Ejecutoria num. 1a./J. 196/2005 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala - Jurisprudencia - VLEX 26823030

Ejecutoria num. 1a./J. 196/2005 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala

Emisor:Primera Sala
Número de Resolución:1a./J. 196/2005
Materia:Suprema Corte de Justicia de México
Fecha de Publicación: 1 de Mayo de 2006
RESUMEN

CONTRADICCIÓN DE TESIS 123/2005-PS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS QUINTO Y DÉCIMO CUARTO, AMBOS EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.SOCIEDADES MERCANTILES. LA SUSPENSIÓN DE LAS RESOLUCIONES ADOPTADAS POR LAS ASAMBLEAS GENERALES DE ACCIONISTAS, PREVISTA EN EL ARTÍCULO 202 DE LA LEY GENERAL RELATIVA, ES APLICABLE TRATÁNDOSE DE LA ACCIÓN DE OPOSICIÓN, NO ASÍ PARA LA DE NULIDAD.

 
ÍNDICE
CONTENIDO

CONTRADICCI�N DE TESIS 123/2005-PS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS QUINTO Y D�CIMO CUARTO, AMBOS EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.

CONSIDERANDO:

PRIMERO

Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, es legalmente competente para conocer del presente asunto, de conformidad con lo dispuesto en los art�culos 107, fracci�n XIII, de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, 197-A de la Ley de Amparo, y 21, fracci�n VIII, de la Ley Org�nica del Poder Judicial de la Federaci�n, en relaci�n con los puntos segundo y cuarto del Acuerdo General Plenario 5/2001, publicado en el Diario Oficial de la Federaci�n el veintinueve de junio de dos mil uno, por tratarse de criterios sustentados por Tribunales Colegiados de Circuito al resolver juicios de amparo en materia civil, la cual es del conocimiento exclusivo de esta Sala.

SEGUNDO

La denuncia de contradicci�n de tesis proviene de parte leg�tima, en t�rminos de lo dispuesto en los art�culos 107, fracci�n XIII, de la Constituci�n Federal y 197-A de la Ley de Amparo, pues la hizo el presidente del D�cimo Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, el cual emiti� uno de los criterios estimados contradictorios.

TERCERO

A fin de estar en aptitud de determinar si existe la contradicci�n de tesis denunciada y, en su caso resolverla, es preciso tener presentes los criterios sustentados por los �rganos colegiados que la motivaron, y que a continuaci�n en la parte que interesa se transcriben:

  1. El D�cimo Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, al resolver el veintisiete de junio de dos mil cinco, el juicio de amparo en revisi�n civil n�mero 171/2005, promovido por I.C.�o M.�n y Francisco M.�n Cos�o, sostuvo lo siguiente:

