Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala - Jurisprudencia - VLEX 29071862

Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala

Emisor:Segunda Sala
Localizacion:JUAN DÍAZ ROMERO.
Materia:Suprema Corte de Justicia de México
Fecha de Publicación: 1 de Marzo de 1998
RESUMEN

AMPARO EN REVISIÓN 3204/97. ALBERTO SOLÓRZANO CÁRDENAS.CLAUSURA COMO SANCIÓN ADMINISTRATIVA PREVISTA EN LOS ARTÍCULOS 338 Y 339 DEL REGLAMENTO DECONSTRUCCIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL. NO VIOLA EL ARTÍCULO 21 CONSTITUCIONAL.

 
ÍNDICE
CONTENIDO

AMPARO EN REVISI�N 3204/97. ALBERTO SOL�RZANO C�RDENAS.

MINISTRO PONENTE: JUAN D�AZ ROMERO.

SECRETARIA: A.C. GALLEGOS.

CONSIDERANDO:

PRIMERO

De conformidad con lo dispuesto por los art�culos 107, fracci�n VIII, inciso b), de la Constituci�n Federal, 84, fracci�n III, de la Ley de Amparo y 21, fracci�n II, inciso b), de la Ley Org�nica del Poder Judicial de la Federaci�n, esta Segunda S. decide ejercer la facultad de atracci�n para conocer del presente asunto que originariamente corresponde a la competencia de los Tribunales Colegiados de Circuito, seg�n se desprende de lo dispuesto en los art�culos 83, fracci�n II, de la Ley de Amparo y 37, fracci�n II, de la ley org�nica antes citada, toda vez que estima que se re�nen el inter�s y la trascendencia requeridos para el caso, atento las razones expuestas en la tesis jurisprudencial publicada con el n�mero 18/95 en el Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, Novena �poca, Tomo I, junio de mil novecientos noventa y cinco, p�gina sesenta y nueve, que dice:

ATRACCI�N, FACULTAD DE. DEBE EJERCERLA LA SEGUNDA SALA DE LA SUPREMA CORTE RESPECTO DE REGLAMENTOS EMITIDOS POR LA ASAMBLEA DE REPRESENTANTES DEL DISTRITO FEDERAL.-Si bien es cierto que no hay disposici�n expresa para considerar que la Suprema Corte sea competente para conocer de un recurso de revisi�n en contra de una sentencia dictada en la audiencia constitucional por un J. de Distrito, en un juicio en el que se reclam� la inconstitucionalidad de un reglamento expedido por la Asamblea de Representantes del Distrito Federal, pues trat�ndose de reglamentos s�lo se incluyeron expresamente dentro de la competencia de sus S.s la de los emitidos por el presidente de la Rep�blica y por los gobernadores de los Estados, debe considerarse que en tal supuesto debe ejercerse la facultad de atracci�n, ya que se dan las caracter�sticas establecidas por los art�culos 107, fracci�n VIII, inciso b), p�rrafo segundo, de la Constituci�n General de la Rep�blica y 24, fracci�n I, inciso b), de la Ley Org�nica del Poder Judicial de la Federaci�n porque lo justifican, a saber, la intenci�n del Poder Revisor de la Constituci�n, de que la Suprema Corte de Justicia, como tribunal de constitucionalidad, conozca en �ltima instancia de los ordenamientos de car�cter general, as� como que la asamblea mencionada, en su funci�n reglamentaria, sustituy� al presidente de la Rep�blica, lo que resulta m�s claro si en el reglamento emitido por ella se abroga uno emitido por aqu�l.

Es aplicable, en la especie, esta tesis que se funda en un precepto de la Ley Org�nica del Poder Judicial de la Federaci�n anterior a la vigente, esencialmente similar al correlativo de la actual, toda vez que en el juicio se reclama el Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal, expedido por la Asamblea de Representantes del Distrito Federal, con el cual se derog� el reglamento expedido sobre la materia por el presidente de la Rep�blica.

SEGUNDO

El quejoso expresa el siguiente agravio:

�nico.-El J. de Distrito considera que carezco de inter�s jur�dico y que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracci�n V del art�culo 73 de la Ley de Amparo, hace extensivo el sobreseimiento a los actos legislativos y sobresee con apoyo en la fracci�n III del art�culo 74 de la misma ley. Sin embargo, pasa por alto que la sanci�n de clausura est� dirigida de manera personal a m�, por lo que si se trata de una sanci�n, es evidente que tengo inter�s jur�dico y se afectan mis derechos, de otra manera no aparecer�a como destinatario de esa clausura. No puede considerarse que carezco de inter�s jur�dico y que no me afecta el acto reclamado, porque la clausura es una sanci�n y para aplicarse tiene como presupuesto que se cometa una falta por el gobernado y si en este caso consisti� en la falta de planos y los present� ante el J. de Distrito, es evidente que no existi� la falta y, por consecuencia, la sanci�n es arbitraria y anticonstitucional, menos a�n se puede resolver que carezco de inter�s jur�dico, si se toma en cuenta que la leyenda tomada en cuenta por el juzgador dice que es para efectos del impuesto predial y para pagar este impuesto no se requiere de planos, o bien, son los mismos planos con que se tramita la licencia que con los que se paga el impuesto predial, y no existen unos para un caso y otros para otros casos; por consiguiente, es f�cil advertir que la colocaci�n de esa leyenda en los planos obedeci� a un abuso de la autoridad, legitimado por el J. de Distrito, ya que es del dominio p�blico que entre ellos mismos, es decir, entre los empleados de la delegaci�n, se protegen y cuando uno acude a presentar los planos ponen muchos pretextos con el objeto de que el gobernado d� m�s vueltas y en cada una de ellas extorsionarlo, esta raz�n es m�s que suficiente para acreditar por v�lidos los planos y para concluir que no comet� la falta que provoc� la sanci�n de clausura; es m�s, la arbitrariedad de la leyenda es tan ostentosa que se observa claramente con la sola cita del Reglamento de Construcciones y Servicios Urbanos. Por otra parte, con la documentaci�n certificada es m�s que suficiente para advertir que cuento con la licencia de construcci�n y que, por esta raz�n, tengo inter�s jur�dico para acudir en amparo para reclamar la abusiva clausura, pues basta su examen para llegar a tal conclusi�n y esto no lo hizo el juzgador, por ello su sentencia es violatoria de los art�culos 76, 77 y 78 de la Ley de Amparo, pues no apreci� correctamente el acto reclamado ni las pruebas ofrecidas para acreditarlo. A mayor abundamiento, la construcci�n ya estaba hecha desde hace much�simos a�os y lo que en realidad sucedi� fue que se estaban remozando algunos materiales deteriorados de la construcci�n, y esto se prueba con los planos que ya son muy antiguos y la misma sanci�n de clausura; y en la actualidad esa renovaci�n era indispensable por seguridad y esto es de orden p�blico, por lo que no se deb�a de sancionarme (sic), ya que al clausurar s�lo la parte que estim� la autoridad de manera ilegal construida, no afect� a toda la construcci�n donde se localizan los locales de zapater�a, tienda de abarrotes, bar y venta de agua purificada, porque de haberlo hecho la autoridad, se hubiera exhibido como muy abusiva, pues existen decretos administrativos que eximen de la licencia de construcciones ya hechas y de giros mercantiles que ya est�n funcionando, esto con el �nimo de no molestar al gobernado, pero no lo entienden las autoridades y es la tercera o cuarta ocasi�n que me clausuran para molestarme nada m�s, inclusive en el acto reclamado se asienta que est� clausurado el bar y como no les he dado dinero y todo lo he regularizado conforme a derecho, me han molestado de manera permanente con clausuras; hoy en d�a estoy en litigio con la delegaci�n para que me expida la licencia de funcionamiento para el bar, pero todo esto no lo toma en cuenta el J. de Distrito y le sigue el juego de corrupci�n a la autoridad. Finalmente, el Reglamento de Construcciones del Distrito Federal no regula el derecho a la construcci�n, ya que �ste, al ser accesorio de la propiedad, con tenerla se tiene derecho a construir (sic) y lo que se regula es la facultad de la autoridad para vigilar las construcciones que sean (sic) de orden p�blico por su magnitud y pudiera afectar a terceros, pero en mi caso no es edificio, sino simplemente es una construcci�n modesta ya hecha desde hace a�os; por ello, ya tengo el derecho de construcci�n adquirido y s� se me afecta, y actuar con el rigor que lo hizo la autoridad y el J. de Distrito, va a permitir que la delegaci�n clausure las casitas de la gente humilde que no pide licencia de construcci�n y cada que les pudre (sic) las l�minas de cart�n las cambian; por todo ello, es claro que tengo inter�s jur�dico y se debe revocar la sentencia, aunque cuando ello ocurra ya no existan los sellos de clausura por deterioro natural del intemperismo (sic) y ya no sea necesario retirarlos por virtud de la sentencia del amparo, pues la construcci�n ya est� terminada y al referirse a un remozamiento en nada afecta el funcionamiento normal de los comercios, pero esto no lo advirti� el J. y tambi�n pas� por alto el �nimo de venganza de la autoridad, ya que los he denunciado penalmente y ante la Comisi�n Nacional de Derechos Humanos por la forma abusiva con que se han conducido al imponerme cada clausura, inclusive esta misma que constituye el acto reclamado, si en realidad fuera ilegal la construcci�n, pues hubiera clausurado toda la construcci�n, pero como no es as�, es sencillamente el �nimo de molestar de la autoridad; por todo esto pido se revoque la sentencia y se examine la constitucionalidad del reglamento y del acto de aplicaci�n.

