Ejecutoria num. 1a./J. 61/2006 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala - Jurisprudencia - VLEX 26822555

Ejecutoria num. 1a./J. 61/2006 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala

Emisor:Primera Sala
Número de Resolución:1a./J. 61/2006
Materia:Suprema Corte de Justicia de México
Fecha de Publicación: 1 de Noviembre de 2006
RESUMEN

CONTRADICCIÓN DE TESIS 36/2006-PS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y SEGUNDO, AMBOS EN MATERIA PENAL DEL SÉPTIMO CIRCUITO.MEDIACIÓN EN LA AVERIGUACIÓN PREVIA, PREVISTA EN LOS ARTÍCULOS 135 Y 136 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES PARA EL ESTADO DE VERACRUZ. LA OMISIÓN POR PARTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE INFORMAR AL QUERELLANTE SOBRE AQUELLA ALTERNATIVA, NO AFECTA LA ESFERA JURÍDICA DEL INCULPADO.

 
ÍNDICE
CONTENIDO

CONTRADICCI�N DE TESIS 36/2006-PS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y SEGUNDO, AMBOS EN MATERIA PENAL DEL S�PTIMO CIRCUITO.

CONSIDERANDO:

PRIMERO

Esta Primera S. de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, es competente para conocer de la posible contradicci�n de tesis denunciada, de conformidad con lo dispuesto por los art�culos 107, fracci�n XIII, de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos; 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracci�n VIII, de la Ley Org�nica del Poder Judicial de la Federaci�n, as� como en el punto cuarto del Acuerdo 5/2001 emitido por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n el veintiuno de junio de dos mil uno, en relaci�n con el punto segundo, segundo p�rrafo y el punto tercero, fracci�n VI, del mismo acuerdo, en virtud de que se trata de la posible contradicci�n entre tesis que sustentan Tribunales Colegiados de Circuito en relaci�n con un asunto de car�cter penal.

SEGUNDO

La denuncia de la posible contradicci�n de tesis proviene de parte leg�tima, toda vez que de conformidad con los art�culos 107, fracci�n XIII, de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos y 197-A de la Ley de Amparo, los Magistrados integrantes del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del S�ptimo Circuito denunciantes, se encuentran facultados para tal efecto.

TERCERO

Los criterios materia de an�lisis, en lo que a esta contradicci�n de tesis interesa, son los que a continuaci�n se transcriben:

a) El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del S�ptimo Circuito, al resolver el amparo en revisi�n 429/2005, sustent� las consideraciones siguientes:

"IV. Los agravios formulados son fundados pero inoperantes.

"... demand� la protecci�n constitucional en contra del auto de formal prisi�n que le fue dictado por los delitos de lesiones y da�os culposos, en la causa ... del �ndice del Juzgado Mixto de Primera Instancia, con residencia en Chicontepec, Veracruz, as� como la elaboraci�n de la correspondiente ficha signal�tica.

"Al respecto, por sentencia autorizada el veintiuno de octubre de dos mil cinco, la Juez S�ptimo de Distrito en el Estado, concedi� la protecci�n constitucional para el efecto de que el referido Juez de Chicontepec, Veracruz, dejara insubsistente el auto de formal prisi�n combatido, de fecha diez de agosto de dos mil cinco, y con plenitud de jurisdicci�n dictara una resoluci�n en la que ordenara ?suspender el procedimiento penal, en t�rminos de lo dispuesto por el art�culo 410, fracci�n II, del actual C�digo de Procedimientos Penales del Estado, dado que existe un impedimento procesal, consistente en que el Ministerio P�blico investigador consignante no cumpli� con la garant�a de debido proceso legal durante la etapa de la investigaci�n ministerial, al no haber hecho del conocimiento de los diversos querellantes ... esta �ltima por conducto de su progenitora, la existencia de un procedimiento de mediaci�n, previsto en los art�culos 135 y 136 del mencionado ordenamiento legal y, por tanto, para cumplir con lo anterior, el Juez responsable tambi�n deber� ordenar en esa nueva resoluci�n, que se remita al agente del Ministerio P�blico investigador y adscrito de Chicontepec, Veracruz, consignante, copia certificada tanto de las querellas relativas a dichos agraviados como de las pruebas que la sustenten, para que una vez que �ste cumpla con las reglas que rigen el procedimiento en el periodo de investigaci�n ministerial, por cuanto hace a dichos agraviados, realice la petici�n que en derecho corresponda; a fin de restituir al quejoso en el goce y disfrute de la garant�a individual violada.?. Ahora bien, este tribunal no comparte el criterio que la J.F. invoc� para conceder la protecci�n constitucional, pues dicha autoridad de amparo pasa por alto que la formalidad del procedimiento a que alude, constituye un derecho previsto exclusivamente en favor del sujeto pasivo de la infracci�n, esto es, del querellante, y no del sujeto activo, de conformidad con una arm�nica interpretaci�n del art�culo 135 del C�digo de Procedimientos Penales del Estado, que dispone:

"?Art�culo 135. Sin perjuicio de lo previsto en este cap�tulo, si el delito sobre el que versa la investigaci�n ministerial es de los perseguibles por querella, el agente del Ministerio P�blico investigador, una vez recibida y ratificada la petici�n del querellante, proceder� de la manera siguiente:

"?I.I.� al quejoso que la ley previene un procedimiento de mediaci�n, cuyo objeto es proponer y analizar opciones para que el agraviado e indiciado lleguen a un acuerdo mediante el cual se respeten los derechos de ambos, sin necesidad de abrir un proceso para decidir el conflicto entre ellos;

"?II. Si el querellante expresa su anuencia para que la mediaci�n tenga lugar, tal circunstancia se har� constar en acta expresa y el agente del Ministerio P�blico investigador remitir� las actuaciones al agente del Ministerio P�blico conciliador del distrito judicial correspondiente; de no haberlo, el investigador sustanciar� el procedimiento;

"?III. El agente del Ministerio P�blico citar� al agraviado y al indiciado, a una diligencia de mediaci�n a celebrarse dentro de un t�rmino m�ximo de cinco d�as;

"?IV. El d�a de la diligencia, el agente del Ministerio P�blico le har� saber al indiciado los hechos que se le imputan, dando lectura a la querella y a las pruebas que la sustenten, para que exprese lo que a su derecho convenga;

