Ejecutoria num. 2a./J. 112/2006 de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala - Jurisprudencia - VLEX 26822474

Ejecutoria num. 2a./J. 112/2006 de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala

Emisor:Segunda Sala
Número de Resolución:2a./J. 112/2006
Localizacion:MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS.
Materia:Suprema Corte de Justicia de México
Fecha de Publicación: 1 de Diciembre de 2006
RESUMEN

COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. ACTÚA COMO PARTICULAR EN AUXILIO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL CUANDO DETERMINA Y RECAUDA EL DERECHO POR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO.

 
ÍNDICE
CONTENIDO

COMISI�N FEDERAL DE ELECTRICIDAD. ACT�A COMO PARTICULAR EN AUXILIO DE LA ADMINISTRACI�N P�BLICA MUNICIPAL CUANDO DETERMINA Y RECAUDA EL DERECHO POR EL SERVICIO DE ALUMBRADO P�BLICO.

COMISI�N FEDERAL DE ELECTRICIDAD. LA EMISI�N DEL AVISO-RECIBO RELATIVO AL PAGO DE DERECHOS DE ALUMBRADO P�BLICO, DERIVADO DE UNA LEY DE INGRESOS MUNICIPAL, CONSTITUYE UN ACTO DE APLICACI�N DE LAS NORMAS QUE ESTABLECEN DICHOS DERECHOS.

CONTRADICCI�N DE TESIS 92/2006-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEXTO CIRCUITO Y EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL D�CIMO OCTAVO CIRCUITO.

MINISTRA PONENTE: M.B. LUNA RAMOS.

SECRETARIO: R.M.C. CARRERA.

CONSIDERANDO:

PRIMERO

Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n es competente para conocer y resolver la presente contradicci�n de tesis, conforme a lo dispuesto por los art�culos 107, fracci�n XIII, de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos; 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracci�n VIII, de la Ley Org�nica del Poder Judicial de la Federaci�n, en relaci�n con el Acuerdo General 5/2001, del Tribunal Pleno de este Alto Tribunal, publicado en el Diario Oficial de la Federaci�n de veintinueve de junio de dos mil uno, en virtud del tema sobre el que versa dicha denuncia corresponde a una de las materias en que se especializa esta S., a precisar, la administrativa.

SEGUNDO

La denuncia de contradicci�n de tesis proviene de parte leg�tima.

En efecto, conforme a lo dispuesto por los art�culos 107, fracci�n XIII, de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos y 197-A de la Ley de Amparo, cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, el procurador general de la Rep�blica, los mencionados tribunales o Magistrados que los integran, o las partes que intervinieron en los juicios en que dichas tesis fueron sustentadas, podr�n denunciar la contradicci�n ante la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n.

En el caso, la denuncia de contradicci�n de tesis fue realizada por M.R.F., en su car�cter de Magistrado del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, quien resolvi� el amparo en revisi�n 178/2005, el dos de junio de dos mil cinco, relativo al juicio de amparo 242/2005, del �ndice del Juzgado S�ptimo de Distrito en el Estado de Puebla, quejoso Textiles Milenio, Sociedad An�nima de Capital Variable.

De ah� que si la denuncia fue realizada por uno de los Magistrados integrantes de uno de los Tribunales Colegiados de Circuito que resolvi� un asunto materia de la posible contradicci�n, es evidente que la misma proviene de parte leg�tima.

TERCERO

El Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, en su resoluci�n de dos de junio de dos mil cinco, correspondiente al amparo en revisi�n 178/2005, promovido por las autoridades responsables, Congreso y gobernador, ambos del Estado de Puebla, relativo al juicio de amparo 242/2005, del �ndice del Juzgado S�ptimo de Distrito en el Estado de Puebla, quejoso Textiles Milenio, Sociedad An�nima de Capital Variable, consider�, en lo conducente, lo siguiente:

S�PTIMO

De la lectura a la sentencia materia de este toca, se aprecia que el Juez de Distrito dijo que tanto el tesorero municipal como el jefe de la sucursal Humboldt de la Comisi�n Federal de Electricidad, rindieron su informe justificado en la forma y t�rminos que de los mismos se desprenden; sin embargo, no se�al� si son o no ciertos los actos a ellas reclamados y si por tal motivo se actualiza o no alguna causal de improcedencia. En ese sentido, tambi�n debe abordarse tal situaci�n, en aras del principio de exhaustividad que debe imperar en los fallos jurisdiccionales. As�, el citado tesorero municipal manifest� que el acto reclamado es parcialmente cierto, para lo cual agreg�: �A lo que he de contestar que efectivamente establece un derecho por la prestaci�n del servicio de alumbrado p�blico, a favor del Municipio como contraprestaci�n, ya que el Ayuntamiento tiene la obligaci�n de seguir proporcionando dicho servicio en cuanto a infraestructura, mantenimiento, mejoramiento, etc�tera, a fin de cumplir con las necesidades de los contribuyentes ... Atento a lo anterior, es incongruente que la quejosa haga la deducci�n de que al determinar la cuant�a total del recibo de luz, se deduzca que dicho pago sobre el derecho de alumbrado se calcula sobre el consumo de energ�a, si claramente se aprecia que el derecho de alumbrado p�blico se encuentra desglosado en el recibo de luz con las siglas DAP.�. En m�rito de lo anterior, al menos para los efectos del presente juicio, debe tenerse por cierto el acto reclamado al tesorero municipal del Ayuntamiento de Puebla. Por su parte, al rendir su informe justificado el jefe de la sucursal Humboldt de la Comisi�n Federal de Electricidad manifest�: �No es cierto el acto reclamado por lo que hace a esta C.�n Federal de Electricidad, en virtud de que no existen actos de ejecuci�n del decreto que contiene la Ley de Ingresos del Municipio de Puebla, pues nuestro organismo �nicamente recibe el pago establecido con el Ayuntamiento del Municipio de Puebla, como derecho de alumbrado p�blico.� (foja 48 del expediente de origen). Como se ve, la Comisi�n Federal de Electricidad, al rendir su informe justificado, neg� la existencia del acto de ejecuci�n que se le atribuye; empero, si bien la quejosa aport� como prueba el aviso-recibo por consumo de energ�a el�ctrica correspondiente al periodo del treinta y uno de diciembre de dos mil cuatro al treinta y uno de enero de dos mil cinco (foja 9), lo cierto es que la emisi�n de dicho recibo por cuanto al cobro del derecho de alumbrado p�blico no puede considerarse un acto de autoridad para los efectos del amparo, porque con ello la comisi�n no ejerce facultades de decisi�n, sino que �nicamente funge como un auxiliar de la administraci�n p�blica municipal, al aplicar la tasa del dos por ciento por concepto de cobro de derecho del servicio de alumbrado p�blico, aprobada en la Ley de Ingresos del Municipio de Puebla para el ejercicio fiscal 2005. Sin que sea dable analizar lo relativo al consumo por cobro de energ�a el�ctrica y apercibimiento de corte, ya que no son actos reclamados en este juicio, sino s�lo el derecho de alumbrado p�blico, no el consumo particular. Esto es, la funci�n de la Comisi�n Federal de Electricidad se circunscribe a recaudar �los derechos� que se�ala la ley para su posterior entero a las oficinas hacendarias respectivas (municipales), funci�n entendida como un deber impuesto correspondiente a la facultad que la autoridad tiene para mayor control de los impuestos y hacer r�pida y efectiva su recaudaci�n. Como apoyo de lo anterior, se cita la tesis que sostiene la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, visible en la p�gina trescientos sesenta y ocho del Tomo VI, diciembre de mil novecientos noventa y siete, de la Novena �poca del Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, que dice: �COMISI�N FEDERAL DE ELECTRICIDAD. LOS RECIBOS O FACTURAS QUE EXPIDE POR CONSUMO DE ENERG�A EL�CTRICA NO SON ACTOS DE AUTORIDAD.� (se transcribe). Tambi�n se cita la diversa tesis de la misma Sala del Alto Tribunal, visible en la p�gina trescientos sesenta y siete del citado tomo y fuente, que dice: �COMISI�N FEDERAL DE ELECTRICIDAD. ACT�A COMO AUXILIAR DE LA ADMINISTRACI�N P�BLICA CUANDO RECAUDA EL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCI�N Y SERVICIOS.� (se transcribe). No pasa inadvertida la jurisprudencia 91/2002, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, visible en la p�gina doscientos cuarenta y cinco del Tomo XVI, agosto de dos mil dos, de la Novena �poca del Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, que dice: �COMISI�N FEDERAL DE ELECTRICIDAD. LA DETERMINACI�N MEDIANTE LA CUAL APERCIBE AL CONSUMIDOR DE REALIZAR O REALIZA EL CORTE DEL SUMINISTRO DE ENERG�A EL�CTRICA, CONSTITUYE UN ACTO DE AUTORIDAD IMPUGNABLE A TRAV�S DEL JUICIO DE AMPARO.� (se transcribe). Sin embargo, no resulta aplicable en la especie, en tanto que la Comisi�n Federal de Electricidad no est� cobrando el consumo de energ�a el�ctrica ni es materia de litis la suspensi�n del fluido el�ctrico sino s�lo el derecho de alumbrado p�blico que aqu�lla lo hace como auxiliar del Ayuntamiento. En m�rito de lo razonado, con fundamento en lo dispuesto por la fracci�n XVIII del art�culo 73 de la Ley de Amparo, en relaci�n con el numeral 11, aplicado en contrario sentido, debe sobreseerse en el presente juicio de garant�as respecto de los actos reclamados a la Comisi�n Federal de Electricidad. Ante la omisi�n del a quo, detectada y definida por este tribunal, deviene innecesario hacer referencia al escrito recibido en este �rgano mediante el cual el apoderado de la Comisi�n Federal de Electricidad se apersona al presente medio de defensa. OCTAVO. No se analizar�n los agravios propuestos, en tanto que este Tribunal Colegiado advierte que se actualiza una causal de improcedencia del juicio de origen, que ser� tratada de manera oficiosa en esta instancia, para lo cual se cita la jurisprudencia 122/99 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, visible en la p�gina veintiocho del Tomo X, noviembre de mil novecientos noventa y nueve, de la Novena �poca del Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, que dice: �IMPROCEDENCIA. ESTUDIO OFICIOSO EN EL RECURSO DE REVISI�N DE MOTIVOS DIVERSOS A LOS ANALIZADOS EN LA SENTENCIA COMBATIDA.� (se transcribe). La causal de improcedencia que se surte en la especie, es la que deriva de lo previsto en la fracci�n VI del art�culo 73 de la Ley de Amparo, en relaci�n con el numeral 114, fracci�n I, aplicado en sentido contrario, de la misma legislaci�n. El primero de los numerales citados establece que el juicio de amparo es improcedente contra leyes que por su sola vigencia no causen perjuicio al quejoso, sino que es necesario un acto posterior de aplicaci�n para que se origine tal perjuicio. Por su parte, el segundo de los dispositivos prev�, en lo que interesa, que el amparo se pedir� ante el Juez de Distrito contra leyes locales cuando con motivo de su primer acto de aplicaci�n causen perjuicio al quejoso. La peticionaria de garant�as se�ala como actos reclamados los art�culos 1o., fracci�n II, inciso d) y 13, fracci�n II, de la Ley de Ingresos del Municipio de Puebla para el ejercicio fiscal de dos mil cinco, en espec�fico, cuestiona su constitucionalidad por el establecimiento del derecho de alumbrado p�blico, para lo cual aduce que la Legislatura Estatal invade la esfera competencial de la Federaci�n, en tanto que para obtener tal derecho se toma como par�metro el consumo de fluido el�ctrico, y en el entendido, adem�s, que el monto por pagar lo refleja el recibo de energ�a expedido por la Comisi�n Federal de Electricidad. Los numerales cuestionados dicen lo siguiente: �Art�culo 1o. Los ingresos que la hacienda p�blica del Municipio de Puebla, percibir� durante el ejercicio fiscal del a�o dos mil cinco, ser�n los que se obtengan por concepto de: ... II. Derechos: ... d) Por servicios de alumbrado p�blico.�. �Art�culo 13. Los derechos por el servicio de alumbrado p�blico, se causar�n y pagar�n aplicando al consumo tarifario determinado por la Comisi�n Federal de Electricidad y con la periodicidad que �sta establezca, los siguientes porcentajes: ... II. Usuarios de tarifas OM, HM, HS, HSL, HT y HTL: 2.0%.�. De inicio, es pertinente destacar que los numerales cuestionados son de naturaleza heteroaplicativa, pues con su sola vigencia no causan perjuicio a la gobernada, sino que requieren un acto posterior de aplicaci�n para causar perjuicio. Al respecto, conviene citar la jurisprudencia 55/97 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, visible en la p�gina cinco del Tomo VI, julio de mil novecientos noventa y siete, de la Novena �poca del Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, que dice: �LEYES AUTOAPLICATIVAS Y HETEROAPLICATIVAS. DISTINCI�N BASADA EN EL CONCEPTO DE INDIVIDUALIZACI�N INCONDICIONADA.� (se transcribe). Conforme a los antecedentes de la demanda, la quejosa tuvo conocimiento del derecho cuya constitucionalidad reclama el diez de febrero de dos mil cinco, porque dice que en esa fecha obtuvo el recibo de pago de la Comisi�n Federal de Electricidad, que por lo que respecta al derecho de alumbrado p�blico, ya se vio que no es acto de autoridad. Se evidencia de ese recibo que no est� pagado o liquidado, es decir, el derecho de alumbrado p�blico que se estima inconstitucional no ha sido aplicado en perjuicio de la quejosa; en ese sentido, claro resulta que no existe acto de aplicaci�n de los numerales cuestionados en su perjuicio, m�xime que, como se dijo con antelaci�n, no figura como acto reclamado el consumo por cobro de energ�a el�ctrica. Como la ley reclamada se impugna con motivo de su �aplicaci�n� y �ste no est� evidenciado, el estudio de la ley no puede desvincularse del acto de su aplicaci�n, cuando se reclama como heteroaplicativa. Luego, si se sobresey� por insubsistencia del acto de la autoridad que se estima ejecutora, se debe sobreseer por la ley tambi�n. Es aplicable la jurisprudencia que sostuvo el entonces Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, visible en la p�gina doscientos diez del Tomo I, Materia Constitucional, del Ap�ndice al Semanario Judicial de la Federaci�n 1917-1995, que dice: �LEYES O REGLAMENTOS, AMPARO CONTRA, PROMOVIDO CON MOTIVO DE SU APLICACI�N.� (se transcribe). En ese orden de ideas, lo que procede es revocar la sentencia que se revisa, para en su lugar sobreseer en el presente juicio de garant�as. Apoya lo anterior, la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, visible en la p�gina cuatrocientos cuarenta y siete del Tomo XII, diciembre de dos mil, de la Novena �poca del Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, que dice: �LEYES. EL PRIMER ACTO DE APLICACI�N QUE PERMITE IMPUGNARLAS EN AMPARO ES AQUEL QUE TRASCIENDE A LA ESFERA JUR�DICA DEL GOBERNADO, CAUS�NDOLE UN PERJUICIO, CON INDEPENDENCIA DE QUE SU FUNDAMENTACI�N Y MOTIVACI�N SEA O NO CORRECTA.� (se transcribe)."

