Ejecutoria num. 1a./J. 82/2006 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala - Jurisprudencia - VLEX 26822446

Ejecutoria num. 1a./J. 82/2006 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala

Emisor:Primera Sala
Número de Resolución:1a./J. 82/2006
Materia:Suprema Corte de Justicia de México
Fecha de Publicación: 1 de Enero de 2007
RESUMEN

CONTRADICCIÓN DE TESIS 160/2005-PS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO CIRCUITO (ACTUALMENTE PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL MISMO CIRCUITO) Y EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL QUINTO CIRCUITO.DONACIÓN. EL CONTRATO RELATIVO SE PERFECCIONA CON LA DECLARACIÓN SIMULTÁNEA DE VOLUNTAD EXTERNADA POR LOS CÓNYUGES, AL LIQUIDAR LA SOCIEDAD CONYUGAL, EN SU CARÁCTER DE DONANTES Y REPRESENTANTES DE SUS MENORES HIJOS (LEGISLACIÓN DE LOS ESTADOS DE SONORA Y CHIAPAS).

 
CONTENIDO

CONTRADICCI�N DE TESIS 160/2005-PS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIG�SIMO CIRCUITO (ACTUALMENTE PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL MISMO CIRCUITO) Y EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL QUINTO CIRCUITO.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n es legalmente competente para conocer del presente asunto, de conformidad con lo dispuesto en los art�culos 107, fracci�n XIII, de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos; 197-A de la Ley de A.; y 21, fracci�n VIII, de la Ley Org�nica del Poder Judicial de la Federaci�n; en relaci�n con el punto segundo del Acuerdo General Plenario 5/2001, publicado en el Diario Oficial de la Federaci�n el veintinueve de junio de dos mil uno, por tratarse de una contradicci�n suscitada entre criterios de Tribunales Colegiados de Circuito en asuntos de naturaleza civil, esto es, de la exclusiva competencia de esta Sala.
SEGUNDO. La presente denuncia de contradicci�n de tesis proviene de parte leg�tima, toda vez que fue formulada por los Magistrados que integran el Primer Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, con apoyo en la facultad que les confiere el art�culo 197-A de la Ley de A..
TERCERO. Las consideraciones sostenidas por el Primer Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, al resolver el amparo directo laboral n�mero 796/2004, el primero de septiembre de dos mil cinco, en lo que interesa, son las siguientes:
"QUINTO. En esencia el quejoso se duele que fue indebido que la autoridad responsable declarara procedente la tercer�a excluyente de dominio bas�ndose en el convenio de divorcio celebrado por ... en el cual ceden a sus hijos, terceristas en el juicio, el inmueble embargado, no obstante �ste. No cumple con el requisito de aceptaci�n por parte de los donatarios, que prev� el art�culo 2597 del C�digo Civil del Estado, para que se considere perfecta la donaci�n y, por tanto, al no existir, el inmueble no ha salido del patrimonio del donante. No constituye justo t�tulo de propiedad porque no consta en escritura p�blica, seg�n lo exige el art�culo 2576 de la legislaci�n sustantiva civil, para la venta de inmuebles cuyo valor exceda de dos mil pesos. No surte efectos frente a terceros, porque no est� inscrito en el Registro P�blico de la Propiedad. Es infundado el primer concepto de violaci�n hecho valer por lo siguiente: No es verdad que en el caso, en el convenio de divorcio no exista la aceptaci�n de la donaci�n por parte de los donatarios, ya que como se demostrar�, la aceptaci�n se da en el momento mismo en que se manifiesta la voluntad de trasmitir el inmueble en forma gratuita, pues en ... concurren la calidad de donantes y representantes de los donatarios. En efecto, el veinte de octubre de mil novecientos noventa y tres ... promovieron juicio de divorcio voluntario por mutuo consentimiento, anexando convenio con las siguientes cl�usulas: (se transcribe). Del anterior convenio se advierte en primer lugar que ... son padres y ejerc�an la patria potestad de los entonces menores ... (terceristas), y que en virtud de que iban a dar por terminado en forma voluntaria su v�nculo matrimonial, decidieron dejar a sus hijos el inmueble que pertenec�a a la sociedad conyugal; de lo que resulta claro el �nimo de transferir a sus hijos, en forma gratuita el inmueble propiedad de ambos. Tal manifestaci�n de voluntad constituye un acto jur�dico que concuerda con la figura de la donaci�n prevista en el art�culo 2589 del C�digo Civil del Estado, que dice: (se transcribe). Ahora, para que la donaci�n se considere perfecta, el art�culo 2597 de la legislaci�n en cita, se�ala que es necesario que el donatario la acepte y se haga saber la aceptaci�n al donador. En el caso, los donatarios ... al momento de la donaci�n eran menores de edad, por lo que resultaban incapaces para ejercitar sus derechos o contraer obligaciones; sin embargo, pod�an hacerlo por medio de sus representantes, seg�n lo dispone el art�culo 118 del C�digo Civil, que dice: (se transcribe). En virtud de la patria potestad, son los padres quienes tienen derechos y obligaciones reconocidos por la ley, en relaci�n con sus descendientes, cuyo ejercicio implica el cuidado, protecci�n y educaci�n de los menores, as� como la correcta administraci�n de sus bienes. En esas condiciones, cuando la donaci�n se hace a favor de un menor, son los padres, quienes, como leg�timos representantes de �stos, pueden aceptar una donaci�n. En el caso, la calidad de donantes y representante de los donatarios, recay� sobre las mismas personas ... por lo que la aceptaci�n de la donaci�n y conocimiento de tal aceptaci�n, a que se refiere el numeral 2597 para que �sta sea perfecta, se da en el mismo acto, cuando se expresa el �nimo de trasmitir la propiedad de un inmueble a sus hijos, que es la caracter�stica principal del contrato de donaci�n; pues de lo contrario, se llegar�a al extremo de que por un rigorismo, tuvieran los padres que hacer un contrato consigo mismos en su diversa calidad de donante y donatario, adem�s, ser�a il�gico que con el car�cter de donantes existiera el �nimo de donar, empero con el de representantes de los donatarios, no se quisiera aceptar, pues en tal circunstancia, simplemente no se externar�a el �nimo de donar; por lo que al coincidir en la misma persona la voluntad de dar y recibir, hay certeza en la aceptaci�n de los menores y no simplemente una presunci�n, pues la manifestaci�n expresa del consentimiento tambi�n se manifiesta por signos inequ�vocos, de acuerdo con el art�culo 1931 del C�digo Civil Local, como lo es ese �nimo de dar o recibir. Lo anterior, sin que, por concurrir en los padres el car�cter de donantes y representantes de los donatarios, existan intereses opuestos que hiciera necesaria la intervenci�n de una tercera persona que representara los intereses de los menores, en virtud de que la donaci�n es a t�tulo gratuito y, por tanto, los menores no se encuentran obligados con sus padres a pago alguno, sino que el �nico inter�s, consiste en que conserven la propiedad de lo donado. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por la anterior Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, localizable en la p�gina 915, del Tomo CIII, del Semanario Judicial de la Federaci�n, Quinta �poca, que dice: ?MENORES, REPRESENTACI�N LEGAL DE LOS, POR QUIENES EJERCEN LA PATRIA POTESTAD SOBRE ELLOS (DONACI�N).? (se transcribe). As�, no puede considerarse que no exista donaci�n, porque los padres no hayan manifestado textualmente que a su vez aceptaban la donaci�n que ellos mismos hac�an a sus hijos, pues como se vio, en las mismas personas reca�a la facultad para manifestar el �nimo de donar y el �nimo correlativo de los donatarios para recibir, sin que ello implique intereses opuestos por el que fuera necesario que una tercera persona aceptara en representaci�n de los menores. En consecuencia, fue correcto lo resuelto por la autoridad responsable, en el sentido de que a partir de tal donaci�n, el inmueble objeto de remate hab�a salido del patrimonio del demandado en el juicio natural, para entrar en el de sus hijos ... . Por lo anterior, es que no se comparte el criterio sustentado en la tesis que cita el quejoso, sustentada por el Tribunal Colegiado del Vig�simo Circuito, consultable en la p�gina 551, Tomo II, septiembre de mil novecientos noventa y cinco del Semanario Judicial de la Federaci�n, de rubro y texto siguientes: ?DONACI�N. LA CIRCUNSTANCIA DE QUE LOS C�NYUGES AL LIQUIDAR LA SOCIEDAD CONYUGAL EN INSTRUMENTO P�BLICO MANIFIESTEN SU VOLUNTAD DE DONAR A SUS MENORES HIJOS CIERTOS BIENES INMUEBLES, TAL CIRCUNSTANCIA NO CONSTITUYE EL CONTRATO DE (LEGISLACI�N DEL ESTADO DE CHIAPAS).? (se transcribe). En consecuencia, con fundamento en el art�culo 197-A de la Ley de A., se hace a la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, la correspondiente denuncia de contradicci�n de tesis. Por otra parte, la falta de forma en la transmisi�n de la propiedad consistente en la omisi�n de escrituraci�n e inscripci�n en el Registro P�blico de la Propiedad, a que se refiere el art�culo 2576 y 2578 del C�digo Civil del Estado, que constituyen requisitos de la compraventa aplicables para la donaci�n por disposici�n del 2602 del ordenamiento legal en cita; no hace inexistente la donaci�n como lo pretende el quejoso. En efecto, toda vez que tales formalidades no constituyen requisitos de existencia de la donaci�n, por no ser un contrato solemne, su falta de forma s�lo constituyen requisitos de validez que pueden ser subsanables, por la confirmaci�n que de este acto se haga en la forma omitida, seg�n lo dispone el art�culo 82 del C�digo Civil, pero no producen que el acto de donaci�n no surta efectos, como lo es que el inmueble salga del patrimonio del donante y entre en el del donatario, ni tampoco hace que el derecho personal que le asiste al quejoso, sea oponible al real de los terceristas. Sobre el particular, ilustra la jurisprudencia por contradicci�n 242, sustentada por la anterior Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, consultable en la p�gina 165, Tomo IV del Ap�ndice 1995, que dice: ?EMBARGO, ES ILEGAL EL TRABADO EN BIENES SALIDOS DEL DOMINIO DEL DEUDOR, AUN CUANDO NO SE ENCUENTREN INSCRITOS EN EL REGISTRO P�BLICO DE LA PROPIEDAD A NOMBRE DEL NUEVO ADQUIRENTE (LEGISLACI�N DE DURANGO SIMILAR A LA DEL DISTRITO FEDERAL).? (se transcribe). De cuya ejecutoria, se resalta lo siguiente: (se transcribe). De lo anterior, se desprende que el embargo es un derecho personal que �nicamente puede enderezarse contra la persona, pero no al grado de perseguir los bienes con los cuales �sta no garantiz� el adeudo, y la falta de inscripci�n s�lo produce como sanci�n que el derecho respectivo no pueda ser oponible frente a terceros con derechos reales, ya que la preferencia en materia registral, se refiere a actos o derechos de la misma naturaleza. Luego, si el embargo no tiene el car�cter real, y s�lo da al embargante un derecho personal, no le puede beneficiar la falta del registro del acto jur�dico mediante el cual se adquiri� el inmueble. As�, por las razones que sirvieron para considerar que, no porque el tercerista haya incumplido con la forma de inscribir el contrato de donaci�n, pueda el embargante oponer su derecho personal, al real, son aplicables por analog�a a la falta de forma en escritura p�blica, pues constituye tambi�n un requisito de forma del que no depende la existencia del acto de traslaci�n de propiedad y, por tanto, de su falta de observancia no puede prevalerse el embargante para oponer su derecho personal, al real de los terceristas. En consecuencia, toda vez que el t�tulo de propiedad de los terceristas lo constituye la donaci�n celebrada el veinte de octubre de mil novecientos noventa y tres, misma que fue reconocida por un J. mediante sentencia de veinticuatro de noviembre del mismo a�o, y el embargo se realiz� mediante diligencia de ocho de mayo de dos mil tres y se inscribi� el doce siguiente, es claro que �ste fue posterior a cuando adquirieron el derecho real los terceristas y, por tanto, es ilegal dicho embargo, pues se hizo respecto de un bien salido del dominio del deudor, sin que le beneficie la falta de forma de dicho acto, pues, ello no hace inexistente el acto de traslaci�n de dominio y en todo caso, s�lo es oponible frente a derechos de igual naturaleza. Por lo que tampoco puede considerarse que, por no haberse presentado el instrumento p�blico en el que debe constar la donaci�n, los terceristas no acompa�aron el t�tulo para acreditar la propiedad, pues para cumplir con ello bast� la exhibici�n de las copias certificadas del juicio de divorcio necesario 3036/1993, seguido ante el J. de Primera Instancia del Ramo Civil con residencia en Guaymas, S., en que obra la donaci�n de veinte de octubre de mil novecientos noventa y tres, hecha a favor de los terceristas, que constituye el t�tulo en el que fundan su dominio, as� lo ha determinado la Suprema Corte, seg�n se desprende de la ejecutoria en la que se resolvi� la contradicci�n de tesis 5/2003-SS, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, localizable en la p�gina 585, del Tomo XVIII, julio de dos mil tres, del Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, Novena �poca, cuyo rubro es: ?TERCER�A EXCLUYENTE DE DOMINIO EN MATERIA LABORAL. EL PROMOVENTE PUEDE ACOMPA�AR A SU ESCRITO INICIAL DE DEMANDA EL ORIGINAL O LA COPIA CERTIFICADA DEL T�TULO EN QUE SE FUNDE.? (se transcribe). En las relatadas condiciones, al no demostrarse la inconstitucionalidad de la resoluci�n reclamada, lo procedente es negar el amparo solicitado."