"?V. La �nica formalidad en el procedimiento de mediaci�n ser� el levantamiento del acta circunstanciada de la diligencia por parte del agente del Ministerio P�blico que la presida, ante la fe del secretario con el que actuar� necesariamente. El acta contendr�: fecha, hora, un extracto de la querella, los datos necesarios para la identificaci�n del agraviado y del inculpado, los medios de identificaci�n que fueron utilizados, as� como el resultado de la diligencia. Los comparecientes, el agente y su secretario firmar�n al margen de cada hoja y al calce de la �ltima. El que no sepa firmar estampar� la huella de su dedo pulgar. Si los interesados solicitan copia certificada de la diligencia de mediaci�n, les ser� expedida;

"?VI. Se considerar� que la audiencia de mediaci�n no cumpli� su objeto cuando alguna de las partes, a pesar de estar legalmente notificada, no asiste a la audiencia. Si la que asisti� pide que se libre un segundo citatorio, se acordar� de conformidad y se mandar� librarlo, con apercibimiento que de no comparecer, el tr�mite de mediaci�n queda concluido y se continuar� con el correspondiente a la investigaci�n ministerial. Si en la audiencia no se llega a ning�n acuerdo, concluida la diligencia y firmada el acta respectiva, se continuar� el tr�mite ordinario de la investigaci�n por el agente del Ministerio P�blico de origen; y

(Reformada, G.O. 3 de agosto de 2004)

"?VII. Si el inculpado reconoce de su libre y espont�nea voluntad los hechos que se le imputan y cubre o garantiza la reparaci�n del da�o y el ofendido acepta los t�rminos propuestos, se formular� el convenio respectivo que traer� aparejada ejecuci�n y del que se dar� una copia a cada uno. El incumplimiento de lo pactado dar� lugar a que el agraviado opte por exigir su cumplimiento en la v�a que corresponda o que se deje sin efecto el convenio y solicitar se contin�e la tramitaci�n de la investigaci�n ministerial. El cumplimiento tendr� como efecto el archivo definitivo de la querella.

"?Si el ofendido o el indiciado pertenecen a una comunidad ind�gena se les proveer� de un int�rprete para el desahogo de la diligencia de mediaci�n.

"?El procedimiento de mediaci�n se considerar� cumplido y, por ende, satisfechos los compromisos pactados, cuando transcurridos sesenta d�as naturales, contados a partir de la fecha establecida para el cumplimiento de las prestaciones convenidas, el ofendido no manifieste expresamente lo contrario. Esta circunstancia se har� constar invariablemente en el convenio.?

"Lo acabado de transcribir, permite arribar a la conclusi�n, de que la formalidad del procedimiento a que se hace alusi�n en la sentencia materia del presente recurso es un mecanismo de defensa que la ley procesal ordinaria concede durante la indagatoria a la persona que se ostenta como v�ctima del delito. Bajo esa tesitura, es incuestionable que la circunstancia de que el Ministerio P�blico investigador, durante la integraci�n de la averiguaci�n, hubiese omitido hacer del conocimiento de los diversos querellantes ... esta �ltima por conducto de su progenitora, el aludido procedimiento de mediaci�n, no afecta los intereses jur�dicos legalmente tutelados de ... plasmados tanto en la Ley Suprema como en la ley penal ordinaria.

"Sumado a lo anterior, cabe decir que de aceptar el criterio empleado en la sentencia que se revisa, ser�a tanto como analizar la inconstitucionalidad de un acto que no forma parte de la litis constitucional, toda vez que la omisi�n apuntada no es un acto imputable al Juez de origen, sino al fiscal investigador que no aparece como autoridad responsable en el juicio de garant�as, lo que a su vez tambi�n lleva a considerar que en su caso, deben considerarse irreparablemente consumadas las violaciones relativas al aludido procedimiento de mediaci�n, por no poder decidirse en el mismo sin afectar la nueva situaci�n jur�dica del procesado derivada del auto de formal prisi�n se�alado como acto reclamado, en el juicio constitucional del cual emana el presente recurso de revisi�n, debiendo se�alarse a mayor abundamiento, que el estudio de las violaciones procesales, originadoras de la reposici�n del procedimiento por regla general escapa a la materia del amparo indirecto en materia penal, en que se se�ale como acto reclamado la orden de aprehensi�n o la formal prisi�n, de acuerdo con la normativa que rige el propio juicio.

Por tanto, este �rgano jurisdiccional considera que, se est� en el caso de revocar la decisi�n materia del presente recurso, y con apoyo en el art�culo 91, fracci�n I, de la Ley de Amparo, concederse el amparo para efectos a favor del promovente, pero por razones totalmente distintas a las externadas por la J.F..

Del juicio anterior deriv� la tesis n�mero TC076044.9 PE1, cuyos rubro y texto disponen:

"Novena �poca

"Instancia: Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del S�ptimo Circuito

"Fuente: Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta

"Tomo: XXIII, marzo de 2006

"Tesis: VII.2o.P.44 P

"P�gina: 2068

PROCEDIMIENTO DE MEDIACI�N EN LA AVERIGUACI�N PREVIA. SU OMISI�N NO VULNERA LA GARANT�A DE DEBIDO PROCESO LEGAL DEL INCULPADO, DE CONFORMIDAD CON EL ART�CULO 135 DEL C�DIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES DEL ESTADO DE VERACRUZ. Es inexacto sostener que el Ministerio P�blico incumpli� con la garant�a de debido proceso legal del inculpado durante la etapa de investigaci�n ministerial, por no haber informado a todos los querellantes de la existencia del procedimiento de mediaci�n, previsto en el art�culo 135 del C�digo de Procedimientos Penales del Estado de Veracruz, en virtud de que tal formalidad constituye un derecho de la v�ctima del delito, de conformidad con una arm�nica interpretaci�n del invocado precepto, ya que se trata de un mecanismo que la ley procesal ordinaria concede durante la indagatoria al querellante, con el objeto de que �ste llegue a un acuerdo con el indiciado sin necesidad de abrir un proceso; por ende, es claro que la falta de informaci�n de su existencia, no afecta los intereses jur�dicos de este �ltimo, tutelados en la Ley Suprema y en la ley penal ordinaria. A mayor abundamiento, de entrar al estudio de tal violaci�n propuesta, ello implicar�a analizar un acto ajeno a la litis constitucional, que adem�s no es imputable al Juez de origen sino al fiscal investigador no se�alado como responsable, lo cual a su vez significa que las violaciones relativas a dicho procedimiento, resultan irreparablemente consumadas por no poder decidirse en el mismo sin afectar la nueva situaci�n jur�dica del procesado, derivada del auto de formal prisi�n reclamado. A�n m�s, el estudio de las violaciones procesales originadoras de la reposici�n del procedimiento, por regla general escapa a la materia del amparo indirecto penal promovido contra la orden de aprehensi�n o la formal prisi�n, de acuerdo con la normativa que rige el propio juicio.