CUARTO

El Primer Tribunal Colegiado del D�cimo Octavo Circuito, en su resoluci�n de treinta de marzo de dos mil seis, correspondiente al amparo en revisi�n 109/2006, promovido por el quejoso C.M., Sociedad An�nima de Capital Variable, relativo al juicio de amparo 161/2006-D, del �ndice del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Morelos, consider�, en lo que interesa, lo siguiente:

CUARTO

Los agravios que invoca la persona moral recurrente resultan fundados de conformidad con los razonamientos que a continuaci�n se exponen: En principio, cabe se�alar que no ser�n motivo de an�lisis la totalidad de los argumentos que esgrime la persona moral recurrente, en virtud de que al resultar procedente la cuesti�n toral, deviene en ocioso el estudio de todos y cada uno de los dem�s alegatos vertidos. Del an�lisis, as� como de la confronta de los agravios que expone la persona moral recurrente con los argumentos en los que el Juez Federal sustenta su resoluci�n, se arriba a la conclusi�n de que contrario a lo que sostiene el J. a quo, no se evidencia que en el caso particular se configure la causal de improcedencia que aduce para desechar la demanda de garant�as. En efecto, el J. a quo sustancialmente sostuvo, como argumentos para desechar la demanda de amparo, lo siguiente: �Que el recibo que la quejosa aport� como prueba por consumo de energ�a el�ctrica por cuanto al cobro del derecho de alumbrado p�blico no puede considerarse un acto de autoridad para los efectos del amparo.�. Resulta incorrecto dicho argumento, en virtud de que con motivo de que la Comisi�n Federal de Electricidad hizo del conocimiento de la quejosa el aviso-recibo, en el cual, entre otros conceptos, determin� la obligaci�n del pago de los derechos por alumbrado p�blico, lo que la quejosa impugn� v�a la litis constitucional, y asimismo impugn� la Ley de Ingresos del Municipio de Jiutepec, Morelos, en cuyo ordenamiento se establece el cobro del derecho referido a cubrir y cuyos preceptos tilda de inconstitucionales, esto era una raz�n suficiente para inferir que se trata de un acto de aplicaci�n, y queda comprendido dentro del concepto de lo que la Suprema Corte de Justicia ha determinado como aspectos relevantes a las leyes heteroaplicativas. Sirve de apoyo a lo anteriormente expuesto, la tesis P./J. 55/97, sustentada por el Pleno de nuestro m�s Alto Tribunal, publicada en el Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, T.V., correspondiente al mes de julio de 1997, p�gina 5, la cual es de observancia y aplicaci�n obligatoria, en los t�rminos de lo previsto en el art�culo 192 de la Ley de Amparo, y que literalmente dice: �LEYES AUTOAPLICATIVAS Y HETEROAPLICATIVAS. DISTINCI�N BASADA EN EL CONCEPTO DE INDIVIDUALIZACI�N INCONDICIONADA.� (se transcribe). Asimismo, resulta aplicable en apoyo a lo anteriormente expuesto, la tesis por contradicci�n 2a./J. 128/2002, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, publicada en el Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, T.X., correspondiente al mes de diciembre de 2002, p�gina 235, la que es de observancia y aplicaci�n obligatoria, en los t�rminos de lo previsto en el art�culo 192 de la Ley de Amparo, y que a la letra dice: �AMPARO CONTRA LEYES HETEROAPLICATIVAS. LA CIRCUNSTANCIA DE QUE LAS AUTORIDADES SE�ALADAS COMO RESPONSABLES EJECUTORAS NO HUBIEREN APLICADO LA NORMA COMBATIDA, NO ES MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA PARA DESECHAR LA DEMANDA INTERPUESTA EN CONTRA DE LOS ACTOS DE EJECUCI�N QUE SE LES IMPUTEN.� (se transcribe). Asimismo, resulta aplicable la tesis 2a./J. 91/2002, sustentada por la Segunda Sala de nuestro m�s Alto Tribunal, publicada en el Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, T.X., correspondiente al mes de agosto de 2002, visible en la p�gina 245, misma que es de observancia y aplicaci�n obligatoria, conforme a lo previsto en el art�culo 192 de la Ley de Amparo, y que a la letra dice: �COMISI�N FEDERAL DE ELECTRICIDAD. LA DETERMINACI�N MEDIANTE LA CUAL APERCIBE AL CONSUMIDOR DE REALIZAR O REALIZA EL CORTE DEL SUMINISTRO DE ENERG�A EL�CTRICA, CONSTITUYE UN ACTO DE AUTORIDAD IMPUGNABLE A TRAV�S DEL JUICIO DE AMPARO.� (se transcribe). En consecuencia, pese a lo sustentado por el Juez de amparo, no puede desligarse del acto reclamado �derecho de alumbrado p�blico�, si no se analiza que va expl�cita la amenaza de suspender el suministro de energ�a el�ctrica que como bien se sustenta en la tesis jurisprudencial, esto deviene en una afectaci�n a la esfera jur�dica del gobernado, con independencia de que se haya o no aceptado o no reclamado el consumo de energ�a el�ctrica, sin que sea �bice a lo anterior, la afirmaci�n hecha por parte del Juez Federal de que la Comisi�n Federal de Electricidad se circunscribe a recaudar los derechos que se�ala la ley para su posterior entero a las oficinas hacendarias respectivas (municipales), puesto que lo relevante es la amenaza de corte de suministro el�ctrico como un acto de autoridad para efectos del amparo. Sirve de apoyo a lo anteriormente expuesto, la tesis 2a. II/2000, sustentada por la Segunda Sala de nuestro m�s Alto Tribunal, publicada en el Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, Tomo XI, correspondiente al mes de enero de 2000, visible en la p�gina 76, la cual es de observancia y aplicaci�n obligatoria, en los t�rminos de lo previsto en el art�culo 192 de la Ley de Amparo, y que a la letra dice: �AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO ES LA COMISI�N FEDERAL DE ELECTRICIDAD CUANDO APERCIBE DE REALIZAR O REALIZA EL CORTE DE SUMINISTRO DE ENERG�A EL�CTRICA.� (se transcribe). Por tanto y contrario a lo sustentado por el J. a quo, en el sentido de que el juicio de amparo es improcedente contra leyes que por su sola vigencia no causen perjuicio al quejoso, en el caso ya ha trascendido a la esfera jur�dica del quejoso, hoy recurrente, mediante el acto posterior de aplicaci�n y que se aprecia en el recibo-factura. Por otra parte, resulta insustancial el que el J. a quo refiera que la propia quejosa en sus antecedentes expresa que no pag� el recibo de energ�a el�ctrica al considerar que si lo hac�a consentir�a el acto reclamado, puesto que, lo que s� es claro y preciso, es que se impugna por inconstitucional el cobro del derecho por alumbrado p�blico, y en todo caso, aun en el caso de haber pagado, esto no implica consentimiento alguno si el juicio se instaura dentro del t�rmino que sobre el particular prev� la ley de la materia. En consecuencia, al resultar fundado el agravio materia de estudio y no configurarse los supuestos jur�dicos que expone el Juez para determinar sobre la causal de improcedencia aducida, en consecuencia, no resultan aplicables al caso las causas de improcedencia que derivan de lo previsto en las fracciones VI y XVIII del art�culo 73 de la Ley de Amparo, en relaci�n con el numeral 114, fracci�n I, aplicado en sentido contrario, de la Ley de Amparo, por ende, ha lugar a revocar la resoluci�n que se revisa, y se ordena admitir la demanda de amparo."

QUINTO

Como cuesti�n previa, cabe determinar si la presente contradicci�n de tesis re�ne o no los requisitos para su existencia, conforme a la tesis de jurisprudencia cuyos datos de identificaci�n, rubro y texto, son los siguientes:

Novena

�poca

Instancia: Pleno

Fuente: Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta

Tomo: XIII, abril de 2001

Tesis: P./J. 26/2001

P�gina: 76

CONTRADICCI�N DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA. De conformidad con lo que establecen los art�culos 107, fracci�n XIII, primer p�rrafo, de la Constituci�n Federal y 197-A de la Ley de Amparo, cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n o la Sala que corresponda deben decidir cu�l tesis ha de prevalecer. Ahora bien, se entiende que existen tesis contradictorias cuando concurren los siguientes supuestos: a) que al resolver los negocios jur�dicos se examinen cuestiones jur�dicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jur�dicos discrepantes; b) que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jur�dicas de las sentencias respectivas; y, c) que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos."

En el caso, es necesario atender a lo previsto en los art�culos 107, fracci�n XIII, p�rrafo primero, de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos y 197-A de la Ley de Amparo, que se interpretan en la jurisprudencia antes transcrita, que sirve como marco de referencia para dilucidar si en el presente caso existe o no la contradicci�n de tesis denunciada. Dichos numerales dicen:

Art�culo 107. Todas las controversias de que habla el art�culo 103 se sujetar�n a los procedimientos y formas del orden jur�dico que determine la ley, de acuerdo con las siguientes bases:

...

XIII. Cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, el procurador general de la Rep�blica, los mencionados tribunales o las partes que intervinieron en los juicios en que dichas tesis fueron sustentadas, podr�n denunciar la contradicci�n ante la Suprema Corte de Justicia, a fin de que el Pleno o la Sala respectiva, seg�n corresponda, decidan la tesis que debe prevalecer como jurisprudencia.

Cuando las Salas de la Suprema Corte de Justicia sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo materia de su competencia, cualquiera de esas S., el procurador general de la Rep�blica o las partes que intervinieron en los juicios en que tales tesis hubieran sido sustentadas, podr�n denunciar la contradicci�n ante la Suprema Corte de Justicia, que funcionando en Pleno decidir� cu�l tesis debe prevalecer.

La resoluci�n que pronuncien las Salas o el Pleno de la Suprema Corte en los casos a que se refieren los dos p�rrafos anteriores, s�lo tendr�n el efecto de fijar la jurisprudencia y no afectar� las situaciones jur�dicas concretas derivadas de las sentencias dictadas en los juicios en que hubiese ocurrido la contradicci�n."

Art�culo 197-A. Cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, el procurador general de la Rep�blica, los mencionados tribunales o los Magistrados que los integren, o las partes que intervinieron en los juicios en que tales tesis hubieran sido sustentadas, podr�n denunciar la contradicci�n ante la Suprema Corte de Justicia, la que decidir� cu�l tesis debe prevalecer. El procurador general de la Rep�blica, por s� o por conducto del agente que al efecto designe, podr�, si lo estima pertinente, exponer su parecer dentro del plazo de treinta d�as.

