Ejecutoria num. 2a./J. 176/2005 de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala - Jurisprudencia - VLEX 26823259

Ejecutoria num. 2a./J. 176/2005 de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala

Emisor:Segunda Sala
Número de Resolución:2a./J. 176/2005
Materia:Suprema Corte de Justicia de México
Fecha de Publicación: 1 de Febrero de 2006
RESUMEN

CONTRADICCIÓN DE TESIS 173/2005-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO Y EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL, AMBOS DEL SÉPTIMO CIRCUITO.SUSPENSIÓN. ES IMPROCEDENTE TRATÁNDOSE DEL CORTE DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CUANDO EN EL INCIDENTE SE ACREDITE QUE EL QUEJOSO SE UBICA EN LOS SUPUESTOS DE LAS FRACCIONES II, V O VI DEL ARTÍCULO 26 DE LA LEY DEL SERVICIO PÚBLICO RELATIVO.SUSPENSIÓN. PRUEBAS ADMISIBLES CUANDO SE RECLAME EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EL CORTE EN EL SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.

 
ÍNDICE
CONTENIDO

CONTRADICCI�N DE TESIS 173/2005-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO Y EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL, AMBOS DEL S�PTIMO CIRCUITO.

CONSIDERANDO:

TERCERO

Para establecer la existencia de la contradicci�n denunciada, es necesario acudir a las consideraciones de las ejecutorias dictadas por los tribunales contendientes:

El Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del S�ptimo Circuito, al resolver el recurso de queja 6/2002, promovido por J.G.G.R., el veinticuatro de enero de dos mil dos, en lo que interesa a la presente contradicci�n de tesis, sostuvo lo siguiente:

"QUINTO. Los agravios hechos valer son ineficaces. El recurrente alega, en esencia, que el acuerdo combatido es ilegal, porque el J. de Distrito le neg� la suspensi�n provisional de los actos reclamados, no obstante de encontrarse reunidos los requisitos previstos por el art�culo 124 de la Ley de Amparo para concederla, motivando indebidamente dicha determinaci�n bajo los argumentos consistentes en que de concederse la medida cautelar, se contravendr�an disposiciones de orden p�blico, violando el contenido de la fracci�n II del art�culo 124 de la Ley de Amparo, toda vez que al decretarse la medida cautelar, se permitir�a una reconexi�n irregular y la utilizaci�n de la energ�a el�ctrica en esas condiciones, sin especificar cu�les eran esas disposiciones de orden p�blico, por lo que el acuerdo recurrido tambi�n carece de fundamentaci�n y motivaci�n, cuando lo cierto es que no se sigue perjuicio al inter�s social, ni se contravienen disposiciones de orden p�blico, en virtud de que: ?el art�culo el suministro (sic), sin que se requiera para el efecto intervenci�n de la autoridad, cuando: I.E. falta de pago de la facturaci�n durante un periodo normal de la misma; II. Se acredite el uso de energ�a el�ctrica a trav�s de instalaciones que alteren o impidan el funcionamiento normal de los equipos de control y medici�n del suministrador; III. Las instalaciones del usuario no cumplan con las normas oficiales mexicanas; IV. Se compruebe el uso de energ�a el�ctrica en condiciones que violen lo establecido en el contrato respectivo; V. Se est� consumiendo energ�a el�ctrica sin haber celebrado el contrato respectivo, y VI. Se haya conectado un servicio sin la autorizaci�n del suministrador. En los supuestos a que se refieren las fracciones I, III y IV, el suministrador deber� dar aviso al usuario con tres d�as de anticipaci�n a la fecha fijada para el corte, plazo dentro del cual se podr� regularizar la situaci�n o liquidar el adeudo correspondiente.?, por lo que si el recurrente no se encuentra en alguna de las hip�tesis anteriores, debe estimarse que el precepto que las prev� se infringi� en su perjuicio, e incluso aun cuando se actualizara el supuesto previsto por la fracci�n II, la Comisi�n Federal de Electricidad debi� darle aviso con tres d�as de anticipaci�n a la fecha fijada para el corte, plazo dentro del cual se puede regularizar la situaci�n o liquidar el adeudo correspondiente, sin embargo, la referida comisi�n no respet� en ning�n momento tal garant�a, viol�ndose en su perjuicio lo establecido por el art�culo 35 del Reglamento del Servicio P�blico de Energ�a El�ctrica, al haber cortado el suministro de energ�a el�ctrica de manera inmediata, fuera de todo procedimiento administrativo y judicial, lo cual lo dej� en estado de indefensi�n, ya que ni siquiera se le permiti� arreglar su situaci�n ante el proveedor, de ah� que se vio en la necesidad de ordenar a un electricista se reconectara nuevamente por no adeudar cantidad alguna ante la responsable o haber alterado sellos oficiales del medidor, como alega la indicada autoridad, pues el hoy recurrente no es perito en la materia para saber si arbitrariamente la autoridad responsable quiere imputarle una infracci�n que nunca ha cometido, por ello, considera que no se viola disposici�n p�blica alguna de concederse la suspensi�n provisional, ni el contenido del art�culo 124 de la Ley de Amparo, pues actualmente, como lo manifest� en el escrito inicial de la demanda, contrariamente a lo establecido por el J. de Distrito, el suministro de energ�a el�ctrica se encuentra actualmente reconectado, por lo que son improcedentes las manifestaciones que al decretarse la medida cautelar se permitir�a una reconexi�n irregular y la utilizaci�n de la energ�a el�ctrica en esas condiciones, pues la finalidad de haber solicitado la suspensi�n provisional del acto reclamado es dejar las cosas en el estado en que se encuentran en tanto se arregla la situaci�n jur�dica del recurrente, para no sufrir nuevamente un corte en el suministro de energ�a de manera ilegal e injustificada.

"Los referidos argumentos son ineficaces, pues aun cuando el a quo, para negar la suspensi�n provisional de los actos reclamados a las autoridades responsables, consistentes en la orden de corte del suministro de energ�a el�ctrica, con base en que de otorgarse la suspensi�n provisional respecto de los aludidos actos reclamados, se contravendr�an disposiciones de orden p�blico, no cit� cu�les eran esas disposiciones, lo cierto es que ello no tiene el alcance de revocar el acuerdo recurrido, si se toma en consideraci�n que, como bien lo determin� el J.F., de concederse la suspensi�n provisional de los actos reclamados s� se contravendr�an normas de ese car�cter, espec�ficamente las contenidas en los art�culos 26, fracciones II y VI, de la Ley de Energ�a El�ctrica y 35, fracci�n VI, del reglamento relativo, que prev�n la suspensi�n del servicio de energ�a el�ctrica, entre otras hip�tesis, cuando se acredite el uso de energ�a el�ctrica a trav�s de instalaciones que alteren o impidan el funcionamiento normal de los equipos de control y medici�n del suministrador, o bien, cuando se haya conectado un servicio sin la autorizaci�n del referido suministrador, lo que, interpretado a contrario sensu, implica la prohibici�n en la utilizaci�n del servicio en esos casos, de ah� que si el a quo estim� con base en la prueba aportada por el propio quejoso, consistente en ?prueba de suministros en baja tensi�n?, expedida por la Comisi�n Federal de Electricidad, D.�n Oriente, que exist�a una anomal�a en el medidor exterior, en raz�n de que el sello interior tipo plomo es de los no oficiales, es evidente que de otorgarse la suspensi�n provisional para el efecto de que las cosas se mantuvieran en el estado que guardaban al momento de la presentaci�n de la demanda, implicar�a la contravenci�n de las referidas disposiciones que establecen lo contrario (sin que ello implique prejuzgar sobre el fondo del asunto), m�xime que si el propio quejoso se�al� en la demanda de amparo que el veintisiete de noviembre del a�o pr�ximo pasado, se suspendi� el suministro de energ�a el�ctrica en su domicilio, no obstante que se encontraba al corriente en su pago, por lo que procedi� a contratar a un electricista para volverlo a reconectar, es inconcuso que, como bien lo estim� el a quo, de concederse la referida suspensi�n provisional se permitir�a una reconexi�n irregular y la utilizaci�n de la energ�a el�ctrica en esas condiciones, lo que ser�a jur�dicamente inadmisible, pues de ser as�, el �rgano jurisdiccional se sustituir�a en facultades exclusivas de autoridades administrativas, por ende, no se re�nen las exigencias del art�culo 124, fracci�n II, de la Ley de Amparo.

En consecuencia, al resultar ineficaces los agravios examinados, procede declarar infundado el presente recurso de queja.

El Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del S�ptimo Circuito, al resolver el incidente en revisi�n 320/2005, interpuesto por R.J.S., el cinco de agosto de dos mil cinco, en lo que interesa al presente asunto, sostuvo las siguientes consideraciones:

"QUINTO. De los agravios que se transcriben, resulta sustancialmente fundado lo que aduce el recurrente en torno a que, en el caso, con el otorgamiento de la suspensi�n definitiva de los actos reclamados, no se sigue perjuicio al inter�s social, ni se contravienen disposiciones de orden p�blico.

"En principio, conviene establecer que el art�culo 124, fracci�n II, de la Ley de Amparo, dispone, en lo que trasciende (lo transcribe):

"Ahora bien, si se entiende por inter�s social el que tiene un conglomerado humano en conjunto frente a una situaci�n espec�fica que lo afecta positiva o negativamente, y por normas de orden p�blico a aquellas que no previenen conductas que s�lo afectan intereses particulares, sino generales y de importancia trascendente para la colectividad, debe decirse que si, en la especie, la suspensi�n se solicit� respecto de la cuantificaci�n, facturaci�n, cobro y amenaza de corte del suministro de energ�a el�ctrica que se le proporciona al quejoso, ahora recurrente, por aprovechamiento indebido del fluido relativo, de acuerdo a lo manifestado en el informe rendido por las autoridades responsables, Comisi�n Federal de Electricidad, coordinadora general del Programa de Abatimiento de P�rdidas de la D.�n de Distribuci�n Oriente, Z.V., as� como del departamento comercial de la propia comisi�n citada, visible en las fojas veinticuatro a veintis�is del cuaderno inicial respectivo, cabe concluir que de concederse la suspensi�n solicitada no se contravendr�an disposiciones de orden p�blico, ya que de otorgarse dicha medida no se altera la prestaci�n del servicio p�blico de suministro de energ�a el�ctrica a la colectividad, ni se obstaculiza que �sta tenga un provecho, como que se le prive de un beneficio que le otorga la ley; de donde este Tribunal Colegiado de Circuito considera que se debe conceder la suspensi�n solicitada, en t�rminos del art�culo 124 de la Ley de Amparo.