Este mismo criterio fue aplicado por el referido Tribunal Colegiado de Circuito al resolver el amparo en revisi�n 17/2006, promovido por ... en el cual el acto reclamado fue la orden de presentaci�n de seis de julio de dos mil cinco, decretada en la causa penal ... En ese asunto, el indiciado expres� como agravio que tal acto fue violatorio de sus garant�as individuales, en concreto la garant�a de debido proceso legal, ya que se debi� haber llevado a cabo el procedimiento de mediaci�n previsto por los art�culos 135 y 136 del C�digo de Procedimientos Penales del Estado de Veracruz, toda vez que el delito de lesiones por el que se emiti� la orden de presentaci�n se persigue por querella.

b) Por su parte, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del S�ptimo Circuito, al resolver el amparo en revisi�n 327/2004, argument� en lo que interesa al tema de la posible contradicci�n de tesis, lo que a continuaci�n se expone:

"QUINTO. En uso de la facultad que para suplir la queja deficiente en favor del reo en t�rminos de lo dispuesto por el art�culo 76 Bis, fracci�n II, de la Ley de Amparo, procede revocar la sentencia sujeta a revisi�n y otorgar la protecci�n constitucional solicitada, de acuerdo con las consideraciones que enseguida se exponen.

"Del an�lisis de las constancias que obran en el sumario penal se advierte que el Juez de Distrito se limit� a examinar si el auto de formal prisi�n dictado en contra de ... por su probable responsabilidad en la comisi�n del delito de da�os cometido por culpa, previsto por el art�culo 226, en relaci�n con el 21, tercer p�rrafo, del actual C�digo Penal para el Estado, re�ne los requisitos de fondo y forma que para su dictado exige el art�culo 19 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos; pero sin analizar si el agente del Ministerio P�blico investigador cumpli� las reglas que rigen el procedimiento en el periodo de investigaci�n ministerial, que comprende las diligencias necesarias para estar en posibilidad de resolver si procede ejercer la acci�n penal en casos como el presente en que se trata de un delito que es perseguible por querella de parte ofendida.

"En efecto, el agente del Ministerio P�blico investigador omiti� cumplir el procedimiento de mediaci�n previsto en los art�culos 135 y 136 del cap�tulo II Diligencias de investigaci�n ministerial, del actual C�digo de Procedimientos Penales para el Estado,(1) que dicen: (se transcriben)

"Ahora bien, la interpretaci�n gramatical de los preceptos legales transcritos, permite advertir que consagran el derecho de los querellantes y la correlativa obligaci�n para el agente del Ministerio P�blico investigador, consistente en que, una vez recibida y ratificada la petici�n del querellante y antes de ejercer la acci�n penal ante la autoridad judicial competente debe informarle que la ley previene un procedimiento de mediaci�n, cuyo objeto es proponer y analizar las opciones existentes para que las partes (agraviado e indiciado) lleguen a un acuerdo en que se respeten los derechos de ambos, sin necesidad de abrir un proceso penal, de conformidad con los requisitos y formalidades contenidas en los art�culos antes citados, a los que debe ajustar su actuaci�n.

"En esas condiciones, para cumplir con la garant�a del debido proceso legal que consagra la Constituci�n Federal, durante la etapa de investigaci�n ministerial el agente del Ministerio P�blico debi� informar que existe el procedimiento de mediaci�n, cuyo objeto es proponer y analizar opciones para que pueda llegar a un acuerdo con el indiciado, antes de que determine el ejercicio de la acci�n penal ante la autoridad judicial competente; y, al no haberlo hecho as� es inconcuso que el auto de formal prisi�n que dict�, es violatorio de garant�as en perjuicio del impetrante del amparo.

"En consecuencia, procede revocar la sentencia que se revisa y conceder al quejoso la protecci�n constitucional que solicit� en contra del auto de formal prisi�n reclamado."

El mismo Tribunal Colegiado al resolver los amparos en revisi�n 476/2004, 105/2005, 110/2005 y 250/2005, aplic� las consideraciones antes transcritas, lo que dio origen a la tesis de jurisprudencia identificada con el rubro: "DELITOS QUE SE PERSIGUEN POR QUERELLA. PROCEDIMIENTO DE MEDIACI�N PREVISTO POR LOS ART�CULOS 135 Y 136 DEL C�DIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES PARA EL ESTADO DE VERACRUZ.", asimismo dicho criterio lo emple� al resolver el diverso amparo en revisi�n 20/2006.

El contenido de la jurisprudencia de m�rito es el siguiente:

"Novena �poca

"Instancia: Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del S�ptimo Circuito

