Ejecutoria num. 2a./J. 167/2006 de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala - Jurisprudencia - VLEX 26822390

Ejecutoria num. 2a./J. 167/2006 de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala

Emisor:Segunda Sala
Número de Resolución:2a./J. 167/2006
Localizacion:SERGIO SALVADOR AGUIRRE ANGUIANO.
Materia:Suprema Corte de Justicia de México
Fecha de Publicación: 1 de Enero de 2007
RESUMEN

CONTRADICCIÓN DE TESIS 151/2006-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y SEGUNDO, AMBOS EN MATERIA DE TRABAJO DEL TERCER CIRCUITO.POLICÍA DE VIALIDAD Y TRÁNSITO DEL ESTADO DE JALISCO. SUS OFICIALES SE RIGEN POR EL ARTÍCULO 123, APARTADO B, FRACCIÓN XIII, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

 
ÍNDICE
CONTENIDO

CONTRADICCI�N DE TESIS 151/2006-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y SEGUNDO, AMBOS EN MATERIA DE TRABAJO DEL TERCER CIRCUITO.

MINISTRO PONENTE: S.S.A.A..

SECRETARIA: GUADALUPE DE LA PAZ VARELA DOM�NGUEZ.

CONSIDERANDO:

PRIMERO

Esta Segunda S. de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, es competente para conocer la presente denuncia de contradicci�n de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los art�culos 107, fracci�n XIII, de la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos; 197-A, de la Ley de Amparo y 21, fracci�n VIII, de la L.O.�nica del Poder Judicial de la Federaci�n, en relaci�n con el punto segundo del Acuerdo General Plenario N�mero 5/2001, dictado por el Pleno de este Alto Tribunal, ya que el tema sobre el cual versa la contradicci�n de tesis denunciada, corresponde a la materia laboral, especialidad de esta S..

SEGUNDO

La denuncia de contradicci�n de tesis proviene de parte leg�tima, en t�rminos de lo dispuesto por el art�culo 197-A de la Ley de Amparo, toda vez que fue formulada por los Magistrados integrantes del Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, que es uno de los �rganos contendientes.

TERCERO

Para determinar la existencia o no de la contradicci�n de tesis denunciada, es menester transcribir las consideraciones de las resoluciones emitidas por los Tribunales Colegiados contendientes.

El Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, remiti� la resoluci�n correspondiente a la competencia 12/2006, de fecha doce de julio de dos mil seis. La resoluci�n mencionada, en la parte que interesa, es del tenor siguiente:

