Ejecutoria num. 1a./J. 18/2007 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala - Jurisprudencia - VLEX 28228730

Ejecutoria num. 1a./J. 18/2007 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala

Emisor:Primera Sala
Número de Resolución:1a./J. 18/2007
Materia:Suprema Corte de Justicia de México
Fecha de Publicación: 1 de Febrero de 2007
RESUMEN

AMPARO EN REVISIÓN 1320/2006. OCMA, S.A. DE C.V. Y OTRA.RENTA. EL ARTÍCULO 85-A DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, AL OTORGAR UNA OPCIÓN PARA CALCULAR EL GRAVAMEN A LAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE PRODUCCIÓN, NO VIOLA EL PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 1o. DE ENERO DE 2006).

 
ÍNDICE
CONTENIDO

RENTA. EL ART�CULO 85-A DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, AL OTORGAR UNA OPCI�N PARA CALCULAR EL GRAVAMEN A LAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE PRODUCCI�N, NO VIOLA EL PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA (LEGISLACI�N VIGENTE A PARTIR DEL 1o. DE ENERO DE 2006).

AMPARO EN REVISI�N 1320/2006. OCMA, S.A. DE C.V. Y OTRA.

CONSIDERANDO:

PRIMERO

Competencia. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n es competente para conocer del presente recurso de revisi�n, en t�rminos de lo dispuesto en los art�culos 107, fracci�n VIII, inciso a), de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos; 84, fracci�n I, inciso a), de la Ley de Amparo; y 21, fracci�n XI, de la Ley Org�nica del Poder Judicial de la Federaci�n, en relaci�n con el punto cuarto del Acuerdo General Plenario 5/2001, publicado el veintinueve de junio de dos mil uno en el Diario Oficial de la Federaci�n; en virtud de que se reclama la inconstitucionalidad de los art�culos 85-A y 85-B de la Ley del Impuesto sobre la Renta, publicada en el Diario Oficial de la Federaci�n el ocho de diciembre de dos mil cinco; y aun cuando subsiste el problema de inconstitucionalidad planteado, se estima innecesaria la intervenci�n del Pleno de este Alto Tribunal.

SEGUNDO

Oportunidad de los recursos. Es innecesario ocuparse de la oportunidad en la presentaci�n del recurso de revisi�n, y de la revisi�n adhesiva, toda vez que el Tribunal Colegiado que, en principio, conoci� de los mismos, ya se ocup� de ello.(4)

TERCERO

Cuestiones necesarias para resolver el asunto.

I. En los conceptos de violaci�n la parte quejosa, en s�ntesis, argument� lo siguiente:

  1. En el primero, que los art�culos 85-A y 85-B de la Ley del Impuesto sobre la Renta, son violatorios de la garant�a de equidad tributaria consagrada en el art�culo 31, fracci�n IV, de la Constituci�n Federal, al prever un r�gimen de causaci�n desigual para las personas morales constituidas bajo la forma de sociedades cooperativas de producci�n, en relaci�n con las dem�s personas morales de naturaleza mercantil.

  2. Sigue manifestando la parte quejosa que, en efecto, los art�culos impugnados prev�n un r�gimen tributario especial, pues establecen que las sociedades cooperativas de producci�n podr�n calcular el impuesto sobre la renta aplicando las disposiciones atinentes al r�gimen de personas f�sicas con actividades empresariales y profesionales, en lugar de aplicar las disposiciones para personas morales; asimismo, establecen un r�gimen de diferimiento del impuesto sobre la renta a favor de las citadas sociedades cooperativas y les libera de la obligaci�n de realizar pagos provisionales; esto es, que a trav�s de las disposiciones impugnadas, se otorga a sujetos iguales consecuencias fiscales diversas, sin que dicho tratamiento diferenciado encuentre justificaci�n objetiva y razonable.

  3. Las quejosas argumentan que las sociedades cooperativas de producci�n, tienen por objeto realizar actos de comercio que se encuentran encaminados a la obtenci�n de la mayor ganancia posible; de ah� que tengan car�cter de sociedades mercantiles. Por lo cual, resulta evidente que en el ordenamiento jur�dico mexicano, las sociedades cooperativas de producci�n son sociedades mercantiles, no s�lo por constituirse al amparo de la Ley General de Sociedades Cooperativas, la cual tiene una naturaleza mercantil, sino tambi�n por realizar actos de comercio con una finalidad de lucro. Es este �ltimo elemento lo que diferencia a las sociedades cooperativas de producci�n con las de consumo, las cuales est�n exentas del pago del impuesto sobre la renta.

  4. Las quejosas advierten que las sociedades cooperativas de producci�n, al igual que el resto de las sociedades mercantiles, se encuentran en las mismas hip�tesis de causaci�n del impuesto sobre la renta, ya que ambas sociedades obtienen ingresos derivados de la realizaci�n de actividades empresariales y son personas morales, por lo cual, los preceptos reclamados les dan un trato preferencial injustificado frente a las dem�s sociedades mercantiles, provocando consecuencias fiscales dis�mbolas.

  5. Adem�s, se�alan que conforme a la jurisprudencia, los fines extrafiscales deben en todo momento respetar las garant�as de legalidad, equidad, proporcionalidad y destino al gasto p�blico. Es por esto que las ventajas fiscales que el Estado otorga a las sociedades cooperativas de producci�n -que aparentemente responden a fines extrafiscales-, en cumplimiento a la Recomendaci�n 193 de la Organizaci�n Internacional del Trabajo, deben respetar las garant�as constitucionales.

  6. En su segundo concepto de violaci�n, las quejosas se�alan que los preceptos reclamados tambi�n violan la garant�a de igualdad jur�dica, contenida en el art�culo 1o. de la Carta Magna, al tratar de manera desigual a sujetos que se encuentran en la misma situaci�n de derecho, esto es, porque las sociedades cooperativas de producci�n, como el resto de las sociedades mercantiles, se encuentran en la misma situaci�n jur�dica, pues se trata de sujetos que realizan actividades comerciales, en virtud de las cuales se encuentran obligadas al pago del impuesto sobre la renta y, no obstante dicha situaci�n de igualdad jur�dica, a trav�s de los citados preceptos, se han establecido diversas consecuencias de derecho.

  7. Las quejosas, en el tercer concepto de violaci�n, aducen que los art�culos impugnados violan las garant�as de legalidad y seguridad jur�dicas, consagradas en el art�culo 16 constitucional, dado que el legislador no los fundament� y motiv� como lo exige el art�culo constitucional antes citado, habida cuenta que dichos preceptos regulan un aspecto social que normativamente no amerita regulaci�n jur�dica, ya que el fin pretendido por el legislador, en el sentido de que mediante el fomento de las sociedades cooperativas de producci�n se incrementa el empleo, no es una realidad que requiera ser regulada, por lo que la sociedad requiere que el aumento del empleo se haga a trav�s de todas las sociedades mercantiles y no �nicamente a trav�s de una especie de �stas, las cuales, al igual que las primeras, tienen una finalidad lucrativa.

II. El Juez de Distrito apoy� su sentencia en las siguientes consideraciones:

  1. Precis� los actos reclamados, los cuales consider� que, concretamente, se hicieron consistir en los art�culos 85-A y 85-B de la Ley del Impuesto sobre la Renta, adicionados mediante decreto legislativo publicado en el Diario Oficial de la Federaci�n el ocho de diciembre de dos mil cinco.

  2. Adujo que el secretario de Hacienda y Cr�dito P�blico, en su informe justificado, neg� los actos que se le atribu�an, consistentes en la recaudaci�n del impuesto sobre la renta, sin que la parte quejosa hubiera desvirtuado dicha negativa, motivo por el cual sobresey� en esa parte del juicio.

  3. M.� la certeza de los actos atribuidos al Congreso de la Uni�n, al presidente de los Estados Unidos Mexicanos, al secretario de G.�n y al director del Diario Oficial de la Federaci�n, en el �mbito de sus competencias, respecto de la expedici�n, promulgaci�n, refrendo y publicaci�n de los preceptos legales combatidos, pues as� fue manifestado por dichas autoridades en sus informes justificados. Lo anterior, apoy�ndose en la tesis de jurisprudencia, cuyo rubro indica: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO.". Asimismo, mencion� que dichos actos no se encuentran sujetos a pruebas, en virtud de que se trata de hechos notorios, sustent�ndose en la tesis de jurisprudencia que establece en su rubro lo siguiente: "PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTER�S GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACI�N."

    En el mismo considerando, el Juez de Distrito tuvo como presuntamente ciertos los actos reclamados a la C�mara de Senadores del Congreso de la Uni�n, en virtud de que, no obstante estar debidamente notificada de la solicitud de su informe justificado, fue omisa en rendirlo.

  4. El Juez de Distrito, de oficio, consider� que en el caso se actualizaba la causal de improcedencia prevista en la fracci�n VI del art�culo 73 de la Ley de Amparo, en virtud de que los preceptos reclamados, por su sola vigencia, no causan perjuicio a la parte quejosa, sino que requieren de un acto posterior de aplicaci�n para que se origine tal perjuicio, el cual no qued� demostrado en autos, puesto que las documentales que exhibi� para tal efecto, s�lo constituyen acuses de recibo de los pagos provisionales del mes de enero de dos mil seis, documentos de los que se desprende que ambas quejosas no llevaron a cabo el c�lculo del impuesto sobre la renta por carecer de coeficiente de utilidad, es decir, que no han efectuado c�lculo ni entero del citado impuesto.

    De ah� que haya decretado el sobreseimiento en el juicio de garant�as, apoy�ndose en la tesis jurisprudencial que se�ala en su rubro: "AMPARO CONTRA LEYES CON MOTIVO DE SU APLICACI�N. SU PROCEDENCIA REQUIERE QUE EL ACTO SEA ANTERIOR A LA PRESENTACI�N DE LA DEMANDA."

    III. Resulta innecesario sintetizar los agravios hechos valer por la parte quejosa, en virtud de que de su estudio ya se ocup� el Tribunal Colegiado que, en principio, conoci� del recurso de revisi�n, en tanto que en ellos s�lo se combati� el sobreseimiento decretado por el Juez de Distrito en relaci�n con la causal de improcedencia prevista en la fracci�n VI del art�culo 73 de la Ley de Amparo.

    Asimismo, resulta innecesario sintetizar los agravios hechos valer por la autoridad se�alada como responsable en el recurso de revisi�n adhesiva, en virtud de que el Tribunal Colegiado ya se ocup� de su estudio, en tanto que en ellos se insiste en la causal de improcedencia se�alada con antelaci�n, as� como en la prevista en la fracci�n V del art�culo 73 de la Ley de Amparo, respecto de las cuales el Tribunal Colegiado se pronunci�.

    IV. El citado �rgano colegiado hizo, en s�ntesis, las siguientes consideraciones:

  5. Determin� la presentaci�n oportuna del recurso de revisi�n interpuesto por las quejosas y de la revisi�n adhesiva interpuesta por la autoridad responsable.

  6. Consider� infundado el primer agravio que las quejosas hicieron valer, en contra del sobreseimiento decretado por el Juez de Distrito, respecto del acto reclamado al secretario de Hacienda y Cr�dito P�blico, consistente en la recaudaci�n, efectos y consecuencias de los art�culos 85-A y 85-B de la Ley del Impuesto sobre la Renta, vigentes en dos mil seis, frente a la negativa de la autoridad responsable, sin prueba en contrario.

  7. Consider� fundado el segundo agravio de las quejosas, en el que controvierten el sobreseimiento en el juicio, dado que el Juez Federal consider� que �stas no acreditaron el inter�s jur�dico para interponer el juicio de garant�as, puesto que con las documentales que exhibieron, no acreditaron el acto de aplicaci�n de los preceptos reclamados.