TERCERO

Sostiene el quejoso en su �nico agravio que el sobreseimiento decretado en la primera instancia del juicio es ilegal, porque acredit� su inter�s jur�dico para impugnar la clausura de que se trata con el documento que anex� a su demanda, en el cual consta que la orden de clausura se encuentra dirigida a �l, adem�s de que en su calidad de propietario tiene el derecho accesorio a construir, por lo cual el nacimiento de este derecho no puede ser regulado por el Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal, cuyo objeto es �nicamente regular las facultades de la autoridad para vigilar las construcciones cuando puedan causar da�os a terceros, lo que no acontece en el caso, pues el inmueble clausurado es una construcci�n modesta, concluida a�os atr�s, que s�lo est� siendo remodelada por razones de seguridad.

Se�ala adem�s que el J. debi� dar valor probatorio pleno a los planos que exhibi� durante el juicio, con los cuales demuestra que no incurri� en irregularidad alguna, pues cuenta con la licencia de construcci�n correspondiente, sin que fueran obst�culo para ello las leyendas asentadas al reverso de dichos documentos, ya que basta su lectura para advertir que carecen totalmente de sentido y que derivan de la actuaci�n arbitraria de la autoridad administrativa que trata de obstaculizar a aquellos particulares que, como el quejoso, se niegan a someterse a su voluntad caprichosa, o que mantienen otros litigios en su contra.

La lectura de los argumentos antes resumidos revela que en el caso se ha cometido en perjuicio del quejoso una violaci�n manifiesta de los principios rectores del juicio de amparo que conduce a esta S. a suplir la deficiencia de su queja con fundamento en el art�culo 76 bis, fracci�n VI, del ordenamiento de la materia.

Como se desprende de resultando primero de esta ejecutoria, el quejoso acudi� al juicio constitucional reclamando la orden de clausura del inmueble de su propiedad, dictada con fecha veinticinco de noviembre de mil novecientos noventa y seis por el subdelegado de Desarrollo Urbano y Obras de la Delegaci�n de Iztapalapa del Departamento del Distrito Federal, as� como los art�culos 338 al 340 del Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal que estim� aplicados en dicha orden.

Entre los conceptos de violaci�n que adujo en contra de esos actos, que aparecen transcritos en el resultando tercero de esta resoluci�n, el quejoso sostuvo que la orden de clausura es ilegal porque tiene la licencia de construcci�n y ha satisfecho los dem�s requisitos previstos por la ley aplicable a las construcciones.

De los t�rminos en que se halla la litis planteada, aparece que la procedencia de la acci�n de amparo no puede quedar subordinada a que el quejoso acredite, de acuerdo con los criterios jurisprudenciales invocados por el a quo, contar con la licencia de construcci�n que le concediera el derecho a realizar la obra clausurada, toda vez que, precisamente, la existencia o la inexistencia de esa licencia es una de las cuestiones sujetas a debate, de cuya resoluci�n depende la declaraci�n de constitucionalidad del acto de aplicaci�n reclamado.

En este sentido, aun cuando sea exacto que para acudir al juicio de garant�as el quejoso debe probar que le asiste un derecho subjetivo susceptible de ser violado por la autoridad, para dar por satisfecho el requisito de procedibilidad relativo al inter�s jur�dico del reclamante, previsto en los art�culos 4o. y 5o. de la Ley de Amparo, y que el criterio de los tribunales ha sido en el sentido de que trat�ndose de construcciones, ese derecho s�lo puede acreditarse con la licencia respectiva, lo cierto es que tal regla no puede regir en el supuesto en que uno de los motivos de queja enderezada en contra del acto se relacione con la existencia de la citada licencia, pues ello significar�a que so pretexto de decidir una cuesti�n de procedencia de la acci�n intentada, se juzgara sobre un tema de fondo que s�lo puede ser materia de la sentencia que llegue a dictarse una vez comprobada la procedencia de la demanda, a la luz de los dem�s requisitos del caso.

En consecuencia, no es el caso de confirmar el sobreseimiento decretado con apoyo en los razonamientos que han quedado desvirtuados.

Al no aducirse por las partes en el juicio alguna otra causal de sobreseimiento, ni advertirse una diversa por este �rgano, lo procedente es entrar al an�lisis del �nico concepto de violaci�n orientado en contra de los art�culos 338 y 339 del reglamento tantas veces mencionado.

CUARTO

Afirma el quejoso, en su �nico concepto de violaci�n, que el reglamento cuestionado vulnera en su perjuicio lo dispuesto por el art�culo 21 constitucional, porque al prever a la clausura como sanci�n administrativa, excede claramente los l�mites dispuestos por aquel precepto de la Carta Fundamental, que �nicamente autoriza a imponer multas o arrestos por infracciones a los reglamentos de naturaleza aut�noma, como son los de polic�a y buen gobierno.

Resulta infundado este concepto, porque se apoya en una interpretaci�n inexacta del art�culo 21 constitucional, que en su texto vigente dice:

"Art�culo 21. La imposici�n de las penas es propia y exclusiva de la autoridad judicial. La investigaci�n y persecuci�n de los delitos incumbe al Ministerio P�blico, el cual se auxiliar� con una polic�a que estar� bajo su autoridad y mando inmediato. Compete a la autoridad administrativa la aplicaci�n de sanciones por las infracciones de los reglamentos gubernativos y de polic�a, las que �nicamente consistir�n en multa o arresto hasta por treinta y seis horas; pero si el infractor no pagare la multa que se le hubiese impuesto, se permutar� �sta por el arresto correspondiente, que no exceder� en ning�n caso de treinta y seis horas.

"Si el infractor fuese jornalero, obrero o trabajador, no podr� ser sancionado con una multa mayor al importe de su jornal o salario de un d�a.

"Trat�ndose de trabajadores no asalariados, la multa no exceder� del equivalente a un d�a de su ingreso.

"Las resoluciones del Ministerio P�blico sobre el no ejercicio y desistimiento de la acci�n penal, podr�n ser impugnadas por v�a jurisdiccional en los t�rminos que establezca la ley.

"La seguridad p�blica es una funci�n a cargo de la Federaci�n, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, en las respectivas competencias que esta Constituci�n se�ala. La actuaci�n de las instituciones policiales se regir� por los principios de legalidad, eficiencia, profesionalismo y honradez.

La Federaci�n, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios se coordinar�n, en los t�rminos que la ley se�ale, para establecer un sistema nacional de seguridad p�blica.

La concepci�n de las garant�as individuales que tanto en el orden penal como en el administrativo se consagran en este precepto, es resultado de un largo proceso de elaboraci�n constitucional cuyo prop�sito fundamental ha sido el de salvaguardar a los gobernados de los excesos y arbitrariedades en que pueden incurrir las autoridades al ejercer sus facultades sancionadoras.

Entre los antecedentes m�s remotos de esta disposici�n, pueden citarse el art�culo 172 de la Constituci�n expedida por las Cortes de C�diz, en vigor en nuestro pa�s en los albores del siglo diecinueve, y el numeral 112 de la Constituci�n de mil ochocientos veinticuatro, que preven�an los l�mites del poder del rey, en la primera, y del presidente, en la segunda, en los siguientes t�rminos:

"Art�culo 172. Las restricciones de la autoridad del rey son las siguientes:

"...

"XI. No puede el rey privar a ning�n individuo de su libertad, ni imponerle por s� pena alguna. El secretario del despacho que firme la orden, y el J. que la ejecute, ser�n responsables a la naci�n, y castigados como reos de atentado contra la libertad individual.

"S�lo en el caso de que el bien y seguridad del Estado exijan el arresto de alguna persona, podr� el rey expedir �rdenes al efecto; pero con la condici�n de que dentro de cuarenta y ocho horas deber� hacerla entregar a disposici�n del tribunal o J. competente."

"Art�culo 112. Las restricciones de las facultades del presidente, son las siguientes:

"...

II. No podr� el presidente privar a ninguno de su libertad, ni imponerle pena alguna; pero cuando lo exija el bien y la seguridad de la Federaci�n, podr� arrestar, debiendo poner a las personas arrestadas, en el t�rmino de cuarenta y ocho horas, a disposici�n del tribunal o J. competente.

En estas leyes fundamentales aparecen asociadas dos nociones que en el desarrollo constitucional posterior han merecido tratamientos diversos: la imposici�n de penas y la imposici�n de sanciones por faltas menores, tales como el arresto.

Es en la Constituci�n del a�o de mil ochocientos cincuenta y siete, cuyos autores se ocuparon de formular un cat�logo de derechos individuales que garantizaran la dignidad y los dem�s valores de la persona humana, seg�n se declara en el proyecto presentado por la comisi�n encargada de su elaboraci�n, en donde se localiza el antecedente directo del texto que ha quedado reproducido, seg�n se desprende de la transcripci�n del art�culo relativo:

"Art�culo 21. La aplicaci�n de las penas propiamente tales, es exclusiva de la autoridad judicial. La pol�tica o administrativa s�lo podr� imponer, como correcci�n, hasta quinientos pesos de multa, o hasta un mes de reclusi�n, en los casos y modo que expresamente determine la ley."

El precepto en cita establece, en esencia, los principios recogidos por el texto actual del art�culo que se examina: el primero, que corresponde en exclusiva a la autoridad judicial la imposici�n de las penas "propiamente tales" y a la autoridad administrativa la imposici�n de las "correcciones"; el segundo, que como correcciones pueden imponerse la multa y el arresto; y el tercero, que el monto de la multa y la duraci�n del arresto est�n sujetos a los l�mites que el Constituyente establezca.

Estos principios fueron acogidos tanto por el proyecto de Constituci�n del presidente V.C. como por la comisi�n encargada de su an�lisis en el seno del Congreso Constituyente del a�o de mil novecientos diecisiete. En el mensaje de aqu�l se asienta, en la parte que interesa:

"El art�culo 21 de la Constituci�n de 1857 dio a la autoridad administrativa la facultad de imponer como correcci�n hasta quinientos pesos de multa, o hasta un mes de reclusi�n en los casos y modos que expresamente determine la ley, reservando a la autoridad judicial la aplicaci�n exclusiva de las penas propiamente tales.