    CUARTO-Por la relaci�n que guardan entre s� los agravios, se analizar�n en su conjunto, como lo autoriza el art�culo 79 de la Ley de Amparo, los cuales resultan esencialmente fundados como se ver� a continuaci�n. Para mejor comprensi�n del asunto, es conveniente precisar los siguientes antecedentes que se desprenden tanto de la copia certificada de las actuaciones del juicio ordinario mercantil 943/2004, seguido en el Juzgado D�cimo Octavo de lo Civil del Distrito Federal, por los aqu� recurrentes en contra de L., Sociedad An�nima y otros, as� como de los autos originales del toca 43/05, en el que la Sexta Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, resolvi� de manera unitaria el recurso de apelaci�n interpuesto contra el auto de once de noviembre de dos mil cuatro, dictado por el J. D�cimo Octavo de lo Civil del Distrito Federal. 1. Por escrito presentado el ocho de noviembre de dos mil cuatro, I.C.�o M.�n y Francisco M.�n Cos�o, demandaron en la v�a ordinaria mercantil de L., Sociedad An�nima, R.B.B.�lez y Mar�a E.C.P., las siguientes prestaciones: (se transcribe). Asimismo, los aqu� inconformes solicitaron al J. de primera instancia, con fundamento en el art�culo 202 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, que suspendiera todas y cada una de las resoluciones adoptadas en la asamblea general extraordinaria de accionistas de la empresa L., Sociedad An�nima, llevada a cabo el veintisiete de septiembre de dos mil cuatro. La petici�n correspondiente se formul� en los siguientes t�rminos: (se transcribe). 3. Por auto de once de noviembre de dos mil cuatro, el J. de primer grado admiti� a tr�mite la demanda y concedi� la suspensi�n solicitada por los aqu� recurrentes, apoy�ndose en las siguientes consideraciones: (se transcribe). 4. Por escrito presentado el veintitr�s de noviembre de dos mil cuatro, los coactores presentaron la fianza que les requiri� el juzgador, quien por auto de veinticuatro de noviembre de esa anualidad tuvo por exhibida dicha fianza. 5. Inconformes con las resoluciones en las que el J. de primera instancia concedi� la suspensi�n solicitada por la parte actora y tuvo por exhibida la fianza correspondiente, los codemandados R.B.B.�lez y Mar�a E.C.P., interpusieron recurso de apelaci�n y expresaron como agravios lo siguiente: (se transcribe). 6. Por resoluci�n de veintis�is de enero de dos mil cinco, dictada en el toca 43/05, la Sexta Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, modific� el auto admisorio de la demanda y determin� que no resultaba procedente conceder la suspensi�n provisional en t�rminos del art�culo 202 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, por lo siguiente: (se transcribe). 7. Inconformes con ese fallo, los aqu� recurrentes promovieron el juicio de amparo que ahora se revisa, del que por raz�n de turno, correspondi� conocer al J. D�cimo Primero de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal, el que neg� la protecci�n federal con base en los siguientes razonamientos: a) Que de la interpretaci�n arm�nica de los art�culos 186, 187, 188, 201 y 202 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, se desprende que las resoluciones de las asambleas se pueden impugnar a trav�s de la nulidad o de la oposici�n. b) Que la nulidad se har� valer cuando la convocatoria de las asambleas generales no se haga por medio de la publicaci�n de un aviso en el Peri�dico Oficial de la entidad del domicilio de la sociedad, o en los peri�dicos de mayor circulaci�n, o en su defecto, quince d�as antes de la fecha se�alada para la reuni�n; si durante ese tiempo no se deja a disposici�n de los accionistas el informe a que se refiere el art�culo 172 del ordenamiento legal citado; o ?cuando la convocatoria no contenga la orden del d�a y contenga la firma de quien la haga?. c) Que la oposici�n judicial a las resoluciones de las asambleas generales la har� valer el treinta y tres por ciento del capital social, siempre que la demanda se presente dentro de los quince d�as siguientes a la clausura de la asamblea; los reclamantes no hubieren concurrido a la misma asamblea o hubieran dado su voto en contra, y que la demanda se�ale la cl�usula del contrato social o el precepto legal infringido y el concepto de violaci�n. d) Que la ejecuci�n de las resoluciones impugnadas podr� suspenderse por el J., siempre que los actores den fianza bastante para responder de los da�os y perjuicios que pudieran causarse a la sociedad por la inejecuci�n de dichas resoluciones, en el supuesto de que la sentencia declare infundada la oposici�n. e) Que si bien es cierto la nulidad y la oposici�n son acciones para impugnar tanto las convocatorias como las resoluciones de la asamblea general, tambi�n es verdad que cada una de ellas se encuentra regulada espec�ficamente en la ley de la materia, lo que lleva a concluir que se trata de acciones que combaten distintas cuestiones dentro de la asamblea. f) Que las diferencias esenciales entre la acci�n que tiene por objeto la declaraci�n de nulidad de una asamblea y la de oposici�n a la ejecuci�n de los acuerdos adoptados en ella, consisten en que la primera se apoya en la ausencia de requisitos formales en las convocatorias o en los requisitos necesarios en cuanto al qu�rum en primera convocatoria, para que sea v�lida la asamblea en cuanto a la forma, y no se condiciona su procedencia a que se haga el dep�sito de las acciones ante notario, dentro de los quince d�as siguientes a la clausura de la asamblea; mientras que la acci�n de oposici�n a la ejecuci�n de los acuerdos de asamblea no tiene por objeto la nulidad por vicios de forma en la convocatoria o por falta de qu�rum legal, sino �nicamente oponerse a la ejecuci�n de los acuerdos adoptados en la asamblea por contravenci�n a los estatutos sociales o a la ley, de modo que atiende a cuestiones de fondo de los acuerdos, y no a circunstancias previas a la asamblea que pueden incidir en su nulidad. g) Que para el ejercicio de la acci�n de nulidad de asamblea, no es necesario satisfacer el requisito previsto en la fracci�n I del art�culo 201 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, porque este �ltimo se refiere a la acci�n de oposici�n judicial a la ejecuci�n de los acuerdos adoptados en la asamblea, mientras que la acci�n de nulidad de asamblea general de sociedades de accionistas procede por vicios que surten los supuestos de los preceptos 186 y 187 de la Ley General de Sociedades Mercantiles; en cambio, la acci�n que contempla el art�culo 201 de dicha ley, es la de oposici�n a la propia asamblea. Y, que resultaban aplicables las tesis aisladas de rubros: ?ACCI�N DE NULIDAD DE ASAMBLEA. ES DIFERENTE A LA OPOSICI�N JUDICIAL DE LAS RESOLUCIONES DE LAS ASAMBLEAS GENERALES A QUE SE REFIERE EL ART�CULO 201 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES.? y ?SOCIEDADES MERCANTILES, ACCIONES DE NULIDAD Y OPOSICI�N RESPECTO A RESOLUCIONES DE LAS ASAMBLEAS DE LAS. CASO EN QUE ES NECESARIO EL DEP�SITO DE ACCIONES.?. h) Que como correctamente lo determin� la Sala responsable, por haberse solicitado la nulidad de la asamblea general extraordinaria no era procedente conceder la suspensi�n de la ejecuci�n de la referida asamblea, en raz�n de que la acci�n de nulidad difiere jur�dicamente a la de oposici�n, las cuales se encuentran reguladas de manera espec�fica en la legislaci�n aplicable. i) Que si bien el art�culo 202 de la Ley General de Sociedades Mercantiles establece que la ejecuci�n de las resoluciones impugnadas podr� suspenderse por el J.; dicha suspensi�n es �nicamente en el caso de oposici�n, pues el precepto legal en cita establece que para otorgar la suspensi�n deber� otorgarse fianza bastante para responder de los da�os y perjuicios que se pudieran causar a la sociedad cuando en la sentencia se declara infundada la oposici�n, atento a la tesis aislada de rubro: ?SOCIEDADES MERCANTILES, ACCI�N DE OPOSICI�N A RESOLUCIONES DE LAS ASAMBLEAS DE LAS.? (se transcribe). j) Que el art�culo 202 de la Ley General de Sociedades Mercantiles establece que procede la medida de suspensi�n �nicamente cuando se trata de oposici�n; ya que, sin prejuzgar sobre el fondo del asunto, la nulidad est� relacionada con la falta de convocatoria a la asamblea de accionistas y tambi�n el caso en que quien realice dicha convocatoria carezca de atribuciones legales y estatutarias para hacerlo. k) Que las acciones de oposici�n resultan limitadas a las resoluciones tomadas durante el curso de la asamblea de accionistas, lo que presupone que los actos preparatorios para la realizaci�n de dicha asamblea encuadran dentro de supuestos diversos, que son motivo de acci�n distinta, como lo es la de nulidad; de ah� que la acci�n de nulidad basada en el art�culo 188 de la ley mencionada se hace valer cuando no se cumplen con los requisitos de validez, que de ninguna manera encuadra dentro de las hip�tesis previstas en el art�culo 201 del propio ordenamiento mercantil, que se refiere a la acci�n basada en el derecho de oposici�n de los socios y que, por el mismo motivo, no se encuentra dentro de los supuestos de suspensi�n contemplados en el mencionado art�culo 202. l) Que no es correcto aplicar por analog�a a la acci�n de nulidad, lo relacionado con la suspensi�n de los acuerdos, porque el m�todo anal�gico se aplica cuando existe una relaci�n de semejanza entre cosas distintas o haya una relaci�n de diversos objetos o conceptos entre s�, por la cual se les aplica un t�rmino com�n, esto es, para la aplicaci�n de dicho m�todo anal�gico es necesario que concurran diversas circunstancias, como la ausencia expresa de la norma aplicable al caso concreto; la existencia de una norma que resulta aplicable a otro caso concreto distinto, pero que presenta similitud con el cuestionado y que por igual raz�n, porque est� impl�cito que se haga lo ordenado o permitido en el caso reglado, le resulta aplicable al cuestionado. m) Que si bien tienen distinta naturaleza la nulidad y la oposici�n, no se pueden aplicar las mismas medidas para una y para la otra; pues, se insiste, la nulidad se encuentra expresamente regulada en los art�culos 186, 187 y 188 de la Ley General de Sociedades Mercantiles y tiene como objeto combatir las formalidades de publicaci�n de la convocatoria para la asamblea general extraordinaria; en cambio, la acci�n de oposici�n la contemplan los art�culos 201 y 202 del mismo ordenamiento, y tiene como finalidad impugnar las resoluciones decretadas en la propia asamblea. n) Que de aceptarse la aplicaci�n anal�gica de la suspensi�n prevista para la oposici�n, ser�a tanto como admitir que tambi�n deben de aplicarse los requisitos para la procedencia de la oposici�n a la nulidad establecida en el diverso 201. De lo anteriormente expuesto puede apreciarse que la cuesti�n jur�dica toral consiste en determinar si el art�culo 202 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, que prev� la suspensi�n de las resoluciones legalmente adoptadas por las asambleas generales de accionistas, puede o no aplicarse por mayor�a de raz�n cuando se demande la nulidad de una asamblea general extraordinaria de accionistas. En primer lugar, es conveniente precisar las opiniones que diversos tratadistas han emitido sobre el tema controvertido, m�xime que los recurrentes acuden a la doctrina para demostrar sus aseveraciones, ya que aun cuando en el sistema jur�dico mexicano por regla general, no se reconoce formalmente que la doctrina pueda servir de sustento de una sentencia; sin embargo, puede acudirse a ella como elemento de an�lisis y apoyo, considerando que todo sistema jur�dico responde a la intenci�n del legislador de que sea expresi�n de justicia. Es aplicable a lo anterior, la tesis aislada 2a. LXIII/2001, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, publicada en la p�gina 448 del T.X., correspondiente al mes de mayo de 2001, Novena �poca del Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, que a la letra dice: (se transcribe). J.�n R.�guez R.�guez en su Tratado de Sociedades Mercantiles, Tomo II, editorial P.�a, M�xico, 1986, expresa: (se transcribe). R.L.M.M. en su libro Derecho Mercantil, editorial P.�a, M�xico, 1986, manifiesta lo siguiente: (se transcribe). M.G.�a R.�n en su trabajo denominado Sociedades Mercantiles, editorial Oxford, M�xico, 2003, explica: (se transcribe). Como puede apreciarse, la posibilidad de que se suspendan las resoluciones adoptadas por una asamblea general de accionistas cuando se reclama la nulidad de dicha asamblea ha generado opiniones encontradas entre los tratadistas, por lo que con el fin de dar sustento a lo que este tribunal resolver�, debe tomarse en cuenta que la acci�n de oposici�n a las resoluciones adoptadas en las asambleas de accionistas de una sociedad mercantil, se encuentra prevista en el art�culo 201 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, cuyo contenido es el siguiente: (se transcribe). Por otra parte, la Ley General de Sociedades Mercantiles, en su art�culo 202, establece que cuando se impugnen los acuerdos adoptados en una asamblea de accionistas de una sociedad mercantil, podr� decretarse la suspensi�n de la ejecuci�n de esos acuerdos. Al respecto, ese precepto dispone lo siguiente: (se transcribe). Es importante precisar que la doctrina es un�nime respecto a que la figura de la suspensi�n participa de la naturaleza de una medida cautelar o precautoria. Las medidas precautorias, calificadas tambi�n como providencias o medidas cautelares, son los instrumentos que puede decretar el juzgador, a solicitud de las partes (en algunos casos de oficio), para conservar la materia del litigio, as� como para evitar un grave e irreparable da�o a las partes o a la sociedad, con motivo de la tramitaci�n de un proceso, es decir, se decretan para evitar que se haga in�til la sentencia de fondo y que �sta tenga eficacia pr�ctica. El art�culo transcrito establece una medida precautoria o cautelar de naturaleza especial, consistente en la suspensi�n de la ejecuci�n de las resoluciones impugnadas, que se pide, por lo general, juntamente con la demanda en la que se ejercita la acci�n de oposici�n relativa; sin embargo, puede solicitarse en cualquier tiempo mientras no se dicte sentencia ejecutoria. La suspensi�n derivada de la acci�n de oposici�n a las resoluciones adoptadas en una asamblea de accionistas de una sociedad mercantil, es una medida precautoria o preventiva que podr� decretar el J. para conservar la materia del juicio, esto es, para evitar que la ejecuci�n de los acuerdos impugnados provoque la ineficacia de la sentencia que llegue a dictarse. Asimismo, la suspensi�n de la ejecuci�n de las resoluciones impugnadas est� sujeta al cumplimiento de requisitos de procedencia y de efectividad. Los primeros, constituidos por aquellas condiciones que se deben reunir para que se conceda la medida precautoria; mientras que los segundos, implican aquellas exigencias que el interesado debe llenar para que surta efectos la suspensi�n otorgada. Establecido lo anterior, debe advertirse que la Ley General de Sociedades Mercantiles fue publicada en el Diario Oficial de la Federaci�n el cuatro de agosto de mil novecientos treinta y cuatro y se integra con la publicaci�n de la fe de erratas de veintiocho de agosto del mismo a�o, la cual fue expedida por el Ejecutivo Federal en uso de las facultades extraordinarias que le confiri� el Congreso de la Uni�n, mediante decreto de fecha veintiocho de diciembre de mil novecientos treinta y tres, relativo a las facultades para expedir un C�digo de Comercio y las leyes especiales en materia de comercio y de derecho procesal mercantil. Bajo esa circunstancia no existi� una exposici�n de motivos que develara la intenci�n de la expedici�n de la norma referida y que contribuyera a determinar o aclarar su sentido. Para abordar el punto materia de la litis y determinar si el art�culo 202 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, puede aplicarse, por analog�a lato sensu en donde se comprende a la mayor�a de raz�n, para suspender los acuerdos adoptados en una asamblea general de accionistas cuya nulidad se reclama, resulta necesario conocer el contenido de los art�culos 178 a 188 y 200 a 205 contenidos en la secci�n sexta denominada ?De las asambleas de accionistas?, del cap�tulo quinto denominado ?De la sociedad an�nima? de la Ley General de Sociedades Mercantiles, que disponen: (se transcribe). De la lectura de los preceptos transcritos se desprende, con claridad y fuera de duda, que la asamblea general de accionistas se considera el �rgano supremo de la sociedad, raz�n por la cual tiene facultad para acordar y ratificar todos los actos y operaciones de la sociedad, cuyas decisiones ser�n cumplidas por la persona que se designe -delegado- o bien, por el administrador o consejo de administraci�n; adem�s, se autoriza que en los estatutos de la sociedad se prevea que las decisiones por unanimidad tomadas por la totalidad de los accionistas fuera de sesi�n de asamblea general o especial, tendr�n la misma validez que si hubieren sido adoptadas en sesi�n, cuando se confirmen por escrito. Las asambleas generales de accionistas pueden ser ordinarias o extraordinarias; la primera de ellas se celebra, por lo menos una vez al a�o dentro de los cuatro meses que sigan a la clausura del ejercicio social y se ocupa de los temas relativos a la discusi�n, aprobaci�n o modificaci�n del informe de los administradores que se indica en el art�culo 172 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, tomando en cuenta el informe de los comisarios, as� como determinar sus emolumentos si no est�n fijados en los estatutos sociales. En cambio, las asambleas extraordinarias tienen como objeto tratar lo relativo a la pr�rroga de la duraci�n de la sociedad, su disoluci�n anticipada, el aumento o reducci�n de capital, cambio de objeto de la sociedad, cambio de nacionalidad de la sociedad, la fusi�n o transformaci�n de la misma, la emisi�n de acciones privilegiadas, la amortizaci�n por la sociedad de sus propias acciones y emisi�n de acciones de goce; laemisi�n de bonos, cualquier modificaci�n al contrato social y los dem�s asuntos para los que la ley o el contrato social exija qu�rum especial, bajo la premisa de que pueden celebrarse en