Ejecutoria num. 2a./J. 170/2005 de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala - Jurisprudencia - VLEX 26823336

Ejecutoria num. 2a./J. 170/2005 de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala

Emisor:Segunda Sala
Número de Resolución:2a./J. 170/2005
Materia:Suprema Corte de Justicia de México
Fecha de Publicación: 1 de Enero de 2006
RESUMEN

CONTRADICCIÓN DE TESIS 140/2005-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO OCTAVO CIRCUITO Y EL ENTONCES SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEGUNDO CIRCUITO, ACTUALMENTE SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEGUNDO CIRCUITO.PRESCRIPCIÓN EN MATERIA AGRARIA. EL AVECINDADO PUEDE EJERCER UNA POSESIÓN COMO TITULAR DE DERECHOS DE EJIDATARIO.

 
ÍNDICE
CONTENIDO

CONTRADICCI�N DE TESIS 140/2005-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIG�SIMO OCTAVO CIRCUITO Y EL ENTONCES SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEGUNDO CIRCUITO, ACTUALMENTE SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEGUNDO CIRCUITO.

CONSIDERANDO:

TERCERO

Para determinar la existencia o no de la contradicci�n de tesis denunciada, es menester transcribir las consideraciones de las resoluciones emitidas por los Tribunales Colegiados contendientes.

El Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito (actualmente Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito), remiti� copia certificada de la sentencia dictada en el juicio de amparo directo 901/1993, promovido por M.L.O.�n, misma que en la parte que interesa establece:

CUARTO. Es infundado el �nico concepto de violaci�n que invoca el quejoso y este tribunal no advierte deficiencia que suplir. El art�culo 48 de la Ley Agraria, expresa textualmente lo siguiente: (se transcribe). La acci�n de prescripci�n a que alude el art�culo transcrito, se otorga a quienes fueren poseedores de tierras ejidales en concepto de titular de esos derechos. Esto es que al mero poseedor de una parcela ejidal, sin certificado de derechos agrarios pero poseyendo en concepto de titular, se le otorga esa acci�n. Lo anterior implica que la sola posesi�n de una parcela o de tierras ejidales en general, salvo las destinadas al asentamiento humano, o se trate de bosques o selvas, no otorga al poseedor la acci�n de prescripci�n. Como el avecindado no es poseedor en concepto de titular de derechos agrarios resulta obvio que carece de acci�n para pedir la prescripci�n de una porci�n de tierra ejidal. Por otra parte, conforme al art�culo 56 de la Ley Agraria, la asamblea de cada ejido con las formalidades previstas a tal efecto en los art�culos 24, 28 y 31 de esa ley podr� terminar el destino de las tierras que no est�n formalmente parceladas, efectuar su parcelamiento, reconocer el parcelamiento econ�mico o de hecho, o regularizar la tenencia de los posesionarios o de quienes carezcan de los certificados correspondientes. De tal manera que no es dable el reconocimiento de derechos agrarios o (sic) de un ejidatario sobre tierras de uso com�n cuando la asamblea no ha determinado el destino de sus tierras y efectuado el parcelamiento con las formalidades que la ley exige ni, por ende, procede la acci�n de prescripci�n; pues esta acci�n exige que el actor sea poseedor, en concepto de titular de derechos agrarios. En el caso a estudio, est� demostrado que el quejoso posee las tierras de las que pretende prescribir, desde el a�o de mil novecientos setenta y dos, porque en el acto de investigaci�n general de usufructo parcelario ejidal levantada el veinticinco de abril de mil novecientos setenta y cuatro la asamblea solicit� el reconocimiento de derechos agrarios a los campesinos dentro de las cuales con el n�mero setenta y cuatro se incluy� al quejoso M.L.O.�n, y la raz�n de esa solicitud fue que hab�an abierto tierras al cultivo y haberlas trabajado quieta y pac�ficamente desde hace m�s de dos a�os. Tan s�lo de tal documental que es en la que fund� sus argumentos a manera de conceptos de violaci�n el quejoso se desprende que no se trata de la posesi�n de una parcela regular sino de tierras abiertas al cultivo, por tanto, para que pueda solicitarse el reconocimiento de derechos agrarios es menester que previamente la asamblea con las formalidades que mencionan los art�culos 24 a 28 y 31 de la Ley Agraria hubiese destinado esas tierras comunes a nuevos parcelamientos, y si tal asamblea no efectu� el parcelamiento de tierras comunes abiertas al cultivo es evidente que no puede ejercitarse la acci�n de prescripci�n sobre una parcela inexistente pues la tierra que pretende el quejoso, sigue siendo de uso com�n del poblado y por lo mismo nunca ha ejercido una posesi�n en concepto de titular de una parcela. En consecuencia, aun reconociendo la posesi�n que ha tenido el quejoso y que ha trabajado esa superficie lo cierto es que tal posesi�n no ha sido en concepto de titular de una parcela sino como un mero aspirante a que cuando la asamblea destine las tierras comunes del ejido a nuevas parcelas sea considerado con mejor derecho que otras personas, lo que implica que no re�ne la calidad que la Ley Agraria exige para el ejercicio de la acci�n de prescripci�n como correctamente lo aprecia la sentencia reclamada. Por tanto, aun cuando en la sentencia reclamada se haya dado valor probatorio pleno al acto del veinticinco de abril de mil novecientos setenta y cuatro, lo cierto es que de su contenido se desprende que se solicit� el reconocimiento de derechos agrarios de tierras de uso com�n que el quejoso entre otros hab�an abierto al cultivo, y a ello se debi� que la responsable resolvi� contra los intereses del quejoso, expresando que era improcedente la acci�n por referirse a tierra de uso com�n que no se hab�an destinado al parcelamiento por la asamblea de ejidatarios y siguiendo las formalidades que la ley exige. Consecuentemente, al resultar infundados los conceptos de violaci�n procede negar el amparo solicitado. Por lo expuesto y fundado, con apoyo adem�s en los art�culos 103, fracci�n I y 107, fracci�n I, de la Constituci�n General de la Rep�blica; 46, 158, 188 y 190 de la Ley de Amparo; 6o. bis del cap�tulo tercero bis y 72, fracci�n II, del cap�tulo s�ptimo de la Ley Org�nica del Poder Judicial de la Federaci�n, se resuelve: �NICO. La Justicia de la Uni�n no ampara ni protege a M.L.O.�n, en contra de los actos y autoridades precisados en el resultando primero de esta ejecutoria.

Asimismo, el Tribunal Colegiado del Vig�simo Octavo Circuito remiti� la ejecutoria correspondiente al juicio de amparo directo 150/2004, promovido por Ma. Victoria R.S.�nchez; en dicha resoluci�n, en la parte considerativa que interesa, se estableci� lo siguiente:

"S�PTIMO. Los conceptos de violaci�n son parcialmente fundados. ... En cambio, asiste raz�n a la inconforme cuando menciona que para que la acci�n de prescripci�n positiva fuera procedente, era necesario que durante la tramitaci�n del juicio agrario, M.�a de los �ngeles P�rez V�zquez o Ma. de los �ngeles P�rez V�zquez, hubiera justificado fehacientemente que cuando empez� a poseer las parcelas, ten�a reconocido el car�cter de avecindada en el n�cleo ejidal de que se trata. En efecto, en primer lugar, conviene precisar que el art�culo 48 de la Ley Agraria en vigor dispone, entre otras cosas, que quien haya pose�do tierras ejidales ?en concepto de titular de derechos de �ejidatario�, que no sean las destinadas al asentamiento humano ni se trate de bosques o selvas, de manera pac�fica, continua y p�blica durante un periodo de cinco a�os, si la posesi�n es de buena fe o de diez si fuera de mala fe, adquirir� sobre dichas tierras los mismos derechos que cualquier ejidatario sobre su parcela.?-Luego, para que se entienda satisfecha la posesi�n ?en concepto de titular de derechos de �ejidatario�?, que como requisito para la usucapi�n contempla el apuntado normativo, es menester que el actor revele (y demuestre) la causa generadora de su posesi�n; entendi�ndose por tal, cualquier acto que fundadamente se considere bastante para transferirle el dominio sobre la unidad de dotaci�n de que se trate, a fin de estar en aptitud de dilucidar primeramente si en realidad su posesi�n es o no ?en concepto de titular de derechos de ejidatario?, para enseguida determinar lo referente a los plazos legales en que habr� de operar la prescripci�n, seg�n sea el caso de posesi�n de buena fe o mala fe. Lo anterior, porque una sana interpretaci�n de la disposici�n de que se trata, conduce a concluir que dicha instituci�n se encuentra reservada para aquellos cuya posesi�n de tierras ejidales sea en concepto de titular de derechos ejidales, y no para los que las detentan de manera precaria o derivada. Asimismo, aun cuando el mencionado numeral no lo establece de manera expresa, este tribunal colegiado considera, que para poder tener derecho a adquirir por v�a de prescripci�n adquisitiva una parcela ejidal, primero se debe demostrar ser ejidatario, avecindado o posesionario reconocido por la asamblea del n�cleo de poblaci�n donde se ubica la parcela afecta a usucapir; lo anterior, porque de acuerdo a lo establecido en la Ley Agraria, s�lo dichos sujetos gozan de los derechos que la misma establece, especialmente el relativo a adquirir la titularidad de una parcela ejidal por v�a de prescripci�n positiva. Se afirma lo anterior, pues la Ley Agraria procura que las parcelas del ejido no dejen de pertenecer a los sujetos que lo integran, seg�n se deduce de sus art�culos 12, 13, 14, 15, 56 y 57, que disponen lo siguiente: ?Art�culo 12. Son ejidatarios los hombres y las mujeres titulares de derechos ejidales.?. ?Art�culo 13.? (se transcribe). ?Art�culo 14.? (se transcribe). ?Art�culo 15.? (se transcribe). ?Art�culo 56.? (se transcribe). ?Art�culo 57.? (se transcribe). De igual manera, el Reglamento de la Ley Agraria en Materia de Certificaci�n de Derechos Ejidales y Titulaci�n de Solares, en sus art�culos 30, 36 y 37, se�alan: ?Art�culo 30.? (se transcribe). ?Art�culo 36.? (se transcribe). ?Art�culo 37.? (se transcribe). Preceptos de los que se sigue que los ejidatarios, avecindados y posesionarios reconocidos por la asamblea, disfrutan de las prerrogativas que establece la Ley Agraria, y gozan de derechos por participar en la vida activa del ejido; siendo que incluso, las controversias en las que intervengan ser�n del conocimiento de los tribunales agrarios, atento a lo establecido en la fracci�n VI del art�culo 18 de la Ley Org�nica de los Tribunales Agrarios, que prev� lo siguiente: ?Art�culo 18.? (se transcribe). Tienen aplicaci�n sobre el particular, las siguientes tesis y jurisprudencias de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, la primera de ellas, identificada con el n�mero 2a. XCVIII, visible en la p�gina 365 del Tomo X, correspondiente el mes de julio de mil novecientos noventa y nueve; la jurisprudencia 50/2000, publicada en la p�gina 197 del Tomo XI, correspondiente al mes de mayo de dos mil; y la jurisprudencia 47/2001, visible a fojas 365 del Tomo XIV, correspondiente al mes de octubre de dos mil uno, todas de la Novena �poca del Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, cuyo respectivo tenor literal es el siguiente: ?EJIDOS. LOS AVECINDADOS EN �L, SON SUJETOS RECONOCIDOS DE DERECHO AGRARIO Y DE LA CLASE CAMPESINA, AL LADO DE LOS EJIDATARIOS Y COMUNEROS, DE ACUERDO CON LA LEY AGRARIA.? (se transcribe). ?POSESIONARIOS IRREGULARES DE PARCELAS EJIDALES. EL PLAZO PARA IMPUGNAR LAS RESOLUCIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL DE EJIDATARIOS SOBRE ASIGNACI�N DE TIERRAS SE INICIA DESDE QUE LAS CONOCIERON O SE HICIERON SABEDORES DE ELLAS.? (se transcribe). ?AVECINDADOS. COMPETE A LA ASAMBLEA DE EJIDATARIOS SU RECONOCIMIENTO Y EN CASO DE NEGATIVA, EL AFECTADO PUEDE DEMANDAR A DICHO �RGANO INTERNO ANTE EL TRIBUNAL UNITARIO COMPETENTE (INTERPRETACI�N DE LOS ART�CULOS 13 DE LA LEY AGRARIA Y 18, F.V., DE LA LEY ORG�NICA DE LOS TRIBUNALES AGRARIOS).? (se transcribe). Atento a lo anterior, conviene destacar que al promoverse la acci�n de prescripci�n positiva por quien no es ejidatario, y de llegarse a declarar que se demostraron los elementos de la misma, de acuerdo a lo establecido en la parte final del p�rrafo primero del art�culo 48 de la Ley Agraria, transcrito con antelaci�n, traer� como consecuencia que al actor se le reconozca su derecho sobre la parcela, y se determinar� que se ha convertido en ejidatario, pues deber� exped�rsele el respectivo certificado de derechos parcelarios; y si el actor es un ejidatario del n�cleo de poblaci�n donde se encuentra la parcela afecta a usucapir, de demostrar la acci�n, no ser� necesario que exista pronunciamiento de que se convirti� en ejidatario porque ya lo es, pero s� se le expedir� el citado certificado parcelario para reconocerlo como titular de la parcela usucapida. En tales condiciones, para tener derecho a adquirir por v�a de prescripci�n positiva una parcela ejidal, se requiere primero, ser ejidatario, avecindado o posesionario reconocido por la asamblea del n�cleo de poblaci�n de que se trate, pues precisamente la intenci�n del legislador al establecer la figura de la prescripci�n adquisitiva en materia agraria, es con el fin de que s�lo aquellos sujetos que participan de la vida activa del ejido y que gozan de los derechos previstos en la Ley Agraria, puedan adquirir por el transcurso del tiempo la titularidad de una parcela, la cual han detentado en calidad de derechos de ejidatario pero carecen del certificado respectivo. Por tanto, es obvio que para que sea jur�dicamente correcto que prospere la acci�n de prescripci�n positiva, se requiere que adem�s de reunirse los requisitos previstos en el art�culo 48 de la Ley Agraria, el actor debe en primer lugar demostrar que es ejidatario, avecindado o posesionario reconocido por la asamblea ejidal del poblado donde se encuentra la parcela afecta a usucapir. Ahora bien, para demostrar su acci�n, la aqu� tercera perjudicada, ofreci� y le fueron admitidas, las siguientes probanzas: 1. Copias certificadas del acta de nacimiento de la actora principal, y de la demandada principal (fojas 56 y 71); 2. Una constancia expedida a su favor, por los integrantes del Comisariado Ejidal y Consejo de Vigilancia del poblado de Mu�oz, Municipio de D.A., Tlaxcala (foja 57); 3. Un acta de asamblea general de ejidatarios, de fecha treinta de noviembre de dos mil (fojas 59 a 70); 4. Unas constancias expedidas por la Secretar�a de la Reforma Agraria, relativas a la inscripci�n de una enajenaci�n de derechos parcelarios (fojas 72 y 73); 5. Copias certificadas de los certificados parcelarios 48673 y 48672, y del certificado de derechos sobre tierras de uso com�n (fojas 74 a 76); 6. La presuncional legal y humana; 7. La testimonial a cargo de R.L.G.�rrez y A.O.R.�guez, desahogada el veintisiete de noviembre de dos mil tres (fojas 124 a 126); y 8. La confesional a cargo de la actora, desahogada el cuatro de noviembre del mismo a�o (fojas 91 y 92). No obstante lo anterior, basta imponerse de la sentencia reclamada, para percatarse que el tribunal responsable no examin� esas probanzas, con relaci�n al punto aludido, esto es, no determin� si con ellas se justifica plenamente o no, que cuando M.�a P. �ngela P�rez V�zquez, o M.�a de los �ngeles P�rez V�zquez, o Ma. de los �ngeles P�rez V�zquez promovi� su demanda reconvencional de usucapi�n, ten�a reconocido el car�cter de avecindada. Al respecto, cabe precisar que ser�a incorrecto que este tribunal analizara de primera mano esas probanzas, porque ello equivaldr�a a sustituir el criterio de la responsable. Al efecto, cobra vigor la jurisprudencia sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, consultable con el n�mero 538, en la p�gina 353 del Tomo VI, Materia Com�n, del Ap�ndice al Semanario Judicial de la Federaci�n, correspondiente a los a�os 1917-1995, que dice: ?TRIBUNALES FEDERALES DE AMPARO, ATRIBUCIONES DE LOS.? (se transcribe). As� las cosas, debe convenirse con la quejosa en que por cuanto a esa parte se refiere, la sentencia reclamada resulta violatoria de sus garant�as individuales, consagradas por los art�culos 14 y 16 constitucionales. En tal virtud, resulta procedente conceder el amparo y protecci�n de la Justicia Federal, para el efecto de que el tribunal responsable deje insubsistente la sentencia reclamada y, en su lugar, dicte otra, en la que reitere los motivos que tuvo en cuenta para declarar probada la acci�n de nulidad de documentos que contravienen las leyes agrarias, y a continuaci�n, con plenitud de jurisdicci�n y en forma fundada y motivada, analice nuevamente la procedencia de la acci�n de prescripci�n positiva ejercitada por v�a reconvencional, determinando si en autos qued� acreditado o no, que la aqu� tercera perjudicada, ten�a reconocido el car�cter de avecindada cuando promovi� su demanda reconvencional de usucapi�n, y con base en ello, haga el pronunciamiento que en derecho corresponda. La concesi�n de amparo se hace extensiva a los actos de ejecuci�n que se reclaman del delegado del Registro Agrario Nacional en el Estado de Tlaxcala, de conformidad con lo dispuesto por la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, que con el n�mero 89 aparece publicada en la p�gina 71 del Tomo VI, Materia Com�n, del Ap�ndice al Semanario Judicial de la Federaci�n correspondiente a los a�os 1917-1995, que dice: ?AUTORIDADES EJECUTORAS. ACTOS INCONSTITUCIONALES DE LAS.? (se transcribe). Al haber resultado fundados los anteriores conceptos de violaci�n, resulta innecesario ocuparse de los restantes, atento a lo que establece la jurisprudencia sustentada por la entonces Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, que con el n�mero 168 aparece publicada en la p�gina 113 del Tomo, Materia y Ap�ndice invocados (VI, Com�n, a�os 1917-1995), que dice: ?CONCEPTOS DE VIOLACI�N. CUANDO SU ESTUDIO ES INNECESARIO.? (se transcribe)."

CUARTO

Ahora bien, una vez transcritos los criterios sustentados por los Tribunales Colegiados es necesario determinar la existencia o no de la contradicci�n denunciada, para lo cual es indispensable atender a los requisitos jurisprudenciales que deben cumplirse para tal efecto. Dichos requisitos son:

  1. Que al resolver los negocios jur�dicos se hayan examinado cuestiones de derecho esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jur�dicos discrepantes;

  2. Que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jur�dicas de las resoluciones respectivas, y

  3. Que los criterios discrepantes provengan del examen de los mismos elementos;

Lo anterior se obtiene de la naturaleza misma de las contradicciones de tesis y encuentra apoyo en la tesis del Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Naci�n P./J. 26/2001, que aparece publicada en la p�gina 76 del T.X., abril de 2001 del Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, Novena �poca, que dice:

CONTRADICCI�N DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA. De conformidad con lo que establecen los art�culos 107, fracci�n XIII, primer p�rrafo, de la Constituci�n Federal y 197-A de la Ley de Amparo, cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n o la Sala que corresponda deben decidir cu�l tesis ha de prevalecer. Ahora bien, se entiende que existen tesis contradictorias cuando concurren los siguientes supuestos: a) que al resolver los negocios jur�dicos se examinen cuestiones jur�dicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jur�dicos discrepantes; b) que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jur�dicas de las sentencias respectivas; y, c) que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos.

En estas condiciones, tenemos que el Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito (actualmente Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito), al resolver el amparo directo 901/1993, promovido por M.L.O.�n, determin� negar el amparo solicitado por el quejoso, al estimar lo que m�s adelante se precisar�.

Para mejor comprensi�n del asunto, conviene relatar brevemente sus antecedentes.

  1. M.L.O.�n ejerci� acci�n de prescripci�n positiva ante el Tribunal Unitario Agrario del D�cimo Distrito, en la que solicit� el reconocimiento de derechos agrarios respecto a una porci�n de tierra ejidal.

  2. El Tribunal Unitario Agrario declar� improcedente dicha acci�n,al considerar que el promovente no acredit� ninguno de los extremos del art�culo 48 de la Ley Agraria, puesto que aun considerando un acta de asamblea general de ejidatarios -en la que se estableci� que al actor (y a otra persona) deb�a respet�rseles la superficie de una hect�rea a cada uno-, ofrecida como prueba, en �sta se omiti� especificar con qu� car�cter se les otorgaron esas tierras al promovente.

  3. Por otra parte, tambi�n se valor� que en audiencia celebrada ante el propio Tribunal Unitario Agrario, las autoridades ejidales manifestaron que la posesi�n que aduc�a el actor era con el car�cter de avecindado, puesto que la asamblea no le hab�a reconocido derechos de ejidatario, aunado a que las tierras cuya prescripci�n se demandaba son tierras de uso com�n, las cuales son imprescriptibles, sin que se hubiera acreditado que la asamblea general de ejidatarios hubiera efectuado alg�n parcelamiento a favor de ejidatarios.

  4. En contra de la anterior determinaci�n, el actor present� demanda de amparo directo. El Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito (actualmente Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito), resolvi� negar el amparo solicitado por el quejoso, bajo los siguientes argumentos.

    ? Que la acci�n de prescripci�n a que alude el art�culo 48 de la Ley Agraria, se otorga a quienes fueren poseedores de tierras ejidales en concepto de titular de esos derechos, esto es, que al mero poseedor de una parcela ejidal sin certificado de derechos agrarios pero poseyendo en concepto de titular, se le otorga esa acci�n, sin embargo, como el avecindado no es poseedor en concepto de titular de derechos agrarios resulta obvio que carece de acci�n para pedir la prescripci�n de una porci�n de tierra ejidal.

    ? Que conforme al art�culo 56 de la Ley Agraria, la asamblea de cada ejido podr� determinar el destino de las tierras que no est�n formalmente parceladas, efectuar su parcelamiento, reconocer el parcelamiento econ�mico o de hecho, o regularizar la tenencia de los posesionarios o de quienes carezcan de los certificados correspondientes; de tal manera que no es dable el reconocimiento de derechos agrarios sobre tierras de uso com�n cuando la asamblea no ha determinado el destino de �stas y efectuado el parcelamiento con las formalidades que la ley exige y, por ende, no procede la acci�n de prescripci�n, pues esta acci�n exige que el actor sea poseedor en concepto de titular de derechos agrarios.

    ? Que de la documental presentada por el quejoso se desprende que la posesi�n ejercida no fue sobre una parcela regular, sino de tierras abiertas al cultivo, y dado que para que pueda solicitarse el reconocimiento de derechos agrarios es menester que previamente la asamblea hubiese destinado esas tierras comunes a nuevos parcelamientos, y si tal asamblea no efectu� el parcelamiento de tierras comunes abiertas al cultivo, es evidente que no puede ejercerse la acci�n de prescripci�n sobre una parcela inexistente pues la tierra pretendida por el quejoso es de uso com�n del poblado y, por lo mismo, nunca ha ejercido una posesi�n en concepto de titular de una parcela.