"Fuente: Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta

"Tomo: XXIII, enero de 2006

"Tesis: VII.1o.P. J/52

"P�gina: 2186

"DELITOS QUE SE PERSIGUEN POR QUERELLA. PROCEDIMIENTO DE MEDIACI�N PREVISTO POR LOS ART�CULOS 135 Y 136 DEL C�DIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES PARA EL ESTADO DE VERACRUZ. Previamente al an�lisis de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la orden de aprehensi�n o del auto de formal prisi�n reclamados en el juicio de amparo indirecto, el Juez de Distrito debe verificar si el Juez responsable cumpli� con los art�culos 135 y 136 del C�digo de Procedimientos Penales de la entidad en lo relativo a: 1) Si el delito por el que se inici� la investigaci�n ministerial es de los perseguibles por querella; 2) Si �sta fue recibida y ratificada por el querellante; y, 3) Si antes de ejercer la acci�n penal ante la autoridad judicial competente el agente del Ministerio P�blico investigador inform� al querellante que la ley previene el procedimiento de mediaci�n, cuyo objeto es proponer y analizar opciones para que pueda llegar a un acuerdo con el indiciado, en el que se respeten los derechos de ambos sin necesidad de abrir un proceso penal para decidir el conflicto, con base en las formalidades previstas por los citados art�culos 135 y 136. En esas condiciones, si se advierte que el Juez responsable dict� la resoluci�n reclamada con base en que con los elementos de convicci�n que obran en la investigaci�n ministerial se acredit� el cuerpo de un delito perseguible por querella y se justific� la probable responsabilidad de quien o quienes participaron en su ejecuci�n, pero sin analizar si el agente ministerial investigador dio cumplimiento a las formalidades que rigen el procedimiento de mediaci�n a las que debe ajustar su actuaci�n antes de ejercer la acci�n penal, resulta indudable que el juzgador federal debe conceder la protecci�n constitucional para el efecto de que se cumplan esas formalidades esenciales antes de que la representaci�n social contin�e el tr�mite ordinario de la investigaci�n, que se traducen en el respeto al derecho p�blico subjetivo del debido proceso. Por tanto, si el J.F. se limit� a examinar y resolver la constitucionalidad del acto reclamado, procede revocar la sentencia sujeta a revisi�n y conceder el amparo y protecci�n de la Justicia de la Uni�n, pues dicho acto es violatorio de garant�as en perjuicio del quejoso, toda vez que la omisi�n de la autoridad responsable infringe las formalidades esenciales del procedimiento o debido proceso legal que tutela el art�culo 14 de la Constituci�n Federal."

CUARTO

En primer lugar, debe determinarse si en el caso existe contradicci�n de criterios, pues s�lo en tal supuesto es factible que esta S. emita un pronunciamiento en cuanto al fondo de la presente denuncia.

Al respecto, debe tenerse en cuenta el contenido de la jurisprudencia P./J. 26/2001, sustentada por el TribunalPleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, identificable bajo el rubro: "CONTRADICCI�N DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.", publicada en el Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, Novena �poca, T.X., abril de dos mil uno, p�gina 76, la cual establece que para que exista contradicci�n de tesis deben reunirse los siguientes elementos:

a) Que al resolver los negocios, se examinen cuestiones jur�dicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jur�dicos discrepantes;

b) Que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jur�dicas de las sentencias respectivas; y,

c) Que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos.

En la especie, esta Primera S. de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n considera que s� se surten los extremos anteriores y que, por tanto, existe la contradicci�n de tesis planteada.

Lo anterior es as� porque ambos Tribunales Colegiados se enfrentan a una misma situaci�n jur�dica, a saber, si la omisi�n de informar a los querellantes del procedimiento de mediaci�n, previsto por los art�culos 135 y 136 del C�digo de Procedimientos Penales del Estado de Veracruz, en la etapa de averiguaci�n previa, vulnera la garant�a de debido proceso legal del inculpado, consagrada en el art�culo 14 de la Constituci�n Federal.

Las peculiaridades que informan a los asuntos sometidos a su consideraci�n, son las siguientes:

i) Los delitos por los cuales se dict� auto de formal prisi�n a los procesados, se persiguen por querella. S�lo en el caso del amparo en revisi�n 17/2006, resuelto por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del S�ptimo Circuito, se reclam� la orden de aprehensi�n y/o comparecencia y/o presentaci�n.(2)

ii) El agente del Ministerio P�blico que conoci� de las diversas averiguaciones previas omiti� informar a los querellantes respecto del procedimiento de mediaci�n previsto en los art�culos 135 y 136 del C�digo de Procedimientos Penales para el Estado de Veracruz.

iii) Los Tribunales Colegiados son coincidentes al establecer que el procedimiento de mediaci�n es un derecho a favor del querellante, que tiene por objeto que las partes lleguen a un acuerdo sin necesidad de abrir un proceso penal.

Asimismo, se advierte que los razonamientos que sustentan las conclusiones que se contienen en cada ejecutoria son discrepantes, pues el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del S�ptimo Circuito estima que previamente al an�lisis de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la orden de aprehensi�n o del auto de formal prisi�n reclamados en el juicio de amparo indirecto, el Juez de Distrito debe verificar si el Juez responsable verific� a su vez que durante la averiguaci�n previa se cumpli� con los art�culos 135 y 136 del C�digo de Procedimientos Penales de la entidad, en el entendido de que si el agente ministerial investigador no dio cumplimiento a las formalidades que rigen el procedimiento de mediaci�n antes de ejercer la acci�n penal, resulta indudable que el juzgador federal debe conceder la protecci�n constitucional para el efecto de que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento, antes de que la representaci�n social contin�e el tr�mite ordinario de la investigaci�n, lo que se traduce en el respeto a la garant�a de debido proceso. Por tanto, si el J.F. se limit� a examinar y resolver la constitucionalidad del acto reclamado, procede revocar la sentencia y conceder el amparo, pues dicho acto es violatorio de garant�as en perjuicio del quejoso.

Por su parte, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del S�ptimo Circuito considera que es inexacto sostener que el Ministerio P�blico incumpli� con la garant�a del debido proceso legal del inculpado durante la etapa de investigaci�n ministerial, por no haber informado a todos los querellantes de la existencia del procedimiento de mediaci�n, previsto en el art�culo 135 del c�digo procesal, en virtud de que tal formalidad constituye un derecho de la v�ctima del delito, por lo que es claro que la falta de informaci�n de su existencia no afecta los intereses jur�dicos del indiciado, agregando que de entrar al estudio de tal violaci�n implicar�a analizar un acto ajeno a la litis constitucional, el cual no es imputable al Juez de origen sino al fiscal investigador no se�alado como responsable, lo cual a su vez significa que las violaciones relativas a dicho procedimiento, resultan irreparablemente consumadas por no poder decidirse sin afectar la nueva situaci�n jur�dica del procesado, derivada del auto de formal prisi�n reclamado. El estudio de las violaciones procesales originadoras de la reposici�n del procedimiento, por regla general escapa a la materia del amparo indirecto penal promovido en contra de la orden de aprehensi�n o la formal prisi�n, de acuerdo con la normatividad que rige el propio juicio.