cualquier tiempo. La convocatoria para las asambleas debe hacerse por el administrador, el consejo de administraci�n de la sociedad o los comisarios; tambi�n los accionistas que representen el treinta y tres por ciento del capital social pueden pedir a aqu�llos la convocatoria de una asamblea para tratar los asuntos que se indiquen y, en caso de oposici�n a la emisi�n de la misma, la autoridad judicial del domicilio de la sociedad podr� hacerlo, en cuyo caso los accionistas referidos deber�n exhibir los t�tulos de las acciones; el requisito del porcentaje m�nimo de accionistas no se tomar� en cuenta cuando no se celebr� ninguna asamblea en dos ejercicios consecutivos o no se ocup� de los asuntos que se indican en el art�culo 181 de la ley citada, sino que bastar� que lo haga el titular de una sola acci�n y que exista negativa del consejo de administraci�n, administrador o comisarios de efectuarla u omitan realizarla en el t�rmino de quince d�as a partir de la solicitud. La convocatoria a la asamblea general debe hacerse por medio de la publicaci�n de un aviso en el Peri�dico Oficial de la entidad o en uno de los peri�dicos de mayor circulaci�n con la anticipaci�n que fijen los estatutos de la sociedad y, en su defecto, con quince d�as de anticipaci�n a la fecha se�alada para la reuni�n, en cuyo lapso estar� a disposici�n de los accionistas el informe a que se refiere el art�culo 172 de la ley de la materia. Las resoluciones que se tomen en la asamblea que no se celebre de acuerdo a las formalidades antes precisadas o no contengan el orden del d�a y no sean firmadas por quien las haga, ser�n nulas, salvo que al momento de la votaci�n haya estado representada la totalidad de las acciones. Esas resoluciones son obligatorias para los socios, aun para los ausentes o disidentes, salvo el derecho de oposici�n previsto en esa ley. As�, los accionistas que representen el treinta y tres por ciento del capital social pueden oponerse a las resoluciones de las asambleas generales cuando la demanda se presente dentro de los siguientes quince d�as a la fecha de clausura de la asamblea; que los reclamantes no hayan concurrido a la asamblea o no hayan dado su voto a la resoluci�n impugnada; que la demanda se�ale la cl�usula del contrato social o precepto legal infringido y el concepto de violaci�n. Lo anterior tiene una excepci�n expresa que ata�e a la imposibilidad de oponerse judicialmente contra la resoluci�n que exige la responsabilidad de los administradores o comisarios en tanto se trata de una decisi�n de la sociedad cuyo inter�s tiene mayor trascendencia que la del accionista; pero en cambio, s� podr�n oponerse a la resoluci�n que niegue esa posibilidad de exigir la responsabilidad. La ejecuci�n de las resoluciones impugnadas puede suspenderse por la autoridad judicial siempre que los actores dieren fianza bastante para responder de los da�os y perjuicios que pudieren ocasionarse a la sociedad por la inejecuci�n de esas resoluciones, en el caso de que se declare infundada la oposici�n. As�, la sentencia que se dicte surtir� efectos respecto de todos los socios, en la inteligencia de que todas las oposiciones habidas deben deducirse en una misma sentencia. En todo caso, cuando se ejerza la acci�n de oposici�n a la ejecuci�n de las resoluciones de una asamblea de accionistas, deber�n depositarse los t�tulos de las acciones ante notario o ante una instituci�n de cr�dito, quienes expedir�n el certificado correspondiente para acompa�arse a la demanda y los que sean necesarios para hacer efectivos los derechos sociales y aqu�llas no se devolver�n sino hasta la conclusi�n del juicio. De acuerdo a lo anterior y como se desprende de una interpretaci�n sistem�tica del art�culo 201 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, la acci�n de oposici�n que prev� tiene por objeto impedir la ejecuci�n de los acuerdos adoptados en la asamblea y atiende a cuestiones de fondo de esos acuerdos que contravienen los estatutos sociales o la ley. En cambio, la acci�n de nulidad prevista en el art�culo 188 de la Ley General de Sociedades Mercantiles tiene como objeto principal estimar si se actualiz� alguna de las hip�tesis previstas en los art�culos 186 y 187 de la ley citada, ya precisadas. Sobre ese tema se ha pronunciado el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito y ha dado lugar a la tesis I.3o.C.194 C, que este �rgano colegiado comparte, publicada en la p�gina 1179, Tomo XII, agosto de 2000, Novena �poca del Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, cuyos rubro y texto indican: ?ACCI�N DE NULIDAD DE ASAMBLEA. ES DIFERENTE A LA OPOSICI�N JUDICIAL DE LAS RESOLUCIONES DE LAS ASAMBLEAS GENERALES A QUE SE REFIERE EL ART�CULO 201 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES.? (se transcribe). De lo anterior se desprende con claridad que en el caso de las resoluciones adoptadas por la asamblea general de accionistas, proceden diversas acciones, sean la de nulidad o la de oposici�n antes precisadas y significan un derecho que la ley concede a los accionistas cuando estiman que un acuerdo de asamblea es nulo porque la convocatoria a la asamblea tiene un vicio de forma o no hubo el qu�rum legal (acci�n de nulidad), o bien cuando se contravienen disposiciones de la ley o los estatutos de la sociedad (acci�n de oposici�n). En s�ntesis, tanto la acci�n de nulidad como la de oposici�n tienen la finalidad de controvertir y dejar sin efectos el acto impugnado, aun cuando encuentran una diferencia de matiz en cuanto a qui�n puede promoverla; en el primer caso, cualquier accionista interesado que no haya estado presente en la celebraci�n de la asamblea y alegue infracci�n de lo previsto por los art�culos 186 y 187 de la Ley General de Sociedades Mercantiles; en el segundo, el titular o titulares del treinta y tres por ciento de las acciones representativas del capital social. Por otro lado, debe se�alarse que conforme al art�culo 22 inserto en el cap�tulo primero denominado ?De la constituci�n y funcionamiento de las sociedades en general?, de la Ley General de Sociedades Mercantiles, cualquier socio o acreedor de la sociedad puede exigir de los administradores el cumplimiento de su obligaci�n de separar anualmente el cinco por ciento de las utilidades netas de la sociedad para formar el fondo de reserva que debe equivaler a la quinta parte del capital social; esta acci�n de cumplimiento debe hacerse en v�a sumaria, y permite establecer el derecho de impugnaci�n de los socios y acreedores a los actos del consejo de administraci�n o de los administradores, en cuyo caso se trata de una acci�n de naturaleza individual. Debe recordarse que los art�culos 14, cuarto p�rrafo, de la Constituci�n Federal y 18 del C�digo Civil Federal, de aplicaci�n supletoria al C�digo de Comercio, establecen lo siguiente: (se transcribe). El precepto constitucional antes transcrito, en su parte conducente, es claro en cuanto a la intenci�n del Poder Constituyente de elevar a postulado jur�dico fundamental uno de los principios que rigen la actuaci�n del J. en materia civil, esto es, el de legalidad, el cual adem�s expresa el orden de las fuentes del derecho a las que puede acudir la autoridad judicial, a saber, la ley en primer t�rmino y, en su defecto u omisi�n, los principios generales del derecho. En cuanto al primer aspecto, el texto legal debe entenderse conforme a la letra y, en caso de que las palabras o enunciados normativos sean confusos o no suficientemente claros para comprender su sentido liso y llano, debe recurrirse a la interpretaci�n de la ley. Se afirma lo anterior, porque es claro que la noci�n tradicional de sistema o de orden jur�dico, tiene como presupuesto ideal el que el conjunto de normas que lo forman puede regular y comprender todos los casos posibles, pero cuando ello no es as�, esa falla o laguna, debe ser subsanada por otras fuentes previstas por el mismo derecho que completen lo omitido. En la labor interpretativa autorizada por la norma constitucional queda comprendido cualquier m�todo o t�cnica que sirva para resolver el problema planteado, pero en todo caso ellos deben guardar una relaci�n objetiva y uniforme con los criterios establecidos por el legislador ordinario, de modo que debe entenderse como �ltimo recurso, agotadas todas las modalidades de interpretaci�n normativa, por el car�cter in�dito de la controversia a resolver, y se deba acudir a la aplicaci�n de los principios generales del derecho. La norma secundaria citada corrobora la obligaci�n del juzgador de respetar el principio de legalidad citado en tanto que debe juzgar como actividad ineludible y, en esa medida, ante la insuficiencia o la oscuridad de la ley, debe hacer uso de los m�todos de interpretaci�n hist�rica, sem�ntica, sistem�tica y la aplicaci�n anal�gica, sin que esta enumeraci�n impida el empleo de otro m�todo porque exista la libertad para el juzgador de utilizar el m�s apropiado al caso concreto. Ahora bien, cuando se trata del m�todo anal�gico, debe determinarse si en el caso es posible aplicarlo al caso concreto. Es de explorado derecho que la aplicaci�n anal�gica de la norma se da cuando no se contempla un supuesto espec�fico, pero regula otro semejante entre los que se aprecia identidad de raz�n y tiene, entre otros, la finalidad de integrar el ordenamiento jur�dico subsanando las lagunas de que el mismo adolece y que se compagina con el derecho de los gobernados a que sean resueltas las controversias que se plantean a la autoridad judicial quien no puede excusarse de resolverlos ante la insuficiencia, silencio u oscuridad de la ley. La analog�a supone, por un lado, que existe una determinada norma que regula un supuesto de hecho al que aplica una consecuencia jur�dica determinada y, por otro, que existe un supuesto de hecho el cual no se encuentra regulado por norma alguna pero que guarda relaci�n de semejanza del que s� est� previsto en una disposici�n legal y existe una identidad de raz�n. Si bien es cierto que la cuesti�n tocante a la semejanza e identidad de raz�n entre dos supuestos de hecho corresponde resolverla al juzgador, ello no quiere decir que tal determinaci�n sea arbitraria porque debe armonizarse con la intenci�n impl�cita del legislador o creador de la ley de que todos los supuestos de hecho esencialmente semejantes tengan igual tratamiento, como reflejo de un principio general de justicia y equidad. Tambi�n debe recordarse que un m�todo de integraci�n para llenar lagunas legales, es el argumento a fortiori o por mayor�a de raz�n, que es un instrumento de la interpretaci�n extensiva o anal�gica. El argumento a fortiori exige, como condici�n previa para su utilizaci�n, el silencio del legislador sobre la hip�tesis dudosa. Cuando se aplica el argumento hay que contar con dos supuestos: el expresamente previsto por el legislador en un precepto, aquel al que se le debe dar una regulaci�n jur�dica por medio, precisamente, del argumento a fortiori. Este argumento se basa en la mayor raz�n y en la presunta voluntad del legislador, es decir, se considera que la conclusi�n obtenida por medio del argumento refleja su voluntad (impl�cita). Por ello, no se entiende que se est� en presencia de una laguna, de una imprevisi�n del legislador, sino que �ste ha querido llamar la atenci�n sobre algunos casos m�s frecuentes o t�picos, pero que impl�citamente estaba teniendo en cuenta todos aquellos casos que merecen con mayor raz�n que los previstos, la regulaci�n dictada. Esa mayor raz�n constituye el n�cleo del argumento a fortiori, ya que es lo que se presume que tuvo en cuenta el legislador para no incluir ciertas hip�tesis en la previsi�n legal, y es tambi�n el elemento tenido en cuenta por el int�rprete para extender la regulaci�n legal a hip�tesis no expresamente recogidas en el texto elaborado por el legislador. Ahora bien, de la lectura de los art�culos 178 a 188 y 200 a 205 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, queda de manifiesto que el legislador estableci� la suspensi�n de la ejecuci�n de las resoluciones adoptadas por una asamblea de accionistas cuando se ejercita la acci�n de oposici�n, y aunque omiti� regular si esa medida precautoria o cautelar de naturaleza especial puede decretarse cuando se promueve la nulidad de una asamblea de accionistas, tambi�n es verdad que en la Ley General de Sociedades Mercantiles no existe ninguna disposici�n de la que se desprenda que �nicamente cuando se ejercita la acci�n de oposici�n a las resoluciones legalmente adoptadas por las asambleas de accionistas, contemplada en el art�culo 201 del referido ordenamiento legal, puede ordenarse judicialmente la suspensi�n de la ejecuci�n de las indicadas resoluciones. Es cierto que el art�culo 2226 del C�digo Civil Federal, establece que la nulidad absoluta por regla general no impide que el acto produzca provisionalmente sus efectos, los cuales ser�n destruidos retroactivamente cuando se pronuncie por el J. la nulidad; sin embargo, tal disposici�n no conduce a sostener que cuando se promueve la acci�n de nulidad de una asamblea de accionistas, no es dable decretar la medida precautoria prevista en el art�culo 202 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Es importante se�alar que la nulidad absoluta y la relativa se distinguen en que la primera no desaparece por confirmaci�n ni por prescripci�n; es perpetua y su existencia puede invocarse por todo interesado. La nulidad relativa en cambio, no re�ne estos caracteres. Sin embargo, en ambas el acto produce provisionalmente sus efectos, los cuales se destruyen retroactivamente cuando los tribunales pronuncian la nulidad. Apoya la consideraci�n anterior, la jurisprudencia 292, sustentada por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, publicada en la p�gina 197, del Tomo IV, Materia Civil, del Ap�ndice al Semanario Judicial de la Federaci�n, compilaci�n 1917 a 1995, que a la letra dice: ?NULIDAD ABSOLUTA Y RELATIVA.? (se transcribe). Luego si, como se ha visto, en contra de las resoluciones adoptadas por la asamblea general de accionistas, proceden diversas acciones, sean la de nulidad o la de oposici�n antes precisadas y significan un derecho que la ley concede a los accionistas cuando estiman que un acuerdo de asamblea es nulo porque la convocatoria a la asamblea tiene un vicio de forma o no hubo el qu�rum legal (acci�n de nulidad), o bien cuando se contravienen disposiciones de la ley o los estatutos de la sociedad (acci�n de oposici�n). Lo cierto es que el legislador omiti� establecer si la medida precautoria o cautelar prevista en el art�culo 202 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, puede decretarse cuando se promueva la nulidad de una asamblea de accionistas. En tales condiciones, debe estimarse que si el legislador plasm� la posibilidad de suspender la ejecuci�n de las resoluciones adoptadas por las asambleas de accionistas, aun cuando los tribunales judiciales no han resuelto sobre su irregularidad, con mayor raz�n debe estimarse que puede decretarse la suspensi�n trat�ndose de acciones de nulidad promovidas en contra de los acuerdos pronunciadas en una asamblea de accionistas en la que se incumplan los requisitos previstos por los art�culos 179, 188 y 189 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, puesto que la celebraci�n de la asamblea de accionistas, por s� misma, resultar�a ilegal. Cabe precisar que este Tribunal Colegiado no pone en tela de juicio que las acciones de nulidad de una asamblea de accionistas y de oposici�n a las resoluciones legalmente adoptadas, son esencialmente distintas, pero ello no implica que los efectos de una asamblea de accionistas que se tilde de nula, no sean susceptibles de suspenderse. Debe aclararse que para ejercer la acci�n de oposici�n y para obtener la medida precautoria prevista en el art�culo 202 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, es necesario que la demanda se interponga por los accionistas que representen el treinta y tres por ciento del capital social, lo que evita, como apunta �scar V�zquez del Mercado, que un n�mero reducido de accionistas sin escr�pulos, por conveniencia propia, puedan mediante la demanda de oposici�n, detener la marcha de la sociedad y, sobre todo, crear un clima de incertidumbre entre los terceros que tienen o pueden tener relaciones jur�dicas con la sociedad. (Asambleas, F.�n, L.�n y E.�n de Sociedades Mercantiles, editorial P.�a, M�xico, 1996); asimismo, debe estimarse que cuando se ejerza la acci�n de nulidad de una asamblea de accionistas y se pida la suspensi�n de la ejecuci�n de las resoluciones adoptadas en esa asamblea, es necesario que la demanda se interponga por los accionistas que representen el treinta y tres por ciento del capital social, para evitar las consecuencias apuntadas con antelaci�n; de ah� que este Tribunal Colegiado no comparta la tesis aislada, que invocaron tanto los terceros perjudicados, como la Sala responsable y el J. de Distrito, de rubro: ?SOCIEDADES MERCANTILES, ACCI�N DE OPOSICI�N A RESOLUCIONES DE LAS ASAMBLEAS DE LAS.?, sustentada por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. En consecuencia, al suscitarse tesis contradictorias entre dos Tribunales Colegiados de Circuito en juicios de amparo en materia civil, procede denunciar la contradicci�n ante la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, por conducto del presidente de este �rgano colegiado, de conformidad con lo dispuesto en los art�culos 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracci�n VIII, de la Ley Org�nica del Poder Judicial de la Federaci�n, as� como en lo previsto en el punto segundo del Acuerdo General N�mero 5/2001 del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, de veintiuno de junio de dos mil uno, relativo a la determinaci�n de los asuntos que conservar� el Pleno del m�s Alto Tribunal del pa�s para su resoluci�n y el env�o de los de su competencia originaria a las S. y a los Tribunales Colegiados de Circuito. En las relacionadas circunstancias, lo procedente es revocar la sentencia sujeta a revisi�n y conceder la protecci�n de la Justicia Federal para el efecto de que la Sala responsable aprecie lo resuelto en esta ejecutoria y con plenitud de jurisdicci�n resuelva el recurso de apelaci�n relativo.