La resoluci�n que se dicte no afectar� las situaciones jur�dicas concretas derivadas de los juicios en los cuales se hubiesen dictado las sentencias contradictorias.

La Suprema Corte deber� dictar la resoluci�n dentro del t�rmino de tres meses y ordenar su publicaci�n y remisi�n en los t�rminos previstos por el art�culo 195."

Como se ve, los preceptos de la Constituci�n Federal y de la Ley de Amparo, as� como el criterio jurisprudencial antes transcritos, refieren a la figura jur�dica de la contradicci�n de tesis como mecanismo para integrar jurisprudencia. Ese mecanismo se activa cuando existen dos o m�s criterios discrepantes, divergentes u opuestos en torno a la interpretaci�n de una misma norma jur�dica o punto concreto de derecho y que por seguridad jur�dica deben uniformarse a trav�s de la resoluci�n que proponga la jurisprudencia que debe prevalecer, y dada su generalidad, pueda aplicarse para resolver otros asuntos de id�ntica o similar naturaleza.

En la jurisprudencia aludida, se precisan los requisitos de existencia que debe reunir la contradicci�n de tesis, como son:

  1. Que en las ejecutorias materia de la contradicci�n se examinen cuestiones jur�dicas esencialmente iguales y se adopten criterios discrepantes;

  2. Que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, argumentaciones o razonamientos que sustentan las sentencias respectivas; y,

  3. Que los criterios discrepantes provengan del examen de los mismos elementos.

SEXTO

As� entonces, para decidir sobre la existencia o inexistencia de la contradicci�n de tesis denunciada, debe realizarse un extracto de las consideraciones fundamentales en que se apoyaron los fallos a examen.

Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito.

Amparo en revisi�n 178/2005.

- Se revoca la sentencia recurrida y se sobresee en el juicio de amparo.

Los antecedentes del amparo en revisi�n, son los siguientes:

  1. Textiles Milenio, Sociedad An�nima de Capital Variable, por conducto de su administrador, solicit� el amparo y la protecci�n de la Justicia Federal contra actos del Congreso del Estado de Puebla y otras autoridades, los cuales se hicieron consistir, en esencia, en la Ley de Ingresos del Municipio de Puebla, Puebla, para el ejercicio fiscal de dos mil cinco, en particular, su art�culo 1o., fracci�n II, inciso d), que establece como ingreso de la hacienda p�blica municipal, los derechos por el servicio de alumbrado p�blico, as� como el art�culo 13, fracci�n II, que indica que los derechos por el servicio de alumbrado p�blico se causar�n y pagar�n aplicando al consumo tarifario determinado por la Comisi�n Federal de Electricidad y con la periodicidad que �sta establezca, en un porcentaje del 2.0%, y el cumplimiento y aplicaci�n de la ley en cita.

  2. El Juez S�ptimo de Distrito en el Estado de Puebla, a quien correspondi� el asunto por raz�n de turno, concedi� el amparo solicitado, en lo conducente, en los t�rminos siguientes:

    ... Son fundados los conceptos de violaci�n. El precepto legal que dicha persona moral quejosa impugna de inconstitucional de la Ley de Ingresos para el Municipio del Estado de Puebla, del ejercicio fiscal dos mil cinco, es del siguiente tenor: �Art�culo 13. Los derechos por el servicio de alumbrado p�blico, se causar�n y pagar�n aplicando al consumo tarifario determinado por la Comisi�n Federal de Electricidad y con la periodicidad que �sta establezca, los siguientes porcentajes: I. Usuarios de tarifas 1, 2, 3 y 7, 6.5%. II. Usuarios de tarifas OM, HM, HS, HSL, HT y HTL 2.0%. III. Usuarios de otras tarifas excepto las tarifas 5, 9 y 9M 6.5%.�. De la redacci�n del art�culo transcrito, se aprecia que el mismo, en principio, establece un derecho por la prestaci�n y el uso del servicio p�blico de alumbrado; sin embargo, al determinar su cuant�a se advierte claramente que en realidad est� creando una contribuci�n sobre el consumo de energ�a el�ctrica, pues dicho precepto legal prev� que los derechos por servicio de alumbrado p�blico se paguen aplic�ndose el consumo tarifario establecido por la propia Comisi�n Federal de Electricidad, lo que se traduce en que realmente se est� estableciendo un gravamen sobre dicho consumo, y no en relaci�n con el costo del referido servicio p�blico de alumbrado; raz�n por la que l�gicamente no puede estimarse que la carga tributaria que impone el precepto impugnado constituya una contraprestaci�n por el servicio a que se refiere, toda vez que el cobro del derecho se lleva a cabo en funci�n de las tarifas de consumo de energ�a el�ctrica establecidas por la Comisi�n Federal de Electricidad, sin darse la relaci�n l�gica que debe existir entre el objeto de una contribuci�n y su base, por el contrario, este principio se rompe en el caso de que se trata, pues ninguna relaci�n hay entre lo que se consume de energ�a el�ctrica y la cantidad que debe pagarse por el servicio de alumbrado p�blico; debiendo concluirse que en realidad se trata de una contribuci�n establecida por la Legislatura Local al consumo de fluido el�ctrico, facultad que se encuentra reservada de manera exclusiva al Congreso de la Uni�n, de conformidad con lo dispuesto en el art�culo 73, fracci�n XXIX, inciso V, subinciso a), de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, que precept�a que el Congreso de la Uni�n tiene facultades para establecer contribuciones especiales sobre energ�a el�ctrica, de las que tendr�n participaci�n las entidades federativas en la proporci�n que la ley secundaria federal determine, autorizando a las Legislaturas Locales para que �nicamente fijen el porcentaje que corresponda a los Municipios en los ingresos por concepto de impuesto sobre energ�a el�ctrica. De lo razonado con antelaci�n, v�lidamente se concluye que la Legislatura del Estado de Puebla al expedir el impugnado art�culo 13 de la Ley de Ingresos del Municipio del Estado de Puebla para el ejercicio fiscal de dos mil cinco, invade la esfera de atribuciones que constitucionalmente est� reservada al Congreso de la Uni�n y, por ello, tal precepto es inconstitucional, inconstitucionalidad de la que l�gicamente est�n viciados los actos de aplicaci�n del multicitado art�culo 13, raz�n por la que procede conceder a la sociedad peticionaria de garant�as el amparo y protecci�n de la Justicia Federal."

  3. Inconformes con dicha resoluci�n, las autoridades responsables, Congreso y gobernador, ambos del Estado de Puebla, interpusieron recurso de revisi�n, del que por raz�n de turno correspondi� conocer al Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, bajo el toca n�mero 178/2005.

  4. El Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, por resoluci�n de dos de junio de dos mil cinco, en el expediente relativo al recurso de revisi�n 178/2005, resolvi� que se revoca la sentencia recurrida y se sobresee en el juicio de amparo, conforme a las consideraciones, en lo que interesa, siguientes:

    � Este Tribunal Colegiado de Circuito se ocupar� del estudio omitido en la sentencia recurrida, respecto del art�culo 1o., fracci�n II, inciso d), de la Ley de Ingresos del Municipio de Puebla, Puebla, para el ejercicio fiscal de dos mil cinco.

    � Es cierto el acto reclamado al tesorero municipal del Ayuntamiento de Puebla, P..

    � Se actualiza la causal de improcedencia prevista en el art�culo 73, fracci�n XVIII, en relaci�n con el diverso 11, aplicado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, respecto de los actos reclamados a la Comisi�n Federal de Electricidad, atento a que la emisi�n del aviso-recibo por consumo de energ�a el�ctrica correspondiente al periodo del treinta y uno de diciembre de dos mil cuatro al treinta y uno de enero de dos mil cinco, por cuanto al cobro del derecho de alumbrado p�blico, no puede considerarse como un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, porque con ello la Comisi�n Federal de Electricidad no ejerce facultades de decisi�n, sino que �nicamente funge como un auxiliar de la administraci�n p�blica municipal al aplicar la tasa del dos por ciento por concepto de cobro de derecho del servicio de alumbrado p�blico, aprobada en la Ley de Ingresos del Municipio de Puebla, Puebla, para el ejercicio fiscal de dos mil cinco, sin que en el caso se haya reclamado el consumo por cobro de energ�a el�ctrica y apercibimiento de corte, sino s�lo el derecho de alumbrado p�blico. "Esto es, la funci�n de la Comisi�n Federal de Electricidad se circunscribe a recaudar �los derechos� que se�ala la ley para su posterior entero a las oficinas hacendarias respectivas (municipales), funci�n entendida como un deber impuesto correspondiente a la facultad que la autoridad tiene para mayor control de los impuestos y hacer r�pida y efectiva su recaudaci�n".

    � Se actualiza la causal de improcedencia prevista en el art�culo 73, fracci�n IV, en relaci�n con el art�culo 114, fracci�n I, aplicado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, respecto de los actos reclamados, consistentes, en los art�culos 1o., fracci�n II, inciso d) y 13, fracci�n II, de la Ley de Ingresos del Municipio de Puebla, Puebla, para el ejercicio fiscal de dos mil cinco, atento a tratarse de normas de naturaleza heteroaplicativas, que con su sola vigencia no causan perjuicio a la gobernada, sino que requieren un acto posterior de aplicaci�n para causar perjuicio, y en el caso, "Conforme a los antecedentes de la demanda, la quejosa tuvo conocimiento del derecho cuya constitucionalidad reclama el diez de febrero de dos mil cinco, porque dice que en esa fecha obtuvo el recibo de pago de la Comisi�n Federal de Electricidad, que por lo que respecta al derecho de alumbrado p�blico ya se vio que no es acto de autoridad. Se evidencia de ese recibo que no est� pagado o liquidado, es decir, el derecho de alumbrado p�blico que se estima inconstitucional no ha sido aplicado en perjuicio de la quejosa; en ese sentido, claro resulta que no existe acto de aplicaci�n de los numerales cuestionados en su perjuicio, m�xime que, como se dijo con antelaci�n, no figura como acto reclamado el consumo por cobro de energ�a el�ctrica. Como la ley reclamada se impugna con motivo de su �aplicaci�n� y �ste no est� evidenciado, el estudio de la ley no puede desvincularse del acto de su aplicaci�n, cuando se reclama como heteroaplicativa. Luego, si se sobresey� por insubsistencia de acto de la autoridad que se estima ejecutora, se debe sobreseerse por la ley tambi�n".

    Primer Tribunal Colegiado del D�cimo Octavo Circuito.

    Amparo en revisi�n 109/2006.

    - Se revoca la resoluci�n recurrida y se ordena dar entrada a la demanda de amparo.

    Los antecedentes del amparo en revisi�n, son los siguientes:

  5. C.M., Sociedad An�nima de Capital Variable, por conducto de su apoderado legal, solicit� el amparo y la protecci�n de la Justicia Federal contra actos del Congreso del Estado de Morelos y otras autoridades, los cuales se hicieron consistir, en esencia, en la Ley de Ingresos del Municipio de Jiutepec, M., para el ejercicio fiscal de dos mil seis, en particular, los art�culos 15, concepto 15, 23, p�rrafo segundo, punto 23.1 y 25, comprendidos en el t�tulo tercero "De los derechos", publicada en el Peri�dico Oficial "Tierra y Libertad" del �rgano del gobierno del Estado Libre y Soberano de Morelos de veintiuno de diciembre de dos mil cinco; as� como la Ley General de Hacienda Municipal del Estado de Morelos, en particular, sus art�culos 145 y 146, en relaci�n con el art�culo 140; y el cumplimiento y aplicaci�n de las leyes en cita.

