Ejecutoria num. 1a./J. 113/2005 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala - Jurisprudencia - VLEX 26823137

Ejecutoria num. 1a./J. 113/2005 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala

Emisor:Primera Sala
Número de Resolución:1a./J. 113/2005
Materia:Suprema Corte de Justicia de México
Fecha de Publicación: 1 de Abril de 2006
RESUMEN

CONTRADICCIÓN DE TESIS 33/2002-PS. ENTRE LAS SUSTENTADAS, POR UNA PARTE, POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS NOVENO EN MATERIA DE TRABAJO Y NOVENO EN MATERIA ADMINISTRATIVA, AMBOS DEL PRIMER CIRCUITO Y, POR OTRA, POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO Y EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL QUINTO CIRCUITO.CORREDORES PÚBLICOS. ESTÁN FACULTADOS PARA DAR FE DE LA DESIGNACIÓN DE REPRESENTANTES LEGALES DE LAS SOCIEDADES MERCANTILES Y DE LAS FACULTADES DE QUE ESTÉN INVESTIDOS (REPRESENTACIÓN ORGÁNICA), CUANDO SE OTORGUEN EN LA CONSTITUCIÓN, MODIFICACIÓN, FUSIÓN, ESCISIÓN, DISOLUCIÓN, LIQUIDACIÓN Y EXTINCIÓN DE AQUÉLLAS.CORREDORES PÚBLICOS. LA FACULTAD PARA DAR FE DE LA DESIGNACIÓN DE REPRESENTANTES LEGALES DE SOCIEDADES MERCANTILES Y DE LAS FACULTADES DE QUE ESTÁN INVESTIDOS, NO EXCLUYE A LOS NOTARIOS PÚBLICOS DE ESA FUNCIÓN.

 
ÍNDICE
CONTENIDO

CONTRADICCI�N DE TESIS 33/2002-PS. ENTRE LAS SUSTENTADAS, POR UNA PARTE, POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS NOVENO EN MATERIA DE TRABAJO Y NOVENO EN MATERIA ADMINISTRATIVA, AMBOS DEL PRIMER CIRCUITO Y, POR OTRA, POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO Y EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL QUINTO CIRCUITO.

M�xico, Distrito Federal. Acuerdo de la Primera S. de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n correspondiente al d�a tres de agosto de dos mil cinco.

Vistos, para resolver, los autos de la contradicci�n de tesis identificada al rubro; y,

RESULTANDO:

PRIMERO

Por escrito recibido en la Oficina de Certificaci�n Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, el tres de diciembre de mil novecientos noventa y nueve, R.�n V.L., en calidad de quejoso en los juicios de amparo directo 134/97 y 217/98, del �ndice del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, denunci� la posible contradicci�n de tesis entre los criterios sustentados por ese tribunal y el Noveno Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, quien en lo conducente manifest�:

"Por medio del presente vengo a hacer denuncia de una contradicci�n de tesis que en mi concepto, y seg�n detallo a continuaci�n, se dio entre una ejecutoria dictada por el Noveno Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, y otras dos diversas ejecutorias que fueron dictadas por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, mediante las cuales se resolvieron en definitiva sendos juicios de amparo directo en los cuales intervine como parte por mi propio derecho. A continuaci�n, hago las precisiones del caso: 1. El Noveno Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, dict� la siguiente tesis: ?P�LIZAS EMITIDAS POR CORREDOR P�BLICO, SON EQUIPARABLES A LOS TESTIMONIOS NOTARIALES, PARA EFECTOS DE ACREDITAR PERSONALIDAD EN EL JUICIO LABORAL, CUANDO SE TRATA DE SOCIEDADES MERCANTILES.? (se transcribe). 2. Por su parte, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito dict� dos ejecutorias que resolvieron sendos juicios de amparo directo que promovi� el suscrito, los cuales identifico a continuaci�n: a) amparo directo tramitado bajo el expediente 134/97 del mencionado Tribunal Colegiado, sobre el cual se interpuso recurso de revisi�n, habiendo quedado radicado bajo el expediente 1685/98 en la Segunda S. de esa H. Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, as� como recurso de reclamaci�n que se radic� bajo el expediente 160/98, tambi�n de esa H. Suprema Corte, recursos ambos que ya fueron resueltos en definitiva. b) A. directo tramitado bajo el expediente 217/98 del mencionado Tribunal Colegiado, sobre el cual se admiti� recurso de revisi�n que qued� radicado bajo el expediente 3073/98 en la Segunda S. de esa H. Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, recurso que ya fue resuelto en definitiva. 3. Es el caso, por una parte, que en la ejecutoria que menciono en primer t�rmino, el Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito acept� como legalmente v�lida en un juicio laboral, una p�liza de corredor p�blico en la que se hicieron constar las facultades de representaci�n otorgadas por una sociedad mercantil en base a lo dispuesto en el art�culo 6o. de la Ley Federal de Corredur�a P�blica y 54 de su reglamento, por estimar que el corredor est� facultado para intervenir como fedatario en todos los actos de las personas morales de car�cter mercantil, inclusive en aquellos en que se haga constar la designaci�n y facultades de sus representantes (sin excepci�n alguna); y tambi�n es el caso, por otra parte, que en las dos ejecutorias dictadas por el Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, �ste neg� toda validez legal, para efectos de inscribirla en el Registro de Comercio, a una p�liza fedatada por m� en mi car�cter de corredor p�blico, en la que tambi�n una sociedad mercantil otorg� facultades de representaci�n, al estimar, contradici�ndose incluso a s� mismo, tanto que el art�culo 6o. de la Ley Federal de Corredur�a P�blica interpretado en base a la intenci�n del legislador, contiene una ?prohibici�n impl�cita? para que los corredores intervengan como fedatarios en materia de poderes, por tratarse de actos ?esencialmente civiles?; como tambi�n que dichos poderes no pueden ser v�lidamente otorgados ante corredor ?en actos diversos a los de constituci�n, modificaci�n, fusi�n, escisi�n, liquidaci�n o extinci�n de sociedades mercantiles?, lo que implica que a pesar de la supuesta esencia civil del acto, en algunos casos s� es v�lido dicho otorgamiento, como por ejemplo y seg�n expresamente afirma el colegiado, �cuando se est� extinguiendo o liquidando una sociedad mercantil!" (fojas 1 y 2 del expediente relativo a la contradicci�n de tesis de m�rito).

SEGUNDO

Por acuerdo de trece de enero de dos mil, el presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Naci�n orden� formar y registrar el expediente provisional de varios 86/2000-PL, y requerir al presidente de cada uno de los Tribunales Colegiados copia certificada de las sentencias dictadas en los juicios de amparo directo 134/97, 217/98, as� como del amparo en revisi�n 1099/98 (foja 7).

Una vez recibidas las copias certificadas de las indicadas sentencias, por acuerdo de dos de febrero del a�o dos mil, orden� formar y registrar el expediente correspondiente a la posible contradicci�n de tesis, con el n�mero 11/2000-PL, y dar de baja el expediente provisional de varios 86/2000-PL, e hizo notar que correspond�a al Tribunal Pleno de este Alto Tribunal conocer del problema planteado. En el propio prove�do orden� dar vista de la denuncia de la posible contradicci�n propuesta, por el plazo de treinta d�as, al procurador general de la Rep�blica.

En prove�do de nueve de febrero de dos mil, el presidente de este Alto Tribunal dispuso que pasara la denuncia de la posible contradicci�n de tesis, para estudio, al se�or M.J.N.S.M. (foja 152).

El agente del Ministerio P�blico de la Federaci�n adscrito no formul� pedimento.

Posteriormente, los presentes autos fueron remitidos a la Primera S. por la Secretar�a General de Acuerdos de este Alto Tribunal, y en acuerdo de doce de abril de dos mil dos, con fundamento en el punto tercero del Acuerdo General Plenario 4/2002, de ocho de abril del propio a�o, esta S. se aboc� al conocimiento del presente asunto y se registr� con el n�mero 33/2002-PS (foja 207 del cuaderno correspondiente).

TERCERO

Previo dictamen del Ministro ponente, por auto de veinticinco de septiembre de dos mil dos, para estar en aptitud de determinar sobre la existencia de la posible contradicci�n de tesis, se orden� requerir al presidente del Noveno Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, para que por su conducto fueren recabados: 1. El expediente del amparo en revisi�n n�mero RT. 1099/98 del �ndice del citado tribunal; 2. El expediente del juicio de amparo n�mero P. 1176/98, promovido por L.F.E.P.�aloza y Mar�a P. L�pez, del �ndice del Juzgado Segundo de Distrito en Materia del Trabajo en el Distrito Federal, del que deriv� el citado con el n�mero 1; 3. El expediente del juicio laboral n�mero 553/98, promovido por las referidas quejosas en el punto dos anterior, del �ndice de la Junta Especial N�mero Catorce de la Federal de Conciliaci�n y Arbitraje que dio origen al juicio de amparo citado (foja 215).

Mediante oficio n�mero 176 de cuatro de octubre de dos mil dos, el presidente del Noveno Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, remiti� copias fotost�ticas certificadas de las sentencias dictadas en los referidos puntos uno y dos, y respecto del tercero inform� que acompa�aba el oficio respectivo donde el presidente de la mencionada Junta Especial manifestaba su imposibilidad f�sica como jur�dica para remitir el expediente laboral 553/98 por haber sido depurado. Oficio que fue acordado mediante prove�do de nueve de octubre de dos mil dos (fojas 217 a 235).

CUARTO

Por acuerdo del entonces presidente de la Primera S. de este Alto Tribunal de seis de diciembre de dos mil dos, se tuvo por ampliada la contradicci�n de tesis, pues en dicho prove�do se determin� que para sustentar un criterio definido que permitiera establecer un principio de certidumbre jur�dica en relaci�n con el tema de la contradicci�n de tesis, con fundamento en lo dispuesto en los art�culos 79 y 80 del C�digo Federal de Procedimientos Civiles de aplicaci�n supletoria, en t�rminos del diverso 2o. de la Ley de A., se orden� enviar oficio a los presidentes de los Tribunales Colegiados de todos los circuitos, para que aquellos que hubiesen pronunciado ejecutorias relacionadas con la tem�tica denunciada, remitieran copias certificadas de dichas resoluciones y tesis, as� como el disquete que las contenga y, en su caso, copia certificada de la p�liza de corredor p�blico que tuvieron a la vista y sobre la cual se hayan pronunciado, o bien, hicieran saber que no sustentaron criterio sobre el tema en cuesti�n (fojas 238 a 403 del cuaderno respectivo).

En cumplimiento al requerimiento se�alado, todos los Tribunales Colegiados informaron al respecto, remitiendo copias certificadas de las respectivas resoluciones sobre el tema de la posible contradicci�n, los siguientes:

  1. Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en el amparo en revisi�n n�mero 1596/98.

  2. Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en los amparos en revisi�n n�meros 229/2002 y 317/2002.

  3. Noveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en el amparo directo n�mero 146/2002 y en el amparo en revisi�n n�mero 374/2002.

  4. D�cimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en el amparo en revisi�n n�mero 94/2002.

  5. D�cimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en el amparo en revisi�n n�mero 69/2002.

  6. D.�cimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en el amparo directo n�mero 1732/2001.

  7. Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, en el amparo en revisi�n n�mero 2146/97 y en el amparo directo n�mero 1786/2000.

  8. S�ptimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, en el amparo directo n�mero 7967/99 (expediente original).

  9. D�cimo Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, en los amparos directos n�meros 3/2002, 33/2002 y 252/2002.

  10. D�cimo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, en el amparo en revisi�n n�mero 420/2001.

  11. Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, en el amparo directo n�mero 102/98.

  12. Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, en el incidente en revisi�n n�mero 211/2001.

  13. Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, en el amparo en revisi�n n�mero 379/2002.

  14. Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, en el amparo directo n�mero 13/2001.

  15. Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito, en el amparo en revisi�n n�mero 4/2000.

  16. Tercer Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, en el amparo en revisi�n n�mero 76/2002.

  17. Segundo Tribunal Colegiado del D�cimo Sexto Circuito, en el amparo en revisi�n n�mero 323/98.

  18. Quinto Tribunal Colegiado del D�cimo S�ptimo Circuito, en el amparo en revisi�n laboral n�mero 778/2002.

  19. Tribunal Colegiado del Vig�simo S�ptimo Circuito, en los amparos en revisi�n n�meros 167/2002 y 303/2002.

Las anteriores resoluciones obran glosadas en los dos cuadernos del expediente de la presente contradicci�n.

QUINTO

Por auto de veinticinco de marzo de dos mil tres, se tuvo por cumplido el diverso prove�do de la presidencia de la Primera S. de seis de diciembre del a�o anterior, al advertirse que se hab�an recabado la totalidad de los informes solicitados a los ciento sesenta y cinco Tribunales Colegiados de los veintinueve circuitos que integran la Rep�blica Mexicana.

Asimismo, se determin� que al estar debidamente integrada en su totalidad la denuncia de probable contradicci�n de tesis de la tem�tica denunciada en relaci�n con las facultades de los corredores p�blicos en el otorgamiento de poderes, para efectos de representaci�n, se orden� dar vista al procurador general de la Rep�blica con copia certificada de las resoluciones pronunciadas por los Tribunales Colegiados de Circuito que remitieron antecedentes, a fin de que expusiera su parecer por el t�rmino de treinta d�as y a fin de que, si lo estimaba conveniente, manifestara lo que a su representaci�n conviniera (fojas 857 y 858, tomo II).

Por auto del entonces presidente de la Primera S. de treinta de mayo de dos mil tres, se tuvo por precluido el derecho del citado servidor p�blico al no haber formulado pedimento alguno dentro del plazo concedido para ello y se orden� devolver los autos al se�or M.J.N.S.M., para la elaboraci�n del proyecto de resoluci�n correspondiente (foja 909, tomo II).

CONSIDERANDO:

PRIMERO

Esta Primera S. de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, es legalmente competente para conocer y resolver sobre la denuncia de contradicci�n de tesis a que se refiere este expediente, de conformidad con lo dispuesto en los art�culos 197-A de la Ley de A. y 21, fracci�n VIII, de la Ley Org�nica del Poder Judicial de la Federaci�n, toda vez que se trata de una denuncia sobre posible contradicci�n de criterios sustentados por Tribunales Colegiados de Circuito, y el presente asunto fue enviado a la Primera S. con fundamento en el punto tercero del Acuerdo General Plenario 4/2002, para su resoluci�n.

SEGUNDO

La presente denuncia de contradicci�n de tesis es procedente, ya que fue hecha por R.�n V.L., quien particip� en calidad de parte en los juicios de amparo directo n�meros 134/97 y 217/98, de los que deriv� uno de los criterios materia de la contradicci�n y por esa raz�n est� facultado para hacer la denuncia, tal como lo establece el art�culo 197-A de la Ley de A..

De manera que si en el presente caso la posible contradicci�n de tesis es denunciada por el mencionado R.�n V.L., con el car�cter de parte en los juicios de amparo directo 134/97 y 217/98, seg�n se observa de las copias certificadas de las ejecutorias pronunciadas en esos juicios, que se localizan en las fojas 27 a 91 y 100 a 144, se confirma que est� legitimado para formular la denuncia de que se trata.

TERCERO

Es procedente que esta Primera S. realice el estudio de la presente denuncia de contradicci�n de tesis y dicte la resoluci�n correspondiente, aun cuando el procurador general de la Rep�blica haya dejado de emitir su opini�n, no obstante que oportunamente se le dio vista, tanto de la denuncia como de la ampliaci�n de la posible contradicci�n de tesis, pues en este caso debe estimarse que le precluy� el derecho para hacerlo.

La anterior apreciaci�n la confirma la tesis jurisprudencial que enseguida se reproduce:

"Novena �poca

"Instancia: Primera S.

"Fuente: Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta

"T.o: XIV, diciembre de 2001

"Tesis: 1a./J. 107/2001

"P�gina: 8

CONTRADICCI�N DE TESIS. SI EL PROCURADOR GENERAL DE LA REP�BLICA NO EMITE SU OPINI�N DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO EN EL ART�CULO 197-A DE LA LEY DE AMPARO, PRECLUYE SU DERECHO PARA HACERLO. El art�culo 197-A de la Ley de A. establece expresamente una facultad potestativa a favor del procurador general de la Rep�blica, para que por s� o por conducto del agente que al efecto designe, exponga su parecer en relaci�n con las contradicciones de tesis sustentadas entre los Tribunales Colegiados de Circuito, dentro de un plazo de treinta d�as. Ahora bien, si el referido funcionario no ejerce esa facultad en dicho t�rmino, debe concluirse que su derecho para hacerlo precluye, de conformidad con lo dispuesto en el art�culo 288 del C�digo Federal de Procedimientos Civiles, de aplicaci�n supletoria a la Ley de A..

CUARTO

Las consideraciones sustentadas por el Noveno Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, en la ejecutoria de dieciocho de noviembre de mil novecientos noventa y ocho, dictada en el toca RT. 1099/98, relativo al recurso de revisi�n interpuesto por L.F.E.P.�aloza y Mar�a P. L�pez, en contra de la sentencia pronunciada el diecinueve de octubre de mil novecientos noventa y ocho, por el Juez Segundo de Distrito en Materia de Trabajo en el Distrito Federal, al resolver el juicio de amparo indirecto 1176/98, en la parte que interesa, son del siguiente tenor:

"CUARTO. Son fundados pero inoperantes los agravios que se hacen valer. Asiste raz�n a las peticionarias de garant�as, cuando afirman que indebidamente el Juez de Distrito del conocimiento desestim� los argumentos que hicieron valer, en relaci�n a que con la p�liza exhibida por la empresa demandada, no pod�an acreditar su personalidad en el juicio laboral origen de este (sic) de garant�as, porque los corredores p�blicos carecen de facultades para emitir testimonios notariales a que se refiere la fracci�n II del art�culo 692 de la Ley Federal del Trabajo; lo anterior en raz�n de que estos argumentos no se hicieron valer al momento en que las quejosas objetaron la personalidad en el juicio laboral. Efectivamente, tal como lo sostienen las peticionarias de garant�as, el Juez de Distrito del conocimiento actu� con desacierto al tener por inoperantes los conceptos de violaci�n relacionados en el p�rrafo pr�ximo anterior, habida cuenta de que las cuestiones de personalidad son de orden p�blico y, por ende, tanto la autoridad del conocimiento como la autoridad de amparo deben analizarla de oficio, supliendo en su caso la queja de los peticionarios de garant�as cuando se trate de trabajadores, pues basta que un trabajador objete la personalidad de la parte demandada para que la Junta responsable oficiosamente analice detalladamente los documentos con los cuales la parte patronal pretende acreditar la misma. Lo anterior, debido a que la personalidad es un presupuesto procesal que debe ser analizado pormenorizadamente por la autoridad jurisdiccional, ya que al dejar de hacerlo, se llegar�a al extremo de aceptar como parte en el juicio a cualesquiera que se ostentara como tal, sin necesidad de acreditarlo, lo cual constituye un grave perjuicio para la seguridad procesal. Sin embargo, los conceptos de violaci�n que se hicieron valer ante el Juez de Distrito resultan injustificados, por lo cual, su decisi�n de negar el amparo solicitado por las quejosas, debe prevalecer. As� es, no es exacto, como lo sostienen las peticionarias de amparo ahora recurrentes, que la p�liza emitida por diverso corredor p�blico, con la cual la empresa demandada Grupo Harco, Sociedad An�nima de Capital Variable, intent� acreditar su personalidad en el juicio laboral origen de este (sic) de garant�as, no tenga validez, toda vez que no es correcta la interpretaci�n que pretenden dar a la fracci�n II del art�culo 692 de la Ley Federal del Trabajo, ya que la misma no puede considerarse en forma aislada, sino en conjunto con todo el texto del referido numeral. Ciertamente el art�culo 692, establece lo siguiente: ?Art�culo 692. Las partes podr�n comparecer a juicio en forma directa o por conducto de apoderado legalmente autorizado. T.�ndose de apoderado, la personalidad se acreditar� conforme a las siguientes reglas: I. Cuando el compareciente act�e como apoderado de persona f�sica, podr� hacerlo mediante poder notarial y carta poder firmada por el otorgante y ante dos testigos, sin necesidad de ser ratificada ante la Junta. II. Cuando el apoderado act�e como representante legal de persona moral, deber� exhibir el testimonionotarial respectivo que as� lo acredite. III. Cuando el compareciente act�e como apoderado de persona moral, podr� acreditar su personalidad mediante testimonio notarial o carta poder otorgada ante dos testigos, previa comprobaci�n de que quien le otorga el poder est� legalmente autorizado para ello; y IV. Los representantes de los sindicatos acreditar�n su personalidad con la certificaci�n que les extienda la Secretar�a de Trabajo y Previsi�n Social, o la Junta Local de Conciliaci�n y Arbitraje, de haber quedado registrada la directiva del sindicato.?. Lo antes transcrito, pone de manifiesto que para comparecer a un juicio laboral como representante legal de una persona moral cualquiera, es menester que la persona designada exhiba el poder notarial que as� lo acredite; sin embargo, no se debe dar una interpretaci�n gramatical al t�rmino ?testimonio notarial?, ya que existen diversos tipos de personas morales cuya vida jur�dica se regula por diversas leyes y, en su caso, reglamentos, como por ejemplo las sociedades mercantiles, que son reguladas por la Ley General de Sociedades Mercantiles; las sociedades cooperativas que se encuentran reglamentadas por la Ley General de Sociedades Cooperativas, y en las cuales se establece en forma clara la forma de c�mo se deben regular y qui�nes son sus representantes, motivo por el cual para llevar un registro correcto a fin de dar seguridad jur�dica de qui�nes son sus representantes, se establecen los requisitos legales para su designaci�n, as� como ante qui�n deben registrarse para dar validez a dichos actos. As�, tenemos que la Ley Federal de Corredur�a P�blica establece la figura de corredor p�blico como fedatario, para intervenir en todos los actos de las personas morales de tipo sociedades mercantiles, pues al efecto la fracci�n VI del art�culo 6o. de la referida ley, establece lo siguiente: ?Art�culo 6o. Al corredor p�blico corresponde: ... VI. Actuar como fedatario en la constituci�n, modificaci�n, fusi�n, escisi�n, disoluci�n, liquidaci�n y extinci�n de sociedades mercantiles y en los dem�s actos previstos en la Ley General de Sociedades Mercantiles.?. Asimismo, el Reglamento de la Ley Federal de Corredur�a P�blica establece en su art�culo sexto lo que a continuaci�n se transcribe: ?Art�culo 6o. Para efectos de las fracciones V, VI y VII del art�culo 6o. de la ley, cuando en las leyes o reglamentos se haga referencia a notario o fedatario p�blico, escritura, protocolo y protocolizaci�n, se entender� que se refiere a corredor p�blico, a la p�liza expedida por corredor, a cualquier libro de registro del corredor y al hecho de asentar alg�n acto en los libros de registro del corredor, respectivamente.?. Como puede apreciarse de lo antes relacionado, las sociedades de car�cter mercantil est�n sujetas a un r�gimen jur�dico diferente a las entidades morales de naturaleza civil, a trav�s de la Ley General de Sociedades Mercantiles, derivada del C�digo de Comercio, la Ley Federal de Corredur�a P�blica y su reglamento, en los que se establece de modo particular a un fedatario p�blico denominado ?corredor p�blico? diverso al notario surgido de la legislaci�n civil. Al corredor p�blico, la Ley Federal de Corredur�a P�blica y su reglamento, lo facultan para intervenir como fedatario en todos los actos de las personas morales de tipo mercantil inclusive en aquellos en que se haga constar la designaci�n y facultades de representaci�n en las sociedades mercantiles, de conformidad con la ley de la materia, tal como lo establece el art�culo 54 del referido reglamento de corredur�a p�blica, cuyo texto es del tenor siguiente: ?Art�culo 54. Las p�lizas y actas expedidas por el corredor en el ejercicio de sus funciones, inclusive en aquellas en que se haga constar la designaci�n y facultades de representaci�n en las sociedades mercantiles de conformidad con la ley de la materia, se deber� admitir para su inscripci�n en el Registro P�blico de la Propiedad y del Comercio, siempre que dichos instrumentos cumplan con los requisitos legales.?. En esas condiciones, contrario a lo que estiman las quejosas ahora recurrentes, no se debe interpretar el contenido del art�culo 692, fracci�n II, de la Ley Federal del Trabajo, que establece que los representantes legales de las entidades morales deben acreditar su personalidad con el correspondiente ?testimonio notarial?, de manera literal o rigorista, supuesto que como ya se razon�, no s�lo los notarios pueden dar fe de los actos realizados por las entidades morales en general, pues en materia mercantil tambi�n pueden hacerlo los corredores p�blicos, y en este caso, la empresa codemandada denominada Grupo Harco, Sociedad An�nima de Capital Variable, es una empresa de car�cter mercantil, conformada de acuerdo con las disposiciones del marco legal comercial. Adem�s, debe tenerse en cuenta que cuando se public� la Ley Federal del Trabajo, el primero de abril de mil novecientos setenta y nueve, no exist�a la Ley Federal de Corredur�a P�blica, publicada el diecinueve de diciembre de mil novecientos noventa y dos, motivo por el cual la figura del corredor p�blico no exist�a con esas facultades, circunstancia por la cual la ley citada en primer t�rmino no pod�a prever los actos que �stos realizaran ni su �mbito de validez, prueba de ello fue la necesidad que tuvo el legislador para que en el invocado art�culo 6o. del Reglamento de la Ley Federal de Corredur�a P�blica, estableciera claramente que ?... cuando en las leyes o reglamentos se haga referencia a notar�as o �notario p�blico�, �escritura�, �protocolo� y �protocolizaci�n�, se entender� que se refiere a �corredor p�blico�.?. Por tanto, si de acuerdo con el marco jur�dico mercantil actual, los corredores p�blicos, mediante la emisi�n de sus p�lizas pueden intervenir como fedatarios en el ejercicio de sus funciones, hacer constar la designaci�n y facultades de representaci�n en las sociedades mercantiles, es indudable que los documentos en cuesti�n deben tomarse en cuenta para acreditar la personalidad de este tipo de entes jur�dicos en los juicios del orden laboral, equiparando las p�lizas respectivas con los testimonios notariales a que se refiere la fracci�n II del art�culo 692 de la Ley Federal del Trabajo. Consecuentemente, aun cuando el Juez Federal del conocimiento omiti� entrar al estudio de los argumentos en cuesti�n, su decisi�n de negar el amparo debe prevalecer, pues son infundados los conceptos de violaci�n que se formularon seg�n se aprecia de este estudio, de ah� que los agravios que en esta v�a de revisi�n se hacen valer resulten fundados pero inoperantes." (fojas 17 a 21).

