo anterior permite concluir que, para efectos de establecer el criterio que debe regir la proporcionalidad, trat�ndose de las aportaciones de seguridad social, si bien se debe atender, en un aspecto, a la de los impuestos y, por tanto, tomar en cuenta la capacidad contributiva del contribuyente, debe considerarse b�sicamente que se trata de una contribuci�n peculiar con un claro sentido social y sustentada en la solidaridad." (Novena �poca, Pleno, Semanario Judicial de la F.�n y su Gaceta, T.I., octubre de 1995, tesis P. LXX/95, p�gina 74).

    "CONTRIBUCIONES DE MEJORAS. LAS QUE ESTABLECE EL ART�CULO 53, FRACCI�N I, DE LA LEY DE HACIENDA DEL DEPARTAMENTO DEL DISTRITO FEDERAL, POR LA DOTACI�N DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y DRENAJE A NUEVOS DEMANDANTES, TIENEN LA NATURALEZA DE DERECHOS (LEGISLACI�N VIGENTE HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 1994). El referido art�culo precept�a: 'Trat�ndose de las obras de agua potable y drenaje proporcionadas por el Departamento del Distrito Federal, aun cuando se trate de obras de captaci�n de agua o drenaje realizadas por la F.�n o fuera del Distrito Federal, se causar�n contribuciones de mejoras, en los siguientes t�rminos: I. Por la dotaci�n del servicio de suministro de agua potable y drenaje a nuevos demandantes del mismo, se pagar�n contribuciones de mejoras utilizando la forma oficial aprobada por las autoridades fiscales, conforme a las siguientes cuotas ...'. La doctrina ha considerado, en t�rminos generales, que las contribuciones de mejoras son un tipo de contribuci�n especial que se paga, no por un servicio que el Estado presta, sino por el beneficio espec�fico que determinadas personas reciben de �ste. El contribuyente experimenta un beneficio especial consistente en el incremento del valor de sus bienes, obteniendo una ventaja que el resto de los habitantes de la comunidad no perciben. Aun cuando el citado art�culo 53, fracci�n I, establece el cobro de contribuciones de mejoras a nuevos demandantes del servicio, lo cierto es que la obra p�blica ya existe; por tanto, no se surte la hip�tesis de mejora de obras p�blicas cuando el particular que demanda el servicio no recibe un beneficio espec�fico con la construcci�n de la obra, requisito indispensable para que se den este tipo de contribuciones, porque se trata de nuevos demandantes, los cuales tienen al filo de su banqueta el servicio de agua potable y drenaje, pues ya est� tendida la red y la autoridad �nicamente autoriza la prestaci�n de ese servicio. Por tal motivo, la norma tributaria prev� el pago de un derecho, impropiamente denominado contribuci�n de mejoras, que se paga al Estado como contraprestaci�n del servicio administrativoconsistente en autorizar la prestaci�ndel servicio de agua potable y drenaje, el cual se otorga en funci�n del inter�s general, y no de un grupo determinado de particulares." (Novena �poca, Pleno, Semanario Judicial de la F.�n y su Gaceta, T.V., agosto de 1997, tesis P. CXXVII/97, p�gina 39).

    "CONTRIBUCIONES DE MEJORAS. VALOR Y MEJOR�A ESPEC�FICA DE LA PROPIEDAD APLICABLE CON MOTIVO DEL DECRETO LEGISLATIVO 308 REFORMADO DEL ESTADO DE NUEVO LE�N; SU NATURALEZA JUR�DICA. De la interpretaci�n arm�nica de lo dispuesto en los art�culos 2o., 4o., 5o. y 6o. del Decreto 308 reformado, expedido por el Congreso del Estado de Nuevo Le�n, reformado por los diversos 109, 531 y 3 publicados en el Peri�dico Oficial de esa entidad federativa los d�as veintinueve de diciembre de mil novecientos noventa y cinco, tres de octubre y trece de noviembre de mil novecientos noventa y siete, respectivamente, en relaci�n con los diversos 41 bis-9 a 41 bis-26 de la Ley de Hacienda para los Municipios de esa entidad federativa, se advierte que la contribuci�n denominada impuesto sobre aumento de valor y mejor�a espec�fica de la propiedad, no tiene la naturaleza propia de los impuestos, en tanto que su hecho imponible no est� constituido por negocios, actos o hechos de naturaleza jur�dica o econ�mica, sino por el beneficio particular a favor de determinadas personas con motivo de una obra p�blica tendente a satisfacer una necesidad colectiva, esto es, se trata de un tipo de contribuci�n especial que se paga en relaci�n con un beneficio especial consistente en el incremento del valor de los bienes, obteniendo una ventaja que el resto de los habitantes de la comunidad no percibe." (Novena �poca, Segunda Sala, Semanario Judicial de la F.�n y su Gaceta, T.X., julio de 2000, tesis 2a. LXXII/2000, p�gina 155).

    "CONTRIBUCIONES DE MEJORAS. EL ART�CULO 6o. DEL DECRETO LEGISLATIVO 308 REFORMADO DEL ESTADO DE NUEVO LE�N, QUE ESTABLECE QUE LOS PREDIOS DESTINADOS A CASA HABITACI�N, NO PAGAR�N EL IMPUESTO SOBRE AUMENTO DE VALOR Y MEJOR�A ESPEC�FICA DE LA PROPIEDAD, PREVISTO EN LA LEY DE HACIENDA PARA LOS MUNICIPIOS DE ESA ENTIDAD, ES VIOLATORIO DEL PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA. Tomando en consideraci�n que la naturaleza del impuesto sobre aumento de valor y mejor�a espec�fica de la propiedad, previsto en los art�culos del 41 bis-9 al 41 bis-26 de la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de Nuevo Le�n, es la de una contribuci�n de mejoras, en tanto se establece con motivo del hecho generador consistente en el beneficio particular a favor de determinadas personas con motivo de una obra p�blica tendente a satisfacer una necesidad colectiva, es claro que debe gravar sin excepci�n, a todos aquellos sujetos que reciban un beneficio especial consistente en el incremento del valor de los bienes por ubicarse dentro del �rea de la mejora. Por tanto, si el art�culo 6o. del mencionado decreto legislativo, reformado mediante los diversos 109, 531 y 3, publicados en el Peri�dico Oficial del Estado de Nuevo Le�n establece que los predios destinados a casa habitaci�n dentro de fraccionamiento autorizado no pagar�n el tributo de m�rito hasta en tanto cambien el uso de suelo, contraviene la naturaleza jur�dica de la contribuci�n e infringe la garant�a de equidad tributaria, en raz�n de que trat�ndose de sujetos que se encuentran en igual situaci�n jur�dica, a saber, ser propietarios o poseedores de predios ubicados dentro del �rea de beneficio de una obra p�blica programada, confiere un trato diverso al eximir a ese tipo de sujetos del pago de la contribuci�n sin existir una justificaci�n objetiva para ello." (Novena �poca, Segunda Sala, Semanario Judicial de la F.�n y su Gaceta, T.X., septiembre de 2000, tesis 2a./J. 77/2000, p�gina 71).

    En ese contexto, ante el car�cter que aparentemente el legislador otorg� a las cuotas compensatorias, para verificar su apego a la N.F. resulta necesario precisar cu�l es su aut�ntica naturaleza, tomando en cuenta que, por una parte, las referidas cuotas constituyen una instituci�n jur�dica que encuentra su origen en el derecho internacional p�blico y se incorpora en nuestro orden jur�dico nacional, fundamentalmente, con motivo de la celebraci�n por parte de nuestro pa�s de diversos instrumentos internacionales y que, por otra, como lo ha reconocido la jurisprudencia de esta Suprema Corte, en sede constitucional la referida potestad se encuentra sujeta al cumplimiento de los principios de justicia tributaria, a la vez de que el cobro de las prestaciones patrimoniales establecidas en ejercicio de tal potestad, por resultar indispensables para la subsistencia del Estado y el desarrollo de las actividades estatales, se encuentra sometido a un r�gimen peculiar.

    En efecto, trat�ndose del an�lisis de constitucionalidad de prestaciones patrimoniales de car�cter p�blico que son introducidas al orden jur�dico nacional en la legislaci�n interna, como consecuencia de la celebraci�n y ratificaci�n de un tratado internacional, resulta de especial trascendencia analizar cu�l es su verdadera naturaleza, pues dependiendo de ello, ser� posible concluir si el ejercicio de la facultad respectiva constituye una expresi�n de la potestad tributaria del Estado y, por ende, se encuentra sujeta a los principios de justicia tributaria consagrados en el art�culo 31, fracci�n IV, de la C.�n General de la Rep�blica y, en consecuencia, para el cobro de tales prestaciones la autoridad competente no se encuentra constre�ida a brindar a los gobernados, antes de su determinaci�n, el ejercicio de su derecho de audiencia, pues trat�ndose del cobro coactivo de prestaciones tributarias, para acatar el referido derecho constitucional basta que la ley confiera a los afectados la posibilidad de impugnar la fijaci�n del gravamen. Sirven de apoyo a esta �ltima conclusi�n, en lo conducente, las tesis que llevan por rubros, textos y datos de identificaci�n los siguientes:

    "AUDIENCIA, GARANT�A DE, EN MATERIA IMPOSITIVA. NO ES NECESARIO QUE SEA PREVIA. Teniendo un gravamen el car�cter de impuesto, por definici�n de la ley, no es necesario cumplir con la garant�a de previa audiencia establecida en el art�culo 14 constitucional, ya que el impuesto es una prestaci�n unilateral y obligatoria y la audiencia que se puede otorgar a los causantes es siempre posterior a la aplicaci�n del impuesto, que es cuando existe la posibilidad de que los interesados impugnen, ante las propias autoridades, el monto y cobro correspondiente, y basta que la ley otorgue a los causantes el derecho a combatir la fijaci�n del gravamen, una vez que ha sido determinado, para que en materia hacendaria se cumpla con el derecho fundamental de audiencia, consagrado por el art�culo 14 constitucional, precepto que no requiere necesariamente, y en todo caso, la audiencia previa, sino que, de acuerdo con su esp�ritu, es bastante que los afectados sean o�dos en defensa antes de ser privados de sus propiedades, posesiones o derechos." (S�ptima �poca, Pleno, Semanario Judicial de la F.�n, Volumen 66, Primera Parte, p�gina 77).

    "GARANT�A DE AUDIENCIA, EXCEPCIONES A LA, EN MATERIA FISCAL. No puede exigirse el establecimiento de una audiencia previa en beneficio de los afectados y en relaci�n con la fijaci�n de un impuesto, toda vez que esa fijaci�n, para cumplir con los fines de la tributaci�n, debe ser establecida unilateralmente por el Estado, e inmediatamente ejecutiva, ya que ser�a sumamente grave que fuese necesario llamar a los particulares afectados, para que objetaran previamente la determinaci�n de un impuesto, lo que paralizar�a los servicios correspondientes, y, por el contrario, cuando se trata de contribuciones, la audiencia que se puede otorgar a los causantes es siempre posterior a la fijaci�n del impuesto, que es cuando existe la posibilidad de que los interesados impugnen ante las propias autoridades el monto y el cobro correspondiente, y basta que la ley otorgue a los causantes el derecho de combatir la fijaci�n del impuesto, una vez que ha sido determinado por las autoridades fiscales, para que en materia hacendaria se cumpla con el derecho fundamental de audiencia consagrado por el art�culo 14 constitucional, precepto que no requiere necesariamente, y en todo caso, la audiencia previa, sino que de acuerdo con su esp�ritu, es bastante que los afectados sean o�dos en defensa antes de ser privados de sus propiedades, posesiones o derechos." (Sexta �poca, Pleno, Semanario Judicial de la F.�n, Volumen CV, Primera Parte, p�gina 85).

    Ante tales circunstancias, resulta necesario determinar si la respectiva prestaci�n pecuniaria constituye una expresi�n de la potestad tributaria que en t�rminos del p�rrafo segundo del art�culo 131 de la C.�n General de la Rep�blica puede delegar el Congreso de la Uni�n al Ejecutivo Federal.

    Para tal fin, por principio, resulta necesario precisar cu�l es el marco jur�dico que regula la facultad para establecer y aplicar cuotas compensatorias, cu�les son las autoridades competentes para ello, qu� conducta es la que genera su establecimiento y aplicaci�n y qu� procedimiento debe seguirse para su creaci�n o establecimiento, lo que permitir� concluir si la atribuci�n respectiva constituye una expresi�n de la potestad tributaria del Estado mexicano.

    En tal virtud, resulta necesario acudir tanto a lo previsto en la Ley Reglamentaria del Art�culo 131 de la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos y en el Reglamento contra Pr�cticas Desleales de Comercio Internacional, como a los instrumentos internacionales firmados por el presidente de la Rep�blica y ratificados por el Senado de la Rep�blica que en aquel entonces regulaban las investigaciones antidumping, a saber, el art�culo VI del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1947, as� como el Acuerdo relativo a la Aplicaci�n del Art�culo VI del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1979.

    Cabe se�alar que los referidos instrumentos, por su contenido y disposiciones, se incorporaron al orden jur�dico nacional en t�rminos de lo previsto en el art�culo 133 de la C.�n General de la Rep�blica. El protocolo de adhesi�n al referido acuerdo general se ratific� por el Senado de la Rep�blica el once de septiembre de mil novecientos ochenta y seis, en tanto que el diverso acuerdo sobre la aplicaci�n del art�culo VI del propio acuerdo general se ratific� por el referido �rgano legislativo el veinticinco de noviembre de mil novecientos ochenta y siete.

    Conviene precisar que para fijar el justo alcance de lo dispuesto en la Ley Reglamentaria del Art�culo 131 de la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, as� como lo dispuesto en el Reglamento contra Pr�cticas Desleales de Comercio Internacional, resulta necesario acudir a lo previsto en los referidos instrumentos internacionales, pues con independencia de su jerarqu�a respecto de los citados ordenamientos, lo cierto es que en uni�n con �stos conforman el contexto normativo que reg�a el establecimiento y la aplicaci�n de las cuotas compensatorias. En ese orden de ideas, a continuaci�n se transcribe la parte conducente de las disposiciones de observancia general que regulaban el procedimiento de investigaci�n de pr�cticas desleales de comercio internacional dentro del cual se emitieron las resoluciones reclamadas.

    Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1947 (GATT) (Protocolo de adhesi�n publicado el 26 de noviembre de 1986 en el Diario Oficial de la F.�n).

    "Art�culo VI. Derechos antidumping y derechos compensatorios

    "1. Las partes contratantes reconocen que el dumping, que permite la introducci�n de los productos de un pa�s en el mercado de otro pa�s a un precio inferior a su valor normal, es condenable cuando causa o amenaza causar un perjuicio importante a una rama de producci�n existente de una parte contratante o si retrasa sensiblemente la creaci�n de una producci�n nacional. A los efectos de aplicaci�n del presente art�culo, un producto exportado de un pa�s a otro debe ser considerado como introducido en el mercado de un pa�s importador a un precio inferior a su valor normal, si su precio es:

    "a) menor que el precio comparable, en las operaciones comerciales normales, de un producto similar destinado al consumo en el pa�s exportador; o

    "b) a falta de dicho precio en el mercado interior de este �ltimo pa�s, si el precio del producto exportado es:

    "i) menor que el precio comparable m�s alto para la exportaci�n de un producto similar a un tercer pa�s en el curso de operaciones comerciales normales; o

    "ii) menor que el costo de producci�n de este producto en el pa�s de origen, m�s un suplemento razonable para cubrir los gastos de venta y en concepto de beneficio.

    "Se deber�n tener debidamente en cuenta, en cada caso, las diferencias en las condiciones de venta, las de tributaci�n y aquellas otras que influyan en la comparabilidad de los precios.

    "2. Con el fin de contrarrestar o impedir el dumping, toda parte contratante podr� percibir, sobre cualquier producto objeto de dumping, un derecho antidumping que no exceda del margen de dumping relativo a dicho producto. A los efectos de aplicaci�n de este art�culo, se entiende por margen de dumping la diferencia de precio determinada de conformidad con las disposiciones del p�rrafo I.

    "3. No se percibir� sobre ning�n producto del territorio de una parte contratante, importado en el de otra parte contratante, derecho compensatorio alguno que exceda del monto estimado de la prima o de la subvenci�n que se sepa ha sido concedida, directa o indirectamente, a la fabricaci�n, la producci�n o la exportaci�n del citado producto en el pa�s de origen o de exportaci�n, con inclusi�n de cualquier subvenci�n especial concedida para el transporte de un producto determinado. Se entiende por 'derecho compensatorio' un derecho especial percibido para contrarrestar cualquier prima o subvenci�n concedida, directa o indirectamente, a la fabricaci�n, la producci�n o la exportaci�n de un producto.

    "4. Ning�n producto del territorio de una parte contratante, importado en el de otra parte contratante, ser� objeto de derechos antidumping o de derechos compensatorios por el hecho de que dicho producto est� exento de los derechos o impuestos que graven el producto similar cuando est� destinado al consumo en el pa�s de origen o en el de exportaci�n, ni a causa del reembolso de esos derechos o impuestos.

    "5. Ning�n producto del territorio de una parte contratante, importado en el de otra parte contratante, ser� objeto simult�neamente de derechos antidumping y de derechos compensatorios destinados a remediar una misma situaci�n resultante del dumping o de las subvenciones a la exportaci�n.

    "6. a) Ninguna parte contratante percibir� derechos antidumping o derechos compensatorios sobre la importaci�n de un producto del territorio de otra parte contratante, a menos que determine que el efecto del dumping o de la subvenci�n, seg�n el caso, sea tal que cause o amenace causar un perjuicio importante a una producci�n nacional ya existente o que retarde considerablemente la creaci�n de una rama de la producci�n nacional.

    "b) Las partes contratantes podr�n autorizar a cualquier parte contratante, mediante la exenci�n del cumplimiento de las prescripciones del apartado a) del presente p�rrafo, para que perciba un derecho antidumping o un derecho compensatorio sobre la importaci�n de cualquier producto, con objeto de compensar un dumping o una subvenci�n que cause o amenace causar un perjuicio importante a una rama de la producci�n en el territorio de otra parte contratante que exporte el producto de que se trate al territorio de la parte contratante importadora. Las partes contratantes, mediante la exenci�n del cumplimiento de las prescripciones del apartado a) del presente p�rrafo, autorizar�n la percepci�n de un derecho compensatorio cuando comprueben que una subvenci�n causa o amenaza causar un perjuicio importante a una rama de producci�n de otra parte contratante que exporte el producto en cuesti�n al territorio de la parte contratante importadora.

    c) No obstante, en circunstancias excepcionales, en las que cualquier retraso podr�a ocasionar un perjuicio dif�cilmente reparable, toda parte contratante podr� percibir, sin la aprobaci�n previa de las partes contratantes, un derecho compensatorio a los fines estipulados en el apartado b) de este p�rrafo, a reserva de que d� cuenta inmediatamente de esta medida a las partes contratantes y de que se suprima r�pidamente dicho derecho compensatorio si �stas desaprueban la aplicaci�n.

    Acuerdo relativo a la Aplicaci�n del Art�culo VI del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, adoptado en la ciudad de Ginebra, Suiza, el 12 de abril de 1979 (publicado el 21 de abril de 1988 en el Diario Oficial de la F.�n).

    "...

    "Las partes en el presente acuerdo (en adelante denominadas 'Partes').

    "Reconociendo que las pr�cticas antidumping no deben constituir un obst�culo injustificable para el comercio internacional y que s�lo pueden aplicarse derechos antidumping contra el dumping cuando �ste cause o amenace causar un da�o importante a una producci�n* existente o si retrasa sensiblemente la creaci�n de una producci�n;

    *En este acuerdo, el t�rmino ?producci�n? se entiende en el sentido del art�iculo VI, p�rrafo 1, del Acuerdo General.

    "Considerando que es conveniente establecer un procedimiento equitativo y abierto que sirva de base para un examen completo de los casos de dumping;

    "Teniendo en cuenta las necesidades especiales de los pa�ses en desarrollo por lo que respecta a su comercio, desarrollo y finanzas;

    "Deseando interpretar las disposiciones del art�culo VI del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (denominado en adelante 'Acuerdo General' o 'GATT') y fijar normas para su aplicaci�n, con objeto de que �sta tenga mayor uniformidad y certeza, y

    "Deseando establecer disposiciones para la soluci�n r�pida, eficaz y equitativa de las diferencias que puedan surgir con motivo del presente acuerdo,

    "Convienen en lo siguiente:

    "Parte I. C�digo antidumping

    "Art�culo 1o.

    "Principios

    El establecimiento de un derecho antidumping es una medida que �nicamente debe adoptarse en las circunstancias previstas en el art�culo VI del Acuerdo General y en virtud de una investigaci�n iniciada*1 y realizada de conformidad con las disposiciones del presente c�digo. Las siguientes disposiciones regir�n la aplicaci�n del art�culo VI del Acuerdo General siempre que se tomen medidas de conformidad con las leyes o reglamentos antidumping.

    *1 En el presente acuerdo se entiende por ?iniciaci�n de una investigaci�n? el tr�mite por el que una Parte inicia o comienza formalmente una investigaci�n seg�n lo dispuesto en el p�rrafo 6 del art�culo 6o.

    "Art�culo 2o.

    "Determinaci�n de la existencia de dumping

    "1. A los efectos del presente c�digo, se considerar� que un producto es objeto de dumping, es decir, que se introduce en el mercado de otro pa�s a precio inferior a su valor normal, cuando su precio de exportaci�n al exportarse de un pa�s a otro sea menor que el precio comparable, en el curso de operaciones comerciales normales, de un producto similar destinado al consumo en el pa�s exportador.

    "2. En todo el presente c�digo se entender� que la expresi�n 'producto similar' (like product) significa un producto que sea id�ntico, es decir, igual en todos los aspectos al producto de que se trate, o cuando no exista ese producto, otro producto que, aunque no sea igual en todos los aspectos, tenga caracter�sticas muy parecidas a las del producto considerado.

    "3. En caso de que los productos no se importen directamente del pa�s de origen, sino que se exporten al pa�s de importaci�n desde un tercer pa�s, el precio al que se vendan los productos desde el pa�s deexportaci�n al pa�s de importaci�n secomparar�, por lo general, con el precio comparable en el pa�s de exportaci�n. Sin embargo, podr� hacerse la comparaci�n con el precio del pa�s de origen cuando, por ejemplo, los productos transiten simplemente por el pa�s de exportaci�n, o cuando esos productos no se produzcan o no exista un precio comparable para ellos en el pa�s de exportaci�n.

    "4. Cuando el producto similar no sea objeto de ventas en el curso de operaciones comerciales normales en el mercado interior del pa�s exportador o cuando, a causa de la situaci�n especial del mercado, tales ventas no permitan una comparaci�n adecuada, el margen de dumping se determinar� mediante la comparaci�n con un precio comparable del producto similar cuando �ste se exporte a un tercer pa�s, que podr� ser el precio de exportaci�n m�s alto, pero que deber� ser un precio representativo, o con el costo de producci�n en el pa�s de origen m�s una cantidad razonable por concepto de gastos administrativos, de venta y de cualquier otro tipo as� como por concepto de beneficios. Por regla general, la cuant�a del beneficio no ser� superior al beneficio habitualmente obtenido en la venta de productos de la misma categor�a general en el mercado interior del pa�s de origen.

    "5. Cuando no exista precio de exportaci�n, o cuando, a juicio de las autoridades*2 interesadas, el precio de exportaci�n no sea fiable por existir una asociaci�n o un arreglo compensatorio entre el exportador y el importador o un tercero, el precio de exportaci�n podr� calcularse sobre la base del precio al que los productos importados se revendan por primera vez a un comprador independiente o, si los productos no se revendiesen a un comprador independiente o no lo fueran en el mismo estado en que se importaron, sobre una base razonable que las autoridades determinen.

    *2 Cuando se utiliza en el presente c�digo el t�rmino ?autoridades?, deben interpretarse en el sentido de autoridades de un nivel superior adecuado.

    "6. Con el fin de realizar una comparaci�n equitativa entre el precio de exportaci�n y el precio interior del pa�s exportador (o del pa�s de origen) o, en su caso, el precio determinado de conformidad con las disposiciones del apartado b) del p�rrafo I del art�culo VI del Acuerdo General, los dos precios se comparar�n en el mismo nivel comercial, normalmente el nivel 'en f�brica', y sobre la base de ventas efectuadas en fechas lo m�s pr�ximas posible. Se tendr�n debidamente en cuenta en cada caso, seg�n sus circunstancias particulares, las diferencias en las condiciones de venta, las de tributaci�n y las dem�s diferencias que influyan en la comparabilidad de los precios. En los casos previstos en el p�rrafo 5 del presente art�culo se deber�n tener en cuenta tambi�n los gastos, con inclusi�n de los derechos e impuestos, en que se incurra entre la importaci�n y la reventa, as� como los beneficios correspondientes.

    "7. El presente art�culo se entiende sin perjuicio de lo establecido en la segunda disposici�n suplementaria del p�rrafo 1 del art�culo VI del Acuerdo General, contenida en su anexo I."

    "Art�culo 3o.

    "Determinaci�n de la existencia de da�o*3

    *3 En el presente c�digo se entender� por ?da�o?, salvo indicaci�n en contrario, un da�o importante causado a una producci�n nacional, una amenaza de da�o importante a una producci�n nacional o un retraso sensible en la vreaci�n de esta producci�n, y dicho t�rmino deber� interpretarse de conformidad con las disposiciones del presente art�culo.

    *3 En el presente acuerdo, el t�rmino ?da�o? desina el concepto expresado con la palabra ?perjuicio? (injury) en la actual versi�n espa�ola del art�culo VI del Acuerdo General )Esta nota s�lo concierne al texto espa�ol).

    "1. La determinaci�n de la existencia de da�o a los efectos del art�culo VI del Acuerdo General se basar� en pruebas positivas y comprender� un examen objetivo: a) del volumen de las importaciones objeto de dumping y su efecto en los precios de productos similares en el mercado interno y b) de los efectos consiguientes de esas importaciones sobre los productores nacionales de tales productos.

    "2. Con respecto al volumen de las importaciones objeto de dumping, la autoridad investigadora tendr� en cuenta si ha habido un aumento considerable de las importaciones objeto de dumping, en t�rminos absolutos o en relaci�n con la producci�n o el consumo del pa�s importador. Con respecto a los efectos de las importaciones objeto de dumping sobre los precios, la autoridad investigadora tendr� en cuenta si se ha puesto a las importaciones objeto de dumping un precio considerablemente inferior al de un producto similar del pa�s importador, o bien si de otro modo el efecto de tales importaciones es hacer bajar los precios en medida considerable o impedir en medida considerable la subida que en otro caso se hubiera producido. Ninguno de estos factores aisladamente ni varios de ellos juntos bastar�n necesariamente para obtener una orientaci�n decisiva.

    "3. El examen de los efectos sobre la producci�n de que se trate incluir� una evaluaci�n de todos los factores e �ndices econ�micos pertinentes que influyan en el estado de esa producci�n, tales como la disminuci�n actual y potencial del volumen de producci�n, las ventas, la participaci�n en el mercado, los beneficios, la productividad, el rendimiento de las inversiones o la utilizaci�n de la capacidad; los factores que repercutan en los precios internos; los efectos negativos actuales o potenciales en el flujo de caja (cash flow), las existencias, el empleo, los salarios, el crecimiento, la capacidad de reunir capital o la inversi�n. Esta enumeraci�n no es exhaustiva, y ninguno de esos factores aisladamente ni varios de ellos juntos bastar�n necesariamente para obtener una orientaci�n decisiva.

    "4. Habr� de demostrarse que, por los efectos*4 del dumping, las importaciones objeto de dumping causan da�o en el sentido del presente c�digo. Podr� haber otros factores*5 que al mismo tiempo perjudiquen a la producci�n, y los da�os causados por ellos no se habr�n de atribuir a las importaciones objeto de dumping.

    *4Seg�n se enuncian en los p�rrafos 2 y 3 del presente art�culo.

    *5 Estos factores podr�n ser, entre otros, el volumen y los precios de las importaciones no vendidas a precios de dumping, la contracci�n de la demanda o variaciones en la estructura del consumo, las pr�cticas comerciales restrictivas de los productores extranjeros y nacionales y la competencia entre ellos, la evoluci�n de la tecnolog�a y los resultados de la actividad exportadora y la productividad de la producci�n nacional.

    "5. El efecto de las importaciones objeto de dumping se evaluar� en relaci�n con la producci�n nacional del producto similar cuando los datos disponibles permitan identificarla separadamente con arreglo a criterios tales como: el proceso de producci�n, el resultado de las ventas de los productores, los beneficios. Cuando la producci�n nacional del producto similar no tenga una identidad separada con arreglo a dichos criterios, el efecto de las importaciones objeto de dumping se evaluar� examinando la producci�n del grupo o gama m�s restringido de productos que incluya el producto similar y a cuyo respecto pueda proporcionarse la informaci�n necesaria.

    "6. La determinaci�n de la existencia de una amenaza de da�o se basar� en hechos y no simplemente en alegaciones, conjeturas o posibilidades remotas. La modificaci�n de las circunstancias que dar�a lugar a una situaci�n en la cual el dumping causar�a un da�o deber� ser claramente prevista e inminente.*6

    *6 Un ejemplo de ello, si bien de car�cter no exclusivo, en que existan razones convicentes para creer que en el futuro inmediato habr� un aumento sustancial de las importaciones del producto a precios de dumping.

    "7. Por lo que respecta a los casos en que las importaciones objeto de dumping amenacen causar un da�o, la aplicaci�n de medidas antidumping se estudiar� y decidir� con especial cuidado."

    "Art�culo 4o.

    "Definici�n del t�rmino 'producci�n'

    "1. A los efectos de la determinaci�n del da�o, la expresi�n 'producci�n nacional' se entender� en el sentido de abarcar el conjunto de los productores nacionales de los productos similares, o aquellos de entre ellos cuya producci�n conjunta constituya una parte principal de la producci�n nacional total de dichos productos. No obstante:

    "i) cuando unos productores est�n vinculados*7 a los exportadores o a los importadores o sean ellos mismos importadores del producto objeto del supuesto dumping, el t�rmino 'producci�n' podr� interpretarse en el sentido de referirse al resto de los productores;

    *7 Las partes deber�n llegar a un acuerdo sobre la definici�n del t�rmino ?vinculado? a los efectos del presente c�digo.

    "ii) en circunstancias excepcionales, el territorio de una Parte podr� estar dividido, a los efectos de la producci�n de que se trate, en dos o m�s mercados competidores y los productores de cada mercado podr�n ser considerados como una producci�n distinta si: a) los productores de ese mercado venden la totalidad o la casi totalidad de su producci�n del producto de que se trata en ese mercado, y b) en ese mercado la demanda no est� cubierta en grado sustancial por productores del producto de que se trate situados en otro lugar del territorio. En estas circunstancias, se podr� considerar que existe da�o incluso cuando no resulte perjudicada una porci�n importante de la producci�n nacional total siempre que haya una concentraci�n de importaciones objeto de dumping en ese mercado aislado y, adem�s, siempre que las importaciones objeto de dumping causen da�o a los productores de la totalidad o la casi totalidad de la producci�n en ese mercado.

    "2. Cuando se haya interpretado que el t�rmino 'producci�n' se refiera a los productores de cierta zona, es decir, un mercado seg�n la definici�n del p�rrafo 1, apartado ii), del presente art�culo, los derechos antidumping s�lo se percibir�n*8 sobre los productos de que se trate que vayan consignados a esa zona para consumo final. Cuando el derecho constitucional del pa�s importador no permita la percepci�n de derechos antidumping en estas condiciones la Parte importadora podr� percibir los derechos antidumping sin limitaci�n, solamente si: 1) se ha dado a los exportadores la oportunidad de dejar de exportar a precios de dumping a la zona interesada o de dar seguridades con arreglo al art�culo 7o. del presente c�digo, y no se han dado prontamente seguridades suficientes a este respecto, y si 2) dichos derechos no se pueden percibir �nicamente sobre productores determinados que abastezcan la zona de que se trate.

    *8 En el presente c�digo, con el t�rmino ?percibir? se designa la liquidaci�n o la recaudaci�n definitivas de un derecho o gravamen por la autoridad competente.

    "3. Cuando dos o m�s pa�ses hayan alcanzado, de conformidad con las disposiciones del apartado a) del p�rrafo 8 del art�culo XXIV del Acuerdo General, un grado de integraci�n tal que ofrezcan las caracter�sticas de un solo mercado unificado, se considerar� que la producci�n de toda la zona integrada es la producci�n contemplada en el p�rrafo 1 del presente art�culo.

    "4. Las disposiciones del p�rrafo 5 del art�culo 3o. ser�n aplicables al presente art�culo."

    "Art�culo 5o.

    "Iniciaci�n y procedimiento de la investigaci�n

    "1. La investigaci�n encaminada a determinar la existencia, el grado y los efectos de un supuesto dumping se iniciar� normalmente previa solicitud escrita hecha por la producci�n*9 afectada o en nombre de ella. Con la solicitud se incluir�n suficientes pruebas de la existencia de: a) dumping; b) un da�o en el sentido del art�culo VI del Acuerdo General seg�n se interpreta el presente c�digo y c) una relaci�n entre las importaciones objeto de dumping y el supuesto da�o. Si, en circunstancias especiales, la autoridad interesada decide iniciar una investigaci�n sin haber recibido esa solicitud, s�lo la llevar� adelante cuando tenga pruebas suficientes sobre todos los puntos enumerados en los incisos a) a c).

    *9 Seg�n se define en el art�culo 4o.

    "2. Al iniciarse una investigaci�n, y de ah� en adelante, deber�n examinarse simult�neamente tanto las pruebas de dumping como del da�o por �l causado.

    "En todo caso, las pruebas del dumping y del da�o se examinar�n simult�neamente: a) en el momento de decidir si se autoriza la iniciaci�n de una investigaci�n y b) posteriormente, durante el curso de la investigaci�n, a m�s tardar desde la fecha m�s temprana en que, de conformidad con las disposiciones de este c�digo, puedan comenzar a aplicarse medidas provisionales, excepto en los casos previstos en el p�rrafo 3 del art�culo 10, en los que las autoridades acepten la solicitud de los exportadores.

    "3. Las autoridades interesadas rechazar�n la solicitud y pondr� fin a la investigaci�n sin demora en cuanto est�n convencidas de que no existen pruebas suficientes del dumping o del da�o que justifiquen la continuaci�n del procedimiento relativo al caso. Cuando el margen de dumping, el volumen de las importaciones actuales o potenciales objeto de dumping o el da�o sean insignificantes, se deber� poner fin inmediatamente a la investigaci�n.

    "4. El procedimiento antidumping no ser� obst�culo para el despacho de aduana.

    "5. Salvo en circunstancias excepcionales, las investigaciones deber�n haber concluido al a�o de su iniciaci�n."

    "Art�culo 6o.

    "Pruebas

    "1. Los proveedores extranjeros y todas las dem�s Partes interesadas disfrutar�n de amplia oportunidad para presentar por escrito todas las pruebas que consideren �tiles por lo que se refiere a la investigaci�n antidumping de que se trate. Tendr�n tambi�n derecho, previa justificaci�n, a presentar pruebas oralmente.

    "2. Las autoridades interesadas dar�n al reclamante y a los importadores y exportadores que se sepa est�n interesados, as� como a los gobiernos de los pa�ses exportadores, la oportunidad de examinar toda la informaci�n pertinente para la presentaci�n de sus argumentos que no sea confidencial conforme a los t�rminos del p�rrafo 3 del presente art�culo y que dichas autoridades utilicen en una investigaci�n antidumping: les dar�n tambi�n la oportunidad de preparar su alegato sobre la base de esa informaci�n.

    "3. Toda informaci�n que, por su naturaleza, sea confidencial (por ejemplo, porque su divulgaci�n significar�a una ventaja sensible para un competidor o tendr�a un efecto sensiblemente desfavorable para la persona que proporcione informaci�n o para un tercero del que la haya recibido) o que las Partes en una investigaci�n antidumping faciliten con car�cter confidencial, ser� previa justificaci�n al respecto, tratada como tal por la autoridad investigadora. Dicha informaci�n no ser� revelada sin autorizaci�n expresa de la parte que la haya facilitado.*10 A las Partes que proporcionen informaci�n confidencial podr� ped�rseles que suministren res�menes no confidenciales de la misma. En caso de que estas Partes se�alen que dicha informaci�n no puede ser resumida, deber�n exponer las razones de tal imposibilidad.

    *10 La partes son conscientes de que, en el territorio de algunas Partes, podr� ser necesario revelar una informaci�n en cumplimiento de una providencia precautoria concebida en t�rminos muy precisos.

    "4. Sin embargo, si las autoridades interesadas concluyen que una petici�n de que se considere confidencial una informaci�n no est� justificada, y si la persona que la haya proporcionado no quiere hacerla p�blica ni autorizar su divulgaci�n en t�rminos generales o resumidos, las autoridades podr�n no tener en cuenta esa informaci�n, a menos que se les demuestre de manera convincente, de fuente apropiada, que la informaci�n es exacta.*11

    *11 Las partes acuerdan que no deber�n rechazarse arbitrariamente las peticiones de que se considere confidencial una informaci�n.

    "5. Con el fin de verificar la informaci�n recibida, o de obtener detalles m�s completos, las autoridades podr�n realizar investigaciones en otros pa�ses seg�n sea necesario, siempre que obtengan la conformidad de las empresas interesadas y que lo notifiquen a los representantes del gobierno del pa�s de que se trata, y a condici�n de que este �ltimo no se oponga a la investigaci�n.

    "6. Cuando las autoridades competentes est�n convencidas de que existen pruebas suficientes para justificar la iniciaci�n de una investigaci�n antidumping con arreglo al art�culo 5o., lo notificar�n a la Parte o Partes cuyos productos vayan a ser objeto de tal investigaci�n, a los exportadores e importadores de cuyo inter�s tengan conocimiento las autoridades investigadores, y a los reclamantes, y se publicar� el correspondiente aviso.

    "7. Durante toda la investigaci�n antidumping, todas las Partes tendr�n plena oportunidad de defender sus intereses. A este fin, las autoridades interesadas dar�n a todas las Partes directamente interesadas, previa solicitud, la oportunidad de reunirse con aquellas Partes que tengan intereses contrarios para que puedan exponerse tesis opuestas y argumentos refutorios. Al proporcionar esa oportunidad, se habr� de tener en cuenta la necesidad de salvaguardar el car�cter confidencial de las informaciones y la conveniencia de las Partes. Ninguna Parte estar� obligada a asistir a una reuni�n, y su ausencia no ir� en detrimento de su causa.

    "8. En los casos en que una Parte interesada niegue el acceso a la informaci�n necesaria o no la facilite dentro de un plazo prudencial o entorpezca sensiblemente la investigaci�n podr�n formularse conclusiones*12 preliminares o definitivas, positivas o negativas, sobre la base de los hechos de que se tenga conocimiento.

    *12 Teniendo en cuenta la diferente terminolog�a utilizada en los distintos pa�ses, en adelante se entender� por ?conclusi�n? una decisi�n o fallo formal.

    "9. Las disposiciones del presente art�culo no tienen por objeto impedir a las autoridades de ninguna Parte proceder con prontitud a la iniciaci�n de una investigaci�n o a la formulaci�n de conclusiones preliminares o definitivas, positivas o negativas, ni impedirles aplicar medidas provisionales o definitivas, de conformidad con las disposiciones pertinentes del presente c�digo."

    "Art�culo 7o.

    "Compromisos relativos a los precios

    "1. Se podr�n*13 suspender o dar por terminados los procedimientos sin adopci�n de medidas provisionales o aplicaci�n de derechos antidumping si el exportador comunica que asume voluntariamente compromisos satisfactorios de revisar sus precios o de cesar la exportaci�n a la zona de que se trate a precios de dumping, de modo que las autoridades queden convencidas de que se elimina el efecto perjudicial del dumping. Los aumentos de precios estipulados en dichos compromisos no ser�n superiores a lo necesario para compensar el margen de dumping.

    *13 La palabra ?podr�n? no se interpretar� en el sentido de que se permita continuar los procedimientos simult�neamente con la aplicaci�n de los compromisos relativos a los precios, salvo en los casos previsto en el p�rrafo 3.

    "2. No se recabar�n ni se aceptar�n de los exportadores compromisos en materia de precios excepto en el caso de que las autoridades del pa�s importador hayan iniciado una investigaci�n de conformidad con las disposiciones del art�culo 5o. del presente c�digo. No ser� necesario aceptar los compromisos ofrecidos si las autoridades consideran que no ser�a realista tal aceptaci�n, por ejemplo, porque el n�mero de los exportadores actuales o potenciales sea demasiado grande, o por otros motivos.

    "3. Aunque se acepten los compromisos, la investigaci�n del da�o se llevar� a t�rmino cuando as� lo desee el exportador o as� lo decidan las autoridades. En tal caso, si se falla que no existe da�o ni amenaza de da�o, el compromiso quedar� extinguido autom�ticamente, salvo en los casos en que el fallo de que no hay amenaza de da�o se base en gran medida en la existencia de un compromiso enmateria de precios. En tales casos,las autoridades interesadas podr�n exigir que se mantenga el compromiso durante un periodo prudencial conforme con las disposiciones del presente c�digo.

    "4. Las autoridades del pa�s importador podr�n sugerir compromisos en materia de precios, pero ning�n exportador ser� obligado a aceptarlos. El hecho de que un exportador no ofrezca tales compromisos o no acepte la invitaci�n de hacerlo no prejuzgar� en modo alguno el examen del asunto. Sin embargo, las autoridades tendr�n la libertad de fallar que una amenaza de da�o puede con mayor probabilidad llegar a ser efectiva si contin�an las exportaciones objeto de dumping.

    "5. Las autoridades de un pa�s importador podr�n pedir a cualquier exportador del que se hayan aceptado compromisos que suministre peri�dicamente informaci�n relativa al cumplimiento de tales compromisos y que permita la verificaci�n de los datos pertinentes. En caso de incumplimiento de compromisos, las autoridades del pa�s importador podr�n, en virtud del presente c�digo y de conformidad con lo estipulado en �l, adoptar con prontitud disposiciones que podr�n consistir en la aplicaci�n inmediata de medidas provisionales sobre la base de las mejores informaciones disponibles. En tales casos podr�n percibirse derechos definitivos al amparo del presente c�digo sobre las mercanc�as declaradas a consumo noventa d�as como m�ximo antes de la aplicaci�n de tales medidas provisionales, pero no podr� procederse a ninguna percepci�n retroactiva de esa �ndole sobre las importaciones declaradas antes del incumplimiento del compromiso.