    ? Que aun reconociendo la posesi�n que ha tenido el quejoso, lo cierto es que no ha sido en calidad de titular de una parcela sino como un mero aspirante a que cuando la asamblea destine las tierras comunes del ejido a nuevas parcelas, sea considerado con mejor derecho que otras personas, lo que implica que no re�ne la calidad que la Ley Agraria exige para el ejercicio de la acci�n de prescripci�n.

    De las consideraciones precedentes surgi� la tesis, cuyo texto y datos de localizaci�n son:

    "PRESCRIPCI�N AGRARIA. EL AVECINDADO NO ES TITULAR DE. Como el avecindado no es poseedor en concepto de titular de derechos agrarios; carece de acci�n para pedir la prescripci�n de una parcela ejidal." (Octava �poca. Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito. Semanario Judicial de la Federaci�n, T.X., abril de 1994, p�gina 415).

    Por su parte, el Tribunal Colegiado del Vig�simo Octavo Circuito concedi� el amparo solicitado por Ma. Victoria R.S.�nchez dentro del juicio de amparo directo 150/2004. Dicho juicio tuvo como antecedentes los que a continuaci�n se narran:

  5. En el juicio de origen, el Tribunal Unitario Agrario del Distrito Treinta y Tres determin� que la litis consist�a en resolver la procedencia de la acci�n ejercida por Ma. Victoria R.S.�nchez por la cual demand� la nulidad del contrato de enajenaci�n (compraventa) de derechos parcelarios, celebrado entre la extinta ejidataria G.O.�n S�nchez Zamora y la codemandada M.�a P. �ngela P�rez V�zquez, referente a dos parcelas, amparadas con certificados parcelarios, as� como de los correspondientes derechos sobre tierras de uso com�n, en un poblado. Como consecuencia de lo anterior, solicit� igualmente la nulidad y cancelaci�n de los correspondientes certificados parcelarios, as� como la de los derechos sobre tierras de uso com�n, amparados con un certificado. De igual manera, el tribunal agrario deb�a resolver respecto de la acci�n reconvencional ejercida por M.�a P. �ngela P�rez V�zquez, quien demand� de Ma. Victoria R.S.�nchez la prescripci�n adquisitiva de los derechos agrarios de las parcelas, amparadas con los respectivos certificados parcelarios; como consecuencia de lo anterior, la declaraci�n de que hab�a adquirido la posesi�n y titularidad de las controvertidas parcelas a partir de 1994.

  6. El Tribunal Unitario Agrario declar� procedente la acci�n de nulidad intentada por la actora, al estimar que el contrato de enajenaci�n de derechos parcelarios no cumpli� con las formalidades prescritas en la Ley Agraria (pues la enajenaci�n no se notific� a la actora, quien era titular del derecho del tanto por ser hija de la extinta enajenante); como consecuencia de lo anterior, se declar� la nulidad de los certificados parcelarios expedidos a favor de la demandada, as� como la del certificado sobre tierras de uso com�n.

  7. Al entrar al estudio de la acci�n reconvencional promovida por M.�a P. �ngela P�rez V�zquez, en la que reclam� la prescripci�n adquisitiva de los derechos parcelarios; �sta se declar� igualmente procedente, bajo el argumento de que la reconvencionista acredit� cumplir con los requisitos establecidos en el art�culo 48 de la Ley Agraria, puesto que �sta detentaba la posesi�n de las parcelas controvertidas de manera originaria y directa, pues con independencia de que el acto jur�dico generador de la posesi�n hubiera sido declarado nulo, no se deb�a analizar la licitud de la causa generadora de la posesi�n, pues el contrato, aunque imperfecto, surti� provisionalmente sus efectos entre los concertantes, adem�s de que cumpli� con el plazo de cinco a�os se�alado por la Ley Agraria. Se declar� improcedente la acci�n de prescripci�n respecto a los derechos sobre tierras de uso com�n, pues �stas son imprescriptibles.

    Contra la anterior determinaci�n la actora principal y demandada en la reconvenci�n promovi� juicio de amparo directo. El Tribunal Colegiado del Vig�simo Octavo Circuito, al conocer del asunto, determin� conceder el amparo a la quejosa; dicha determinaci�n la sustent� en los siguientes argumentos:

    ? Estim� fundado el concepto de violaci�n en el que la quejosa adujo que para que la acci�n de prescripci�n positiva fuera procedente, era necesario que durante la tramitaci�n del juicio agrario, la actora reconvencionista "hubiera justificado fehacientemente que cuando empez� a poseer las parcelas, ten�a reconocido el car�cter de avecindada en el n�cleo ejidal de que se trata".

    ? Que para que se entienda satisfecha la posesi�n "en concepto de titular de derechos de ejidatario" es menester que el actor revele y demuestre la causa generadora de su posesi�n, a fin de dilucidar si en realidad su posesi�n es o no "en concepto de titular de derechos de ejidatario", para enseguida determinar lo referente a los plazos legales en que habr� de operar la prescripci�n.

    ? Que de los art�culos 12 al 15, y 56 y 57 de la Ley Agraria, as� como de los art�culos 30, 36 y 37 del Reglamento de la Ley Agraria en Materia de Certificaci�n de Derechos Ejidales y Titulaci�n de Solares, se deduce que las parcelas del ejido deben seguir perteneciendo a los sujetos que lo integran, esto es, los ejidatarios, avecindados y posesionarios reconocidos por la asamblea, pues son �stos quienes gozan de derecho para participar en la vida activa del ejido.

    ? Que al promoverse la acci�n de prescripci�n positiva por quien no es ejidatario y de llegarse a declarar que se demostraron los elementos de la misma, traer� como consecuencia que al actor se le reconozca su derecho sobre la parcela, y se determinar� que se ha convertido en ejidatario, pues deber� exped�rsele el respectivo certificado de derechos parcelarios; y si el actor es un ejidatario del n�cleo de poblaci�n donde se encuentra la parcela afecta a usucapir, de demostrar la acci�n no ser� necesario que exista pronunciamiento de que se convirti� en ejidatario porque ya lo es, pero s� se le expedir� el citado certificado parcelario para reconocerlo como titular de la parcela usucapida.

    ? Que para tener derecho a adquirir por v�a de prescripci�n positiva una parcela ejidal, se requiere primero ser ejidatario, avecindado o posesionario reconocido por la asamblea del n�cleo de poblaci�n de que se trate, pues la intenci�n del legislador al establecer esa figura en materia agraria, fue con el fin de que s�lo aquellos sujetos que participan de la vida activa del ejido y que gozan de los derechos previstos en la Ley Agraria, puedan adquirir la titularidad de una parcela.

    ? Que toda vez que el tribunal responsable no examin� las probanzas ofrecidas por la actora reconvencionista con relaci�n a ese punto, esto es, no determin� si con ellas se justifica plenamente o no que cuando la actora promovi� su demanda reconvencional ten�a reconocido el car�cter de avecindada, se deb�a conceder el amparo solicitado por la quejosa.

    Ahora bien, de las consideraciones de los Tribunales Colegiados que han quedado sintetizadas en los p�rrafos que anteceden se advierte que s� existe la contradicci�n de tesis denunciada.

    En efecto, en ambos casos, los tribunales analizan las sentencias dictadas por tribunales unitarios agrarios en las cuales la litis planteada se refiere a la acci�n de prescripci�n positiva y determinan, si para los efectos del art�culo 48 de la Ley Agraria, la figura del "avecindado" puede considerarse o no, como poseedor en "concepto de titular de derechos ejidatarios" y, por ende, si �ste tiene acci�n para pedir la prescripci�n positiva de una parcela ejidal.

    As�, el Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito (actualmente Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito) estima que el avecindado no es poseedor en concepto de titular de derechos agrarios y que, por tanto, carece de acci�n para pedir la prescripci�n de una porci�n de tierra ejidal, establecida en el art�culo 48 de la Ley Agraria.

    Por su parte, el Tribunal Colegiado del Vig�simo Octavo Circuito, sostiene que el avecindado, reconocido por la asamblea del n�cleo de poblaci�n de que se trate, s� tiene derecho a adquirir por v�a de prescripci�n positiva una parcela ejidal.

    En estas condiciones, el punto de contradicci�n que debe ser resuelto consiste en determinar, si en t�rminos de lo establecido en el art�culo 48 de la Ley Agraria, el "avecindado" tiene derecho o no para adquirir, v�a prescripci�n positiva, una parcela ejidal.

    Debe precisarse que no es obst�culo para determinar que en el caso concreto existe la contradicci�n de tesis, el que s�lo uno de los Tribunales Colegiados haya elaborado y publicado tesis sobre el tema, pues para que proceda la denuncia es suficiente que se sustenten criterios discrepantes sobre el mismo punto jur�dico.

    Sirve de apoyo a esta conclusi�n la jurisprudencia P./J. 27/2001 del Tribunal Pleno, que aparece publicada en la p�gina 77 del T.X., abril de 2001, del Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, que dice:

    CONTRADICCI�N DE TESIS. PARA QUE PROCEDA LA DENUNCIA BASTA QUE EN LAS SENTENCIAS SE SUSTENTEN CRITERIOS DISCREPANTES. Los art�culos 107, fracci�n XIII, de la Constituci�n Federal, 197 y 197-A de la Ley de Amparo establecen el procedimiento para dirimir las contradicciones de tesis que sustenten los Tribunales Colegiados de Circuito o las S. de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n. El vocablo ?tesis? que se emplea en dichos dispositivos debe entenderse en un sentido amplio, o sea, como la expresi�n de un criterio que se sustenta en relaci�n con un tema determinado por los �rganos jurisdiccionales en su quehacer legal de resolver los asuntos que se someten a su consideraci�n, sin que sea necesario que est� expuesta de manera formal, mediante una redacci�n especial, en la que se distinga un rubro, un texto, los datos de identificaci�n del asunto en donde se sostuvo y, menos a�n, que constituya jurisprudencia obligatoria en los t�rminos previstos por los art�culos 192 y 193 de la Ley de Amparo, porque ni la Ley Fundamental ni la ordinaria establecen esos requisitos. Por tanto, para denunciar una contradicci�n de tesis, basta con que se hayan sustentado criterios discrepantes sobre la misma cuesti�n por S. de la Suprema Corte o Tribunales Colegiados de Circuito, en resoluciones dictadas en asuntos de su competencia.

    Asimismo, debe indicarse que no es materia de esta contradicci�n el argumento del Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito (actualmente Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito), respecto a las facultades de la asamblea de ejidatarios para determinar el destino de las tierras que no est�n formalmente parceladas, as� como tampoco el del Tribunal Colegiado del Vig�simo Octavo Circuito relativo a que, para tener derecho de adquirir por v�a de prescripci�n positiva una parcela ejidal, se requiere ser posesionario reconocido por la asamblea ejidal, puesto que el Tribunal Colegiado del Segundo Circuito no se pronunci� sobre ese tema en particular, motivo por el cual no puede atribu�rsele una posici�n, t�cita o expl�cita, contraria a la sustentada por el Tribunal Colegiado del Vig�simo Octavo Circuito. Finalmente, tampoco es materia de contradicci�n la afirmaci�n de que las tierras de uso com�n son imprescriptibles, puesto que ambos �rganos jurisdiccionales de amparo coinciden en dicha postura.

QUINTO

Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n considera que debe prevalecer el criterio que a continuaci�n se desarrolla, el que sustancialmente coincide con el asumido por el Tribunal Colegiado del Vig�simo Octavo Circuito.