  6. El Juez Quinto de Distrito en el Estado de Morelos, a quien correspondi� el asunto por raz�n de turno, desech� la demanda de amparo de acuerdo con el art�culo 145 de la Ley de Amparo, en lo conducente, en los t�rminos siguientes:

    En relaci�n con el acto reclamado a la Comisi�n Federal de Electricidad, se surte en la especie, la causal de improcedencia que prev� la fracci�n XVIII del art�culo 73 de la Ley de Amparo, en relaci�n con el numeral 11, aplicado a contrario sensu. La quejosa reclama de la Comisi�n Federal de Electricidad la aplicaci�n de la Ley de Ingresos del Municipio de Jiutepec, M., para el ejercicio fiscal de dos mil seis, en concreto de los art�culos 15, concepto 15, 23, segundo p�rrafo, punto 23.1, y en la secci�n tercera por el servicio de alumbrado p�blico, art�culo 25, para el ejercicio fiscal de dos mil seis, y 145 y 146 de la Ley General de Hacienda Municipal del Estado de Morelos. Empero, si bien la quejosa aport� como prueba el aviso-recibo por consumo de energ�a el�ctrica correspondiente al periodo del treinta y uno de diciembre de dos mil cinco al treinta y uno de enero de dos mil seis, lo cierto es que la emisi�n de dicho recibo por cuanto al cobro del derecho de alumbrado p�blico no puede considerarse un acto de autoridad para los efectos del amparo, porque con ello la comisi�n no ejerce facultades de decisi�n, sino que �nicamente funge como un auxiliar de la administraci�n p�blica municipal al aplicar la tasa del siete por ciento por concepto de cobro de derecho del servicio de alumbrado p�blico. Tambi�n es importante mencionar que la quejosa al cumplir con la prevenci�n que le hizo este juzgado, expres� que no es materia de an�lisis de este juicio de control constitucional lo relativo al consumo por cobro de energ�a el�ctrica y apercibimiento de corte. Lo que �nicamente constituye como acto reclamado es el derecho de alumbrado p�blico, no el consumo particular. Esto es, la funci�n de la Comisi�n Federal de Electricidad se circunscribe a recaudar los derechos que se�ala la ley para su posterior entero a las oficinas hacendarias respectivas (municipales), funci�n entendida como un deber impuesto correspondiente a la facultad que la autoridad tiene para mayor control de los impuestos y hacer r�pida y efectiva su recaudaci�n ... Ahora bien, tambi�n este �rgano jurisdiccional encuentra motivos manifiestos e indudables para desechar la demanda en relaci�n con los actos que la quejosa reclama del Congreso del Estado Libre y Soberano de Morelos, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Morelos, secretario de Gobierno del Estado, los anteriores con residencia en esta ciudad; y presidente municipal del Ayuntamiento del Municipio de Jiutepec, Morelos, consistentes en el proceso legislativo que culmin� en la aprobaci�n de la Ley de Ingresos del Municipio de Jiutepec, M., para el ejercicio fiscal de dos mil seis, en concreto, el art�culo 15, concepto 15, 23, segundo p�rrafo, punto 23.1 y en la secci�n tercera por el servicio de alumbrado p�blico, art�culo 25, para el ejercicio fiscal de dos mil seis, y 145 y 146 de la Ley General de Hacienda Municipal del Estado de Morelos. Lo anterior es as�, porque se surte, en la especie, la causa de improcedencia que deriva de lo previsto en la fracci�n VI del art�culo 73 de la Ley de Amparo, en relaci�n con el numeral 114, fracci�n I, aplicado en sentido contrario, de la Ley de Amparo. El primero de los numerales citados establece que el juicio de amparo es improcedente contra leyes que por su sola vigencia no causen perjuicio al quejoso, sino que es necesario un acto posterior de aplicaci�n para que se origine tal perjuicio. Por su parte, el segundo de los dispositivos prev�, en lo que interesa, que el amparo se pedir� ante el Juez de Distrito contra leyes locales cuando con motivo de su primer acto de aplicaci�n causen perjuicio al quejoso. La peticionaria de garant�as se�ala como actos reclamados, en concreto, los art�culos 15, concepto 15, 23, segundo p�rrafo, punto 23.1, y en la secci�n tercera por el servicio de alumbrado p�blico, el art�culo 25, para el ejercicio fiscal de dos mil seis, y 145 y 146 de la Ley General de Hacienda Municipal del Estado de Morelos. En espec�fico, cuestiona su constitucionalidad por el establecimiento del derecho de alumbrado p�blico, para lo cual aduce que la Legislatura Estatal invade la esfera competencial de la Federaci�n, en tanto que para obtener tal derecho se toma como par�metro el consumo de fluido el�ctrico, y en el entendido, adem�s, que el monto por pagar lo refleja el recibo de energ�a expedido por la Comisi�n Federal de Electricidad. Los numerales cuestionados dicen lo siguiente: Ley de Ingresos del Municipio de Jiutepec, M.. �Art�culo 15. Los derechos correspondientes a los servicios p�blicos de mantenimiento de drenaje, alumbrado p�blico y recolecci�n de basura, se causar�n y liquidar�n conforme a los siguientes: Concepto. ... 15. Por los servicios de drenaje, alumbrado p�blico y recolecci�n de basura.�. �Art�culo 23. ... T.�ndose de contribuciones especiales para mantenimiento de alumbrado p�blico se pagar�n de acuerdo a lo siguiente: ... 23.1 Mantenimiento de alumbrado p�blico en la v�a p�blica reparaci�n y/o cambio de luminarias 50% del costo equipado o material utilizado.�. �Art�culo 25. Los derechos por la prestaci�n del servicio de alumbrado p�blico se causar�n conforme a las disposiciones establecidas en las leyes.�. Ley General de Hacienda Municipal del Estado de Morelos. �Art�culo 145. La cuota de derecho por el alumbrado p�blico ser� igual al 10% sobre el consumo de energ�a el�ctrica en las tarifas 1, 1a., 2 y 3 y; al 7% sobre el consumo de energ�a el�ctrica en las tarifas 8 y 12. I. Son sujetos del pago del derecho que se establece, los consumidores de energ�a el�ctrica en las tarifas 1, 1a., 2, 3, 8 y 12 aprobadas por la Comisi�n de Tarifas de Electricidad y Gas dependientes de la Secretar�a de Comercio y Fomento Industrial por acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federaci�n el d�a 15 de noviembre de 1976 y ajustadas por acuerdo publicado el d�a 30 de julio de 1978; en el mismo Diario Oficial de la Federaci�n. II. El derecho para alumbrado p�blico ser� recaudado a trav�s de las empresas administradoras de energ�a el�ctrica mediante el cargo correspondiente que se deber� hacer en las facturaciones que las mismas formulen a sus consumidores sujetos a este derecho. III. Las empresas suministradoras de energ�a el�ctrica deber�n aplicar el monto de sus derechos que recauden en la forma siguiente: a) Para cubrir el importe de la energ�a para alumbrado p�blico suministrado a los Municipios, as� como los gastos relativos a la ampliaci�n, mantenimiento y reposici�n de dichos servicios. b) Para amortizar, en su caso, los adeudos que los Municipios tengan por el mismo concepto con las citadas empresas suministradoras de energ�a el�ctrica. IV. El mantenimiento, ampliaci�n y reposici�n de unidades mercuriales fluorescentes y vapor de sodio, ser� �nica y exclusivamente por cuenta de los Ayuntamientos de los Municipios en donde exista ese sistema. V. Las empresas suministradoras de energ�a el�ctrica deber�n rendir a la Secretar�a de Hacienda del Estado, los informes que �sta le solicite sobre la recaudaci�n y aplicaci�n del derecho establecido en este decreto.�. �Art�culo 146. El pago de derechos establecidos en este cap�tulo se har�n conforme a lo dispuesto en el art�culo 140 de esta ley.�. De inicio, es pertinente destacar que los numerales cuestionados son de naturaleza heteroaplicativa, pues con su sola vigencia no causan perjuicio a la gobernada, sino que requieren un acto posterior de aplicaci�n para causar perjuicio. Al respecto, conviene citar la jurisprudencia 55/97, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, visible en la p�gina cinco del Tomo VI, julio de mil novecientos noventa y siete, de la Novena �poca del Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, que dice: �LEYES AUTOAPLICATIVAS Y HETEROAPLICATIVAS. DISTINCI�N BASADA EN EL CONCEPTO DE INDIVIDUALIZACI�N INCONDICIONADA.� (se transcribe). Conforme a los antecedentes de la demanda, la quejosa tuvo conocimiento del derecho cuya constitucionalidad reclama el tres de febrero de dos mil seis, porque dice que en esa fecha obtuvo el recibo de pago de la Comisi�n Federal de Electricidad, que por lo que respecta al derecho de alumbrado p�blico ya se vio que no es acto de autoridad. Se evidencia de ese recibo que no est� pagado o liquidado, es decir, el derecho de alumbrado p�blico que se estima inconstitucional no ha sido aplicado en perjuicio de la quejosa; en ese sentido, claro resulta que no existe acto de aplicaci�n de los numerales cuestionados en su perjuicio, m�xime que, como se dijo con antelaci�n, no figura como acto reclamado el consumo por cobro de energ�a el�ctrica. M�xime que la propia quejosa, en sus antecedentes, expresa que no pag� el recibo de energ�a el�ctrica al considerar que si lo hac�a consentir�a el acto reclamado. Para mayor nitidez, es pertinente copiar la parte atinente de la demanda de amparo, en la cual la impetrante de amparo expresa: �... si en el aviso-recibo de consumo de energ�a el�ctrica impugnado aparecen los conceptos de cargo por energ�a; cargo por demanda; bonificaci�n factor de potencia; subtotal; IVA (impuesto al valor agregado); facturaci�n del periodo; derecho de alumbrado p�blico 7.00% (siete por ciento); adeudo anterior; su pago; y total, entonces el quejoso est� obligado a pagar todos estos cargos para evitar el corte del servicio de fluido el�ctrico, y en su caso despu�s impugnar el cobro inconstitucional del servicio del fluido el�ctrico, y en su caso, despu�s impugnar el cobro inconstitucional del 7% (siete por ciento) del derecho de alumbrado p�blico, conocido como (DAP), lo que resulta legalmente imposible, porque de conformidad al art�culo 73, fracci�n XII, de la Ley de Amparo vigente, no procede esta instancia legal contra acto consentido ...�. Como se ve, queda claro que la peticionaria de amparo omiti� enterar el derecho de alumbrado p�blico al considerar que si lo hac�a consentir�a el acto reclamado, por lo que es indudable que no le han sido aplicadas -a la fecha de la presentaci�n de la demanda- las normas de car�cter general que tilda de inconstitucionales. Como la ley reclamada se impugna con motivo de su aplicaci�n y �ste no est� evidenciado, el estudio de la ley no puede desvincularse del acto de su aplicaci�n, cuando se reclama como heteroaplicativa. Luego, si se desech� la demanda por insubsistencia del acto de la autoridad que se estima ejecutora, se debe desechar por la ley tambi�n. Es aplicable, por identidad de raz�n, la jurisprudencia que sostuvo el entonces Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, visible en la p�gina doscientos diez del Tomo I, Materia Constitucional, del Ap�ndice al Semanario Judicial de la Federaci�n 1917-1995, que dice: �LEYES O REGLAMENTOS, AMPARO CONTRA, PROMOVIDO CON MOTIVO DE SU APLICACI�N.� (se transcribe). En ese orden de ideas, lo que procede es desechar la demanda en relaci�n con los actos que la quejosa reclama del Congreso y gobernador del Estado de Morelos, secretario de G.�n, con residencia en esta ciudad, y presidente municipal de Jiutepec, Morelos, consistentes en el proceso legislativo que culmin� en la aprobaci�n de las normas de car�cter general en menci�n."

  7. Inconforme con dicha resoluci�n, la quejosa C.M., Sociedad An�nima de Capital Variable, interpuso recurso de revisi�n, del que por raz�n de turno correspondi� conocer al Primer Tribunal Colegiado del D�cimo Octavo Circuito, bajo el toca n�mero 109/2006.

  8. El Primer Tribunal Colegiado del D�cimo Octavo Circuito, por resoluci�n de treinta de marzo de dos mil seis, en el expediente relativo al recurso de revisi�n 109/2006, resolvi� que se revoca la resoluci�n recurrida y se ordena dar entrada a la demanda de amparo, conforme a las consideraciones, en lo que interesa, siguientes:

    � No se actualiza la causal de improcedencia invocada por el Juez de Distrito para desechar la demanda de garant�as, en virtud de que con motivo de que la Comisi�n Federal de Electricidad hizo del conocimiento de la quejosa el aviso-recibo en el cual, entre otros conceptos, determin� la obligaci�n del pago de los derechos por alumbrado p�blico -lo cual impugn� v�a constitucional y la Ley de Ingresos del Municipio de Jiutepec, Morelos (cobro de derechos por alumbrado p�blico)-, resulta ser una raz�n suficiente para inferir que se trata de un acto de aplicaci�n que afecta a la esfera jur�dica del gobernado, con independencia de que se haya o no aceptado o no reclamado el consumo de energ�a el�ctrica, "sin que sea �bice a lo anterior, la afirmaci�n hecha por parte del Juez Federal de que la Comisi�n Federal de Electricidad se circunscribe a recaudar los derechos que se�ala la ley para su posterior entero a las oficinas hacendarias respectivas (municipales), puesto que lo relevante es la amenaza de corte de suministro el�ctrico como un acto de autoridad para efectos del amparo".

    � "Por otra parte, resulta insustancial el que el J. a quo refiera que la propia quejosa en sus antecedentes expresa que no pag� el recibo de energ�a el�ctrica al considerar que si lo hac�a consentir�a el acto reclamado, puesto que, lo que s� es claro y preciso, es que se impugna por inconstitucional el cobro del derecho por alumbrado p�blico, y en todo caso, aun en el caso de haber pagado, esto no implica consentimiento alguno, si el juicio se instaura dentro del t�rmino que sobre el particular prev� la ley de la materia. En consecuencia, al resultar fundado el agravio materia de estudio y no configurarse los supuestos jur�dicos que expone el Juez para determinar sobre la causal de improcedencia aducida, en consecuencia, no resultan aplicables al caso las causas de improcedencia que derivan de lo previsto en las fracciones VI y XVIII del art�culo 73 de la Ley de Amparo, en relaci�n con el numeral 114, fracci�n I, aplicado en sentido contrario, de la Ley de Amparo, por ende, ha lugar a revocar la resoluci�n que se revisa y se ordena admitir la demanda de amparo."