QUINTO

Por otra parte, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, al resolver el amparo directo 134/97, promovido por R.�n V.L., por derecho propio y como apoderado de Arquitectura y Paisaje de Occidente, Sociedad An�nima de Capital Variable, en ejecutoria de treinta de abril de mil novecientos noventa y ocho, sostuvo, en su parte conducente, lo que a continuaci�n se transcribe:

"CUARTO. Los conceptos de violaci�n son infundados. En efecto, el documento cuestionado del que el director del Registro P�blico de Comercio en esta ciudad neg� su registro, en su resoluci�n de dos de octubre de mil novecientos noventa y cinco, impugnada en el juicio de nulidad, cuya sentencia es materia de este amparo directo, dice: ?P�liza n�mero 1 uno. Libro de sociedades. En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, a los 25 veinticinco d�as del mes de septiembre de 1995 mil novecientos noventa y cinco, compareci� ante mi, licenciado R.�n V.L., corredor p�blico n�mero 27 veintisiete en la plaza del Estado de Jalisco, el se�or arquitecto J.L.M.�as Romano, en su car�cter de gerente y apoderado de la sociedad denominada Arquitectura y Paisaje de Occidente, Sociedad An�nima de Capital Variable, y dijo: Que a nombre y en representaci�n de la citada sociedad mercantil viene a otorgar en favor de Mar�a I.M.�as Romano, poder general judicial para pleitos y cobranzas y para actos de administraci�n, en t�rminos de los dos primeros p�rrafos del art�culo 2554 del C�digo Civil vigente en el Distrito Federal en Materia Com�n y en toda la Rep�blica en Materia Federal; y del art�culo 2475 del C�digo Civil de Jalisco, confiri�ndole en consecuencia, de manera enunciativa y no limitativa, las siguientes: Facultades: I. Para representar a la sociedad ante toda clase de personas f�sicas y morales y ante las autoridades judiciales, administrativas y del trabajo, ya sean de la Federaci�n, de los Estados o de los Municipios. II. Para hacer sumisi�n expresa o t�cita. III. Para desistirse de toda clase de acciones y recursos, aun del juicio de amparo. IV. Para transigir. V. Para comprometer en �rbitros. VI. Para absolver y articular posiciones. VII. Para recusar. VIII. Para recibir pagos. IX. Para presentar querellas penales y para desistirse de las mismas. X. Para constituirse en coadyuvante del Ministerio P�blico. XI. Para comparecer ante todas las autoridades en materia de trabajo relacionadas en el art�culo 523 quinientos veintitr�s de la Ley Federal del Trabajo, as� como ante el Infonavit, Instituto Mexicano del Seguro Social y Fonacot, a realizar todas las gestiones y tr�mites necesarios para la soluci�n de cualquier conflicto individual o colectivo que se genere en contra de la sociedad, a los que comparecer� con el car�cter de representante de la misma, en t�rminos del art�culo 11 once de la Ley Federal del Trabajo que determina: �Los directores, administradores, gerentes y dem�s personas que ejerzan funciones de direcci�n o administraci�n, representan al patr�n y en tal concepto lo obligan en sus relaciones con los trabajadores.�. XII. Para administrar los bienes de la sociedad, comparecer a toda clase de concursos de obra p�blica o privada, ya sea ante la Federaci�n, los Estados o los Municipios, firmando los contratos respectivos. XIII. Los mandatarios no podr�n otorgar poderes generales ni especiales. Personalidad ... Insertos. El art�culo 2475 dos mil cuatrocientos setenta y cinco del C�digo Civil del Estado de Jalisco dice a la letra: �Art�culo 2475. En los poderes generales judiciales basta decir que se dan con ese car�cter, para que el apoderado pueda representar al poderdante en todo negocio de jurisdicci�n voluntaria, mixta y contenciosa, desde su principio hasta su fin, siempre que no se trate de actos que conforme a las leyes requieran poder especial, pues en tal caso consignar�n detalladamente las facultades que se confieren con el car�cter de especial. En los poderes generales para administrar bienes basta decir que se otorgan con tal car�cter para que el apoderado tenga toda clase de facultades administrativas. En los poderes generales para ejercer actos de dominio ser� suficiente que se exprese que se confiere con ese car�cter para que el apoderado tenga las facultades de due�o, tanto en lo relativo a los bienes, como para hacer toda clase de gestiones a fin de defenderlos. Cuando se quieran limitar en los tres casos antes mencionados las facultades del apoderado se consignar�n las limitaciones o los poderes se entender�n especiales. Los notarios insertar�n la parte conducente de este art�culo en los testimonios de los poderes que autoricen.�. El art�culo 2554 dos mil quinientos cincuenta y cuatro del C�digo Civil para el Distrito Federal, dice a la letra: �Art�culo 2554. En todos los poderes generales para pleitos y cobranzas, basta que se diga que se otorgan con todas las facultades generales y las especiales que requieran cl�usula especial conforme a la ley, para que se entiendan conferidos sin limitaci�n alguna. En los poderes generales para administrar bienes, basta expresar que se dan con ese car�cter para que el apoderado tenga toda clase de facultades administrativas. En los poderes generales para ejercer actos de dominio basta que se den con ese car�cter para que el apoderado tenga las facultades de due�o, tanto en lo relativo a bienes, como para hacer toda clase de gestiones a fin de defenderlos. Cuando se quieran limitar en los tres casos antes mencionados las facultades de los apoderados se consignar�n las limitaciones o los poderes se entender�n especiales. Los notarios insertar�n este art�culo en los testimonios de los poderes que se otorguen.�.? (foja 14). La autoridad responsable para reconocer la validez de aquella resoluci�n ante ella impugnada, expuso las siguientes consideraciones torales: el corredor p�blico no tiene facultades para que, ante su fe, se otorguen poderes, porque se encuentran delimitadas en el art�culo 6o. de la Ley Federal de Corredur�a P�blica, que en relaci�n al art�culo 53, fracci�n V, del Reglamento de la Ley Federal de Corredur�a P�blica, la menci�n que contiene en el sentido de que el corredor en el ejercicio de sus funciones como fedatario p�blico podr� intervenir ... en la designaci�n de sus representantes legales y facultades de que est�n investidos; en ello no se incluye la facultad de autorizar el otorgamiento de poderes, que es una cuesti�n diferente prevista en los art�culos 2554 del C�digo Civil para el Distrito Federal en Materia Com�n y para toda la Rep�blica en Materia Federal, y 2207 del C�digo Civil de Jalisco; que el mandato cuestionado est� sustentado en aquellos art�culos; que de acuerdo a los art�culos 53, fracci�n V, antes citado, en relaci�n con el 10 de la Ley General de Sociedades Mercantiles y 6o. de la Ley Federal de Corredur�a P�blica, en la constituci�n de una sociedad de nueva creaci�n, ante la fe del corredor p�blico se puede designar a los representantes legales, pudiendo confer�rseles facultades a �stos, para que designen apoderados o mandatarios, pero por separado, en distinto acto y ante notario p�blico, dada la naturaleza civil del mandato; que el mandato o poder son vocablos jur�dicos sin�nimos; que originalmente el proyecto de la Ley Federal de Corredur�a P�blica, contemplaba en su redacci�n original, en la fracci�n VI del art�culo 6o., la facultad para que se otorgaran, modificaran y revocaran poderes ante los corredores p�blicos, empero, el Senado consider� que tal facultad lesionar�a el Pacto Federal, y por ello modific� el texto original, eliminando la facultad de los corredores p�blicos de otorgar, modificar y revocar poderes, por considerar que son de �ndole civil y corresponde al notario su autorizaci�n; que esa modificaci�n fue aprobada por la C.�n de Comercio de la C�mara de Diputados y por las C.ones U.das de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos; que de acceder a que ante la fe del corredor p�blico se celebre el otorgamiento de poderes o mandatos, se lesionar�a el Pacto Federal protegido por el art�culo 40 de la Constituci�n General de la Rep�blica, que establece los �mbitos de competencia federal y local; que si bien el art�culo 6o., fracci�n VI, de la Ley Federal de Corredur�a P�blica, establece que al corredor le corresponde actuar como fedatario en la constituci�n, modificaci�n, fusi�n, escisi�n, disoluci�n, liquidaci�n y extinci�n de sociedades mercantiles, y en los dem�s actos previstos en la Ley General de Sociedades Mercantiles, y esta �ltima prev�, a su vez, desde la constituci�n hasta la extinci�n de sociedades, as� como el otorgamiento de poderes reglamentado por los art�culos 10, �ltimo p�rrafo, 149 y 150 de ese ordenamiento ... que establecen que el consejo de administraci�n, el administrador �nico y los gerentes podr�n, dentro de sus respectivas facultades, conferir poderes en nombre de las sociedades y revocarlos, esto lo puede establecer el corredor p�blico en el documento en que se constituya ante su fe la sociedad mercantil, pero no debe confundirse el actor que esto no le da facultades para tal efecto, ya que el funcionario facultado para ello lo es el notario p�blico ... que el corredor p�blico no est� facultado para actuar en actos de materia civil, y que el mandato no es un acto de comercio, ya que la ley lo define como un contrato civil, atentos al art�culo 2197 del C�digo Civil Local. De todo lo anterior, resalta y es preponderante, lo mencionado en la sentencia que se revisa, en el sentido de que el Senado de la Rep�blica, C�mara de Origen de la Ley Federal de Corredur�a P�blica, consider� que de otorgar a los corredores la facultad para que, ante su fe, se otorgaran, modificaran o revocaran poderes, ir�a en contra de la soberan�a de los Estados y por ello modific� el texto original, eliminando la facultad en cuesti�n, por considerar que son aquellos actos de �ndole civil, y corresponde al notario su autorizaci�n; lo cual, la C.�n de Comercio de la C�mara de Diputados consider� acertado. Pues bien, contrariamente a lo aducido en los conceptos de violaci�n, s� existe una exposici�n de motivos de la Ley Federal de Corredur�a P�blica. Fue emitida por el Ejecutivo Federal el veinticinco de noviembre de mil novecientos noventa y dos. Se envi� a la C�mara de Senadores, como C�mara de Origen, y dice en lo que aqu� interesa: ?Exposici�n de motivos: C�mara de Origen: C�mara de Senadores. Exposici�n de motivos. M�xico D.F. a 26 de noviembre de 1992. Iniciativa del Ejecutivo. CC. Secretarios de la C�mara de Senadores del H. Congreso de la U.�n. Presentes ... La iniciativa de ley que someto a la alta consideraci�n de ese H. Congreso de la U.�n, de resultar aprobada, regular�a en forma clara la funci�n de la corredur�a p�blica y revitalizar�a esta importante figura del derecho mercantil. La parte sustancial de la iniciativa de ley radica en las nuevas funciones que se le adicionar�an a las que tradicionalmente ha tenido el corredor p�blico. Concretamente, son afines a las que se derivan de las reformas que se hicieron a la Ley General de Sociedades Mercantiles, publicadas en el Diario Oficial de la Federaci�n el 11 de junio pasado, de tal suerte que ahora el corredor p�blico ampl�e su funci�n al verse legalmente posibilitado para actuar como fedatario en la constituci�n, modificaci�n, fusi�n, escisi�n, liquidaci�n y extinci�n de sociedades mercantiles, adem�s de los actos que tienen que ver con sus �rganos de administraci�n, como son las actas, poderes y dem�s certificaciones de �ndole mercantil. Conviene que los comerciantes cuenten con estos auxiliares, lo que contribuir� a alcanzar una mayor seguridad jur�dica y a evitar litigios innecesarios, por lo que resulta procedente promover los servicios que prestan los corredores, dot�ndolos adem�s de la necesaria fe p�blica para hacer constar en documentos que hagan prueba plena, cualquier hecho, acto, convenio o contrato de naturaleza mercantil ... Igualmente, se definen con precisi�n, sin que se entiendan de desempe�o exclusivo, las funciones que podr�an desempe�ar los corredores p�blicos, entre las que destacan las de agente mediador para la transmisi�n e intercambio de propuestas entre dos o m�s partes; perito valuador de bienes, servicios, derechos y obligaciones; asesor jur�dico de los comerciantes; �rbitro, a solicitud de las partes, en la soluci�n de controversias derivadas de actos, contratos o convenios de naturaleza mercantil; fedatario p�blico de hechos, actos, convenios y contratos de naturaleza mercantil, exceptuando inmuebles, as� como en la constituci�n, modificaci�n, fusi�n, escisi�n, disoluci�n, liquidaci�n y extinci�n de sociedades mercantiles y poderes que �stas otorguen ... Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en la fracci�n I del art�culo 71 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados U.dos Mexicanos, por el digno conducto de ustedes, CC. Secretarios, me permito someter a la consideraci�n del H. Congreso de la U.�n, la presente iniciativa de Ley Federal de Corredur�a P�blica.?. A la exposici�n de motivos, se adjunt� el proyecto de ley propuesto, que en la parte aqu� cuestionada dice: ?Ley Federal de Corredur�a P�blica ... Art�culo 6o. Al corredor p�blico corresponde: ... VI. Actuar como fedatario en la constituci�n, modificaci�n, fusi�n, escisi�n, disoluci�n,liquidaci�n y extinci�n de sociedades mercantiles, as� como en los poderes que �stas otorguen, modifiquen o revoquen, y en los dem�s actos previstos en la Ley General de Sociedades Mercantiles; y ...?. En el acta de asamblea del Senado de la Rep�blica del once de diciembre de mil novecientos noventa y dos, se hizo constar: ?A las comisiones unidas que suscriben fue turnada para su estudio y la elaboraci�n del dictamen correspondiente, la iniciativa de Ley Federal de Corredur�a P�blica, promovida por el titular del Poder Ejecutivo Federal el 25 de noviembre del a�o en curso, ante este cuerpo colegiado, se�alado, por tanto, en funciones de C�mara de Origen durante el correspondiente proceso legislativo ... VI. Las modificaciones introducidas por las C.ones U.das de la C�mara de Senadores. La opini�n de los miembros de las comisiones que suscriben fue enriquecida con el estudio de los documentos legislativos mencionados, cada uno de los cuales establece normas relativas a la funci�n de los corredores p�blicos, las cuales han sido sistematizadas en el ordenamiento que se somete a nuestra consideraci�n. Asimismo, nuestro cr�tico (sic) fue madurado con el intercambio de puntos de vista con nuestros compa�eros legisladores integrantes de las C.ones Dictaminadoras de la C�mara de Diputados, as� como con la consulta p�blica llevada a cabo de manera conjunta. Con base en estos antecedentes, hemos considerado oportuno someter a la consideraci�n de los miembros del Pleno de esta honorable asamblea las siguientes propuestas de modificaci�n al contenido original de la iniciativa enviada por el titular del Poder Ejecutivo Federal: En la fracci�n VI del art�culo 6o., suprimir la expresi�n �as� como en los poderes que �stas otorguen, modifiquen o revoquen�, por considerar que esta funci�n debe quedar reservada a los notarios p�blicos, habida cuenta su car�cter eminentemente civil y su pertenencia al �mbito de competencia local. Por lo antes expuesto y debidamente fundado, los integrantes de las comisiones unidas que suscriben nos permitimos someter a la consideraci�n de los miembros de esta honorable asamblea el siguiente proyecto de Ley Federal de Corredur�a P�blica ... Art�culo 6o. Al corredor p�blico corresponde: ...VI. Actuar como fedatario en la constituci�n, modificaci�n, fusi�n, escisi�n, disoluci�n, liquidaci�n y extinci�n de sociedades mercantiles y en los dem�s actos previstos en la Ley General de Sociedades Mercantiles; y ... minuta proyecto de Ley Federal de Corredur�a P�blica ... . �Art�culo 6o. Al corredor p�blico corresponde: ... VI. Actuar como fedatario en la constituci�n, modificaci�n, fusi�n, excisi�n (sic), disoluci�n, liquidaci�n y extinci�n de sociedades mercantiles y en los dem�s actos previstos en la Ley General de Sociedades Mercantiles; y ...�.?-En su oportunidad, la C.�n de Comercio de la C�mara de Diputados, como C�mara R., emiti� su dictamen el diecisiete de diciembre de mil novecientos noventa y dos, en que someti� a consideraci�n del Pleno, el proyecto de la Ley Federal de Corredur�a P�blica, en dicho dictamen opin�: ?... C.�n de Comercio. Honorable asamblea: a la C.�n de Comercio le fue turnado para su estudio y dictamen el proyecto de Ley Federal de Corredur�a P�blica, enviada por el Senado de la Rep�blica, quien fungi� como C�mara de Origen de la presente iniciativa. Esta comisi�n, con fundamento en lo dispuesto por los art�culos 72, 73, fracciones IX y XXIX-E, de la Constituci�n Pol�tica de los Estados U.dos Mexicanos; 56 y 64 de la Ley Org�nica del Congreso General; y 56, 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, realiz� el an�lisis y estudio del proyecto, por lo que nos permitimos someter a la consideraci�n de esta asamblea el siguiente dictamen: I. Consideraciones generales. Una vez dictaminada la iniciativa por la C�mara de Senadores, con fundamento en los art�culos 72, inciso A, de la Constituci�n Pol�tica de los Estados U.dos Mexicanos; 56 y 64 de la Ley Org�nica del Congreso General; y 57, 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, la remiti� a la C�mara de Diputados, que act�a como C�mara R., para su estudio y dictamen correspondiente. Como parte del proceso de revisi�n del proyecto, la comisi�n que suscribe se reuni� previamente con los integrantes de las C.ones Dictaminadoras de la C�mara de Senadores y una vez recibido el proyecto, llev� a cabo su reuni�n el d�a 16 de diciembre del a�o en curso, integr�ndose un grupo pluripartidista de dictamen, el cual concluy� con la presente resoluci�n ... IV. Contenido de la minuta. El proyecto de Ley Federal de Corredur�a P�blica, enviado por el Senado a esta C�mara, acepta en lo general el contenido de la iniciativa. Sin embargo, tras el exhaustivo an�lisis efectuado, la C�mara de Origen realiz� las siguientes modificaciones: 1. Art�culo 6o., fracci�n VI. En el Senado se suprimi� de esta fracci�n lo correspondiente al otorgamiento, modificaci�n o revocaci�n de poderes por parte de los corredores p�blicos. La comisi�n que dictamina considera acertada esta decisi�n debido a que dicha facultad corresponde �nica y exclusivamente a los notarios, debido a su car�cter eminentemente civil y su pertenencia al �mbito local. Por tanto al delimitar esta ley las facultades de ambos servidores, y a fin de evitar confusiones y errores entre el p�blico en general, fue conveniente precisar sus funciones ... Por tanto, y debido a las anteriores consideraciones, con fundamento en los art�culos 28, 72 y 73, fracci�n X, de la Constituci�n Pol�tica de los Estados U.dos Mexicanos; 56, 64 y 87 de la Ley Org�nica del Congreso General de los Estados U.dos Mexicanos; 87, 88 y dem�s relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, la C.�n de Comercio se permite someter a la consideraci�n de este Pleno, el siguiente .... Proyecto de Ley Federal de Corredur�a P�blica ... Art�culo 6o. Al corredor p�blico corresponde: ... V. Actuar como fedatario p�blico para hacer constar los contratos, convenios, actos y hechos de naturaleza mercantil, excepto en trat�ndose de inmuebles; as� como en la emisi�n de obligaciones y otros t�tulos valor; en hipotecas sobre buques, nav�os y aeronaves que se celebren ante �l, y en el otorgamiento de cr�ditos refaccionarios o de habilitaci�n o av�o, de acuerdo con la ley de la materia; VI. Actuar como fedatarios en la constituci�n, modificaci�n, fusi�n, escisi�n, disoluci�n, liquidaci�n y extinci�n de sociedades mercantiles y en los dem�s actos previstos en la Ley General de Sociedades Mercantiles; y ...?. El d�a diecinueve de diciembre de mil novecientos noventa y dos, se someti� a discusi�n, en la C�mara de Diputados, el proyecto de la ley de que se habla, destacando, en lo que aqu� interesa, lo alegado por los diputados que se mencionar�n, en los t�rminos que tambi�n se indican a continuaci�n: ?Dict�menes a discusi�n. Ley Federal de Corredur�a P�blica. El presidente: El siguiente punto del orden del d�a, es la segunda lectura al dictamen relativo al proyecto de Ley Federal de Corredur�a P�blica ... Tiene la palabra el diputado C.M.V. ... De las funciones mencionadas, una de las m�s importantes ser� sin duda la de actuar como fedatario p�blico en todos los actos y hechos de naturaleza mercantil, incluyendo adem�s la constituci�n, fusi�n, escisi�n, modificaci�n, liquidaci�n y extinci�n de sociedades mercantiles ... Las correcciones y adiciones que se realizaron en el dictamen remitido por la C�mara de Origen, consideramos que son oportunas y v�lidas, porque perfeccionan la iniciativa y sobre todo porque delimitan las facultades de los fedatarios p�blicos evitando confusiones al p�blico usuario, igual a las prohibiciones que tiene el notario p�blico reglamentadas, con las que se propon�a para el corredor p�blico para ejercer sus funciones y tambi�n le exige al corredor llevar un registro similar al del notario en lo que se refiere a sociedades mercantiles ... El diputado Le�nides S.M.S.�n: Con su venia, se�or presidente. Honorable asamblea: ... Previo al an�lisis de la iniciativa conocimos que el Senado de la Rep�blica, como C�mara de Origen, propuso algunas modificaciones al texto de la ley originalmente propuesto; derivados de amplias sesiones, seg�n consignan en consultas de las comisiones unidas, con los sectores interesados y previo an�lisis de las disposiciones legales con la finalidad de adecuarlas a la propuesta de la ley y con la finalidad tambi�n de evitar contraversiones normativas. Entre las modificaciones efectuadas por el Senado y avaladas por la comisi�n de nuestra C�mara de Diputados, la de Comercio, se destacan las realizadas en el art�culo 6o., fracci�n IV, el p�rrafo final del d�cimo, con el agregado de otras restricciones; el art�culo 16 con algunas precisiones, el 18 con la supresi�n del �ltimo p�rrafo del 6o., original, el 20 con la ampliaci�n de las prohibiciones a la actuaci�n de los corredores y el 4o. transitorio eliminando el requisito de la licenciatura en derecho para solicitar y obtener una nueva rehabilitaci�n ... Establece las funciones espec�ficas que corresponden a un corredor p�blico, agente mediador, perito valuador, asesor�a jur�dica, �rbitro en caso de controversias y a actuar como fedatario p�blico en t�rminos mercantiles. El diputado T.�s Correa Ayala: Con su permiso, se�or presidente ... Por �ltimo, consideramos que la iniciativa de ley de corredur�as p�blicas enviada por el Ejecutivo Federal al Senado de la Rep�blica, fue revisada profundamente, escuchada la opini�n de los corredores p�blicos, las modificaciones introducidas por la C�mara de Senadores hacen a�n m�s precisa la ley, fundamentalmente en cuanto a las restricciones establecidas para que los aspirantes a corredores sustenten los ex�menes correspondientes. Esto permite la imparcialidad del jurado y otorgar la misma posibilidad a los aspirantes. El diputado A.C.C. (desde su curul): Pido la palabra, para rectificar hechos, se�or presidente: ... Actualmente esta nueva ley, en un acto sin precedente en el derecho mexicano, se le permite actuar como fedatario en la constituci�n, modificaci�n, escisi�n, fusi�n, disoluci�n, liquidaci�n y extinci�n de sociedades mercantiles ... El diputado H�ctor P�rez Plazola: Se�or presidente; se�oras y se�oritas, se�ores diputados: ... He querido hacer esta referencia, porque en distintas participaciones y comentarios que se han hecho, parece ser que los corredores vienen con esta ley a intentar desplazar o mermar campos de acci�n de los notarios ... De tal suerte que ahora, el corredor p�blico ampl�a su funci�n al verse legalmente posibilitado para actuar como fedatario en la constituci�n, modificaci�n, fusi�n, escisi�n, liquidaci�n y extinci�n de sociedades mercantiles. Adem�s de los actos que tienen que ver con sus �rganos de administraci�n, como son: las actas, los poderes y dem�s certificaciones de �ndole mercantil ... Esto es, tal como ven�a redactado el art�culo respectivo de la iniciativa ... En cuanto a la redacci�n original de la iniciativa correspondiente a la fracci�n VI del art�culo 6o., en la que establece lo que corresponde al corredor p�blico, nos parece definitivamente m�s afortunada la redacci�n original cuando enunciaba lo que ya dijimos, en donde inclu�a el texto de que podr� actuar como fedatario en la constituci�n, modificaci�n y todos los cambios que implicaban una sociedad mercantil. Igualmente establec�a la facultad para intervenir en el otorgamiento de poderes que modifiquen o revoquen en los dem�s actos de esta ley. Entonces con la forma que se pueda interpretar de la redacci�n actual, puesto que el Senado elimin� ese rengl�n, confiamos en que no haya riesgo de mala interpretaci�n. Esperemos que no origine confusi�n o incertidumbre cuando sea el momento de la aplicaci�n de funciones en el trabajo de los corredores ... Estimamos que existe absoluta claridad de la intenci�n, de la interpretaci�n y, por lo consiguiente, de su aplicaci�n y efectos que justifican finalmente la propuesta de excluir de la generalidad la limitante que qued� incluida en el art�culo 20 del dictamen en su fracci�n VI, sobre la prohibici�n para los corredores p�blicos de desempe�ar el mandato judicial. Las funciones que desempe�a un corredor p�blico, seg�n el dictamen de esta ley son semejantes, por lo consiguiente, a las de un notario salvo algunas diferencias. En el ejercicio del notario hay ciertas actuaciones reservadas expresamente a su cargo, como dar fe de actos de naturaleza civil, los de materia inmobiliaria, as� como el otorgamiento de poderes, aunque esto, por cierto, no deja de causar problemas como en Yucat�n y en Baja California, en donde al momento los corredores p�blicos intervienen en el otorgamiento de alg�n tipo de escrituras originadas por movimientos inmobiliarios. Al corredor p�blico le est� reservada la actividad de agente mediador en actos del orden mercantil, fungir como perito valuador, adem�s de arbitrar para dirimir controversias en asuntos mercantiles; ambos especialistas coinciden en que puede darse sobre transacciones de naturaleza mercantil. Sin embargo, los corredores p�blicos conforme al contenido espec�fico del dictamen, tienen limitaciones en el otorgamiento de poderes. La manera como est� redactada, lo que ya dijimos, la fracci�n VI, crea este problema.?. Al final de la sesi�n, la secretaria L.E.S.S.R.�n: ?Se�or presidente: Se emitieron en lo general y en lo particular 323 votos en pro, 5 abstenciones y abstenciones (sic) en lo general y en contra de los art�culos 8o., fracci�n II, 9o., fracci�n I y art�culo 14, 12 votos. El presidente: Aprobado en lo general y en lo particular por 323 votos. Aprobada en lo general y en lo particular la Ley Federal de Corredur�a P�blica. El secretario Luis P�rez D�az: Pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales. El presidente. Contin�e la secretaria.?. Pues bien, se advierte de lo anterior que, como lo indic� la autoridad responsable y contrariamente a lo aseverado por el quejoso, el proyecto original de la Ley Federal de Corredur�a P�blica fue modificado por el Senado de la Rep�blica, suprimiendo en la fracci�n VI del art�culo 6o. lo correspondiente al otorgamiento, modificaci�n o revocaci�n de poderes por parte de los corredores p�blicos, lo cual fue, adem�s, considerado acertado por la C.�n de Comercio de la C�mara de Diputados, R., en su dictamen de diecisiete de diciembre de mil novecientos noventa y dos, en la parte en que se se�al�: ?IV. Contenido de la minuta. El proyecto de la Ley Federal de Corredur�a P�blica, enviado por el Senado a esta C�mara, acepta en lo general el contenido de la iniciativa. Sin embargo, tras el exhaustivo an�lisis efectuado, la C�mara de Origen realiz� las siguientes modificaciones: 1. Art�culo 6o., fracci�n VI. En el Senado se suprimi� de esta fracci�n lo correspondiente al otorgamiento, modificaci�n o revocaci�n de poderes por parte de los corredores p�blicos. La comisi�n que dictamina considera acertada esta decisi�n debido a que dicha facultad corresponde �nica y exclusivamente a los notarios, debido a su car�cter eminentemente civil y su pertenencia al �mbito local. Por tanto, al delimitar esta ley las facultades de ambos servidores, y a fin de evitar confusiones y errores entre el p�blico en general, fue conveniente precisar sus funciones.?. Sometida la iniciativa presidencial con sus reformas hechas por la C�mara de Senadores, y la opini�n de la C.�n de Comercio de la C�mara de Diputados al Pleno de la misma, la aprob� en sesi�n del diecinueve de diciembre de mil novecientos noventa y dos, en que inclusive se hicieron alusiones a las correcciones realizadas en el dictamen remitido por la C�mara de Origen. De todo ello se deduce que, contrariamente a lo pretendido por el quejoso, el sustento de la responsable no est� referido �nicamente a una opini�n aislada de la C.�n de Comercio de la C�mara de Diputados, pues dicha opini�n fue ponderada y aprobada por el Pleno de la C�mara R.; y desde luego, las leyes deben ser aplicadas atendiendo a su texto gramatical, empero, cuando �ste resulta confuso o da lugar a diversas interpretaciones debe, como lo hizo la responsable, adminicular aquel texto gramatical, con la intenci�n o esp�ritu del legislador, o bien, a la doctrina, lo que conlleva a interpretar aquel sentido gramatical, con la amplitud que permita conocer los verdaderos alcances y limitaciones de los preceptos legales. As�, es indiscutible que sea cual fuere la redacci�n de la fracci�n VI del art�culo 6o. de la Ley Federal de Corredur�a P�blica, as� como la de cualquier otro ordenamiento, lo cierto es que la intenci�n del legislador, al regular la actuaci�n de los corredores p�blicos, fue la de no otorgarles facultades para que ante su fe p�blica, se otorguen poderes en actos diversos a los de constituci�n, modificaci�n, fusi�n, escisi�n, liquidaci�n o extinci�n de sociedades, esto es, en actos diversos a aquellas operaciones, como lo fue el otorgado ante la fe p�blica del corredor R.�n V.L. materia de este asunto. En consecuencia, es ocioso analizar la naturaleza del mandato, esto es, si se trata de un acto civil o mercantil, a la luz de la doctrina y de las legislaciones nacional o extranjeras, o bien, si est� regulado por ordenamientos legales de diversa naturaleza, como la penal o la laboral, o si ese acto jur�dico es lo mismo que el poder y confundido o no con otro, en algunas legislaciones, en tanto que en otras, reconocidos como actos independientes. Pues por sobre todo lo anterior, est� la voluntad expresa del legislador, al margen de todos aquellos cuestionamientos, de excluir de entre las facultades de los corredores p�blicos, la que se ha referido, reit�rase al margen de la naturaleza, definici�n o concepto del poder. En esas condiciones, aunado a que los reglamentos, como el de la Ley Federal de Corredur�a P�blica tienden al cumplimiento de la ley, es claro que no pueden rebasar sus lineamientos, en consecuencia, la fracci�n V del art�culo 53 del Reglamento de la Ley Federal de Corredur�a P�blica, no puede servir de sustento para la autorizaci�n de que ante la fe de los corredores p�blicos se otorguen poderes en actos, se insiste, como en el que se otorg� el aqu� cuestionado, aunado a que tal precepto del reglamento no hace sino reiterar lo contenido en la fracci�n VI del art�culo 6o. de la ley. En cuanto a que todos los apoderados de una sociedad mercantil tienen el car�cter de sus representantes, al igual que los gerentes o administradores, car�cter �ste que es otorgable en el acto de constituci�n o modificaci�n de la sociedad y que, por ende, el corredor s� puede dar fe de esto �ltimo, as� como del otorgamiento de poder. Atento a lo antes expuesto y a los t�rminos de los citados art�culos 6o., fracci�n VI, de la Ley Federal de Corredur�a P�blica y 53, fracci�n V, de su reglamento, en concordancia con el proceso legislativo de la primera en que se puntualiz� la exclusi�n de la facultad de los corredores p�blicos para que ante su fe se otorguen poderes; resulta que es obvio que cuando la representaci�n se otorgue en cualesquiera de los actos previstos en aquellos preceptos, es legalmente factible la intervenci�n, como fedatario, del corredor p�blico; no as�, en actos diversos, como lo estim� la autoridad responsable. Y si bien es cierto que en t�rminos de la fracci�n V del art�culo 6o. en comento, corresponde al corredor p�blico actuar como fedatario p�blico en hechos de naturaleza mercantil, y que el art�culo 10 de la Ley General de Sociedades Mercantiles estipula como mercantil el otorgamiento de poderes por comerciantes, tambi�n lo es que la norma particular excluye a la general y, por tanto, aquella prohibici�n impl�cita, atento a su interpretaci�n de la Ley Federal de Corredur�a P�blica y su reglamento, excluyen de (sic) sea o no mercantil, otorgar poderesante la fe del corredor p�blico, en los casos en que se ha previamente precisado, por ende, el art�culo 10 de la Ley General de Sociedades Mercantiles no puede sustentar el acto, cuyo registro neg� el director del Registro P�blico de Comercio en esta ciudad. Por las mismas razones, tampoco puede hacerlo el art�culo 75 del C�digo de Comercio, que se refiere a los actos reputados por la ley, como de comercio; pues hasta conviniendo en que, entre sus fracciones se incluyera el otorgamiento de poderes y que �stos fueran de car�cter mercantil, atento a la calidad de los otorgantes, resultar�a que tampoco ser�a legalmente factible hacerlo en los t�rminos que se vienen indicando, ante la fe del corredor p�blico, por las razones que reiteradamente se han expuesto. En las condiciones se�aladas, al no haberse evidenciado que la sentencia reclamada sea violatoria de las garant�as individuales de los quejosos, procede negarles el amparo solicitado." (fojas 84 vuelta a 96 vuelta del presente expediente).