TERCERO. Este Tribunal Colegiado de Circuito, considera que la autoridad competente para conocer y resolver sobre la demanda promovida por �scar Mora P�rez contra la Secretar�a de V.idad y Transporte del Estado de Jalisco, dependencia de la que reclama entre otras cosas, la reinstalaci�n en el puesto que ven�a desempe�ando como oficial primero adscrito a la Direcci�n General de Polic�a V. y Tr�nsito de la Secretar�a de V.idad y Transportes del Gobierno del Estado de Jalisco, debe ser la Quinta S. Unitaria del Tribunal de lo Administrativo del Estado de Jalisco. Esto es as� por las consideraciones jur�dicas siguientes: En primer t�rmino, es necesario precisar que la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, ha sostenido reiteradamente una interpretaci�n jur�dica en el sentido de que los miembros de las corporaciones policiacas al servicio de los gobiernos de los Estados y sus Municipios, es de naturaleza administrativa y que, por tanto, est� regida por las normas legales y reglamentarias correspondientes y no con base a las normas de car�cter laboral; lo anterior por disposici�n expresa del art�culo 123, apartado B, fracci�n XIII, de la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, que en lo conducente se�ala: ?Art�culo 123.? (se transcribe). Por su parte, el art�culo 116, fracci�n VI, de la C.�n Federal, dispone: ?Art�culo 116.? (se transcribe). A su vez, el art�culo 115, fracci�n VIII, de nuestra Carta Magna precept�a: ?Art�culo 115.? (se transcribe). Ciertamente, de la interpretaci�n arm�nica de los preceptos transcritos, se desprende el imperativo que tienen las legislaturas de los Estados para regular las relaciones de los trabajadores del Estado y sus Municipios, pero siempre acatando las bases establecidas en el art�culo 123 del C�digo Supremo y de sus disposiciones reglamentarias; por lo que en el caso de los miembros o agentes de las instituciones policiales, se encuentra expresamente se�alado en el numeral 123, apartado B, fracci�n XIII, de la Ley Fundamental, como especial y fuera del �mbito laboral; al referirse el Constituyente a que ?se regir�n por sus propias leyes?, con lo cual se est� creando para las relaciones derivadas de la prestaci�n de un servicio entre los polic�as, un estatus jur�dico diverso al laboral y que no puede ser de otra naturaleza que administrativa; por lo que es indiscutible, que esta consideraci�n constitucional de sustracci�n, s� aplica a los cuerpos policiacos de los Estados y Municipios, pues la misma C.�n establece su observancia por la legislaci�n estatal, al estar �sta supeditada a los principios establecidos en el invocado art�culo 123 de la C.�n Federal, seg�n se desprende de los diversos 115 y 116 del mismo magno cuerpo normativo, entre los cuales se encuentra el mencionado de exclusi�n de los miembros de las instituciones policiales de las relaciones laborales del Estado. Lo anterior ya fue determinado por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte en su jurisprudencia 24/1995, publicada en el Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, Novena �poca, Tomo II, septiembre de 1995, p�gina 43, cuya voz dice: ?POLIC�AS MUNICIPALES Y JUDICIALES AL SERVICIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE M�XICO Y DE SUS MUNICIPIOS. SU RELACI�N JUR�DICA ES DE NATURALEZA ADMINISTRATIVA.? (se transcribe). Ahora bien, a fin de determinar si la relaci�n jur�dica que existe, entre el actor �scar Mora P�rez y la demandada es de naturaleza administrativa o laboral, es necesario tener en cuenta, lo que al efecto dispone el art�culo 123 constitucional, apartado B, fracci�n XIII, primer p�rrafo, que ya fue transcrito en esta ejecutoria, de lo que se advierte que en cuanto a las relaciones existentes entre los miembros de las instituciones policiacas deber�n regirse por sus leyes especiales; dicha distinci�n al derecho laboral, est� contenida en la exposici�n de motivos de la reforma a este precepto, en el sentido de que dadas las circunstancias de que en la actualidad, sin prejuzgar sobre la conducta del accionante, existen elementos policiacos que han realizado una deficiente actuaci�n en su proceder y se han visto beneficiados con recursos y juicios de garant�as, que hacen factible su reinstalaci�n al puesto que desempe�aban, lo que a la postre afectaba los intereses de la sociedad a quien resulta de suma importancia, contar con una polic�a competente y honrada; por ello, el �nimo del legislador fue en el sentido de que estos malos elementos, no fueran protegidos por las normas laborales en el sentido de que se abuse de los procesos en �l contenidos, as� como de los juicios de garant�as y se permita la reincorporaci�n a su puesto, buscando para ello establecer mecanismos administrativos, que permitan sancionarlos en caso de negligencia, pues con ello, se pretende a final de cuentas, la protecci�n y beneficio de toda la sociedad, a quien le interesa contar con cuerpos policiacos eficientes y libres de corrupci�n, de ah� que, trat�ndose de las instituciones policiacas, la Carta Magna ha establecido que los mismos, no estar�n sujetos al �mbito laboral, sino que se regir�n por sus propios reglamentos de car�cter administrativo. Por otra parte, el art�culo 14 de la Ley para los Servidores P�blicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, establece lo siguiente: ?Art�culo 14.? (se transcribe). Del precitado art�culo es de advertirse que, en concordancia a la Ley Suprema, en el Estado de Jalisco se dispuso que los miembros de las fuerzas de Seguridad P�blica del Estado o Municipios, se regir�n por sus propias leyes; entendiendo como fuerza p�blica, a las instituciones que gozan de las facultades coercitivas para la persecuci�n y la aplicaci�n de las medidas necesarias para el cumplimiento de las normas de orden social. En las anotadas condiciones, a fin de estar en aptitud de decretar la competencia de alguno de los �rganos contendientes, es menester precisar si el actor, recae dentro de los supuestos de excepci�n que contempla la Carta Magna, como aquellos sujetos a un orden legal diverso al laboral, para lo cual debemos tomar en cuenta el sentido de la expresi�n ?polic�a? y las funciones que dicho cargo conlleva. M.A.R. citado por C.A.M.P.�n, en la obra Derecho Burocr�tico, Editorial Porr�a, S.A., Primera Edici�n, 1995, p�gina 181, sostuvo que el t�rmino ?polic�a? que se identifica en las diversas corporaciones policiacas que a nivel federal, estatal y municipal existen, que revela la fracci�n XIII del apartado B del art�culo 123 constitucional, es el siguiente: ?Polic�a: proviene del lat�n politia y del griego politeia; en t�rminos generales, es el buen orden que se observa y guarda en las ciudades y rep�blicas cumpli�ndose las leyes y ordenanzas establecidas para su mejor gobierno. En otros sentidos tambi�n significa un cuerpo organizado y estructurado encargado exclusivamente de mantener el orden de una ciudad, en vista de los principios de seguridad, salubridad y tranquilidad. En este caso el concepto de polic�a se refiere a los cuerpos encargados de vigilar y respetar el orden ... de todos los aspectos de la tranquilidad y el buen orden de un Estado.?. En t�rminos generales, podemos concluir que las instituciones policiales, tienen como funci�n, la continua tutela, vigilancia y protecci�n del orden p�blico y la paz social, ejercitando para tal efecto la facultad coactiva de que gozan dichos cuerpos, para la persecuci�n, aprehensi�n y puesta a disposici�n de la autoridad competente, a los sujetos que violen las normas de orden social. Luego, como se puntualiz�, seg�n se advierte de la demanda, el actor manifest� que ocupaba el cargo de oficial primero adscrito a la zona I de la Direcci�n General de Polic�a V. y Tr�nsito de la Secretar�a de V.idad y Transporte del Gobierno del Estado de Jalisco, circunstancia que fue reconocida por la demandada en su escrito respectivo. Ahora bien, dado que el servidor p�blico actor reclama la reinstalaci�n en su puesto de trabajo; el pago de salarios vencidos y otras prestaciones, se tiene que el mismo dota de competencia legal al Tribunal de lo Administrativo del Estado de Jalisco, para conocer de las controversias derivadas de la relaci�n de la Secretar�a de V.idad y Transporte del Estado de Jalisco, con el personal operativo de su adscripci�n, al considerar precisamente como polic�as a los integrantes de esa corporaci�n expresamente en el art�culo 25, de la Ley de los Servicios de V.idad, Tr�nsito y Transporte del Estado de Jalisco, que dice lo siguiente: ?Art�culo 25.? (se transcribe). Por su parte, el Reglamento de la Ley de los Servicios de V.idad, Tr�nsito y Transporte del Estado de Jalisco, se�ala lo siguiente: ?Art�culo 2o.? (se transcribe). ?Art�culo 151.? (se transcribe). ?Art�culo 155.? (se transcribe). Por tanto, como en el caso concreto se trata, al considerar la propia Ley de los Servicios de V.idad y Transporte del Estado de Jalisco y el Reglamento respectivo, que los integrantes de ese cuerpo operativo son polic�as y ejercen las funciones antes descritas, es inconcuso que la entidad p�blica demandada participa del concepto a que alude el art�culo 123, apartado B, fracci�n XIII, de la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, es decir, se trata de una instituci�n policial, sin distinguir, por lo que el actor al ser oficial primero (polic�a de vialidad y tr�nsito), es claro que excluido queda del derecho burocr�tico y, por tanto, su relaci�n con ese cuerpo operativo es de car�cter administrativo y debe regirse por su propia ley y no por la ley laboral estatal, por lo que en atenci�n a lo previsto por el art�culo 25 de ese ordenamiento y los diversos 2o., fracci�n XXII, 151 y 155, del reglamento ya transcritos, se estima que la autoridad competente para conocer y resolver sobre la acci�n de reinstalaci�n y sus acciones accesorias, es la Quinta S. del Tribunal de lo Administrativo del Estado de Jalisco. De lo anterior, se obtiene que la Polic�a de V.idad y Tr�nsito, tiene como funciones, entre otras, cuidar de la seguridad y respeto del peat�n en las v�as p�blicas; proteger y auxiliar a las personas cuando sufren accidentes en las v�as p�blicas; coadyuvar con otras autoridades en la conservaci�n del orden p�blico y de la tranquilidad de la comunidad, cuidar que se cumplan y apliquen las disposiciones de la ley; as� como levantar infracciones a los conductores a efecto de determinar y aplicar la sanci�n correspondiente y seg�n el caso, el arresto de los infractores de la norma, de lo que se deduce que los miembros de esa instituci�n tienen las aptitudes y funciones propias de un cuerpo policiaco, toda vez que est�n facultados para coadyuvar en la conservaci�n del orden p�blico y la tranquilidad de la comunidad, con atribuciones para levantar infracciones y determinar las sanciones correspondientes y cuidar que se cumplan y apliquen las disposiciones de la ley, as� como el poder determinar el arresto de los infractores en circunstancias particulares, de ah� el poder de mando para hacer prevalecer las normas sociales, sin que importe o no al presente caso, el que las facultades inherentes a los cuerpos policiacos, no las realicen de manera continua, ya que lo anterior no disminuye la calidad de polic�a que le es otorgada por la propia ley especial que regula su funci�n y, por ende, es irrelevante el argumento de la Quinta S. Administrativa en el sentido de que el actor no act�a como miembro de las corporaciones de seguridad p�blica, por no ser comprendido en dicha ley como tal. Ya que debe decirse que la apreciaci�n del Tribunal de Arbitraje y Escalaf�n, que estim� que la relaci�n jur�dica, que existi� entre el actor y la Secretar�a de V.idad demandada, es de naturaleza administrativa, es correcta y que por ello el Tribunal de lo Administrativo debe conocer de la presente demanda, dado que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, en las jurisprudencias con los rubros: ?POLIC�AS MUNICIPALES Y JUDICIALES AL SERVICIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE M�XICO Y SUS MUNICIPIOS. SU RELACI�N JUR�DICA ES DE NATURALEZA ADMINISTRATIVA.?, as� como la contradicci�n de tesis con el rubro: ?SEGURIDAD P�BLICA DEL ESTADO DE JALISCO. DE LOS CONFLICTOS SUSCITADOS CON MOTIVO DE LA PRESTACI�N DE SERVICIOS CON SUS AGENTES CORRESPONDE CONOCER POR AFINIDAD AL TRIBUNAL DE LO ADMINISTRATIVO.?, sostuvo que por disposici�n expresa del art�culo 123, apartado B, fracci�n XIII, de la C.�n, los miembros de los cuerpos de seguridad, as� como los militares, marinos y el personal del servicio exterior, debido a la naturaleza de las actividades que desempe�an y que est�n encomendadas a vigilar y proteger el orden p�blico de los gobernados, mantienen una relaci�n de naturaleza administrativa con el Gobierno del Estado o de los Municipios a las que presten servicios, con lo cual se les excluye considerar a los miembros de los cuerpos de seguridad p�blica como sujetos de una relaci�n de naturaleza laboral con la instituci�n para la que presten servicios; consideraciones que resultan aplicables al caso por analog�a, ya que si bien en �stos se encuentran aspectos relacionados con el antiguo texto que ostentaba el art�culo 123 apartado B, fracci�n XIII, de la C.�n, en relaci�n a que los miembros de seguridad p�blica, se regir�n por sus propias leyes, lo cierto es tambi�n que, de los casos tratados en las mismas, se analizan reclamos realizados por polic�as, de los cuales como ya se vio, cuentan con funciones similares a las realizadas por el actor, esto es, la conservaci�n del orden p�blico y la tranquilidad de la comunidad y adem�s, levantar infracciones a quien infrinja la ley para efectos de determinar y aplicar la sanci�n correspondiente, as� como la facultad de determinar el arresto de los infractores, lo cual s� es concordante con el texto actual del precitado art�culo constitucional, en el que se estipula claramente que ser�n objeto de una relaci�n administrativa, los miembros de las instituciones policiales. Sin que sea �bice a lo anterior, se repite, el que, como lo adujo la Quinta S. del Tribunal de lo Administrativo del Estado de Jalisco, en la Ley de Seguridad P�blica del Estado de Jalisco, no se contemple como miembros de seguridad p�blica a los miembros de la Secretar�a de V.idad y que por el contrario, sean considerados como auxiliares de los cuerpos policiacos, pues en contrario se debe tomar en consideraci�n que la propia Ley de los Servicios de V.idad y Tr�nsito y su Reglamento, consideran a sus miembros operativos como polic�as y que su funci�n como ya se ha establecido, si bien puede darse el caso que no sea de manera continua, es similar a la de �stos y en virtud de la reforma del ocho de marzo de mil novecientos noventa y nueve, a la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, el legislador incluy� a las instituciones policiales como aquellas que tienen una relaci�n de otra naturaleza a la laboral y no as� a la totalidad de los miembros de seguridad p�blica, de los cuales cabe aclarar no todos deben regirse bajo una relaci�n administrativa, sino �nicamente a los cuerpos policiacos, pues as� se ha impuesto por la Carta Magna, de ah� que el fundamento o razones por las que se estima que la relaci�n existente entre la demandada y el actor, es de car�cter administrativo, deriva de las funciones propias del servidor y del car�cter reconocido como de polic�a que le otorga la propia ley y no as�, de la circunstancia de que forme o no parte de un miembro de seguridad p�blica por la ley respectiva, pues en el presente caso, debe aplicarse estrictamente el sentido literal de la norma constitucional, en el sentido de que s�lo los miembros de las instituciones policiacas, se regir�n por sus propias leyes y no as�, el que estos cuerpos como tales, sean o no considerados en una ley estatal, como integrantes de la seguridad p�blica, pues como ya se vio, de la propia ley que regula a estos servidores p�blicos, se les reconoce el car�cter de polic�a, lo que hace indudable la procedencia de la excepci�n impuesta por la C.�n. En las anotadas condiciones, de conformidad a lo dispuesto por el art�culo 123, apartado B fracci�n XIII, de la C.�n, los militares, marinos, personal del servicio exterior, agentes del Ministerio P�blico y los miembros de las instituciones policiales, se regir�n por sus propias leyes, a lo cual la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, estableci� que la relaci�n existente entre los citados elementos y la Federaci�n, Estados o Municipios en donde presten sus servicios, es de car�cter administrativo y no laboral, precisamente porque las determinaciones que tomen las entidades en contra de ellos, son en su car�cter de autoridad y no as� de patrones, esto en virtud de la calidad y funciones que �stos desempe�an; consecuentemente, si el cuerpo operativo de la Secretar�a de V.idad y Transporte del Estado de Jalisco o cualquiera de los Municipios que la integran, de acuerdo a su ley especial y al reglamento que de ella emana, les es reconocido el car�cter de polic�a de vialidad y transporte y los faculta a cuestiones propiamente dichas de un polic�a, pues sus actos tienen la caracter�stica coercitiva de todo acto policial; este Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, llega al convencimiento de que dichos elementos se colocan en el supuesto de exclusi�n del �mbito laboral que es impuesto por la propia C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos y que, por ende, la relaci�n existente entre �stos y el Gobierno del Estado de Jalisco o cualquiera de sus Municipios que lo integra es de car�cter administrativo, pues en apego y aplicaci�n a la Carta Magna y su interpretaci�n por la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, la totalidad de los miembros de los cuerpos policiacos deben regirse por sus propias leyes, ya que las determinaciones que sean tomadas en su relaci�n con el Estado, cualesquiera que �sta sea, se har�n en el car�cter de autoridad y no como patr�n por equiparaci�n, sin que sea �bice a la anterior determinaci�n, el que dicho cuerpo operativo no sea considerado como miembro de seguridad p�blica directo sino como auxiliar y que las facultades coercitivas de las que est�n investidos, no las realicen demanera constante, habida cuenta que la calidad de la relaci�n existente entre ambas partes no est� basada en las indicaciones de una ley general, sino en la ley especial en la que se les reconoce el car�cter de polic�as y funciones inherentes a estos, pues aun cuando en efecto pueda darse el caso de que �stas funciones no sean aplicadas o puestas en acci�n, no limita ni destruye el otorgamiento de ellas y, por ende, el car�cter de polic�a que le es dado. Asimismo, por lo que ve al argumento que plante� la Quinta S. del Tribunal de lo Administrativo, en el sentido de que la competencia correspond�a al Tribunal de Arbitraje y Escalaf�n, en virtud de que aduce, que el demandante es un servidor p�blico que demanda prestaciones laborales, por lo que se coloca en los supuestos de la Ley de los Servidores P�blicos del Estado de Jalisco y sus Municipios y, por ende, ante la competencia del Tribunal de Arbitraje y Escalaf�n del Estado de Jalisco, debe se�alarse que tales razonamientos son ineficaces, ya que la competencia que ahora le es otorgada, no obedece a las caracter�sticas de las prestaciones reclamadas y el car�cter de funcionario p�blico con el que cuenta el accionante, habida cuenta que el argumento toral para fincar la competencia, en favor de la autoridad administrativa, parte de la base de que es planteada por un miembro de un cuerpo de polic�a de vialidad y tr�nsito estatal, de acuerdo a las manifestaciones realizadas por el actor en su escrito inicial de demanda y la aceptaci�n por parte de la demandada en su contestaci�n, de ah� que deriva de una relaci�n administrativa y no laboral de conformidad a lo impuesto en la propia C.�n, por lo que no se surte de modo preciso la competencia legal de alguna autoridad del trabajo; y por otra parte, es cierto que a la Quinta S. Unitaria del Tribunal de lo Administrativo, �nicamente le compete resolver los conflictos administrativos y fiscales, pero igualmente cierto resulta que estas controversias se limitan a las que se susciten entre la administraci�n p�blica de esta entidad federativa y los particulares, lo cual excluye al actor; sin embargo, de acuerdo a lo analizado en la presente resoluci�n, todas las prestaciones que exigen y pretenden derivan de la relaci�n jur�dica que como miembro de un cuerpo policiaco los lig� en el �mbito jer�rquico administrativo con la entidad demandada, por lo que la referida S. al dirimir la litis planteada debe, forzosa y necesariamente, tomar en consideraci�n el estatus que corresponde a los miembros de un cuerpo policiaco y no la situaci�n jur�dica de un particular y la tipificaci�n de las prestaciones reclamadas. Desde luego, ante los reclamos del actor, le corresponden prestaciones similares a las laborales; ello por raz�n l�gica, dado que en ambos casos (relaci�n laboral o administrativa), existe la prestaci�n del servicio; sin embargo, los miembros de las instituciones policiales tienen una relaci�n diversa a la laboral y eso es bastante para que los reclamos se demanden ante una autoridad administrativa y no de trabajo, dado la imposici�n de la propia C.�n que los separa de cualquier �ndole laboral y los coloca en el r�gimen administrativo. Ahora bien, no pasa inadvertido para este Tribunal Colegiado, lo manifestado por la Quinta S. del Tribunal de lo Administrativo, de que el art�culo 67 de la L.O.�nica del Poder Judicial del Estado, se�ale la competencia de los tribunales administrativos a conflictos que surjan a trav�s de una resoluci�n o acto administrativo; as� como el que la ley que le da nacimiento a ese tribunal y la Ley de la Justicia Administrativa del Estado, no le otorga jurisdicci�n para resolver sobre ese tipo de asuntos; sin embargo, como se ha expuesto en esta ejecutoria, la relaci�n entre el actor y la dependencia demandada, es de �ndole administrativa, por lo que las controversias que se deriven de la misma, tienen el mismo car�cter administrativo como ya se puntualiz� y al no establecerse por la legislaci�n especial aplicable al cuerpo de polic�a y vialidad y tr�nsito estatal o municipal que conforman los miembros de la Secretar�a de V.idad y Transportes del Estado de Jalisco, cu�l es el �rgano jurisdiccional competente para resolver sobre ese tipo de conflictos, debe decirse que es el Tribunal de lo Administrativo el competente, ya que es el m�s af�n para conocer de dichos asuntos, teniendo como fundamento supremo la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, en sus art�culos 123 apartado B, fracci�n XIII y el n�mero 17 y por el tipo de relaci�n que ligaba al trabajador con la secretar�a demandada, la cual se insiste es de �ndole administrativa, pues de no hacerlo as�, se dejar�a en estado de indefensi�n al actor, quien no podr�a contar con una autoridad que escuche sus reclamos y le otorgue la concesi�n de los derechos que reclama le sean respetados. Del mismo modo, no pasa inadvertido para este �rgano jurisdiccional, la particularidad de que la Quinta S. Unitaria del Tribunal de lo Administrativo del Estado de Jalisco, se�alara que de conformidad a lo dispuesto por el art�culo 72 de la C.�n Estatal, as� como por lo dispuesto por la Ley de Responsabilidades de los Servidores P�blicos del Estado de Jalisco y la Ley para los Servidores P�blicos, se advierta que competa al Tribunal de Arbitraje y Escalaf�n, conocer respecto a los conflictos que surjan entre el Estado con sus trabajadores, as� como de las inconformidades que existan por la aplicaci�n de sanciones v�a procedimientos administrativos; sin embargo, debe decirse que esa competencia deriva de la relaci�n laboral, que existe entre ambas partes, lo que en la especie no sucede, dado que los miembros de los cuerpos policiacos en si, no son equiparables a los trabajadores ordinarios que en todo Estado pueden existir, en virtud de que su relaci�n, ya fue catalogada fuera del �mbito laboral y colocada en lo que refiere al cuerpo normativo administrativo. Del mismo modo, cabe se�alar que al accionante no le fue aplicada la Ley de Responsabilidades de los Servidores P�blicos, para fundar la resoluci�n del cese administrativo, lo que en caso de haber sucedido as�, es innegable que le compet�a al Tribunal de Arbitraje y Escalaf�n conocer de dicho proceso, al transformarse esa dependencia por ley, en un tribunal revisor en materia administrativa, m�s por el contrario, al fundarse la sanci�n que le fue impuesta al actor, en la Ley para los Servidores P�blicos del Estado y sus Municipios, pues as� se advierte de las manifestaciones de la demanda y de la aceptaci�n de la entidad demandada en su contestaci�n, es inconcuso entonces que aun cuando en efecto se le aplic� una sanci�n con base a una ley burocr�tica estatal, la competencia recae en el Tribunal de lo Administrativo, en funci�n de la calidad de la relaci�n que contaba con la demandada el accionante, la cual ya se dijo, es de naturaleza administrativa y no laboral. As� pues, la autoridad competente para conocer de la demanda relativa, es la Quinta S. Unitaria de referencia, pues de acuerdo al sistema de turno de asuntos del mismo Tribunal de lo Administrativo, fue a ella a la que correspondi� el conocimiento del asunto. Finalmente, debe se�alarse como hecho notorio, el que el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, al resolver la competencia 5/2006, suscitada entre el Tribunal de Arbitraje y Escalaf�n y la Cuarta S. Unitaria del Tribunal de lo Administrativo, ambos del Estado de Jalisco, en donde contend�an para conocer y resolver de la demanda interpuesta por J.T.O.M., contra la Secretar�a de V.idad y Transporte del Estado de Jalisco; expediente en el que el citado colegiado determin� que la relaci�n existente entre los miembros operativos de la Secretaria de V.idad y Transporte del Estado es de naturaleza laboral, bajo el argumento de que la funci�n directa de sus miembros operativos, es la de brindar orientaci�n y participaci�n con la poblaci�n en general tendiente tanto a la prevenci�n de accidentes viales mientras que las funciones de vigilar y proteger el orden p�blico y la paz social de los gobernados, no son utilizadas de manera constante, aun cuando les son atribuidas, por lo que si bien coadyuvan con otras autoridades en la conservaci�n del orden p�blico y la tranquilidad de la comunidad, cierto es que su finalidad principal no es la de proteger el orden p�blico y la paz social de los gobernados en sentido lato, sino �nicamente lo relativo al orden y control de la circulaci�n vehicular y peatonal en las v�as p�blicas abiertas a la circulaci�n que no sean de competencia federal, raz�n por la cual aduce el citado colegiado, dichos trabajadores no pueden ser considerados como parte integral de un cuerpo de seguridad p�blica, pues agrega que por disposici�n legal contenida en el art�culo 6o. de la Ley de Seguridad P�blica del Estado de Jalisco, el cuerpo operativo de la Secretar�a de V.idad y Transporte del Estado de Jalisco, tendr� el car�cter de ?autoridad auxiliar de la seguridad p�blica?, cuando para ello sea requerido, as� como el que en su art�culo 8o. del citado cuerpo normativo, no contempla a los miembros de la Secretar�a de V.idad y Transporte del Estado de Jalisco, como parte de los cuerpos de seguridad p�blica llegando, por ende, a la conclusi�n el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, que los agentes de vialidad no se encuentran en la hip�tesis de exclusi�n de la relaci�n laboral de que habla la fracci�n XIII, del apartado B, del art�culo 123 constitucional. Sobre el criterio antes transcrito, cabe decir que este Tribunal Colegiado no comparte el criterio, en cuanto que la relaci�n existente entre estos servidores p�blicos y los Estados y sus Municipios es de naturaleza laboral, habida cuenta que como se ha se�alado en la presente ejecutoria, el que no sean comprendidos como miembros de los cuerpos de seguridad p�blica y s�lo les revista el car�cter de auxiliares, pasa a un segundo plano, as� como el que su funci�n principal, no sea la de conservar el orden p�blico, ya que lo cierto es que, de conformidad a lo dispuesto por la Carta Magna, los miembros de los cuerpos policiacos deben regirse por sus propias leyes y si de estas leyes especiales les es reconocido el car�cter de polic�a a los citados servidores, a quienes incluso, faculta la coercitividad de aplicaci�n de las normas, caracter�sticas de los cuerpos policiacos, es claro entonces que s� se actualiza el supuesto de exclusi�n constitucional, sin importar el que esas facultades, las realice de manera constante o no, dado que la aplicaci�n poco frecuente de sus facultades, no las limita o destruye y su posibilidad de ejecuci�n, permanece de manera constante; asimismo, el que en una ley de seguridad publica estatal, no sean contemplados como miembros de esos tipos de cuerpos, no significa que pueda ignorarse lo dispuesto en la ley especial que los faculta como polic�as y desde luego, que esta ley general, pueda estar por encima de lo dispuesto por la propia C.�n, que claramente separa a los cuerpos policiacos del orden laboral, sin importar y agregar a tal distinci�n, a los miembros de cuerpos de seguridad p�blica, con el cuerpo operativo de las entidades policiacas, en el sentido de que, como polic�as que son, deben por necesidad regirse por sus propias leyes. En esas condiciones, lo procedente es, con fundamento en el art�culo 197-A de la Ley de Amparo denunciar ante la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, la contradicci�n de tesis que se advierte para que tenga a bien decidir cu�l criterio debe prevalecer, sin que obste la circunstancia de que ninguno de los dos colegiados, haya emitido criterios jurisprudenciales; toda vez que por vocablo ?tesis? que se emplea en dichos dispositivos debe entenderse en un sentido amplio, o sea, como la expresi�n de un criterio que se sustenta en relaci�n con un tema determinado, por los �rganos jurisdiccionales en su quehacer legal de resolver los asuntos que se someten a su consideraci�n. Resulta aplicable la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, visible en la p�gina 69, Tomo II, agosto de 1995, Novena �poca del Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, que reza: ?CONTRADICCI�N DE TESIS. PARA QUE PROCEDA LA DENUNCIA BASTA QUE EN LAS SENTENCIAS SE SUSTENTEN CRITERIOS OPUESTOS.? (se transcribe).