Finalmente, que ambos Tribunales Colegiados analizan los mismos elementos, al referirse a hechos similares y a hip�tesis previstas en los art�culos 135 y 136 del C�digo de Procedimientos Penales para el Estado de Veracruz.

Por tanto, la materia de la contradicci�n de tesis consiste en determinar si la omisi�n de informar a los querellantes del procedimiento de mediaci�n regulado por los art�culos 135 y 136 del C�digo de Procedimientos Penales para el Estado de Veracruz, por parte del agente del Ministerio P�blico durante la fase de averiguaci�n previa, vulnera la garant�a de debido proceso legal del inculpado y, en su caso, si tal violaci�n puede ser materia del juicio de amparo indirecto que promueva el inculpado en contra del auto de formal prisi�n, la orden de aprehensi�n o su equivalente.

QUINTO

Para resolver la problem�tica planteada, ser� conveniente, en primer lugar, referirse a la naturaleza jur�dica de la mediaci�n penal.

Gramaticalmente, la voz mediaci�n proviene del lat�n, mediatio, mediationis, que significa "acci�n y efecto de mediar"; lo cual entre otras acepciones, significa interponerse entre dos o m�s que ri�en o contienden, procurando reconciliarlos y unirlos en amistad.

En materia penal, la mediaci�n nace de un movimiento de atenci�n y compensaci�n a favor de la v�ctima y la recuperaci�n de su papel en el proceso. En esa corriente se estima que el derecho penal moderno ha neutralizado a la v�ctima, de tal modo que ha quedado totalmente ausente del conflicto. Por tanto, se trata de un procedimiento novedoso, que va m�s all� de los fines tradicionales perseguidos en el proceso, es decir, no s�lo se busca la verdad hist�rica de los hechos, sino que la v�ctima y el indiciado, por medio de una negociaci�n, lleguen a un acuerdo satisfactorio, sin necesidad de abrir el juicio.

As�, la mediaci�n pretende instaurar una nueva orientaci�n en el derecho penal, pues se postula como una alternativa frente a las corrientes cl�sicas meramente retributivas del delito a trav�s de la imposici�n de la pena y de las utilitaristas que procuran la readaptaci�n social del delincuente, pues en el caso de la conciliaci�n se procura reparar el da�o causado a la v�ctima, antes que atiborrar la prisi�n con delincuentes.

La mediaci�n b�sicamente consiste en una negociaci�n asistida por un tercero, quien no interviene a efecto de resolver el conflicto e imponer una decisi�n, sino que el manejo de la controversia y de las posibles soluciones a la misma contin�an en poder de las partes. Este tercero denominado mediador deber� actuar con total imparcialidad y neutralidad.

As�, se define a la mediaci�n penal como una negociaci�n asistida por un tercero neutral, imparcial y aceptado por la v�ctima y el indiciado, que tiene por finalidad la concreci�n de acuerdos voluntarios y mutuamente satisfactorios para las partes en conflicto.

La mediaci�n tambi�n puede ser concebida como una de las medidas alternativas a la pena de prisi�n.

Por lo que se refiere a las caracter�sticas del procedimiento de mediaci�n, la doctrina ha establecido las siguientes:

? La soluci�n del conflicto se lleva de forma extrajudicial.

? Se trata de una confrontaci�n entre la v�ctima y el indiciado, para que de manera voluntaria lleguen a un acuerdo.

? Busca una soluci�n adecuada al problema de manera r�pida y eficaz.

? S�lo es aplicable en delitos no graves.

? Ante todo se procura la compensaci�n de la v�ctima.

En cuanto a la finalidad que persigue la mediaci�n, la doctrina ha inferido lo siguiente:

? Es un sistema alternativo a las sanciones tradicionales.

? Busca mejorar la eficiencia de la justicia y la asistencia a la v�ctima.

? Es un derecho penal orientado a la reparaci�n.

? Participa la v�ctima en el sistema penal.

? Se reducen las penas de prisi�n.

? Se responsabiliza al delincuente de sus actos.

Una vez sentados los elementos te�ricos anteriores, conviene conocer el contenido de los art�culos 135 y 136 del C�digo de Procedimientos Penales para el Estado Libre y Soberano de Veracruz, que disponen:

"Art�culo 135. Sin perjuicio de lo previsto en este cap�tulo, si el delito sobre el que versa la investigaci�n ministerial es de los perseguibles por querella, el agente del Ministerio P�blico Investigador, una vez recibida y ratificada la petici�n del querellante, proceder� de la manera siguiente:

"I.I.� al quejoso que la ley previene un procedimiento de mediaci�n, cuyo objeto es proponer y analizar opciones para que el agraviado e indiciado lleguen a un acuerdo mediante el cual se respeten los derechos de ambos, sin necesidad de abrir un proceso para decidir el conflicto entre ellos;

"II. Si el querellante expresa su anuencia para que la mediaci�n tenga lugar, tal circunstancia se har� constar en acta expresa y el agente del Ministerio P�blico Investigador remitir� las actuaciones al agente del Ministerio P�blico Conciliador del Distrito Judicial correspondiente; de no haberlo, el investigador sustanciar� el procedimiento;

"III. El agente del Ministerio P�blico citar� al agraviado y al indiciado, a una diligencia de mediaci�n a celebrarse dentro de un t�rmino m�ximo de cinco d�as;

"IV. El d�a de la diligencia, el agente del Ministerio P�blico le har� saber al indiciado los hechos que se le imputan, dando lectura a la querella y a las pruebas que la sustenten, para que exprese lo que a su derecho convenga;

"V. La �nica formalidad en el procedimiento de mediaci�n ser� el levantamiento del acta circunstanciada de la diligencia por parte del agente del Ministerio P�blico que la presida, ante la fe del secretario con el que actuar� necesariamente. El acta contendr�: fecha, hora, un extracto de la querella, los datos necesarios para la identificaci�n del agraviado y del inculpado, los medios de identificaci�n que fueron utilizados, as� como el resultado de la diligencia. Los comparecientes, el agente y su secretario firmar�n al margen de cada hoja y al calce de la �ltima. El que no sepa firmar estampar� la huella de su dedo pulgar. Si los interesados solicitan copia certificada de la diligencia de mediaci�n, les ser� expedida;