"R. la consideraci�n anterior, la jurisprudencia que sostiene el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito que se comparte y aparece publicada en la p�gina setecientos veintid�s, T.V., del Ap�ndice al Semanario Judicial de la Federaci�n, editado en el a�o mil novecientos noventa y cinco, que dice: ?SUSPENSI�N DEL ACTO RECLAMADO. INTERPRETACI�N DE LA FRACCI�N II DEL ART�CULO 124 DE LA LEY DE AMPARO.? (la transcribe).

"No es �bice a lo anterior, que el quejoso no hubiera ofrecido medios de convicci�n que desvirtuaran las pruebas ofrecidas por las autoridades responsables, ya que no debe perderse de vista que las pretensiones de tal autoridad, con los elementos de juicio aportados en el incidente de suspensi�n, son materia de an�lisis en el juicio principal, adem�s de que dado el breve t�rmino que tiene el J. Federal para resolver la controversia incidental, dif�cilmente podr�a admitir y desahogar todas las pruebas que pudieran aportar las partes para justificar sus aseveraciones, o bien, desvirtuar las de su contraria, lo que le permitir�a adoptar una decisi�n suficientemente informada y apegada a derecho.

"Adem�s, la finalidad del incidente consiste en suspender el acto reclamado, empero esto no entra�a que deban tenerse en consideraci�n cuestiones de fondo del asunto en este tr�mite, como ocurrir�a si se calificara que el cobro y corte del suministro relativo devienen de una reconexi�n il�cita, como incorrectamente lo hizo el J. de Distrito, pues con ello se dejar�a sin materia el juicio de amparo.

"Esto es as�, porque si bien es cierto que los actos que se reclaman seg�n las autoridades responsables se originaron por haber descubierto, con motivo de la verificaci�n realizada, una irregularidad que denominan ?carga conectada antes de medici�n?, lo cual viola los t�rminos del contrato de suministro que tiene celebrado con el usuario, no debe pasarse por alto que este aspecto debe ser motivo de an�lisis en el juicio de amparo indirecto de donde se deriva este incidente, pues es entonces cuando se calificar� la legalidad o ilegalidad de los actos que se reclaman, por lo que de negarse la suspensi�n solicitada bas�ndose s�lo en la prueba aportada por las responsables, que est� agregada en la foja diecis�is del cuaderno de suspensi�n respectivo, se estar�a resolviendo la litis constitucional, dejando sin materia el juicio de amparo biinstancial, pues as� se tienen por ciertas las manifestaciones de las autoridades responsables, cuando a�n no se dilucida la cuesti�n de fondo planteada, por lo cual, es necesario, por el momento, para decidir lo conducente sobre la suspensi�n definitiva solicitada, s�lo atender a que se satisfagan los requisitos exigidos por el invocado art�culo 124 de la Ley Reglamentaria de los Art�culos 103 y 107 de la Constituci�n Federal, lo que ya se examin�.

"En las relatadas condiciones, ante la eficacia del agravio que se examina, lo que procede, en la especie, es revocar el auto que se revisa y conceder al quejoso la suspensi�n de los actos reclamados que solicita.

"En el mismo sentido fueron resueltos, por este Tribunal Colegiado de Circuito, los incidentes en revisi�n administrativa 115/2005, interpuesto por M.�a del R.H.�ndez M., a trav�s de su autorizado, resuelto en sesi�n de ocho de abril de dos mil cinco, y el diverso 129/2005, interpuesto por el quejoso S.C.F., resuelto en sesi�n de nueve de mayo del mismo a�o, que se tienen a la vista y constituyen para este �rgano colegiado un hecho notorio, en t�rminos de la jurisprudencia que por analog�a se aplica y se publica en la p�gina ciento diecisiete, T.V., julio de mil novecientos noventa y siete, Materia Com�n, Novena �poca del Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, que dice: ?HECHO NOTORIO. LOS MINISTROS PUEDEN INVOCAR COMO TAL, LAS EJECUTORIAS POR EL TRIBUNAL PLENO O POR LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA.? (la transcribe).

"Vista la conclusi�n a la que se lleg� con el estudio del agravio anterior, es innecesario el an�lisis de los dem�s que se hacen valer, toda vez que cualquiera que fuese el resultado de su examen, ello en nada cambiar�a el sentido del presente fallo.

Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia del Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, misma que este cuerpo colegiado hace suya, visible en la p�gina trescientos noventa y siete, T.V., Materia Com�n, Segunda Parte, del Ap�ndice al Semanario Judicial de la Federaci�n de mil novecientos diecisiete al dos mil, de voz: ?AGRAVIOS EN LA REVISI�N. CUANDO SU ESTUDIO ES INNECESARIO.? (la transcribe).

En relaci�n con el mismo tema, el mencionado tribunal hizo los siguientes se�alamientos al resolver el incidente en revisi�n 115/2005:

"SEXTO. Es sustancialmente fundado el primero de los agravios que hace valer la recurrente.

"En �l aduce, en esencia, que con la reconexi�n del servicio de suministro de energ�a el�ctrica, aun en el supuesto no concedido de que se tratara de un uso irregular, no se obstaculiza o entorpece la planeaci�n del sistema el�ctrico nacional, ni la generaci�n, conducci�n, transformaci�n, distribuci�n y venta de energ�a el�ctrica, o bien, la realizaci�n de obras, instalaciones y trabajos que requieran la planeaci�n, ejecuci�n, operaci�n y mantenimiento del sistema el�ctrico nacional, es decir, con la concesi�n de la medida cautelar no se genera una desventaja para la colectividad, ni se le impide la obtenci�n de un provecho, dado que no se altera la prestaci�n del servicio p�blico de energ�a el�ctrica, ni se obstaculiza su cobro.

"Para arribar a esta conclusi�n, es necesario destacar que de la lectura de la demanda de amparo, se desprende que los actos reclamados se hicieron consistir en la orden de corte del suministro de energ�a el�ctrica en el domicilio ubicado en la calle I.C., n�mero mil treinta y tres, F.V.R., en la ciudad de Veracruz, Veracruz, as� como el corte mismo de dicho fluido.

"Asimismo, del an�lisis de las constancias que obran agregadas en el incidente de suspensi�n, se advierte que por auto de treinta y uno de enero de dos mil cinco, el J. de Distrito concedi� la suspensi�n provisional para el efecto de que hasta en tanto se resolviera sobre la suspensi�n definitiva le fuese reinstalado a la quejosa, aqu� recurrente, el servicio de energ�a el�ctrica, para lo cual -indic�- era necesario que satisficiera los requisitos t�cnicos y de seguridad que fijan las normas mexicanas, en t�rminos del art�culo 28 de la Ley del Servicio P�blico de Energ�a El�ctrica, hecho que, se�al�, deber�a acreditar la autoridad responsable ante ese juzgado.

"La coordinadora general del Programa Especial de Abatimiento de P�rdidas �rea Comercial, de la Comisi�n Federal de Electricidad, Z.V., se�alada como autoridad responsable, al rendir su informe previo manifest�, entre otras cuestiones (las cuales no viene al caso destacar todas, por no formar parte de la litis en el presente recurso), que es cierto el acto consistente en el corte del servicio de suministro de energ�a el�ctrica, en raz�n de que la quejosa, aqu� recurrente, adem�s de tener un adeudo por concepto de facturaci�n normal tiene otro por concepto de ajuste a la facturaci�n derivada de un il�cito, motivo por el cual desde el mes de diciembre de dos mil cuatro se le suspendi� dicho fluido, atento a que, seg�n dijo, se actualizaron las hip�tesis previstas en las fracciones I, II y IV del art�culo 26 de la Ley del Servicio P�blico de Energ�a El�ctrica, pues dada la irregularidad detectada en el domicilio de la recurrente, emerge la facultad que otorga la ley a ese organismo p�blico para realizar el corte del suministro de energ�a el�ctrica, sin responsabilidad alguna, conforme al invocado numeral 26 de la ley en comento.

"Por consiguiente, solicit� se negara la suspensi�n definitiva, pues la anomal�a apuntada infring�a los t�rminos del contrato de suministro de energ�a el�ctrica, por lo que de otorgarse se contravendr�an disposiciones de orden p�blico, adem�s de que se permitir�a el uso il�cito del servicio, que bien podr�a constituir una conducta delictiva, como es el ?robo? de fluido de energ�a el�ctrica.

"As� las cosas, mediante resoluci�n interlocutoria pronunciada el nueve de febrero de dos mil cinco, el J. de Distrito determin� negar la suspensi�n definitiva respecto al corte del suministro de energ�a el�ctrica, por estimar que del informe previo rendido por la autoridad responsable se desprende que el corte obedece a irregularidades detectadas en el suministro de energ�a, consistente en el ?robo? de dicho fluido, lo cual -dijo- contraviene lo dispuesto por el art�culo 28 de la Ley del Servicio P�blico de Energ�a El�ctrica, por lo que de concederse la medida cautelar, se contravendr�an disposiciones de orden p�blico, infringi�ndose con ello la fracci�n II del art�culo 124 de la Ley de Amparo, pues se permitir�a una reconexi�n irregular y la utilizaci�n de la energ�a el�ctrica en esas condiciones.