A fin de precisar el tema, es necesario transcribir el texto del precepto de la Ley Agraria que se refiere, de manera expresa, a la prescripci�n adquisitiva de tierras ejidales:

"Art�culo 48. Quien hubiere pose�do tierras ejidales, en concepto de titular de derechos de ejidatario, que no sean las destinadas al asentamiento humano ni se trate de bosques o selvas, de manera pac�fica, continua y p�blica durante un periodo de cinco a�os si la posesi�n es de buena fe, o de diez si fuera de mala fe, adquirir� sobre dichas tierras los mismos derechos que cualquier ejidatario sobre su parcela.

"El poseedor podr� acudir ante el tribunal agrario para que, previa audiencia de los interesados, del comisariado ejidal y de los colindantes, en la v�a de jurisdicci�n voluntaria o mediante el desahogo del juicio correspondiente, emita resoluci�n sobre la adquisici�n de los derechos sobre la parcela o tierras de que se trate, lo que se comunicar� al Registro Agrario Nacional, para que �ste expida de inmediato el certificado correspondiente.

"La demanda presentada por cualquier interesado ante el tribunal agrario o la denuncia ante el Ministerio P�blico por despojo, interrumpir� el plazo a que se refiere el primer p�rrafo de este art�culo hasta que se dicte resoluci�n definitiva."

Del texto del art�culo transcrito, se desprende que la Ley Agraria reconoce la posibilidad, para quien hubiere pose�do tierras ejidales en concepto de titular de derechos de ejidatario, de adquirir sobre dichas tierras, los mismos derechos que cualquier ejidatario sobre su parcela, siempre y cuando aqu�llas no sean las destinadas al asentamiento humano ni se trate de bosques o selvas.

Asimismo, en su primer p�rrafo se establece que para adquirir v�a prescripci�n los derechos sobre una parcela ejidal, deber� haber transcurrido cuando menos un periodo de cinco a�os en posesi�n pac�fica, continua y p�blica de la parcela, la cual se considerar� de buena fe, o bien, haber transcurrido diez a�os cuando se trate de posesi�n de mala fe.

El segundo p�rrafo de dicho art�culo, se refiere a la resoluci�n que, en su caso, emitir� el tribunal agrario sobre la adquisici�n de los derechos sobre la parcela o tierras de que se trate, la cual ser� a solicitud del poseedor, ya sea en la v�a de jurisdicci�n voluntaria o mediante el desahogo del juicio correspondiente; dicha resoluci�n se comunicar� al Registro Agrario Nacional para que �ste expida el certificado correspondiente.

Finalmente, en su tercer p�rrafo se establece que el plazo para la prescripci�n (de 5 o 10 a�os, respectivamente) se interrumpir� con la demanda presentada por cualquier interesado ante el tribunal agrario o la denuncia ante el Ministerio P�blico por despojo, hasta que se dicte la resoluci�n definitiva.

Ahora bien, en los t�rminos en que ha quedado planteada la contradicci�n de tesis que nos ocupa, el tema controvertido tiene que ver con el alcance de la expresi�n "en concepto de titular de derechos de ejidatario", que establece el art�culo 48 de la Ley Agraria, para as� determinar si la posesi�n de una parcela en calidad de "avecindado" (en t�rminos del art�culo 13 de la Ley Agraria), se puede considerar en "concepto de titular de derechos de ejidatario", para efectos de la prescripci�n positiva.

Sobre el tema de la prescripci�n adquisitiva en materia agraria, esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n ya se ha pronunciado, al resolver la contradicci�n de tesis 96/2004-SS, en sesi�n de primero de diciembre de dos mil cuatro; en dicha ejecutoria, en la parte que interesa, se estableci� lo siguiente:

"... En relaci�n con todo lo anterior, es importante precisar que a partir de la reforma de mil novecientos noventa y dos, el art�culo 27 constitucional present� como finalidad, en t�rminos generales, capitalizar y hacer productivo al campo a trav�s de algunas medidas tendentes a dotar de certeza jur�dica la tenencia de tierras agrarias, y de esa manera se establecieron las bases para dejar a los titulares de las tierras agrarias la responsabilidad de decidir su propio destino (art�culo 27, fracci�n VII, cuarto p�rrafo, constitucional) y, con esa base, los �rganos supremos de los n�cleos de poblaci�n pueden modificar el r�gimen de propiedad agraria al r�gimen de propiedad plena (art�culo 23, fracciones IX, XII, de la Ley Agraria), de tal suerte que es posible que ese tipo de tierras entre al r�gimen jur�dico de derecho com�n. Lo expuesto puede sintetizarse en lo siguiente:

"? Los n�cleos de poblaci�n ejidal son propietarios de las tierras agrarias correspondientes.

"? Las tierras ejidales son inalienables, imprescriptibles e inembargables.

"? La reforma constitucional de mil novecientos noventa y dos estableci� las bases para dejar a los titulares de las tierras agrarias la responsabilidad de decidir su propio destino (art�culo 27, fracci�n VII, cuarto p�rrafo, constitucional). Por disposici�n de los �rganos supremos de los n�cleos de poblaci�n es posible modificar el r�gimen de propiedad agraria al r�gimen de propiedad plena (art�culo 23, fracciones IX, XII, de la Ley Agraria), de tal suerte que es posible que esetipo de tierras entre al r�gimen jur�dico de derecho com�n.

"? Las tierras ejidales se dividen en dos principales tipos: 1) tierras para el aprovechamiento com�n de todos los ejidatarios o comuneros y, 2) tierras para el uso y disfrute individual del ejidatario o comunero a quien se le hayan asignado.

"? Los ejidatarios no tienen la propiedad de las parcelas que les han sido asignadas sino que son titulares de derechos sobre ellas.