    "6. El plazo de vigencia de los compromisos no ser� superior al que puedan tener los derechos antidumping con arreglo al presente c�digo. Cuando ello est� justificado, las autoridades del pa�s importador examinar�n la necesidad del mantenimiento de cualquier compromiso en materia de precios, por propia iniciativa o a petici�n de exportadores o importadores interesados del producto de que se trate, que presenten informaciones positivas probatorias de la necesidad de tal examen.

    "7. Cuando de conformidad con lo dispuesto en el p�rrafo 1 del presente art�culo se haya suspendido o dado por terminada una investigaci�n antidumping, o cuando expire un compromiso, este hecho se notificar� oficialmente y ser� publicado. En los avisos correspondientes se har�n constar al menos las conclusiones fundamentales y un resumen de las razones que las justifiquen."

    "Art�culo 8o.

    "Establecimiento y percepci�n de derechos antidumping

    "1. La decisi�n de establecer o no establecer un derecho antidumping en los casos en que se han cumplido todos los requisitos para su establecimiento, y la decisi�n de fijar la cuant�a del derecho antidumping en un nivel igual o inferior a la totalidad del margen de dumping, habr�n de adoptarlas las autoridades del pa�s o territorios aduanero importador. Es deseable que el establecimiento del derecho sea facultativo en todos los pa�ses o territorios aduaneros Partes en el presente acuerdo, y que el derecho sea inferior al margen, si este derecho inferior basta para eliminar el da�o a la producci�n nacional.

    "2. Cuando se haya establecido un derecho antidumping con respecto a un producto, ese derecho se percibir� en la cuant�a apropiada a cada caso y sin discriminaci�n sobre las importaciones de ese producto, cualquiera que sea su procedencia, respecto de las cuales se haya concluido que son objeto de dumping y causan da�o, a excepci�n de las importaciones procedentes de fuentes de las que se hayan aceptado compromisos en materia de precios en virtud de lo establecido en el presente c�digo. Las autoridades designar�n al proveedor o proveedores del producto de que se trate. Sin embargo, si estuviesen implicados varios proveedores pertenecientes a un mismo pa�s y resultase imposible en la pr�ctica designar a todos ellos, las autoridades podr�n designar al pa�s proveedor de que se trate. Si estuviesen implicados varios proveedores pertenecientes a m�s de un pa�s, las autoridades podr�n designar a todos los proveedores implicados o, en caso de que esto sea impracticable, todos los pa�ses proveedores implicados.

    "3. La cuant�a del derecho antidumping no deber� exceder del margen de dumping determinado de conformidad con el art�culo 2o. Por tanto, si con posterioridad a la aplicaci�n del derecho antidumping se concluye que el derecho percibido rebasa el margen real de dumping, la parte del derecho que exceda del margen ser� devuelta con la mayor rapidez posible.

    "4. Dentro de un sistema de precios b�sicos, regir�n las reglas siguientes, siempre que su aplicaci�n sea compatible con las dem�s disposiciones del presente c�digo.

    "Si se hallan implicados varios proveedores pertenecientes a uno o varios pa�ses, podr�n establecerse derechos antidumping sobre las importaciones del producto considerado que procedan de ese pa�s o pa�ses y respecto de las cuales se haya concluido que han sido objeto de dumping y est�n causando un da�o, debiendo ser el derecho equivalente a la cuant�a en que el precio de exportaci�n resulte inferior al precio b�sico fijado con este fin, pero sin que este �ltimo pueda exceder del precio normal m�s bajo en el pa�s o pa�ses proveedores en los que prevalezcan condiciones normales de competencia. Queda entendido que, para los productos que se vendan por debajo de este precio b�sico ya establecido, se realizar� una nueva investigaci�n antidumping en cada caso particular, cuando as� lo pidan las partes interesadas y la petici�n se apoye en pruebas pertinentes. En los casos en que no se concluya que existe dumping, los derechos antidumping percibidos ser�n devueltos lo m�s r�pidamente posible. Adem�s, si puede concluirse que el derecho percibido rebasa el margen real de dumping, se devolver� con la mayor rapidez posible la parte del derecho que exceda de ese margen.

    "5. Se dar� aviso p�blico de todas las conclusiones, preliminares o definitivas, positivas o negativas, o de su revocaci�n. En caso de ser positivas, en el aviso se har�n constar las conclusiones y constataciones a que se haya llegado sobre todas las cuestiones de hecho y de derecho que la autoridad investigadora considere pertinentes, as� como las razones o la base en que se fundamenten. En caso de ser negativas, en el aviso figurar�n por lo menos las conclusiones b�sicas y un resumen de las razones que las sustenten. Todos los avisos de conclusiones se enviar�n a la Parte o Partes cuyos productos sean objeto de la conclusi�n de que se trate, as� como a los exportadores que se sepa est�n interesados."

    "Art�culo 9o.

    "D.�n de los derechos antidumping

    "1. Un derecho antidumping s�lo permanecer� en vigor durante el tiempo y en la medida necesarios para contrarrestar el dumping que est� causando da�o.

    "2. Cuando ello est� justificado, la autoridad investigadora examinar� la necesidad de mantener el derecho, por propia iniciativa o a petici�n de cualquier Parte interesada que presente informaciones positivas probatorias de la necesidad del examen."

    "Art�culo 10

    "Medidas provisionales

    "1. S�lo se podr�n adoptar medidas provisionales despu�s de que se haya llegado a la conclusi�n preliminar de que existe dumping y de que hay pruebas suficientes de da�o, seg�n lo dispuesto en los apartados a) a c) del p�rrafo 1 del art�culo 5o. No se aplicar�n medidas provisionales a menos que las autoridades interesadas juzguen que son necesarias para impedir que se cause da�o durante el periodo de la investigaci�n.

    "2. Las medidas provisionales podr�n tomar la forma de un derecho provisional o, preferentemente, una garant�a-mediante dep�sito en efectivo o fianza-igual a la cuant�a provisionalmente estimada del derecho antidumping, que no podr� exceder del margen de dumping provisionalmente estimado. La suspensi�n de la valoraci�n en aduana ser� una medida provisional adecuada, siempre que se indiquen el derecho normal y la cuant�a estimada del derecho antidumping y que la suspensi�n de la valoraci�n se someta a las mismas condiciones que las dem�s medidas provisionales.

    "3. Las medidas provisionales se establecer�n por el periodo m�s breve posible, que no podr� exceder de cuatro meses o, por decisi�n de las autoridades interesadas, a petici�n de exportadores que representen una proporci�n importante de los intercambios de que se trate, por un periodo que no exceder� de seis meses.

    "4. En el establecimiento de medidas provisionales, se seguir�n las disposiciones pertinentes del art�culo 8o."

    "Art�culo 11

    "Retroactividad

    "1. S�lo se aplicar�n derechos antidumping y medidas provisionales a los productos que se declaren a consumo despu�s de la fecha en que entre en vigor la decisi�n adoptada de conformidad con el p�rrafo 1 del art�culo 8o. y el p�rrafo 1 del art�culo 10 respectivamente; no obstante:

    "i) cuando se llegue a la conclusi�n definitiva de que existe un da�o (pero no una amenaza de da�o o de retraso sensible en la creaci�n de una producci�n), o cuando se llegue a la conclusi�n definitiva de que existe una amenaza de da�o y adem�s el efecto de las importaciones objeto de dumping sea tal que, de no haberse aplicado medidas provisionales, se habr�a llegado a la conclusi�n de que exist�a un da�o, se podr�n percibir retroactivamente derechos antidumping por el periodo en que se hayan aplicado las medidas provisionales;

    "Si el derecho antidumping fijado en la decisi�n definitiva es superior al derecho satisfecho provisionalmente, no se exigir� la diferencia. Si el derecho fijado en la decisi�n definitiva es inferior al satisfecho provisionalmente o a la cuant�a estimada para fijar la garant�a, se devolver� la diferencia o se calcular� de nuevo el derecho, seg�n sea el caso;

    "ii) cuando, en relaci�n con el producto objeto de dumping considerado, las autoridades determinen:

    "a) que hay antecedentes de dumping causante de da�o, o que el importador sab�a o deb�a haber sabido, que el exportador practicaba el dumping y que �ste causar�a da�o, y

    "b) que el da�o se debe a un dumping espor�dico (importaciones masivas de un producto objeto de dumping, efectuadas en un periodo relativamente corto) de una amplitud tal que, para impedir que vuelva a producirse, resulta necesario percibir retroactivamente un derecho antidumping sobre esas importaciones.

    "El derecho podr� percibirse sobre los productos que se hayan declarado a consumo noventa d�as como m�ximo antes de la fecha de aplicaci�n de las medidas provisionales.

    "2. A reserva de lo dispuesto en el p�rrafo 1 del presente art�culo, cuando se llegue a la conclusi�n de que existe una amenaza de da�o o retraso sensible (sin que se haya producido todav�a el da�o) s�lo se podr� establecer un derecho antidumping definitivo a partir de la fecha de la conclusi�n de que existe una amenaza de da�o o retraso sensible y se proceder� con prontitud a restituir todo dep�sito en efectivo hecho durante el periodo de aplicaci�n de las medidas provisionales y a liberar toda fianza prestada.

    "3. Cuando la conclusi�n definitiva sea negativa, se proceder� con prontitud a restituir todo dep�sito en efectivo hecho durante el periodo de aplicaci�n de las medidas provisionales y a liberar toda fianza prestada."

    "Art�culo 12

    "Medidas antidumping a favor de un tercer pa�s

    "...

    "Art�culo 13

    "Pa�ses en desarrollo

    "...

    "Parte II

    "Art�culo 14

    "Comit� de Pr�cticas Antidumping

    "...

    "Parte III

    "Art�culo 16

    Disposiciones finales ...

    Ley Reglamentaria del Art�culo 131 de la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos en Materia de Comercio Exterior.

    "Cap�tulo I

    "Disposiciones generales

    "Art�culo 1o. Las disposiciones de esta ley son de orden p�blico y de inter�s general. Tienen por objeto regular y promover el comercio exterior, la econom�a del pa�s, la estabilidad de la producci�n nacional o de realizar cualquier otro prop�sito similar en beneficio del mismo, a cuyo fin se faculta al Ejecutivo Federal, en t�rminos del art�culo 131 constitucional, para:

    "I. Aumentar, disminuir o suprimir las cuotas arancelarias de las tarifas de exportaci�n e importaci�n y para crear otras. No podr�n establecerse cuotas diferentes a las generales establecidas, salvo cuando existan compromisos internacionales que as� lo justifiquen.

    "II.E. medidas de regulaci�n o restricciones a la exportaci�n o importaci�n de mercanc�as consistentes en:

    "a. Requisito de permiso previo para exportar o importar mercanc�as de manera temporal o definitiva, inclusive a las zonas libres del pa�s.

    "b. Cupos m�ximos de mercanc�as de exportaci�n o de importaci�n en raz�n de los excedentes de producci�n, de los requerimientos del mercado o de los acuerdos y convenios internacionales.

    "c. Cuotas compensatorias, provisionales y definitivas, a la importaci�n de mercanc�as en condiciones de pr�cticas desleales de comercio internacional, las que ser�n aplicables independientemente del arancel que corresponda a la mercanc�a de que se trate.

    "d. Prohibici�n de importaci�n o exportaci�n de mercanc�as.

    "III. Restricci�n de la circulaci�n o el tr�nsito por el territorio nacional de las mercanc�as procedentes del y destinadas al extranjero, por razones de seguridad nacional, de salud p�blica, de sanidad fitopecuaria o conservaci�n o aprovechamiento de especies.

    "El propio Ejecutivo Federal, al enviar al Congreso el presupuesto fiscal de cada a�o, someter� a su aprobaci�n el uso que hubiera hecho de las facultades concedidas."

    "Art�culo 2o. Las facultades a que se refiere el art�culo precedente se ejercer�n en los siguientes t�rminos:

    "I. La correspondiente a la fracci�n I, por decretos del Ejecutivo Federal que deber�n publicarse en el Diario Oficial de la F.�n.

    "II. Las restricciones a que se refiere la fracci�n II, y la determinaci�n de las cuotas compensatorias se�aladas en su inciso c), por acuerdos o resoluciones que expida la S.�a de Comercio y Fomento Industrial, los que deber�n publicarse en el Diario Oficial de la F.�n.

    "Para determinar cuotas compensatorias definitivas y para prohibir la importaci�n o exportaci�n de mercanc�as, la dependencia mencionada escuchar� previamente la opini�n de la C.�n de Aranceles y Controles al Comercio Exterior.

    "Cuando se trate de medidas de seguridad nacional, de salud p�blica, de sanidad fitopecuaria o de aprovechamiento o conservaci�n de especies, tambi�n podr� la S.�a de Comercio y Fomento Industrial prohibir la importaci�n o exportaci�n de mercanc�as a petici�n de la autoridad competente.

    "III. Las restricciones para la circulaci�n o tr�nsito por el territorio nacional de mercanc�as procedentes del y destinadas al extranjero, podr�n ser ordenadas por la dependencia del Ejecutivo Federal que corresponda conforme a las leyes aplicables cuando lo requiera la seguridad nacional, la salud p�blica, la sanidad fitopecuaria o la conservaci�n o aprovechamiento de especies."

    "...

    "Cap�tulo II

    "Restricciones a la exportaci�n e importaci�n

    "Art�culo 4o. Las medidas de regulaci�n o restricciones a la exportaci�n de mercanc�as a que se refiere la fracci�n II incisos a), b) y d) del art�culo 1o. de esta ley, se establecer�n en los siguientes casos ..."

    "Art�culo 5o. Las medidas de regulaci�n o restricciones a la importaci�n de mercanc�as a que se refiere la fracci�n II incisos a), b) y d) del art�culo 1o. de esta ley, se establecer�n en los siguientes casos ..."

    "Art�culo 7o. Para los efectos de esta ley, se considerar�n pr�cticas desleales de comercio internacional:

    "I. La importaci�n de mercanc�as a un precio menor al comparable de mercanc�as id�nticas o similares destinadas al consumo en el pa�s de origen o procedencia.

    "A falta de dicho precio comparable o si el mismo no es representativo, se considerar� que existen dichas pr�cticas desleales cuando la importaci�n de mercanc�as se realice a cualquiera de los siguientes precios:

    "a. Menor al precio comparable m�s alto de exportaci�n de mercanc�as id�nticas o similares remitidas del pa�s de origen o procedencia a otros pa�ses; o

    "b. Menor al resultado de sumar el costo de producci�n en el pa�s de origen, un margen razonable por utilidad y los gastos de transportaci�n y venta.

    "Para determinar los precios comparables a que se refiere el primer p�rrafo de esta fracci�n I y el inciso a), se considerar�n los prevalecientes en el curso de operaciones comerciales normales.

    "II. La importaci�n de mercanc�as que en el pa�s de origen o de procedencia hubieren sido objeto, directa o indirectamente, de est�mulos, incentivos, primas, subvenciones o ayudas de cualquier clase para su exportaci�n, salvo que se trate de pr�cticas aceptadas internacionalmente."

    "Art�culo 8o. Las personas f�sicas o morales que introduzcan mercanc�as al territorio nacional en condiciones de pr�cticas desleales de comercio internacional, est�n obligadas a pagar una cuota compensatoria para no afectar la estabilidad de la producci�n nacional u obstaculizar el establecimiento de nuevas industrias o el desarrollo de las existentes.

    "La cuota compensatoria ser� equivalente a:

    "I. La diferencia entre el precio menor y el comparable en el pa�s exportador a que se refiere la fracci�n I del art�culo anterior.

    "II. El monto del beneficio se�alado en la fracci�n II de dicho art�culo.

    "III. La suma de los conceptos anteriores, en el caso en que se combinen las pr�cticas desleales de comercio internacional."

    "Art�culo 9o. Salvo en los casos a que se refiere el art�culo 14, cuando constate la realizaci�n de importaciones en condici�n de pr�cticas desleales de comercio internacional, la S.�a de Comercio y Fomento Industrial determinar� de oficio y provisionalmente la cuota compensatoria en los t�rminos de lo dispuesto por el art�culo 8o., debiendo publicarse la resoluci�n correspondiente en el Diario Oficial de la F.�n."

    "Art�culo 10. Las personas f�sicas o morales productoras de mercanc�as id�nticas o similares a aquellas que se est�n importando o pretendan importarse en condiciones de pr�cticas desleales de comercio internacional y representen, por s� mismas o agrupadas, cuando menos el 25 por ciento de la producci�n nacional de dichas mercanc�as o las organizaciones legalmente constituidas de productores de las mismas, podr�n denunciar a la S.�a de Comercio y Fomento Industrial los hechos que ameriten la determinaci�n de la cuota compensatoria en los t�rminos de esta ley. En dicha denuncia manifestar�n por escrito, bajo protesta de decir verdad:

    "I.N. y domicilio del promovente y, en su caso, de la persona f�sica que act�a en su representaci�n.

    "II. Actividad principal a la que se dedica el promovente y, en su caso, los miembros de la organizaci�n, indicando el n�mero de ellos y la participaci�n porcentual que tengan las mercanc�as que producen en relaci�n con la producci�n nacional.

    "III. D.�n de la mercanc�a de cuya importaci�n se trate, especificando su calidad comparativamente con la de producci�n nacional y dem�s datos que la individualicen, as� como el volumen que pretenda importarse en base a la unidad de medida correspondiente.

    "IV. Nombre y domicilio de quienes pretenden realizar la importaci�n o de quienes la efectuaron, aclarando si en una o en varias operaciones, salvo que el denunciante lo ignore.

    "V.I.�n del pa�s o pa�ses de origen y de exportaci�n, de no ser el mismo y, en su caso, de la persona o personas que realicen la exportaci�n a M�xico y el monto de la diferencia a que se refiere la fracci�n I del art�culo 7o., o del beneficio a que alude la fracci�n II, salvo que, en este �ltimo caso, el denunciante lo ignore.

    "VI. Los dem�s hechos y datos que hagan presumible la existencia de la pr�ctica desleal de comercio internacional.

    "VII. En su caso, los elementos que permitan apreciar que a causa de la introducci�n al mercado nacional de las mercanc�as de que setrate, de causa o amenaza causarda�o o perjuicio a la producci�n nacional o se obstaculiza el establecimiento de una industria.

    "La secretar�a podr� requerir al denunciante mayores elementos de prueba o datos, los que deber�n proporcionarse dentro del plazo que se conceda y que no podr� ser menor de ocho d�as h�biles. De no aportarse lo requerido dentro del plazo otorgado a su pr�rroga, si la hubo, se tendr� por abandonada la denuncia, sin perjuicio de que la secretar�a, de oficio, realice la investigaci�n y determine lo que proceda."

    "Art�culo 11. Recibida de conformidad la denuncia a que se refiere el art�culo anterior, la S.�a de Comercio y Fomento Industrial dictar�, dentro de un t�rmino de 5 d�as h�biles, resoluci�n de car�cter provisional determinando, si fuere procedente, la cuota compensatoria que corresponda y continuar� la investigaci�n administrativa sobre la pr�ctica desleal de comercio internacional que motiv� la resoluci�n, la cual surtir� efectos a partir del d�a siguiente al de su publicaci�n en el Diario Oficial de la F.�n.

    "La resoluci�n provisional a que se refiere el p�rrafo anterior ser� dictada tomando en consideraci�n la informaci�n de que disponga la secretar�a, si en base a ella se deriva la existencia de cualquiera de las pr�cticas desleales de comercio internacional mencionadas en esta ley.

    "Si la mercanc�a no ha sido importada, la S.�a de Comercio y Fomento Industrial podr� autorizar que lo sea sin el pago de la cuota compensatoria, siempre que se garantice el inter�s fiscal respecto de dicho pago, para el caso de que la resoluci�n definitiva confirme la cuota compensatoria determinada provisionalmente.

    "La S.�a de Hacienda y Cr�dito P�blico proceder� de inmediato al cobro de la cuota compensatoria y, en su caso, a la aceptaci�n de las garant�as que exhiban los interesados, las que en todo caso deber�n ajustarse a lo dispuesto en el C�digo F. de la F.�n."

    "Art�culo 12. Dentro de un plazo que no exceder� de 30 d�as h�biles, contados a partir del d�a en que surta efectos la resoluci�n provisional, la S.�a de Comercio y Fomento Industrial la confirmar�, modificar� o revocar�, tomando en cuenta lo aportado por quienes efectuaron la importaci�n o pretenden realizarla, por los productores o la organizaci�n de productores a que se refiere el art�culo 10 y el resultado de la investigaci�n que la propia secretar�a hubiese efectuado.

    "De haberse revocado o modificado el monto de la cuota compensatoria provisional, se proceder� a cancelar o modificar las garant�as que se hubiesen otorgado o, en su caso, a devolver las cantidades que se hubieren enterado por dicho concepto o la diferencia respectiva, lo que se har� previa la publicaci�n en el Diario Oficial de la F.�n de la resoluci�n dictada."

    "Art�culo 13. Concluida la investigaci�n administrativa, la S.�a de Comercio y Fomento Industrial, dentro de un plazo de seis meses contados a partir del d�a en que surta efectos la resoluci�n provisional, dictar� la resoluci�n definitiva que proceda, con base en las pruebas que hubiesen aportado los productores nacionales, los importados de la mercanc�a de que se trate y los elementos que la secretar�a hubiese obtenido. Esta resoluci�n tambi�n deber� publicarse en el Diario Oficial de la F.�n.

    "La S.�a de Hacienda y Cr�dito P�blico proceder�, en su caso, a hacer efectivas las garant�as que se hubieren otorgado de resultar confirmada la cuota compensatoria. Si se revoc� o modific� la mencionada cuota, se estar� a lo dispuesto en el segundo p�rrafo del art�culo anterior."

    "Art�culo 14. El Ejecutivo Federal podr� convenir con los gobiernos de otros pa�ses que las cuotas compensatorias a que se refiere esta ley s�lo se determinen de manera definitiva cuando se acredite, por quienes las soliciten, que la importaci�n de la mercanc�a de que se trate causa o amenaza causar da�o o perjuicio a la producci�n nacional u obstaculiza el establecimiento de industrias, siempre y cuando para resolver cuestiones similares en aquellos pa�ses exista reciprocidad respecto de las mercanc�as que se exporten del nuestro a ellos.

    "En todo caso la resoluci�n que determine estas cuotas compensatorias se publicar� en el Diario Oficial de la F.�n."

    "Art�culo 15. La determinaci�n de que la importaci�n de mercanc�as causa o amenaza causar da�o o perjuicio a la producci�n nacional u obstaculiza el establecimiento de industrias, la har� la S.�a de Comercio y Fomento Industrial considerando los criterios previstos en los convenios a que se refiere el art�culo anterior o, en su defecto, cuando menos, los elementos siguientes:

    "I. El volumen de la importaci�n de mercanc�as objeto de pr�cticas desleales de comercio internacional, para determinar si ha habido un aumento considerable de las mismas, en relaci�n con la producci�n o el consumo interno del pa�s.

    "II. El efecto que sobre los precios de productos id�nticos o similares en el mercado interno, causa o pueda causar la importaci�n de mercanc�as en condiciones de pr�cticas desleales de comercio internacional, para lo cual deber� considerarse si la mercanc�a importada se vende en el mercado interno a un precio considerable inferior al de los productos id�nticos o similares, o bien si el efecto de tales importaciones es hacer bajar los precios anormalmente o impedir en la misma medida el alza razonable que en otro caso se hubiera producido.

    "III. El efecto causado o que pueda causarse sobre los productores nacionales de mercanc�as id�nticas o similares a las importadas, considerando todos los factores e �ndices econ�micos pertinentes que influyan en la producci�n y ventas, tales como su disminuci�n apreciada y potencial; la participaci�n en el mercado; el rendimiento de las inversiones; la utilizaci�n de la capacidad instalada; los factores que repercuten en los precios internos; los efectos negativos apreciados y potenciales en el empleo, los salarios, el crecimiento, la inversi�n y dem�s elementos que considere convenientes."

    "Art�culo 16. Los importadores o sus consignatarios est�n obligados a calcular en el pedimento de importaci�n correspondiente el monto de la cuota compensatoria causada y a pagarla, junto con los dem�s impuestos al comercio exterior, aun en el caso de que la S.�a de Comercio y Fomento Industrial la haya determinado provisionalmente."

    "Art�culo 17. Los importadores de una mercanc�a id�ntica o similar a aquella por la que deba pagarse la cuota compensatoria a que se refiere la fracci�n II del art�culo 7o., as� como sus consignatarios, no estar�n obligados a pagarla al presentar el pedimento de importaci�n, si acreditan que el pa�s de origen de la citada mercanc�a es distinto del que aplica pr�cticas desleales de comercio internacional, acompa�ando al citado pedimento el certificado de origen expedido por la autoridad competente del pa�s exportador, acreditada ante la autoridad mexicana."

    "Art�culo 18. Los importadores afectados por cuotas compensatorias definitivas, podr�n solicitar se modifique la determinaci�n hecha por la S.�a de Comercio y Fomento Industrial cuando se haya modificado la diferencia entre los precios o el monto de los beneficios a que se refiere el art�culo 7o. En este caso, la S.�a de Comercio y Fomento Industrial podr� autorizar se lleven a cabo las importaciones de que se trate sin el pago de dichas cuotas en tanto se resuelve la petici�n, siempre que el solicitante garantice el inter�s fiscal."

    "Art�culo 19. La cuota compensatoria subsistir� hasta que se declare que han cesado las pr�cticas desleales de comercio internacional que la causaron.

    "La S.�a de Comercio y Fomento Industrial har� la declaratoria correspondiente, una vez que compruebe la desaparici�n de las citadas pr�cticas, la que deber� publicarse en el Diario Oficial de la F.�n.

    "Se considera que dichas pr�cticas han desaparecido cuando los exportadores extranjeros o el gobierno del pa�s que otorg� los est�mulos, incentivos, primas, subvenciones o ayudas correspondientes, realicen cualquiera de las siguientes acciones:

    "I.M. sus precios eliminando las causas que motivaron la aplicaci�n de la cuota compensatoria;

    "II. Eliminen completamente las causas que dan lugar a que el precio de exportaci�n resulte un precio subsidiado o subvencionado;

    "III. Se obliguen ante la S.�a de Comercio y Fomento Industrial, con la intervenci�n del gobierno de su pa�s, a limitar sus exportaciones hacia M�xico a las cantidades que se convenga, caso en el cual se suspender� la aplicaci�n de la cuota compensatoria, cuyo cobro se reanudar� si no se cumple el compromiso;

    "IV. Adopten acciones distintas a las se�aladas en los incisos anteriores, cuyos efectos sean equivalentes a juicio de la S.�a de Comercio y Fomento Industrial.

    Los interesados podr�n solicitar a la mencionada secretar�a que haga la declaratoria correspondiente, acompa�ando las pruebas que acrediten la desaparici�n de las pr�cticas desleales de comercio internacional, en cuyo caso podr� otorgarse la autorizaci�n a que se refiere el art�culo anterior, garantizando el inter�s fiscal.

    Reglamento contra Pr�cticas Desleales de Comercio Internacional (publicado en el Diario Oficial de la F.�n el 25 de noviembre de 1986 y reformado mediante decreto de 26 de abril de 1988).

    "Art�culo 1o. Para los efectos de la aplicaci�n del presente reglamento cuando en el mismo se aluda a los t�rminos que a continuaci�n se se�alan se entender� por:

    "I. Ley, la Reglamentaria del Art�culo 131 de la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos en Materia de Comercio Exterior.

    "II. S.�a, la S.�a de Comercio y Fomento Industrial.

    "III. C.�n, la C.�n de Aranceles y Controles al Comercio Exterior.

    "IV. Dumping, la pr�ctica desleal de comercio internacional a que se refiere el art�culo 7o., fracci�n I de la Ley, que consiste en la importaci�n al mercado nacional de mercanc�as extranjeras a un precio inferior a su valor normal.

    "V.O. comerciales normales, aquellas que se realizan habitualmente o que durante un tiempo razonable, inmediatamente anterior a la fecha de exportaci�n hacia M�xico, se hayan realizado en el mercado del pa�s de origen o procedencia respecto de mercanc�as id�nticas o similares entre compradores y vendedores independientes uno de otro.

    "VI. Subvenci�n, es la pr�ctica desleal de comercio internacional prevista en la fracci�n II del art�culo 7o. de la Ley, que consiste en el otorgamiento, directo o indirecto, por un gobierno extranjero o por sus organismos p�blicos o mixtos, de est�mulos, incentivos, primas, subsidios o ayudas de cualquier clase, a los productores, transformadores, comercializadores, o exportadores de mercanc�as exportadas a M�xico, para fortalecer, inequitativamente, su posici�n competitiva internacional, salvo que se trate de pr�cticas internacionalmente aceptadas. Tambi�n se considera como subvenci�n, la venta en el mercado internacional por parte de gobiernos extranjeros o sus agencias, de existencias o reservas de productos agr�colas o mineros, en condiciones tales que tengan por efecto que los precios de dichos productos sean considerablemente inferiores a los de otros proveedores del mismo mercado, o la absorci�n de m�s de una parte equitativa del comercio mundial de exportaci�n del producto considerado.

    "VII. Por mercanc�a id�ntica se entender� la que coincida en todas sus caracter�sticas con la que se compara, tomando en consideraci�n elementos tales como su naturaleza, origen, procedencia, uso, funci�n, calidad, marca y prestigio comercial. De no coincidir en todas sus caracter�sticas con la mercanc�a con la que se compara bastar� que esta �ltima presente algunas id�nticas sobre todo en naturaleza, uso, funci�n y calidad para ser considerada similar.

    "VIII. Da�o a la producci�n nacional es la p�rdida o menoscabo patrimonial o la privaci�n de cualquier ganancia l�cita y normal que sufran o puedan sufrir uno o varios productores nacionales, representativos de una parte significativa de la producci�n nacional, como consecuencia inmediata y directa de cualquiera de las pr�cticas desleales de comercio internacional previstas en el art�culo 7o. de la Ley y en el presente reglamento. Se incluye en este concepto el obstaculizar el establecimiento de nuevas industrias o el desarrollo de las existentes, como resultado directo de pr�cticas desleales de comercio internacional."

    "Cap�tulo II

    "Determinaci�n de dumping

    "Art�culo 2o. Para los efectos de la determinaci�n del margen de dumping, la S.�a comparar� el valor normal de la mercanc�a extranjera con el precio a que dicha mercanc�a se importe al mercado mexicano.

    "La S.�a considerar� como valor normal de una mercanc�a:

    "I. El precio comparable, en el curso de operaciones comerciales normales, de una mercanc�a id�ntica o similar destinada al consumo en el pa�s de origen.

    "II. Cuando no se realicen ventas de mercanc�a id�ntica o similar en el curso de operaciones comerciales normales en el mercado interior del pa�s de origen o cuando tales ventas no permitan una comparaci�n v�lida, se considerar� como valor normal:

    "a) El precio comparable m�s alto para la exportaci�n de mercanc�a id�ntica o similar a un tercer pa�s en el curso de operaciones comerciales normales, siempre y cuando se trate de un precio representativo; o

    "b) El precio que se obtenga mediante la adici�n al costo de producci�n de la mercanc�a en el pa�s de origen, de los gastos de venta, de transporte y un margen de utilidad razonable.

    "El costo de producci�n se calcular� bas�ndose en el conjunto de los costos, tanto fijos como variables, referidos a los materiales y a la fabricaci�n, en el curso de operaciones comerciales normales, en el pa�s de origen, incrementados en un importe razonable por los gastos administrativos y los dem�s gastos generales.

    "Por regla general, siempre que se obtenga normalmente una utilidad en las ventas de productos de la misma categor�a general en el mercado interior del pa�s de origen, el elemento que se a�adir� por dicho concepto no ser� superior a la misma. En los dem�s casos la utilidad se determinar� bas�ndose en criterios razonables, utilizando las informaciones de que se disponga."

    "...

    "Art�culo 4o. Cuando una mercanc�a sea exportada a M�xico desde un pa�s intermediario, y no directamente del pa�s de origen, el valor normal se determinar� tomando como base el precio en el mercado del pa�s exportador.

    "Como excepci�n a lo anterior, podr� hacerse la comparaci�n con el precio del pa�s de origen, en el caso de que las mercanc�as transiten simplemente por el pa�s de exportaci�n, o no se produzcan o no exista un precio comparable para ellas en el pa�s de exportaci�n."

    "Art�culo 5o. Para determinar el margen de dumping y a efecto de asegurar que la comparaci�n entre el valor normal y el precio al que se importe la mercanc�a al mercado mexicano sea lo m�s adecuada posible, la S.�a proceder� a examinarlos sobre bases equiparables en cuanto a las caracter�sticas f�sicas y especificaciones t�cnicas del producto. Adem�s, se tomar�n en cuenta las diferencias en precios que puedan resultar por las condiciones y t�rminos de venta, cargas impositivas y otros elementos que afecten la comparaci�n de precios."

    "Art�culo 6o. Para que el valor normal y el precio al que se importe la mercanc�a en el mercado mexicano resulten comparables por lo que hace a las caracter�sticas f�sicas y especificaciones t�cnicas del producto, as� como a las condiciones y t�rminos de venta, cargas impositivas y otros elementos se tendr�n debidamente en cuenta en cada caso, seg�n sus particularidades, las diferencias que afecten a dicha comparaci�n para hacer los ajustes que corresponda. Cuando una parte interesada solicite que se tomen en consideraci�n tales diferencias, le incumbir� aportar la prueba de que su solicitud est� justificada.

    "Para la determinaci�n de dichos ajustes se aplicar�n los criterios siguientes:

    "I. Cuando se trate de diferencias en las caracter�sticas f�sicas de la mercanc�a y especificaciones t�cnicas, los ajustes se basar�n normalmente en el efecto que tales diferencias tengan sobre el valor normal de la misma. Sin embargo, cuando no se disponga de los datos sobre los precios del mercado interior de ese pa�s o los que se posean no permitan una comparaci�n v�lida, el c�lculo se basar� en los costos de producci�n y en los m�rgenes de beneficio que ocasionen tales diferencias;

    "II. Trat�ndose de diferencias de cantidades, se efectuar�n ajustes por los siguientes conceptos:

    "a) Descuentos por cantidad libremente concedidos en el curso de operaciones comerciales normales durante un periodo anterior representativo, habitualmente no inferior a seis meses, y para una proporci�n sustancial, no inferior al 20% de las ventas totales del producto de que se trate efectuadas en el mercado interior o, en su caso, en el mercado de un tercer pa�s; podr�n admitirse descuentos diferidos cuando se basen en una pr�ctica constante en periodos anteriores o en el compromiso de respetar las condiciones requeridas para la obtenci�n de los mismos; o bien

    "b) Ahorros en los costos de producci�n de las diferentes cantidades.

    "Sin embargo cuando el precio de la mercanc�a considerada se base en cantidades inferiores a la cantidad m�s peque�a vendida en el mercado interior o, en su caso, a terceros pa�ses, el ajuste se determinar� de modo que refleje el precio m�s elevado al que se vende la cantidad m�s peque�a en el mercado interior o, en su caso, en un tercer mercado.

    "III. Si las diferencias se dan en las condiciones y t�rminos de venta, los ajustes se limitar�n a aquellas que tengan una relaci�n directa con las ventas consideradas, incluidas, entre otras, las que existan en las condiciones de cr�dito, fianzas, garant�as, modalidades de asistencia t�cnica, servicios postventa, comisiones o salarios pagados a los vendedores, envasado, transporte, seguros, mantenimiento, carga y costos accesorios y, en la medida en que no hayan sido tomadas en consideraci�n de otra forma, las diferencias de fase comercial. Por regla general, no se efectuar� ning�n ajuste por las diferencias que existan en los gastos administrativos y generales, incluidos los gastos de investigaci�n y desarrollo o de publicidad; el importe de estos ajustes se determinar� normalmente por el costo de dichas diferencias para el vendedor, aunque podr� tenerse en cuenta asimismo su efecto sobre el valor del producto.

    "IV. Las diferencias en las cargas impositivas ser�n motivo de ajuste en los casos en que un producto exportado a M�xico haya quedado exento de grav�menes a la importaci�n o de impuestos indirectos, que recaigan sobre el producto similar y sobre los materiales incorporados a �l cuando el producto de que se trate se destine al consumo en el pa�s de origen o en el pa�s de exportaci�n, o en los casos en que se haya procedido a la devoluci�n de dichas contribuciones."

    "...

    "Cap�tulo IV

    "De la cuota compensatoria

    "Art�culo 9o. La cuota compensatoria provisional, no podr� ser mayor, pero s� menor, al margen de dumping o al monto de la subvenci�n que se hubiese determinado durante la investigaci�n. En todo caso, el monto que fije la S.�a deber� ser suficiente para desalentar la importaci�n de mercanc�as en condiciones de pr�cticas desleales de comercio internacional."

    "Art�culo 10. La cuota compensatoria podr� determinarse en cantidad espec�fica o en puntos porcentuales, seg�n resulte m�s adecuado y en su caso, ser� calculada en t�rminos de la moneda convertible en que venga facturada la mercanc�a o en d�lares E.U.A., debi�ndose liquidar en su equivalente en moneda nacional calcul�ndose el tipo de cambio controlado vigente al momento de hacerse efectiva la misma."

    "Art�culo 11. Encualquier momento, durante lainvestigaci�n sobre pr�cticas desleales de comercio internacional a que se refiere este reglamento y hasta antes de dictar la resoluci�n definitiva, la S.�a deber�, si considera tener elementos suficientes para ello, determinar una cuota compensatoria o variar el monto de la que rigiere, proveyendo lo necesario para dar a conocer a los interesados la nueva situaci�n.

    "La cuota compensatoria que la S.�a determine en cualquier momento durante la investigaci�n a que se refiere el p�rrafo anterior, tendr� car�cter provisional y consecuentemente podr� pagarse o garantizarse el inter�s fiscal derivado de la misma, a elecci�n del importador."

    "Cap�tulo V

    "Prueba de da�o

    "Art�culo 12. En los casos a que se refiere el art�culo 14 de la Ley, s�lo se determinar�n cuotas compensatorias definitivas si como resultado de la investigaci�n sobre pr�cticas desleales de comercio internacional, la S.�a llega a la conclusi�n de la existencia de da�o o de la amenaza de que �ste pueda causarse a la producci�n nacional o que se obstaculiza el establecimiento de industrias, debido a importaciones efectuadas o que puedan efectuarse en tales condiciones."

    "Cap�tulo VI

    "De la investigaci�n sobre pr�cticas desleales de comercio internacional

    "Art�culo 13. La investigaci�n sobre pr�cticas desleales de comercio internacional, que estar� a cargo de la S.�a, se iniciar� con motivo de la denuncia de cualquier persona f�sica o moral que se encuentre en alguno de los supuestos del art�culo 10 de la Ley. La denuncia deber� contener cuando menos los requisitos previstos en el mencionado art�culo.

    "La denuncia que satisfaga los requisitos a que alude el p�rrafo anterior, ser� recibida de conformidad por la S.�a dentro de un plazo m�ximo de cinco d�as h�biles, notific�ndolo al denunciante e iniciando, a partir de ese momento, la investigaci�n correspondiente. El t�rmino de cinco d�as h�biles para dictar la resoluci�n a que se refiere el art�culo 11 de la Ley empezar� a correr a partir del d�a siguiente al en que se notifique haber recibido de conformidad la denuncia.

    "En caso de que, a juicio de la S.�a, sea improcedente iniciar la investigaci�n, lo comunicar� al denunciante dentro del plazo de cinco d�as h�biles contados a partir de la fecha en que reciba la denuncia fundando y motivando su resoluci�n y ordenando el archivo del expediente respectivo."

    "Art�culo 14. Si la S.�a estima que la denuncia es oscura o que faltan datos o documentos para que se pueda presumir la existencia de una pr�ctica desleal de comercio internacional, prevendr�, en un plazo no mayor de cinco d�as h�biles despu�s de recibida la denuncia, al denunciante para que dentro del plazo de treinta d�as h�biles aclare su denuncia o aporte los datos o documentos pertinentes. El plazo podr� ser prorrogado, a juicio de la S.�a, en una sola ocasi�n.

    "De no aclararse o complementarse la denuncia en los t�rminos requeridos, �sta se tendr� por abandonada, sin perjuicio de que la S.�a, de oficio, inicie la investigaci�n."

    "Art�culo 15. La resoluci�n de la S.�a por la que se ordene iniciar de oficio una investigaci�n sobre pr�cticas desleales de comercio internacional deber� hacerse del conocimiento general mediante publicaci�n en el Diario Oficial de la F.�n, convocando a los importadores, exportadores y representantes de gobiernos extranjeros, as� como a las personas que pudieran tener inter�s jur�dico en el resultado de la investigaci�n, para que comparezcan ante la propia S.�a a manifestar lo que a su derecho convenga.

    "En dicha resoluci�n se otorgar� un plazo no menor de 15 d�as h�biles para recibir por escrito las comparecencias correspondientes."

    "Art�culo 16. Mediante la resoluci�n a que se refieren los art�culos 13 y 15 de este reglamento, la S.�a deber�:

    "a) Declarar el inicio de la investigaci�n sobre pr�cticas desleales de comercio internacional, sin determinar la cuota compensatoria provisional; o

    "b) Determinar provisionalmente la cuota compensatoria que deba pagarse por la importaci�n de mercanc�as presumiblemente en condiciones de dumping o que hubiera recibido una subvenci�n, si para ello cuenta con la informaci�n suficiente que permita suponer la existencia de dichas pr�cticas desleales y la importaci�n sea de tales caracter�sticas que constituya, a juicio de la S.�a, un da�o o amenaza de da�o para los productores nacionales de mercanc�as id�nticas o similares."

    "Art�culo 17. La resoluci�n a que se refiere el inciso a) del art�culo anterior deber� contener cuando menos, los datos siguientes:

    "a) Una descripci�n detallada de la mercanc�a que se haya importado o se est� importando, presumiblemente en condiciones de dumping o que hubiera recibido una subvenci�n, indicando la fracci�n arancelaria que le corresponda de la tarifa del impuesto general de importaci�n;

    "b) Pa�s de origen o procedencia de la misma;

    "c) D.�n de la mercanc�a nacional id�ntica o similar a la mercanc�a que se haya importado o se est� importando;

    "d) Nombre y domicilio del productor o productores nacionales de mercanc�a id�ntica o similar;

    "e) Convocatoria a los importadores, exportadores y representantes de gobiernos extranjeros, as� como a las personas que pudieran tener inter�s jur�dico en el resultado de la investigaci�n para que comparezcan ante la propia S.�a a manifestar lo que a su derecho convenga."