CUARTO

Por su parte, el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, al resolver la competencia 5/2006, el veintid�s de febrero de dos mil seis, consider� lo que a continuaci�n se transcribe:

SEGUNDO. El Tribunal de Arbitraje y Escalaf�n del Estado de Jalisco, es el competente para conocer del asunto en que se suscit� el conflicto de competencia, toda vez que como en seguida se ver�, la relaci�n jur�dica existente entre J.T.O.M. y la Secretar�a de V.idad y Transporte del Estado de Jalisco, es de naturaleza laboral. Primeramente debe precisarse que el conflicto de competencia deriva de las demandas presentadas por J.T.O.M., en contra de la Secretar�a de V.idad y Transporte del Estado de Jalisco, en las que reclam� el pago del bono econ�mico semestral que se otorg� al personal operativo en el mes de julio de dos mil tres, denominado ?dotaci�n complementaria no regularizable?, que consider� tiene derecho a percibir con motivo de prestar sus servicios como personal operativo de la Secretar�a de V.idad y Transporte demandada, as� como el pago de la aportaci�n al fondo de pensiones, que por los meses de abril a diciembre de dos mil dos, corresponde a la cantidad de cuatro mil doscientos treinta y cinco pesos con cuatro cent�simos moneda nacional y de enero a mayo de dos mil tres corresponde a dos mil cuatrocientos cincuenta y cinco pesos con cuarenta cent�simos moneda nacional, adem�s del inter�s al uno punto cinco por ciento que cobra pensiones del Estado, mismo que corresponde a cien pesos con treinta y cinco cent�simos moneda nacional. La secretar�a demandada al producir contestaci�n a la demanda, reconoci� el cargo del actor como oficial tercero del �rea operativa de la Secretar�a de V.idad y Transporte y, por otra parte, neg� acci�n y derecho del actor para obtener la satisfacci�n de sus reclamos jur�dicos. El mencionado Tribunal de Arbitraje y Escalaf�n del Estado de Jalisco, por resoluci�n de catorce de junio de dos mil cinco y previo al dictado del laudo se declar� legalmente incompetente para conocer de los juicios acumulados y apoy� su determinaci�n en el art�culo 123, apartado B, fracci�n XIII, en relaci�n con el 115, fracci�n VIII y 116, fracci�n VI, de la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, ya que sostuvo, en s�ntesis, que el actor se desempe�aba como elemento de un cuerpo de seguridad p�blica al servicio del Estado de Jalisco, que trat�ndose de las relaciones entre los elementos de seguridad p�blica y el Estado, �stas revisten el car�cter de administrativas y no laborales que, por tanto, los conflictos jur�dicos que de esta relaci�n deriven deben ser ventilados ante el referido Tribunal de lo Administrativo del Estado de Jalisco. Por su parte, la Cuarta S. Unitaria del Tribunal de lo Administrativo del Estado de Jalisco, con residencia en esta ciudad, rechaz� la competencia, porque en su apreciaci�n, las prestaciones demandadas no constituyen controversias de car�cter administrativo, sino de naturaleza laboral y en ese contexto, las controversias que se suscitan entre el Estado, los Municipios, los organismos descentralizados y las empresas de participaci�n mayoritaria de ambos, con sus servidores, con motivo de la relaci�n de trabajo, no tienen el car�cter de administrativas ni fiscales, sino laborales, porque de no ser as� se dejar�a sin materia al Tribunal de Arbitraje y Escalaf�n del Estado de Jalisco, que de conformidad con lo dispuesto en el art�culo 72 de la C.�n Local, ese es su �mbito de competencia; que el actor manifiesta que es un servidor p�blico en el �rea operativa de la Secretar�a de V.idad y Transporte del Gobierno del Estado de Jalisco, por lo que las controversias entre �ste y aqu�l con motivo de sus relaciones de trabajo, se rigen por la Ley para los Servidores P�blicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, en tanto no sean de car�cter administrativo ni fiscal, por lo que consider� carecer de competencia para conocer de las controversias suscitadas por las prestaciones reclamadas por el actor en los escritos de demanda que dieron origen a los juicios laborales acumulados. Ahora bien, como se ha dejado establecido, el Tribunal de Arbitraje y Escalaf�n declin� su competencia en favor del Tribunal de lo Administrativo, ya que consider�, entre otras cuestiones jur�dicas, que por disposici�n contenida en el art�culo 123, apartado B, fracci�n XIII, constitucional, la relaci�n que guardan los cuerpos de seguridad p�blica con sus elementos, no es de naturaleza laboral sino administrativa, la cual se rige por normas administrativas y que, por tanto, las determinaciones que con motivo de dicha relaci�n tome la entidad demandada con sus elementos, no constituyen actos de particulares, sino de autoridad. A fin de determinar si la relaci�n jur�dica que existe entre J.T.O.M. y la Secretar�a de V.idad y Transporte demandada es de naturaleza administrativa o laboral, es necesario tener en cuenta, lo que al efecto dispone el art�culo 123 constitucional, apartado B, fracci�n XIII, primer p�rrafo, que a la letra dice: ?Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente �til; al efecto se promover� la creaci�n de empleo y la organizaci�n para el trabajo, conforme a la ley. El Congreso de la Uni�n, sin contravenir a las bases siguientes deber� expedir leyes sobre el trabajo, las cuales regir�n: B. Entre los Poderes de la Uni�n, el Gobierno del Distrito Federal y sus trabajadores ... XIII. Los militares, marinos, personal del servicio exterior, agentes del Ministerio P�blico y miembros de las instituciones policiales, se regir�n por sus propias leyes ...?. Ahora bien, M.A.R. citado por C.A.M.P.�n, en la obra Derecho Burocr�tico, Editorial Porr�a, Sociedad An�nima, Primera Edici�n, 1995, p�gina 181, refiere que, el t�rmino polic�a que se identifica en las diversas corporaciones policiacas que existen a nivel federal, estatal y municipal y que revela la fracci�n XIII del apartado B del art�culo 123 constitucional, ?Proviene del lat�n politia y del griego politeia; en t�rminos generales, es el buen orden que se observa y guarda en las ciudades y Rep�blicas cumpli�ndose las leyes y ordenanzas establecidas para su mejor gobierno. En otros sentidos tambi�n significa un cuerpo organizado y estructurado encargado exclusivamente de mantener el orden de una ciudad, en vista de los principios de seguridad, salubridad y tranquilidad. En este caso el concepto de polic�a se refiere a los cuerpos encargados de vigilar y respetar el orden de todos los aspectos de la tranquilidad y el buen orden de un Estado.?. En t�rminos generales las instituciones policiales tienen como funci�n, la tutela, vigilancia y protecci�n del orden p�blico y la paz social. En la especie, seg�n se advierte de los antecedentes que informan el caso, J.T.O.M., manifest� que se desempe�a como oficial tercero del �rea operativa de la Secretar�a de V.idad y Transporte del Estado de Jalisco. Ahora bien, la Ley de los Servicios de V.idad, Tr�nsito y Transporte del Estado de Jalisco, en sus art�culos 1o., 3o. y 25 establece que: ?Art�culo 1o. (se transcribe). ?Art�culo 3o.? (se transcribe). ?Art�culo 25.? (se transcribe). Es decir, las funciones de la polic�a de vialidad y tr�nsito estatal o municipal, tienen por objeto fundamental orientar a la poblaci�n en general a fin de prevenir tanto accidentes viales como infracciones a las normas de tr�nsito, cuidar de la seguridad yrespeto del peat�n en las v�as p�blicas, d�ndole preferencia a �ste sobre los veh�culos, proteger y auxiliar a las personas cuando sufran accidentes en las v�as p�blicas, as� como cuidar que se cumplan y se apliquen las disposiciones de la Ley de los Servicios de V.idad, Tr�nsito y Transporte del Estado de Jalisco y sus reglamentos en materia de vialidad, tr�nsito y transporte, y en su caso levantar o hacer constar las infracciones a dichas normatividades para los efectos de determinar y aplicar la sanci�n correspondiente. Precisado lo anterior, debe decirse que la apreciaci�n del Tribunal de Arbitraje y Escalaf�n del Estado de Jalisco, en cuanto consider� que la relaci�n jur�dica existente entre el actor y la Secretar�a de V.idad y Transporte del Estado de Jalisco demandada, es de naturaleza administrativa, resulta desacertada, porque si bien, como lo aduce, el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, en la jurisprudencia P./J. 24/95, consultable en la p�gina 43, Novena �poca, Tomo II, septiembre de 1995, del Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, con el rubro: ?POLIC�AS MUNICIPALES Y JUDICIALES AL SERVICIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE M�XICO Y SUS MUNICIPIOS. SU RELACI�N JUR�DICA ES DE NATURALEZA ADMINISTRATIVA.?, sostuvo que por disposici�n expresa del art�culo 123, apartado B, fracci�n XIII, de la C.�n Federal, los miembros de los cuerpos de seguridad, as� como los militares, marinos y el personal del servicio exterior, debido a la naturaleza de las actividades que desempe�an y que est�n encomendadas a vigilar y proteger el orden p�blico de los gobernados, mantienen una relaci�n de naturaleza administrativa con el Gobierno del Estado o de los Municipios a los que presten servicios, con lo cual se excluye de considerar a los miembros de los cuerpos de seguridad p�blica como sujetos de una relaci�n de naturaleza laboral con la instituci�n para la que presten servicios; sin embargo, en la especie, aun cuando el actor se desempe�a como oficial tercero del �rea operativa de la Secretar�a de V.idad y Transporte del Estado de Jalisco, tambi�n lo es que la dependencia en que labora no tiene como funci�n directa vigilar y proteger el orden p�blico y la paz social de los gobernados, que como se vio, es propia de las instituciones policiales, ya que si bien coadyuva con otras autoridades en la conservaci�n del orden p�blico y la tranquilidad de la comunidad, cierto es que su funci�n es particularmente la de brindar orientaci�n y participaci�n con la poblaci�n en general tendiente tanto a la prevenci�n de accidentes viales, como a cuidar la seguridad y respeto del peat�n en las v�as p�blicas, d�ndole preferencia sobre los veh�culos, as� como cuidar que se cumplan y se apliquen las disposiciones de la Ley de los Servicios de V.idad, Tr�nsito y Transporte del Estado de Jalisco, y sus reglamentos, y en su caso levantar o hacer constar las infracciones a esos cat�logos normativos, para los efectos de determinar y aplicar la sanci�n correspondiente; luego, se reitera, su finalidad no es la de proteger el orden p�blico y la paz social de los gobernados en sentido lato, sino �nicamente lo relativo al orden y control de la circulaci�n vehicular y peatonal en las v�as p�blicas abiertas a la circulaci�n que no sean de competencia federal; por tanto, se insiste, no puede considerarse que J.T.O.M. en su car�cter de oficial tercero del �rea operativa de la Secretar�a de V.idad y Transporte del Estado de Jalisco, forme parte integrante de un cuerpo de seguridad p�blica, m�xime que por disposici�n legal contenida en el art�culo 6o., de la Ley de Seguridad P�blica del Estado de Jalisco, el cuerpo operativo de la Secretar�a de V.idad y Transporte del Estado de Jalisco tendr� el car�cter de ?autoridad auxiliar de la seguridad p�blica?, cuando para ello sea requerido, en consecuencia, es claro que el actor no se encuentra en la hip�tesis de exclusi�n de la relaci�n laboral de que habla la fracci�n XIII del apartado B del art�culo 123 constitucional y, por ende, la relaci�n que guarda con la Secretar�a demandada, contrariamente a la estimaci�n del Tribunal de Arbitraje y Escalaf�n del Estado, no es de naturaleza administrativa sino laboral. Lo anterior, aunado a que el art�culo 8o. de la Ley de Seguridad P�blica del Estado de Jalisco, no contempla a los polic�as de vialidad y tr�nsito del Estado o municipal como cuerpos de seguridad, ya que como tales s�lo prev� a: (se transcribe). Por lo anteriormente considerado debe declararse competente para conocer de la demanda presentada por J.T.O.M., al Tribunal de Arbitraje y Escalaf�n del Estado de Jalisco.