"Este precepto abri� una anch�sima puerta al abuso, pues la autoridad administrativa se consider� siempre en posibilidad de imponer sucesivamente y a su voluntad, por cualquier falta imaginaria, un mes de reclusi�n, mes que no terminaba en mucho tiempo.

"La reforma que sobre este particular se propone, a la vez que confirma a los Jueces la facultad exclusiva de imponer penas, s�lo concede a la autoridad administrativa castigar la infracci�n de los reglamentos de polic�a, que por regla general s�lo da lugar a penas pecuniarias y no a reclusi�n, la que�nicamente se impone cuando el infractor no puede pagar la multa.

"Pero la reforma no se detiene all�, sino que propone una innovaci�n que de seguro revolucionar� completamente el sistema procesal que durante tanto tiempo ha regido en el pa�s, no obstante todas sus imperfecciones y deficiencias.

"Las leyes vigentes, tanto en el orden federal como en el com�n han adoptado la instituci�n del Ministerio P�blico ..."

Texto propuesto: "Art�culo 21. La imposici�n de las penas es propia y exclusiva de la autoridad judicial. S�lo incumbe a la autoridad administrativa el castigo de las infracciones de los reglamentos de polic�a y la persecuci�n de los delitos, por medio del Ministerio P�blico y de la Polic�a Judicial que estar� a disposici�n de �ste."

Por su parte, en el dictamen de la comisi�n se dice, en lo conducente:

"La primera parte del art�culo 21 del proyecto de Constituci�n puede considerarse como una transcripci�n del segundo p�rrafo del art�culo 14, supuesto que en �ste se declara que nadie puede ser privado de la vida, de la libertad o de la propiedad, sino mediante juicio seguido ante los tribunales y conforme a leyes expedidas de antemano, declaraci�n que incluye la de que s�lo la autoridad judicial puede imponer pena. Sin embargo, en el art�culo 21 la declaraci�n parece m�s circunscrita y terminante y colocada como para deslindar los respectivos campos de acci�n de las autoridades judicial y administrativa. Tanto por esta circunstancia, como por conservar el enlace hist�rico, creemos que debe conservarse la primera frase del art�culo 21.

"En la Constituci�n de 1857 se limitan las facultades de la autoridad pol�tica o administrativa a la imposici�n de multa hasta de quinientos pesos y arresto hasta por treinta d�as; y en el proyecto se ha suprimido este l�mite. Es innecesario �ste, ciertamente, en lo que se refiere al castigo pecuniario, supuesto que cualquier exceso de la autoridad a este respecto quedar�a contenido por la prohibici�n que se establece en el art�culo 22, de imponer multas excesivas; pero nos parece juicioso limitar las facultades de la autoridad administrativa, en lo relativo a la imposici�n de arresto, a lo puramente indispensable. Las infracciones de los bandos de polic�a son, en tesis general, de tal naturaleza, que no ameritan m�s castigo que una multa; pero hay casos en los que se hace forzoso detener al infractor cuando menos durante algunas horas. Creemos que a esto debe limitarse la facultad de arresto por mayor tiempo, cuando el infractor no puede o no quiere pagar la multa que se le hubiere impuesto; pero aun en este caso es conveniente tambi�n fijar un l�mite; estimar�amos justo que �ste sea de quince d�as.

La instituci�n de la Polic�a Judicial ...

La presentaci�n del proyecto del presidente C. y del dictamen de la comisi�n respectiva dio lugar a debates entre los miembros del �rgano constituyente; en la sesi�n del d�a cinco de enero de mil novecientos diecisiete se discuti� por primera vez el texto del art�culo y habi�ndose retirado para hacerse algunas modificaciones, fue discutido y aprobado en la sesi�n del d�a trece de enero siguiente.

De la memoria del debate parlamentario interesa transcribir s�lo algunos fragmentos en los que se analiza el tema que aqu� se trata:

"El C. M�gica: ... La reforma que contiene el proyecto relativo a las facultades de la autoridad administrativa, es sin duda alguna, muy importante; se desprende de la exposici�n de motivos que la fundan, as� como de la experiencia que todos tenemos con respecto a los procedimientos de las autoridades administrativas para castigar a los individuos que caen bajo su f�rula. La libertad que el proyecto mismo deja a las autoridades para imponer el arresto o la pena pecuniaria, es, como ya lo expresamos nosotros, consecuencia de las garant�as que la misma Constituci�n establece en otro lugar, para corregir los abusos que pueden dimanarse de los fundamentos de esa facultad, porque efectivamente, a un individuo por ejemplo de nuestra categor�a, que ganase los quince pesos que ganamos diariamente, una multa de quinientos pesos ser�a gravosa, ser�a excesiva. La Constituci�n lo prev� en el art�culo 20, y desde luego tendr�amos derecho de que se nos protegiera contra actos de esa naturaleza, de cualquier autoridad administrativa. En cambio, para alg�n adinerado que delinquiese, no ser�a capaz una multa, no digamos de quinientos pesos, sino hasta de mil, para que esa pena produjera alg�n resultado; es indudable que tienen que ser correlativas a los individuos a quienes se aplican; hay en este respecto un proverbio que dice: ?seg�n la urraca es la escopeta.?. Efectivamente, se�ores diputados, para un adinerado no ser�a absolutamente ninguna pena mil o dos mil pesos de multa, porque por el solo gusto de satisfacer su amor propio no respetando un bando de polic�a, lo estar�a haciendo todos los d�as, y ser�a muy curioso que una autoridad municipal no tuviese facultades para imponerle una multa mayor de quinientos pesos, que, repito, para este individuo no ser�a una pena. En cuanto a la restricci�n de la pena corporal, la comisi�n tuvo en cuenta, para reducir el t�rmino a un mes, esta circunstancia que se ve en la vida pr�ctica: un individuo de nuestra categor�a social, se siente profundamente lastimado cuando se le mete a la c�rcel; un momento que est� preso por infracci�n a alg�n reglamento de polic�a, es suficiente castigo para el individuo que tiene verg�enza, para el individuo que tras de tener verg�enza, tiene empe�ado su amor propio en no penetrar a una prisi�n, es indudable que todav�a ser� mayor castigo aunque ese castigo se reduzca s�lo a unas cuantas horas de detenci�n.

"Queda el castigo corporal. �Qu� har�amos algunos de nosotros en el caso de estar en la disyuntiva de pagar una multa que no fuese excesiva o de entrar a la c�rcel, aunque fuese por unas cuantas horas? Se�ores, pagar la multa, hacer el sacrificio. Es proverbio vulgar entre nosotros, decir: ?yo dar�a todo lo que tengo, todo lo que poseo, por no sufrir una detenci�n en la c�rcel.?. Esto es cierto; es una herencia nuestra que no nos hemos de poder quitar en mucho tiempo. Queda, pues, la pena de prisi�n y de arresto �para qui�nes? Para el individuo que no pueda pagar una multa y que en su costumbre ya ancestral de recibir todos los atropellos, no considera como pena la prisi�n. Pero aqu� es precisamente donde surge el deber del legislador y de una manera especial de los constituyentes; porque ese individuo no tiene suficiente delicadeza para recibir un castigo por el acto mismo de la privaci�n de su libertad. �Vamos a dejarlo en manos de la autoridad por un tiempo indefinido? La comisi�n ha cre�do que no, y esperamos que el Congreso opine que no, y por esa raz�n hemos restringido el arresto administrativo a s�lo quince d�as. Con quince d�as de arresto, un individuo pobre que vive de su trabajo, sufre muchos perjuicios y, en cambio, la detenci�n por s� misma constituye ya la pena impuesta por alg�n reglamento de polic�a. �stas son las razones que la comisi�n ha tenido en cuenta para haber presentado el art�culo 21 en la forma en que lo ha presentado."