    "Art�culo 18. La resoluci�n por la que se determine cuota compensatoria provisional contendr� lo siguiente:

    "a. Una descripci�n detallada de la mercanc�a que se haya importado o que se est� importando en condiciones de dumping o subvencionada y la fracci�n arancelaria de la tarifa del impuesto general de importaci�n que corresponda.

    "b. Nombre y domicilio del o de los exportadores de la mercanc�a a que se refiere el inciso anterior y del fabricante de la misma.

    "c. Pa�s de origen o de procedencia de la mercanc�a en cuesti�n.

    "d. D.�n de la mercanc�a producida en M�xico que es id�ntica o similar a la importada a que se refieren los incisos anteriores.

    "e. Nombre y domicilio del productor o productores nacionales de mercanc�as id�nticas o similares.

    "f. Margen del dumping o monto de la subvenci�n que se presume, seg�n se trate y en su caso, caracter�sticas de la subvenci�n.

    "g. En su caso, una descripci�n del da�o causado o que pueda causarse a la producci�n nacional o la estimaci�n en que se obstaculiza el establecimiento de nuevas industrias o el desarrollo de las existentes, productoras de mercanc�as id�nticas o similares a las importadas o a las que pretenden importarse.

    "h. Monto de la cuota compensatoria provisional que habr� de pagarse.

    "La resoluci�n a que se refiere este art�culo se publicar� en el Diario Oficial de la F.�n.

    "i. Convocatoria a los importadores, exportadores y representantes de gobiernos extranjeros, as� como a las personas que pudieran tener inter�s jur�dico en el resultado de la investigaci�n para que comparezcan ante la propia S.�a a manifestar lo que a su derecho convenga."

    "Art�culo 19. La investigaci�n sobre pr�cticas desleales de comercio internacional versar� sobre la existencia de dumping o subvenci�n y el da�o causado o que pueda causarse a la producci�n nacional. Abarcar� un periodo que cubra las importaciones de mercanc�as id�nticas o similares a las de producci�n nacional que puedan resultar afectadas, que se hubiesen realizado durante un periodo representativo anterior al inicio de la investigaci�n as� como cualquier otro elemento relevante para el resultado de la misma.

    "La realizaci�n de la investigaci�n no ser� obst�culo para el despacho ante la aduana correspondiente de las mercanc�as involucradas en la misma."

    "Art�culo 20. Dentro del plazo de treinta d�as a que se refiere el art�culo 12 de la Ley, la S.�a revisar� los elementos que sirvieron de base para dictar su resoluci�n provisional, la informaci�n complementaria que, en su caso, hayan proporcionado los productores, importadores y exportadores afectados, as� como los representantes del gobierno del pa�s de origen o de procedencia de la mercanc�a involucrada en la investigaci�n.

    "De la revisi�n que se efect�e conforme al p�rrafo anterior, la S.�a podr�:

    "I. En caso de que se haya declarado el inicio de la investigaci�n administrativa, sin imponer cuota compensatoria provisional:

    "a) Continuar con �sta cuando no hubieren variado los elementos que motivaron resoluci�n.

    "b) Determinar cuota compensatoria provisional, conforme lo establece el inciso b) del art�culo 16 de este reglamento, o

    "c) Dar por concluida la investigaci�n administrativa cuando se considere que no existe pr�ctica desleal.

    "II. En caso de que se haya impuesto cuota compensatoria provisional:

    "a) Confirmar el monto de la cuota compensatoria previamente establecida, cuando no hubieran variado los elementos que la motivaron.

    "b) Modificar el monto de la cuota compensatoria provisional que se hubiere establecido previamente, cuando exista una variaci�n en el margen del dumping o de la subvenci�n, o

    "c) Revocar la cuota compensatoria provisional, cuando se considere que no existe pr�ctica desleal, dando por concluida la investigaci�n.

    "En los casos previstos en los incisos b) y c) de la fracci�n II, la S.�a ordenar� que se modifiquen o cancelen, respectivamente, las garant�as que se hubieren otorgado y, en su caso, que se devuelvan las cantidades que se hubieren enterado por concepto de cuota compensatoria si la nueva cuota resulta inferior a la determinada anteriormente.

    "La devoluci�n o el pago de las cantidades a que se refiere el p�rrafo anterior, deber� efectuare dentro de un plazo que no exceder� de diez d�as h�biles contados a partir de la fecha de publicaci�n en el Diario Oficial de la F.�n de la resoluci�n respectiva.

    "Los resultados de la revisi�n a que se refiere este art�culo se publicar�n en el Diario Oficial de la F.�n."

    "Art�culo 21. La S.�a verificar� la informaci�n remitida mediante cuestionarios o presentada durante la investigaci�n. Para ello, podr� efectuar visitas en el domicilio fiscal del o de los denunciantes o de los importadores de las mercanc�as sujetas a investigaci�n, debi�ndose limitar la inspecci�n al cotejo de los documentos que obren en el expediente o a la revisi�n de aquellos cuya inspecci�n se hubiere ordenado.

    "La informaci�n y pruebas aportadas en relaci�n con el costo de producci�n o con la subvenci�n recibida, podr� ser verificada en el pa�s de origen o de procedencia de la misma si la autoridad del gobierno correspondiente acepta que �sta se realice y en su caso, si el productor de la mercanc�a manifiesta su conformidad en la verificaci�n.

    "La S.�a podr� contratar los servicios de empresas asesoras especializadas, que le apoyen en la indagaci�n y comprobaci�n de los datos y elementos que requiera para estar en posibilidad de emitir cualquier tipo de resoluciones.

    "De no existir la aceptaci�n del gobierno del pa�s exportador o, en su caso, la conformidad del productor de la mercanc�a sujeta a investigaci�n, para que se realice la verificaci�n correspondiente, la S.�a resolver� sobre la determinaci�n de cuotas compensatorias con base en la informaci�n disponible."

    "Art�culo 22. La S.�a utilizar� en sus c�lculos para determinar el monto de las cuotas compensatorias, t�cnicas estad�sticas o de muestreo generalmente aceptadas, en aquellos casos donde exista un volumen o n�mero significativo de operaciones involucradas o de ajustes a realizar. Estas t�cnicas deber�n ser representativas de las operaciones sujetas a investigaci�n. En cualquier caso se aplicar�n los principios de contabilidad generalmente aceptados."

    "...

    "Art�culo 27. Durante el periodo que dure la investigaci�n sobre pr�cticas desleales de comercio internacional, las partes que hubieren acreditado su inter�s jur�dico en el resultado de la misma podr�n ofrecer toda clase de pruebas excepto la confesional, o aquellas que se consideren contrarias al orden p�blico, a la moral o a las buenas costumbres."

    "Cap�tulo VII

    "Conclusi�n de la investigaci�n

    "Art�culo 28. Una vez que haya concluido la investigaci�n sobre pr�cticas desleales de comercio internacional, la S.�a enviar� el expediente y un anteproyecto de resoluci�n definitiva a la C.�n de Aranceles y Controles al Comercio Exterior para que �sta opine sobre el sentido de la resoluci�n y, en su caso, el monto de la cuota compensatoria definitiva que deba establecerse.

    "Formulada la opini�n de la C.�n de Aranceles y Controles al Comercio Exterior, regresar� el expediente a la S.�a para que �sta elabore la resoluci�n que corresponda de acuerdo con la opini�n expresada por dicho �rgano colegiado. Esta resoluci�n ser� expedida por el titular del ramo quien la mandar� publicar en el Diario Oficial de la F.�n.

    "La resoluci�n por la que se establezca cuota compensatoria definitiva deber� contener los elementos se�alados en el art�culo 18 de este reglamento, as� como las modalidades respecto a la duraci�n de la misma y el an�lisis razonado, en su caso, de los elementos que se tuvieron en consideraci�n para determinar la existencia de da�o o amenaza de da�o a la producci�n nacional o el retraso en el establecimiento o desarrollo de una industria."

    "Art�culo 29. El monto de la cuota compensatoria que se establezca con car�cter definitivo, no podr� ser superior al margen de dumping o monto de la subvenci�n que aparezca acreditado como resultado de la investigaci�n. La autoridad administrativa deber� considerar la posibilidad de que la cuota compensatoria sea inferior al margen de dumping o subvenci�n, si a su juicio, un monto inferior es suficiente para eliminar los efectos de da�o a la producci�n nacional."

    "Art�culo 30. Durante la investigaci�n sobre pr�cticas desleales de comercio internacional y hasta antes de la determinaci�n de la cuota compensatoria definitiva, el denunciante, los importadores y exportadores de la mercanc�a afectada por la investigaci�n, que hubieren acreditado tener inter�s jur�dico en el resultado de la misma, as� como los representantes acreditados de los gobiernos de los pa�ses involucrados, podr�n solicitar a la S.�a la celebraci�n de una audiencia conciliatoria en la que podr�n proponerse f�rmulas de soluci�n y conclusi�n de la investigaci�n, las cuales, de resultar procedentes, ser�n sancionadas por la propia S.�a e incorporadas en la resoluci�n que para el efecto se dicte dando por concluida la investigaci�n. Dicha resoluci�n deber� publicarse en el Diario Oficial de la F.�n."

    "Art�culo 31. Cuando el exportador de la mercanc�a afectada por dumping o subvenci�n se comprometa, por s� mismo, o en su caso, con la intervenci�n de su gobierno, a revisar sus precios o cesar sus exportaciones, o si el gobierno del pa�s exportador elimina la subvenci�n de que se trate o preste su consentimiento al exportador para revisar sus precios y eliminar los efectos da�inos de la misma, podr� suspenderse o darse por terminada la investigaci�n sobre pr�cticas desleales de comercio internacional, previa opini�n favorable de la C.�n de Aranceles y Controles al Comercio Exterior, incorpor�ndose a la resoluci�n correspondiente el compromiso asumido y la opini�n formulada.

    "El cumplimiento de estos compromisos podr� revisarse peri�dicamente de oficio o a petici�n de parte. Si como consecuencia de tal revisi�n se llegare al conocimiento de que existe incumplimiento, se proceder� a restablecer de inmediato el cobro de la cuota compensatoria provisional y se continuar� con la investigaci�n.

    La resoluci�n a que se refiere el presente art�culo ser� publicada en el Diario Oficial de la F.�n.

    De la interpretaci�n sistem�tica de lo dispuesto en las normas jur�dicas antes transcritas se arriba a las siguientes conclusiones:

    El dumping o discriminaci�n de precios es condenable cuando causa o amenaza causar da�o a la producci�n nacional de la mercanc�a id�ntica o similar de la que es importada realizando esa pr�ctica desleal de comercio internacional.

    El dumping tiene lugar cuando un producto es importado al mercado de un pa�s a un precio inferior a su valor normal, lo que sucede cuando su precio es: a) menor que el precio de ese producto o de uno similar destinado al consumo en el pa�s exportador; o b) a falta de dicho precio en el mercado interior de este �ltimo pa�s, si el precio del producto exportado es: b.1 menor que el precio comparable m�s alto para la exportaci�n de un producto similar a un tercer pa�s en el curso de operaciones comerciales normales, o b.2 menor que el costo de producci�n de este producto en el pa�s de origen, m�s un suplemento razonable para cubrir los gastos de venta y en concepto de beneficio.

    Con el fin de contrarrestar o impedir el dumping se pueden establecer derechos antidumping, denominados en la legislaci�n interna cuotas compensatorias.

    El establecimiento de las cuotas compensatorias est� condicionado a que las importaciones realizadas bajo discriminaci�n de precios causen o amenacen causar un da�o importante a la producci�n nacional.

    Para establecer cuotas compensatorias a la importaci�n de alg�n bien debe seguirse un procedimiento de investigaci�n ante la S.�a de Comercio y Fomento Industrial, el cual puede iniciarse a petici�n de la rama nacional de la producci�n que se estime afectada por las importaciones denunciadas o, excepcionalmente, de oficio.

    El procedimiento de investigaci�n sobre pr�cticas desleales de comercio internacional versa sobre la existencia de importaciones realizadas en condiciones de dumping o al tenor de subvenciones y del da�o causado o que pueda causarse a la producci�n nacional como consecuencia de tales operaciones.

    En las denuncias realizadas por los productores nacionales debe indicarse el monto por el que se da la discriminaci�n de precios, los hechos y datos que hagan presumible la existencia de la pr�ctica desleal de comercio internacional y los elementos que permitan apreciar que a causa de las respectivas importaciones se causa o amenaza causar da�o a la producci�n nacional. Excepcionalmente, trat�ndose de mercanc�as originarias de pa�ses que no sean contratantes del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, no ser� necesario que los productores nacionales denunciantes acrediten ante la secretar�a que las referidas operaciones comerciales causan o amenazan causar da�o a la industria nacional.

    Al inicio del procedimiento de investigaci�n la citada autoridad podr� establecer cuotas compensatorias provisionales, siempre y cuando tenga pruebas suficientes sobre la existencia de la discriminaci�n de precios, el da�o a la producci�n nacional y la relaci�n causal entre las importaciones y el da�o.

    La resoluci�n provisional por la que se determine una cuota compensatoria provisional deber� contener el margen de dumping o discriminaci�n de precios en el que se realicen las importaciones y una descripci�n del da�o causado o que pueda causarse a la producci�n nacional (circunstancia que se corrobora con la resoluci�n provisional impugnada, emitida el catorce de abril de mil novecientos noventa y tres, en cuyo punto 5 se realiza el an�lisis y resultado preliminar de da�o y causalidad).

    La secretar�a desarrollar� la investigaci�n considerando el comportamiento de las importaciones de la respectiva mercanc�a, realizadas durante un periodo representativo anterior al inicio de la investigaci�n, en relaci�n con el cual analizar� el volumen de aqu�llas, sus efectos sobre los precios de las mercanc�as nacionales id�nticas o similares y sobre la producci�n de �stas, as� como cualquier otro elemento que pueda estimarse relevante.

    El procedimiento de investigaci�n, auncuando se haya iniciado deoficio, debe concluirse en cualquier momento en que la autoridad advierta que no existen pruebas suficientes sobre la discriminaci�n de precios o el da�o, que justifiquen su continuaci�n.

    Todas las partes interesadas tendr�n oportunidad para presentar por escrito las pruebas que consideren pertinentes. La autoridad puede realizar investigaciones en otros pa�ses para corroborar la informaci�n aportada por las partes.

    Dentro de un plazo de treinta d�as contado a partir de que se emita la resoluci�n provisional la secretar�a confirmar�, modificar� o revocar� el monto de la cuota compensatoria, para lo cual revisar� los elementos que le sirvieron de base para dictar su resoluci�n provisional y la informaci�n complementaria que hayan proporcionado las partes interesadas. La cuota compensatoria que se prevea en esta resoluci�n deber� basarse en un an�lisis de discriminaci�n de precios y en el propio de da�o y causalidad (circunstancia que se corrobora por el estudio realizado en la resoluci�n impugnada, emitida el veintisiete de septiembre de mil novecientos noventa y tres, en cuyos puntos del 35 al 52 se desarrolla la valoraci�n que llev� a la autoridad a concluir que existen pruebas suficientes sobre la existencia de da�o a la producci�n nacional causado directamente por las importaciones denunciadas).

    Para determinar la existencia del da�o causado por las importaciones realizadas bajo discriminaci�n de precios, la S.�a de Comercio y Fomento Industrial analizar� el volumen de importaciones objeto de dumping y su efecto en los precios de productos similares en el mercado interno, as� como los efectos que esas importaciones tienen sobre los productores nacionales de tales productos. Adem�s, la autoridad deber� tener la certeza de que las importaciones realizadas bajo discriminaci�n de precios son la causa del da�o a la producci�n nacional, y que esto �ltimo no es generado por otros factores.

    La determinaci�n de la existencia de una amenaza de da�o se basar� en hechos y no en simples alegaciones.

    Una vez que se haya concluido la investigaci�n sobre pr�cticas desleales de comercio internacional, previa opini�n de la C.�n de Aranceles y Controles al Comercio Exterior, el titular de la S.�a de Comercio y Fomento Industrial emitir� la resoluci�n definitiva, la que deber� contener el margen de dumping o discriminaci�n de precios en el que se realicen las importaciones y una descripci�n del da�o causado o que pueda causarse a la producci�n nacional, as� como el monto o porcentaje al que ascienda la cuota compensatoria definitiva.

    El monto de la cuota compensatoria no podr� superar el margen de discriminaci�n de precios advertido y podr� imponerse por un monto inferior, en la medida en que sea suficiente para eliminar el da�o a la producci�n nacional.

    Cuando la autoridad advierta que el margen de discriminaci�n de precios o el da�o son insignificantes deber� poner fin a la investigaci�n.

    Aun cuando se hayan realizado importaciones bajo discriminaci�n de precios y se haya causado un da�o o amenaza de da�o a la producci�n nacional, si los exportadores celebran un compromiso con la secretar�a en el que se comprometan en el futuro a modificar sus precios de exportaci�n, o cesar �stas, se dar� por terminado el procedimiento de investigaci�n sin imponer cuota compensatoria o revocando la de car�cter provisional que se hubiere fijado.

    Los importadores o sus consignatorios est�n obligados a calcular en el pedimento de importaci�n correspondiente el monto de las cuotas compensatorias provisionales o definitivas que se causen.

    En todo caso, la S.�a de Hacienda y Cr�dito P�blico, a trav�s de la respectiva autoridad aduanera, proceder� al cobro de las cuotas compensatorias provisionales y definitivas y, en su caso, aceptar� las garant�as que exhiban los interesados.

    Cabe agregar que en la legislaci�n interna, en apego a lo previsto en el art�culo 14 constitucional, no se prev� la posibilidad de imponer cuotas compensatorias en forma retroactiva respecto de las mercanc�as importadas por un plazo m�ximo de hasta noventa d�as anteriores al establecimiento de las cuotas provisionales, como lo prev� el art�culo 11, p�rrafo primero, del Acuerdo relativo a la Aplicaci�n del Art�culo VI del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio.

    Ahora bien, una vez precisada la regulaci�n que rige el establecimiento y cobro de las cuotas compensatorias es menester precisar por qu� raz�n la facultad para crear esas prestaciones patrimoniales de car�cter p�blico no constituye una expresi�n de la potestad tributaria cuya delegaci�n se permite al Congreso de la Uni�n en t�rminos del art�culo 131, p�rrafo segundo, de la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos.

    Para arribar a tal conclusi�n, por principio, debe precisarse la naturaleza de la potestad tributaria, atribuci�n que constitucionalmente permite a uno o m�s �rganos del Estado establecer contribuciones que tienen por objeto solventar el gasto p�blico y, por ende, el desarrollo del c�mulo de funciones y servicios encomendados a los �rganos estatales, lo que permitir� concluir sobre el atributo esencial que conlleva su ejercicio y que constituye una caracter�stica propia y distintiva de las contribuciones.

    Antes de abordar ese t�pico, es importante distinguir entre dos diversos actos de autoridad, el acto de imperio a trav�s del cual en una disposici�n formal y materialmente legislativa se crea una contribuci�n y el diverso acto mediante el cual, respecto de un gobernado en especial, se cuantifica el monto al que asciende un cr�dito a favor del Estado, derivado de aquella previsi�n legal y de la circunstancia de que el contribuyente se haya ubicado en la hip�tesis de hecho que genera a su cargo la respectiva obligaci�n. El primer acto antes referido constituye la expresi�n m�s relevante de la potestad tributaria, destacando que en el marco constitucional que rige a los Estados Unidos Mexicanos esa atribuci�n tambi�n se desarrolla con la exenci�n de su pago o con el establecimiento de convenios entre la F.�n y las entidades federativas, en virtud de los cuales �stas se abstienen de imponer determinadas contribuciones a cambio de recibir ingresos, v�a participaciones, provenientes de los impuestos federales. Por otra parte, la liquidaci�n o determinaci�n de las contribuciones conlleva la emisi�n de un acto concreto e individualizado, en ejercicio de una atribuci�n administrativa que, doctrinariamente, implica el desarrollo de una competencia tributaria.

    Sentado lo anterior, es importante se�alar que conforme a la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, el ejercicio de la potestad tributaria se encuentra depositado originariamente en los representantes pol�ticos m�s directos de la soberan�a nacional, la que reside en el pueblo conforme al art�culo 39 de esa N.F.. As�, la potestad tributaria, en sus diversas expresiones, constituye una manifestaci�n m�s de la facultad legislativa del Congreso de la Uni�n y de las Legislaturas Locales, lo que hist�ricamente se ha justificado por la afectaci�n que su ejercicio genera al patrimonio de los gobernados.

    Ante ello, debe tenerse presente que la potestad legislativa �nicamente puede estar sujeta al cumplimiento de los requisitos que el Constituyente, en ejercicio de la soberan�a popular, estim� convenientes, destacando que trat�ndose de su expresi�n tributaria, dada la majestad de los �rganos legislativos y los fines que se persiguen con el establecimiento de las contribuciones, su ejercicio constituye una manifestaci�n unilateral emitida en ejercicio del poder de imperio del Estado que no se condiciona a la participaci�n que se d� a los gobernados que puedan verse afectados por los actos legislativos que vayan a emitirse, ni puede estar sometida a la circunstancia de que el �rgano constitucionalmente facultado para crear la contribuci�n acredite que determinados hechos acontecidos en el pasado justifican su establecimiento.

    En efecto, la atribuci�n constitucional para crear contribuciones al ser una manifestaci�n directa del mandato popular conferido a los representantes de los soberanos y desarrollarse con el objeto de cumplir finalidades esenciales del Estado, si bien debe ce�irse, por lo general, a un proceso legislativo y el tributo establecido debe respetar diversas prerrogativas fundamentales de los gobernados, no se encuentra sometida al desarrollo de un procedimiento en el que se escuche a los gobernados que podr�an recibir un beneficio o un perjuicio con motivo de su ejercicio, menos a�n, la creaci�n de la respectiva prestaci�n patrimonial puede estar sujeta a que el �rgano competente acredite que determinados hechos acontecidos en el pasado justifican su establecimiento.

    As�, la facultad para crear contribuciones en principio debe seguir un proceso legislativo en el que la voluntad de los sujetos a los que estar� dirigida la respectiva contribuci�n no ser� vinculatoria para el �rgano competente, pues �ste debe limitarse a valorar la conveniencia jur�dica, pol�tica, econ�mica y social de su establecimiento atendiendo al mandato que democr�ticamente les fue conferido; en ese orden, el ejercicio de la potestad en comento no est� condicionado a que antes de la emisi�n de la norma que prevea la contribuci�n se desarrolle un procedimiento en el que a los sujetos interesados se respeten las formalidades esenciales del procedimiento y menos a�n, se acrediten los hechos acontecidos en el pasado que llevan a su creaci�n, pues al tenor de la propia C.�n, para la creaci�n de una contribuci�n basta la voluntad del �rgano legislativo y el desarrollo del proceso que permita a sus integrantes deliberar sobre la conveniencia de su establecimiento.

    Para llegar a tal conclusi�n debe tomarse en cuenta, fundamentalmente, la regulaci�n constitucional que rige directamente el desarrollo de la potestad tributaria conferida originariamente al Congreso de la Uni�n y a las Legislaturas Locales, la cual se sustenta en lo previsto en los art�culos 31, fracci�n IV, 71, 72, 73, fracciones VII y XXIX, 74, fracci�n IV, 115, fracci�n IV, 116, 117, fracciones IV a VII, 118, fracci�n I, 122, base primera, fracci�n V, inciso b) y 131 de la C.�n General de la Rep�blica, los cuales disponen:

    "Art�culo 31. Son obligaciones de los mexicanos:

    "...

    "IV. Contribuir para los gastos p�blicos, as� de la F.�n, como del Distrito Federal o del Estado y Municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes."

    "Art�culo 71. El derecho de iniciar leyes o decretos compete:

    "I. Al presidente de la Rep�blica;

    "II. A los diputados y senadores al Congreso de la Uni�n; y

    "III. A las Legislaturas de los Estados.

    "Las iniciativas presentadas por el presidente de la Rep�blica, por las Legislaturas de los Estados o por las diputaciones de los mismos, pasar�n desde luego a comisi�n. Las que presentaren los diputados o los senadores, se sujetar�n a los tr�mites que designe el reglamento de debates."

    "Art�culo 72. Todo proyecto de ley o decreto, cuya resoluci�n no sea exclusiva de alguna de las C�maras, se discutir� sucesivamente en ambas, observ�ndose el reglamento de debates sobre la forma, intervalos y modo de proceder en las discusiones y votaciones.

    "A. Aprobado un proyecto en la C�mara de su origen, pasar� para su discusi�n a la otra. Si �sta lo aprobare, se remitir� al Ejecutivo, quien, si no tuviere observaciones que hacer, lo publicar� inmediatamente.

    "B. Se reputar� aprobado por el Poder Ejecutivo, todo proyecto no devuelto con observaciones a la C�mara de su origen, dentro de diez d�as �tiles; a no ser que, corriendo este t�rmino hubiere el Congreso cerrado o suspendido sus sesiones, en cuyo caso la devoluci�n deber� hacerse el primer d�a �til en que el Congreso est� reunido.

    "C. El proyecto de ley o decreto desechado en todo o en parte por el Ejecutivo, ser� devuelto, con sus observaciones, a la C�mara de su origen. Deber� ser discutido de nuevo por �sta, y si fuese confirmado por las dos terceras partes del n�mero total de votos, pasar� otra vez a la C�mara Revisora. Si por �sta fuese sancionado por la misma mayor�a, el proyecto ser� ley o decreto y volver� al Ejecutivo para su promulgaci�n.

    "Las votaciones de ley o decreto, ser�n nominales.

    "D. Si alg�n proyecto de ley o decreto, fuese desechado en su totalidad por la C�mara de revisi�n, volver� a la de su origen con las observaciones que aqu�lla le hubiese hecho. Si examinado de nuevo fuese aprobado por la mayor�a absoluta de los miembros presentes, volver� a la C�mara que lo desech�, la cual lo tomar� otra vez en consideraci�n, y si lo aprobare por la misma mayor�a, pasar� al Ejecutivo para los efectos de la fracci�n A; pero si lo reprobase, no podr� volver a presentarse en el mismo periodo de sesiones.

    "E. Si un proyecto de ley o decreto fuese desechado en parte, o modificado, o adicionado por la C�mara Revisora, la nueva discusi�n de la C�mara de su origen versar� �nicamente sobre lo desechado o sobre las reformas o adiciones, sin poder alterarse en manera alguna los art�culos aprobados. Si las adiciones o reformas hechas por la C�mara Revisora fuesen aprobadas por la mayor�a absoluta de los votos presentes en la C�mara de su origen, se pasar� todo el proyecto al Ejecutivo, para los efectos de la fracci�n A. Si las adiciones o reformas hechas por la C�mara Revisora fueren reprobadas por la mayor�a de votos en la C�mara de su origen, volver�n a aqu�lla para que tome en consideraci�n las razones de �sta, y si por mayor�a absoluta de votos presentes se desecharen en esta segunda revisi�n dichas adiciones o reformas, el proyecto, en lo que haya sido aprobado por ambas C�maras, se pasar� al Ejecutivo para los efectos de la fracci�n A. Si la C�mara Revisora insistiere, por la mayor�a absoluta de votos presentes, en dichas adiciones o reformas, todo el proyecto no volver� a presentarse sino hasta el siguiente periodo de sesiones, a no ser que ambas C�maras acuerden, por la mayor�a absoluta de sus miembros presentes, que se expida la ley o decreto s�lo con los art�culos aprobados, y que se reserven los adicionados o reformados para su examen y votaci�n en las sesiones siguientes.

    "F. En la interpretaci�n, reforma o derogaci�n de las leyes o decretos, se observar�n los mismos tr�mites establecidos para su formaci�n.

    "G. Todo proyecto de ley o decreto que fuere desechado en la C�mara de su origen, no podr� volver a presentarse en las sesiones del a�o.

    "H. La formaci�n de las leyes o decretos puede comenzar indistintamente en cualquiera de las dos C�maras, con excepci�n de los proyectos que versaren sobre empr�stitos, contribuciones o impuestos, o sobre reclutamiento de tropas, todos los cuales deber�n discutirse primero en la C�mara de Diputados.

    "I. Las iniciativas de leyes o decretos se discutir�n preferentemente en la C�mara en que se presenten, a menos que transcurra un mes desde que se pasen a la comisi�n dictaminadora sin que �sta rinda dictamen, pues en tal caso el mismo proyecto de ley o decreto puede presentarse y discutirse en la otra C�mara.

    "El Ejecutivo de la Uni�n no puede hacer observaciones a las resoluciones del Congreso o de alguna de las C�maras, cuando ejerzan funciones de cuerpo electoral o de jurado, lo mismo que cuando la C�mara de Diputados declare que debe acusarse a uno de los altos funcionarios de la F.�n por delitos oficiales.

    "Tampoco podr� hacerlas al decreto de convocatoria a sesiones extraordinarias que expida la C.�n Permanente."

    "Art�culo 73. El Congreso tiene facultad:

    "...

    "VII. Para imponer las contribuciones necesarias a cubrir el presupuesto.

    "...

    "XXIX. Para establecer contribuciones:

    "1o. Sobre el comercio exterior;

    "2o. Sobre el aprovechamiento y explotaci�n de los recursos naturales comprendidos en los p�rrafos 4o. y 5o. del art�culo 27;

    "3o. Sobre instituciones de cr�dito y sociedades de seguros;

    "4o. Sobre servicios p�blicos concesionados o explotados directamente por la F.�n; y,

    "5o. Especiales sobre:

    "a) Energ�a el�ctrica;

    "b) Producci�n y consumo de tabacos labrados;

    "c) Gasolina y otros productos derivados del petr�leo;

    "d) Cerillos y f�sforos;

    "e) A. y productos de su fermentaci�n;

    "f) Explotaci�n forestal; y

    "g) Producci�n y consumo de cerveza.

    "Las entidades federativas participar�n en el rendimiento de estas contribuciones especiales, en la proporci�n que la ley secundaria federal determine. Las Legislaturas Locales fijar�n el porcentaje correspondiente a los Municipios, en sus ingresos por concepto del impuesto sobre energ�a el�ctrica."

    "Art�culo 74. Son facultades exclusivas de la C�mara de Diputados:

    "...

    "IV. Examinar, discutir y aprobar anualmente el presupuesto de egresos de la F.�n, discutiendo primero las contribuciones que, a su juicio, deben decretarse para cubrirlo, as� como revisar la cuenta p�blica del a�o anterior.

    "El Ejecutivo Federal har� llegar a la C�mara la iniciativa de Ley de Ingresos y el proyecto de presupuesto de egresos de la F.�n a m�s tardar el d�a 15 del mes de noviembre o hasta el d�a 15 de diciembre cuando inicie su encargo en la fecha prevista por el art�culo 83, debiendo comparecer el secretario del despacho correspondiente a dar cuenta de los mismos.

    "...

    "S�lo se podr� ampliar el plazo de presentaci�n de la iniciativa de Ley de Ingresos y del proyecto de presupuesto de egresos, as� como de la cuenta p�blica, cuando medie solicitud del Ejecutivo suficientemente justificada a juicio de la C�mara o de la C.�n Permanente, debiendo comparecer en todo caso el secretario del despacho correspondiente a informar de las razones que lo motiven."

    "Art�culo 115. Los Estados adoptar�n, para su r�gimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, popular, teniendo como base de su divisi�n territorial y de su organizaci�n pol�tica y administrativa el Municipio Libre, conforme a las bases siguientes:

    "...

    "IV. Los Municipios administrar�n libremente su hacienda, la cual se formar� de los rendimientos de los bienes que les pertenezcan, as� como de las contribuciones y otros ingresos que las legislaturas establezcan a su favor, y en todo caso:

    "a) Percibir�n las contribuciones, incluyendo tasas adicionales, que establezcan los Estados sobre la propiedad inmobiliaria, de su fraccionamiento, divisi�n, consolidaci�n, traslaci�n y mejora as� como las que tengan por base el cambio de valor de los inmuebles.

    "Los Municipios podr�n celebrar convenios con el Estado para que �ste se haga cargo de algunas de las funciones relacionadas con la administraci�n de esas contribuciones.

    "b) Las participaciones federales, que ser�n cubiertas por la F.�n a los Municipios con arreglo a las bases, montos y plazos que anualmente se determinen por las Legislaturas de los Estados.

    "c) Los ingresos derivados de la prestaci�n de servicios p�blicos a su cargo.

    "Las leyes federales no limitar�n la facultad de los Estados para establecer las contribuciones a que se refieren los incisos a) y c), ni conceder�n exenciones en relaci�n con las mismas. Las leyes estatales no establecer�n exenciones o subsidios en favor de persona o instituci�n alguna respecto de dichas contribuciones. S�lo estar�n exentos los bienes de dominio p�blico de la F.�n, de los Estados o los Municipios, salvo que tales bienes sean utilizados por entidades paraestatales o por particulares, bajo cualquier t�tulo, para fines administrativos o prop�sitos distintos a los de su objeto p�blico.

    "Los Ayuntamientos, en el �mbito de su competencia, propondr�n a las Legislaturas Estatales las cuotas y tarifas aplicables a impuestos, derechos, contribuciones de mejoras y las tablas de valores unitarios de suelo y construcciones quesirvan de base para elcobro de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria.

    "Las Legislaturas de los Estados aprobar�n las Leyes de Ingresos de los Municipios, revisar�n y fiscalizar�n sus cuentas p�blicas. Los presupuestos de egresos ser�n aprobados por los Ayuntamientos con base en sus ingresos disponibles.

    "Los recursos que integran la hacienda municipal ser�n ejercidos en forma directa por los Ayuntamientos, o bien, por quien ellos autoricen, conforme a la ley."

    "Art�culo 116. El poder p�blico de los Estados se dividir�, para su ejercicio, en Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y no podr�n reunirse dos o m�s de estos poderes en una sola persona o corporaci�n, ni depositarse el Legislativo en un solo individuo. ..."

    "Art�culo 117. Los Estados no pueden, en ning�n caso:

    "...

    "IV. Gravar el tr�nsito de personas o cosas que atraviesen su territorio.

    "V. Prohibir ni gravar directa ni indirectamente la entrada a su territorio, ni la salida de �l, a ninguna mercanc�a nacional o extranjera.

    "VI. Gravar la circulaci�n ni el consumo de efectos nacionales o extranjeros, con impuestos o derechos cuya exenci�n se efect�e por aduanas locales, requiera inspecci�n o registro de bultos o exija documentaci�n que acompa�e la mercanc�a.

    "VII. Expedir ni mantener en vigor leyes o disposiciones fiscales que importen diferencias de impuestos o requisitos por raz�n de la procedencia de mercanc�as nacionales o extranjeras, ya sea que esta diferencia se establezca respecto de la producci�n similar de la localidad, o ya entre producciones semejantes de distinta procedencia."

    "Art�culo 118. Tampoco pueden, sin consentimiento del Congreso de la Uni�n:

    "I.E. derechos de tonelaje, ni otro alguno de puertos, ni imponer contribuciones o derechos sobre importaciones o exportaciones."

    "Art�culo 122. Definida por el art�culo 44 de este ordenamiento la naturaleza jur�dica del Distrito Federal, su gobierno est� a cargo de los Poderes Federales y de los �rganos ejecutivo, legislativo y judicial de car�cter local, en los t�rminos de este art�culo.

    "Son autoridades locales del Distrito Federal, la Asamblea Legislativa, el jefe de Gobierno del Distrito Federal y el Tribunal Superior de Justicia.

    "...

    "La distribuci�n de competencias entre los Poderes de la Uni�n y las autoridades locales del Distrito Federal se sujetar� a las siguientes disposiciones:

    "...

    "C. El Estatuto de Gobierno del Distrito Federal se sujetar� a las siguientes bases:

    "Base primera. Respecto a la Asamblea Legislativa:

    "...

    "V. La Asamblea Legislativa, en los t�rminos del Estatuto de Gobierno, tendr� las siguientes facultades:

    "...

    "b) Examinar, discutir y aprobar anualmente el presupuesto de egresos y la Ley de Ingresos del Distrito Federal, aprobando primero las contribuciones necesarias para cubrir el presupuesto.

    "Dentro de la Ley de Ingresos, no podr�n incorporarse montos de endeudamiento superiores a los que haya autorizado previamente el Congreso de la Uni�n para el financiamiento del presupuesto de egresos del Distrito Federal.

    "La facultad de iniciativa respecto de la Ley de Ingresos y el presupuesto de egresos corresponde exclusivamente al jefe de Gobierno del Distrito Federal. El plazo para su presentaci�n concluye el 30 de noviembre, con excepci�n de los a�os en que ocurra la elecci�n ordinaria del jefe de Gobierno del Distrito Federal, en cuyo caso la fecha l�mite ser� el 20 de diciembre.

    "La Asamblea Legislativa formular� anualmente su proyecto de presupuesto y lo enviar� oportunamente al jefe de Gobierno del Distrito Federal para que �ste lo incluya en su iniciativa.

    "Ser�n aplicables a la hacienda p�blica del Distrito Federal, en lo que no sea incompatible con su naturaleza y su r�gimen org�nico de gobierno, las disposiciones contenidas en el segundo p�rrafo del inciso c) de la fracci�n IV del art�culo 115 de esta C.�n."

    "Art�culo 131. Es facultad privativa de la F.�n gravar las mercanc�as que se importen o exporten, o que pasen de tr�nsito por el territorio nacional, as� como reglamentar en todo tiempo y aun prohibir, por motivos de seguridad o de polic�a, la circulaci�n en el interior de la Rep�blica de toda clase de efectos, cualquiera que sea su procedencia; pero sin que la misma F.�n pueda establecer, ni dictar, en el Distrito Federal, los impuestos y leyes que expresan las fracciones VI y VII del art�culo 117.

    El Ejecutivo podr� ser facultado por el Congreso de la Uni�n para aumentar, disminuir o suprimir las cuotas de las tarifas de exportaci�n e importaci�n, expedidas por el propio Congreso, y para crear otras; as� como para restringir y para prohibir las importaciones, las exportaciones y el tr�nsito de productos, art�culos y efectos, cuando lo estime urgente, a fin de regular el comercio exterior, la econom�a del pa�s, la estabilidad de la producci�n nacional, o de realizar cualquiera otro prop�sito, en beneficio del pa�s. El propio Ejecutivo al enviar al Congreso el presupuesto fiscal de cada a�o, someter� a su aprobaci�n el uso que hubiese hecho de la facultad concedida.

    Como se advierte de estos preceptos de la N.F., la potestad tributaria, en tanto expresi�n de la potestad legislativa del Estado mexicano, para su desarrollo se encuentra sometida, en principio, a ser creada mediante una ley, es decir, un acto formal y materialmente legislativo. Por ende, para su formaci�n debe sujetarse a un proceso de iniciativa, deliberaci�n, aprobaci�n y promulgaci�n, como corresponde a todo acto formalmente legislativo. As�, desde el inicio del respectivo proceso, si bien trat�ndose de contribuciones la iniciativa debe presentarse ante la C�mara de Diputados, las autoridades facultadas para realizar la iniciativa no se encuentran obligadas a escuchar a los gobernados que podr�an verse afectados con el respectivo acto legislativo, ni a acreditar los hechos acontecidos en el pasado que justifican su propuesta. Igualmente, para la aprobaci�n del acto legislativo se seguir� un proceso en el que los �rganos legislativos no tendr�n que escuchar a los sujetos a los que se dirige el futuro acto legislativo, especialmente cuando se trata de una ley, por lo que para la entrada en vigor bastar�, entonces, que las autoridades competentes desarrollen las atribuciones que constitucionalmente les son encomendadas.

    Por otra parte, si bien las contribuciones que deriven del ejercicio de la potestad tributaria del Estado mexicano deben cumplir con los requisitos de proporcionalidad y equidad, as� como encontrarse destinadas al gasto p�blico, ello no condiciona al respectivo �rgano legislativo a acreditar que hechos acontecidos en el pasado justifican el establecimiento de las respectivas contribuciones, pues el cumplimiento de tales requisitos materiales no guarda relaci�n con los motivos que llevaron al legislador a crear el tributo; por ello, estos antecedentes no ser�n los que determinen si una prestaci�n patrimonial de esa naturaleza es proporcional o equitativa, o se destina al gasto p�blico, cuando los �rganos competentes del Poder Judicial de la F.�n, previa instancia de parte, califiquen el cumplimiento de tales requisitos.

    En el mismo tenor, aun cuando en la propia C.�n se establecen algunas limitantes a las fuentes de riqueza que pueden ser gravadas por el Congreso de la Uni�n y las Legislaturas Locales, atendiendo entre otros factores a que los Estados Unidos Mexicanos adoptan como forma de Estado la que corresponde a una F.�n, ello no implica, en manera alguna, que el �rgano legislativo antes de crear la contribuci�n deba acreditar las circunstancias que justifican su establecimiento.

    En abono a lo expuesto, destaca que en las C.ones Pol�ticas de los Estados que integran la Rep�blica mexicana, tampoco se condiciona el ejercicio de la potestad tributaria a seguir un procedimiento en el que se escuche a los gobernados o a reunir los elementos que justifiquen el establecimiento de un determinado hecho imponible.

    Incluso, en algunas C.ones Locales en las que existe la posibilidad de que una ley sea sometida a refer�ndum, lo que no se analoga a las condicionantes antes expuestas, el propio Constituyente Local ha reconocido la especial naturaleza de la potestad tributaria, al precisar que a ese instrumento de expresi�n de la soberan�a popular no se someter�n las leyes de car�cter tributario. Ejemplo de ello se encuentra en la C.�n Pol�tica del Estado Libre y Soberano de M�xico, cuyo art�culo 14 dispone:

    Art�culo 14. El gobernador del Estado podr� someter a refer�ndum total o parcial las reformas y adiciones a la presente C.�n y las leyes que expida la legislatura, excepto las de car�cter tributario o fiscal. ...

    En el mismo sentido, en el �mbito de otros �rdenes jur�dicos, el Poder Constituyente de diversas naciones ha reconocido la especial naturaleza de la potestad tributaria, al disponerse en sus respectivas Normas Fundamentales que aun cuando los gobernados pueden intervenir en alg�n grado en el desarrollo del proceso legislativo, como puede ser en la formulaci�n de una iniciativa de ley, acto que generalmente no es vinculatorio para el �rgano legislativo, tal prerrogativa no puede desarrollarse en relaci�n con las leyes tributarias. Al efecto, destacan los art�culos 39 de la C.�n de la Naci�n Argentina, expedida el veintid�s de agosto de mil novecientos noventa y cuatro, y el 87 de la C.�n Espa�ola, aprobada el 27 de diciembre de 1978. Tales numerales disponen:

    C.�n de la Naci�n Argentina.

