Ejecutoria num. 2a/J. 149/2005 de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala - Jurisprudencia - VLEX 26823363

Ejecutoria num. 2a/J. 149/2005 de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala

Emisor:Segunda Sala
Número de Resolución:2a/J. 149/2005
Localizacion:GENARO DAVID GÓNGORA PIMENTEL.
Materia:Suprema Corte de Justicia de México
Fecha de Publicación: 1 de Enero de 2006
RESUMEN

CONTRADICCIÓN DE TESIS 158/2005-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y SEGUNDO, AMBOS EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y CIVIL DEL DÉCIMO NOVENO CIRCUITO Y PRIMERO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEGUNDO CIRCUITO.MULTAS FISCALES QUE NO CUMPLEN CON LA FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. DEBE ATENDERSE A LA GÉNESIS DE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA Y DECRETAR LA NULIDAD PREVISTA EN EL ARTÍCULO 239, FRACCIÓN III, Y ÚLTIMO PÁRRAFO, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, POR DERIVAR AQUÉLLAS DEL EJERCICIO DE FACULTADES DISCRECIONALES.

 
ÍNDICE
CONTENIDO

CONTRADICCI�N DE TESIS 158/2005-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y SEGUNDO, AMBOS EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y CIVIL DEL D�CIMO NOVENO CIRCUITO Y PRIMERO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEGUNDO CIRCUITO.

MINISTRO PONENTE: G.D.G.P..

SECRETARIO: R.J.G.M..

CONSIDERANDO:

TERCERO

A fin de estar en posibilidad de resolver la presente denuncia de contradicci�n de tesis, es conveniente conocer las consideraciones sostenidas por los Tribunales Colegiados de Circuito en las ejecutorias respectivas.

  1. Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del D�cimo Noveno Circuito. Al resolver el diez de agosto de dos mil cinco la revisi�n fiscal n�mero 84/2005, sostuvo, en lo que interesa, lo siguiente:

    "SEXTO. Son infundados los agravios que se hacen valer.

    "En efecto, la autoridad recurrente expresa como motivo de inconformidad que la sentencia impugnada le causa agravio al aplicarse de manera indebida el art�culo 239, �ltimo p�rrafo, en relaci�n con el diverso 238, fracci�n II, del C�digo F. de la Federaci�n, dado que se se�al� como fundamento de la nulidad, el �ltimo p�rrafo del art�culo 239, fracci�n III, del ordenamiento legal en cita, toda vez que al encontrarse acreditada la comisi�n de una infracci�n y anularse la multa s�lo por una situaci�n de forma no procede dictar una nueva resoluci�n dejando en libertad las facultades discrecionales de la autoridad para emitir una nueva multa, pues la a quo debi� ajustar su sentencia a derecho y anularla para el efecto de que se emita una nueva multa, por tratarse de una situaci�n reglada.

    "Por lo tanto, agrega la inconforme al estar en presencia de una infracci�n cometida, la autoridad est� obligada a ejecutar una ley aplicable, es decir, para la autoridad no es discrecional el aplicar o no una multa, si ante ella se encuentra acreditada la infracci�n correspondiente; de otra forma caer�a en responsabilidad por dejar de aplicar la disposici�n debida, situaci�n que estima es diversa a la facultad discrecional que se ejerce al iniciar un procedimiento de auditor�a, como lo puede ser una visita o una revisi�n de escritorio.

    "Que por esa circunstancia en la sentencia recurrida debi� declararse la nulidad conforme al art�culo 239, fracci�n III, del C�digo F. de la Federaci�n y ordenar emitir un nuevo acto debidamente fundado y motivado en el que se se�ale el factor de actualizaci�n utilizado para actualizar la multa y la fecha de publicaci�n del mismo en el Diario Oficial de la Federaci�n.

    "Por �ltimo, insiste la inconforme en que de los numerales 238, fracci�n II, y 239, fracci�n III, se desprende que cuando existe un vicio de forma, la nulidad ser� para efectos, precisando los t�rminos de �sta, pero sin que se actualice el supuesto de excepci�n contenido en el �ltimo de los citados numerales, en donde si bien es cierto se hace referencia a facultades discrecionales de la autoridad, �stas corresponden a una visita o revisi�n, mas no a una multa en donde ya fue cometida una infracci�n;

    "Se�al� adem�s, que en la sentencia dictada dentro de la revisi�n fiscal 29/2004-VIII, del �ndice del entonces Segundo Tribunal Colegiado de este propio circuito, se revoc� la sentencia emitida por la S. F..

    "Tales motivos de inconformidad resultan infundados, como antes se adelant�, por lo siguiente:

    "De la resoluci�n impugnada se desprende que la S. Regional del Golfo Norte declar� la nulidad de la resoluci�n impugnada en los siguientes t�rminos:

    "?... Por lo anterior, se estima que la multa impuesta al accionante en la resoluci�n impugnada no cumple con el requisito de la debida motivaci�n que establece el art�culo 38, fracci�n III, del C�digo F. de la Federaci�n, toda vez que la autoridad fiscalizadora en la resoluci�n determinante del cr�dito no se�ala cu�l o cu�les son los factores de actualizaci�n, que le sirvieron de base para actualizar la multa impuesta al accionante, as� como la fecha en que �stos se publicaron en el Diario Oficial de la Federaci�n, contraviniendo el criterio sostenido por nuestro M�ximo Tribunal Jurisdiccional al resolver la contradicci�n de tesis n�mero 2a./J. 67/2003, pues �nicamente funda y motiva gen�ricamente la actualizaci�n de la multa en el anexo 5 de la Resoluci�n Miscel�nea F. publicada en el Diario Oficial de la Federaci�n de fecha 21 de noviembre de 2003, pero ello no es suficiente toda vez que no establece de manera concreta y espec�fica cu�l fue el factor de actualizaci�n aplicado en la actualizaci�n de la multa y la fecha de publicaci�n de �ste, en el Diario Oficial de la Federaci�n, dejando por consecuencia en estado de incertidumbre jur�dica a la parte actora.

    "?... En las relatadas condiciones, al no estar debidamente motivada la resoluci�n impugnada, en el presente caso lo procedente es declarar la nulidad de la misma, dejando a salvo las facultades discrecionales de la autoridad fiscalizadora, para que si lo estima necesario y se encuentra en posibilidad de hacerlo, emita un nuevo acto debidamente fundado y motivado ...? (foja 30 anverso y reverso).

    "Asimismo, se�al� como fundamento de su determinaci�n, entre otros, los art�culos 238, fracci�n II, y 239, fracci�n III, del C�digo F. de la Federaci�n, que dicen respectivamente lo siguiente: (se transcriben).

    "En t�rminos de la transcripci�n anotada, es cierto que por disposici�n expresa del art�culo 238, fracci�n II, del C�digo F. de la Federaci�n, cuando, como en el caso, existe la omisi�n de requisitos formales exigidos por las leyes, que afecten las defensas del particular y trasciendan al sentido de la resoluci�n, la S. del Tribunal Federal de Justicia F. y Administrativa debe declarar nula la resoluci�n administrativa; tambi�n es verdad que cuando se est� en el supuesto anterior, conforme a la transcrita fracci�n III del art�culo 239, debe decretarse una nulidad para efectos.

    "Sin embargo, la misma fracci�n establece una excepci�n a la referida regla general, de ah� que no en todos los casos deba decretarse una nulidad para efectos, sino que puede dictarse la nulidad de la resoluci�n dejando en absoluta libertad a la autoridad para que decida si vuelve a emitir o no el acto administrativo, pero esto s�lo acontece cuando el acto impugnado deriva del ejercicio de una facultad discrecional.

    "Bajo ese contexto, corresponde entonces determinar si la g�nesis de la resoluci�n cuya nulidad fue decretada por la S. F., se ubica dentro de esa regla general, o bien si en la especie se actualiza la apuntada excepci�n a la regla, contenida en el art�culo 239, fracci�n III, parte final, del c�digo tributario federal -numeral y fracci�n citadas por la S. del conocimiento como apoyo a su determinaci�n- relativa a que la nulidad no puede ser para efectos, cuando el origen de la resoluci�n impugnada se trate de facultades discrecionales, para entonces estar en condiciones de determinar si la sentencia de nulidad debe ser para efectos de que se dicte una nueva resoluci�n, como lo pretende la recurrente.

    "Sirve de apoyo al criterio relativo a que para dilucidar si en el caso concreto se debe decretar la nulidad excepcional, debe acudirse a la g�nesis de la resoluci�n impugnada con el objeto de saber si la misma se origin� con motivo de un tr�mite o procedimiento de pronunciamiento forzoso, o con motivo del ejercicio de una facultad discrecional, la jurisprudencia 45/98 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, publicada en la p�gina 5 del T.V., septiembre de 1998, Novena �poca del Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, que dice:

    "?SENTENCIAS DE NULIDAD FISCAL PARA EFECTOS. EL ART�CULO 239, F.I.I, �LTIMO P�RRAFO, DEL C�DIGO FISCAL DE LA FEDERACI�N, QUE ESTABLECE ESE SENTIDO ANTE LA ACTUALIZACI�N DE LA AUSENCIA DE FUNDAMENTACI�N Y MOTIVACI�N DE LA RESOLUCI�N IMPUGNADA, NO VIOLA LA GARANT�A DE LEGALIDAD CONSAGRADA EN EL ART�CULO 16 CONSTITUCIONAL.? (se omite la transcripci�n por innecesaria).

    "En ese contexto, es importante indicar que la irregularidad que dio origen al procedimiento administrativo que culmin� con la resoluci�n en la que se impuso una multa a la persona moral denominada Automotor de M�xico, Sociedad An�nima de Capital Variable, a trav�s de su representante legal R.V.V., se detect� al momento en que el administrador local de Auditor�a F. de T., en uso de las facultades conferidas en los art�culos 42, fracci�n II, y 48, fracciones I, II y III, del C�digo F. de la Federaci�n y, en virtud de que no suministr� en forma completa los datos, informes y documentos, dentro del plazo de quince d�as posteriores a la fecha en que le fueron solicitados, le impuso una multa equivalente a la cantidad de $9,661.00 (nueve mil seiscientos sesenta y un pesos 00/100 M.N.); lo anterior es as�, de conformidad con el contenido de dicha resoluci�n que en lo conducente dice:

    "?En virtud de que no suministr� en forma completa los datos, informes y documentos solicitados como son: pagos provisionales normal y complementarios de los meses de abril a junio de 2002; as� como las informativas que conforme a las disposiciones fiscales deba presentar estados de cuenta de la cuenta bancaria n�mero 0181130668 de la instituci�n bancaria Bancomer, S.A., por el periodo del trece al treinta y uno de marzo de 2002 y por los meses de abril a diciembre del ejercicio 2002 y contratos de mediaci�n mercantil, vigentes en el ejercicio sujeto a revisi�n; en su escrito sin fecha, firmado con firma aut�grafa del C.R.V.V. en su car�cter de representante legal del contribuyente revisado Automotor de M�xico, S.A de C.V., personalidad que acredit� mediante escritura p�blica n�mero 1,151 volumen XIVI pasada ante la fe del Notario P�blico 230 L.. C.M.G.M., en ejercicio en esta ciudad y Puerto de T., Ciudad Madero y Altamira el d�a 20 de enero de 1994 ...?

    "?... A efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en los art�culos 85, fracci�n I, y 86, fracci�n I, del propio C�digo F. de la Federaci�n; le impone una multa en cantidad de $9,661.00 (nueve mil seiscientos sesenta y un pesos 00/100 M.N.) (capturar en clave 194), la cantidad anterior constituye el monto m�nimo y se encuentra actualizada y vigente a partir del 01 de enero de 2004, y fue publicada en la regla 2.1.13; del Anexo 5 de la Resoluci�n Miscel�nea F. para 2003, publicada en el Diario Oficial de la Federaci�n el 21 de noviembre de 2003, y en el art�culo segundo, fracci�n III, de las disposiciones transitorias del C�digo F. de la Federaci�n, del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del C�digo F. de la Federaci�n, publicado en el Diario Oficial de la Federaci�n, el 5 de enero de 2004, de conformidad con lo previsto en los art�culos 17-A y 21 del propio C�digo F. de la Federaci�n ...?

    "Por su parte el art�culo 42, fracci�n II, del C�digo F. de la Federaci�n, dice lo siguiente: (se transcribe).

    "De acuerdo a lo expuesto por el administrador local de Auditor�a F. de T., en la parte transcrita de la resoluci�n impugnada, as� como del precepto citado, se puede concluir que la autoridad administrativa, en uso de las facultades de comprobaci�n que le confiere el dispositivo en menci�n, efectu� la revisi�n de los documentos que le fueron presentados por R.V.V., representante legal del contribuyente Automotor de M�xico, Sociedad An�nima de Capital Variable, en una revisi�n de gabinete, momento en el que detect� la irregularidad que dio lugar a que se iniciara el procedimiento previsto en el numeral 42, fracci�n II, del C�digo F. de la Federaci�n, que tambi�n cita la demandada en el cuerpo de su determinaci�n.

    "En ese orden de ideas, si la autoridad administrativa descubri� durante la revisi�n efectuada a los documentos presentados por la persona moral durante la revisi�n de gabinete, revisi�n que constituye una facultad discrecional que le otorga el art�culo 42, fracci�n II, del c�digo tributario federal la irregularidad origen del procedimiento administrativo que concluy� con el dictado de la resoluci�n impugnada en el juicio de nulidad que nos ocupa; luego entonces, deviene inconcuso que se actualiza la excepci�n prevista en la parte final de la fracci�n III del art�culo 239 del C�digo F. de la Federaci�n.

    "Al tenor de lo antes dicho, es claro lo infundado del agravio a estudio, porque como bien lo determin� la S.F., procede la nulidad de la resoluci�n impugnada en t�rminos de la fracci�n III del numeral antes invocado, sin que se obligue o impida a la autoridad administrativa a dictar otra, de acuerdo a sus facultades discrecionales.

    Sin que en el caso se comparta lo resuelto en el presente recurso, con la diversa ejecutoria emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil de este circuito, en la revisi�n fiscal 29/2004, que aqu� invoca la inconforme como precedente; lo anterior, porque este Tribunal Colegiado para considerar la facultad discrecional de la autoridad administrativa, acude al origen o g�nesis de la resoluci�n reclamada, a diferencia de lo que opina el Segundo Tribunal Colegiado, que se basa exclusivamente en la sanci�n del ejercicio de dicha facultad, como lo es la multa, reput�ndola como una facultad reglada de la autoridad. Por tanto, en t�rminos del art�culo 197-A, p�rrafo primero, de la Ley de Amparo, deber� procederse a la denuncia de contradicci�n de tesis.

  2. Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del D�cimo Noveno Circuito.

    1. En la ejecutoria dictada el dieciocho de junio de dos mil cuatro, al resolver la revisi�n fiscal 29/2004-VIII, sostuvo, en lo que interesa, lo siguiente:

      "QUINTO. Los motivos de agravio vertidos por la autoridad recurrente son inoperantes en parte, infundados en otra, y fundados en el resto, seg�n se observar� enseguida.

      "...

      "Por �ltimo, sostiene la recurrente que la nulidad decretada debe ser en todo caso, para efectos precisos y no discrecional como se determin� en la resoluci�n que nos ocupa, ya que la infracci�n fue detectada y, por ende, la autoridad administrativa ya no se encuentra facultada discrecionalmente, sino que, por disposici�n legal se debe emitir una nueva resoluci�n en t�rminos del art�culo 238, fracci�n II, del C�digo F. de la Federaci�n, ya que dicho numeral obliga a la responsable que en el caso de ese tipo de agravios deber� de declararse la nulidad para efectos precisos.