CUARTO. Las consideraciones sostenidas por el Tribunal Colegiado del Vig�simo Circuito (actualmente Primer Tribunal Colegiado del mismo circuito), al resolver el amparo en revisi�n n�mero 197/95, el cuatro de agosto de mil novecientos noventa y cinco, en lo que interesa, son las siguientes:
"CUARTO. Los agravios hechos valer por el recurrente son infundados. En primer t�rmino, debe decirse que no irroga agravio alguno al inconforme el hecho que el J. a quo haya examinado, de oficio, la actualizaci�n de la causal de improcedencia que motiv� el sobreseimiento en el juicio de amparo intentado; habida cuenta que de conformidad con el �ltimo p�rrafo del art�culo 73 de la Ley de A., las causales de improcedencia deber�n ser examinadas de oficio. En segundo lugar, cabe se�alar que el J. inferior estuvo en lo correcto en sobreseer el presente juicio de amparo, en virtud que, en la especie, se actualiz� la causal de improcedencia prevista en la fracci�n V del art�culo 73 de la Ley de A.. Se afirma lo anterior, puesto que, como acertadamente lo sostiene el J. a quo, la quejosa no acredit� su inter�s jur�dico en juicio, ya que no prob� ser propietaria de los lotes de terreno n�meros 5, 6 y 7, de la manzana cinco, ubicados en la avenida ... de esta ciudad capital, embargados en el juicio ejecutivo mercantil n�mero 670/95, del �ndice del Juzgado Segundo del Ramo Civil del Distrito Judicial de Tuxtla, Chiapas. Esto es as�, ya que, como lo afirma el J. a quo, el primer testimonio de la escritura p�blica n�mero 1127, volumen 25, fechada el veinticuatro de julio de mil novecientos noventa y dos, pasada ante la fe del licenciado A.A.G. P�rez, titular de la Notar�a P�blica N�mero 29 del Estado, resulta insuficiente por s� sola, para acreditar los derechos de propiedad de la promovente de garant�as, aqu� recurrente, sobre los lotes de terreno antes descritos, dado que del contenido de la cl�usula segunda de dicho instrumento p�blico, se advierte que los se�ores ... con la finalidad de liquidar la sociedad conyugal que los un�a, manifestaron su voluntad de donar los bienes inmuebles antes citados a sus tres menores hijos, de nombres ... comprometi�ndose los consortes a realizar todos los tr�mites inherentes a formalizar la donaci�n anterior ante fedatario p�blico. Ahora bien, como correctamente lo sostiene el J. inferior, dicha declaraci�n unilateral de voluntad externada por los se�ores ... de donar los bienes inmuebles en comento, en favor de sus tres menores hijos, no constituye por s� misma un contrato de donaci�n, debido a que �ste se requiere para su perfeccionamiento, en los t�rminos del numeral 2314 del C�digo Civil vigente en el Estado, de la aceptaci�n del donatario, la cual no consta en el instrumento p�blico antes relacionado; por lo consiguiente, es evidente que en el caso concreto, por no haberse perfeccionado el consentimiento, el contrato de donaci�n de los multicitados lotes de terreno es inexistente, al tenor de la fracci�n I del art�culo 1768 del C�digo Civil del Estado, interpretada a contrario sentido y, por ende, la policitaci�n de donaci�n que contiene la escritura p�blica en menci�n, resulta insuficiente para justificar transmisi�n de propiedad alguna sobre los precitados lotes de terreno a favor de la inconforme; sin que acredite, en consecuencia, su inter�s jur�dico en el juicio de amparo intentado. Consecuentemente, al no advertirse materia para suplir queja deficiente, lo que procede es confirmar la sentencia que se revisa."
Las consideraciones anteriores dieron lugar a la siguiente tesis:
"Novena �poca
"Instancia: Tribunal Colegiado del Vig�simo Circuito
"Fuente: Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta
"Tomo: II, septiembre de 1995
"Tesis: XX.46 C
"P�gina: 551
"DONACI�N. LA CIRCUNSTANCIA DE QUE LOS C�NYUGES AL LIQUIDAR LA SOCIEDAD CONYUGAL EN INSTRUMENTO P�BLICO MANIFIESTEN SU VOLUNTAD DE DONAR A SUS MENORES HIJOS CIERTOS BIENES INMUEBLES, TAL CIRCUNSTANCIA NO CONSTITUYE EL CONTRATO DE (LEGISLACI�N DEL ESTADO DE CHIAPAS). La circunstancia de que la quejosa y su c�nyuge, con la finalidad de liquidar la sociedad conyugal que los un�a, manifiesten en un instrumento p�blico su voluntad de donar los bienes inmuebles objeto del juicio, a sus menores hijos, comprometi�ndose los consortes a realizar todos los tr�mites inherentes a formalizar la donaci�n ante notario p�blico; tal declaraci�n unilateral de voluntad externada por �stos de donar los bienes en comento, en favor de dichos menores, no constituye por s� misma un contrato de donaci�n, debido a que �ste requiere para su perfeccionamiento en los t�rminos del numeral 2314 del C�digo Civil para el Estado de Chiapas, de la aceptaci�n del donatario, para que se perfeccione el consentimiento.
"A. en revisi�n 197/95. C.B. Z��iga. 4 de agosto de 1995. Unanimidad de votos. Ponente: C.L.M.�oz. Secretario: M. de Jes�s Cruz Espinoza."
QUINTO. Como una cuesti�n previa, cabe precisar que esta Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, al interpretar los art�culos 107, fracci�n XIII, de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos y 197-A de la Ley de A., ha considerado que dichos preceptos regulan lo relativo a la contradicci�n de tesis sobre una misma situaci�n jur�dica como forma o sistema de integraci�n de jurisprudencia y, que por tesis, debe entenderse la posici�n que, manifestada mediante una serie de proposiciones que se expresan con el car�cter de propias, adopta el tribunal en la soluci�n de un negocio jur�dico.
Asimismo, este Alto Tribunal ha considerado que, para que exista materia a dilucidar respecto a un criterio que prevalezca debe existir cuando menos formalmente, una oposici�n de criterios jur�dicos en los que se controvierta la misma cuesti�n; es decir, para que se surta su procedencia, la contradicci�n denunciada debe referirse a las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jur�dicas, vertidas dentro de la parte considerativa de las sentencias respectivas, que son las fuentes primordiales de las tesis que sustentan los �rganos jurisdiccionales.