    "Art�culo 39. Los ciudadanos tienen el derecho de iniciativa para presentar proyectos de ley en la C�mara de Diputados. El Congreso deber� darles expreso tratamiento dentro del t�rmino de doce meses.

    "El Congreso, con el voto de la mayor�a absoluta de la totalidad de los miembros de cada C�mara, sancionar� una ley reglamentaria que no podr� exigir m�s del tres por ciento del padr�n electoral nacional, dentro del cual deber� contemplar una adecuada distribuci�n territorial para suscribir la iniciativa.

    No ser�n objeto de iniciativa popular los proyectos referidos a reforma constitucional, tratados internacionales, tributos, presupuesto y materia penal.

    C.�n Espa�ola.

    "Art�culo 87.

    "1. La iniciativa legislativa corresponde al gobierno, al Congreso y al Senado, de acuerdo con la C.�n y los reglamentos de las C�maras.

    "2. Las Asambleas de las C.idades Aut�nomas podr�n solicitar del gobierno la adopci�n de un proyecto de ley o remitir a la mesa del Congreso una proposici�n de ley, delegando ante dicha C�mara un m�ximo de tres miembros de la asamblea encargados de su defensa.

    "3. Una ley org�nica regular� las formas de ejercicio y requisitos de la iniciativa popular para la presentaci�n de proposiciones de ley. En todo caso se exigir�n no menos de 500.000 firmas acreditadas. No proceder� dicha iniciativa en materias propias de ley org�nica, tributarias o de car�cter internacional, ni en lo relativo a la prerrogativa de gracia."

    En tal virtud, resulta inconcuso que el desarrollo de la potestad tributaria no se encuentra condicionado en manera alguna a la participaci�n previa de los gobernados en el procedimiento respectivo, ni la creaci�n de las contribuciones est� sujeta a que se desarrolle un procedimiento en el que se escuche a los que podr�an ver afectado su patrimonio con tal medida, ni para la emisi�n del respectivo acto de observancia general la autoridad, generalmente legislativa, est� obligada a reunir los elementos necesarios para acreditar que se requiere el establecimiento de la respectiva prestaci�n patrimonial de car�cter p�blico.

    Dicho en otras palabras, la creaci�n de contribuciones, por ser �stas indispensables para el desarrollo de las actividades de los �rganos y organismos que integran al Estado, no se encuentra sujeta a que el �rgano facultado constitucionalmente para establecerlas escuche a los afectados, menos a�n, la propia potestad puede estar limitada a que la propia autoridad re�na determinada informaci�n que de no existir, le impedir� establecer la respectiva contribuci�n.

    De ah� que, ante prestaciones patrimoniales de car�cter p�blico cuya creaci�n se encuentra condicionada al desarrollo de un procedimiento en el que se escuche a los afectados y al acreditamiento de ciertos hechos, debe estimarse que las mismas no constituyen una expresi�n de la potestad tributaria del Estado, sino de una diversa atribuci�n que tiene como finalidad crear una carga econ�mica a todos aquellos que realicen una actividad que se estima contraria a alg�n bien jur�dico, que a juicio del legislador debe tutelarse, pero que no est�n destinadas a solventar el desarrollo de una actividad propia del Estado, por lo que a tales prestaciones no debe exig�rseles el cumplimiento de los principios constitucionales de justicia tributaria ni para su cobro puede la autoridad competente omitir otorgar a los gobernados su derecho de defensa previo a la emisi�n del acto que les prive en forma definitiva de su patrimonio.

    A�n m�s, trat�ndose de la potestad tributaria que en t�rminos del art�culo 131, p�rrafo segundo, de la C.�n General de la Rep�blica, puede delegar el Congreso de la Uni�n al titular del Ejecutivo Federal, un atributo que distingue a esa potestad es el car�cter de urgencia que justifica su ejercicio y que exime al presidente de la Rep�blica de seguir un proceso legislativo para crear una disposici�n que constitucionalmente tiene el mismo rango que una ley emanada del Congreso de la Uni�n, por lo que trat�ndose del ejercicio de esta potestad tributaria delegada, su ejercicio no puede, en manera alguna, condicionarse a procedimientos o requisitos de valoraci�n que impidan al Ejecutivo establecer contribuciones al comercio exterior.

    Para corroborar la conclusi�n antes adoptada, no est� por dem�s se�alar que las diversas categor�as de contribuciones que se han establecido al tenor de la C.�n General de la Rep�blica de cinco de febrero de mil novecientos diecisiete se han caracterizado por el referido atributo, en tanto que para su creaci�n no se ha sujetado en momento alguno a la autoridad legislativa a seguir un procedimiento en el que escuche a los gobernados que podr�an verse afectados por su imposici�n, ni menos a�n, se ha condicionado la potestad tributaria del legislador o del diverso �rgano al que se ha delegado en forma extraordinaria su ejercicio, a acreditar ciertos hechos o informaci�n que de no recabarse impedir�n su previsi�n legal. Incluso, como se precisa m�s adelante, ni siquiera trat�ndose de diversas contribuciones en las que la participaci�n de una autoridad administrativa o de un �rgano t�cnico puede resultar relevante para cuantificar la base gravable o la cuota aplicable, la creaci�n de la respectiva prestaci�n patrimonial se sujeta al procedimiento y requisitos mencionados.

    En abono a lo anterior, destaca que en el �mbito doctrinal los principales estudiosos del derecho tributario al analizar la especial naturaleza de las contribuciones y los atributos esenciales de la potestad para establecerlas coinciden en que su ejercicio constituye una expresi�n del poder de imperio del Estado, que no se encuentra condicionada a la participaci�n de los gobernados o a que el �rgano dotado de tal atribuci�n acredite determinados hechos que justifiquen la conveniencia de la emisi�n del respectivo acto formalmente legislativo.

    Al respecto destaca que A.D.G., en su obra "Instituciones de Derecho Tributario", E.orial de Derecho Financiero, Madrid, 1957, al referirse a la naturaleza de las contribuciones sostuvo que "los tributos, en cambio, son percibidos por el Estado en virtud de su potestad de imperio" (p�gina 41) y al analizar el origen y contenido de la relaci�n impositiva, se�al�: "La elecci�n de los presupuestos confiada al criterio discrecional del legislador se determina por consideraciones econ�micas, pol�ticas y t�cnicas, extra�as al derecho tributario y var�a de un pa�s a otro en los diversos periodos hist�ricos, seg�n cuales sean la estructura econ�mica y las necesidades financieras de las naciones, e incluso por consideraciones extrafiscales. ... Incumbe exclusivamente al legislador tributario determinar con toda la precisi�n posible el presupuesto material de los impuestos en particular, en todos sus elementos positivos, e incluso, a veces, en sus elementos negativos." (p�gina 142).

    Por su parte, D.J., en su obra "Curso de Derecho Tributario", E.orial L.eo Profesional Cima, Buenos Aires, 1969, p�gina 24, consider�: "El Poder Estatal se agota en el momento en que el Poder Legislativo, portador de dicho poder, en virtud de principios constitucionales que se lo atribuyen, dicta las normas sustantivas que establecen los supuestos objetivos y subjetivos de la obligaci�n tributaria. Desde ese momento no existe m�s relaci�n de poder, sino relaci�n jur�dica de car�cter obligacional y relaciones administrativas y procesales, cuyo prop�sito es la reafirmaci�n de la voluntad de la ley en los casos concretos.".

    A su vez, N.D. en su libro "Derecho Tributario, Teor�a y Cr�tica", E.orial de Derecho Financiero, Madrid, 1985, al analizar la vinculaci�n entre la ley de presupuestos y las normas que establecen los elementos de un tributo sostiene: "En la ley tributaria es reconocida una limitada eficacia en cuanto la aprobaci�n anual de la ley de presupuestos -constituye el presupuesto por el que el Estado puede pretender el cumplimiento de la concreta obligaci�n tributaria-. Para ilustrar tal relaci�n, la misma corriente de pensamiento, despu�s de haber rechazado el recurso a la noci�n de condici�n, considera la -instrumentalidad entre una y otra ley- con la consecuencia de que en el caso, por lo dem�s hipot�tico, de falta de aprobaci�n del presupuesto, el cr�dito del impuesto -queda paralizado cuando el deudor no pague en los plazos fijados-. Esta soluci�n que recalca un aspecto de la doctrina tradicional no parece satisfactoria si se tiene en cuenta la distinci�n entre actividad legislativa y actividad administrativa en materia tributaria; con base en �sta es posible ilustrar que la norma tributaria en cuanto producto de la actividad legislativa no s�lo es perfecta, sino tambi�n plenamente eficaz, independientemente del concurso de cualquier otra condici�n." (p�ginas 30 y 31).

    Por otra lado, C.G.�a Vizca�no, en su obra "Derecho Tributario, Consideraciones Econ�micas y Jur�dicas", D., Buenos Aires, 1996, define a la potestad tributaria como: "El poder que tiene el Estado de dictar normas a efecto de crear unilateralmente tributos y establecer deberes formales, cuyo pago y cumplimiento ser� exigido a las personas a �l sometidas, seg�n la competencia especial atribuida." (p�gina 225) y agrega: "El poder fiscal o tributario, de naturaleza pol�tica, es un poder inherente al de gobernar, ya que no hay gobierno sin tributos, de lo cual resulta el deber �tico-pol�tico-social del individuo de contribuir al sostenimiento del Estado, seg�n nos ense�aba G.." (p�gina 227).

    Por su parte, F.P.R., en su obra "Derecho Financiero y Tributario", Civitas, Madrid, 1997, al abordar el concepto del tributo se�ala: "Sin perjuicio de ulteriores precisiones, podemos en este momento definir el tributo como una prestaci�n pecuniaria de car�cter coactivo impuesta por el Estado u otro ente p�blico con el objeto de financiar los gastos p�blicos. De acuerdo con esto, las notas que caracterizan al tributo son fundamentalmente dos: la coactividad y el car�cter contributivo. En cuanto a la primera, la coactividad, se resuelve en el hecho de ser el tributo una prestaci�n establecida unilateralmente por el ente p�blico, a trav�s de los procedimientos previstos en la C.�n y en el resto del ordenamiento, sin el concursode la voluntad delsujeto llamado a satisfacerla." (p�gina 33).

    En el mismo sentido, S.F. de la Garza, en su libro "Derecho Financiero Mexicano", precisa: "El momento en el que se presenta el ejercicio del poder tributario es aquel en que el Estado, actuando soberanamente, y de manera general, determina cu�les son los hechos o situaciones que, al producirse en la realidad, har�n que los particulares se encuentren en la obligaci�n de efectuar el pago de las contribuciones." (p�gina 208) y agrega: "Tributos o contribuciones son las prestaciones en dinero o en especie que el Estado exige en ejercicio de su poder de imperio con el objeto de obtener recursos para el cumplimiento de sus fines." (p�gina 320).

    Como se advierte, la doctrina tributaria coincide en considerar que la potestad tributaria constituye una expresi�n del poder de imperio del Estado para establecer unilateralmente las prestaciones patrimoniales cuya finalidad primordial es financiar los gastos p�blicos, sin que el ejercicio de tal facultad se encuentre condicionado a desarrollar un procedimiento en el que se escuche a los gobernados o limitado al acreditamiento de hechos que justifiquen la creaci�n de la respectiva contribuci�n.

    Cabe agregar que la circunstancia de que este Alto Tribunal al analizar la constitucionalidad de una prestaci�n patrimonial desentra�e su verdadera naturaleza, no desconoce que el legislador ordinario puede definir en cada �poca cu�les son las contribuciones necesarias para cubrir el gasto p�blico, de acuerdo con las circunstancias sociales y econ�micas que existan en cada momento, atendiendo a la evoluci�n de la administraci�n p�blica y a las responsabilidades que el Estado vaya asumiendo en la prestaci�n y mantenimiento de los servicios p�blicos que aseguren el desarrollo integral de los individuos que componen la sociedad, sino que �nicamente implica el que para verificar el apego de una prestaci�n patrimonial de car�cter p�blico al marco constitucional se atienda, efectivamente, a las prerrogativas y obligaciones que para los gobernados se establecen en la C.�n General de la Rep�blica.

    En ese contexto, en el presente asunto, debe partirse por se�alar que la previsi�n legal de la facultad para establecer cuotas compensatorias no conlleva la creaci�n de una prestaci�n patrimonial a cargo de los gobernados, ni el establecimiento de una conducta concreta cuya realizaci�n provocar� la obligaci�n del pago respectivo, sino que se limita a conferir a una determinada autoridad la potestad para que una vez desarrollado un procedimiento y acreditados un c�mulo de hechos, pueda emitir una disposici�n de observancia general conforme a la cual los gobernados que a partir de su entrada en vigor realicen la importaci�n de una mercanc�a, originaria de una naci�n o de una o m�s empresas, deber�n realizar el pago de una prestaci�n patrimonial de car�cter p�blico. Prestaci�n cuyo pago ser� exigible �nicamente por las importaciones realizadas a partir de la entrada en vigor de la respectiva resoluci�n, ya sea de car�cter provisional o definitiva.

    Por ende, as� como en la propia C.�n se otorga la potestad para establecer contribuciones, en la Ley Reglamentaria del Art�culo 131 C.onal el legislador dota a una autoridad administrativa de la atribuci�n para crear una prestaci�n patrimonial de car�cter p�blico a cargo de los que realicen importaciones bajo discriminaci�n de precios generando un da�o o amenaza de da�o a la producci�n nacional, pero no crea en espec�fico una cuota compensatoria, como el Constituyente tampoco establece alguna contribuci�n.

    Es decir, al facultar la Ley Reglamentaria del Art�culo 131 de la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos en Materia de Comercio Exterior al titular de la S.�a de Comercio y Fomento Industrial, para fijar cuotas compensatorias provisionales o definitivas, se confiere a �ste una atribuci�n para establecer prestaciones patrimoniales de car�cter p�blico una vez que ha recabado los medios de prueba que le permitan concluir que las importaciones provenientes de una naci�n, o de una o m�s empresas, se realizaron en el pasado en condiciones de discriminaci�n de precios y generaron un da�o a la producci�n nacional, prestaciones que tendr�n car�cter definitivo �nicamente si en el procedimiento que se desarrolle, escuchando a las partes afectadas, se recaba la informaci�n necesaria para llegar a la referida conclusi�n.

    En tal virtud, es hasta el momento en que la autoridad administrativa valora los elementos respectivos cuando puede establecer la cuota compensatoria, creando una hip�tesis de hecho cuya realizaci�n en el futuro dar� lugar a la obligaci�n de realizar su pago.

    En otras palabras, la realizaci�n del supuesto de hecho aparentemente previsto en abstracto en la ley no genera una obligaci�n a cargo de los importadores, sin que ello sea consecuencia de que la autoridad no haya advertido la conducta respectiva, sino en virtud de que en ese momento jur�dicamente no se ha establecido un supuesto de hecho cuya realizaci�n genere el pago de una cuota compensatoria. El supuesto de hecho que da lugar al pago de esta cuota nace y se precisa hasta que la autoridad administrativa desarrolla el procedimiento legalmente previsto para reunir los elementos necesarios para verificar que las importaciones de una mercanc�a originaria de un determinado pa�s o empresa se realizan en condiciones de discriminaci�n de precios generando un da�o a la producci�n nacional. Antes de ello, s�lo existe en la ley la facultad de emitir una disposici�n de observancia general que establezca una prestaci�n patrimonial, pero la misma no se ha ejercido.

    Por ende, si la autoridad administrativa no ha emitido la disposici�n de observancia general en la que se fija la respectiva cuota compensatoria, ya sea provisional o definitiva, los gobernados que realicen importaciones de mercanc�as en condiciones de discriminaci�n de precios causando un da�o o una amenaza de da�o a la producci�n nacional, no estar�n obligados a realizar pago alguno de cuotas compensatorias, pues en ese momento el respectivo hecho generador de esa prestaci�n no existir� en el mundo jur�dico.

    Entonces, resulta indudable que la actuaci�n de la S.�a de Comercio y Fomento Industrial no se traduce, en forma alguna, en cuantificar la base o la tasa que debe considerarse para fijar el monto al que asciende un cr�dito fiscal, sino que, por el contrario, implica realizar una investigaci�n en la que se escuche a las partes afectadas y con base en los elementos recabados, en su caso, podr� emitir una disposici�n de observancia general en la que deber� configurar un hecho generador de una espec�fica cuota compensatoria, precis�ndose en la misma resoluci�n cu�l ser� la cuota o la tasa que resultar� aplicable para llevar a cabo su determinaci�n.

    A tal conclusi�n se arriba, incluso, considerando que al restringir el propio legislador el establecimiento de las referidas cuotas al desarrollo de un procedimiento, el respectivo hecho generador s�lo existir� hasta que se inicie �ste, o al concluirlo, se haya acreditado que en el pasado determinadas importaciones se realizaron en condiciones de dumping o discriminaci�n de precios causando un da�o o una amenaza de da�o a la industria nacional. Resulta patente, entonces, la voluntad del legislador de no establecer en la propia ley el hecho generador de la prestaci�n patrimonial en comento, sino el de conferir la facultad para ello a una autoridad administrativa.

    As�, a partir de la entrada en vigor de la respectiva disposici�n de observancia general, los gobernados que se ubiquen en la correspondiente hip�tesis de hecho deber�n realizar el pago de la precisa cuota compensatoria al formular el pedimento relativo, tomando como base el n�mero de las mercanc�as afectas a tal gravamen que se pretenda importar de la respectiva naci�n o empresa; y, de omitirse tal pago, corresponder� a la autoridad aduanera de la S.�a de Hacienda y Cr�dito P�blico realizar la liquidaci�n respectiva y, en su caso, llevar a cabo el procedimiento de ejecuci�n.

    A pesar de lo anterior, esta Suprema Corte de Justicia tiene presente que el otorgamiento de la facultad de crear prestaciones patrimoniales de car�cter p�blico a una autoridad diversa a la legislativa, o diferente al presidente de la Rep�blica, cuando aqu�llas recaen sobre hechos relacionados con el comercio exterior, no conlleva, por s� sola, que tales prestaciones carezcan de naturaleza tributaria.

    En ese tenor, de especial trascendencia resulta precisar porqu� al facultar el Congreso de la Uni�n al titular de la S.�a de Comercio y Fomento Industrial para establecer cuotas compensatorias, no tiene lugar la delegaci�n de una potestad tributaria.

    Como qued� se�alado p�rrafos atr�s, la potestad tributaria, dada la majestad del �rgano al que se atribuye originariamente su ejercicio y atendiendo a los fines que se persiguen con el establecimiento de las contribuciones, constituye una manifestaci�n unilateral del poder de imperio del Estado, cuyo ejercicio no est� condicionado al desarrollo de un procedimiento en el que antes de la emisi�n de los respectivos actos legislativos se escuche a los gobernados y dependiendo de lo aducido por �stos, se establezca la contribuci�n para financiar los gastos p�blicos, ni puede estar sometida a la circunstancia de que el �rgano dotado constitucionalmente de esa potestad acredite determinados hechos que justifican la creaci�n del tributo, lo que se corrobora por lo dispuesto en la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos y en las diversas C.ones Locales que regulan la potestad tributaria de las respectivas entidades federativas.

    Por otra parte, del contexto normativo que rige la determinaci�n de las cuotas compensatorias establecidas como consecuencia de las importaciones realizadas en condiciones de dumping, se advierte que la atribuci�n conferida a la S.�a de Comercio y Fomento Industrial no conlleva una potestad decisoria y unilateral equiparable a la desarrollada por la autoridad constitucionalmente facultada para el establecimiento de contribuciones, sino una potestad para crear prestaciones patrimoniales pecuniarias de car�cter p�blico, condicionada al desarrollo de un procedimiento en el que se escuche a las partes que puedan recibir un beneficio o un perjuicio de su establecimiento, as� como al acreditamiento de una serie de hechos, que de no reunirse, impedir�n a la autoridad administrativa crear la referida prestaci�n.

    En esos t�rminos, resulta inconcuso que el establecimiento de una cuota compensatoria est� condicionado a que la autoridad siga un procedimiento que puede iniciarse de oficio o a petici�n de parte, y a que en el mismo se recabe la informaci�n necesaria para concluir que las importaciones de una mercanc�a, originarias de un determinado pa�s o empresa extranjera, se realizan en condiciones de discriminaci�n de precios y, a la vez, causan un da�o a la producci�n nacional de un bien id�ntico o similar.

    De no acreditarse tales circunstancias no podr� existir en el mundo jur�dico la respectiva prestaci�n, ya sea de car�cter provisional o definitiva.

    En relaci�n con las cuotas provisionales, cabe agregar que su fijaci�n tambi�n est� condicionada, pues como deriva del contexto legal antes referido, s�lo podr�n establecerse si la autoridad administrativa ha reunido los elementos necesarios que sustentan una resoluci�n provisional sobre la existencia de las respectivas importaciones en condiciones de dumping y sobre el da�o o amenaza de da�o que �stas han causado a la producci�n nacional.

    Adem�s, aun cuando la propia secretar�a haya iniciado de oficio la investigaci�n, la provisional prestaci�n patrimonial que haya establecido al inicio del procedimiento deber� revocarla cuando en el curso de �ste advierta que no se da el dumping, el da�o o amenaza de da�o a la producci�n nacional o la relaci�n causal entre aqu�llas y �ste.

    Incluso, el ejercicio de la potestad conferida para establecer la prestaci�n patrimonial en comento est� condicionada a tal grado que aun cuando se re�nan los referidos elementos, la autoridad deber� abstenerse de crearla, o revocar la fijada provisionalmente, si los exportadores extranjeros asumen el compromiso de revisar sus precios o el nivel de sus exportaciones dirigidas hacia la Rep�blica mexicana.

    En esa virtud, las peculiaridades que rodean el establecimiento de una cuota compensatoria indican que la facultad otorgada a la S.�a de Comercio y Fomento Industrial no es una expresi�n de la potestad tributaria conferida originariamente en sede constitucional al Congreso de la Uni�n, menos a�n, de la que al tenor del art�culo 131, p�rrafo segundo, constitucional, el referido Congreso puede delegar al titular del Ejecutivo Federal, pues al encontrarse condicionada la facultad para crear la prestaci�n patrimonial en comento, en los mencionados t�rminos, ello resulta indicativo de que la misma no tiene las finalidades propias de una contribuci�n, que son las que justifican que la facultad para su establecimiento se desarrolle por el �rgano competente sin que su ejercicio se encuentre vinculado a la voluntad de los gobernados, ni a recabar determinados elementos que acrediten la conveniencia de su creaci�n.

    Ahora bien, en adici�n a lo dispuesto en los citados preceptos de la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, y en las C.ones Locales, para corroborar que en el orden jur�dico nacional constituye un atributo esencial de las contribuciones el que su establecimiento no est� condicionado a escuchar a los gobernados, ni al acreditamiento de determinados elementos que lo justifican, que de no reunirse impedir�n su creaci�n, resulta conveniente referirse a algunos tributos que han tenido vigencia en la Rep�blica mexicana.

    Trat�ndose de la categor�a de contribuciones denominada impuestos, cabe se�alar que �stos se generan cuando un gobernado realiza el hecho imponible, basta que en la ley se prevea �ste para que una vez que entre en vigor la ley, todos aquellos que se ubiquen en la hip�tesis de hecho se encuentren obligados al pago del impuesto correspondiente.

    En el caso de los impuestos al comercio exterior, una vez que se establecen por el legislador o por el presidente de la Rep�blica, en uso de la potestad tributaria delegada en t�rminos del p�rrafo segundo del art�culo 131 constitucional, es suficiente que los gobernados realicen la importaci�n o exportaci�n respectiva para que la obligaci�n tributaria se genere, limit�ndose las autoridades administrativas, ante el incumplimiento del contribuyente, a realizar su cuantificaci�n aplicando a la base gravable la respectiva tasa o cuota. As� sucedi� respecto de los impuestos al comercio exterior que se establec�an en el art�culo 35 de la Ley Aduanera actualmente abrogada, el que dispon�a:

    "Art�culo 35. Se causar�n los siguientes impuestos al comercio exterior:

    "I. A la importaci�n.

    "A. General, conforme a la tarifa de la ley respectiva.

    "B. 2% sobre el valor base del impuesto general.

    "C.C. compensatorias a la importaci�n de mercanc�as en condiciones de pr�cticas desleales de comercio internacional, conforme a la Ley Reglamentaria del Art�culo 131 de la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos en Materia de Comercio Exterior.

    "D. Adicionales.

    "a) 3% sobre el impuesto general, y

    "b) 10% sobre el impuesto general en importaciones por v�a postal.

    "II. A la exportaci�n.

    "A. General, conforme a la tarifa de la ley respectiva.

    "B. Adicionales:

    "a) 3% sobre el impuesto general en exportaciones de petr�leo crudo y gas natural y sus derivados, y 2% en las dem�s exportaciones, y

    b) 10% sobre el impuesto general en exportaciones por v�a postal.

    Como se ha demostrado en el presente estudio, a diferencia del resto de prestaciones patrimoniales de car�cter p�blico que se establec�an en este numeral, la previsi�n legal de la existencia de las cuotas compensatorias, en el precepto transcrito, en la Ley Reglamentaria del Art�culo 131 de la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos en Materia de Comercio Exterior y en el Reglamento contra Pr�cticas Desleales de Comercio Internacional, as� como en los instrumentos internacionales antes reproducidos, no implica el establecimiento de un hecho generador, pues aun cuando los gobernados realicen la importaci�n de mercanc�as en condiciones de dumping causando un da�o a la producci�n nacional, ninguna autoridad estar� facultada para exigirles el pago de una cuota compensatoria como consecuencia de esas operaciones, pues la previsi�n legal de la potestad para crear este tipo de prestaciones patrimoniales, en tanto no se ejerza por la autoridad competente, no introduce en el mundo jur�dico el presupuesto legal cuya realizaci�n por los gobernados genera a cargo de �stos la obligaci�n de realizar el pago de aqu�llas, ya que el referido supuesto de hecho nacer� hasta el momento en que la S.�a de Comercio y Fomento Industrial desarrolle el procedimiento en el que escuche a los afectados y recabe los elementos de prueba necesarios y, en su caso, establezca la respectiva cuota compensatoria.

    Por otra parte, el �rgano del Estado facultado constitucionalmente para establecer contribuciones ha creado impuestos en los que la participaci�n de la autoridad administrativa o de un �rgano t�cnico resulta necesaria para cuantificar la base gravable o las cuotas o tarifas aplicables, entre otros, destacaban en anta�o los diversos impuestos que gravaban la producci�n o el consumo de bebidas alcoh�licas. Entre los primeros de esa especie existi� la contribuci�n directa que gravaba los expendios de pulque en el Distrito Federal; en los preceptos de la ley respectiva se dispon�a:

    Ley de Contribuciones Directas que Gravar� los Expendios de P. en el Distrito Federal (expedida por el presidente de la Rep�blica en ejercicio de facultades extraordinarias conferidas por el Congreso de la Uni�n y publicada el 10 de julio de 1918 en el Diario Oficial de la F.�n).

    "Art�culo 1o. Los expendios establecidos en cualquier lugar del Distrito Federal en que se venda pulque, aguamiel o tlachique, causar�n el derecho de patente, conforme a la tarifa siguiente:

    "Cuota mensual. I. En la municipalidad de M�xico, m�nima $100.00; m�xima $5,000.00.

    "II. En las municipalidades for�neas, m�nima $50.00; m�xima $1,000.00.

    "E.�ndese por expendio de pulque cualquier lugar destinado a la venta de tal producto, al por mayor y al menudeo, ya sea propiamente expendio, fonda, fig�n, etc."

    "Art�culo 6o. Concedida la licencia por el C. Gobernador y llenados los requisitos de que habla el art�culo cuarto, y antes de abrirse un expendio, el interesado constituir� un dep�sito en efectivo en la caja de la tesorer�a, con el car�cter de preventivo y a juicio de la misma, por cantidad no menor de $100.00 ni mayor de $500.00, mientras tanto se resuelve en definitiva la cuota que el interesado debe pagar."

    "Art�culo 7o. Habr� en el Distrito Federal una Junta Calificadora cuyo objeto ser� fijar la cuota que por derecho de patente corresponda pagar, a cada expendio, y que resolver� sobre la inconformidad manifestada en contra de cuotas ya se�aladas."

    "Art�culo 8o. La Junta Calificadora estar� integrada por cinco miembros, dos de ellos se designar�n por los causantes, en la forma que lo determina el art�culo siguiente; y los otros tres por designaci�n que haga el C. Gobernador, quien tambi�n designar� tres suplentes."

    "Art�culo 9o. Cada a�o, en la segunda quincena del mes de noviembre, la Tesorer�a General del Distrito Federal, convocar� por medio del Peri�dico Oficial y dos de los diarios de mayor circulaci�n, a los causantes en el ramo, para que con asistencia de veinte de ellos, por lo menos, se proceda a la elecci�nde seis miembrospropietarios y seis suplentes, que de dos en dos formen parte de la Junta Calificadora durante un a�o, a contar del 1o. de diciembre del propio a�o. Los seis miembros que resulten electos en dicha asamblea, se sortear�n para que de dos en dos desempe�en sus cargos por bimestres."

    "Art�culo 13. Las cuotas que fije la Junta Calificadora y que servir� de base para el cobro del impuesto en el a�o que comience el 1o. de enero pr�ximo, se publicar�n por medio de listas, en los lugares visibles del interior de la tesorer�a, durante el mes de diciembre de cada a�o a m�s tardar tres d�as despu�s de verificada la calificaci�n y publicado en el Peri�dico Oficial para que el causante inconforme con la que se le hubiere designado, ocurra por escrito ante la Junta Calificadora, a m�s tardar dentro de los ocho d�as siguientes a la publicaci�n. Dicha Junta resolver� las inconformidades que se le presenten teniendo en consideraci�n todas las circunstancias del caso y las nuevas cuotas que se le se�alen ser�n definitivas e irrevocables durante el a�o que deban regir."

    "Art�culo 15. Una vez determinada por la Junta Calificadora la cuota que deba pagar mensualmente cada expendio, el interesado, y en un plazo que no exceda de cinco d�as, constituir� en la caja de la tesorer�a, un dep�sito definitivo por el doble de la cantidad fijada como cuota mensual, que se le asign�, y tendr� derecho a la devoluci�n de la cantidad que constituy� como dep�sito hecha la deducci�n de la cantidad debida como contribuci�n."

    "Art�culo 16. La contribuci�n respectiva se pagar� precisamente en la caja de la Tesorer�a General del Distrito Federal, por mensualidades adelantadas dentro de los primeros diez d�as �tiles de cada mes."

    "Art�culo 17. Pasado el plazo que marca el art�culo anterior, sin que el causante haya verificado el entero, la Tesorer�a General del Distrito Federal, queda facultada para proceder al cobro ejecutivo, conforme a la facultad econ�mico-coactiva, con un recargo de cinco por ciento y gastos del procedimiento."

    "Art�culo 18. Si llegado el d�a �ltimo de cada mes en que se caus� la contribuci�n, el adeudo a�n permaneciere insoluto, la Tesorer�a General del Distrito Federal, proceder� a recoger la boleta de registro que expidi�, dando aviso a la comisar�a respectiva para que clausure o vigile que no se siga verificando la venta de pulque en el expendio cuya boleta fue retirada. Igualmente dar� aviso al Gobierno del Distrito para su conocimiento de la baja de dicho expendio."

    "Art�culo 19. Cuando alg�n expendio se abra en el transcurso de un mes, el impuesto se causar� s�lo por el n�mero de d�as que faltaren para la terminaci�n del mismo. En el caso de clausura se observar� la misma regla, liquid�ndose el impuesto hasta la fecha de la presentaci�n del aviso."

    Trat�ndose de contribuciones de esta naturaleza, en las que la actividad de la autoridad administrativa resulta necesaria para conocer la cuota o tarifa aplicable o, en su caso, la base gravable, cabe se�alar que el ejercicio de la potestad tributaria que dio lugar a su establecimiento no se encontraba condicionada a procedimiento alguno, en el que se escuchara a los afectados o se reuniera determinada informaci�n que permitiera su creaci�n, pues al regularse el respectivo hecho imponible bastaba que los gobernados se ubicar�n en el mismo para que surgiera a su cargo la correspondiente obligaci�n tributaria, y si bien la actuaci�n de la autoridad administrativa, integrada incluso por representantes de los contribuyentes, era relevante para fijar las cuotas aplicables, el nacimiento de la obligaci�n tributaria no se condicionaba a la actuaci�n del �rgano t�cnico, sino que �sta surg�a por la circunstancia de que los gobernados se ubicar�n en el supuesto de hecho previsto en la ley, para cuyo establecimiento en ning�n caso era necesario escuchar a los afectados o acreditar determinados elementos.

    Diversos ejemplos pueden encontrarse de contribuciones en las que la participaci�n de alg�n �rgano t�cnico es relevante para cuantificar la obligaci�n tributaria, pero sin que en tales casos se condicionara o limitara el establecimiento de la contribuci�n respectiva.

    Por otra parte, trat�ndose de los tributos cuya causaci�n est� vinculada a la realizaci�n de un acto por parte de la administraci�n p�blica, como es el caso de las contribuciones de mejoras, ll�mense impuestos de plusval�a o mejor�a espec�fica de la propiedad o derechos de cooperaci�n, la contribuci�n es establecida por el legislador y su causaci�n est� sujeta a la realizaci�n de la obra respectiva, y si bien en estos casos resulta relevante la actuaci�n de un �rgano t�cnico que realizar� la derrama entre los contribuyentes, el presupuesto legal del que deriva la respectiva obligaci�n de pago no surge como consecuencia de la actuaci�n de este �rgano, sino que el �rgano t�cnico se limita a cuantificar el monto de la obligaci�n tributaria que surgi� al momento de realizarse la obra correspondiente.

    Dicho en otras palabras, la potestad para crear la contribuci�n de mejoras o contribuci�n especial no est� condicionada en forma alguna a que el legislador re�na determinados elementos o datos que le permitan establecerla, lo que se condiciona es el surgimiento de la respectiva obligaci�n tributaria a la realizaci�n del hecho imponible, es decir, a que se realice la obra respectiva y �sta genere un beneficio a determinados gobernados, destacando que la actividad del �rgano t�cnico se limita a cuantificar el monto de los correspondientes cr�ditos fiscales, atendiendo a hechos acontecidos antes de la emisi�n de la liquidaci�n.

    En ese tenor, antes de la realizaci�n de la obra la contribuci�n ya est� prevista en la ley, encontr�ndose condicionado el nacimiento de la respectiva obligaci�n tributaria a la realizaci�n de la obra p�blica que provoca un incremento de valor de las propiedades vecinas; en cambio, trat�ndose de la cuota compensatoria, como ya se precis�, su previsi�n legal no permite a las autoridades administrativas aplicarlas a los gobernados que importen alguna mercanc�a en condiciones de dumping causando un da�o o amenaza de da�o a la industria nacional, pues para que exista la respectiva cuota y sea aplicable en el futuro se requiere del procedimiento de investigaci�n antes narrado, destacando que la cuota compensatoria no genera una obligaci�n a cargo de los que importaron mercanc�as antes de su entrada en vigor, ni implica la cuantificaci�n de un cr�dito fiscal, lo que acontecer� hasta el momento en que, con posterioridad a la entrada en vigor de la resoluci�n respectiva, se realicen las importaciones afectadas en �sta.

    Adem�s, como la contribuci�n ya estaba creada antes de realizarse el hecho tributario, la realizaci�n de la obra y el beneficio que �sta genera, la autoridad administrativa cuantifica la deuda que corresponde a un acto jur�dico acontecido en el pasado, a diferencia de lo que sucede con la actividad realizada por la S.�a de Comercio y Fomento Industrial, la que crea una prestaci�n patrimonial que no exist�a y cuyo pago no puede exigirse, v�lidamente, respecto de hechos acontecidos antes de su entrada en vigor.

    En el mismo sentido, la facultad conferida a la S.�a de Comercio y Fomento Industrial para crear cuotas compensatorias tampoco puede equipararse al tributo que algunas Legislaturas Locales han establecido con el car�cter de "contribuci�n por responsabilidad objetiva", cuyo hecho imponible es, generalmente, la realizaci�n de actividades que da�en o deterioren instalaciones que sean propiedad del Estado, de dominio p�blico o uso com�n. Ejemplo de tal contribuci�n se encuentra en la vigente Ley de Hacienda del Estado de Coahuila. Los art�culos relativos disponen:

    Ley de Hacienda del Estado de Coahuila (publicada en el Peri�dico Oficial del Estado el 22 de diciembre de 1995, incluyendo reformas del 16 de diciembre de 1996).

    "Cap�tulo tercero

    "Contribuci�n por responsabilidad objetiva

    "Objeto

    "Art�culo 176. Es objeto de esta contribuci�n la realizaci�n de actividades que da�en o deterioren instalaciones, infraestructura caminera, hidr�ulica y de servicios, de uso comunitario y beneficio social, que sean propiedad del Estado, de dominio p�blico o uso com�n."

    "Sujeto

    "Art�culo 177. Son sujetos de esta contribuci�n las personas f�sicas y morales que realicen actividades que en forma directa o indirecta ocasionen los da�os o deterioros a que se refiere el art�culo anterior."

    "Base

    "Art�culo 178. Servir� de base para el pago de esta contribuci�n la cuantificaci�n de los da�os o deterioros causados por el uso de las instalaciones, infraestructura caminera, hidr�ulica y de servicios, o de uso comunitario y beneficio social, que sean propiedad del Estado, del dominio p�blico o uso com�n, que se determinar�n mediante los estudios t�cnicos que lleve a cabo la S.�a de C.icaciones y Obras P�blicas."

    "Pago

    "Art�culo 179. La contribuci�n por responsabilidad objetiva se pagar� en las oficinas recaudadoras de la S.�a de Finanzas o en las instituciones de cr�dito autorizadas, dentro de los quince d�as siguientes al en que se notifique al contribuyente el resultado de los estudios t�cnicos que lleve a cabo la S.�a de C.icaciones y Obras P�blicas."

    "Tasa

    "Art�culo 180. El pago de esta contribuci�n deber� comprender el importe total de los da�os o deterioros causados a instalaciones, infraestructura caminera, hidr�ulica y de servicios, o de uso comunitario y beneficio social, que sean propiedad del Estado."

    Como se advierte, si bien la contribuci�n por responsabilidad objetiva busca el resarcimiento de un da�o causado por un gobernado, situaci�n que guarda cierta similitud con la finalidad que tienen las cuotas compensatorias, evitar el da�o o amenaza de da�o a la producci�n nacional, la distinci�n radical entre la facultad para crear esta prestaci�n patrimonial y las cuotas compensatorias se ubica en el momento en que surge en el mundo jur�dico el respectivo hecho imponible y las condicionantes a las que se sujeta el ejercicio de tales atribuciones.

    En el caso de la contribuci�n en comento, para el establecimiento de su hecho imponible no se sujet� a condici�n alguna al legislador local, ni �ste sigui� un procedimiento en el que escuchara a los gobernados antes de crearlo, sino que se fij� sin limitaci�n alguna y una vez que un gobernado se ubique en el supuesto de hecho, causar un da�o a las instalaciones p�blicas, surgir� la respectiva obligaci�n tributaria, limit�ndose la actuaci�n de la autoridad administrativa a cuantificar la base gravable y el monto del cr�dito fiscal, la cuant�a a la que asciendan los da�os causados.

    En cambio, trat�ndose de las cuotas compensatorias, el supuesto de hecho que genera su pago es creado por la autoridad administrativa, por lo que el da�o a la producci�n nacional causado con anterioridad al ejercicio de la potestad conferida, no da lugar al pago de una prestaci�n patrimonial; adem�s, la atribuci�n para crear el respectivo hecho generador y fijar la correspondiente cuota compensatoria s� est� condicionado, pues para que tenga efectos jur�dicos el presupuesto de hecho relativo, ser� necesario que en el procedimiento respectivo la secretar�a recabe la informaci�n conforme a la cual se acredite que las importaciones respectivas, en el pasado, se realizaron bajo dumping y causaron un da�o o amenaza de da�o a la producci�n nacional.

    Por otra parte, es importante se�alar que las referidas cuotas tampoco pueden asimilarse a una contribuci�n con fines preponderantemente extrafiscales, pues trat�ndose de estas contribuciones, su creaci�n no est� condicionada a que los gobernados hayan realizado en el pasado la conducta que se busca desincentivar, ni la potestad tributaria que se ejerce al establecerlas est� sometida a que la autoridad respectiva recabe elementos para acreditar que la conducta que se estima perjudicial a la sociedad gener� en el pasado un da�o o amenaza de da�o a �sta, pues al ser una aut�ntica expresi�n de tal potestad, su ejercicio no se somete a condiciones de esa �ndole.

    En abono a lo anteriormente expuesto, debe tomarse en cuenta que trat�ndose de la potestad tributaria conferida al presidente de la Rep�blica, su ejercicio de ninguna manera puede estar sometido a requisitos de tal �ndole, ya que �ste se justifica en la urgencia que existe para su emisi�n, por lo que si la atribuci�n conferida al titular de la S.�a de Comercio y Fomento Industrial no constituye una expresi�n de la potestad tributaria conferida originariamente al Congreso de la Uni�n, menos a�n puede serlo de la que �ste le delega para hacer frente a casos de urgencia.

    Es corolario de lo anteriormente expuesto que la atribuci�n conferida al titular de la S.�a de Comercio y Fomento Industrial en los art�culos 2o., fracci�n II, 9o., 11, 12, 13 y 15 de la Ley Reglamentaria del Art�culo 131 de la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos en Materia de Comercio Exterior, y 28 del Reglamento contra Pr�cticas Desleales de Comercio Internacional, para establecer cuotas compensatorias provisionales o definitivas no constituye una delegaci�n de facultades legislativas realizada en t�rminos del art�culo 131, p�rrafo segundo, de la C.�n General de la Rep�blica.

    Por el contrario, como se precisa m�s adelante, al dar respuesta a uno de los conceptos de violaci�n en estudio, la atribuci�n para crear cuotas compensatorias, prevista en los citados numerales ordinarios, es conferida por el Congreso de la Uni�n en ejercicio de la facultad que a �ste le asiste expresa e impl�citamente en los art�culos 73, fracci�n X y 131, p�rrafo primero, de la C.�n General de la Rep�blica, para regular el comercio exterior y otorgar a las autoridades administrativas las atribuciones necesarias que, sin transgredir las prescripciones constitucionales que reservan a diversas autoridades el ejercicio de alguna facultad, permitan dotar a �stas de mecanismos jur�dicos eficientes y expeditos cuya ejecuci�n encauce las operaciones de comercio internacional en beneficio de la econom�a nacional y responda con la prontitud necesaria a las fluctuaciones que el intercambio de bienes con el sector externo provoca a �sta.