  8. D.� innecesario el an�lisis de los agravios que la delegada de la autoridad responsable hizo valer en la revisi�n adhesiva, toda vez que en ellos reitera que no existi� acto de aplicaci�n de los art�culos reclamados, sin aportar planteamientos diferentes que desvirt�en lo ah� resuelto al respecto. As�, consider� que no habiendo causa de improcedencia diversa a las analizadas, hecha valer o que advirtiera de oficio, deber�an considerarse los conceptos de violaci�n que hicieron valer las quejosas en la demanda de amparo.

  9. Finalmente, el Tribunal Colegiado consider� la remisi�n de los autos correspondientes a este Alto Tribunal para el estudio de dichos conceptos de violaci�n, en virtud de que se trata de un asunto de su competencia originaria.

CUARTO

Previamente al estudio de los conceptos de violaci�n hechos valer por la parte quejosa, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n se ocupa, de oficio, del estudio de la causal de improcedencia prevista en la fracci�n XVIII del art�culo 73, en relaci�n con la fracci�n V del art�culo 116, ambos de la Ley de Amparo, la cual el �rgano colegiado, que en primer t�rmino conoci� del presente asunto, no advirti� respecto del art�culo impugnado 85-B de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

Para ello, se hace necesario transcribir los preceptos reclamados, los cuales textualmente establecen lo siguiente:

Art�culo 85-A. Las sociedades cooperativas de producci�n que �nicamente se encuentren constituidas por socios personas f�sicas, para calcular el impuesto sobre la renta que les corresponda por las actividades que realicen, en lugar de aplicar lo dispuesto en el t�tulo II de esta ley, podr�n aplicar lo dispuesto en la secci�n I del cap�tulo II del t�tulo IV de la misma, considerando lo siguiente:

I.C.�n el impuesto del ejercicio de cada uno de sus socios, determinando la parte de la utilidad gravable del ejercicio que le corresponda a cada socio por su participaci�n en la sociedad cooperativa de que se trate, aplicando al efecto lo dispuesto en el art�culo 130 de esta ley.

Las sociedades cooperativas de producci�n a que se refiere este cap�tulo, podr�n diferir la totalidad del impuesto a que se refiere esta fracci�n, hasta el ejercicio fiscal en el que distribuyan a sus socios la utilidad gravable que les corresponda.

Cuando la sociedad cooperativa de que se trate distribuya a sus socios utilidades provenientes de la cuenta de utilidad gravable, pagar� el impuesto diferido aplicando al monto de la utilidad distribuida al socio de que se trate la tarifa a que se refiere el art�culo 177 de esta ley.

Para los efectos del p�rrafo anterior, se considerar� que las primeras utilidades que se distribuyan son las primeras utilidades que se generaron.

El impuesto que en los t�rminos de esta fracci�n corresponda a cada uno de sus socios, se pagar� mediante declaraci�n que se presentar� ante las oficinas autorizadas, a m�s tardar el 17 del mes inmediato siguiente a aquel en el que se pagaron las utilidades gravables, el socio de la cooperativa de que se trate podr� acreditar en su declaraci�n anual del ejercicio que corresponda el impuesto que se pague en los t�rminos de este p�rrafo.

Para los efectos de este cap�tulo, se considerar� que la sociedad cooperativa de producci�n distribuye utilidades a sus socios, cuando la utilidad gravable a que se refiere esta fracci�n se invierta en activos financieros diferentes a las cuentas por cobrar a clientes o en recursos necesarios para la operaci�n normal de la sociedad de que se trate.

Para los efectos de este cap�tulo las sociedades cooperativas de producci�n que no distribuyan rendimientos a sus socios, s�lo podr�n invertir dichos recursos en bienes que a su vez generan m�s empleos o socios cooperativistas;

II. Las sociedades cooperativas de producci�n llevar�n una cuenta de utilidad gravable. Esta cuenta se adicionar� con la utilidad gravable del ejercicio y se disminuir� con el importe de la utilidad gravable pagada.

El saldo de la cuenta prevista en esta fracci�n, que se tenga al �ltimo d�a de cada ejercicio, sin incluir la utilidad gravable del mismo, se actualizar� por el periodo comprendido desde el mes en el que se efectu� la �ltima actualizaci�n y hasta el �ltimo mes del ejercicio de que se trate. Cuando se distribuyan utilidades provenientes de esta cuenta con posterioridad a la actualizaci�n prevista en este p�rrafo, el saldo de la cuenta que se tenga a la fecha de la distribuci�n, se actualizar� por el periodo comprendido desde el mes en el que se efectu� la �ltima actualizaci�n y hasta el mes en el que se distribuyan dichas utilidades.

El saldo de la cuenta de utilidad gravable deber� transmitirse a otra u otras sociedades en los casos de fusi�n o escisi�n. En este �ltimo caso, dicho saldo se dividir� entre la sociedad escindente y las sociedades escindidas, en la proporci�n en la que se efect�e la partici�n del capital contable del estado de posici�n financiera aprobado por la asamblea general extraordinaria y que haya servido de base para realizar la escisi�n.

La utilidad gravable a que se refiere esta fracci�n, ser� la que determine la sociedad cooperativa de que se trate, en los t�rminos del art�culo 130 de esta ley, correspondiente a la totalidad de los socios que integran dicha sociedad;

III. Por los ingresos que obtenga la sociedad cooperativa no se efectuar�n pagos provisionales del impuesto sobre la renta, y

IV. Los rendimientos y los anticipos que otorguen las sociedades cooperativas a sus socios, se considerar�n como ingresos asimilados a los ingresos por la prestaci�n de un servicio personal subordinado y se aplicar� lo dispuesto en los art�culos 110 y 113 de esta ley."

Art�culo 85-B. Las sociedades cooperativas de producci�n que opten por aplicar lo dispuesto en el presente cap�tulo, no podr�n variar su opci�n en ejercicios posteriores, salvo cuando se cumplan con los requisitos que se establezcan en el reglamento de esta ley. Cuando los contribuyentes dejen de pagar el impuesto en los t�rminos de este cap�tulo, en ning�n caso podr�n volver a tributar en los t�rminos del mismo."

El primero de los preceptos transcritos, entre otras cosas, establece una opci�n a las sociedades cooperativas de producci�n que �nicamente se encuentren constituidas por socios personas f�sicas, para calcular el impuesto sobre la renta, aplicando lo dispuesto en la secci�n I del cap�tulo II del t�tulo IV de esa ley -r�gimen de personas f�sicas con actividades empresariales y profesionales-, en lugar de aplicar el t�tulo II de la propia ley; diferir la totalidad del impuesto hasta el ejercicio fiscal en el que distribuyan sus socios la utilidad gravable que les corresponda y no efectuar pagos provisionales del impuesto de que se trata.

Mientras que el segundo de los preceptos transcritos establece que las sociedades cooperativas de producci�n que opten por aplicar la opci�n antes mencionada, no la podr�n variar en ejercicios posteriores, salvo la hip�tesis que establece; as� como que si dejan de pagar el impuesto bajo esa opci�n, en ning�n caso podr�n acogerse a ella.

Ahora bien, de los conceptos de violaci�n hechos valer por la parte quejosa, cuya s�ntesis ya se ha hecho en esta ejecutoria, se advierte que directamente no formul� argumento alguno en contra de este �ltimo precepto, a fin de demostrar su inconstitucionalidad, puesto que si bien en dichos conceptos se refiere de manera general a los dos preceptos reclamados, sus argumentos los encamina a impugnar el contenido del art�culo 85-A, puesto que aduce lo siguiente:

En el primer concepto de violaci�n, que los art�culos 85-A y 85-B de la Ley del Impuesto sobre la Renta, son violatorios de la garant�a de equidad tributaria, al prever un r�gimen de causaci�n desigual para las personas morales constituidas bajo la forma de sociedades cooperativas de producci�n, en relaci�n con las dem�s personas morales de naturaleza mercantil; que, adem�s, prev�n un r�gimen tributario especial, pues establecen que las sociedades cooperativas de producci�n, podr�n calcular el impuesto sobre la renta aplicando las disposiciones atinentes al r�gimen de personas f�sicas con actividades empresariales y profesionales, en lugar de aplicar las disposiciones para personas morales; asimismo, establecen un r�gimen de diferimiento del impuesto sobre la renta a favor de las citadas sociedades cooperativas y les libera de la obligaci�n de realizar pagos provisionales; se�ala que conforme a la jurisprudencia, los fines extrafiscales deben en todo momento respetar las garant�as de legalidad, equidad, proporcionalidad y destino al gasto p�blico.

En su segundo concepto de violaci�n, las quejosas se�alan que los preceptos reclamados tambi�n violan la garant�a de igualdad jur�dica, contenida en el art�culo 1o. de la Carta Magna, al tratar de manera desigual a sujetos que se encuentran en la misma situaci�n de derecho; esto es, porque las sociedades cooperativas de producci�n, como el resto de las sociedades mercantiles, se encuentran en la misma situaci�n jur�dica, pues se trata de sujetos que realizan actividades comerciales, en virtud de las cuales se encuentran obligadas al pago del impuesto sobre la renta y, no obstante dicha situaci�n de igualdad jur�dica, a trav�s de los citados preceptos, se han establecido diversas consecuencias de derecho.

En el tercer concepto de violaci�n, aducen las quejosas que los art�culos impugnados violan las garant�as de legalidad y seguridad jur�dica, consagradas en el art�culo 16 constitucional, dado que el legislador no los fundament� ni motiv� como lo exige el art�culo constitucional antes citado, habida cuenta que dichos preceptos regulan un aspecto social que normativamente no amerita regulaci�n jur�dica, ya que el fin pretendido por el legislador, en el sentido de que mediante el fomento de las sociedades cooperativas de producci�n se incrementa el empleo, no es una realidad que requiera ser regulada, por lo que la sociedad requiere que el aumento del empleo se haga a trav�s de todas las sociedades mercantiles y no �nicamente a trav�s de una especie de �stas, las cuales, al igual que las primeras, tienen una finalidad lucrativa.

Luego, es evidente, como ya se precis�, que las quejosas no expresaron argumento alguno en contra de las limitantes que establece el art�culo 85-B a las sociedades cooperativas de producci�n que opten por tributar bajo el r�gimen de personas f�sicas con actividades empresariales y profesionales, para que puedan variar su opci�n y continuar con ella, a fin de demostrar su inconstitucionalidad.

En este contexto, debe sobreseerse en el juicio respecto de dicho precepto.

Apoya la anterior decisi�n la jurisprudencia n�mero 3a./J. 28/93, cuyo rubro es el siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACI�N EN DEMANDAS DE AMPARO INDIRECTO, CUANDO NO EXISTEN DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO Y NO NEGAR EL AMPARO."(5)

QUINTO

Es infundado el primer concepto de violaci�n en el que la quejosa, esencialmente, aduce que el art�culo 85-A de la Ley del Impuesto sobre la Renta, vigente para dos mil seis, viola la garant�a de equidad tributaria que prev� el art�culo 31, fracci�n IV, de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, en virtud de que establece un r�gimen de causaci�n desigual para las personas morales constituidas bajo la forma de sociedades cooperativas de producci�n, en relaci�n con las dem�s personas morales de naturaleza mercantil, no obstante que ambas se encuentran en igualdad de circunstancias, en tanto que ambas tienen una finalidad de lucro.

El Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, en diversos criterios jurisprudenciales, ha definido el principio de equidad tributaria, sosteniendo que radica medularmente en la igualdad ante la misma ley tributaria de todos los sujetos pasivos de un mismo tributo, los que, en consecuencia, deben recibir un mismo trato; lo que a su vez implica que las normas tributarias deben tratar de manera desigual a los que se encuentren en una situaci�n diversa. Que obliga a que no exista distinci�n entre situaciones tributarias que pueden considerarse iguales, sin que haya, para esto, una justificaci�n objetiva y razonable. Que el valor superior que persigue consiste en evitar que existan normas que, destinadas a proyectarse sobre situaciones de igualdad de hecho, produzcan desigualdad como efecto de su aplicaci�n, al generar un trato distinto en situaciones an�logas o al propiciar efectos iguales sobre sujetos que se ubican en situaciones dispares.