      "Resulta esencialmente fundado el motivo de queja de m�rito.

      "Como se ha sostenido en la presente ejecutoria, la resoluci�n cuya nulidad se solicit� ante la S. F. responsable, es carente de la fundamentaci�n que requieren los actos administrativos, circunstancia que se trat� de enmendar por parte de la autoridad administrativa al momento de dar contestaci�n a la demanda de origen, lo cual, como ya se indic�, es ilegal en los t�rminos que han quedado precisados en par�grafos anteriores; de manera que, como efectivamente lo adujo la responsable, con ello se materializ� la causal de ilegalidad prevista en el art�culo 238, fracci�n II, del C�digo F. de la Federaci�n, el cual dispone: (se transcribe).

      "Como se advierte, efectivamente, ante la ausencia del mencionado requisito formal en el acto impugnado en el juicio de origen, dicha circunstancia encuadra en la hip�tesis de ilegalidad reci�n transcrita y, por ende, era preciso, tal y como lo aduce la recurrente, que la S. responsable declarara la nulidad del acto combatido, para efectos precisos, seg�n lo dispone la fracci�n III del numeral 239 del ordenamiento fiscal de la Federaci�n, ya que al haberse detectado la infracci�n que dio origen al acto cuya nulidad fue solicitada por el actor del juicio natural, la autoridad administrativa ya no se encuentra facultada discrecionalmente, sino que por disposici�n legal debe emitirse una nueva resoluci�n.

      "Para dilucidar dicha circunstancia, es menester tener presente lo preceptuado por el mencionado numeral, el cual dispone: (se transcribe).

      "Asimismo, es de destacar el contenido del �ltimo p�rrafo del mencionado dispositivo, en que la responsable sustent� su determinaci�n de no precisar efecto alguno, por estimar que la imposici�n de multas cae dentro del campo de las facultades discrecionales de la autoridad administrativa, siendo que dicho p�rrafo prev�:

      "?Siempre que se est� en alguno de los supuestos previstos en las fracciones II y III del art�culo 238 de este c�digo, el Tribunal F. de la Federaci�n declarar� la nulidad para el efecto de que se reponga el procedimiento o se emita una nueva resoluci�n; en los dem�s casos, tambi�n podr� indicar los t�rminos conforme a los cuales debe dictar su resoluci�n la autoridad administrativa, salvo que se trate de facultades discrecionales.?

      "De la interpretaci�n sistem�tica de los anteriores numerales, tenemos que ante la naturaleza de la violaci�n por la que se declar� la nulidad del acto, es decir, de car�cter formal ante la falta de la debida fundamentaci�n, era necesario que la S. responsable precisara con claridad, el efecto para el cual deber�a de dictarse una nueva resoluci�n, tal y como lo dispone la fracci�n III del art�culo 239 del C�digo F. de la Federaci�n, al haberse configurado la causa de ilegalidad que prev� la diversa fracci�n II, del numeral 238 del mencionado ordenamiento legal; pues como bien lo sostiene la recurrente, ante la infracci�n detectada, ya no se trata de una facultad discrecional, como lo adujo la a quo.

      "Se dice lo anterior, partiendo de la base en que la sanci�n impuesta a la parte actora del juicio de origen, fue a ra�z de una infracci�n a lo dispuesto por el art�culo 184, fracci�n I, de la Ley Aduanera, seg�n se advierte de la simple lectura de la resoluci�n que nos ocupa, la cual obra a fojas cuarenta y tres a cuarenta y cinco del expediente natural, lo cual se encuentra sancionado por el diverso numeral 185 de la mencionada legislaci�n, que dispone: (se transcribe).

      "En ese orden de ideas, este �rgano colegiado estima que, contrario a lo considerado por la S. responsable, la imposici�n de una multa con motivo de una infracci�n a lo dispuesto por el numeral 184 de la Ley Aduanera, no constituye una facultad discrecional, habida cuenta que de una recta interpretaci�n del diverso numeral 185 del mencionado ordenamiento legal, permite concluir que contiene una facultad reglada, en virtud de que en la disposici�n aludida se ha de considerar que al utilizar el legislador la inflexi�n verbal ?aplicar�n?, lo hace con un sentido de obligatoriedad condicional al cumplimiento de requisitos, como son las infracciones que prev� el mencionado art�culo 184 de la Ley Aduanera. De manera que, si la autoridad hacendaria descubre durante el ejercicio de alguna de sus facultades, que el contribuyente incurri� en alguna de dichas infracciones, deber� de imponerse una sanci�n aplicando las disposiciones conducentes, seg�n sea el supuesto en que se ubique el infractor, pues se est� en presencia de una facultad reglada para la autoridad administrativa. Por tanto, si en el caso se ha dicho que la imposici�n carece de la debida fundamentaci�n a que se contrae el art�culo 16 constitucional, en correlaci�n con el art�culo 38, fracci�n III, del c�digo tributario federal, por consecuencia, se actualiza el supuesto de anulaci�n previsto en el art�culo 238, fracci�n II, de ese c�digo y, por ende, ha lugar a declarar la nulidad de la sanci�n en comentario, en los t�rminos y para los efectos de que se dicte otra, en la que se cumpla con los requisitos formales omitidos, al amparo de la fracci�n III del art�culo 239 de esa legislaci�n federal, y no como indebidamente lo pretende la S., al considerar que no es el caso de precisarse efecto alguno, dado que la imposici�n de multas es facultaddiscrecional de la autoridad administrativa, lo cual como ha quedado de manifiesto, es incorrecto.

      En esas condiciones, lo que procede es revocar la sentencia venida en revisi�n, dictada por la S. Regional del Golfo Norte del Tribunal Federal de Justicia F. y Administrativa, con asiento en esta ciudad, en fecha veintiocho de noviembre de dos mil tres, para el efecto que se dicte una nueva determinaci�n en donde, dejando intocados los argumentos relativos a la violaci�n formal advertida, consistente en la falta de fundamentaci�n, precise con claridad y t�rminos en que la autoridad administrativa debe cumplirla, sigui�ndose en todo momento, con los lineamientos vertidos en las consideraciones que en ese sentido rigen al presente fallo ...

    2. En la ejecutoria dictada el quince de octubre de dos mil cuatro, al resolver la revisi�n fiscal 44/2004, se�al�, en lo que al caso interesa, lo siguiente:

      "CUARTO. Son ineficaces los motivos de inconformidad expuestos por la autoridad recurrente.

      "...

      "Finalmente, es menester aqu� analizar el diverso aspecto que hace valer la autoridad inconforme en el segundo agravio de los sometidos a la potestad de este �rgano jurisdiccional.

      "En el mismo se indica por la inconforme, que se contraviene por la autoridad de instancia, lo dispuesto por el art�culo 239, fracci�n III, �ltimo p�rrafo, del c�digo tributario, pues al decretar la nulidad de la resoluci�n impugnada dejando a salvo las facultades discrecionales de la demandada, no tom� en cuenta que la violaci�n formal determinada en la misma, era susceptible de ser subsanada con la emisi�n de una nueva resoluci�n debidamente fundada y motivada, en la que se rectificaran y circunstanciaran los hechos que la autoridad fiscal consider� que implicaban incumplimiento a las disposiciones fiscales.

      "Que lo anterior resulta de tal manera, pues la violaci�n detectada se trata de un vicio formal, que no trae como consecuencia una nulidad lisa y llana, sino para efectos.

      "Que es err�neo lo resuelto por la autoridad jurisdiccional fiscal al decretar que la nulidad prevista por el art�culo 239, fracci�n III, y �ltimo p�rrafo, del c�digo tributario, pues en la especie no se est� en presencia de una facultad discrecional, sino de un procedimiento reglado, en raz�n de que en el presente caso la autoridad inici� un procedimiento de comprobaci�n y descubri� una omisi�n; por tanto -arguye- que al haberse descubierto la anomal�a y la resoluci�n impugnada �nicamente se encontr� viciada por una cuesti�n formal, el efecto de la nulidad -dice- debi� ser para efectos precisos y no dejar a salvo las facultades discrecionales de la autoridad, pues asegur� que se est� en presencia de una facultad reglada, invocando en su favor la tesis aislada de rubro:

      "?MULTAS FISCALES, LA IMPOSICI�N DE LAS SANCIONES PREVISTAS EN EL ART�CULO 76, F.I., DEL C�DIGO FISCAL DE LA FEDERACI�N, NO DERIVA DE UNA FACULTAD DISCRECIONAL, SINO REGLADA Y, POR ENDE, CUANDO LA RESOLUCI�N EN QUE SE IMPONEN CARECE DE LOS REQUISITOS DE FUNDAMENTACI�N Y MOTIVACI�N, SE ACTUALIZA LA HIP�TESIS DE NULIDAD PARA EFECTOS, PREVISTA EN EL ART�CULO 238, F.I., EN CORRELACI�N CON EL ART�CULO 239, F.I.I, DE ESE ORDENAMIENTO.? (se omite la transcripci�n por innecesaria).

      "Cabe mencionar que la autoridad recurrente mencion� en su escrito, que en ese sentido se hab�a pronunciado, adem�s de otro �rgano colegiado, este Segundo Tribunal Colegiado del D�cimo Noveno Circuito, al resolver la revisi�n fiscal 64/2003-VIII.

      "Tales asertos son infundados.

      "En efecto, en principio, cabe decir que no asiste raz�n a la inconforme al aseverar que en la resoluci�n recurrida se decret� la ?nulidad lisa y llana?; pues del an�lisis que de ella se hace se observa que la S.F. al haber declarado la nulidad de la resoluci�n impugnada, lo hizo sin precisar efecto alguno, en t�rminos del art�culo 239, fracci�n III, y �ltimo p�rrafo, del C�digo F. de la Federaci�n, no como se aduce en los agravios; lo cual es, adem�s, apegado a derecho, puesto que en la especie, se surte la causa de excepci�n prevista por dicho numeral, como se ver� a continuaci�n.

      "Como se desprende de la transcripci�n aqu� hecha en el resultando cuarto, la S. Regional del Golfo Norte, fundament� su determinaci�n, entre otros art�culos, en lo dispuesto por el 239, fracci�n III, �ltimo p�rrafo, del C�digo F. de la Federaci�n, al tener por actualizada la causa de ilegalidad contenida en la fracci�n II del numeral 238 del mismo cuerpo de leyes, al considerar que la resoluci�n reclamada en el juicio de nulidad, estaba afectada por una violaci�n formal atinente a la falta de motivaci�n de la multa impuesta que, como ya se dej� dicho, vulner� las defensas del particular actor, habiendo trascendido tal afectaci�n al resultado de la determinaci�n administrativa emitida.

      "La S. Regional en su sentencia combatida asent� como fundamento de su decisi�n lo siguiente: (se transcribe).

      "Para mayor claridad de la nulidad decretada en el juicio administrativo es menester destacar que la misma se hizo con base en lo dispuesto por la fracci�n II del art�culo 238 del C�digo F. de la Federaci�n, a la luz de lo dispuesto por el diverso numeral 239, fracci�n III, �ltimo p�rrafo, del mismo cuerpo normativo, mismos que en su parte conducente establecen: (se transcribe).

      "En t�rminos de la transcripci�n anotada, es cierto que por disposici�n expresa del art�culo 238, fracci�n II, del C�digo F. de la Federaci�n, cuando, como en el caso, existe la omisi�n de requisitos formales exigidos por las leyes, como el motivacional determinado por la S., que afecten las defensas del particular y trasciendan al sentido de la resoluci�n, la S. del Tribunal Federal de Justicia F. y Administrativa deber� decretar la ilegalidad de la resoluci�n administrativa.

      "Y en lo que ata�e a c�mo debe decretarse esa nulidad, esto es, con qu� alcance, a trav�s del proceso de interpretaci�n de la ley, los �rganos del Poder Judicial de la Federaci�n, han establecido que existen tres tipos de nulidad, a saber:

      "1) Nulidad para efectos, que implica que la autoridad deba volver a emitir el acto subsanando los vicios;

      "2) La nulidad simple, o excepcional, que implica que el acto quede sin efectos, pero dejando a salvo las facultades de la autoridad hacendaria para que vuelva a emitir el acto si as� lo considera, es decir, sin que est� obligado a ello; y, finalmente y sin que se le proh�ba hacerlo; y,

      "3) La nulidad lisa y llana, consistente en la nulidad del acto, sin que sea v�lido que la autoridad vuelva a emitirlo de nueva cuenta por la misma causa, por ejemplo, cuando se demuestre que el hecho impositivo no existi� y se declare la nulidad del cr�dito fiscal y, por ende, de sus accesorios como ser�a la multa.

      "As� lo ilustra, entre otras, la jurisprudencia que se comparte, publicada en el Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, Novena �poca, con el n�mero I..A J/1 en la p�gina 972, T.X., mayo de 2001, D�cimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito que se lee:

      "?NULIDAD LISA Y LLANA Y NULIDAD PARA EFECTOS RESPECTO DE ACTOS EMANADOS DE FACULTADES DISCRECIONALES. EXACTA APLICACI�N DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 89/99, DE LA SEGUNDA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACI�N.? (se omite la transcripci�n por innecesaria).

      "Sin embargo, cabe acotar que legalmente, de manera expresa el art�culo 239 del c�digo tributario establece algunas reglas para saber cu�ndo se est� en presencia de una nulidad o una nulidad para efectos; sin embargo, existen casos en que resulta dif�cil distinguir, con base en lo dispuesto por dicho art�culo, qu� tipo de nulidad es la que debe decretarse, pero, debe mencionarse que para poder determinar cu�ndo la sentencia de nulidad debe obligar a la autoridad administrativa a dictar una nueva resoluci�n y cu�ndo no debe tener tales efectos la regla establecida en la jurisprudencia que m�s adelante se se�ala, es necesario acudir a la g�nesis de la resoluci�n impugnada, a efecto de saber si se origin� con motivo de un tr�mite o procedimiento de pronunciamiento forzoso, o con motivo del ejercicio de una facultad discrecional. P.�ndose aqu� otra disyuntiva, que es determinar cu�ndo el acto eman� de una facultad discrecional y cu�ndo de una facultad reglada.

      "Ahora bien, este tribunal considera que cuando se est� en el supuesto de falta de motivaci�n de un acto administrativo, como el consistente en la imposici�n de una multa, derivada de infracciones a las leyes fiscales, conforme a la transcrita fracci�n III del citado art�culo 239, es factible decretar una nulidad para efectos, aunque no en todos los casos es as�, porque bien puede decretarse la nulidad de la resoluci�n no para efectos, pero s� dejando absoluta libertad a la autoridad para que decida si vuelve a emitir o no el acto administrativo, como en el caso lo realiz� la S. del conocimiento, pero esto �nicamente acontece cuando el acto impugnado deriva del ejercicio de una facultad discrecional competencia de la autoridad tributaria, seg�n la excepci�n establecida en dicho art�culo.