    En ese tenor, para analizar la constitucionalidad de las referidas cuotas compensatorias, as� como de la facultad otorgada para su imposici�n, debe considerarse que la naturaleza de las mismas no corresponde a la de una contribuci�n ni se crean en ejercicio de una potestad tributaria delegada, sino en uso de una facultad otorgada directamente por el Congreso de la Uni�n, con el fin de establecer prestaciones patrimoniales que tienden a contrarrestar las pr�cticas desleales de comercio internacional y en cuyo establecimiento la autoridad administrativa debe sujetarse a lo dispuesto en los actos formalmente legislativos emitidos por el referido Congreso.

    En ese contexto constitucional, resultan infundados los argumentos desarrollados en los conceptos de violaci�n marcados como primero y cuarto, en los que se sostiene que la ley y el reglamento referidos transgreden el art�culo 131 de la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, pues como ya qued� precisado, la potestad que se otorg� en tales ordenamientos al titular de la S.�a de Comercio y Fomento Industrial no conlleva la expedici�n de actos formalmente legislativos, sino la emisi�n de disposiciones de observancia general que no implican la creaci�n de contribuciones y que no tienen la misma jerarqu�a que corresponde constitucionalmente a una ley emanada del Congreso de la Uni�n, encontr�ndose sometidas al principio de primac�a de la ley, por lo que lo dispuesto en los numerales impugnados no implica la delegaci�n de una facultad cuyo ejercicio �nicamente puede corresponder al titular del Ejecutivo de la Uni�n.

    Por lo mismo, no asiste la raz�n a la quejosa en relaci�n con que la delegaci�n de facultades debi� realizarse por un tiempo limitado y no indefinido, pues al no haberse delegado facultad extraordinaria alguna al titular de la S.�a de Comercio y Fomento Industrial, resulta innecesario pronunciarse sobre si las potestades legislativas delegables en t�rminos del p�rrafo segundo del art�culo 131 constitucional, pueden conferirse por una temporalidad indefinida o la autorizaci�n para su ejercicio debe limitarse a un periodo determinado.

    Por otra parte, en relaci�n con la violaci�n al art�culo 131, p�rrafo segundo, constitucional, aducida en el s�ptimo de los conceptos de la demanda de garant�as, consistente en que ni el presidente de la Rep�blica ni el titular de la S.�a de Comercio y Fomento Industrial sometieron a la aprobaci�n del Congreso el uso de las facultades concedidas, cabe se�alar que al advertirse de la interpretaci�n directa de este precepto que la atribuci�n para establecer cuotas compensatorias no constituye una de las potestades legislativas delegables en t�rminos de ese numeral, por ende, constitucionalmente, ni el presidente de la Rep�blica ni el titular de la citada dependencia estaban obligados a someter a la aprobaci�n del Congreso de la Uni�n el uso que se hubiera realizado de la mencionada facultad; m�xime, que de la interpretaci�n causal y teleol�gica de ese dispositivo constitucional deriva que la aprobaci�n en comento se refiere exclusivamente a las atribuciones conferidas en t�rminos del segundo p�rrafo del art�culo 131 constitucional.

    En cuanto a los argumentos contenidos en los conceptos de violaci�n se�alados como primero y quinto, en cuanto a que el legislador transgredi� el principio de divisi�n de poderes consagrado en el art�culo 49 constitucional, al facultar al titular de la S.�a de Comercio y Fomento Industrial para emitir disposiciones de observancia general, al tenor de las consideraciones que a continuaci�n se desarrollan, esta Segunda Sala arriba a la conclusi�n de que al contrario de lo sostenido por la quejosa la actuaci�n del legislador no conlleva una violaci�n al citado precepto constitucional.

    Antes de abordar tal planteamiento, conviene precisar la distinci�n que existe entre los actos formal y materialmente legislativos y aquellos que si bien son materialmente legislativos, formalmente no tienen esa naturaleza.

    Para ello, debe tenerse presente que, tal como lo precis� G.F. en su obra "Derecho Administrativo", 34a. Ed., P.�a, M�xico, 1996, las funciones del Estado pueden clasificarse atendiendo a dos criterios:

  15. Desde el punto de vista del �rgano que la realiza, es decir, adoptando un criterio formal, subjetivo u org�nico, que prescinde de la naturaleza intr�nseca de la actividad, las funciones son formalmente legislativas, administrativas o judiciales, seg�n est�n atribuidas al Poder Legislativo, al Ejecutivo o al Judicial; y,

  16. Desde el punto de vista de la naturaleza intr�nseca de la funci�n, es decir, partiendo de un criterio objetivo, material, que prescinde del �rgano al cual est�n atribuidas, las funciones son materialmente legislativas, administrativas o judiciales, seg�n tengan los caracteres que la teor�a jur�dica ha llegado a atribuir a cada uno de esos grupos.

    En el caso de la funci�n legislativa resulta conveniente acudir a lo se�alado por el referido autor, quien en su citada obra sostuvo:

    "La funci�n legislativa, desde el punto de vista formal, es la actividad que el Estado realiza por conducto de los �rganos que de acuerdo con el r�gimen constitucional forman el Poder Legislativo. En M�xico la funci�n legislativa formal es la que realiza el Congreso Federal compuesto por la C�mara de Diputados y la de Senadores. Entra tambi�n en el concepto de funci�n legislativa formal el conjunto de actos que cada una de las C�maras puede realizar en forma exclusiva. El concepto de funci�n legislativa formal, en oposici�n al de funci�n legislativa material, no essimplemente te�rico, comopudiera pensarse, sino que tiene su base en el derecho positivo mexicano. El art�culo 70 dispone que 'toda resoluci�n del Congreso tendr� el car�cter de ley o decreto', y tratando de buscar antecedentes que aclaren el sentido de esta disposici�n, encontramos que ya desde el texto primitivo de la C.�n de 1857, el art�culo 64 distingu�a las resoluciones del Congreso en 'leyes o acuerdos econ�micos'.

    "En la discusi�n habida en el Constituyente con motivo de ese precepto, el diputado M. expres� la conveniencia de que las resoluciones del Congreso tengan el car�cter de ley o decreto, estableciendo la distinci�n de que mientras la ley se refiere a un objeto general, el decreto s�lo comprende un objeto particular. Sin embargo, en esta ocasi�n se adopt� el criterio de la comisi�n, seg�n el cual toda resoluci�n legislativa del Congreso no puede tener m�s car�cter que el de ley (Zarco, Historia del Congreso Constituyente 1856-57. Sesi�n de 15 de octubre de 1856, t. II, p. 449). Posteriormente, en la reforma constitucional de 13 de noviembre de 1874, el art�culo 64 de la C.�n de 1857, que corresponde al 70 de la de 1917, se modific� aceptando que las resoluciones del Congreso tienen el car�cter de leyes o decretos, es decir, parece admitir que existe una diferencia, en raz�n de la diversa naturaleza entre las resoluciones del Poder Legislativo, a pesar de lo cual, y s�lo por emanar del mismo poder, a todas se les sujeta al mismo r�gimen. Debemos aclarar que la distinci�n a que nos venimos refiriendo se ha echado en olvido en la pr�ctica, en donde propiamente no se sigue ning�n criterio para distinguir una ley de un decreto. Si como m�s arriba se ha indicado, las funciones del Estado tienen una doble eficacia que corresponde una a su car�cter formal y otra al car�cter material, importa estudiar en este lugar la eficacia del acto legislativo en su consideraci�n formal. Del car�cter formal del acto legislativo se deriva el principio de la 'autoridad formal de la ley' que significa que todas las resoluciones del Poder Legislativo no pueden ser derogadas, modificadas o aclaradas m�s que por otra resoluci�n del mismo poder y siguiendo los mismos procedimientos seguidos para la formaci�n de la resoluci�n primitiva. Este principio se encuentra consignado en forma expresa en la fracci�n f) del art�culo 72 de la C.�n, as� redactada: 'En la interpretaci�n, reforma o derogaci�n de las leyes o decretos, se observar�n los mismos tr�mites establecidos para su formaci�n.'.

    "La funci�n legislativa tambi�n puede apreciarse desde un punto de vista objetivo o material, o sea, prescindiendo de su autor y de la forma como se realiza y s�lo se considera la naturaleza intr�nseca del acto en el cual se concreta y exterioriza: la ley.

    "La ley est� constituida por una manifestaci�n de voluntad encaminada a producir un efecto de derecho. Es decir, la ley sustancialmente constituye un acto jur�dico. El efecto de derecho que produce la ley es el que viene a darle su car�cter distintivo, pues como m�s arriba indicamos, una de las clasificaciones de los actos jur�dicos se basa precisamente en el efecto jur�dico que a consecuencia de ellos se origina.

    Ahora bien, siguiendo esa clasificaci�n, podemos afirmar que la ley desde el punto de vista material se caracteriza por ser un acto que crea, modifica o extingue una situaci�n jur�dica general, por lo que cabe definirla, como lo hace Duguit (op. cit., t. II, p. 145), diciendo que es 'todo acto emanado del Estado, conteniendo una regla de derecho objetivo'. P.�ndose a consecuencia de la ley una situaci�n jur�dica general, en ella se encuentran los caracteres que a �sta corresponden, es decir, que es, por su naturaleza misma, abstracta e impersonal; es permanente, o sea, que los derechos que otorga o las obligaciones que impone no se extinguen por su ejercicio o cumplimiento, y puede ser modificada por otra ley.

    Ahora bien, el art�culo 49 de la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos dispone a la fecha:

    "Art�culo 49. El Supremo Poder de la F.�n se divide para su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y Judicial. No podr�n reunirse dos o m�s de estos poderes en una sola persona o corporaci�n, ni depositarse el Legislativo en un individuo, salvo el caso de facultades extraordinarias al Ejecutivo de la Uni�n, conforme a lo dispuesto en el art�culo 29. En ning�n otro caso, salvo lo dispuesto en el segundo p�rrafo del art�culo 131, se otorgar�n facultades extraordinarias para legislar."

    Para fijar el alcance de este precepto, especialmente por lo que ve al principio que enuncia, consistente en que el Poder Legislativo no puede reunirse en un solo individuo, resulta conveniente precisar cu�l es el origen y la finalidad del principio de divisi�n de poderes, as� como acudir a la interpretaci�n hist�rica, causal y teleol�gica de lo previsto en el referido art�culo 49 constitucional.

    Para tales efectos, se toma en cuenta, en lo conducente, el estudio realizado al fallarse el veinticinco de septiembre del a�o dos mil, por unanimidad de nueve votos de los Ministros integrantes del Pleno de esta Suprema Corte de Justicia, el asunto registrado en el expediente varios 698/2000, bajo la ponencia del se�or Ministro M.A.G.�itr�n.

    La divisi�n de poderes constituye una instituci�n jur�dica y pol�tica que se ha desarrollado desde tiempos remotos y ha adquirido matices diferentes seg�n la �poca y el lugar. En relaci�n con la evoluci�n de esa instituci�n destaca el estudio que realiz� F.T.R.�rez en su obra "Derecho C.onal Mexicano", 26a. Ed., P.�a, M�xico, 1993. En el mencionado estudio se sostiene:

    "... Desde A.�teles hasta M., todos los pensadores a quienes preocup� la divisi�n de poderes, dedujeron sus principios de una realidad hist�rica concreta. De la comparaci�n entre varias C.ones de su �poca, y teniendo en cuenta el Estado-ciudad realizado en Grecia, A.�teles diferenci� la asamblea deliberante, el grupo de Magistrados y el cuerpo judicial.*1 De las varias formas combinadas que descubri� en la C.�n romana, P. dedujo la forma mixta de gobierno.*2 En presencia de la realidad francesa de su �poca, B. afirm� la existencia de cinco clases de soberan�a, que por ser �sta indivisible incluy� en el �rgano legislativo.*3 En presencia del Estado alem�n despu�s de la paz de Westfalia, P. distingui� siete potencias summi imperi.*4 Y por �ltimo, infiriendo sus principios de la organizaci�n constitucional inglesa, L. y M. formularon la teor�a moderna de la divisi�n de poderes. Pero si es verdad que estos dos �ltimos doctrinarios adoptaron el m�todo de sus predecesores, deduciendo una doctrina general de las realidades observadas, sin embargo hay en su teor�a un elemento nuevo. Hasta entonces la diversidad de �rganos y la clasificaci�n de funciones parec�an obedecer exclusivamente a la necesidad de especializar las actividades, esto es, a una mera divisi�n del trabajo. A partir de L., este motivo para fraccionar el poder p�blico, aunque no desaparece, pasa a ocupar un lugar secundario. Y entonces surge como raz�n superior de dividir el poder, la necesidad de limitarlo, a fin de impedir su abuso. De este modo la divisi�n de poderes lleg� a ser, y si�ndolo contin�a hasta la fecha, la principal limitaci�n interna del poder p�blico, que halla su complemento en la limitaci�n externa de las garant�as individuales. Seg�n L.: 'Para la fragilidad humana la tentaci�n de abusar del poder ser�a muy grande, si las mismas personas que tienen el poder de hacer las leyes tuvieran tambi�n el poder de ejecutarlas; porque podr�an dispensarse entonces de obedecer las leyes que formulan y acomodar la ley a su inter�s privado, haci�ndola y ejecut�ndola a la vez y, en consecuencia, llegar a tener un inter�s distinto del resto de la comunidad, contrario al fin de la sociedad y del Estado.'.*5 Y M. dice en frase que ha llegado hasta nuestros d�as como m�dula del sistema: 'Para que no pueda abusarse del poder, es preciso que, por disposici�n misma de las cosas, el poder detenga al poder.'.*6-La limitaci�n del poder p�blico, mediante su divisi�n, es en L., y sobre todo en M., garant�a de la libertad individual. 'Cuando se concentran el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo en la misma persona o en el mismo cuerpo de Magistrados -dice el pensador franc�s- no hay libertad ... no hay tampoco libertad si el Poder Judicial no est� separado del Poder Legislativo y del Ejecutivo ... todo se habr� perdido si el mismo cuerpo de notables, o de arist�cratas, o del pueblo, ejerce estos tres poderes.'. El nuevo destino que se le dio a la separaci�n de poderes, al ponerla al servicio de la libertad, fue inspirado a L. y a M. por la dram�tica conquista de las libertades p�blicas, en que empe�� su historia entera el pueblo ingl�s. A la inversa de las naciones continentales, principalmente Espa�a y Francia, donde seg�n hemos visto el absolutismo del monarca va segando con el auxilio de los nobles hasta el �ltimo vestigio de las libertades comunales, Inglaterra emprende la tarea de arrancar al rey, uno a uno, los derechos de la persona. A partir del siglo XIII casi siete centurias tard� en consumarse la obra, pero en la prolongada gesta hay jornadas que alcanzan el �mbito de la epopeya. Se inicia el brillante torneo con la Carta Magna, lograda del rey J. por los barones, donde se asienta el principio que habr�a de informar al derecho p�blico contempor�neo: 'Ning�n hombre libre ser� puesto en prisi�n, desterrado o muerto, si no es por un juicio legal de sus pares y conforme a la ley del pa�s.'. Es verdad que el precepto s�lo proteg�a a los hombres libres, pero estaba llamado a cubrir a la naci�n entera, cuando los pecheros se convirtieran en hombres libres. La limitaci�n en el n�mero de los favorecidos por la garant�a del 'debido proceso legal' se explica si se tiene en cuenta que la Carta Magna fue conquista de los nobles; pero en Inglaterra la nobleza, que como dice M. fue de servicio m�s que de nacimiento, tuvo el acierto de unirse con el pueblo en la empresa de reivindicar sus derechos frente a la corona, por lo que tarde o temprano el pueblo tendr�a que recibir su parte en las conquistas logradas en com�n. De todas maneras la Carta Magna consagr� los dos principios esenciales de que se iba a nutrir el constitucionalismo del futuro: el respeto de la autoridad a los derechos de la persona y la sumisi�n del poder p�blico a un conjunto de normas, que en Inglaterra integraban el common law. En torno de esos dos principios se debate, a partir de la carta, la historia inglesa; cada rey, hasta el siglo XV, jur� respetarlos; postergados bajo la dinast�a de los Tudores, resurgieron bajo J.I. para poner en jaque el derecho divino de los reyes. Y fue entonces cuando los proclam� El Justicia Mayor del reino, L.E.C., en frases lapidarias, amajestadas ahora por el tiempo y la victoria. En un conflicto de jurisdicciones, el rey J.I. declar� que pod�a fallar personalmente en cualquiera causa, sustray�ndola del conocimiento de los Jueces ordinarios, a quienes consideraba sus delegados. C. se opuso y la historia ha conservado, en los documentos que se cambiaron entre s�, el di�logo intr�pido que sostuvo El Justicia con su rey. 'De acuerdo con la ley de Inglaterra -dijo El Justicia-, el rey en persona no puede juzgar causa alguna, todos los casos civiles y penales, tendr�n que fallarse en alg�n tribunal de justicia, de acuerdo con la ley y la costumbre del reino.'. A lo que respondi� el rey: 'Creo que la ley se funda en la raz�n; yo, y otros, poseemos tanta raz�n como los Jueces.'. 'Los casos que ata�en a la vida, a la herencia, a los bienes o al bienestar de los s�bditos de su majestad -replic� C.-, no pueden decidirse por la raz�n natural, sino por la raz�n artificial y el juicio de la ley, la cual es un arte que requiere largo estudio y experiencia, antes de que un individuo pueda llegar a conocerla a fondo.'. Esta respuesta ofendi� al rey, quien dijo que en tal caso '�l estar�a sometido a la ley, lo cual era traici�n sostener'. A.� estaba la tesis fundamental del absolutismo; frente a ella, C. no evadi� la afirmaci�n de la monarqu�a constitucional: el rey no est� sometido a ning�n hombre, pero s� est� 'bajo D. y la ley'.*7-He all� las dos tesis en pugna, expuestas con magistral concisi�n en el momento mismo en que se juega el destino de las libertades inglesas. De las ideas de C. surge n�tidamente la diferencia de funciones y de �rganos. Porque si s�lo los Jueces y no el rey, pod�an fallar las causas civiles y penales, quer�a decir que la funci�n jurisdiccional estaba encomendada a un �rgano independiente del monarca, titular �ste de la funci�n gubernativa. Y si el rey mismo estaba bajo la ley, entonces la ley, emanada del Parlamento, era ajena y aun superior a la voluntad del soberano. La supremac�a absoluta de la ley, que pregonaba C., engendr� alternativamente, en los a�os sucesivos, el absolutismo regio, el absolutismo parlamentario y la dictadura de C., lo que permiti� advertir que era necesario establecer una f�rmula arm�nica de equilibrio entre el poder que hace la ley y el que la ejecuta. Esto fue lo que busc� C. en su 'instrumento de gobierno', estatuto que inspir� a L. su teor�a de la divisi�n de poderes. Para L., tres son los poderes: el Legislativo, que dicta las normas generales; el Ejecutivo, que las realiza mediante la ejecuci�n, y el Federativo, que es el encargado de los asuntos exteriores y de la seguridad. Los dos �ltimos pertenecen al rey; el Legislativo corresponde al 'rey en Parlamento', seg�n la tradici�n inglesa. Cuando a�os m�s tarde M. lleg� a Inglaterra, el acta de establecimiento de 1700 se hab�a preocupado por la independencia de los Jueces, problema este �ltimo que en Francia hab�a interesado al fil�sofo. No es de extra�ar, por tanto, que al revaluar la teor�a de L., M. fijara su atenci�n en la situaci�n de los Jueces, que hab�a pasado inadvertida para aqu�l. Situado en este punto de vista, M. pens� que aunque la justicia es aplicaci�n de leyes, sin embargo 'la aplicaci�n rigurosa y cient�fica del derecho penal y del derecho privado, constituye un dominio absolutamente distinto, una funci�n del Estado naturalmente determinada por otras leyes'.*8 La novedad de M. con respecto a L., no as� en relaci�n con A.�teles, consiste en haber distinguido la funci�n jurisdiccional de la funci�n ejecutiva, no obstante que las dos consisten en la aplicaci�n de leyes. Por otra parte, M. reuni� en un solo grupo de funciones las referidas a las relaciones exteriores (que en L. integraban el poder federativo) y las que miran a la seguridad interior (que constitu�an el Poder Ejecutivo de L.). Por �ltimo, M. respet� la funci�n legislativa, tal como L. la hab�a explicado, aunque sin advertir la intervenci�n del rey en la actividad parlamentaria, que era peculiaridad del sistema ingl�s. Despu�s de distinguir las tres clases de funciones, M. las confiri� a otros tantos �rganos, con la finalidad ya indicada de impedir el abuso del poder. Y as� surgi� la cl�sica divisi�n tripartita en Poder Legislativo, Poder Ejecutivo y Poder Judicial, cada uno de ellos con sus funciones espec�ficas. Veintid�s siglos despu�s de A.�teles, reencarnaba en el genial fil�sofo franc�s la teor�a de la divisi�n de poderes. Llegaba con la oportunidad suficiente para suscitar la inquietud de un mundo que nac�a a la vida de la libertad y del derecho. Se presentaba como fruto de la experiencia secular el pueblo ingl�s y en su �xito deb�a contar tambi�n el estilo seductor de que exornaba Francia a su pensador ilustre. Pero si tanto debe a M. el derecho p�blico, cumple a la justicia rendir al precursor de la doctrina el homenaje que nuestro tiempo le ha negado. 66. El pueblo ingl�s no suele construir arquetipos, a los cuales deba plegarse su organizaci�n pol�tica; sino que, procediendo a la inversa, sabe extraer de la experiencia la organizaci�n, que mejor responde a sus necesidades y a su �ndole; de all� la flexibilidad de su C.�n. Esta t�ctica de ir de los hechos a las instituciones, permiti� dotar a aquel pa�s de un conjunto de instituciones pol�ticas, que eran a su vez hechos reales y vivientes. La organizaci�n pol�tica, as� nacida y elaborada espont�neamente, merec�a ser organizada ella misma en doctrina. Tal fue el prop�sito de M.. Pero a partir de ese momento la doctrina que era un a posteriori respecto al proceso constitucional de Inglaterra, se convirti� en el a priori fundamental del derecho pol�tico de Europa y de Am�rica. Inglaterra sigui� fiel a su m�todo experimental y en ella para nada influy� M.; las dem�s naciones hicieron, no del m�todo ingl�s, sino de las instituciones inglesas elaboradas con ese m�todo, el paradigma a que deb�a aspirar su organizaci�n pol�tica. La realidad se somet�a al ideal y, en lugar de C.ones espont�neas y flexibles, se iban a expedir C.ones r�gidas y escritas, donde quedaran fijados para siempre los postulados de M.. A partir de 1776, en que aparecen las primeras C.ones de los Estados que iban a integrar la Uni�n Americana, todos los documentos constitucionales de la Europa continental y de Am�rica acogen la divisi�n de poderes como elemento esencial de su organizaci�n. Y no satisfechas con instituir los tres poderes, algunas de las primitivas C.ones formulan doctrinariamente el principio. As�, la C.�n de Massachusetts de 1780 declara que el motivo de separar los poderes en una rama legislativa, otra ejecutiva y otra judicial, es asegurar que su gobierno sea de leyes y no de hombres. Y en la Declaraci�n de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que vot� la Asamblea Constituyente de Francia en 1789, se asienta esta categ�rica afirmaci�n: 'Toda sociedad en la cual la garant�a de derechos no est� asegurada ni la separaci�n de poderes determinada, no tiene C.�n.'. A pesar del �xito sorprendente que alcanz� en el derecho positivo, la doctrina de M. ha tenido desde su cuna hasta nuestros d�as numerosos impugnadores. Se ha sostenido que, por no haber conocido en su integridad la organizaci�n constitucional de Inglaterra, M. incurri� en el error de sustentar una separaci�n r�gida de los tres poderes, puramente mec�nica y no org�nica. En efecto, en el supuesto de que M. hubiera postulado la absoluta independencia entre s� de los tres �rganos, su doctrina no respond�a a la realidad inglesa, pues aunque en su tiempo no aparec�a a�n el gobierno de gabinete, que es de �ntima colaboraci�n entre el Legislativo y el Ejecutivo, sin embargo, deb�a haber observado que ya por entonces la funci�n legislativa pertenec�a al 'rey en Parlamento', lo que era incompatible con la diferenciaci�n neta de los �rganos y las funciones. Es dif�cil defender con �xito la tesis de que M. edific� su sistema sobre la base de que los tres �rganos deb�an combinar entre s� sus actividades. Con esfuerzos de dial�ctica, y torturando textos aislados del autor franc�s, H.*9 y F.*10 sostienen lo contrario. Cualquiera que haya sido el pensamiento de M., es lo cierto que a partir de K. y R. se advierte la tendencia entre los pensadores a atenuar la separaci�n de los poderes. K. sostiene que 'los tres Poderes del Estado est�n coordinados entre s� ... cada uno de ellos es el complemento necesario de los otros dos ... se unen el uno al otro para dar a cada quien lo que es debido'.*11 M�s radical, R. afirma la sumisi�n del Ejecutivo al Legislativo, porque el gobierno, titular del Poder Ejecutivo, no es m�s que el 'Ministro' del legislador, un 'cuerpo intermediario', colocado entre el soberano ylos s�bditos y que transmite a �stos las �rdenes de aqu�l.*12-En el derecho alem�n, J. advierte que la doctrina de M. 'establece poderes separados, iguales entre s�, que se hacen mutuamente contrapeso y que, aunque es verdad que tienen puntos de contacto, son esencialmente independientes los unos de los otros ... ni examina la cuesti�n general de la unidad del Estado y de las relaciones de los diferentes Poderes del Estado con esa unidad'.*13-En el derecho franc�s Duguit asienta: 'Te�ricamente, esta separaci�n absoluta de poderes no se concibe. El ejercicio de una unci�n cualquiera del Estado se traduce siempre en una orden dada o en una convenci�n concluida, es decir, en un acto de voluntad o una manifestaci�n de su personalidad. Implica, pues, el concurso de todos los �rganos que constituyen la persona del Estado.'.*14-En el derecho italiano, G. considera que 'esta concepci�n puramente est�tica deb�a estar en contraposici�n con la din�mica de la vida estatal que es movimiento, acci�n, esp�ritu de iniciativa frente a las situaciones nuevas que se determinan en el tiempo y por las que el gobierno, una vez que han sido fijados sus poderes legislativamente, debe tener autonom�a de iniciativa y libertad de acci�n en los l�mites del derecho'.*15-En el derecho espa�ol, Posada dice lo siguiente: 'Los problemas pol�ticos y t�cnicos actuales sobrepasan, y mucho, la doctrina de separaci�n de poderes, que, por otra parte, no ha podido realizarse pr�cticamente nunca, por oponerse a ello la naturaleza de los Estados, organismos y no mecanismos, y la �ndole de las funciones de gobierno que piden, con apremio, gran flexibilidad institucional.'.*16-En el derecho norteamericano, W.W. clama contra la pulverizaci�n del poder que realiza la C.�n de aquel pa�s y dice al respecto: 'El objeto de la Convenci�n de 1787 parece haber sido simplemente realizar este funesto error (la separaci�n de poderes). La teor�a literaria de los frenos y de los contrapesos es simplemente una exposici�n exacta de lo que han ensayado hacer los autores de nuestra C.�n; y estos frenos y contrapesos han resultado nocivos, en la medida en que se ha pretendido aplicarlos en la realidad.'.*17-Pero entre los autores modernos, es sin duda de la B. de V. quien, desarrollando una idea de Santo Tom�s de A., formula mejor que otros la tendencia a resolver en colaboraci�n y no en dislocaci�n la actividad de los tres poderes: 'No separaci�n de Poderes Estatales -dice en su libro �El Fin del Principio de Separaci�n de Poderes�-, sino unidad de poder en el Estado ... Diferenciaci�n y especializaci�n de funciones sin duda ... Pero al mismo tiempo coordinaci�n de funciones, s�ntesis de servicios, asegurada por la unidad del oficio estatal supremo que armoniza sus movimientos ... Esto es lo que expresaba A.C., en una f�rmula espl�ndida, cuando interpretando el pensamiento del sabio A.�teles, que ve�a como rasgo caracter�stico de toda organizaci�n colectiva �la separaci�n (o, mejor, la distinci�n) de los oficios y la combinaci�n de los esfuerzos�, defin�a al gobierno como la reacci�n necesaria del conjunto sobre las partes.'.*18-Tal tendencia a vincular entre s� los �rganos del Estado, la realizan las C.ones modernas con una gran variedad de matices, todos los cuales caben entre los dos sistemas colocados en los puntos extremos: el sistema parlamentario ingl�s, que realiza el m�ximo de colaboraci�n, y el sistema presidencial norteamericano, donde la independencia entre s� de los poderes ha sido en�rgicamente denunciada por W.. ..."

    *1 A.�teles: La Pol�tica; libro VI, cap�tulos XI, XII y XIII.

    *2 P.: Historia de Roma; libro VI, cap�tulo XI.

    *3 B.: Los Seis Libros de la Rep�blica; libro I, cap�tulo X.

    *4 P.: Jus Naturae; libro VII, cap�tulo IV.

    *5 L.: Ensayo sobre el Gobierno Civil; cap�tulo XII.

    *6 M.: Esp�ritu de las Leyes; libro XI, cap�tulo VI.

    *7 Las frases textuales est�n tomadas de W.L.: Retorno a

    la Libertad; M�xico, 1940, p�g. 384.

    *8 Esmein: El�ments de Droit Constitutionnel; 8a. Ed., Tomo I, p�g. 497.

    *9 H.: Principios de Derecho P�blico y C.onal; Madrid,

    1927, p�g. 379.

    *10 F.: Teor�a General del Estado; E.. Labor, Barcelona, p�g. 93.

    *11 Citado por De la B. de V.: La Fin du Principe de

    S�paration des Pouvoirs; Par�s, 1934, p�g. 29.

    *12 R.: Contrato Social, II.

    *13 Cita de B. de V.; ob. cit, p�g. 37. V.. J.: Teor�a

    General del Estado; Ed. Albatros, Buenos Aires, 1943, p�g. 492.

    *14 Duguit: La S�paration des Pouvoirs et l'Assembl�e Nationale de

    1789, p�g I.

    *15 G.: Doctrina General del Estado; M�xico, 1944, p�g. 238.

    *16 Posada: La Crisis del Estado y el Derecho Pol�tico; Madrid, 1934,

    p�g. 77.

    *17 W.: Congressional Government; p�g. 290.

    *18 M. de la B. de V.: La Fin du Principe de S�paration

    des Pouvoirs; Par�s 1934, p�g. 128.

    En nuestro pa�s, el principio de divisi�n de poderes aparece consagrado desde la C.�n de Apatzing�n de 1814, que establec�a en sus art�culos 11 y 12, respectivamente: "Tres son las atribuciones de la soberan�a: la facultad de dictar leyes, la facultad de hacerlas ejecutar y la facultad de aplicarlas a los casos particulares."; "Estos tres Poderes, Legislativo, Ejecutivo y Judicial, no deben ejercerse ni por una sola persona, ni por una sola corporaci�n.".

    El referido principio se consign� tambi�n en el art�culo 23 del Reglamento Provisional Pol�tico del Imperio Mexicano de 1823 y en el art�culo 9o. del Acta Constitutiva de la F.�n de 31 de enero de 1824; �ste sosten�a: "El Poder Supremo de la F.�n se divide, para su ejercicio, en Legislativo, Ejecutivo y Judicial; y jam�s podr�n reunirse dos o m�s de �stos en una corporaci�n o persona, ni depositarse el Legislativo en un individuo.".

    Salvo la denominaci�n de Supremo Poder Conservador en la Segunda Ley C.onal de 1836, en t�rminos similares al del Acta Constitutiva de 1824, se adopt� el principio de divisi�n de poderes en la C.�n Federal de 1824 (art�culo 6o.); en las Bases C.onales de 1835 (art�culo 4o.); en los proyectos de reformas constitucionales de 1840 (art�culo 6o.) y de 1842 (art�culos 5o., 27 y 33 de los proyectos de la mayor�a, minor�a y tercer proyecto, respectivamente), y en las Bases de Organizaci�n Pol�tica de 1843 (art�culo 5o.).

    M�s adelante, en la C.�n Federal de 1857, en su art�culo 50, se estableci�:

    "Art�culo 50. El Supremo Poder de la F.�n se divide para su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y Judicial. Nunca podr�n reunirse dos o m�s de estos poderes en una persona o corporaci�n, ni depositarse el Legislativo en un individuo."

    Ahora bien, en relaci�n con las facultades extraordinarias para legislar, cuesti�n toral del presente estudio, cabe se�alar que dadas las m�ltiples vicisitudes que enfrentaron los Poderes de la Uni�n en los a�os posteriores a la aprobaci�n de la referida C.�n, las facultades extraordinarias fueron conferidas en m�ltiples ocasiones al titular del Ejecutivo de la Uni�n, cuyo an�lisis de constitucionalidad no deriv� en fallos un�nimes de la Suprema Corte de Justicia al conocer de juicios de amparo en los que se controvert�a la constitucionalidad de leyes o decretos emitidos en ejercicio de facultades extraordinarias. Al efecto, son ilustrativas las sentencias decretadas en los juicios de garant�as promovidos por F.G., del seis de julio de mil ochocientos setenta y siete, y por Dolores Quezada de A., del veinte de febrero de mil ochocientos setenta y nueve, consultables en la obra intitulada "La Suprema Corte de Justicia a Principios del Porfirismo", Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, M�xico, 1990, p�ginas 287-289 y 292-313.

    En ese mismo periodo, especialmente a fines del siglo XIX e inicios del siglo XX, el presidente de la Rep�blica expidi� diversos actos formalmente legislativos, en uso de facultades extraordinarias, destacando, entre otros, el C�digo de Comercio de quince de septiembre de mil ochocientos ochenta y nueve, emitido con base en las facultades extraordinarias concedidas por el Congreso de la Uni�n mediante decreto de cuatro de junio de mil ochocientos ochenta y siete. Los criterios que se han emitido en relaci�n con la constitucionalidad de este c�digo resultan ilustrativos sobre el alcance que se fij� al art�culo 50 de la C.�n General de la Rep�blica de mil ochocientos cincuenta y siete. En ese tenor destacan las tesis que llevan por rubros, textos y datos de identificaci�n los siguientes:

    "C�DIGO DE COMERCIO, EXPEDIDO POR EL PRESIDENTE DE LA REP�BLICA. TIENE LA MISMA JERARQU�A DE LAS LEYES EMANADAS POR EL CONGRESO DE LA UNI�N. Aun cuando el presidente de la Rep�blica haya expedido el C�digo de Comercio en uso de las facultades extraordinarias que el Congreso de la Uni�n le concedi�, mediante decreto de fecha cuatro de junio de mil ochocientos ochenta y siete, publicado en el Diario Oficial de la F.�n del d�a siguiente, debe estimarse que se trata de un ordenamiento general y abstracto, ya que trat�ndose de facultades delegadas, el Ejecutivo act�a como �rgano legislativo en sustituci�n y con autorizaci�n del Congreso Federal y no como administrador. Consecuentemente, los ordenamientos expedidos en uso de tales facultades tienen la misma jerarqu�a de las leyes emanadas del propio Congreso." (Octava �poca, Pleno, Semanario Judicial de la F.�n, Tomo I, Primera Parte-1, enero a junio de 1988, p�gina 17).

    "C�DIGO DE COMERCIO, EXPEDIDO Y PROMULGADO POR EL PRESIDENTE DE LA REP�BLICA MEDIANTE FACULTADES EXTRAORDINARIAS. ES CONSTITUCIONAL. El presidente de la Rep�blica, al expedir el C�digo de Comercio el quince de septiembre de mil ochocientos ochenta y nueve, apoy�ndose en las facultades extraordinarias que le concedi� el Congreso de la Uni�n mediante decreto de fecha cuatro de junio de mil ochocientos ochenta y siete, no contravino lo dispuesto por el art�culo 50 de la C.�n de 1857, pues este precepto establec�a lo siguiente: 'El Supremo Poder de la F.�n se divide para su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y Judicial. Nunca podr�n reunirse dos o m�s de estos poderes en una persona o corporaci�n, ni depositarse el Legislativo en un individuo.'. De dicho texto se advierte que no conten�a una prohibici�n categ�rica, como la establecida en el art�culo 49 de la C.�n vigente, en el sentido de que, en ning�n caso, salvo cuando se trate de la suspensi�n de garant�as a que se refiere el art�culo 29 y en las hip�tesis previstas en el art�culo 131, segundo p�rrafo, del propio ordenamiento, pueden otorgarse facultades extraordinarias al Ejecutivo Federal, por lo que conforme a la redacci�n original del mencionado art�culo 50 constitucional, no pod�a estimarse inconstitucional la delegaci�n de facultades para legislar en determinada materia, que hiciere el Congreso de la Uni�n en favor del presidente de la Rep�blica, pues ello no implicaba la reuni�n de dos poderes en uno, ni pasaban tampoco todas las facultades del Poder Legislativo al Ejecutivo, pues se trataba, m�s bien, de un acto de cooperaci�n entre ambos �rganos." (Octava �poca, Pleno, Semanario Judicial de la F.�n, Tomo I, Primera Parte-1, enero a junio de 1988, p�gina 18).

    Como se advierte, ante la delegaci�n de facultades legislativas del Congreso de la Uni�n al presidente de la Rep�blica, se sostuvo que no exist�a violaci�n al principio de divisi�n de poderes, pues ello no implicaba la reuni�n de dos poderes en uno, ni el que pasaran tampoco todas las facultades del Poder Legislativo al Ejecutivo, pues se trataba, m�s bien, de un acto de cooperaci�n entre ambos �rganos. Adem�s, se precisaba que el alcance del art�culo 50 de la C.�n General de 1857 no puede ser el mismo que el del texto vigente a la fecha del art�culo 49 constitucional, pues aqu�l no se�alaba que en ning�n otro caso, salvo lo dispuesto en diversos preceptos constitucionales se podr�an otorgar al presidente de la Rep�blica facultades extraordinarias para legislar.

    Siendo entonces esa la interpretaci�n prevaleciente del art�culo 50 de la C.�n de 1857, en relaci�n con el texto establecido originalmente en la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, de cinco de febrero de mil novecientos diecisiete, destaca que en la exposici�n de motivos del proyecto del primer jefe se reproch� que se hubiera dado "sin el menor obst�culo al jefe del Poder Ejecutivo la facultad de legislar sobre toda clase de asuntos, habi�ndose reducido a esto la funci�n del Poder Legislativo, el que de hecho qued� reducido a delegar facultades"; por tanto, en el art�culo 49 del citado proyecto con el fin de terminar con esa situaci�n se propon�a adicionar un segundo p�rrafo que dijera:

    No podr�n reunirse dos o m�s de estos poderes en una sola persona o corporaci�n, ni depositarse el Legislativo en un individuo, salvo el caso de facultades extraordinarias al Ejecutivo de la Uni�n, conforme a lo dispuesto en el art�culo 29.

    Una vez aprobado el citado proyecto, el texto original del art�culo 49 de nuestra C.�n vigente estableci�:

    Art�culo 49. El Supremo Poder de la F.�n se divide para su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y Judicial. No podr�n reunirse dos o m�s de estos poderes en una sola persona o corporaci�n, ni depositarse el Legislativo en un individuo, salvo el caso de facultades extraordinarias al Ejecutivo de la Uni�n, conforme a lo dispuesto en el art�culo 29.

    Entonces, cabe se�alar que desde el proyecto de C.�n de mil novecientos diecisiete, la adici�n que se realiz� al art�culo 49 constitucional buscaba evitar que el presidente de la Rep�blica fuera facultado en forma extraordinaria para emitir actos formalmente legislativos, es decir, de la misma jerarqu�a de las leyes emanadas del Congreso de la Uni�n, pues con ello el Poder Legislativo se depositaba en un solo individuo.

    De especial relevancia resulta profundizar en la voluntad del Constituyente que respecto del principio de divisi�n de poderes plasmada qued� en la N.F. de cinco de febrero de mil novecientos diecisiete.

    Como se advierte del texto original antes transcrito, al inicio del t�tulo tercero de la C.�n General de la Rep�blica se estableci� en el p�rrafo primero del art�culo 49 constitucional que el Supremo Poder de la F.�n se divide para su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y Judicial.

    En principio, destaca que del an�lisis integral de la propia N.F. esta divisi�n de poderes no fue realizada por el Constituyente en t�rminos te�ricos o doctrinales, precisando en forma abstracta que el Supremo Poder se divide para su ejercicio en tres especies de funciones, la legislativa, la ejecutiva o administrativa y la judicial, sino que a la vez que se estableci� ese principio, al fijar las atribuciones de esos tres poderes, se les confirieron, indistintamente, atribuciones que te�ricamente corresponden a un diverso poder; siendo relevante que ni en el art�culo 49 en comento, ni en ning�n otro se impidi� que alguno de los poderes realizara funciones que te�ricamente le corresponden a alguno de los otros dos, pues �nicamente se proscribi� el que dos o m�s de esos poderes se reunieran en una sola persona o corporaci�n, o que el Legislativo recayera en un individuo.

    En cambio, resulta patente que en el propio texto constitucional se reserv� a los Poderes Legislativo y Judicial la potestad para emitir, respectivamente, los actos materialmente legislativos y judiciales de mayor jerarqu�a en el orden jur�dico nacional, circunstancia que se explica en el hecho de que hist�ricamente se hab�a buscado fortalecer a estos poderes con el fin de establecer un equilibrio entre ellos y el presidente de la Rep�blica, jefe de Gobierno y de Estado en nuestro sistema constitucional. As� se explica, incluso, que en el propio art�culo 49 se se�alara que ninguno de esos poderes podr�an reunirse en una sola persona, ni que el Legislativo podr�a depositarse en un individuo, todo ello, con el fin de evitar que las atribuciones de mayor jerarqu�a de esos poderes recayeran en la persona del referido jefe del Ejecutivo, �nico poder depositado constitucionalmente en un solo individuo, con el fin de evitar que se reiteraran las pr�cticas del pasado que concentraban el ejercicio del poder.

    As�, trat�ndose de la potestad para emitir actos formalmente legislativos, el Constituyente otorg� al Poder Legislativo la facultad decisoria para resolver en �ltima instancia sobre la emisi�n de los actos formalmente legislativos, por un lado, en relaci�n con las leyes, a �stas se otorg� su especial jerarqu�a al incorporarse en el inciso f) del art�culo 72, el principio de autoridad formal de los actos legislativos, y aun cuando en el inciso b) de ese precepto se diera al Ejecutivo la facultad de veto, en el diverso c) se establec�a que con una mayor�a calificada que confirmara el proyecto respectivo, �ste se tornar�a, ipso iure, en ley o decreto; por otro lado, en cuanto a los tratados internacionales, la validez en el orden jur�dico nacional de los celebrados por el presidente de la Rep�blica estar�a sujeta a su ratificaci�n por parte del Senado de la Rep�blica.