En otros t�rminos, se da la contradicci�n anterior, cuando concurran los siguientes supuestos:
a) Que al resolver los negocios se examinen cuestiones jur�dicas esencialmente iguales y se adopten criterios discrepantes.
b) Que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jur�dicas de las sentencias respectivas.
c) Que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos.
Al respecto, es aplicable la siguiente jurisprudencia:
"Novena �poca
"Instancia: Pleno
"Fuente: Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta
"Tomo: XIII, abril de 2001
"Tesis: P./J. 26/2001
"P�gina: 76
"CONTRADICCI�N DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA. De conformidad con lo que establecen los art�culos 107, fracci�n XIII, primer p�rrafo, de la Constituci�n Federal y 197-A de la Ley de A., cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n o la Sala que corresponda deben decidir cu�l tesis ha de prevalecer. Ahora bien, se entiende que existen tesiscontradictorias cuando concurren los siguientes supuestos: a) que al resolver los negocios jur�dicos se examinen cuestiones jur�dicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jur�dicos discrepantes; b) que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jur�dicas de las sentencias respectivas; y, c) que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos."
En tales condiciones, por raz�n de m�todo debe estudiarse en primer lugar, si en el presente asunto concurren o no las hip�tesis de contradicci�n, para lo cual es conveniente recordar en s�ntesis lo que sostuvo cada uno de los Tribunales Colegiados contendientes, en la parte que interesa al presente fallo.
A) El Primer Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, al resolver el amparo directo laboral n�mero 796/2004, promovido en contra de la resoluci�n dictada por la Junta Local de Conciliaci�n y Arbitraje del Estado de S., en el expediente de tercer�a excluyente de dominio, interpuesta en contra del remate en primera almoneda de un inmueble embargado, con el fin de ejecutar la sentencia laboral que conden� a la parte patronal al pago de las prestaciones demandadas por un trabajador; sostuvo:
1. Que del convenio celebrado con motivo del juicio de divorcio voluntario (entre uno de los patrones condenados en el juicio laboral y su esposa), exhibido por los promoventes de la tercer�a excluyente de dominio (los hijos de ese matrimonio, menores cuando se celebr� dicho convenio), se desprend�a que los donantes son los padres y ejerc�an la patria potestad de los entonces tres menores hijos (terceristas), y que en virtud de que iban a dar por terminado en forma voluntaria su v�nculo matrimonial, decidieron donar a sus hijos el inmueble que pertenec�a a la sociedad conyugal; con base en eso, estim� que: 1) era claro el �nimo de transferir a sus hijos, en forma gratuita el inmueble propiedad de ambos; y 2) la aceptaci�n de la donaci�n por parte de los donatarios, en virtud de que, la aceptaci�n se dio en el momento mismo en que los padres manifestaron su voluntad de trasmitir el inmueble en forma gratuita, pues en el padre y la madre que fueron los donantes, concurre la calidad de donantes y representantes de los donatarios. Que por consiguiente, esa manifestaci�n de voluntad constituye un acto jur�dico que concuerda con la figura de la donaci�n prevista en el art�culo 2589 del C�digo Civil del Estado de S..
2. Que para considerar perfecta la donaci�n, el art�culo 2597 del C�digo Civil del Estado de S., se�ala que es necesario que el donatario la acepte y se haga saber la aceptaci�n al donador; que en el caso concreto, los donatarios al momento de la donaci�n eran menores de edad, por lo que resultaban incapaces para ejercitar sus derechos o contraer obligaciones; sin embargo, pod�an hacerlo por medio de sus representantes legales, seg�n lo dispone el art�culo 118 del C�digo Civil citado; por lo que, si los padres son quienes tienen la patria potestad de los menores, y en virtud de ella, los derechos y obligaciones reconocidos por la ley, cuyo ejercicio implica el cuidado, protecci�n y educaci�n de los menores, as� como la correcta administraci�n de sus bienes; son los padres, quienes, como leg�timos representantes de �stos, pueden aceptar una donaci�n.
3. Que, por tanto, la aceptaci�n de la donaci�n y conocimiento de tal aceptaci�n, a que se refiere el art�culo 2597 del mismo ordenamiento, para que �sta sea perfecta, se da en el mismo acto, cuando se expresa el �nimo de trasmitir la propiedad de un inmueble a sus hijos menores, que es la caracter�stica principal del contrato de donaci�n; pues de lo contrario, se llegar�a al extremo de que por un rigorismo, tuvieran los padres que hacer un contrato consigo mismos en su diversa calidad de donante y donatario, adem�s, ser�a il�gico que con el car�cter de donantes existiera el �nimo de donar, empero con el de representantes de los donatarios, no se quisiera aceptar, pues en tal circunstancia, simplemente no se externar�a el �nimo de donar; por lo que al coincidir en la misma persona la voluntad de dar y recibir, hay certeza en la aceptaci�n de los menores y no simplemente una presunci�n, pues la manifestaci�n expresa del consentimiento tambi�n puede darse por signos inequ�vocos, de acuerdo con el art�culo 1931 del C�digo Civil del Estado de S., como lo es ese �nimo de dar o recibir; aclarando que, no puede estimarse que existan intereses opuestos, por el hecho de concurrir en los padres el car�cter de donantes y representantes de los donatarios, que hiciera necesaria la intervenci�n de una tercera persona que representara los intereses de los menores, en virtud de que la donaci�n es a t�tulo gratuito y, por tanto, los menores no se encuentran obligados con sus padres a pago alguno, sino que el �nico inter�s, consiste en que conserven la propiedad de lo donado.
4. Que en consecuencia de tal donaci�n, el inmueble objeto de remate hab�a salido del patrimonio del demandado en el juicio laboral, para entrar en el de sus hijos.
5. Que la falta de forma en la transmisi�n de la propiedad, consistente en la omisi�n de escrituraci�n e inscripci�n en el Registro P�blico de la Propiedad, no hace inexistente la donaci�n, toda vez que tales formalidades no constituyen requisitos de existencia de la donaci�n, por no ser un contrato solemne, por lo que su falta de forma s�lo constituyen requisitos de validez que pueden ser subsanables, por la confirmaci�n que de ese acto se haga en la forma omitida, pero no producen que el acto de donaci�n no surta efectos, como lo es que el inmueble salga del patrimonio del donante y entre en el del donatario, ni tampoco hace que el derecho personal que le asiste al quejoso, sea oponible al real de los terceristas.