"El C.M.�as: El art�culo en cuesti�n supone dos actos enteramente distintos: aquel en que se comete el delito y aquel en que se comete lo que se llama infracci�n de polic�a. Los delitos se distinguen de la infracci�n de polic�a, en que las infracciones de polic�a se castigan, sea que se cometan con dolo o con culpa o con negligencia, mientras que los delitos s�lo se castigan cuando hay dolo o, por lo menos, falta, culpa o negligencia. Cuando se trata de delitos, el c�digo supone ya un hecho de cierta gravedad, mientras que cuando se trata de infracciones de polic�a, de infracciones de reglamentos de polic�a o buen gobierno, lo �nico que se procura es que todas las cosas vayan en la ciudad en perfecto orden, con objeto de que no se causen molestias a nadie y que s� se eviten todos los males, que los reglamentos tratan de evitar. Por esta circunstancia, en todos los pa�ses civilizados de la tierra, los delitos que consisten en hechos violadores de una ley penal, son propios de la autoridad judicial y s�lo la autoridad judicial puede castigar, porque entonces ella tiene que averiguar conforme lo establecen ya art�culos aprobados; averiguar si se ha cometido ese hecho y si lo ha cometido la persona acusada y si esa persona obr� con m�s o menos discernimiento y conocimiento de causa. Todo esto supone un conocimiento t�cnico, el conocimiento perfecto de la ley, con objeto de poder aplicar la pena con toda exactitud en el caso de que se trate que es lo que exige la ley que vosotros mismos aprobado; es decir, la ley penal debe ser aplicada con toda exactitud al hecho de que se trata. No pasa lo mismo con los reglamentos de polic�a, porque en los reglamentos de polic�a no se va a averiguar si hay o no hay un delincuente, si ha habido el prop�sito firme y deliberado de causar un mal, de infringir una disposici�n de la ley penal, y por eso, propiamente en el sistema exacto de los principios, hasta esto deb�a ser propio de la autoridad judicial; pero como dice muy bien el doctor R.�guez, y como ha dicho muy bien la comisi�n, que tiene en esto entera raz�n, dejar estas funciones a la autoridad judicial, ser�a recargar las labores de la autoridad judicial y por eso en todos los pa�ses civilizados, queda el castigo de estas infracciones, a cargo de la autoridad administrativa, es decir, del Poder Ejecutivo, y al decir Poder Ejecutivo, se entiende, o el presidente de la Rep�blica o el gobernador del Estado o los �rganos inferiores dependientes de �l, porque no es posible que un solo funcionario desempe�e todas estas funciones; tiene diversos �rganos, los del poder p�blico son los principales, siguen los secundarios y en estos secundarios todav�a hay otra clase inferior, seg�n la separaci�n que el poder p�blico necesite en su ejercicio. Ahora bien; trat�ndose de estos reglamentos administrativos, se deja siempre el castigo de las infracciones de ellas a la autoridad administrativa. Un reglamento de polic�a manda, por ejemplo -y esto es lo m�s com�n en todas partes-, que todas las ma�anas se barra el frente de cada casa y que la persona que no cumpla esta disposici�n incurrir� en una multa, por ejemplo, de diez pesos, veinte, cincuenta, etc�tera, o en su caso sufrir� tantos d�as de arresto, porque de otra manera, si no se paga la multa, la disposici�n de la ley es enteramente ineficaz, quedar�a burlada, y una regla de buen gobierno es que las disposiciones legales tengan medios coercitivos, necesarios para que sean pronta y debidamente cumplidas, pues un individuo en el caso que pon�a, que no barre en las ma�anas el frente de su casa, la autoridad no va averiguar si tiene criada, si habita cualquiera en su casa o no, �nicamente averigua que no est� barrido el frente de la casa y le impone la multa, que no es una pena propiamente dicha; por eso el art�culo comienza diciendo cu�l es la separaci�n de las penas propiamente dichas; �sta no es una pena, porque no causa ninguno de los perjuicios que causan las penas que as� se califican, que son penas propiamente tales. De manera que �ste es un castigo que se impone por la infracci�n al reglamento de polic�a. Asimismo, que una persona, al exhibirse en p�blico, no vaya a atacar la honestidad p�blica, pues si un individuo se presenta atacando la honestidad p�blica en estado de ebriedad, o por lo menos produci�ndose en lenguaje que lastime el sentimiento de la p�blica honestidad, en un lenguaje que no pueda ser o�do por las damas, en un lenguaje que no pueda ser o�do por los ni�os, en ese caso, la autoridad no averigua si ese hombre estaba ebrio, o si estaba en su juicio; �nicamente el hecho material de la infracci�n y le impone la pena correspondiente. La comisi�n tiene raz�n en una parte; de manera que yo le considero raz�n para querer modificar en esta parte el proyecto del C.P.J., y si lo hubiera modificado en ese sentido, no hubiera habido lugar a la objeci�n del se�or R.�guez. El C.P.J. dice en su proyecto: ?A la autoridad administrativa s�lo corresponde el castigo de la infracci�n a los reglamentos de polic�a.?. El C.P.J. no se extiende a decir hasta qu� punto puede aplicarse ese castigo, porque la autoridad que impone esa pena tiene que fijarse en los reglamentos. El Ayuntamiento dispone en su reglamento de polic�a, que el que no barra todas las ma�anas el frente de su casa, incurrir� en una multa de cinco pesos. Ya de antemano no (sic) sabe aquel individuo que est� establecido, que si no paga los cinco pesos de multa, sufrir� el arresto correspondiente a esos cinco pesos de multa, que es, por lo general, un d�a de arresto por cada peso de multa. �sta es la regla establecida por la ley. Pues bien, el P.J. crey� que con eso bastaba. La comisi�n cree que en esto puede haber abuso y que en este caso lo m�s obvio era decir sencillamente: ?La autoridad administrativa castigar� las infracciones al reglamento de polic�a, y las penas, en ning�n caso, podr�n exceder de tantos pesos de multa o tantos d�as de arresto.?, y de esa manera quedaba perfectamente satisfecho el objeto de ese art�culo, que no es otro, sino dejar a la autoridad administrativa el castigo de esas infracciones, que no pueden ser del conocimiento de la autoridad judicial, porque entonces ser�a un trabajo abrumador que se echara sobre ella y se conseguir�a lo que la comisi�n no quiere; que en los reglamentos de polic�a puedan ponerse multas excesivas, o arrestos excesivos, que es a lo que el C.P.J. ha atendido en este art�culo, porque �l lo dice claramente en su exposici�n, que este art�culo dio lugar durante toda la �poca en que ha estado vigente la Constituci�n de 1857, a que se impongan hasta quinientos pesos de multa o treinta d�as de arresto por puros caprichos, y se daba con esto el caso de que a�os enteros estaba un individuo en la c�rcel, porque las autoridades administrativas hab�an adoptado ese sistema de un mes de arresto ?y sigue? y ese mes de arresto no terminaba; de manera que si la comisi�n quiere, como parece que quiere hacerlo, con toda raz�n, limitar esa facultad, puede decir: ?La autoridad administrativa puede imponer penas por la infracci�n a los reglamentos de polic�a, penas que en ning�n caso exceder�n de tantos pesos de multa o de tantos d�as de arresto.?, y yo creo que de esta manera todos quedar�amos satisfechos."

"Voto particular del diputado C.: ... Comparando la relaci�n anterior con el texto original del art�culo 21, se advierte la incongruencia claramente, pues el precepto establece que incumbe a la autoridad administrativa castigar las faltas de la polic�a y la persecuci�n de los delitos por medio del Ministerio P�blico y de la Polic�a Judicial. Siendo las faltas de polic�a exclusivamente de la esfera municipal, es claro que la autoridad administrativa a quien se alude es la municipal y, por lo mismo, a esta autoridad municipal es a la que se conf�a la persecuci�n de los delitos, la que no est� conforme con las ideas emitidas en la exposici�n de motivos ni se aviene tampoco con una buena organizaci�n de la Polic�a Judicial. �sta debe existir como una rama de la autoridad administrativa, de la cual debe tener cierta independencia, y todas las autoridades de la polic�a ordinaria no deben utilizarse sino como auxiliares de la Polic�a Judicial. En el proyecto se establece lo contrario; la autoridad municipal tendr� a su cargo la persecuci�n de los delitos, empleando como instrumentos en esta tarea al Ministerio P�blico y a la Polic�a Judicial.

"?Por otra parte, no s�lo los reglamentos de polic�a ameritan castigo en caso de ser infringidos, sino tambi�n los reglamentos gubernativos. Creo que el castigo de estos �ltimos debe tambi�n atribuirse, en t�rminos generales, a la autoridad administrativa; en consecuencia, soy de parecer que debe redactarse el art�culo que menciono, en los t�rminos siguientes:

"?Art�culo 21. La imposici�n de las penas es propia y exclusiva de la autoridad judicial. La persecuci�n de los delitos incumbe al Ministerio P�blico y a la Polic�a Judicial, la cual estar� bajo la autoridad y mando inmediato de aqu�l. Compete a la autoridad administrativa el castigo de las infracciones de los reglamentos gubernativos y de polic�a, el cual �nicamente consistir� en multa o arresto hasta por treinta y seis horas; pero si el infractor no pagare la multa que se le hubiere impuesto, se permutar� �sta por el arresto correspondiente, que no exceder� en ning�n caso de quince d�as.?."

Nuevo dictamen de la comisi�n: "Con permiso de esta H. Asamblea fue retirado nuestro dictamen relativo al art�culo 21 del proyecto de Constituci�n, para presentarlo reformado siguiendo el texto original con la adici�n relativa a la limitaci�n de la autoridad administrativa para imponer castigos por infracciones a los reglamentos de polic�a, adici�n que mereci� ser aprobada por la Asamblea.

"Cumple la comisi�n su encargo, sometiendo a la aprobaci�n de ustedes el siguiente:

"?Art�culo 21. La imposici�n de las penas es propia y exclusiva de la autoridad judicial. Incumbe a la autoridad administrativa el castigo de las infracciones a los reglamentos de polic�a, el cual �nicamente consistir� en multa o arresto hasta por treinta y seis horas; pero si el infractor no pagare la multa que se le hubiere impuesto, se permutar� �sta por el arresto correspondiente, que no exceder� en ning�n caso de quince d�as. Tambi�n incumbe a la propia autoridad la persecuci�n de los delitos por medio del Ministerio P�blico y de la Polic�a Judicial que estar� a disposici�n de �ste.?."