      "Bajo ese contexto, corresponde entonces determinar si la resoluci�n que motiv� el juicio de nulidad se ubica dentro de esa regla general, o bien, si en la especie se actualiza la apuntada excepci�n a la regla, contenida en el art�culo 239, fracci�n III, parte final, del c�digo tributario federal, mismo que fue citado por la S. del conocimiento como apoyo a su determinaci�n, relativa a cuando la violaci�n formal se motiva dentro un procedimiento que inici� en ejercicio de las facultades discrecionales, para as� estar en condiciones de determinar si la sentencia de nulidad debe obligar a la autoridad administrativa a dictar una nueva resoluci�n.

      "Para ello, es menester atender al origen de la emisi�n de la resoluci�n impugnada, pues s�lo as� puede conocerse si se origin� con motivo de un tr�mite o procedimiento cuya naturaleza obligue un pronunciamiento forzoso, o bien con motivo del ejercicio de una facultad discrecional.

      "Cobra aplicaci�n, por las razones que informa, la tesis de jurisprudencia n�mero P./J. 45/98, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, de la Novena �poca, visible en el Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, T.V., septiembre de 1998, p�gina 5, cuyo tenor literal es el siguiente:

      "?SENTENCIAS DE NULIDAD FISCAL PARA EFECTOS. EL ART�CULO 239, F.I.I, �LTIMO P�RRAFO, DEL C�DIGO FISCAL DE LA FEDERACI�N, QUE ESTABLECE ESE SENTIDO ANTE LA ACTUALIZACI�N DE LA AUSENCIA DE FUNDAMENTACI�N Y MOTIVACI�N DE LA RESOLUCI�N IMPUGNADA, NO VIOLA LA GARANT�A DE LEGALIDAD CONSAGRADA EN EL ART�CULO 16 CONSTITUCIONAL.? (se omite la transcripci�n por innecesaria).

      "Lo apuntado con antelaci�n adquiere particular importancia, porque cuando la resoluci�n administrativa impugnada se dicta como culminaci�n de un procedimiento donde el orden jur�dico exige de la autoridad demandada un pronunciamiento, la reparaci�n de la violaci�n reclamada no se colma con la simple declaraci�n de nulidad en dicha resoluci�n, sino que es preciso obligar a la autoridad a dictar otra para no dejar incierta la situaci�n jur�dica del administrado.

      "Ello ocurre por ejemplo, cuando la materia del asunto versa sobre la petici�n de reconocimiento de un derecho subjetivo tutelado, como cuando se impugna la negativa de lo pagado indebidamente, la negativa a reconocer el derecho a una pensi�n de retiro, las resoluciones sobre cumplimiento derivadas de contrato de obra p�blica y tambi�n cuando la resoluci�n impugnada es pronunciada como culminaci�n de un proceso administrativo.

      "En estos casos, es l�gico considerar que la reparaci�n de la violaci�n cometida no se satisface dejando insubsistente la resoluci�n afectada por un vicio formal, sino que es necesario que se conmine a la autoridad administrativa a dictar la resoluci�n correspondiente, en el sentido que sea, pero subsanando la deficiencia ya decretada.

      "As� las cosas, resulta pertinente precisar que del an�lisis de la litis planteada en el controvertido de origen, se advierte que el actor del juicio de nulidad sostuvo que el doce de febrero de dos mil tres, tramit� ante la Aduana de T., Tamaulipas, en representaci�n de Productos Forestales del Sureste y Centro Am�rica, Sociedad An�nima de Capital Variable, el pedimento de importaci�n n�mero 34193000001/1, el cual al ser presentado junto con las mercanc�as, ante el mecanismo de selecci�n automatizado de la aduana y activarse el mismo, le correspondi� reconocimiento aduanero, de ah� que el trece de febrero siguiente, se levant� acta circunstanciada con la intenci�n de hacer constar las supuestas irregularidades en la pr�ctica del reconocimiento aduanero, por lo que el veintiuno de mayo de dos mil tres, la Aduana de T., Tamaulipas, emiti� resoluci�n en que le determin� una multa por infracci�n al art�culo 184, fracci�n III, de la Ley Aduanera, por un monto de novecientos setenta pesos; acto administrativo que fue impugnado en juicio de nulidad, en que se emiti� la sentencia que aqu� se revisa.

      "Por ello, tomando en cuenta que el origen de la resoluci�n tildada de nula deriva del despacho aduanero, es obligado conocer el contenido de los art�culos de la Ley Aduanera que regulan el procedimiento a seguir en caso de importaci�n o exportaci�n de las mercanc�as, a fin de dilucidar si ese particular procedimiento surge con motivo del uso de facultades discrecionales o regladas y, de este modo, determinar c�mo esa g�nesis condicion� la nulidad que se decret� respecto de la multa que a la postre se impuso por la autoridad aduanera; estos son: (se transcribe).

      "De lo anterior, se deduce que el procedimiento a seguir en caso de importaci�n o exportaci�n de mercanc�as opera de la siguiente forma:

      "a) Se establecen las bases para la elaboraci�n de pedimentos que quedan a cargo de agentes o apoderados aduanales, se�al�ndose los documentos que deben acompa�arse al mismo.

      "b) Se efect�a el pago de contribuciones y cuotas compensatorias.

      "c) Se presentan las mercanc�as con el pedimento ante la autoridad aduanera.

      "d) Se activa el mecanismo de selecci�n aleatorio para determinar si debe efectuarse o no el reconocimiento aduanero.

      "e) En caso de que no deba practicarse el reconocimiento se entregan de inmediato las mercanc�as; en caso contrario, las autoridades efect�an el primer reconocimiento.

      "f) De nueva cuenta el contribuyente debe activar el mecanismo aleatorio de selecci�n a trav�s del cual se determina si ha de efectuarse un segundo reconocimiento, que en caso afirmativo se realiza.

      "g) Cuando no existan irregularidades en la importaci�n de mercanc�as derivadas de los reconocimientos aduanales, se entregar�n �stas de inmediato.

      "h) Los reconocimientos a que est�n sujetas las mercanc�as importadas o exportadas no limitan las facultades de comprobaci�n de las autoridades aduaneras; por tanto, el art�culo 43 de la Ley Aduanera establece que no constituyen resoluciones favorables definitivas para el importador.

      "i) Se define que los reconocimientos aduaneros consisten en el examen de las mercanc�as importadas o exportadas y tienen como prop�sito precisar la veracidad de lo asentado en los pedimentos, entre otros datos la fracci�n arancelaria en que se ubica el producto.

      "j) Se faculta a las autoridades aduaneras a determinar diferencias e imponer sanciones, cuando despu�s de los reconocimientos que practiquen surjan inexactitudes o falsedades en lo declarado.

      "En ese orden de ideas, dentro del procedimiento de despacho de mercanc�as, se encuentra la figura del reconocimiento aduanero, que como se apunt�, es un acto de acercamiento tributario, es decir, consiste en la actuaci�n por el cual se determinan los impuestos causados por las mercanc�as objeto del despacho aduanero.

      "Ahora, si bien la Ley Aduanera prev� el procedimiento a seguir en caso de importaci�n o exportaci�n de mercanc�as, no debe perderse de vista que el reconocimiento aduanero, en t�rminos del art�culo 44 de dicha legislaci�n, transcrito con antelaci�n, tiene como fin que la autoridad hacendaria, en uso de sus facultades de comprobaci�n a trav�s de un vista aduanal, establezca si lo declarado por el particular y su agente aduanal en el pedimento, concuerda fehacientemente con la mercanc�a objeto de la importaci�n o exportaci�n, determine las cuotas compensatorias correspondientes, verifique permisos, entre otras atribuciones.

      "Facultades de comprobaci�n que no son otras que las que caen en el campo de las facultades discrecionales de la autoridad.

      "Cobra aplicaci�n, en lo conducente, la tesis de jurisprudencia n�mero 2a./J. 22/2000, de la Novena �poca, emitida por la Segunda S. de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, visible en el Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, Tomo XI, marzo de 2000, p�gina 338, cuyos rubro y texto, se leen:

      "?RECONOCIMIENTO ADUANAL Y SEGUNDO RECONOCIMIENTO. SI BIEN CONSTITUYEN RESOLUCIONES FAVORABLES AL IMPORTADOR O EXPORTADOR, NO OBLIGAN A LAS AUTORIDADES ADUANALES EN OPERACIONES POSTERIORES DE COMERCIO EXTERIOR.? (se omite la transcripci�n por innecesaria).

      "H.da cuenta de que el pedimento presentado por el importador o exportador, se trata de una especie de declaraci�n fiscal, pues se trata del cumplimiento de obligaciones tributarias en materia de comercio exterior, por medio del cual sea el importador o el exportador manifiestan a la autoridad aduanera, en forma escrita, la mercanc�a a introducir o a enviar fuera del territorio nacional, la clasificaci�n arancelaria, el valor normal o comercial, los impuestos a pagar, y el r�gimen aduanero al que se destinar�n las mercanc�as. Por consiguiente, debe aceptarse que dentro del contexto de declaraciones en materia de impuestos federales, se encuentran los pedimentos y, por ello, a partir de la presentaci�n de los pedimentos al tr�mite que se ha mencionado, la autoridad se encuentra en aptitud de hacer uso de sus facultades de comprobaci�n.

      "Ilustrativo de lo anterior resulta la tesis de jurisprudencia 2a./J. 60/98, aprobada por la Segunda S. de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, en sesi�n p�blica del doce de junio de mil novecientos noventa y ocho, y que es visible en el Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, Novena �poca, T.V., septiembre de 1998, p�gina 272, cuyos rubro y texto son del tenor literal siguiente:

      "?COMERCIO EXTERIOR, FACULTADES DE COMPROBACI�N Y DETERMINACI�N EN ESA MATERIA. CORRESPONDEN ORIGINARIAMENTE A LA SECRETAR�A DE HACIENDA Y CR�DITO P�BLICO, LA QUE CON APEGO A LAS DISPOSICIONES LEGALES Y REGLAMENTARIAS, LAS DELEGA, TANTO EN LAS AUTORIDADES ADUANERAS, COMO EN LAS ADMINISTRACIONES DE AUDITOR�A FISCAL.? (se omite la transcripci�n por innecesaria).

      "Derivado de lo anterior, es evidente que la resoluci�n cuya nulidad se solicit�, se origin� con motivo del ejercicio de una facultad discrecional, pues ella se materializ� como consecuencia de la actividad que realiz� la autoridad aduanera en ejercicio de sus facultades discrecionales de comprobaci�n respecto de las mercanc�as importadas; en el caso concreto, el agente aduanal accionante, present� ante el mecanismo de selecci�n automatizado de la aduana demandada, un pedimento de importaci�n, al cual le correspondi� reconocimiento aduanero que fue practicado por la verificadora A.D.Z.��iga S�enz, seg�n se puso de relieve al transcribir l�neas precedentes el acta circunstanciada levantada con ese motivo; lo que dio lugar a la formaci�n del expediente administrativo 35/03, que culmin� con la resoluci�n dictada el veintiuno de mayo de dos mil tres, misma que fue impugnada en el juicio de nulidad cuya sentencia aqu� se revisa.

      "Es decir, la actividad apuntada s� encuadra como una de las hip�tesis que con tal caracter�stica(facultad de comprobaci�n) prev� el art�culo 42 del C�digo F. de la Federaci�n, pues se reitera, a trav�s del reconocimiento aduanero la autoridad hacendaria, en uso de sus facultades de comprobaci�n, a trav�s de un verificador, establece, entre otras cosas, si lo declarado por el particular importador y su agente aduanal en el pedimento respectivo, concuerda fehacientemente con las mercanc�as objeto de la importaci�n o exportaci�n y si los campos del citado documento se encuentran llenados de forma correcta.

      "Para corroborar lo anterior, es pertinente transcribir el art�culo 42 del C�digo F. de la Federaci�n, citado por el verificador en el acta que levant� como fundamento de su actuar y por el propio Administrador de la Aduana de T., Tamaulipas, en la resoluci�n atacada en el proceso administrativo: (se transcribe).

      "Como se ve, es inconcuso que al practicar el reconocimiento aduanero, la autoridad realiz� diversas actividades para comprobar si el contribuyente hab�a cumplido con lo estipulado en materia de importaci�n o exportaci�n de mercanc�as, inclusive haciendo uso de tales atribuciones, la autoridad administrativa estableci� que el pedimento de importaci�n fue llenado de forma err�nea y que por ello, el agente aduanal cometi� la infracci�n prevista en el art�culo 184, fracci�n III, de la Ley Aduanera, como lo era presentar documentos con datos inexactos que alteran la estad�stica y que por ello se hac�a acreedor de la multa prevista por el art�culo 185, fracci�n II, del propio ordenamiento.

      "C.�n que se robustece de la lectura a la resoluci�n tildada de nula ante la S. F., la cual se insiste tuvo su origen en el ejercicio de las facultades de comprobaci�n, y por lo mismo discrecionales de la autoridad, puesto que adem�s de que la misma se sustent�, entre otros preceptos, en el art�culo 42 del C�digo F. de la Federaci�n (que establece las facultades de comprobaci�n), en el resultando primero de dicha resoluci�n se admite que el �rea de reconocimiento aduanero remiti� al administrador, el acta circunstanciada de trece de febrero de dos mil tres y la documentaci�n que era soporte de las irregularidades detectadas durante el reconocimiento aduanero, practicado por las autoridades aduaneras a las mercanc�as amparadas por el pedimento de importaci�n n�mero 34193000001/1, de fecha de pago once de febrero de dos mil tres.

      "Tal acta circunstanciada y resoluci�n administrativa combatida fueron transcritas en su integridad al iniciar el an�lisis de los agravios que hizo valer la autoridad recurrente.

      "En consecuencia, contrario a la opini�n de la recurrente, en la especie, opera la excepci�n o salvedad se�alada en el �ltimo p�rrafo del art�culo 239 del C�digo F. de la Federaci�n, pues conforme a la interpretaci�n de los p�rrafos primero y �ltimo de la multicitada fracci�n III, la S. F., al declarar la nulidad de la resoluci�n no puede, v�lidamente, obligar a la autoridad administrativa a que dicte una nueva determinaci�n, pero tampoco puede imped�rselo.

      "No es obst�culo a lo anterior, el hecho de que en el caso la recurrente detect� una infracci�n misma que aduce se trata de una facultad reglada, toda vez que dicha multa, derivada de la infracci�n que aduce la inconforme, se impuso con motivo de las actividades que realiz� la autoridad para comprobar si el contribuyente hab�a cumplido con lo estipulado por la Ley Aduanera para el despacho de mercanc�as; por tanto, no puede desvincularse tal actividad con la sanci�n al incumplimiento de la disposici�n fiscal como pretende la inconforme, pues precisamente para establecer la nulidad que ha de decretarse en el juicio de nulidad condigno, forzosamente habr� de examinar la g�nesis de donde eman� el acto administrativo controvertido en el contencioso a que este expediente se refiere y como en el caso la multa impuesta diman� de una presunta infracci�n descubierta al hacer uso de sus facultades de comprobaci�n la autoridad aduanera, mismas que son eminentemente discrecionales, es inconcuso que la nulidad que en todo caso debe decretarse, es la excepcional con fundamento en lo dispuesto por el art�culo 239, fracci�n III, y �ltimo p�rrafo, del C�digo F. de la Federaci�n, tal como lo dej� indicado la S. Regional.

      "...