6. Que el embargo trabado, es un derecho personal que s�lo puede enderezarse contra la persona, pero no al grado de perseguir los bienes con los cuales �sta no garantiz� el adeudo, y la falta de inscripci�n s�lo produce como sanci�n que el derecho respectivo no pueda ser oponible frente a terceros con derechos reales, ya que la preferencia en materia registral, se refiere a actos o derechos de la misma naturaleza. Que, por tanto, el t�tulo de propiedad de los terceristas lo constitu�a la donaci�n celebrada, misma que fue reconocida por un J. mediante sentencia y el embargo se realiz� y registr� con posterioridad a cuando adquirieron el derecho real los terceristas que, por tanto, es ilegal el embargo de un bien inmueble salido del dominio del deudor.
B) El Tribunal Colegiado del Vig�simo Circuito (actualmente Primer Tribunal Colegiado del mismo circuito), al resolver el amparo en revisi�n n�mero 197/95, interpuesto en contra de la sentencia en la cual el J. de Distrito sobresey� en el juicio de amparo, promovido en contra de todos los autos, decretos y resoluciones dictadas por el J. Segundo de lo Civil del Distrito Judicial de T.G.�rrez, Chiapas, en un juicio ejecutivo mercantil entablado por una instituci�n bancaria en contra de una empresa, en el cual se embargaron unos terrenos de los cuales se ostent� propietaria la quejosa, as� como la orden de remate y adjudicaci�n de los mismos al acreedor; sostuvo:
1. Que la quejosa no demostr� su inter�s jur�dico, esto es, no prob� la propiedad de los terrenos embargados, toda vez que el primer testimonio de la escritura p�blica notarial, que contiene la disoluci�n y liquidaci�n de la sociedad conyugal de los se�ores padres de la quejosa, resulta insuficiente por s� sola, para acreditar los derechos de propiedad de la parte quejosa, sobre los terrenos embargados, dado que del contenido de la cl�usula segunda de ese instrumento p�blico, se advierte que dichos padres, con la finalidad de liquidar la sociedad conyugal que los un�a, manifestaron su voluntad de donar los bienes inmuebles (lotes de terreno embargados) a sus tres menores hijos, comprometi�ndose los consortes a realizar todos los tr�mites inherentes a formalizar la donaci�n anterior ante fedatario p�blico.
2. Que dicha declaraci�n unilateral de voluntad externada por los se�ores padres de la quejosa, de donar los terrenos materia del juicio, en favor de sus tres hijos (entonces menores), no constitu�a por s� misma un contrato de donaci�n, debido a que �ste requiere para su perfeccionamiento de la aceptaci�n del donatario, en los t�rminos del art�culo 2314 del C�digo Civil en el Estado de Chiapas, la cual no consta en el instrumento p�blico exhibido.
3. Que en esas condiciones, resulta evidente que en el caso concreto, por no haberse perfeccionado el consentimiento, el contrato de donaci�n de los terrenos materia del juicio, es inexistente, de conformidad con la fracci�n I del art�culo 1768 del C�digo Civil del Estado de Chiapas, interpretado a contrario sentido y, por ende, la donaci�n que contiene la escritura p�blica, resulta insuficiente para justificar la transmisi�n de propiedad de los terrenos a favor de la quejosa, por tanto, no acredit� su inter�s jur�dico en el juicio de amparo.
De lo anterior, se desprende que s� existe contradicci�n entre los criterios sustentados por los Tribunales Colegiados contendientes, al resolver respectivamente, el juicio de amparo laboral y el amparo en revisi�n derivado de un juicio ejecutivo mercantil, pues se advierte que se cumplen los requisitos exigidos para la existencia de la contradicci�n de tesis que nos ocupa.
En efecto, se cumple con lo precisado en el inciso a), toda vez que al resolver los negocios jur�dicos sometidos a la consideraci�n de los Tribunales Colegiados contendientes, examinaron una cuesti�n jur�dica esencialmente igual, consistente en determinar si con la declaraci�n unilateral de voluntad externada por los padres, al liquidar la sociedad conyugal, en el sentido de donar de manera gratuita un inmueble, en favor de sus menores hijos, se perfecciona el contrato de donaci�n y, por ende, desde la fecha de tal manifestaci�n de voluntad, ese inmueble sali� de su patrimonio para formar parte del patrimonio de sus menores hijos.
Al respecto, los Tribunales Colegiados mencionados, adoptaron posiciones o criterios jur�dicos discrepantes, pues el Primer Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, sostuvo que al ser los donantes los padres de los menores de edad, y quienes a su vez, ejercen la patria potestad de �stos, debe considerarse que al liquidar la sociedad conyugal, y realizar la manifestaci�n voluntaria de donar en forma gratuita a sus hijos el inmueble que pertenec�a a dicha sociedad, es claro el �nimo de aqu�llos, como donantes, de transferir a sus hijos, como donatarios, el inmueble de que se trata; y que la aceptaci�n de la donaci�n por parte de los donatarios, necesaria para perfeccionar ese contrato, se dio en el momento mismo en que los padres manifestaron su voluntad de trasmitir el inmueble en forma gratuita, pues en el padre y la madre que fueron los donantes, concurren la calidad de donantes, y a su vez, de representantes de los donatarios, por ende, en el mismo acto, se da la donaci�n y la aceptaci�n de �sta, y en consecuencia, el bien inmueble, desde la fecha en que se realiz� ese acto jur�dico, sali� del patrimonio de los padres y entr� al de los menores hijos.
Por el contrario, el Tribunal Colegiado del Vig�simo Circuito (actualmente Primer Tribunal Colegiado del mismo circuito), sostuvo que la declaraci�n unilateral de voluntad externada por los padres al liquidar la sociedad conyugal, en el sentido de donar de manera gratuita los terrenos de su propiedad, en favor de sus hijos menores de edad, no constitu�a por s� misma un contrato de donaci�n, debido a que �ste requiere para su perfeccionamiento de la aceptaci�n de los donatarios, la cual no consta en el documento p�blico exhibido, por lo que, debe considerarse que no se perfeccion� el consentimiento y, por ende, el contrato de donaci�n de los terrenos, es inexistente, y la consecuencia jur�dica es que el bien inmueble no sali� del patrimonio de los padres en la fecha en que se realiz� ese acto jur�dico.