SEXTO

Igualmente, al resolver el diverso juicio de amparo directo 217/98, promovido por el mencionado R.�n V.L., por s� y en representaci�n de Telem�tica y Sistemas Avanzados de Occidente, Sociedad An�nima de Capital Variable, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, en ejecutoria de diez de septiembre de mil novecientos noventa y ocho, reiter�, sustancialmente, el criterio plasmado en la ejecutoria que antecede; ya que en s�ntesis consider� (fojas 100 a 144 del expediente 33/2002-PS):

  1. Que fue correcta la determinaci�n de la Primera S. del Tribunal de lo Administrativo del Estado de Jalisco, al declarar la validez de la resoluci�n de ocho de octubre de mil novecientos noventa y siete, en donde la directora del Registro P�blico de Comercio se neg� a registrar la p�liza 140, con apoyo en que el corredor p�blico carece de facultades para dar fe del otorgamiento de poderes, en t�rminos del art�culo 6o., fracciones V y VI, de la Ley Federal de Corredur�a P�blica, en relaci�n con el art�culo 53, fracci�n V, del reglamento de esa ley.

  2. En esa ejecutoria tambi�n se sostuvo que sea cual fuere la redacci�n de la fracci�n VI del art�culo 6o. de la Ley Federal de Corredur�a P�blica, as� como la de cualquier otro ordenamiento, lo cierto es que la intenci�n del legislador, al regular la actuaci�n de los corredores p�blicos, fue la de no otorgarles facultades para que ante su fe p�blica se otorguen poderes en actos diversos a los de constituci�n, modificaci�n, fusi�n, escisi�n, liquidaci�n o extinci�n de sociedades. Adem�s se reprodujeron los aspectos precisados en el considerando anterior, concernientes a la discusi�n de la iniciativa de ley propuesta por el presidente de la Rep�blica, y la modificaci�n hecha por el Senado, que culmin� con la aprobaci�n de la multicitada ley.

S�PTIMO

En virtud de la ampliaci�n de la contradicci�n de tesis a que se hizo referencia en el resultando cuarto, �nicamente se considera necesario transcribir las ejecutorias en las que puede existir contradicci�n de criterios, en relaci�n con el tema de la denuncia en el presente asunto.

El Noveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el amparo directo n�mero 146/2002, promovido por Vopak Terminals M�xico, Sociedad An�nima de Capital Variable, el ocho de mayo de dos mil dos, en lo que interesa sostuvo:

QUINTO. La parte quejosa en su primero y en el �ltimo conceptos de violaci�n, aduce que la resoluci�n de la S.F. que declar� infundados los agravios en el recurso de reclamaci�n es violatoria de garant�as constitucionales, al llevar a cabo una interpretaci�n inexacta del art�culo 6o. de la Ley Federal de Corredur�a P�blica, en relaci�n con los art�culos 38, 53 y 54 de su reglamento. Que no valor� los argumentos expuestos en el sentido de que los art�culos 53 y 54 del Reglamento de la Ley Federal de Corredur�a P�blica establecen la figura de corredor p�blico como fedatario para intervenir en todos los actos de car�cter mercantil, inclusive, aquellos en los que se haga constar la designaci�n y facultades de representaci�n, como ocurri� en el caso concreto con el documento exhibido consistente en la copia certificada de la p�liza 3638 de veinte de octubre de dos mil, en la que se hizo constar acta de asamblea general ordinaria de accionistas y como punto de la orden del d�a ?otorgamiento de poderes y facultades a diversos funcionarios de la sociedad.?. Que si la S. hubiera analizado el documento del promovente, se hubiera percatado de que a Jos� Isa�as Ram�r.L., en el consejo de administraci�n se le otorgaron facultades para ejercer poderes para pleitos y cobranzas dentro de un acto mercantil como lo es la celebraci�n de asamblea general ordinaria, lo que se valida por el art�culo 6o., fracci�n VI, de la Ley Federal de Corredur�a P�blica y 53, fracciones I y V, del reglamento de dicha normatividad, aunado a la interpretaci�n del art�culo 6o. de ese mismo reglamento y 10 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Que el documento exhibido no es la copia certificada de un testimonio notarial, sino la copia cotejada de la p�liza 3638, que se equipara a un testimonio notarial. Asiste raz�n legal a la parte quejosa en su aseveraci�n de que el documento exhibido para acreditar la personalidad del promovente no consisti� en copia certificada de un testimonio notarial, sino de una copia cotejada de la referida p�liza, circunstancia suficiente para otorgar el amparo solicitado, dado que dicha p�liza s� es jur�dicamente eficaz para acreditar la personalidad del promovente en un juicio de nulidad. En efecto, la S.F., en lo relativo, se pronunci� en los t�rminos siguientes: (se transcribe). Por su parte, la fracci�n V del art�culo 53 del reglamento de la ley en comento, dispone: (se transcribe). Del numeral transcrito en �ltimo t�rmino, se constata que el corredor p�blico est� facultado para actuar como fedatario p�blico en la designaci�n de los representantes legales de las sociedades mercantiles y facultades de que est�n investidos, hip�tesis en la que se ubic� Jos� Isa�as Ram�r.L. cuando fue designado consejero suplente del consejo de administraci�n de Vopak Terminals M�xico, S.A. de C.V., con el otorgamiento de los poderes correspondientes. En ese contexto, si en el asunto el corredor p�blico dio fe del acta de asamblea en la que se hizo constar la designaci�n de un representante legal de una sociedad mercantil y las facultades de que est� investido, actu� dentro de los par�metros de la ley de la materia y, en consecuencia, el documento es v�lido para acreditar su personalidad en el juicio de nulidad. Por tanto, procede conceder el amparo solicitado, para el efecto de que la S.F. deje insubsistente la resoluci�n emitida en el expediente del recurso de reclamaci�n 16427/00-11-02-1 y en su lugar emita otra conforme a los lineamientos expuestos en esta resoluci�n.

Por su parte, el Tercer Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, al resolver el amparo administrativo en revisi�n 76/2002 (improcedencia), promovido por Industrial de Carpetas Mexicanas, Sociedad An�nima de Capital Variable, el siete de octubre de dos mil dos, en lo que interesa, se�al�:

"V. Los agravios transcritos son inoperantes en un aspecto e infundados en otro. Consta en los autos del juicio de amparo que se revisa, que la parte quejosa solicit� la protecci�n constitucional, reclamando del Congreso de los Estados U.dos Mexicanos y otras autoridades, la aprobaci�n de la reforma al art�culo 80-A de la Ley del Impuesto sobre la Renta, publicada en el Diario Oficial de la Federaci�n el veinte de diciembre de mil novecientos noventa y uno, incluyendo la de los art�culos transitorios primero, segundo y tercero del decreto por el que se reforma el citado numeral 80-A, publicado en el Diario Oficial de la Federaci�n el veintinueve de noviembre de dos mil uno, as� como la sanci�n, promulgaci�n, publicaci�n, refrendo y ejecuci�n del acto. Al resolver sobre la demanda de garant�as, el Juez Quinto de Distrito en el Estado requiri� a la promovente para que en el t�rmino de tres d�as aclarara su demanda respecto de la fecha de pago que dijo haber realizado y para que acreditara su personalidad, puesto que el documento p�blico que exhibi� para ese efecto era insuficiente, ya que no consta que F.J.M.�n cuente con facultades para otorgar o delegar poderes a un tercero, como en el caso lo hizo con A.S.N., apercibi�ndolo que de no hacerlo se tendr�a por no interpuesta la demanda; el veintiuno de enero de dos mil dos, el juzgador constitucional tuvo por no interpuesta la demanda de garant�as, argumentando que el promovente no hab�a dado cumplimiento a la prevenci�n, pues con la copia certificada de la p�liza 732, levantada el treinta y uno de mayo de dos mil, ante el corredor p�blico n�mero cuatro habilitado, en ejercicio en la plaza de Ciudad Ju�rez, C., no se satisfac�a el requerimiento, pues dicha p�liza se refiere a la protocolizaci�n de acuerdos tomados por la asamblea de accionistas de Industrial de Carpetas Mexicanas, Sociedad An�nima de Capital Variable, pero no contiene escritura p�blica mediante la cual se le haya otorgado poder cuyo acuerdo se tom� en la referida asamblea de accionistas y protocolizado en la p�liza exhibida a fin de acreditar su personalidad, pues no hab�a precisado qui�n objetivizara la voluntad de la asamblea de accionistas. Inconforme con el fallo, la ahora recurrente interpuso recurso de revisi�n, en el que se�ala que el Juez de Distrito viol� las garant�as de legalidad y audiencia previstas en los art�culos 14 y 16 constitucionales, al no tener por interpuesta la demanda de amparo, pues su representada cumpli� con la prevenci�n con la copia certificada de la p�liza 732, a la cual le neg� la calidad de instrumento p�blico, lo cual es incorrecto, ya que no solamente los notarios est�n dotados de fe p�blica, sino tambi�n los corredores p�blicos. Aduce tambi�n que incurre en un error el Juez de Distrito, al considerar que no se precis� qui�n otorgar�a poder a nombre de la asamblea de accionistas, pues al inicio del cuerpo de la p�liza se estableci� que R.M.Q., en su car�cter de delegado de la asamblea ordinaria de accionistas, es quien formaliza los acuerdos que en ella se consignan y en la asamblea se le design� para comparecer como delegado de la asamblea ante el fedatario p�blico de su elecci�n a formalizar dicha acta; se�ala tambi�n que la resoluci�n del Juez de Distrito no se encuentra debidamente fundada ni motivada. Ahora bien, resulta infundada la parte del motivo de inconformidad en el que la recurrente manifiesta que cumpli� con la prevenci�n que le impuso el Juez de Distrito al exhibir la p�liza 732, toda vez que esta documental no es la id�nea para acreditar la personalidad con que se ostenta. En efecto, la Ley General de Sociedades Mercantiles establece, en el segundo p�rrafo del art�culo 10, que: ?Para que surtan efecto los poderes que otorgue la sociedad mediante acuerdo de la asamblea o del �rgano colegiado de administraci�n, en su caso, bastar� con la protocolizaci�n ante notario de la parte del acta en que conste el acuerdo relativo a su otorgamiento, debidamente firmada por quienes actuaron como presidente o secretario de la asamblea o del �rgano de administraci�n seg�n corresponda, quienes deber�n firmar el instrumento notarial, o en su defecto, lo podr� firmar el delegado especialmente designado para ello en sustituci�n de los anteriores.?. Ahora bien, de conformidad con el art�culo 51 del C�digo de Comercio, el corredor p�blico es un agente auxiliar de comercio con cuya intervenci�n se proponen y ajustan los actos, contratos y convenios, y se certifican hechos mercantiles, pues seg�n el art�culo 6o. de la Ley Federal de Corredur�a P�blica, fracci�n VI, a los corredores p�blicos les corresponde: ?Actuar como fedatarios en la constituci�n, modificaci�n, fusi�n, escisi�n, disoluci�n, liquidaci�n y extinci�n de sociedades mercantiles y en los dem�s actos previstos en la Ley General de Sociedades Mercantiles.?; y en el art�culo 53, fracci�n V, del Reglamento de la Ley Federal de Corredur�a P�blica, el corredor, en el ejercicio de sus funciones como fedatario p�blico, podr� intervenir: ?En la constituci�n, modificaci�n, transformaci�n, fusi�n, escisi�n, disoluci�n, liquidaci�n y extinci�n de sociedades mercantiles, as� como en la designaci�n de sus representantes legales y facultades de que est�n investidos.?. Ahora bien, de tales dispositivos no se deduce, en forma expresa, facultad alguna de los corredores p�blicos para protocolizar las actas de asamblea en las que las sociedades mercantiles otorguen poderes, es decir, las fracciones VI del art�culo 6o. de la Ley Federal de Corredur�a P�blica y V del numeral 53 de su reglamento, que interpretan la actuaci�n de los corredores p�blicos como fedatarios p�blicos, s�lo les confieren facultades para hacer constar los contratos, convenios, actos o hechos de naturaleza mercantil, pero de ninguna de sus partes se infiere que puedan protocolizar acuerdos de asambleas en los que se realiz� un acto de naturaleza civil como es la representaci�n de las sociedades, toda vez que, como ya qued� relatado, la fe p�blica que se le otorga al corredor p�blico es para hacer constar actos y hechos de naturaleza mercantil, pero no se encuentra facultado para protocolizar un acto civil, porque la ley no lo faculta de manera expresa. Refuerza esta conclusi�n, lo previsto en el �ltimo p�rrafo del art�culo 6o. citado, que dice: ?Las anteriores funciones se entender�n sin perjuicio de lo dispuesto en otras leyes y no se consideran exclusivas de los corredores p�blicos.?. Esta �ltima parte del precepto interpretada en sentido inverso al redactado, autoriza a concluir que sus funciones se encuentran limitadas por otras leyes, como en el caso, la Ley General de Sociedades Mercantiles. No empece lo que ordenan los art�culos 38 y 39 del reglamento de la ley referida, que habilitan a los corredores p�blicos como fedatarios a certificar documentos, toda vez que dicha funci�n se otorg� en materia exclusivamente de actos mercantiles, los cuales no incluyen la protocolizaci�n de actas de asambleas de las sociedades mercantiles, ya que de sostenerse lo contrario, la protocolizaci�n de estas actas que hicieran los corredores p�blicos respecto de los poderes con los que se pretende acreditar la personalidad, se podr�an utilizar v�lidamente en cualquier otra materia que no fuera la mercantil, lo cual es ajeno a la competencia del corredor p�blico, porque, en todo caso, sus facultades est�n constre�idas a la expedici�n de certificaciones respecto de los actos o p�lizas en que hayan intervenido. En tal virtud, la certificaci�n de la asamblea celebrada por la sociedad mercantil ante corredor p�blico, no constituye un documento suficiente para ostentarse como representante del agraviado en el juicio de garant�as, pues este fedatario se encuentra facultado para certificar actos jur�dicos realizados por sociedades mercantiles y que tengan naturaleza mercantil, adem�s la Ley General de Sociedades Mercantiles establece de manera expresa que la protocolizaci�n de las actas de asambleas se realizar� ante notario; precisado lo anterior, es claro que el Juez de Distrito estuvo en lo correcto al tener por no interpuesta la demanda de amparo, puesto que como ya se ha visto, la promovente no acredit� su personalidad para comparecer a juicio a nombre y representaci�n de la persona moral. Sobre esta base, se concluye que el prove�do dictado por el Juez Federal, no causa perjuicio al recurrente. Sirve de lineamiento al criterio as� sustentado, el de la jurisprudencia 1a./J. 15/2002, derivada de la contradicci�n de tesis 51/2000, que aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, T.X., abril de 2002, p�gina 98, que dice: ?CORREDORES P�BLICOS. CARECEN DE FACULTADES PARA CERTIFICAR TESTIMONIOS NOTARIALES EN LOS QUE SE OTORGAN PODERES.? (se transcribe)."

OCTAVO

Asimismo, se estima pertinente sintetizar los diversos criterios que abordan aspectos similares sobre el tema materia de la denuncia y que aportaron los diferentes �rganos que se precisan a los que se les requiri� informaci�n.

  1. El D�cimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el veintiuno de febrero de dos mil uno, el amparo directo n�mero 1732/2001 promovido por Inversat de M�xico, Sociedad An�nima de Capital Variable, estableci� lo siguiente:

    El art�culo 6o., fracciones V y VI, de la Ley Federal de Corredur�a P�blica establece que el corredor p�blico puede actuar como fedatario, empero, sus facultades se encuentran delimitadas, pues carece de facultades para poder actuar como fedatario en el cotejo de un documento ajeno, por m�s que se alegue que el art�culo 38 del Reglamento de la Ley Federal de Corredur�a P�blica le otorga facultades para realizarlo, pues lo cierto es que dicho precepto establece �nicamente la forma de realizar el cotejo, mas no le otorga facultades para cotejar cualquier documento, ya que esta facultad debe ser entendida a la luz de aquellas que le confiere la Ley Federal de Corredur�a P�blica, es decir, trat�ndose de la celebraci�n de contratos, convenios, actos y hechos de naturaleza mercantil; de manera que al realizar el cotejo, en relaci�n con un documento expedido por notario p�blico y que se refiere a la protocolizaci�n del acta de asamblea extraordinaria de una sociedad, en donde se otorga un mandato, no encuadra dentro de ninguna de las hip�tesis a que se refiere el art�culo 6o., fracciones V y VI, por lo que carece de facultades para realizarla.

  2. El Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, al resolver el catorce de mayo de mil novecientos noventa y ocho, el amparo directo 102/98, promovido por Alfa Laval, Sociedad An�nima de Capital Variable, determin�:

    De conformidad con el dispositivo legal 6o. de la Ley Federal de Corredur�a P�blica y el diverso 53 del reglamento de dicha ley, se llega a la convicci�n de que el corredor p�blico carece de facultades para certificar una escritura notarial y �nicamente tendr� facultades para expedir copias certificadas de documentos de naturaleza mercantil, en los cuales haya intervenido con fe p�blica.

  3. El Quinto Tribunal Colegiado del D�cimo S�ptimo Circuito, al resolver el seis de diciembre de dos mil dos, el amparo directo 778/2002, promovido por Ce Calpulli, R.�n de Cartera, Sociedad de Responsabilidad Limitada, se�al�:

    Al haberse basado la autoridad se�alada como responsable en una jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, en un tema sobre el que ya fue definido el punto jur�dico, donde se determin� si procede o no el que el corredor p�blico tiene o no facultades para certificar testimonios notariales, sustentada por el M�ximo Tribunal, actuando a trav�s de la Primera S., es obligatoria, entre otros �rganos, para este Tribunal Colegiado de acuerdo al art�culo 192 de la Ley de A., por lo que es improcedente hacer un estudio al respecto, ya que los t�picos que refiere la quejosa ya fueron resueltos �ntegramente en dicha jurisprudencia y si este �rgano de control constitucional hiciera el estudio de los mismos, parecer�a que revisa la jurisprudencia del M�ximo Tribunal, lo que contravendr�a el principio de m�xima jerarqu�a en que se basa la obligatoriedad de la jurisprudencia, como se refiere en el art�culo citado l�neas precedentes; adem�s consider� que al respecto, es aplicable la tesis de jurisprudencia publicada en el Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, Novena �poca, T.X., abril de 2002, Pleno y S.s, visible en la p�gina 98, bajo el rubro siguiente: "CORREDORES P�BLICOS. CARECEN DE FACULTADES PARA CERTIFICAR TESTIMONIOS NOTARIALES EN LOS QUE SE OTORGAN PODERES."

  4. El Sexto Tribunal Colegiado enMateria Administrativa del Primer Circuito, al resolver el veintiocho de abril de mil novecientos noventa y nueve, el amparo directo RA. 1596/98, promovido por Curacaro Drydock Company Inc., estableci� lo siguiente:

    La fe p�blica de que est�n investidos los corredores p�blicos es limitada, ya que se encuentra prevista exclusivamente para actuaciones en materia mercantil, esto es as�, pues los corredores p�blicos pueden dar fe de los actos que realizan las personas morales desde su constituci�n hasta su extinci�n (como los enumera el art�culo referido de la Ley Federal de Corredur�a P�blica), tambi�n lo es que tal facultad se circunscribe, como se repite, a los actos mercantiles y no as� a otros que son de naturaleza diversa, como el otorgamiento de un poder cuya naturaleza es de car�cter civil, en t�rminos del art�culo 2554 del C�digo Civil para el Distrito Federal en Materia Com�n y para toda la Rep�blica en Materia Federal; de manera que atendiendo a la naturaleza de los actos cuya certificaci�n se solicita, pues es precisamente en atenci�n a tal naturaleza que el legislador otorg� las facultades de fedatario p�blico al corredor, como un auxiliar en los actos de comercio, no as� como un fedatario p�blico con atribuciones an�logas a las destinadas a un notario p�blico en el ejercicio de sus funciones, esto es, como colaborador en la exteriorizaci�n de la voluntad de las partes en las escrituras, en la constituci�n jur�dica para dar nacimiento eficaz a un acto, reuniendo los requisitos y formalidades esenciales para su perfeccionamiento y entera validez.

    Adem�s, los art�culos 38 y 39 del Reglamento de la Ley Federal de Corredur�a P�blica, s�lo se�alan la forma en que ha de llevarse al cabo la certificaci�n de documentos, pero no as� sus atribuciones como fedatario en actos que no tienen la naturaleza mercantil, para lo que fueron destinados, por lo que si el corredor p�blico certific� un poder expedido por un notario, carece de facultades para ello.

  5. El Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, al resolver el amparo en revisi�n RC. 2146/97, promovido por Factor Arme, Sociedad An�nima de Capital Variable, Organizaci�n Auxiliar de Cr�dito, el veintiuno de agosto de mil novecientos noventa y nueve, sostuvo:

    Se concluye que a los corredores p�blicos corresponde actuar como fedatarios desde la constituci�n hasta la extinci�n de las personas morales de naturaleza comercial, pasando por los dem�s actos previstos por la Ley General de Sociedades Mercantiles; que el consejo de administraci�n cuando los administradores sean dos o m�s, es el �rgano supremo de la persona moral, con facultad de conferir mandato o poder, sea �ste de comisi�n mercantil, general o especial; entonces, es palmario que trat�ndose de un poder civil o no, el cotejo y la certificaci�n por parte de un corredor p�blico de las copias de un mandato conferido por una sociedad mercantil y expedido por notario p�blico, independientemente de su naturaleza, est� dentro de la competencia del corredor p�blico, atento a las prescripciones de los art�culos de la Ley Federal de Corredur�a P�blica y su reglamento.

  6. El Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, al resolver el amparo directo 1786/2000, promovido por Volkswagen, Financial Services, Sociedad An�nima, el doce de julio de dos mil, se�al�:

    Ahora bien, los art�culos 6o. de la Ley Federal de Corredur�a P�blica, 38 y 39 del reglamento de la propia normatividad, establecen que a los corredores p�blicos corresponde actuar como fedatarios desde la constituci�n hasta la extinci�n de las personas morales de naturaleza comercial, pasando por los dem�s actos previstos por la Ley General de Sociedades Mercantiles; el consejo de administraci�n cuando los administradores sean dos o m�s, es el �rgano supremo de la persona moral, con facultad de conferir mandato o poder, sea �ste de comisi�n mercantil, general o especial; por tanto, es inconcuso que trat�ndose de un poder civil o no, la certificaci�n del mandato conferido por una sociedad mercantil, independientemente de su naturaleza, est� dentro de la competencia del corredor p�blico, atento a las prescripciones de las disposiciones legales antes se�aladas.

  7. El Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, al resolver el incidente en revisi�n 211/2001, promovido por A.F.M.�a R., el diez de enero de dos mil dos, resolvi�:

    Se estima que la certificaci�n realizada por un corredor p�blico, que si bien es cierto est� investido de fe p�blica, tambi�n lo es que el campo de ejercicio de las funciones que desempe�a, entre ellas la certificaci�n de documentos, exclusivamente debe circunscribirse a las materias civil y mercantil, esto es, su car�cter de fedatario no debe extenderse a hechos jur�dicos ajenos al derecho privado o actos que no sean estrictamente entre particulares; de manera que al haber certificado documentos de naturaleza estrictamente administrativa, es evidente que el corredor p�blico actu� fuera del campo de ejercicio que le es autorizado, y debe limitarse al derecho privado, esto es, el derecho civil o mercantil, por lo que resulta ineficaz la certificaci�n de m�rito y los documentos relativos s�lo tienen el valor de indicio al no estar adminiculados con otros medios de prueba que robustecieran su fuerza probatoria.

  8. El Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, al resolver el catorce de enero de dos mil dos, el amparo directo civil 13/2001, promovido por U.�n de Cr�dito del Comercio e Industrial y Servicios Tur�sticos de Occidente, Sociedad An�nima de Capital Variable, sostuvo:

    El art�culo 66 de la Ley de Instituciones de Cr�dito, en su fracci�n IV, contempla la posibilidad de que el corredor p�blico intervenga en el otorgamiento de cr�ditos refaccionarios o de habilitaci�n o av�o; pero no se mencionan contratos con garant�a hipotecaria; de manera que si la hipoteca es una figura jur�dica de naturaleza meramente civil y la funci�n del corredor p�blico se constri�e a actos de naturaleza mercantil, no estaba facultado para formalizar v�lidamente contratos de la naturaleza hipotecaria.

    No est� por dem�s se�alar que la excepci�n contenida en el art�culo 6o., fracci�n V, de la Ley Federal de Corredur�a P�blica y reproducida en el art�culo 53, fracci�n I, de su reglamento, expresamente hace operante el principio consagrado en el art�culo 121, fracci�n II, constitucional, en el sentido de que para probar en los Estados de la Federaci�n los actos, registros, procedimientos y sus efectos, trat�ndose de bienes muebles e inmuebles, se regir�n por las leyes del lugar de su ubicaci�n, misma disposici�n que es de car�cter general y no contempla excepci�n alguna.

  9. El Segundo Tribunal Colegiado del D�cimo Sexto Circuito, al resolver el seis de agosto de mil novecientos noventa y nueve, el amparo en revisi�n laboral 323/98, promovido por L.G.H.�ndez H.�ndez y otros, determin�:

    La sociedad quejosa se constituy� legalmente ante corredor p�blico, porque de conformidad con lo dispuesto por los art�culos 6o., fracci�n VI, de la Ley Federal de Corredur�a P�blica y 53, fracci�n V, del Reglamento de la Ley Federal de Corredur�a P�blica, al corredor p�blico corresponde actuar como fedatario en la constituci�n, modificaci�n, fusi�n, escisi�n, disoluci�n, liquidaci�n y extinci�n de sociedades mercantiles, as� como en la designaci�n de sus representantes legales y facultades de que est�n investidos, desprendi�ndose de dichos dispositivos que el corredor puede intervenir como fedatario p�blico en la constituci�n de una sociedad mercantil.

    Por otra parte, que el art�culo 692, fracci�n III, de la Ley Federal del Trabajo establece que cuando el que comparece en un juicio laboral act�e como apoderado legal de persona moral, podr� acreditar su personalidad mediante testimonio notarial o carta poder otorgada ante dos testigos, previa comprobaci�n de que quien le otorga el poder est� legalmente autorizado para ello y en el caso quien otorg� la carta poder a las personas que comparecieron al juicio laboral, a su vez cuentan con facultades para ello, pues exhibi� la escritura p�blica expedida por notario p�blico que contiene la protocolizaci�n de un acta de asamblea general ordinaria de accionistas mediante la cual la sociedad otorga un poder general para actos de administraci�n, pleitos y cobranzas, as� como para otorgar y revocar poderes generales y especiales.