S�PTIMO

Del an�lisis de las ejecutorias objeto de estudio, se advierte que s� existe la contradicci�n de tesis denunciada.

En efecto, los mencionados Tribunales Colegiados de Circuito se pronunciaron sobre los mismos temas, a precisar:

� Si la Comisi�n Federal de Electricidad, mediante la emisi�n del aviso-recibo, relativo al pago de derechos de alumbrado p�blico, act�a como autoridad para efectos del juicio de amparo, o bien, s�lo como auxiliar de la administraci�n municipal correspondiente.

� Si con el pago del derecho de alumbrado p�blico correspondiente se actualiza el acto concreto de aplicaci�n de las normas que lo contemplan, o bien, no es necesario su pago para que exista el acto de aplicaci�n relativo.

Asimismo, los Tribunales Colegiados de Circuito partieron de la existencia y examen de los mismos elementos, como lo son, la expedici�n de cierta Ley de Ingresos Municipal, en la cual se establecen como ingresos de la hacienda p�blica, el pago de derechos por el servicio de alumbrado p�blico, aplicando para su cuantificaci�n determinado porcentaje respecto del consumo de energ�a el�ctrica, el cual ser� determinado y recaudado por la Comisi�n Federal de Electricidad.

Luego que a pesar de que los Tribunales Colegiados de Circuito examinaron el mismo t�pico jur�dico arribaron a conclusiones divergentes, pues mientras el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito establece, en lo conducente, que la Comisi�n Federal de Electricidad, mediante la emisi�n del aviso-recibo, relativo al pago de derechos de alumbrado p�blico, no act�a como autoridad para efectos del juicio del amparo, sino s�lo como auxiliar de la administraci�n p�blica municipal correspondiente y, en su caso, la falta de pago del tributo denota ausencia del acto concreto de aplicaci�n de las normas que lo contemplan. En cambio, el Primer Tribunal Colegiado del D�cimo Octavo Circuito determin� que s� tiene el car�cter de autoridad para efectos del juicio de amparo, la Comisi�n Federal de Electricidad en cuanto emite el aviso-recibo, relativo al pago de derechos de alumbrado p�blico y, en su caso, s� existe acto concreto de aplicaci�n, aunque a la fecha de presentaci�n de la demanda de garant�as no se hayan pagado los derechos correspondientes.

En esos t�rminos, se encuentra configurada la contradicci�n de tesis denunciada.

OCTAVO

Deben prevalecer con car�cter de jurisprudencias las tesis que sustenta esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n.

La presente contradicci�n de tesis, tiene por objeto determinar:

� Si la Comisi�n Federal de Electricidad mediante la emisi�n del aviso-recibo, relativo al pago de derechos de alumbrado p�blico, act�a como autoridad para efectos del juicio de amparo, o bien, s�lo como auxiliar de la administraci�n municipal correspondiente.

� Si con el pago del derecho de alumbrado p�blico correspondiente, se actualiza el acto concreto de aplicaci�n de las normas que lo contemplan, o bien, no es necesario su pago para que exista el acto de aplicaci�n relativo.

Para resolver el primer punto, conviene precisar cu�ndo se est� en presencia de un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, para lo cual debe tomarse en cuenta lo considerado en los diversos precedentes que sobre tal t�pico jur�dico ha resuelto la actual integraci�n de este Alto Tribunal.

En ese tenor, esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, al resolver la contradicci�n de tesis 71/98, fallada el diecinueve de febrero de mil novecientos noventa y nueve, en relaci�n con el concepto de autoridad para efectos de procedencia del juicio de amparo consider�, en lo conducente, lo siguiente:

De lo reproducido precedentemente se desprende que la actual integraci�n de esta Suprema Corte estima que se trata de una autoridad para efectos del amparo la que emite actos unilaterales a trav�s de los cuales crea, modifica o extingue por s� o ante s�, situaciones jur�dicas que afectan la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los �rganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Esto es, autoridad es la que ejerce facultades decisorias que les est�n atribuidas en la ley y que por ende constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza p�blica la fuente de tal potestad, abandonando el criterio tradicional de disponibilidad de la fuerza p�blica como distintivo del concepto que se analiza. Aunado a lo anteriormente expuesto, esta S. estima que el concepto de autoridad responsable est� dado, en primer lugar, por exclusi�n de los actos de particulares, tal como se expuso al principio del presente considerando. En efecto, la naturaleza, antecedentes y evoluci�n del juicio de amparo apuntan a sostener que �ste es improcedente contra actos de particulares, de lo que se sigue, haciendo una interpretaci�n en sentido contrario, que para analizar la procedencia del juicio debe atenderse a que si el acto reclamado no es de particulares, el juicio ser� procedente. Lo expuesto anteriormente revela que debe atenderse a la clasificaci�n que la teor�a general del derecho hace de las relaciones jur�dicas de coordinaci�n, supra a subordinaci�n y supraordinaci�n. Las primeras corresponden a las entabladas entre particulares y para dirimir sus controversias se crean en la legislaci�n los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas, dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil y laboral. La nota distintiva de este tipo de relaciones es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jur�dicas establecidas por ellas o contemplada por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinaci�n. Las relaciones de supra a subordinaci�n son las que se entablan entre gobernantes y gobernados y se regulan por el derecho p�blico que tambi�n establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuaci�n de los �rganos del Estado, entre ellos destaca el contencioso administrativo y los mecanismos de defensa de los derechos humanos. Este tipo de relaciones se caracterizan por la unilateralidad y, por ello, la Constituci�n establece una serie de garant�as individuales como limitaciones al actuar de gobernante, ya que el �rgano del Estado impone su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. Finalmente, las relaciones de supraordinaci�n son las que se establecen entre los �rganos del propio Estado. Para definir el concepto de autoridad responsable cabe analizar si la relaci�n jur�dica que se somete a la decisi�n de los �rganos jurisdiccionales de amparo se ubica dentro de las denominadas de supra a subordinaci�n, debe partirse del supuesto de que el promovente debe tener el car�cter de gobernado, para lo cual resulta en la pr�ctica m�s sencillo analizar, en primer lugar, si se trata de una relaci�n de coordinaci�n, la que por su propia naturaleza debe tener un procedimiento claramente establecido para ventilar cualquier controversia que se suscite, por ejemplo un juicio civil, mercantil o laboral. De no contemplarse este procedimiento, y siendo el promovente un gobernado, debe llegarse a la conclusi�n de que se trata de una relaci�n de supra a subordinaci�n, existiendo entonces una autoridad responsable."

Con base en las anteriores consideraciones, esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, estableci� la tesis cuyos datos de identificaci�n, rubro y texto, son los siguientes:

Novena �poca

Instancia: Segunda Sala

Fuente: Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta

Tomo: IX, marzo de 1999

Tesis: 2a. XXXVI/99

P�gina: 307

AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. TIENE ESE CAR�CTER UN �RGANO DEL ESTADO QUE AFECTA LA ESFERA JUR�DICA DEL GOBERNADO EN RELACIONES JUR�DICAS QUE NO SE ENTABLAN ENTRE PARTICULARES. La teor�a general del derecho distingue entre relaciones jur�dicas de coordinaci�n, entabladas entre particulares en materias de derecho civil, mercantil o laboral, requiriendo de la intervenci�n de un tribunal ordinario con dichas competencias para dirimir las controversias que se susciten entre las partes; de subordinaci�n, entabladas entre gobernantes y gobernados en materias de derecho p�blico, donde la voluntad del gobernante se impone directamente y de manera unilateral sin necesidad de la actuaci�n de un tribunal, existiendo como l�mite a su actuaci�n las garant�as individuales consagradas en la Constituci�n y las de supraordinaci�n que se entablan entre �rganos del Estado. Los par�metros se�alados resultan �tiles para distinguir a una autoridad para efectos del amparo ya que, en primer lugar, no debe tratarse de un particular, sino de un �rgano del Estado que unilateralmente impone su voluntad en relaciones de supra o subordinaci�n, regidas por el derecho p�blico, afectando la esfera jur�dica del gobernado."

Asimismo, esta Segunda Sala, al resolver la contradicci�n de tesis 76/99, fallada el veintiocho de septiembre de dos mil uno, precis� como notas que distinguen a una autoridad para los efectos del juicio de amparo, las siguientes:

  1. La existencia de un �rgano del Estado que establece una relaci�n de supra a subordinaci�n con un particular.

  2. Que esa relaci�n tiene su nacimiento en la ley, por lo que dota al �rgano del Estado de una facultad administrativa cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza p�blica la fuente de tal potestad.

  3. Que con motivo de esa relaci�n emite actos unilaterales a trav�s de los cuales crea, modifica o extingue por s� o ante s�, situaciones jur�dicas que afectan la esfera legal del particular.

  4. Que para emitir esos actos no requiere de acudir a los �rganos judiciales ni precisa del consenso de la voluntad del afectado.

    Las consideraciones anteriores, dieron lugar a la tesis cuyos datos de identificaci�n, rubro y texto, son los siguientes:

    Novena �poca

    Instancia: Segunda Sala

    Fuente: Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta

    Tomo: XIV, noviembre de 2001

    Tesis: 2a. CCIV/2001

    P�gina: 39

    AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del amparo son las siguientes: a) la existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relaci�n de supra a subordinaci�n con un particular; b) que esa relaci�n tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza p�blica la fuente de esa potestad; c) que con motivo de esa relaci�n emita actos unilaterales a trav�s de los cuales cree, modifique o extinga por s� o ante s�, situaciones jur�dicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) que para emitir esos actos no requiera de acudir a los �rganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado."

    Ahora bien, cuando en la Ley de Ingresos Municipal se establece como ingresos de la hacienda p�blica el pago de derechos por el servicio de alumbrado p�blico, aplicando para su cuantificaci�n determinado porcentaje respecto del consumo de energ�a el�ctrica, el cual ser� determinado y recaudado por la Comisi�n Federal de Electricidad, esto es, que con base en el consumo de energ�a el�ctrica establecido por la Comisi�n Federal de Electricidad ser� la cantidad que resulte como pago de derechos de alumbrado p�blico (aplicando el porcentaje que establezca la ley al respecto), la cual ser� incluida en el aviso-recibo que emita la propia Comisi�n Federal de Electricidad al respecto.

    As�, es pertinente precisar que el art�culo 115, fracciones III, inciso a) y IV, inciso c), de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, establece lo siguiente:

    Art�culo 115. Los Estados adoptar�n, para su r�gimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, popular, teniendo como base de su divisi�n territorial y de su organizaci�n pol�tica y administrativa, el Municipio Libre, conforme a las bases siguientes:

    ...

    III. Los Municipios tendr�n a su cargo las funciones y servicios p�blicos siguientes:

    ...

  5. Alumbrado p�blico.

    ...

    IV. Los Municipios administrar�n libremente su hacienda, la cual se formar� de los rendimientos de los bienes que les pertenezcan, as� como de las contribuciones y otros ingresos que las legislaturas establezcan a su favor, y en todo caso:

    ...

  6. Los ingresos derivados de la prestaci�n de servicios p�blicos a su cargo."

    De lo que se advierte que los Municipios tendr�n a su cargo determinados servicios p�blicos, entre otros, el alumbrado p�blico; en tanto que los ingresos derivados de la prestaci�n de los servicios p�blicos, como lo es el alumbrado p�blico, formar�n parte de la hacienda p�blica municipal, en los t�rminos que establezca la Legislatura Local correspondiente.

    Por su parte, los art�culos 1o., 2o., 4o., 5o., 7o., 8o., 9o., fracciones I y VII, 25, 30, 31, 32, 33, 34 y 35 de la Ley del Servicio P�blico de Energ�a El�ctrica, por su orden, establecen lo siguiente:

    Art�culo 1o. Corresponde exclusivamente a la naci�n, generar, conducir, transformar, distribuir y abastecer energ�a el�ctrica que tenga por objeto la prestaci�n de servicio p�blico, en los t�rminos del art�culo 27 constitucional. En esta materia no se otorgar�n concesiones a los particulares y la Naci�n aprovechar�, a trav�s de la Comisi�n Federal de Electricidad, los bienes y recursos naturales que se requieran para dichos fines."

    Art�culo 2o. Todos los actos relacionados con el servicio p�blico de energ�a el�ctrica son de orden p�blico."

    Art�culo 4o. Para los efectos de esta ley, la prestaci�n del servicio p�blico de energ�a el�ctrica comprende:

    I. La planeaci�n del sistema el�ctrico nacional;

    II. La generaci�n, conducci�n, transformaci�n, distribuci�n y venta de energ�a el�ctrica, y;

    III. La realizaci�n de todas las obras, instalaciones y trabajos que requieran la planeaci�n, ejecuci�n, operaci�n y mantenimiento del sistema el�ctrico nacional."