"Ahora bien, sobre el particular, el art�culo 124 de la Ley de Amparo dispone que para que proceda la suspensi�n del acto reclamado, deben concurrir los siguientes requisitos: ?I. Que la solicite el agraviado. II. Que no se siga perjuicio al inter�s social, ni se contravengan disposiciones de orden p�blico. Se considerar�, entre otros casos, que s� se siguen esos perjuicios o se realizan esas contravenciones, cuando, de concederse la suspensi�n se contin�e el funcionamiento de centros de vicio, de lenocinios, la producci�n y el comercio de drogas enervantes; se permita la consumaci�n o continuaci�n de delitos o de sus efectos, o el alza de precios con relaci�n a art�culos de primera necesidad o bien de consumo necesario; se impida la ejecuci�n de medidas para combatir epidemias de car�cter grave, el peligro de invasi�n de enfermedades ex�ticas en el pa�s, o la campa�a contra el alcoholismo y la venta de sustancias que envenenen al individuo o degeneren la raza; o se permita el incumplimiento de las �rdenes militares; y, III. Que sean de dif�cil reparaci�n los da�os o perjuicios que se causen al agraviado conla ejecuci�n del acto. El J. de Distrito, al conceder la suspensi�n, procurar� fijar la situaci�n en que habr�n de quedar las cosas y tomar� las medidas pertinentes para conservar la materia del amparo hasta la terminaci�n del juicio.?

"Del precepto transcrito, se desprende que la fracci�n II se�ala como uno de los requisitos para decretar la suspensi�n del acto reclamado, que no se siga perjuicio al inter�s social ni se contravengan disposiciones de orden p�blico, y determina en forma casu�stica las hip�tesis en las cuales, de concederse la suspensi�n, s� se sigue perjuicio al inter�s social o se contravienen disposiciones de orden p�blico.

"La enumeraci�n de casos en los cuales se entiende se causa perjuicio al inter�s social y se contravienen normas de orden p�blico, no es limitativa sino enunciativa y tan es as� que el propio art�culo 124 invocado, al enumerarlos se refiere a esos casos, ?entre otros?.

"En concatenaci�n con lo anterior, debe precisarse que el orden p�blico y el inter�s social son nociones �ntimamente vinculadas, en la medida que el primero tiende al arreglo o composici�n de la comunidad con la finalidad de satisfacer necesidades colectivas, de procurar un bienestar o impedir un mal a la poblaci�n, mientras que el segundo se traduce en la necesidad de beneficiar a la sociedad, o bien, evitarle alg�n mal, desventaja o trastorno.

"As�, por disposiciones de orden p�blico deben entenderse aquellas contenidas en los ordenamientos legales, cuyo fin inmediato y directo sea tutelar derechos de la colectividad para evitarle alg�n trastorno o desventaja o para procurarle la satisfacci�n de necesidades o alg�n provecho o beneficio, y por inter�s social debe considerarse el hecho, acto o situaci�n que reporte a la sociedad una ventaja o provecho, o la satisfacci�n de una necesidad colectiva, o bien, le evite un trastorno o un mal p�blico.

"Estos razonamientos encuentran apoyo en las consideraciones sustentadas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, al resolver la contradicci�n de tesis 55/98, que dio origen a la jurisprudencia n�mero 81/99, visible en la p�gina trescientos catorce, Tomo X, julio de mil novecientos noventa y nueve, Novena �poca del Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, que dice: ?SUSPENSI�N PROVISIONAL. DEBE NEGARSE CONTRA LA EJECUCI�N DE LA ORDEN DE DISMINUCI�N DEL TECHO F�SICO MENSUAL A UNA EMPRESA QUE GOZANDO DE SUBSIDIO PRODUZCA TORTILLA DE MA�Z PARA CONSUMO HUMANO DE PRECIO CONTROLADO.? (la transcribe).

"En vinculaci�n con los anteriores razonamientos, se considera que el ?orden p�blico? y el ?inter�s social? se afectan cuando con la suspensi�n se priva a la colectividad de un beneficio que le otorgan las leyes o se le infiere un da�o que de otra manera no resentir�a; de acuerdo con el criterio establecido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, en la jurisprudencia quinientos veintid�s, visible en la p�gina trescientos cuarenta y tres, Volumen VI, Parte Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, S�ptima �poca, del Ap�ndice de mil novecientos noventa y cinco, de rubro y texto siguientes: ?SUSPENSI�N DEL ACTO RECLAMADO, CONCEPTO DE ORDEN P�BLICO PARA LOS EFECTOS DE LA.? (la transcribe).

"Atento a lo antes expuesto, cabe se�alar que asiste raz�n a la recurrente, pues a criterio de este Tribunal Colegiado, las razones expresadas por el J. de Distrito al emitir la interlocutoria recurrida, en modo alguno podr�an considerarse suficientes para estimar que con la concesi�n de la suspensi�n definitiva se contravienen disposiciones de orden p�blico, ya que no basta que la exigencia relativa a que quien solicite el servicio de suministro de energ�a el�ctrica debe satisfacer los requisitos t�cnicos y de seguridad que fijen las normas oficiales mexicanas, derive de una ley de orden p�blico, como lo es el art�culo 28 de la Ley del Servicio P�blico de Energ�a El�ctrica, para que se considere que la concesi�n de la suspensi�n contraviene lo dispuesto por el art�culo 124, fracci�n II, de la Ley de Amparo, toda vez que el concepto de orden p�blico, m�s que gravitar en el hecho de que las leyes revistan tal car�cter, parte de la no afectaci�n de los bienes de la colectividad tutelados por las leyes, y lo que debe valorarse es el eventual perjuicio que pudieran sufrir las metas de inter�s colectivo perseguidas con el acto concreto de aplicaci�n de la norma, por lo que la contravenci�n al orden p�blico, en t�rminos generales, se presenta cuando con la suspensi�n se priva a la colectividad de un beneficio que le conceden las leyes o se le infiere un da�o que de otra manera no resentir�a, tal como ha quedado establecido en los t�rminos de las jurisprudencias emitidas sobre el particular anteriormente transcritas.

"Por tanto, si no se aportaron elementos de prueba que demuestren que con el otorgamiento de la suspensi�n se impide a la Comisi�n Federal de Electricidad la realizaci�n del servicio de suministrar energ�a el�ctrica a la colectividad, que le est� encomendada de conformidad con el art�culo 2o. de la Ley del Servicio P�blico de Energ�a El�ctrica, o bien, que se le impida el cobro del servicio de dicho fluido, no hay raz�n para que se niegue a la parte quejosa, aqu� recurrente, la medida cautelar solicitada, pues se reitera, no basta que el acto reclamado se haya emitido con base en un procedimiento tutelado por una ley de orden p�blico, para estimar que el otorgamiento de la medida suspensional contraviene dicha ley, sino que es necesario que con la suspensi�n se prive a la colectividad de un beneficio que le conceden las leyes o se le infiere un da�o que de otra manera no resentir�a, lo cual no acontece en el caso.

"Aunado a lo expuesto, las razones por las que el J. de Distrito consider� que con la concesi�n de la suspensi�n definitiva se contravienen disposiciones de orden p�blico, constituyen argumentos que conforman propiamente la materia de fondo del juicio de amparo, pues lo relativo a que si la quejosa, ahora recurrente, cometi� una irregularidad en t�rminos de las fracciones I, II y IV del art�culo 26 de la Ley del Servicio de Energ�a El�ctrica, que amerite el corte inmediato del servicio de la energ�a el�ctrica, es materia de la que se ocupar� la sentencia de fondo del juicio de garant�as, a la luz de los conceptos de violaci�n expresados en la demanda de amparo.

"Sin que con lo anterior se pase por alto el contenido del art�culo 124, fracci�n II, de la Ley de Amparo, que dispone que se considerar�, entre otros casos, que se sigue perjuicio al inter�s social y se contravienen disposiciones de orden p�blico, cuando de concederse la suspensi�n, se permita la consumaci�n o continuaci�n de delitos o de sus efectos; toda vez que no aparece demostrado, al menos por ahora, que las irregularidades previstas en el art�culo 26, fracciones I, II y IV, de la Ley del Servicio P�blico de Energ�a El�ctrica, en el que la autoridad responsable encuadra la conducta de la quejosa, ahora recurrente, constituyan un delito.

"La suspensi�n definitiva otorgada surte efectos de inmediato y sin necesidad de exigir garant�a alguna, toda vez que no existe tercero perjudicado a quien pudiese perjudicar esta decisi�n, como lo dispone el art�culo 125 de la Ley de Amparo, ni se est� en la hip�tesis prevista en el art�culo 135 de esa misma ley, que exige el otorgamiento de garant�a cuando se pida amparo contra el cobro de contribuciones, atento a que la quejosa, ahora recurrente, no reclam� el cobro por consumo de energ�a el�ctrica, sino el corte de dicho fluido.

"Lo anterior tiene apoyo adem�s, en la jurisprudencia X.2o. J/5, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del D�cimo Circuito, que este �rgano jurisdiccional comparte, consultable en la p�gina mil seiscientos veinticinco, Novena �poca del Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, Tomo XIV, diciembre de dos mil uno, cuyos rubro y texto dicen: ?SUSPENSI�N. NO ES PROCEDENTE SOLICITAR LA GARANT�A CUANDO LA COMISI�N FEDERAL DE ELECTRICIDAD ES SE�ALADA COMO AUTORIDAD RESPONSABLE.? (la transcribe).

En esas condiciones, ante lo fundado del agravio en estudio, lo que procede es revocar la resoluci�n interlocutoria en la parte recurrida y conceder la suspensi�n definitiva del acto reclamado a la coordinadora general del Programa Especial de Abatimiento de P�rdidas �rea Comercial de la Comisi�n Federal de Electricidad, Z.V., con sede en esa misma ciudad, consistente en el corte del suministro de energ�a el�ctrica, para el mismo efecto concedido en la suspensi�n provisional.

Criterio que tambi�n sostuvo ese �rgano colegiado al resolver el amparo en revisi�n 129/2005, cuya transcripci�n se estima innecesaria por reiterar las mismas consideraciones.

CUARTO

Previamente al estudio de las cuestiones que se plantean en las ejecutorias transcritas, las cuales motivan la denuncia de contradicci�n, es conveniente establecer cu�les son los presupuestos requeridos para la existencia de una contraposici�n de criterios entre Tribunales Colegiados.