    Como se advierte, en la formaci�n de las disposiciones de observancia general que por debajo de la C.�n General de la Rep�blica constituir�an la Ley Suprema de toda la Uni�n, en t�rminos del art�culo 133 de la propia N.F., se invest�a como �rgano decisorio al Poder Legislativo.

    Por otra parte, trat�ndose de la funci�n judicial, al tenor de los art�culos 104, 105 y 107 constitucionales, a los tribunales del Poder Judicial de la F.�n se otorgaba la facultad para conocer de juicios de diversa naturaleza en los que fuera necesario interpretar o aplicar las leyes federales o los tratados internacionales en los que la F.�n fuera parte, o en los que se aplicara el derecho mar�timo, entre otros, pero destacando que a trav�s del conocimiento del juicio de amparo y de las controversias constitucionales se establec�a como principio general que al �rgano de mayor jerarqu�a dentro de ese poder, la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, correspond�a emitir las resoluciones judiciales de mayor rango en el orden jur�dico nacional.

    En la propia C.�n de 1917, adem�s de establecerse como principio general el que a cada uno de esos dos poderes les corresponder�a emitir los actos propios de su funci�n, de mayor jerarqu�a en el orden jur�dico nacional se previeron excepciones a ello.

    As�, trat�ndose de la facultad para emitir actos formalmente legislativos se determin� que el presidente de la Rep�blica podr�a expedirlos en los casos del art�culo 29 constitucional, es decir, cuando se suspendieran las garant�as individuales. Es importante se�alar que en la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos la posibilidad de que el Ejecutivo emitiera leyes en t�rminos del mencionado art�culo 29 fue la �nica excepci�n establecida al principio consistente en que el Poder Legislativo no podr�a ubicarse en un solo individuo. Las facultades conferidas al titular del Ejecutivo en los art�culos 89, fracci�n I, en relaci�n con el 92, para emitir reglamentos, y al Consejo General de Salubridad, dependiente del propio Ejecutivo, en el diverso 73, fracci�n XVI, base 1a., para emitir disposiciones generales obligatorias en todo el pa�s, no implicaban que el Poder Legislativo se ubicara en un solo individuo, pues con tales disposiciones no se facultaba al Poder Ejecutivo a emitir actos formalmente legislativos, sino disposiciones de observancia general sujetas, en todo caso, al principio de preferencia o primac�a de la ley; m�xime que trat�ndose de las leyes que regir�an la materia desalubridad conforme al propio texto constitucionaldeb�an emitirse por el propio Congreso de la Uni�n.

    Los preceptos que establec�an estas facultades materialmente legislativas dispon�an:

    "Art�culo 89. Las facultades y obligaciones del presidente son las siguientes:

    "I.P. y ejecutar las leyes que expida el Congreso de la Uni�n, proveyendo en la esfera administrativa a su exacta observancia. ..."

    "Art�culo 73. El Congreso tiene facultad:

    "...

    "XVI. Para dictar leyes sobre ciudadan�a, naturalizaci�n, colonizaci�n, emigraci�n e inmigraci�n y salubridad general de la Rep�blica.

    "1a. El Consejo de Salubridad General depender� directamente del presidente de la Rep�blica, sin intervenci�n de ninguna secretar�a de Estado, y sus disposiciones generales ser�n obligatorias en el pa�s.

    "2a. En caso de epidemias de car�cter grave o peligro de invasi�n de enfermedades ex�ticas en el pa�s, el departamento de salubridad tendr� obligaci�n de dictar inmediatamente las medidas preventivas indispensables, a reserva de ser despu�s sancionadas por el presidente de la Rep�blica.

    "3a. La autoridad sanitaria ser� ejecutiva y sus disposiciones ser�n obedecidas por las autoridades administrativas del pa�s.

    4a. Las medidas que el consejo haya puesto en vigor en la campa�a contra el alcoholismo y la venta de sustancias que envenenan al individuo y degeneran la raza, ser�n despu�s revisadas por el Congreso de la Uni�n, en los casos que le competan.

    Por otra parte, en el caso de la funci�n judicial, en el art�culo 111 se dotaba tanto a la C�mara de Diputados como al Senado de la Rep�blica de la facultad para emitir resoluciones materialmente judiciales de car�cter inatacable, es decir, que el Poder Legislativo podr�a en ese caso excepcional, trat�ndose de declaraciones en las que se determinara privar de su puesto o inhabilitar a un alto funcionario de la F.�n por la comisi�n de un delito oficial, emitir actos materialmente judiciales de la mayor jerarqu�a.

    En complemento a ese sistema, en virtud de que no fue intenci�n del Constituyente reservar a cada uno de los tres poderes la emisi�n de actos propios de sus respectivas funciones, del estudio integral de las disposiciones de la Ley Suprema, desde su texto original, se advierte con claridad que el reparto de atribuciones y funciones encomendadas a cada uno de los poderes no constituy� una separaci�n absoluta y determinante, sino que una vez establecido como principio general el que a los Poderes Legislativo y Judicial les corresponder�an las atribuciones para emitir los actos de mayor jerarqu�a en relaci�n con su respectiva funci�n, en aras de permitir el funcionamiento de los propios �rganos y a la vez lograr un equilibrio de fuerzas y un control rec�proco que garantizara la unidad pol�tica del Estado en beneficio del pueblo mexicano, se estableci� un mecanismo de colaboraci�n que opera por dos medios principales: uno, exigiendo la participaci�n de dos de los poderes para la validez de un acto y, otro, otorgando a los poderes facultades para emitir actos que no corresponden con su naturaleza, pero que no por ello tendr�an el mismo rango de los actos formalmente legislativos o judiciales.

    Ejemplos del primer medio aludido lo fueron en el texto original de la C.�n actual: la vigencia de una ley requiere de su aprobaci�n por el Congreso de la Uni�n y de su promulgaci�n por el presidente de la Rep�blica (art�culos 72 y 89, fracci�n I); el Senado debe aprobar los tratados internacionales y convenciones diplom�ticas que celebre el Ejecutivo Federal (art�culo 76, fracci�n I); al Senado compete ratificar los nombramientos que el presidente haga del procurador general de la Rep�blica, agentes diplom�ticos, c�nsules generales, empleados superiores de hacienda, coroneles y dem�s jefes superiores del Ej�rcito, Armada y Fuerza A�rea Nacionales (art�culo 76, fracci�n II), as� como autorizarlo para que permita la salida de tropas nacionales fuera de los l�mites del pa�s, el paso de tropas extranjeras por territorio nacional y la estaci�n de escuadras de otra potencia, por m�s de un mes, en aguas nacionales (art�culo 76, fracci�n III), y darle consentimiento para que disponga de la Guardia Nacional fuera de sus Estados, fijando la fuerza necesaria (art�culo 76, fracci�n IV); la C�mara de Diputados debe examinar la cuenta que anualmente le presentar� el Ejecutivo (art�culo 73, fracci�n XXX).

    Respecto del ejercicio de facultades por los poderes que no les resulten propias, pero subordinadas a los actos formalmente legislativos o judiciales resultan ejemplificativas las siguientes: al presidente de la Rep�blica se le dotaba en la propia sede constitucional de facultades para emitir actos materialmente legislativos para emitir reglamentos (art�culos 89, fracci�n I, en relaci�n con el 92), y al Consejo General de Salubridad, subordinado al presidente de la Rep�blica, se le facultaba para emitir disposiciones generales en materia de salubridad; trat�ndose de las facultades materialmente jurisdiccionales, a las Juntas de Conciliaci�n y Arbitraje, las que no se ubican dentro de los Poderes Judiciales Federal o Locales, les correspond�a resolver de los conflictos entre el capital y el trabajo (art�culo 123, fracci�n XX).

    En tal virtud, debe estimarse que el Constituyente de 1917 al establecer el principio de divisi�n de poderes busc�, por un lado, dividir el ejercicio del poder y el desarrollo de las facultades estatales entre diversos �rganos o entes que constitucionalmente se encuentran a un mismo nivel, con el fin de lograr los contrapesos necesarios que permitan un equilibrio de fuerzas y un control rec�proco; y, por otro lado, atribuir a los respectivos poderes, especialmente al Legislativo y al Judicial, la potestad necesaria para emitir los actos que por su contenido y su jerarqu�a deb�an corresponderles.

    As�, trat�ndose de la potestad legislativa, el objeto de la divisi�n de poderes fue conferir al �rgano o ente colegiado que se integra por los representantes electos democr�ticamente por los gobernados, la emisi�n de las disposiciones ordinarias de observancia general de mayor jerarqu�a, es decir, los actos formalmente legislativos o leyes, dado que �stas, por ser constitucionalmente la fuente fundamental de regulaci�n respecto de las materias que tienen una especial trascendencia a la esfera jur�dica de los gobernados, deben aprobarse por el �rgano de representaci�n popular.

    En ese sentido, si la divisi�n de poderes se realiz� estableciendo tres diversos �rganos o entes aut�nomos, otorg�ndose a cada uno de ellos, indistintamente, facultades materialmente legislativas, jurisdiccionales o administrativas, no existe raz�n para sostener que fue intenci�n del Constituyente el que, salvo disposici�n en contrario prevista en la propia C.�n, cada uno de esos �rganos debe limitarse a ejercer facultades que por su esencia les corresponden.

    Es decir, si al realizarse la divisi�n de poderes el Constituyente en ninguna disposici�n reserv� al Poder Legislativo la emisi�n de los actos de autoridad materialmente legislativos, al Poder Ejecutivo los actos de autoridad materialmente administrativos y al Poder Judicial los actos de autoridad materialmente judiciales o jurisdiccionales, no existe sustento alguno para sostener que se re�nen dos o m�s de esos poderes en uno de los �rganos creados, por el hecho de que en un acto formalmente legislativo se confiera a una autoridad administrativa o judicial la facultad de emitir disposiciones de observancia general, pues ello no implica, ni siquiera transitoriamente, el que dos poderes se re�nan en una misma persona o corporaci�n, como lo ha reiterado la jurisprudencia de este Alto Tribunal.

    En efecto, para que un poder asuma las funciones de otro se requiere que alguna de las atribuciones que constitucionalmente le est�n reservadas a �ste sean ejercidas por aqu�l, en esta hip�tesis aunque sea transitoriamente, s� se estar� depositando un poder en otro.

    Dicho en otras palabras, si la divisi�n de poderes no se fij�, atendiendo como criterio absoluto a la esencia de los actos de autoridad, no existe fundamento constitucional para concluir que, salvo el caso en que la C.�n les autorice expresamente una atribuci�n ajena a su propia naturaleza, los tres poderes solamente pueden realizar las funciones que te�ricamente por su esencia les corresponden, pues el referido principio, lo que fundamentalmente implica, es que en aras de respetar la autonom�a de los tres poderes, ninguno de ellos puede realizar actos que constitucionalmente est�n reservados a un diverso poder, y en el caso de facultades u obligaciones de cada uno de �stos, que se relacionan con otro poder, las mismas deben estar se�aladas en la propia C.�n.

    Ahora bien, continuando con la evoluci�n del art�culo 49 constitucional, y con el fin de corroborar la conclusi�n antes adoptada, cabe agregar que al tenor del texto aprobado por el Constituyente de 1917, nuevamente el Congreso de la Uni�n emiti� decretos en los que otorgaba facultades extraordinarias para legislar al Ejecutivo de la Uni�n, como el que expidi� siete d�as despu�s de haber entrado en vigor la C.�n. En efecto, el ocho de mayo de mil novecientos diecisiete el Congreso concedi� al presidente de la Rep�blica facultades legislativas en el ramo de hacienda, sin tiempo fijo para su ejercicio, esto es, sin observar las formalidades del art�culo 29. En relaci�n con la constitucionalidad de este y otros decretos de la misma naturaleza, este Alto Tribunal sostuvo:

    "PLANIFICACI�N Y ZONIFICACI�N, LEY DE, PUBLICADA EL 31 DE AGOSTO DE 1936, EXPEDIDA POR EL PRESIDENTE DE LA REP�BLICA EN USO DE FACULTADES EXTRAORDINARIAS. CONSTITUCIONALIDAD. Como consecuencia de la concesi�n de facultades extraordinarias concedidas al presidente de la Rep�blica por el Congreso de la Uni�n, en el decreto de 30 de diciembre de 1935, a virtud de las cuales se cre� la Ley de Planificaci�n y Z.�n y sus reglamentos y el impuesto de plusval�a, que la misma ley se�ala, no se contravienen los art�culos 14, 16 y 49 de la C.�n Federal, porque el Congreso de la Uni�n haya concedido al Ejecutivo facultades para legislar, pues con tal delegaci�n no se reunieron en una sola persona o corporaci�n dos o m�s poderes, ni se deposit� el legislativo en un solo individuo, sino que se origin� una situaci�n en que el Ejecutivo goz� de facultades legislativas por delegaci�n del Congreso de la Uni�n, mas no que este poder desapareciera y todas sus atribuciones pasaran al Ejecutivo, caso prohibido por el art�culo 49 de la C.�n Federal. Si no se vulnera este precepto, porque no es admisible el argumento de que se reunieron en una persona dos o m�s poderes, tampoco se vulneran los art�culos 14 y 16. Este razonamiento se funda en el art�culo 49 de la C.�n Federal, antes de las reformas de mil novecientos treinta y ocho y mil novecientos cincuenta, �poca de la expedici�n de la ley impugnada. En relaci�n con el precepto citado, esta Suprema Corte de Justicia hab�a interpretado tal estatuto constitucional en el sentido de que la delegaci�n de facultades, por el Congreso de la Uni�n, al Ejecutivo Federal, no era violatoria de garant�as individuales, habi�ndose integrado las tesis jurisprudenciales n�meros 477 y 478 de la compilaci�n de jurisprudencia 1917 a 1954. Interpretando estas tesis se concluye que lo prohibido por la C.�n Federal es la reuni�n de dos o m�s poderes en uno solo, que supone su fusi�n en uno de ellos, lo cual no puede entenderse sin la destrucci�n del otro, y en el presente caso el Poder Legislativo sigui� poseyendo las facultades propias de su funci�n y s�lo autoriz� al Poder Ejecutivo para que expidiera determinadas leyes entre las que se encontraban las reclamadas. La transmisi�n de la funci�n legislativa fue parcial y no total, y esta �ltima es la que se encuentra prohibida por el art�culo 49 de la C.�n Federal." (S�ptima �poca, Pleno, Semanario Judicial de la F.�n, Volumen 23, Primera Parte, p�gina 41).

    "FACULTADES EXTRAORDINARIAS (LEY DE 8 DE MAYO DE 1917). Las facultades para expedir la Ley de 8 de mayo de 1917, se concedieron en el ramo de hacienda, sin limitarlas a las se�aladas en los art�culos 73, fracci�n VII, y 74, fracci�n IV, de la C.�n, y no puede decirse que dicha delegaci�n constituy� una renuncia del Poder Legislativo de la facultad de legislar y que, por tanto, al hacerlo en otros ramos, cesaron las facultades, pues dicho poder estaba capacitado para expedir leyes, sin que pudiera decirse jur�dicamente que reasum�a por ello sus facultades, ya que este t�rmino tiene una connotaci�n natural, aplicable a casos en que realmente se hubiera perdido el uso de una facultad." (Quinta �poca, Segunda Sala, Semanario Judicial de la F.�n, Tomo LVII, p�gina 1937).

    "FACULTADES EXTRAORDINARIAS. El decreto de 8 de mayo de 1917, que concedi� al Ejecutivo facultades extraordinarias, en el ramo de hacienda, capacit�ndolo para expedir todas las leyes que deben normar el funcionamiento de la hacienda p�blica federal, no limit� esas facultades a la expedici�n de la Ley de Ingresos y del presupuesto de egresos, y aunque el Congreso de la Uni�n haya expedido dichos presupuestos para el a�o fiscal de 1923, eso no significa que cesaron las facultades del Ejecutivo, para expedir las dem�s leyes necesarias para el funcionamiento de la hacienda p�blica, creando fondos de ingresos permanentes, que son considerados al promulgar las Leyes de Ingresos y egresos, que tienen un car�cter transitorio; y la expedici�n, por el Congreso, de dichos presupuestos, incapacit� al Ejecutivo Federal para legislar s�lo respecto de ellos, durante ese a�o." (Quinta �poca, Pleno, Semanario Judicial de la F.�n, Tomo XXI, p�gina 1578).

    "CHEQUES LIBRADOS SIN FONDOS (CONSTITUCIONALIDAD DEL ART�CULO 193 DE LA LEY FEDERAL DE T�TULOS Y OPERACIONES DE CR�DITO). La Ley General de T�tulos y Operaciones de Cr�dito no es inconstitucional, debido a que fue expedida por el presidente de los Estados Unidos Mexicanos, en ejercicio de las facultades extraordinarias de que se encontraba investido en las materias de comercio y derecho procesal mercantil, y de cr�dito y moneda, por las leyes de treinta y uno de diciembre de mil novecientos treinta y uno y veintiuno de enero de mil novecientos treinta y dos; siendo precisamente una facultad del Congreso o del presidente, en ejercicio de las facultades con que se hallaba investido, la de definir los delitos y falta en materia federal, como es la legislaci�n mercantil, as� como fijar los castigos correspondientes, no pudiendo considerarse como inconstitucional tampoco, el hecho de que para la sanci�n, remita la Ley General de T�tulos y Operaciones de Cr�dito, al C�digo Penal, en la parte relativa que sanciona el fraude, pues el que expide un cheque sin tener los fondos suficientes en la instituci�n girada, comete un verdadero fraude, sin que ello implique que las dos infracciones sean de la misma naturaleza jur�dica." (Quinta �poca, Primera Sala, Semanario Judicial de la F.�n, Tomo LXXXIX, p�gina 432).

    Como se advierte, la interpretaci�n que este Alto Tribunal dio al principio de divisi�n de poderes consistente en que no pueden reunirse dos o m�s de los poderes en una sola persona o corporaci�n, y al diverso derivado de �ste, consistente en que no se depositar� el Poder Legislativo en un individuo, fue que la delegaci�n de facultades extraordinarias para legislar no implicaba reunir en una sola persona o corporaci�n dos o m�s poderes, ni el dep�sito del Legislativo en un solo individuo, sino que con tal delegaci�n se originaba una situaci�n en la que el Ejecutivo gozaba de facultades legislativas por delegaci�n del Congreso de la Uni�n, sin que este poder desapareciera y todas sus atribuciones pasaran al Ejecutivo, circunstancia que era la efectivamente prohibida por el art�culo 49 de la C.�n Federal.

    En tal virtud, del contenido de las tesis de esta Suprema Corte de Justicia, que interpretaron y fijaron el alcance del citado art�culo 49, resulta indudable que en ning�n momento se atribuy� al Constituyente la intenci�n de evitar que las autoridades administrativas expidieran disposiciones de observancia general sometidas al principio de preferencia o primac�a de la ley.

    Posteriormente, mediante decreto publicado el doce de agosto de mil novecientos treinta y ocho, el art�culo 49 de la C.�n General de la Rep�blica fue adicionado, para precisar que salvo lo dispuesto en el art�culo 29 de la C.�n, en ning�n otro caso se otorgar�an al Ejecutivo facultades extraordinarias para legislar. El texto aprobado qued� en los siguientes t�rminos:

    Art�culo 49. El Supremo Poder de la F.�n se divide para su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y Judicial. No podr�n reunirse dos o m�s de estos poderes en una sola persona o corporaci�n, ni depositarse el Legislativo en un individuo, salvo el caso de facultades extraordinarias al Ejecutivo de la Uni�n, conforme a lo dispuesto en el art�culo 29. En ning�n otro caso se otorgar�n al Ejecutivo facultades extraordinarias para legislar.

    Para conocer cu�les fueron los motivos que llevaron al Poder Revisor de la C.�n a realizar esta relevante modificaci�n constitucional, conviene transcribir la respectiva exposici�n de motivos, as� como lo expresado por uno de los legisladores que participaron en el proceso de aprobaci�n correspondiente.

    Exposici�n de motivos de la reforma al art�culo 49 constitucional (publicada en el Diario Oficial de la F.�n el 12 de agosto de 1938).

    "C�mara de Origen: Senadores

    "Exposici�n de motivos

    "M�xico, D.F., a 10 diciembre de 1937

    "Iniciativa del Ejecutivo

    "CC. S.ios de la C�mara de Senadores

    "Presentes

    "Muy atentamente ruego a ustedes sean servidos de dar cuenta a esa H. C�mara la siguiente iniciativa de adici�n al art�culo 49 de la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, que el Ejecutivo de mi cargo somete a la ilustrada consideraci�n del H. Congreso Federal.

    "Ha sido pr�ctica veterada que el presidente de la Rep�blica solicite del H. Congreso la concesi�n de facultades extraordinarias para legislar sobre determinadas materias o ramos, facilit�ndose as� la expedici�n de leyes que se han estimado inaplazables para regular nuevas situaciones y para que la actividad del Estado pudiera desenvolverse en concordancia con las necesidades del pa�s.

    "La administraci�n que presido estima que la continuaci�n indefinida de esa pr�ctica produce el lamentable resultado de menoscabar las actividades del Poder Legislativo, contrariando en forma que pudiera ser grave el sistema de gobierno representativo y popular establecido por la C.�n, puesto que re�ne, aunque transitoria e incompletamente, las facultades de dos poderes en un solo individuo, lo cual, independientemente de crear una situaci�n jur�dica irregular dentro del Estado mexicano, en el que la divisi�n en el ejercicio del poder es una de sus normas fundamentales, en el terreno de la realidad va sumando facultades al Ejecutivo con el inminente peligro de convertir en dictadura personal nuestro sistema republicano, democr�tico y federal.

    "Cree el Ejecutivo de mi cargo que solamente en los casos de invasi�n, perturbaci�n grave de la paz p�blica o cualquier otro que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto mencionados en el art�culo 29 constitucional, se justifica debidamente la concesi�n de facultades extraordinarias, y consecuente con este gobierno que presido se propone no solicitarlas en lo sucesivo, pero a fin de que un punto de innegable importancia no quede s�lo como simple prop�sito de una administraci�n, sino como norma org�nica y permanente a fin de evitar los vicios de gobierno se�alados y fortalecer el r�gimen pol�tico en el que se sustenta el Estado mexicano y que se consigna en elart�culo 49 de la Carta C.onal, vengo ainiciar la adici�n a este precepto en los siguientes t�rminos ..."

    "C�mara de Senadores

    "Dictamen y discusi�n

    "M�xico, D.F., a 14 de diciembre de 1937

    "H. Asamblea:

    "A las Primeras C.ones Unidas de G.�n y Puntos C.onales que suscriben, fue turnada para su estudio y dictamen, la iniciativa que presenta el Poder Ejecutivo para reformar el art�culo 49 de la C.�n, agregando al final de dicho precepto la siguiente frase: 'En ning�n otro caso se otorgar�n al Ejecutivo facultades extraordinarias para legislar.'.

    "Estimamos plausible por todos conceptos la actitud del C.P. de la Rep�blica al iniciar esa reforma a nuestra Carta Fundamental, porque con ella se pretende que el Congreso de la Uni�n conserve siempre inc�lumes sus altas funciones de legislador de la Rep�blica, pensamiento que seguramente existe en la conciencia de todos los que integramos el Poder Legislativo Federal.

    "Creemos que si a partir de 1917, todos los Congresos han otorgado facultades extraordinarias al Ejecutivo para legislar en determinadas materias, ha sido porque, integrados por elementos revolucionarios ansiosos de realizar los principios de sus banderas en bien del pa�s no han titubeado en aceptar la colaboraci�n revolucionaria y patri�tica del Poder Ejecutivo para satisfacer cuanto antes las necesidades del pueblo. Esta aseveraci�n nos la confirma el hecho innegable de que hasta hoy, los encargados del Poder Ejecutivo que han legislado en uso de facultades, jam�s han expedido ley alguna que pugne con los principios avanzados de nuestra R.�n.

    "Creemos asimismo, que la labor legislativa por lo que se refiere a los puntos medulares de nuestro movimiento social, casi est� terminada; as� es que la reforma que se propone no entorpecer� la marcha ascendente de nuestras instituciones, cuyo primer paso han dado ya, en terreno firme y fecundo.

    "Por las consideraciones anteriores, y sin tocar la cuesti�n de si ha sido constitucional la delegaci�n espor�dica de facultades, por ser materia resuelta por la Suprema Corte de Justicia, �nica capacitada para interpretar la constitucionalidad de las leyes, nos permitimos someter a vuestra ilustrada deliberaci�n el siguiente:

    "Proyecto de ley de reformas al art�culo 49 de la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos

    "'Art�culo �nico. Se reforma el art�culo 49 de la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, en los siguientes t�rminos:

    "'Art�culo 49. El Supremo Poder de la F.�n se divide para su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y Judicial.

    "'No podr�n reunirse dos o m�s de estos poderes en una sola persona o corporaci�n, ni depositarse el Legislativo en un individuo salvo el caso de facultades extraordinarias al Ejecutivo de la Uni�n, conforme a lo dispuesto en el art�culo 29. En ning�n otro caso se otorgar�n al Ejecutivo facultades extraordinarias para legislar.'

    "Sala de C.ones del Senado. M�xico, D.F., a 14 de diciembre de 1937. Primera C.�n de G.�n. L.M.T.. L.R.. Primera C.�n de Puntos C.onales. M.F.O.. N.S.O.G.."

    "C�mara de Diputados

    "Dictamen y discusi�n

    "M�xico, D.F., a 27 de diciembre de 1937

    "H. Asamblea:

    "A la Segunda C.�n de Puntos C.onales que suscribe fue turnada, para su estudio y dictamen, la iniciativa que present� el Poder Ejecutivo para reformar el art�culo 49 de la C.�n, adicion�ndolo con la siguiente frase: 'En ning�n caso se otorgar�n al Ejecutivo facultades extraordinarias para legislar.'.

    "Despu�s de haber efectuado un an�lisis de las razones que sirven de base a la iniciativa anterior, la estimamos aceptable y merecedora de todo encomio, ya que se encamina directamente a que el Congreso de la Uni�n conserve inc�lumes las altas funciones que, como Poder Legislativo Federal, le encomienda la C.�n vigente.

    "Si bien es cierto que a partir de 1917, todos los Congresos han otorgado al Ejecutivo facultades extraordinarias para legislar en determinadas materias, ha sido con el objeto de aceptar la colaboraci�n revolucionaria y patri�tica del Ejecutivo, a fin de satisfacer a la brevedad posible las aspiraciones del pueblo, cristalizando en disposiciones legales los principios y postulados del movimiento social mexicano.

    "El uso que de dichas facultades ha hecho el Ejecutivo, se ha desenvuelto invariablemente dentro de las normas de nuestra Carta Fundamental, las tendencias sociales y de la R.�n, por lo que puede afirmarse que han sido, en todo caso, para bien del pa�s.

    "Por otra parte, esa delegaci�n espor�dica de facultades ha sido constitucional, seg�n lo ha resuelto en jurisprudencia constante la Suprema Corte de Justicia, a quien corresponde la interpretaci�n de nuestras leyes.

    "Pero dejando a un lado esta consideraci�n, es incuestionable que dentro de una mec�nica democr�tica perfecta, es procedente que ya no se deleguen dichas facultades, sino en el caso extraordinario que menciona el art�culo 29 constitucional, por lo cual nos permitimos someter a vuestra ilustrada consideraci�n el siguiente proyecto de ley.

    "...

    "Sala de C.ones de la C�mara de Diputados del Congreso de la Uni�n. M�xico, D.F., a 27 de diciembre de 1937. A.F.R.�rez. J.M.C.. A.G.�a G.�lez.

    "...

    "Est� a discusi�n el dictamen.

    "- El C.F.V.: Pido la palabra.

    "- El C.P.: Tiene usted la palabra.

    "- El C.F.V.M.: Honorable asamblea: Vengo a proponer a ustedes que al aceptar la modificaci�n o la ampliaci�n al art�culo cuarenta y nueve que nos ha mandado el Ejecutivo, se tome en cuenta tambi�n la modificaci�n a otros art�culos, de una iniciativa que present� en esta asamblea, porque est� una cosa en concordancia con la otra.

    "El Ejecutivo renuncia a las facultades extraordinarias que antes se le hab�an venido concediendo, y va a suceder esto: que si seguimos s�lo trabajando los cuatro meses de sesiones, no va a haber en los ocho meses restantes del a�o quien legisle. De manera que pido a la asamblea que a la vez que tome en cuenta esta proposici�n, tambi�n se tome en cuenta la m�a, pues tengo entendido que tambi�n aprob� el Senado una semejante, con el objeto de abreviar tiempo.

    Bien sabemos que las reformas a la C.�n requieren un tiempo m�s o menos largo para que todos los Congresos Locales las aprueben. De manera que ser�a oportuno que simult�neamente, as� como se manda este proyecto para que sea ratificado por las Legislaturas de los Estados, se mandara tambi�n el proyecto de ley que propuse en esta asamblea, que consiste en que tengamos dos periodos de sesiones en el a�o: uno por tres meses, que comenzar� el mes de septiembre y terminar� en noviembre; y el otro, de abril a junio, y el resto del a�o en receso. Creo de vital importancia que se tome en cuenta esto, porque de lo contrario vamos a tener ocho meses al pa�s sin que nadie legisle. ...

    Como se advierte de la exposici�n de motivos, el objeto de la reforma constitucional que se propon�a era evitar que se continuaran menoscabando las actividades del Poder Legislativo, pues el otorgamiento de facultades extraordinarias para legislar al Ejecutivo de la Uni�n provocaba que transitoria y parcialmente se reunieran las dos facultades en un solo individuo.

    En ese sentido, resulta inconcuso que la reforma en comento busc� evitar que el presidente de la Rep�blica continuara expidiendo actos formalmente legislativos, es decir, las leyes que constitucionalmente correspond�a emitir al Congreso de la Uni�n; de ah� que, si en ning�n precepto constitucional se reservaba al referido Congreso emitir disposiciones de observancia general, sino las leyes que por su naturaleza de actos formalmente legislativos constituyen las normas ordinarias de mayor jerarqu�a, no existe motivo alguno para sostener que con la referida reforma se pretend�a impedir que una autoridad administrativa emitiera normas subordinadas jer�rquicamente a las leyes, pues este acto no implica reunir dos poderes en un mismo individuo, ni depositar transitoriamente el Poder Legislativo en el titular del Ejecutivo de la Uni�n.

    Incluso destaca que mediante decreto publicado el veintiuno de abril de mil novecientos cuarenta y cinco, se reform� el art�culo 27, p�rrafo quinto, constitucional, facult�ndose al presidente de la Rep�blica para reglamentar la extracci�n y utilizaci�n de las aguas del subsuelo, as� como el establecimiento de zonas vedadas, sin que del an�lisis del respectivo proceso de reforma constitucional se advierta que con ello se otorgaban facultades extraordinarias para legislar, sino una potestad meramente reglamentaria para expedir disposiciones de observancia general sujetas al principio de preferencia o primac�a de la ley, lo que se corrobora por el hecho de que el Poder Revisor de la C.�n no estimara conveniente reformar el diverso 49 constitucional para establecer una excepci�n m�s al principio consistente en que el Poder Legislativo no puede depositarse en un individuo, numeral que en la reforma realizada seis a�os m�s tarde, que a continuaci�n se comenta, al agregarse el p�rrafo segundo del art�culo 131 constitucional, s� se estim� necesario modificar, pues las potestades que en este �ltimo numeral se permiti� delegar al Congreso de la Uni�n en materia de comercio exterior, s� implican la emisi�n de actos formalmente legislativos.

    En efecto, al agregarse un segundo p�rrafo al art�culo 131 de la propia N.F. en el a�o de mil novecientos cincuenta y uno, el Poder Revisor de la C.�n estim� conveniente adicionar el referido art�culo 49 constitucional, pues al crearse una segunda excepci�n al principio establecido en este �ltimo numeral, se estim� conveniente precisarlo en el propio precepto constitucional. El decreto de reformas respectivo fue publicado el veintiocho de marzo de mil novecientos cincuenta y uno. El texto aprobado, el vigente a la fecha, es del siguiente tenor:

    "Art�culo 49. El Supremo Poder de la F.�n se divide para su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y Judicial.

    No podr�n reunirse dos o m�s de estos poderes en una sola persona o corporaci�n, ni depositarse el Legislativo en un individuo, salvo el caso de facultades extraordinarias al Ejecutivo de la Uni�n, conforme a lo dispuesto en el art�culo 29. En ning�n otro caso, salvo lo dispuesto en el segundo p�rrafo del art�culo 131, se otorgar�n facultades extraordinarias para legislar.

    Como qued� precisado al analizar el alcance de esta reforma constitucional, con el objeto de interpretar lo previsto en el p�rrafo segundo del art�culo 131 constitucional, en virtud de la reforma en comento se estableci� en el art�culo 49 de la N.F. una segunda excepci�n al principio consistente en que el Poder Legislativo no puede depositarse en un individuo, se�al�ndose que adem�s de la hip�tesis prevista en el art�culo 29 de la Carta Magna, para el caso de suspensi�n de garant�as, el presidente de la Rep�blica se tornar�a en depositario del Poder Legislativo cuando el Congreso de la Uni�n lo facultara para emitir disposiciones de car�cter general en materia arancelaria y no arancelaria.

    Entonces, debe tomarse en cuenta que al adicionarse el art�culo 49 con motivo de la incorporaci�n del segundo p�rrafo del art�culo 131 constitucional, en el que se permiti� al Congreso de la Uni�n delegar su facultad para emitir actos formalmente legislativos en los aspectos arancelario y no arancelario, se precis� que este �ltimo numeral constitu�a una nueva y segunda excepci�n al principio consistente en que el Poder Legislativo no puede depositarse en un solo individuo, por lo que al se�alar el p�rrafo segundo del art�culo 49 constitucional que este �ltimo principio tendr�a como �nicas excepciones las previstas en los art�culos 29 y 131, p�rrafo segundo, de la propia C.�n, resulta indudable que al referirse el Constituyente a la acci�n de depositar el Legislativo en un individuo, tampoco hizo referencia a la funci�n legislativa entendida como la emisi�n de cualquier disposici�n de observancia general, sino a las facultades legislativas que constitucionalmente le est�n reservadas al Poder Legislativo, en espec�fico, la expedici�n de actos formalmente legislativos que tienen el rango de leyes.

    Sostener lo contrario ser�a tanto como desconocer que al regularse en la C.�n Pol�tica las atribuciones de cada poder, las facultades materialmente legislativas no le fueron conferidas exclusivamente al Poder Legislativo, por lo que este poder no equivale, constitucionalmente, al concepto de funci�n legislativa, sino a la atribuci�n para emitir actos formalmente legislativos.

    Siendo ese el motivo que llev� al Poder Revisor de la C.�n a realizar la �ltima reforma del art�culo 49 constitucional, resulta inconcuso que las diversas facultades para emitir disposiciones materialmente legislativas, que en la C.�n se otorgaban a otras autoridades ajenas al Poder Legislativo, no constitu�an ni constituyen actualmente una excepci�n al referido principio, pues en estos casos las disposiciones que se emitan con base en tales preceptos constitucionales no constituyen actos formalmente legislativos, no poseen la jerarqu�a de �stos ni, por ende, implican el dep�sito del Poder Legislativo en un individuo.

    En ese tenor, las causas y los fines que ha tenido el Poder Revisor de la C.�n para realizar diversas adiciones al art�culo 49, son reveladoras de que ni el Poder Revisor de la C.�n ha tenido la intenci�n de impedir que las autoridades administrativas emitan disposiciones de observancia general sujetas al principio de preferencia de la ley, ni la C.�n General de la Rep�blica impide a las autoridades que integran los Poderes Ejecutivo o Judicial el establecimiento de normas jer�rquicamente inferiores a las leyes emitidas por el Poder Legislativo.

    Por tanto, de la interpretaci�n de ese dispositivo se advierte que el principio general que establece en cuanto a que no puede depositarse el Poder Legislativo Federal en un individuo, conlleva a que en ning�n caso, salvo lo previsto en los art�culos 29 y 131, p�rrafo segundo, constitucionales, un �rgano del Estado diverso al Congreso de la Uni�n podr� ejercer las atribuciones que constitucionalmente se encuentran reservadas a su competencia, es decir, que conforme al numeral en comento los actos formalmente legislativos que al tenor de la C.�n General de la Rep�blica corresponde emitir al mencionado Congreso no pueden emanar de una autoridad diversa a �ste, salvo los dos casos de excepci�n en los que el titular del Ejecutivo de la Uni�n puede emitir disposiciones de observancia general con la jerarqu�a constitucional que asiste a una ley del Congreso de la Uni�n

    Por ello, debe sostenerse que en el orden jur�dico nacional son actos formalmente legislativos todos aquellos que constitucionalmente corresponde emitir al Poder Legislativo, ya sea al Congreso de la Uni�n, o a las Legislaturas Locales, o bien aquellos que en la propia C.�n General de la Rep�blica se prev� que aun cuando en principio �nicamente pueden emitirse por el Poder Legislativo, excepcionalmente pueden expedirse por el titular del Ejecutivo de la Uni�n, provocando, entonces, que el Poder Legislativo se deposite en una corporaci�n o individuo y que el presidente de la Rep�blica pueda emitir actos formalmente legislativos.

    Entonces, no existe duda de que en el orden jur�dico nacional son actos formalmente legislativos todos aquellos que constitucionalmente corresponde emitir al Poder Legislativo, ya sea al Congreso de la Uni�n o a las Legislaturas Locales, o bien aquellos que en la propia C.�n General de la Rep�blica se prev� que aun cuando en principio �nicamente pueden emitirse por el Poder Legislativo, excepcionalmente pueden expedirse por el titular del Ejecutivo de la Uni�n, provocando, entonces, que el Poder Legislativo se deposite en una corporaci�n o individuo y que el presidente de la Rep�blica pueda emitir actos formalmente legislativos.

    Conviene agregar que la naturaleza formalmente legislativa que el art�culo 72, inciso h), constitucional, reconoce a los actos reservados constitucionalmente al Poder Legislativo, conlleva la adopci�n del principio de preferencia o primac�a de la ley, conforme al cual se estatuye en el orden jur�dico nacional una jerarqu�a normativa, lo que implica asignar a las disposiciones de observancia general diversos rangos, superior o inferior, seg�n el �rgano del que provengan.

    Este principio de jerarqu�a normativa supone la absoluta subordinaci�n a la ley de los reglamentos y dem�s disposiciones de observancia general, por lo que la regulaci�n contenida en estas normas de rango inferior no puede derogar, limitar o excluir lo dispuesto en una ley, a su vez, �sta no tiene l�mites de actuaci�n respecto de aqu�llas, pues puede derogarlas o por el contrario, elevarlas de rango convirti�ndolas en ley, prest�ndoles con ello su propia fuerza superior. Es tal el sometimiento de las normas inferiores a la ley, que aqu�llas no tienen un �mbito exclusivo de regulaci�n, pues cualquiera de las esferas en que se desarrolla, como podr�a ser la organizaci�n interna de la administraci�n p�blica, tambi�n puede ser total o parcialmente regulado por la ley. Entonces, en el orden jur�dico nacional, la superioridad de los actos formalmente legislativos sobre el resto de disposiciones de observancia general es absoluta. Existen criterios de este Alto Tribunal donde se plasman tales principios como son las tesis que llevan por rubros, textos y datos de identificaci�n los siguientes:

    "REGLAMENTOS. EL LEGISLADOR EST� FACULTADO PARA MANTENER TRANSITORIAMENTE SU VIGENCIA, AUN CUANDO LA LEY QUE DETALLABAN HUBIESE SIDO DEROGADA O ABROGADA. Cuando el legislador recupera de manera transitoria la preceptiva reglamentaria de la anterior ley, hasta en tanto se expide el reglamento de la nueva, act�a dentro de sus facultades y no invade la esfera de atribuciones del Ejecutivo, toda vez que en ese supuesto, el legislador no ejercita la facultad reglamentaria que es exclusiva del titular del Ejecutivo en t�rminos de lo dispuesto por el art�culo 89, fracci�n I constitucional, sino que est� legislando con el car�cter provisional del art�culo transitorio, en el entendido de que no existe el impedimento para que el legislador, dentro de la ley, establezca las reglas minuciosas y de detalle que caracterizan a los reglamentos, y que hacen posible la aplicaci�n de aqu�lla." (Novena �poca, Pleno, Semanario Judicial de la F.�n y su Gaceta, T.I.I, marzo de 1996, tesis P. XX/96, p�gina 465).

    "REGLAMENTOS. CASO EN QUE SIGUEN VIGENTES A PESAR DE QUE SE ABROGUE LA LEY EN QUE SE SUSTENTAN. Aun cuando es v�lido concluir que, por regla general, si una ley es reformada, derogada o abrogada, el reglamento que la detalle, se ver� afectado de la misma manera, incluso en el supuesto de que no se hubiese reformado, derogado o abrogado expresamente; sin embargo, cuando en la nueva ley se establezca que los reglamentos de la ley abrogada continuar�n vigentes 'en lo que no se opongan a la nueva ley', tales disposiciones son v�lidas conforme con el principio que reza que quien puede lo m�s puede lo menos, ya que si el legislador est� facultado para poner en vigencia nuevas leyes, resultar�a incongruente que no pudiera mantener la de los reglamentos." (Novena �poca, Pleno, Semanario Judicial de la F.�n y su Gaceta, T.I.I, marzo de 1996, tesis P. XIX/96, p�gina 465).

    En ese orden de ideas, la jerarqu�a formal no es otra cosa que un conjunto de reglas acerca de la validez de las normas consistente en que unas, las que ocupan una posici�n inferior, pierden validez y desaparecen como normas, cuando contradicen a otras, las que ocupan unaposici�n superior. As�, las disposiciones deobservancia general de grado inferior vigentes en un determinado momento quedan derogadas al entrar en vigor una ley que las contradiga y los preceptos de aquellas que contradigan lo dispuesto en el acto formalmente legislativo son nulos, previa declaraci�n del �rgano competente.

    No est� por dem�s agregar que al tenor de lo previsto en el inciso h) del art�culo 72 constitucional, los actos formalmente legislativos tienen una fuerza derogatoria y activa sobre las disposiciones de observancia general a la vez de tener una fuerza pasiva, de resistencia, que se traduce en la nulidad de la norma inferior cuando contradiga a la superior.