      "Es pertinente decir que en el caso, del an�lisis que se realiz� al acto administrativo impugnado en el juicio de nulidad no se advirti� que se hubiera originado con motivo de un tr�mite o procedimiento forzoso, sino que se dict� con motivo del ejercicio de una facultad discrecional; por ende, tal y como lo indic� la S. del conocimiento, no se puede obligar a la autoridad administrativa a que dicte nueva resoluci�n, pues como ya se mencion� eso equivaldr�a a que se sustituyera en la libre apreciaci�n de las circunstancias y oportunidad para actuar que le otorgan las leyes a las autoridades administrativas, m�xime porque de actuar como lo solicita la recurrente es claro que se perjudicar�a de sobremanera al actor en vez de beneficiarlo (aspecto que ya logr� con la declaraci�n de la nulidad excepcional); por ende �stas y aquellas razones hacen que se estime infundado el segundo aspecto que toca la inconforme en su ulterior motivo de inconformidad.

      No es obst�culo para as� sostenerlo el criterio establecido por este tribunal, al resolver las revisiones fiscales n�meros 64/2003-VIII; 29/2004-VIII y 34/2004-VIII, resueltas en sesiones de dos de febrero, dieciocho de junio y trece de julio de dos mil cuatro, respectivamente, pues atendiendo a la actual integraci�n de este cuerpo colegiado, pero sobre todo tras realizar nuevas y mejores reflexiones sobre el tema tratado, es que se norma la presente decisi�n en relaci�n con las multas fiscales impugnadas en nulidad, en cuanto a los alcances que debe tener esa determinaci�n, a fin de que, en todo caso, se analice el procedimiento que les dio origen y si �ste es reglado o discrecional, igual tratamiento merecer� la multa y sus efectos o no en el supuesto de decretarse su nulidad con motivo de un vicio formal (motivaci�n por ejemplo) ...

  3. Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito. En su sentencia de doce de septiembre de dos mil dos, al resolver el amparo directo 64/2002, expuso, en lo que importa al presente asunto, los siguientes razonamientos:

    "SEXTO. Son en parte infundados y en parte inoperantes los conceptos de violaci�n propuestos bajo los apartados primero, segundo, tercero, segundo argumento del cuarto, quinto y sexto, y fundado y suficiente para los efectos pretendidos la primera parte del cuarto de ellos.

    "...

    "Por �ltimo la impetrante de garant�as expone medularmente en su s�ptimo concepto de anulaci�n lo siguiente:

    "Que procede que se otorgue el amparo y protecci�n de la Justicia Federal que solicita, ya que la S. F. responsable viol� los art�culos 237, 238, fracci�n IV, y 239, fracci�n II, del C�digo F. de la Federaci�n, 14 y 16 de la Carta Suprema, al declarar la nulidad de la resoluci�n impugnada para determinados efectos por lo que respecta a las multas impuestas a su cargo.

    "Que no le asiste la raz�n a la responsable dado que el caso particular encuadraba perfectamente en las causales de nulidad lisa y llana que establecen los art�culos 238, fracci�n IV, y 239, fracci�n II, del C�digo F. de la Federaci�n.

    "Es infundado el agravio que hace valer la quejosa, en el sentido de que se debi� declarar una nulidad lisa y llana, respecto de las sanciones impuestas en la resoluci�n combatida, y no para que las demandadas dictaran otra resoluci�n que la sustituyera, en la que se fundara y motivara dicha imposici�n.

    "Para arribar a tal postura, es pertinente previamente, traer a colaci�n el considerando d�cimo del acto reclamado, en el que la a quo, estableci� lo siguiente: (se transcribe).

    "Como se desprende de la anterior transcripci�n, en la sentencia combatida se consider� parcialmente fundado el concepto de impugnaci�n que hizo valer la actora, por el hecho de que en la resoluci�n impugnada, se dispuso lo siguiente:

    "a) Que en lo que se refiere a la sanci�n en cantidad de $6,913.00 (seis mil novecientos trece pesos 00/100 moneda nacional), por cada pago provisional que no se efectu� en t�rminos de las disposiciones fiscales, la misma se encontraba debidamente fundada y motivada, por lo que se reconoc�a su validez.

    "b) Que en lo que se refiere a la multa impuesta en cantidad de $18,522.85 (dieciocho mil quinientos veintid�s pesos 85/100 moneda nacional) equivalentes al 100% de las contribuciones omitidas, no se fund� y motiv� debidamente su imposici�n, pues no se atendi� a las caracter�sticas individuales del sancionado, es decir no tom� en cuenta la gravedad de la infracci�n, la intencionalidad, las condiciones econ�micas del infractor, los perjuicios ocasionados a la colectividad y, en su caso, la reincidencia, por lo que se actualiz� la causal de nulidad establecida en el art�culo 238, fracci�n II, del C�digo F. de la Federaci�n.

    "c) Y por �ltimo, en lo que se refiere a la imposici�n de la sanci�n en cantidad de $9,068.50 (nueve mil sesenta y ocho pesos 50/100 moneda nacional), resulta ilegal, en virtud de que se impuso al amparo de lo dispuesto en el art�culo 77, fracci�n I, inciso c), del C�digo F. de la Federaci�n, el cual impone sanciones en porcentajes fijos, lo que ha sido declarado inconstitucional por los tribunales del Poder Judicial de la Federaci�n; por lo que se declar� la nulidad de dicha sanci�n.

    "Con base a lo anterior, y conforme al concepto de violaci�n en estudio, se tiene que s�lo ser� materia de an�lisis en el presente juicio de garant�as, la nulidad decretada en la resoluci�n reclamada, en lo que se refiere a la multa impuesta en cantidad de $18,522.85 (dieciocho mil quinientos veintid�s pesos 85/100 moneda nacional).

    "Una vez establecido lo anterior, se tiene que la conclusi�n a la que se lleg� en el acto reclamado, respecto de la sanci�n impuesta en cantidad de $18,522.85 (dieciocho mil quinientos veintid�s pesos 85/100 moneda nacional), fue en virtud de que la autoridad demandada, fue omisa en fundar y motivar su imposici�n, pues no se atendi� a las caracter�sticas individuales del sancionado, es decir, no tom� en cuenta la gravedad de la infracci�n, la intencionalidad, las condiciones econ�micas del infractor, los perjuicios ocasionados a la colectividad y, en su caso, la reincidencia; por lo que las autoridades demandadas transgredieron en perjuicio del contribuyente las garant�as de legalidad y seguridad jur�dicas contenidas en los art�culos 16 constitucional y 38, fracci�n III, del C�digo F. de la Federaci�n, por la ausencia de fundamentaci�n y motivaci�n legal; situaci�n por la que declar� la nulidad de la sanci�n en cita, en t�rminos de los art�culos 238, fracci�n II, y 239, fracci�n III, del C�digo F. de la Federaci�n, a efecto de que las demandadas cumplieran con dichos requisitos, �nicamente en lo que se refiere a la sanci�n que se especifica en el punto b), anterior.

    "Ahora bien, el art�culo 238 del C�digo F. de la Federaci�n, establece: (se transcribe).

    "Del numeral antes citado, se colige lo siguiente:

    "La fracci�n I del precepto en estudio se refiere a la incompetencia del funcionario, y es aquella que deriva de la inexistencia de normas legales que faculten a la autoridad, para la realizaci�n de determinadas atribuciones. Es decir, se contempla el conjunto de facultades otorgadas por la ley a determinadas autoridades, para establecer si su actuaci�n se encuentra comprendida dentro de ellas o no. Esta causal contempla la nulidad de la resoluci�n por incompetencia de la autoridad, que puede actualizarse tanto en la propia resoluci�n como en el procedimiento del que deriva. En este caso, la nulidad de la resoluci�n debe ser lisa y llana, en virtud de que, ante la incompetencia del funcionario emisor de dicha resoluci�n o del procedimiento que le dio origen, la resoluci�n carece de valor jur�dico, pero dicha nulidad no impide que la autoridad competente en uso de sus atribuciones legales pueda dictar una nueva resoluci�n o bien llevar a cabo un nuevo procedimiento.

    "Por su parte, la fracci�n II del ordinal en comento, se refiere a la omisi�n de formalidades que afecten las defensas del particular y trascienden a la resoluci�n administrativa controvertida, incluida la ausencia de fundamentaci�n o motivaci�n. La configuraci�n de esta causal puede determinar la nulidad de la resoluci�n combatida, seg�n sea la naturaleza y el contenido de �sta, pero siempre ser� para efectos, cuando que no se traten de facultades discrecionales.

    "Es pertinente subrayar aqu�, que esta causal, al igual que la prevista en la fracci�n III del precepto que se analiza, hacen referencia a vicios formales, pero se distinguen en que mientras la fracci�n II alude a la omisi�n de formalidades en la resoluci�n administrativa, la fracci�n III contempla los vicios en el procedimiento del cual deriv� dicha resoluci�n, en ambos, en general la nulidad decretada deber� ser para efectos.

    "En lo que ata�e a la fracci�n IV del art�culo 238 del C�digo F. de la Federaci�n, tenemos que habla de dos supuestos, que bien pueden contemplarse, darse juntos, o bien existir uno sin el otro. El primero, relativo a que los hechos que motivaron la resoluci�n no se realizaron, fueron distintos, o se apreciaron de forma equivocada, lo cual se traduce en una transgresi�n a las disposiciones aplicables o incluso aquellas que siendo aplicables, se omitieron. En un segundo supuesto, tambi�n es factible declarar la nulidad de una resoluci�n definitiva que se dicta en violaci�n de las disposiciones aplicables o cuando se dejaron de aplicar las debidas. En la primera hip�tesis, concerniente a los hechos que motivaron la resoluci�n definitiva, es evidente que el tribunal fiscal s�lo podr� aplicar ese supuesto en el caso de que realice el estudio de fondo del asunto planteado, porque es hasta entonces cuando examinar� los antecedentes o la base de la cual parti� la autoridad demandada para dictar su resoluci�n. El segundo supuesto de nulidad, presenta a su vez dos situaciones: a) Que dicha hip�tesis de nulidad solamente ser� declarada cuando ninguna de las otras se actualice, es decir, que no exista incompetencia de la autoridad que dict�, orden� o tramit� el procedimiento del que deriva la resoluci�n impugnada; cuando no exista omisi�n de requisitos formales que exijan las leyes, que hayan afectado las defensas del particular y trascendido al resultado de la resoluci�n (como puede ser la indebida fundamentaci�n y motivaci�n); cuando no existan vicios del procedimiento que afecten las defensas del particular y trasciendan al sentido de la resoluci�n (principalmente violaciones de forma en el procedimiento del que emana la resoluci�n impugnada), y, por �ltimo, porque los hechos que motivaron la resoluci�n impugnada no existieron, se dieron en forma distinta o se apreciaron en forma equivocada, toda vez que al actualizarse cada una de estas hip�tesis de nulidad implica -de manera t�cita- la contravenci�n de las disposiciones aplicadas o la omisi�n de aplicar las debidas. b) El supuesto jur�dico de nulidad puede darse al analizar y resolver el fondo del asunto planteado, o bien, sin llegar a resolver el fondo de la cuesti�n propuesta, en virtud de que dicha ?contravenci�n de las disposiciones aplicadas? o la omisi�n ?de aplicar las debidas? impida al �rgano jurisdiccional pronunciarse sobre las cuestiones de fondo ante �l propuestas.

    "Por consiguiente, este supuesto permite declarar la nulidad de todas aquellas resoluciones definitivas que se dicten en contravenci�n a las leyes aplicables al caso concreto, y aquellas que se dicten dejando de aplicar las disposiciones legales que deban regir el acto o actos de la autoridad, que no constituyan una violaci�n de las establecidas por las dem�s fracciones, porque resultar�a il�gico reconocer la validez de una resoluci�n dictada en contravenci�n a las disposiciones legales aplicables o que dej� de aplicar las debidas, bien sea que esta vulneraci�n o las normas jur�dicas se haya cometido en la propia resoluci�n o en actos anteriores de dicha determinaci�n.

    "Esto resulta as�, porque para determinar que no existen los motivos del acto, que no resultan aplicables los preceptos legales se�alados por la autoridad o que no se aplicaron las disposiciones debidas, resulta necesario partir de la base de que la S. F. determin�, aun de manera impl�cita, que la resoluci�n impugnada fue dictada por autoridad competente, que cumple con los requisitos formales suficientes para poder examinar la litis que decida el derecho controvertido, y realizar el pronunciamiento correspondiente.

    "Por su parte, el diverso numeral 239 del c�digo impositivo federal, dispone: (se transcribe).

    "El precepto transcrito establece en sus cuatro fracciones el sentido en que deber�n pronunciarse las sentencias definitivas dictadas por las S.s del Tribunal Federal de Justicia F. y Administrativa, en el cual podr� ser reconocida la validez de la resoluci�n impugnada, declarando su nulidad lisa y llana para efectos, o bien, declarar la existencia de un derecho subjetivo.

    "El reconocimiento de validez de la resoluci�n impugnada implica dejar de actuar libremente a las autoridades para ejecutar dicha resoluci�n, cuya validez siempre existi� y �nicamente qued� suspendida mientras se emit�a la sentencia en el juicio contencioso administrativo.

    "La nulidad prevista en la fracci�n II implica dejar sin efectos jur�dicos la resoluci�n impugnada y la autoridad emisora se debe abstener de realizar cualquier acto que conlleve la aplicaci�n o ejecuci�n de dicha resoluci�n.

    "En el caso de la nulidad prevista en la fracci�n III, la autoridad se ve obligada a realizar determinados actos, seg�n las peculiaridades del asunto resuelto, siempre que no se trate de facultades discrecionales.

    "Finalmente, la fracci�n IV, adem�s de declarar la nulidad de la resoluci�n, declara la existencia de un derecho subjetivo y condena a su cumplimiento.

    "Bajo ese contexto, si en el caso, se determin� que el acto impugnado fue emitido sin cumplir con los requisitos formales de fundamentaci�n y motivaci�n legal, es inconcuso que tales omisiones, necesariamente produc�an la nulidad de la resoluci�n impugnada, en t�rminos de la fracci�n II del art�culo 238, en relaci�n con el diverso 239, fracci�n III, del c�digo impositivo federal, a fin de que la demandada, emita otro que lo sustituya en la que se cumplan con los requisitos legales en comento.

    "Lo anterior es as�, en virtud de que en la especie, la imposici�n de las sanciones en comento, no tienen como origen una facultad discrecional, sino que deriva de una obligaci�n reglada, que se contiene en el primer p�rrafo del art�culo 76, fracci�n II, del C�digo F. de la Federaci�n vigente en el periodo revisado que establece lo siguiente: (se transcribe)

    "Como se desprende del numeral transcrito, se permite concluir que contiene una facultad reglada, puesto que se�ala la conducta espec�fica que debe seguir la autoridad ante la actualizaci�n de la hip�tesis legal. Lo anterior es as�, dado que tal precepto se�ala que la autoridad fiscal ?aplicar�? diversas sanciones, cuando en el ejercicio de las facultades de comprobaci�n se descubre la omisi�n total o parcial en el pago de contribuciones; es decir, la autoridad deber�, por imperativo legal, descubrir la omisi�n en el pago de contribuciones, y siendo �ste el supuesto en que se ubique el infractor, estar� obligada a imponer las sanciones de que se tratan.

    "Ahora bien, para la resoluci�n del caso que nos ocupa, es determinante dilucidar si el t�tulo 76 del c�digo citado, contiene una facultad discrecional o una facultad reglada, en lo que ata�e a la imposici�n de sanciones que deriven del ejercicio de facultades de comprobaci�n,por lo que es pertinente realizar el an�lisis de ese tipo de facultades.