Lo anterior encuentra respuesta en el contenido de los art�culos 107, fracci�n XIII, de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos y 197-A de la Ley de Amparo, y de cuya interpretaci�n esta Suprema Corte de Justicia ha estimado que para que exista materia sobre la cual debe pronunciarse, trat�ndose de contradicci�n de tesis entre Tribunales Colegiados de Circuito, deben concurrir los siguientes supuestos:

  1. Que al resolver los negocios jur�dicos se examinen cuestiones jur�dicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jur�dicos discrepantes;

  2. Que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jur�dicas de las sentencias respectivas; y,

  3. Que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos.

    As� se desprende de la jurisprudencia P./J. 26/2001, sustentada por este Tribunal Pleno, consultable a foja setenta y seis del Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, T.X., abril de dos mil uno, que dice a la letra:

    CONTRADICCI�N DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA. De conformidad con lo que establecen los art�culos 107, fracci�n XIII, primer p�rrafo, de la Constituci�n Federal y 197-A de la Ley de Amparo, cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n o la Sala que corresponda deben decidir cu�l tesis ha de prevalecer. Ahora bien, se entiende que existen tesis contradictorias cuando concurren los siguientes supuestos: a) que al resolver los negocios jur�dicos se examinen cuestiones jur�dicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jur�dicos discrepantes; b) que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jur�dicas de las sentencias respectivas; y, c) que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos.

    Conforme a las anteriores precisiones, debe establecerse si los criterios cuya aparente contradicci�n se denuncia se ajustan a los requisitos que se contemplan en la jurisprudencia previamente transcrita, en virtud de lo cual, es de se�alar que de lo antes reproducido se advierte, en lo que aqu� interesa, lo siguiente:

    1. El Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del S�ptimo Circuito, en la resoluci�n de la queja 6/2002, declar� infundado ese recurso, estimando que no proced�a conceder la suspensi�n que solicit� el quejoso en contra del acto reclamado, consistente en el corte de suministro de energ�a el�ctrica, al considerar, en s�ntesis:

  4. Que, en el caso, se detectaron anomal�as en el medidor por utilizaci�n de sellos de plomo no oficiales, por lo que se procedi� al corte de energ�a el�ctrica.

  5. A pesar de lo anterior, el usuario reconect� sin la autorizaci�n relativa, pues acept� haber contratado un electricista para ello.

  6. Esa conducta contraviene los art�culos 26, fracciones II y VI, de la Ley del Servicio de Energ�a El�ctrica y 35, fracci�n VI, de ese reglamento, que prev�n la suspensi�n del servicio de energ�a el�ctrica, entre otras hip�tesis, cuando se acredite su uso a trav�s de instalaciones que alteren o impidan el funcionamiento normal de los equipos de control y medici�n del suministrador, o bien, cuando se haya conectado un servicio sin la autorizaci�n de �ste; lo que, a contrario sensu, implica la prohibici�n en la utilizaci�n del servicio en esos casos.

  7. Si el a quo estim�, con base en la prueba aportada por el quejoso de suministros en baja tensi�n, expedida por la Comisi�n Federal de Electricidad, que exist�a una anomal�a en el medidor exterior, en raz�n de que el sello interior tipo plomo es de los no oficiales, de otorgarse la suspensi�n se contravendr�an las referidas disposiciones, m�xime que en la demanda de amparo el propio quejoso acept� que despu�s de la suspensi�n del servicio, contrat� un electricista para volverlo a reconectar.

  8. Por consiguiente, no procede conceder la suspensi�n, pues de concederse se permitir�a una reconexi�n irregular y la utilizaci�n de la energ�a el�ctrica en esas condiciones, lo que ser�a jur�dicamente inadmisible, pues de ser as�, el �rgano jurisdiccional se sustituir� en facultades exclusivas de autoridades administrativas, por ende, no se re�nen las exigencias del art�culo 124, fracci�n II, de la Ley de Amparo.

    Esa determinaci�n dio lugar a la tesis aislada n�mero VII.2o.A.T.19 K, publicada en el Tomo XV, junio de 2002, p�gina seiscientos noventa y nueve, del Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, Novena �poca, que dice a la letra:

    SUSPENSI�N PROVISIONAL. NO PROCEDE OTORGARLA CONTRA LA INMINENTE ORDEN DE CORTE DE ENERG�A EL�CTRICA, TRAT�NDOSE DE RECONEXIONES IRREGULARES, POR CONTRAVENIR DISPOSICIONES DE ORDEN P�BLICO. Es improcedente conceder la suspensi�n provisional contra la inminente orden de corte de energ�a el�ctrica, en los casos en que habi�ndose detectado anomal�as en el medidor, por utilizaci�n de sellos de plomo no oficiales, se haya procedido al corte de dicha energ�a y el usuario la haya reconectado nuevamente sin la autorizaci�n relativa, pues de otorgarse dicha medida cautelar se contravendr�an las disposiciones contenidas en los art�culos 26, fracciones II y VI, de la Ley del Servicio P�blico de Energ�a El�ctrica y 35, fracci�n VI, del reglamento relativo, que prev�n la suspensi�n del servicio de energ�a el�ctrica, entre otras hip�tesis, cuando se acredite su uso a trav�s de instalaciones que alteren o impidan el funcionamiento normal de los equipos de control y medici�n del suministrador, o bien, sin la autorizaci�n de �ste, lo que, interpretado a contrario sensu, implica la prohibici�n en la utilizaci�n del servicio de energ�a en esos casos; por ende, de otorgarse la suspensi�n provisional para el efecto de que las cosas se mantengan en el estado que guardaban al momento de la presentaci�n de la demanda, implicar�a la contravenci�n de las referidas disposiciones de orden p�blico, en t�rminos de lo dispuesto por el art�culo 124, fracci�n II, de la Ley de Amparo, permiti�ndose la utilizaci�n del servicio de energ�a el�ctrica en esas condiciones, lo cual es inadmisible, pues entonces el �rgano jurisdiccional se sustituir�a en facultades exclusivas de la autoridad administrativa.

    1. Por su parte, el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del S�ptimo Circuito (que por Acuerdo N�mero CCNO/13/2002 de la Comisi�n de Creaci�n de Nuevos �rganos del Consejo de la Judicatura Federal conoci� en esa fecha de asuntos en materia administrativa), al resolver los incidentes en revisi�n 320/2005, 115/2005 y 129/2005, declar� fundados esos medios de impugnaci�n, por las siguientes razones:

  9. Trat�ndose de la suspensi�n del suministro de energ�a el�ctrica por su uso indebido, se debe conceder la suspensi�n definitiva solicitada, en t�rminos del art�culo 124 de la ley de la materia, pues con ello no se contravendr�a el inter�s social ni se trastocar�an disposiciones del orden p�blico, ya que de otorgarse dicha medida cautelar no se altera la prestaci�n del servicio p�blico de suministro de energ�a el�ctrica a la colectividad, ni se obstaculiza que �sta tenga un provecho, como tampoco que se le priva de un beneficio que le otorgan las leyes.

  10. Para que se considere que la concesi�n contraviene lo dispuesto en el art�culo 124, fracci�n II, de la Ley de Amparo, no basta que la exigencia relativa a que quien solicite el servicio de suministro de energ�a el�ctrica debe satisfacer los requisitos t�cnicos y de seguridad que fijen las normas oficiales mexicanas deriven de una ley de orden p�blico, como lo es el art�culo 28 de la Ley del Servicio P�blico de Energ�a El�ctrica, toda vez que el concepto de orden p�blico, m�s que gravitar sobre el hecho de que las leyes revistan tal car�cter, parte de la no afectaci�n de los bienes de la colectividad tutelados por las leyes. Y si no se aportaron pruebas que demuestren que con el otorgamiento de la suspensi�n se impide a la Comisi�n Federal de Electricidad la realizaci�n del servicio de energ�a el�ctrica, o bien, que se le impida el cobro del servicio de dicho fluido, no hay raz�n para negar la medida cautelar.

  11. De negarse la suspensi�n solicitada, bas�ndose en las pruebas aportadas para demostrar la irregularidad que se atribuye al quejoso, en t�rminos de las fracciones I, II y IV del art�culo 26 de la Ley del Servicio de Energ�a El�ctrica, que amerite el corte inmediato del servicio, se estar�a resolviendo la litis constitucional, pues al resolver que efectivamente se encuentra alterado el medidor de la Comisi�n Federal de Electricidad y que el responsable de tal evento fue el impetrante, dichos extremos se refieren al fondo de la controversia, objeto de estudio en el juicio de amparo indirecto y no de la suspensi�n.

    Esta Segunda Sala estima que s� existe la contradicci�n de tesis que se ha denunciado.

    En efecto, el an�lisis de las ejecutorias transcritas, pone de relieve que s� existe la contradicci�n de tesis denunciada, porque los Tribunales Colegiados, al resolver los mencionados recursos, examinaron cuestiones jur�dicas esencialmente iguales, como son los requisitos para determinar la procedencia de la suspensi�n, en particular el que establece la fracci�n II del art�culo 124 de la Ley de Amparo, cuando el acto reclamado consista en el inminente corte de energ�a el�ctrica por la falta de pago o por su uso a trav�s de instalaciones que alteren o impidan el funcionamiento normal de los equipos de control y medici�n de la Comisi�n Federal de Electricidad, o bien, cuando se haya conectado un servicio sin la autorizaci�n de �sta.

    Aspecto sobre el cual, el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del S�ptimo Circuito, determin� que de acuerdo al art�culo 124, fracci�n II, de la Ley de Amparo, debe negarse la suspensi�n solicitada, pues si se demostr� la anomal�a que se atribuye al quejoso, de concederse la medida cautelar para que no se le suspenda el servicio de energ�a el�ctrica se contravendr�an disposiciones de orden p�blico, como son los art�culos 26, fracciones II y VI, de la Ley del Servicio P�blico de Energ�a El�ctrica y 35, fracci�n VI, de su reglamento.

    En cambio, el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del S�ptimo Circuito, consider� que el uso indebido del quejoso que pudiera motivar la suspensi�n del suministro de energ�a el�ctrica, debe ser materia del juicio de amparo indirecto y no del incidente de suspensi�n, por constituir una cuesti�n de fondo. Asimismo, que de concederse la suspensi�n no se contravendr�a el inter�s social ni se trastocar�an disposiciones de orden p�blico, pues con el otorgamiento de la medida cautelar no se altera la prestaci�n del servicio p�blico de suministro de energ�ael�ctrica a la colectividad, ni se obstaculiza que �sta tenga un provecho, como tampoco se le priva de un beneficio que le otorgan las leyes.