  2. El Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, al resolver el veinticuatro de noviembre de mil novecientos ochenta y ocho, el juicio de amparo RC. 880/88, promovido por L�nea M�xico T.H. y A., S.A. de C.V., determin� lo siguiente:

    PRIMERO. Por escrito presentado con fecha cuatro de abril de mil novecientos ochenta y ocho, ante la Oficina de Correspondencia Com�n de los Juzgados de Distrito en esta ciudad, E.M.G.�a, con el car�cter de presidente del Consejo de Administraci�n de la L�nea M�xico T.H. y A., S.A. de C.V., ocurri� ante el J. de Distrito en Materia Civil en turno en el Distrito Federal y solicit� el amparo de la Justicia de la Uni�n contra actos de la Segunda Sala del Tribunal Superior de Justicia y J. S�ptimo de lo Civil del Distrito Federal, los cuales precis� en la siguiente forma: ?... de la H. Segunda Sala del Tribunal Superior de Justicia de esta ciudad, se reclama la resoluci�n definitiva dictada en el toca 2475/87, de fecha cuatro de marzo de mil novecientos ochenta y ocho y del C.J.S.�ptimo de lo Civil de esta capital, se reclama, el acuerdo dictado el d�a ocho de octubre de mil novecientos ochenta y siete, dictado dentro del juicio ordinario mercantil, expediente 2529/85, seguido por los ahora tercero perjudicados en contra de mi representada?. Dichos actos los estim� la quejosa violatorios en su perjuicio de las garant�as individuales consignadas en los art�culos 14 y 16 constitucionales. ... TERCERO. Inconforme conese fallo, que fue notificado por lista de estrados el primero de junio del a�o en curso, y que surti� sus efectos al d�a siguiente, el representante legal de la quejosa por escrito presentado el catorce de junio de mil novecientos ochenta y ocho interpuso recurso de revisi�n que fue admitido por el presidente de este tribunal en acuerdo de treinta de junio de mil novecientos ochenta y ocho. El Ministerio P�blico se abstuvo de intervenir. Encontr�ndose los autos en estado de sentencia, se turnaron al Magistrado relator para que formulara el correspondiente proyecto. ... CUARTO. Son fundados los agravios. En efecto, la J. de Distrito consider� equivocadamente que en la especie se actualizaba la causa de improcedencia prevista en el art�culo 73, fracci�n XVIII, de la Ley de Amparo en relaci�n a la jurisprudencia n�mero 19, visible a foja treinta y ocho del �ltimo Ap�ndice al Semanario Judicial de la Federaci�n, Octava Parte, tesis comunes al Pleno y a las S., bajo el rubro de: ?ACTOS DERIVADOS DE ACTOS CONSENTIDOS. IMPROCEDENCIA.?. En el acto que se consider� como consentido, es el acuerdo de veintisiete de agosto de mil novecientos ochenta y cinco, que admiti� la demanda promovida por E.S.Z. y J.R.R. en contra de la quejosa, en el que en relaci�n a la solicitud de suspensi�n de los acuerdos de la asamblea impugnados de nulidad determin�: (se transcribe). Como puede advertirse claramente de la lectura del anterior acuerdo, no se resuelve sobre la procedencia o improcedencia de la suspensi�n solicitada, pues �nicamente previene a los actores a exhibir una fianza para resolver ?lo que legalmente proceda?, en relaci�n a dicha petici�n. Por ello, el acuerdo de ocho de octubre de mil novecientos ochenta y siete y la resoluci�n de la Sala que confirm� dicho auto, que constituye el acto reclamado en el juicio de garant�as, no es consecuencia legal necesaria del diverso acuerdo de veintisiete de agosto de mil novecientos ochenta y cinco, como err�neamente lo estim� la J. de Distrito, pues como se afirm� anteriormente, en �ste no se decidi� si proced�a o no la suspensi�n de los actos impugnados y s�lo se previno para que se exhibiera una fianza, dejando pendiente tal determinaci�n. Es en el auto de ocho de octubre de mil novecientos ochenta y siete en el que se tuvo exhibida la fianza y se orden� la suspensi�n de la ejecuci�n de los actos de asamblea impugnados. No puede admitirse v�lidamente que este acuerdo sea consecuencia necesaria y legal del prove�do antes precisado, ya que para ello era necesario que en el acuerdo de antecedentes se hubiese previamente decidido que proced�a la suspensi�n de los acuerdos de la asamblea y que �nicamente se condicionaba su efectividad a que previamente se exhibiera la fianza, lo que no aconteci� en la especie. Por ello no se est� en el supuesto de la existencia de actos derivados de otros consentidos y, por lo mismo, no es aplicable la tesis de jurisprudencia antes se�alada con la cual se determin� que el juicio de garant�as era improcedente. Como consecuencia de lo anterior, siendo infundada la causal de improcedencia expuesta por la J. de Distrito, deber� revocarse la resoluci�n combatida y en t�rminos del art�culo 91, fracci�n III, de la Ley de Amparo, entrar al estudio del fondo del asunto. QUINTO. Al respecto la quejosa expres� los siguientes conceptos de violaci�n: (se transcriben). SEXTO. Son fundados los anteriores conceptos de violaci�n. Las acciones de nulidad derivadas de lo dispuesto en los art�culos 179, 188 y 189 de la Ley General de Sociedades Mercantiles son esencialmente distintas de la acci�n de oposici�n prevista en el art�culo 201 de ese mismo ordenamiento legal y su ejercicio y tramitaci�n tienen fundamentos legales diferentes. En efecto, del estudio de las acciones de nulidad a que se refieren los preceptos legales primeramente citados, se advierte que �stas tienen lugar por diferentes motivos. De conformidad con el art�culo 179 en comentario, las asambleas generales de accionistas ordinarias y extraordinarias deber�n realizarse en el domicilio social; la infracci�n a dicha disposici�n trae como consecuencia que resulten nulas salvo caso fortuito o fuerza mayor. El art�culo 188 de la referida ley establece: (se transcribe). Estas acciones de nulidad se rigen adem�s por lo establecido en los art�culos 2226 y 2229 del C�digo Civil para el Distrito Federal, lo que significa que cualesquier interesado puede pedir en cualquier tiempo, la declaraci�n de nulidad de los acuerdos de asamblea que resulten ilegalmente tomados por no satisfacer los requisitos establecidos en los art�culos antes precisados. Resoluciones que surten sus efectos provisionalmente hasta en tanto no sean declaradas judicialmente nulas. En cambio, la acci�n de oposici�n a las resoluciones legalmente adoptadas por la asamblea, prevista en el art�culo 201 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, compete exclusivamente a los accionistas que representen el treinta y tres por ciento del capital social, requiri�ndose adem�s la satisfacci�n de los siguientes requisitos: (se transcribe). Por otra parte y como un presupuesto procesal se requiere de conformidad con el art�culo 205 de la ley en comentario, que los accionistas depositen ante notario o ante una instituci�n de cr�dito los t�tulos de sus acciones, quienes expedir�n la certificaci�n correspondiente para acompa�arse a la demanda. Esta acci�n permite que puedan suspenderse por el J. provisionalmente los efectos de la resoluci�n impugnada, de conformidad con el art�culo 202 de dicho ordenamiento legal, siempre y cuando se diere fianza bastante para responder de los da�os y perjuicios que pudieren causarse con tal medida. Lo anterior no acontece con la acci�n de nulidad a que se ha hecho referencia con anterioridad, que permite que las resoluciones impugnadas surtan sus efectos hasta en tanto sean declaradas judicialmente nulas, destruy�ndose de modo retroactivo (art�culo 2226 del C�digo Civil para el Distrito Federal). Este criterio tambi�n ha sido sostenido doctrinalmente por el tratadista R.L.M.M., en su libro ?Derecho Mercantil Introducci�n y Conceptos Fundamentales, Sociedades.?, consultable en la quinta edici�n, 1961, editorial P.�a, S.A., p�gina 405 que dice textualmente: (se transcribe). Por otra parte, la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n ha hecho la distinci�n de estas dos acciones en la ejecutoria que a continuaci�n se transcribe y que resulta aplicable en lo conducente, publicada en el Semanario Judicial de la Federaci�n, Quinta �poca, Tomo CXXXII, p�gina 57, que a la letra dice: (se transcribe). De lo antes considerado resulta que s�lo en los casos de oposici�n a las resoluciones legalmente adoptadas por las asambleas de los accionistas prevista en el art�culo 201 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, puede suspenderse judicialmente la ejecuci�n de las resoluciones impugnadas en t�rminos del art�culo 202 del mismo ordenamiento legal, siempre que los actores dieren fianza para responder de los da�os y perjuicios que pudieren causarse a la sociedad por la inejecuci�n de dichas resoluciones, en caso de que la sentencia declarare infundada la oposici�n. En consecuencia, no procede tal suspensi�n en las acciones de nulidad promovidas en contra de los acuerdos que deriven de las asambleas celebradas con incumplimiento de los requisitos previstos en los art�culos 179, 188 y 189 de la propia Ley General de Sociedades Mercantiles, como acontece en la especie, en la que se demand� la nulidad de la asamblea ordinaria de accionistas de la empresa quejosa, efectuada con fecha diecisiete de julio de mil novecientos ochenta y cinco y de los acuerdos en ella adoptados, argument�ndose que en la convocatoria para llevar a cabo la asamblea ordinaria de accionistas se se�al� como domicilio habilitado el sal�n ?S.? del Municipio de Naucalpan, Estado de M�xico, distinto del domicilio social ubicado en avenida primero de septiembre n�mero 60 de ese mismo Municipio, con violaci�n al art�culo 179 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Tambi�n se se�al� violaci�n a los art�culos 181, fracciones I y III y 186 de dicha ley, relativos a los requisitos para la celebraci�n legal de la asamblea ordinaria de accionistas, habida cuenta que �sta y las resoluciones tomadas en la misma siguen surtiendo provisionalmente sus efectos, hasta en tanto no se declare judicialmente su nulidad. En estas condiciones deber� concederse el amparo y protecci�n de la Justicia Federal solicitada por la empresa quejosa, L�nea M�xico T.H. y A., S.A. de C.V., para el efecto de que la Sala responsable deje insubsistente la resoluci�n combatida y dicte una nueva en la que siguiendo los lineamientos de esta ejecutoria declare fundados los agravios y revoque el auto de ocho de octubre de mil novecientos ochenta y siete apelado, dictado en el juicio ordinario mercantil 2529/85 por el J. S�ptimo de lo Civil de esta capital, que concedi� la suspensi�n de los acuerdos de la asamblea de accionistas de fecha diecisiete de julio de mil novecientos ochenta y cinco, de la empresa quejosa.