    En esos t�rminos, en estrecha relaci�n con el principio de divisi�n de poderes consagrado en el art�culo 49 constitucional, debe tomarse en cuenta que uno de los criterios que estructuran el orden jur�dico nacional es el de la jerarqu�a formal de las leyes emanadas del Poder Legislativo, el cual se ve complementado por otro sistema de articulaci�n de las fuentes legislativas derivado de lo dispuesto en el art�culo 124 de la propia C.�n General de la Rep�blica, conforme al cual se distribuyen en sede constitucional las materias susceptibles de regulaci�n, entre el Congreso de la Uni�n y las Legislaturas Locales.

    En ese contexto, no existe jur�dicamente raz�n alguna para sostener que el art�culo 49 constitucional impide a las autoridades que org�nicamente no se ubican en el Poder Legislativo emitir disposiciones de observancia general, pues lo que impide tal precepto es que autoridades ajenas a ese poder establezcan disposiciones de esa naturaleza que constitucionalmente tienen la jerarqu�a de ley, es decir, que constituyen actos formalmente legislativos.

    No est� por dem�s se�alar que la conclusi�n aqu� adoptada, no desconoce que trat�ndose de las relaciones entre poderes, como una consecuencia propia de la autonom�a que a los mismos reconoce el art�culo 49 constitucional, la obligaci�n de rendir informes de uno a otro poder debe estar consignada en la C.�n, cuesti�n radicalmente diversa a la que se analiza en este fallo, pues este �ltimo criterio se refiere a las facultades y obligaciones de cada uno de los poderes en relaci�n con otro de ellos, en tanto que en el presente se analiza cu�l ha sido el objeto del Constituyente y del Poder Revisor de la C.�n al precisar que no podr�n reunirse dos o m�s de los tres poderes en una sola persona o corporaci�n, ni depositarse el Legislativo en un solo individuo.

    Por tanto, al contrario de lo sostenido por la quejosa en sus conceptos de violaci�n marcados como primero y quinto, la facultad conferida al titular de la S.�a de Comercio y Fomento Industrial en diversos preceptos de la Ley Reglamentaria del Art�culo 131 de la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos en Materia de Comercio Exterior y en el Reglamento contra Pr�cticas Desleales de Comercio Exterior, para emitir disposiciones de observancia general en las que establezca cuotas compensatorias que deber�n cubrir todos los sujetos que se ubiquen en el supuesto de hecho previsto en tales disposiciones, no implica una violaci�n al principio de divisi�n de poderes consagrado en el art�culo 49 constitucional, ni a los principios complementarios de este �ltimo, consistentes en que no pueden reunirse dos o m�s de los Poderes de la Uni�n en una sola persona o corporaci�n, ni depositarse el Legislativo en un solo individuo.

    En efecto, como qued� precisado, el establecimiento de cuotas compensatorias conlleva la emisi�n de disposiciones de observancia general que no constituyen actos formalmente legislativos, pues no tienen como finalidad establecer contribuciones, ni poseen la misma jerarqu�a que corresponde a un acto propio del Poder Legislativo, ya que se encuentran sujetas al principio de preferencia o primac�a de la ley; por ende, al facultarse al titular de la S.�a de Comercio y Fomento Industrial para su emisi�n, no se est�n reuniendo dos poderes en una misma persona, ni siquiera transitoriamente, ni se deposita el Poder Legislativo en un individuo, pues la funci�n materialmente legislativa que realiza el titular de la mencionada dependencia de la administraci�n p�blica, no debe confundirse con las atribuciones formalmente legislativas que en sede constitucional se reservan al Congreso de la Uni�n.

    Por otra parte, en cuanto a lo aducido por la quejosa en su concepto de violaci�n marcado como quinto, en relaci�n con que en el art�culo 131 constitucional no se precisa que el Congreso de la Uni�n pueda facultar al titular de la S.�a de Comercio y Fomento Industrial para establecer cuotas compensatorias, cabe se�alar que tal circunstancia no es obst�culo para que el mencionado Congreso, mediante una ley, otorgue a una determinada autoridad las atribuciones necesarias para conocer y aplicar una restricci�n no arancelaria al comercio exterior.

    As� es, si bien al tenor de lo dispuesto en el p�rrafo primero del art�culo 131 constitucional, el Congreso de la Uni�n est� facultado para emitir, en exclusiva, actos formalmente legislativos que regulen en el �mbito arancelario y no arancelario el comercio exterior, sin que se haga referencia expresa a la posibilidad de establecer cuotas compensatorias, de ello no se sigue que en ejercicio de esa extensa atribuci�n, el referido �rgano legislativo no pueda crear todos aquellos mecanismos de control y tutela del comercio exterior, siempre y cuando no contravenga lo dispuesto en un diverso precepto constitucional.

    Al respecto, debe tomarse en cuenta que al Congreso de la Uni�n en el primer p�rrafo del art�culo 131, en relaci�n con el diverso 73, fracci�n X, ambos de la C.�n General de la Rep�blica, se confiere expresamente la facultad para regular en todo momento la importaci�n y exportaci�n de mercanc�as, pudiendo incluso restringir o prohibir tales operaciones comerciales respecto de determinados productos, as� como reglamentar en el interior de la Rep�blica la circulaci�n de toda clase de efectos.

    En esa virtud, debe estimarse que resulta una facultad necesaria para ejercer esas atribuciones expresas, tanto crear diversos mecanismos que permitan controlar el comercio exterior, como establecer y facultar a determinadas autoridades administrativas para llevar a cabo su ejecuci�n; por lo que debe estimarse que el Congreso de la Uni�n s� tiene, en t�rminos del art�culo 73, fracci�n XXX, de la C.�n General de la Rep�blica, impl�citamente, las atribuciones constitucionales para dotar al titular de la S.�a de Comercio y Fomento Industrial de las facultades necesarias para desarrollar un procedimiento de investigaci�n de pr�cticas desleales de comercio internacional y, en su caso, establecer cuotas compensatorias.

    En relaci�n con el ejercicio de las facultades impl�citas del Congreso de la Uni�n, resultan ilustrativas las tesis que llevan por rubros, textos y datos de identificaci�n los siguientes:

    "FACULTADES IMPL�CITAS. EL LEGISLADOR LAS TIENE PARA OBLIGAR A LOS CONTRIBUYENTES A QUE EN EL C�LCULO DEL IMPUESTO ACTUALICEN EL VALOR DE LOS OBJETOS GRAVADOS. Aun cuando en la Carta Magna no existe una disposici�n que en forma expresa establezca que el legislador tiene facultad de exigir que los contribuyentes actualicen los valores de los objetos gravados mediante las contribuciones, para determinar la base de �stas, lo cierto es que esa potestad s� la tiene impl�citamente conforme a lo dispuesto en los art�culos 31, fracci�n IV, y 73, fracci�n VII, en los que se consagra en favor del Poder Legislativo la facultad para establecer las contribuciones necesarias para cubrir el gasto p�blico, sin limitarlo en cuanto a que al precisar la forma de c�lculo de �stas no pueda exigirle a los causantes actualizar los valores en cita." (Octava �poca, Pleno, Semanario Judicial de la F.�n, T.I., enero de 1992, tesis P. XI/92, p�gina 32).

    "LEY ORG�NICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACI�N, CONSTITUCIONALIDAD DE LA. El Congreso de la Uni�n expidi� la Ley Org�nica del Poder Judicial de la F.�n, que rige la estructura y funcionamiento del propio poder, para que el mismo pueda ejercer de modo efectivo las facultades que le otorga la C.�n General de la Rep�blica, e introdujo en dicha ley las disposiciones que atribuyen a los tribunales de los Estados la funci�n de �rganos auxiliares de los federales, por estimar que sin el auxilio de la justicia com�n, la administraci�n de la Justicia Federal se ver�a en muchos casos retardada y entorpecida. Tal es la raz�n en que se inspiran dichas disposiciones, cuya constitucionalidad, por ende, no puede desconocerse, ya que si el Congreso de la Uni�n las consider� necesarias para hacer efectivas las facultades constitucionales del Poder Judicial de la F.�n, se sigue de ello que fueron expedidas en uso de las facultades impl�citas que a aqu�l concede la fracci�n XXX del art�culo 73 de la Carta Fundamental." (Sexta �poca, Pleno, Semanario Judicial de la F.�n, Volumen XXXV, Primera Parte, p�gina 101).

    "AGRARIO. PERMUTA DE BIENES EJIDALES. CONSTITUCIONALIDAD DE LOS PRECEPTOS DEL C�DIGO AGRARIO QUE LA REGLAMENTAN. La facultad del Congreso de la Uni�n para legislar en materia agraria se funda en las diversas fracciones de los art�culos 27 y 73, fracci�n XXX, ambos de la C.�n Federal. Del primer precepto son relevantes, para sostener la facultad del Congreso de la Uni�n de dictar normas generales en materia agraria, las fracciones VII a la XVI, en cuanto establecen un conjunto de reglas respecto a la organizaci�n ejidal. Si el Congreso de la Uni�n tiene facultad general en materia agraria, tambi�n tiene las facultades impl�citas para dictar las medidas necesarias a fin de cumplir con las facultades expresas, de donde resulta la facultad impl�cita de crear disposiciones de car�cter general sobre permuta de bienes ejidales. No es necesario que alg�n precepto constitucional conceda al Poder Legislativo Federal en forma expresa facultades para legislar sobre permuta de tierras ejidales, pues el art�culo 27 constitucional autoriza a la naci�n, representada en el caso por el Poder Legislativo Federal, para legislar en materia agraria y en uso de tales facultades el Poder Legislativo estableci� en los art�culos 138, 139 y 140 del C�digo Agrario que tales tierras son inalienables, imprescriptibles, inembargables e intransmisibles, pero en el art�culo 141 fij� las excepciones de la regla general, entre las que se encuentra la permuta de los bienes ejidales por otras tierras, pues no existe ning�n principio o disposici�n constitucional que establezca o de la que pudiera deducirse la prohibici�n de tal permuta. En consecuencia, no son inconstitucionales los art�culos 146 y del 278 al 281 del C�digo Agrario que regulan las permutas de tierras ejidales." (S�ptima �poca, Pleno, Semanario Judicial de la F.�n, Volumen 52, Primera Parte, p�gina 13).

    "AGRARIO. COMISIONES AGRARIAS MIXTAS Y COMISARIADOS EJIDALES. COMPETENCIA Y ATRIBUCIONES. SON CONSTITUCIONALES LOS PRECEPTOS DE LA LEY DE REFORMA AGRARIA QUE LAS REGLAMENTAN. Este Tribunal Pleno ha establecido que es facultad exclusiva del Congreso de la Uni�n el legislar en materia agraria, haciendo derivar dicha atribuci�n de las diversas fracciones del art�culo 27 constitucional, particularmente de su fracci�n XI, en concordancia con la fracci�n XXX del art�culo 73 de la misma Ley Fundamental, y ha afirmado tambi�n que si el Poder Legislativo detenta la mencionada facultad, tambi�n posee las facultades impl�citas necesarias para realizar aquellas que le son expresas. El art�culo 27 constitucional en su fracci�n XI, incisos c) y e), establece la existencia de las comisiones agrarias mixtas y de los comisariados ejidales y otorga al Congreso de la Uni�n la facultad de reglamentar la competencia y atribuciones de esos organismos, todo lo cual conlleva a concluir que los art�culos 434 al 440 de la Ley Federal de Reforma Agraria no son contrarios a los art�culos 27 y 133 de la C.�n Federal, sino que se encuentran apegados a dichos preceptos de la Carta Fundamental." (S�ptima �poca, Pleno, Semanario Judicial de la F.�n, Vol�menes 187-192, Primera Parte, p�gina 14).

    "LEY FORESTAL, CONSTITUCIONALIDAD DE LA. Es indudable que conforme al art�culo 27 constitucional, la naci�n tiene la obligaci�n de dictar las medidas de utilidad p�blica necesarias para la conservaci�n, restauraci�n y propagaci�n (natural o artificial) de la vegetaci�n forestal del territorio de la Rep�blica, regulando su aprovechamiento. La facultad que para dictar aquellas medidas otorg� el Constituyente a la naci�n, la ejerce por medio de su �rgano legislador que es el Congreso de la Uni�n, quien, a su vez, obra con facultades impl�citas que le otorga la fracci�n XXIX del art�culo 73 de la Carta Magna. En consecuencia, el Congreso de la Uni�n estuvo en aptitud de expedir la Ley Forestal en vigor, puesto que constitucionalmente est� autorizado para expedir las leyes que sean necesarias para hacer efectivas las facultades concedidas por la C.�n a los Poderes de la Uni�n." (Quinta �poca, Segunda Sala, Semanario Judicial de la F.�n, Tomo LXXXV, p�gina 211).

    No est� por dem�s se�alar que en el caso concreto resulta innegable que con el fin de regular el comercio exterior resulta necesario que el Congreso de la Uni�n emita la normatividad necesaria para desarrollar un procedimiento de investigaci�n de pr�cticas desleales de comercio internacional y que dote a una autoridad administrativa de las facultades para llevarlo a cabo y, en su caso, establecer cuotas compensatorias; m�xime que a nivel internacional se han establecido las bases para ello, en aras precisamente de regular el comercio exterior.

    Por �ltimo, en cuanto a los argumentos desarrollados en el sexto concepto de violaci�n, en los que se aduce la indefinici�n legal de diversos conceptos econ�micos y contables mencionados en la Ley Reglamentaria del Art�culo 131 de la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos en Materia de Comercio Exterior y en el Reglamento contra Pr�cticas Desleales de Comercio Exterior, que a juicio de la quejosa conllevan una transgresi�n a lo previsto en los art�culos 16 y 31, fracci�n IV, constitucionales, por principio, debe se�alarse que, en todo caso, de acontecer lo aducido por la quejosa, tal vicio no podr�a trascender al �ltimo de los preceptos constitucionales citados, ya que las prestaciones patrimoniales denominadas cuotas compensatorias y, en s�, todo el respectivo procedimiento investigatorio, no guardan relaci�n con la materia tributaria.

    Por otra parte, en relaci�n con la supuesta violaci�n del art�culo 16 constitucional, antes de abordar los diversos vicios que se atribuyen a las normas reclamadas, es conveniente precisar que como lo ha reconocido esta Suprema Corte de Justicia en diversos precedentes, el principio de seguridad jur�dica garantizado en su expresi�n gen�rica en los art�culos 14 y 16 constitucionales, se respeta por las autoridades legislativas cuando las disposiciones de observancia general que crean, por una parte, generan certidumbre a los gobernados sobre las consecuencias jur�dicas de su conducta y, por otra, trat�ndose de normas que confieren alguna facultad a una autoridad, acotan en la medida necesaria y razonable tal atribuci�n, en forma tal que se impida a la respectiva autoridad actuar de manera arbitraria o caprichosa.

    En tal virtud, trat�ndose de normas que facultan a las autoridades administrativas para establecer una consecuencia jur�dica que impacta en forma negativa a la esfera jur�dica de los gobernados, para verificar si la regulaci�n relativa respeta el principio de seguridad jur�dica debe tomarse en cuenta si mediante ella el legislador encauz� el �mbito de actuaci�n de aqu�llas dando lugar a que, por un lado, el gobernado conozca cu�l ser� la consecuencia de su conducta y, por otro, la actuaci�n de la respectiva autoridad se encuentre limitada en tal forma que la afectaci�n a la esfera jur�dica de los gobernados no derive de una actuaci�n caprichosa o arbitraria, sino justificada por las circunstancias que rodean la situaci�n de hecho advertida por la autoridad que, en todo caso, deben expresarse por escrito como la motivaci�n de la actuaci�n de esta �ltima.

    Dicho en otras palabras, la norma que prev� una sanci�n o afectaci�n cuya imposici�n corresponde a una autoridad administrativa, respeta el principio de seguridad jur�dica cuando el legislador acota de tal manera la actuaci�n de aqu�lla, que aun cuando le d� un margen que le permita valorar las circunstancias en que aconteci� la respectiva infracci�n o conducta antijur�dica, permita al gobernado conocer las consecuencias de su actuar, e implica que la determinaci�n adoptada por la autoridad, dentro del margen legislativamente permitido, se encuentre debidamente motivada, de manera tal que la decisi�n tomada se justifique por las circunstancias en que se suscit� el hecho.

    Cabe se�alar que tales consideraciones se han tomado en cuenta expresa o impl�citamente en diversos precedentes fallados por la actual integraci�n de este Alto Tribunal, que han dado lugar a las tesis aisladas que llevan por rubros, textos y datos de identificaci�n los siguientes:

    "COMPETENCIA ECON�MICA. LA LEY FEDERAL CORRESPONDIENTE NO TRANSGREDE LOS PRINCIPIOS DE LEGALIDAD, SEGURIDAD JUR�DICA Y DIVISI�N DE PODERES PORQUE CONTIENE LAS BASES NECESARIAS PARA DETERMINAR LOS ELEMENTOS T�CNICOS REQUERIDOS PARA DECIDIR CU�NDO SE EST� EN PRESENCIA DE UNA PR�CTICA MONOP�LICA. La ley mencionada establece las conductas que pueden considerarse como pr�cticas monop�licas utilizando diversos conceptos t�cnicos como el de 'poder sustancial' que tenga el presunto responsable, el de 'mercado relevante' en el que se colocan los bienes o servicios de que se trate, y otros t�rminos que son propios de la materia especializada, y aun cuando la referida ley no contiene una definici�n formal de lo que debe entenderse por cada uno de estos conceptos, s� establece en sus art�culos 12 y 13, entre otros, los criterios que permiten comprender su significado, lo que basta para concluir que no transgrede los principios de legalidad, seguridad jur�dica y divisi�n de poderes establecidos, respectivamente, en los art�culos 14, 16 y 49 de la C.�n Federal, pues no se deja a la autoridad administrativa encargada de la aplicaci�n de la ley, la definici�n de esos conceptos." (Novena �poca, Pleno, Semanario Judicial de la F.�n y su Gaceta, T.X., agosto de 2000, tesis P. CVII/2000, p�gina 107).

    "MULTAS. LOS PRECEPTOS QUE LAS ESTABLECEN ENTRE UN M�NIMO Y UN M�XIMO, DENTRO DE UN CONTEXTO NORMATIVO QUE NO PREV� LOS ELEMENTOS QUE DEBE VALORAR LA AUTORIDAD PARA FIJAR EL MONTO POR EL QUE SE IMPONDR�N, NO TRANSGREDEN EL DERECHO A LA SEGURIDAD JUR�DICA. Esta Suprema Corte de Justicia de la Naci�n ha sostenido en diversos precedentes el criterio de que el derecho fundamental a la seguridad jur�dica, garantizado en su expresi�n gen�rica en los art�culos 14 y 16 constitucionales, se respeta por el legislador en las disposiciones de observancia general mediante las cuales establece sanciones administrativas a los gobernados, si con la regulaci�n respectiva se genera certidumbre a �stos sobre las consecuencias jur�dicas de su conducta y, adem�s, se acota en la medida necesaria y razonable tal atribuci�n, impidiendo a la autoridad actuar de manera arbitraria o caprichosa. En tal virtud, trat�ndose de sanciones pecuniarias el referido derecho se acata cuando en la norma respectiva se establece un tope o m�xima cuant�a monetaria a la cual puede ascender el monto de la multa, con independencia de que en el propio cuerpo jur�dico no se prevean los elementos que debe considerar la autoridad sancionadora para calcular el monto al que ascender� su imposici�n, pues ante ese contextonormativo la autoridad sancionadora tendr�plenamente acotado su campo de acci�n ya que, por una parte, no podr� sobrepasar el m�ximo legal y, por la otra, la decisi�n que adopte sobre la cuant�a a la que ascienda la sanci�n, superior al m�nimo, en t�rminos de lo dispuesto en el p�rrafo primero del mencionado art�culo 16 deber� plasmarse por escrito, expresando las circunstancias de hecho que justifiquen el monto determinado; valoraci�n en la que la autoridad deber� atender tanto a la afectaci�n que la conducta il�cita ha generado al bien jur�dico tutelado en el respectivo ordenamiento, como a la capacidad econ�mica del infractor, la reincidencia o cualquier otro elemento del que pueda inferirse la levedad o gravedad de aqu�lla." (Novena �poca, Segunda Sala, Semanario Judicial de la F.�n y su Gaceta, T.X., diciembre de 2000, tesis 2a. CLXIV/2000, p�gina 448).

    "AGUAS NACIONALES. LA LEY RELATIVA RESPETA LA GARANT�A DE LEGALIDAD CONSAGRADA EN EL ART�CULO 16 CONSTITUCIONAL, PORQUE ESTABLECE LAS NORMAS A QUE DEBE SUJETARSE LA COMISI�N NACIONAL DEL AGUA EN LA DEMARCACI�N DE LOS CAUCES Y RIBERAS. El art�culo 3o., fracciones III, VIII y XII, de la Ley de Aguas Nacionales define los conceptos de: a) cauce de una corriente como 'el canal natural o artificial que tiene la capacidad necesaria para que las aguas de la creciente m�xima ordinaria escurran sin derramarse', especificando que 'cuando las corrientes est�n sujetas a desbordamiento, se considerar� como cauce el canal natural, mientras no se construyan obras de encauzamiento'; b) el de ribera o zona federal como 'las fajas de diez metros de anchura contigua al cauce de las corrientes o al vaso de los dep�sitos de propiedad nacional, medida horizontalmente a partir del nivel de aguas m�ximas ordinarias' y trat�ndose de cauces con una anchura no mayor de cinco metros 'la amplitud de la ribera o zona federal ser� de cinco metros', estableciendo tambi�n la forma de delimitaci�n de tales franjas mediante el c�lculo de 'el nivel de aguas m�ximas ordinarias' a partir de 'la creciente m�xima ordinaria que ser� determinada por la comisi�n, de acuerdo con lo dispuesto en el reglamento de esta ley' y especific�ndose que 'en los r�os, estas fajas se delimitar�n a partir de cien metros r�o arriba, contados desde la desembocadura de �stos en el mar'; y c) el de vaso de lago, laguna o estero como 'el dep�sito natural de aguas nacionales delimitado por la costa de la creciente m�xima ordinaria'. Deriva de lo anterior que la C.�n Nacional del Agua, en la demarcaci�n o delimitaci�n de los cauces y zonas federales de las aguas nacionales, no goza de un libre arbitrio, sino que su actuaci�n est� sujeta a lo dispuesto en la Ley de Aguas Nacionales y su reglamento, por encontrarse definido lo que debe entenderse por el cauce de la corriente, as� como la extensi�n de las franjas que constituir�n la ribera o zona federal, no pudi�ndose comprender extensiones mayores a las que expresamente se se�alan, sin que obste a lo anterior el que sea la comisi�n quien determine la creciente m�xima ordinaria a partir de la cual se calcular� el nivel de aguas m�ximas ordinarias que ser� el punto de partida de la medida horizontal de las franjas, pues ello deber� hacerlo de acuerdo con lo dispuesto en el reglamento de la ley, en concreto, en su art�culo 4o., fracciones I, III, V, VI y VII, poniendo a disposici�n de quien lo solicite la informaci�n de la creciente m�xima ordinaria determinada para un cauce o vaso espec�ficos, conforme a las fracciones II y IV, inciso c), del mismo precepto. Por tanto, la Ley de Aguas Nacionales respeta la garant�a de legalidad consagrada en el art�culo 16 constitucional, porque establece las normas a que deber� sujetarse la C.�n Nacional del Agua en la demarcaci�n o delimitaci�n de los cauces y riberas o zonas federales de las aguas nacionales." (Novena �poca, Pleno, Semanario Judicial de la F.�n y su Gaceta, T.V., enero de 1998, tesis P. III/98, p�gina 100).

    "EQUILIBRIO ECOL�GICO Y PROTECCI�N AL AMBIENTE. EL ART�CULO 170, FRACCI�N I, DE LA LEY GENERAL RELATIVA, QUE FACULTA A LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA PARA IMPONER UNA CLAUSURA TEMPORAL, PARCIAL O TOTAL, NO TRANSGREDE LAS GARANT�AS DE LEGALIDAD Y SEGURIDAD JUR�DICA CONTENIDAS EN EL ART�CULO 16 CONSTITUCIONAL. La potestad concedida a la S.�a de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, en el referido precepto, para ordenar la clausura temporal, total o parcial, de fuentes contaminantes, as� como de las instalaciones en que se manejen o almacenen espec�menes, productos o subproductos de especies de flora o de fauna silvestre y recursos forestales o se desarrollen actividades que impliquen un riesgo inminente de desequilibrio ecol�gico, de da�o o deterioro grave de los recursos naturales o de contaminaci�n con repercusiones peligrosas para los ecosistemas, sus componentes o para la salud p�blica, no transgrede las garant�as de legalidad y seguridad jur�dica, consagradas en el art�culo 16 de la C.�n Federal. Ello es as�, porque el precepto impugnado no genera incertidumbre a los gobernados ni permite actuaciones arbitrarias de la autoridad, ya que las circunstancias que dan origen a la imposici�n de la clausura temporal, total o parcial, se encuentran definidas en la propia Ley General del Equilibrio Ecol�gico y la Protecci�n al Ambiente, espec�ficamente en su art�culo 3o., donde se precisan los conceptos de contaminaci�n, desequilibrio ecol�gico, ecosistema y recurso natural, par�metros que acotan el ejercicio de esa facultad discrecional, cuya finalidad es la preservaci�n y restauraci�n del equilibrio ecol�gico, as� como la protecci�n al ambiente en el territorio nacional. Adem�s, el hecho de que en el art�culo combatido se conceda a la autoridad administrativa un margen de discrecionalidad para determinar el riesgo, da�o o deterioro graves y las repercusiones peligrosas que producen las actividades de los particulares, y con base en ello la procedencia de una clausura total o parcial, no significa que se permita la arbitrariedad, pues su actuaci�n siempre se encuentra sujeta a los requisitos de fundamentaci�n y motivaci�n." (Novena �poca, Pleno, Semanario Judicial de la F.�n y su Gaceta, Tomo XI, junio de 2000, tesis P. LXXXV/2000, p�gina 25).

    "PROTECCI�N AL CONSUMIDOR. EL ART�CULO 128, SEGUNDO P�RRAFO, DE LA LEY FEDERAL RELATIVA ES INCONSTITUCIONAL EN CUANTO OMITE ESTABLECER LOS DATOS QUE PERMITAN A LA AUTORIDAD DEFINIR LOS CASOS 'PARTICULARMENTE GRAVES' PARA EFECTO DE LA IMPOSICI�N DE LA SANCI�N DE CLAUSURA. El segundo p�rrafo del art�culo 128, de la Ley Federal de Protecci�n al Consumidor, viola las garant�as de legalidad y seguridad jur�dica que prev� el art�culo 16 de la C.�n General de la Rep�blica, porque omite definir los elementos de juicio que permitan a la autoridad establecer 'los casos particularmente graves', que deben sancionarse con clausura. Dicha disposici�n prev� la clausura del establecimiento hasta por un plazo de quince d�as, sin precisar cu�les son las infracciones a la propia ley que ameritan tal sanci�n, como s� lo hace trat�ndose de infracciones a las que corresponde una sanci�n de naturaleza econ�mica; adem�s, tampoco define los par�metros o lineamientos que han de servir a la autoridad aplicadora para calificar como 'particularmente grave' una infracci�n. Cabe hacer notar que para efectos de establecer los criterios que lleven a la autoridad a establecer la sanci�n administrativa de clausura, no resulta aplicable el art�culo 132 de la propia ley, pues este precepto �nicamente permite determinar o fijar la sanci�n que en cada caso corresponda, entre los extremos m�nimo y m�ximo permitidos, pero no define los 'casos particularmente graves'. As�, el referido art�culo 128, segundo p�rrafo de la Ley Federal de Protecci�n al Consumidor, es violatorio de las garant�as de legalidad y seguridad jur�dica previstas en el invocado art�culo 16 constitucional, porque deja a los particulares en estado de indefensi�n, al desconocer �stos los motivos y razones que conducen a la autoridad sancionadora a calificar como 'particularmente grave' la infracci�n que se les atribuya." (Novena �poca, Pleno, Semanario Judicial de la F.�n y su Gaceta, T.I.I, mayo de 1996, tesis P. LXXII/96, p�gina 115).

    En abono a lo anterior, conviene adelantar que si el objeto de las disposiciones impugnadas es atribuir efectos jur�dicos a las conductas que se desarrollen en las operaciones de comercio exterior, obligado resulta para el legislador acudir a t�rminos, conceptos y f�rmulas de naturaleza econ�mica, contable y financiera que le permitan medir la regularidad y el impacto de las conductas que desea controlar para proteger el bien jur�dico tutelado.

    Desde este punto de vista, no puede ser censurado que el legislador incorpore a sus normas el l�xico propio de la materia que aborda, ni tampoco puede exig�rsele que incluya obligadamente una definici�n de tales conceptos, cuando se trate de conceptos que de origen no son de manufactura jur�dica, pues entonces se entiende que la intenci�n del legislador es atribuir a los vocablos que emplea el significado que les es propio en la disciplina de la cual provienen.

    En efecto, ha de tenerse presente que el lenguaje jur�dico, al igual que el lenguaje com�n, no escapa de la indeterminaci�n que es propia de ciertos vocablos cuya definici�n abstracta adquiere un sentido espec�fico s�lo cuando es posible aplicarla en un caso concreto; sirva de ejemplo la cita de numerosos conceptos jur�dicos -que alg�n sector de la doctrina califica como conceptos jur�dicos indeterminados- de uso frecuente en los textos legales o inclusive en la jurisprudencia de este Alto Tribunal, tales como "orden p�blico", "inter�s social", "extrema necesidad", "ruinosidad", "utilidad p�blica", "apariencia del buen derecho", "importancia y trascendencia", "bien com�n", los cuales adquieren un significado preciso y concreto s�lo en presencia de las circunstancias espec�ficas de cada caso particular.

    Cu�ndo una medida es contraria al orden p�blico, cu�ndo un acto es contrario al inter�s general, cu�ndo un asunto es de importancia y trascendencia, cu�ndo un particular goza de la apariencia del buen derecho, cu�ndo una edificaci�n se halla en estado de ruinosidad, cu�ndo una persona se halla en extrema necesidad, son cuestiones que no pueden resolverse a trav�s de una definici�n formal de los conceptos, sino �nicamente mediante el examen de los casos particulares respecto de los cuales se plantea su aplicaci�n.

    Ocurre en estos casos que el legislador se ve precisado a emplear estos conceptos jur�dicos indeterminados porque la soluci�n de un asunto concreto depende justamente de la apreciaci�n particular de las circunstancias que a �l concurran, lo cual de ninguna manera significa que se deje en manos de la autoridad administrativa la facultad de dictar libremente o incluso arbitrariamente la resoluci�n que corresponda, pues en todos estos casos, el ejercicio de la funci�n administrativa est� sometida al control de las garant�as de fundamentaci�n y motivaci�n que presiden el desarrollo no s�lo de las facultades regladas o discrecionales, sino tambi�n de aquellas en que ha de hacerse uso del arbitrio.

    Si en un negocio concreto la autoridad afirma que un acto afecta el inter�s general, debe motivar y fundar su determinaci�n a modo de que sea el �rgano de control de la legalidad el que est� en posibilidades de revisar su actuaci�n y de examinar las defensas que en contra de la resoluci�n argumente la persona afectada. Es en este campo de la aplicaci�n de conceptos legales laxos, en que el control de legalidad de la actuaci�n administrativa adquiere especial relevancia, en la medida en que permite satisfacer dos principios igualmente valiosos: por un lado, la necesidad de que sea el �rgano encargado de aplicar la ley quien aprecie las circunstancias del caso particular para alcanzar una decisi�n m�s justa y, por otro, la exigencia de que se preserve la seguridad jur�dica de los gobernados, proscribiendo la arbitrariedad de la autoridad administrativa.

    Sentado lo anterior, a continuaci�n se aborda lo planteado por la quejosa en su sexto concepto de violaci�n, debiendo precisarse que en el an�lisis correspondiente se toma en cuenta lo previsto en el contexto normativo que a la fecha de la emisi�n de las resoluciones impugnadas reg�a en nuestro pa�s, es decir, tanto la referida ley reglamentaria y el Reglamento contra Pr�cticas Desleales de Comercio Internacional, como el art�culo VI del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y de Comercio de 1947, y el Acuerdo relativo a la Aplicaci�n del Art�culo VI de este �ltimo acuerdo general, cuyo texto, en la parte conducente, qued� transcrito en el presente fallo.

    En primer lugar, la quejosa se duele de que legalmente no est� prevista con claridad la definici�n de pr�ctica desleal de comercio internacional; al efecto, cabe se�alar que de la interpretaci�n sistem�tica de lo previsto en los art�culos 7o. de la ley reglamentaria, en relaci�n con el diverso VI del mencionado acuerdo general, se llega a la conclusi�n de que una pr�ctica desleal de comercio internacional es la actividad consistente en realizar importaciones en condiciones de discriminaci�n de precios o mediante una subvenci�n no aceptada internacionalmente, que causa o amenaza causar un da�o significativo a la producci�n nacional de un bien id�ntico o similar.

    Por otra parte, la quejosa estima que lo dispuesto en el art�culo 7o., fracci�n I, inciso b), de la ley reglamentaria transgrede el principio de seguridad jur�dica al no definir el concepto de costo de producci�n, c�mo se determina este �ltimo, c�mo se calcula la utilidad y c�mo debe cuantificarse la misma; adem�s, tampoco se precisan los conceptos de gastos de transportaci�n y ventas.

    Al respecto, cabe se�alar que el precepto impugnado es aplicable para determinar el precio de venta al que las importaciones sujetas a investigaci�n debieron realizarse en el pa�s de origen, y ni en �ste, ni en un tercer pa�s, se vendi� la mercanc�a respectiva en el curso de operaciones normales o a causa de la situaci�n especial del mercado, como sucede cuando se trata de un pa�s con una econom�a centralmente planificada, por lo que las ventas del referido bien no permiten la comparaci�n adecuada que d� lugar a concluir si las realizadas hacia nuestro pa�s se concretaron en condiciones de discriminaci�n de precios, como deriva de la interpretaci�n sistem�tica de lo previsto en el numeral impugnado y en el art�culo 2o., p�rrafo 4o., del Acuerdo relativo a la Aplicaci�n del Art�culo VI del Acuerdo General de Aranceles Aduaneros y Comercio de 1947.

    Ante esa circunstancia, la autoridad investigadora deber� reconstruir el precio que corresponde al mercado de origen, es decir, el valor normal, para lo cual debe considerar el costo de producci�n en el pa�s de origen m�s una cantidad razonable por concepto de gastos administrativos, de venta y de cualquier tipo, as� como por utilidad o beneficios.

    A su vez, el art�culo 2o., fracci�n II, p�rrafo cuarto, del Reglamento contra Pr�cticas Desleales de Comercio Internacional precisa que el costo de producci�n se calcular� bas�ndose en el conjunto de los costos fijos como variables, referidos a los materiales y a la fabricaci�n, en el curso de operaciones normales, en el pa�s de origen, incrementados en un importe razonable por los gastos administrativos y los dem�s gastos generales.

    Ahora bien, respecto de la indefinici�n del concepto de costo de producci�n, destaca que tanto en el �mbito econ�mico como en el contable existe coincidencia sobre el alcance de tal concepto.

    Trat�ndose de los conceptos de costos fijos y variables, A.R.S., en su obra "Microeconom�a un Enfoque Moderno", Cecsa, M�xico, 1996, los define como:

    "Costos fijos: son los de los factores fijos de la producci�n, los que no cambian con el nivel de producci�n. Los costos variables son los de los factores variables de la producci�n."

    Por su parte, P. y Rubinfeld, en su libro intitulado "Microeconom�a", L., M�xico, 1998, sostienen que:

    "El costo total de la producci�n tiene dos componentes, el costo fijo que la empresa debe absorver independientemente del nivel de producci�n que logre y el costo variable, que var�a con el nivel de la producci�n. Al depender de las circunstancias, los costos fijos pueden incluir los gastos de mantenimiento de la planta, seguros y posiblemente un n�mero m�nimo de empleados -estos costos permanecen iguales sin importar cu�nto produzca la empresa. Los costos variables incluyen gastos por salarios, sueldo y materias primas- estos costos suben conforme aumenta la producci�n."

    En relaci�n con los diversos costos y gastos a los que alude la quejosa, de especial relevancia resultan, incluso, las acepciones que en forma coincidente con la ciencia econ�mica la t�cnica contable ha desarrollado y detallado; al respecto es ilustrativo lo sostenido por A.O.P.�rez de Le�n, en su obra intitulada "Contabilidad de Costos", 6a. Ed., L., M�xico, 2000, de la cual destaca:

    "Costos ... son el conjunto de pagos, obligaciones contra�das, consumos, depreciaciones, amortizaciones y aplicaciones atribuibles a un periodo determinado, relacionadas con las funciones de producci�n, distribuci�n, administraci�n y financiamiento. A su vez, los costos pueden clasificarse en dos grupos fundamentales: a) los relacionados con la funci�n manufacturera o fabril; y, b) los referentes a las funciones de distribuci�n, administraci�n y financiamiento. A los primeros se les conoce generalmente con el nombre de costos de producci�n o costos propiamente dicho, usando el t�rmino en un sentido m�s limitado. A los segundos se les designa costos de distribuci�n, administraci�n y financiamiento y, en un aspecto m�s limitado tambi�n, se les denomina gastos.

    "Los costos de producci�n est�n formados por tres elementos fundamentales: 1) la materia prima empleada en la producci�n; 2) la mano de obra o trabajo humano utilizado en la transformaci�n de aqu�lla; 3) un conjunto de erogaciones, consumos, depreciaciones, amortizaciones y aplicaciones de activos fijos, cargos diferidos y gastos pagados por adelantado, de car�cter fabril, necesarios para efectuar dicha transformaci�n.

    "Los costos de distribuci�n, administraci�n y financiamiento, a su vez, se clasifican de acuerdo con el tipo de actividad a que se refieren: 1) costos de distribuci�n, que comprenden todas las erogaciones, depreciaciones, amortizaciones y aplicaciones correspondientes al almacenamiento, empaque, despacho y entrega de los productos terminados; los gastos de promoci�n, publicidad y propaganda y los gastos del departamento de ventas y de su personal; 2) costos de administraci�n, que abarcan todas las erogaciones, depreciaciones, amortizaciones y aplicaciones relacionadas con la direcci�n y manejo de las operaciones generales de la empresa, incluidas la gerencia, tesorer�a, contralor�a, contabilidad, auditor�a, cr�dito y cobranzas, caja y oficinas generales y 3) los costos financieros, que incluyen las erogaciones y aplicaciones de erogaciones previas relacionadas con la obtenci�n de recursos ajenos que la empresa necesita para su desenvolvimiento, por los que debe cubrir determinadas prestaciones, tales como los intereses sobre pr�stamos, sobre emisi�n de las obligaciones, etc.

    "Costos variables. Son aquellos cuya magnitud cambia en raz�n directa del volumen de las operaciones realizadas. Costos variables de producci�n son, por consiguiente, los que sufren aumentos o disminuciones proporcionales a los aumentos o disminuciones registrados en el volumen de la producci�n. Ejemplos t�picos de costos variables de producci�n: materia prima consumida; mano de obra directa empleada (cuando se paga sobre la base de 'destajo' -o sea, en funci�n de la producci�n-); impuestosespeciales a la producci�n; ciertos materialesindirectos utilizados; fuerza, combustibles, lubricantes.

    "Costos variables de distribuci�n y financiamiento (y en casos excepcionales de administraci�n) ser�n, a su vez, aquellos que cambien en proporci�n a las modificaciones sufridas por el volumen de ventas (ya que dichos costos est�n relacionados con la venta misma y no con la producci�n). Ejemplos t�picos de costos variables de distribuci�n y financiamiento: C.ones a vendedores, gastos de publicidad y propaganda -cuando se planean sobre la base de un por ciento determinado del volumen de ventas-, material de empaque, fletes y acarreos de productos vendidos, descuentos por pronto pago, provisi�n para cuentas incobrables -cuando se calcula sobre la base de un por ciento sobre la venta-, intereses sobre descuentos bancarios de documentos recibidos de clientes.

    "Debido a que estos costos -de producci�n, distribuci�n y financiamiento- se modifican en proporci�n a los cambios en los vol�menes de producci�n y venta, su efecto sobre el costo de la unidad producida o vendida es constante.

    "Costos fijos. Son aquellos que permanecen constantes en su magnitud, independientemente de los cambios registrados en el volumen de operaciones realizadas. Costos fijos de producci�n son, por consiguiente, todos los que no sufren modificaciones a pesar de que la producci�n aumente o disminuya. Ejemplos t�picos: sueldos de los directores y funcionarios de la f�brica, calefacci�n utilizada en los departamentos de la planta fabril, depreciaci�n de activos fijos fabriles (si la depreciaci�n se calcula por el m�todo de l�nea recta u otros que ser�n materia de estudio posterior), amortizaci�n de cargos diferidos fabriles, aplicaci�n de gastos fabriles pagados por anticipado.

    Costos fijos de distribuci�n, administraci�n y financiamiento son, a su vez, aquellos que permanecen constantes, independientemente del volumen de ventas logrado. Ejemplos t�picos: sueldo del gerente de ventas; publicidad y propaganda -cuando �stas son por cantidades invariables, periodo a periodo, independientemente del volumen de ventas-; calefacci�n utilizada en las oficinas de ventas; depreciaci�n, amortizaci�n y aplicaci�n de activos fijos, cargos diferidos y gastos de venta pagados por anticipado, respectivamente; sueldos de los directores de la empresa y de los principales funcionarios de tesorer�a, contralor�a, auditor�a, contabilidad, cr�dito y cobranzas; calefacci�n utilizada en los departamentos administrativos; depreciaci�n, amortizaci�n y aplicaci�n de activos fijos, cargos diferidos y gastos administrativos pagados por anticipado; intereses sobre pr�stamos hipotecarios obtenidos por la empresa.

    Entre los costos de producci�n, dentro de los cargos indirectos destacan los de mano de obra indirecta; al efecto el citado autor, en v�a de ejemplo, se�ala:

    "1. Sueldos y prestaciones de los altos funcionarios de la f�brica.

    "2. Sueldos y prestaciones de jefes de departamentos fabriles.

    "3. Sueldos y prestaciones de empleados administrativos fabriles.

    "4. Salarios y prestaciones de trabajadores de departamentos fabriles en los que no se lleva a cabo la transformaci�n de los productos.