"VI. Se considerar� que la audiencia de mediaci�n no cumpli� su objeto cuando alguna de las partes, a pesar de estar legalmente notificada, no asiste a la audiencia. Si la que asisti� pide que se libre un segundo citatorio, se acordar� de conformidad y se mandar� librarlo, con apercibimiento que de no comparecer, el tr�mite de mediaci�n queda concluido y se continuar� con el correspondiente a la investigaci�n ministerial. Si en la audiencia no se llega a ning�n acuerdo, concluida la diligencia y firmada el acta respectiva, se continuar� el tr�mite ordinario de la investigaci�n por el agente del Ministerio P�blico de origen; y

(Reformada, G.O. 3 de agosto de 2004)

"VII. Si el inculpado reconoce de su libre y espont�nea voluntad los hechos que se le imputan y cubre o garantiza la reparaci�n del da�o y el ofendido acepta los t�rminos propuestos, se formular� el convenio respectivo que traer� aparejada ejecuci�n y del que se dar� una copia a cada uno. El incumplimiento de lo pactado dar� lugar a que el agraviado opte por exigir su cumplimiento en la v�a que corresponda o que se deje sin efecto el convenio y solicitar se contin�e la tramitaci�n de la investigaci�n ministerial. El cumplimiento tendr� como efecto el archivo definitivo de la querella.

"Si el ofendido o el indiciado pertenecen a una comunidad ind�gena se les proveer� de un int�rprete para el desahogo de la diligencia de mediaci�n.

"El procedimiento de mediaci�n se considerar� cumplido y, por ende, satisfechos los compromisos pactados, cuando transcurridos sesenta d�as naturales, contados a partir de la fecha establecida para el cumplimiento de las prestaciones convenidas, el ofendido no manifieste expresamente lo contrario. Esta circunstancia se har� constar invariablemente en el convenio."

Art�culo 136. En la audiencia, el agente del Ministerio P�blico podr� auxiliarse de alguna persona que, por su autoridad moral y ascendencia amistosa sobre el inculpado y el ofendido, pueda facilitar el avenimiento. Si se trata de individuos pertenecientes a una comunidad ind�gena, se tomar�n en cuenta los usos y costumbres de la misma para requerir la intervenci�n del conciliador.

De lo anterior se advierte que la mediaci�n penal prevista en la legislaci�n procesal del Estado de Veracruz es un procedimiento extrajudicial, que tiene por objeto que la v�ctima y el indiciado lleguen a un acuerdo en virtud del cual se solucione el conflicto, sin que se abra el procedimiento penal, en el cual de ordinario interviene el Ministerio P�blico como un tercero mediador.

Ahora bien, las normas en estudio disponen que es deber del Ministerio P�blico informar al querellante (denominado quejoso) que la ley previene un procedimiento de mediaci�n. Por ende, es un derecho procesal del querellante el ser informado de la existencia jur�dica de tal procedimiento o alternativa extrajudicial. En adici�n, la norma prev� que el inicio del mismo queda a la discreci�n del querellante, pues este �ltimo puede aceptar o no iniciar una conciliaci�n.

T.�n resulta claro de la redacci�n de la ley que no est� contemplado informar al indiciado de la posibilidad de llegar a un arreglo extrajudicial, ni mucho menos est� previsto que quede a su discreci�n dar inicio a un procedimiento de este tipo, por lo que puede concluirse que en el caso espec�fico de la legislaci�n penal del Estado de Veracruz, tal derecho a ser informado y tal libertad de decisi�n son prerrogativas del querellante.

En la exposici�n de motivos del proyecto del C�digo de Procedimientos Penales del Estado de Veracruz, de siete de noviembre de dos mil dos se adujo lo que a continuaci�n se transcribe en cuanto al procedimiento de mediaci�n:

"III. ... cambios que exigen, entre otras medidas, una adecuaci�n del proceso penal con el objeto de corregir, ante todo, el desequilibrio entre los derechos del inculpado y los pertinentes al ofendido o v�ctima del delito, acatando las disposiciones actuales del art�culo 20, apartados A y B, de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos y muy especialmente, que se cumpla el anhelo ancestral de tener aseguradas una procuraci�n y una administraci�n de justicia prontas y expeditas, eliminando dilaciones en los tr�mites, dificultades y rigideces, de formalismos excesivos, m�s otros vicios que en la realidad las hacen desesperantes por su lentitud, causando rezagos ominosos de investigaciones ministeriales y de resoluciones judiciales, y una violaci�n vitanda al texto del art�culo 17 de la Ley Fundamental de nuestro pa�s.

"...

"En esta parte se introduce una instituci�n relativamente novedosa, de la que hay antecedentes en nuestros procedimientos civil y penal: la mediaci�n conciliatoria.

"No s�lo en Veracruz, sino en las entidades federativas de la Rep�blica Mexicana y en pa�ses de Europa, Am�rica del norte y del sur, existe una tendencia para prever y regular institucionalmente que los sistemas del derecho punitivo tengan una capacidad operativa pr�ctica. Hoy, la pol�tica criminal muestra inclinaci�n hacia la despenalizaci�n, la diversificaci�n, la discriminalizaci�n, la m�nima intervenci�n y el abolicionismo penal.

"No es este el lugar apropiado para entrar en los detalles particulares de esas medidas; baste decir que por ?despenalizaci�n? debe entenderse no la desaparici�n de las penas, sino su atenuaci�n mediante la incorporaci�n de penas alternativas o de sistemas de mediaci�n ante el delito, o sea ?un procedimiento institucional, tramitado previamente a la celebraci�n de un proceso penal, en el cual un funcionario p�blico denominado mediador, colabora para que los actores del conflicto derivado de un hecho delictivo, conocido por alguno de los agentes del proceso penal, busquen solucionar sus diferencias a trav�s de una negociaci�n. El cumplimiento de un acuerdo l�cito logrado entre las partes, extingue la pretensi�n penal.? (La mediaci�n ante el delito. N.D.B..