Tales conceptos han sido tomados, entre otros, de los criterios jurisprudenciales, cuyos rubros son los siguientes: "EQUIDAD TRIBUTARIA. IMPLICA QUE LAS NORMAS NO DEN UN TRATO DIVERSO A SITUACIONES AN�LOGAS O UNO IGUAL A PERSONAS QUE EST�N EN SITUACIONES DISPARES."(6), "EQUIDAD TRIBUTARIA. SUS ELEMENTOS."(7) e "IMPUESTOS. PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA PREVISTO POR EL ART�CULO 31, FRACCI�N IV, CONSTITUCIONAL."(8)

El propio Tribunal Pleno ha sostenido, adem�s, que para cumplir con el principio de equidad tributaria, el legislador no s�lo est� facultado, sino que tiene la obligaci�n de crear categor�as o clasificaciones de contribuyentes, a condici�n de que �stas no sean caprichosas o arbitrarias; esto es, que se sustenten en bases objetivas que justifiquen el tratamiento diferente entre una y otra categor�a, y que puedan responder a finalidades econ�micas o sociales, razones de pol�tica fiscal o incluso extrafiscales.

Ahora bien, para poder establecer si la opci�n de que se trata se sustenta en una base objetiva que justifique la diferencia de trato entre las sociedades cooperativas de producci�n y las dem�s sociedades mercantiles, es necesario realizar algunas precisiones en relaci�n con estas figuras jur�dicas.

Pues bien, para determinar si le asiste o no la raz�n a la quejosa, debe establecerse la naturaleza jur�dica de las sociedades cooperativas de producci�n a que alude el precepto impugnado.

Los art�culos 2o., 21, 22 y 27 de la Ley General de Sociedades Cooperativas, a la letra dicen:

Art�culo 2o. La sociedad cooperativa es una forma de organizaci�n social integrada por personas f�sicas con base en intereses comunes y en los principios de solidaridad, esfuerzo propio y ayuda mutua, con el prop�sito de satisfacer necesidades individuales y colectivas, a trav�s de la realizaci�n de actividades econ�micas de producci�n, distribuci�n y consumo de bienes y servicios."

Art�culo 21. Forman parte del sistema cooperativo las siguientes clases de sociedades cooperativas:

I. De consumidores de bienes y/o servicios, y

II. De productores de bienes y/o servicios, y

III. De ahorro y pr�stamo."

Art�culo 22. Son sociedades cooperativas de consumidores, aquellas cuyos miembros se asocien con el objeto de obtener en com�n art�culos, bienes y/o servicios para ellos, sus hogares o sus actividades de producci�n."

Art�culo 27. Son sociedades cooperativas de productores, aquellas cuyos miembros se asocien para trabajar en com�n en la producci�n de bienes y/o servicios, aportando su trabajo personal, f�sico o intelectual.

Independientemente del tipo de producci�n a la que est�n dedicadas, estas sociedades podr�n almacenar, conservar, transportar y comercializar sus productos, actuando en los t�rminos de esta ley."

El primero de los preceptos transcritos establece una definici�n gen�rica de las sociedades cooperativas, se�alando que �stas constituyen una organizaci�n social integrada por personas f�sicas con base en intereses comunes y en los principios de solidaridad, esfuerzo propio y ayuda mutua, con el prop�sito de satisfacer necesidades individuales y colectivas, a trav�s de la realizaci�n de actividades econ�micas de producci�n, distribuci�n y consumo de bienes y servicios.

Deriva de la anterior definici�n legal, que la raz�n de ser de estas sociedades es el servicio al socio, a la comunidad; su prop�sito fundamental, la satisfacci�n de necesidades y aspiraciones econ�micas, sociales y culturales de los socios en com�n.

La doctrina se�ala como el origen de las cooperativas modernas a la llamada sociedad de pioneros (equitable pionners) de Rochdale, Inglaterra, fundada en mil ochocientos cuarenta y cuatro por veintiocho obreros textiles con el prop�sito de adquirir directamente, para su propio consumo, los art�culos necesarios para su subsistencia y de esta manera eliminar tanto a los intermediarios como al incentivo del lucro, que elevaban considerablemente el precio de estos bienes. En otras palabras, la sociedad ten�a como prop�sito que los socios se convirtieran en mercaderes y fabricantes, para proporcionarse, mutuamente, mercanc�as de la mejor calidad y al precio m�s bajo.

A la sociedad de pioneros, que tuvo el car�cter de lo que hoy se conoce como cooperativa de consumo, le siguieron diversas sociedades de este mismo tipo y, posteriormente, aparecer�an las cooperativas de producci�n y las de cr�dito, las primeras en Francia, las segundas en Alemania.

En el derecho positivo mexicano, tambi�n se distinguen estos tres grupos de sociedades cooperativas, tal como se desprende del art�culo 21 de la ley que se analiza, transcrito l�neas arriba, al disponer que forman parte del sistema cooperativo las siguientes sociedades, a saber: de consumidores de bienes y/o servicios; de productores de bienes y/o servicios; y de ahorro y pr�stamo.

Por su parte, el art�culo 27 de este mismo ordenamiento define en forma espec�fica el tipo de sociedad que interesa para el presente estudio, se�alando que son sociedades cooperativas de productores, aquellas cuyos miembros se asocien para trabajar en com�n en la producci�n de bienes y/o servicios, aportando su trabajo personal, f�sico o intelectual. Independientemente del tipo de producci�n a la que est�n dedicadas, estas sociedades podr�n almacenar, conservar, transportar y comercializar sus productos, actuando en los t�rminos de esta ley.

De lo anterior se colige que el objeto de la sociedad cooperativa de producci�n consiste, como su mismo nombre lo indica, en la producci�n de bienes y/o servicios, mediante el trabajo f�sico o intelectual de sus miembros, con el prop�sito fundamental de poder comercializar dichos bienes en el mercado y obtener de ellos la mayor ganancia posible.

Esto es, son empresas que venden al p�blico, semejantes a cualquier empresa patronal, pero con la diferencia esencial de que en ellas el patr�n es eliminado y sustituido por los miembros de dicha sociedad. Empero, lo que se pretende con ellas, su finalidad primordial, es remunerar las prestaciones de sus socios al m�ximo posible.

Otra de las diferencias entre dichas personas morales deriva de los rendimientos o utilidades que son repartidos entre los socios que las integran. El art�culo 6o. de la Ley General de Sociedades Cooperativas, que establece los principios que deben observar en su funcionamiento esta clase de entidades, se�ala lo siguiente:

Art�culo 6o. Las sociedades cooperativas deber�n observar en su funcionamiento los siguientes principios:

I. Libertad de asociaci�n y retiro voluntario de los socios;

II. Administraci�n democr�tica;

III. L.�n de intereses a algunas aportaciones de los socios si as� se pactara;

IV. Distribuci�n de los rendimientos en proporci�n a la participaci�n de los socios;

V. Fomento de la educaci�n cooperativa y de la educaci�n en la econom�a solidaria;

VI. Participaci�n en la integraci�n cooperativa;

VII. Respeto al derecho individual de los socios de pertenecer a cualquier partido pol�tico o asociaci�n religiosa, y

VIII. P.�n de la cultura ecol�gica."

De la fracci�n IV del dispositivo transcrito, se observa que uno de los principios b�sicos del cooperativismo, es el de la repartici�n de los rendimientos en proporci�n a la participaci�n de los socios. Ello refleja, por otra parte, una de las tantas diferencias entre las entidades que se estudian y las llamadas sociedades capitalistas, pues estas �ltimas reparten las utilidades de acuerdo con el capital invertido por cada socio, sin importar la participaci�n -f�sica o intelectual- que hubieren tenido en el desarrollo de la empresa.

Ahora bien, el legislador en la exposici�n de motivos relativa a la adici�n del art�culo 85-A a la Ley del Impuesto sobre la Renta, se�al� lo siguiente:

Dictamen

M�xico, D.F., a 28 de abril de 2005.

Dictamen de las Comisiones Unidas de Hacienda y Cr�dito P�blico, y de Fomento Cooperativo y Econom�a Social, con proyecto de decreto que adiciona un cap�tulo VII-A al t�tulo segundo de la Ley del Impuesto sobre la Renta 21 de abril de 2005.

...

Exposici�n de Motivos

La cooperativa surge en los pa�ses en desarrollo, como una opci�n contra la pobreza generalizada, para contrarrestar el elevado �ndice de desempleo y otros problemas que afectan a la econom�a y que a la vez disminuyen las posibilidades de progreso, como la inflaci�n, las condiciones comerciales desfavorables a la exportaci�n y la carga de la deuda con el extranjero, lo que da origen a un panorama bastante sombr�o para las futuras generaciones.

S.�n la OIT, de una fuerza de trabajo mundial de 3000 millones de personas, entre un 25 y un 30 por ciento se hallan en situaci�n de subempleo, y cerca de 140 millones de trabajadores est�n desempleados por completo. En pocas palabras: la situaci�n del empleo en el mundo sigue siendo bastante desalentadora y todos los pa�ses manifiestan una necesidad urgente de encontrar nuevas formas de superar los obst�culos al empleo.

La sociedad cooperativa representa una alternativa viable para resolver el grav�simo problema de desempleo que afecta a todos los pa�ses, incluyendo los desarrollados, de ah� que los gobiernos de los mismos, incentiven sus operaciones, primeramente porque se les reconoce su car�cter social, y segundo por ser grandes contribuyentes de impuestos directos.

El trabajo cooperativo en el mundo se ha convertido en un elemento de importancia vital para las econom�as de los Estados, y como consecuencia, los gobiernos de los pa�ses han establecido pol�ticas laborales, financieras, fiscales y en general de fomento para estimular su establecimiento, garantizando su impulso y consolidaci�n.

Las sociedades cooperativas en el mundo, independientemente del grado de desarrollo que estos tengan y del sistema pol�tico-econ�mico que establezcan, han sido motores significativos del progreso y en muchos casos, como en China y Espa�a, por mencionar solo dos ejemplos, se han consolidado como entes econ�micos primordiales e imprescindibles y como soportes trascendentales para dar empleo, adem�s de ser generadoras de recursos financieros importantes que proporcionan solidez al mercado interno y son fuente suministradora de recursos para la naci�n.

La cooperativa surge en los pa�ses en desarrollo, como una opci�n contra la pobreza generalizada, para contrarrestar el elevado �ndice de desempleo. Otros problemas que afectan a la econom�a y que a la vez disminuyen las posibilidades de desarrollo de las oportunidades de crecimiento son: la inflaci�n, las condiciones comerciales perjudiciales a la exportaci�n y la carga de la deuda con el extranjero, todo ello contribuye a esbozar un panorama bastante negativo, en el cual la empresa social se consolida como una opci�n para contrarrestar los problemas generados por estos fen�menos que distorsionan el funcionamiento econ�mico.

Los empresarios de todos los pa�ses se han dado cuenta de la importancia que tiene la organizaci�n cooperativista para hacerle frente a los retos de un mercado nacional y mundial cada d�a m�s competitivo, pero sobre todo, los gobiernos han encontrado en la empresa cooperativa una forma de contrarrestar los efectos negativos producidos por la econom�a globalizada, que conllevan necesariamente a la concentraci�n del ingreso; el aumento del hambre; del tr�fico y consumo de drogas; del crimen organizado; de la corrupci�n; de los conflictos armados; del terrorismo; de la intolerancia y del racismo, los enfrentamientos por motivos �tnicos y religiosos; las enfermedades transmisibles y cr�nicas y la falta de medios para atacarlas, adem�s de restar posibilidades en la generaci�n de oportunidades de empleo para la poblaci�n.