    "A.�s S.R., en su obra ?Derecho Administrativo?, Tomo I, Editorial Porr�a, S.A. 1981, p�ginas 252 a 253, expone lo siguiente: (se transcribe).

    "Por su parte, G.F., en la obra tambi�n denominada ?Derecho Administrativo?, misma editorial, 1984, p�ginas 231 a 233, se�ala: (se transcribe).

    "De lo expuesto, puede concluirse que en lo que se refiere a la facultad reglada, la actuaci�n de la autoridad administrativa debe ce�irse al marco legal fijado por la norma jur�dica, que se�ala la conducta espec�fica que debe seguirse ante la actualizaci�n de la hip�tesis que la disposici�n legal prevea.

    "En cambio, por virtud de la facultad discrecional la ley le otorga a la autoridad un margen de libre apreciaci�n para determinar la forma de su actuar, lo cual permite, como dice F., que la administraci�n haga una apreciaci�n t�cnica de los elementos que concurren en un determinado caso.

    "Ahora bien, de la interpretaci�n sistem�tica del art�culo 76 del C�digo F. de la Federaci�n, se permite concluir que contiene una facultad reglada, en virtud de lo siguiente.

    "En cuanto a la disposici�n aludida, se ha de considerar que la misma, al utilizar la inflexi�n verbal ?aplicar�?, lo hace con un sentido de obligatoriedad condicionada al cumplimiento de requisitos, dado que en el caso espec�fico se impone, que la omisi�n en el pago de contribuciones obedezca a un descubrimiento de la autoridad en el ejercicio de sus facultades de comprobaci�n.

    "As� pues, si la autoridad hacendaria, descubre durante el ejercicio de alguna de las facultades de comprobaci�n a que se contrae el art�culo 42 del propio c�digo tributario federal, que la contribuyente omiti� total o parcialmente el entero de los impuestos sujetos a revisi�n, deber� de aplicar los porcentajes a que se aluden en el dispositivo en el estudio, seg�n sea el supuesto en que se ubique el infractor; por ende, se est� en presencia de una facultad reglada para la autoridad administrativa.

    "Ahora bien, para descubrir la verdadera intenci�n del legislador hay que hacer una interpretaci�n sistem�tica de la ley, y de acuerdo con el cuerpo normativo en donde se halla inserta la disposici�n en comento, se advierte que no se trata de una facultad discrecional, primero, porque presupone tanto el ejercicio de comprobaci�n en el cumplimiento de obligaciones fiscales, como tambi�n presupone la omisi�n parcial o total en el entero de contribuciones, y segundo, porque de la t�cnica empleada por el legislador federal en este c�digo, se advierte que cuando ha querido otorgar una facultad discrecional, lo ha hecho de manera precisa, pues indica cu�les son las que participan de esta naturaleza.

    "A manera de ejemplo, es procedente citar los art�culos 36, 74 y 141 del C�digo F. de la Federaci�n, que prev�n lo siguiente: (se transcriben).

    "De lo anterior se advierte que en materia fiscal el legislador ha sido concreto al se�alar la discrecionalidad de aquellas facultades que con tal car�cter se le confieren a las autoridades, motivo por el cual, si para la imposici�n de sanciones, derivadas de la omisi�n de contribuciones, descubierta en el ejercicio de una facultad de comprobaci�n, no hizo esa precisi�n, resulta claro que se trata de una atribuci�n reglada, m�xime que su imposici�n se encuentra precedida de la inflexi�n verbal ?aplicar�?.

    "Bajo ese tenor, si en el caso que nos ocupa, la determinaci�n de la sanci�n en cantidad de $18,522.85 (dieciocho mil quinientos veintid�s pesos 85/100 moneda nacional), no deriva de una facultad discrecional, y por otra parte, se admite que esa imposici�n carece de la fundamentaci�n y motivaci�n legal a que se contrae el art�culo 16 constitucional en correlaci�n con el art�culo 38, fracci�n III, del c�digo tributario federal; por consecuencia, como se establece en el fallo reclamado, se actualiza el supuesto de anulaci�n previsto en el art�culo 238, fracci�n III, de ese c�digo y, por ende, ha lugar a declarar la nulidad de la sanci�n en comentario, en los t�rminos y para los efectos de que se dicte otra, en la que se cumplan con los requisitos omitidos, al amparo de la fracci�n III del art�culo 239 de esa legislaci�n federal.

    "Lo anterior es as�, ya que si en el caso que nos ocupa, lo que resolvi� la responsable, es que exist�a en ese aspecto, ausencia de fundamentaci�n y motivaci�n del acto impugnado, en consecuencia, la autoridad est� necesariamente constre�ida a emitir un nuevo acto subsanando la irregularidad cometida, obligaci�n que se actualiza, dado que la imposici�n de la sanci�n que nos ocupa, deriva de una facultad reglada, y no as�, de una discrecional, por lo que en esa hip�tesis es preciso que el acto que carece de fundamentaci�n y motivaci�n se sustituya por otro sin esas deficiencias, pues, de lo contrario, se dejar�a de cumplir con el mandato expreso que en el art�culo 76 del c�digo tributario federal se prev�.

    "Sirve de apoyo al razonamiento anterior, la siguiente tesis 3a. XCVII/91, Octava �poca, instancia: Tercera S., fuente: Semanario Judicial de la Federaci�n, T.V., junio de 1991, p�gina 98, misma que dice:

    "?SENTENCIA QUE OTORGA EL AMPARO POR INDEBIDA FUNDAMENTACI�N Y MOTIVACI�N. EFECTOS DE LA MISMA.? (se omite la transcripci�n por innecesaria).

    Por ende, como se mencion� en p�rrafos que anteceden, al analizarse en la resoluci�n que ahora se revisa que el acto impugnado en el aspecto de imposici�n de la sanci�n que asciende a la cantidad de $18,522.85 (dieciocho mil quinientos veintid�s pesos 85/100 moneda nacional), carec�a de la debida fundamentaci�n y motivaci�n, y conforme a la naturaleza propia del precepto que se le aplica, que contiene una facultad reglada, es procedente que se dicte otra, en la que se cumpla con los requisitos omitidos, conforme a la fracci�n III del art�culo 239 del c�digo tributario federal; de tal forma que con lo vertido se acredita lo infundado del argumento de la enjuiciante.

CUARTO

Como cuesti�n previa debe determinarse si la contradicci�n de tesis re�ne o no los requisitos para su existencia, conforme lo dispone la jurisprudencia 26/2001, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, publicada en el Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, T.X., abril de 2001, Novena �poca, p�gina 76, que dice:

CONTRADICCI�N DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA. De conformidad con lo que establecen los art�culos 107, fracci�n XIII, primer p�rrafo, de la Constituci�n Federal y 197-A de la Ley de Amparo, cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n o la S. que corresponda deben decidir cu�l tesis ha de prevalecer. Ahora bien, se entiende que existen tesis contradictorias cuando concurren los siguientes supuestos: a) que al resolver los negocios jur�dicos se examinen cuestiones jur�dicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jur�dicos discrepantes; b) que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jur�dicas de las sentencias respectivas; y, c) que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos.

Son tambi�n de citarse los art�culos 107, fracci�n XIII, primer p�rrafo, de la Constituci�n Federal y 197-A de la Ley de Amparo, que junto con la jurisprudencia antes transcrita, sirven como marco de referencia para dilucidar si en el presente caso existe o no la contradicci�n de tesis denunciada. Dichos numerales, dicen:

"Art�culo 107. Todas las controversias de que habla el art�culo 103 se sujetar�n a los procedimientos y formas del orden jur�dico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes:

"...

"XIII. Cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, el procurador general de la Rep�blica, los mencionados tribunales o las partes que intervinieron en los juicios en que dichas tesis fueron sustentadas, podr�n denunciar la contradicci�n ante la Suprema Corte de Justicia, a fin de que el Pleno o la S. respectiva, seg�n corresponda, decidan la tesis que debe prevalecer como jurisprudencia."

"Art�culo 197-A. Cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, el procurador general de la Rep�blica, los mencionados tribunales o los Magistrados que los integren, o las partes que intervinieron en los juicios en que tales tesis hubieran sido sustentadas, podr�n denunciar la contradicci�n ante la Suprema Corte de Justicia, la que decidir� cual tesis debe prevalecer. El procurador general de la Rep�blica, por s� o por conducto del agente que al efecto designe, podr�, si lo estima pertinente, exponer su parecer dentro del plazo de treinta d�as.

"La resoluci�n que se dicte no afectar� las situaciones jur�dicas concretas derivadas de los juicios en los cuales se hubiesen dictado las sentencias contradictorias.

"La Suprema Corte deber� dictar la resoluci�n dentro del t�rmino de tres meses y ordenar su publicaci�n y remisi�n en los t�rminos previstos por el art�culo 195."

Como se ve, los preceptos constitucional y reglamentario, as� como el criterio jurisprudencial transcritos, previenen la figura jur�dica de la contradicci�n de tesis como medio para integrar jurisprudencia. Tal mecanismo se activa cuando existen dos o m�s criterios discrepantes, divergentes u opuestos en torno a la interpretaci�n de una misma norma jur�dica o punto concreto de derecho y que por seguridad jur�dica deben uniformarse a trav�s de la resoluci�n que proponga la jurisprudencia que debe prevalecer y dada su generalidad, pueda aplicarse para resolver otros asuntos de id�ntica o similar naturaleza.

En la jurisprudencia aludida se precisan los requisitos de existencia que debe reunir la contradicci�n de tesis, como son: a) que en las ejecutorias materia de la contradicci�n se examinen cuestiones jur�dicas esencialmente iguales y se adopten criterios discrepantes; b) que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, argumentaciones o razonamientos que sustentan las sentencias respectivas; y c) que los criterios discrepantes provengan del examen de los mismos elementos.

De lo anterior, cabe destacar que la existencia de la contradicci�n de tesis requiere de manera indispensable que la oposici�n de criterios surja de entre las consideraciones, argumentaciones o razonamientos que sustentan la interpretaci�n de un mismo precepto legal o tema concreto de derecho, ya que, precisamente, como antes se defini�, esas consideraciones justifican el criterio jur�dico que adopta cada uno de los �rganos jurisdiccionales para decidir la controversia planteada, a trav�s de las ejecutorias de amparo materia de la contradicci�n de tesis.

Con el prop�sito de determinar si existe alg�n punto de contradicci�n entre los criterios contenidos en las ejecutorias transcritas anteriormente, es conveniente conocer los antecedentes de los asuntos que resolvieron los Tribunales Colegiados de Circuito.

  1. De la ejecutoria dictada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del D�cimo Noveno Circuito el diez de agosto de dos mil cinco, al resolver la revisi�n fiscal 84/2005, se desprende lo siguiente:

    1. Por escrito presentado el trece de octubre de dos mil cuatro ante la S. Regional Golfo Norte del Tribunal Federal de Justicia F. y Administrativa, el representante de Automotor de M�xico, Sociedad An�nima de Capital Variable, promovi� juicio de nulidad en contra de la resoluci�n contenida en el oficio n�mero 324-SAT-28-G-02-06186 de fecha veintiocho de julio de dos mil tres, emitido por la Administraci�n Local de Auditor�a F. de T., Tamaulipas, a trav�s de la cual se le impuso una multa equivalente a la cantidad de $9,661.00 por no haber suministrado en forma completa los datos, informes y documentos que le fueron solicitados, derivado de las facultades de revisi�n de gabinete.

    2. La referida S., que conoci� del juicio de nulidad n�mero 2052/04-18-01-6, dict� sentencia el diecisiete de marzo de dos mil cinco declarando la nulidad de la resoluci�n impugnada al no reunir los requisitos de la fracci�n III del art�culo 38 del C�digo F. de la Federaci�n, en los siguientes t�rminos: "En las relatadas condiciones, al no estar debidamente motivada la resoluci�n impugnada, en el presente caso lo procedente es declarar la nulidad de la misma, dejando a salvo las facultades discrecionales de la autoridad fiscalizadora, para que si lo estima necesario y se encuentra en posibilidad de hacerlo, emita un nuevo acto debidamente fundado y motivado."

    3. En contra de dicha resoluci�n, las autoridades hacendarias interpusieron recurso de revisi�n fiscal, cuyo conocimiento correspondi� al Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del D�cimo Noveno Circuito, en el expediente de revisi�n fiscal 84/2005, el que, en sesi�n de diez de agosto de dos mil cinco dict� sentencia declarando infundado el recurso intentado, sosteniendo, en lo fundamental:

    1. De acuerdo a lo expuesto por el administrador local de Auditor�a F. de T., en la parte transcrita de la resoluci�n impugnada, as� como del precepto citado, se puede concluir que la autoridad administrativa, en uso de las facultades de comprobaci�n que le confiere el dispositivo en menci�n, efectu� la revisi�n de los documentos que le fueron presentados por R.V.V., representante legal del contribuyente Automotor de M�xico, Sociedad An�nima de Capital Variable, en una revisi�n de gabinete, momento en el que detect� la irregularidad que dio lugar a que se iniciara el procedimiento previsto en el numeral 42, fracci�n II, del C�digo F. de la Federaci�n, que tambi�n cita la demandada en el cuerpo de su determinaci�n.

    2. Luego, si la autoridad administrativa descubri� durante la revisi�n efectuada a los documentos presentados por la persona moral durante la revisi�n de gabinete, revisi�n que constituye una facultad discrecional que le otorga el art�culo 42, fracci�n II, del c�digo tributario federal la irregularidad origen del procedimiento administrativo que concluy� con el dictado de la resoluci�n impugnada en el juicio de nulidad que nos ocupa; luego entonces, deviene inconcuso que se actualiza la excepci�n prevista en la parte final de la fracci�n III del art�culo 239 del C�digo F. de la Federaci�n.

    3. As�, es infundado el agravio a estudio, porque como bien lo determin� la S.F., procede la nulidad de la resoluci�n impugnada en t�rminos de la fracci�n III del numeral antes invocado, sin que se obligue o impida a la autoridad administrativa a dictar otra, de acuerdo a sus facultades discrecionales, sin que se comparta el criterio del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil de este Circuito, en la revisi�n fiscal 29/2004, porque este Tribunal Colegiado para considerar la facultad discrecional de la autoridad administrativa, acude al origen o g�nesis de la resoluci�n reclamada, a diferencia de lo que opina el Segundo Tribunal Colegiado, que se basa exclusivamente en la sanci�n del ejercicio de dicha facultad, como lo es la multa, reput�ndola como una facultad reglada de la autoridad.

  2. De las sentencias dictadas por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del D�cimo Noveno Circuito, se aprecia lo siguiente:

    1) R.�n fiscal 29/2004-VIII, resuelta el dieciocho de junio de dos mil cuatro:

    1. El agente aduanal R.�n A.F., promovi� ante la S. Regional del Golfo Norte del Tribunal Federal de Justicia F. y Administrativa demanda de nulidad contra la resoluci�n contenida en el oficio 326-SAT-28-890-III-1842, expediente administrativo 549/2002, de seis de diciembre de dos mil dos, emitida por el administrador de la Aduana de Altamira, en la que se le impuso una multa de $2,109.00 (dos mil ciento nueve pesos 00/100 moneda nacional) en t�rminos del art�culo 184, fracci�n I, de la Ley Aduanera, sancionado con el art�culo 185, fracci�n I, de la misma legislaci�n.

    2. La S.F. que conoci� del juicio de nulidad 1111/03-18-01-4, dict� sentencia el veintiocho de noviembre de dos mil tres, declarando la nulidad de la resoluci�n impugnada en virtud de que la multa no est� debidamente fundada y motivada.