    Art�culo 5o. La Secretar�a de Energ�a, Minas e Industria Paraestatal dictar�, conforme a la pol�tica nacional de energ�ticos, las disposiciones relativas al servicio p�blico de energ�a el�ctrica, que deber�n ser cumplidas y observadas por la Comisi�n Federal de Electricidad y por todas las personas f�sicas o morales que concurran al proceso productivo."

    Art�culo 7o. La prestaci�n del servicio p�blico de energ�a el�ctrica que corresponde a la naci�n, estar� a cargo de la Comisi�n Federal de Electricidad, la cual asumir� la responsabilidad de realizar todas las actividades a que se refiere el art�culo 4o."

    Art�culo 8o. La Comisi�n Federal de Electricidad es un organismo p�blico descentralizado con personalidad jur�dica y patrimonio propio."

    Art�culo 9o. La Comisi�n Federal de Electricidad tiene por objeto:

    I. Prestar el servicio p�blico de energ�a el�ctrica en los t�rminos del art�culo 4o. y conforme a lo dispuesto en el art�culo 5o;

    ...

    VII. Celebrar convenios o contratos con los gobiernos de las entidades federativas y de los Municipios o con entidades p�blicas y privadas o personas f�sicas, para la realizaci�n de actos relacionados con la prestaci�n del servicio p�blico de energ�a el�ctrica."

    Art�culo 25. La Comisi�n Federal de Electricidad deber� suministrar energ�a el�ctrica a todo el que lo solicite, salvo que exista impedimento t�cnico o razones econ�micas para hacerlo, sin establecer preferencia alguna dentro de cada clasificaci�n tarifaria.

    El reglamento fijar� los requisitos que debe cumplir el solicitante del servicio, y se�alar� los plazos para celebrar el contrato y efectuar la conexi�n de los servicios por parte de la comisi�n."

    Art�culo 30. La venta de energ�a el�ctrica se regir� por las tarifas que apruebe la Secretar�a de Hacienda y Cr�dito P�blico.

    Las condiciones de la prestaci�n de los servicios que deban consignarse en los contratos de suministro y de los modelos de �stos, ser�n aprobados por la Secretar�a de Comercio y Fomento Industrial, oyendo a la de Energ�a, Minas e Industria Paraestatal. Dichas formas de contrato se publicar�n en el Diario Oficial de la Federaci�n."

    Art�culo 31. La Secretar�a de Hacienda y Cr�dito P�blico, con la participaci�n de las Secretar�as de Energ�a, Minas e Industria Paraestatal y de Comercio y Fomento Industrial y a propuesta de la Comisi�n Federal de Electricidad, fijar� las tarifas, su ajuste o reestructuraci�n, de manera que tienda a cubrir las necesidades financieras y las de ampliaci�n del servicio p�blico, y el racional consumo de energ�a.

    Asimismo, y a trav�s del procedimiento se�alado, la Secretar�a de Hacienda y Cr�dito P�blico podr� fijar tarifas especiales en horas de demanda m�xima, demanda m�nima o una combinaci�n de ambas."

    Art�culo 32. El ajuste, modificaci�n y reestructuraci�n de las tarifas, implicar� la modificaci�n autom�tica de los contratos de suministro que se hubieren celebrado.

    En ning�n caso ser�n aplicables las tarifas, mientras no sean publicadas en el Diario Oficial de la Federaci�n y cuando menos en dos peri�dicos diarios de circulaci�n nacional."

    Art�culo 33. Los usuarios del servicio p�blico de energ�a el�ctrica garantizar�n las obligaciones que contraigan en los contratos de suministro que celebren, mediante dep�sitos cuyo importe se determinar� con las reglas complementarias de las tarifas respectivas. Dichos dep�sitos deber�n constituirse y conservarse en la Comisi�n Federal de Electricidad.

    La Comisi�n Federal de Electricidad podr� aceptar garant�as distintas de los dep�sitos, en los casos de notoria solvencia econ�mica del usuario, acreditada y previa solicitud expresa del mismo."

    Art�culo 34. El contrato de suministro de energ�a el�ctrica termina:

    I. Por voluntad del usuario;

    II. Por cambio de giro o caracter�sticas del mismo que impliquen la aplicaci�n de tarifa diversa;

    III. Por cambio de propietario o arrendatario del inmueble, industria o comercio, en el caso de que sean usuarios; y

    IV. Por falta de pago del adeudo que requiere suspensi�n, dentro de los siguientes quince d�as naturales a la fecha en que se efectu� dicha suspensi�n."

    Art�culo 35. Terminado el contrato de suministro, la Comisi�n Federal de Electricidad tendr� derecho a aplicar a su favor el importe de la garant�a, en la proporci�n correspondiente. El saldo, en su caso, deber� ponerlo a disposici�n del usuario."

    De lo que se advierte que:

    � Es actividad exclusiva del Estado, generar, conducir, transformar, distribuir y abastecer energ�a el�ctrica que tenga por objeto la prestaci�n del servicio p�blico, cuyos actos son de orden p�blico.

    � La prestaci�n de tal servicio p�blico se realiza, exclusivamente, a trav�s de la Comisi�n Federal de Electricidad, la cual es un organismo p�blico descentralizado con personalidad jur�dica y patrimonio propios.

    � La prestaci�n del servicio p�blico de energ�a el�ctrica, es proporcionado a quien lo solicite a trav�s de la celebraci�n del contrato respectivo, cuyos formatos deben ser aprobados por la Secretar�a de Comercio y Fomento Industrial, oyendo a la de Energ�a, Minas e Industria Paraestatal.

    � La Comisi�n Federal de Electricidad tiene por objeto, entre otros, el de celebrar convenios o contratos con los gobiernos de las entidades federativas y de los Municipios o con entidades p�blicas y privadas o personas f�sicas, para la realizaci�n de actos relacionados con la prestaci�n del servicio p�blico de energ�a el�ctrica.

    � La Secretar�a de Hacienda y Cr�dito P�blico, con la participaci�n de las Secretar�as de Energ�a, Minas e Industria Paraestatal y de Comercio y Fomento Industrial, a propuesta de la Comisi�n Federal de Electricidad, fijar� las tarifas, su ajuste o reestructuraci�n.

    � Las causas por las que debe suspenderse el suministro de energ�a el�ctrica y aquellas que determinan la conclusi�n del contrato correspondiente son, entre otras, por voluntad propia del usuario.

    La naturaleza jur�dica del servicio de suministro de energ�a el�ctrica prestado por la Comisi�n Federal de Electricidad, deriva del art�culo 27, p�rrafo sexto, de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, de cuya interpretaci�n integral y sistem�tica, en relaci�n con los preceptos legales antes examinados, se establece que la generaci�n, conducci�n, transformaci�n, distribuci�n y abastecimiento de energ�a el�ctrica corresponde, en forma exclusiva, al Estado que, a trav�s de la Comisi�n Federal de Electricidad, en su car�cter de organismo p�blico descentralizado, presta el servicio de suministro de energ�a el�ctrica a quien lo solicite y que a trav�s de las tarifas que fije la Secretar�a de Hacienda y Cr�dito P�blico, con la participaci�n de las Secretar�as de Energ�a, Minas e Industria Paraestatal y de Comercio y Fomento Industrial, a propuesta de la propia Comisi�n Federal de Electricidad, se cubrir�n las necesidades financieras y de ampliaci�n del servicio p�blico de que se trata, as� como el racional consumo de dicha energ�a. Teniendo la Comisi�n Federal de Electricidad como objeto, entre otros, el de celebrar convenios con los Municipios, para la realizaci�n de actos relacionados con la prestaci�n del servicio p�blico de energ�a el�ctrica.

    En este orden de ideas, conviene reiterar que, en el caso particular, se est� ante la expedici�n de cierta Ley de Ingresos Municipal, en la cual se establecen como ingresos de la hacienda p�blica, el pago de derechos por el servicio de alumbrado p�blico, aplicando para su cuantificaci�n determinado porcentaje respecto del consumo de energ�a el�ctrica, el cual ser� determinado y recaudado por la Comisi�n Federal de Electricidad, esto es, que con base en el consumo de energ�a el�ctrica establecido por la Comisi�n Federal de Electricidad, ser� la cantidad que resulte como pago de derechos de alumbrado p�blico (aplicando el porcentaje que establezca la ley al respecto), la cual ser� incluida en el aviso-recibo que emita la propia Comisi�n Federal de Electricidad al respecto.

    Es decir, que la Comisi�n Federal de Electricidad tendr� la facultad de determinar y recaudar el pago de los derechos municipales de alumbrado p�blico, si en el caso as� se hubiera establecido en el convenio o contrato celebrado entre el Ayuntamiento y el propio organismo p�blico descentralizado, en t�rminos del art�culo 9o. de la Ley del Servicio P�blico de Energ�a El�ctrica.

    Debiendo quedar precisado que en la Ley del Servicio P�blico de Energ�a El�ctrica, no se se�ala que la Comisi�n Federal de Electricidad tenga la facultad de exigir el cobro de derechos de alumbrado p�blico, sino exclusivamente la de celebrar convenios o contratos con los gobiernos de las entidades federativas y de los Municipios o con entidades p�blicas y privadas o personas f�sicas, para la realizaci�n de actos relacionados con la prestaci�n del servicio p�blico de energ�a el�ctrica; de igual forma, las leyes municipales aplicables en los juicios de amparo que motivaron la presente contradicci�n de tesis, s�lo establecen que la Comisi�n Federal de Electricidad se encargar� de la determinaci�n y recaudaci�n de la contribuci�n referida, pero no el caso que si no se pagara por el particular la contribuci�n relativa, a pesar de haberse determinado su monto en el aviso-recibo, la Comisi�n Federal de Electricidad tenga la facultad de requerir el pago de derechos de alumbrado p�blico, antes bien, prev�n cierto procedimiento administrativo de ejecuci�n.

    Esto es, que el C�digo Fiscal y Presupuestario y la Ley de Ingresos, ambos para el Municipio de Puebla, Estado de Puebla -que el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito analiz�-, disponen:

    C�digo F. y Presupuestario para el Municipio de Puebla.

    Art�culo 240. Es objeto de este derecho, el servicio de alumbrado p�blico que presta el Ayuntamiento en el Municipio."

    Art�culo 242. Es base de este derecho, el importe de los consumos de energ�a el�ctrica que hagan los usuarios a la Comisi�n Federal de Electricidad."

    Art�culo 243. El pago de este derecho, se har� simult�neamente con el del consumo que se realice a la Comisi�n Federal de Electricidad.

    Se faculta al presidente para que, con la intervenci�n del Ejecutivo del Estado, celebre con la Comisi�n Federal de Electricidad los convenios necesarios para establecer el mecanismo de recaudaci�n de este derecho.

    La Comisi�n Federal de Electricidad, retendr� las cantidades que por derecho de alumbrado p�blico paguen los usuarios por sus consumos, en t�rminos del primer p�rrafo y en su caso, si lo establecen los convenios a que refiere el p�rrafo anterior, se aplicar�n las cantidades retenidas al pago del servicio de energ�a y alumbrado p�blico."

    Ley de Ingresos del Municipio de Puebla, para el ejercicio fiscal de 2006.

    Art�culo 13. Los derechos por el servicio de alumbrado p�blico, se causar�n y pagar�n aplicando al consumo tarifario determinado por la Comisi�n Federal de Electricidad y con la periodicidad que �sta establezca, los siguientes porcentajes. ..."

    El enlace de las anteriores disposiciones evidencia que:

    1) El pago del derecho por alumbrado p�blico municipal se hace conjuntamente con el pago de energ�a el�ctrica.

    2) La Comisi�n Federal de Electricidad ser� el organismo que se encargue de la determinaci�n y recaudaci�n de este tributo municipal, si para tal efecto se celebra el convenio respectivo.

    Luego que la Comisi�n Federal de Electricidad se encargue de la determinaci�n y recaudaci�n de la contribuci�n -derechos de alumbrado p�blico-, pero si no se pagara por el particular, a pesar de haberse determinado su monto en el aviso-recibo, el organismo no puede requerir su cobro, como se dijo, en raz�n de que no existe ninguna facultad en ese sentido ni en la Ley del Servicio P�blico de Energ�a El�ctrica ni en la legislaci�n municipal, antes bien, en los art�culos 34, 42, 44, 65 y 219 del C�digo F. y Presupuestario del Municipio de Puebla, se prev� que por la falta de pago de un cr�dito fiscal en la fecha establecida se hace exigible por medio del procedimiento administrativo de ejecuci�n desarrollado por la tesorer�a municipal.

    De igual forma sucede con el Municipio de Jiutepec, Estado de Morelos -analizado por el Primer Tribunal Colegiado del D�cimo Octavo Circuito-, porque la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Morelos, dispone:

    Art�culo 140. Los derechos consignados en este cap�tulo, ser�n cubiertos en forma bimestral. ..."