    De las consideraciones transcritas con anterioridad, el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, sostuvo el criterio siguiente:

    "SOCIEDADES MERCANTILES, ACCI�N DE OPOSICI�N A RESOLUCIONES DE LAS ASAMBLEAS DE LAS. �nicamente cuando se ejercita la acci�n de oposici�n a las resoluciones legalmente adoptadas por las asambleas de accionistas a que se refiere el art�culo 201 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, puede ordenarse judicialmente la suspensi�n de la ejecuci�n de las mismas, en t�rminos del art�culo 202 de la citada ley, siempre y cuando los actores otorguen fianza bastante para responder de los da�os y perjuicios que pudieran causarse a la sociedad, por la inejecuci�n de dichas resoluciones, en caso de resultar infundada la oposici�n." (Octava �poca. Instancia: Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la Federaci�n, Tomo II, Segunda Parte-2, julio a diciembre de 1988, p�gina 552).

CUARTO

Como cuesti�n previa, cabe determinar si la presente contradicci�n de tesis denunciada entre los criterios sustentados por el Quinto y D�cimo Cuarto Tribunales Colegiados, ambos en Materia Civil del Primer Circuito, re�nen o no los requisitos para su existencia, conforme lo dispone la jurisprudencia P./J. 26/2001 del Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, publicada en el Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, Novena �poca, T.X., abril de dos mil uno, p�gina setenta y seis, que establece:

CONTRADICCI�N DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA. De conformidad con lo que establecen los art�culos 107, fracci�n XIII, primer p�rrafo, de la Constituci�n Federal y 197-A de la Ley de Amparo, cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n o la Sala que corresponda deben decidir cu�l tesis ha de prevalecer. Ahora bien, se entiende que existen tesis contradictorias cuando concurren los siguientes supuestos: a) que al resolver los negocios jur�dicos se examinen cuestiones jur�dicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jur�dicos discrepantes; b) que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jur�dicas de las sentencias respectivas; y, c) que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos.

Tambi�n lo previsto en los art�culos 107, fracci�n XIII, primer p�rrafo, de la Constituci�n Federal y 197-A de la Ley de Amparo, que se interpretan en la jurisprudencia antes transcrita, sirve como marco de referencia para dilucidar si en el presente caso existe o no la contradicci�n de tesis denunciada. Dichos numerales, prev�n:

"Art�culo 107. Todas las controversias de que habla el art�culo 103 se sujetar�n a los procedimientos y formas del orden jur�dico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes:

"...

"XIII. Cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, el procurador general de la Rep�blica, los mencionados tribunales o las partes que intervinieron en los juicios en que dichas tesis fueron sustentadas, podr�n denunciar la contradicci�n ante la Suprema Corte de Justicia, a fin de que el Pleno o la Sala respectiva, seg�n corresponda, decidan la tesis que debe prevalecer como jurisprudencia."

"Art�culo 197-A. Cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, el procurador general de la Rep�blica, los mencionados tribunales o los Magistrados que los integren, o las partes que intervinieron en los juicios en que tales tesis hubieran sido sustentadas, podr�n denunciar la contradicci�n ante la Suprema Corte de Justicia, la que decidir� cual tesis debe prevalecer. El procurador general de la Rep�blica, por s� o por conducto del agente que al efecto designe, podr�, si lo estima pertinente, exponer su parecer dentro del plazo de treinta d�as.

"La resoluci�n que se dicte no afectar� las situaciones jur�dicas concretas derivadas de los juicios en los cuales se hubiesen dictado las sentencias contradictorias.

La Suprema Corte deber� dictar la resoluci�n dentro del t�rmino de tres meses y ordenar su publicaci�n y remisi�n en los t�rminos previstos por el art�culo 195.

Como se ve, el precepto constitucional y reglamentario, as� como el criterio jurisprudencial transcrito, refieren a la figura jur�dica de la contradicci�n de tesis como mecanismo para integrar jurisprudencia. Tal mecanismo se activa cuando existen dos o m�s criterios discrepantes, divergentes u opuestos en torno a la interpretaci�n de una misma norma jur�dica o punto concreto de derecho y que por seguridad jur�dica deben uniformarse a trav�s de la resoluci�n que proponga la jurisprudencia que debe prevalecer y dada su generalidad, pueda aplicarse para resolver otros asuntos de id�ntica o similar naturaleza.

En la jurisprudencia aludida se precisan los requisitos de existencia que debe reunir la contradicci�n de tesis, como son: a) Que en las ejecutorias materia de la contradicci�n se examinen cuestiones jur�dicas esencialmente iguales y se adopten criterios discrepantes; b) Que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, argumentaciones o razonamientos que sustentan las sentencias respectivas; y c) Que los criterios discrepantes provengan del examen de los mismos elementos.

De lo anterior, cabe destacar que la existencia de la contradicci�n de tesis requiere de manera indispensable que la oposici�n de criterios surja entre las consideraciones, argumentaciones o razonamientos que sustentan la interpretaci�n de un mismo precepto legal o tema concreto de derecho, ya que, precisamente, como antes se defini�, esas consideraciones justifican el criterio jur�dico que adopta cada uno de los �rganos jurisdiccionales para decidir la controversia planteada, a trav�s de las ejecutorias de amparo materia de la contradicci�n de tesis.

Precisadas las premisas aludidas, que delimitan el marco te�rico en que se desenvuelve este asunto, debe establecerse si en el caso existe oposici�n entre los criterios denunciados y para ponerlo de manifiesto, son de considerarse los antecedentes medulares de las ejecutorias dictadas por los Tribunales Colegiados que dieron origen a la presente contradicci�n, mismos que han quedado plasmados en el considerando tercero de esta resoluci�n.

QUINTO

Una vez sentado lo anterior, debe decirse que esta Primera Sala considera que s� existe contradicci�n entre los criterios sustentados por el Quinto y D�cimo Cuarto Tribunales Colegiados, ambos en Materia Civil del Primer Circuito, al resolver respectivamente los amparos en revisi�n n�meros 880/88 y 171/2005, de acuerdo a lo siguiente:

  1. Los Tribunales Colegiados examinaron si la suspensi�n derivada de la acci�n de oposici�n a las resoluciones adoptadas en una asamblea de accionistas de una sociedad mercantil, como medida precautoria o preventiva que podr� decretar el J. para conservar la materia del juicio, esto es, para evitar que la ejecuci�n de los acuerdos impugnados provoque la ineficacia de la sentencia que llegue a dictarse; puede aplicarse a la acci�n de nulidad ejercitada en contra de una asamblea general extraordinaria.

  2. Es decir, los tribunales contendientes analizaron si es procedente conceder la suspensi�n de la ejecuci�n de los acuerdos de la asamblea general extraordinaria por haberse solicitado la nulidad de �sta, en raz�n de que la acci�n de nulidad difiere jur�dicamente a la de oposici�n, las cuales est�n reguladas de manera espec�fica en la Ley General de Sociedades Mercantiles.

  3. Los tribunales contendientes estudiaron las mismas hip�tesis jur�dicas, esto es, el art�culo 202 de la ley invocada, el cual establece que la ejecuci�n de las resoluciones impugnadas podr� suspenderse por el J. en el caso de oposici�n de las resoluciones adoptadas por una asamblea de accionistas.

  4. La diferencia de criterios se present� en las consideraciones o argumentaciones jur�dicas que cada uno de los tribunales sustent� en las ejecutorias que intervienen en la presente contradicci�n.

Lo anterior es as�, porque el D�cimo Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, consider� que de la lectura de los art�culos 178 a 188 y 200 a 205 de la Ley General de Sociedades Mercantiles queda de manifiesto que el legislador estableci� la suspensi�n de la ejecuci�n de las resoluciones adoptadas, por una asamblea de accionistas cuando se ejercita la acci�n de oposici�n, y aunque omiti� regular si esa medida precautoria o cautelar de naturaleza especial puede decretarse cuando se promueve la nulidad de una asamblea de accionistas; tambi�n es verdad que en la ley citada, a juicio del �rgano colegiado mencionado, no existe ninguna disposici�n de la que se desprenda que �nicamente cuando se ejercita la acci�n de oposici�n a las resoluciones legalmente adoptadas por las asambleas de accionistas, contemplada en el art�culo 201 del citado ordenamiento legal, pueda ordenarse judicialmente la suspensi�n de la ejecuci�n de las indicadas resoluciones.

Adem�s, el citado �rgano colegiado consider� que si bien en contra de las resoluciones adoptadas por la asamblea general de accionistas proceden diversas acciones, sean la de nulidad o la de oposici�n y significan un derecho que la ley concede a los accionistas cuando estiman que un acuerdo de asamblea es nulo; lo cierto es que el legislador omiti� establecer si la medida precautoria o cautelar prevista por el precepto mencionado puede decretarse cuando se promueva la nulidad de una asamblea de accionistas.

Por tanto, deb�a estimarse que si el legislador plasm� la posibilidad de suspender la ejecuci�n de las resoluciones adoptadas por las asambleas de accionistas aun cuando los tribunales no han resuelto sobre su irregularidad con mayor raz�n puede decretarse la suspensi�n trat�ndose de acciones de nulidad promovidas en contra de los acuerdos pronunciados por una asamblea de accionistas en los que se incumplan los requisitos previstos por los art�culos 179, 188 y 189 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, puesto que la celebraci�n de la asamblea por s� misma resultar�a ilegal.