    3. Inconforme, la administradora local jur�dica de Ciudad Victoria, Tamaulipas, en representaci�n del presidente del Servicio de Administraci�n Tributaria y del administrador de la Aduana de Altamira, Tamaulipas, interpuso recurso de revisi�n en el toca 29/2004-VIII fiscal, cuyo conocimiento correspondi� al Segundo Tribunal Colegiado del D�cimo Noveno Circuito, el que, en sesi�n de dieciocho de junio de dos mil cuatro dict� sentencia revocando la resoluci�n recurrida, se�alando, en lo fundamental: "este �rgano colegiado estima que la imposici�n de una multa con motivo de una infracci�n a lo dispuesto por el numeral 184 de la Ley Aduanera, no constituye una facultad discrecional, habida cuenta que de una recta interpretaci�n del diverso numeral 185 del mencionado ordenamiento legal, permite concluir que contiene una facultad reglada, en virtud de que en la disposici�n aludida se ha de considerar que al utilizar el legislador la inflexi�n verbal ?aplicar�n?, lo hace con un sentido de obligatoriedad condicional al cumplimiento de requisitos, como son las infracciones que prev� el mencionado art�culo 184 de la Ley Aduanera. De manera que, si la autoridad hacendaria descubre durante el ejercicio de alguna de sus facultades, que el contribuyente incurri� en alguna de dichas infracciones, deber� de imponerse una sanci�n aplicando las disposiciones conducentes, seg�n sea el supuesto en que se ubique el infractor, pues se est� en presencia de una facultad reglada para la autoridad administrativa. Por tanto, si en el caso se ha dicho que la imposici�n carece de la debida fundamentaci�n a que se contrae el art�culo 16 constitucional, en correlaci�n con el art�culo 38, fracci�n III, del c�digo tributario federal, por consecuencia, se actualiza el supuesto de anulaci�n previsto en el art�culo 238, fracci�n II, de ese c�digo y, por ende, ha lugar a declarar la nulidad de la sanci�n en los t�rminos y para los efectos de que se dicte otra, en la que se cumpla con los requisitos formales omitidos, al amparo de la fracci�n III del art�culo 239 de esa legislaci�n federal."

      2) R.�n fiscal 44/2004, resuelta el quince de octubre de dos mil cuatro:

    4. El agente aduanal, E.C. del �ngel V.�s, mediante escrito presentado el cinco de septiembre de dos mil tres, ante la S. Regional del Golfo Norte del Tribunal Federal de Justicia F. y Administrativa, demand� la nulidad de la resoluci�n emitida el veintiuno de mayo de dos mil tres, en el expediente 35/2003, por la Aduana de T., Tamaulipas, en la que se le impuso multa por el orden de novecientos setenta pesos.

    5. La S. Regional del Golfo Norte del Tribunal Federal de Justicia F. y Administrativa, que conoci� del asunto con n�mero de expediente 1262/03-18-01-4, dict� resoluci�n el veintisiete de febrero de dos mil cuatro, en la que decret� la nulidad de la resoluci�n impugnada en t�rminos de lo dispuesto por el art�culo 239, fracci�n III, y �ltimo p�rrafo, del C�digo F. de la Federaci�n.

    6. Inconforme, la administradora local jur�dica de Ciudad Victoria, Tamaulipas, en representaci�n de las autoridades administrativas demandadas en el contencioso de origen, interpuso recurso de revisi�n fiscal, que fue remitido al Segundo Tribunal Colegiado del D�cimo Noveno Circuito, form�ndose el expediente derevisi�n fiscal 44/2004, el que, en sesi�n de quince de octubre de dos mil cinco dict� sentencia confirmando el fallo recurrido y declarando la nulidad de la resoluci�n impugnada, conforme a las siguientes consideraciones fundamentales: "contrario a la opini�n de la recurrente, en la especie, opera la excepci�n o salvedad se�alada en el �ltimo p�rrafo del art�culo 239 del C�digo F. de la Federaci�n, pues conforme a la interpretaci�n de los p�rrafos primero y �ltimo de la multicitada fracci�n III, la S. F., al declarar la nulidad de la resoluci�n no puede, v�lidamente, obligar a la autoridad administrativa a que dicte una nueva determinaci�n, pero tampoco puede imped�rselo. No es obst�culo el hecho de que en el caso la recurrente detect� una infracci�n misma que aduce se trata de una facultad reglada, toda vez que dicha multa, derivada de la infracci�n que aduce la inconforme, se impuso con motivo de las actividades que realiz� la autoridad para comprobar si el contribuyente hab�a cumplido con lo estipulado por la Ley Aduanera para el despacho de mercanc�as; por tanto, no puede desvincularse tal actividad con la sanci�n al incumplimiento de la disposici�n fiscal como pretende la inconforme, pues precisamente para establecer la nulidad que ha de decretarse en el juicio de nulidad, forzosamente habr� de examinar la g�nesis de donde eman� el acto administrativo controvertido en el contencioso a que este expediente se refiere y como en el caso la multa impuesta diman� de una presunta infracci�n descubierta al hacer uso de sus facultades de comprobaci�n la autoridad aduanera, mismas que son eminentemente discrecionales, es inconcuso que la nulidad que en todo caso debe decretarse, es la excepcional con fundamento en lo dispuesto por el art�culo 239, fracci�n III, y �ltimo p�rrafo, del C�digo F. de la Federaci�n, tal y como lo dej� indicado la S. Regional."

      Lo anterior, agreg� el �rgano colegiado, sin que sea "obst�culo el criterio establecido al resolver las revisiones fiscales 64/2003-VIII, 29/2004-VIII y 34/2004-VIII ... pues atendiendo a la actual integraci�n ... y mejores reflexiones sobre el tema tratado es que se norma la presente decisi�n en relaci�n con las multas fiscales impugnadas en nulidad ..."

  3. De la ejecutoria emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, al resolver el amparo directo 64/2002, se obtiene lo siguiente:

    1. O.�n Productos Industriales, Sociedad An�nima de Capital Variable, demand� la nulidad de la resoluci�n contenida en el oficio 324-SAT-R8-L61-3-B-005042 de cuatro de febrero de dos mil, emitida por el administrador local de Auditor�a F. de Naucalpan, por la que se determinaron diversos cr�ditos fiscales e impusieron sanciones.

    2. El asunto fue del conocimiento de la Segunda S. Regional Hidalgo-M�xico del Tribunal Federal de Justicia F. y Administrativa, en el expediente fiscal 22919/00-06-02-9, la que, con fecha diecis�is de octubre de dos mil uno dict� sentencia reconociendo la validez parcial de la resoluci�n impugnada y declarando la nulidad por lo que respecta a las multas impuestas al no estar debidamente fundadas y motivadas.

    3. La parte actora, por conducto de su representante, promovi� juicio de amparo directo contra la autoridad y por el acto indicados, que fue del conocimiento del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, el que, con fecha doce de septiembre de dos mil dos dict� sentencia negando el amparo solicitado sosteniendo, por lo que hace al tema de multas, esencialmente lo siguiente:

    1. Si en el caso se determin� que el acto impugnado fue emitido sin cumplir con los requisitos formales de fundamentaci�n y motivaci�n legal, es inconcuso que tales omisiones produc�an la nulidad de la resoluci�n impugnada, en t�rminos de la fracci�n II del art�culo 238, en relaci�n con el diverso 239, fracci�n III, del c�digo impositivo federal, a fin de que la demandada, emita otro que lo sustituya en la que se cumplan con los requisitos legales en comento.

    2. Lo anterior es as� pues la imposici�n de las sanciones no tiene como origen una facultad discrecional, sino que deriva de una obligaci�n reglada, que se contiene en el primer p�rrafo del art�culo 76, fracci�n II, del C�digo F. de la Federaci�n vigente en el periodo revisado. Como se desprende del numeral, contiene una facultad reglada, puesto que se�ala la conducta espec�fica que debe seguir la autoridad ante la actualizaci�n de la hip�tesis legal. Lo anterior es as�, pues se�ala que la autoridad fiscal "aplicar�" diversas sanciones, cuando en el ejercicio de las facultades de comprobaci�n se descubre la omisi�n total o parcial en el pago de contribuciones; es decir, la autoridad deber�, por imperativo legal, descubrir la omisi�n en el pago de contribuciones, y siendo �ste el supuesto en que se ubique el infractor, estar� obligada a imponer las sanciones de que se tratan.

    3. Para la resoluci�n del caso es determinante dilucidar si el art�culo 76 del c�digo citado, contiene una facultad discrecional o una facultad reglada, en lo que ata�e a la imposici�n de sanciones que deriven del ejercicio de facultades de comprobaci�n, por lo que es pertinente realizar el an�lisis de ese tipo de facultades (a continuaci�n hace referencia a la doctrina).

    4. Puede concluirse que en lo que se refiere a la facultad reglada, la actuaci�n de la autoridad administrativa debe ce�irse al marco legal fijado por la norma jur�dica, que se�ala la conducta espec�fica que debe seguirse ante la actualizaci�n de la hip�tesis que la disposici�n legal prevea. En cambio, por virtud de la facultad discrecional la ley le otorga a la autoridad un margen de libre apreciaci�n para determinar la forma de su actuar, lo cual permite que la administraci�n haga una apreciaci�n t�cnica de los elementos que concurren en un determinado caso.

    5. De la interpretaci�n sistem�tica del art�culo 76 del C�digo F. de la Federaci�n, se permite concluir que contiene una facultad reglada, ya que al utilizar la inflexi�n verbal "aplicar�", lo hace con un sentido de obligatoriedad condicionada al cumplimiento de requisitos, dado que en el caso espec�fico se impone que la omisi�n en el pago de contribuciones obedezca a un descubrimiento de la autoridad en el ejercicio de sus facultades de comprobaci�n.

    6. Si la autoridad hacendaria descubre durante el ejercicio de alguna de las facultades de comprobaci�n a que se contrae el art�culo 42 del propio c�digo tributario federal, que la contribuyente omiti� total o parcialmente el entero de los impuestos sujetos a revisi�n, deber� de aplicar los porcentajes a que se aluden en el dispositivo en el estudio, seg�n sea el supuesto en que se ubique el infractor; por ende, se est� en presencia de una facultad reglada para la autoridad administrativa.

    7. Para descubrir la verdadera intenci�n del legislador hay que hacer una interpretaci�n sistem�tica de la ley, y de acuerdo con el cuerpo normativo en donde se halla inserta la disposici�n en comento, se advierte que no se trata de una facultad discrecional, primero, porque presupone tanto el ejercicio de comprobaci�n en el cumplimiento de obligaciones fiscales, como tambi�n presupone la omisi�n parcial o total en el entero de contribuciones, y segundo, porque de la t�cnica empleada por el legislador federal en este c�digo, se advierte que cuando ha querido otorgar una facultad discrecional, lo ha hecho de manera precisa, pues indica cu�les son las que participan de esta naturaleza.

    8. En materia fiscal el legislador ha sido concreto al se�alar la discrecionalidad de aquellas facultades que con tal car�cter se le confieren a las autoridades, motivo por el cual, si para la imposici�n de sanciones, derivadas de la omisi�n de contribuciones, descubierta en el ejercicio de una facultad de comprobaci�n, no hizo esa precisi�n, resulta claro que se trata de una atribuci�n reglada, m�xime que su imposici�n se encuentra precedida de la inflexi�n verbal "aplicar�".

    9. Si en el caso la determinaci�n de la sanci�n en cantidad de $18,522.85 (dieciocho mil quinientos veintid�s pesos 85/100 moneda nacional), no deriva de una facultad discrecional, y por otra parte, se admite que esa imposici�n carece de la fundamentaci�n y motivaci�n legal a que se contrae el art�culo 16 constitucional, en correlaci�n con el art�culo 38, fracci�n III, del c�digo tributario federal; por consecuencia, se actualiza el supuesto de anulaci�n previsto en el art�culo 238, fracci�n II, de ese c�digo y, por ende, ha lugar a declarar la nulidad de la sanci�n en comentario, en los t�rminos y para los efectos de que se dicte otra, en la que se cumplan con los requisitos omitidos, al amparo de la fracci�n III del art�culo 239 de esa legislaci�n federal.

QUINTO

Esta Segunda S. estima que s� existe la contradicci�n de tesis, pero no en la forma como se denunci� por el Magistrado presidente del Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del D�cimo Noveno Circuito.

Efectivamente, como se ver� a continuaci�n, la diversidad de opiniones se actualiza entre el Primer y Segundo Tribunales Colegiados en Materias Administrativa y Civil del D�cimo Noveno Circuito, en contra del que sustenta el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, ya que: a) examinaron cuestiones jur�dicas esencialmente iguales, pero asumieron posturas discrepantes, b) la diferencia de criterios se presenta en las consideraciones de las ejecutorias respectivas, y c) los criterios opuestos provienen del an�lisis de los mismos elementos.

Ello es as�, pues de los antecedentes y de las ejecutorias reproducidas y sint�ticamente expuestas con antelaci�n, se desprende, en principio, que los asuntos de los cuales conocieron dichos �rganos colegiados, tienen su origen en juicios de nulidad instaurados ante diferentes S.s del Tribunal Federal de Justicia F. y Administrativa, en contra de resoluciones sancionadoras, emitidas por diversas autoridades fiscalizadoras al descubrir, durante el ejercicio de sus facultades de comprobaci�n, la infracci�n de disposiciones fiscales, en los que, como tema com�n, se esgrimi� que las multas fiscales que no est�n debidamente fundadas y motivadas actualizan la causal de nulidad dispuesta en la fracci�n II del art�culo 238 del C�digo F. de la Federaci�n, raz�n por la que debe declararse su nulidad en t�rminos, ya sea de la fracci�n III del art�culo 239 del mismo ordenamiento, o bien, conforme al �ltimo p�rrafo de dicha fracci�n y precepto tributario.

En efecto, por lo que hace al Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del D�cimo Noveno Circuito, sostuvo, medularmente que:

? De conformidad con los art�culos 238, fracci�n II, y 239, fracci�n III, del C�digo F. de la Federaci�n, la omisi�n de requisitos formales da lugar a que se decrete la nulidad para efectos de la resoluci�n correspondiente; sin embargo, esta �ltima fracci�n establece una excepci�n a la regla general que acontece cuando el acto impugnado deriva del ejercicio de una facultad discrecional.

? Para dilucidar si se est� en el caso de excepci�n, debe acudirse a la g�nesis de la resoluci�n impugnada para saber si se origin� con motivo de un tr�mite o procedimiento de pronunciamiento forzoso, o con motivo de una facultad discrecional.

? En el caso, la irregularidad se descubri� en una revisi�n de gabinete realizada a la persona moral contribuyente, que constituye una facultad discrecional, que dio origen al procedimiento administrativo que culmin� con la imposici�n de una multa por no haber suministrado datos, informes y documentos, lo que actualiz� la excepci�n prevista en la parte final de la fracci�n III del art�culo 239 del C�digo F. de la Federaci�n, procediendo, por tanto, la nulidad de la resoluci�n sin que se obligue o impida a la autoridad administrativa a dictar otra, de acuerdo a sus facultades discrecionales.

? Para considerar la facultad discrecional de la autoridad administrativa, el tribunal acude al origen o g�nesis de la resoluci�n reclamada, a diferencia de lo que opina el Segundo Tribunal Colegiado, que se basa exclusivamente en la sanci�n del ejercicio de dicha facultad, como lo es la multa, reput�ndola como una facultad reglada de la autoridad.