"EL C.M.�as: Se�ores diputados:

La f�rmula que propone la comisi�n para el art�culo 21 es menos adecuada que la que propone el voto particular. Y no estoy conforme con el voto particular, pero estoy conforme con la redacci�n que propone. El error del autor del voto particular est� en que tom� por autoridad administrativa �nicamente a los presidentes municipales, y esto no es verdad. La autoridad administrativa es todo el departamento ejecutivo, desde el presidente de la Rep�blica hasta los presidentes municipales. De manera que por autoridad administrativa se entienden todas las autoridades que no son ni el Poder Legislativo ni el Poder Judicial; esto es, pues, el error; pero la forma que propone el C. diputado C. es, a mi juicio, m�s exacta, corresponde m�s al objeto que se busca, que la forma que ha tomado la comisi�n, cosa enteramente explicable desde el momento en que las personas que forman la mayor�a de la comisi�n no son, en general, en su mayor parte abogados. Yo, de acuerdo con las indicaciones de la comisi�n, vengo a suplicar a ustedes permitan retirar la f�rmula que hab�a presentado la misma comisi�n, para aceptar el voto particular. El objeto es el que persigue el C.P.J. en el art�culo 21 de su proyecto, es decir, quitar a la autoridad judicial la persecuci�n y averiguaci�n de los delitos, para que queden �nica y exclusivamente a cargo del Ministerio P�blico, que es el que debe tenerlas a su cargo; el Ministerio P�blico, para este efecto, contar�a con el auxilio directo y eficaz de la Polic�a Judicial y con el auxilio accidental de la polic�a com�n, porque puede ser que en muchos lugares la polic�a com�n haga las veces de la Polic�a Judicial. Hechas estas explicaciones, suplico a ustedes permitan que se adopte la f�rmula del voto particular, para que quede m�s concordante con el objeto de la instituci�n del Ministerio P�blico que se trata de establecer, sin perjuicio de que se hagan las modificaciones propuestas por el C. diputado �lvarez, para hacer que las multas correspondan siempre a la finalidad que llevan y no vayan a servir de medio de oprimir a los trabajadores.

Como resultado de este debate, el texto original del art�culo 21 constitucional qued� redactado de la siguientemanera:

"Art�culo 21. La imposici�n de las penas es propia y exclusiva de la autoridad judicial. La persecuci�n de los delitos incumbe al Ministerio P�blico y a la Polic�a Judicial, la cual estar� bajo la autoridad y mando inmediatos de aqu�l. Compete a la autoridad administrativa el castigo de las infracciones de los reglamentos gubernativos y de polic�a, el cual �nicamente consistir� en multa o arresto hasta por treinta y seis horas; pero si el infractor no pagare la multa que se le hubiere impuesto, se permutar� �sta por el arresto correspondiente, que no exceder�, en ning�n caso, de quince d�as.

"Si el infractor fuere jornalero u obrero, no podr� ser castigado con multa mayor del importe de su jornada o sueldo en una semana."

Este texto, en la parte que aqu� interesa, ha sufrido �nicamente una reforma por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federaci�n del tres de febrero de mil novecientos ochenta y tres, que introdujo como modificaciones la sustituci�n de la palabra "castigo" por la expresi�n "aplicaci�n de las sanciones", la reducci�n a treinta y seis horas del arresto que se imponga en caso de no pagarse la multa, y el l�mite m�ximo de �sta en el caso de trabajadores no asalariados.

La exposici�n de motivos de la iniciativa presidencial que contiene las razones que motivaron estas modificaciones, las que se acogieron en los mismos t�rminos por las comisiones dictaminadoras de las C�maras del Congreso de la Uni�n y por los miembros de �ste, sin mayor debate, dice as�:

"El advenimiento de una sociedad igualitaria encuentra en la administraci�n de la justicia su manifestaci�n m�s generosa.

"La norma suprema consagra los principios que rigen y orientan la administraci�n de justicia y que garantizan la igualdad de los ciudadanos en conflicto.

"La justicia junto con la libertad es el valor supremo de la convivencia social y del derecho. No hay sistema social v�lido que postergue la justicia en aras de la libertad, como tampoco es leg�timo cancelar la libertad con miras a extender el �mbito de la justicia.

"La din�mica social ha puesto en entredicho el contenido justiciero del art�culo 21 de la Constituci�n Pol�tica que, entre otras garant�as, dispone que la sanci�n administrativa por violaciones a reglamentos gubernativos y de polic�a s�lo podr� consistir en multa o arresto, para as� erradicar otras pr�cticas sancionadoras repugnantes a la dignidad del hombre y a la recta impartici�n de la justicia y que en caso de incumplimiento de la sanci�n pecuniaria se sustituir� por arresto hasta de quince d�as.

"Si bien el prop�sito del Constituyente fue brindarle al infractor de escasos recursos la posibilidad de optar por el arresto en lugar de cubrir la multa que se le impusiere, para as� proteger su patrimonio, la realidad sociecon�mica del pa�s llev� a que el cumplimiento del arresto impidiera la obtenci�n del salario o jornal.

"El art�culo 21, por otra parte, previene que el m�ximo del arresto ser� de setenta y dos horas, pero permite su ampliaci�n hasta por quince d�as, si proviene de multa no pagada, lo que redunda en perjuicio de los infractores de escasos recursos.

"En tal virtud y atendiendo a un reclamo recurrente del pueblo, se propone a esa H. C�mara la reforma del art�culo citado para que en todo caso el arresto, cualquiera que sea su origen, sea hasta por treinta y seis horas y en ning�n caso la multa a imponer al jornalero y obrero sea mayor a un d�a de salario.

"Con ese cambio se lograr� el equilibrio entre una correcta impartici�n de justicia por faltas administrativas y las condiciones econ�micas y sociales de las grandes mayor�as nacionales.

"Dentro de los anhelos de mejoramiento de la administraci�n de justicia destaca el perfeccionamiento de la justicia popular administrativa, porque es la que afecta a los ciudadanos en su quehacer cotidiano, para que sea ejemplar y correctiva y, a la vez, proporcional a la magnitud de las infracciones."

Lo hasta aqu� narrado sobre los antecedentes constitucionales del art�culo 21 en estudio y los motivos que dieron lugar a su redacci�n actual, pone de manifiesto que la expresi�n considerada por el quejoso de que compete a la autoridad administrativa la aplicaci�n de sanciones por las infracciones de los reglamentos gubernativos y de polic�a, "las que �nicamente consistir�n en multa o arresto hasta por treinta y seis horas", no traduce la intenci�n del Constituyente de negar al autor de una norma jur�dica como la reclamada, la facultad de imponer alguna sanci�n distinta de la multa o del arresto, como ser�a la clausura, ni tampoco implica una prohibici�n para que el legislador local del Distrito Federal o la Asamblea de Representantes establezcan sanciones administrativas por infracci�n a los reglamentos de polic�a y buen gobierno, distintas de las meramente pecuniarias o del arresto.

La voluntad del Constituyente fue, b�sicamente, la de distinguir con toda claridad la competencia de las autoridades judiciales para la imposici�n de las penas por la comisi�n de delitos, de las atribuciones de las autoridades administrativas para sancionar las infracciones del mismo orden, a manera de impedir, por una parte, que estas �ltimas decretaran medidas de restricci�n de la libertad personal similares, en sus efectos, a la pena de prisi�n propiamente dicha, y por otra, que sometieran a los gobernados a sanciones econ�micas, de tal gravedad, que destruyeran pr�cticamente su patrimonio.

Dicho en otros t�rminos, el Constituyente no se ocup� de examinar la posibilidad de que las infracciones a los reglamentos de polic�a y buen gobierno pudieran ser sancionadas con medidas de naturaleza obviamente administrativa, pero distintas del arresto o la multa, sino que dirigi� toda su atenci�n a impedir que autoridades distintas de la judicial invadieran los campos de actuaci�n reservados a estas �ltimas, o que impusieran, en los casos concretos de multas y arrestos, sanciones de extremo impacto para el particular.

La atenci�n especial que merecieron la multa y el arresto como sanciones administrativas se explica, adem�s, considerando que tanto una como el otro significan una privaci�n directa de dos bienes fundamentales del hombre, como son su libertad y su patrimonio, efecto que no se alcanza trat�ndose de sanciones de diferente tipo, como es la clausura de una construcci�n en el caso en que no va acompa�ada de la demolici�n .

De lo anterior se sigue que el art�culo 21 constitucional no proh�be a los �rganos legislativos, en materias de polic�a y buen gobierno, establecer sanciones administrativas diversas del arresto y la multa, como lo es la clausura, pues la imposici�n de esta �ltima encuentra su fuente directa en la potestad de aqu�llos de prever los mecanismos que aseguren el exacto cumplimiento de sus mandatos.

En el caso concreto del ordenamiento impugnado -que no se trata de un reglamento aut�nomo, como lo califica el quejoso siguiendo una vieja concepci�n de orden doctrinal, pues no proviene del Ejecutivo sino de un �rgano compuesto por representantes populares de origen constitucional-, las facultades de la Asamblea de Representantes del Distrito Federal, en la �poca en que se expidi� el reglamento, agosto de mil novecientos noventa y tres, se hallaban consagradas en el art�culo 73, fracci�n VI, base tercera, inciso A), de la Constituci�n Federal, que dec�a, en lo conducente:

"Art�culo 73. El Congreso tiene facultad:

"...

"VI. Para legislar en todo lo relativo al Distrito Federal, someti�ndose a las bases siguientes:

"...

"3a. ...

"Son facultades de la Asamblea de Representantes del Distrito Federal las siguientes:

A) Dictar bandos, ordenanzas y reglamentos de polic�a y buen gobierno que, sin contravenir lo dispuesto por las leyes y decretos expedidos por el Congreso de la Uni�n para el Distrito Federal, tengan por objeto atender las necesidades que se manifiesten entre los habitantes del propio Distrito Federal, en materia de ... construcciones y edificaciones ...

Una norma de similar contenido material se contiene en la actualidad en el art�culo 122, en la parte que dice:

"Art�culo 122. Definida por el art�culo 44 de este ordenamiento la naturaleza jur�dica del Distrito Federal, su gobierno est� a cargo de los Poderes Federales y de los �rganos Ejecutivo, Legislativo y Judicial de car�cter local, en los t�rminos de este art�culo.

"...

"La distribuci�n de competencias entre los Poderes de la Uni�n y las autoridades locales del Distrito Federal se sujetar� a las siguientes disposiciones:

"...