QUINTO

Ahora bien, una vez transcritos los criterios sustentados por los Tribunales Colegiados, es necesario determinar la existencia o no de la contradicci�n denunciada, para lo cual es indispensable atender a los requisitos jurisprudenciales que deben cumplirse para tal efecto. Dichos requisitos son:

  1. Que al resolver los negocios jur�dicos se hayan examinado cuestiones de derecho esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jur�dicos discrepantes;

  2. Que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jur�dicas de las resoluciones respectivas, y

  3. Que los criterios discrepantes provengan del examen de los mismos elementos;

Lo anterior se obtiene de la naturaleza misma de las contradicciones de tesis y encuentra apoyo en la tesis del Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, que se identifica con el n�mero P./J. 26/2001, publicada en la p�gina setenta y seis, del Tomo XIII, abril de dos mil uno, Novena �poca del Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, que dice:

"CONTRADICCI�N DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA. De conformidad con lo que establecen los art�culos 107, fracci�n XIII, primer p�rrafo, de la C.�n Federal y 197-A de la Ley de Amparo, cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n o la S. que corresponda deben decidir cu�l tesis ha de prevalecer. Ahora bien, se entiende que existen tesis contradictorias cuando concurren los siguientes supuestos: a) que al resolver los negocios jur�dicos se examinen cuestiones jur�dicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jur�dicos discrepantes; b) que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jur�dicas de las sentencias respectivas; y, c) que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos."

En estas condiciones, tenemos que el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, al resolver la competencia 5/2006, sostuvo en s�ntesis, lo siguiente:

  1. Que el competente para conocer del asunto es el Tribunal de Arbitraje y Escalaf�n del Estado de Jalisco, pues la relaci�n jur�dica que existe entre la parte actora y la Secretar�a de V.idad y Transporte del Estado de Jalisco, es de naturaleza laboral.

  2. A fin de determinar la naturaleza de la relaci�n jur�dica que existe entre las partes, tom� en cuenta lo dispuesto en el art�culo 123, apartado B, fracci�n XIII, primer p�rrafo, de la C.�n General de la Rep�blica y precis� en qu� consiste el t�rmino polic�a, para concluir que las instituciones policiales tienen como funci�n la tutela, vigilancia y protecci�n del orden p�blico y la paz social.

  3. Tambi�n procede al an�lisis de lo dispuesto en los art�culos 1o., 3o. y 25 de la Ley de los Servicios de V.idad, Tr�nsito y Transporte del Estado de Jalisco, de los que desprende que las funciones de la polic�a de vialidad y tr�nsito estatal o municipal, tienen por objeto fundamental, orientar a la poblaci�n en general a fin de prevenir tanto accidentes viales como infracciones a las normas de tr�nsito; cuidar de la seguridad y respeto del peat�n en las v�as p�blicas, as� como cuidar que se cumplan y se apliquen las disposiciones de ese ordenamiento y, en su caso, levantar o hacer constar las infracciones a la normatividad de la materia para la aplicaci�n de las sanciones correspondientes.

  4. Con base en lo anterior determina que es desacertada la apreciaci�n del Tribunal de Arbitraje y Escalaf�n del Estado de Jalisco, en cuanto consider� que la relaci�n jur�dica entre el actor y la Secretar�a de V.idad y Transporte, es de naturaleza administrativa, ya que si bien el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, en la jurisprudencia P./J. 24/95, sostuvo que por disposici�n expresa del art�culo 123, apartado B, fracci�n XIII, de la C.�n General, los miembros de los cuerpos de seguridad mantienen una relaci�n de naturaleza administrativa con el gobierno, tambi�n lo es que en el caso, ese criterio no es aplicable, aun cuando el actor se desempe�ara como oficial tercero del �rea operativa de la dependencia mencionada, pues �sta no tiene como funci�n directa vigilar y proteger el orden p�blico y la paz social de los gobernados, pues ello es propio de las instituciones policiales.

    Agrega, que si bien esa secretar�a coadyuva con otras autoridades en la conservaci�n del orden p�blico y la tranquilidad de la comunidad, lo cierto es que su funci�n particular es la de brindar orientaci�n y participaci�n a la poblaci�n en la prevenci�n de accidentes viales, as� como cuidar la seguridad y respeto del peat�n y, en general, vigilar el cumplimiento de la Ley de los Servicios de V.idad, Tr�nsito y Transporte del Estado de Jalisco y sus reglamentos, as� como en su caso, levantar infracciones para la aplicaci�n de las sanciones correspondientes.

  5. Reitera que la finalidad de esa dependencia no es la de proteger el orden p�blico y la paz social de los gobernados en sentido lato, sino �nicamente lo relativo al orden y control de la circulaci�n vehicular y peatonal en las v�as p�blicas abiertas a la circulaci�n que no sean de competencia federal, por lo que no puede considerarse que el actor, en su car�cter de oficial tercero del �rea operativa de la Secretar�a de V.idad y Transporte del Estado de Jalisco, forme parte de un cuerpo de seguridad p�blica, m�xime que de acuerdo con el art�culo 6o. de la Ley de Seguridad P�blica del Estado de Jalisco, el cuerpo operativo de esa secretar�a tendr� el car�cter de "autoridad auxiliar de la seguridad p�blica, cuando para ello sea requerido" y que, por ende, el actor no se encuentra en la hip�tesis de exclusi�n de la relaci�n laboral prevista en la fracci�n XIII apartado B del art�culo 123 constitucional; concluyendo que la relaci�n que guarda con la parte demandada es de naturaleza laboral; adem�s de que el art�culo 8o. de la Ley de Seguridad P�blica, no contempla a los polic�as de vialidad y tr�nsito como cuerpos de seguridad.

    Por su parte, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, al resolver la competencia 12/2006, lleg� a las conclusiones siguientes:

  6. Ese �rgano jurisdiccional considera que la autoridad competente para conocer de la demanda promovida en contra de la Secretar�a de V.idad y Transporte del Estado de Jalisco, es la Quinta S. Unitaria del Tribunal de lo Administrativo del Estado; que esto es as�, porque la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, ha sostenido reiteradamente que los miembros de las corporaciones policiacas guardan con el Estado una relaci�n de naturaleza administrativa, regida por disposiciones legales y reglamentarias de esa naturaleza y no por disposiciones de car�cter laboral, esto en t�rminos de lo dispuesto en el art�culo 123, apartado B, fracci�n XIII, de la C.�n Federal, citando en apoyo de sus consideraciones, la tesis de jurisprudencia P./J. 24/95, cuyo rubro es el de: "POLIC�AS MUNICIPALES Y JUDICIALES AL SERVICIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE M�XICO Y DE SUS MUNICIPIOS. SU RELACI�N JUR�DICA ES DE NATURALEZA ADMINISTRATIVA."

  7. Que de acuerdo con el art�culo 14 de la Ley para los Servidores P�blicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, en concordancia con la Ley Suprema, en el Estado de Jalisco se dispuso que los miembros de las fuerzas de seguridad p�blica del Estado se regir�an por sus propias leyes, entendiendo como fuerza p�blica a las instituciones que gozan de las facultades coercitivas para la persecuci�n y la aplicaci�n de las medidas necesarias para el cumplimiento de las normas de orden social; lo que aunado al t�rmino polic�a, sirve para concluir que las instituciones policiales tienen como funci�n, la tutela, vigilancia y protecci�n del orden p�blico y la paz social, ejercitando para tal efecto, la facultad coactiva de que gozan dichos cuerpos para la persecuci�n, aprehensi�n y puesta a disposici�n de la autoridad competente, de los sujetos que violen las normas de orden social.

  8. Con base en lo antedicho considera que el competente para conocer de la demanda en la que se reclama la reinstalaci�n del actor en su puesto de trabajo, es el Tribunal de lo Administrativo del Estado de Jalisco, esto es, le corresponde conocer de las controversias derivadas entre el personal operativo y la Secretar�a de V.idad y Transporte del Estado de Jalisco, pues dicho personal es considerado como polic�a, en t�rminos del art�culo 25 de la Ley de los Servicios de V.idad, Tr�nsito y Transporte del Estado de Jalisco, lo que adem�s se ve corroborado con lo previsto en los art�culos 2o., 151 y 155 del reglamento de esa ley, disposiciones que prev�n que los integrantes de ese cuerpo operativo son polic�as, por lo que es inconcuso que la entidad p�blica demandada participa del concepto a que alude el art�culo 123, apartado B, fracci�n XIII, de la C.�n, es decir, se trata de una instituci�n policial y, por lo mismo, la relaci�n de la dependencia con los polic�as de vialidad y tr�nsito es de car�cter administrativo.

  9. Tambi�n precisa que la polic�a de vialidad y tr�nsito tiene como funciones entre otras, cuidar de la seguridad y respeto del peat�n en las v�as p�blicas; proteger y auxiliar a las personas cuando sufren accidentes en las v�as p�blicas; coadyuvar con otras autoridades en la conservaci�n del orden p�blico y de la tranquilidad de la comunidad, a fin de que se respeten las disposiciones de la materia y levantar infracciones para la aplicaci�n de las sanciones correspondientes, de donde se deduce que los miembros de esa instituci�n tienen las aptitudes y funciones propias de un cuerpo policiaco, pues coadyuvan en la conservaci�n del orden p�blico y la tranquilidad de la comunidad, sin que en el caso importe que las facultades inherentes a los cuerpos policiacos, no las realicen de manera continua, ya que lo anterior no disminuye la calidad de polic�a que les otorga la propia ley.

  10. Que resultan aplicables las jurisprudencias P./J. 24/95 y 2a./J. 77/2004 del Alto Tribunal cuyos rubros son los de: "POLIC�AS MUNICIPALES Y JUDICIALES AL SERVICIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE M�XICO Y SUS MUNICIPIOS. SU RELACI�N JUR�DICA ES DE NATURALEZA ADMINISTRATIVA." y "SEGURIDAD P�BLICA DEL ESTADO DE JALISCO. DE LOS CONFLICTOS SUSCITADOS CON MOTIVO DE LA PRESTACI�N DE SERVICIOS CON SUS AGENTES CORRESPONDE CONOCER, POR AFINIDAD, AL TRIBUNAL DE LO ADMINISTRATIVO.", m�xime que en los asuntos tratados en esas ejecutorias, se analizan demandas de polic�as cuyas funciones son similares a las del actor, esto es, la conservaci�n del orden p�blico y la tranquilidad de la comunidad.