    "5. Salarios y prestaciones de trabajadores de departamentos fabriles en los que se lleva a cabo la transformaci�n de los productos, cuando aqu�llos no intervienen en �sta.

    "6. Salarios y prestaciones de operarios que, aunque normalmente est�n consagrados a la elaboraci�n de productos, transitoriamente pueden no realizar actividades de transformaci�n (enfermedades pagadas, vacaciones, trabajos generales, etc.).

    7. Prestaciones correspondientes a los trabajadores que intervienen directamente en la producci�n por razones pr�cticas de conveniencia.

    Por otra parte, dentro de los costos de distribuci�n, en v�a de ejemplo en la misma obra se citan los siguientes:

    "De distribuci�n.

    "1. Sueldo del almacenista y empleados del almac�n de art�culos terminados.

    "2. Proporci�n de la renta del edificio correspondiente al almac�n de art�culos terminados.

    "3. Alumbrado y calefacci�n correspondientes al almac�n de art�culos terminados.

    "4. Materiales de empaque correspondientes al almac�n de art�culos terminados.

    "5. Depreciaci�n del equipo correspondiente al almac�n de art�culos terminados.

    "6. Sueldos y prestaciones del personal de reparto.

    "7. Erogaciones relacionadas con el equipo de reparto (combustibles y lubricantes).

    "8. Depreciaci�n del equipo de reparto.

    "9. Fletes pagados a la clientela.

    "10. Sueldos y prestaciones de los altos funcionarios y empleados de la divisi�n de ventas.

    "11. Alumbrado y calefacci�n correspondientes a la divisi�n de ventas.

    "12. Correos, tel�fonos y tel�grafos correspondientes a la divisi�n de ventas.

    "13. P.�a y �tiles de escritorio consumidos en la divisi�n de ventas.

    "14. Depreciaci�n de la secci�n del edificio correspondiente a la divisi�n de ventas.

    "15. Depreciaci�n del mobiliario y equipo de la divisi�n de ventas.

    "16. C.ones a vendedores y supervisores.

    "17. Sueldos y prestaciones a vendedores y supervisores.

    "18. Gastos de viaje de vendedores y supervisores.

    "19. Publicidad, en sus diferentes formas.

    "20. Costo de las muestras obsequiadas a los clientes.

    "21. P. y fletes por env�os de folletos, literatura y muestras.

    22. Aplicaci�n de la prima de seguro del equipo de reparto.

    Como se advierte, para determinar el costo de producci�n la autoridad debe tomar en cuenta las bases que sobre tal concepto brinda la teor�a econ�mica e incluso la t�cnica contable, erogaciones que por su gran diversidad, atendiendo a las diversas circunstancias que pueden rodear la producci�n de cada mercanc�a, no requieren ser definidas por el propio legislador, ya que, en todo caso, el contexto normativo en estudio precisa que deben cuantificarse los costos o gastos de cualquier tipo que trasciendan al precio real de la mercanc�a, por lo que los costos a valorar depender�n de la naturaleza del respectivo proceso productivo, sin que ello implique una violaci�n al principio de seguridad jur�dica, pues al brindar las disposiciones en estudio un par�metro cierto que rige la actuaci�n de la autoridad investigadora, en todo caso, podr�n existir errores de cuantificaci�n que el sujeto afectado podr� impugnar mediante los medios de defensa procedentes.

    En relaci�n con la circunstancia de que no se precise conforme a qu� procedimiento se calcular�n los mencionados costos, ello tampoco deja en estado de incertidumbre al gobernado, pues con independencia de cu�l de ellos utilice la autoridad, lo cierto es que para la debida aplicaci�n de la ley, �sta deber� seguir aquel que le permita conocer con base en la informaci�n recabada y verificada en qu� costos incurri� el productor extranjero dentro del correspondiente proceso productivo, atendiendo en todo caso a la naturaleza de �ste, pudiendo las partes interesadas dentro del procedimiento de investigaci�n aportar los medios de prueba que estimen conducentes para desvirtuar la cuantificaci�n realizada por la autoridad, proponiendo, en su caso, diversos m�todos de costeo.

    Por otra parte, en cuanto a la utilidad y al margen razonable de �sta que servir� para calcular el valor reconstruido de las mercanc�as importadas, cuando no se realicen ventas de mercanc�a id�ntica o similar en el curso de operaciones comerciales normales en el mercado interior del pa�s de origen o en un tercer pa�s, debe tomarse en cuenta que conforme al art�culo 2o., p�rrafo pen�ltimo, en relaci�n con el 22, ambos del mencionado reglamento, la autoridad, para calcular la utilidad deber�, por un lado, aplicar los principios de contabilidad generalmente aceptados y, por otro, considerar como tope al incremento que se realice por ese concepto, la utilidad observada en las ventas de productos de la misma categor�a general en el mercado interior del pa�s de origen; todo lo cual genera certidumbre a los gobernados sobre qu� instrumentos deber� utilizar la autoridad para calcular la referida utilidad y cu�l ser� el margen razonable dentro del cual se podr� determinar la misma.

    Por lo que ve al concepto de da�o que brinda el art�culo 1o., fracci�n VIII, del reglamento impugnado, la quejosa se�ala que aqu�l es impreciso, porque no lo define, no prev� c�mo se cuantifica la p�rdida o menoscabo patrimonial, ni se�ala en qu� consiste una ganancia l�cita y normal, ni qu� productores son representativos de una parte significativa de la producci�n nacional.

    El referido precepto dispone:

    Da�o a la producci�n nacional es la p�rdida o menoscabo patrimonial o la privaci�n de cualquier ganancia l�cita y normal que sufran o puedan sufrir uno o varios productores nacionales como consecuencia inmediata y directa de cualquiera de las pr�cticas desleales de comercio internacional previstas en el art�culo 7o. de la ley y en el presente reglamento.

    En relaci�n con este planteamiento, debe partirse por se�alar que ni los referidos instrumentos internacionales ni la legislaci�n interna impugnada, obligan a la autoridad competente a cuantificar en una cantidad espec�fica de car�cter monetario el monto al que asciende el da�o o amenaza de da�o causados a la producci�n nacional como consecuencia de la importaci�n de mercanc�as en condiciones de dumping, sino que para analizar la existencia de estos factores, y determinar si se justifica legalmente el establecimiento de cuotas compensatorias a su importaci�n, la autoridad investigadora debe valorar las variables econ�micas que reflejan las condiciones generales de la econom�a, el comportamiento de las importaciones sujetas a investigaci�n y la evoluci�n de la producci�n nacional del bien id�ntico o similar, lo que le permitir� concluir, en caso de advertir que la respectiva producci�n nacional tuvo en el periodo investigado un comportamiento negativo o menos ben�fico de lo esperado en el entorno nacional e internacional en que se desenvuelve, si las importaciones realizadas en condiciones de discriminaci�n de precios fueron las causantes directas de ello.

    Para sustentar la anterior afirmaci�n debe tomarse en cuenta lo establecido en los art�culos 3o. del Acuerdo relativo a la Aplicaci�n del Art�culo VI del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1979, y 15 de la Ley Reglamentaria del Art�culo 131 de la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos en Materia de Comercio Exterior, los cuales disponen:

    "Art�culo 3o.

    "Determinaci�n de la existencia de da�o*3

    *3En el presente c�digo se entender� por ?da�o?, salvo indicaci�n en contrario, un da�o importante causado a una producci�n naciional, una amenaza de da�o importante a una producci�n nacional o un retraso sensible en la creaci�n de esta producci�n, y dicho t�rmino deber� interpretarse de conformidad con las disposiciones del presente art�culo.

    *3 En el presente acuerdo, el t�rmino ?da�o? designa el concepto expresado con la palabra ?perjuicio? (injury) en la actual versi�n espa�ola del art�culo VI del acuerdo general (esta nota s�lo concierne al texto espa�ol).

    "1. La determinaci�n de la existencia de da�o a los efectos del art�culo VI del acuerdo general se basar� en pruebas positivas y comprender� un examen objetivo: a) del volumen de las importaciones objeto de dumping y su efecto en los precios de productos similares en el mercado interno y b) de los efectos consiguientes de esas importaciones sobre los productores nacionales de tales productos.

    "2. Con respecto al volumen de las importaciones objeto de dumping, la autoridad investigadora tendr� en cuenta si ha habido un aumento considerable de las importaciones objeto de dumping, en t�rminos absolutos o en relaci�n con la producci�n o el consumo del pa�s importador. Con respecto a los efectos de las importaciones objeto de dumping sobre los precios, la autoridad investigadora tendr� en cuenta si se ha puesto a las importaciones objeto de dumping un precio considerablemente inferior al de un producto similar del pa�s importador, o bien si de otro modo el efecto de tales importaciones es hacer bajar los precios en medida considerable o impedir en medida considerable la subida que en otro caso se hubiera producido. Ninguno de estos factores aisladamente ni varios de ellos juntos bastar�n necesariamente para obtener una orientaci�n decisiva.

    "3. El examen de los efectos sobre la producci�n de que se trate incluir� una evaluaci�n de todos los factores e �ndices econ�micos pertinentes que influyan en el estado de esa producci�n, tales como la disminuci�n actual y potencial del volumen de producci�n, las ventas, la participaci�n en el mercado, los beneficios, la productividad, el rendimiento de las inversiones o la utilizaci�n de la capacidad; los factores que repercutan en los precios internos; los efectos negativos actuales o potenciales en el flujo de caja (cash flow), las existencias, el empleo, los salarios, el crecimiento, la capacidad de reunir capital o la inversi�n. Esta enumeraci�n no es exhaustiva, y ninguno de esos factores aisladamente ni varios de ellos juntos bastar�n necesariamente para obtener una orientaci�n decisiva.

    "4. Habr� de demostrarse que, por los efectos*4 del dumping, las importaciones objeto de dumping causan da�o en el sentido del presente c�digo. Podr� haber otros factores*5 que al mismo tiempo perjudiquen a la producci�n, y los da�os causados por ellos no se habr�n de atribuir a las importaciones objeto de dumping.

    *4 Seg�n se enuncian en los p�rrafos 2 y 3 del presente art�culo.

    *5 Estos factores podr�n ser, entre otros, el volumen y los precios de las importraciones no vendidas a precios de dumping, la contracci�n de la demanda o variaciones en la estructrua del consumo, las pr�cticas comerciales restrictivas de los productores extranjeros y nacionales, y la competencia entre ellos, la evoluci�n de la tecnolog�a y los resultados de la actividad exportadora y la productividad de la producci�n nacional.

    "5. El efecto de las importaciones objeto de dumping se evaluar� en relaci�n con la producci�n nacional del producto similar cuando los datos disponibles permitan identificarla separadamente con arreglo a criterios tales como: el proceso de producci�n, el resultado de las ventas de los productores, los beneficios. Cuando la producci�n nacional del producto similar no tenga una identidad separada con arreglo a dichos criterios, el efecto de las importaciones objeto de dumping se evaluar� examinando la producci�n del grupo o gama m�s restringido de productos que incluya el producto similar y a cuyo respecto pueda proporcionarse la informaci�n necesaria.

    "6. La determinaci�n de la existencia de una amenaza de da�o se basar� en hechos y no simplemente en alegaciones, conjeturas o posibilidades remotas. La modificaci�n de las circunstancias que dar�a lugar a una situaci�n en la cual el dumping causar�a un da�o deber� ser claramente prevista e inminente.*6

    *6 Un ejemplo de ello, si bien no de car�cter exclusivo, es que existan razones convincentes para creer que en el futuro inmediato habr� un aumento sustancial de las importaciones del producto a precios de dumping.

    "7. Por lo que respecta a los casos en que las importaciones objeto de dumping amenacen causar un da�o, la aplicaci�n de medidas antidumping se estudiar� y decidir� con especial cuidado."

    "Art�culo 15. La determinaci�n de que la importaci�n de mercanc�as causa o amenaza causar da�o o perjuicio a la producci�n nacional u obstaculiza el establecimiento de industrias, la har� la S.�a de Comercio y Fomento Industrial considerando los criterios previstos en los convenios a que se refiere el art�culo anterior o, en su defecto, cuando menos los elementos siguientes:

    "I. El volumen de la importaci�n de mercanc�as objeto de pr�cticas desleales de comercio internacional, para determinar si ha habido un aumento considerable de las mismas, en relaci�n con la producci�n o el consumo interno del pa�s.

    "II. El efecto que sobre los precios de productos id�nticos o similares en el mercado interno, causa o pueda causar la importaci�n de mercanc�as en condiciones de pr�cticas desleales de comercio internacional, para lo cual deber� considerarse si la mercanc�a importada se vende en el mercado interno a un precio considerable inferior al de los productos id�nticos o similares, o bien si el efecto de tales importaciones es hacer bajar los precios anormalmente o impedir en la misma medida el alza razonable que en otro caso se hubiera producido.

    "III. El efecto causado o que pueda causarse sobre los productores nacionales de mercanc�as id�nticas o similares a las importadas, considerando todos los factores e �ndices econ�micos pertinentes que influyan en la producci�n y ventas, tales como su disminuci�n apreciada y potencial; la participaci�n en el mercado; el rendimiento de las inversiones; la utilizaci�n de la capacidad instalada; los factores que repercuten en los precios internos; los efectos negativos apreciados y potenciales en el empleo, los salarios, el crecimiento, la inversi�n y dem�s elementos que considere convenientes."

    Como se advierte de las disposiciones antes transcritas, en ellas se vincula a la autoridad investigadora para realizar una valoraci�n conjunta de todos los factores econ�micos que pueden incidir en el comportamiento de la producci�n nacional que se supone ha sido afectada por las importaciones realizadas en condiciones de discriminaci�n de precios, dando especial �nfasis a tres de ellos: el volumen de las importaciones denunciadas, el efecto que sobre los precios de la producci�n nacional del bien id�ntico o similar causan o puedan causar tales importaciones, y el efecto causado por las mismas en la producci�n nacional.

    Adem�s, trat�ndose del �ltimo factor citado en el p�rrafo 3 del art�culo 3o. del referido instrumento internacional, para su valoraci�n se enumeran toda una serie de factores e �ndices econ�micos que deber�n tomarse en cuenta. Incluso, se precisa que el c�mulo de factores se�alados en la legislaci�n no son los �nicos que pueden valorarse, por lo que queda a discreci�n de la autoridad llevar a cabo un razonable an�lisis econ�mico que le permita concluir si las importaciones realizadas en condiciones de discriminaci�n de precios son causantes directas de un da�o o amenaza de da�o a la producci�n nacional.

    Entonces, por la diversidad de factores que inciden sobre el bien jur�dico cuya tutela pretende el legislador, una vez que establece el procedimiento que debe seguir la autoridad investigadora para determinar si las importaciones sujetas a investigaci�n se realizaron en el pasado en condiciones de discriminaci�n de precios, se�ala en forma enunciativa toda una serie de par�metros que debe valorar la propia autoridad para concluir si esas operaciones comerciales causaron o amenazaron causar un da�o a la producci�n nacional, sin prever que el referido da�o se cuantifique en una determinada magnitud monetaria, pero exigiendo que la valoraci�n conjunta del c�mulo de variables econ�micas pertinentes genere convicci�n al �rgano t�cnico en cuanto a que: a) la producci�n nacional del bien respectivo observ� en el periodo investigado un comportamiento negativo o menos favorable al esperado; y, b) ese comportamiento es causado directamente por las importaciones realizadas en condiciones de dumping.

    Ante ello, si bien el legislador otorg� un grado de discreci�n a la autoridad administrativa en cuanto a los par�metros a valorar y, adem�s, dio a �sta cierto margen de apreciaci�n sobre los elementos que demuestran el da�o o amenaza de da�o causado, debe estimarse que ello lo hizo acotando en la medida necesaria el arbitrio conferido, pues resulta indudable que en atenci�n al bien jur�dico cuya tutela se pretende, es indispensable el establecimiento de conceptos jur�dicos indeterminados que tornan necesarias diversasponderaciones, pron�sticos y valoraciones, respecto de loscuales la administraci�n debe tener un margen de apreciaci�n que le permita resolver atendiendo al impredecible c�mulo de factores observables.

    En tal virtud, la autoridad investigadora se encuentra acotada por diversos l�mites, desde la existencia y veracidad de los hechos que a su juicio determinan su conclusi�n, hasta el respeto del marco conceptual externo del concepto jur�dico indeterminado, pues al realizar la apreciaci�n respectiva deber� basarse en juicios razonables que no contrar�en notoriamente el alcance que la ciencia o t�cnica respectiva ha dado sobre el particular, lo que dar�a lugar a un ejercicio arbitrario o caprichoso de la potestad conferida.

    En ese sentido, no conlleva una violaci�n al principio de seguridad jur�dica garantizado en el art�culo 16 constitucional, la circunstancia de que no se defina en las normas impugnadas cu�ndo las importaciones realizadas en condiciones de discriminaci�n de precios causan un da�o o amenaza de da�o.

    En cuanto a que la ley genera incertidumbre al referirse a la posibilidad de sancionar la existencia de una amenaza de da�o, resulta relevante que, por un lado, como ya se precis�, el legislador estableci� en el art�culo 15 de la ley reglamentaria impugnada los indicadores econ�micos que deben tomarse en cuenta para resolver sobre el da�o o amenaza de da�o a la producci�n nacional, aunado a que el art�culo 3o. del Acuerdo relativo a la Aplicaci�n del Art�culo VI del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio se�ala en su p�rrafo 6: "La determinaci�n de la existencia de una amenaza de da�o se basar� en hechos y no simplemente en alegaciones, conjeturas o posibilidades remotas. La modificaci�n de las circunstancias que dar�an lugar a una situaci�n en la cual el dumping causar�a un da�o deber� ser claramente prevista e inminente.".

    En tal virtud, las definiciones legales sobre da�o y amenaza de da�o no generan incertidumbre a los gobernados sobre los casos en que las respectivas importaciones podr�n ser restringidas con el establecimiento de cuotas compensatorias, pues para ello deben valorarse objetivamente pruebas positivas y en su conjunto, y no en forma aislada, como lo prev� el referido art�culo 3o. del mencionado instrumento internacional; sobre el volumen de las importaciones objeto de discriminaci�n de precios y sus efectos en los precios de los productos similares en el mercado interno y los efectos consiguientes de esas importaciones sobre los productores nacionales de tales productos, acudiendo a par�metros de valoraci�n que est�n previstos en el propio contexto normativo, debiendo, en todo caso, realizarse una valoraci�n conjunta de tales par�metros, pues como lo se�ala el dispositivo en an�lisis: "Ninguno de estos factores aisladamente, ni varios de ellos juntos bastar�n necesariamente para obtener una orientaci�n decisiva.".

    Incluso, el art�culo 3o., p�rrafo 4, del Acuerdo relativo a la Aplicaci�n del Art�culo VI del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1979, es contundente al se�alar que no basta la existencia de un comportamiento negativo de los productores nacionales del bien id�ntico o similar a aquel cuyas importaciones se encuentran sujetas a investigaci�n, pues en la investigaci�n respectiva: "Habr� de demostrarse que, por los efectos del dumping, las importaciones objeto de dumping causan da�o en el sentido del presente c�digo. Podr� haber otros factores que al mismo tiempo perjudiquen a la producci�n, y los da�os causados por ellos no se habr�n de atribuir a las importaciones objeto de dumping.".

    En ese tenor, el marco jur�dico para la determinaci�n de la existencia de una amenaza de da�o a la producci�n nacional generada por las importaciones sujetas a investigaci�n, no provoca incertidumbre a los gobernados, pues las disposiciones aplicables acotan en la medida de lo posible la actuaci�n de la autoridad competente, atendiendo a la complejidad de los diversos fen�menos econ�micos que se pretenden valorar y tomando en cuenta conceptos que tienen un preciso alcance en el �mbito econ�mico y contable.

    Por �ltimo, respecto de qui�nes son los productores que pueden considerarse representan en forma significativa a la producci�n nacional, debe atenderse a lo establecido en el art�culo 4o. del Acuerdo relativo a la Aplicaci�n del Art�culo VI del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1979, el cual dispon�a:

    "Art�culo 4o.

    "Definici�n del t�rmino 'producci�n'

    "1. A los efectos de la determinaci�n del da�o, la expresi�n 'producci�n nacional' se entender� en el sentido de abarcar el conjunto de los productores nacionales de los productos similares, o aquellos de entre ellos cuya producci�n conjunta constituya una parte principal de la producci�n nacional total de dichos productos. No obstante:

    "i) cuando unos productores est�n vinculados a los exportadores o a los importadores o sean ellos mismos importadores del producto objeto del supuesto dumping, el t�rmino 'producci�n' podr� interpretarse en el sentido de referirse al resto de los productores;

    "ii) en circunstancias excepcionales, el territorio de una parte podr� estar dividido, a los efectos de la producci�n de que se trate, en dos o m�s mercados competidores y los productores de cada mercado podr�n ser considerados como una producci�n distinta si: a) los productores de ese mercado venden la totalidad o la casi totalidad de su producci�n del producto de que se trata en ese mercado, y b) en ese mercado la demanda no est� cubierta en grado sustancial por productores del producto de que se trate situados en otro lugar del territorio. En estas circunstancias, se podr� considerar que existe da�o incluso cuando no resulte perjudicada una porci�n importante de la producci�n nacional total siempre que haya una concentraci�n de importaciones objeto de dumping en ese mercado aislado y, adem�s, siempre que las importaciones objeto de dumping causen da�o a los productores de la totalidad o la casi totalidad de la producci�n en ese mercado.

    "2. Cuando se haya interpretado que el t�rmino 'producci�n' se refiera a los productores de cierta zona, es decir, un mercado seg�n la definici�n del p�rrafo 1, apartado ii), del presente art�culo, los derechos antidumping s�lo se percibir�n sobre los productos de que se trate que vayan consignados a esa zona para consumo final. Cuando el derecho constitucional del pa�s importador no permita la percepci�n de derechos antidumping en estas condiciones, la parte importadora podr� percibir los derechos antidumping sin limitaci�n, solamente si: 1) se ha dado a los exportadores la oportunidad de dejar de exportar a precios de dumping a la zona interesada o de dar seguridades con arreglo al art�culo 7o. del presente c�digo, y no se han dado prontamente seguridades suficientes a este respecto, y si 2) dichos derechos no se pueden percibir �nicamente sobre productores determinados que abastezcan la zona de que se trate.

    "3. Cuando dos o m�s pa�ses hayan alcanzado, de conformidad con las disposiciones del apartado a) del p�rrafo 8 del art�culo XXIV del acuerdo general, un grado de integraci�n tal que ofrezcan las caracter�sticas de un solo mercado unificado, se considerar� que la producci�n de toda la zona integrada es la producci�n contemplada en el p�rrafo 1 del presente art�culo.

    4. Las disposiciones del p�rrafo 5 del art�culo 3o. ser�n aplicables al presente art�culo.

    A su vez, el precepto al que remite este �ltimo p�rrafo es del siguiente tenor:

    "5. El efecto de las importaciones objeto de dumping se evaluar� en relaci�n con la producci�n nacional del producto similar cuando los datos disponibles permitan identificarla separadamente con arreglo a criterios tales como: el proceso de producci�n, el resultado de las ventas de los productores, los beneficios. Cuando la producci�n nacional del producto similar no tenga una identidad separada con arreglo a dichos criterios, el efecto de las importaciones objeto de dumping se evaluar� examinando la producci�n del grupo o gama m�s restringido de productos que incluya el producto similar y a cuyo respecto pueda proporcionarse la informaci�n necesaria."

    De la lectura de los numerales antes transcritos se colige que la autoridad administrativa, para concluir que determinadas importaciones realizadas en condiciones de dumping causan o amenazan causar un da�o a la producci�n nacional, deber� considerar, en principio, al conjunto de los productores nacionales de los productos similares, por lo que la valoraci�n que realice de los referidos factores econ�micos deber� basarse en los datos que se reporten de la totalidad del sector respectivo.

    Si bien la autoridad deber� partir de ese concepto de producci�n nacional, podr�, cuando las circunstancias jur�dicas o f�cticas lo justifiquen, considerar �nicamente a la parte principal de la producci�n nacional total de la mercanc�a respectiva, dej�ndose al arbitrio de �sta determinar qu� porcentaje de la misma, superior a su mayor�a absoluta, es representativa de la producci�n nacional, determinaci�n que no podr� desvincular de los factores que haya tomado en cuenta para no valorar la evoluci�n de la totalidad de la producci�n nacional del bien id�ntico o similar al importado en condiciones de discriminaci�n de precios.

    En adici�n a lo anterior, destaca que la autoridad no podr� considerar como parte de la respectiva producci�n nacional a los productores nacionales que est�n vinculados a los exportadores o importadores de la mercanc�a, pues resulta obvio que el comportamiento econ�mico de �stos estar� influido favorablemente, o sesgado, por las importaciones sujetas a investigaci�n.

    A�n m�s, atendiendo a las particularidades del mercado nacional del bien correspondiente, el an�lisis respectivo podr� referirse a un territorio espec�fico.

    Ante ello, es indudable que las disposiciones reclamadas no transgreden el principio de seguridad jur�dica en tanto que, en principio, s� determinan qu� debe entenderse por producci�n nacional, aunado a que, ante las circunstancias jur�dicas o f�cticas que pueden impedir la valoraci�n del comportamiento observado por la totalidad de �sta, acotan en la medida necesaria el arbitrio conferido, para tomar en cuenta una porci�n menor de la producci�n nacional.

    Debe agregarse que las conclusiones anteriormente adoptadas no pasan por alto que desde el punto de vista de una t�cnica legislativa muy depurada, ser�a altamente recomendable que la ley fuera m�s detallada en la descripci�n de algunos conceptos, para que de esa manera se facilitara el an�lisis de la legalidad de las resoluciones administrativas que lleguen a dictarse en esta materia; sin embargo, aun cuando ello fuera deseable, lo cierto es que la funci�n de este Alto Tribunal no es la de revisar el nivel de calidad de la obra legislativa, sino la de preservar el respeto de las garant�as individuales, exigiendo que las normas sometidas a su censura se ajusten a los requerimientos m�nimos necesarios para satisfacer aqu�llas.

    En este sentido, basta que la ley reclamada emplee conceptos que no s�lo no son desconocidos en el �mbito econ�mico, contable y financiero, sino que adem�s son de f�cil comprensi�n, y que a trav�s de sus normas sea posible examinar la regularidad de los actos de la autoridad administrativa, de acuerdo con los lineamientos y principios sentados por aqu�lla, para que deba entenderse satisfecho el principio de seguridad jur�dica, considerando, sobre todo, que a trav�s de las garant�as de fundamentaci�n y motivaci�n, trat�ndose de actos particulares, e incluso, de supremac�a de ley en el caso de normas generales reglamentarias que pretendan expedirse para alcanzar los fines perseguidos por el legislador, se fortalece la protecci�n para los particulares que resulten afectados con la aplicaci�n de la ley, garant�as todas ellas que en esta materia deben ser cuidadosamente observadas por las autoridades administrativas que pretendan fundarse en la ley reclamada para resolver que determinadas importaciones se realizaron en el periodo investigado en condiciones de discriminaci�n de precios, causando o amenazando causar un da�o a la producci�n nacional del bien id�ntico o similar.

D�CIMO SEGUNDO

Finalmente, respecto de lo aducido por la parte quejosa en la parte final de su agravio marcado con el inciso A), respecto a las facultades y competencia del subsecretario de Comercio Exterior e I.�n Extranjera para firmar en ausencia del titular del ramo la impugnada resoluci�n del primero de octubre de mil novecientos noventa y tres que determina la existencia de pr�cticas desleales de comercio internacional e impone cuotas compensatorias, dado que tales cuestiones escapan a la competencia de esta Suprema Corte de Justicia, se reserva jurisdicci�n para su conocimiento al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito en turno, de conformidad con lo dispuesto en los art�culos 85 y 92 de la Ley de Amparo.

Por lo expuesto y fundado, se

resuelve:

PRIMERO

En la materia de la revisi�n se modifica la sentencia recurrida.

SEGUNDO

Queda firme el sobreseimiento decretado en el primer punto resolutivo de la sentencia recurrida, por los motivos expuestos en el considerando cuarto de la presente resoluci�n.

TERCERO

Se sobresee en el juicio de garant�as respecto de los actos reclamados consistentes en la inconstitucionalidad de los art�culos 5o., fracciones II y VII, 16, fracci�n V, 17, p�rrafo segundo, 18, 20, 28 a 44 y 57 a 71 de la Ley de Comercio Exterior; 37 a 69, 75 a 116, 135 a 141, 162 a 176, y quinto y sexto transitorios del Reglamento de la Ley de Comercio Exterior; de la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal de 1994 y el decreto publicado en el Diario Oficial de la F.�n el 26 de julio de 1993, concretamente por cuanto hace a la derogaci�n del art�culo 35, fracci�n I, inciso c), de la Ley Aduanera, en t�rminos del considerando s�ptimo de la presente resoluci�n.

CUARTO

La Justicia de la Uni�n ampara y protege a X.M., Sociedad An�nima de Capital Variable, respecto de los actos consistentes en la inconstitucionalidad del art�culo 129, fracci�n I, de la Ley Aduanera, y el oficio n�mero 326-A-7987, de seis de junio de mil novecientos noventa y cuatro, por los motivos expresados en el considerando noveno de la presente resoluci�n.

QUINTO

La Justicia de la Uni�n no ampara ni protege a X.M., Sociedad An�nima de Capital Variable, respecto del acto consistente en la inconstitucionalidad del art�culo 121-B de la Ley Aduanera, en t�rminos del considerando octavo de la presente resoluci�n.

SEXTO

La Justicia de la Uni�n no ampara ni protege a X.M., Sociedad An�nima de Capital Variable, respecto de los actos consistentes en la inconstitucionalidad de los art�culos 1o., fracci�n II, inciso c), 2o., fracci�n II, 7o., fracci�n I y 9o. a 19 de la Ley Reglamentaria del Art�culo 131 de la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos en Materia de Comercio Exterior; y 1o., fracciones IV y VII, y 9o. a 30 del Reglamento contra Pr�cticas Desleales de Comercio Internacional.

S�PTIMO

Se reserva jurisdicci�n al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito en turno, para el conocimiento y resoluci�n de las cuestiones de su legal competencia, en los t�rminos de los considerandos d�cimo y d�cimo segundo de la presente resoluci�n.

N.�quese; con testimonio de esta resoluci�n, rem�tanse los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente y, en su oportunidad, arch�vese el expediente.

As� lo resolvi� la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, por unanimidad de cinco votos de los se�ores Ministros: J.D.R., M.A.G.�itr�n, S.S.A.A., J.V.A.A.�n y presidente y ponente G.I.O.M..

Nota: De la presente ejecutoria tambi�n derivaron las tesis 2a. CXV/2001, 2a. CXVI/2001, 2a. CXIII/2001, 2a. CXVII/2001, 2a. CXIV/2001, 2a. CXVIII/2001, 2a. CXIX/2001, 2a. CXX/2001, 2a. CXXI/2001, 2a. CXXII/2001, 2a. CXXIII/2001, 2a. CXXIV/2001, 2a. CXXV/2001, 2a. CXXVI/2001, 2a. CXXX/2001, 2a. CXXIX/2001, 2a. CXXVIII/2001, 2a. CXXXI/2001, 2a. CXXVII/2001 y 2a. CXXXII/2001, que aparecen publicadas en el Semanario Judicial de la F.�n y su Gaceta, Novena �poca, T.X., agosto de 2001, p�ginas 211, 212 la segunda y la tercera, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 230, 231 y 237, con los rubros: "COMERCIO EXTERIOR. DIFERENCIA ENTRE LAS FACULTADES FORMALMENTE LEGISLATIVAS CUYO EJERCICIO PUEDE AUTORIZAR EL CONGRESO DE LA UNI�N AL TITULAR DEL EJECUTIVO FEDERAL EN T�RMINOS DE LO PREVISTO EN EL P�RRAFO SEGUNDO DEL ART�CULO 131 DE LA CONSTITUCI�N FEDERAL Y LAS FACULTADES CONFERIDAS A UNA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA AL TENOR DEL P�RRAFO PRIMERO DEL PROPIO DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL.", "COMERCIO EXTERIOR. LA POTESTAD TRIBUTARIA CUYO EJERCICIO PUEDE AUTORIZAR EL CONGRESO DE LA UNI�N AL TITULAR DEL EJECUTIVO FEDERAL, EN T�RMINOS DE LO PREVISTO EN EL ART�CULO 131, P�RRAFO SEGUNDO, DE LA CONSTITUCI�N GENERAL DE LA REP�BLICA, NO EST� CONDICIONADA A PROCEDIMIENTOS O REQUISITOS DE VALORACI�N QUE IMPIDAN A �STE FIJAR CONTRIBUCIONES EN DICHA MATERIA.", "COMERCIO EXTERIOR. LOS CR�DITOS FISCALES PROVISIONALES DETERMINADOS CONFORME AL ART�CULO 121-B DE LA LEY ADUANERA PUEDEN DESVIRTUARSE MEDIANTE LAS PRUEBAS QUE EL GOBERNADO APORTE DENTRO DEL PLAZO DE CUATRO MESES QUE TIENE LA AUTORIDAD PARA EMITIR, EXPRESA O T�CITAMENTE, LA LIQUIDACI�N DEFINITIVA, POR LO QUE CON TAL REGULACI�N SE RESPETA LA GARANT�A DE PREVIA AUDIENCIA (LEGISLACI�N VIGENTE HASTA EL 31 DE MARZO DE 1996).", "CONTRIBUCIONES. CARECEN DE ESTA NATURALEZA LAS PRESTACIONES PATRIMONIALES DE CAR�CTER P�BLICO CUYO ESTABLECIMIENTO EST� CONDICIONADO AL DESARROLLO DE UN PROCEDIMIENTO EN EL QUE SE ESCUCHE A LOS GOBERNADOS QUE PUEDAN VERSE AFECTADOS Y A QUE EL �RGANO INVESTIDO DE LA RESPECTIVA ATRIBUCI�N ACREDITE QUE DETERMINADOS HECHOS DEL PASADO JUSTIFICAN SU CREACI�N.", "CR�DITOS FISCALES. LA FACULTAD QUE CONFIERE EL ART�CULO 121-B DE LA LEY ADUANERA A LAS AUTORIDADES COMPETENTES PARA DETERMINARLOS PROVISIONALMENTE, SIN SUSTANCIAR EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO RESPECTIVO, NO SE RIGE POR LA GARANT�A DE AUDIENCIA PREVIA (LEGISLACI�N VIGENTE HASTA EL TREINTA Y UNO DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS).", "CUOTAS COMPENSATORIAS. EL CONGRESO DE LA UNI�N TIENE FACULTADES IMPL�CITAS EN T�RMINOS DE LO DISPUESTO EN LOS ART�CULOS 73, FRACCIONES X Y XXX, Y 131 CONSTITUCIONALES, PARA OTORGAR A UNA DEPENDENCIA DE LA ADMINISTRACI�N P�BLICA FEDERAL LAS ATRIBUCIONES QUE LE PERMITAN DESARROLLAR EL PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACI�N DE PR�CTICAS DESLEALES DE COMERCIO INTERNACIONAL Y ESTABLECER, EN SU CASO, AQU�LLAS.", "CUOTAS COMPENSATORIAS. EL PROCEDIMIENTO QUE SE SIGUE PARA SU ESTABLECIMIENTO NO ES AN�LOGO AL QUE DESARROLLAN LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS PARA FIJAR LAS BASES, CUOTAS O TARIFAS DE UNA CONTRIBUCI�N, NI PARA REALIZAR LA LIQUIDACI�N DE UNA CONTRIBUCI�N Y TAMPOCO TIENEN LA NATURALEZA DE UNA CONTRIBUCI�N DE CAR�CTER EXTRAFISCAL.", "CUOTAS COMPENSATORIAS. LA ATRIBUCI�N CONFERIDA AL TITULAR DE LA SECRETAR�A DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL (ACTUALMENTE SECRETAR�A DE ECONOM�A) PARA EMITIR DISPOSICIONES DE OBSERVANCIA GENERAL EN LAS QUE ESTABLEZCA PRESTACIONES PATRIMONIALES DE ESA NATURALEZA, NO CONLLEVA UNA VIOLACI�N AL PRINCIPIO DE DIVISI�N DE PODERES (CONTEXTO NORMATIVO VIGENTE HASTA EL 27 DE JULIO DE 1993).", "CUOTAS COMPENSATORIAS. LA FACULTAD DEL TITULAR DE LA SECRETAR�A DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL (ACTUALMENTE SECRETAR�A DE ECONOM�A) PARA IMPONERLAS, NO IMPLICA LA CREACI�N DE UNA PRESTACI�N PATRIMONIAL DE ESA NATURALEZA, PUES LA HIP�TESIS DE HECHO QUE AL SER REALIZADA POR LOS GOBERNADOS PROVOCAR� LA RESPECTIVA OBLIGACI�N DE PAGO, SURGE CUANDO LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE EJERCE LA ATRIBUCI�N CONFERIDA (CONTEXTO NORMATIVOVIGENTE HASTA EL 27 DE JULIO DE 1993).", "CUOTAS COMPENSATORIAS. NO TIENEN NATURALEZA JUR�DICA DE CONTRIBUCIONES, EN VIRTUD DE QUE SU ESTABLECIMIENTO EST� CONDICIONADO AL DESARROLLO DE UN PROCEDIMIENTO EN EL QUE SE ESCUCHE A LAS PARTES INTERESADAS E, INCLUSO, AL ACREDITAMIENTO DE QUE LAS IMPORTACIONES SUJETAS A INVESTIGACI�N SE REALIZARON EN CONDICIONES DE DISCRIMINACI�N DE PRECIOS Y CAUSARON O AMENAZARON CAUSAR DA�O A LA PRODUCCI�N NACIONAL.", "CUOTAS COMPENSATORIAS. PARA ANALIZAR LA CONSTITUCIONALIDAD DEL R�GIMEN LEGAL QUE RIGE SU ESTABLECIMIENTO, DETERMINACI�N Y COBRO, DEBE ATENDERSE A SU NATURALEZA, CON INDEPENDENCIA DE LA DENOMINACI�N QUE EL LEGISLADOR ORDINARIO LES HAYA DADO (CONTEXTO NORMATIVO VIGENTE HASTA EL 27 DE JULIO DE 1993).", "CUOTAS COMPENSATORIAS. PARA DETERMINAR SU NATURALEZA DEBE ACUDIRSE TAMBI�N A LO DISPUESTO EN DIVERSOS INSTRUMENTOS INTERNACIONALES, INCORPORADOS AL ORDEN JUR�DICO NACIONAL EN T�RMINOS DE LO PREVISTO EN EL ART�CULO 133 DE LA CONSTITUCI�N POL�TICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS (CONTEXTO NORMATIVO VIGENTE HASTA EL 27 DE JULIO DE 1993).", "CUOTAS COMPENSATORIAS. SU ESTABLECIMIENTO EN FORMA DEFINITIVA DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO DE PR�CTICAS DESLEALES DE COMERCIO INTERNACIONAL, EST� CONDICIONADO A QUE LA AUTORIDAD COMPETENTE ESCUCHE A LOS GOBERNADOS QUE PUEDEN VERSE AFECTADOS Y A QUE SE ACREDITE QUE LAS IMPORTACIONES SUJETAS A INVESTIGACI�N SE REALIZARON EN CONDICIONES DE DISCRIMINACI�N DE PRECIOS Y CAUSARON O AMENAZARON CAUSAR DA�O A LA PRODUCCI�N NACIONAL (CONTEXTO NORMATIVO VIGENTE HASTA EL 27 DE JULIO DE 1993).", "CUOTAS COMPENSATORIAS. SU ESTABLECIMIENTO EN FORMA PROVISIONAL EST� CONDICIONADO A QUE LA AUTORIDAD COMPETENTE RE�NA LOS ELEMENTOS SUFICIENTES CONFORME A LOS CUALES QUEDE ACREDITADO QUE LAS IMPORTACIONES SUJETAS A INVESTIGACI�N SE REALIZARON EN CONDICIONES DE DISCRIMINACI�N DE PRECIOS Y CAUSARON O AMENAZARON CAUSAR DA�O A LA PRODUCCI�N NACIONAL (CONTEXTO NORMATIVO VIGENTE HASTA EL 27 DE JULIO DE 1993).", "DIVISI�N DE PODERES. INTERPRETACI�N CAUSAL Y TELEOL�GICA DE LA PROHIBICI�N CONTENIDA EN EL TEXTO DEL ART�CULO 49 DE LA CONSTITUCI�N POL�TICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, RELATIVA A QUE EL PODER LEGISLATIVO NO PUEDE DEPOSITARSE EN UN INDIVIDUO.", "DIVISI�N DE PODERES. INTERPRETACI�N HIST�RICA, CAUSAL Y TELEOL�GICA DE LA PROHIBICI�N CONTENIDA EN EL TEXTO ORIGINAL DEL ART�CULO 49 DE LA CONSTITUCI�N POL�TICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, RELATIVA A QUE EL PODER LEGISLATIVO NO PUEDE DEPOSITARSE EN UN INDIVIDUO.", "DIVISI�N DE PODERES. INTERPRETACI�N SISTEM�TICA DE LA PROHIBICI�N CONTENIDA EN EL TEXTO ORIGINAL DEL ART�CULO 49 DE LA CONSTITUCI�N POL�TICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, RELATIVA A QUE EL PODER LEGISLATIVO NO PUEDE DEPOSITARSE EN UN INDIVIDUO.", "DIVISI�N DE PODERES. LA FACULTAD CONFERIDA EN UNA LEY A UNA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA PARA EMITIR DISPOSICIONES DE OBSERVANCIA GENERAL, NO CONLLEVA UNA VIOLACI�N A ESE PRINCIPIO CONSTITUCIONAL.", "DIVISI�N DE PODERES. PARA FIJAR EL ALCANCE DE LA PROHIBICI�N CONTENIDA EN EL ART�CULO 49 DE LA CONSTITUCI�N POL�TICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, RELATIVA A QUE EL PODER LEGISLATIVO NO PUEDE DEPOSITARSE EN UN INDIVIDUO, RESULTA INSUFICIENTE SU INTERPRETACI�N LITERAL." e "INGRESOS P�BLICOS. PARA VERIFICAR SU APEGO A LOS PRINCIPIOS QUE CONFORME A LA CONSTITUCI�N POL�TICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS RIGEN SU ESTABLECIMIENTO, LIQUIDACI�N Y COBRO, DEBE ATENDERSE A SU NATURALEZA, CON INDEPENDENCIA DE LA DENOMINACI�N QUE LES D� EL LEGISLADOR ORDINARIO.", respectivamente.