En los �ltimos a�os asistimos a la evoluci�n de las empresas cooperativas como una forma de proteger el empleo, pero tambi�n de inyectarle dinamismo a la econom�a, en tal sentido las leyes, en los pa�ses que las promueven, se han modificado para darles un tratamiento legal que sea consecuente con la actividad social que desempe�an dentro de un contexto econ�mico cada vez m�s globalizado. Ello explica que las leyes implementadas a �ltimas fechas para regular las cooperativas, dedican un apartado especial para dicho fin, incluso en el tratamiento fiscal.

Sin embargo, en nuestro pa�s a�n no se ha logrado comprender la importancia estrat�gica de las cooperativas. As� a las de producci�n se les considera como empresa con fines lucrativos, trato que propicia desigualdad en el pago de impuestos y que desconoce su caracter�stica esencial como empresa social.

En M�xico el art�culo 26 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, obliga al Estado mexicano a organizar un sistema de planeaci�n democr�tica del desarrollo nacional que imprima solidez, dinamismo, permanencia y equidad al crecimiento de la econom�a para solidificar la independencia y la democratizaci�n pol�tica, social y cultural de la naci�n.

En este mismo sentido, cabe destacar que el Congreso est� facultado para expedir leyes sobre planeaci�n del desarrollo econ�mico y social, de acuerdo con la fracci�n XXIX-D, del art�culo 73 constitucional.

Por ello el legislador, con el prop�sito de regular a las sociedades cooperativas y cumplir con lo estipulado en el art�culo 26 de la Constituci�n, aprob� el 3 de agosto de 1994, la Ley General de Sociedades Cooperativas vigente.

Sin embargo, vale la pena recordar que desde esa fecha, han existido diferentes intentos por reformarla, con la intenci�n de incluir un verdadero r�gimen de fomento y est�mulo que permita dar solidez financiera y econ�mica a las cooperativas.

Por otra parte, es de todos conocido que el sistema cooperativista carece de est�mulos fiscales, de financiamiento, y de programas educativos para consolidar su crecimiento, entre otras tantas condiciones necesarias para apoyar su desarrollo.

El r�gimen fiscal de las cooperativas ha sufrido fuertes retrocesos. As�, de acuerdo con la Ley del Impuesto sobre la Renta del a�o 1989, �stas fueron excluidas del r�gimen de transparencia que anta�o les permiti� a muchas de ellas consolidarse, como consecuencia de permitirles acogerse a un sistema que facilitaba la reinversi�n de excedentes y no impactaba sobre el costo fiscal. El resultado de esta pol�tica fiscal fue ben�fico, en virtud de que se encaminaron los esfuerzos a la inversi�n productiva, se generaron muchos empleos, se moderniz� la tecnolog�a en los procesos productivos y se crearon programas culturales y sociales en beneficio de la sociedad.

Evidentemente no se dejaba de pagar el impuesto sobre la renta, toda vez, que cada socio de la cooperativa tributaba en el r�gimen de persona f�sica asalariada, que dicho sea de paso, es actualmente el sector de contribuyentes que m�s aporta, con el 53% de la captaci�n total del impuesto sobre la renta.

El est�mulo a la reinversi�n de los excedentes se compensaba entonces y se compensar�a en la actualidad, con el impuesto sobre la renta que pagar�an m�s socios incorporados producto de la mayor generaci�n de empleos.

Lamentablemente, en el a�o 1990, se impuso una legislaci�n tributaria contraria a los intereses nacionales que ech� por tierra el sistema de tributaci�n de las cooperativas.

Probablemente en aquella oportunidad el legislador evalu� esta medida como un mecanismo que permitir�a lograr una mayor aportaci�n de impuestos por parte de las cooperativas, sin embargo, a la fecha, el impacto ha sido negativo. En efecto: si se grava a la cooperativa como una sociedad mercantil, se dejan de captar los recursos fiscales derivados del trabajo de los socios, como resultado de una reducci�n en el n�mero de trabajadores, implicando como consecuencia un efecto contrario al esperado.

Esto sucedi� precisamente con la ley de 1994, cuando se incorpor� a la sociedad cooperativa para tributar bajo el r�gimen general de ley, a pesar de conservar algunos est�mulos fiscales, como el hecho de estar exentos hasta 20 salarios m�nimos anuales y la posibilidad de considerar a los rendimientos como salarios, pudiendo restarlos de la utilidad fiscal.

Siguiendo esta misma tendencia agresiva contra las cooperativas en la ley del a�o fiscal 2002, desaparecen todos los incentivos fiscales y se asimila a la cooperativa como si fuera una sociedad mercantil m�s.

Con estas medidas todos perdemos, porque la empresa cooperativa no crece, y por lo tanto no cumple con su cometido social de generaci�n de empleos, y el fisco pierde porque no capta el impuesto que proyecta en virtud de que no le pagan m�s trabajadores-socios y s�lo se reporta la peque�a utilidad que genera una empresa desprovista de cr�ditos para crecer, de falta de recursos para invertir en la modernizaci�n de sus activos fijos y, por lo tanto, queda imposibilitada para obtener mayores utilidades.

De manera absolutamente contrastante, observamos que en otros pa�ses las cooperativas tienen las siguientes tasas impositivas sobre la renta:

Espa�a, 20% sobre las utilidades; Chile, exentas de impuesto; Venezuela, exentas de impuesto; Noruega, exentas de impuesto; China, subsidiadas para la producci�n; Finlandia, exentas de impuesto; M�xico, 33%, igual que cualquier otra empresa con fines lucrativos y con la agravante de pagar dos veces el impuesto sobre la renta: primeramente como empresa y al mismo tiempo en el entero de la retenci�n a sus socios-trabajadores.

Con base en los datos anteriores podemos concluir que muchas naciones otorgan un tratamiento preferencial y diferente a las sociedades cooperativas, incluso les conceden incentivos por la creaci�n de empleos, como es el caso de E.�a y les deducen los recursos que utilizan para el fomento de la educaci�n y la cultura, como en los casos de Chile y Venezuela. �nicamente nuestro pa�s queda a la zaga, la causa, puede ser el resultado de mantener un sistema tributario equivocado que ignora los beneficios que recibir�a el pa�s, de aplicar los alicientes que se requieren para estimular la producci�n cooperativista.

El impacto recaudatorio por el fomento a las cooperativas podr�a ser de aproximadamente 19 mil millones 720 mil pesos, lo que representa el 11.44% de la recaudaci�n actual, considerando que se pudieran generar 1,000,000 empleos durante los pr�ximos cinco a�os.

Por consiguiente, se puede concluir que se hace necesario proponer que a las sociedades cooperativas se les reconozca su calidad de empresa social como lo se�ala el art�culo 2o. de la Ley General de Sociedades Cooperativas y se les otorgue un tratamiento que les permita actuar como fuentes generadoras de empleo e ingreso y, por lo tanto, como empresas capaces de contribuir significativamente al incremento de la recaudaci�n fiscal en nuestro pa�s.

Con base en lo anterior, proponemos considerar a las cooperativas de producci�n, dentro del t�tulo III-A en la Ley del Impuesto sobre la Renta, recobrando su esencia de sociedades de car�cter social, homolog�ndolas como asociaciones con fines no lucrativos, con una tasa preferente, ello con independencia del impuesto que ya cubren los socios cooperativistas por asimilaci�n a salarios.

Los suscritos, diputados de la LIX Legislatura del Congreso de la Uni�n, con fundamento en lo dispuesto en el art�culo 71, fracci�n II, de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos y el art�culo 55, fracci�n II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, someten a la consideraci�n de la C�mara de Diputados las presentes adiciones a la iniciativa de decreto que adiciona el t�tulo III-A de la Ley del Impuesto sobre la Renta, la fracci�n VIII del art�culo 95 del C�digo Fiscal de la Federaci�n, y el art�culo 389-Bis-A del C�digo Penal Federal.

El pasado veintiuno de octubre se present� ante la H. C�mara de Diputados la iniciativa de decreto que adiciona el t�tulo III-A de la Ley del Impuesto sobre la Renta, la fracci�n VIII del art�culo 95 del C�digo Fiscal de la Federaci�n, y el art�culo 389-Bis-A del C�digo Penal Federal, le�da y firmada por el diputado F.L.M.R.�n del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, y tambi�n fue rubricada por el diputado F.J.S.P.�rez del grupo parlamentario del Partido de la Revoluci�n Democr�tica y diputado J.J.B.�rcenas G.�lez del grupo parlamentario del Partido Acci�n Nacional, as� como por varios diputados integrantes de diferentes grupos parlamentarios, la que tiene como finalidad potenciar la creaci�n de empleos a trav�s de incentivar el trabajo cooperativo.

Exposici�n de Motivos

Con la intenci�n de precisar y de establecer reglas m�s claras para que en la iniciativa en comento, no se conviertan las imprecisiones en fuentes de evasi�n fiscal, se hace necesario establecer normas que perfeccionen los art�culos presentados originalmente ante esta H. C�mara, por lo que se proponen las siguientes adiciones que complementan la iniciativa presentada el pasado veintiuno de octubre para quedar como sigue:

Art�culo 1o. Ley del Impuesto sobre la Renta

T�tulo III-A

De r�gimen fiscal de las sociedades cooperativas de producci�n

Disposiciones generales

Art�culo 105-A. Las sociedades cooperativas de producci�n deber�n calcular el impuesto sobre la renta, aplicando al resultado fiscal obtenido en el ejercicio la tasa del 20%.

El impuesto que se haya determinado conforme al p�rrafo anterior, despu�s de aplicar, en su caso, la reducci�n a que se refiere el pen�ltimo p�rrafo del art�culo 81 de esta ley, ser� el que se acreditar� contra el impuesto al activo del mismo ejercicio, y ser� el causado para determinar la diferencia que se podr� acreditar adicionalmente contra el impuesto al activo, en los t�rminos del art�culo 9o. de la Ley del Impuesto al Activo.

Para tal efecto deber�n de cumplir con los requisitos m�nimos siguientes:

I.P.�n optar por tributar conforme a este t�tulo todas aquellas que se dediquen a una actividad l�cita y de beneficio social en las actividades siguientes:

Agricultura, ganader�a, silvicultura, fruticultura, pesca, extracci�n y beneficio de minerales met�licos, industria textil, fabricaci�n de calzado, elaboraci�n y/o envase de refrescos, aguas gaseosas y purificadas, fabricaci�n de cemento, cal y yeso y sus derivados, industria mueblera, industria azucarera, elaboraci�n de alimentos considerados de la canasta b�sica y aquellas que por la naturaleza de su operaci�n realicen sus actividades integrando a sus procesos productivos el 100% de insumos de procedencia nacional, entre otras de beneficio social excepto aquellas que realicen actividades del sistema bancario mexicano que se�ala el art�culo 3o. del t�tulo I de la Ley de Instituciones de Cr�dito.

II. El n�mero m�nimo de socios cooperativistas para poder constituir la sociedad cooperativa ser� la que se�ala la fracci�n V, del cap�tulo I, del t�tulo II, de la Ley General de Sociedades Cooperativas.

III. Los trabajadores socios cooperativistas tendr�n la obligaci�n de hacer una aportaci�n m�nima, con el objeto de demostrar su car�cter de socio cooperativista, en los t�rminos del art�culo 50, cap�tulo IV, del t�tulo II, de la Ley General de las Sociedades Cooperativas, misma que depender� de las actas y bases constitutivas de cada sociedad cooperativa en particular.

IV. Las sociedades cooperativas estar�n obligadas a proporcionar una declaraci�n informativa de los empleos nuevos directos e indirectos creados en el ejercicio, donde se incluir� respectivamente el n�mero de Registro Federal de Contribuyentes y la manifestaci�n de alta en el Instituto Mexicano del Seguro Social.

V. Las sociedades cooperativas tendr�n la obligaci�n de certificar ante notario p�blico las listas de sus socios cooperativistas cada ejercicio fiscal y presentar la misma anexa a la declaraci�n del ejercicio, en la fecha que se se�ala para tales efectos en esta misma ley.