"La mediaci�n indicada tiene una larga historia, que empieza en el derecho romano y se prolonga hasta los tiempos contempor�neos, utiliz�ndose en pa�ses como Estados Unidos de Am�rica, Inglaterra, Alemania, Francia, Suiza, Noruega, B�lgica, Espa�a, Colombia, Bolivia, Costa Rica, Guatemala y, muy especialmente en la Rep�blica Argentina. En nuestro pa�s en el Estado de Puebla est� vigente una Ley de Mediaci�n y Nuevo Le�n esta por tenerla, si no es que ya la tiene. Igualmente, el C�digo de Procedimientos Penales del Estado de Morelos dispone, en su art�culo 121, que cuando el Ministerio P�blico tenga conocimiento de un delito perseguible por querella, procurar� la conciliaci�n entre el inculpado y el ofendido, actuando por s� mismo o requiriendo la intervenci�n de quien est� en condiciones de promover esa conciliaci�n.

"En el Estado de Veracruz, la mediaci�n conciliatoria est� prevista y regulada en el art�culo 219 del C�digo de Procedimientos Civiles y, con base en los referentes expresados, se estima oportuno que tambi�n lo est� en nuestro C�digo de Procedimientos Penales, sin necesidad de una ley especial ni de crear instancia paralelas al Ministerio P�blico, aprovechando la experiencia que han ido acumulando los agentes conciliadores del Ministerio P�blico con que cuenta el Estado, introduciendo una ampliaci�n de su esfera de competencia que por ahora se limita en la intervenci�n en asuntos pertinentes a delitos de violencia intrafamiliar, fundamentalmente.

Adem�s, en la presente iniciativa se propone que si el delito sobre el que versa la investigaci�n ministerial es de los perseguibles por querella de parte, el agente del Ministerio P�blico investigador, recibida y ratificada la petici�n del querellante, proceda de la siguiente manera: informe al quejoso que la ley previene un procedimiento de mediaci�n para analizar opciones que posibiliten un acuerdo entre agraviado e indiciado mediante el cual, respetando los derechos de ambos, sea innecesario abrir un proceso para resolver el conflicto entre ellos; que si el querellante expresa su anuencia para la mediaci�n, haci�ndose constar la misma en acta expresa, el agente investigador remita lo actuado al agente del Ministerio P�blico Conciliador del Distrito. ...

Por otra parte, en la discusi�n de veintid�s de octubre de dos mil tres, durante el sexto periodo de sesiones extraordinarias de la LIX Legislatura del Estado de Veracruz, respecto del art�culo 135 del c�digo procesal en cuesti�n, se expres� lo siguiente:

"... En esta fracci�n VII del art�culo 135, es m�s bien el planteamiento de contemplar en esta fracci�n una palabra, a fin de que se prevea la acci�n jur�dica a cargo del agraviado cuando el incumplimiento del convenio suscrito ante el agente del Ministerio P�blico respectivo s�lo lo haya realizado de forma parcial con el objeto de salvaguardarde manera integral los derechos del agraviado.

"Para ello, propongo la redacci�n de esta fracci�n para quedar como sigue: ?Si el inculpado reconoce de su libre y espont�nea libertad los derechos que se imputan y cubre o garantiza la reparaci�n del da�o o el ofendido acepta en los t�rminos propuestos, se formular� el convenio respectivo del que se dar� una copia a cada uno. El incumplimiento total o incluso parcial de lo pactado dar� lugar a que se deje sin efecto el convenio de mediaci�n y el agraviado podr� solicitar la tramitaci�n consecuente de la investigaci�n ministerial. El incumplimiento tendr� como efecto, el archivo definitivo de la querella.?

"Donde vemos que es m�s recurrente esta situaci�n es, por ejemplo, en el incumplimiento de dar alimentos, que muchas veces se cumple de manera parcial y con eso en un momento dado, bueno, ya siente la persona que en este lado tiene la obligaci�n de darlos, que est� liberado del compromiso o del convenio establecido, y muchas veces aqu� la situaci�n, bueno, da lugar a que se d� por cumplido el convenio, pero s�lo es de manera parcial. Entonces, creemos conveniente que en un momento dado se establezca que el incumplimiento de manera total o parcial dejar� sin efecto el acuerdo."

Con lo anterior queda precisado el contenido de las normas en estudio, en el sentido de que con el prop�sito de procurar el equilibrio de los derechos que asisten tanto al indiciado como a la v�ctima, surge la mediaci�n como una figura pensada especialmente a favor de esta �ltima, y que tiene como prop�sito evitar un proceso penal engorroso, eliminando dilaciones en los tr�mites, dificultades y rigideces de formalismos excesivos.

En virtud de que en t�rminos de ley son derechos del querellante tanto el ser informado de la existencia del procedimiento de mediaci�n, como decidir agotar esa alternativa extrajudicial, esta Primera S. estima que si el Ministerio P�blico, durante la averiguaci�n previa, no cumple con la multicitada obligaci�n de informar al querellante y, por ende, no se lleva a cabo la mediaci�n, entonces se actualiza una violaci�n al procedimiento que le causa perjuicio a este �ltimo, sin que estrictamente repercuta en la esfera jur�dica de garant�as y derechos que asisten al indiciado o procesado, seg�n el caso, pues no ha sido instituido como un derecho o un beneficio procedimental a su favor.

Por tanto, la omisi�n de m�rito, a la luz de la legislaci�n penal de Veracruz, no vulnera la garant�a del debido proceso legal del inculpado prevista en el art�culo 14 constitucional y, por ende, este �ltimo no se puede prevaler de ella, especialmente si interpone el juicio de amparo indirecto en contra de la orden de aprehensi�n, su equivalente o el auto de formal prisi�n.

En efecto, el art�culo 107, fracci�n I, de la Constituci�n Federal establece que el juicio de amparo s�lo puede iniciarse a instancia de parte agraviada, lo cual quiere decir, a la luz del art�culo 4o. de la Ley de Amparo, que �nicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto.(3)

A su vez, la procedencia del amparo depende de la existencia de un agravio personal y directo, entendiendo como agravio todo menoscabo, patrimonial o no, a la esfera jur�dica de derechos del gobernado. Como tal debe ser apreciable objetivamente, de manera real, por oposici�n a hipot�tico.

Este principio no tiene excepciones, de tal suerte que si dentro de la esfera de derechos procesales del inculpado o procesado no se encuentra la de ser instado a iniciar un procedimiento de mediaci�n penal, seg�n la legislaci�n del Estado de Veracruz, entonces no puede prevalerse de una omisi�n ministerial sobre el particular, en calidad de agravio, ni mucho menos la autoridad constitucional puede hacerla valer de oficio y en suplencia de la deficiencia de la queja.