A diferencia del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, que sostiene como criterio esencial:

? Si el acto impugnado fue emitido sin cumplir con los requisitos formales de fundamentaci�n y motivaci�n, es claro que se produc�a la nulidad de la resoluci�n impugnada, en t�rminos de la fracci�n II del art�culo 238, en relaci�n con el diverso 239, fracci�n III, del C�digo F. de la Federaci�n, a fin de que la autoridad emitiera otra en la que cumpliera con los requisitos legales en comento.

? Ello es as� porque la imposici�n de sanciones no tiene como origen una facultad discrecional, sino deriva de una obligaci�n reglada, que se contiene en el primer p�rrafo del art�culo 76, fracci�n II, del c�digo tributario federal, puesto que se�ala una conducta espec�fica que debe seguir la autoridad, ya que el precepto se�ala que la autoridad fiscal "aplicar�" diversas sanciones cuando en el ejercicio de facultades de comprobaci�n descubre la omisi�n total o parcial en el pago de contribuciones.

? Es determinante examinar si el citado numeral contiene una facultad reglada o una discrecional, en lo que ata�e a la imposici�n de sanciones. As�, atendiendo a la doctrina y a la interpretaci�n sistem�tica de la ley y de acuerdo con el cuerpo normativo en donde se halla inserta la disposici�n, se advierte que no se trata de una facultad discrecional, ya que el legislador no hizo esa precisi�n, sino que se trata de una facultad reglada, m�xime que se usa la inflexi�n verbal "aplicar�".

? En el caso, la multa impuesta no deriva de una facultad discrecional, luego, si la imposici�n carece de la fundamentaci�n y motivaci�n que exige el art�culo 16 constitucional, en correlaci�n con el art�culo 38, fracci�n III, del C�digo F. de la Federaci�n, se actualiza el supuesto de anulaci�n de la fracci�n II del art�culo 238 y, por ende, ha lugar a declarar la nulidad de la sanci�n para efecto de que se dicte otra, en la que se cumplan los requisitos omitidos, conforme a la fracci�n III del art�culo 239.

Por lo que respecta al Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del D�cimo Noveno Circuito, se advierte que si bien al resolver la revisi�n fiscal 29/2004-VIII sostuvo un criterio semejante al del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, sucede que al dictar sentencia en la revisi�n fiscal 44/2004 lo modific�, pues sostuvo, despu�s de hacer referencia a los art�culos 238 y 239 del C�digo F. de la Federaci�n y a los tres tipos de nulidades que existen, en esencia, lo siguiente:

? El art�culo 239 establece algunas reglas para saber cu�ndo se est� en presencia de una nulidad o una nulidad para efectos, si bien hay casos en que es dif�cil distinguir, empero, es necesario acudir a la g�nesis de la resoluci�n impugnada para conocer si se origin� con motivo de un tr�mite o procedimiento de pronunciamiento forzoso o con motivo de alg�n ejercicio de una facultad discrecional, present�ndose otra disyuntiva, que es determinar cu�ndo el acto eman� de una facultad discrecional y cu�ndo de una facultad reglada.

? Se considera que cuando se est� en el supuesto de falta de motivaci�n de un acto administrativo consistente en la imposici�n de una multa, derivada de infracciones a las leyes fiscales, conforme a la fracci�n III del art�culo 239, es factible decretar una nulidad para efectos, aunque no en todos los casos es as�, porque bien puede decretarse la nulidad dejando en libertad a la autoridad para que decida si vuelve a emitir o no el acto administrativo, lo que acontece �nicamente cuando el acto impugnado deriva del ejercicio de una facultad discrecional, seg�n la excepci�n establecida en dicho numeral.

? Se atiende en el caso a la tesis de jurisprudencia 45/98 del Pleno de la Suprema Corte, pues del an�lisis de la litis planteada se advierte que la Aduana de T. emiti� una resoluci�n en la que determin� una multa al actor del juicio de nulidad al establecer que el pedimento de importaci�n fue llenado de forma err�nea, obteni�ndose que en t�rminos de la Ley Aduanera (se reproducen art�culos), se est� en presencia de un procedimiento administrativo que se origina con motivo del ejercicio de una facultad discrecional.

? Luego, en la especie opera la excepci�n se�alada en el �ltimo p�rrafo del art�culo 239 del C�digo F. de la Federaci�n, a modo tal que la S.F. no puede obligar a la autoridad administrativa a que dicte una nueva resoluci�n, pero tampoco puede imped�rselo, sin que sea obst�culo la opini�n de la recurrente de que la infracci�n se trata de una facultad reglada, pues la multa se impuso con motivo de actividades realizadas por la autoridad para comprobar que el contribuyente cumpli� con la Ley Aduanera, de aqu� que no puede desvincularse tal actividad con la sanci�n, puesto que para establecer la nulidad que debe decretarse habr� de examinarse forzosamente la g�nesis de donde eman� el acto administrativo, y como en el caso la multa impuesta result� de una infracci�n descubierta al hacer uso de facultades de comprobaci�n, que son eminentemente discrecionales, es claro que la nulidad debe decretarse con fundamento en el art�culo 239, fracci�n III, �ltimo p�rrafo, del C�digo F. de la Federaci�n.

? No es obst�culo a lo anterior el criterio establecido al resolver las revisiones fiscales 64/2003-VIII, 29/2004-VIII y 34/2004-VIII, pues atendiendo a la actual integraci�n y a nuevas reflexiones sobre el tema tratado, es que se norma la presente decisi�n en relaci�n con las multas fiscales impugnadas en nulidad, en cuanto a los alcances de la determinaci�n a fin de que, en todo caso, se analice el procedimiento que les dio origen y si este es reglado o discrecional, igual tratamiento merecer� la multa y sus efectos o no en el supuesto de decretarse su nulidad con motivo de un vicio formal.

Los antecedentes y consideraciones de m�rito ponen de manifiesto, por una parte, la existencia de la contradicci�n de tesis y su materia, y por otra, los tribunales colegiados que discrepan en sus puntos de vista.

Efectivamente, ha quedado de manifiesto que existe la diversidad de criterios, pero entre el sustentado por el Primer y Segundo Tribunales Colegiados en Materias Administrativa y Civil del D�cimo Noveno Circuito, contra el sostenido por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, esto, debido a que el segundo de los cuerpos colegiados mencionados cambi� de opini�n, sin que en el caso proceda declarar inexistente la contradicci�n respecto de dicho �rgano colegiado, ya que al coincidir con la tesis del primero, de su misma materia y circuito, subsiste la diferencia de criterios con la sustentada por el �ltimo de los nombrados. Es decir, se trata s�lo de una reagrupaci�n de los Tribunales Colegiados que no comparten el criterio jur�dico sobre el mismo tema.

Ahora, por lo que concierne a la existencia de la contradicci�n de tesis y su materia, ha quedado visto que mientras que el Primer y Segundo Tribunales Colegiados, ambos en Materias Administrativa y Civil del D�cimo Noveno Circuito sostuvieron que para establecer la nulidad que debe decretarse cuando una multa fiscal incurre en un vicio formal, como es la indebida fundamentaci�n y motivaci�n, que actualiza la causa de ilegalidad prevista en la fracci�n II del art�culo 238 del C�digo F. de la Federaci�n, debe atenderse a la g�nesis u origen del acto impugnado, de tal modo que si �ste deriva del ejercicio de facultades de comprobaci�n, esto es, de facultades discrecionales, la nulidad deber� seren t�rminos del p�rrafo �ltimo de la fracci�n III del art�culo 239 del mencionado c�digo, dejando en libertad a la autoridad administrativa para que emita o no un nuevo acto; en cambio, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito es de la opini�n de que si se determin� que el acto impugnado se emiti� sin cumplir con los requisitos formales de fundamentaci�n y motivaci�n, es claro que se produce la nulidad de la resoluci�n impugnada en t�rminos de la fracci�n II del art�culo 238, en relaci�n con el diverso 239, fracci�n III, del C�digo F. de la Federaci�n, para que la autoridad demandada emita otro que lo sustituya en el que se cumplan con los requisitos legales en comento, habida cuenta que la imposici�n de sanciones no tiene como origen una facultad discrecional sino que deriva de una facultad reglada, que se contiene en el primer p�rrafo del art�culo 76, fracci�n II, del indicado ordenamiento, puesto que se�ala la conducta espec�fica que debe seguir la autoridad ante la actualizaci�n legal, ya que trat�ndose de multas fiscales hay que hacer una interpretaci�n sistem�tica de la ley para descubrir la verdadera intenci�n del legislador, de acuerdo con el cuerpo normativo en donde se halle inserta la disposici�n en comento, advirti�ndose, primero, que no se trata de una facultad discrecional porque presupone el ejercicio de facultades de comprobaci�n en el cumplimiento de obligaciones fiscales y la omisi�n parcial o total en el entero de contribuciones, y segundo, porque de la t�cnica empleada por el legislador federal se advierte que cuando ha querido otorgar una facultad discrecional lo ha hecho de manera precisa, pues indica cu�les son las que participan de esta naturaleza.

Lo expuesto revela, por un lado, la existencia de la contradicci�n de tesis y, por otro, su materia, que puede verse en dos aspectos: a) respecto a la clase de nulidad que debe decretarse cuando una multa tiene un vicio formal, como es la indebida fundamentaci�n o motivaci�n, que actualiza la causa de ilegalidad de la fracci�n II del art�culo 238 del c�digo tributario federal, esto es, si es en t�rminos de la fracci�n III del art�culo 239 del mismo ordenamiento (para efectos), o conforme a la parte final de este precepto (dejando en libertad a la autoridad para emitir o no un nuevo acto impositivo), y b) tocante a la metodolog�a de estudio del caso, es decir, si se atiende a la g�nesis u origen de la resoluci�n impugnada o a la interpretaci�n sistem�tica de la disposici�n de que se trate.

En tales condiciones, no hay duda de que existe contradicci�n entre lo sostenido por los referidos Tribunales Colegiados de Circuito, habida cuenta que: a) examinaron cuestiones jur�dicas esencialmente iguales y adoptaron posiciones discrepantes en torno de la nulidad que debe decretarse trat�ndose de multas fiscales que no est�n debidamente fundadas y motivadas, impuestas por autoridades administrativas con motivo del ejercicio de facultades de comprobaci�n, b) las diferencias de criterios se presentaron en las consideraciones de las ejecutorias reproducidas, y c) los distintos criterios provinieron de juicios de nulidad promovidos ante el Tribunal Federal de Justicia F. y Administrativa, en los que se impugnaron multas impuestas por la autoridades hacendarias por infracci�n de diversas disposiciones fiscales.

As� las cosas, la contradicci�n entre los mencionados �rganos colegiados se reduce a delimitar cu�l es la clase de nulidad que debe decretarse trat�ndose de multas fiscales que no est�n debidamente fundadas y motivadas, impuestas por las autoridades administrativas por la infracci�n de normas tributarias descubiertas con motivo de facultades de comprobaci�n.

SEXTO

H.�ndose determinado que s� existe contradicci�n de tesis sobre la cuesti�n jur�dica examinada por los Tribunales Colegiados Primer y Segundo, ambos en Materias Administrativa y Civil del D�cimo Noveno Circuito y el del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, este �rgano jurisdiccional considera que debe prevalecer, con el car�cter de jurisprudencia, el criterio que a continuaci�n se expone.

En principio, es pertinente se�alar que los asuntos del conocimiento de los Tribunales Colegiados referidos, derivaron del ejercicio de facultades de comprobaci�n de las autoridades administrativas, en un caso, una revisi�n de gabinete practicada en t�rminos del art�culo 42, fracci�n II, del C�digo F. de la Federaci�n, en otro, un reconocimiento aduanero, realizado conforme a los art�culos 43, 44 y 144, fracci�n VI, de la Ley Aduanera, y un tercero, una visita domiciliaria, fundada entre otras disposiciones, en el art�culo 42, fracci�n III, del c�digo tributario federal; que culminaron con la emisi�n de resoluciones en las que las autoridades hacendarias impusieron multas a los contribuyentes, que al ser impugnadas mediante juicio de nulidad, se declararon ilegales por no cumplir con los requisitos de debida fundamentaci�n y motivaci�n a que se refiere el art�culo 38, fracci�n III, del indicado c�digo. En todos estos casos la S.F. determin� que se actualizaba la causa de ilegalidad prevista en la fracci�n II del art�culo 238.

En cuanto a dichos t�picos de los diferentes asuntos, no se suscita contradicci�n alguna entre los Tribunales Colegiados de Circuito a que se refiere el presente expediente. La diversidad de opiniones se concreta, como antes se se�al�, respecto a la nulidad que debe decretarse trat�ndose de multas fiscales impuestas por las autoridades administrativas, al descubrir, con motivo del ejercicio de sus facultades de comprobaci�n, infracciones a las disposiciones tributarias.

Luego, no es necesario en el caso hacer referencia a los elementos de los asuntos en los que no existe discrepancia de criterios, si bien conviene no perderlos de vista, puesto que, finalmente, ser�n relevantes para obtener la conclusi�n de la contradicci�n de tesis.

Para ello, conviene ante todo hacer referencia a lo sostenido por el Tribunal Pleno de esta Corte Suprema al resolver la contradicci�n de tesis 2/97 en sesi�n de veintinueve de junio de mil novecientos noventa y ocho, por unanimidad de once votos, en donde analiz� la naturaleza de las sentencias dictadas por el Tribunal F. de la Federaci�n y el modelo adoptado por nuestro C�digo F. de la Federaci�n de jurisdicci�n contencioso administrativo de acuerdo con la competencia de que se ha dotado al referido tribunal y que lo constituye, en algunos casos, como tribunal de mera anulaci�n y, en otros, como de plena jurisdicci�n a fin de restaurar el orden jur�dico y preservar la seguridad jur�dica de los gobernados.