El resultado fiscal del ejercicio se determinar� como sigue:

I. Se obtendr� la utilidad fiscal disminuyendo de la totalidad de los ingresos acumulables obtenidos en el ejercicio, las deducciones autorizadas por este t�tulo.

II. A la utilidad fiscal del ejercicio se le disminuir�n, en su caso, las p�rdidas fiscales pendientes de aplicar de ejercicios anteriores.

El impuesto del ejercicio se pagar� mediante declaraci�n que presentar�n ante las oficinas autorizadas, dentro de los tres meses siguientes a la fecha en la que termine el ejercicio fiscal.

Las sociedades cooperativas de producci�n que realicen exclusivamente actividades de agricultura, ganader�a, silvicultura y fruticultura, podr�n aplicar lo dispuesto en el pen�ltimo p�rrafo del art�culo 81 de esta ley.

Art�culo 105-B. ...

...

Art�culo 105-Z-Bis-4. ...

Art�culo segundo. Se adiciona la fracci�n VIII del art�culo 95 del C�digo Fiscal de la Federaci�n para quedar como sigue:

Art�culo 95. Son responsables de los delitos fiscales quienes:

...

VII. Aquellas personas f�sicas o morales que simulen la operaci�n de sus actividades mercantiles como cooperativas de producci�n.

Art�culo tercero. Se adiciona el art�culo 389 Bis-A del C�digo Penal Federal, para quedar como sigue:

Art�culo 389 Bis-A. Fraude fiscal por simulaci�n de cooperativas de producci�n.

Comete delito de fraude fiscal de acuerdo con lo se�alado en la fracci�n VIII del art�culo 95 del C�digo Fiscal de la Federaci�n el que por s� o por interp�sita persona, cause perjuicio p�blico al fisco federal simulando operaciones de cooperativa de producci�n, as� como cuando pretenda acogerse a la tasa impositiva del 20% del impuesto sobre la renta sin cumplir con el requisito de generar un m�nimo de diez puestos de trabajo debidamente registrados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social. Este delito se sancionar� aun en el caso de falta de pago total o parcial.

Este delito se sancionar� con las penas previstas en el art�culo 386 de este c�digo, con la salvedad de la multa mencionada en la fracci�n tercera de dicho precepto que se elevara hasta por el 20% del patrimonio de la infractora.

Consideraciones de las comisiones

Primera

Estas comisiones resultan competentes para dictaminar las iniciativas presentadas por ...

Segunda

Estas comisiones consideran procedente dictaminar favorablemente las iniciativas presentadas por ...

En efecto, se conviene con los razonamientos expresados en las iniciativas que se dictaminan, toda vez que el desempleo, seg�n se refiere, es uno de los problemas sociales m�s sentidos por la poblaci�n de escasos recursos; por lo cual las sociedades cooperativas representan una alternativa viable para la generaci�n de empleo productivo con bajos montos de inversi�n.

En raz�n de lo anterior se considera acertada la implementaci�n de un est�mulo fiscal orientado a invertir en el desarrollo de las capacidades empresariales y asociativas de la poblaci�n marginada y en situaci�n de pobreza para que, en base a su propio esfuerzo organizativo, se encuentren en condiciones de generar su propio empleo y una fuente digna de ingresos de car�cter sustentable.

En el mismo orden de ideas, se encuentra coincidencia en que se adopte una pol�tica fiscal de aliento y promoci�n de las cooperativas, ya que dicho esquema es ampliamente aceptado en diferentes latitudes con resultados altamente favorables para las econom�as de pa�ses tan dis�mbolos como Chile y Venezuela en Am�rica Latina; Espa�a, Noruega o Finlandia en Europa y, China en Asia.

Sin embargo, el contenido de la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el t�tulo III-A de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, no se considera viable, toda vez que rompe con el principio de equidad tributaria que establece la fracci�n IV del art�culo 31 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos.

En efecto, el principio de equidad radica principalmente en la igualdad ante la misma ley tributaria de todos los sujetos pasivos de un mismo tributo, los que en tales condiciones deben recibir un tratamiento id�ntico en lo concerniente a hip�tesis de causaci�n, entre otras, debiendo �nicamente variar las tarifas tributarias aplicables, de acuerdo con la capacidad econ�mica de cada contribuyente.

Motivo por el cual, estas Comisiones Unidas de Hacienda y Cr�dito P�blico y de Fomento Cooperativo y Econom�a Social, consideran pertinente modificar el cuerpo de la iniciativa en cuesti�n, a efecto de que reciban est�mulos fiscales las sociedades cooperativas de producci�n, sin que haya una afectaci�n al resto de sociedades mercantiles.

Tercera

Por lo que hace a la propuesta contenida en las iniciativas que se dictaminan, en las que se pretende adicionar una fracci�n al art�culo 95 del C�digo F. de la Federaci�n, debe se�alarse que �stas resultan improcedentes al contemplar un tipo penal, en un precepto que regula la responsabilidad de los sujetos que se ubiquen en cualquiera de los supuestos previstos como delitos fiscales.

...

Cuarta

Ahora bien, de las argumentaciones realizadas en el considerando segundo del presente dictamen, se desprende que estas comisiones unidas estiman pertinente modificar el cuerpo de la iniciativa, sin romper con el esp�ritu de la misma, es decir, visto con un enfoque global, el costo fiscal es poco significativo; en cambio, el impacto social es enorme, lo cual nos arroja un saldo favorable en la relaci�n costo-beneficio impl�cita en otorgar beneficios fiscales a las sociedades cooperativas de producci�n.

Efectivamente, con la modificaci�n a la iniciativa se generar�a un c�rculo virtuoso de est�mulo fiscal y productividad claramente enfocado hacia la econom�a social, por lo que la reforma legislativa propuesta se traducir�a en la generaci�n de un n�mero mayor de empleos, que a su vez, provocar� una mayor recaudaci�n fiscal y en consecuencia, montos cada vez m�s amplios destinados a la inversi�n productiva.

Lo anterior, en virtud de que con incorporar el beneficio a los socios cooperativistas en el r�gimen de transparencia, se aplicar�a el veinticinco por ciento con relaci�n a los rendimientos de dichos socios cooperativistas.

Finalmente, queremos llamar la atenci�n en el hecho de que adoptar una pol�tica fiscal de aliento y promoci�n de las cooperativas es un asunto ampliamente aceptado en diferentes latitudes con resultados altamente favorables para las econom�as de pa�ses tan dis�mbolos como Chile y Venezuela en Am�rica Latina; Espa�a, Noruega o Finlandia en la vieja Europa y, China en Asia. En suma, el proyecto de decreto nos permitir�a no solamente adecuar nuestra legislaci�n a las tendencias internacionales, sino tambi�n cumplir con lo dispuesto en la Recomendaci�n 193 de la Organizaci�n Internacional del Trabajo (OIT) sobre la promoci�n de las cooperativas, suscrita por nuestro pa�s en Ginebra en el a�o dos mil dos, principalmente en donde establece lo siguiente:

III. Aplicaci�n de las pol�ticas p�blicas de promoci�n de las cooperativas

11.1) Los gobiernos deber�an facilitar el acceso de las cooperativas a servicios de apoyo con el fin de fortalecer y mejorar su viabilidad empresarial y su capacidad para crear empleo y generar ingresos.

Por lo anteriormente se�alado, las Comisiones Unidas de Hacienda y Cr�dito P�blico y de Fomento Cooperativo y Econom�a Social, someten a consideraci�n de esta H. C�mara de Diputados el siguiente proyecto de:

Decreto que adiciona un cap�tulo VII-A al t�tulo II de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

Art�culo �nico. Se adiciona un cap�tulo VII-A �De las sociedades cooperativas de producci�n�, que comprende los art�culos 85-A y 85-B, al t�tulo II de la Ley del Impuesto sobre la Renta, para quedar como sigue:

Cap�tulo VII-A

De las sociedades cooperativas de producci�n

Art�culo 85-A. (se transcribe)

Art�culo 85-B. (se transcribe)

Transitorios."

Pues bien, de lo hasta aqu� expuesto se advierte que la naturaleza jur�dica de la sociedad cooperativa de producci�n, es diversa a la de las sociedades mercantiles eminentemente capitalistas, puesto que las primeras son de car�cter social, esto es, se rigen por los principios de solidaridad, esfuerzo propio y ayuda mutua, con el prop�sito de satisfacer necesidades individuales y colectivas, a trav�s de la realizaci�n de actividades econ�micas de producci�n y distribuci�n de bienes y servicios; mientras que las segundas no tienen estas caracter�sticas sociales. De ah� que en esencia no se trata de dos entes jur�dicos con caracter�sticas similares, por lo que es justificable que su tratamiento fiscal, por consecuencia, sea diverso entre ambas.

En efecto, como ya ha quedado expresado, el art�culo 85-A de la Ley del Impuesto sobre la Renta, prev� un mecanismo espec�fico para las sociedades cooperativas de producci�n, circunstancia que se encuentra debidamente justificada en la propia ley, pues por sus caracter�sticas especiales ya se�aladas, dichas personas morales deben recibir un trato diferente al de las dem�s sociedades mercantiles, como las quejosas -sociedades an�nimas de capital variable-, para efectos del impuesto sobre la renta, pues ser�a contrario al objeto mismo de la sociedad equiparar para efectos de tributaci�n a una sociedad an�nima de capital variable, con una sociedad cooperativa de producci�n, pues si bien esta �ltima tiene como fin la comercializaci�n de bienes y servicios para obtener de ellos la mayor ganancia posible, ello es mediante una actividad econ�mica social, pero no necesariamente mercantil, en r�gimen de empresa com�n y dentro del marco de los principios cooperativos de mutualidad, equidad, solidaridad, etc�tera, lo que confirma su car�cter eminentemente social a diferencia de las empresas cuyos fines atienden las dem�s sociedades mercantiles.

Tanto es as�, que en la exposici�n de motivos de la Ley General de Sociedades Cooperativas, se se�ala que se excluye a la sociedad cooperativa de la aplicaci�n del r�gimen de la ley mercantil para enmarcarla en el derecho social, considerando entonces a la propiedad cooperativa como parte de la propiedad social.

Para corroborar lo anterior, basta transcribir, en lo que interesa, la exposici�n de motivos citada:

C�mara de Origen: C�mara de Diputados

Exposici�n de motivos

M�xico, D.F., a 21 de diciembre de 1990

Iniciativa de diputados

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Exposici�n de motivos:

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Las actuales circunstancias econ�micas, sociales y pol�ticas, hacen impostergable que el cooperativismo nacional reciba el apoyo y el impulso que merece. Estamos convencidos que este integrante del sector social, a trav�s de las cooperativas de producci�n, consumo, servicios y ahorro y cr�dito, puede ser la palanca para elevar la producci�n de bienes y servicios, reducir el desempleo, abatir el alto costo de la vida y alcanzar el perfeccionamiento de nuestras instituciones democr�ticas, y el bienestar de la mayor�a. Hacia estos objetivos est� orientado el cap�tulo relativo a pol�tica social, del Plan Nacional de Desarrollo.

...

El proyecto de Ley General de Fomento Cooperativo que presentamos a su consideraci�n, contiene, entre otras, las siguientes aportaciones:

  1. Rescata de la legislaci�n mercantil a la cooperativa para enmarcarla dentro del derecho social, y considera de esta forma a la propiedad cooperativa, como parte de la propiedad social.

    ...

  2. Se reconoce por primera vez en nuestro pa�s al derecho cooperativo como una rama del derecho social.

  3. Por primera vez se habla del acto cooperativo, para diferenciarlo especialmente del acto civil y mercantil.

    ...

  4. Por primera vez se establece que los organismos cooperativos adquieren su personalidad jur�dica, desde el momento mismo de su constituci�n, para eliminar la desventaja en que se encuentran frente a las sociedades de capital.

    ...