    Art�culo 144. ...

    I. El derecho para alumbrado p�blico ser� recaudado a trav�s de las empresas administradoras de energ�a el�ctrica mediante el cargo correspondiente que se deber� hacer en las facturaciones que las mismas formulen a sus consumidores sujetos a este derecho. ..."

    Art�culo 208. Son adeudos fiscales municipales que no fueron cubiertos en su oportunidad legal, los que se exigir�n conforme a las bases vigentes en la fecha en que se gener� la obligaci�n."

    Art�culo 209. La falta de pago de los cr�ditos fiscales dentro del t�rmino establecido en esta ley, o por los requerimientos correspondientes, originar� recargos, seg�n se determine en la Ley de Ingresos Municipal de cada ejercicio, por cada mes o fracci�n. ..."

    Art�culo 213. La tesorer�a municipal exigir� y percibir� los ingresos que a continuaci�n se enumeran: ..."

    Art�culo 214. Los gastos que se originen durante el desarrollo del procedimiento administrativo de recuperaci�n de cr�ditos fiscales no cubiertos, de acuerdo con las facultades econ�micas-coactivas que establece esta ley, se cobrar�n de acuerdo a lo establecido en la Ley de Ingresos Municipal vigente. ..."

    De ah� que es de concluirse que cuando la Comisi�n Federal de Electricidad determina y recauda el pago por el concepto de derechos de alumbrado p�blico, aplicando para su cuantificaci�n determinado porcentaje respecto del consumo de energ�a el�ctrica mediante la emisi�n del aviso-recibo correspondiente, no es una autoridad para efectos del juicio de amparo, atento a que no crea, modifica o extingue, unilateralmente, una situaci�n que afecte la esfera legal del particular, sino que act�a en un plano de coordinaci�n, como auxiliar de la administraci�n municipal correspondiente, esto es, cuando de acuerdo al convenio o contrato celebrado por el Ayuntamiento correspondiente y el propio organismo p�blico descentralizado, en t�rminos del art�culo 9o. de la Ley del Servicio P�blico de Energ�a El�ctrica y de acuerdo a las leyes municipales aplicables, no se establezcan a favor de la propia Comisi�n Federal de Electricidad facultades coercitivas para exigir al particular el pago de esos derechos de alumbrado p�blico, sino, antes bien, prevean cierto procedimiento administrativo de ejecuci�n de parte de autoridades municipales.

    Sirven de apoyo, por identidad de razones, las tesis cuyos datos de identificaci�n, rubro y texto, son los siguientes:

    Novena �poca

    Instancia: Segunda Sala

    Fuente: Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta

    Tomo: VI, diciembre de 1997

    Tesis: 2a. CXLVIII/97

    P�gina: 367

    COMISI�N FEDERAL DE ELECTRICIDAD. ACT�A COMO AUXILIAR DE LA ADMINISTRACI�N P�BLICA CUANDO RECAUDA EL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCI�N Y SERVICIOS. Tanto la doctrina, como la legislaci�n positiva mexicana, aceptan la posibilidad de que los particulares funjan como auxiliares de la administraci�n p�blica a fin de recaudar las contribuciones que se�ala la ley. La obligaci�n de retener un impuesto a cargo de compradores y posteriormente su entero a las oficinas hacendarias respectivas, son deberes impuestos a terceros que corresponden a la facultad que el fisco tiene para mayor control de los impuestos y hacer r�pida y efectiva su recaudaci�n; esta facultad se encuentra impl�cita en la fracci�n IV del art�culo 31 constitucional, que al conceder atribuciones a la autoridad para establecer contribuciones, no consigna una relaci�n jur�dica simple en la que el gobernado tenga s�lo la obligaci�n de pagar el tributo y el Estado el derecho correlativo de recaudarlo, sino que de ese precepto se deriva un complejo de derechos, obligaciones y atribuciones, que forman el contenido del derecho tributario, y entre �stas se halla la de imponer medidas eficaces para la recaudaci�n del tributo mediante el se�alamiento de obligaciones a terceros; esta actividad puede catalogarse como una cooperaci�n de los particulares en la realizaci�n de los fines del Estado. En nuestra legislaci�n positiva puede citarse la existencia de diversas intervenciones que desempe�an particulares dentro de la determinaci�n y recaudaci�n de los impuestos, como es el caso de los patrones que retienen el importe del impuesto sobre productos del trabajo a sus empleados; el caso de los notarios p�blicos que tienen la obligaci�n de calcular y vigilar el pago de impuestos por las personas que solicitan su intervenci�n; y otros supuestos en los que los particulares, auxiliares del fisco federal, tambi�n tienen el car�cter de deudores solidarios cuando no retienen los impuestos que deben, o no se cercioran de que se cumplan los requisitos que determinan las leyes fiscales."

    S�ptima �poca

    Instancia: Tercera Sala

    Fuente: Semanario Judicial de la Federaci�n

    Vol�menes: 217-228, Cuarta Parte

    P�gina: 49

    COMISI�N FEDERAL DE ELECTRICIDAD. ACT�A COMO AUXILIAR DE LA ADMINISTRACI�N P�BLICA CUANDO RECAUDA EL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCI�N Y SERVICIOS. Tanto la doctrina, como la legislaci�n positiva mexicana, aceptan la posibilidad de que los particulares funjan como auxiliares de la administraci�n p�blica a fin de recaudar las contribuciones que se�ala la ley. La obligaci�n de retener un impuesto a cargo de compradores y posteriormente su entero a las oficinas hacendarias respectivas, son deberes impuestos a terceros que corresponden a la facultad que el fisco tiene para el m�s eficaz control de los impuestos y hacer r�pida y efectiva su recaudaci�n, esta facultad se encuentra impl�cita en la fracci�n IV del art�culo 31 constitucional, que al conceder atribuciones a la autoridad para establecer contribuciones, no consigna una relaci�n jur�dica simple en la que el gobernado tenga s�lo la obligaci�n de pagar el tributo y el Estado el derecho correlativo de recaudarlo, sino que de ese precepto se deriva un complejo de derechos, obligaciones y atribuciones, que forman el contenido del derecho tributario, y entre �stas se halla la de imponer medidas eficaces para la recaudaci�n del tributo mediante el se�alamiento de obligaciones a terceros. Esta actividad que, como se dijo, encuentra su apoyo en el art�culo 31, fracci�n IV, de la Constituci�n Federal, puede catalogarse como una cooperaci�n o colaboraci�n de los particulares en la realizaci�n de los fines del Estado. En nuestra legislaci�n positiva puede citarse la existencia de diversas intervenciones que desempe�an particulares dentro de la determinaci�n y recaudaci�n de los impuestos, como es el caso de los patrones que retienen el importe del impuesto sobre productos del trabajo a sus empleados; el caso de los notarios p�blicos que tienen la obligaci�n de calcular y vigilar el pago de impuestos por las personas que ante ellos solicitan actos que requieren su intervenci�n, por la fe p�blica que ellos dan; y otros supuestos en los que los particulares, auxiliares del fisco federal, tambi�n tienen el car�cter de deudores solidarios cuando no retienen los impuestos que deben o no se cercioran de que se cumplan los requisitos que determinan las leyes fiscales."

    En esta �ltima ejecutoria, se estableci�:

    Independientemente de lo anterior, tanto la doctrina como la legislaci�n positiva mexicana, aceptan la posibilidad de que los particulares funjan como auxiliares de la administraci�n p�blica a fin de recaudar las contribuciones que se�ala la ley. La obligaci�n de retener un impuesto a cargo de compradores y posteriormente su entero a las oficinas hacendarias respectivas, son deberes impuestos a terceros que corresponden a la facultad que el fisco tiene para el m�s eficaz control de los impuestos y hacer r�pida y efectiva su recaudaci�n, esta facultad se encuentra impl�cita en la fracci�n IV del art�culo 31 constitucional, que al conceder atribuciones a la autoridad para establecer contribuciones, no consigna una relaci�n jur�dica simple en la que el gobernado tenga s�lo la obligaci�n de pagar el tributo y el Estado el derecho correlativo de recaudarlo, sino que de ese precepto se deriva un complejo de derechos, obligaciones y atribuciones, que forman el contenido del derecho tributario, y entre �stas se halla la de imponer medidas eficaces para la recaudaci�n del tributo mediante el se�alamiento de obligaciones a terceros. Esta actividad que, como se dijo, encuentra apoyo en el art�culo 31, fracci�n IV, de la Constituci�n Federal, puede catalogarse como una cooperaci�n o colaboraci�n de los particulares en la realizaci�n de los fines del Estado. En nuestra legislaci�n positiva puede citarse la existencia de diversas intervenciones que desempe�an particulares dentro de la determinaci�n y recaudaci�n de los impuestos, como es el caso de los patrones que retienen el importe del impuesto sobre productos del trabajo a sus empleados; el caso de los notarios p�blicos que tienen la obligaci�n de calcular y vigilar el pago de impuestos por las personas que ante ellos solicitan actos que requieren su intervenci�n, por la fe p�blica que ellos dan; y otros supuestos en los que los particulares, auxiliares del fisco federal, tambi�n tienen el car�cter de deudores solidarios cuando no retienen los impuestos que deben retener o no se cercioran de que se cumplan los requisitos que determinan las leyes fiscales. De lo anteriormente expuesto, se deriva que si la Comisi�n Federal de Electricidad fungiendo como auxiliar de la administraci�n p�blica a fin de recaudar las contribuciones que se�ala la ley, no tiene por qu� existir un recurso o medio de defensa ante ellas, pues no se le est�n delegando facultades que corresponden a la autoridad, sino s�lo est� acatando la ley que establece su obligaci�n de retener y, posteriormente, enterar el impuesto ante las oficinas hacendarias respectivas ... sin que esto implique un acto de molestia al particular que debe reunir los requisitos exigidos por el art�culo 16 constitucional, sino s�lo una medida eficaz para la recaudaci�n del tributo."

    Teniendo apoyo a lo anterior, en el sentido de que la Comisi�n Federal de Electricidad no es autoridad para efectos del juicio de amparo cuando determina y recauda el pago de derechos de alumbrado p�blico, el que precisamente son las Leyes de Ingresos Municipales las que prev�n ese pago de derechos por el servicio de alumbrado p�blico, cuyos ingresos conforman la hacienda p�blica municipal, como ya se dijo, y de ah� que el Ayuntamiento relativo sea el que, en el caso, tenga el car�cter de autoridad responsable.

    Robustecen lo anterior, las tesis cuyos datos de identificaci�n, rubro y texto, son los siguientes:

    Novena �poca

    Instancia: Segunda Sala

    Fuente: Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta

    Tomo: V, marzo de 1997

    Tesis: 2a. XXI/97

    P�gina: 488

    DERECHOS POR SERVICIO DE ALUMBRADO P�BLICO MUNICIPAL. ES IMPROCEDENTE LA REVISI�N INTERPUESTA POR LA COMISI�N FEDERAL DE ELECTRICIDAD AL NO TENER EL CAR�CTER DE TERCERO PERJUDICADO EN EL AMPARO CONTRA LA LEY DE INGRESOS PARA LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE MICHOAC�N. De conformidad con ese ordenamiento, los derechos por el servicio de alumbrado p�blico, provenientes de las contraprestaciones que exige en el caso por ese servicio, constituyen una contribuci�n que no beneficia directamente a la Comisi�n Federal de Electricidad, pues aunque es cierto que dicho organismo tiene a su cargo, por mandato legal, el cobro de la contribuci�n, no es titular del derecho, adem�s de que carece de los atributos necesarios para consider�rsele tercero perjudicado en el juicio de garant�as, al no ubicarse en alguno de los supuestos del art�culo 5o., fracci�n III, de la Ley de Amparo, pues no gestion� en su favor los actos contra los cuales se solicit� el amparo, ni tiene inter�s jur�dico en que subsistan y tampoco emanan de un juicio o controversia en el que dicho organismo haya figurado como contraparte de la quejosa. Por tanto, no existe lesi�n a sus intereses jur�dicos, al no ser titular de derecho protegido por la ley, que resulte afectado por la insubsistencia de los actos reclamados con motivo de la concesi�n de la protecci�n de la Justicia Federal y, en esa medida, carece de legitimaci�n para interponer recurso de revisi�n contra la sentencia concesoria del amparo."