"V. La Asamblea Legislativa, en los t�rminos del Estatuto de Gobierno, tendr� las siguientes facultades:

"...

j) Legislar en materia de planeaci�n del desarrollo; en desarrollo urbano, particularmente en uso del suelo; preservaci�n del medio ambiente y protecci�n ecol�gica; vivienda; construcciones y edificaciones; v�as p�blicas; tr�nsito y estacionamientos; adquisiciones y obra p�blica; y sobre explotaci�n, uso y aprovechamiento de los bienes del patrimonio del Distrito Federal.

As� las cosas, debe estimarse infundado el �nico concepto de violaci�n aducido en contra de los art�culos 338 y 339 del Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal, toda vez que el establecimiento de la clausura como sanci�n administrativa no implica una contravenci�n a lo dispuesto en el art�culo 21 constitucional y, en consecuencia, debe negarse el amparo solicitado en contra de tales preceptos.

Al arribar a esta conclusi�n, interesa citar el criterio sentado por el Pleno de este Alto Tribunal, al fallar los asuntos de los cuales deriv� la tesis publicada en el Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, Novena �poca, Tomo V, junio de mil novecientos noventa y siete, p�gina ciento cuarenta y dos, que dice:

CLAUSURA PREVISTA COMO SANCI�N POR INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS A LEYES. NO ES VIOLATORIA DEL ART�CULO 21 CONSTITUCIONAL.-La Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, en su art�culo 21, limita las sanciones que se impongan por infracci�n a los reglamentos gubernativos y de polic�a, las que �nicamente pueden consistir en multa o arresto; sin embargo, esa limitaci�n no es aplicable trat�ndose de infracciones administrativas a leyes emanadas del Congreso de la Uni�n, puesto que son ordenamientos legales de naturaleza jur�dica diferente.

QUINTO

En el segundo concepto de violaci�n sostiene el quejoso que la orden de clausura es ilegal porque la autoridad no es competente para dictarla, o al menos, no cit� el fundamento de su competencia.

Resulta ineficaz este concepto, toda vez que en el oficio que contiene la orden de clausura se hace constar, como considerando primero, lo siguiente:

PRIMERO.-Que esta autoridad es competente para conocer de este asunto, de conformidad por (sic) lo dispuesto en los art�culos 1o., 5o. y 44 de la Ley Org�nica de la Administraci�n P�blica Federal; 1o., 5o., 87, 91, 104, 117 y 118 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; 1o., 2o., 5o., 30, 31 y 32, fracciones IV y VII, de la Ley Org�nica de la Administraci�n P�blica del Distrito Federal; 1o., 2o., 3o., 76 y 77, fracci�n I, del Reglamento Interior de la Administraci�n P�blica del Distrito Federal; 76, fracciones I, II y IV, 77 y 78, fracciones II, III, IV, VII, VIII y IX, 79, fracciones I, III, incisos a) y b), y IV de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal; 47, 48 y 49 del Reglamento de Zonificaci�n para el Distrito Federal; 1o., 3o., 4o., 5o., 6o., 7o., 9o., 10, fracci�n II, 13, 14, 17 y dem�s relativos de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal.

Igualmente aparece junto a la firma del funcionario que suscribi� el oficio respectivo, la siguiente leyenda:

Por ausencia de este �rgano desconcentrado (sic), as� lo resolvi� y firma el C. subdelegado de Desarrollo Urbano y Obras de la Delegaci�n del Distrito Federal en Iztapalapa, de conformidad con lo dispuesto por los art�culos 31 y 32 de la Ley Org�nica de la Administraci�n P�blica del Distrito Federal; as� como en el Acuerdo por el que se delegan atribuciones a los subdelegados adscritos a cada una de las delegaciones del Distrito Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federaci�n de fecha doce de febrero de mil novecientos noventa y seis.

De los preceptos citados en estos fragmentos del documento, interesa transcribir a continuaci�n los art�culos 31 y 32, fracci�n VII, de la Ley Org�nica de la Administraci�n P�blica del Distrito Federal, as� como los art�culos primero a cuarto del Acuerdo por el que se delega en los subdelegados adscritos a cada una de las delegaciones, las atribuciones que se indican, dictado por el jefe del Departamento del Distrito Federal y publicado en el Diario Oficial de la Federaci�n del d�a doce de febrero de mil novecientos noventa y seis, que dicen:

"Art�culo 31. A cargo de cada delegaci�n habr� un delegado, el cual deber� satisfacer los requisitos previstos en el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal. Ser�n nombrados y removidos por el jefe del Distrito Federal en los t�rminos establecidos en dicho ordenamiento y se auxiliar�n para el despacho de los asuntos de su competencia de subdelegados, directores, subdirectores y jefes de unidad departamental, que establezca el reglamento interior."

"Art�culo 32. Corresponde a las delegaciones del Distrito Federal:

"...

"VII. Velar por el cumplimiento de las leyes, reglamentos y disposiciones administrativas, levantar actas por violaciones a las mismas, calificarlas e imponer las sanciones que corresponda, excepto las de car�cter fiscal."

"Art�culo Primero. Se delega en los subdelegados adscritos a cada una de las delegaciones del Distrito Federal y dentro del �mbito de competencia que deriva de sus respectivos nombramientos, las atribuciones que los ordenamientos legales y reglamentarios confieren a las delegaciones del Distrito Federal."

"Art�culo Segundo. Los titulares de las delegaciones en el Distrito Federal resolver�n cualquier aparente conflicto de competencias que pudiera surgir respecto de la subdelegaci�n a la que corresponda ejercitar alguna atribuci�n en particular."

"Art�culo Tercero. La delegaci�n de facultades a que se contrae el art�culo primero del presente acuerdo, es sin perjuicio del ejercicio directo de las mismas, por parte del suscrito o de cada uno de los titulares de las delegaciones en el Distrito Federal."

"Art�culo Cuarto. Los subdelegados adscritos a las delegaciones del Distrito Federal informar�n a los titulares con la periodicidad que cada uno determine, respecto del ejercicio de las facultades que les son delegadas."

La cita de estos preceptos en el texto de la orden reclamada basta para estimar satisfecha en favor del quejoso la garant�a de seguridad jur�dica relativa a la competencia legal de la autoridad y a su deber de fundarla debidamente, toda vez que de los mismos se desprende que corresponde a las delegaciones del Departamento del Distrito Federal verificar el cumplimiento de las normas y disposiciones administrativas e imponer las sanciones por su violaci�n, y que el ejercicio de esta facultad se ha transferido en favor de los subdelegados que correspondan a la materia de que se trate, en el caso, la de obras de construcci�n, por lo cual cabe concluir que el subdelegado de Desarrollo Urbano y Obras de la Delegaci�n de Iztapalapa ten�a competencia para ordenar la clausura combatida.

En el tercero y �ltimo concepto de violaci�n, arguye el quejoso que el acto reclamado no est� debidamente fundado y motivado, porque se viol� en su perjuicio lo dispuesto por los art�culos 323 y 338 del Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal, pues antes de decretar la clausura de la construcci�n, la autoridad estaba obligada a requerirlo para que observara los requisitos legales y a recabar el dictamen pericial correspondiente, de manera que s�lo agotando estos requisitos y se�alando las �rdenes que no hab�an sido oportunamente acatadas, estaba en condiciones de imponer la sanci�n.

Agrega que la autoridad no identifica la fracci�n del art�culo 338 del reglamento en que se fund� para decretar la clausura, con lo cual lo coloca en estado de indefensi�n, adem�s de que "las licencias", la falta de cajones de estacionamiento, la falta de planos autorizados, la falta de alineamiento y de n�mero oficial, no son actos que se sancionen con la clausura, m�xime que la autoridad no precisa las medidas de seguridad que debi� observar, ni tampoco es exacto que se requiera la autorizaci�n de peritos para la ampliaci�n de una barda.

Manifiesta que la autoridad afirma dogm�ticamente que para imponer la sanci�n tom� en cuenta los costos de inversi�n de las construcciones, pero que no se�ala c�mo los obtuvo y la suma l�quida a que ascienden.

Finalmente, afirma el recurrente que la clausura es notoriamente inconstitucional, porque tiene la licencia de construcci�n que autoriza la obra clausurada y ha satisfecho los dem�s requisitos exigidos por la autoridad.

Resultan infundados estos argumentos, atento las siguientes razones:

Por lo que se refiere al cumplimiento de la garant�a formal de fundamentaci�n y motivaci�n exigida por el art�culo 16 constitucional, asiste raz�n a la quejosa cuando afirma que en el texto de la orden de clausura no se indica con precisi�n la fracci�n del art�culo 338 del reglamento aplicado, que es uno de los numerosos art�culos que la autoridad mencion� en su resoluci�n; sin embargo, esta circunstancia no trascendi� en perjuicio del quejoso, con menoscabo de su derecho de defensa, porque la orden de clausura contiene la exposici�n suficiente de sus motivos y fundamentos legales, lo que coloc� al quejoso en aptitud de enderezar su defensa.