    No pasa inadvertido para esta Segunda Sala que aun cuando los criterios sustentados por los tribunales contendientes no constituyen jurisprudencia, ello no resulta ser impedimento para que se decida cu�l es el que debe prevalecer, puesto que ni la Constituci�n Federal, ni la Ley de Amparo, establecen ese requisito; aserto que se corrobora con la siguiente tesis jurisprudencial:

    "CONTRADICCI�N DE TESIS. PARA QUE PROCEDA LA DENUNCIA BASTA QUE EN LAS SENTENCIAS SE SUSTENTEN CRITERIOS OPUESTOS. Los art�culos 107, fracci�n XIII, de la Constituci�n Federal, 197 y 197-A de la Ley de Amparo, establecen el procedimiento para dirimir las contradicciones de tesis que sustenten los Tribunales Colegiados de Circuito o las S. de la Suprema Corte. El vocablo ?tesis? que se emplea en dichos dispositivos debe entenderse en un sentido amplio, o sea, como la expresi�n de un criterio que se sustenta en relaci�n con un tema determinado, por los �rganos jurisdiccionales en su quehacer legal de resolver los asuntos que se someten a su consideraci�n, sin que sea necesario que est� expuesta de manera formal, mediante una redacci�n especial, en la que se distinga un rubro, un texto, y datos de identificaci�n del asunto en donde se sostuvo, ni menos a�n, que constituya jurisprudencia obligatoria, en los t�rminos previstos por los art�culos 192 y 193 de la Ley de Amparo, porque ni la Ley Fundamental ni la ordinaria en alguno de sus preceptos, establecen esos requisitos. Por lo tanto para denunciar una contradicci�n de tesis, basta con que se hayan sustentado criterios opuestos sobre la misma cuesti�n por S. de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n o Tribunales Colegiados de Circuito, en resoluciones dictadas en asuntos de su competencia." (Novena �poca, Pleno, Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, T.I., agosto de 1995, tesis P. LIII/95, p�gina 69).

    Tampoco que uno se haya pronunciado sobre la suspensi�n provisional y otro sobre la definitiva, considerando que para la procedencia de ambas, deben satisfacerse los mismos requisitos previstos en el art�culo 124 de la Ley de Amparo.

    En esas condiciones, los puntos de contradicci�n estriban en determinar:

    1. Si el conceder la suspensi�n en contra del inminente corte del suministro de energ�a el�ctrica, cuando no se haya efectuado el pago o se acredite su uso a trav�s de instalaciones que alteren o impidan el funcionamiento normal de los equipos de control y medici�n de la Comisi�n Federal de Electricidad, o bien, cuando se haya conectado un servicio sin la autorizaci�n de �sta, contraviene lo dispuesto en el art�culo 124, fracci�n II, de la Ley de Amparo; y,

    2. Si las pruebas para demostrar ese extremo se deben tomar en cuenta en la suspensi�n, o hasta que se resuelva el fondo del asunto.

QUINTO

A efecto de resolver la contradicci�n planteada y dilucidar qu� criterios son los que deben prevalecer con el car�cter de jurisprudencia, conviene tener presente que la suspensi�n del acto reclamado tiene como objeto primordial, mantener viva la materia de amparo, lo cual se logra impidiendo que ese acto se consume irreparablemente antes de que se haya resuelto en forma definitiva, si es o no contrario a la Constituci�n, pues si tal consumaci�n ocurre, no pueden volver las cosas al estado que guardaban antes de la violaci�n, en el caso de que se conceda la protecci�n de la Justicia Federal.

Tambi�n, que de conformidad con lo dispuesto en el art�culo 124, fracci�n II, de la Ley de Amparo, la suspensi�n del acto reclamado procede cuando no se siga perjuicio al inter�s social, ni se contravengan disposiciones de orden p�blico; supuesto que se actualiza cuando se priva a la colectividad con la suspensi�n de un beneficio que le otorgan las leyes, o se les infiere un da�o con ella que de otra manera no resentir�a, seg�n lo interpret� esta Segunda Sala, en la tesis que a continuaci�n se transcribe:

"INTER�S SOCIAL Y DISPOSICIONES DE ORDEN P�BLICO. SU APRECIACI�N. La Suprema Corte sostiene, como se puede consultar en la tesis 131 del Ap�ndice de jurisprudencia 1917-1965, Sexta Parte, p�gina 238, que si bien la estimaci�n del orden p�blico en principio corresponde al legislador al dictar una ley, no es ajeno a la funci�n de los juzgadores apreciar su existencia en los casos concretos que se les someten para su fallo. El examen de la ejemplificaci�n que contiene el art�culo 124 de la Ley de Amparo para indicar cu�ndo se sigue perjuicio al inter�s social o se contravienen disposiciones de orden p�blico, revela que se puede razonablemente colegir en t�rminos generales, que se producen esas situaciones cuando se priva a la colectividad con la suspensi�n de un beneficio que le otorgan las leyes, o se les infiere un da�o con ella que de otra manera no resentir�a." (S�ptima �poca, Segunda Sala, Semanario Judicial de la Federaci�n, Volumen 47, Tercera Parte, p�gina 58).

Esta Segunda Sala estima que dicho requisito no se satisface cuando el acto reclamado consiste en la inminente suspensi�n del servicio de energ�a el�ctrica y el quejoso se ubica en los supuestos de las fracciones II, V y VI del art�culo 26 de la Ley del Servicio de Energ�a El�ctrica, que establece:

"Art�culo 26. La suspensi�n del suministro de energ�a el�ctrica deber� efectuarse en los siguientes casos:

"I. Por falta de pago oportuno de la energ�a el�ctrica durante un periodo normal de facturaci�n;

"II. Cuando se acredite el uso de energ�a el�ctrica a trav�s de instalaciones que alteren o impidan el funcionamiento normal de los instrumentos de control o de medida;

"III. Cuando las instalaciones del usuario no cumplan las normas t�cnicas reglamentarias; y

"IV. Cuando se compruebe el uso de energ�a el�ctrica en condiciones que violen lo establecido en el contrato respectivo.

"V. Cuando se est� consumiendo energ�a el�ctrica sin haber celebrado el contrato respectivo; y

"VI. Cuando se haya conectado un servicio sin la autorizaci�n del suministrador.

En cualesquiera de los supuestos anteriores, la Comisi�n Federal de Electricidad proceder� al corte inmediato del servicio, sin requerirse para el efecto intervenci�n de autoridad. En los supuestos a que se refieren las fracciones I, III y IV que anteceden, se deber� dar aviso previo.

En efecto, las fracciones II, V y VI del art�culo 26 de la Ley del Servicio de Energ�a El�ctrica prev�n como causas del corte inmediato del servicio por parte de la Comisi�n Federal de Electricidad, sin requerir intervenci�n de la autoridad, que se acredite el uso de dicho servicio a trav�s de instalaciones que alteren o impidan el funcionamiento normal de los instrumentos de control o de medida; se est� consumiendo energ�a el�ctrica sin haber celebrado el contrato respectivo; o se haya conectado el servicio sin la autorizaci�n de la Comisi�n Federal de Electricidad; puesto que todos los actos relacionados con el servicio de energ�a el�ctrica son de orden p�blico, conforme al art�culo 2o. de la propia ley, que dispone:

Art�culo 2o. Todos los actos relacionados con el servicio p�blico de energ�a el�ctrica son de orden p�blico.

Adem�s, la Ley del Servicio de Energ�a El�ctrica tiene como prop�sito establecer las normas indispensables para la prestaci�n de ese servicio en condiciones de continuidad, eficiencia y seguridad, seg�n se advierte de sus art�culos 21 y 22, que dicen:

"Art�culo 21. La Comisi�n Federal de Electricidad deber� mantener sus instalaciones en forma adecuada, para la prestaci�n del servicio p�blico de energ�a el�ctrica en condiciones de continuidad, eficiencia y seguridad."

"Art�culo 22. Para la realizaci�n de las obras e instalaciones necesarias a la prestaci�n del servicio p�blico de energ�a el�ctrica, la Comisi�n Federal de Electricidad deber�:

"I. Hasta donde su desarrollo tecnol�gico lo permita, efectuar el dise�o con su propio personal t�cnico;

"II. Tender a la normalizaci�n de equipos y accesorios;

III. A., preferentemente, con productos nacionales manufacturados por instituciones descentralizadas, empresas de participaci�n estatal o empresas privadas.

Ese criterio de seguridad en el suministro en el servicio de energ�a el�ctrica, en corresponsabilidad con el usuario, se refleja en los art�culos 28 y 29 del mismo ordenamiento, que rezan:

"Art�culo 28. Corresponde al solicitante del servicio realizar a su costa y bajo su responsabilidad, las obras e instalaciones destinadas al uso de la energ�a el�ctrica, mismas que deber�n satisfacer los requisitos t�cnicos y de seguridad que fijen las normas oficiales mexicanas.

"Cuando se trate de instalaciones el�ctricas para servicios en alta tensi�n, y de suministros en lugares de concentraci�n p�blica, se requerir� que una unidad de verificaci�n aprobada por la S.�a de Energ�a, Minas e Industria Paraestatal, certifique, en los formatos que para tal efecto expida �sta, que la instalaci�n en cuesti�n cumple con las normas oficiales mexicanas aplicables a dichas instalaciones. La Comisi�n Federal de Electricidad s�lo suministrar� energ�a el�ctrica previa la comprobaci�n de que las instalaciones a que se refiere este p�rrafo han sido certificadas en los t�rminos establecidos en este art�culo."

Art�culo 29. Los productos, dispositivos, equipos, maquinaria, instrumentos o sistemas que utilicen para su funcionamiento y operaci�n la energ�a el�ctrica, quedan sujetos al cumplimiento de las normas oficiales mexicanas.

Tambi�n es de considerarse que los contratos de suministro de energ�a el�ctrica deben celebrarse conforme a las tarifas fijadas por la S.�a de Hacienda y Cr�dito P�blico, y ser sometidos previamente a la aprobaci�n de la S.�a de Comercio (antes S.�a de Comercio y Fomento Industrial), oyendo a la de Energ�a, Minas e Industria Paraestatal (hoy de Energ�a) como lo previenen los art�culos 30, 32 y 33 de la mencionada ley, cuyo texto es el siguiente:

"Art�culo 30. La venta de energ�a el�ctrica se regir� por las tarifas que apruebe la S.�a de Hacienda y Cr�dito P�blico.