Las conclusiones alcanzadas en la presente ejecutoria no prejuzgan sobre la participaci�n que las legislaciones de otras entidades federativas puedan otorgar al indiciado en el procedimiento de mediaci�n penal, pues si bien no existe disposici�n constitucional que prevea esa garant�a a su favor, la ley ordinaria s� podr�a hacerlo en su beneficio.

Por las consideraciones antes expuestas, la tesis de jurisprudencia que debe prevalecer es la siguiente:

MEDIACI�N EN LA AVERIGUACI�N PREVIA, PREVISTA EN LOS ART�CULOS 135 Y 136 DEL C�DIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES PARA EL ESTADO DE VERACRUZ. LA OMISI�N POR PARTE DEL MINISTERIO P�BLICO DE INFORMAR AL QUERELLANTE SOBRE AQUELLA ALTERNATIVA, NO AFECTA LA ESFERA JUR�DICA DEL INCULPADO.-Del contenido de las normas referidas y de su proceso legislativo se advierte el prop�sito del legislador de procurar el equilibrio de los derechos que asisten tanto al indiciado como a la v�ctima, surgiendo la mediaci�n como una figura de atenci�n y compensaci�n a favor de ella, aplicable s�lo trat�ndose de delitos no graves y cuyo prop�sito es evitar el proceso penal mediante un arreglo conciliatorio entre las partes en conflicto, respetando los derechos de ambas, en donde ordinariamente el Ministerio P�blico tiene el car�cter de tercero mediador. Asimismo, de dichas normas se desprende que el querellante tiene derecho a ser informado de la existencia del mencionado procedimiento de mediaci�n, as� como de decidir si agota o no esa alternativa extrajudicial. Por tanto, si durante la averiguaci�n previa el Ministerio P�blico no informa al querellante sobre tal alternativa y, por ende, no se lleva a cabo la mediaci�n, se actualiza una violaci�n al procedimiento que causa perjuicio a la v�ctima, mas no al indiciado o procesado, pues la referida legislaci�n procesal dispone que el inicio de la conciliaci�n aludida s�lo es prerrogativa del querellante, de ah� que si el inculpado interpone juicio de amparo indirecto contra la orden de aprehensi�n, su equivalente o el auto de formal prisi�n, carece de inter�s jur�dico para prevalerse de la referida omisi�n.

Por lo expuesto y fundado se

resuelve:

PRIMERO

Existe contradicci�n entre los criterios sustentados por el Primer y Segundo Tribunales Colegiados, ambos en Materia Penal del S�ptimo Circuito.

SEGUNDO

Debe prevalecer con car�cter de jurisprudencia, la tesis sustentada por esta Primera S. de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, en t�rminos del �ltimo considerando de esta ejecutoria.

TERCERO

D�se publicidad a la tesis jurisprudencial que se sustenta en la presente resoluci�n, en t�rminos del art�culo 195 de la Ley de Amparo.

N.�quese; env�ese testimonio de la presente resoluci�n a los �rganos jurisdiccionales se�alados en el resolutivo primero y, en su oportunidad, arch�vese el toca de la contradicci�n.

As� lo resolvi� la Primera S. de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, por mayor�a de tres votos de los se�ores Ministros: Jos� de Jes�s G.�o P. (ponente), J.N.S.M. y presidente Jos� Ram�n Coss�o D�az. Los se�ores M.S.A.V.H.�ndez y O.S.C. de G.�a V., votaron en contra.

___________________

  1. "Art�culo 136. En la audiencia, el agente del Ministerio P�blico podr� auxiliarse de alguna persona que, por su autoridad moral y ascendencia amistosa sobre el inculpado y el ofendido, pueda facilitar el avenimiento. Si se trata de individuos pertenecientes a una comunidad ind�gena, se tomar�n en cuenta los usos y costumbres de la misma para requerir la intervenci�n del conciliador."

  2. Asuntos resueltos por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del S�ptimo Circuito (los art�culos citados corresponden al C�digo Penal para el Estado Libre y Soberano de Veracruz)

    a) Amparo en revisi�n 429/2005. Delito de lesiones, previsto en el art�culo 143. Se persigue por querella.

    b) Amparo en revisi�n 17/2006. Delitos de da�os y lesiones, previstos en los art�culos 226, en relaci�n con los preceptos 21, 136 y 137, fracci�n III, del mismo ordenamiento. Se persiguen por querella.

    Asuntos resueltos por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del S�ptimo Circuito.

    a) Amparo en revisi�n 327/2004. Delito de da�os culposos, previsto en el art�culo 226 en relaci�n con el 21, p�rrafo tercero. Se persigue por querella.

    b) Amparo en revisi�n 476/2004. Delito de da�os culposos, previsto en el art�culo 226 en relaci�n con el 21, p�rrafo tercero. Se persigue por querella.

    c) Amparo en revisi�n 105/2005. Delito de lesiones culposas, previsto en los art�culos 136 y 137, fracciones I y II, en relaci�n con los art�culos 85, 142 y 143. Se persigue por querella.

    d) Amparo en revisi�n 110/2005. Delito de da�os culposos, previsto en el art�culo 226 en relaci�n con el 21, p�rrafo tercero. Se persigue por querella.

    e) Amparo en revisi�n 250/2005. Delito de da�os culposos, previsto en el art�culo 226 en relaci�n con el 21, p�rrafo tercero. Se persigue por querella.

    f) Amparo en revisi�n 20/2006. Delito de incumplimiento de la obligaci�n de dar alimentos, previsto en el art�culo 236. Se persigue por querella.

  3. (Reformado, D.O.F. 5 de enero de 1988) (Republicado, D.O.F. 11 de enero de 1988 y D.O.F. 1o. de febrero de 1988)

    Art�culo 4o. El juicio de amparo �nicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique la ley, el tratado internacional, el reglamento o cualquier otro acto que se reclame, pudiendo hacerlo por s�, por su representante, por su defensor si se trata de un acto que corresponda a una causa criminal, por medio de alg�n pariente o persona extra�a en los casos en que esta ley lo permita expresamente; y s�lo podr� seguirse por el agraviado, por su representante legal o por su defensor.