La orden de clausura dice, en la parte relativa:

QUINTO.-Del an�lisis efectuado a las observaciones contenidas en el acta circunstanciada de verificaci�n con n�mero de folio 0032, practicada el d�a 28 de octubre de 1996, se advierte que el visitado A.S.�rzano C�rdenas se encuentra efectuando trabajos de construcci�n de una ampliaci�n de obra en tercer nivel, con avance de enrase de muros al 70% en una superficie de aproximadamente 150.00 metros cuadrados, sin las licencias respectivas (antecedentes actuales) careciendo de cajones de estacionamiento, sin contar previamente con licencia de construcci�n, planos autorizados, alineamiento y n�mero oficial, as� como antecedentes del inmueble o alguna otra documentaci�n que ampare la legal construcci�n del inmueble antes citado; por lo consiguiente, se encuentra violando las hip�tesis normativas se�aladas en el art�culo 29 del Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal, toda vez que no present� el alineamiento y n�mero oficial, 56 y 56 (sic), toda vez que realiz� las construcciones sin contar previamente con la licencia de ampliaci�n de obra como lo prev� el art�culo 54 del ordenamiento en cita; adem�s de que las construcciones se encuentran realiz�ndose sin observar las medidas de seguridad a que deben sujetarse todas las construcciones en el Distrito Federal, llev�ndose a cabo las mismas sin contar previamente con la autorizaci�n de un perito responsable o director responsable de la obra, esto referente a que la construcci�n se trata de trabajos de construcci�n de una ampliaci�n de obra en tercer nivel, con avance de enrase de muros al 70% en una superficie de aproximadamente 150.00 metros cuadrados, lo que constituye un riesgo grave en las edificaciones por no contar con la supervisi�n de un responsable de obra; por lo que con fundamento en lo dispuesto en los art�culos 29, 30, 30.1, 30.2, 31, 38, 54, 56, 323, 327, 336, 337, 338, 339 y dem�s relativos del Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal; asimismo, en atenci�n a que se trata de la construcci�n de una ampliaci�n de obra en tercer nivel, con avance de enrase de muros al 70% en una superficie de aproximadamente 150.00 metroscuadrados; de lo que se concluye que quien est� edificando tiene los recursos suficientes para gestionar las autorizaciones respectivas y el nivel educativo necesario para entender que previo a una construcci�n se debe cumplir la reglamentaci�n legal que las rige, as� como tambi�n se encuentran representados por personas con suficiente preparaci�n educativa a nivel profesional, toda vez que promovi� el juicio de amparo n�mero 594/96 ante el Juzgado S�ptimo de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, en donde reclam� como actos la orden y acta de verificaci�n que son materia de la presente resoluci�n; en consecuencia, es procedente decretar la clausura definitiva de las construcciones existentes en virtud de que no demostr� contar con la documentaci�n requerida en el acta circunstanciada de inspecci�n (licencias respectivas, antecedentes y actuales, careciendo de cajones de estacionamiento, sin contar previamente con licencia de construcci�n, planos autorizados, alineamiento y n�mero oficial, as� como antecedentes del inmueble o alguna otra documentaci�n que ampare la legal construcci�n del inmueble antes citado); asimismo, porque se trata de la construcci�n de una ampliaci�n de obra en tercer nivel, con avance de enrase de muros al 70% en una superficie de aproximadamente 150.00 metros cuadrados, y realizar dichas construcciones sin observar las medidas de seguridad previstas en el ordenamiento en cita, ocasionando un riesgo grave e inminente para quienes laboran y en un futuro pr�ximo pretenden habitar, ya que no cuenta con los planos debidamente autorizados y sin la supervisi�n de un responsable de obra; adem�s de que no cuenta con la licencia de construcci�n requerida.-SEXTO. Para determinar la imposici�n de la sanci�n se tom� en consideraci�n, para su aplicaci�n, la gravedad de las infracciones, el riesgo inminente, los costos de inversi�n de las construcciones, las condiciones econ�micas y sociales y las dem�s circunstancias que sirvieron de base para individualizar la sanci�n; en tal virtud, al analizar las condiciones que prevalecieron para dictar esta medida, se toma en consideraci�n que el interesado no cuenta con licencias respectivas (antecedentes y actuales), careciendo de cajones de estacionamiento, sin contar previamente con la licencia de construcci�n, planos autorizados, alineamiento y n�mero oficial, as� como antecedentes del inmueble o alguna otra documentaci�n que ampare la legal construcci�n del inmueble antes citado; asimismo, se deduce que al no contar con la supervisi�n de un responsable de obra, las estructuras edificadas pueden causar da�os de imposible reparaci�n, como lo es la p�rdida de vidas humanas, ya que al no contar con los elementos t�cnicos necesarios para su construcci�n, la misma no puede ser considerada como viable para el uso que pretenden darle; en tal virtud, se estim� que su conducta es grave por las omisiones antes indicadas y porque se atenta en perjuicio de la sociedad, ya que posiblemente se trate de una ampliaci�n para el bar que se encuentra ubicado en la parte baja del inmueble, mismo que se encuentra clausurado por el �rea de la Subdirecci�n de Servicios de Gobierno, adem�s de que no cuenta con licencia de construcci�n; sirven de apoyo, por analog�a, las siguientes tesis jurisprudenciales sostenidas por la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n y que a continuaci�n se transcriben: ?LICENCIA DE CONSTRUCCI�N, DEBE ACREDITARSE SU EXISTENCIA PARA LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO CONTRA LA ORDEN DE SUSPENSI�N DE OBRA Y EJECUCI�N.? e ?INTER�S JUR�DICO EN EL AMPARO. NO PUEDE SER PRESUNTIVO.? (se transcriben). Por lo anteriormente expuesto y fundado y adem�s con apoyo en los art�culos 54, 56, 339, fracci�n VIII, 340, fracci�n I, del Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal, se resuelve: Primero. Se ordena la clausura definitiva de las construcciones en el inmueble precisado en los resultandos primero, segundo y tercero; de conformidad con lo expresado en los considerandos tercero, cuarto y quinto de esta resoluci�n.

Del texto de esta orden y de las documentales p�blicas agregadas a fojas veintinueve a cuarenta y cuatro, y sesenta y dos de autos, las que merecen eficacia probatoria plena conforme al numeral 202 del C�digo Federal de Procedimientos Civiles, de aplicaci�n supletoria en el juicio de amparo, se desprende con toda claridad que con fecha veinticuatro de octubre de mil novecientos noventa y seis la responsable expidi� una orden de verificaci�n para el inmueble ubicado en la calzada E.I. n�mero trescientos ochenta y siete, colonia El Santuario; que el d�a siguiente, veinticinco de octubre, el inspector se constituy� en dicho inmueble y dej� citatorio al propietario o poseedor para que estuviera presente el d�a veintiocho siguiente, a las doce horas, para la pr�ctica de la diligencia; que en la fecha y hora se�aladas se practic� la inspecci�n con quien dijo ser el encargado y se levant� el acta circunstanciada con folio 9032, en donde se hizo constar, en la parte conducente, lo siguiente:

"Durante la visita de verificaci�n se observ� que se trata de una ampliaci�n en tercer nivel, con avance de enrase de muros al 70% en una superficie de aproximadamente 150 m� de construcci�n, sin las licencias respectivas de dicho inmueble (antecedentes y actuales), carece de cajones de estacionamiento. En este mismo acto el suscrito solicit� a la persona con quien se entiende la diligencia, exhiba los documentos de licencia de construcci�n, planos autorizados, alineamiento y n�mero oficial, as� como antecedentes del inmueble. En uso de la palabra el visitado manifest�: el encargado dice que no debe nada. Con fundamento en lo dispuesto por los art�culos 335 del Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal en vigor, se hace saber al visitado que cuenta con cinco d�as h�biles para presentar por escrito su inconformidad ante la Subdelegaci�n de Desarrollo Urbano y Obras, dependiente de la Delegaci�n del Distrito Federal en Iztapalapa, con la finalidad de presentar pruebas documentales pertinentes y alegar lo que a su derecho convenga, vinculados (sic) con lo hechos (sic) que pretendan desvirtuarse, siempre que no las hubiere presentado durante el desarrollo de la visita. Los hechos con los cuales los visitados no se inconformen dentro del plazo se�alado o haci�ndolo no los hubieren desvirtuado con las pruebas a que se refiere este p�rrafo, se tendr�n por consentidos."

Igualmente aparece que con fecha once de noviembre de mil novecientos noventa y seis se hizo constar por la autoridad responsable, en el documento que denomina "acta de audiencia de pruebas y alegatos", que en el plazo concedido no se present� persona alguna para desvirtuar el contenido del acta de inspecci�n y se tom� el siguiente acuerdo:

Acuerdo. Se tiene por no presentado a A.S.�rzano C�rdenas, en su car�cter de propietario del inmueble antes citado, para ofrecer pruebas y alegar lo que a su derecho conviniera.

Por �ltimo, aparece que al calificar el acta de inspecci�n la autoridad responsable tuvo por demostrado que en el inmueble de referencia se estaba efectuando una construcci�n y que el interesado no hab�a acreditado el cumplimiento de las reglas previstas en diversos preceptos del reglamento, relacionadas con la licencia de construcci�n por ampliaci�n de obra, planos autorizados, alineamiento y n�mero oficial, as� como la autorizaci�n de un perito responsable o director responsable de la obra, hechos en los cuales se apoy� para decretar la clausura con fundamento en los art�culos 339, fracci�n VIII y 340, fracci�n I, del Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal, que dicen:

"Art�culo 339. Independientemente de la aplicaci�n de las sanciones pecuniarias a que se refiere el presente cap�tulo, el Departamento podr� suspender o clausurar las obras en ejecuci�n o yacimientos en explotaci�n, en los siguiente casos:

"...

"VIII. Cuando la obra o la explotaci�n de un yacimiento se ejecute sin licencia."

"Art�culo 340. Independientemente de la imposici�n de las sanciones pecuniarias a que haya lugar, el Departamento podr� clausurar las obras terminadas cuando ocurra alguna de las siguientes circunstancias:

I. Cuando la obra se haya ejecutado sin licencia.

En estas condiciones, se entiende satisfecha la garant�a formal de fundamentaci�n y motivaci�n consagrada en el art�culo 16 constitucional, porque los datos y los preceptos citados en la orden permiten conocer con toda claridad que la clausura se impuso con fundamento en el art�culo 339, fracci�n VIII, del Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal, como sanci�n por la falta de licencia de construcci�n, alineamiento, n�mero oficial y designaci�n ante la autoridad del responsable de los trabajos de construcci�n, que la autoridad estima constituyen ampliaci�n de un tercer nivel edificado en el predio del quejoso, lo cual basta para estimar satisfecha la exigencia constitucional invocada.