"Las condiciones de la prestaci�n de los servicios que deban consignarse en los contratos de suministro y de los modelos de �stos, ser�n aprobados por la S.�a de Comercio y Fomento Industrial, oyendo a la de Energ�a, Minas e Industria Paraestatal. Dichas formas de contrato se publicar�n en el Diario Oficial de la Federaci�n."

"Art�culo 31. La S.�a de Hacienda y Cr�dito P�blico, con la participaci�n de las S.�as de Energ�a, Minas e Industria Paraestatal y de Comercio y Fomento Industrial y a propuesta de la Comisi�n Federal de Electricidad, fijar� las tarifas, su ajuste o reestructuraci�n, de manera que tienda a cubrir las necesidades financieras y las de ampliaci�n del servicio p�blico, y el racional consumo de energ�a.

"Asimismo, y a trav�s del procedimiento se�alado, la S.�a de Hacienda y Cr�dito P�blico podr� fijar tarifas especiales en horas de demanda m�xima, demanda m�nima o una combinaci�n de ambas."

"Art�culo 32. El ajuste, modificaci�n y reestructuraci�n de las tarifas, implicar� la modificaci�n autom�tica de los contratos de suministro que se hubieren celebrado.

En ning�n caso ser�n aplicables las tarifas, mientras no sean publicadas en el Diario Oficial de la Federaci�n y cuando menos en dos peri�dicos diarios de circulaci�n nacional.

Como puede observarse, los ingresos por la prestaci�n del servicio de energ�a el�ctrica se rigen por disposiciones legales de car�cter imperativo y de eminente inter�s p�blico; tan es as� que se tipifica como delito contra el consumo y la riqueza nacionales, el impedir o tratar de impedir la generaci�n, conducci�n, transformaci�n, distribuci�n o venta de energ�a el�ctrica de servicio p�blico, en el art�culo 253, fracci�n I, inciso i), del C�digo Penal Federal, seg�n puede apreciarse del texto de ese numeral:

"Art�culo 253. Son actos u omisiones que afectan gravemente al consumo nacional y se sancionar�n con prisi�n de tres a diez a�os y con doscientos a mil d�as multa, los siguientes:

"I. Los relacionados con art�culos de consumo necesario o generalizado o con las materias primas necesarias para elaborarlos, as� como con las materias primas esenciales para la actividad de la industria nacional, que consistan en:

"...

"i) Impedir o tratar de impedir la generaci�n, conducci�n, transformaci�n, distribuci�n o venta de energ�a el�ctrica de servicio p�blico.

"...

"Lo dispuesto en este art�culo se aplicar� sin perjuicio de las medidas y sanciones administrativas que establezcan las leyes correspondientes."

"Art�culo 254. Se aplicar�n igualmente las sanciones del art�culo 253:

"...

"VIII. Al que sin derecho realice cualquier sustracci�n o alteraci�n de equipos o instalaciones del servicio p�blico de energ�a el�ctrica."

"Art�culo 254 ter. Se impondr� de tres meses a un a�o de prisi�n o de cien a trescientos d�as multa a quien, sin derecho, obstruya o impida en forma total o parcial, el acceso o el funcionamiento de cualesquiera de los equipos, instalaciones o inmuebles afectos de la industria petrolera a que se refiere la Ley Reglamentaria del Art�culo 27 Constitucional en el Ramo del Petr�leo o bien de los equipos, instalaciones o inmuebles afectos del servicio p�blico de energ�a el�ctrica.

Si con los actos a que se refiere el p�rrafo anterior se causa alg�n da�o, la pena ser� de dos a nueve a�os de prisi�n y de doscientos cincuenta a dos mil d�as multa.

De igual manera, en el art�culo 368, fracci�n II, del C�digo Penal Federal se cataloga como delito equiparable al robo, el uso o aprovechamiento de energ�a el�ctrica, sin derecho y sin consentimiento de la persona que legalmente pueda disponer de ella, como puede observarse de su contenido, que dice:

"Art�culo 368. Se equiparan al robo y se castigar�n como tal:

"...

II. El uso o aprovechamiento de energ�a el�ctrica, magn�tica, electromagn�tica, de cualquier fluido, o de cualquier medio de transmisi�n, sin derecho y sin consentimiento de la persona que legalmente pueda disponer de los mismos.

Las disposiciones anteriores ponen en relieve que el derecho del gobernado a que se le suministre energ�a el�ctrica est� condicionado al cumplimiento de los requisitos t�cnicos y de seguridad que fijen las normas oficiales mexicanas para los equipos e instalaciones con que se preste dicho servicio, as� como al cumplimiento del contrato de suministro donde el usuario se obliga a pagar la tarifa correspondiente, fijada por la S.�a de Hacienda y Cr�dito P�blico.

De ah� que resulte improcedente conceder la medida cautelar respecto de la suspensi�n del servicio de energ�a el�ctrica cuando en el incidente respectivo, se acredita que el usuario se ubica en las fracciones II, V o VI del art�culo 26 de la Ley del Servicio de Energ�a El�ctrica, por usar dicho servicio a trav�s de instalaciones que alteren o impidan el funcionamiento normal de los instrumentos de control o de medida; est� consumiendo energ�a el�ctrica sin haber celebrado el contrato respectivo; o se haya conectado el servicio sin la autorizaci�n de la Comisi�n Federal de Electricidad, toda vez que las conductas de dicho usuario contravienen normas prohibitivas de orden p�blico, que tienden a preservar la prestaci�n de ese servicio en condiciones de continuidad, eficiencia y seguridad. Y esta Segunda Sala ha sostenido que no procede conceder la suspensi�n contra actos prohibitivos, pues de hacerlo se incorporar�an a la esfera del quejoso derechos que no ten�a.

Ese criterio se plasm� en la tesis de jurisprudencia 53/2002, publicada con el rubro y texto siguientes:

"SUSPENSI�N DEFINITIVA. NO PROCEDE CONCEDERLA CONTRA LOS ACTOS PROHIBITIVOS CONTENIDOS EN LAS RESOLUCIONES EMITIDAS POR LA COMISI�N FEDERAL DE COMPETENCIA E., APOYADAS EN EL ART�CULO 10 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, PUES DE OTORGARSE SE INCORPORAR�AN A LA ESFERA JUR�DICA DEL GOBERNADO DERECHOS QUE NO TEN�A ANTES DE LA EMISI�N DE TALES ACTOS. Es improcedente conceder la suspensi�n definitiva solicitada en contra de los efectos de las resoluciones emitidas por la Comisi�n Federal de Competencia Econ�mica, consistentes en la prohibici�n de realizar las conductas a que se refiere expresamente el art�culo 10 de la ley federal relativa, que pueden resultar monop�licas, en virtud de que no se satisface el requisito previsto en la fracci�n II del art�culo 124 de la Ley de Amparo. Lo anterior es as�, pues la ley federal antes citada, reglamentaria del art�culo 28 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, es de orden p�blico e inter�s social, y tiene como fin principal proteger el proceso de libre concurrencia en todas las �reas de la econom�a nacional, mediante la prevenci�n y eliminaci�n de monopolios, pr�cticas monop�licas y dem�s sistemas que afecten el expedito funcionamiento del mercado, obligando al p�blico consumidor a pagar precios altos en beneficio indebido de una o varias personas determinadas, de manera que las medidas tomadas por la autoridad responsable, al prohibir a la parte quejosa la realizaci�n de actos o conductas que puedan constituir pr�cticas monop�licas, no son susceptibles de suspenderse, m�xime que tales actos se encuentran expresamente prohibidos por la ley, por lo que aqu�lla no est� legitimada para realizar tales conductas y, por ende, de concederse la suspensi�n, y levantar la prohibici�n de los actos a que se alude, ser�a tanto como permitir al impetrante de garant�as la realizaci�n de pr�cticas monop�licas que nunca formaron parte de su esfera jur�dica, lo que implicar�a que con la medida cautelar se estar�a creando a favor del gobernado un derecho que no ten�a antes de la emisi�n del acto reclamado, afect�ndose el inter�s social y el orden p�blico." (Novena �poca, Segunda Sala, Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, T.X., julio de 2002, tesis 2a./J. 53/2002, p�gina 358).

Adem�s, la afectaci�n a los ingresos p�blicos que significa el impago de la tarifa correspondiente, a trav�s de cualquier alteraci�n de equipos o instalaciones del servicio p�blico de energ�a el�ctrica es considerada como un delito contra el consumo y riqueza nacionales, en los art�culos 253, 254 y 254 ter del C�digo Penal Federal; y el uso o aprovechamiento de energ�a el�ctrica sin derecho y sin consentimiento de la persona que legalmente pueda disponer de ella, se equipara al robo, en el art�culo 368 del mismo c�digo.

De ah� que en tales supuestos no procede conceder la suspensi�n, porque el art�culo 124, fracci�n II, segundo p�rrafo, de la Ley de Amparo se�ala que se considerar�, entre otros casos, que se sigue perjuicio al inter�s social o se contravienen disposiciones de orden p�blico, cuando de concederse la suspensi�n se permita la consumaci�n o continuaci�n de delitos o de sus efectos; disposici�n que sirvi� de sustento a esta Suprema Corte para negar la suspensi�n en esos casos, como se ilustra en la tesis de jurisprudencia 36/2005, que dice:

"SUSPENSI�N. ES IMPROCEDENTE RESPECTO DE LOS ACTOS DE APLICACI�N DEL ART�CULO 28, FRACCI�N V, DEL C�DIGO FISCAL DE LA FEDERACI�N, VIGENTE EN 2004, PORQUE SE PERMITIR�A LA REALIZACI�N DE UN DELITO. El art�culo 124, fracci�n II, segundo p�rrafo, de la Ley de Amparo, se�ala que se considerar�, entre otros casos, que se sigue perjuicio al inter�s social o se contravienen disposiciones de orden p�blico, cuando de concederse la suspensi�n se permita la consumaci�n o continuaci�n de delitos o de sus efectos. En ese sentido, trat�ndose de los actos de aplicaci�n del art�culo 28, fracci�n V, del C�digo F. de la Federaci�n, vigente en 2004, que establece la obligaci�n para quienes enajenen gasolina, diesel, gas natural o licuado de petr�leo para combusti�n automotriz en establecimientos abiertos al p�blico, de llevar un registrocontable, consistente en instalar controles volum�tricos acorde con los equipos que para tal efecto autorice el Servicio de Administraci�n Tributaria mediante reglas de car�cter general, no procede conceder dicha medida cautelar, pues de hacerlo se permitir�a la realizaci�n de una conducta il�cita sancionada en el art�culo 111, fracci�n VII, del mencionado c�digo, toda vez que se permitir�a a los contribuyentes no instalar tales equipos, cuando dicha omisi�n est� sancionada penalmente." (Novena �poca, Segunda Sala, Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, T.X., marzo de 2005, tesis 2a./J. 36/2005, p�gina 313).