En tanto que, el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito estim� que s�lo en los casos de oposici�n a las resoluciones legalmente adoptadas por las asambleas de los accionistas previstas en el art�culo 201 de la ley en cita, puede suspendersejudicialmente la ejecuci�n de las resoluciones impugnadas en t�rminos del art�culo 202 del mismo ordenamiento legal mencionado siempre que los actores dieren fianza para responder de los da�os y perjuicios que pudieren causarse a la sociedad por la inejecuci�n de dichas resoluciones, en caso de que la sentencia declarara infundada la oposici�n.

Con base en lo anterior, el Tribunal Colegiado referido determin� que no procede tal suspensi�n en las acciones de nulidad promovidas en contra de los acuerdos que deriven de las asambleas celebradas con incumplimiento de los requisitos previstos en los art�culos 179, 188 y 189 de la propia ley de sociedades mercantiles, como aconteci� en el caso concreto sometido a su consideraci�n, en el que se demand� la nulidad de la asamblea ordinaria de accionistas de la empresa quejosa.

En consecuencia, la materia de la contradicci�n consiste en determinar si el art�culo 202 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, que prev� la suspensi�n de las resoluciones legalmente adoptadas por las asambleas generales de accionistas, puede o no aplicarse por analog�a cuando se demande la nulidad de una asamblea general de accionistas.

SEXTO

Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n considera que debe prevalecer con car�cter de jurisprudencia el criterio que se define en esta resoluci�n, atento a las siguientes consideraciones.

A fin de determinar si la medida cautelar o provisional prevista por el art�culo 202 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, es aplicable cuando se ejerce la acci�n de nulidad en contra de las resoluciones emitidas en las asambleas generales, es necesario acudir, como bien lo dice el D�cimo Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, a los art�culos 14, cuarto p�rrafo, de la Constituci�n Federal y 18 del C�digo Civil Federal, de aplicaci�n supletoria, en t�rminos del art�culo 2o. del C�digo de Comercio, los cuales establecen lo siguiente:

"Art�culo 14. A ninguna ley se dar� efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna.

"...

"En los juicios del orden civil, la sentencia definitiva deber� ser conforme a la letra o a la interpretaci�n jur�dica de la ley, y a falta de �sta se fundar� en los principios generales del derecho."

"Art�culo 18. El silencio, oscuridad o insuficiencia de la ley, no autorizan a los Jueces o tribunales para dejar de resolver una controversia."

Del texto constitucional transcrito, en su parte conducente, es claro en cuanto a la intenci�n del Poder Constituyente de elevar a postulado jur�dico fundamental uno de los principios que rigen la actuaci�n del J. en materia civil, esto es, el de legalidad, el cual adem�s expresa el orden de las fuentes del derecho a las que puede acudir la autoridad judicial, a saber, la ley en primer t�rmino y, en su defecto u omisi�n, los principios generales del derecho. En cuanto al primer aspecto, el texto legal debe entenderse conforme a la letra y, en caso de que las palabras o enunciados normativos sean confusos o no suficientemente claros para comprender su sentido liso y llano, debe recurrirse a la interpretaci�n de la ley.

Lo anterior se afirma, porque es claro que la noci�n tradicional de sistema o de orden jur�dico, tiene como presupuesto ideal el que el conjunto de normas que lo forman puede regular y comprender todos los casos posibles, pero cuando ello no es as�, esa falla o laguna, debe ser subsanada por otras fuentes previstas por el mismo derecho que completen lo omitido.

En la labor interpretativa autorizada por la norma constitucional queda comprendido cualquier m�todo o t�cnica que sirva para resolver el problema planteado, pero en todo caso ellos deben guardar una relaci�n objetiva y uniforme con los criterios establecidos por el legislador ordinario, de modo que debe entenderse como �ltimo recurso, agotadas todas las modalidades de interpretaci�n normativa, por el car�cter in�dito de la controversia a resolver, y se deba acudir a la aplicaci�n de los principios generales del derecho.

La norma secundaria transcrita con antelaci�n, corrobora la obligaci�n del juzgador de respetar el principio de legalidad citado en tanto que debe juzgar como actividad ineludible y, en esa medida, ante la insuficiencia o la oscuridad de la ley, debe hacer uso de los m�todos de interpretaci�n hist�rica, sem�ntica, sistem�tica y la aplicaci�n anal�gica, sin que esta enumeraci�n impida el empleo de otro m�todo porque existe la libertad para el juzgador de utilizar el m�s apropiado al caso concreto.

Por otra parte, la aplicaci�n anal�gica de la norma se da cuando no se contempla un supuesto espec�fico, pero regula otro semejante entre los que se aprecia identidad de raz�n y tiene, entre otros, la finalidad de integrar el ordenamiento jur�dico subsanando las lagunas de que el mismo adolece y que se compagina con el derecho de los gobernados a que sean resueltas las controversias que se plantean a la autoridad judicial quien no puede excusarse de resolverlos ante la insuficiencia, silencio u oscuridad de la ley pues la analog�a supone, por un lado, que existe una determinada norma que regula un supuesto de hecho al que aplica una consecuencia jur�dica determinada y, por otro, que existe un supuesto de hecho el cual no se encuentra regulado por norma alguna pero que guarda relaci�n de semejanza del que s� est� previsto en una disposici�n legal y existe una identidad de raz�n.

En consecuencia, si bien es cierto que la cuesti�n tocante a la semejanza e identidad de raz�n entre dos supuestos de hecho corresponde resolverlo al juzgador, ello no quiere decir que tal determinaci�n sea arbitraria porque debe armonizarse con la intenci�n impl�cita del legislador o creador de la ley de que todos los supuestos de hecho esencialmente semejantes tengan igual tratamiento, como reflejo de un principio general de justicia y equidad; adem�s de que un m�todo de integraci�n para llenar lagunas legales, es el argumento a fortiori o por mayor�a de raz�n, que es un instrumento de la interpretaci�n extensiva o anal�gica.

El argumento a fortiori exige, como condici�n previa para su utilizaci�n, el silencio del legislador sobre la hip�tesis dudosa. Cuando se aplica el argumento hay que contar con dos supuestos: el expresamente previsto por el legislador en un precepto, aquel al que se le debe dar una regulaci�n jur�dica por medio, precisamente, del argumento a fortiori. Este argumento se basa en la mayor raz�n y en la presunta voluntad del legislador, es decir, se considera que la conclusi�n obtenida por medio del argumento refleja su voluntad (impl�cita). Por ello, no se entiende que se est� en presencia de una laguna, de una imprevisi�n del legislador, sino que �ste ha querido llamar la atenci�n sobre algunos casos m�s frecuentes o t�picos, pero que impl�citamente estaba teniendo en cuenta todos aquellos casos que merecen con mayor raz�n que los previstos, la regulaci�n dictada. Esa mayor raz�n constituye el n�cleo del argumento a fortiori, ya que es lo que se presume que tuvo en cuenta el legislador para no incluir ciertas hip�tesis en la previsi�n legal, y es tambi�n el elemento tenido en cuenta por el int�rprete para extender la regulaci�n legal a hip�tesis no expresamente recogidas en el texto elaborado por el legislador.

Bajo ese marco, se concluye que en el caso no se dan los supuestos para aplicar el m�todo de mayor�a de raz�n y considerar que es aplicable anal�gicamente el art�culo 201 a la acci�n de nulidad, pues es requisito sine qua non que exista identidad en los supuestos jur�dicos, lo cual no acontece en el caso concreto.

Para poner de manifiesto lo anterior, es menester acudir al contenido de los art�culos 178 a 188 y 200 a 205, comprendidos en la secci�n sexta denominada "De las asambleas de accionistas" del cap�tulo quinto denominado "De la sociedad an�nima", de la Ley General de Sociedades Mercantiles, que disponen:

"Art�culo 178. La Asamblea general de accionistas es el �rgano supremo de la sociedad; podr� acordar y ratificar todos los actos y operaciones de �sta y sus resoluciones ser�n cumplidas por la persona que ella misma designe, o a falta de designaci�n, por el administrador o por el consejo de administraci�n.

"En los estatutos se podr� prever que las resoluciones tomadas fuera de asamblea, por unanimidad de los accionistas que representen la totalidad de las acciones con derecho a voto o de la categor�a especial de acciones de que se trate, en su caso, tendr�n, para todos los efectos legales, la misma validez que si hubieren sido adoptadas reunidos en asamblea general o especial, respectivamente, siempre que se confirmen por escrito. En lo no previsto en los estatutos ser�n aplicables en lo conducente, las disposiciones de esta ley."

"Art�culo 179. Las Asambleas Generales de Accionistas son ordinarias y extraordinarias. Unas y otras se reunir�n en el domicilio social, y sin este requisito ser�n nulas, salvo caso fortuito o de fuerza mayor."

"Art�culo 180. Son asambleas ordinarias, las que se re�nen para tratar de cualquier asunto que no sea de los enumerados en el art�culo 182."

"Art�culo 181. La asamblea ordinaria se reunir� por lo menos una vez al a�o dentro de los cuatro meses que sigan a la clausura del ejercicio social y se ocupar�, adem�s de los asuntos incluidos en la orden del d�a, de los siguientes:

"I. Discutir, aprobar o modificar el informe de los administradores a que se refiere el enunciado general del art�culo 172, tomando en cuenta el informe de los comisarios, y tomar las medidas que juzgue oportunas.

"II. En su caso, nombrar al administrador o consejo de administraci�n y a los comisarios;

"III. Determinar los emolumentos correspondientes a los administradores y comisarios, cuando no hayan sido fijados en los estatutos."

"Art�culo 182. Son asambleas extraordinarias, las que se re�nan para tratar cualquiera de los siguientes asuntos:

"I. Pr�rroga de la duraci�n de la sociedad;

"II. Disoluci�n anticipada de la sociedad;

"III. Aumento o reducci�n del capital social;

"IV. Cambio de objeto de la sociedad;

".C. de nacionalidad de la sociedad;

"VI. Transformaci�n de la sociedad;

"VII. F.�n con otra sociedad;

"VIII. Emisi�n de acciones privilegiadas;

"IX. Amortizaci�n por la sociedad de sus propias acciones y emisi�n de acciones de goce;

"X. Emisi�n de bonos;

"XI. Cualquiera otra modificaci�n del contrato social, y

"XII. Los dem�s asuntos para los que la ley o el contrato social exija un qu�rum especial.

"Estas asambleas podr�n reunirse en cualquier tiempo."

"Art�culo 183. La convocatoria para las asambleas deber� hacerse por el administrador o el consejo de administraci�n, o por los comisarios, salvo lo dispuesto en los art�culos 168, 184 y 185."

"Art�culo 184. Los accionistas que representen por lo menos el treinta y tres por ciento del capital social, podr�n pedir por escrito, en cualquier tiempo al administrador o consejo de administraci�n, o a los comisarios, la convocatoria de una asamblea general de accionistas, para tratar de los asuntos que indiquen en su petici�n.

"Si el administrador o consejo de administraci�n, o los comisarios se rehusaren a hacer la convocatoria, o no la hicieren dentro del t�rmino de quince d�as desde que hayan recibido la solicitud, la convocatoria podr� ser hecha por la autoridad judicial del domicilio de la sociedad, a solicitud de quienes representen el treinta y tres por ciento del capital social, exhibiendo al efecto los t�tulos de las acciones."

"Art�culo 185. La petici�n a que se refiere el art�culo anterior, podr� ser hecha por el titular de una sola acci�n, en cualquiera de los casos siguientes:

"I. Cuando no se haya celebrado ninguna asamblea durante dos ejercicios consecutivos;

"II. Cuando las asambleas celebradas durante ese tiempo no se hayan ocupado de los asuntos que indica el art�culo 181.