Como se advierte de la lectura comparativa de ambos criterios, los Tribunales Colegiados contendientes arribaron a diferentes conclusiones en relaci�n con el mismo tema jur�dico, pues para uno de ellos la declaraci�n unilateral de la voluntad de los padres, al liquidar la sociedad conyugal, en el sentido de donar gratuitamente un bien inmueble a sus hijos menores de edad, es suficiente para tener por aceptada la misma por los donatarios, puesto que los padres ejercen la patria potestad de los hijos menores, esto es, tienen el doble car�cter de donantes y representantes legales de los donatarios, por lo que el contrato de donaci�n s� se perfecciona con la aceptaci�n de los donatarios otorgada a trav�s de sus padres; en tanto que para el otro Tribunal Colegiado el contrato de donaci�n no se perfecciona con la declaraci�n unilateral de la voluntad de los padres, al liquidar la sociedad conyugal, de donar gratuitamente un inmueble a los hijos menores de edad, pues falta la aceptaci�n de �stos, es decir, de los donatarios, la cual no obra de manera expresa en el documento p�blico.
Asimismo, se encuentra acreditado el elemento referido en el inciso b), consistente en que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jur�dicas de las sentencias respectivas; como se advierte de las propias sentencias que obran en copias certificadas en el expediente en que se act�a, y de la transcripci�n que se realiz� de la parte medular de las mismas, en los considerandos tercero y cuarto de esta resoluci�n.
Por �ltimo, tambi�n se acredita el requisito precisado en el inciso c), pues los distintos criterios provinieron del examen de los mismos elementos; puesto que ambos Tribunales Colegiados conocieron de asuntos en los que se impugn� el embargo de inmuebles, que previamente hab�an sido donados por los respectivos padres a sus hijos menores de edad, y en ambos asuntos son los correspondientes donatarios (ahora adultos), quienes acudieron a juicio a defender los inmuebles donados; en ambos casos la donaci�n se dio con motivo de la disoluci�n del v�nculo matrimonial de los padres donantes; adem�s, los Tribunales Colegiados referidos, analizaron preceptos legales similares, como se ver� m�s adelante, llegando a criterios jur�dicos opuestos.
Por consiguiente, s� existe la contradicci�n de tesis denunciada entre el Primer Tribunal Colegiado del Quinto Circuito y el Tribunal Colegiado del Vig�simo Circuito (actualmente Primer Tribunal Colegiado del mismo circuito), en cuanto al tema consistente en determinar si con la declaraci�n unilateral de voluntad externada por los padres, al liquidar la sociedad conyugal, en el sentido de donar de manera gratuita un inmueble, en favor de sus menores hijos, se perfecciona o no el contrato de donaci�n y, por ende, se considera trasmitida o no la propiedad del mismo, desde la fecha en que se realiz� ese acto jur�dico.
No es obst�culo a lo anterior, la circunstancia de que los criterios en contraposici�n no constituyan jurisprudencia, porque los art�culos 107, fracci�n XIII, de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos y 197-A de la Ley de A., que establecen el procedimiento para resolverla, no imponen dicho requisito.
En relaci�n con este punto cobra aplicaci�n la jurisprudencia sustentada por el Tribunal Pleno, cuyos datos de identificaci�n, rubro y texto, son los siguientes:
"Novena �poca
"Instancia: Pleno
"Fuente: Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta
"Tomo: XIII, abril de 2001
"Tesis: P./J. 27/2001
"P�gina: 77
"CONTRADICCI�N DE TESIS. PARA QUE PROCEDA LA DENUNCIA BASTA QUE EN LAS SENTENCIAS SE SUSTENTEN CRITERIOS DISCREPANTES. Los art�culos 107, fracci�n XIII, de la Constituci�n Federal, 197 y 197-A de la Ley de A., establecen el procedimiento para dirimir las contradicciones de tesis que sustenten los Tribunales Colegiados de Circuito o las S. de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n. El vocablo ?tesis? que se emplea en dichos dispositivos debe entenderse en un sentido amplio, o sea, como la expresi�n de un criterio que se sustenta en relaci�n con un tema determinado por los �rganos jurisdiccionales en su quehacer legal de resolver los asuntos que se someten a su consideraci�n, sin que sea necesario que est� expuesta de manera formal, mediante una redacci�n especial, en la que se distinga un rubro, un texto, los datos de identificaci�n del asunto en donde se sostuvo y, menos a�n, que constituya jurisprudencia obligatoria en los t�rminos previstos por los art�culos 192 y 193 de la Ley de A., porque ni la Ley Fundamental ni la ordinaria establecen esos requisitos. Por tanto, para denunciar una contradicci�n de tesis, basta con que se hayan sustentado criterios discrepantes sobre la misma cuesti�n por S. de la Suprema Corte o Tribunales Colegiados de Circuito, en resoluciones dictadas en asuntos de su competencia."
Tampoco es �bice para estimar que s� existe la contradicci�n de criterios denunciada, el hecho de que los Tribunales Colegiados contendientes, en los asuntos que resolvieron, hayan analizado preceptos legales de diferentes ordenamientos legales, esto es, uno fall� con base en el C�digo Civil para el Estado de S. y el otro con base en el C�digo Civil para el Estado de Chiapas, toda vez que, como se adelant�, los preceptos que rigen la materia de este asunto son similares, lo cual se pondr� de manifiesto al ocuparnos del tema de fondo.
SEXTO. Debe prevalecer, con car�cter de jurisprudencia, el criterio sustentado por esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, en t�rminos de las consideraciones siguientes:
Como ya qued� establecido, la presente contradicci�n de tesis consiste en determinar si con la declaraci�n unilateral de voluntad externada por los padres, al liquidar la sociedad conyugal, en el sentido de donar de manera gratuita un inmueble, en favor de sus menores hijos, se perfecciona o no el contrato de donaci�n y, por ende, se considera trasmitida o no la propiedad del mismo, desde la fecha en que se realiz� ese acto jur�dico.
Ahora bien, para dilucidar el tema de la contradicci�n de tesis que nos ocupa, es necesario en primer lugar, atender a la regulaci�n del contrato de donaci�n, tanto en el C�digo Civil del Estado de S. como al C�digo Civil del Estado de Chiapas, los cuales disponen de manera comparativa, en lo que interesa, lo siguiente:

Ver comparativo 1


Como puede advertirse de lo anterior, en ambas legislaciones se establece que la donaci�n es un contrato por el que una persona transfiere a otra, gratuitamente, una parte o la totalidad de sus bienes presentes; la clasifican en pura, condicional, onerosa o remuneratoria; en los casos resueltos por los Tribunales Colegiados podemos decir que se trat� de una donaci�n pura, puesto que se otorg� en t�rminos absolutos.
Tambi�n ambas legislaciones prev�n que la donaci�n se perfecciona desde que el donatario la acepta y hace saber la aceptaci�n al donador; que la aceptaci�n de las donaciones se har� en la misma forma en que �stas deban hacerse; que puede ser verbal, cuando se trata de bienes muebles hasta determinado valor, o bien, escrita cuando los bienes muebles excedan el valor fijado en la ley, o se trate de bienes inmuebles, en los casos concretos que originaron la presente denuncia de contradicci�n de tesis, la donaci�n se realiz� por escrito (en un convenio ratificado ante un J. y en un instrumento notarial).