  10. El Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito, al resolver el amparo en revisi�n 4/2002, promovido por D.�n, Sociedad An�nima de Capital Variable, el cinco de junio de dos mil dos, sostuvo:

    De conformidad con el art�culo 15, fracci�n VI, de la Ley Federal de Corredur�a P�blica, as� como de los art�culos 34 y 38 del Reglamento de la Ley Federal de Corredur�a P�blica, se advierte que cuando se presenta ante un corredor p�blico un documento en original, �ste har� constar que la copia es fiel reproducci�n del mismo, devolviendo al interesado una copia debidamente certificada y otra se archivar� por �ste, por lo que de acuerdo con tales preceptos, s� tiene facultades para certificar documentos que le sean presentados, siempre y cuando tengan a la vista el original del mismo, toda vez que es obligaci�n del corredor p�blico expedir las copias certificadas de las actas y p�lizas que soliciten los interesados, as� como de los documentos originales que haya tenido a la vista.

  11. El Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el diecisiete de septiembre de dos mil dos, el amparo en revisi�n 229/2002, promovido por Automotores Soni, Sociedad An�nima de Capital Variable, se�al�:

    La intenci�n del legislador, fue la de que el corredor p�blico fuera un fedatario p�blico de hechos, actos, convenios y contratos de naturaleza mercantil, con excepci�n de lo relacionado con: inmuebles, la constituci�n, modificaci�n, fusi�n, escisi�n, disoluci�n, liquidaci�n y extinci�n de sociedades mercantiles, as� como de los poderes que otorguen las sociedades mercantiles; por tanto, el corredor p�blico no est� facultado por la legislaci�n que rige su actuaci�n para dar fe de hechos o actos que no sean de naturaleza mercantil, porque certific� copias de documentos consistentes en formatos de declaraciones de pago del impuesto sobre tenencia de veh�culos, por lo que tales documentales no pueden considerarse como documentos p�blicos a los cuales se les conceda plena eficacia probatoria, sino que deben ser tomados en cuenta como elementos de convicci�n (copias fotost�ticas simples).

    Sin embargo, el inter�s jur�dico no puede presumirse, ni inferirse por indicios, sino que debe ser probado fehacientemente sin que corresponda ni a las contrapartes ni al juzgador el perfeccionamiento de las probanzas relacionadas con el inter�s jur�dico de la parte quejosa, puesto que esa carga procesal se la impone la Ley de A., al disponer en su art�culo 4o., que el juicio de garant�as s�lo procede contra actos de autoridad que causen al quejoso un agravio personal y directo en su esfera jur�dica.

  12. El Noveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el amparo en revisi�n 374/2002, promovido por Comunicaciones Mtel, Sociedad An�nima de Capital Variable, el quince de enero de dos mil tres, se�al�:

    El art�culo 6o. de la Ley Federal de Corredur�a P�blica, as� como los art�culos 38, 39 y 53 de su reglamento, establecen las facultades de los corredores p�blicos como fedatarios; sin embargo, de tales preceptos no se desprende en forma expresa facultad alguna del corredor p�blico para certificar la copia de la concesi�n expedida por la Secretar�a de Comunicaciones y Transportes, es decir, por autoridades administrativas, por lo que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracci�n V del art�culo 73 de la Ley de A., por falta de inter�s jur�dico de la peticionaria de amparo para combatir el impuesto especial sobre producci�n y servicios.

    Por su parte, de los art�culos 38, 39 y 53 del Reglamento de la Ley Federal de Corredur�a P�blica, se advierte que la facultad de los corredores p�blicos se encuentra limitada para actuar como agente mediador, fungir como perito valuador, asesorar jur�dicamente a los comerciantes en las actividades propias del comercio, actuar como �rbitro, actuar como fedatario p�blico para hacer constar los contratos, convenios, actos y hechos de naturaleza mercantil, actuar como fedatario en la constituci�n, modificaci�n, fusi�n, escisi�n, disoluci�n, liquidaci�n y extinci�n de sociedades mercantiles, y en los dem�s actos previstos en la Ley General de Sociedades Mercantiles.

  13. El D�cimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el amparo en revisi�n n�mero 94/2002, promovido por SCI de M�xico, Sociedad An�nima de Capital Variable, el dos de mayo de dos mil dos, sostuvo:

    Es cierto que la Ley Federal de Corredur�a P�blica establece en su art�culo 6o. de manera clara, las funciones que corresponden realizar al corredor p�blico, en virtud de la fe de la que se encuentra investido, y particularmente las fracciones V y VI de dicho precepto, las cuales determinan que puede tener intervenci�n en todos aquellos actos cuya naturaleza sea mercantil, entendi�ndose por tal, aquello que es relativo o concerniente al mercader, a la mercanc�a o al comercio, siendo el derecho mercantil el que regula las relaciones de esta naturaleza y en relaci�n con las personas, los lugares, los contratos y los actos de comercio establecidos en el art�culo 75 del C�digo de Comercio.

    Si bien es cierto que el realizar declaraciones, pagos provisionales y retenciones de impuestos federales, son parte de las obligaciones que la ley establece para las sociedades mercantiles, tambi�n es cierto que a dichas obligaciones no se les puede dar el car�cter de mercantiles o actos de comercio, toda vez que se trata de un acto a trav�s del cual se da cumplimiento a la obligaci�n de enterar un tributo federal, sin perseguir con ello un fin de lucro, ni para llevar a cabo un convenio o contrato o cualquier otro hecho jur�dico de car�cter mercantil como ser�a el caso de los actos mercantiles, sino que deriva de una obligaci�n de car�cter meramente fiscal que se actualiza al momento de generarse el hecho imponible, por lo que las atribuciones legales de que se encuentra investido el corredor p�blico, no le permiten certificar documentos de naturaleza fiscal como lo son aquellos documentos a trav�s de los cuales se realiza el entero de impuestos derivado de la obligaci�n impositiva por parte del Estado hacia los gobernados.

    En consecuencia, las constancias ofrecidas por el quejoso en un juicio de amparo no tienen pleno valor probatorio, en virtud de que s�lo son copias fotost�ticas simples, cuya certificaci�n realizada por corredor p�blico es ineficaz, toda vez que carece de facultad expresa por la ley para realizar certificaciones de documentos de car�cter fiscal, ya que �nicamente est� facultado para intervenir en actos o hechos jur�dicos de naturaleza mercantil.

  14. El D�cimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el amparo en revisi�n n�mero 69/2002, promovido por Servicios Locales de Producci�n, Sociedad An�nima de Capital Variable, el once de abril de dos mil dos, sostuvo:

    Que la quejosa recurrente no hab�a acreditado su inter�s jur�dico para impugnar a trav�s del juicio de amparo la constitucionalidad del art�culo 80-A, quinto p�rrafo, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, tanto en su texto original como el surgido en virtud del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federaci�n, el veintinueve de noviembre de dos mil uno, porque los formatos de las declaraciones de los pagos provisionales, primera parcialidad y retenciones de impuestos federales, en su car�cter de complementarias que acompa�� a la demanda de amparo, carecen de valor probatorio pleno por estar certificadas por corredor p�blico, quien carece de facultades para ello.

    Por otro lado, consider� que si bien en t�rminos del art�culo 6o., fracciones V, VI y VII, de la Ley Federal de Corredur�a P�blica, al corredor p�blico corresponde, entre otras cuestiones, actuar como fedatario p�blico para hacer constar los contratos, convenios, actos y hechos de naturaleza mercantil, excepto en trat�ndose de inmuebles; en la constituci�n, modificaci�n, fusi�n, escisi�n, disoluci�n, liquidaci�n y extinci�n de sociedades mercantiles, as� como en los dem�s actos previstos en la Ley General de Sociedades Mercantiles y en las dem�s funciones que le se�ale dicho ordenamiento legal, otras leyes o reglamentos, por tanto, los documentos consistentes en formatos de las declaraciones de los pagos provisionales, primera parcialidad y retenciones de impuestos federales, en su car�cter de complementarias, no tienen el car�cter de mercantiles, por tanto, no constituyen actos en los que el corredor p�blico pueda actuar como fedatario p�blico, por carecer los actos contenidos en dichos formatos del car�cter mercantil.

  15. El S�ptimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, al resolver el amparo directo n�mero 7967/99, promovido por T�cnicos Especialistas de Oficina, Sociedad An�nima de Capital Variable, el dos de diciembre de mil novecientos noventa y nueve, en resumidas cuentas sostuvo:

    Que la corredur�a p�blica ha sido materia de la legislaci�n de comercio, y con base en la fracci�n X del art�culo 73 constitucional, es una materia federal, que en efecto, la reforma constitucional de catorce de diciembre de mil ochocientos ochenta y tres, facult� al Congreso de la U.�n para expedir c�digos que fuesen obligatorios en toda la Rep�blica, e incluy� entre las materias de esa atribuci�n legislativa, la de comercio, lo cual constituy� el fundamento legal para el C�digo de Comercio de mil ochocientos ochenta y cuatro, en el t�tulo tercero de dicho c�digo, se regul� la corredur�a p�blica y lo defini� como "... el agente auxiliar del comercio, con cuya intervenci�n se proponen, ajustan y otorgan los contratos mercantiles". En la reforma por decreto de dos de enero de mil novecientos setenta, de los art�culos 51 al 74 que integraban ese t�tulo tercero, se mantuvo el concepto anterior pero, adem�s, al corredor se le dot� de fe p�blica.

    La iniciativa de la Ley Federal de Corredur�a P�blica propuso la derogaci�n del t�tulo tercero del libro primero del C�digo de Comercio, que regulaba la figura del corredor p�blico. En dicha iniciativa se mantuvo vigente la figura del corredor como agente auxiliar del comercio, y en la exposici�n de motivos se solicit� ampliar su funci�n para que se vieran legalmente posibilitados para actuar como fedatarios en la constituci�n, modificaci�n, fusi�n, escisi�n, liquidaci�n y extinci�n de sociedades mercantiles, adem�s de los actos que tienen que ver con sus �rganos de administraci�n, tambi�n se dijo que conven�a que los comerciantes contaran con estos auxiliares, porque ello contribuir�a a alcanzar una mayor seguridad jur�dica y evitar litigios innecesarios; se propuso que fuera la Secretar�a de Comercio y Fomento Industrial, la dependencia encargada de la aplicaci�n de la ley, con la participaci�n que correspondiera a las autoridades estatales, asign�ndole la tarea de asegurar la eficacia del servicio que prestaran los corredores p�blicos, la de examinar a quienes pretendieran obtener la calidad de aspirantes a corredor p�blico, expedir las habilitaciones respectivas, vigilar la actuaci�n de esos corredores y la de los colegios de corredores, e imponer las sanciones correspondientes. En dicha exposici�n de motivos, quedaron definidas con precisi�n las funciones que podr�an desempe�ar los corredores p�blicos, consign�ndose que la figura del corredor p�blico como agente mediador y como fedatario, pod�a ofrecerm�ltiples ventajas al tr�fico mercantil, en virtud de su actuaci�n �gil y revestida de m�nimas formalidades, caracter�sticas afines al vertiginoso comercio, a diferencia de la materia civil, cuya naturaleza requer�a de formalidades y solemnidades indispensables, adem�s pod�a servir como un verdadero asesor jur�dico de quienes intervienen en la actividad comercial. En conclusi�n, se dej� asentado que siempre la corredur�a p�blica ha sido materia de la legislaci�n de comercio, y con base en la fracci�n X del art�culo 73, es una materia federal, por tanto, si el Congreso de la U.�n tiene facultades para legislar en materia de comercio, es incuestionable que al expedir la Ley Federal de Corredur�a P�blica y, por ende, otorgarle fe p�blica a los corredores, el Congreso no invadi� la esfera de atribuciones reservada constitucionalmente a los Estados para legislar en cuestiones de notariado, consecuentemente, si la corredur�a p�blica ha sido siempre materia de la legislaci�n de comercio y es facultad del Congreso General legislar en materia econ�mica, no es el caso de declarar inconstitucional la Ley Federal de Corredur�a P�blica.

  16. El D�cimo Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, al resolver el amparo directo n�mero 3/2002, promovido por F.G.L.D., el treinta y uno de enero de dos mil dos, en s�ntesis indic�:

    La Ley Federal de Corredur�a P�blica y su reglamento, hacen la distinci�n entre el acto y el hecho jur�dico, el �rgano colegiado advirti� que tal distinci�n queda definida en el art�culo 18 de la Ley Federal de Corredur�a P�blica, cuando para los actos jur�dicos de naturaleza mercantil el corredor est� obligado a hacerlos constar en los instrumentos denominados "p�lizas", y los hechos jur�dicos en "actas".

    De la lectura del acta impugnada, se advierte que el fedatario p�blico s� hizo constar los documentos con los que se identificaron las personas que solicitaron que levantara un acta, as� como los instrumentos notariales con los que acreditaron su representaci�n de las sociedades an�nimas Tele-Cable Centro Occidente, Redes de Comunicaci�n, M.�n del Centro y Telecable de Oriente; de igual manera, fue se�alado por el corredor p�blico que a su juicio, los solicitantes de sus servicios tienen capacidad legal para contratar y obligarse, que explic� y orient� sobre el valor y consecuencias legales del acta que levant�.

    Las consideraciones se�aladas ponen de manifiesto que la autoridad responsable no aplic� correctamente las normas que la Ley Federal de Corredur�a P�blica y su reglamento, relativas para las actas y p�lizas, ya que como se mencion� anteriormente, en las actas se hacen constar hechos jur�dicos, y en las p�lizas actos jur�dicos de naturaleza mercantil. La violaci�n se comete porque la autoridad responsable aplic� incorrectamente normas que regulan los instrumentos en los que se hacen constar actos jur�dicos para un caso en que se hicieron constar hechos jur�dicos.

    Si bien es cierto que en los art�culos 19 de la Ley Federal de Corredur�a P�blica y 32 del reglamento, contienen indistintamente reglas que el corredor p�blico debe aplicar en la redacci�n de las p�lizas y actas, tambi�n lo es que debe atenderse a la naturaleza de lo consignado por el corredor.

    Asimismo, el Tribunal Colegiado observ� que las formalidades que deben seguirse en la redacci�n de las actas y p�lizas est�n consignadas en los art�culos 19 de la Ley Federal de Corredur�a P�blica y 32 del reglamento.

    La Ley Federal de Corredur�a P�blica que es de orden p�blico, no contiene precepto alguno que obligue al fedatario a identificarse, por tanto, no existe violaci�n a una ley de orden p�blico como lo se�al� la autoridad responsable, de modo que la identificaci�n al no estar prevista como una obligaci�n que el corredor p�blico tenga que cumplir, no existe violaci�n alguna a la ley, porque conforme a la redacci�n de la ley, basta la sola ostentaci�n para que el fedatario p�blico desempe�e sus funciones.

  17. El mismo D�cimo Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, al resolver el nueve de mayo de dos mil dos, el amparo directo 252/2002, promovido por Productora y Comercializadora de Televisi�n, Sociedad An�nima de Capital Variable, en resumen dice:

    Respecto a la identificaci�n del corredor p�blico, hizo las siguientes consideraciones: de los art�culos 6o. y 7o. de la Ley Federal de Corredur�a P�blica se interpreta que s�lo las personas que han sido habilitadas por la secretar�a respectiva pueden ostentarse como corredores p�blicos, la manera en que una persona se ostenta como corredor p�blico, es mediante el ejercicio de las facultades de los preceptos mencionados, una de esas maneras de ostentarse como corredor p�blico es el ejercicio de la facultad prevista por el art�culo 6o., fracci�n V, de la mencionada ley, esto es, que la persona act�e como fedatario p�blico para hacer constar los contratos, convenios, actos y hechos de naturaleza mercantil, como en la especie ocurri�, de la lectura del acta impugnada se advierten datos que permiten inferir que se ostent� como corredor p�blico, para certificar los hechos que suceder�an en una junta; en este contexto, la palabra "certificar" hace alusi�n al ejercicio de las facultades del corredor p�blico, contenidas en el art�culo 6o. de la Ley Federal de Corredur�a P�blica. Quien ha sido habilitado por la autoridad correspondiente como corredor p�blico, puede ostentarse como tal, mediante el ejercicio de las facultades previstas en la Ley Federal de Corredur�a P�blica y su reglamento, y tiene a su favor la presunci�n de que act�a conforme a esos ordenamientos, y por ello es v�lido afirmar que �sta es la situaci�n ordinaria, por estar actuando conforme a las leyes que rigen la materia, y que no necesita ser probada sino con el propio instrumento p�blico, el cual tiene valor probatorio pleno en t�rminos del tercer p�rrafo del art�culo 18 de la ley citada, de modo que conforme a la interpretaci�n de la Ley Federal de Corredur�a P�blica, concretamente en su art�culo 7o., basta la sola ostentaci�n para que el fedatario p�blico desempe�e sus funciones, misma que est� acreditada con el acta impugnada, ya que no es necesaria la exhibici�n de la patente, credencial o documento an�logo para que sea legal la ostentaci�n legal, y s�lo si es exigida al fedatario p�blico su identificaci�n, �ste est� obligado a satisfacer tal requerimiento, para actuar conforme al art�culo 15, fracci�n I, del mencionado ordenamiento.

  18. El Tribunal Colegiado del Vig�simo S�ptimo Circuito, al resolver el amparo en revisi�n n�mero 167/2002, el siete de agosto de dos mil dos, promovido por Banco U.�n, Sociedad An�nima, Instituci�n de Banca M�ltiple, antes Banco de Cr�dito H., Sociedad An�nima, que a continuaci�n se sintetiza:

    El representante legal de la persona moral Banco U.�n, Sociedad An�nima, Instituci�n de Banca M�ltiple, antes Banco de Cr�dito H., Sociedad An�nima, para acreditar la representaci�n con que se ostent�, acompa�� a su libelo de demanda copia del instrumento notarial, la copia del testimonio notarial exhibido por el promovente no acredit� fehacientemente el car�cter de apoderado legal de la quejosa Banco U.�n, S.A., Instituci�n de Banca M�ltiple, antes Banco de Cr�dito H., S.A., por no ser un documento p�blico expedido por autoridad en ejercicio de sus funciones o de alg�n fedatario p�blico, de acuerdo con lo dispuesto por el art�culo 202 del C�digo Federal de Procedimientos Civiles, de aplicaci�n supletoria a la Ley de A., en efecto, la certificaci�n que obra en la parte final adversa de ese instrumento notarial, fue levantada por el corredor p�blico n�mero cuatro de la plaza del Estado de Q.R.; sin embargo, de conformidad con lo dispuesto en los art�culos 6o., fracci�n VI, de la Ley Federal de Corredur�a P�blica y 53, fracci�n V, de su reglamento, los corredores p�blicos s�lo est�n facultados para actuar, como fedatarios, en la constituci�n, modificaci�n, fusi�n, escisi�n, disoluci�n, liquidaci�n y extinci�n de sociedades mercantiles, designaci�n de sus representantes legales y facultades de que est�n investidos, as� como en los dem�s actos previstos en la Ley General de Sociedades Mercantiles, pero no para certificar instrumentos p�blicos notariales en los que se contengan actos civiles, criterio que se encuentra plasmado en la tesis jurisprudencial 15/2002, cuyo tenor literal es el siguiente: "CORREDORES P�BLICOS. CARECEN DE FACULTADES PARA CERTIFICAR TESTIMONIOS NOTARIALES EN LOS QUE SE OTORGAN PODERES."

    Luego entonces, al no estar acreditada debidamente la personalidad de quien promovi� la acci�n constitucional, era necesario previamente a su admisi�n, requerir al promovente para que acreditara la representaci�n con que se ostent�, en este sentido la infracci�n a la reglas que norman al procedimiento se acreditan en t�rminos de la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, que a continuaci�n se transcribe: "PERSONALIDAD EN EL AMPARO. EL JUEZ DEBE PRONUNCIARSE SOBRE ELLA CUANDO PROVEE ACERCA DE LA DEMANDA Y, SI NO EST� ACREDITADA, PREVENIR AL PROMOVENTE, DE CONFORMIDAD CON EL ART�CULO 146 DE LA LEY DE AMPARO; DE LO CONTRARIO, EL REVISOR ORDENAR� LA REPOSICI�N DEL PROCEDIMIENTO.", en estas condiciones, procedi� a revocar la sentencia recurrida y ordenar la reposici�n del procedimiento para los efectos precisados en la jurisprudencia transcrita en l�neas anteriores.

  19. El Tribunal Colegiado del Vig�simo S�ptimo Circuito, al resolver el amparo en revisi�n 303/2002, promovido por O.L.V.B., el cuatro de septiembre de dos mil dos, se�al�:

    Este Tribunal Colegiado estableci� que le restaba valor probatorio a la documental consistente en la copia certificada por corredor p�blico de la factura que ampara el veh�culo embargado, por no ser un documento expedido por autoridad en ejercicio de sus funciones, es decir, la certificaci�n que obra en la parte final adversa de tal documento fue hecha por corredor p�blico; sin embargo, de conformidad con lo establecido en los art�culos 6o., fracci�n V, de la Ley Federal de Corredur�a P�blica y 53, fracci�n I, de su reglamento, los corredores p�blicos s�lo est�n facultados para actuar como fedatarios en los actos, convenios o contratos y hechos de naturaleza mercantil, excepto trat�ndose de bienes inmuebles a menos que las leyes lo autoricen, m�xime que el art�culo 20 de la propia ley, en su fracci�n IV, dispone que les est� prohibido a los corredores, expedir copias certificadas de constancias que no obren en su archivo o libro de registro, o no expedirlos �ntegramente o de documentos mercantiles cuando sus originales no les hubieran sido presentados para su cotejo, sirven de apoyo a lo anterior, las tesis jurisprudenciales de la Segunda y Primera S.s de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, respectivamente, de rubros: "CORREDORES P�BLICOS, CERTIFICACIONES EXPEDIDAS POR LOS, FUERA DE LA ESFERA DE SU COMPETENCIA. TIENEN EL VALOR DE COPIAS SIMPLES." y "CORREDORES P�BLICOS. CARECEN DE FACULTADES PARA CERTIFICAR TESTIMONIOS NOTARIALES EN LOS QUE SE OTORGAN PODERES."

  20. El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, al resolver el amparo en revisi�n n�mero 379/2002, el veintiuno de febrero de dos mil tres, promovido por J.A., Sociedad An�nima de Capital Variable, en s�ntesis, estableci�:

    En el caso, se actualiz� la causal de improcedencia prevista por el art�culo 73, fracci�n V, de la Ley de A., en virtud de que la empresa quejosa no acredit� la afectaci�n a su inter�s jur�dico que le causa la aprobaci�n, expedici�n, promulgaci�n, refrendo, publicaci�n, circulaci�n, observancia y aplicaci�n de los art�culos 5o., 8o., fracci�n III y 15-B de la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Veh�culos, as� como los decretos que los reforman de fechas veintinueve de diciembre de mil novecientos noventa y siete, treinta y uno de diciembre de mil novecientos noventa y ocho, as� como del treinta y uno de diciembre de mil novecientos noventa y nueve, en relaci�n con los documentos:

    1. Recibos de pago de tenencia, correspondientes a los a�os de mil novecientos noventa y nueve a dos mil dos, del veh�culo marca Ford Escort, modelo mil novecientos noventa y ocho, b) Recibo de pago de tenencia correspondiente a los a�os de mil novecientos noventa y nueve a dos mil dos, respecto del veh�culo marca Nissan, tipo Sentra, modelo mil novecientos noventa y ocho, c) Factura que ampara la venta del veh�culo marca Nissan, modelo mil novecientos noventa y ocho, y d) Copia de la factura 8348, que avala la venta del veh�culo marca Ford, modelo mil novecientos noventa y ocho, tipo Escort.

    Los documentos aludidos no alcanzaron el valor probatorio bastante para acreditar fehacientemente el inter�s jur�dico de la gobernada, en virtud de que constan en copia certificada por un corredor p�blico, el cual no cuenta con facultades para certificar ese tipo de documentos conforme a la ley que rige su funci�n, porque el art�culo 6o. de la Ley Federal de Corredur�a P�blica, que regula la funci�n del profesionista que realiza la certificaci�n de los documentos, faculta al corredor p�blico para hacer constar, como fedatario, los contratos, convenios, actos y hechos de naturaleza mercantil, excepto en trat�ndose de inmuebles; as� como en la emisi�n de obligaciones y otros t�tulos valor; en hipotecas sobre buques, nav�os y aeronaves que se celebren ante �l, y en el otorgamiento de cr�ditos refaccionarios o de habilitaci�n o av�o, de acuerdo con la ley de la materia; as� como para actuar como fedatario en la constituci�n, modificaci�n, fusi�n, escisi�n, disoluci�n, liquidaci�n y extinci�n de sociedades mercantiles, y en los dem�s actos previstos en la Ley General de Sociedades Mercantiles, por su parte, los numerales 38, 39 y 53 del Reglamento de la Ley Federal de Corredur�a P�blica, se�alan la forma en que el corredor p�blico proceder� a certificar un documento, y el �ltimo de ellos establece el cat�logo de actos en los que dicho profesionista podr� intervenir como fedatario p�blico, los que, en esencia, son de car�cter mercantil.

    El �rgano colegiado lleg� a la conclusi�n que ninguno de ellos establece en forma expresa, facultad alguna de los corredores p�blicos para certificar documentos como los exhibidos por la parte quejosa tendentes a acreditar la aplicaci�n en su perjuicio de la ley reclamada, es decir, las fracciones V y VI del art�culo 6o. de la Ley Federal de Corredur�a P�blica y el numeral 53 de su reglamento, s�lo les confieren facultades para los casos a que se refieren esos dispositivos, mas en ninguna de sus partes se desprende que puedan certificar documentos de naturaleza y finalidad distintas como lo son los comprobantes de pago de la Secretar�a de Finanzas del Estado de Jalisco, as� como las facturas de un veh�culo, los que se certificaron no en funci�n de una operaci�n de �ndole mercantil como a las que se refieren los numerales antes transcritos, sino con la finalidad de exhibirlos en un juicio de garant�as en el cual se reclama una ley federal de car�cter fiscal, para lo cual el ordenamiento que rige su actividad no le otorga de manera expresa esa facultad.

    Los art�culos 38 y 39 del reglamento relativo, habilitan a los corredores p�blicos como fedatarios a certificar documentos; sin embargo, esa potestad debe entenderse constre�ida �nicamente al �mbito de los actos mercantiles, los cuales, desde luego, no incluyen la certificaci�n de documentos de distinta �ndole y desligados de su actuaci�n para exhibirlos en juicio, ya que de sostenerse lo contrario, se podr�an utilizar v�lidamente en cualquier otra materia que no fuera la mercantil, como por ejemplo: juicios laborales, civiles, administrativos, o como sucede en el caso, en el juicio de garant�as, lo cual es obvio sale de la competencia del corredor p�blico. Adem�s se provocar�a en un momento dado la falta de certeza y seguridad jur�dicas, porque las certificaciones que realizara un corredor p�blico adolecer�an de control, por tratarse de documentos que no existen en su propio archivo.

    Por tanto, los preceptos 15, 20 y 70 de la ley de la materia constatan lo anterior y de igual forma la jurisprudencia de la Primera S. de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, que dice: "CORREDORES P�BLICOS. CARECEN DE FACULTADES PARA CERTIFICAR TESTIMONIOS NOTARIALES EN LOS QUE SE OTORGAN PODERES.", tambi�n el criterio sostenido por la propia Primera S., en la tesis de rubro: "CERTIFICACIONES. VALOR DE LAS EXPEDIDAS POR CORREDORES P�BLICOS."

NOVENO

Con el prop�sito de verificar si en el presente caso existe contradicci�n entre los criterios sustentados por los tribunales participantes, se tiene presente el contenido de la siguiente jurisprudencia:

"Novena �poca

"Instancia: Pleno

"Fuente: Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta

"T.o: XIII, abril de 2001

"Tesis: P./J. 26/2001

"P�gina: 76

"CONTRADICCI�N DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA. De conformidad con lo que establecen los art�culos 107, fracci�n XIII, primer p�rrafo, de la Constituci�n Federal y 197-A de la Ley de A., cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n o la S. que corresponda deben decidir cu�l tesis ha de prevalecer. Ahora bien, se entiende que existen tesis contradictorias cuando concurren los siguientes supuestos: a) que al resolver los negocios jur�dicos se examinen cuestiones jur�dicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jur�dicos discrepantes; b) que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jur�dicas de las sentencias respectivas; y, c) que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos."

De acuerdo con la jurisprudencia transcrita, para considerar que hay disparidad de criterios, entre otras cosas, es necesario que los �rganos jurisdiccionales que los vertieron hayan analizado, en esencia, similares cuestiones jur�dicas y adopten posturas divergentes entre s�, producto de los asertos o interpretaciones que realicen en las sentencias que cada uno dicte, provenientes del examen de elementos coincidentes; lo que implica que deben partir del an�lisis esencial de semejantes supuestos.