"? El legislador ha previsto la posibilidad de que una persona, en concepto de titular de derechos de ejidatario, adquiera el derecho al uso y disfrute de parcelas ejidales bajo determinadas condiciones, en virtud de una posesi�n calificada en un tiempo determinado. Una primera lectura a los puntos antes resumidos no permite determinar con claridad el r�gimen jur�dico de las tierras ejidales en relaci�n con la prescripci�n adquisitiva prevista en el art�culo 48 de la Ley Agraria, porque las cualidades jur�dicas de esa especie de tierras parecen ser, en principio, contradictorias con algunas figuras y posibilidades legales en relaci�n a ellas. As�, por ejemplo, mientras que las tierras ejidales se han entendido como bienes inalienables, imprescriptibles e inembargables, la reforma al art�culo 27, fracci�n VII, cuarto p�rrafo, constitucional de mil novecientos noventa y dos, estableci� las bases para dejar a los titulares de las tierras agrarias la responsabilidad de decidir su propio destino, de forma que los �rganos supremos de los n�cleos de poblaci�n pueden modificar el r�gimen de propiedad agraria al r�gimen de propiedad plena (art�culo 23, fracciones IX, XII, de la Ley Agraria), de tal suerte que es posible que ese tipo de tierras entre al r�gimen jur�dico de derecho com�n. As� tambi�n, por ejemplo, mientras que los ejidatarios en principio no tienen la propiedad de las parcelas que les han sido asignadas sino que s�lo son titulares de derechos sobre ellas, la Ley Agraria prev� la figura de la prescripci�n adquisitiva, que tradicionalmente se ha entendido referida a la posibilidad de adquirir la titularidad de derechos sobre una parcela ejidal, mediante una posesi�n calificada a trav�s del paso de un tiempo determinado. Ese estado de las cosas requiere definir adecuadamente los alcances y l�mites de la prescripci�n adquisitiva en relaci�n con las tierras parceladas sujetas al r�gimen ejidal que dieron origen al problema que debe resolverse, para lo que deben delimitarse los alcances de la figura de la prescripci�n adquisitiva en materia agraria. La Ley Agraria (publicada en el Diario Oficial de la Federaci�n de veintisiete de febrero de mil novecientos noventa y dos) introdujo en su art�culo 48 el reconocimiento de la figura de la prescripci�n adquisitiva del derecho civil, adapt�ndola a los principios del derecho agrario, en los siguientes t�rminos. ?Art�culo 48. Quien hubiere pose�do tierras ejidales, en concepto de titular de derechos de ejidatario, que no sean las destinadas al asentamiento humano ni se trate de bosques o selvas de manera pac�fica, continua y p�blica durante un periodo de cinco a�os si la posesi�n es de buena fe, o de diez si fuera de mala fe, adquirir� sobre dichas tierras los mismos derechos que cualquier ejidatario sobre su parcela. El poseedor podr� acudir ante el tribunal agrario para que, previa audiencia de los interesados, del comisariado ejidal y de los colindantes, en la v�a de jurisdicci�n voluntaria o mediante el desahogo del juicio correspondiente, emita resoluci�n sobre la adquisici�n de los derechos sobre la parcela o tierras de que se trate, lo que se comunicar� al Registro Agrario Nacional, para que �ste expida de inmediato el certificado correspondiente. La demanda presentada por cualquier interesado ante el tribunal agrario o la denuncia ante el Ministerio P�blico por despojo, interrumpir� el plazo a que se refiere el primer p�rrafo de este art�culo hasta que se dicte resoluci�n definitiva.?. Conforme a lo antes destacado, el objeto de la prescripci�n positiva agraria consiste en reconocer, en favor del poseedor de las ?tierras ejidales?, los mismos derechos que tiene reconocidos un ejidatario con respecto a su parcela; es decir, para que adquiera la calidad de ?titular de derechos de ejidatarios?. Por tanto, es obvio que s�lo las parcelas divididas por la asamblea son prescriptibles. Esta �ltima conclusi�n deriva de la naturaleza jur�dica de la propiedad ejidal, cuyo titular principal no es el ejidatario, sino el ejido mismo, que es considerado como un ente dotado de personalidad jur�dica propia, que act�a a trav�s de su asamblea. Los principios de hegemon�a de la asamblea en todo lo relativo a la tenencia de tierras, excepto las parceladas y de reconocimiento de la personalidad jur�dica del ejido, no fueron extinguidos por la reforma constitucional de mil novecientos noventa y uno, y m�s a�n, hoy d�a est�n reconocidos no s�lo en la Ley Agraria sino en el Reglamento de la Ley Agraria en Materia de Certificaci�n de Derechos Ejidales y Titulaci�n de Solares mismos que para efectos de ilustraci�n de esta �ltima aseveraci�n, conviene transcribir los siguientes art�culos de la Ley Agraria. ?Art�culo 9o. Los n�cleos de poblaci�n ejidales o ejidos tienen personalidad jur�dica y patrimonio propio y son propietarios de las tierras que les han sido dotadas o de las que hubieren adquirido por cualquier otro t�tulo.?. ?Art�culo 12. Son ejidatarios los hombres y las mujeres titulares de derechos ejidales.?. ?Art�culo 13. Los avecindados del ejido, para los efectos de esta ley, son aquellos mexicanos mayores de edad que han residido por un a�o o m�s en las tierras del n�cleo de poblaci�n ejidal y que han sido reconocidos como tales por la asamblea ejidal o el tribunal agrario competente. Los avecindados gozan de los derechos que esta ley les confiere.?. ?Art�culo 16. La calidad de ejidatario se acredita: I. Con el certificado de derechos agrarios expedido por autoridad competente; II. Con el certificado parcelario o de derechos comunes; o III. Con la sentencia o resoluci�n relativa del tribunal agrario.?. ?Art�culo 20. La calidad de ejidatario se pierde: I. Por la cesi�n legal de sus derechos parcelarios y comunes; II. Por renuncia a sus derechos, en cuyo caso se entender�n cedidos en favor del n�cleo de poblaci�n; III. Por prescripci�n negativa, en su caso, cuando otra persona adquiera sus derechos en los t�rminos del art�culo 48 de esta ley.?. ?Art�culo 22. El �rgano supremo del ejido es la asamblea, en la que participan todos los ejidatarios.?. ?Art�culo 56. La asamblea de cada ejido, con las formalidades previstas a tal efecto en los art�culos 24 a 28 y 31 de esta ley, podr� determinar el destino de las tierras que no est�n formalmente parceladas, efectuar el parcelamiento de �stas, reconocer el parcelamiento econ�mico o de hecho o regularizar la tenencia de los posesionarios o de quienes carezcan de los certificados correspondientes. Consecuentemente, la asamblea podr� destinarlas al asentamiento humano, al uso com�n o parcelarlas en favor de los ejidatarios. En todo caso, a partir del plano general del ejido que haya sido elaborado por la autoridad competente o el que elabore el Registro Agrario Nacional, proceder� como sigue.?. ?Art�culo 57. Para proceder a la asignaci�n de derechos sobre tierras a que se refiere la fracci�n III del art�culo anterior, la asamblea se apegar�, salvo causa justificada y expresa, al siguiente orden de preferencia: I. Posesionarios reconocidos por la asamblea; II. Ejidatarios y avecindados del n�cleo de poblaci�n cuya dedicaci�n y esmero sean notorios o que hayan mejorado con su trabajo e inversi�n las tierras de que se trate; III. Hijos de ejidatarios y otros avecindados que hayan trabajado las tierras por dos a�os o m�s; y IV. Otros individuos, a juicio de la asamblea.?. Reglamento de la Ley Agraria en Materia de Certificaci�n de Derechos Ejidales y Titulaci�n de Solares. ?Art�culo 19. La asamblea podr� realizar, en los t�rminos del art�culo 56 de la ley, las siguientes acciones sobre las tierras no formalmente parceladas: ... IV. Regularizar la tenencia de los posesionarios, o ... En todo caso, al realizar estas acciones la asamblea deber� respetar los derechos existentes sobre las tierras de que se trate.?. ?Art�culo 30. Cuando la asamblea reconozca el parcelamiento econ�mico o de hecho, proceder� a regularizar la tenencia de los ejidatarios. Asimismo, podr� reconocer a los posesionarios y regularizar su tenencia en los t�rminos del cap�tulo tercero del presente t�tulo.?. Conforme a lo instituido en el mencionado numeral 48, quien hubiere pose�do ?tierras ejidales? en concepto de ?titular de derechos de ejidatario? de manera pac�fica, continua y p�blica durante un periodo de cinco a�os (si trata de posesi�n de buena fe), o de diez a�os (si la causa generadora de la posesi�n deriva de la mala fe), adquirir� sobre las tierras pose�das los mismos derechos que cualquier ejidatario tiene respecto de sus parcelas. El dispositivo transcrito supone que se pueden adquirir derechos sobre una parcela ejidal por el simple transcurso del tiempo, cuando se acredite: Que no sean tierras destinadas al asentamiento humano ni se trate de bosques o selvas. Que esa posesi�n haya sido de manera pac�fica, continua, p�blica. Que se haya pose�do en concepto de titular de derechos ejidatarios. Que dicha posesi�n haya sido durante un periodo de cinco a�os si la posesi�n es de buena fe, o de diez, si fuera de mala fe. Es importante subrayar lo antes dicho en el sentido de que, a diferencia del �mbito civil, en materia agraria el legislador ha previsto la posibilidad de adquirir por el paso del tiempo, no la propiedad, sino los derechos de uso y disfrute de las parcelas ejidales, en t�rminos de la posesi�n calificada prevista en dicho numeral, y que la prescripci�n adquisitiva de derechos agrarios no comprende a las tierras ejidales destinadas al asentamiento humano, ni a los bosques o selvas, ni las tierras ejidales de uso com�n. Resulta aplicable la tesis 2a./J. 8/2001, Novena �poca, Segunda Sala, publicada en el Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, T.X., febrero de 2001, p�gina 77, del siguiente tenor: ?AGRARIO. SON IMPRESCRIPTIBLES LAS TIERRAS EJIDALES DE USO COM�N. El art�culo 48 de la Ley Agraria dispone que quien hubiere pose�do tierras ejidales, que no sean bosques, selvas, ni las destinadas al asentamiento humano �en concepto de titular de derechos de ejidatario�; de manera pac�fica, continua y p�blica durante un periodo de cinco a�os, si la posesi�n es de buena fe, o de diez si fuera de mala fe, adquirir� sobre dichas tierras, los mismos derechos que tiene cualquier ejidatario sobre su parcela, sin que ello signifique que esa prescripci�n adquisitiva pueda operar respecto de las tierras de uso com�n, ya que por imperativo legal las tierras de esa naturaleza son imprescriptibles, al disponer el art�culo 74 del propio ordenamiento que la propiedad de las tierras de uso com�n �es inalienable, imprescriptible e inembargable, salvo los casos previstos en el art�culo 75 de esta ley�, precepto este que s�lo alude a la posibilidad de transmitir el dominio de esas tierras a sociedades mercantiles en el caso y conforme al procedimiento que el mismo prev�. Por tanto, debe concluirse que la prerrogativa establecida en el art�culo primeramente invocado �nicamente puede actualizarse en relaci�n con las tierras parceladas por la asamblea general de ejidatarios cuando se cumple con los presupuestos a que se contrae el propio numeral.?. Por ende, la prescripci�n adquisitiva de derechos, prevista en la Ley Agraria, debe entenderse limitada a las parcelas ejidales. Por otro lado, la posesi�n calificada, requerida para la prescripci�n adquisitiva de derechos agrarios, al igual que ocurre en materia civil, debe ejercerse de manera pac�fica, continua y p�blica, siendo en este punto aplicables las consideraciones que se expusieron al analizar la figura jur�dica que ata�e, a la luz del derecho civil, pues en este aspecto no existen diferencias sustanciales, en lo que se refiere al derecho agrario. As�, la prescripci�n adquisitiva de derechos agrarios, en relaci�n con la remisi�n del art�culo 107 de dicha ley, requiere que se haya pose�do en concepto de titular de derechos de ejidatario, a diferencia de lo que ocurre en el derecho civil, en el que la posesi�n debe ser en concepto de propietario. Lo anterior implica que la posesi�n se ejerza en concepto de titular de derechos de ejidatario o comunero, espec�ficamente en lo que esa parcela en cuesti�n se refiere. Debe recordarse en este punto lo antes dicho en el sentido de que las parcelas ejidales no pueden poseerse en concepto de due�o y que la posesi�n nunca puede posibilitar la adquisici�n de su propiedad, tomando en cuenta que pertenecen al n�cleo de poblaci�n y que son inalienables, imprescriptibles e inembargables, cuando est�n sujetas al r�gimen jur�dico agrario. En el tenor expuesto, para la configuraci�n de la prescripci�n adquisitiva de derechos, prevista en el art�culo 48 de la Ley Agraria, es menester que la posesi�n sea en concepto de titular de derechos de ejidatario y ello guarda estrecha relaci�n con dos supuestos distintos: de un lado, con la prueba de la calidad de aspirante a titular de derechos de ejidatario y, de otro lado, con la prueba de la tenencia de la parcela ejidal, en forma pac�fica, continua y p�blica por el periodo de tiempo que determina la ley. En el primer supuesto, la cuesti�n relativa a la demostraci�n de la posesi�n en concepto de titular de derechos de ejidatario debe relacionarse con las disposiciones legales tendentes a regular lo relativo a los individuos que, potencialmente, se encuentran en el supuesto de poder adquirir la calidad de ejidatario, en sus respectivos casos (art�culos 13, 15 y 101 de la Ley Agraria); las formas y modalidades en materia de sucesi�n de derechos agrarios (art�culo 17 de la Ley Agraria); la regulaci�n y orden de preferencia en la asignaci�n de tierras no regularizadas o vacantes (art�culos 56, 57, 61 y 62 de la Ley Agraria) y las formas y efectos de la cesi�n y enajenaci�n de derechos parcelarios (art�culos 59, 78 y 80 de la Ley Agraria). Lo anterior en raz�n de que, aunque no lo diga expresamente el citado art�culo 48, no cualquier persona puede adquirir la titularidad de derechos agrarios pues ello ir�a en contra de la orientaci�n que la normatividad constitucional y ordinaria ha dado a la propiedad condicionada. En efecto, un particular no puede invocar en su favor la prescripci�n de tierras pertenecientes a un n�cleo ejidal, afirmando que re�ne los requisitos de posesi�n a que alude el art�culo 48 de la vigente Ley Agraria, ya que ha pose�do esas tierras en forma continua, pac�fica y p�blica por m�s de cinco a�os, en tanto que la norma exige que la posesi�n sea con el car�cter de titular de derechos ejidales, pues de esta forma se evita la segregaci�n de las tierras pretendidas del n�cleo ejidal. Sirven de apoyo a esta consideraci�n, las tesis de jurisprudencia que a continuaci�n se transcriben. S�ptima �poca, Segunda Sala, publicada en el Semanario Judicial de la Federaci�n, Volumen 88, Tercera Parte, p�gina 34, del siguiente tenor: ?AGRARIO. POSESI�N DE PARCELAS EJIDALES POR QUIENES NO HAN SIDO RECONOCIDOS COMO EJIDATARIOS. INTER�S JUR�DICO. TESIS CONTRADICTORIAS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DEL SEXTO Y NOVENO CIRCUITOS. Existe contradicci�n de criterio entre el Tribunal Colegiado del Sexto Circuito y el del Noveno, referente al inter�s jur�dico necesario para interponer demanda de amparo, de poseedores de parcelas no ejidatarios. En efecto, en tanto el Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, al conocer de controversias en las que se cuestiona la posesi�n de parcelas ejidales por parte de quienes no est�n reconocidos como ejidatarios, ha resuelto los negocios en cuanto al fondo, el Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, al conocer de iguales negocios, ha decretado el sobreseimiento por estimar que los actos reclamados no afectan los intereses jur�dicos de los promoventes. Esta Sala estima que debe prevalecer la tesis sustentada por el Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, en vista de que la que sustenta el Tribunal Colegiado del Noveno Circuito se funda en la consideraci�n de que la posesi�n de parcelas ejidales por parte de quien no ha sido reconocido como ejidatario �carece de trascendencia jur�dica�, que se estima inexacta porque el art�culo 72, fracciones III y IV, de la Ley Federal de Reforma Agraria, prev� la posibilidad de que los vecinos de los n�cleos ejidales �que no figuraron en la solicitud o en el censo� puedan trabajar terrenos del ejido y otorga a ese acto consecuencias de derecho, como lo es la de comprenderlos dentro del cat�logo de preferencias y exclusi�n a que debe sujetarse la asamblea general para hacer nuevas adjudicaciones de unidades de dotaci�n (iguales disposiciones establec�a el art�culo 153, fracciones III y IV, del C�digo Agrario derogado); de ah� que la consideraci�n consistente en que la posesi�n de una parcela ejidal ejercida por quien no es su leg�timo titular �carece de trascendencia jur�dica�, resulta inaceptable, y en cambio, se estima correcto el criterio que sostiene el Tribunal Colegiado del Sexto Circuito en el sentido de que la calificaci�n de la posesi�n de parcelas ejidales ejercida por quien pretende convertirse en ejidatario �deber� determinarse por las autoridades agrarias correspondientes�. Debiendo concluirse que la legitimidad de la posesi�n no es condici�n para que se tenga por acreditado el inter�s jur�dico del quejoso, resulta procedente el amparo que intenta en defensa de ella.?. S�ptima �poca, Segunda Sala, publicada en el Semanario Judicial de la Federaci�n, Volumen 88, Tercera Parte, p�gina 35, de rubro y texto siguientes: ?AGRARIO. POSESI�N DE PARCELAS EJIDALES POR QUIENES NO HAN SIDO RECONOCIDOS COMO EJIDATARIOS. PRODUCE CONSECUENCIAS JUR�DICAS. El art�culo 72, fracciones III y IV, de la Ley Federal de Reforma Agraria prev� la posibilidad de que los vecinos de los n�cleos ejidales �que no figuraron en la solicitud o en el censo�, puedan trabajar terrenos del ejido y les otorga a esos actos consecuencias de derecho, como lo es la de comprenderlos dentro del cat�logo de preferencias y exclusi�n a que debe sujetarse la asamblea general para hacer nuevas adjudicaciones de unidades de dotaci�n. Consecuentemente, la posesi�n de una parcela ejidal ejercida por quien no es su leg�timo titular produce consecuencias jur�dicas.?. El segundo supuesto mencionado, en relaci�n a la demostraci�n de la posesi�n en concepto de titular de derechos de ejidatario, se refiere al �nimo con el que se ejerce la posesi�n, en tanto que no toda posesi�n es apta para producir la consecuencia jur�dica de la prescripci�n adquisitiva de derechos. En efecto, en congruencia con las condiciones legales expuestas, no toda posesi�n es apta para prescribir pues para que prospere es menester que se goce de la posesi�n originaria y no de la derivada; es decir, debe poseerse a nombre propio y no en nombre de otro, pues la operancia de la prescripci�n adquisitiva excluye los conceptos que por su definici�n y naturaleza no revisten el �nimo de poseer para s� y, por consecuencia, ?en concepto de titular de derechos?. Bajo estas condiciones, la imprescindible conexi�n que se actualiza entre los requisitos internos y los elementos formales de la prescripci�n adquisitiva se pone de manifiesto con s�lo advertir la equivalencia que en cierto modo admite el t�rmino ?en concepto de titular de derechos de ejidatario?, que emplea el art�culo 48 de la Ley Agraria, y la diversa noci�n ?a t�tulo de due�o? de la regulaci�n civil. As�, si bien la Ley Agraria exige que la posesi�n sea en ?concepto?, tal expresi�n s�lo puede significar que se posea la cosa como titular de derechos, lo que quiere decir, en su acepci�n directa, ?causa o motivo?. El legislador alude, por tanto, a la ?causa? de la posesi�n,cuando enuncia la f�rmula ?en concepto de titular de derechos de ejidatario?, y contempla un t�tulo exento de precariedad. Por consiguiente, se reitera, el poseedor derivado, el precarista o el mero detentador es evidente que no poseen en concepto de propietario y para ellos la usucapi�n no se realiza nunca, cualquiera que sea el lapso que dure la posesi�n. Debe destacarse en este punto que, de la misma forma en que ocurre en el derecho civil, el legislador atiende a la posibilidad de que se configure la prescripci�n adquisitiva de derechos de mala fe, de manera que no es un vicio que haga in�til la posesi�n para adquirir por prescripci�n los derechos de uso y disfrute de las parcelas ejidales, sino que simplemente tiene la consecuencia de que se aumenta el t�rmino para que opere la prescripci�n. Lo anterior adquiere relevancia pues si la legislaci�n concede la posibilidad a quien ejerce una posesi�n de mala fe, de adquirir la titularidad de derechos de ejidatario, ello lleva a concluir que no existe motivo legal que autorice a presumir que la existencia del justo t�tulo para poseer, es requisito para que opere la prescripci�n adquisitiva de parcelas ejidales, debiendo resaltar que ?justo t�tulo? no es un concepto equivalente al de ?posesi�n en concepto de titular de derechos?, pues mientras el primer concepto alude a la causa generadora de la posesi�n, como un acto jur�dico que autorice a poseer con legitimidad, el segundo se refiere al �nimo o la calidad con los que se ejerce la posesi�n."