En este contexto, resulta evidente que contra la suspensi�n del suministro de energ�a el�ctrica, por incurrir el quejoso en alguno de los supuestos que establecen las fracciones II, V o VI del art�culo 26 de la Ley del Servicio de Energ�a El�ctrica, debe negarse la suspensi�n del acto reclamado, por no colmarse el requisito que establece la fracci�n II del art�culo 124 de la Ley de Amparo, toda vez que de incurrir el quejoso en esas conductas prohibitivas, carece del derecho que pretende preservar y la suspensi�n no puede v�lidamente tener por efecto constituir derechos de los que carece, aunado a que, de concederse la medida cautelar, se causar�a perjuicio al inter�s social y se contravendr�an disposiciones de orden p�blico, ya que la sociedad est� interesada en que la prestaci�n de ese servicio, cuyos ingresos constituyen parte de la riqueza nacional, se preste en estricto apego a las normas t�cnicas y de seguridad que lo regulan.

No impide llegar a esa conclusi�n, que al resolver la diversa contradicci�n de tesis 147/2002-SS, esta Segunda Sala haya determinado que procede la suspensi�n contra los acuerdos del secretario de Hacienda y Cr�dito P�blico que modifican las tarifas de energ�a el�ctrica y la reducci�n del subsidio a las dom�sticas, en la tesis de jurisprudencia 31/2003, que dice a la letra:

"ENERG�A EL�CTRICA. PROCEDE CONCEDER LA SUSPENSI�N PROVISIONAL CONTRA LOS ACUERDOS DEL SECRETARIO DE HACIENDA Y CR�DITO P�BLICO POR LOS QUE AUTORIZA LA MODIFICACI�N DE LAS TARIFAS RELATIVAS, AS� COMO LA REDUCCI�N DEL SUBSIDIO A LAS DOM�STICAS.-De conformidad con lo dispuesto en el art�culo 124, fracci�n II, de la Ley de Amparo, la suspensi�n del acto reclamado procede cuando no se siga perjuicio al inter�s social, ni se contravengan disposiciones de orden p�blico. En ese sentido, procede otorgar la suspensi�n provisional contra los Acuerdos del S.io de Hacienda y Cr�dito P�blico en los que autoriza el ajuste, modificaci�n y reestructuraci�n a las tarifas para suministro y venta de energ�a el�ctrica, as� como el que autoriza, adem�s, la reducci�n del subsidio a las tarifas dom�sticas, publicados en el Diario Oficial de la Federaci�n el 8 de abril de 2002 y el 7 de febrero de 2002, respectivamente, ya que al conceder aquella medida suspensional, que tendr� por efecto permitir al quejoso, provisionalmente, el impago de las diferencias resultantes de la modificaci�n de tarifas y reducci�n de subsidios establecida en los Acuerdos cuya constitucionalidad cuestiona, no se obstaculiza o se entorpece la planeaci�n del sistema el�ctrico nacional, ni la generaci�n, conducci�n, transformaci�n, distribuci�n y venta de energ�a el�ctrica, o bien, la realizaci�n de obras, instalaciones y trabajos que requieran la planeaci�n, ejecuci�n, operaci�n y mantenimiento del sistema el�ctrico nacional; esto es, con tal concesi�n no se genera una desventaja para la colectividad, ni impide que �sta obtenga un provecho, es decir, no se ven afectados el inter�s social y el orden p�blico, toda vez que, por una parte, no altera la prestaci�n del servicio p�blico de energ�a el�ctrica y, por otra, tampoco obstaculiza el cobro al quejoso de la electricidad que consume, ya que esa obligaci�n subsiste respecto al pago del servicio p�blico que recibe, con la salvedad de que ello ser� sin considerar la elevaci�n de las tarifas decretada en los Acuerdos citados, adem�s de que el promovente deber� otorgar la garant�a relativa, con lo cual se proteger�an los intereses de la Comisi�n Federal de Electricidad en su car�cter de tercero perjudicado, seg�n lo previsto en el inciso c) de la fracci�n III del art�culo 5o. de la Ley de Amparo." (Novena �poca, Segunda Sala, Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, T.X., abril de 2003, tesis 2a./J. 31/2003, p�gina 191).

En efecto, el establecimiento de ese criterio no se contrapone con el aqu� sustentado, pues como puede observarse de la tesis transcrita, la suspensi�n que en ella se concede es para el �nico efecto de que se permita al quejoso el impago de las diferencias resultantes de la modificaci�n de tarifas y reducci�n de subsidios establecida en los acuerdos cuya constitucionalidad cuestion�, mas no que con motivo de la suspensi�n se obstaculizara el cobro de la electricidad que consumi� el quejoso, ni que se le permitiera recibir el servicio p�blico de energ�a el�ctrica en condiciones t�cnicas y de seguridad irregulares, como fueron los casos analizados por los tribunales contendientes en la presente contradicci�n.

Ahora bien, en cuanto al momento de acreditarse la afectaci�n al orden p�blico, esta Segunda Sala considera que para tal efecto, trat�ndose de actos como los que se analizan, se pueden recibir en el incidente de suspensi�n �nicamente, las pruebas documental o de inspecci�n ocular, atendiendo al art�culo 131 de la Ley de Amparo, que dispone:

"Art�culo 131. Promovida la suspensi�n conforme al art�culo 124 de esta ley, el J. de Distrito pedir� informe previo a la autoridad responsable, quien deber� rendirlo dentro de veinticuatro horas. Transcurrido dicho t�rmino, con informe o sin �l, se celebrar� la audiencia dentro de setenta y dos horas, excepto el caso previsto en el art�culo 133, en la fecha y hora que se hayan se�alado en el auto inicial, en la que el J. podr� recibir �nicamente las pruebas documental o de inspecci�n ocular que ofrezcan las partes, las que se recibir�n desde luego; y oyendo los alegatos del quejoso, del tercero perjudicado, si lo hubiera, y del Ministerio P�blico, el J. resolver� en la misma audiencia, concediendo o negando la suspensi�n o lo que fuere procedente con arreglo al art�culo 134 de esta ley.

"Cuando se trate de alguno de los actos a que se refiere el art�culo 17 de esta ley, podr� tambi�n el quejoso ofrecer prueba testimonial.

No son aplicables al incidente de suspensi�n las disposiciones relativas a la admisi�n de pruebas en la audiencia constitucional; no podr� exigirse al quejoso la proposici�n de la prueba testimonial, en el caso, a que se refiere el p�rrafo anterior.

De ah� que fuera de las restricciones que establece dicho numeral, no existe impedimento alguno para que el J. de Distrito base su determinaci�n de conceder o negar la suspensi�n del acto reclamado, en las pruebas que aporten las partes en el incidente respectivo, o bien, sin prueba alguna cuando sea evidente y manifiesta la afectaci�n al orden p�blico, como lo determin� esta Segunda Sala en la tesis de jurisprudencia 52/2002, del siguiente tenor:

"ORDEN P�BLICO E INTER�S SOCIAL PARA EFECTOS DE LA SUSPENSI�N EN EL AMPARO. CUANDO ES EVIDENTE Y MANIFIESTA SU AFECTACI�N, NO SE REQUIERE PRUEBA SOBRE SU EXISTENCIA O INEXISTENCIA.-Si bien es cierto que en el incidente de suspensi�n las partes tienen el derecho de allegar al J. de Distrito las pruebas que la Ley de Amparo permite para acreditar la existencia del acto reclamado y la afectaci�n o no afectaci�n al orden p�blico y al inter�s social con motivo de la suspensi�n del acto reclamado en el amparo, tambi�n lo es que los elementos probatorios son innecesarios cuando dicha afectaci�n es evidente y manifiesta, por lo que en tal supuesto si las partes aportan pruebas para acreditar tal extremo y �stas les son desechadas, ninguna afectaci�n les causa tal acto, ya que el juzgador debe atender a la evidente y manifiesta afectaci�n aludida, para denegar la suspensi�n solicitada." (Novena �poca, Segunda Sala, Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, T.X., julio de 2002, tesis 2a./J. 52/2002, p�gina 296).