En tales condiciones, por raz�n de m�todo debe analizarse en primer lugar, si en el presente asunto concurren o no las hip�tesis de contradicci�n, para lo cual se hace referencia al resumen de lo que sostuvo cada uno de los Tribunales Colegiados participantes.

  1. El D�cimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el veintiuno de febrero de dos mil uno, el amparo directo n�mero 1732/2001, promovido por Inversat de M�xico, Sociedad An�nima de Capital Variable, estableci� que el art�culo 6o., fracciones V y VI, de la Ley Federal de Corredur�a P�blica, establece que el corredor p�blico puede actuar como fedatario, empero, sus facultades se encuentran delimitadas, pues carece de facultades para poder actuar como fedatario en el cotejo de un documento ajeno, por m�s que se alegue que el art�culo 38 del Reglamento de la Ley Federal de Corredur�a P�blica, le otorga facultades para realizarlo, pues lo cierto es que dicho precepto establece �nicamente la forma de realizar el cotejo, mas no le otorga facultades para cotejar cualquier documento, ya que esta facultad debe ser entendida a la luz de aquellas que le confiere la Ley Federal de Corredur�a P�blica, es decir, trat�ndose de la celebraci�n de contratos, convenios, actos y hechos de naturaleza mercantil; de manera que al realizar el cotejo, en ractos, convenios y contratos de naturaleza mercantil, con excepci�n de lo relacionado con: inmuebles, la constituci�n,modificaci�n, fusi�n, ic deldonde se otorga un mandato, no encuadra dentro de ninguna de las hip�tesis a que se refiere el art�culo 6o., fracciones V y VI, por lo que carece de facultades para realizarla.

  2. El Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, al resolver el catorce de mayo de mil novecientos noventa y ocho, el amparo directo 102/98, promovido por Alfa Laval, Sociedad An�nima de Capital Variable, determin� que de conformidad con los dispositivos legales 6o. de la Ley Federal de Corredur�a P�blica y el diverso 53 del reglamento de dicha ley, se llega a la convicci�n de que el corredor p�blico carece de facultades para certificar una escritura notarial y �nicamente tendr� facultades para expedir copias certificadas de documentos de naturaleza mercantil, en los cuales haya intervenido con fe p�blica.

  3. El Quinto Tribunal Colegiado del D�cimo S�ptimo Circuito, al resolver el seis de diciembre de dos mil dos, el amparo directo 778/2002, promovido por Ce Calpulli, R.�n de Cartera, Sociedad de Responsabilidad Limitada, se�al� que el tema a dilucidar se constre��a a determinar si procede o no el que el corredor p�blico tiene o no facultades para certificar testimonios notariales, cuesti�n que ya hab�a sido dilucidada por el M�ximo Tribunal, actuando a trav�s de la Primera S., por lo que es improcedente hacer un estudio al respecto, ya que los t�picos que refiere la quejosa ya fueron resueltos �ntegramente en dicha jurisprudencia y si este �rgano de control constitucional hiciera el estudio de los mismos, parecer�a que revisa la jurisprudencia del M�ximo Tribunal, lo que contravendr�a el principio de m�xima jerarqu�a en que se basa la obligatoriedad de la jurisprudencia.

  4. El Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el veintiocho de abril de mil novecientos noventa y nueve, el amparo directo RA. 1596/98, promovido por Curacaro Drydock Company Inc., estableci� que la fe p�blica de que est�n investidos los corredores p�blicos es limitada, ya que se encuentra prevista exclusivamente para actuaciones en materia mercantil, esto es as�, pues los corredores p�blicos pueden dar fe de los actos que realizan las personas morales desde su constituci�n hasta su extinci�n (como los enumera el art�culo referido de la Ley Federal de Corredur�a P�blica), tambi�n lo es que tal facultad se circunscribe, como se repite, a los actos mercantiles y no as� a otros que son de naturaleza diversa, como el otorgamiento de un poder cuya naturaleza es de car�cter civil, en t�rminos del art�culo 2554 del C�digo Civil para el Distrito Federal en Materia Com�n y para toda la Rep�blica en Materia Federal; de manera que atendiendo a la naturaleza de los actos cuya certificaci�n se solicita, pues es precisamente en atenci�n a tal naturaleza que el legislador otorg� las facultades de fedatario p�blico al corredor, como un auxiliar en los actos de comercio, no as� como un fedatario p�blico con atribuciones an�logas a las destinadas a un notario p�blico en el ejercicio de sus funciones, esto es, como colaborador en la exteriorizaci�n de la voluntad de las partes en las escrituras, en la constituci�n jur�dica para dar nacimiento eficaz a un acto, reuniendo los requisitos y formalidades esenciales para su perfeccionamiento y entera validez, por lo que si el corredor p�blico certific� un poder expedido por un notario, carece de facultades para ello.

  5. El Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, al resolver el amparo en revisi�n RC. 2146/97, promovido por Factor Arme, Sociedad An�nima de Capital Variable, Organizaci�n Auxiliar de Cr�dito, el veintiuno de agosto de mil novecientos noventa y nueve, sostuvo que a los corredores p�blicos corresponde actuar como fedatarios desde la constituci�n hasta la extinci�n de las personas morales de naturaleza comercial, pasando por los dem�s actos previstos por la Ley General de Sociedades Mercantiles; que el consejo de administraci�n cuando los administradores sean dos o m�s, es el �rgano supremo de la persona moral, con facultad de conferir mandato o poder, sea �ste de comisi�n mercantil, general o especial; entonces es palmario que trat�ndose de un poder civil o no, el cotejo y la certificaci�n por parte de un corredor p�blico de las copias de un mandato conferido por una sociedad mercantil y expedido por notario p�blico, independientemente de su naturaleza, est� dentro de la competencia del corredor p�blico, atento a las prescripciones de los art�culos de la Ley Federal de Corredur�a P�blica y su reglamento.

  6. El Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, al resolver el amparo directo 1786/2000, promovido por Volkswagen, Financial Services, Sociedad An�nima, el doce de julio de dos mil, se�al� que los art�culos 6o. de la Ley Federal de Corredur�a P�blica, 38 y 39 del reglamento de la propia normatividad, establecen que a los corredores p�blicos corresponde actuar como fedatarios desde la constituci�n hasta la extinci�n de las personas morales de naturaleza comercial, pasando por los dem�s actos previstos por la Ley General de Sociedades Mercantiles; el consejo de administraci�n cuando los administradores sean dos o m�s, es el �rgano supremo de la persona moral, con facultad de conferir mandato o poder, sea �ste de comisi�n mercantil, general o especial; por tanto, es inconcuso que trat�ndose de un poder civil o no, la certificaci�n del mandato conferido por una sociedad mercantil, independientemente de su naturaleza, est� dentro de la competencia del corredor p�blico, atento a las prescripciones de las disposiciones legales antes se�aladas.

  7. El Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, al resolver el incidente en revisi�n 211/2001, promovido por A.F.M.�a R., el diez de enero de dos mil dos, resolvi� que la certificaci�n realizada por un corredor p�blico, que si bien es cierto est� investido de fe p�blica, tambi�n lo es que el campo de ejercicio de las funciones que desempe�a, entre ellas la certificaci�n de documentos, exclusivamente debe circunscribirse a las materias civil y mercantil, esto es, su car�cter de fedatario no debe extenderse a hechos jur�dicos ajenos al derecho privado o actos que no sean estrictamente entre particulares; de manera que al haber certificado documentos de naturaleza estrictamente administrativa, es evidente que el corredor p�blico actu� fuera del campo de ejercicio del que �l es autor.

  8. El Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito, al resolver el amparo en revisi�n 4/2002, promovido por D.�n, Sociedad An�nima de Capital Variable, el cinco de junio de dos mil dos, sostuvo que de conformidad con el art�culo 15, fracci�n VI, de la Ley Federal de Corredur�a P�blica, as� como de los art�culos 34 y 38 del Reglamento de la Ley Federal de Corredur�a P�blica, se advierte que cuando se presenta ante un corredor p�blico un documento en original, �ste har� constar que la copia es fiel reproducci�n del mismo, devolviendo al interesado una copia debidamente certificada y otra se archivar� por �ste, por lo que de acuerdo con tales preceptos s� tiene facultades para certificar documentos que le sean presentados, siempre y cuando tengan a la vista el original del mismo, toda vez que es obligaci�n del corredor p�blico expedir las copias certificadas de las actas y p�lizas que soliciten los interesados, as� como de los documentos originales que haya tenido a la vista.

    I. El Noveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el amparo en revisi�n 374/2002, promovido por Comunicaciones Mtel, Sociedad An�nima de Capital Variable, el quince de enero de dos mil tres, se�al� que el art�culo 6o. de la Ley Federal de Corredur�a P�blica, as� como los art�culos 38, 39 y 53 de su reglamento, establecen las facultades de los corredores p�blicos como fedatarios; sin embargo, de tales preceptos no se desprende en forma expresa facultad alguna del corredor p�blico para certificar la copia de la concesi�n expedida por la Secretar�a de Comunicaciones y Transportes, es decir, por autoridades administrativas, por lo que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracci�n V del art�culo 73 de la Ley de A., por falta de inter�s jur�dico de la peticionaria de amparo para combatir el impuesto especial sobre producci�n y servicios.

  9. El D�cimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el amparo en revisi�n n�mero 94/2002, promovido por SCI de M�xico, Sociedad An�nima de Capital Variable, el dos de mayo de dos mil dos, sostuvo que era cierto que la Ley Federal de Corredur�a P�blica establece en su art�culo 6o. de manera clara, las funciones que corresponden realizar al corredor p�blico, en virtud de la fe de la que se encuentra investido, y particularmente las fracciones V y VI de dicho precepto, las cuales determinan puede tener intervenci�n en todos aquellos actos cuya naturaleza sea mercantil, entendi�ndose por tal aquello que es relativo o concerniente al mercader, a la mercanc�a o al comercio, siendo el derecho mercantil, el que regula las relaciones de esta naturaleza y en relaci�n con las personas, los lugares, los contratos y los actos de comercio establecidos en el art�culo 75 del C�digo de Comercio.

    Sin embargo, si bien es cierto que el realizar declaraciones, pagos provisionales y retenciones de impuestos federales, es parte de las obligaciones que la ley establece para las sociedades mercantiles, tambi�n es cierto que a dichas obligaciones no se les puede dar el car�cter de mercantiles o actos de comercio, toda vez que se trata de un acto a trav�s del cual se da cumplimiento a la obligaci�n de enterar un tributo federal, sin perseguir con ello un fin de lucro, ni para llevar a cabo un convenio o contrato o cualquier otro hecho jur�dico de car�cter mercantil, como ser�a el caso de los actos mercantiles, sino que deriva de una obligaci�n de car�cter meramente fiscal que se actualiza al momento de generarse el hecho imponible, por lo que las atribuciones legales de que se encuentra investido el corredor p�blico, no le permiten certificar documentos de naturaleza fiscal como lo son aquellos documentos a trav�s de los cuales se realiza el entero de impuestos derivado de la obligaci�n impositiva por parte del Estado hacia los gobernados.

  10. El D�cimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el amparo en revisi�n n�mero 69/2002, promovido por Servicios Locales de Producci�n, Sociedad An�nima de Capital Variable, el once de abril de dos mil dos, sostuvo que la quejosa recurrente no hab�a acreditado su inter�s jur�dico para impugnar a trav�s del juicio de amparo la constitucionalidad del art�culo 80-A, quinto p�rrafo, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, porque los formatos de las declaraciones de los pagos provisionales, primera parcialidad y retenciones de impuestos federales, en su car�cter de complementarias que acompa�� a la demanda de amparo, carecen de valor probatorio pleno por estar certificadas por corredor p�blico, quien carece de facultades para ello.

    Por otro lado, consider� que si bien en t�rminos del art�culo 6o., fracciones V, VI y VII, de la Ley Federal de Corredur�a P�blica, al corredor p�blico corresponde, entre otras cuestiones, actuar como fedatario p�blico para hacer constar los contratos, convenios, actos y hechos de naturaleza mercantil, excepto en trat�ndose de inmuebles; en la constituci�n, modificaci�n, fusi�n, escisi�n, disoluci�n, liquidaci�n y extinci�n de sociedades mercantiles, as� como en los dem�s actos previstos en la Ley General de Sociedades Mercantiles y en las dem�s funciones que le se�ale dicho ordenamiento legal, otras leyes o reglamentos, por tanto, los documentos consistentes en formatos de las declaraciones de los pagos provisionales, primera parcialidad y retenciones de impuestos federales, en su car�cter de complementarias, no tienen el car�cter de mercantiles, por tanto, no constituyen actos en los que el corredor p�blico pueda actuar como fedatario p�blico, por carecer los actos contenidos en dichos formatos del car�cter mercantil.

    L. El Tribunal Colegiado del Vig�simo S�ptimo Circuito, al resolver el amparo en revisi�n n�mero 167/2002, el siete de agosto de dos mil dos, promovido por Banco U.�n, Sociedad An�nima, Instituci�n de Banca M�ltiple, antes Banco de Cr�dito H., Sociedad An�nima, en esencia, sostuvo que el representante legal de la persona moral Banco U.�n, Sociedad An�nima, Instituci�n de Banca M�ltiple, antes Banco de Cr�dito H., Sociedad An�nima, para acreditar la representaci�n con que se ostent�, acompa�� a su libelo de demanda copia del instrumento notarial, la copia del testimonio notarial exhibido por el promovente no acredit� fehacientemente el car�cter de apoderado legal de la quejosa Banco U.�n, S.A., Instituci�n de Banca M�ltiple, antes Banco de Cr�dito H., S.A., por no ser un documento p�blico expedido por autoridad en ejercicio de sus funciones o de alg�n fedatario p�blico, de acuerdo con lo dispuesto por el art�culo 202 del C�digo Federal de Procedimientos Civiles, de aplicaci�n supletoria a la Ley de A., en efecto, la certificaci�n que obra en la parte final adversa de ese instrumento notarial, fue levantada por el corredor p�blico n�mero cuatro de la plaza del Estado de Q.R.; sin embargo, de conformidad con lo dispuesto en los art�culos 6o., fracci�n VI, de la Ley Federal de Corredur�a P�blica y 53, fracci�n V, de su reglamento, los corredores p�blicos s�lo est�n facultados para actuar como fedatarios en la constituci�n, modificaci�n, fusi�n, escisi�n, disoluci�n, liquidaci�n y extinci�n de sociedades mercantiles, designaci�n de sus representantes legales y facultades de que est�n investidos, as� como en los dem�s actos previstos en la Ley General de Sociedades Mercantiles, pero no para certificar instrumentos p�blicos notariales en los que se contengan actos civiles, criterio que se encuentra plasmado en la tesis jurisprudencial 15/2002, cuyo tenor literal es el siguiente: "CORREDORES P�BLICOS. CARECEN DE FACULTADES PARA CERTIFICAR TESTIMONIOS NOTARIALES EN LOS QUE SE OTORGAN PODERES."

  11. El Tribunal Colegiado del Vig�simo S�ptimo Circuito, al resolver el amparo en revisi�n 303/2002, promovido por O.L.V.B., el cuatro de septiembre de dos mil dos, se�al� que le restaba valor probatorio a la documental consistente en la copia certificada por corredor p�blico de la factura que ampara el veh�culo embargado, por no ser un documento expedido por autoridad en ejercicio de sus funciones, es decir, la certificaci�n que obra en la parte final adversa de tal documento fue hecha por corredor p�blico; sin embargo, de conformidad con lo establecido en los art�culos 6o., fracci�n V, de la Ley Federal de Corredur�a P�blica y 53, fracci�n I, de su reglamento, los corredores p�blicos s�lo est�n facultados para actuar como fedatarios en los actos, convenios o contratos y hechos de naturaleza mercantil, excepto trat�ndose de bienes inmuebles a menos que las leyes lo autoricen, m�xime que el art�culo 20 de la propia ley, en su fracci�n IV, dispone que les est� prohibido a los corredores expedir copias certificadas de constancias que no obren en su archivo o libro de registro, o no expedirlos �ntegramente o de documentos mercantiles cuando sus originales no les hubieran sido presentados para su cotejo, sirven de apoyo a lo anterior, las tesis jurisprudenciales de la Segunda y Primera S.s de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, respectivamente, de rubros: "CORREDORES P�BLICOS, CERTIFICACIONES EXPEDIDAS POR LOS, FUERA DE LA ESFERA DE SU COMPETENCIA. TIENEN EL VALOR DE COPIAS SIMPLES." y "CORREDORES P�BLICOS. CARECEN DE FACULTADES PARA CERTIFICAR TESTIMONIOS NOTARIALES EN LOS QUE SE OTORGAN PODERES."

  12. El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, al resolver el amparo en revisi�n n�mero 379/2002, el veintiuno de febrero de dos mil tres, promovido por J.A., Sociedad An�nima de Capital Variable, en s�ntesis, estableci� que los documentos presentados para demostrar el acto de aplicaci�n de la norma reclamada no alcanzaron el valor probatorio bastante para acreditar fehacientemente el inter�s jur�dico de la gobernada, en virtud de que constan en copia certificada por un corredor p�blico, el cual no cuenta con facultades para certificar ese tipo de documentos conforme a la ley que rige su funci�n, porque el art�culo 6o. de la Ley Federal de Corredur�a P�blica, que regula la funci�n del profesionista que realiza la certificaci�n de los documentos, faculta al corredor p�blico para hacer constar como fedatario, los contratos, convenios, actos y hechos de naturaleza mercantil, excepto en trat�ndose de inmuebles; as� como en la emisi�n de obligaciones y otros t�tulos valor; en hipotecas sobre buques, nav�os y aeronaves que se celebren ante �l, y en el otorgamiento de cr�ditos refaccionarios o de habilitaci�n o av�o, de acuerdo con la ley de la materia; as� como para actuar como fedatario en la constituci�n, modificaci�n, fusi�n, escisi�n, disoluci�n, liquidaci�n y extinci�n de sociedades mercantiles, y en los dem�s actos previstos en la Ley General de Sociedades Mercantiles, por su parte, los numerales 38, 39 y 53 del Reglamento de la Ley Federal de Corredur�a P�blica se�alan la forma en que el corredor p�blico proceder� a certificar un documento, y el �ltimo de ellos establece el cat�logo de actos en los que dicho profesionista podr� intervenir como fedatario p�blico, los que, en esencia, son de car�cter mercantil, concluyendo que ninguno de ellos establece en forma expresa facultad alguna de los corredores p�blicos para certificar documentos como los exhibidos por la parte quejosa tendentes a acreditar la aplicaci�n en su perjuicio de la ley reclamada.

    De lo anterior se desprende que no existe contradicci�n entre los criterios sustentados por los mencionados Tribunales Colegiados, al resolver los asuntos precisados, toda vez que no se actualiza el requisito a que se hace referencia en la jurisprudencia plenaria transcrita, consistente en que lo examinando en los respectivos negocios jur�dicos no proviene de los mismos elementos, no obstante que aparentemente hayan examinado cuestiones jur�dicamente iguales, hayan adoptado posiciones o criterios jur�dicos discrepantes.

    En efecto, si bien los mencionados Tribunales Colegiados aparentemente examinaron similares elementos y cuestiones jur�dicas esencialmente iguales, tales como si los corredores p�blicos tienen o no facultades para cotejar y certificar distintos tipos de documentos (testimonios notariales, facturas, formularios de pagos fiscales, concesiones y autorizaciones administrativas); sin embargo, partieron de un examen de distintos elementos, adem�s de que ninguno de ellos abord� el tema relativo a las facultades de los corredores p�blicos para que ante ellos se otorguen poderes, que es el tema de la denuncia de contradicci�n de tesis, m�xime que sobre el tema que analizaron ya se pronunci� la Primera S. de este Alto Tribunal, al resolver el veintisiete de febrero de dos mil dos, la contradicci�n de tesis 51/2000-PS de la que deriv� la jurisprudencia n�mero 15/2002, que dice:

    "Novena �poca

    "Instancia: Primera S.

    "Fuente: Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta

    "T.o: XV, abril de 2002

    "Tesis: 1a./J. 15/2002

    "P�gina: 98

    "CORREDORES P�BLICOS. CARECEN DE FACULTADES PARA CERTIFICAR TESTIMONIOS NOTARIALES EN LOS QUE SE OTORGAN PODERES. De conformidad con lo dispuesto en los art�culos 6o., fracci�n VI, de la Ley Federal de Corredur�a P�blica y 53, fracci�n V, de su reglamento, los corredores p�blicos s�lo est�n facultados para actuar, como fedatarios, en la constituci�n, modificaci�n, fusi�n, escisi�n, disoluci�n,liquidaci�n y extinci�n de sociedades mercantiles, designaci�n de sus representantes legales y facultades de que est�n investidos, as� como en los dem�s actos previstos en la Ley General de Sociedades Mercantiles, pero no para certificar instrumentos p�blicos notariales en los que se contengan actos civiles; sin que sea �bice a lo anterior, lo dispuesto en los art�culos 38 y 39 del reglamento de la ley citada, que los habilita para certificar documentos, toda vez que dicha funci�n se les otorg� en relaci�n, exclusivamente, con actos de naturaleza mercantil, los cuales no incluyen la certificaci�n de los testimonios notariales en los que se otorgan poderes. De sostener lo contrario se llegar�a al extremo de aceptar que la certificaci�n de los testimonios que hicieran respecto de los poderes con los que se pretende acreditar la personalidad, pudieran utilizarse v�lidamente en cualquier otra materia que no fuera la mercantil, como por ejemplo: juicios laborales, civiles, administrativos, etc�tera, lo cual obviamente no es de su competencia; adem�s, se provocar�a falta de certeza y seguridad jur�dicas, porque las certificaciones que realizaran de testimonios notariales adolecer�an de control, por tratarse de documentos que no existen en su propio archivo, o bien conforme al art�culo 20, fracci�n IV, de la ley en comento no se trata de documentos mercantiles cuyos originales se hayan presentado para su cotejo, lo que no sucede con las certificaciones realizadas por los notarios p�blicos, ya que a �stos, para actuar la ley que los rige, les exige una serie de requisitos para expedir los testimonios notariales y las certificaciones que se hagan a ellos, circunstancia que el legislador tom� en cuenta para darles pleno valor probatorio por lo que las facultades para certificar documentos, con que est�n investidos los corredores p�blicos, s�lo pueden ser entendidas respecto de los actos o p�lizas en que hayan intervenido en materia mercantil."

    Ahora bien, tampoco existe contradicci�n entre el criterio sustentado por el S�ptimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, al resolver el amparo directo n�mero 7967/99, promovido por T�cnicos Especialistas de Oficina, Sociedad An�nima de Capital Variable, el dos de diciembre de mil novecientos noventa y nueve, porque no se actualiza el requisito consistente en que lo examinado en los respectivos negocios jur�dicos provengan de los mismos elementos, pues en resumidas cuentas sostuvo que la figura jur�dica de la corredur�a p�blica ha sido materia de la legislaci�n de comercio, y con base en la fracci�n X del art�culo 73, es una materia federal, que en efecto, en dicho c�digo se regul� la corredur�a p�blica y lo defini� como: "... el agente auxiliar del comercio, con cuya intervenci�n se proponen, ajustan y otorgan los contratos mercantiles". En la reforma por decreto de dos de enero de mil novecientos setenta, de los art�culos 51 al 74 que integraban ese t�tulo tercero, se mantuvo el concepto anterior, pero adem�s, al corredor se le dot� de fe p�blica.

    La iniciativa de la Ley Federal de Corredur�a P�blica propuso la derogaci�n del t�tulo tercero del libro primero del C�digo de Comercio, que regulaba la figura del corredor p�blico. En dicha iniciativa, se mantuvo vigente la figura del corredor como agente auxiliar del comercio, y en la exposici�n de motivos se solicit� ampliar su funci�n para que se vieran legalmente posibilitados para actuar como fedatarios en la constituci�n, modificaci�n, fusi�n, escisi�n, liquidaci�n y extinci�n de sociedades mercantiles, adem�s de los actos que tienen que ver con sus �rganos de administraci�n, tambi�n se dijo que conven�a que los comerciantes contaran con estos auxiliares, porque ello contribuir�a a alcanzar una mayor seguridad jur�dica y evitar litigios innecesarios; se propuso que fuera la Secretar�a de Comercio y Fomento Industrial, la dependencia encargada de la aplicaci�n de la ley, con la participaci�n que correspondiera a las autoridades estatales, asign�ndole la tarea de asegurar la eficacia del servicio que prestaran los corredores p�blicos, la de examinar a quienes pretendieran obtener la calidad de aspirantes a corredor p�blico, expedir las habilitaciones respectivas, vigilar la actuaci�n de esos corredores y la de los colegios de corredores, e imponer las sanciones correspondientes. En dicha exposici�n de motivos, quedaron definidas con precisi�n las funciones que podr�an desempe�ar los corredores p�blicos, consign�ndose que la figura del corredor p�blico como agente mediador y como fedatario, pod�a ofrecer m�ltiples ventajas al tr�fico mercantil, en virtud de su actuaci�n �gil y revestida de m�nimas formalidades, caracter�sticas afines al vertiginoso comercio, a diferencia de la materia civil, cuya naturaleza requer�a de formalidades y solemnidades indispensables, adem�s pod�a servir como un verdadero asesor jur�dico de quienes intervienen en la actividad comercial. En conclusi�n, se dej� asentado que siempre la corredur�a p�blica ha sido materia de la legislaci�n de comercio, y con base en la fracci�n X del art�culo 73 constitucional, es una materia federal, por tanto, si el Congreso de la U.�n tiene facultades para legislar en materia de comercio, es incuestionable que al expedir la Ley Federal de Corredur�a P�blica y, por ende, otorgarle fe p�blica a los corredores, el Congreso no invadi� la esfera de atribuciones reservada constitucionalmente a los Estados para legislar en cuestiones del notariado, consecuentemente, si la corredur�a p�blica ha sido siempre materia de la legislaci�n de comercio y es facultad del Congreso General legislar en materia econ�mica, no es el caso de declarar inconstitucional la Ley Federal de Corredur�a P�blica.

    Como puede advertirse, el referido Tribunal Colegiado analiz� un aspecto de la figura jur�dica de corredor p�blico, pero lo examinado no proviene de los mismos elementos del tema denunciado, es decir, si dicho corredor tiene o no facultades para que ante su potestad se otorguen poderes por sociedades mercantiles.

    Por otra parte, tampoco existe contradicci�n en relaci�n con el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, al resolver el catorce de enero de dos mil dos, el amparo directo civil 13/2001, promovido por U.�n de Cr�dito del Comercio e Industrial y Servicios Tur�sticos de Occidente, Sociedad An�nima de Capital Variable, toda vez que sostuvo que el art�culo 66 de la Ley de Instituciones de Cr�dito, en su fracci�n IV, contempla la posibilidad de que el corredor p�blico intervenga en el otorgamiento de cr�ditos refaccionarios o de habilitaci�n o av�o, pero no se mencionan contratos con garant�a hipotecaria; de manera que si la hipoteca es una figura jur�dica de naturaleza meramente civil y la funci�n del corredor p�blico se constri�e a actos de naturaleza mercantil, no estaba facultado para formalizar v�lidamente contratos de la naturaleza hipotecaria y que la excepci�n contenida en el art�culo 6o., fracci�n V, de la Ley Federal de Corredur�a P�blica y reproducida en el art�culo 53, fracci�n I, de su reglamento, expresamente hacen operante el principio consagrado en el art�culo 121, fracci�n II, constitucional, en el sentido de que para probar en los Estados de la Federaci�n los actos, registros, procedimientos y sus efectos, trat�ndose de bienes muebles e inmuebles, se regir�n por las leyes del lugar de su ubicaci�n, misma disposici�n que es de car�cter general y no contempla excepci�n alguna.

    De lo anterior se advierte que el mencionado Tribunal Colegiado analiz� un aspecto de la figura jur�dica de corredor p�blico, para determinar que no ten�a facultades para formalizar un contrato con garant�a hipotecaria, pero lo examinado no proviene de los mismos elementos del tema denunciado, es decir, si dicho corredor tiene o no facultades para que ante su potestad se otorguen poderes por sociedades mercantiles.

    Igualmente, no se actualiza la contradicci�n de criterios con el Segundo Tribunal Colegiado del D�cimo Sexto Circuito, al resolver el seis de agosto de mil novecientos noventa y nueve, el amparo en revisi�n laboral 323/98, promovido por L.G.H.�ndez H.�ndez y otros, pues en dicha ejecutoria se�al� que la sociedad quejosa se constituy� legalmente ante corredor p�blico, porque de conformidad con lo dispuesto por los art�culos 6o., fracci�n VI, de la Ley Federal de Corredur�a P�blica y 53, fracci�n V, del Reglamento de la Ley Federal de Corredur�a P�blica, al corredor p�blico corresponde actuar como fedatario en la constituci�n, modificaci�n, fusi�n, escisi�n, disoluci�n, liquidaci�n y extinci�n de sociedades mercantiles, as� como en la designaci�n de sus representantes legales y facultades de que est�n investidos; desprendi�ndose de dichos dispositivos que el corredor puede intervenir como fedatario p�blico en la constituci�n de una sociedad mercantil.