  11. Tambi�n precisa que no es �bice a lo anterior, que en la Ley de Seguridad P�blica del Estado de Jalisco, no se contemple como cuerpo de seguridad p�blica a los oficiales pertenecientes a la Secretar�a de V.idad y Transporte y que s�lo se les prevea como auxiliares de los cuerpos policiacos, ya que se debe tomar en consideraci�n que la propia Ley de los Servicios de V.idad, Tr�nsito y Transporte del Estado de Jalisco y su Reglamento, consideran a sus miembros operativos como polic�as y que su funci�n si bien no es continua es similar a la de los cuerpos de seguridad; por lo que para determinar la naturaleza de la relaci�n entre las partes, se deben tomar en cuenta las funciones propias del servidor y el car�cter que le reconoce la ley como polic�a y no la circunstancia de que forme parte o no de un cuerpo de seguridad p�blica, motivos por los cuales reitera que la relaci�n en cuesti�n es de car�cter administrativo.

    Ahora bien, de las consideraciones de los Tribunales Colegiados que han quedado sintetizadas en los p�rrafos que anteceden, se advierte que s� existe la contradicci�n de tesis denunciada.

    Esto es as� porque los Tribunales Colegiados se pronunciaron sobre el mismo tema, ya que al resolver los asuntos sometidos a su consideraci�n, se ocupan de una cuesti�n jur�dica esencialmente igual, es decir, analizan si los oficiales de vialidad y tr�nsito de la Secretar�a de V.idad y Transporte del Estado de Jalisco forman parte de una instituci�n policial o un cuerpo de seguridad p�blica, esto para determinar el tipo de relaci�n que guardan con esa dependencia, a saber administrativa o laboral y concluir cu�l es el �rgano jurisdiccional competente para conocer de los litigios que surjan entre esos servidores p�blicos y la secretar�a; sobre esa base se advierte que en torno a ese problema jur�dico arribaron a conclusiones jur�dicas discrepantes, ya que un tribunal considera que los oficiales de vialidad y transporte no forman parte de alg�n cuerpo de seguridad p�blica, pues sus funciones difieren de las que generalmente corresponde a ese tipo de corporaciones, concluyendo que la relaci�n que se entabla es de car�cter laboral y que por lo mismo, el �rgano competente para conocer del litigio es el Tribunal de Arbitraje y Escalaf�n; a diferencia de lo considerado por el otro Tribunal Colegiado, que es de la opini�n de que los oficiales de vialidad y tr�nsito por la naturaleza de sus funciones, deben ser considerados polic�as y que por lo mismo si su corporaci�n es una instituci�n policial se rige por lo dispuesto en el art�culo 123, apartado B, fracci�n XIII, de la C.�n; por lo que la relaci�n jur�dica que mantienen con el Estado es de naturaleza administrativa y, por ende, el competente para conocer de los litigios que en su caso se susciten, es el Tribunal de lo Administrativo del Estado de Jalisco.

    En efecto, el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito determin� que la autoridad competente para conocer de la demanda entablada en contra de la Secretar�a de V.idad y Transporte del Estado de Jalisco, es el Tribunal de Arbitraje y Escalaf�n, en virtud de que la relaci�n que guarda esa dependencia con sus oficiales es de naturaleza laboral; que esto es as�, porque las instituciones policiales tienen como funci�n la tutela, vigilancia y protecci�n del orden p�blico y la paz social, funciones que no desempe�a la dependencia mencionada, ya que de acuerdo con la Ley de los Servicios de V.idad, Tr�nsito y Transporte del Estado de Jalisco, las funciones de la polic�a de vialidad y tr�nsito estatal o municipal, tienen por objeto fundamental orientar a la poblaci�n en la prevenci�n de accidentes viales y la aplicaci�n de infracciones a las normas de tr�nsito, lo que demuestra que a esa secretar�a no le corresponde como funci�n directa la de vigilar y proteger el orden p�blico y la paz social, pues ello es propio de las instituciones policiales, por lo que la relaci�n que en su caso se entabla es de naturaleza laboral y por lo mismo no rige el criterio del Alto Tribunal en el que se interpreta el art�culo 123, apartado B, fracci�n XIII, de la C.�n Federal.

    Por su parte, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del mismo circuito, considera que la autoridad competente para conocer de la controversia es el Tribunal de lo Administrativo del Estado de Jalisco, ya que con base en lodispuesto en el art�culo 123, apartado B, fracci�n XIII, de la C.�n Federal, de la interpretaci�n que de esa disposici�n ha hecho la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, as� como de lo dispuesto en la Ley de los Servicios de V.idad, Tr�nsito y Transporte del Estado de Jalisco, determina que los oficiales de la Secretar�a de V.idad y Transporte tienen el car�cter de polic�as pues ejercen funciones consistentes en la tutela, vigilancia y protecci�n del orden p�blico y la paz social, de donde es claro que el personal denominado oficial de vialidad y tr�nsito participa del concepto a que alude la norma constitucional y que por ello, la relaci�n que guardan con la secretar�a a la que pertenecen es de naturaleza administrativa, pues la polic�a tiene como funciones cuidar de la seguridad y respeto del peat�n en las v�as p�blicas; coadyuvar con otras autoridades en la conservaci�n del orden p�blico y cuidar el cumplimiento de las disposiciones en materia de tr�nsito y vialidad, lo que en opini�n de ese �rgano jurisdiccional es suficiente para concluir que la autoridad competente para conocer de la litis es un tribunal administrativo.

    Lo descrito demuestra, como ya se precis�, que los Tribunales Colegiados analizaron la misma problem�tica esto es, si los miembros de la polic�a de vialidad y tr�nsito de la Secretar�a de V.idad y Transporte del Estado de Jalisco forman parte de una instituci�n policiaca para determinar el tipo de relaci�n que guardan con esa dependencia y sobre esa base, concluir si el �rgano jurisdiccional competente para conocer de los litigios respectivos, es el Tribunal de lo Administrativo del Estado o el Tribunal de Arbitraje y Escalaf�n; y como se ve, sobre esa cuesti�n, formularon conclusiones contradictorias, por lo que los elementos que se requieren para la existencia de la contradicci�n de tesis denunciada, se encuentran acreditados.

    En estas condiciones, el punto de derecho en el cual se plasma la contradicci�n consiste en determinar si los oficiales de vialidad y tr�nsito de la Secretar�a de V.idad y Transporte del Estado de Jalisco, forman parte de una instituci�n policiaca y, hecho lo anterior, precisar el tipo de relaci�n que esos servidores p�blicos guardan con dicha secretar�a, esto es, laboral o administrativa, para concluir con ello, cu�l es el �rgano jurisdiccional competente para conocer de los litigios que surjan como consecuencia de esa relaci�n.

SEXTO

Esta Segunda S. de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, considera que debe prevalecer el criterio que a continuaci�n se desarrolla.

En primer t�rmino, resulta pertinente se�alar que los conflictos de competencia 5/2006 y 12/2006 en donde se dictaron las resoluciones materia de la controversia, tienen como antecedente las diversas resoluciones dictadas por el Tribunal de Arbitraje y Escalaf�n y el Tribunal de lo Administrativo ambos del Estado de Jalisco, por medio de las cuales declaran carecer de competencia para conocer de las demandas promovidas por oficiales o polic�as de vialidad y tr�nsito en contra de la Secretar�a de V.idad y Transporte de esa entidad federativa, en las cuales se reclamaron diversas prestaciones, derivadas del servicio prestado por los actores en esa dependencia.

Tambi�n es importante recordar que en dichos expedientes los tribunales citados se declararon incompetentes bajo la raz�n primordial de que la materia de la litis no corresponde a la competencia que la legislaci�n del Estado otorga a cada uno de esos cuerpos colegiados, es decir, el Tribunal de Arbitraje y Escalaf�n consider� que ese tipo de controversias es de naturaleza administrativa, a diferencia del criterio del Tribunal de lo Administrativo en el sentido de que se trata de una contienda de car�cter laboral en atenci�n a las prestaciones demandadas.

Ahora bien, de las resoluciones enviadas por los Tribunales Colegiados se desprende el an�lisis de lo dispuesto en los art�culos 1o., 3o. y 25 de la Ley de los Servicios de V.idad, Tr�nsito y Transporte del Estado de Jalisco, los cuales son del tenor siguiente:

"Art�culo 1o. La presente ley tiene por objeto:

"I. Regir el tr�nsito en el Estado de Jalisco para establecer el orden y control de la circulaci�n vehicular y peatonal en las v�as p�blicas abiertas a la circulaci�n, que no sean de la competencia federal;

"II. Establecer las bases para programar, organizar, administrar y controlar la infraestructura vial, la infraestructura carretera y el equipamiento vial;

"III. Determinar las bases para planear, establecer, regular, administrar, controlar y supervisar el servicio p�blico de transporte; y,

"IV. Establecer la coordinaci�n del Estado y los Municipios para integrar y administrar el sistema de vialidad, tr�nsito y transporte, en los t�rminos del art�culo 115 de la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos.

"Las disposiciones de esta ley y sus reglamentos son de orden p�blico e inter�s social, debi�ndose aplicar supletoriamente en lo conducente y no previsto, las disposiciones de la ley que regule el procedimiento ante el Tribunal de lo Administrativo y las instancias que deriven del mismo."

"Art�culo 3o. Las disposiciones de la presente ley regular�n:

"I. Las acciones tendientes a garantizar a las personas el acceso y aprovechamiento a los servicios de vialidad, tr�nsito y transporte, en condiciones de higiene, seguridad y continuidad;

"II. Las acciones relativas a la construcci�n, administraci�n y aprovechamiento de las obras de infraestructura afectas a los servicios de vialidad, tr�nsito y transporte;

"III. Las caracter�sticas de los veh�culos y sus condiciones operativas, necesarias para permitir su circulaci�n, con base en las normas oficiales mexicanas aplicables;

"IV. Los requisitos, condiciones y limitaciones para operar o conducir veh�culos;

"V. Los requisitos, condiciones, t�rminos y procedimientos para el otorgamiento de las concesiones y permisos destinados a la prestaci�n del servicio p�blico de transporte en sus distintas modalidades, y en la operaci�n de servicios conexos en el �rea del derecho de v�a; y

"VI. Los requisitos y condiciones para establecer y operar servicios conexos."

"Art�culo 25. Son funciones de la polic�a de vialidad y tr�nsito, estatal o municipal en su caso:

"I. La orientaci�n, participaci�n y colaboraci�n con la poblaci�n en general, tendiente a la prevenci�n tanto de accidentes viales, como de infracciones a las normas de tr�nsito;

"II. Cuidar de la seguridad y respeto del peat�n en las v�as p�blicas, dando siempre preferencia a �ste sobre los veh�culos;

"III.P. y auxiliar a las personas, particularmente cuando sufran accidentes en las v�as p�blicas;

"IV. Coadyuvar con otras autoridades en la conservaci�n del orden p�blico y la tranquilidad de la comunidad;

".C. que se cumplan y apliquen las disposiciones de esta ley y sus reglamentos en materia de vialidad, tr�nsito y transporte, as� como informar y orientar a quienes transiten en las v�as p�blicas;

"VI. Tomar conocimiento de las infracciones que cometan los conductores de los veh�culos, concesionarios, permisionarios y subrogatarios, a esta ley o sus reglamentos y, en su caso, levantar o hacer constar dichas infracciones, para los efectos de determinar y aplicar la sanci�n correspondiente; y

VII. Las dem�s que les sean se�aladas por esta ley y sus reglamentos.

Los preceptos transcritos establecen, respectivamente, que el objeto de esa ley es, entre otros, regir el tr�nsito en el Estado de Jalisco para establecer el orden y control de la circulaci�n vehicular y peatonal en las v�as p�blicas abiertas a la circulaci�n, que no sean de competencia federal; el tipo de acciones en materia de vialidad, tr�nsito y transporte; as� como enumeran las funciones de la polic�a de vialidad y tr�nsito estatal o municipal.