La apreciaci�n de las pruebas aportadas por las partes que realiza el J. de Distrito al resolver sobre la suspensi�n del acto reclamado no prejuzga sobre el fondo del asunto, pero s� constituye una apreciaci�n de car�cter provisional de la inconstitucionalidad del acto reclamado, que el Tribunal Pleno consider� es permitida, para constatar el buen derecho y el peligro de la demora, siempre y cuando se satisfagan los requisitos del art�culo 124 de la Ley de Amparo, como se advierte de la tesis de jurisprudencia 15/96 que emiti� sobre ese tema, con el rubro y texto siguientes:

"SUSPENSI�N. PARA RESOLVER SOBRE ELLA ES FACTIBLE, SIN DEJAR DE OBSERVAR LOS REQUISITOS CONTENIDOS EN EL ART�CULO 124 DE LA LEY DE AMPARO, HACER UNA APRECIACI�N DE CAR�CTER PROVISIONAL DE LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL ACTO RECLAMADO.-La suspensi�n de los actos reclamados participa de la naturaleza de una medida cautelar, cuyos presupuestos son la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora. El primero de ellos se basa en un conocimiento superficial dirigido a lograr una decisi�n de mera probabilidad respecto de la existencia del derecho discutido en el proceso. Dicho requisito aplicado a la suspensi�n de los actos reclamados, implica que, para la concesi�n de la medida, sin dejar de observar los requisitos contenidos en el art�culo 124 de la Ley de Amparo, basta la comprobaci�n de la apariencia del derecho invocado por el quejoso, de modo tal que, seg�n un c�lculo de probabilidades, sea posible anticipar que en la sentencia de amparo se declarar� la inconstitucionalidad del acto reclamado. Ese examen encuentra adem�s fundamento en el art�culo 107, fracci�n X, constitucional, en cuanto establece que para el otorgamiento de la medida suspensional deber� tomarse en cuenta, entre otros factores, la naturaleza de la violaci�n alegada, lo que implica que debe atenderse al derecho que se dice violado. Esto es, el examen de la naturaleza de la violaci�n alegada no s�lo comprende el concepto de violaci�n aducido por el quejoso sino que implica tambi�n el hecho o acto que entra�a la violaci�n, considerando sus caracter�sticas y su trascendencia. En todo caso dicho an�lisis debe realizarse, sin prejuzgar sobre la certeza del derecho, es decir, sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados, ya que esto s�lo puede determinarse en la sentencia de amparo con base en un procedimiento m�s amplio y con mayor informaci�n, teniendo en cuenta siempre que la determinaci�n tomada en relaci�n con la suspensi�n no debe influir en la sentencia de fondo, toda vez que aqu�lla s�lo tiene el car�cter de provisional y se funda en meras hip�tesis, y no en la certeza de la existencia de las pretensiones, en el entendido de que deber� sopesarse con los otros elementos requeridos para la suspensi�n, porque si el perjuicio al inter�s social o al orden p�blico es mayor a los da�os y perjuicios de dif�cil reparaci�n que pueda sufrir el quejoso, deber� negarse la suspensi�n solicitada, ya que la preservaci�n del orden p�blico o del inter�s de la sociedad est�n por encima del inter�s particular afectado. Con este proceder, se evita el exceso en el examen que realice el juzgador, el cual siempre quedar� sujeto a las reglas que rigen en materia de suspensi�n." (Novena �poca, Pleno, Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, T.I.I, abril de 1996, tesis P./J. 15/96, p�gina 16).

As�, como uno de los requisitos que establece el art�culo 124 de la Ley de Amparo en su fracci�n II, es que con la suspensi�n no se contravenga el orden p�blico, ni se afecte el inter�s social, si tal requisito no se satisface trat�ndose de la suspensi�n en el suministro de energ�a el�ctrica cuando se demuestre en el incidente respectivo que el quejoso incurre en alguno de los supuestos previstos en las fracciones II, V o VI del art�culo 26 de la Ley del Servicio de Energ�a El�ctrica, debe negarse la medida cautelar solicitada contra ese acto. Sin perjuicio de que en el expediente principal el quejoso pueda aportar las pruebas tendentes a demostrar lo contrario y as� obtener el amparo contra ese acto de autoridad que es susceptible de ser reparado.

Conforme a lo anteriormente expuesto, esta Segunda Sala determina que los criterios que deben regir con car�cter jurisprudencial, en t�rminos de lo dispuesto en el art�culo 195 de la Ley de Amparo, queden redactados bajo los siguientes rubro y texto:

SUSPENSI�N. ES IMPROCEDENTE TRAT�NDOSE DEL CORTE DE SUMINISTRO DE ENERG�A EL�CTRICA, CUANDO EN EL INCIDENTE SE ACREDITE QUE EL QUEJOSO SE UBICA EN LOS SUPUESTOS DE LAS FRACCIONES II, V O VI DEL ART�CULO 26 DE LA LEY DEL SERVICIO P�BLICO RELATIVO.-Los actos relacionados con el servicio de energ�a el�ctrica son de orden p�blico, conforme al art�culo 2o. de la Ley del Servicio P�blico de Energ�a El�ctrica, la cual tiene como prop�sito establecer las normas indispensables para la prestaci�n del servicio relativo en condiciones de continuidad, eficiencia y seguridad, seg�n se advierte de sus numerales 21 y 22. Por su parte, las fracciones II, V y VI del art�culo 26 de la Ley citada, establecen que el suministro de energ�a el�ctrica se cortar� cuando se acredite el uso de dicho servicio a trav�s de instalaciones que alteren o impidan el funcionamiento normal de los instrumentos de control o de medida; cuando se est� consumiendo energ�a el�ctrica sin haber celebrado el contrato respectivo; o cuando se haya conectado un servicio sin la autorizaci�n de la Comisi�n Federal de Electricidad. Asimismo, acorde con los art�culos 253, 254 y 254 ter del C�digo Penal Federal, la afectaci�n a los ingresos p�blicos que significa la falta de pago de la tarifa correspondiente, a trav�s de cualquier alteraci�n de equipos o instalaciones del servicio p�blico de energ�a el�ctrica, es considerada como delito contra el consumo y riqueza nacionales; adem�s, en t�rminos del art�culo 368 del mismo c�digo, el uso o aprovechamiento de energ�a el�ctrica sin derecho y sin consentimiento de la persona que legalmente pueda disponer de ella se equipara al robo. Ahora bien, cuando en el incidente relativo se demuestre que el quejoso se ubica en alguno de los supuestos que prev�n las fracciones II, V o VI del art�culo 26 de la Ley del Servicio P�blico de Energ�a El�ctrica, resulta evidente que no procede la suspensi�n respecto del corte de ese servicio, porque el art�culo 124, fracci�n II, segundo p�rrafo, de la Ley de Amparo, se�ala que se considerar�, entre otros casos, que se sigue perjuicio al inter�s social o se contravienen disposiciones de orden p�blico, cuando de concederse la suspensi�n se permita la consumaci�n o continuaci�n de delitos o de sus efectos, y la suspensi�n no puede v�lidamente tener por efecto constituir derechos de los que se carece; aunado a que de concederse, se causar�a perjuicio al inter�s social y se contravendr�an disposiciones de orden p�blico, ya que la sociedad est� interesada en que el servicio p�blico de energ�a el�ctrica, cuyos ingresos constituyen parte de la riqueza nacional, se preste en estricto apego a las normas t�cnicas y de seguridad que lo regulan.

SUSPENSI�N. PRUEBAS ADMISIBLES CUANDO SE RECLAME EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EL CORTE EN EL SUMINISTRO DE ENERG�A EL�CTRICA.-Conforme al art�culo 131 de la Ley de Amparo, en el incidente de suspensi�n �nicamente pueden recibirse las pruebas documental o de inspecci�n ocular cuando se trate de alg�n acto diverso a los se�alados en el art�culo 17 del mismo ordenamiento; fuera de esas restricciones, no existe impedimento para que el J. de Distrito base su determinaci�n de conceder o negar la suspensi�n del acto reclamado en las pruebas que aporten las partes en el incidente respectivo, o bien, sin prueba alguna cuando sea evidente y manifiesta la afectaci�n al orden p�blico, como lo sostuvo esta Segunda Sala en la tesis de jurisprudencia 2a./J. 52/2002, de rubro: "ORDEN P�BLICO E INTER�S SOCIAL PARA EFECTOS DE LA SUSPENSI�N EN EL AMPARO. CUANDO ES EVIDENTE Y MANIFIESTA SU AFECTACI�N, NO SE REQUIERE PRUEBA SOBRE SU EXISTENCIA O INEXISTENCIA.". Ahora bien, la apreciaci�n de las pruebas aportadas por las partes que realiza el J. de Distrito al resolver sobre la suspensi�n del acto reclamado no prejuzga sobre el fondo del asunto, pero s� constituye una apreciaci�n provisional de la inconstitucionalidad de aqu�l, que el Pleno de este Alto Tribunal consider� permitida para constatar la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora, siempre y cuando se satisfagan los requisitos del art�culo 124 de la Ley mencionada, seg�n se advierte de la tesis de jurisprudencia P./J. 15/96, publicada con el rubro: "SUSPENSI�N. PARA RESOLVER SOBRE ELLA ES FACTIBLE, SIN DEJAR DE OBSERVAR LOS REQUISITOS CONTENIDOS EN EL ART�CULO 124 DE LA LEY DE AMPARO, HACER UNA APRECIACI�N DE CAR�CTER PROVISIONAL DE LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL ACTO RECLAMADO.". As�, como uno de los requisitos que establece el �ltimo numeral citado en su fracci�n II, es que con la suspensi�n no se contravenga el orden p�blico ni se afecte el inter�s social, si tal requisito no se satisface trat�ndose de la suspensi�n en el suministro de energ�a el�ctrica, cuando se demuestre en el incidente respectivo que el quejoso incurre en alguno de los supuestos de las fracciones II, V o VI del art�culo 26 de la Ley del Servicio P�blico de Energ�a El�ctrica, debe negarse la medida cautelar solicitada, sin perjuicio de que en el expediente principal pueda aportar las pruebas tendentes a demostrar lo contrario y as� obtener el amparo.

Por lo expuesto y fundado, se

resuelve:

PRIMERO

S� existe contradicci�n de tesis a que este expediente se refiere.

SEGUNDO

Se declara que debe prevalecer, con car�cter de jurisprudencia, el criterio precisado por esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia conforme a las tesis que han quedado redactadas en la parte final del �ltimo considerando de esta resoluci�n.

TERCERO

Rem�tanse de inmediato las tesis jurisprudenciales que se sustentan en el presente fallo a la Direcci�n General de la Coordinaci�n de Compilaci�n y S.�n de Tesis para su publicaci�n en el Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, as� como a la Primera Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, a los Tribunales Colegiados de Circuito y a los Juzgados de Distrito, en acatamiento a lo dispuesto en el art�culo 195 de la Ley de Amparo.

N.�quese; env�ese testimonio de esta resoluci�n a los tribunales contendientes y, en su oportunidad, arch�vese el toca como asunto concluido.

As� lo resolvi� la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, por unanimidad de cuatro votos de los se�ores Ministros: M.B.L.R., G.D.G.�ngora P., S.S.A.A., y presidente J.D.R.. Estuvo ausente el se�or M.G.I.O.M. por atender comisi�n oficial. Fue ponente el se�or Ministro G.D.G.�ngora P..