    Por otra parte, que el art�culo 692, fracci�n III, de la Ley Federal del Trabajo, establece que cuando el que comparece en un juicio laboral act�e como apoderado legal de persona moral, podr� acreditar su personalidad mediante testimonio notarial o carta poder otorgada ante dos testigos, previa comprobaci�n de que quien le otorga el poder est� legalmente autorizado para ello, y en el caso quien otorg� la carta poder a las personas que comparecieron al juicio laboral, a su vez cuenta con facultades para ello, pues exhibi� la escritura p�blica expedida por notario p�blico que contiene la protocolizaci�n de un acta de asamblea general ordinaria de accionistas mediante la cual la sociedad otorga un poder general para actos de administraci�n, pleitos y cobranzas, as� como para otorgar y revocar poderes generales y especiales.

    Como puede verse, el citado Tribunal Colegiado si bien se�al� que trat�ndose de la constituci�n de sociedades mercantiles, de conformidad con lo dispuesto por los art�culos 6o., fracci�n VI, de la Ley Federal de Corredur�a P�blica y 53, fracci�n V, del Reglamento de la Ley Federal de Corredur�a P�blica, al corredor p�blico corresponde actuar como fedatario en la constituci�n, modificaci�n, fusi�n, escisi�n, disoluci�n, liquidaci�n y extinci�n de sociedades mercantiles, as� como en la designaci�n de sus representantes legales y facultades de que est�n investidos; sin embargo, no analiz� si el poder otorgado a un representante de la sociedad que intervino en el juicio laboral lo hab�a expedido un corredor, sino que fue expedido en escritura p�blica por un notario p�blico y que a quien se le otorg� el poder v�lidamente pod�a a trav�s de carta poder otorgarlo a terceras personas para que representaran a la sociedad en el juicio laboral, en t�rminos de lo dispuesto en el art�culo 692, fracci�n II, de la Ley Federal del Trabajo; de manera que en este caso, tampoco lo examinado proviene de los mismos elementos del tema denunciado, es decir, si dicho corredor tiene o no facultades para que ante su potestad se otorguen poderes por sociedades mercantiles.

    Por otra parte, el D�cimo Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, al resolver el amparo directo n�mero 3/2002, promovido por F.G.L.D., el treinta y uno de enero de dos mil dos, en s�ntesis, se�al� que la Ley Federal de Corredur�a P�blica y su reglamento hacen la distinci�n entre el acto y el hecho jur�dico, el �rgano colegiado advirti� que tal distinci�n queda definida en el art�culo 18 de la Ley Federal de Corredur�a P�blica, cuando para los actos jur�dicos de naturaleza mercantil el corredor est� obligado a hacerlos constar en los instrumentos denominados "p�lizas" y los hechos jur�dicos en "actas", y que de la lectura del acta impugnada se advierte que el fedatario p�blico s� hizo constar los documentos con los que se identificaron las personas que solicitaron que levantara un acta, as� como los instrumentos notariales con los que acreditaron su representaci�n de las sociedades an�nimas, de igual manera, fue se�alado por el corredor p�blico que a su juicio, los solicitantes de sus servicios tienen capacidad legal para contratar y obligarse; que explic� y orient� sobre el valor y consecuencias legales del acta que levant�.

    Si bien es cierto que los art�culos 19 de la Ley Federal de Corredur�a P�blica y 32 del reglamento contienen indistintamente reglas que el corredor p�blico debe aplicar en la redacci�n de las p�lizas y actas, tambi�n lo es que debe atenderse a la naturaleza de lo consignado por el corredor. Asimismo, el Tribunal Colegiado observ� que las formalidades que deben seguirse en la redacci�n de las actas y p�lizas est�n consignadas en los art�culos 19 de la Ley Federal de Corredur�a P�blica y 32 del reglamento.

    La Ley Federal de Corredur�a P�blica, que es de orden p�blico, no contiene precepto alguno que obligue al fedatario a identificarse, por tanto, no existe violaci�n a una ley de orden p�blico como lo se�al� la autoridad responsable, de modo que la identificaci�n al no estar prevista como una obligaci�n que el corredor p�blico tenga que cumplir, no existe violaci�n alguna a la ley, porque conforme a la redacci�n de la ley basta la sola ostentaci�n para que el fedatario p�blico desempe�e sus funciones.

    El mismo D�cimo Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, al resolver el nueve de mayo de dos mil dos, el amparo directo 252/2002, promovido por Productora y Comercializadora de Televisi�n, Sociedad An�nima de Capital Variable, determin�:

    Respecto a la identificaci�n del corredor p�blico, hizo las siguientes consideraciones: de los art�culos 6o. y 7o. de la Ley Federal de Corredur�a P�blica se interpreta que s�lo las personas que han sido habilitadas por la secretar�a respectiva, pueden ostentarse como corredores p�blicos; la manera en que una persona se ostenta como corredor p�blico, es mediante el ejercicio de las facultades de los preceptos mencionados; una de esas maneras de ostentarse como corredor p�blico es el ejercicio de la facultad prevista por el art�culo 6o., fracci�n V, de la mencionada ley, esto es, que la persona act�e como fedatario p�blico para hacer constar los contratos, convenios, actos y hechos de naturaleza mercantil, como en la especie ocurri�; de la lectura del acta impugnada se advierten datos que permiten inferir que se ostent� como corredor p�blico, para certificar los hechos que suceder�an en una junta; en este contexto, la palabra "certificar" hace alusi�n al ejercicio de las facultades del corredor p�blico, contenidas en el art�culo 6o. de la Ley Federal de Corredur�a P�blica. Quien ha sido habilitado por la autoridad correspondiente como corredor p�blico, puede ostentarse como tal mediante el ejercicio de las facultades previstas en la Ley Federal de Corredur�a P�blica y su reglamento, y tiene a su favor la presunci�n de que act�a conforme a esos ordenamientos, y por ello es v�lido afirmar que �sta es la situaci�n ordinaria, por estar actuando conforme a las leyes que rigen la materia, y que no necesita ser probada sino con el propio instrumento p�blico, el cual tiene valor probatorio pleno en t�rminos del tercer p�rrafo del art�culo 18 de la ley citada, de modo que conforme a la interpretaci�n de la Ley Federal de Corredur�a P�blica, concretamente en su art�culo 7o., basta la sola ostentaci�n para que el fedatario p�blico desempe�e sus funciones, misma que est� acreditada con el acta impugnada, ya que no es necesaria la exhibici�n de la patente, credencial o documento an�logo para que sea legal la ostentaci�n legal, y s�lo si es exigida al fedatario p�blico su identificaci�n, �ste est� obligado a satisfacer tal requerimiento, para actuar conforme al art�culo 15, fracci�n I, del mencionado ordenamiento.

    De lo anterior se advierte que el referido �rgano colegiado se pronunci�, por una parte, sobre la distinci�n que la ley se�ala entre "p�lizas y actas", as� como entre "actos y hechos jur�dicos", para la aplicaci�n de las normas respectivas y, por otra parte, en relaci�n con la obligaci�n o no de los corredores p�blicos de identificarse ante las personas que act�an o en los actos en que participan, as� como respecto de la forma en que debe identificar a estas �ltimas en las actas respectivas, de donde se sigue que en este caso tampoco se actualiza la existencia de la contradicci�n de tesis, toda vez que en este caso, lo examinado no proviene de los mismos elementos del tema denunciado, es decir, si dicho corredor tiene o no facultades para que ante su potestad se otorguen poderes por sociedades mercantiles.

    Por consiguiente, es de concluirse que no existe la contradicci�n entre los criterios sustentados por los citados Tribunales Colegiados al pronunciarse en las resoluciones precisadas en este considerando, toda vez que con independencia de si adoptaron o no posiciones o criterios jur�dicos discrepantes, lo cierto es que su an�lisis parti� del examen de diferentes elementos, lo que los llev� a examinar cuestiones jur�dicas diferentes, incluso abordaron cuestiones ajenas al tema de la contradicci�n denunciado

D�CIMO

En cambio, de las resoluciones transcritas en los considerandos cuarto, quinto y s�ptimo, se desprende que el Noveno Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, al resolver el amparo en revisi�n 1099/98, en el punto materia de examen de esta resoluci�n, estableci�:

  1. El art�culo 6o., fracci�n VI, de la Ley Federal de Corredur�a P�blica concede al corredor p�blico la calidad de fedatario con facultades para intervenir en todos los actos que realicen las sociedades mercantiles.

  2. Sobre ese tema, el art�culo 6o. del reglamento de dicha Ley Federal de Corredur�a P�blica, equipara al corredor p�blico con el notario o fedatario p�blico.

  3. La mencionada ley federal y su reglamento facultan al corredor p�blico para intervenir como fedatario en actos de empresas donde se haga constar la designaci�n y otorgamiento de facultades de representaci�n, tal como, seg�n el tribunal, establece el art�culo 54 del mencionado reglamento.

  4. Si de acuerdo con esas disposiciones legales, los corredores p�blicos pueden, mediante expedici�n de p�lizas, hacer constar la designaci�n y el otorgamiento de facultades de representaci�n de las sociedades mercantiles, es v�lido que a trav�s de esos documentos den fe del otorgamiento de poder para acreditar la personalidad de quienes comparezcan en su nombre en juicio.

    Por su parte, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, al resolver el amparo directo 134/97, en relaci�n a si los corredores p�blicos pueden hacer constar y dar fe del otorgamiento de poderes, que es la cuesti�n a dilucidar en esta resoluci�n de contradicci�n de tesis, consider�:

  5. Que sea cual fuere la redacci�n de la fracci�n VI del art�culo 6o. de la Ley Federal de Corredur�a P�blica, deb�a estimarse que la intenci�n del legislador, al regular la actuaci�n de los corredores p�blicos, fue la de no otorgarles facultades para que ante su fe se otorguen poderes en actos diversos a los de constituci�n, modificaci�n, fusi�n, escisi�n, liquidaci�n o extinci�n de sociedades mercantiles.

  6. Si bien conforme al art�culo 6o., fracci�n V, de aquella ley, corresponde al corredor p�blico actuar como fedatario en actos de naturaleza mercantil, mientras que el art�culo 10 de la Ley General de Sociedades Mercantiles atribuye car�cter mercantil al otorgamiento de poderes de comerciantes, deb�a considerarse que la norma particular excluye a la general y, por tanto, "aquella prohibici�n impl�cita", derivada de la interpretaci�n de la Ley Federal de Corredur�a P�blica y su reglamento, conduc�an a establecer que no era v�lido otorgar poderes ante la fe de corredor p�blico en los casos se�alados.

    El citado Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, que emiti� los razonamientos sintetizados anteriormente, al resolver el diverso juicio de amparo directo 217/98, estableci�:

  7. El corredorp�blico carece de facultades para dar fe del otorgamiento de poderes, en t�rminos del art�culo 6o., fracciones V y VI, de la Ley Federal de Corredur�a P�blica y del art�culo 53, fracci�n V, del reglamento de esa ley.

  8. En esa ejecutoria reprodujo el razonamiento de que sea cual fuere la redacci�n de la fracci�n VI del art�culo 6o. de la Ley Federal de Corredur�a P�blica, la intenci�n del legislador, al regular la actuaci�n de los corredores p�blicos, consisti� en no otorgarles facultades para que ante su fe se otorguen poderes en actos diversos a la constituci�n, modificaci�n, fusi�n, escisi�n, liquidaci�n o extinci�n de sociedades.

    En la ampliaci�n de la denuncia, el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el amparo directo n�mero 146/2002, promovido por Vopak Terminals M�xico, Sociedad An�nima de Capital Variable, el ocho de mayo de dos mil dos, en lo que interesa sostuvo:

  9. El documento exhibido para acreditar la personalidad del promovente no consisti� en copia certificada de un testimonio notarial, sino de una copia cotejada de la referida p�liza.

  10. Dicha p�liza s� es jur�dicamente eficaz para acreditar la personalidad del promovente en un juicio de nulidad, toda vez que de conformidad con lo previsto en la fracci�n V del art�culo 53 del Reglamento de la Ley Federal de Corredur�a P�blica, se constata que el corredor p�blico est� facultado para actuar como fedatario p�blico en la designaci�n de los representantes legales de las sociedades mercantiles y facultades de que est�n investidos, hip�tesis en la que se ubic� Jos� Isa�as Ram�r.L. cuando fue designado consejero suplente del consejo de administraci�n de Vopak Terminals M�xico, S.A. de C.V., con el otorgamiento de los poderes correspondientes.

    En ese contexto, si en el asunto el corredor p�blico dio fe del acta de asamblea en la que se hizo constar la designaci�n de un representante legal de una sociedad mercantil y las facultades de que est� investido, actu� dentro de los par�metros de la ley de la materia y, en consecuencia, el documento es v�lido para acreditar su personalidad en el juicio de nulidad.

    Por su parte, el Tercer Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, al resolver el amparo administrativo en revisi�n 76/2002 (improcedencia), promovido por Industrial de Carpetas Mexicanas, Sociedad An�nima de Capital Variable, el siete de octubre de dos mil dos, en lo que interesa se�al�:

  11. La Ley General de Sociedades Mercantiles establece, en el segundo p�rrafo del art�culo 10, que: "Para que surtan efecto los poderes que otorgue la sociedad mediante acuerdo de la asamblea o del �rgano colegiado de administraci�n, en su caso, bastar� con la protocolizaci�n ante notario de la parte del acta en que conste el acuerdo relativo a su otorgamiento, debidamente firmada por quienes actuaron como presidente o secretario de la asamblea o del �rgano de administraci�n seg�n corresponda, quienes deber�n firmar el instrumento notarial, o en su defecto, lo podr� firmar el delegado especialmente designado para ello en sustituci�n de los anteriores."

  12. De conformidad con el art�culo 51 del C�digo de Comercio, el corredor p�blico es un agente auxiliar de comercio con cuya intervenci�n se propone y ajustan los actos, contratos y convenios, y se certifican hechos mercantiles, pues seg�n el art�culo 6o., fracci�n VI, de la Ley Federal de Corredur�a P�blica, a los corredores p�blicos les corresponde: "Actuar como fedatarios en la constituci�n, modificaci�n, fusi�n, escisi�n, disoluci�n, liquidaci�n y extinci�n de sociedades mercantiles y en los dem�s actos previstos en la Ley General de Sociedades Mercantiles."; y en el art�culo 53, fracci�n V, del Reglamento de la Ley Federal de Corredur�a P�blica, el corredor, en el ejercicio de sus funciones como fedatario p�blico, podr� intervenir: "En la constituci�n, modificaci�n, transformaci�n, fusi�n, escisi�n, disoluci�n, liquidaci�n y extinci�n de sociedades mercantiles, as� como en la designaci�n de sus representantes legales y facultades de que est�n investidos."

  13. De tales dispositivos no se deduce, en forma expresa, facultad alguna de los corredores p�blicos para protocolizar las actas de asamblea en las que las sociedades mercantiles otorguen poderes, es decir, las fracciones VI del art�culo 6o. de la Ley Federal de Corredur�a P�blica y V del numeral 53 de su reglamento, que interpretan la actuaci�n de los corredores p�blicos como fedatarios p�blicos, s�lo les confieren facultades para hacer constar los contratos, convenios, actos o hechos de naturaleza mercantil, pero de ninguna de sus partes se infiere que puedan protocolizar acuerdos de asambleas en los que se realiz� un acto de naturaleza civil como es la representaci�n de las sociedades, toda vez que, como ya qued� relatado, la fe p�blica que se le otorga al corredor p�blico es para hacer constar actos y hechos de naturaleza mercantil, pero no se encuentra facultado para protocolizar un acto civil porque la ley no lo faculta de manera expresa.

  14. Refuerza esta conclusi�n, lo previsto en el �ltimo p�rrafo del art�culo 6o. citado, que dice: "Las anteriores funciones se entender�n sin perjuicio de lo dispuesto en otras leyes y no se consideran exclusivas de los corredores p�blicos.". Esta �ltima parte del precepto, interpretada en sentido inverso al redactado, autoriza a concluir que sus funciones se encuentran limitadas por otras leyes, como en el caso, la Ley General de Sociedades Mercantiles.

  15. No es �bice lo que ordenan los art�culos 38 y 39 del reglamento de la ley referida, que habilitan a los corredores p�blicos como fedatarios a certificar documentos, toda vez que dicha funci�n se otorg� en materia exclusivamente de actos mercantiles, los cuales no incluyen la protocolizaci�n de actas de asamblea de las sociedades mercantiles, ya que de sostenerse lo contrario, la protocolizaci�n de estas actas que hicieran los corredores p�blicos respecto de los poderes con los que se pretende acreditar la personalidad, se podr�an utilizar v�lidamente en cualquier otra materia que no fuera la mercantil, lo cual es ajeno a la competencia del corredor p�blico, porque, en todo caso, sus facultades est�n constre�idas a la expedici�n de certificaciones respecto de los actos o p�lizas en que hayan intervenido.

    Se colige de lo expuesto, que en cuatro de las cinco ejecutorias, los Tribunales Colegiados de Circuito analizaron cada uno por su lado, lo dispuesto en el art�culo 6o., fracci�n VI, de la Ley Federal de Corredur�a P�blica, en cuanto se refiere a la actuaci�n y funci�n del corredor p�blico, y en la quinta lo dispuesto en la fracci�n V del art�culo 53 del reglamento de esa ley, y despu�s del estudio que hicieron en las sentencias respectivas, adoptaron posturas divergentes entre s�, no obstante que partieron de elementos coincidentes; pues mientras el Noveno Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito sostuvo que, con apoyo en el art�culo 6o. de la Ley Federal de Corredur�a P�blica y el reglamento de esa ley, los corredores p�blicos pueden dar fe, con la expedici�n de p�lizas, del otorgamiento de poder por parte de sociedades mercantiles, para que en su nombre se pueda comparecer en juicio; y el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa adopt� una postura similar, pero al interpretar la fracci�n V del art�culo 53 del Reglamento de la Ley Federal de Corredur�a P�blica, se�al� que el corredor p�blico est� facultado para actuar como fedatario p�blico en la designaci�n de los representantes legales de las sociedades mercantiles y facultades de que est�n investidos, con el otorgamiento de los poderes correspondientes, por lo que si el corredor p�blico dio fe del acta de asamblea en la que se hizo constar la designaci�n de un representante legal de una sociedad mercantil (consejero suplente) y las facultades de que est� investido, actu� dentro de los par�metros de la ley de la materia y, en consecuencia, el documento es v�lido para acreditar su personalidad en el juicio de nulidad.

    Por su parte, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito y el Tercer Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, al examinar el propio art�culo 6o. de la Ley Federal de Corredur�a P�blica, sostienen un criterio opuesto, esto es, que el corredor p�blico carece de facultades para dar fe del otorgamiento de poderes, o para protocolizar las actas de asamblea en las que las sociedades mercantiles otorguen poderes porque no autorizan esa funci�n el art�culo 6o. de la multicitada ley, ni el diverso 53 de su reglamento.

    En esos t�rminos, queda demostrado que s� existe la contradicci�n de tesis denunciada.

    No pasa inadvertido que de la ejecutoria pronunciada en el amparo en revisi�n 1099/98, el Noveno Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, deriv� la tesis que redact� con el rubro: "P�LIZAS EMITIDAS POR CORREDOR P�BLICO, SON EQUIPARABLES A LOS TESTIMONIOS NOTARIALES, PARA EFECTOS DE ACREDITAR PERSONALIDAD EN EL JUICIO LABORAL, CUANDO SE TRATA DE SOCIEDADES MERCANTILES.", publicada en la p�gina 1073 del Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, Novena �poca, T.V., diciembre de 1998; sin que el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito haya redactado y publicado formalmente en el Semanario mencionado la tesis que sostuvo en las ejecutorias que pronunci� en los juicios de amparo directo n�meros 134/97 y 217/98; lo cual carece de relevancia en la resoluci�n de la presente contradicci�n, ya que para que �sta exista no es indispensable que se redacte sint�ticamente ni se publique el criterio jur�dico sustentado, en virtud de las razones que se especifican en la tesis emitida por la Segunda S. de este Supremo Tribunal Federal, que esta Primera S. hace suya, y enseguida se reproduce:

    "Novena �poca

    "Instancia: Segunda S.

    "Fuente: Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta

    "T.o: VII, mayo de 1998

    "Tesis: 2a. LXVII/98

    "P�gina: 587

    "CONTRADICCI�N DE TESIS. SU EXISTENCIA REQUIERE DE CRITERIOS DIVERGENTES PLASMADOS EN DIVERSAS EJECUTORIAS, A PESAR DE QUE NO SE HAYAN REDACTADO EN LA FORMA ESTABLECIDA NI PUBLICADO. Los art�culos 107, fracci�n XIII, de la Constituci�n General de la Rep�blica, 197 y 197-A de la Ley de A., regulan la contradicci�n de tesis sobre una misma cuesti�n jur�dica como forma o sistema de integraci�n de jurisprudencia, desprendi�ndose que la tesis a que se refieren es el criterio jur�dico sustentado por un �rgano jurisdiccional al examinar un punto concreto de derecho, cuya hip�tesis, con caracter�sticas de generalidad y abstracci�n, puede actualizarse en otros asuntos, criterio que, adem�s, en t�rminos de lo establecido en el art�culo 195 de la citada legislaci�n, debe redactarse de manera sint�tica, controlarse y difundirse, formalidad que de no cumplirse no le priva del car�cter de tesis, en tanto esta investidura la adquiere por el solo hecho de reunir los requisitos inicialmente enunciados. Por consiguiente, puede afirmarse que no existe tesis sin ejecutoria, pero que ya existiendo �sta, hay tesis a pesar de que no se haya redactado en la forma establecida ni publicado y, en tales condiciones, es susceptible de formar parte de la contradicci�n que establecen los preceptos citados.

    Contradicci�n de tesis 6/98. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero y Segundo en Materia Administrativa del Primer Circuito. 3 de abril de 1998. Cinco votos. Ponente: J.D.�az R.. Secretario: A.C.�s G.�n.

    No est� de sobra mencionar, que no es obst�culo para que se configure la contradicci�n de tesis, el hecho de que el criterio sostenido por el Noveno Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, pudiera considerarse impl�cito por lo que ve a la referencia de poder pues de cualquier manera claramente se advierte que el criterio que sostuvo en la ejecutoria que pronunci� al resolver el amparo en revisi�n n�mero RT. 1099/98, tiene estrecha relaci�n con ese acto jur�dico, y se apoy� en el examen del art�culo 6o. de la Ley Federal de Corredur�a P�blica, que est� en oposici�n al criterio que sobre ese tema sustentaron el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito y el Tercer Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, en las ejecutorias de los juicios de amparo directo n�meros 134/97, 217/98 y el amparo administrativo en revisi�n n�mero 76/2002 (improcedencia), respectivamente, por esa raz�n es dable invocar la tesis dictada por la Segunda S. de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, del tenor siguiente:

    "Novena �poca

    "Instancia: Segunda S.

    "Fuente: Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta

    "T.o: II, septiembre de 1995

    "Tesis: 2a. LXXVIII/95

    "P�gina: 372

    "CONTRADICCI�N DE TESIS. PROCEDE SU AN�LISIS AUNQUE UNO DE LOS CRITERIOS DIVERGENTES SEA IMPL�CITO, SIEMPRE Y CUANDO EL SENTIDO DE �STE PUEDA DEDUCIRSE INDUBITABLEMENTE. El hecho de que uno de los criterios divergentes materia de la contradicci�n de tesis denunciada, sea impl�cito, no impide que pueda analizarse y resolverse la contradicci�n planteada, pero para que la divergencia tenga jur�dicamente los mismos efectos que un desacuerdo expreso al resolver cuestiones esencialmente iguales, se requiere que el sentido atribuido al criterio t�cito sea indubitable.

    Contradicci�n de tesis 33/94. Entre los Tribunales Colegiados Primero y Noveno en Materia de Trabajo del Primer Circuito. 23 de junio de 1995. Cinco votos. Ponente: G.D.G.�ngora P.. Secretaria: R.B.V.�zquez.

D�CIMO PRIMERO

Debe prevalecer con car�cter de jurisprudencia, el criterio sustentado por esta Primera S. de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, en t�rminos de las siguientes consideraciones:

Como ya qued� establecido, la presente contradicci�n de tesis consiste en determinar si de conformidad con lo dispuesto en el art�culo 6o. de la Ley Federal de Corredur�a P�blica y el reglamento de esa ley, los corredores p�blicos pueden dar fe, con la expedici�n de p�lizas, del otorgamiento de poder por parte de sociedades mercantiles, o si carece de facultades para dar fe del otorgamiento de poderes, porque no autorizan esa funci�n los art�culos 6o. de la citada ley, ni el diverso 53 de su reglamento.

Ahora bien, como antecedentes relevantes vinculados a la naturaleza y actividad del corredor, resulta necesario precisar que el decreto de la vigente Ley Federal de Corredur�a P�blica, se public� en el Diario Oficial de la Federaci�n de veintinueve de diciembre de mil novecientos noventa y dos, y de conformidad con el art�culo primero transitorio de ese decreto, entr� en vigor treinta d�as despu�s de su publicaci�n.

El citado decreto derog� los art�culos 51 a 74, comprendidos en el t�tulo tercero del libro primero del C�digo de Comercio, que reglamentaban la actividad de los corredores.

El art�culo 51 derogado del C�digo de Comercio defin�a al corredor como el agente auxiliar del comercio que interven�a en la proposici�n y establecimiento de los actos, contratos y convenios, as� como en la certificaci�n de los hechos mercantiles.

Conforme a ese precepto, el corredor ten�a fe p�blica cuando expresamente lo facultaba el mencionado c�digo u otras leyes, y pod�a actuar como perito en asuntos de tr�fico mercantil.

De conformidad con el art�culo 52 derogado del C�digo de Comercio, s�lo pod�an ejercer la actividad de corredor las personas que habilitaba la Secretar�a de Industria y Comercio o los gobernadores de los Estados.

Las actas y p�lizas que autorizaban los corredores, surt�an efectos de un instrumento p�blico, ya que as� lo decretaba el art�culo 67 derogado del C�digo de Comercio. Este precepto determinaba a la p�liza como el instrumento redactado por el corredor para hacer constar un contrato mercantil en el que estuviera autorizado para intervenir como funcionario revestido de fe p�blica.

Para ser corredor p�blico, el art�culo 54 derogado del referido C�digo de Comercio exig�a los siguientes requisitos:

"Art�culo 54. Para ser corredor se requiere:

"I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno ejercicio de sus derechos civiles;

"II. Estar domiciliado en la plaza en que se ha de ejercer;

"III. Haber practicado como aspirante durante seis meses en el despacho de alg�n corredor en ejercicio;

"IV. Ser de absoluta moralidad;

"V. Tener t�tulo de licenciado en relaciones comerciales o de licenciado en derecho;

"VI. Tener el car�cter de aspirante y aprobar el examen pr�ctico, jur�dico mercantil y el de oposici�n en su caso, ante el colegio de corredores respectivos; y

VII. Obtener la habilitaci�n a que se refiere el art�culo 56 que se otorgar� cuando a juicio de la autoridad correspondiente se hayan cumplido satisfactoriamente todos los requisitos establecidos en las fracciones anteriores.

En relaci�n con esa legislaci�n, la funci�n originaria del corredor consist�a en poner en mutua relaci�n a las personas interesadas en celebrar un contrato, o buscar la persona que, al concertar el correspondiente negocio jur�dico, pudiera satisfacer las necesidades manifestadas por otra; adem�s, la intervenci�n del corredor en el perfeccionamiento de los contratos tuvo como consecuencia el empleo de sus servicios no s�lo para concertarlos, sino para concretarlos y ejecutarlos.

Las funciones de perito mercantil y fedatario que con el transcurso del tiempo pasaron a formar parte de la actividad del corredor, adem�s de la tradicional de mediador, surgieron si al dar cumplimiento al contrato, una de las partes consideraba que no se ejecutaba fielmente lo pactado, el corredor pod�a, por su conocimiento general del comercio y particular del convenio celebrado, decidir si la prestaci�n realizada correspond�a o no correspond�a con la contratada; y claro, que si la discrepancia versaba sobre la existencia o contenido de determinada cl�usula o del contrato mismo, nadie m�s indicado que el propio corredor, por cuya intervenci�n hab�an entrado las partes en tratos para atestiguar si se hab�a perfeccionado el contrato, o si no hab�an llegado a un entendimiento y, en su caso, cu�les hab�an sido las cl�usulas estipuladas.

As�, los corredores pod�an ser p�blicos o titulados, as� como privados o no titulados; los primeros eran los �nicos que pod�an dar fe p�blica de los actos en que interven�an y actuaban como peritos en las materias de su competencia, y los segundos, eran simples comerciantes particulares cuya actividad mercantil era de mediaci�n.

El corredor ten�a ya el car�cter de funcionario de fe p�blica al ejercer la facultad de imprimir fe, autorizar y hacer constar los actos o contratos en que interven�a en el ejercicio legal de su profesi�n, este aspecto se destacaba desde el derogado art�culo 66 del C�digo de Comercio, cuando establec�a que las p�lizas y actas de los corredores ten�an igual valor probatorio y efectos jur�dicos, similares a los instrumentos p�blicos.