En lo concerniente a la violaci�n de los art�culos 323 y 338 del citado ordenamiento, que el quejoso aduce en raz�n de que la autoridad no lo requiri� previamente para que cumpliera con sus �rdenes, ni recab� el dictamen pericial t�cnico, ni mucho menos precis� las medidas de seguridad que debi� adoptar antes de sufrir la clausura, la queja resulta infundada, porque en el caso concreto no se actualizaron los supuestos de dichos numerales, que textualmente disponen:

"Art�culo 323. Cuando el Departamento tenga conocimiento de que una edificaci�n, estructura, instalaci�n o yacimiento p�treo presente alg�n peligro para las personas o los bienes, previo dictamen t�cnico, requerir� a su propietario o poseedor con la urgencia que el caso amerite, para que realice las reparaciones, obras o demoliciones necesarias, de conformidad con la ley.

"Cuando la demolici�n tenga que hacerse en forma parcial, �sta comprender� tambi�n la parte que resulte afectada por la continuidad estructural."

"Art�culo 338. En caso de que el propietario o poseedor de un predio o de una edificaci�n no cumpla con las �rdenes giradas con base en este reglamento y las dem�s disposiciones legales aplicables, el Departamento, previo dictamen que emita u ordene, estar� facultado para ejecutar, a costa del propietario o poseedor, las obras, reparaciones o demoliciones que haya ordenado; para clausurar y para tomar las dem�s medidas que considere necesarias, pudiendo hacer uso de la fuerza p�blica en los siguientes casos:

"I. Cuando una edificaci�n de un predio se utilice total o parcialmente para alg�n uso diferente al autorizado, sin haber cumplido con lo previsto en el art�culo 56 de este reglamento;

"II. Como medida de seguridad en caso de peligro grave o inminente;

"III. Cuando el propietario o poseedor de una construcci�n se�alada como peligrosa no cumpla con las �rdenes giradas con base en los art�culos 323 y 325 de este reglamento, dentro del plazo fijado para tal efecto;

"IV. Cuando se invada la v�a p�blica con una construcci�n, y

"V. Cuando no se respeten las afectaciones y las restricciones f�sicas y de uso impuestas a los predios en la constancia de uso del suelo, alineamiento y n�mero oficial.

Si el propietario o poseedor del predio en el que el Departamento se vea obligado a ejecutar obras o trabajos conforme a este art�culo, se negare a pagar el costo de dichas obras, el Departamento por conducto de la Tesorer�a del Distrito Federal efectuar� su cobro por medio del procedimiento econ�mico coactivo.

Como puede advertirse con la sola lectura de estos preceptos, el supuesto previsto en ellos, en que la autoridad advierte que una edificaci�n representa peligro para las personas o los bienes y, en consecuencia, toma las providencias necesarias para que el responsable de la edificaci�n realice las obras correspondientes, o bien dicta las medidas de seguridad necesarias, no se actualiza en el presente asunto, toda vez que en el caso se trata simplemente de que la obra se ha realizado sin sujetarse a los requisitos administrativos y t�cnicos aplicables en general a todas las edificaciones, por lo que no se est� frente a una obra peligrosa por sus caracter�sticas particulares que haya ameritado la tramitaci�n del procedimiento dispuesto en tales numerales.

No es obst�culo para esta conclusi�n, la circunstancia de que la autoridad haya citado estos preceptos en la orden de clausura, porque de la narraci�n de los antecedentes del caso y del contenido del acta de inspecci�n, claramente se desprende que dichos preceptos no se aplicaron al quejoso, por lo que su cita resulta irrelevante en cuanto quedan perfectamente claros los motivos y fundamentos precisos de la sanci�n.

Por otra parte, antes de decretar la orden de clausura, la autoridad puso en conocimiento del quejoso los requisitos que deb�a satisfacer para regular la obra y le dio oportunidad de acreditarlos, por lo cual no se advierte la violaci�n al principio de legalidad argumentada, sobre todo si se observa que la falta de licencia, por s� sola, con independencia de otras conductas atribuidas por la autoridad al quejoso, es causa suficiente para decretar la clausura de la obra conforme al art�culo 339, fracci�n VIII, ya transcrito.

A este respecto, tampoco asiste raz�n al quejoso cuando afirma que durante el juicio de amparo acredit� contar con la licencia de construcci�n respectiva, pues las �nicas pruebas que ofreci�, seg�n consta a fojas tres y cincuenta y tres de autos, se hicieron consistir en copia simple de la constancia de zonificaci�n de uso del suelo expedida el catorce de marzo de mil novecientos noventa y seis, en donde consta que el destino del inmueble para su uso como v�deo-bar est� permitido y copia certificada de un plano en cuyo anverso aparece la siguiente leyenda:

"Registro de construcci�n, restaurante-bar, purificadora de agua, locales comerciales y bodega. U.�n: C.. E.I. (ilegible). Propiedad: Dr. Jes�s E.V.. E.. 1:95, acotaci�n mts. fecha (en blanco). No. de plano A-1."

Precede a la leyenda la siguiente anotaci�n:

Datos del predio.-Superficie del terreno: 533.86 m�.-Superficie construida en p. baja: 245.00 (sic).-Superficie construida en p. alta: 478.00 (sic).-Superficie construida en azotea: 39.00 m�.-Superficie total construida: 742.00 m�.-Superficie libre: 444.00 m�.-Superficie por locales: Restaurante-bar 184.00 m�.-Purificadora de Agua: 73.10 m�.-Bodega: 220.86 m�.-Loc. comerciales: 225.04 m�.-Servicios: 39.00 m�.

Al reverso del plano dice as�:

S�lo se expide para los efectos de pago del impuesto predial, quedando la autoridad en libertad de exigir por los medios legales respectivos, el que se ajuste a las leyes, reglamentos y disposiciones administrativas vigentes. ?La edificaci�n a que se refiere estos planos, fue hecha infringiendo el reglamento de las construcciones de los servicios urbanos, pues no se obtuvieron previamente a ella la aprobaci�n de los planos, ni la licencia de construcci�n, por lo que el Departamento del D.F. queda liberado de la obligaci�n de indemnizar al propietario por el valor de las construcciones que fuere necesario demoler, si se hubiese construido fuera del alineamiento en vigor. (Art. 34). Ley de P.�n del D.F.?. Sello oficial. Departamento del Distrito Federal. D.�n General de Obras P�blicas. Oficina de V�a P�blica, despachado seg�n registro n�mero 5/2846/72 de (ilegible) 1972. El Ing. revisor de licencias.-R�brica.

Las �nicas pruebas aportadas por el quejoso para desvirtuar los motivos de la clausura son insuficientes para acreditar los extremos que pretende, toda vez que con ellas, aun analizadas en conjunto, no se comprueba que previamente a la construcci�n de la obra la autoridad haya expedido en su favor la licencia de construcci�n, alineamiento y n�mero oficial, ni se haya designado al responsable de la obra, pues tales documentos s�lo muestran, por una parte, que el uso del inmueble est� permitido y, por otra, que est� registrado ante la administraci�n, aparentemente desde el a�o de mil novecientos setenta y dos, un plano de las obras construidas en el inmueble destinadas a diversos usos, hecho ninguno de ellos que implica que los trabajos ahora clausurados por la autoridad hayan sido previamente autorizados con arreglo al ordenamiento aplicable, m�xime que la autoridad afirma que se trata de la ampliaci�n de una construcci�n preexistente y el quejoso no rinde prueba alguna en contrario para desvirtuar esta afirmaci�n, raz�n por la cual esta S. no est� en condiciones de estimar ilegal la clausura.

Por �ltimo, en lo atinente a las apreciaciones aducidas por la autoridad para calificar la gravedad de la infracci�n, espec�ficamente en relaci�n con los costos de la obra y con la objeci�n del quejoso de que la autoridad no cuantifica tales costos en una suma l�quida, basta se�alar que la falta de precisi�n de la suma de dinerario respectiva de ninguna manera conduce a dejar insubsistente la sanci�n, pues en t�rminos del reglamento impugnado, la procedencia de la clausura no depende de que el monto de la obra ascienda a una cantidad determinada, sino �nicamente de que existan signos de solvencia econ�mica suficiente para estimar que el infractor no pertenece a un grupo marginado de aquellos que no tienen acceso suficiente a la normatividad existente en la materia, ni a los mecanismos dispuestos en favor de los gobernados para regularizar su situaci�n jur�dica.

Sobre la individualizaci�n de las sanciones, establece el reglamento aplicado al caso, lo siguiente:

Art�culo 337. El Departamento para fijar la sanci�n deber� tomar en cuenta las condiciones personales del infractor, la gravedad de la infracci�n, y las modalidades y dem�s circunstancias en que la misma se haya cometido.

Al resultar infundados los conceptos de violaci�n, lo procedente es revocar la sentencia recurrida y negar el amparo solicitado.

Por lo expuesto y fundado, se

resuelve:

PRIMERO

Se revoca la sentencia recurrida.

SEGUNDO

La Justicia de la Uni�n no ampara ni protege a A.S.�rzano C�rdenas en contra de las autoridades y por los actos precisados en el resultando primero de esta ejecutoria.

N.�quese; con testimonio de esta resoluci�n, vuelvan los autos al juzgado de su origen y, en su oportunidad, arch�vese el toca como asunto concluido.

As� lo resolvi� la Segunda S. de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, por unanimidad de cinco votos de los Ministros Juan D�az R., M.A.G.�itr�n, G.I.O.M., G.D.G.�ngora P. y presidente S.S.A.A.. Fue ponente el Ministro Juan D�az R..