    Octava �poca

    Instancia: Tercera Sala

    Fuente: Semanario Judicial de la Federaci�n

    Tomo: XII, diciembre de 1993

    Tesis: 3a. LXX/93

    P�gina: 353

    ALUMBRADO P�BLICO. EN CUMPLIMIENTO DE UNA EJECUTORIA DE AMPARO CORRESPONDE AL AYUNTAMIENTO DEVOLVER LAS CANTIDADES CUBIERTAS POR EL DERECHO RELATIVO (LEY DE INGRESOS DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE GUERRERO PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 1991). Si en una ejecutoria de garant�as se otorg� la protecci�n constitucional al quejoso contra los art�culos 49, 50 y 51 de la Ley de Ingresos de los Municipios del Estado de Guerrero para el ejercicio fiscal de 1991, que establecen el derecho de alumbrado p�blico, corresponde al Ayuntamiento respectivo la devoluci�n de las cantidades cubiertas por el quejoso por tal concepto, pues de conformidad con el art�culo 8o. de la ley citada la recaudaci�n de todas las contribuciones en ella previstas debe hacerse, sin excepci�n alguna, a trav�s de las oficinas exactoras de la tesorer�a municipal, sin que obste a lo anterior el hecho de que f�sicamente no hayan ingresado a la hacienda municipal, en virtud de la existencia de un convenio celebrado entre el gobernador y secretario general de Gobierno del Estado de Guerrero, en representaci�n de los Ayuntamientos de los Municipios de dicho Estado, y la Comisi�n Federal de Electricidad para que esta �ltima recaudara el derecho de alumbrado p�blico y aplicara tales recursos a cubrir las facturaciones que por consumo de energ�a el�ctrica se adeudaban por los Municipios, toda vez que ello no significa que los ingresos recaudados por concepto de derecho de alumbrado p�blico no pasen a formar parte de las haciendas municipales, pues al aplicarse a cubrir los adeudos de �sta tales ingresos integran dichas haciendas, independientemente de qui�n act�e como recaudadora de la contribuci�n."

    Finalmente, en relaci�n con el segundo punto a dilucidar, es dable concluir que la Ley de Ingresos Municipal correspondiente, en la cual se establecen como ingresos de la hacienda p�blica, el pago de derechos por el servicio de alumbrado p�blico, tiene el car�cter de una norma heteroaplicativa que por su sola entrada en vigor no causa perjuicio ni modifica alguna situaci�n jur�dica existente, ya que la obligaci�n de contribuir al gasto p�blico ocasionado por ese servicio ser� exigible cuando el gobernado conozca el monto de esa contribuci�n respecto de determinada periodicidad hasta que la Comisi�n Federal de Electricidad emita el aviso-recibo correspondiente; y de ah� es evidente que el mismo constituye el acto concreto de aplicaci�n de las normas que contemplan dichos derechos de alumbrado p�blico, esto es, porque en el aviso-recibo se encuentran especificadas la determinaci�n y cuantificaci�n de los referidos derechos por alumbrado p�blico, con independencia de que dicho pago se haya cubierto o no previamente a la promoci�n del juicio de garant�as.

    A lo anterior, resultan ilustrativas las tesis cuyos datos de identificaci�n, rubro y texto, son los siguientes:

    Novena �poca

    Instancia: Segunda Sala

    Fuente: Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta

    Tomo: XXIII, febrero de 2006

    Tesis: 2a./J. 5/2006

    P�gina: 657

    ADQUISICI�N DE INMUEBLES. LA LIQUIDACI�N DEL IMPUESTO RELATIVO INFORMADA POR PARTE DEL NOTARIO P�BLICO AL CONTRIBUYENTE, CONSTITUYE EL PRIMER ACTO DE APLICACI�N DE LOS PRECEPTOS DEL C�DIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL QUE REGULAN ESE TRIBUTO PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO. Conforme a los art�culos 134, 142 y 143 del C�digo Financiero del Distrito Federal, los notarios p�blicos son auxiliares de la administraci�n tributaria del Distrito Federal en la recaudaci�n del impuesto sobre adquisici�n de inmuebles, cuando la operaci�n de que se trate se haga constar en escritura p�blica, pues tienen la obligaci�n de calcularlo y enterarlo dentro de los 15 d�as siguientes al en que se protocolice el acto relativo, excepto cuando se trate de operaciones respecto de las cuales ya se hubiere pagado. En esa tesitura, la liquidaci�n del impuesto sobre adquisici�n de inmuebles que formula el indicado fedatario informada al contribuyente, constituye el primer acto de aplicaci�n de los preceptos legales que lo regulan y, por ende, genera la improcedencia del juicio de garant�as por consentimiento t�cito, en caso de que no se impugne dentro de los 15 d�as siguientes a aquel en que el quejoso (adquirente) tuvo conocimiento de dicho acto, siempre y cuando en el documento respectivo se precise la liquidaci�n y el sustento legal de dicha actuaci�n, cuesti�n que necesariamente debe acreditarse por cualquiera de los medios de prueba previstos por la ley."

    Novena �poca

    Instancia: Segunda Sala

    Fuente: Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta

    Tomo: XXIII, enero de 2006

    Tesis: 2a./J. 162/2005

    P�gina: 985

    PREDIAL. LA PROPUESTA DE DETERMINACI�N DE VALOR CATASTRAL Y NUEVO MONTO DEL IMPUESTO EMITIDA POR LA TESORER�A DEL DISTRITO FEDERAL, LE IMPRIME A LA LEY LAS CARACTER�STICAS DE AUTOAPLICATIVA; POR TANTO, LA PERSONA QUE RECIBA ESE FORMATO OFICIAL E IMPUGNE LA CONSTITUCIONALIDAD DE LOS PRECEPTOS JUR�DICOS EN QUE SE SUSTENTA, PUEDE PROMOVER EL JUICIO DE GARANT�AS CUANDO TIENE CONOCIMIENTO DE DICHO ACTO, O BIEN, AL REALIZAR EL PAGO CORRESPONDIENTE. La mencionada propuesta, le imprime a la ley las caracter�sticas de autoaplicativa, en virtud de que desde ese momento, el causante debe modificar el valor catastral del inmueble, es decir, lo compele a fijar una nueva base gravable, sin requerir la actualizaci�n de ninguna otra condici�n. En efecto, aun cuando el nuevo valor fiscal determinado unilateralmente por la autoridad en la indicada propuesta puede no ser aceptado por el sujeto pasivo, lo cierto es que a partir del momento en que �ste la recibe queda enterado de que el valor catastral anterior ya no le es admitido y debe actualizarlo en los t�rminos que establece el art�culo 149 del C�digo Financiero del Distrito Federal, esto es, podr� realizar por su cuenta la aplicaci�n de los valores unitarios correspondientes o realizar un aval�o; como se ve, cualquiera de esas posibilidades que derivan de la indicada propuesta, produce las mismas consecuencias que una norma de naturaleza autoaplicativa ya que en virtud de su expedici�n, en forma autom�tica, crea o transforma la situaci�n jur�dica del contribuyente en cuanto a que, invariablemente, deber� modificar el valor catastral del inmueble y, por consecuencia, el monto del impuesto predial. En tal virtud, quien reciba el citado formato oficial se encuentra en posibilidad de promover el juicio de amparo indirecto en los momentos que la Ley de Amparo prev� para impugnar las normas autoaplicativas, es decir, cuando tiene conocimiento de la propuesta de que se trata y la norma lo obliga, por s� misma a modificar el monto del valor catastral, o bien, con motivo del primer acto de aplicaci�n, al hacer el pago relativo."

    S�ptima �poca

    Instancia: Pleno

    Fuente: Semanario Judicial de la Federaci�n

    Vol�menes: 205-216, Primera Parte

    P�gina: 163

    ENERG�A EL�CTRICA, IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCI�N Y SERVICIOS AL CONSUMO DE. SU COBRO S� AFECTA LOS INTERESES JUR�DICOS DE LOS USUARIOS. Es cierto que el impuesto especial sobre producci�n y servicios (un peso por cada kilowatt hora) se cubre inicialmente por los prestadores de ese servicio; sin embargo, conforme a los art�culos 1o. �ltimo p�rrafo, y 4o. de la ley relativa, y trig�simo segundo transitorio de la Ley que Establece, Reforma, A. y Deroga Diversas Disposiciones Fiscales, publicada en el Diario Oficial de 31 de diciembre de 1982, ese impuesto debe ser trasladado a los usuarios, quienes, en �ltima instancia, jur�dicamente soportan la carga impositiva, por lo cual s� se afectan sus intereses jur�dicos."

    En las anotadas condiciones, los criterios que deben prevalecer con car�cter de jurisprudencia son los que se redactan a continuaci�n.

    COMISI�N FEDERAL DE ELECTRICIDAD. ACT�A COMO PARTICULAR EN AUXILIO DE LA ADMINISTRACI�N P�BLICA MUNICIPAL CUANDO DETERMINA Y RECAUDA EL DERECHO POR EL SERVICIO DE ALUMBRADO P�BLICO. Cuando la Comisi�n Federal de Electricidad, en observancia de lo dispuesto en la Ley de Ingresos Municipal respectiva y conforme al acuerdo o contrato celebrado con el Ayuntamiento, determina y recauda el pago de derechos por el servicio de alumbrado p�blico, emitiendo el aviso-recibo correspondiente, no realiza actos de autoridad para efectos del juicio de amparo, porque no crea, modifica o extingue, unilateralmente, una situaci�n que afecte la esfera legal del particular, sino que act�a en un plano de coordinaci�n como particular en auxilio de la administraci�n p�blica municipal, toda vez que ni del art�culo 9o. de la Ley del Servicio P�blico de Energ�a El�ctrica ni de la legislaci�n municipal aplicable se advierte que la Comisi�n Federal de Electricidad tenga facultades coercitivas para exigir al contribuyente el pago de los derechos por el servicio de alumbrado p�blico, sino que se establece cierto procedimiento administrativo de ejecuci�n por parte de las autoridades municipales.

    COMISI�N FEDERAL DE ELECTRICIDAD. LA EMISI�N DEL AVISO-RECIBO RELATIVO AL PAGO DE DERECHOS DE ALUMBRADO P�BLICO, DERIVADO DE UNA LEY DE INGRESOS MUNICIPAL, CONSTITUYE UN ACTO DE APLICACI�N DE LAS NORMAS QUE ESTABLECEN DICHOS DERECHOS. La Ley de Ingresos Municipal que establece como ingresos de la hacienda p�blica el pago de derechos por el servicio de alumbrado p�blico, cuyo monto se conoce hasta la notificaci�n del recibo, es heteroaplicativa, ya que por su sola entrada en vigor no causa perjuicio ni modifica alguna situaci�n jur�dica existente, sino que la obligaci�n de contribuir al gasto p�blico ocasionado por ese servicio ser� exigible hasta que el gobernado conozca el monto de esa contribuci�n respecto de determinada periodicidad cuando la Comisi�n Federal de Electricidad, mediante el aviso-recibo que para ese efecto emita, realice su cobro; por tanto, dicho aviso constituye el acto concreto de aplicaci�n de las normas que establecen los derechos por el servicio de alumbrado p�blico, porque en �l se encuentran especificadas la determinaci�n y cuantificaci�n de los referidos derechos.

    Por lo expuesto y fundado, se resuelve:

PRIMERO

S� existe la contradicci�n de tesis denunciada.

SEGUNDO

Deben prevalecer con car�cter de jurisprudencia los criterios sustentados por esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, los cuales se encuentran redactados en el considerando �ltimo de este fallo.

N.�quese; rem�tase testimonio de esta resoluci�n a los Tribunales Colegiados contendientes y las tesis jurisprudenciales que se establecen en esta resoluci�n a la Direcci�n General de la Coordinaci�n de Compilaci�n y S.�n de Tesis, as� como de la parte considerativa correspondiente para su publicaci�n en el Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, y h�gase del conocimiento de la Primera y Segunda Salas de esta Suprema Corte de Justicia, de los Tribunales Colegiados de Circuito y Juzgados de Distrito las tesis jurisprudenciales que se sustentan en la presente resoluci�n, en acatamiento a lo previsto en el art�culo 195 de la Ley de Amparo; y, en su oportunidad, arch�vese el toca.

As� lo resolvi� la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, por unanimidad de cuatro votos de los se�ores Ministros: J.D.R., S.S.A.A., G.I.O.M. y presidenta M.B.L.R.. Estuvo ausente el se�or Ministro G.D.G.�ngora P. previo aviso dado a la Presidencia.

Tesis:

N�mero tesis: 174532

Rubro: COMISI�N FEDERAL DE ELECTRICIDAD. LA EMISI�N DEL AVISO-RECIBO RELATIVO AL PAGO DE DERECHOS DE ALUMBRADO P�BLICO, DERIVADO DE UNA LEY DE INGRESOS MUNICIPAL, CONSTITUYE UN ACTO DE APLICACI�N DE LAS NORMAS QUE ESTABLECEN DICHOS DERECHOS.

Localizacion: 9a. �poca; 2a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; XXIV, Agosto de 2006; P�g. 294; [J];

N�mero tesis: 174533

Rubro: COMISI�N FEDERAL DE ELECTRICIDAD. ACT�A COMO PARTICULAR EN AUXILIO DE LA ADMINISTRACI�N P�BLICA MUNICIPAL CUANDO DETERMINA Y RECAUDA EL DERECHO POR EL SERVICIO DE ALUMBRADO P�BLICO.

Localizacion: 9a. �poca; 2a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; XXIV, Agosto de 2006; P�g. 293; [J];