Ahora bien, como uno de los puntos a dilucidar consiste en determinar si los polic�as de vialidad y tr�nsito forman parte de una instituci�n policiaca, resulta importante revisar el t�rmino polic�a, para lo cual la doctrina ha sustentado lo siguiente:

"Polic�a del Estado. La polic�a en su contexto y contenido, hace siempre referencia al poder p�blico. Por ello a lo largo de la historia el concepto de polic�a recibe un contenido concreto de las formas pol�ticas que se van sucediendo, las cuales en su evoluci�n dan al vocablo un significado, cambiante y lo aplican a una parte de su actividad, a tenor de esta significaci�n. En cada periodo, entonces, existir�n supuestos ideol�gicos pol�ticos que condicionan la actividad del poder p�blico e influyen en el concepto de polic�a. H.� que considerar en esta evoluci�n hist�rica el matiz particular que ofrezca en cada periodo la relaci�n poder-sociedad y adem�s la indagaci�n de los datos hist�ricos en que se plasma esta relaci�n para determinar las actuaciones estatales que reciben el nombre de polic�a en cada �poca. De ah� que nos parezca fundamental una interpretaci�n hist�rica de esta instituci�n administrativa. De acuerdo con lo que antecede estudiaremos: a) la polic�a en el Estado-ciudad; b) la polic�a en el Estado-patrimonial; c) la polic�a en el Estado de la edad moderna; d) la polic�a en el Estado liberal; e) la polic�a en el Estado administraci�n. a) La polic�a en el Estado-ciudad. La teor�a del Estado-ciudad griego y de la civitas romana han considerado el poder y la sociedad, no como elementos aut�nomos que tuvieran su propia �rbita de existencia y acci�n, sino como mutuamente trabados y articulados. Es dif�cil hacerse cargo de lo que en aquella �poca supon�a la intervenci�n del poder en la sociedad. El uso de la palabra polic�a no ofrec�a entonces una precisi�n t�cnica que permita caracterizarla jur�dicamente y se entiende por polic�a y pol�tica, que todav�a no est�n separadas, la suma de la toda actividad estatal. b) La polic�a en el Estado patrimonial, �poca feudal ... El pr�ncipe ten�a entonces potestades. Una de ellas era la de levantar tributos, condicionaba a la aprobaci�n de las Cortes. Entre las potestades del pr�ncipe comienza a tomar incremento la llamada ius policei, que se presentaba como la necesaria para procurar el buen orden de la cosa p�blica. Este concepto se caracteriz� por su independencia con respecto a un pacto anterior con el pueblo y, por consiguiente, el no suponer una obligaci�n rec�proca del pr�ncipe ni un consentimiento a limitaciones o condiciones de su ejercicio. La polic�a en este periodo indica, entonces, el buen orden de la sociedad civil que debe presidir la autoridad del Estado, en contraposici�n con el buen orden moral o religioso, que queda a cargo de la autoridad eclesi�stica. c) La polic�a en el Estado de la edad moderna. En este periodo, polic�a y actividad estatal son conceptos id�nticos. Se incluye en ellos la administraci�n, la legislaci�n y la jurisdicci�n. Sin embargo, en la legislaci�n existe un nuevo matiz. El derecho de dictar la ley est� reconocido como una prerrogativa del pr�ncipe, pero el pr�ncipe puede dictar leyes tanto en la esfera de acci�n de la justicia como en la esfera de la administraci�n, aun cuando la situaci�n en ambos casos es totalmente distinta. Una vez dictada una regla de derecho civil, ella es inviolable para el poder p�blico. El J. est� obligado a aplicarla y el pr�ncipe no puede dispensarla ... . Como instrumento de la modelaci�n pol�tica con el fin de lograr el bienestar del reino, la polic�a se concreta en una serie de limitaciones a la libertad y a la propiedad del s�bdito, que viene reforzada por la nota de coacci�n como caracter�stica que permite la ejecuci�n de oficio, sin acudir a los tribunales de las medidas de polic�a ... . -El Estado tiene como objeto fundamental la consecuci�n del orden de la seguridad de la paz social, de la satisfacci�n del inter�s general, persigue el bien com�n. A tal efecto act�a en ejercicio de su funci�n de polic�a, por medio del legislador que establece una serie de normas dirigidas a atemperar y hacer compatibles entre s� los intereses opuestos de los habitantes, coincidiendo �stos con los superiores de la colectividad ... . Corresponde a la administraci�n la satisfacci�n del inter�s general y debe preservar el orden, la paz, la salubridad, la tranquilidad social, la seguridad de las personas, la propiedad, la moralidad, contra cualquier atentado que pueda ejercerse sobre estos bienes, con motivo de la acci�n antijur�dica del particular. A la actividad que desarrolla la administraci�n con este objeto se le denomina polic�a administrativa, funci�n que se contrapone a aquella otra puramente formal de conservaci�n del orden jur�dico, propia del J. en la aplicaci�n de la pena ... la noci�n de la polic�a se basaba, dijimos, en el Estado liberal, en la idea de un conjunto de medidas administrativas que imponen limitaciones a las libertades individuales con el objeto de asegurar el orden p�blico. La crisis de la polic�a es evidentemente una crisis conceptual, no es una crisis institucional. Para decirlo en otras palabras; lo que est� en crisis es el concepto que se ten�a, en el Estado liberal, de la polic�a, como medida de administraci�n tendiente a asegurar el orden p�blico por medio de la coacci�n, pero no el de la instituci�n de la polic�a como reglamentaci�n de derechos individuales que contin�a en plena vigencia. La noci�n de polic�a se basaba en el Estado liberal en la idea de un conjunto de medidas administrativas que impon�an limitaciones a las libertades individuales con el objeto de asegurar el orden p�blico. En realidad, el orden p�blico que la polic�a estaba encargada de mantener llevaba consigo tres elementos: seguridad, salubridad y moralidad. El orden p�blico as� definido es una orden material. Se ha criticado esta noci�n diciendo que en la actualidad la polic�a tiene una misi�n m�s amplia, ya que debe asegurar la tranquilidad p�blica, la est�tica p�blica, el decoro p�blico, la seguridad social y la econom�a p�blica. Adem�s, la actividad de polic�a es, en principio, limitaci�n y control de los administrados. Si se aceptara el criterio predominante del orden p�blico para caracterizar a la polic�a, quedar�a sin explicaci�n la mayor parte de los controles y las limitaciones que la administraci�n aplica actualmente a la actividad de los particulares teniendo en cuenta el inter�s general." (M.M.�a D�ez, Manual de Derecho Administrativo, Tomo II, Editorial Plus Ultra, Buenos Aires, 1981, p�ginas 179, 180, 181, 185, 186, 188 y 189).

"Polic�a. La actividad administrativa la podemos clasificar de una forma gen�rica en: polic�a, fomento, servicio p�blico y gesti�n industrial. Conforme a lo dicho, J. de P. nos define la actividad administrativa de polic�a como ?aquella actividad que la administraci�n p�blica despliega en el ejercicio de sus propias potestades que, para garantizar el mantenimiento del orden p�blico, limita los derechos de los administrados mediante el ejercicio, en su caso, de la coacci�n sobre los mismos?... .

"En el orden p�blico es necesario determinar la justificaci�n de las medidas policiales, tan contrarios en principio a los postulados del Estado de derecho. Por ello, qu� debemos entender por orden p�blico. Hagamos referencia al mismo bas�ndonos en dos concepciones fundamentales de Estado:

"- Noci�n del Estado liberal. Como establece H., el orden p�blico se limita a asegurar la ?tranquilidad de la calle?, as� la polic�a administrativa es simplemente polic�a de seguridad. Por lo que el orden p�blico estar� integrado por tres elementos, a saber: tranquilidad, seguridad y salubridad p�blicos.

"- Noci�n del Estado actual -intervencionista- el concepto sufre una ampliaci�n, ya que el incremento de fines estatales impone nuevas intervenciones administrativas que hacen surgir, frente a la cl�sica polic�a de seguridad, las llamadas polic�as especiales, consistentes en aquellas actuaciones de la administraci�n de car�cter coactivo que determinan limitaciones u obligaciones a los particulares en cualquier orden o esfera de la vida social. As� el trasfondo del problema se resuelve, como nos dice G.F., en que la administraci�n est� legitimada para limitar coactivamente las actividades de los particulares y no solamente por raz�n del orden p�blico, sino por raz�n de un concepto m�s amplio, como es el inter�s p�blico." (Diccionario Jur�dico Espasa, Calpe, S.A., Madrid, 2002, p�gina 1132).

"Polic�a. I. (Del lat�n politia, organizaci�n pol�tica, administraci�n, que a su vez proviene del griego politeia, perteneciente al gobierno de la ciudad.) Aun cuando la voz polic�a puede entenderse tambi�n como lineamientos de la actividad pol�tica administrativa de acuerdo con su acepci�n original, en el ordenamiento mexicano, su sentido propio corresponde a la de los cuerpos de seguridad p�blica encargados de la prevenci�n e investigaci�n de los delitos y faltas, en auxilio del MP y de los tribunales judiciales ..." (Enciclopedia Jur�dica Mexicana, Instituto de Investigaciones Jur�dicas, Editorial Porr�a, Tomo V, p�gina 630).

Precisado lo anterior, debe decirse que los oficiales de vialidad y tr�nsito de la Secretar�a de V.idad y Transporte del Estado de Jalisco, forman parte de una instituci�n policial, de aquellas a las que alude el art�culo 123, apartado B, fracci�n XIII, de la C.�n General de la Rep�blica, por lo que la relaci�n que guardan los miembros de la corporaci�n con esa dependencia es de car�cter administrativo y, por ende, los conflictos que surjan entre esos sujetos, son competencia del Tribunal de lo Administrativo.

Esto es as�, porque de acuerdo con lo descrito por la doctrina, el t�rmino polic�a se relaciona con la funci�n del Estado de vigilar el respeto a la ley y el orden en la sociedad, por ende, si se toma en cuenta el alcance del vocablo, advertiremos que el concepto de polic�a no se limita a los cuerpos de seguridad p�blica encargados de la prevenci�n e investigaci�n de los delitos, pues se debe partir de la idea de que polic�a es sin�nimo de vigilancia en todos los �rdenes de la sociedad, lo que es raz�n suficiente para considerar que los oficiales de vialidad y tr�nsito del Estado de Jalisco constituyen una instituci�n policiaca.

Adem�s, el incremento de las nuevas necesidades de la sociedad, han obligado al Estado a crear distintas corporaciones que se especialicen en el cuidado del orden p�blico y la paz de la comunidad, en determinados sectores o actividades de la sociedad y dentro de esas corporaciones, desde luego se incluye a la polic�a de vialidad y tr�nsito, cuyo �mbito de operaci�n tiene que ver con las v�as p�blicas abiertas a la circulaci�n; de ah� que si en el caso, el art�culo 25 de la Ley de los Servicios de V.idad Tr�nsito y Transporte del Estado de Jalisco, prev� que la polic�a de vialidad y tr�nsito tiene como funciones entre otras, la orientaci�n, participaci�n y colaboraci�n en la prevenci�n de accidentes viales y de infracciones a las normas de tr�nsito; cuidar de la seguridad y respeto del peat�n en las v�as p�blicas; coadyuvar con otras autoridades en la conservaci�n del orden p�blico y la tranquilidad de la comunidad; cuidar el cumplimiento y aplicaci�n de las disposiciones de esa ley y sus reglamentos, as� como levantar o hacer constar las infracciones que se cometan, debe concluirse que esos oficiales desempe�an una actividad administrativa que desde luego tiene el car�cter de policial, pues del an�lisis a las funciones descritas se evidencia que tienen como objetivo salvaguardar no solamente el orden p�blico y la paz social en la comunidad, sino que se trata de actividades que atienden al inter�s p�blico de la sociedad, a la que le importa cuidar de la seguridad de los peatones en la v�as p�blicas, finalidades las anteriores que si bien se encuentran limitadas al aspecto de tr�nsito y vialidad, no por ello dejan de ser funciones tendentes a salvaguardar el orden p�blico, latranquilidad y la paz en una comunidad, por lo que es claro que los polic�as de vialidad y tr�nsito, s� forman parte de una instituci�n de car�cter policiaco.

Asimismo, el hecho de que la funci�n de la polic�a se vincule a la idea de cuerpos de seguridad p�blica encargados de la prevenci�n e investigaci�n de los delitos y faltas, ello no significa que las instituciones policiales s�lo se conformen por cuerpos de esa naturaleza, pues como la propia definici�n de polic�a lo expresa, polic�a es el encargado de vigilar el cumplimiento a la ley y el orden en la comunidad, de donde es claro que dichos servidores p�blicos no s�lo se encargan de la prevenci�n e investigaci�n de delitos, sino tambi�n de faltas esto es, existen instituciones policiales que tienen como finalidad vigilar la contravenci�n o infracci�n a reglamentos de polic�a y gobierno, supuesto este �ltimo que es propio de la polic�a de vialidad y tr�nsito, la que en el caso, de acuerdo con las funciones descritas tiene entre otras facultades, la de cuidar que se cumplan y apliquen las disposiciones de la Ley de los Servicios de V.idad, Tr�nsito y Transporte del Estado de Jalisco y de sus reglamentos, as� como tomar conocimiento de las infracciones que se cometan para los efectos de determinar y aplicar la sanci�n correspondiente.

Se reitera que, la actividad de una instituci�n policiaca no es s�lo la de mantener la seguridad y el orden p�blico, toda vez que el concepto de polic�a se relaciona invariablemente con la actividad del Estado consistente en la vigilancia del cumplimiento de la ley para asegurar el orden en la comunidad, lo que implica la realizaci�n de todo acto tendente a garantizar la tranquilidad de los gobernados, pues la sociedad est� interesada en que se vigile el cumplimiento de todas aquellas disposiciones relacionadas con las actividades que por ejemplo, se llevan a cabo en las v�as p�blicas abiertas a la circulaci�n, por ende, el hecho de que las funciones del polic�a de vialidad y tr�nsito se constri�an al orden y control de la circulaci�n vehicular y peatonal en las v�as p�blicas abiertas a la circulaci�n, no significa que esas funciones no puedan calificarse como propias de una instituci�n policiaca o de una instituci�n de seguridad p�blica, pues como se dijo, a fin de determinar esa calidad, se deben tomar en cuenta los objetivos que se persiguen con esas funciones, los cuales desde luego est�n vinculados al orden p�blico y seguridad que debe existir en ese tipo de v�as p�blicas y en el inter�s de la sociedad para que se hagan respetar los ordenamientos en esa materia, lo que resulta suficiente para considerar que esos servidores p�blicos forman parte de una instituci�n policiaca, a las que alude el art�culo 123, apartado B, fracci�n XIII, constitucional.