Las anteriores consideraciones dieron origen a la jurisprudencia 207/2004, publicada en la p�gina 575, Tomo XXI, enero de 2005, del Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, Novena �poca, de rubro: "PRESCRIPCI�N ADQUISITIVA EN MATERIA AGRARIA. PARA SU PROCEDENCIA NO SE REQUIERE DE JUSTO T�TULO."

De la lectura de la parte considerativa de la sentencia transcrita, se advierte que esta Segunda Sala, se pronunci� respecto al tema de la prescripci�n adquisitiva en matera agraria analizando, espec�ficamente, lo referente a la causa generadora de la posesi�n y al "justo t�tulo" para poseer, como requisitos para la configuraci�n de la prescripci�n adquisitiva.

Ahora bien, para la resoluci�n de la presente contradicci�n, resulta relevante el argumento expuesto en dicha ejecutoria, la cual sirve de criterio orientador para el caso que nos ocupa, en cuanto se determin� que: "para la configuraci�n de la prescripci�n adquisitiva de derechos, prevista en el art�culo 48 de la Ley Agraria, es menester que la posesi�n sea en concepto de titular de derechos de ejidatario, lo cual guarda estrecha relaci�n con dos supuestos distintos: de un lado, con la prueba de la calidad de aspirante a titular de derechos de ejidatario y, de otro lado, con la prueba de la tenencia de la parcela ejidal, en forma pac�fica, continua y p�blica por el periodo de tiempo que determina la ley. En el primer supuesto, la cuesti�n relativa a la demostraci�n de la posesi�n en concepto de titular de derechos de ejidatario debe relacionarse con las disposiciones legales tendentes a regular lo relativo a los individuos que, potencialmente, se encuentran en el supuesto de poder adquirir la calidad de ejidatario, en sus respectivos casos ..."

La anterior afirmaci�n nos conduce a establecer, en primer t�rmino, que s�lo aquellos sujetos que ejerzan la posesi�n de una parcela ejidal y, se encuentren en posibilidad de adquirir potencialmente la calidad de ejidatario, esto es, los aspirantes a ejidatarios, podr�n ser considerados como poseedores "en concepto de titular de derechos de ejidatario", calidad que se requiere para la configuraci�n de la prescripci�n positiva, en t�rminos del art�culo 48 de la Ley Agraria, y no cualquier persona ajena al n�cleo de poblaci�n ejidal, tal como se afirm� en la ejecutoria transcrita, cuando se estableci� que "... aunque no lo diga expresamente el citado art�culo 48, no cualquier persona puede adquirir la titularidad de derechos agrarios pues ello ir�a en contra de la orientaci�n que la normatividad constitucional y ordinaria ha dado a la propiedad condicionada. En efecto, un particular no puede invocar en su favor la prescripci�n de tierras pertenecientes a un n�cleo ejidal, afirmando que re�ne los requisitos de posesi�n a que alude el art�culo 48 de la vigente Ley Agraria, ya que ha pose�do esas tierras en forma continua, pac�fica y p�blica por m�s de cinco a�os, en tanto que la norma exige que la posesi�n sea con el car�cter de titular de derechos ejidales, pues de esta forma se evita la segregaci�n de las tierras pretendidas del n�cleo ejidal."

Por otra parte, en tanto el punto en contradicci�n tiene que ver con el alcance de la expresi�n "en concepto de titular de derechos de ejidatario", establecida en el referido art�culo 48, espec�ficamente para determinar si la posesi�n de una parcela ejidal que ejerza un sujeto en su calidad de "avecindado", puede ser considerada o no, como posesi�n en "concepto de titular de derechos de ejidatario", se hace necesario acudir a los preceptos normativos que regulan las cuestiones sustanciales relativas a la figura del avecindado.

La Ley Agraria, en lo que interesa, dispone:

"Art�culo 13. Los avecindados del ejido, para los efectos de esta ley, son aquellos mexicanos mayores de edad que han residido por un a�o o m�s en las tierras del n�cleo de poblaci�n ejidal y que han sido reconocidos como tales por la asamblea ejidal o el tribunal agrario competente. Los avecindados gozan de los derechos que esta ley les confiere."

"Art�culo 19. Cuando no existan sucesores, el tribunal agrario proveer� lo necesario para que se vendan los derechos correspondientes al mejor postor, de entre los ejidatarios y avecindados del n�cleo de poblaci�n de que se trate. El importe de la venta corresponder� al n�cleo de poblaci�n ejidal."

"Art�culo 30. Para la asistencia v�lida de un mandatario a una asamblea bastar� una carta-poder debidamente suscrita ante dos testigos que sean ejidatarios o avecindados. En caso de que el ejidatario mandante no pueda firmar, imprimir� su huella digital en la carta y solicitar� a un tercero que firme la misma y asiente el nombre de ambos.

"En el caso de asambleas que se re�nan para tratar los asuntos se�alados en las fracciones VII a XIV del art�culo 23 de esta ley, el ejidatario no podr� designar mandatario."

"Art�culo 41. Como �rgano de participaci�n de la comunidad podr� constituirse en cada ejido una junta de pobladores, integrada por los ejidatarios y avecindados del n�cleo de poblaci�n, la que podr� hacer propuestas sobre cuestiones relacionadas con el poblado, sus servicios p�blicos y los trabajos comunitarios del asentamiento humano.

"La integraci�n y funcionamiento de las juntas de pobladores se determinar� en el reglamento que al efecto elaboren los miembros de la misma y podr� incluir las comisiones que se juzguen necesarias para gestionar los intereses de los pobladores."

"Art�culo 57. Para proceder a la asignaci�n de derechos sobre tierras a que se refiere la fracci�n III del art�culo anterior, la asamblea se apegar�, salvo causa justificada y expresa, al siguiente orden de preferencia:

"I. Posesionarios reconocidos por la asamblea;

"II. Ejidatarios y avecindados del n�cleo de poblaci�n cuya dedicaci�n y esmero sean notorios o que hayan mejorado con su trabajo e inversi�n las tierras de que se trate;

"III. Hijos de ejidatarios y otros avecindados que hayan trabajado las tierras por dos a�os o m�s; y

"IV. Otros individuos, a juicio de la asamblea.

"Cuando as� lo decida la asamblea, la asignaci�n de tierras podr� hacerse por resoluci�n de la propia asamblea, a cambio de una contraprestaci�n que se destine al beneficio del n�cleo de poblaci�n ejidal."

"Art�culo 72. En cada ejido y comunidad podr� destinarse una parcela para constituir la unidad productiva para el desarrollo integral de la juventud, en donde se realizar�n actividades productivas, culturales, recreativas y de capacitaci�n para el trabajo, para los hijos de ejidatarios, comuneros y avecindados mayores de diecis�is y menores de veinticuatro a�os. Esta unidad ser� administrada por un comit� cuyos miembros ser�n designados exclusivamente por los integrantes de la misma. Los costos de operaci�n de la unidad ser�n cubiertos por sus miembros."

"Art�culo 74. La propiedad de las tierras de uso com�n es inalienable, imprescriptible e inembargable, salvo los casos previstos en el art�culo 75 de esta ley.

"El reglamento interno regular� el uso, aprovechamiento, acceso y conservaci�n de las tierras de uso com�n del ejido, incluyendo los derechos y obligaciones de ejidatarios y avecindados respecto de dichas tierras. ..."

"Art�culo 80. Los ejidatarios podr�n enajenar sus derechos parcelarios a otros ejidatarios o avecindados del mismo n�cleo de poblaci�n.

"Para la validez de la enajenaci�n a que se refiere este art�culo bastar� la conformidad por escrito de las partes ante dos testigos y la notificaci�n que se haga al Registro Agrario Nacional, el que deber� expedir sin demora los nuevos certificados parcelarios. Por su parte el comisariado ejidal deber� realizar la inscripci�n correspondiente en el libro respectivo.

"El c�nyuge y los hijos del enajenante, en ese orden, gozar�n del derecho del tanto, el cual deber�n ejercer dentro de un t�rmino de treinta d�as naturales contados a partir de la notificaci�n, a cuyo vencimiento caducar� tal derecho. Si no se hiciere la notificaci�n, la venta podr� ser anulada."