"Si el administrador o consejo de administraci�n, o los comisarios se rehusaren a hacer la convocatoria, o no la hicieren dentro del t�rmino de quince d�as desde que hayan recibido la solicitud, �sta se formular� ante el J. competente para que haga la convocatoria, previo traslado de la petici�n al administrador o consejo de administraci�n y a los comisarios. El punto se decidir� sigui�ndose la tramitaci�n establecida para los incidentes de los juicios mercantiles."

"Art�culo 186. La convocatoria para las asambleas generales deber� hacerse por medio de la publicaci�n de un aviso en el Peri�dico Oficial de la entidad del domicilio de la sociedad, o en uno de los peri�dicos de mayor circulaci�n en dicho domicilio con la anticipaci�n que fijen los estatutos, o en su defecto, quince d�as antes de la fecha se�alada para la reuni�n. Durante todo este tiempo estar� a disposici�n de los accionistas, en las oficinas de la sociedad, el informe a que se refiere el enunciado general del art�culo 172."

"Art�culo 187. La convocatoria para las asambleas deber� contener la orden del d�a y ser� firmada por quien la haga."

"Art�culo 188. Toda resoluci�n de la asamblea tomada con infracci�n de lo que disponen los dos art�culos anteriores, ser� nula, salvo que en el momento de la votaci�n haya estado representada la totalidad de las acciones."

"Art�culo 200. Las resoluciones legalmente adoptadas por las asambleas de accionistas son obligatorias aun para los ausentes o disidentes, salvo el derecho de oposici�n en los t�rminos de esta ley."

"Art�culo 201. Los accionistas que representen el treinta y tres por ciento del capital social podr�n oponerse judicialmente a las resoluciones de las asambleas generales, siempre que se satisfagan los siguientes requisitos:

"I. Que la demanda se presente dentro de los quince d�as siguientes a la fecha de la clausura de la asamblea;

"II. Que los reclamantes no hayan concurrido a la asamblea o hayan dado su voto en contra de la resoluci�n, y

"III. Que la demanda se�ale la cl�usula del contrato social o el precepto legal infringido y el concepto de la violaci�n.

"No podr� formularse oposici�n judicial contra las resoluciones relativas a la responsabilidad de los administradores o de los comisarios."

"Art�culo 202. La ejecuci�n de las resoluciones impugnadas podr� suspenderse por el J., siempre que los actores dieren fianza bastante para responder de los da�os y perjuicios que pudieren causarse a la sociedad, por la inejecuci�n de dichas resoluciones, en caso de que la sentencia declare infundada la oposici�n."

"Art�culo 203. La sentencia que se dicte con motivo de la oposici�n surtir� efectos respecto de todos los socios."

"Art�culo 204. Todas las oposiciones contra una misma resoluci�n, deber�n decidirse en una sola sentencia."

"Art�culo 205. Para el ejercicio de las acciones judiciales a que se refieren los art�culos 185 y 201, los accionistas depositar�n los t�tulos de sus acciones ante notario o en una instituci�n de cr�dito, quienes expedir�n el certificado correspondiente para acompa�arse a la demanda y los dem�s que sean necesarios para hacer efectivos los derechos sociales.

"Las acciones depositadas no se devolver�n sino hasta la conclusi�n del juicio."

De los preceptos transcritos, se advierte que la asamblea general de accionistas es el �rgano supremo de la sociedad, raz�n por la cual tiene facultad para acordar y ratificar todos los actos y operaciones de la sociedad, cuyas decisiones ser�n cumplidas por el administrador o consejo de administraci�n; adem�s se autoriza que en los estatutos de la sociedad se prevea que las decisiones por unanimidad tomada por la totalidad de accionistas fuera de asamblea general o especial, tendr�n la misma validez que si hubieren sido adoptadas en sesi�n cuando se confirmen por escrito.

Las asambleas generales de accionistas pueden ser ordinarias o extraordinarias, la primera de ellas se celebra por lo menos una vez al a�o, dentro de los cuatro meses que sigan a la clausura del ejercicio social y se ocupa de los temas relativos a la discusi�n, aprobaci�n o modificaci�n del informe de los administradores que se indica en el art�culo 172 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, tomando en cuenta el informe de los comisarios, as� como determinar sus emolumentos si no est�n fijados en los estatutos sociales.

Las asambleas extraordinarias tienen como objeto tratar lo relativo a la pr�rroga de la duraci�n de la sociedad, su disoluci�n anticipada, el aumento o reducci�n de capital, cambio de objeto de la sociedad, cambio de nacionalidad de la sociedad, la fusi�n o transformaci�n de la misma, la emisi�n de acciones privilegiadas, la amortizaci�n por la sociedad de sus propias acciones y emisi�n de acciones de goce; la emisi�n de bonos, cualquier modificaci�n al contrato social y los dem�s asuntos para los que la ley o el contrato social exija qu�rum especial, bajo la premisa de que pueden celebrarse en cualquier tiempo.

Por su parte, la convocatoria para las asambleas debe hacerse por el administrador, el consejo de administraci�n de la sociedad o los comisarios; tambi�n los accionistas que representen el treinta y tres por ciento del capital social pueden pedir a aqu�llos la convocatoria de una asamblea para tratar los asuntos que se indiquen y, en caso de oposici�n a la emisi�n de la misma, la autoridad judicial del domicilio de la sociedad podr� hacerlo, en cuyo caso los accionistas referidos deber�n exhibir los t�tulos de las acciones; el requisito del porcentaje m�nimo de accionistas no se tomar� en cuenta cuando no se celebr� ninguna asamblea en dos ejercicios consecutivos o no se ocup� de los asuntos que se indican en el art�culo 181 de la ley citada, sino que bastar� que lo haga el titular de una sola acci�n y que exista negativa del consejo de administraci�n, administrador o comisarios de efectuarla u omitan realizarla en el t�rmino de quince d�as a partir de la solicitud.

La convocatoria a la asamblea general debe hacerse por medio de la publicaci�n de un aviso en el Peri�dico Oficial de la entidad o en uno de los peri�dicos de mayor circulaci�n con la anticipaci�n que fijen los estatutos de la sociedad y, en su defecto, con quince d�as de anticipaci�n a la fecha se�alada para la reuni�n, en cuyo lapso estar� a disposici�n de los accionistas el informe a que se refiere el art�culo 172 de la ley de la materia.

Las resoluciones que se tomen en la asamblea que no se celebre de acuerdo a las formalidades antes precisadas o no contengan el orden del d�a y no sean firmadas por quien las haga, ser�n nulas, salvo que al momento de la votaci�n haya estado representada la totalidad de las acciones.

Las resoluciones mencionadas son obligatorias para los socios, aun para los ausentes o disidentes, salvo el derecho de oposici�n previsto en esa ley; de ah� que los accionistas que representen el treinta y tres por ciento del capital social pueden oponerse a las resoluciones de las asambleas generales cuando la demanda se presente dentro de los siguientes quince d�as a la fecha de clausura de la asamblea; que los reclamantes no hayan concurrido a la asamblea o no hayan dado su voto a la resoluci�n impugnada; que la demanda se�ale la cl�usula del contrato social o precepto legal infringido y el concepto de violaci�n.

Lo anterior tiene una excepci�n expresa que ata�e a la imposibilidad de oponerse judicialmente contra la resoluci�n que exige la responsabilidad de los administradores o comisarios en tanto se trata de una decisi�n de la sociedad cuyo inter�s tiene mayor trascendencia que la del accionista; pero en cambio, s� podr�n oponerse a la resoluci�n que niegue esa posibilidad de exigir la responsabilidad.

La ejecuci�n de las resoluciones impugnadas puede suspenderse por la autoridad judicial siempre que los actores dieren fianza bastante para responder de los da�os y perjuicios que pudieren ocasionarse a la sociedad por lainejecuci�n de esas resoluciones, en el caso de que se declare infundada la oposici�n.

Por tanto, la sentencia que se dicte surtir� efectos respecto de todos los socios, en la inteligencia de que todas las oposiciones habidas deben deducirse en una misma sentencia, pues en todo caso, cuando se ejerza la acci�n de oposici�n a la ejecuci�n de las resoluciones de una asamblea de accionistas, deber�n depositarse los t�tulos de las acciones ante notario o ante una instituci�n de cr�dito, quienes expedir�n el certificado correspondiente para acompa�arse a la demanda y los que sean necesarios para hacer efectivos los derechos sociales, y aqu�llas no se devolver�n sino hasta la conclusi�n del juicio.

En el caso de las resoluciones adoptadas por la asamblea general de accionistas, proceden dos acciones, la de nulidad o la de oposici�n, ambos significan un derecho que la ley concede a los accionistas cuando estiman que un acuerdo de asamblea es nulo porque la convocatoria a la asamblea tiene un vicio de forma o no hubo el qu�rum legal (acci�n de nulidad), o bien cuando se contravienen disposiciones de la ley o los estatutos de la sociedad (acci�n de oposici�n); y aun cuando tanto la acci�n de nulidad como la de oposici�n tienen la finalidad de controvertir y dejar sin efectos el acto impugnado son acciones esencialmente distintas, en cuanto a su naturaleza y efectos, as� como su ejercicio y tramitaci�n tienen fundamentos legales diferentes.

En efecto, la acci�n de nulidad tiene como objeto principal estimar si se actualiz� alguna de las hip�tesis previstas en los art�culos 186 y 187 de la ley citada, ya precisadas, esto es, que la convocatoria para las asambleas generales, no se hubiera hecho por medio de la publicaci�n de un aviso en el Peri�dico Oficial o en uno de los peri�dicos de mayor circulaci�n, con la anticipaci�n que fijen los estatutos, o bien quince d�as antes de la fecha se�alada para la revisi�n; as� como que la mencionada convocatoria adoleciera de la orden del d�a o bien de la firma de quien la hubiera celebrado.

Asimismo, estas acciones de nulidad se rigen adem�s por lo establecido en los art�culos 2226 y 2229 del C�digo Civil para el Distrito Federal, esto es, que cualquier interesado puede pedir en cualquier tiempo la declaraci�n de nulidad de los acuerdos de asamblea que resultan ilegalmente tomados por no satisfacerse los requisitos establecidos en los art�culos antes precisados, resoluciones que surten provisionalmente sus efectos hasta en tanto no sean declaradas nulas.

Por otra parte, la acci�n de oposici�n tiene por objeto impedir la ejecuci�n de los acuerdos adoptados en la asamblea y atiende a cuestiones de fondo de esos acuerdos que contravienen los estatutos sociales o la ley; adem�s de que compete ejercitar esa acci�n exclusivamente a los accionistas que representen el treinta y tres por ciento del capital social.

En suma, las diferencias esenciales entre la acci�n que tiene por objeto la declaraci�n de nulidad de una asamblea, y la de oposici�n a la ejecuci�n de los acuerdos adoptados en la misma, consisten, fundamentalmente, en que la primera se apoya en la ausencia de requisitos formales en las convocatorias o en los requisitos necesarios en cuanto al qu�rum en la primera convocatoria, para que sea v�lida la asamblea en cuanto a la forma, y no se condiciona su procedencia a que se haga el dep�sito de las acciones ante notario, dentro de los quince d�as siguientes a la clausura de la asamblea.

En tanto que la acci�n de oposici�n a la ejecuci�n de los acuerdos de asamblea no tiene por objeto la nulidad por vicios de forma en la convocatoria o por falta de qu�rum legal, sino �nicamente oponerse a la ejecuci�n de los acuerdos adoptados en la asamblea por contravenci�n a los estatutos sociales o a la ley, de modo que atiende a cuestiones de fondo de los acuerdos, y no a circunstancias previas a la asamblea que pueden incidir en su nulidad; adem�s de que en la acci�n de nulidad de asamblea, el accionista no tiene que depositar los t�tulos de sus acciones ante notario p�blico o en una instituci�n de cr�dito, dentro de los quince d�as siguientes a la fecha en que se clausur� la asamblea, en t�rminos del art�culo 201 multirreferido, pues este requisito s�lo es necesario cuando se ejercita la acci�n de oposici�n a los acuerdos adoptados en la asamblea.