Para la mejor comprensi�n del asunto, es necesario tomar en cuenta lo que se entiende en t�rminos generales como escritura, testimonio, instrumento p�blico, p�liza y en qu� consiste la fe p�blica.

Ahora bien, como instrumento p�blico se debe entender a aquel documento o escritura otorgada ante la persona autorizada por la ley con las formalidades correspondientes, para que dicho instrumento adquiera valor como aut�ntico con tal de que en �l concurran las mencionadas formalidades, es decir, que se equipara a un testimonio que no es otra cosa que el documento legalizado por la persona que conforme a la ley tiene fe p�blica y hace constar en dicho instrumento alg�n acto o hecho, el cual por s� solo comprueba la certeza o verdad de alguna cosa.

En t�rminos legales, la escritura p�blica es el original que el notario (fedatario) asienta en folios, para hacer constar un acto o hecho jur�dicos y que firmados por los comparecientes, elnotario autorice con su sello y firma. La escritura p�blica obra en poder del notario o, en su caso, transcurrido determinado tiempo en el archivo correspondiente, por otra parte, el testimonio es la copia en la que se transcribe �ntegramente una escritura p�blica.

Los testimonios se expiden a solicitud de las partes interesadas (otorgantes), la copia certificada de un contrato o acto jur�dico es la fiel reproducci�n total o parcial de una escritura o acta, as� como sus respectivos documentos del ap�ndice e �ndice, dicha copia certificada debe estar avalada con sello y firma del notario. As�, la p�liza es el instrumento que contiene actos jur�dicos de car�cter mercantil que celebran generalmente sociedades mercantiles o comerciantes.

De lo anterior se sigue que se trata de una funci�n de orden p�blico, toda vez que el fedatario p�blico act�a por delegaci�n del Estado, con el objeto de satisfacer las necesidades de inter�s social: autenticidad, certeza y seguridad jur�dica de los actos y hechos jur�dicos; por tanto, es un servicio p�blico regulado por el Estado, de ah� la obligaci�n del notario para actuar y prestar sus servicios cuando sea requerido.

El fedatario p�blico es una persona que por disposici�n de la ley recibe la fe p�blica del Estado, por un acto de delegaci�n.

Asimismo, el fedatario est� facultado para autenticar y dar forma en los t�rminos de ley a los instrumentos en que se consignen actos y hechos jur�dicos, por lo que �stos al ser certificados por el notario o corredor tienen el car�cter de aut�nticos, y valen erga omnes, esto es, con efectos generales, adem�s debe asesorar a los otorgantes y comparecientes.

En este contexto, es relevante precisar en qu� consiste el que el notario o corredor sea una persona investida de fe p�blica.

La fe p�blica es originalmente un atributo del Estado que tiene en virtud de su imperio y es ejercitada a trav�s de los �rganos estatales. De acuerdo con el sistema jur�dico mexicano, el fedatario, sin formar parte de la organizaci�n del Poder Ejecutivo, es vigilado por �l y por disposici�n de la ley recibe la fe p�blica del Estado, por medio de la patente respectiva.

En tales t�rminos, se puede concluir que la fe p�blica es la garant�a que da el Estado de que son ciertos determinados hechos que interesan al derecho. De ah� que la fe p�blica debe considerarse como la garant�a de seguridad jur�dica que da el fedatario tanto al Estado como al particular, al determinar que el acto se otorg� conforme a derecho y que lo relacionado con �l es cierto. Esta funci�n del fedatario contribuye al orden p�blico, a la tranquilidad de la sociedad en que act�a y da certeza jur�dica.

Precisado lo anterior, la vigente Ley Federal de Corredur�a P�blica que, como antes se mencion�, fue publicada en el Diario Oficial de la Federaci�n de veintinueve de diciembre de mil novecientos noventa y dos, y entr� en vigor treinta d�as despu�s de esa publicaci�n, introdujo novedosas funciones que antes no ten�an los corredores, o las ten�an sumamente restringidas.

Para mayor comprensi�n del precepto de que se trata, enseguida se transcribe:

"Art�culo 6o. Al corredor p�blico corresponde:

"I. Actuar como agente mediador, para transmitir e intercambiar propuestas entre dos o m�s partes y asesorar en la celebraci�n o ajuste de cualquier contrato o convenio de naturaleza mercantil;

"II. Fungir como perito valuador, para estimar, cuantificar y valorar los bienes, servicios, derechos y obligaciones que se sometan a su consideraci�n, por nombramiento privado o por mandato de autoridad competente;

"III. Asesorar jur�dicamente a los comerciantes en las actividades propias del comercio;

"IV. Actuar como �rbitro, a solicitud de las partes, en la soluci�n de controversias derivadas de actos, contratos o convenios de naturaleza mercantil, as� como las que resulten entre proveedores y consumidores, de acuerdo con la ley de la materia;

"V. Actuar como fedatario p�blico para hacer constar los contratos, convenios, actos y hechos de naturaleza mercantil, excepto en trat�ndose de inmuebles; as� como en la emisi�n de obligaciones y otros t�tulos valor; en hipotecas sobre buques, nav�os y aeronaves que se celebren ante �l, y en el otorgamiento de cr�ditos refaccionarios o de habilitaci�n o av�o, de acuerdo con la ley de la materia;

"VI. Actuar como fedatarios en la constituci�n, modificaci�n, fusi�n, escisi�n, disoluci�n, liquidaci�n y extinci�n de sociedades mercantiles y en los dem�s actos previstos en la Ley General de Sociedades Mercantiles; y

"VII. Las dem�s funciones que le se�alen esta y otras leyes o reglamentos.

Las anteriores funciones se entender�n sin perjuicio de lo dispuesto en otras leyes y no se consideran exclusivas de los corredores p�blicos.

La fracci�n I de ese numeral atribuye al corredor p�blico la calidad de agente mediador, ya que lo autoriza a participar con esa caracter�stica en la trasmisi�n e intercambio de propuestas entre dos o m�s partes, as� como la calidad de asesor jur�dico en la celebraci�n o ajuste de cualquier contrato o convenio de naturaleza mercantil, lo cual corrobora la fracci�n III del numeral citado.

El corredor puede, asimismo, fungir como perito valuador, en los t�rminos de la fracci�n II del precepto en cuesti�n.

Puede actuar como �rbitro, a solicitud de las partes, en la soluci�n de controversias derivadas de actos, contratos o convenios de naturaleza mercantil, seg�n indica la fracci�n IV del precepto en comento.

La funci�n de fedatario p�blico del corredor est� prevista en las fracciones V y VI del propio precepto, pues adem�s de que as� lo se�alan expresamente, le conceden la encomienda de hacer constar los contratos, actos y hechos de naturaleza mercantil, siempre y cuando no tengan por objeto la afectaci�n de bienes inmuebles. Tambi�n lo facultan para dar fe del nacimiento, evoluci�n, modificaci�n y extinci�n de sociedades mercantiles, y de los dem�s actos previstos en la Ley General de Sociedades Mercantiles.

Esto es, la intervenci�n del corredor se constri�e a la mera intervenci�n como asesor en las diferentes transacciones de �ndole mercantil, como mediador o consejero de las partes que intervienen en los respectivos actos de comercio y dar testimonio de la legalidad de esos actos para otorgar certeza jur�dica de los actos celebrados, expresando en el respectivo documento todas las circunstancias de que se hayan percatado en el evento, es decir, dar fe de c�mo se llevaron a cabo los actos o hechos jur�dicos en los que se solicit� su intervenci�n como fedatarios.

As�, en la fracci�n VII del referido precepto, se reservan al corredor las dem�s funciones que le se�alen aqu�lla y otras leyes o reglamentos.

Para la mejor comprensi�n del tema a tratar, debe realizarse la interpretaci�n gramatical, hist�rica, teleol�gica y sistem�tica de las disposiciones que otorgan facultades a los corredores p�blicos.

En esos t�rminos, para determinar si el corredor p�blico puede o no dar fe del otorgamiento de un poder, se debe atender al derecho vigente, esto es, al que se aplica conforme a lo que las normas jur�dicas establecen.

Conforme a la interpretaci�n gramatical, atendiendo a la naturaleza del origen de la funci�n del corredor p�blico, hay que partir de la premisa de que aun cuando el numeral transcrito no dice expresamente que al corredor corresponde dar fe del otorgamiento de poder deja abierta esa posibilidad, aunque debe entenderse que la limita s�lo en determinados actos y dentro de la materia mercantil, pues lo autoriza a actuar como fedatario p�blico para hacer constar los contratos, convenios, actos y hechos de naturaleza mercantil, excepto en trat�ndose de inmuebles; y para actuar como fedatario en la constituci�n, modificaci�n, fusi�n, escisi�n, disoluci�n, liquidaci�n y extinci�n de sociedades mercantiles, y en los dem�s actos previstos en la Ley General de Sociedades Mercantiles.

El art�culo 10 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, establece:

"Art�culo 10. La representaci�n de toda sociedad mercantil corresponder� a su administrador o administradores, quienes podr�n realizar todas las operaciones inherentes al objeto de la sociedad, salvo lo que expresamente establezcan la ley y el contrato social.

"Para que surtan efecto los poderes que otorgue la sociedad mediante acuerdo de la asamblea o del �rgano colegiado de administraci�n, en su caso, bastar� con la protocolizaci�n ante notario de la parte del acta en que conste el acuerdo relativo a su otorgamiento, debidamente firmada por quienes actuaron como presidente o secretario de la asamblea o del �rgano de administraci�n seg�n corresponda, quienes deber�n firmar el instrumento notarial, o en su defecto lo podr� firmar el delegado especialmente designado para ello en sustituci�n de los anteriores.

"El notario har� constar en el instrumento correspondiente, mediante la relaci�n, inserci�n o el agregado al ap�ndice de las certificaciones, en lo conducente, de los documentos que al efecto se le exhiban, la denominaci�n o raz�n social de la sociedad, su domicilio, duraci�n, importe del capital social y objeto de la misma, as� como las facultades que conforme a sus estatutos le correspondan al �rgano que acord� el otorgamiento del poder y, en su caso, la designaci�n de los miembros del �rgano de administraci�n.

Si la sociedad otorgare el poder por conducto de una persona distinta a los �rganos mencionados, en adici�n a la relaci�n o inserci�n indicadas en el p�rrafo anterior, se deber� dejar acreditado que dicha persona tiene las facultades para ello.

Entre los actos que autoriza el precepto transcrito, se encuentra el otorgamiento de un poder, sin que esta ley exija mayores requisitos para que surtan efecto los poderes que otorgue la sociedad, mediante acuerdo de la asamblea o del �rgano colegiado de administraci�n, en su caso, que la protocolizaci�n ante notario de la parte del acta en que conste el acuerdo relativo a su otorgamiento, y si la sociedad otorgare el poder por conducto de una persona distinta a los �rganos mencionados, en adici�n a la relaci�n o inserci�n indicadas, se debe dejar acreditado que dicha persona tiene facultades para ello.

Asimismo, el precepto citado anteriormente alude en su redacci�n a dos tipos de representaci�n, la org�nica o la voluntaria o contractual, pues en su primer p�rrafo establece que la representaci�n de toda sociedad mercantil corresponder� a su administrador o administradores, quienes podr�n realizar todas las operaciones inherentes al objeto de la sociedad, salvo lo que expresamente establezcan la ley y el contrato social, de donde se sigue que en esta parte se refiere exclusivamente a la representaci�n org�nica que es aquella facultad concedida a una persona llamada representante (consejero, administrador �nico, director general o gerente y delegado), para obrar a nombre y por cuenta de otra denominada representada (sociedad), siempre y cuando dicha facultad sea concedida por disposici�n de la ley, la cual se sujeta a los l�mites establecidos en la escritura constitutiva o en los poderes respectivos.

As�, se distingue entre representaci�n funcional u org�nica, de la negocial u otorgada, en virtud de un mandato, pues en los p�rrafos subsecuentes, el citado numeral hace referencia a la representaci�n voluntaria o contractual, que es aquella que deriva de la voluntad de una de las partes del contrato, en este caso, deriva del propio contrato de mandato mas no de la ley, porque el mandante (quiere otorgarlo) confiere facultades al mandatario (acepta la representaci�n) precisamente a trav�s del otorgamiento de un poder.

La representaci�n y el mandato se distinguen de una manera especial en una persona moral, dado que los representantes legales de �sta son �rganos para la formaci�n y ejecuci�n de la voluntad social y por ello, en cierto sentido, son parte integrante de la misma persona moral y se identifican con ella, en tanto que los mandatarios de la misma persona moral no forman parte de �sta, sino que son personas extra�as a la persona moral en cuesti�n.

Esta diferencia se basa en que el objeto de una sociedad tiene dos dimensiones en contraste, a saber, un lado negativo, por cuanto los representantes legales de ella no est�n facultados ni pueden realizar actos que sean contrarios o ajenos al objeto social, y otro lado positivo, en virtud de que dichos representantes legales, en principio, est�n facultados y pueden llevar a cabo todos los actos que se requieran para la realizaci�n del objeto social, salvo lo que expresamente establezca la ley o el contrato social.

En cambio, para los mandatarios, aun los de una sociedad, rige la regla inversa, o sea, que sus facultades son s�lo aquellas que expresamente se les hayan conferido para realizar determinados actos a nombre del mandante.

Entonces, si el corredor p�blico interviene como fedatario p�blico, entre otros actos en la constituci�n, modificaci�n, transformaci�n, fusi�n, escisi�n, disoluci�n, liquidaci�n y extinci�n de sociedades mercantiles, as� como en la designaci�n de sus representantes legales y facultades de que est�n investidos, las p�lizas o actas emitidas por el corredor p�blico, pero estos actos jur�dicos tienen una naturaleza exclusivamente mercantil, de manera que la designaci�n de representantes legales y las facultades con que est�n investidos los �rganos de la sociedad, es una circunstancia que tiene que hacer constar el corredor p�blico, de acuerdo a la naturaleza de ese tipo de sociedades; sin embargo, estas facultades se refieren exclusivamente a la representaci�n org�nica de la administraci�n de la sociedad, pues cualquier otro tipo de poder que se otorgue por los miembros de la misma que tengan facultades para ello se deber� realizar ante un fedatario p�blico distinto (notario p�blico), en tanto que se refiere a la representaci�n convencional o contractual de la sociedad.

En efecto, partiendo de las anteriores consideraciones, el corredor p�blico puede hacer constar actos jur�dicos relativos a las sociedades mercantiles en t�rminos del transcrito art�culo 6o. de la Ley Federal de Corredur�a P�blica, quedando comprendido en tales actos el nombramiento y facultamiento a los �rganos de representaci�n de las sociedades mercantiles (consejo de administraci�n, administradores o gerentes) quienes en t�rminos de la Ley General de Sociedades Mercantiles, representan org�nicamente a la sociedad; sin embargo, el corredor p�blico no est� facultado para dar fe del otorgamiento de poderes o mandatos que son actos jur�dicos de �ndole civil regulados por la legislaci�n com�n, pues el mandato es un contrato que se encuentra previsto en los C�digos Civiles de todas las entidades federativas del pa�s, y se define como el contrato por el que el mandatario se obliga a ejecutar por cuenta del mandante los actos jur�dicos que �ste le encarga, el mandatario desempe�a generalmente el mandato en nombre del mandante, esto es, en representaci�n del mandante y esta representaci�n es la conocida como representaci�n voluntaria, pues encuentra su fuente en la voluntad de las partes y se confiere precisamente a trav�s del otorgamiento de un poder, siendo en esa legislaci�n local en la que se establece la forma necesaria para la validez del mismo.

Esto es, la representaci�n org�nica de una sociedad mercantil, se determina conforme a lo dispuesto por la Ley General de Sociedades Mercantiles (art�culo 10, primer p�rrafo) y se precisa en los estatutos que la rigen, pues �stos se establecen para la organizaci�n y funcionamiento de la sociedad, por lo que si en dichos estatutos se establece que tal representaci�n corresponde ejercerla a determinado �rgano de la sociedad, es notorio que s�lo �ste se encuentra facultado para ello, toda vez que generalmente es en el acto constitutivo de la sociedad en donde se se�alan las facultades de los �rganos que los dirigen.

Al respecto, resulta ilustrativo el criterio sustentado por la anterior integraci�n de la Tercera S. de este Alto Tribunal, en la siguiente tesis:

"Octava �poca

"Instancia: Tercera S.

"Fuente: Semanario Judicial de la Federaci�n

"T.o: VIII, agosto de 1991

"Tesis: 3a. XXX/91

"P�gina: 91

"SOCIEDADES MERCANTILES. SU REPRESENTACI�N LEGAL NO RECAE AUTOM�TICAMENTE POR SU SOLO NOMBRAMIENTO EN EL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACI�N. Es inexacto que el presidente del consejo de administraci�n de una sociedad mercantil, por el solo hecho de su nombramiento, tenga la facultad de representar a la sociedad en raz�n de otorgarle la ley esa atribuci�n. Del contenido de los art�culos 10, 142, 143 y 148 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, se desprende que la representaci�n legal de dichas personas morales corresponde al administrador �nico, cuando ha sido �ste el sistema adoptado en el contrato social, o al consejo de administraci�n como �rgano colegiado; mientras que la representaci�n que del consejo recae en su presidente �nicamente se refiera a la ejecuci�n de acuerdos del propio consejo en caso de que no se haya hecho la designaci�n de un delegado especial para tal efecto. Por tanto, si la empresa cuenta con un consejo de administraci�n, es a �ste a quien corresponde la representaci�n legal, en su car�cter de �rgano colegiado, salvo que los estatutos establezcan un sistema distinto.

A. en revisi�n 3797/89. Inmobiliaria Colar, S.A. de C.V. 28 de enero de 1991. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: J.A.L.D.. Secretario: A.S.M.V.�s.

En cuanto a la representaci�n convencional o voluntaria, se actualiza cuando un representante de la sociedad (ya sea que la legitimaci�n la haya adquirido con el car�cter de org�nica o voluntaria), en virtud de las facultades que tiene, a su vez las delega facultando a un mandatario para ejecutar por cuenta de la sociedad mandante, los actos jur�dicos que �sta le encarga y para cuyo otorgamiento se requiere la forma jur�dica del mandato, que como ya se dijo, regulan los C�digos Civiles de las entidades federativas que conforman la Rep�blica mexicana.

Sobre este aspecto, la anterior integraci�n del Tribunal Pleno, sustent� el siguiente criterio:

"Octava �poca

"Instancia: Pleno

"Fuente: Semanario Judicial de la Federaci�n

"T.o: I, Primera Parte-1, enero a junio de 1988

"P�gina: 112

"SOCIEDADES MERCANTILES, REPRESENTACI�N CONVENCIONAL DE LAS. De acuerdo con lo dispuesto por el art�culo 6o. de la Ley General de Sociedades Mercantiles, la escritura constitutiva de una sociedad debe contener los requisitos que ese precepto menciona, pero trat�ndose del mandato que la sociedad otorga en los t�rminos de la legislaci�n civil, no es necesario que el testimonio notarial correspondiente contenga insertas todas las cl�usulas a que se refiere la disposici�n aludida, pues la condici�n necesaria para que el apoderado justifique plenamente su personalidad es que en la escritura de mandato que exhiba conste la existencia legal de la sociedad por quien gestiona, as� como la circunstancia de que quien le otorg� el poder se encuentra facultado por el �rgano de la sociedad que tiene competencia para ello.

A. en revisi�n 6689/84. Arancia Aceites La Gloria, S.A. de C.V. 16 de febrero de 1988. Mayor�a de veinte votos de los se�ores Ministros: L�pez Contreras, C.M.�n, Alba Leyva, A.G.�itr�n, Casta��n Le�n, D�az Infante, F.�ndez Doblado, P.�n V., A.G., R.�guez R.�n, M.D., G.�rrez de V., G.M.�nez, V.L., M.F., Su�rez Torres, C.G.�rrez, D�az R., S.O.��ez y presidente C.d.R.�o R.�guez, contra el voto de: de S.N.. Ponente: J.D.�az R.. Secretario: C.R.S..

Asimismo, el C�digo de Comercio (art�culos 273 y siguientes), regula la figura del mandato aplicado a actos concretos de comercio, denominado en este caso comisi�n mercantil, escomitente el que confiere la comisi�n mercantil y comisionista el que la desempe�a; para su otorgamiento no se requiere formalidad de escritura p�blica, siendo suficiente que conste por escrito o inclusive de palabra, pero ratificada por escrito antes que el negocio concluya, con la peculiaridad en este mandato que cuando el comisionista contratare expresamente en nombre del comitente, no contraer� obligaci�n propia, rigi�ndose en este caso sus derechos y obligaciones como simple mandatario mercantil por las disposiciones del derecho com�n (art�culo 285 del C�digo de Comercio); sin embargo, en el otorgamiento de este tipo de mandato s� puede intervenir y dar fe el corredor p�blico, porque se rige por normas distintas a las del mandato civil.

Por otra parte, si bien el art�culo 10 de la Ley General de Sociedades Mercantiles (en el segundo y siguiente p�rrafos que se refieren a la representaci�n voluntaria y que alude expresamente al notario p�blico y no al corredor p�blico), esa situaci�n se encuentra de alguna manera aclarada con la interpretaci�n de este art�culo hecha por esta Primera S.. Es decir, que la ley especial s�lo otorga facultades al corredor p�blico para llevar a cabo ciertos actos relacionados con la disposici�n transcrita, ello referido a la representaci�n org�nica contenida en el primer p�rrafo, as� que debe interpretarse sistem�ticamente armoniz�ndose con lo dispuesto en el art�culo 6o. del Reglamento de la Ley Federal de Corredur�a P�blica, pues remite a ese y otros preceptos que se refieren al notario p�blico, e indica que tal referencia se debe entender hecha al corredor p�blico, siempre y cuando se limite a las atribuciones de fedatario en materia mercantil, como lo demuestra su transcripci�n:

Art�culo 6o. Para efectos de las fracciones V, VI y VII del art�culo 6o. de la ley, cuando en las leyes o reglamentos se haga referencia a ?notario o fedatario p�blico?, ?escritura?, ?protocolo? y ?protocolizaci�n?, se entender� que se refiere a ?corredor p�blico?, a la ?p�liza expedida por corredor?, a cualquier ?libro de registro del corredor? y al hecho de ?asentar alg�n acto en los libros de registro del corredor?, respectivamente.

Esto es, si bien el art�culo 6o. de la Ley Federal de Corredur�a P�blica deja abierta la posibilidad de que el corredor p�blico tambi�n est� legalmente capacitado para dar fe de la designaci�n de representantes legales de sociedades mercantiles y facultades de que est�n investidos, por ser la representaci�n org�nica de naturaleza mercantil, el hecho de que el art�culo 20 de esa ley que contiene el cat�logo de prohibiciones del corredor p�blico, no prev� expresamente de que participe en la confecci�n del poder, si bien no puede significar que por ello est� autorizado a participar en ella, tambi�n patentiza que el legislador no juzg� conveniente prohibir totalmente esa funci�n, sino constre�irla a ciertos actos de la materia mercantil, es decir, cuando se trata de la representaci�n org�nica de las sociedades mercantiles, mas no significa que el corredor pueda participar en una materia reservada al �mbito local, ya que siendo la funci�n del corredor, cuando act�a como fedatario p�blico, una funci�n de orden p�blico, debe su competencia limitarse exclusivamente a la materia mercantil para el cual est� autorizado, pues el precepto citado en segundo t�rmino indica:

"Art�culo 20. A los corredores les estar� prohibido:

"I. Comerciar por cuenta propia o ser comisionistas;

"II. Ser factores o dependientes;

"III. Adquirir para s� o para su c�nyuge, ascendientes o descendientes, o parientes colaterales hasta el cuarto grado, los efectos que se negocien por su conducto;

"IV. Expedir copias certificadas de constancias que no obren en su archivo o libro de registro, o no expedirlos �ntegramente, o de documentos mercantiles cuando sus originales no les hubieran sido presentados para su cotejo;

"V. Ser servidores p�blicos o militares en activo;

"VI. Desempe�ar el mandato judicial;

"VII. Actuar como fedatario en caso de que intervengan por s� o en representaci�n de tercera persona, su c�nyuge, sus parientes consangu�neos o afines en l�nea recta sin limitaci�n de grados, los consangu�neos en la colateral hasta en el cuarto grado inclusive, y los afines en la colateral hasta en el segundo grado;

"VIII. Ejercer funciones de fedatario si el acto o hecho interesa al corredor, a su c�nyuge o a alguno de sus parientes en los grados que expresa la fracci�n inmediata anterior;

"IX. Recibir y conservar en dep�sito sumas de dinero, valores o documentos que representen numerario con motivo de los actos o hechos en que intervengan como fedatarios, excepto en los siguientes casos:

"

  1. El dinero o cheques destinados al pago de impuestos o derechos causados por las actas o p�lizas efectuadas ante ellos; o

  2. En los dem�s casos en que las leyes as� lo permitan.

"X. Ejercer su actividad si el hecho o el fin del acto es legalmente imposible o contrario a la ley o a las buenas costumbres; y

XI. Las dem�s que establezcan las leyes y reglamentos.

Lo se�alado se corrobora con la interpretaci�n hist�rica del art�culo 6o. de la Ley Federal de Corredur�a P�blica que interesa, toda vez que no escapa al conocimiento de esta Primera S., que el once de diciembre de mil novecientos noventa y dos, cuando emitieron su dictamen las comisiones respectivas de la C�mara de Senadores, como C�mara de Origen, sobre la iniciativa de ley presentada por el Ejecutivo Federal, de veinticinco de noviembre del propio a�o, propusieron que en el art�culo 6o., fracci�n VI, de la iniciativa en comento, no se incluyera entre las atribuciones de los corredores p�blicos, la expresi�n: as� como en los poderes que �stos otorguen, modifiquen o revoquen, ya que consideraron que esa funci�n deb�a reservarse a los notarios p�blicos, habida cuenta su car�cter eminentemente civil y su pertenencia al �mbito de competencia local. En la discusi�n se advirti� sobre la pertinencia de esa propuesta, pues seg�n se dijo, para evitar confusiones o interpretaciones respecto de la naturaleza civil de los actos relativos al otorgamiento, modificaci�n o revocaci�n de poderes, por lo que se ha optado por reservar esa facultad a los notarios. Adem�s, la regulaci�n respectiva ha correspondido siempre al derecho com�n, de lo contrario, anotaron, se podr�a dar lugar a interpretaciones respecto de invasi�n de competencia por parte de la Federaci�n en contra de los Estados, o de conflicto de jurisdicciones.

Esa exposici�n basada en que los poderes solamente deben darse ante la fe de notario p�blico porque tienen car�cter eminentemente civil y pertenecen a la competencia local, no es una nota aislada que no sirva de sustento a la conclusi�n de que conforme a la legislaci�n en consulta, los corredores p�blicos s�lo est�n en aptitud de hacer constar la designaci�n de representantes legales y las facultades de que est�n investidos y que deban conferir las sociedades mercantiles en cuanto a su estructura org�nica, ya sea mediante acuerdo de la asamblea del �rgano de administraci�n, mas no cuando se trate del otorgamiento de un poder, representaci�n voluntaria distinta de la representaci�n org�nica de la sociedad; pues en ese caso s� es un acto de naturaleza civil, mientras que esa actuaci�n del corredor, trat�ndose de la constituci�n, modificaci�n, transformaci�n, fusi�n, escisi�n, disoluci�n, liquidaci�n y extinci�n de sociedades mercantiles, pertenece al campo mercantil, seg�n se ha visto, y en t�rminos del art�culo 73, fracci�n X, de la Constituci�n Federal, el Congreso de la U.�n tiene facultad para legislar en toda la Rep�blica sobre la materia de comercio, en tanto que a la luz del art�culo 124 de esa N.F., solamente las facultades que no est�n expresamente concedidas por la Constituci�n a los funcionarios de la Federaci�n, se entienden reservadas a los Estados; por lo que si esa prerrogativa no pertenece a las entidades federativas, en todo caso ser�a necesario establecer la distinci�n si en otros supuestos distintos a los se�alados la actividad de conferir y revocar poderes por parte de las sociedades mercantiles, corresponde o no al �mbito de reserva citado, es decir, al �mbito local.

En principio, no se trata de determinar qu� autoridad cuenta con facultades para legislar en materia de comercio, o si las facultades que no est�n expresamente concedidas por la Constituci�n a los funcionarios de la Federaci�n, se entienden reservadas a los Estados, sino si los corredores p�blicos pueden o no dar fe de actos o hechos jur�dicos distintos de los que la naturaleza propia de su funci�n les otorga conforme a las leyes que la regulan y as� determinar que la fe que se encuentra depositada en ellos es una fe p�blica mercantil, la cual tiene una funci�n �nica, ya que a trav�s de �sta podr� intervenir parcialmente en la intermediaci�n y consolidaci�n de actos o hechos de car�cter mercantil y sobre todo en la constituci�n, modificaci�n, transformaci�n, fusi�n, escisi�n, disoluci�n, liquidaci�n y extinci�n de sociedades mercantiles, as� como en la formalizaci�n de sus acuerdos, toda vez que el hecho de que el art�culo 10 de la Ley General de Sociedades Mercantiles aluda expresamente a los poderes que las sociedades otorguen ante notario queda aclarado, como antes se dijo, con el criterio sustentado por esta Primera S., en la tesis siguiente:

"Novena �poca

"Instancia: Primera S.