No es �bice a lo anterior lo aducido por el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, en el sentido de que los polic�as de vialidad y tr�nsito de la Secretar�a de V.idad y Transporte del Estado de Jalisco, tienen el car�cter de autoridad auxiliar de la seguridad p�blica y que adem�s no se contemplan como cuerpos de seguridad p�blica en la Ley de Seguridad P�blica para el Estado de Jalisco.

Al respecto, los art�culos 2o., 6o. y 8o. de la Ley de Seguridad P�blica del Estado de Jalisco, establecen lo siguiente:

"Art�culo 2o. La seguridad p�blica es un servicio cuya prestaci�n corresponde en el �mbito de su competencia al Estado y a los Municipios, respetando a la ciudadan�a y las garant�as que consagra la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado y el respeto a los derechos humanos; tiene como fines y atribuciones los siguientes:

"I.P. y respetar la vida, la integridad corporal, la dignidad y los derechos de las personas as� como de sus bienes;

"II. Mantener el orden y la tranquilidad p�blica en el Estado;

"III. Promover y coordinar los programas de prevenci�n de delitos e infracciones a las leyes y reglamentos del Estado;

"IV. Establecer los mecanismos de coordinaci�n con el Ministerio P�blico, para auxiliarlo en la investigaci�n y persecuci�n de los delitos y de los delincuentes; y

"V. Disponer la coordinaci�n entre las diversas autoridades para apoyo y auxilio de la poblaci�n en casos de siniestros y desastres conforme a la ley de la materia.

"Disponer la coordinaci�n entre las diversas autoridades para apoyo y auxilio de la poblaci�n, tanto respecto de la seguridad p�blica, como en casos de siniestros y desastres conforme a la ley de la materia.

"Procurar la seguridad p�blica mediante la prevenci�n, persecuci�n y sanci�n de las infracciones y delitos, as� como la reinserci�n social del delincuente y del menor infractor y el auxilio a las v�ctimas de hechos delictuosos; y

"Combatir las causas que generen la comisi�n de delitos y conductas antisociales, y desarrollar pol�ticas, programas y acciones para fomentar en la sociedad, valores culturales y c�vicos que induzcan al respeto a la legalidad."

"Art�culo 6o. El cuerpo operativo de la Secretar�a de V.idad y Transporte del Estado, tendr� el car�cter de autoridad auxiliar de la seguridad p�blica cuando para ello sea requerido."

"Art�culo 8o. Los cuerpos de seguridad p�blica del Estado, son:

"I. La Direcci�n General de Seguridad P�blica del Estado, con todas las unidades y agrupamientos que prevea su reglamento;

"II. Los custodios y preceptores al servicio de la Direcci�n General de Prevenci�n y Readaptaci�n Social en el Estado;

"III. Los cuerpos de seguridad p�blica municipales, con todas las unidades y agrupamientos que prevea su reglamento;

"IV. El Cuerpo Operativo de la Unidad Estatal de Protecci�n Civil, con car�cter de auxiliar;

"V. Los Cuerpos de Bomberos Municipales s�lo con el car�cter de auxiliar; y

"VI. Los dem�s que existan o en el futuro se constituyan con estricto respeto a la ley.

"Para la adecuada prestaci�n del servicio y con estricto respeto a la autonom�a municipal, las autoridades estatales y municipales podr�n celebrar convenios de coordinaci�n, para efecto de dar cumplimiento al presente art�culo.

En lo que respecta a Protecci�n Civil, se deber� respetar estrictamente lo dispuesto por las Leyes General y Estatal de Protecci�n Civil.

En efecto, no asiste la raz�n al Tribunal Colegiado, ya que si bien los polic�as de vialidad y tr�nsito no se contemplan como cuerpos de seguridad p�blica del Estado de Jalisco, adem�s de que tendr�n en todo caso el car�cter de autoridad auxiliar de la seguridad p�blica cuando para ello se requiera, esto no impide que se les considere una instituci�n policiaca, pues como antes se precis�, en su �mbito de operaci�n le corresponde cuidar por la seguridad de los peatones, as� como prever accidentes viales y hacer constar las infracciones a la ley de la materia y sus reglamentos para los efectos de la aplicaci�n de las sanciones correspondientes, funciones que se reitera, s� se vinculan con el orden p�blico, la tranquilidad de la comunidad y la paz social, pues se debe tomar en cuenta el inter�s de la sociedad en que existan corporaciones que, en ese sector de la vida comunitaria, vigilen y controlen el orden y seguridad que debe imperar en la v�a p�blica.

Por otra parte y como se expondr� m�s adelante, la interpretaci�n que esta Suprema Corte de Justicia de la Naci�n ha dado a lo dispuesto en el art�culo 123, apartado B, fracci�n XIII, de la C.�n Federal, no se limita a los cuerpos de seguridad p�blica, pues esa disposici�n constitucional se refiere en t�rminos generales a instituciones policiales.

Sobre la base de lo hasta aqu� expuesto, debe decirse que si la polic�a de vialidad y tr�nsito de la Secretar�a de V.idad y Transporte del Estado de Jalisco, es una instituci�n policiaca a las que alude el precepto constitucional mencionado, debe concluirse que rige para el caso, el criterio de este Alto Tribunal que establece que la relaci�n jur�dica de los miembros de las instituciones policiales y de seguridad p�blica con el Estado, es de naturaleza administrativa y, consecuentemente, el �rgano jurisdiccional al que compete conocer de los litigios que se susciten como resultado de esa relaci�n, es el Tribunal de lo Administrativo del Estado de Jalisco.

Lo anterior en virtud de que esta Segunda S. de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, al resolver la contradicci�n de tesis 24/2004-SS, determin� que el Tribunal de lo Administrativo del Estado de Jalisco, es el competente para conocer de las demandas promovidas por elementos de seguridad p�blica contra autoridades del propio Estado o de sus Ayuntamientos, vinculadas con las pretensiones derivadas de la prestaci�n de sus servicios en su condici�n de servidores p�blicos.

De la contradicci�n de tesis referida, deriv� la tesis de jurisprudencia que a continuaci�n se transcribe:

"Novena �poca

"Instancia: Segunda S.

"Fuente: Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta

"Tomo: XX, julio de 2004

"Tesis: 2a./J. 77/2004

"P�gina: 428

SEGURIDAD P�BLICA DEL ESTADO DE JALISCO. DE LOS CONFLICTOS SUSCITADOS CON MOTIVO DE LA PRESTACI�N DE SERVICIOS DE SUS AGENTES CORRESPONDE CONOCER, POR AFINIDAD, AL TRIBUNAL DE LO ADMINISTRATIVO. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, en la tesis de jurisprudencia P./J. 24/95, publicada en el Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, Novena �poca, Tomo II, septiembre de 1995, p�gina 43, de rubro: ?POLIC�AS MUNICIPALES Y JUDICIALES AL SERVICIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE M�XICO Y DE SUS MUNICIPIOS. SU RELACI�N JUR�DICA ES DE NATURALEZA ADMINISTRATIVA.?, estableci� que los miembros de la Polic�a Municipal o Judicial de ese Estado, al constituir un cuerpo de seguridad p�blica, mantienen una relaci�n de naturaleza administrativa con el Gobierno Local o Municipal, la cual se rige por las normas legales y reglamentarias correspondientes, por disposici�n expresa del art�culo 123, apartado B, fracci�n XIII, de la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, con lo cual se les excluye, lo mismo que a los militares, marinos y personal del servicio exterior, como sujetos de una relaci�n de naturaleza laboral con la instituci�n a la que prestan sus servicios. En congruencia con tal criterio, y tomando en consideraci�n que la C.�n y las leyes secundarias del Estado de Jalisco no se�alan con precisi�n la competencia del Tribunal de Arbitraje y Escalaf�n o del Tribunal de lo Administrativo para conocer de las demandas promovidas por elementos de seguridad p�blica contra autoridades del propio Estado o de sus Ayuntamientos, para que se deduzcan pretensiones derivadas de la prestaci�n de sus servicios en su condici�n de servidores p�blicos, es inconcuso que dicha competencia debe recaer en el mencionado Tribunal de lo Administrativo, por ser el m�s af�n para conocer de la demanda relativa, en acatamiento al segundo p�rrafo del art�culo 17 de la C.�n Federal, que consigna la garant�a de acceso a la justicia.

En la ejecutoria de la que deriv� la tesis transcrita, esta Segunda S. formul� las siguientes consideraciones:

"S�PTIMO. Debe prevalecer, con car�cter jurisprudencial, el criterio que se pasa a desarrollar.

"El art�culo 123, apartado B, fracci�n XIII, de la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, establece:

"?Art�culo 123. Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente �til; al efecto, se promover�n la creaci�n de empleos y la organizaci�n social para el trabajo, conforme a la ley.

"?El Congreso de la Uni�n, sin contravenir a las bases siguientes deber� expedir leyes sobre el trabajo, las cuales regir�n:

"?B. Entre los Poderes de la Uni�n, el Gobierno del Distrito Federal y sus trabajadores:

"?XIII. Los militares, marinos, personal del servicio exterior, agentes del Ministerio P�blico y los miembros de las instituciones policiales, se regir�n por sus propias leyes.?

"Por su parte, el art�culo 116, fracci�n VI, de la C.�n Federal, dispone:

"?Art�culo 116.? (se transcribe).

"De la interpretaci�n arm�nica de los preceptos transcritos se desprende el imperativo que tienen las Legislaturas de los Estados para regular las relaciones de los trabajadores del Estado, acatando las bases establecidas en el art�culo 123 del C�digo Supremo y de sus disposiciones reglamentarias. El caso de los miembros o agentes de las instituciones policiales y de seguridad p�blica se encuentra expresamente se�alado en el numeral 123, apartado B, fracci�n XIII, de la Ley Fundamental, como especial y fuera del �mbito laboral. Al referirse el Constituyente a que ?se regir�n por sus propias leyes?, est� creando para las relaciones derivadas de la prestaci�n de un servicio entre los polic�as o agentes de seguridad p�blica y el Estado, un status jur�dico diverso al laboral y que no puede ser de otra naturaleza que administrativa.

"Lo anterior ya fue determinado por el Tribunal Pleno de esta Suprema Corte en su jurisprudencia 24/1995, publicada en el Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, Novena �poca, Tomo II, septiembre de 1995, p�gina 43, que establece:

"?POLIC�AS MUNICIPALES Y JUDICIALES AL SERVICIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE M�XICO Y DE SUS MUNICIPIOS. SU RELACI�N JUR�DICA ES DE NATURALEZA ADMINISTRATIVA.? (se transcribe).

"Ahora bien, como la materia de la presente contradicci�n de tesis consiste en determinar qu� tribunal debe conocer del juicio promovido por elementos de seguridad p�blica dependientes de Ayuntamientos del Estado de Jalisco, en los que se reclaman prestaciones a las que consideran tienen derecho con motivo de la prestaci�n de sus servicios, debe atenderse, en primer t�rmino, a lo dispuesto en la C.�n local.

"C.�n Pol�tica del Estado de Jalisco

"?Art�culo 56.? (se transcribe).

"?Art�culo 65.? (se transcribe).

"?Art�culo 72.? (se transcribe).

"?Art�culo 90.? (se transcribe).

"?Art�culo 91.? (se transcribe).

"?Art�culo 92.? (se transcribe).

"?Art�culo 106.? (se transcribe).

"?Art�culo 107.? (se transcribe).

"?Art�culo 116.? (se transcribe).

"Tales disposiciones constitucionales ponen de relieve que el Tribunal de lo Administrativo forma parte del Poder Judicial, y que tiene a su cargo dirimir controversias de car�cter administrativo y fiscal que surjan entre las autoridades del Estado, Municipios y organismos descentralizados de aquellas, con los particulares, as� como las que se susciten entre las entidades p�blicas mencionadas, teniendo, adem�s, la facultad de resolver los conflictos de car�cter laboral que tenga con sus propios trabajadores.

"Tambi�n se advierte que el Tribunal de Arbitraje y Escalaf�n, regulado en cap�tulo distinto, es competente para conocer de las controversias laborales que se susciten entre el Estado, los Municipios, los organismos descentralizados y empresas de participaci�n mayoritaria, con sus servidores, las que se regir�n por la Ley para los Servidores P�blicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, por las dem�s leyes y reglamentos de la materia, excepto los conflictos que surjan en las relaciones de trabajo de los servidores p�blicos integrantes del Poder Judicial y del Consejo Electoral, ambos del Estado.

"Por otra parte, la C.�n Local previene, por lo que hace a las responsabilidades de los servidores p�blicos, que la responsabilidad en que puedan incurrir ser� determinada, entre otros procedimientos, por el administrativo, y que se consideran con tal car�cter a las personas que desempe�en un cargo o comisi�n de cualquier naturaleza en la administraci�n p�blica del Estado o de los Municipios. Precisa, adem�s, las clases de sanciones administrativas que podr�n aplicarse a los servidores p�blicos y que ser� la Ley de Responsabilidades de los Servidores P�blicos la que determinar� sus obligaciones, las sanciones aplicables, los procedimientos y las autoridades encargadas de su aplicaci�n.

"Finalmente, por lo que al tema interesa, se establece que las relaciones laborales del Estado, de sus Municipios y de los organismos descentralizados con sus servidores, se regir�n por la Ley para los Servidores P�blicos del Estado de Jalisco y sus Municipios.