En relaci�n con ese tema se ha pronunciado la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, en su anterior integraci�n en la tesis aislada, cuyos rubro y texto indican:

"SOCIEDADES MERCANTILES, ACCIONES DE NULIDAD Y OPOSICI�N RESPECTO A RESOLUCIONES DE LAS ASAMBLEAS DE LAS. CASO EN QUE ES NECESARIO EL DEP�SITO DE ACCIONES.-Los art�culos 186 y 187 de la Ley de sociedades mercantiles se�alan los requisitos que deben llenarse en la convocatoria para las asambleas generales, y a continuaci�n el art�culo 188 establece: ?toda resoluci�n de la asamblea tomada con infracci�n de lo que disponen los dos art�culos anteriores, ser� nula, salvo que en el momento de la votaci�n haya estado representada la totalidad de las acciones?. Es evidente que la nulidad a que este precepto se refiere, se origina en la falta de requisitos legales al hacer la convocatoria. Los art�culos del 189 al 199 inclusive, se�alan requisitos y establecen reglas relativas a la forma y condiciones en que deben tomarse los acuerdos en las asambleas, y el art�culo 200 dice: ?las resoluciones legalmente adoptadas por las Asambleas de Accionistas, son obligatorias aun para los ausentes o disidentes, salvo el derecho de oposici�n en los t�rminos de esta ley?. El art�culo 201, por su parte estatuye: ?los accionistas que representen el treinta y tres por ciento del capital social, podr�n oponerse judicialmente a las resoluciones de las Asambleas Generales siempre que satisfagan los siguientes requisitos: I, que la demanda se presente dentro de los quince d�as siguientes a la fecha de clausura de la asamblea. ...?. Del estudio de estos preceptos se llega a la conclusi�n de que son esencialmente diferentes las acciones que se derivan de los art�culos 188 y 201: mientras que la primera se refiere a la nulidad de las resoluciones de asamblea, derivada de la falta de cumplimiento de los requisitos exigidos para la convocatoria, la segunda se refiere a un derecho de oposici�n respecto de resoluciones legalmente adoptadas (art�culo 200), esto es, en el supuesto de que para tomarlas se cumplieren todos los requisitos previos necesarios; y es exclusivamente en este �ltimo caso, es decir, en relaci�n con la acci�n de oposici�n, cuando la ley exige el requisito de presentar demanda dentro de quince d�as. No debe extenderse ese requisito a la acci�n de nulidad, porque �sta es esencialmente diferente de la de oposici�n: podr�a fundarse la nulidad en la falta de publicaci�n de la convocatoria en el peri�dico oficial, y resultar�a absurdo que a pesar de esa falta de publicidad se obligara al actor a presentar su demanda dentro de quince d�as a partir de la fecha de clausura de la asamblea, cuando precisamente su acci�n se funda en la falta de conocimiento de su celebraci�n, por falta de publicidad. El art�culo 205 establece: ?para el ejercicio de las acciones judiciales a que se refieren los art�culos 185 y 201, los accionistas depositar�n los t�tulos de sus acciones ante Notario o en una Instituci�n de Cr�dito, quienes expedir�n el certificado correspondiente para acompa�arse a la demanda y a los dem�s que sean necesarios para hacer efectivos los derechos sociales. Las acciones depositadas no se devolver�n sino hasta la conclusi�n del juicio?. Se refiere el precepto, como puede advertirse, exclusivamente a las acciones derivadas de los art�culos 185 y 201; pero no a la que establece el 188 sobre la presentaci�n de la demanda dentro del t�rmino de 15 d�as. Siendo distintas las acciones, es claro que el requisito del dep�sito de los t�tulos, no tiene por qu� exigirse en este �ltimo caso.

Amparo directo 5359/56. J.B. vda. de Cortina. 25 de abril de 1957. Unanimidad de cinco votos. Ponente: J.C.E..

(Quinta �poca. Instancia: Tercera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federaci�n, Tomo CXXXII, p�gina 157).

Aunado a lo expuesto, cabe se�alar que en la acci�n de oposici�n y como un presupuesto procesal se requiere de conformidad con el art�culo 205 de la ley en comentario, que los accionistas depositen ante notario o ante una instituci�n de cr�dito los t�tulos de sus acciones, quienes expedir�n la certificaci�n correspondiente para acompa�arse a la demanda.

Esta acci�n permite que puedan suspenderse por el J. provisionalmente los efectos de la resoluci�n impugnada, de conformidad con el art�culo 202 de dicho ordenamiento legal, siempre y cuando se diere fianza bastante para responder de los da�os y perjuicios que pudieren causarse con tal medida.

Lo anterior no acontece con la acci�n de nulidad a que se ha hecho referencia con anterioridad, que permite que las resoluciones impugnadas surtan sus efectos hasta en tanto sean declaradas judicialmente nulas, destruy�ndose de modo retroactivo (art�culo 2226 del C�digo Civil para el Distrito Federal), pues la nulidad absoluta y la relativa se distinguen en que la primera no desaparece por confirmaci�n ni por prescripci�n; es perpetua y su existencia puede invocarse por todo interesado. La nulidad relativa en cambio no re�ne estos caracteres. Sin embargo, en ambas el acto produce provisionalmente sus efectos, los cuales se destruyen retroactivamente cuando los tribunales pronuncian la nulidad.

La consideraci�n anterior se apoya en el criterio sustentado en la tesis aislada, de la otrora S.A. de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, que esta Primera Sala comparte, la cual es del tenor siguiente:

"NULIDADES ABSOLUTA Y RELATIVA.-Si la nulidad de un acto es absoluta, nada puede convalidarlo, porque ello ser� contrario al inter�s p�blico, y cuando la misma ley adopta la posibilidad de su convalidaci�n, esto significa que la nulidad es relativa." (Quinta �poca. Instancia: S.A.. Fuente: Semanario Judicial de la Federaci�n, Tomo CXVI, p�gina 156).

Luego si la acci�n de nulidad como la de oposici�n son esencialmente distintas en cuanto a su naturaleza y efectos, es evidente que no se puede aplicar por analog�a o mayor�a de raz�n a la primera de las mencionadas la medida cautelar o preventiva prevista por el art�culo 202 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, esto es en cuanto a que se otorgue la suspensi�n de los acuerdos pronunciados en una asamblea de accionistas en la que se incumplan los requisitos previstos por los art�culos 179, 188 y 189 de la ley citada, puesto que la celebraci�n de la asamblea de accionistas, por s� misma, produce sus efectos hasta en tanto no se declare su nulidad.

Adem�s, en observaci�n al principio general de derecho consistente en que donde la ley no distingue no debe hacerlo el juzgador es improcedente tal suspensi�n en las acciones de nulidad promovidas en contra de los acuerdos que deriven de las asambleas celebradas por incumplimiento de los requisitos previstos en los art�culos 179, 188 y 189 de la propia ley multicitada.

En consecuencia, resulta que s�lo en los casos de oposici�n a las resoluciones legalmente adoptadas por las asambleas de los accionistas prevista en el art�culo 201 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, puede suspenderse judicialmente la ejecuci�n de las resoluciones impugnadas en t�rminos del art�culo 202 del mismo ordenamiento legal, siempre que los actores dieren fianza para responder de los da�os y perjuicios que pudieren causarse a la sociedad por la inejecuci�n de dichas resoluciones, en caso de que la sentencia declarare infundada la oposici�n.

Por tanto, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n considera que debe prevalecer con car�cter de jurisprudencia el criterio sustentado en la presente resoluci�n, el cual se plasma en la tesis que se redacta en los t�rminos que a continuaci�n se indican, debiendo ordenarse su publicaci�n en el Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, para los efectos del art�culo 195 de la Ley de Amparo.

SOCIEDADES MERCANTILES. LA SUSPENSI�N DE LAS RESOLUCIONES ADOPTADAS POR LAS ASAMBLEAS GENERALES DE ACCIONISTAS, PREVISTA EN EL ART�CULO 202 DE LA LEY GENERAL RELATIVA, ES APLICABLE TRAT�NDOSE DE LA ACCI�N DE OPOSICI�N, NO AS� PARA LA DE NULIDAD.-Contra las resoluciones adoptadas por la asamblea general de accionistas proceden dos acciones: la de nulidad o la de oposici�n, y aunque ambas tienen la finalidad de controvertir y dejar sin efectos el acto impugnado, son esencialmente distintas, pues en cuanto a su ejercicio y tramitaci�n tienen fundamentos legales diferentes. En efecto, en t�rminos del art�culo 188 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, la primera se ejerce cuando se estima que alguna resoluci�n de la asamblea fue tomada con infracci�n de los art�culos 186 y 187 de la citada ley, esto es, se apoya en la ausencia de requisitos formales en las convocatorias, y su procedencia no se condiciona a que se haga el dep�sito de las acciones ante notario, dentro de los 15 d�as siguientes a la clausura de la asamblea; mientras que la segunda �nicamente tiene por objeto oponerse a la ejecuci�n de los acuerdos adoptados en la asamblea por contravenci�n a los estatutos sociales o a la ley, de modo que atiende a cuestiones de fondo de los acuerdos y no a circunstancias previas a la asamblea que pueden incidir en su nulidad. En tal virtud, si las mencionadas acciones son distintas, es evidente que a la de nulidad no puede aplicarse por analog�a o mayor�a de raz�n la medida cautelar prevista por el art�culo 202 de la ley referida, consistente en la suspensi�n de los acuerdos pronunciados en una asamblea de accionistas en la que se incumplan los requisitos a que aluden los art�culos 179, 188 y 189 de la se�alada Ley, ya que la celebraci�n de la asamblea de accionistas, por s� misma, produce sus efectos hasta en tanto no se declare su nulidad. En consecuencia, s�lo en los casos de oposici�n a las resoluciones legalmente adoptadas por las asambleas de accionistas prevista en el art�culo 201 de la Ley en comento puede suspenderse judicialmente su ejecuci�n, en t�rminos del art�culo 202 de dicho ordenamiento, siempre que los actores otorguen fianza bastante para responder de los da�os y perjuicios que pudieren causarse a la sociedad por la inejecuci�n de tales resoluciones, en caso de que la sentencia declarare infundada la oposici�n.

Por lo expuesto, fundado y con apoyo adem�s en los art�culos 197-A de la Ley de Amparo, as� como 21, fracci�n VIII, de la Ley Org�nica del Poder Judicial de la Federaci�n, se

resuelve:

PRIMERO

S� existe contradicci�n de tesis entre los criterios sustentados entre el Quinto y D�cimo Cuarto Tribunales Colegiados, ambos en Materia Civil del Primer Circuito.

SEGUNDO

Se declara que debe prevalecer la tesis sustentada por esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n que se espec�fica en el �ltimo considerando de este fallo.

TERCERO

D�se publicidad a esta ejecutoria, en t�rminos del art�culo 195 de la Ley de Amparo.

N.�quese; c�mplase y, en su oportunidad, arch�vese el expediente.

As�, lo resolvi� la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, por mayor�a de cuatro votos de los se�ores Ministros: Jos� de Jes�s G.�o P., S.A.V.H.�ndez, J.N.S.M. y presidenta O.S.C. de G.�a V. (ponente), en contra del voto emitido por el se�or Ministro Jos� Ram�n C.�o D�az.