"Fuente: Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta

"T.o: XVIII, noviembre de 2003

"Tesis: 1a. LXVI/2003

"P�gina: 127

"SOCIEDADES MERCANTILES LEY DE. EL ART�CULO 10 NO TRANSGREDE LA FRACCI�N X, DEL ART�CULO 73 DE LA CONSTITUCI�N POL�TICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. La circunstancia de que el art�culo mencionado establezca la manera en que las sociedades mercantiles pueden otorgar poderes a sus representantes no controvierte la fracci�n X, del art�culo 73 de la Carta Magna, por lo que no implica que el Congreso de la U.�n est� legislando sobre cuestiones propias de la materia civil y, por ende, que invada la competencia de las Legislaturas Estatales, pues si bien es cierto que la figura de la representaci�n en general, y espec�ficamente los poderes para pleitos y cobranzas, son figuras que emanan de esa rama del derecho en particular, tambi�n lo es que su inclusi�n y regulaci�n en ordenamientos distintos a los civiles obedece a que esa figura jur�dica tiene aplicaci�n en todas las ramas del derecho y que, por diversas circunstancias previstas por el legislador, ameritan tratamiento especial en cada una de las leyes que la contemplan, con objeto de hacer efectivas las normas establecidas en una determinada materia, como en el caso de la de comercio, adem�s de que dicho precepto es complementario y no hace sino reforzar que los poderes cumplan con los requisitos formales y materiales establecidos en los c�digos federal, locales y leyes notariales, pero sin regularlos, ya que no establece los requisitos de fondo y forma que deben contener.

A. en revisi�n 755/2003. E.M.R.�ndiz, por su propio derecho y en representaci�n de su menor hijo A.R.�os M.. 20 de agosto de 2003. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: O.S.C. de G.�a V.. Ponente: O.S.C. de G.�a V.; en su ausencia hizo suyo el asunto J.N.S.M.. Secretario: C.M.A..

Esto es, en el primer p�rrafo del art�culo 10 de la Ley General de Sociedades Mercantiles se hace referencia a la representaci�n org�nica de la sociedad mercantil, en donde pueden participar los corredores. En cambio, en sus siguientes p�rrafos se refiere a la representaci�n voluntaria, que es materia de un contrato de mandato y que se otorga a trav�s de poderes de los que los corredores no pueden dar fe y de acuerdo con la legislaci�n local es propia de los notarios p�blicos.

Por su parte, el art�culo 121 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados U.dos Mexicanos, establece:

"Art�culo 121. En cada Estado de la Federaci�n se dar� entera fe y cr�dito de los actos p�blicos, registros y procedimientos judiciales de todos los otros. El Congreso de la U.�n, por medio de leyes generales, prescribir� la manera de probar dichos actos, registros y procedimientos, y el efecto de ellos, sujet�ndose a las bases siguientes:

"I. Las leyes de un Estado s�lo tendr�n efecto en su propio territorio, y, por consiguiente, no podr�n ser obligatorias fuera de �l.

"II. Los bienes muebles e inmuebles se regir�n por la ley del lugar de su ubicaci�n.

"III. Las sentencias pronunciadas por los tribunales de un Estado sobre derechos reales o bienes inmuebles ubicados en otro Estado, s�lo tendr�n fuerza ejecutoria en �ste, cuando as� lo dispongan sus propias leyes.

"Las sentencias sobre derechos personales s�lo ser�n ejecutadas en otro Estado, cuando la persona condenada se haya sometido expresamente o por raz�n de domicilio, a la justicia que las pronunci�, y siempre que haya sido citada personalmente para ocurrir al juicio.

"IV. Los actos del estado civil ajustados a las leyes de un Estado, tendr�n validez en los otros.

V. Los t�tulos profesionales expedidos por las autoridades de un Estado, con sujeci�n a sus leyes, ser�s (sic) respetados en los otros.

De la anterior disposici�n constitucional, se advierte que establece el fundamento de la entera fe o cr�dito, es decir, la seguridad y certeza de los actos celebrados que se dan por la autoridad que las dice, es decir, dar fe conlleva plasmar en el texto de un escrito alg�n hecho o acto necesariamente jur�dico para que se tenga por verdad lo que se hace constar en ellos.

Dicho en otras palabras, dar fe o cr�dito legal obliga a que se tengan por ciertos determinados hechos o actos ante los Estados y frente a quienes acordaron o no su celebraci�n, la cual se deposita originariamente en el Estado.

Es importante destacar que la posibilidad jur�dica de los corredores p�blicos, para dar fe de la designaci�n de los representantes legales de las empresas mercantiles y de las facultades de que est�n investidos no tiene el efecto de impedir que �stas acudan, si lo prefieren, ante los notarios p�blicos a documentar los actos de representaci�n que otorguen, dado que el art�culo 6o., �ltimo p�rrafo, de la Ley Federal de Corredur�a P�blica, es claro en indicar que las funciones a que alude no se consideran exclusivas de los corredores p�blicos.

De la interpretaci�n teleol�gica de la Ley Federal de Corredur�a P�blica, se considera que no permite que los corredores p�blicos intervengan en los poderes que confieran las sociedades mercantiles, pues sobre el particular debe tomarse en cuenta lo dicho en la discusi�n del dictamen elaborado por el Senado de la Rep�blica, en relaci�n con la iniciativa de ley, de que deb�a eliminarse la menci�n de poderes de las facultades previstas para los corredores p�blicos, para evitar confusiones o interpretaciones respecto de la naturaleza civil de su otorgamiento y revocaci�n, porque la regulaci�n respectiva ha correspondido siempre al derecho com�n, pues inclusive se reconoci� que los notarios por una parte y los corredores por otra, tienen un �mbito de competencia diferente, ya que en dicha discusi�n se dijo:

"Somos herederos de una mentalidad formada por una tradici�n de proteccionismo econ�mico, de mercados protegidos y, de pronto, cuando se nos enfrenta a la realidad de la competencia, a la superaci�n que implica la competencia, entonces deseamos detener los procesos de cambio. De lo que estoy seguro porque as� lo expresaron los notarios p�blicos en su momento, m�s temprano que tarde, la legislaci�n local sobre el ejercicio del notariado, tendr� que cambiar para flexibilizar, para hacer m�s atractivos los servicios de los notarios, para hacerlos m�s competitivos en el mercado de servicios profesionales que requieren de habilidades nuevas. ... Quinto. Tanto el corredor como el notario son fedatarios p�blicos autorizados para imprimir fe p�blica a los actos en que intervengan. En consecuencia, ambos comparten naturaleza y caracter�sticas, aunque con esferas de competencia distintas, por lo que deben estar sujetos a las mismas restricciones en cuanto a su intervenci�n como fedantes. De esta forma se garantiza la imparcialidad en el ejercicio de sus respectivas funciones, lo cual es un elemento esencial para el adecuado desarrollo de sus actividades, evit�ndose as� la utilizaci�n indebida de las mismas, en provecho de intereses particulares."

En ese contexto, si en el proceso legislativo se reconoci� que los notarios p�blicos por un lado, y los corredores p�blicos por el otro, deb�an tener esferas de competencia distintas y ten�an que estar sujetos a las mismas restricciones en cuanto a su intervenci�n como fedantes, se justifica la raz�n de que la autorizaci�n del corredor en la participaci�n del otorgamiento de ciertos poderes, podr�a generar confusiones o interpretaciones respecto de la naturaleza civil del otorgamiento y revocaci�n del mandato.

Es por ello que s�lo es admisible que los corredores p�blicos cuenten con autorizaci�n legal para que ante ellos se formalice la designaci�n de los representantes legales de una sociedad mercantil y de las facultades de que est�n investidos y que su actuaci�n respecto de �sta debe limitarse a dar fe de su constituci�n, modificaci�n, fusi�n, escisi�n, disoluci�n, liquidaci�n o extinci�n, con la posibilidad de expedir una p�liza donde hagan constar las facultades que la sociedad confiera a cierta persona para el logro de cualquiera de esos actos "representaci�n org�nica", que fue en parte lo que persegu�a la iniciativa de ley, de veintis�is de noviembre de mil novecientos noventa y dos, en donde se asent�:

C�mara de Origen: Senadores. Exposici�n de motivos. M�xico D.F., a 26 de noviembre de 1992. Iniciativa del Ejecutivo. CC. Secretarios de la C�mara de Senadores del H. Congreso de la U.�n. Presentes. Ante los grandes cambios a que est� sujeta la econom�a mundial, nuestra econom�a debe fortalecerse para responder a los retos del mundo entero. Estas transformaciones representan oportunidades importantes para aquellos pa�ses que con decisi�n y eficacia se aboquen a hacer frente a los retos de la modernidad; al tiempo que podr�an traducirse en rezagos y retrocesos para quienes refugi�ndose en actitudes del pasado pretendieran ignorarlas. Tal y como se destaca en el Plan Nacional de Desarrollo 1989-1994, para hacer frente al reto de el crecimiento, M�xico demanda la modernizaci�n profunda de sus estructuras econ�micas. Es necesario un cambio de actitudes. Es preciso alcanzar una mayor competitividad en lo interno y en lo externo; abrir los canales para que se manifieste el potencial del pa�s y de sus habitantes, alentando sus iniciativas y promoviendo, sin paternalismos, su ejecuci�n. Aunado a lo anterior, la apertura comercial que ha experimentado nuestro pa�s, nos exige proseguir decididamente en la tarea de modernizaci�n de los instrumentos que hacen posible el tr�fico mercantil. Sin esta modernizaci�n, la regulaci�n mercantil perder�a su raz�n de ser y podr�a convertirse en un estorbo para el desarrollo de la actividad comercial. Asimismo, es imperioso continuar el esfuerzo de desregulaci�n de la actividad econ�mica, no en el sentido de abandonar irresponsablemente las funciones que al respecto debe desempe�ar el Estado, sino en el sentido de adecuar el marco normativo de las nuevas realidades, las cuales imponen la necesidad de nuevas t�cnicas, nuevas formas y nuevas actividades y conductas, por lo que, con la misma intenci�n que manifest� al proponer reformas y adiciones a la Ley General de Sociedades Mercantiles en el anterior periodo de sesiones de ese H. Congreso de la U.�n, me permito someter a su elevada consideraci�n la revisi�n de las disposiciones que regulan las funciones de los corredores p�blicos, para revitalizarlas y aprovechar el potencial deestos auxiliares del comercio, como un paso m�s para incrementar la competitividad y eficacia de los mercados.-La presente iniciativa de Ley Federal de Corredur�a P�blica se enmarca en ese contexto, y tiene entre sus finalidades la de agilizar las transacciones comerciales y modernizar el marco jur�dico aplicable a la funci�n de los corredores p�blicos, para ampliar sus posibilidades de actuaci�n. La figura del corredor p�blico es muy antigua. Estuvo presente en las grandes civilizaciones de la antig�edad. Existen noticias de su actuaci�n en Egipto y en Roma. Ya en el medioevo los corredores eran muy numerosos en las ciudades italianas. En Espa�a se les llam� agentes mediadores y en Francia se les declar� como un oficio libre.-En M�xico, la regulaci�n de los corredores se dio por primera vez en el C�digo de Comercio de 1889, como agentes auxiliares del comercio, con cuya intervenci�n se proponen, ajustan y otorgan los contratos mercantiles.-Por reformas publicadas en el Diario Oficial de la Federaci�n de 27 de enero de 1970, se mantuvo el concepto anterior, dot�ndolo adem�s de fe p�blica, cuando el c�digo u otras leyes lo facultaran. Asimismo, se abri� la posibilidad de que actuara como perito en asuntos del tr�fico mercantil.-En las dos d�cadas que han transcurrido desde la �ltima reforma, los contratos mercantiles han variado en cantidad y manera de celebraci�n. La necesidad de contar con agentes expertos que brinden asesor�as o que act�en como mediadores es cada vez m�s imperiosa, y el marco jur�dico no responde a estas nuevas necesidades. Los corredores p�blicos tienen una intervenci�n limitada en diversas transacciones mercantiles. Sus actividades est�n reguladas actualmente en el t�tulo tercero del libro primero del C�digo de Comercio, que comprende los art�culos 51 a 74, cuya derogaci�n se propone en la presente iniciativa.-La funci�n original del corredor p�blico es la de poner en relaci�n a las personas interesadas en celebrar un contrato, o bien buscar la persona que, al concertar el correspondiente negocio jur�dico, pueda satisfacer las necesidades manifestadas por la otra. Su intervenci�n en el perfeccionamiento de los contratos tuvo como consecuencia que se emplearan sus servicios no s�lo para concertarlos, sino para multitud de cuestiones con ellos relacionadas. Es as� que, como arriba se se�al�, a sus funciones de mediador, se a�adieron las de perito mercantil y fedatario, dado el conocimiento general del comercio y particular de los convenios celebrados con su mediaci�n.-Cuando se reformaron los art�culos 51 a 74 del C�digo de Comercio en 1970, se dej� vigente para toda la Rep�blica, en lo que no se opusiera y hasta en tanto no se promulgara un nuevo reglamento, el Reglamento de Corredores para la Plaza de M�xico que data de 1891. Obviamente, esta reglamentaci�n, con m�s de un siglo de vida, ha quedado obsoleta.-Es claro que la figura del corredor p�blico, como la concibi� hace m�s de 100 a�os nuestra legislaci�n y como perdura hasta hoy, no es la adecuada considerando las nuevas estructuras del comercio. Esto nos obliga a replantear los instrumentos, precisamente cuando el tr�fico mercantil est� �vido de nuevos esquemas y mecanismos modernos que auxilien genuinamente a los comerciantes y que otorguen certidumbre a sus transacciones, de manera expedita, eficiente y al menor costo posible.-La apertura de nuestros mercados y la enorme competencia, demandan un gran esfuerzo para lograr �ptima competitividad en nuestros instrumentos de informaci�n y en la intermediaci�n comercial, en aras de un entorno digno de los profundos cambios que ha experimentado nuestra econom�a hacia la modernidad. Un comercio entorpecido por instrumentos caducos o por un marco jur�dico excesivamente regulador lastra su operaci�n e inhibe la creatividad y esp�ritu empresarial del comerciante y de las sociedades mercantiles.-La iniciativa de ley que someto a la alta consideraci�n de ese H. Congreso de la U.�n, de resultar aprobada, regular�a en forma clara la funci�n de la corredur�a p�blica y revitalizar�a esta importante figura del derecho mercantil.-La parte sustancial de la iniciativa de ley radica en las nuevas funciones que se le adicionar�an a las que tradicionalmente ha tenido el corredor p�blico. Concretamente, son afines a las que se derivan de las reformas que se hicieron a la Ley General de Sociedades Mercantiles, publicadas en el Diario Oficial de la Federaci�n el 11 de junio pasado, de tal suerte que ahora el corredor p�blico ampl�e su funci�n al verse legalmente posibilitado para actuar como fedatario en la constituci�n, modificaci�n, fusi�n, escisi�n, liquidaci�n y extinci�n de sociedades mercantiles, adem�s de los actos que tienen que ver con sus �rganos de administraci�n, como son las actas, poderes y adem�s certificaciones de �ndole mercantil.-Conviene que los comerciantes cuenten con estos auxiliares, lo que contribuir� a alcanzar una mayor seguridad jur�dica y a evitar litigios innecesarios, por lo que resulta procedente promover los servicios que prestan los corredores, dot�ndolos adem�s de la necesaria fe p�blica para hacer constar en documentos que hagan prueba plena, cualquier hecho, acto, convenio o contrato de naturaleza mercantil.-Se propone que sea la Secretar�a de Comercio y Fomento Industrial la dependencia encargada de la aplicaci�n de la ley, con la participaci�n que corresponda a las autoridades estatales. Dicha dependencia se encargar�a de asegurar la eficacia del servicio que presten los corredores p�blicos; examinar a quienes pretendan obtener la calidad de aspirantes a corredores o corredores; expedir las habilitaciones respectivas; vigilar la actuaci�n de los corredores y de los colegios de corredores e imponer las sanciones correspondientes.-Se prev� en la iniciativa que, para los efectos de la ley que se propone, exista una plaza por cada entidad federativa. Los corredores p�blicos podr�an ejercer sus funciones fuera de la plaza para la que hubieren sido habilitados, salvo cuando act�en como fedatarios, sin perjuicio de que los actos que celebren con ese car�cter puedan referirse a otro lugar.-Igualmente, se definen con precisi�n, sin que se entiendan de desempe�o exclusivo, las funciones que podr�an desempe�ar los corredores p�blicos, entre las que destacan las de agente mediador para la transmisi�n e intercambio de propuestas entre dos o m�s partes; perito valuador de bienes, servicios, derechos y obligaciones; asesor jur�dico de los comerciantes; �rbitro, a solicitud de las partes, en la soluci�n de controversias derivadas de actos, contratos o convenios de naturaleza mercantil; fedatario p�blico de hechos, actos, convenios y contratos de naturaleza mercantil, exceptuando inmuebles, as� como en la constituci�n, modificaci�n, fusi�n, escisi�n, disoluci�n, liquidaci�n y extinci�n de sociedades mercantiles y poderes que �stas otorguen.-Se prev�n en la iniciativa los requisitos para ser corredor, as� como los procedimientos a que deber�n sujetarse los ex�menes para aspirante y definitivo.-Se propone que los corredores p�blicos puedan pactar libremente el monto de sus honorarios.-Sin embargo, para efectos de certeza, deber� estar a la vista el costo de los principales servicios.-Asimismo se les impondr�a la obligaci�n de especificar a sus clientes, previamente a la prestaci�n del servicio, los honorarios y gastos aproximados.-Correlativamente a las nuevas funciones del corredor p�blico, se propone incluir los elementos propios de la indispensable seguridad documental respecto de los instrumentos que expida el corredor, para no dejar duda de la autenticidad de dichos instrumentos. Igualmente, se propone conservar las prohibiciones a que debe estar sujeto el corredor, para evitar abusos y excesos que puedan lesionar la credibilidad de la fe p�blica o pongan en entredicho la honestidad del corredor, as� como las sanciones correspondientes en caso de infracci�n de la ley.-De igual forma, se detallan las causas de cancelaci�n definitiva de la habilitaci�n. Se establece tambi�n una sanci�n para quien se ostente como corredor p�blico sin estar habilitado.-Dados los beneficios que representa el trabajo colegiado, se consider� conveniente prever en la iniciativa que someto a su alta consideraci�n, el establecimiento de un colegio de corredores en aquellas plazas en que hubiere tres o m�s corredores.-En nuestro pa�s, la figura del corredor p�blico como agente mediador y como fedatario que ofrece m�ltiples ventajas al tr�fico mercantil, en virtud de su actuaci�n �gil y revestida de m�nimas formalidades caracter�sticas afines al funcionamiento vertiginoso del comercio, a diferencia de la materia civil, cuya naturaleza requiere de formalidades y solemnidades indispensables. Adem�s, el corredor p�blico podr�a servir como un verdadero asesor jur�dico de quienes intervienen en actividad comercial, al mismo tiempo que desempe�e la funci�n de fedatario p�blico, para darle una configuraci�n vers�til y eficiente, sin desvirtuar las funciones que como agente mediador han caracterizado a la figura del corredor a trav�s de varios siglos.-De aprobarse la presente iniciativa, se esperar�a un incremento de los corredores p�blicos y se dar�an mayores opciones para el auxilio de los comerciantes en realizaci�n de sus transacciones.

Inclusive, al discutirse el diecinueve de diciembre de mil novecientos noventa y dos, el proyecto de ley enviado por el Senado de la Rep�blica, en la C�mara R., se razon� que la iniciativa de ley ten�a como fin fortalecer instancias jur�dico-administrativas, que desde el punto de vista del derecho mercantil apoyar�an e impulsar�an las actividades comerciales entre los particulares, en cuyo sentido, se subray�, era positiva, al posibilitar legalmente al corredor p�blico para actuar como fedatario en las tareas previstas en la ahora vigente Ley Federal de Corredur�a P�blica, en dicho �rgano legislativo se acot�:

�Por qu� la necesidad de actualizar la regulaci�n de una actividad que es realizada por particulares? Sencillamente porque el cambio de acci�n de los corredores p�blicos ha estado siendo limitada por una regulaci�n excesiva, pero sobre todo restrictiva en algunos aspectos vinculados con ciertas operaciones comerciales. ... Esta iniciativa ayuda a dinamizar las transacciones comerciales dotando de seguridad jur�dica a cualquier persona f�sica o moral para desarrollarse en los diferentes �mbitos en los que intervienen, auxili�ndose por medio de la figura del corredor p�blico. ... Es una necesidad la actualizaci�n del ejercicio de la profesi�n de corredor, dada la magnitud de conflictos que pueden generarse en virtud de la intensificaci�n de la actividad comercial que posiblemente se generar� a partir de la instrumentaci�n del T.ado de Libre Comercio y en el marco de una apertura comercial acelerada. ... Por estas razones, estamos convencidos que la Ley Federal de Corredur�a P�blica viene a apoyar la modernizaci�n de las estructuras econ�micas y a continuar con ese proceso de desregulaci�n, necesario en una econom�a abierta.

Desde el punto de vista de la interpretaci�n sistem�tica del art�culo 6o. de la Ley Federal de Corredur�a P�blica que nos ocupa, el diverso 54 del reglamento de la propia ley, si bien no los faculta para la representaci�n voluntaria, corrobora la facultad legal de que ante la fe del corredor p�blico las sociedades mercantiles puedan designar a sus representantes legales y de las facultades de que est�n investidos, cuando participen en su constituci�n, modificaci�n, fusi�n, escisi�n, disoluci�n, liquidaci�n o extinci�n, con la posibilidad de expedir una p�liza donde hagan constar las facultades que la sociedad confiera a cierta persona para el logro de cualquiera de esos actos (representaci�n org�nica), el precepto dice:

Art�culo 54. Las p�lizas y actas expedidas por el corredor en ejercicio de sus funciones, inclusive aquellas en que se haga constar la designaci�n y facultades de representaci�n en las sociedades mercantiles de conformidad con la ley de la materia, se deber�n admitir para su inscripci�n en el Registro P�blico de la Propiedad y del Comercio, siempre que dichos instrumentos cumplan con los requisitos legales.

En cambio, es distinta la regla prevista en los art�culos 10, segundo p�rrafo y siguiente, y 149 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, que contempla un acto que por su naturaleza civil no autoriza la intervenci�n de los corredores cuando el apoderado, dentro de sus respectivas facultades, confieran poderes en nombre de la sociedad, los cuales ser�n revocables en cualquier tiempo, pues la actuaci�n de los corredores p�blicos como fedatarios p�blicos para hacer constar los contratos, convenios, actos o hechos se refieren a la naturaleza mercantil, exclusivamente, m�xime que el art�culo 6o. de la Ley Federal de Corredur�a P�blica no autoriza a expedir poderes de naturaleza civil como es el mandato, toda vez que la fe p�blica que realiza el corredor p�blico es para hacer constar actos y hechos de naturaleza mercantil, pero no se encuentra facultado para expedir un documento o p�liza en el que se contiene un acto civil como ser�a el otorgamiento de un mandato convencional, en tanto que la ley no le otorga de manera expresa esta facultad.

Consiguientemente, esta Primera S. de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n considera que la presente contradicci�n de tesis debe resolverse en el sentido de que deben prevalecer, con car�cter de jurisprudencia, los criterios sustentados por la propia S., del siguiente tenor:

CORREDORES P�BLICOS. EST�N FACULTADOS PARA DAR FE DE LA DESIGNACI�N DE REPRESENTANTES LEGALES DE LAS SOCIEDADES MERCANTILES Y DE LAS FACULTADES DE QUE EST�N INVESTIDOS (REPRESENTACI�N ORG�NICA), CUANDO SE OTORGUEN EN LA CONSTITUCI�N, MODIFICACI�N, FUSI�N, ESCISI�N, DISOLUCI�N, LIQUIDACI�N Y EXTINCI�N DE AQU�LLAS.-Conforme a los art�culos 6o., fracciones V y VI, de la Ley Federal de Corredur�a P�blica y 54 de su Reglamento, a los corredores p�blicos corresponde actuar como fedatarios para hacer constar los contratos, convenios, actos y hechos de naturaleza mercantil (excepto en trat�ndose de inmuebles), as� como en la constituci�n, modificaci�n, fusi�n, escisi�n, disoluci�n, liquidaci�n y extinci�n de sociedades mercantiles, en la designaci�n de sus representantes legales y facultades de que est�n investidos, y en los dem�s actos previstos en la Ley General de Sociedades Mercantiles. Ahora bien, si se toma en cuenta que la representaci�n org�nica comprende actos como el nombramiento y facultamiento de los �rganos de representaci�n de las sociedades mercantiles (Consejo de Administraci�n, Administradores o Gerentes), por ser �stos quienes en t�rminos del primer p�rrafo del art�culo 10 de la Ley General de Sociedades Mercantiles representan org�nicamente a la empresa, es indudable que los corredores p�blicos est�n autorizados para certificar tales actos; sin embargo, no est�n facultados para dar fe del otorgamiento de poderes o mandatos, los cuales son actos jur�dicos de �ndole civil regulados por la legislaci�n com�n, pues el mandato es un contrato previsto en los C�digos Civiles de todas las entidades federativas del pa�s y que implica un acto de representaci�n voluntaria en tanto que encuentra su fuente en la voluntad de las partes y se confiere precisamente a trav�s del otorgamiento de un poder; de ah� que las p�lizas y actas expedidas por los corredores p�blicos en que hagan constar la designaci�n y facultades de representaci�n de las sociedades mercantiles (representaci�n org�nica), deber�n admitirse para su inscripci�n en el Registro P�blico de la Propiedad y del Comercio, siempre y cuando dichos instrumentos cumplan con los requisitos legales y se trate de actos exclusivamente de car�cter mercantil.

CORREDORES P�BLICOS. LA FACULTAD PARA DAR FE DE LA DESIGNACI�N DE REPRESENTANTES LEGALES DE SOCIEDADES MERCANTILES Y DE LAS FACULTADES DE QUE EST�N INVESTIDOS, NO EXCLUYE A LOS NOTARIOS P�BLICOS DE ESA FUNCI�N.-El art�culo 6o., fracciones V y VI, de la Ley Federal de Corredur�a P�blica, as� como los numerales 6o. y 54 de su Reglamento autorizan a los corredores p�blicos para dar fe de la designaci�n de representantes legales de sociedades mercantiles y de las facultades de que est�n investidos, cuando se trate de la constituci�n, modificaci�n, fusi�n, escisi�n, disoluci�n, liquidaci�n y extinci�n de aqu�llas o en los dem�s actos previstos en la Ley General de Sociedades Mercantiles, entre los cuales est�n el nombramiento y facultamiento a sus �rganos de representaci�n (Consejo de Administraci�n, Administradores o Gerentes) quienes en t�rminos de la Ley �ltimamente citada representan org�nicamente a la empresa; sin embargo, dicha autorizaci�n no significa que la sociedad mercantil no pueda acudir ante notario p�blico a extender tales designaciones y facultades de que est�n investidos los representantes legales, si as� lo prefiere, porque, por un lado, la citada Ley societaria autoriza a los notarios para participar en materia mercantil, adem�s de que ello es inherente a sus funciones y, por otro, el art�culo 6o., �ltimo p�rrafo, de la Ley Federal de Corredur�a P�blica establece que las funciones a que alude no se consideran exclusivas de los corredores p�blicos.

Por lo expuesto y fundado, se

resuelve:

PRIMERO

No existe la contradicci�n entre los criterios sustentados por los Tribunales Colegiados precisados en el considerando noveno de la presente resoluci�n.

SEGUNDO

S� existe contradicci�n entre los criterios sustentados, por una parte, por el Noveno Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo y el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, ambos del Primer Circuito y, por otra, con el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito y el Tercer Tribunal Colegiado del Quinto Circuito.

TERCERO

Deben prevalecer con car�cter de jurisprudencias, las tesis sustentadas por esta Primera S. de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, en los t�rminos precisados en el �ltimo considerando de la presente resoluci�n.

CUARTO

D�se publicidad a las tesis jurisprudenciales que se sustentan en la presente resoluci�n, en t�rminos del art�culo 195 de la Ley de A..

N.�quese; c�mplase y, en su oportunidad, arch�vese el toca relativo a la presente contradicci�n de tesis, como asunto concluido.

As� lo resolvi� la Primera S. de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, por unanimidad de cinco votos de los se�ores Ministros: Jos� de Jes�s G.�o P., S.A.V.H.�ndez, J.N.S.M. (ponente), J.R.�n C.�o D�az y presidenta O.S.C. de G.�a V..