"Art�culo 84. En caso de la primera enajenaci�n de parcelas sobre las que se hubiere adoptado el dominio pleno, los familiares del enajenante, las personas que hayan trabajado dichas parcelas por m�s de un a�o, los ejidatarios, los avecindados y el n�cleo de poblaci�n ejidal, en ese orden, gozar�n del derecho del tanto, el cual deber�n ejercer dentro de un t�rmino de treinta d�as naturales contados a partir de la notificaci�n, a cuyo vencimiento caducar� tal derecho. Si no se hiciere la notificaci�n, la venta podr� ser anulada. ..."

"Art�culo 101. La comunidad implica el estado individual de comunero y, en su caso, le permite a su titular el uso y disfrute de su parcela y la cesi�n de sus derechos sobre la misma en favor de sus familiares y avecindados, as� como el aprovechamiento y beneficio de los bienes de uso com�n en los t�rminos que establezca el estatuto comunal. El beneficiado por la cesi�n de derecho de un comunero adquirir� la calidad de comunero.

"Cuando no exista litigio, se presume como leg�tima la asignaci�n de parcelas existentes de hecho en la comunidad."

"Art�culo 108. Los ejidos podr�n constituir uniones, cuyo objeto comprender� la coordinaci�n de actividades productivas, asistencia mutua, comercializaci�n u otras no prohibidas por la ley.

"Un mismo ejido, si as� lo desea, podr� formar, al mismo tiempo, parte de dos o m�s uniones de ejidos.

"Para constituir una uni�n de ejidos se requerir� la resoluci�n de la asamblea de cada uno de los n�cleos participantes, la elecci�n de sus delegados y la determinaci�n de las facultades de �stos.

"El acta constitutiva que contenga los estatutos de la uni�n, deber� otorgarse ante fedatario p�blico e inscribirse en el Registro Agrario Nacional, a partir de lo cual la uni�n tendr� personalidad jur�dica.

"Las uniones de ejidos podr�n establecer empresas especializadas que apoyen el cumplimiento de su objeto y les permita acceder de manera �ptima a la integraci�n de su cadena productiva.

"Los ejidos y comunidades, de igual forma podr�n establecer empresas para el aprovechamiento de sus recursos naturales o de cualquier �ndole, as� como la prestaci�n de servicios. En ellas podr�n participar ejidatarios, grupos de mujeres campesinas organizadas, hijos de ejidatarios, comuneros, avecindados y peque�os productores.

Las empresas a que se refieren los dos p�rrafos anteriores podr�n adoptar cualquiera de las formas asociativas previstas por la ley.

Del art�culo 13 de la Ley Agraria se advierte que la ley define a los avecindados, como aquellos mexicanos mayores de edad, que han residido por un a�o o m�s en las tierras del n�cleo de poblaci�n ejidal y que han sido reconocidos como tales por la asamblea ejidal o por el tribunal agrario competente; esto es, la calidad de avecindado es reconocida expresamente por la ley como figura integrante del sistema agrario mexicano y, espec�ficamente, del sistema ejidal nacional.

Por su parte del art�culo 19 de la ley de la materia, se deriva que en las sucesiones agrarias, cuando se deban vender los derechos correspondientes de un ejidatario al mejor postor, ya sea que se trate de herederos que no se hayan puesto de acuerdo para decidir qui�n conservar� de entre ellos los derechos ejidales, o bien, que no existan sucesores, dicha venta se llevar� a cabo entre los ejidatarios o avecindados del n�cleo de poblaci�n de que se trate, esto es, la ley reconoce un derecho de preferencia de los avecindados para adquirir derechos de ejidatario en caso de sucesi�n cuando se est� en los supuestos referidos.

El art�culo 30 permite que el avecindado funja como testigo de calidad, en la expedici�n de una carta poder, en la que un ejidatario designe mandatario para la asistencia a una asamblea de ejidatarios.

El art�culo 41 permite la participaci�n de los avecindados del n�cleo de poblaci�n ejidal, en la junta de pobladores que al efecto se constituya; mientras que el art�culo 72 permite a los avecindados participar en la unidad productiva para el desarrollo integral de la juventud que se establezca en el ejido o comunidad de que se trate; por su parte, el art�culo 108 faculta a los avecindados para participar en las empresas que se establezcan para el aprovechamiento de los recursos naturales o de cualquier �ndole de los ejidos o comunidades, as� como la prestaci�n de servicios. De dichos preceptos se advierte que la figura del avecindado tiene reconocida la posibilidad de participar en actividades productivas, culturales y recreativas y de capacitaci�n para el trabajo del n�cleo de poblaci�n de que se trate.

El art�culo 57 establece el orden de prelaci�n que debe seguir la asamblea general de ejidatarios para la asignaci�n de tierras o de derechos sobre tierras pertenecientes al ejido; en el segundo lugar de preferencia se encuentran los avecindados (y ejidatarios) del n�cleo de poblaci�n cuya dedicaci�n y esmero sean notorios o que hayan mejorado con su trabajo e inversi�n las tierras de que se trate; asimismo, en tercer lugar se encuentran los avecindados (y los hijos de ejidatarios) que hayan trabajado las tierras por dos a�os o m�s. De lo anterior se puede advertir que la legislaci�n agraria reconoce el derecho de prelaci�n a los avecindados que ya posean las tierras de que se trate, ya sea por haberlas trabajado dos a�os o m�s, o bien, por el empe�o en el trabajo y las mejoras efectuadas a dichas tierras, esto es, reconoce la posesi�n sobre las tierras cuyos derechos se pretendan asignar.

El art�culo 74 de la Ley Agraria, por una parte, establece que la propiedad de las tierras de uso com�n es inalienable, imprescriptible e inembargable y, por otra, establece que el reglamento interno del ejido regular� el uso, aprovechamiento, acceso y conservaci�n de las tierras de uso com�n del ejido, as� como los derechos de los avecindados (y ejidatarios) respecto de dichas tierras, esto es, reconoce que los avecindados tienen derechos y obligaciones sobre las tierras de uso com�n del ejido, las cuales, por exclusi�n, son aquellas tierras que no hubieren sido especialmente reservadas por la asamblea general de ejidatarios para el asentamiento del n�cleo de poblaci�n, ni sean tierras parceladas, lo anterior en t�rminos del art�culo 73 del mismo cuerpo normativo.

El art�culo 80 de la Ley Agraria cobra relevancia en cuanto a que, si bien permite que los ejidatarios puedan enajenar sus derechos parcelarios a otros, tambi�n establece como limitante a dicha enajenaci�n, que �sta se lleve a cabo exclusivamente a favor de otros ejidatarios o avecindados del mismo n�cleo de poblaci�n.

Igualmente, el art�culo 84 de la Ley Agraria reconoce el derecho del tanto que tienen los avecindados respecto de la primera enajenaci�n de parcelas sobre las que se hubiere adoptado el dominio pleno, y el art�culo 101 faculta a los avecindados a adquirir parcelas comunitarias por cesi�n de un comunero.

Respecto al tema de los derechos de los avecindados y la defensa de sus intereses dentro del ejido, esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n tambi�n se ha pronunciado, al resolver la contradicci�n de tesis 2/99, en sesi�n de cuatro de junio de mil novecientos noventa y nueve; en dicha ejecutoria, en los siguientes t�rminos:

... En relaci�n con la defensa de sus intereses dentro del ejido, el avecindado goza de los siguientes derechos: 1. De que los tribunales agrarios unitarios conozcan y resuelvan las controversias que tenga con otros avecindados o con ejidatarios, comuneros y posesionarios, as� como de las omisiones de la Procuradur�a Agraria que le causen perjuicio, ejercitando la acci�n agraria gen�rica, de acuerdo con lo dispuesto en los art�culos 163 de la Ley Agraria y 18, fracci�n VI, de la Ley Org�nica de los Tribunales Agrarios, que dicen: ?Art�culo 163. Son juicios agrarios los que tienen por objeto sustanciar, dirimir y resolver las controversias que se susciten con motivo de la aplicaci�n de las disposiciones contenidas en esta ley.?. ?Art�culo 18. Los tribunales unitarios conocer�n, por raz�n del territorio, de las controversias que se les planteen con relaci�n a tierras ubicadas dentro de su jurisdicci�n, conforme a la competencia que les confiere este art�culo. Los tribunales unitarios ser�n competentes para conocer: I. ... VI. De controversias en materia agraria entre ejidatarios, comuneros, posesionarios o avecindados entre s�; as� como las que se susciten entre �stos y los �rganos del n�cleo de poblaci�n; ...?. 2. Poder ser asistido y defendido por la Procuradur�a Agraria (art�culo 135). Cabe destacar que la propia Ley Agraria propicia la existencia de los avecindados en tanto que, por una parte, en su art�culo 68, establece que los aspirantes a recibir la calidad de avecindado tienen el derecho de adquirir un solar de los excedentes en la zona de urbanizaci�n del poblado, y por otra, en el art�culo 13 engendra la acci�n de reconocimiento del car�cter de avecindado ante el tribunal agrario, al se�alar ?... que han sido reconocidos como tales por la asamblea ejidal o el tribunal agrario competente ...?. Las precisiones realizadas conducen a la convicci�n de que los avecindados son, en realidad, aspirantes a ejidatarios o comuneros, pues satisfechos los requisitos que les dan el car�cter de avecindados, que son equivalentes a los de capacidad agraria individual, tienen un derecho preferente para convertirse en ejidatarios o comuneros, de surtirse alguno de los supuestos establecidos al respecto en la ley de la materia.

Dichas consideraciones dieron origen a la tesis 2a. XCVIII/99, sustentada por esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, publicada en la p�gina 365, Tomo X, julio de 1999, del Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, Novena �poca, que dice:

EJIDOS. LOS AVECINDADOS EN �L, SON SUJETOS RECONOCIDOS DE DERECHO AGRARIO Y DE LA CLASE CAMPESINA, AL LADO DE LOS EJIDATARIOS Y COMUNEROS, DE ACUERDO CON LA LEY AGRARIA. Del art�culo 13 de la Ley Agraria se desprende que el car�cter de avecindado de un n�cleo ejidal o comunal, se encuentra determinado por la concurrencia de ciertos requisitos equivalentes a la capacidad agraria individual, como son: a) Ser mexicano; b) M. de edad; c) Con residencia m�nima de un a�o en las tierras del n�cleo de poblaci�n; y d) Contar con el reconocimiento de la asamblea ejidal o del tribunal agrario. Satisfechos estos requisitos,por disposici�n del mismo art�culo 13, el avecindado goza de diversos derechos, entre otros, el de adquirir la calidad de ejidatario (art�culo 15, fracci�n II); el de adquirir los derechos parcelarios de ejidatarios del mismo n�cleo de poblaci�n (art�culo 80) y parcelas comunitarias (art�culo 101); el de ser preferido para comprar derechos agrarios provenientes de un titular fallecido sin que existan sucesores (art�culo 19) y para recibir tierras de uso com�n del n�cleo de poblaci�n (art�culo 57, fracciones II y III); adem�s, el de gozar del derecho del tanto respecto de la primera enajenaci�n de parcelas sobre las que se hubiere adoptado el dominio pleno (art�culo 84) y ser sujeto de derechos y obligaciones conforme al reglamento interno del ejido (art�culo 74). Con relaci�n a la defensa de sus intereses goza a su vez del derecho de que los tribunales agrarios unitarios conozcan y resuelvan las controversias que tenga con otros avecindados o con ejidatarios, comuneros y posesionarios, y de las omisiones de la Procuradur�a Agraria que le causen perjuicio, ejercitando la acci�n agraria gen�rica (art�culos 163 de la citada ley y 18, fracci�n VI, de la Ley Org�nica de los Tribunales Agrarios), as� como el de ser asistido y defendido por la Procuradur�a Agraria (art�culo 135). Es significativo que la propia Ley Agraria propicia la existencia de los avecindados en tanto que, por una parte, en su art�culo 68, establece que los aspirantes a recibir la calidad de avecindados tienen el derecho de adquirir un solar de los excedentes en la zona de urbanizaci�n del poblado y, por otra, en el art�culo 13 engendra la acci�n de reconocimiento del car�cter de avecindado ante el tribunal agrario, al se�alar ?... que han sido reconocidos como tales por la asamblea ejidal o el tribunal agrario competente ...?. En ese orden de ideas, resulta inconcuso que los avecindados son aspirantes a ejidatarios o comuneros, pues satisfechos los requisitos que les dan el car�cter de avecindados, que son equivalentes a los de capacidad agraria individual, tienen un derecho preferente para convertirse en tales, de surtirse alguno de los supuestos establecidos al respecto en la ley de la materia. Lo anterior demuestra que la Ley Agraria no s�lo reconoce la existencia de los avecindados, como la abrogada Ley de Reforma Agraria, sino que va m�s all�, pues reglamenta su condici�n sujet�ndola al reconocimiento de la asamblea ejidal o del tribunal agrario competente, adem�s de otorgarles un lugar dentro del n�cleo de poblaci�n y la correspondiente protecci�n mediante la precisi�n de derechos y obligaciones propios, acordes con el nuevo sistema agrario, convirti�ndolos en sujetos reconocidos de derecho agrario y de la clase campesina, al lado de los ejidatarios y comuneros.