  5. Finalmente, se establecen dos cap�tulos relativos a los apoyos institucionales del gobierno, para los organismos cooperativos."

    As� pues, la distinci�n entre los dem�s tipos de sociedades mercantiles y la sociedad cooperativa, en el caso, la de consumo, aunque formalmente esta �ltima se considera como parte de las primeras -art�culo 1o. de la Ley General de Sociedades Mercantiles- y que busque la mayor ganancia posible de la comercializaci�n de los bienes que produce, ello debe entenderse como un medio y no como un fin, para cumplir adecuadamente con su objetivo social extracapitalista, contrariamente al resto de las sociedades mercantiles, cuyo af�n de lucro persigue incrementar el capital aportado por cada uno de los socios.

    R. lo anterior lo se�alado en la exposici�n de motivos, relativa al precepto reclamado, de la que se advierte que la intenci�n del legislador fue en todo momento incentivar este tipo de organizaci�n, pues incluso el tema fue objeto de recomendaci�n internacional, por lo que resulta a todas luces justificable establecer un r�gimen fiscal diferente para este tipo de sociedades, sin que ello signifique vulneraci�n al principio de equidad, consagrado en la Constituci�n; por tanto, es infundado el primer concepto de violaci�n hecho valer.

    A igual consideraci�n, y por las mismas razones, debe llegarse respecto del segundo concepto de violaci�n, en el que la parte quejosa se�ala que el art�culo 85-A de la Ley del Impuesto sobre la Renta, tambi�n viola la garant�a de igualdad jur�dica, contenida en el art�culo 1o. de la Carta Magna, al tratar de manera desigual a sujetos que se encuentran en la misma situaci�n de derecho, esto es, porque las sociedades cooperativas de producci�n, como el resto de las sociedades mercantiles, se encuentran en la misma situaci�n jur�dica, pues se trata de sujetos que realizan actividades comerciales, en virtud de las cuales se encuentran obligadas al pago del impuesto sobre la renta y, no obstante dicha situaci�n de igualdad jur�dica, a trav�s de los citados preceptos, se han establecido diversas consecuencias de derecho.

    Se llega a la anterior decisi�n, porque la garant�a de equidad no tiene menor o mayor valor que la de igualdad garantizada por v�a de principio en otros preceptos constitucionales, puesto que la primera no es sino una manifestaci�n concreta de esta �ltima.

    De esta manera, el modo en que este Alto Tribunal ha delimitado el �mbito espec�fico de aplicaci�n de la garant�a de equidad tributaria, necesariamente debe dar lugar a que -sobre la necesaria base de que la Constituci�n no establece excepciones a la garant�a de igualdad-, cuando las disposiciones analizadas no corresponden a dicho �mbito -es decir, cuando se trata de normas que no se refieren a contribuciones, exenciones o a la delimitaci�n de obligaciones materialmente recaudatorias-, los argumentos que denuncian la existencia de un trato diferenciado o discriminatorio entre dos personas o grupos, deben ser analizados en el contexto m�s amplio que corresponde a la garant�a de igualdad.

    Lo anterior, inclusive, ha sido plasmado a trav�s de la tesis aislada 1a. CXXXVI/2005, de rubro: "EQUIDAD TRIBUTARIA. �MBITO ESPEC�FICO DE SU APLICACI�N."(9)

    En tal virtud, debe tenerse en cuenta que a trav�s del concepto de violaci�n en estudio, la parte quejosa plante� la inconstitucionalidad del art�culo 85-A de la Ley del Impuesto sobre la Renta, aduciendo esencialmente que resulta violatorio del principio de igualdad, dado que establece un trato diferenciado que -a su juicio- es injustificado, porque trata de manera desigual a sujetos que se encuentran en la misma situaci�n de derecho, esto es, porque las sociedades cooperativas de producci�n, como el resto de las sociedades mercantiles, se encuentran en la misma situaci�n jur�dica, pues se trata de sujetos que realizan actividades comerciales, en virtud de las cuales se encuentran obligadas al pago del impuesto sobre la renta y, no obstante dicha situaci�n de igualdad jur�dica, a trav�s de los citados preceptos, se han establecido diversas consecuencias de derecho.

    Como puede apreciarse, dichos argumentos se encaminan a demostrar la inconstitucionalidad de un precepto que se refiere a los elementos esenciales de la contribuci�n, pues se vinculan al r�gimen de pago del impuesto sobre la renta para las sociedades cooperativas constituidas exclusivamente por personas f�sicas.

    En tal virtud, es claro que los mismos corresponden al �mbito de aplicaci�n de la garant�a de equidad, como proyecci�n en la esfera espec�ficamente tributaria de la garant�a de igualdad.

    Consecuentemente, al haberse analizado por esta Primera Sala los conceptos de violaci�n formulados por las quejosas, en relaci�n con la garant�a de equidad, dio respuesta a los vinculados con la garant�a de igualdad, siendo v�lido afirmar que el n�cleo esencial de ambos planteamientos es el mismo.

    Las quejosas, en el tercer concepto de violaci�n, aducen que los art�culos impugnados violan las garant�as de legalidad y seguridad jur�dica, consagradas en el art�culo 16 constitucional, dado que el legislador no los fundament� ni motiv� como lo exige el art�culo constitucional antes citado, habida cuenta que el precepto reclamado regula un aspecto social que normativamente no amerita regulaci�n jur�dica, ya que el fin pretendido por el legislador, en el sentido de que mediante el fomento de las sociedades cooperativas de producci�n se incrementa el empleo, no es una realidad que requiera ser regulada, por lo que la sociedad requiere que el aumento del empleo se haga a trav�s de todas las sociedades mercantiles y no �nicamente a trav�s de una especie de �stas, las cuales, al igual que las primeras, tienen una finalidad lucrativa.

    Esta Suprema Corte de Justicia de la Naci�n ha sostenido reiteradamente el criterio de que cualquier autoridad est� obligada a cumplir con los requisitos de fundamentaci�n y motivaci�n previstos en el art�culo 16, p�rrafo primero, de la Constituci�n Federal, pero trat�ndose de los actos legislativos, aqu�llos se satisfacen si las autoridades encargadas de su formaci�n act�an dentro de los l�mites de las facultades que la Ley Fundamental les confiere (fundamentaci�n), y que las leyes que expidan se refieran a relaciones sociales que requieran ser jur�dicamente reguladas (motivaci�n), sin que implique, en modo alguno, que todas y cada una de las normas que integren un cierto ordenamiento, deban ser necesariamente materia de motivaci�n particular. Ello se advierte de las tesis aisladas y jurisprudencia que llevan por rubro y texto los siguientes:

    FUNDAMENTACI�N Y MOTIVACI�N. FORMA DE ENTENDER ESTA GARANT�A, CON RESPECTO A LAS LEYES. Ni en la iniciativa de una ley ni en el texto de la misma, es indispensable expresar su fundamentaci�n y motivaci�n, como si se tratara de una resoluci�n administrativa, ya que estos requisitos, trat�ndose de leyes, quedan satisfechos cuando �stas son elaboradas por los �rganos constitucionalmente facultados, y cumpli�ndose con los requisitos relativos a cada una de las fases del proceso legislativo que para tal efecto se se�alan en la Ley Fundamental."(10)

    FUNDAMENTACI�N Y MOTIVACI�N DE LOS ACTOS DE AUTORIDAD LEGISLATIVA. Este Tribunal Pleno ha establecido que por fundamentaci�n y motivaci�n de un acto legislativo, se debe entender la circunstancia de que el Congreso que expide la ley, constitucionalmente est� facultado para ello, ya que estos requisitos, en trat�ndose de actos legislativos, se satisfacen cuando act�a dentro de los l�mites de las atribuciones que la Constituci�n correspondiente le confiere (fundamentaci�n), y cuando las leyes que emite se refieren a relaciones sociales que reclaman ser jur�dicamente reguladas (motivaci�n); sin que esto implique que todas y cada una de las disposiciones que integran estos ordenamientos deben ser necesariamente materia de una motivaci�n espec�fica."(11)

    FUNDAMENTACI�N Y MOTIVACI�N DE LOS ACTOS DE AUTORIDAD LEGISLATIVA. En el texto de la ley no es indispensable expresar la fundamentaci�n y la motivaci�n de un ordenamiento legal determinado, pues generalmente ello se realiza en la exposici�n de motivos de la iniciativa correspondiente. Este Tribunal Pleno ha establecido que por fundamentaci�n y motivaci�n de un acto legislativo se debe entender la circunstancia de que el Congreso que expide la ley, constitucionalmente est� facultado para ello, ya que estos requisitos, en trat�ndose de actos legislativos, se satisfacen cuando act�a dentro de los l�mites de las atribuciones que la Constituci�n correspondiente le confieren (fundamentaci�n), y cuando las leyes que emite se refieren a resoluciones sociales que reclaman ser jur�dicamente reguladas (motivaci�n); sin que esto implique que todas y cada una de las disposiciones que integran estos ordenamientos deban ser necesariamente materia de una motivaci�n espec�fica."(12)

    En este orden de ideas, el proceso legislativo que culmin� con la adici�n a la Ley del Impuesto sobre la Renta, vigente para dos mil seis, en especial, con el art�culo 85-A, que establece la opci�n a las sociedades cooperativas de producci�n que �nicamente se encuentren constituidas por socios personas f�sicas, para calcular el impuesto sobre la renta, aplicando lo dispuesto en la secci�n I del cap�tulo II del t�tulo IV de esa ley -r�gimen de personas f�sicas con actividades empresariales y profesionales-, en lugar de aplicar el t�tulo II de la propia ley, diferir la totalidad del impuesto hasta el ejercicio fiscal en el que distribuyan sus socios la utilidad gravable que les corresponda y no efectuar pagos provisionales del impuesto de que se trata, no transgrede esa garant�a de legalidad establecida en el art�culo 16, p�rrafo primero, de la Constituci�n Federal, pues es patente que las contribuciones federales son una manifestaci�n de la potestad tributaria conferida al Congreso de la Uni�n, cuya motivaci�n se encuentra dentro de la misma naturaleza de ellas, que es destinarlas, esencialmente, a cubrir los gastos p�blicos del Estado, sin que esta �ltima llegue al extremo de precisar las razones del por qu� se crean, al derivar de la obligaci�n constitucional de contribuir para tales gastos.

    Ello es as�, porque conforme a la Constituci�n Federal, el ejercicio de la potestad tributaria se deposita originariamente en los representantes pol�ticos m�s directos de la soberan�a nacional, la cual reside en el pueblo conforme al art�culo 39 de la propia Constituci�n. As�, la potestad tributaria es una manifestaci�n m�s de la facultad legislativa, en este caso, del Congreso de la Uni�n, la que hist�ricamente se ha caracterizado por la afectaci�n que su ejercicio genera al patrimonio de los gobernados.

    En este contexto, debe tenerse presente que la potestad legislativa s�lo puede estar sujeta al cumplimiento de los requisitos que el Constituyente, en ejercicio de la soberan�a popular, estim� convenientes, destacando que su expresi�n tributaria, cuyo fin es establecer contribuciones, es una manifestaci�n unilateral emitida en ejercicio del poder de imperio del Estado, que no est� sujeta a que este �ltimo justifique la imposici�n de aqu�llas, al derivar de la obligaci�n constitucional de contribuir para los gastos p�blicos.

    En efecto, la atribuci�n constitucional de crear contribuciones, al ser una manifestaci�n directa del mandato popular conferido a los representantes de los soberanos y desarrollarse con el objeto de cumplir finalidades esenciales del Estado, si bien debe ce�irse, por lo general, a un proceso legislativo y el tributo debe respetar diversas prerrogativas fundamentales de los gobernados, no llega al extremo de justificar plenamente la imposici�n de la prestaci�n patrimonial relativa, pues al tenor de la propia Constituci�n, para la creaci�n de estas prestaciones patrimoniales, basta la voluntad del �rgano legislativo y el desarrollo del proceso que permita a sus integrantes deliberar sobre la conveniencia de su establecimiento.