"Como se ve de lo expuesto, la C.�n Estatal ciertamente regula lo concerniente al Tribunal de lo Administrativo y al Tribunal de Arbitraje y Escalaf�n y se�ala cu�l es su competencia, empero, lo cierto es que, por lo que hace al primero, los asuntos que puede conocer son, por una parte, los que surjan entre las autoridades y los particulares en materia administrativa y fiscal, y por otro, los conflictos de car�cter laboral que se susciten con sus servidores p�blicos; y por lo que respecta al segundo de los mencionados �rganos jurisdiccionales, su competencia se constri�e a las relaciones laborales que tienen los servidores p�blicos, en lo general, con el Estado y sus Municipios, las que, como se indica, se regir�n por la Ley para los Servidores P�blicos del Estado de Jalisco y sus Municipios. Luego, es claro que la C.�n Estatal no alude de manera expresa a los elementos de seguridad p�blica ni a la relaci�n administrativa que guardan �stos con los Ayuntamientos en los que prestan sus servicios en su calidad de servidores p�blicos.

"Tambi�n se desprende que en lo que ata�e a las responsabilidades administrativas de los servidores p�blicos, se precisa s�lo que los conflictos relativos se regular�n por la Ley de Responsabilidades de los Servidores P�blicos, sin indicar cu�l tribunal es el competente.

"Conviene ahora acudir a las leyes secundarias que regulan la competencia del Tribunal de lo Administrativo y del Tribunal de Arbitraje y Escalaf�n, ambos del Estado de Jalisco.

"Ley para los Servidores P�blicos del Estado de Jalisco y sus Municipios

"?Art�culo 1o.? (se transcribe).

"?Art�culo 2o.? (se transcribe).

"?Art�culo 14.? (se transcribe).

"?Art�culo 112.? (se transcribe).

"?Art�culo 114.?(se transcribe).

"Ley de Responsabilidades de los Servidores P�blicos del Estado de Jalisco.

"?Art�culo 1o.? (se transcribe).

"?Art�culo 2o.? (se transcribe).

"?Art�culo 62.? (se transcribe).

"?Art�culo 64.? (se transcribe).

"?Art�culo 76.? (se transcribe).

"L.O.�nica del Poder Judicial del Estado de Jalisco

"?Art�culo 1o.? (se transcribe).

"?Art�culo 2o.? (se transcribe).

"?Art�culo 3o.? (se transcribe).

"?Art�culo 57.? (se transcribe).

"Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco

"?Art�culo 1o.? (se transcribe).

"Deriva de los preceptos transcritos, que al Tribunal de Arbitraje y Escalaf�n del Estado de Jalisco compete conocer tanto de los conflictos laborales individuales que se presenten entre el Estado y los Municipios con sus servidores p�blicos o trabajadores, regidos por la Ley para los Servidores P�blicos del Estado y sus Municipios, como de la impugnaci�n de las resoluciones por las que se impongan sanciones administrativas previstas en las fracciones II a VI de la Ley de Responsabilidades de los Servidores P�blicos del Estado, en tanto que al Tribunal de lo Administrativo del Estado mencionado compete conocer, entre otras, de las controversias administrativas y fiscales que se susciten entre las autoridades estatales y municipales con los particulares, as� como los conflictos laborales que surjan con sus propios servidores p�blicos.

"Es el caso que nada previenen en cuanto a los elementos de seguridad p�blica, salvo lo dispuesto por el art�culo 14 de la Ley para los Servidores P�blicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, en el sentido de que ?el personal operativo de las fuerzas de seguridad del Estado y Municipios, que no desempe�en funciones administrativas, se regir�n por sus propios reglamentos, los cuales deber�n contener las disposiciones adecuadas para proteger los derechos que correspondan a estos servidores p�blicos?, lo cual, empero, resulta del todo imprecisopues no contiene elemento alguno del que pudiera derivarse cu�l es el tribunal competente para conocer de este tipo de asuntos, a lo que cabe sumar que aun cuando los Tribunales Colegiados de Circuito en sus ejecutorias hicieron referencia a dicha norma jur�dica, lo cierto es que no precisaron de cual reglamento se trataba, adem�s de que de una b�squeda en la red jur�dica de esta Suprema Corte de Justicia de la Naci�n no fue posible localizar alg�n reglamento que regulara este tipo de relaciones con elementos de seguridad p�blica.

"Luego, es claro que ni la C.�n Estatal ni las legislaciones secundarias examinadas establecen con precisi�n cu�l tribunal local es competente para conocer de los conflictos suscitados entre elementos de seguridad p�blica con los Ayuntamientos a los que prestan sus servicios.

"Ahora bien, si se considera, por un lado, que jurisprudencialmente el Tribunal Pleno de esta Suprema Corte ha determinado que la relaci�n jur�dica entre los miembros o agentes de instituciones policiales o cuerpos de seguridad p�blica con el Gobierno de un Estado o Municipio es de car�cter administrativo y se rige por las normas administrativas de la ley y reglamentos que les correspondan y, por otro lado, que las disposiciones constitucionales y legales que regulan la competencia del Tribunal de Arbitraje y Escalaf�n y del Tribunal de lo Administrativo, ambos del Estado de Jalisco, no precisan la competencia para que alguno de dichos �rganos conozcan de las demandas promovidas por elementos de seguridad p�blica en contra de los Gobiernos Municipales en la que presten sus servicios, reclamando pretensiones derivadas de esa prestaci�n de servicios, debe establecerse, en respeto a la garant�a consagrada en el segundo p�rrafo del art�culo 17 de la C.�n, consistente en que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia, que la competencia relativa recae en el Tribunal de lo Administrativo, pues de acuerdo con las facultades que le corresponden es el m�s af�n para conocer de la demanda.

"Son aplicables anal�gicamente las siguientes jurisprudencias de esta Segunda S.:

"?COMPETENCIA PARA CONOCER DE LOS CONFLICTOS SUSCITADOS CON MOTIVO DE LA PRESTACI�N DE SERVICIOS DE POLIC�AS MUNICIPALES Y JUDICIALES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE M�XICO Y SUS MUNICIPIOS, CON LAS DEPENDENCIAS DE SEGURIDAD RESPECTIVAS. CORRESPONDE, POR AFINIDAD, AL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE M�XICO.? (se transcribe).

"?COMPETENCIA PARA CONOCER DE LOS CONFLICTOS DERIVADOS DE LA PRESTACI�N DE SERVICIOS DE LOS POLIC�AS. CORRESPONDE AL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO (ESTADO DE SAN LUIS POTOS�).? (se transcribe).

"?COMPETENCIA PARA CONOCER DE LOS CONFLICTOS SUSCITADOS CON MOTIVO DE LA PRESTACI�N DE SERVICIOS DE POLIC�AS DEPENDIENTES DEL ESTADO DE M�XICO. CORRESPONDE POR AFINIDAD AL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO (LEGISLACI�N DEL ESTADO DE M�XICO).? (se transcribe).

"?COMPETENCIA PARA CONOCER DE LOS CONFLICTOS DERIVADOS DE LA PRESTACI�N DE SERVICIOS DE LOS POLIC�AS MUNICIPALES. CORRESPONDE AL TRIBUNAL FISCAL DEL ESTADO (LEGISLACI�N DE TAMAULIPAS).? (se transcribe).

"?COMPETENCIA PARA CONOCER DE LOS CONFLICTOS PLANTEADOS EN CONTRA DE LA SECRETAR�A DE SEGURIDAD P�BLICA DEL DISTRITO FEDERAL, POR UN POLIC�A, CON MOTIVO DE LA PRESTACI�N DE SERVICIOS. CORRESPONDE, POR AFINIDAD, AL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL.? (se transcribe).

"Las jurisprudencias transcritas son aplicables anal�gicamente, pues en ellas se establece el criterio relativo a la competencia de los Tribunales de lo Contencioso Administrativo de los Estados de M�xico, San Luis Potos� y Tamaulipas, as� como del Distrito Federal, para conocer de las demandas promovidas por polic�as en contra de las dependencias de seguridad p�blica respectivas, en las que aqu�llos reclamen prestaciones derivadas precisamente de la prestaci�n de sus servicios, tal como acontece en el caso que se examina respecto del Estado de Jalisco."

En consecuencia, los polic�as de vialidad y tr�nsito de la Secretar�a de V.idad y Transporte del Estado de Jalisco, s� forman parte de una instituci�n policial, ya que si bien no les corresponde en forma directa y amplia garantizar y mantener la seguridad en esa entidad, tambi�n lo es que su �mbito de atribuciones s� implica la realizaci�n de actos tendentes a cuidar el orden y la seguridad de la circulaci�n vehicular y peatonal en las v�as p�blicas abiertas a la circulaci�n, de ah� que el hecho de que sus funciones se limiten a ese �mbito de la vida comunitaria, no significa que no realicen funciones propias del mantenimiento del orden p�blico, lo que resulta suficiente para considerar que esa corporaci�n s� puede ser calificada como una instituci�n policiaca; por ende, se rige por lo dispuesto en el art�culo 123, apartado B, fracci�n XIII, de la C.�n y los criterios jurisprudenciales que respecto de esa disposici�n constitucional ha emitido esta Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, principalmente aquellos que establecen que la relaci�n jur�dica de los miembros de las corporaciones policiacas y el Estado, es de naturaleza administrativa, por lo que el �rgano jurisdiccional competente para conocer de las controversias que se susciten en torno a esa relaci�n, lo es el Tribunal de lo Administrativo del Estado de Jalisco.

Atento a lo anterior, debe prevalecer el criterio que sostiene esta Segunda S., el que de acuerdo con lo dispuesto por el art�culo 195 de la Ley de Amparo, debe regir con car�cter de jurisprudencia, en los siguientes t�rminos:

POLIC�A DE VIALIDAD Y TR�NSITO DEL ESTADO DE JALISCO. SUS OFICIALES SE RIGEN POR EL ART�CULO 123, APARTADO B, F.X., DE LA CONSTITUCI�N POL�TICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.-El concepto de polic�a se relaciona con la actividad del Estado de vigilar el respeto a la ley para preservar el orden en la sociedad, lo que ha propiciado la creaci�n de corporaciones especializadas para el cuidado del orden p�blico y la paz de la comunidad en determinados sectores o actividades de la sociedad, encontr�ndose en ese tipo la Polic�a de V.idad y Tr�nsito de la Secretar�a de V.idad y Transporte del Estado de Jalisco. Por otra parte, el art�culo 25 de la Ley que la rige prev� que la Polic�a de V.idad y Tr�nsito tiene como funciones, entre otras, orientar, participar y colaborar con la poblaci�n en general en la prevenci�n de accidentes viales y de infracciones a las normas de tr�nsito; y, cuidar de la seguridad y respeto del peat�n en las v�as p�blicas; proteger y auxiliar a las personas, particularmente cuando sufran accidentes en las v�as p�blicas; coadyuvar con otras autoridades en la conservaci�n del orden p�blico y la tranquilidad de la comunidad; cuidar el cumplimiento y aplicaci�n de las disposiciones de esa Ley y sus reglamentos, as� como levantar o hacer constar las infracciones que se cometan para determinar y aplicar la sanci�n correspondiente; de ah� que los oficiales que la integran desempe�an una actividad administrativa que tiene car�cter policial, pues del an�lisis de las funciones descritas se evidencia que tienen como objetivo salvaguardar no solamente el orden p�blico y la paz social en la comunidad, sino tambi�n el inter�s p�blico de la sociedad. En consecuencia, al tener el car�cter de instituci�n policial, se rigen por el art�culo 123, apartado B, fracci�n XIII, de la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos y los criterios jurisprudenciales que al respecto ha emitido la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, principalmente el relativo a la naturaleza administrativa de la relaci�n jur�dica de los miembros de las instituciones policiales y de seguridad p�blica con el Estado; por tanto, para determinar cu�l es el �rgano jurisdiccional competente para conocer de las controversias que surjan como resultado de esa relaci�n, debe aplicarse la jurisprudencia 2a./J. 77/2004 de esta Segunda S., publicada en el Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, Novena �poca, Tomo XX, julio de 2004, p�gina 428, con el rubro: "SEGURIDAD P�BLICA DEL ESTADO DE JALISCO. DE LOS CONFLICTOS SUSCITADOS CON MOTIVO DE LA PRESTACI�N DE SERVICIOS DE SUS AGENTES CORRESPONDE CONOCER, POR AFINIDAD, AL TRIBUNAL DE LO ADMINISTRATIVO."

Por lo expuesto y fundado, se

resuelve:

PRIMERO

S� existe la contradicci�n de tesis denunciada.

SEGUNDO

Debe prevalecer con car�cter de jurisprudencia el criterio sustentado por esta Segunda S. de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, en los t�rminos precisados en el �ltimo considerando de esta resoluci�n.

Notif�quese y c�mplase; rem�tase al Pleno, a la Primera S. y a la Direcci�n General de la Coordinaci�n de Compilaci�n y S.�n de Tesis, la tesis de jurisprudencia que se sustenta en la presente resoluci�n, para los efectos establecidos en el art�culo 195, fracciones I y II, de la Ley de Amparo, env�ese testimonio de la misma a los Tribunales Colegiados de Circuito que participaron en esta contradicci�n para los efectos legales correspondientes y, en su oportunidad, arch�vese este expediente como asunto concluido.

As� lo resolvi� la Segunda S. de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, por unanimidad de cuatro votos de los se�ores Ministros G.D.G.�ngora P., S.S.A.A., G.I.O.M. y la Ministra presidenta M.B.L.R.. Ausente el se�or Ministro Juan D�az R. por atender comisi�n oficial. Fue ponente el se�or M.S.S.A.A..