Asimismo, establecen los ordenamientos en comento, que la donaci�n de bienes ra�ces se har� siguiendo las formalidades que para su venta exige la ley.
Es aplicable a lo anterior, por el esp�ritu que la rige, la tesis cuyos datos de identificaci�n, rubro, texto y precedente, son los siguientes:
"Quinta �poca
"Instancia: Tercera Sala
"Fuente:Semanario Judicial de la Federaci�n
"Tomo: LII
"P�gina: 1543
"DONACI�N, NATURALEZA DE LA.-La donaci�n es un contrato por el que una persona transfiere a otra, gratuitamente la parte o totalidad de sus bienes presentes, y la misma se rige por las reglas generales de los contratos, en lo que no se opongan a las disposiciones especiales consignadas en la ley; y dicho contrato se convierte en irrevocable, desde que el donatario la acepta y se hace saber la aceptaci�n al donador, por lo que para que la donaci�n sea perfecta, es indispensable la manifestaci�n de voluntad del beneficiario, siguiendo la regla general de que para la existencia y validez de los contratos, es indispensable la aquiescencia de las partes.
"A. civil directo 5202/35. Mazo y R�os G. del y coagraviados. 7 de mayo de 1937. Unanimidad de cinco votos. La publicaci�n no menciona el nombre del ponente."
Las donaciones de que se trat� en los asuntos sometidos a la consideraci�n de los Tribunales Colegiados, cuyos criterios integran la presente contradicci�n de tesis, se realizaron con la particularidad de que fue entre padres (donantes) e hijos menores de edad (donatarios), por lo que resulta necesario analizar las legislaciones referidas, para determinar legalmente, c�mo pod�an los hijos menores de edad expresar su aceptaci�n o rechazo de la donaci�n de los inmuebles respectivos y hac�rselo saber a los donantes, toda vez que, �ste es un elemento necesario para el perfeccionamiento del contrato de donaci�n, y esencial en el tema que nos ocupa.
Para lo anterior, de nuevo nos referiremos de manera comparativa a las legislaciones que aplicaron los Tribunales Colegiados en los casos concretos que resolvieron, las cuales en lo que nos interesan, se�alan:

Ver comparativo 2


Como se puede advertir de los referidos ordenamientos legales para el Estado de S. y para el Estado de Chiapas, y espec�ficamente de los preceptos transcritos, los hijos menores de edad (no emancipados), est�n bajo la patria potestad, en principio y por regla general, del padre y la madre, quienes ejercitan los derechos y obligaciones de cuidado, protecci�n y educaci�n de los menores, as� como la correcta administraci�n de sus bienes.
Por tanto, podemos afirmar que la patria potestad de los hijos de matrimonio menores de edad, se presume legalmente que la ejercen el padre y la madre, salvo prueba en contrario; pues si bien la ley contempla otros ascendientes que pueden ejercerla, esos casos se refieren a excepciones a la regla general, esto es, cuando los padres por alguna circunstancia no la pueden ejercer, asimismo, constituye excepci�n a la regla general, cuando alguno de los padres o ambos, son privados por orden judicial de ejercer dicha patria potestad, en aras de proteger al menor de edad, situaciones que por ser excepciones, deben demostrarse para desvirtuar la presunci�n legal antes mencionada.
Tambi�n por disposici�n expresa de la ley y como regla general, los hijos menores de edad no pueden comparecer por s� mismos en juicio, ni contraer obligaci�n alguna, sin el expreso consentimiento o a trav�s de quien ejerza la patria potestad sobre ellos.
De ah� que los dos ordenamientos jur�dicos locales (art�culos 592 del C�digo Civil del Estado de S. y 420 del C�digo Civil del Estado de Chiapas), establezcan tajantemente que "Los que ejercen la patria potestad son leg�timos representantes de los que est�n bajo de ella y tienen la administraci�n legal de los bienes que les pertenecen", de conformidad con la ley; se�alando que dichos representantes tienen obligaci�n de dar cuenta de la administraci�n de los bienes a los representados (hijos que est�n o hayan estado bajo su patria potestad).
Existiendo una salvedad para el ejercicio de la administraci�n de los bienes de los menores hijos, consistente en que las personas que ejerzan la patria potestad tengan un inter�s opuesto al de los hijos, en cuyo caso ser�n �stos representados, en juicio y fuera de �l, por un tutor nombrado por un J..
Por consiguiente, la respuesta a la interrogante antes formulada, de c�mo pod�an los hijos menores de edad expresar su aceptaci�n o rechazo de la donaci�n de los inmuebles respectivos y hac�rselo saber a los donantes, es precisamente a trav�s de sus leg�timos representantes, esto es, a trav�s de quienes ejercen la patria potestad, que por presunci�n legal y regla general son el padre y la madre.
Ahora bien, en el contrato de donaci�n con la peculiaridad de ser precisamente el padre y la madre los donantes de un bien inmueble, de manera gratuita, a favor de sus menores hijos, son exactamente esos donantes (padre y madre), salvo prueba en contrario, a quienes les corresponde como representantes leg�timos de los menores de edad aceptar la donaci�n y hac�rsela de su propio conocimiento.
Por tanto, en el tema a dilucidar en la presente contradicci�n de tesis, se estima que al tratarse de la donaci�n gratuita de un inmueble, a favor de los hijos menores, y ser sus propios padres los donantes, quienes a su vez son los representantes leg�timos de los hijos menores, por ejercer la patria potestad sobre ellos (porque en los casos concretos que se resolvieron no existe prueba en contrario), la declaraci�n externada por los padres, al liquidar la sociedad conyugal, en el sentido de donar de manera gratuita un inmueble, en favor de sus menores hijos, no es jur�dicamente una declaraci�n unilateral de voluntad, sino que conlleva impl�citamente una dualidad de voluntades, esto es, en un mismo acto jur�dico, se manifiesta la voluntad de donar en forma gratuita el inmueble, y se manifiesta la aceptaci�n del mismo a favor de los menores hijos.
Por consiguiente, al existir la manifestaci�n de voluntad de donar gratuitamente el inmueble y la manifestaci�n de voluntad de aceptar esa donaci�n, la cual en el mismo instante se est� haciendo del conocimiento de los donantes, se encuentra perfeccionado el contrato de donaci�n, toda vez que, las respectivas legislaciones locales en estudio (art�culos 2597 del C�digo Civil del Estado de S. y 2314 del C�digo Civil del Estado de Chiapas), as� lo determinan al se�alar que "La donaci�n es perfecta desde que el donatario la acepta y hace saber la aceptaci�n al donador."