    Para llegar a tal conclusi�n, debe tomarse en consideraci�n la regulaci�n constitucional que rige directamente el desarrollo de la potestad tributaria, conferida originariamente al Congreso de la Uni�n, la cual se sustenta, fundamentalmente, en los art�culos 31, fracci�n IV, 71, 72, 73, fracciones VII y XXIX, y 74, fracci�n IV, de la Constituci�n General de la Rep�blica, trat�ndose de imposici�n de contribuciones, que disponen:

    Art�culo 31. Son obligaciones de los mexicanos:

    ...

    IV. Contribuir para los gastos p�blicos, as� de la Federaci�n, como del Distrito Federal o del Estado y Municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes."

    Art�culo 71. El derecho de iniciar leyes o decretos compete:

    I. Al presidente de la Rep�blica;

    II. A los diputados y senadores al Congreso de la Uni�n; y

    III. A las Legislaturas de los Estados.

    Las iniciativas presentadas por el presidente de la Rep�blica, por las Legislaturas de los Estados o por las diputaciones de los mismos, pasar�n desde luego a comisi�n. Las que presentaren los diputados o los senadores, se sujetar�n a los tr�mites que designe el Reglamento de Debates."

    Art�culo 72. Todo proyecto de ley o decreto, cuya resoluci�n no sea exclusiva de alguna de las C�maras, se discutir� sucesivamente en ambas, observ�ndose el Reglamento de Debates sobre la forma, intervalos y modo de proceder en las discusiones y votaciones.

    A. Aprobado un proyecto en la C�mara de su origen, pasar� para su discusi�n a la otra. Si �sta lo aprobare, se remitir� al Ejecutivo, quien, si no tuviere observaciones que hacer, lo publicar� inmediatamente.

    B. Se reputar� aprobado por el Poder Ejecutivo, todo proyecto no devuelto con observaciones a la C�mara de su origen, dentro de diez d�as �tiles; a no ser que, corriendo este t�rmino hubiere el Congreso cerrado o suspendido sus sesiones, en cuyo caso la devoluci�n deber� hacerse el primer d�a �til en que el Congreso est� reunido.

    C. El proyecto de ley o decreto desechado en todo o en parte por el Ejecutivo, ser� devuelto, con sus observaciones, a la C�mara de su origen. Deber� ser discutido de nuevo por �sta, y si fuese confirmado por las dos terceras partes del n�mero total de votos, pasar� otra vez a la C�mara Revisora. Si por esta fuese sancionado por la misma mayor�a, el proyecto ser� ley o decreto y volver� al Ejecutivo para su promulgaci�n.

    Las votaciones de ley o decreto, ser�n nominales.

    D. Si alg�n proyecto de ley o decreto, fuese desechado en su totalidad por la C�mara de revisi�n, volver� a la de su origen con las observaciones que aquella le hubiese hecho. Si examinado de nuevo fuese aprobado por la mayor�a absoluta de los miembros presentes, volver� a la C�mara que lo desech�, la cual lo tomar� otra vez en consideraci�n, y si lo aprobare por la misma mayor�a, pasar� al Ejecutivo para los efectos de la fracci�n A; pero si lo reprobase, no podr� volver a presentarse en el mismo periodo de sesiones.

    E. Si un proyecto de ley o decreto fuese desechado en parte, o modificado, o adicionado por la C�mara Revisora, la nueva discusi�n de la C�mara de su origen versar� �nicamente sobre lo desechado o sobre las reformas o adiciones, sin poder alterarse en manera alguna los art�culos aprobados. Si las adiciones o reformas hechas por la C�mara Revisora fuesen aprobadas por la mayor�a absoluta de los votos presentes en la C�mara de su origen, se pasar� todo el proyecto al Ejecutivo, para los efectos de la fracci�n A. Si las adiciones o reformas hechas por la C�mara Revisora fueren reprobadas por la mayor�a de votos en la C�mara de su origen, volver�n a aquella para que tome en consideraci�n las razones de �sta, y si por mayor�a absoluta de votos presentes se desecharen en esta segunda revisi�n dichas adiciones o reformas, el proyecto, en lo que haya sido aprobado por ambas C�maras, se pasar� al Ejecutivo para los efectos de la fracci�n A. Si la C�mara Revisora insistiere, por la mayor�a absoluta de votos presentes, en dichas adiciones o reformas, todo el proyecto no volver� a presentarse sino hasta el siguiente periodo de sesiones, a no ser que ambas C�maras acuerden, por la mayor�a absoluta de sus miembros presentes, que se expida la ley o decreto s�lo con los art�culos aprobados, y que se reserven los adicionados o reformados para su examen y votaci�n en las sesiones siguientes.

    F. En la interpretaci�n, reforma o derogaci�n de las leyes o decretos, se observar�n los mismos tr�mites establecidos para su formaci�n.

    G. Todo proyecto de ley o decreto que fuere desechado en la C�mara de su origen, no podr� volver a presentarse en las sesiones del a�o.

    H. La formaci�n de las leyes o decretos puede comenzar indistintamente en cualquiera de las dos C�maras, con excepci�n de los proyectos que versaren sobre empr�stitos, contribuciones o impuestos, o sobre reclutamiento de tropas, todos los cuales deber�n discutirse primero en la C�mara de Diputados.

    I. Las iniciativas de leyes o decretos se discutir�n preferentemente en la C�mara en que se presenten, a menos que transcurra un mes desde que se pasen a la comisi�n dictaminadora sin que �sta rinda dictamen, pues en tal caso el mismo proyecto de ley o decreto puede presentarse y discutirse en la otra C�mara.

    I (sic). El Ejecutivo de la Uni�n no puede hacer observaciones a las resoluciones del Congreso o de alguna de las C�maras, cuando ejerzan funciones de cuerpo electoral o de jurado, lo mismo que cuando la C�mara de Diputados declare que debe acusarse a uno de los altos funcionarios de la Federaci�n por delitos oficiales.

    Tampoco podr� hacerlas al decreto de convocatoria a sesiones extraordinarias que expida la Comisi�n Permanente."

    Art�culo 73. El Congreso tiene facultad:

    ...

    VII. Para imponer las contribuciones necesarias a cubrir el presupuesto.

    ...

    XXIX. Para establecer contribuciones:

    1o. Sobre el comercio exterior;

    2o. Sobre el aprovechamiento y explotaci�n de los recursos naturales comprendidos en los p�rrafos 4o. y 5o. del art�culo 27;

    3o. Sobre instituciones de cr�dito y sociedades de seguros;

    4o. Sobre servicios p�blicos concesionados o explotados directamente por la Federaci�n; y

    5o. Especiales sobre:

    1. Energ�a el�ctrica;

    2. Producci�n y consumo de tabacos labrados;

    3. Gasolina y otros productos derivados del petr�leo;

    4. Cerillos y f�sforos;

    5. A. y productos de su fermentaci�n; y

    6. Explotaci�n forestal.

    7. Producci�n y consumo de cerveza.

    Las entidades federativas participar�n en el rendimiento de estas contribuciones especiales, en la proporci�n que la ley secundaria federal determine. Las Legislaturas Locales fijar�n el porcentaje correspondiente a los Municipios, en sus ingresos por concepto del impuesto sobre energ�a el�ctrica."

    Art�culo 74. Son facultades exclusivas de la C�mara de Diputados:

    ...

    IV. Aprobar anualmente el presupuesto de egresos de la Federaci�n, previo examen, discusi�n y, en su caso, modificaci�n del proyecto enviado por el Ejecutivo Federal, una vez aprobadas las contribuciones que, a su juicio, deben decretarse para cubrirlo, as� como revisar la cuenta p�blica del a�o anterior. ..."

    Como se advierte, la potestad tributaria en tanto es expresi�n de la potestad legislativa del Estado mexicano, para su desarrollo se encuentra sometida, en principio, a ser creada mediante una ley, es decir, un acto formal y materialmente legislativo; por ende, para la creaci�n de las contribuciones, basta sujetarse a un proceso de iniciativa, deliberaci�n, aprobaci�n y promulgaci�n, como todo acto formalmente legislativo, en el que se cumplan con todas las prerrogativas que establece la Constituci�n Federal en favor de los particulares, sin que esto �ltimo implique, en manera alguna, que el �rgano legislativo antes de crear la contribuci�n deba acreditar, explicar o justificar su imposici�n, como lo pretende la quejosa en la demanda de garant�as.

    Adem�s, el legislador ordinario puede definir en cada �poca qu� contribuciones son necesarias para cubrir el gasto p�blico, de acuerdo con las circunstancias sociales y econ�micas que existan en cada momento, atendiendo a la evoluci�n de la administraci�n p�blica y las responsabilidades que el Estado vaya asumiendo en la prestaci�n de los servicios p�blicos que aseguren el desarrollo integral de los individuos que componen la sociedad; por tanto, el requisito de motivar, previsto en el art�culo 16, p�rrafo primero, de la Constituci�n General de la Rep�blica, trat�ndose de este tipo de actos legislativos, se satisface al estar inmersa dicha motivaci�n en los mismos fines de la contribuci�n, que es destinarla a cubrir el gasto p�blico en beneficio de la colectividad, de tal suerte que los �rganos encargados de imponerla no est�n obligados a razonar o explicar en el proceso legislativo respectivo el por qu� se crea la prestaci�n patrimonial p�blica, al existir, adicionalmente, el deber de contribuir para tales gastos.

    Por todo lo expuesto, debe desestimarse el concepto de violaci�n en estudio, en tanto que el proceso legislativo que culmin� con la adici�n a la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente, concretamente, el art�culo 85-A, resulta acorde con la garant�a de legalidad establecida en el art�culo 16, p�rrafo primero, constitucional, habida cuenta que los diversos 31, fracci�n IV, 71, 72, 73, fracciones VII y XXIX, y 74, fracci�n IV, de esa misma Ley Suprema, autorizan al Congreso de la Uni�n para imponer las contribuciones necesarias para cubrir el presupuesto, las cuales dimanan de la expresi�n de su potestad tributaria.

    Al respecto, resultan ilustrativas las tesis aisladas que llevan por rubro y texto los siguientes:

    FUNDAMENTACI�N Y MOTIVACI�N DE LOS ACTOS LEGISLATIVOS. LOS PODERES QUE INTERVIENEN EN SU FORMACI�N NO EST�N OBLIGADOS A EXPLICARLOS.-

    Ni el Congreso de la Uni�n ni el presidente de la Rep�blica, en el ejercicio de la funci�n que a cada uno de ellos compete en el proceso de formaci�n de las leyes, tienen obligaci�n de explicar los fundamentos o motivos por los cuales expiden y promulgan las leyes, ya que esa funci�n s�lo requiere el respaldo de la Ley Suprema, y no hay duda alguna de que los art�culos 65, fracci�n II, 72 y 73, fracci�n VII, del C�digo Fundamental, autorizan al Poder Legislativo Federal para imponer las contribuciones necesarias a cubrir el presupuesto; en tanto el 89, fracci�n I, no s�lo faculta sino que, adem�s, obliga al titular del Ejecutivo a promulgar las leyes que el Congreso de la Uni�n expida."(13)

    FUNDAMENTACI�N Y MOTIVACI�N DE LOS ACTOS LEGISLATIVOS. LOS PODERES QUE INTERVIENEN EN SU FORMACI�N NO EST�N OBLIGADOS A EXPLICARLOS.-

    Ni el Congreso de la Uni�n ni el presidente de la Rep�blica, en el ejercicio de la funci�n que a cada uno de ellos compete en el proceso de formaci�n de las leyes, tienen la obligaci�n de explicar los fundamentos o motivos por los cuales expiden y promulgan las leyes, ya que esa funci�n s�lo requiere el respaldo de la Ley Suprema, y as�, trat�ndose de contribuciones, no hay duda alguna de que los art�culos 65, fracci�n II, 72 y 73, fracci�n VII, del C�digo Pol�tico Fundamental, autoriza al Poder Legislativo Federal para imponer las necesarias a cubrir el presupuesto, en tanto el 89, fracci�n I, no s�lo faculta, sino que, adem�s, obliga al titular del Ejecutivo a promulgar las leyes que el Congreso de la Uni�n expida. Por otra parte, es necesario destacar que el procedimiento establecido en la Constituci�n Federal para elaborar las leyes, no exige que se tengan que explicar los motivos que cada uno de los �rganos que intervienen en ese proceso tuvieron en cuenta para ejercitar la funci�n legislativa que tienen encomendada. En otras palabras, trat�ndose de leyes, el fundamento de ellas no debe buscarse en cada acto legislativo sino en la Constituci�n Pol�tica del pa�s, si son federales, o en la de cada Estado, si son locales. Por cuanto a la motivaci�n baste decir que tal requisito se encuentra dentro de la esencia misma de las disposiciones legales que integran cada uno de los ordenamientos, toda vez que se refieren a relaciones sociales que exigen ser jur�dicamente reguladas."(14)

    Aunado a lo anterior, cabe precisar que en el caso, el Legislativo, como ha quedado ampliamente establecido en este fallo, en la exposici�n de motivos justific� ampliamente las razones que le llevaron a establecer a favor de las sociedades cooperativas de producci�n los beneficios fiscales a que se contrae el precepto reclamado, razones que, como tambi�n se ha determinado en otra parte de esta ejecutoria, son plenamente justificables dentro del marco constitucional que debe regir la materia tributaria.