Por su parte, en la exposici�n de motivos que dio origen a la reforma del art�culo 27 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, de seis de enero de mil novecientos noventa y dos, el titular del Ejecutivo Federal hizo referencia al derecho de los miembros del n�cleo de poblaci�n ejidal a enajenar las superficies parceladas de los ejidos en los t�rminos dispuestos por la ley de la materia. Al respecto se�al�:

... Igualmente, se protegen y reconocen las �reas comunes de los ejidos y el sustento territorial de los asentamientos humanos. En todo caso, el solar en el casco urbano seguir� siendo de la exclusiva propiedad de sus moradores. Las superficies parceladas de los ejidos podr�n enajenarse entre los miembros de un mismo ejido de la manera que lo disponga la ley, propiciando la compactaci�n parcelaria y sin permitir acumulaci�n o la fragmentaci�n excesivas.

La propuesta de establecer en el art�culo 27 de la Constituci�n Pol�tica Federal, la facultad de enajenar las superficies parceladas entre los miembros de un mismo ejido se ve reflejado en la actual redacci�n de dicho numeral, mismo que en la parte relativa a los n�cleos de poblaci�n ejidales y comunales, dispone:

"Art�culo 27. ... VII. Se reconoce la personalidad jur�dica de los n�cleos de poblaci�n ejidales y comunales y se protege su propiedad sobre la tierra, tanto para el asentamiento humano como para actividades productivas.

"La ley proteger� la integridad de las tierras de los grupos ind�genas.

"La ley, considerando el respeto y fortalecimiento de la vida comunitaria de los ejidos y comunidades, proteger� la tierra para el asentamiento humano y regular� el aprovechamiento de tierras, bosques y aguas de uso com�n y la provisi�n de acciones de fomento necesarias para elevar el nivel de vida de sus pobladores.

"La ley, con respeto a la voluntad de los ejidatarios y comuneros para adoptar las condiciones que m�s les convengan en el aprovechamiento de sus recursos productivos, regular� el ejercicio de los derechos de los comuneros sobre la tierra y de cada ejidatario sobre su parcela. Asimismo, establecer� los procedimientos por los cuales ejidatarios y comuneros podr�n asociarse entre s�, con el Estado o con terceros y otorgar el uso de sus tierras; y, trat�ndose de ejidatarios, transmitir sus derechos parcelarios entre los miembros del n�cleo de poblaci�n; igualmente fijar� los requisitos y procedimientos conforme a los cuales la asamblea ejidal otorgar� al ejidatario el dominio sobre su parcela. En caso de enajenaci�n de parcelas se respetar� el derecho de preferencia que prevea la ley."

De la transcripci�n anterior se advierte, como se se�al� previamente, que la Norma Fundamental permite que los ejidatarios transmitan sus derechos parcelarios, siempre y cuando se realice entre los miembros del mismo n�cleo de poblaci�n ejidal, en los t�rminos y conforme al procedimiento que disponga la ley de la materia; en concordancia con lo anterior y al art�culo 80 de la Ley Agraria, ya transcrito, al disponer que los ejidatarios pueden enajenar sus derechos parcelarios solamente a otros ejidatarios o avecindados, se refleja claramente el reconocimiento al derecho que los avecindados tienen para recibir, v�a enajenaci�n, los derechos parcelarios de un ejidatario, de donde se puede advertir, de manera evidente, la calidad privilegiada con la que los avecindados pueden poseer una parcela ejidal, espec�ficamente, por lo que ve a la calidad de dicha posesi�n como requisito para ejercer la acci�n de prescripci�n de derechos de una parcela ejidal.

En estas condiciones, una vez analizada la naturaleza de la figura del avecindado y los principales derechos con los que cuentan, y retomando los argumentos expresados por esta Segunda Sala al resolver la contradicci�n de tesis 96/2004-SS, en el sentido de que, la demostraci�n de la posesi�n debe relacionarse con las disposiciones legales tendentes a regular a aquellos sujetos de derecho agrario que potencialmente pueden adquirir la calidad de ejidatarios, entonces resulta necesario acudir a la disposici�n normativa de la ley de la materia, que regula el aspecto relativo a los requisitos para ser ejidatario, puesto que ello permitir� determinar si la calidad de "avecindado", potencialmente permite adquirir la calidad de ejidatario.

El art�culo 15 de la Ley Agraria se�ala:

"Art�culo 15. Para poder adquirir la calidad de ejidatario se requiere:

"I. Ser mexicano mayor de edad o de cualquier edad si tiene familia a su cargo o se trate de heredero de ejidatario; y

"II. Ser avecindado del ejido correspondiente, excepto cuando se trate de un heredero, o cumplir con los requisitos que establezca cada ejido en su reglamento interno."

De la anterior disposici�n se advierte con claridad que para poder adquirir la calidad de ejidatario, se requiere: ser mexicano; mayor de edad, excepto cuando el aspirante a ejidatario tenga familia a su cargo, o bien, cuando se trate de heredero de ejidatario, pues en estos dos distintos casos, no hay limitaci�n de edad; asimismo, se se�ala como requisito que el aspirante tenga la calidad de "avecindado" del ejido correspondiente (aquel en el que se encuentre la parcela ejidal cuyos derechos se pretendan obtener), salvo dos casos de excepci�n: cuando se trate de un heredero o cuando se cumplan con los requisitos establecidos en el reglamento interno del ejido de que se trate.

De ah� que si para poder adquirir la calidad de ejidatario, adem�s de cumplir con los requisitos de nacionalidad y edad, se requiere ser avecindado, resulta evidente que el avecindado, potencialmente puede adquirir la calidad de ejidatario, pues al establecerse espec�ficamente dicha calidad como requisito para ser ejidatario, se privilegia la figura del avecindado y se le reconoce como sujeto de derecho agrario y de la clase campesina.

As� las cosas, los avecindados, en tanto sujetos de derecho agrario, potencialmente pueden adquirir la calidad de ejidatarios, seg�n lo se�alado expresamente en el art�culo 15 de la Ley Agraria; asimismo, la figura del avecindado es reconocida por la Constituci�n Pol�tica Federal y por diversos preceptos normativos de la materia, como sujetos con una participaci�n en las actividades productivas, culturales y recreativas y de capacitaci�n para el trabajo del n�cleo de poblaci�n de que se trate, con derechos sobre las tierras ejidales, tales como derecho de prelaci�n, derecho del tanto, derechos sobre las tierras de uso com�n y derecho de preferencia en caso de enajenaci�n de derechos parcelarios de un ejidatario.

En estas condiciones, se puede concluir que la calificaci�n de la posesi�n en "concepto de titular de derechos de ejidatario", establecida en el art�culo 48 de la Ley Agraria, debe entenderse referida no s�lo a los ejidatarios, sino tambi�n a quien hubiere pose�do tierras ejidales en calidad de "avecindado", en t�rminos del art�culo 13 de la Ley Agraria, para efectos de la prescripci�n positiva contemplada en el numeral citado en primer t�rmino.

Atento a lo anterior, debe prevalecer el criterio que sostiene esta Segunda Sala, el que de acuerdo con lo dispuesto por el art�culo 195 de la Ley de Amparo, debe regir con car�cter de jurisprudencia, en los siguientes t�rminos:

PRESCRIPCI�N EN MATERIA AGRARIA. EL AVECINDADO PUEDE EJERCER UNA POSESI�N COMO TITULAR DE DERECHOS DE EJIDATARIO.-El art�culo 48 de la Ley Agraria establece la figura de la prescripci�n adquisitiva en materia agraria, condicion�ndola a aquel sujeto que hubiere pose�do tierras ejidales, en concepto de titular de derechos de ejidatario. Por otra parte, de la lectura de las disposiciones de la Ley Agraria que regulan las cuestiones sustanciales relativas a la figura del "avecindado", as� como de lo establecido en la fracci�n VII del art�culo 27 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, se advierte que los "avecindados" son sujetos con participaci�n en las actividades productivas, culturales y recreativas y de capacitaci�n para el trabajo del n�cleo de poblaci�n de que se trate, con derechos sobre las tierras ejidales, tales como derecho de prelaci�n, derecho del tanto, derechos sobre las tierras de uso com�n y derecho de preferencia en caso de enajenaci�n de derechos parcelarios de un ejidatario, y que, en tanto sujetos de derechos agrarios con las referidas caracter�sticas, pueden adquirir la calidad de ejidatarios, en t�rminos de lo se�alado por el art�culo 15 de la Ley Agraria. De lo que se concluye que la expresi�n "titular de derechos de ejidatario", establecida en el referido art�culo 48, debe entenderse referida no s�lo a los ejidatarios, sino tambi�n a quien hubiere pose�do tierras ejidales en calidad de "avecindado", para efectos de la prescripci�n positiva en materia agraria.

Por lo expuesto y con fundamento en los art�culos 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracci�n VIII de la Ley Org�nica del Poder Judicial de la Federaci�n, se

resuelve:

PRIMERO

S� existe contradicci�n de tesis entre la sustentada por el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito (actualmente Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito), y el criterio sustentado por el Tribunal Colegiado del Vig�simo Octavo Circuito.

SEGUNDO

Debe prevalecer con car�cter de jurisprudencia el criterio sostenido por esta Segunda Sala, en los t�rminos de la tesis redactada en el �ltimo considerando de esta resoluci�n.

Notif�quese; rem�tase la tesis jurisprudencial aprobada por esta Segunda Sala al Pleno y a la Primera Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, a los Tribunales Colegiados de Circuito que no intervinieron en la contradicci�n y al Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, para su correspondiente publicaci�n; env�ese testimonio de la presente resoluci�n a los Tribunales Colegiados de Circuito que intervinieron en esta contradicci�n y, en su oportunidad, arch�vese este expediente como asunto concluido.

As� lo resolvi� la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, por unanimidad de cuatro votos de los se�ores Ministros: M.B.L.R., G.D.G.�ngora P., S.S.A.A. y presidente J.D.R.. Estuvo ausente el se�or M.G.I.O.M. por atender comisi�n oficial. Fue ponente el tercero de los Ministros antes mencionados.