En tales condiciones, resulta que la declaraci�n de los padres, al disolver el v�nculo matrimonial, en el sentido de donar un inmueble, de manera gratuita, a favor de sus menores hijos, es un contrato perfecto de donaci�n, por lo que, desde esa fecha el inmueble sale del patrimonio de los padres e ingresa al patrimonio de los hijos menores, que los propios padres administran en ejercicio de la patria potestad que les otorga la ley.
Adem�s, no podr�a estimarse lo contrario, pues si en los padres existe la dualidad de ser donantes y representantes de los donatarios, no ser�a l�gico que como donantes quisieran transmitir de manera gratuita un inmueble a sus menores hijos, y como representantes legales de �stos, no quisieran aceptarlo, pues en tal supuesto, no habr�an externado su voluntad de realizar la donaci�n.
Por otro lado, siendo la donaci�n voluntaria y a t�tulo gratuito, no se advierte la posibilidad de considerar que se pudiera estar en el caso de salvedad que prev� la ley, consistente en que las personas que ejerzan la patria potestad tengan un inter�s opuesto al de los hijos, en cuyo caso ser�n �stos representados, en juicio y fuera de �l, por un tutor nombrado por un J..
Es aplicable por analog�a la tesis cuyos datos de identificaci�n, rubro, texto y precedente, son los siguientes:
"Quinta �poca
"Instancia: Tercera Sala
"Fuente: Semanario Judicial de la Federaci�n
"Tomo: CIII
"P�gina: 915
"MENORES, REPRESENTACI�N LEGAL DE LOS, POR QUIENES EJERCEN LA PATRIA POTESTAD SOBRE ELLOS (DONACI�N).-El art�culo 440 del C�digo Civil para el Distrito y Territorios Federales, ordena que siempre que las personas que desempe�en la patria potestad tengan un inter�s opuesto al de sus hijos, estos ser�n representados en juicio y fuera de el, por un tutor que el J. les nombrara en cada caso, ahora, bien, no puede considerarse que exista ese inter�s opuesto, en un juicio sobre nulidad de la donaci�n habida entre padres e hijos, en efecto, la donaci�n es un contrato por el que una persona transfiere a otra, gratuitamente, una parte o la totalidad de su bienes presentes (art�culo 2332 del C�digo Civil); es decir, se trata de contrato unilateral en el que una sola de las partes (el donante), se obliga hac�a la otra el (donatario); sin que esta le quede obligada (art�culo 1835 del C�digo Civil); de manera que si el donatario, con motivo de la donaci�n hecha en su favor, no contrajo obligaci�n alguna con sus padres, es indudable que no hay oposici�n de intereses, ya que donantes y donatario tienen el mismo �nico inter�s, consistente en que el �ltimo conserve la propiedad de lo donado.
"A.s civiles acumulados en revisi�n 2277/44. B. y P.E. y coagraviado. 27 de enero de 1950. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: C.I.M.�ndez. R.: R.E.."
En estas condiciones, esta Primera Sala estima que debe prevalecer con car�cter de jurisprudencia, el criterio redactado con el siguiente rubro y texto:
DONACI�N. EL CONTRATO RELATIVO SE PERFECCIONA CON LA DECLARACI�N SIMULT�NEA DE VOLUNTAD EXTERNADA POR LOS C�NYUGES, AL LIQUIDAR LA SOCIEDAD CONYUGAL, EN SU CAR�CTER DE DONANTES Y REPRESENTANTES DE SUS MENORES HIJOS (LEGISLACI�N DE LOS ESTADOS DE SONORA Y CHIAPAS).-La donaci�n es un contrato por el cual una persona transfiere a otra, gratuitamente, una parte o la totalidad de sus bienes presentes y se clasifica en pura, condicional, onerosa o remuneratoria; trat�ndose de la donaci�n pura, es decir, cuando se otorga en t�rminos absolutos, la donaci�n se perfecciona desde que el donatario la acepta y hace saber la aceptaci�n al donador (art�culos 2597 y 2314 de los C�digos Civiles de los Estados de S. y de Chiapas, respectivamente). Ahora bien, si se atiende, por una parte, a que los art�culos 592 del C�digo Civil del Estado de S. y 420 del C�digo Civil del Estado de Chiapas, establecen que quienes ejercen la patria potestad son leg�timos representantes de los que est�n bajo de ella y tienen la administraci�n legal de los bienes que les pertenecen, de conformidad con la ley; y, por otra, a que la patria potestad de los hijos de matrimonio menores de edad (no emancipados), se presume legalmente que la ejercen el padre y la madre, salvo prueba en contrario, resulta evidente que es precisamente a trav�s de sus leg�timos representantes, que los menores pueden aceptar o rechazar la donaci�n, esto es, a trav�s de quienes ejercen la patria potestad, que por presunci�n legal y regla general son el padre y la madre. En esa virtud, cuando derivado de la liquidaci�n de la sociedad conyugal se efect�a la donaci�n gratuita de un bien inmueble a favor de los hijos menores, y siendo sus propios padres los donantes, quienes a su vez son sus representantes leg�timos, por ejercer la patria potestad sobre ellos, la declaraci�n externada por los padres en el sentido de realizar esa donaci�n, no es jur�dicamente una declaraci�n unilateral de voluntad, sino que simult�neamente conlleva una dualidad de voluntades, esto es, en un mismo acto jur�dico se manifiesta la voluntad de donar en forma gratuita el inmueble y se expresa la aceptaci�n de aqu�l a favor de los menores hijos, lo cual es del conocimiento de los donantes.
Por lo expuesto y fundado, se resuelve:
PRIMERO.-S� existe la contradicci�n de tesis denunciada entre el criterio sustentado por el Tribunal Colegiado del Vig�simo Circuito (actualmente Primer Tribunal Colegiado del mismo circuito), y el Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, a que este toca se refiere.
SEGUNDO.-Se declara que debe prevalecer, con car�cter de jurisprudencia, el criterio sostenido por esta Primera Sala, en los t�rminos de la tesis redactada en el �ltimo considerando del presente fallo.
TERCERO.-D�se publicidad a la tesis jurisprudencial que se sustenta en la presente resoluci�n, en t�rminos del art�culo 195 de la Ley de A..
N.�quese; c�mplase y, en su oportunidad, arch�vese el expediente relativo a la presente contradicci�n de tesis, como asunto concluido.
As� lo resolvi� la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, por unanimidad de cinco votos de los se�ores Ministros: Jos� de Jes�s G.�o P., S.A.V.H.�ndez, J.N.S.M. (ponente), O.S.C. de G.�a V. y presidente Jos� Ram�n Coss�o D�az.