    Por lo expuesto y fundado, se resuelve:

PRIMERO

Se sobresee en el presente juicio de garant�as respecto del art�culo 85-B de la Ley del Impuesto sobre la Renta, vigente para dos mil seis, en t�rminos del considerando cuarto de esta ejecutoria.

SEGUNDO

La Justicia de la Uni�n no ampara ni protege a Ocma, Sociedad An�nima de Capital Variable y a F. de M., Sociedad An�nima de Capital Variable, en contra del art�culo 85-A de la Ley del Impuesto sobre la Renta, vigente en dos mil seis, en t�rminos del �ltimo considerando de este fallo.

N.�quese; con testimonio de esta resoluci�n, devu�lvanse los autos a su lugar de origen y, en su oportunidad, arch�vese el toca como asunto concluido.

As� lo resolvi� la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, por unanimidad de cuatro votos de los se�ores Ministros: Jos� de Jes�s G.�o P., S.A.V.H.�ndez, J.N.S.M. y presidente Jos� Ram�n C.�o D�az (ponente). Ausente la Ministra Olga S�nchez C. de G.�a V..

______________

  1. Fojas 39 vuelta y 40 del toca.

  2. Tesis de la antes Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federaci�n, Octava �poca, tomo 72, diciembre de 1993, p�gina 38, cuyo texto es el siguiente: "Si se omite en la demanda de amparo expresar los conceptos de violaci�n, o s�lo se combate el acto reclamado diciendo que es incorrecto, infundado, inmotivado, o utilizando otras expresiones semejantes, pero sin razonar por qu� se considera as�, tales afirmaciones tan generales e imprecisas, no constituyen la expresi�n de conceptos de violaci�n requerida por la fracci�n V del art�culo 116 de la Ley de Amparo, y el Juez de Distrito, salvo el caso de suplencia de la queja deficiente, no puede juzgar sobre la constitucionalidad de los actos reclamados sin la existencia de conceptos de violaci�n, lo cual determina la improcedencia del juicio, de conformidad con la fracci�n XVIII del art�culo 73, en relaci�n al art�culo 116, fracci�n V, de la Ley de A., y con apoyo en el art�culo 74, fracci�n III, de dicha ley, debi�ndose sobreseer en el juicio y no negar el amparo."

  3. Tesis P./J. 42/97, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, consultable en el Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, Novena �poca, Tomo V, junio de 1997, p�gina 36, cuyo texto es el siguiente: "El texto constitucional establece que todos los hombres son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminaci�n alguna por raz�n de nacimiento, raza, sexo, religi�n o cualquier otra condici�n o circunstancia personal o social; en relaci�n con la materia tributaria, consigna expresamente el principio de equidad para que, con car�cter general, los poderes p�blicos tengan en cuenta que los particulares que se encuentren en la misma situaci�n deben ser tratados igualmente, sin privilegio ni favor. Conforme a estas bases, el principio de equidad se configura como uno de los valores superiores del ordenamiento jur�dico, lo que significa que ha de servir de criterio b�sico de la producci�n normativa y de su posterior interpretaci�n y aplicaci�n. La conservaci�n de este principio, sin embargo, no supone que todos los hombres sean iguales, con un patrimonio y necesidades semejantes, ya que la propia Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos acepta y protege la propiedad privada, la libertad econ�mica, el derecho a la herencia y otros derechos patrimoniales, de donde se reconoce impl�citamente la existencia de desigualdades materiales y econ�micas. El valor superior que persigue este principio consiste, entonces, en evitar que existan normas que, llamadas a proyectarse sobre situaciones de igualdad de hecho, produzcan como efecto de su aplicaci�n la ruptura de esa igualdad al generar un trato discriminatorio entre situaciones an�logas, o bien, propiciar efectos semejantes sobre personas que se encuentran en situaciones dispares, lo que se traduce en desigualdad jur�dica."

  4. Tesis P./J. 41/97, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, consultable en el Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, Novena �poca, Tomo V, junio de 1997, p�gina 43, cuyo texto es el siguiente: "El principio de equidad no implica la necesidad de que los sujetos se encuentren, en todo momento y ante cualquier circunstancia, en condiciones de absoluta igualdad, sino que, sin perjuicio del deber de los poderes p�blicos de procurar la igualdad real, dicho principio se refiere a la igualdad jur�dica, es decir, al derecho de todos los gobernados de recibir el mismo trato que quienes se ubican en similar situaci�n de hecho porque la igualdad a que se refiere el art�culo 31, fracci�n IV, constitucional, lo es ante la ley y ante la aplicaci�n de la ley. De lo anterior derivan los siguientes elementos objetivos, que permiten delimitar al principio de equidad tributaria: a) no toda desigualdad de trato por la ley supone una violaci�n al art�culo 31, fracci�n IV, de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, sino que dicha violaci�n se configura �nicamente si aquella desigualdad produce distinci�n entre situaciones tributarias que pueden considerarse iguales sin que exista para ello una justificaci�n objetiva y razonable; b) a iguales supuestos de hecho deben corresponder id�nticas consecuencias jur�dicas; c) no se proh�be al legislador contemplar la desigualdad de trato, sino s�lo en los casos en que resulta artificiosa o injustificada la distinci�n; y d) para que la diferenciaci�n tributaria resulte acorde con las garant�as de igualdad, las consecuencias jur�dicas que resultan de la ley, deben ser adecuadas y proporcionadas, para conseguir el trato equitativo, de manera que la relaci�n entre la medida adoptada, el resultado que produce y el fin pretendido por el legislador, superen un juicio de equilibrio en sede constitucional."

  5. Tesis P./J. 24/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, consultable en el Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, Novena �poca, Tomo XI, marzo de 2000, p�gina 35, cuyo texto es el siguiente: "De una revisi�n a las diversas tesis sustentadas por esta Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, en torno al principio de equidad tributaria previsto por el art�culo 31, fracci�n IV, de la Constituci�n Federal, necesariamente se llega a la conclusi�n de que, en esencia, este principio exige que los contribuyentes de un impuesto que se encuentran en una misma hip�tesis de causaci�n, deben guardar una id�ntica situaci�n frente a la norma jur�dica que lo regula, lo que a la vez implica que las disposiciones tributarias deben tratar de manera igual a quienes se encuentren en una misma situaci�n y de manera desigual a los sujetos del gravamen que se ubiquen en una situaci�n diversa, implicando, adem�s, que para poder cumplir con este principio el legislador no s�lo est� facultado, sino que tiene obligaci�n de crear categor�as o clasificaciones de contribuyentes, a condici�n de que �stas no sean caprichosas o arbitrarias, o creadas para hostilizar a determinadas clases o universalidades de causantes, esto es, que se sustenten en bases objetivas que justifiquen el tratamiento diferente entre una y otra categor�a, y que pueden responder a finalidades econ�micas o sociales, razones de pol�tica fiscal o incluso extrafiscales."

  6. Tesis establecida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, consultable en el Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, Novena �poca, T.X., noviembre de 2005, cuyo texto es el siguiente: "La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n ha sostenido que la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos prev� diferentes facetas de la igualdad, y se refiere a ella tanto en un plano general como en el contexto de un �mbito material espec�fico, sin establecer casos de excepci�n en su aplicaci�n. As�, se ha se�alado que el art�culo 31, fracci�n IV, constitucional proyecta las exigencias del principio de igualdad sobre el �mbito impositivo, debiendo apreciarse que la garant�a de equidad no tiene menor o mayor valor que la de igualdad garantizada en otros preceptos constitucionales, en tanto que la primera es una manifestaci�n concreta de esta �ltima. En este contexto, debe tenerse presente que este Alto Tribunal ha delimitado el contenido de la garant�a de equidad tributaria, precisando que �sta radica en la igualdad ante la misma ley tributaria de los sujetos pasivos de un mismo gravamen. En tal sentido, la Suprema Corte ha precisado progresivamente su alcance y ha se�alado que la referida garant�a, a trav�s de un texto formal y materialmente legislativo, resulta aplicable al establecimiento de las contribuciones, de las exenciones previstas con motivo de �stas, as� como de las obligaciones materialmente recaudatorias vinculadas a la potestad tributaria. De manera que cuando las disposiciones analizadas no corresponden al �mbito espec�fico de aplicaci�n de la garant�a de equidad tributaria -es decir, cuando se trata de disposiciones legales que no se refieren a contribuciones, exenciones o a la delimitaci�n de obligaciones materialmente recaudatorias, as� como en los casos de normas que tengan repercusi�n fiscal y sean emitidas por el Ejecutivo- los argumentos que reclaman la existencia de un trato diferenciado o discriminatorio entre dos personas o grupos deben analizarse en el contexto m�s amplio que corresponde a la garant�a de igualdad." El precedente respectivo se identifica en los siguientes t�rminos: "A. en revisi�n 1629/2004. Inmobiliaria Dos C., S.A. de C.V. 24 de agosto de 2005. Cinco votos. Ponente: J.R.�n C.�o D�az. Secretario: J.C.R.J.."

  7. Tesis aislada, establecida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, consultable en el Semanario Judicial de la Federaci�n, S�ptima �poca, Vol�menes 193-198, Primera Parte, p�gina 100.

  8. Tesis de jurisprudencia, establecida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, consultable en el Semanario Judicial de la Federaci�n, S�ptima �poca, Vol�menes 181-186, Primera Parte, p�gina 239.

  9. Tesis aislada, establecida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, consultable en el Semanario Judicial de la Federaci�n, S�ptima �poca, Vol�menes 157-162, Primera Parte, p�gina 150.

  10. Tesis establecida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, consultable en el Semanario Judicial de la Federaci�n, S�ptima �poca, Vol�menes 139-144, Primera Parte, p�gina 134.

  11. Tesis aislada, establecida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, consultable en el Semanario Judicial de la Federaci�n, S�ptima �poca, Volumen 77, Primera Parte, p�gina 19.

Tesis:

N�mero tesis: 173193

Rubro: RENTA. EL ART�CULO 85-A DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, AL OTORGAR UNA OPCI�N PARA CALCULAR EL GRAVAMEN A LAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE PRODUCCI�N, NO VIOLA EL PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA (LEGISLACI�N VIGENTE A PARTIR DEL 1o. DE ENERO DE 2006).

Localizacion: 9a. �poca; 1a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; XXV, Febrero de 2007; P�g. 509; [J];