En dicha resoluci�n, en la parte conducente, se determin�:

... Para lograr tal prop�sito es menester destacar que el texto fundamental del art�culo 239 del C�digo F. de la Federaci�n, aun con sus recientes reformas, establece en sus tres fracciones el sentido en que deber�n pronunciarse las sentencias dictadas por el Tribunal F. de la Federaci�n, el cual podr� ser reconociendo la validez de la resoluci�n impugnada, declarando su nulidad absoluta (lisa y llana), o bien, declarando la nulidad para efectos. Con relaci�n a esos diversos sentidos, es preciso se�alar, en primer lugar, que la sentencia de validez de la resoluci�n impugnada implica el reconocimiento jurisdiccional de que dicha validez siempre existi�, inclusive mientras se decid�a la impugnaci�n de nulidad en el juicio contencioso administrativo. En cambio, la nulidad absoluta prevista en la fracci�n II, implica dejar sin efectos jur�dicos la resoluci�n impugnada y, como consecuencia, que la autoridad emisora se abstenga de realizar cualquier acto de aplicaci�n o ejecuci�n de dicha resoluci�n, debi�ndose abstener, tambi�n, de reiterarla dentro del mismo contexto espec�fico del que provino. Trat�ndose de la nulidad prevista en la fracci�n III, la autoridad administrativa, ya habiendo dejado sin efecto el acto impugnado, puede verse obligada a realizar determinados actos, seg�n las peculiaridades del asunto resuelto. Los principales antecedentes legislativos de esta nulidad para efectos, son los siguientes: En la Ley de Justicia F. publicada en el Diario Oficial de la Federaci�n del treinta y uno de agosto de mil novecientos treinta y seis, que entr� en vigor el primero de enero de mil novecientos treinta y siete, sobre el sentido de las sentencias del juicio contencioso administrativo, se estableci� en el art�culo 58, lo siguiente: ?Art�culo 58. Cuando la sentencia declare la nulidad y salvo que se limite a mandar reponer el procedimiento o a reconocer la ineficacia del acto en los casos de la fracci�n VII del art�culo 14 (nulificaci�n por la Secretar�a de Hacienda de una decisi�n administrativa favorable al particular), indicar� de manera concreta en qu� sentido debe dictar su nueva resoluci�n la autoridad fiscal. Entretanto que �sta no se pronuncie, continuar� en vigor la suspensi�n del procedimiento administrativo que haya sido decretado dentro del juicio.?. El C�digo F. de mil novecientos treinta y ocho, sobre los fallos en comento, expresaba en su art�culo 204: ?Art�culo 204. Cuando la sentencia declare la nulidad y salvo que se limite a mandar reponer el procedimiento o a reconocer la ineficacia del acto en los casos de la fracci�n VII del art�culo 160 (resoluci�n favorable a un particular), indicar� las bases conforme a las cuales debe dictar su nueva resoluci�n la autoridad fiscal. Entretanto que �sta no se pronuncie, continuar� en vigor la suspensi�n del procedimiento administrativo que haya sido decretada dentro del juicio.?. Bajo la misma l�nea, el C�digo F. de mil novecientos sesenta y siete, se�alaba en su art�culo 230, lo siguiente: ?Art�culo 230. Cuando la sentencia declare la nulidad y salvo que se limite a mandar reponer el procedimiento o a reconocer la ineficacia del acto en los casos en que la autoridad haya demandado la anulaci�n de una resoluci�n favorable a un particular, indicar� los t�rminos conforme a los cuales debe dictar su nueva resoluci�n la autoridad fiscal.?. A su vez, en el C�digo F. de la Federaci�n de mil novecientos ochenta y uno, en el art�culo 239, establec�a: ?Art�culo 239. La sentencia definitiva podr�: I. Reconocer la validez de la resoluci�n impugnada. II. Declarar la nulidad de la resoluci�n impugnada. III. Declarar la nulidad de la resoluci�n impugnada para determinados efectos, debiendo precisar con claridad la forma y t�rminos en que la autoridad debe cumplirla, salvo que se trate de facultades discrecionales. Si la sentencia obliga a la autoridad a realizar un determinado acto, o iniciar un procedimiento, deber� cumplirse en un plazo de cuatro meses. En caso de que se interponga recurso, se suspender� el efecto de la sentencia hasta que se dicte la resoluci�n que ponga fin a la controversia.?. De los antecedentes precisados se infiere que la disposici�n de declarar la nulidad para efectos de la resoluci�n impugnada en el juicio contencioso administrativo, naci� con el juicio mismo, al establecerse en el citado art�culo 58 de la Ley de Justicia F., la obligaci�n del tribunal de que al declarar la nulidad de la resoluci�n impugnada, indicara de manera concreta en qu� sentido deber�a dictar la autoridad fiscal su nueva resoluci�n; para corroborar este aserto, debe tenerse en cuenta que en la exposici�n de motivos de esa legislaci�n que entr� en vigor el primero de enero de mil novecientos treinta y siete, se manifest� lo siguiente: ?El contencioso que se regula ser� lo que la doctrina conoce con el nombre de contencioso de anulaci�n. Ser� el acto y a lo sumo el �rgano, el sometido a la jurisdicci�n del tribunal, no el Estado como persona jur�dica. El tribunal no tendr� otra funci�n que la de reconocer la legalidad o la de declarar la nulidad de actos o procedimiento. Fuera de esa �rbita, la administraci�n p�blica conserva sus facultades propias y los tribunales federales, y concretamente la Suprema Corte de Justicia, su competencia para intervenir en todos los juicios en que la Federaci�n sea parte. Derivada del car�cter del juicio son las causas que la ley fija para esa anulaci�n. En la generalidad de los casos dichas causas suponen violaci�n de la ley, ya en cuanto a la competencia o en cuanto a la forma o en cuanto a la norma aplicada o que debi� aplicarse en el fondo. S�lo para las sanciones se autoriza la anulaci�n por desv�o de poder, esto es, por abandono de las reglas que, aunque no expresamente fijadas en la ley, van impl�citas cuando la ley concede una facultad discrecional. Se ha circunscrito la anulaci�n por desv�o de poder a las sanciones, porque es ah� en donde la necesidad del acatamiento a las reglas impl�citas antes dichas aparece con claridad en el derecho tributario mexicano, puesto que en la materia de impuestos las autoridades normalmente no obran ejerciendo facultades discrecionales, sino cumpliendo preceptos expresos de las leyes.?. Esta parte de la exposici�n de motivos de la Ley de Justicia F., podr�a arrojar, como primera impresi�n, que el legislador adopt� el modelo de jurisdicci�n contencioso administrativo de mera anulaci�n (conocido en Francia como recurso por exceso de poder o contencioso objetivo), cuya finalidad no es tutelar el derecho subjetivo del accionante sino restablecer el orden jur�dico violado, es decir, su prop�sito es controlar la legalidad del acto y tutelar el derecho objetivo, limit�ndose la sentencia a anular el acto impugnado ante el tribunal, por vicios de legalidad tales como la incompetencia del funcionario emisor, la inobservancia de formas y procedimientos para la emisi�n del acto, la violaci�n de la ley o el desv�o de poder. Esa impresi�n no es exacta, pues el dato apuntado requiere de ser complementado con el an�lisis de la competencia originalmente atribuida al Tribunal F., en la que se incluyeron materias reservadas en lo general al modelo contencioso de plena jurisdicci�n (por el cual se obliga al tribunal a conocer y decidir en toda su extensi�n la reparaci�n del derecho subjetivo del actor lesionado por el acto impugnado, teniendo el alcance no s�lo de anular el acto, sino tambi�n de fijar los derechos del recurrente y condenar a la administraci�n a restablecer y hacer efectivos tales derechos), seg�n se observa del siguiente apartado de la exposici�n de motivos en comento: ?... El tribunal pronunciar� tan solo fallos de nulidad de las resoluciones impugnadas; pero con el fin de evitar los inconvenientes que presenta ahora la ejecuci�n de las sentencias de amparo, que tambi�n son fallos de nulidad, y que frecuentemente se prolongan a trav�s de una o varias quejas en las que en forma escalonada el tribunal judicial va controlando la ejecuci�n de sus sentencias, en la ley se establece que el fallo del Tribunal F. que declare una nulidad, indicar� de manera concreta en qu� sentido debe dictar una nueva resoluci�n la autoridad fiscal ... Los juicios ser�n en todo caso de nulidad normalmente simples juicios declarativos (casos de oposici�n y de instancia de la Secretar�a de Hacienda). En otros, llevar�n impl�cita la posibilidad de una condena (negativas de devoluci�n).?. A lo anterior se suman las reformas del treinta de diciembre de mil novecientos cincuenta y uno y veintinueve de diciembre de mil novecientos sesenta y uno, por virtud de las cuales se adicion� el art�culo 160 del C�digo F. relativo a la competencia del tribunal, incluyendo en ella el conocimiento de las resoluciones que redujeran o negaran las pensiones y las prestaciones sociales concedidas por las leyes de la materia en favor de los miembros del Ej�rcito y la Armada Nacional y de sus familiares o derechohabientes, con cargo a la Direcci�n de Pensiones Militares o el erario federal. Al tenor de lo precisado, debe concluirse que la Ley de Justicia F. no trasplant� en sus exactos t�rminos el modelo del contencioso de mera anulaci�n, ni tampoco el de plena jurisdicci�n, sino que dio nacimiento m�s bien a una jurisdicci�n h�brida. Entonces, dada la diversidad de materias de las cuales conoce el Tribunal F. de la Federaci�n depender� de cada caso en particular, que se pueda establecer si la actuaci�n de dicho tribunal se ajusta al modelo contencioso de anulaci�n (en donde la labor del Juez consiste �nicamente en determinar la legalidad del acto administrativo) o al contencioso de plena jurisdicci�n (en donde se precisa la existencia y medida de un derecho subjetivo del particular), repercutiendo ello en el pronunciamiento de sentencia de nulidad para efectos. La diversa competencia del Tribunal F. de la Federaci�n aparec�a establecida en el art�culo 23 de la abrogada Ley Org�nica del Tribunal F. de la Federaci�n y, ahora, en el art�culo 11 de la ley vigente a partir del primero de enero de mil novecientos noventa y seis ... Congruente con esa jurisdicci�n h�brida, por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federaci�n del treinta y uno de diciembre de mil novecientos ochenta y dos, se adicion� el cuestionado �ltimo p�rrafo de la fracci�n III del art�culo 239 del C�digo F. de la Federaci�n, vigente del primero de enero de mil novecientos ochenta y tres al primero de enero de mil novecientos noventa y seis, que establece: ?El Tribunal F. de la Federaci�n declarar� la nulidad para el efecto de que se emita una nueva resoluci�n cuando se est� en alguno de los supuestos previstos en las fracciones II y III y en su caso V, del art�culo 238 de este C�digo.?. Dicha reforma obedeci� a razones de pol�tica legislativa relacionadas a la suspensi�n o interrupci�n del c�mputo para la extinci�n de facultades del fisco v�a caducidad, seg�n se observa de la exposici�n de motivos de la iniciativa presidencial, que dice: ?Se precisa que el plazo de extinci�n de las facultades de comprobaci�n de las autoridades fiscales no est� sujeto a interrupci�n ni a suspensi�n, salvo cuando se interponga el recurso de nulidad de notificaciones y en correlaci�n con la propuesta de reforma que se hace del art�culo que fija los efectos de las sentencias del Tribunal F. de la Federaci�n, se elimina la posibilidad de que el plazo de extinci�n de facultades, en los casos en que una resoluci�n fuera anulada por vicios formales en su expedici�n, se comenzara a computar nuevamente a partir de la fecha en que se notificara la resoluci�n que dio fin a la controversia. Esta modificaci�n atiende a las recomendaciones de diversos sectores ... Se precisa que el Tribunal F. de la Federaci�n en la sentencia definitiva? deber� ordenar que la autoridad emita una nueva resoluci�n siempre que se declare nula la que se impugn� por haberse demostrado incompetencia, omisi�n de las formalidades legales o vicios en el procedimiento que afecten las defensas del particular y trasciendan al sentido de la resoluci�n impugnada, o por falta de fundamentaci�n, o motivaci�n. Esta modificaci�n es consecuencia de la que se efect�a al art�culo que regula la caducidad y responde a las sugerencias hechas por diversos sectores.?. En la discusi�n y aprobaci�n del proyecto, la C�mara de Diputados sustituy� la menci�n de la fracci�n I del art�culo 238, por la V, se�alando: ?Cabe hacer notar que esta comisi�n, modificando la iniciativa ha considerado conveniente eliminar la fracci�n I relativa a la incompetencia e incluir la fracci�n V, relativa al desv�o de poder, respecto del art�culo 239 del c�digo. Adem�s, en el texto definitivo se sustituy� la expresi�n siempre que, por la de cuando se est� en alguno de los supuestos ...?. Conforme a tal reforma, a partir del primero de enero de mil novecientos ochenta y tres, la interpretaci�n aislada del multicitado �ltimo p�rrafo, podr�a llevar a la conclusi�n de que las S.s del Tribunal F. de la Federaci�n deben, indefectiblemente, declarar la nulidad para efectos de la resoluci�n impugnada en el juicio contencioso administrativo, cuando se actualicealguno de los supuestos previstos en las fracciones II y III del art�culo 238 del C�digo F. de la Federaci�n, lo cual s�lo es correcto en determinadas hip�tesis, como se pondr� de manifiesto m�s adelante. Como ya se indic�, a pesar de que la finalidad del modelo de jurisdicci�n contencioso administrativo de mera anulaci�n es controlar la legalidad del acto restableciendo el orden jur�dico violado, teniendo como prop�sito tutelar el derecho objetivo, en el sistema mexicano, el legislador, con la intenci�n de evitar los inconvenientes que se presentan en las sentencias de nulidad, estableci� en la fracci�n III del art�culo 239 del C�digo F. de la Federaci�n, la obligaci�n para el Tribunal F. de indicar de manera concreta en qu� casos la autoridad administrativa debe dictar una nueva resoluci�n, y en ciertos supuestos, adem�s, bajo qu� lineamientos, por lo que la sentencia no s�lo se limita a declarar la nulidad del acto, sino a ordenar a la autoridad que, en uso de sus atribuciones legales y en virtud de que �nicamente fueron objeto de estudio violaciones de car�cter formal, emita una nueva resoluci�n, cumpliendo con las formalidades de que ha de estar revestido el acto, o reponer el procedimiento para que la nueva resoluci�n se dicte despu�s de reunirse todos los requisitos que deben existir previamente al pronunciamiento de la decisi�n, todo ello con la importante salvedad de las facultades discrecionales. Es relevante en este punto tener en consideraci�n que el art�culo 237 del c�digo citado, establece: ?Art�culo 237. Las sentencias del Tribunal F. se fundar�n en derecho y examinar�n todos y cada uno de los puntos controvertidos del acto impugnado, teniendo la facultad de invocar hechos notorios. Cuando se hagan valer diversas causales de ilegalidad, la sentencia o resoluci�n de la S. deber� examinar primero aquellos que puedan llevar a declarar la nulidad lisa y llana. En el caso de que la sentencia declare la nulidad de una resoluci�n por la omisi�n de los requisitos formales exigidos por las leyes, o por vicios de procedimiento, la misma deber� se�alar en qu� forma afectaron las defensas del particular y trascendieron al sentido de la resoluci�n. Las S.s podr�n corregir los errores que adviertan en la cita de los preceptos que se consideren violados y examinar en su conjunto los agravios y causales de ilegalidad, as� como los dem�s razonamientos de las partes, a fin de resolver la cuesti�n efectivamente planteada, pero sin cambiar los hechos expuestos en la demanda y en la contestaci�n. Trat�ndose de las sentencias que resuelvan sobre la legalidad de la resoluci�n dictada en un recurso administrativo, si se cuenta con elementos suficientes para ello, el tribunal se pronunciar� sobre la legalidad de la resoluci�n recurrida, en la parte que no satisfizo el inter�s jur�dico del demandante. No se podr�n anular o modificar los actos de las autoridades administrativas no impugnados de manera expresa en la demanda.?. Esta norma permite aclarar que no toda omisi�n de formalidades o vicios del procedimiento tendr� como consecuencia la nulidad de la resoluci�n, sino que en t�rminos del art�culo 237, p�rrafo segundo, del C�digo F. de la Federaci�n, es necesario que tales omisiones o vicios afecten las defensas del particular y trasciendan al sentido de la resoluci�n impugnada, es decir, que le ocasionen un perjuicio, porque de lo contrario el concepto de anulaci�n esgrimido ser�a insuficiente para declarar la nulidad de la resoluci�n administrativa impugnada. De lo hasta aqu� expuesto puede resumirse que lo dispuesto en el �ltimo p�rrafo de la fracci�n III del art�culo 239 del C�digo F. de la Federaci�n, en cuanto a que el Tribunal F. de la Federaci�n debe emitir una sentencia de nulidad para efectos, cuando se actualice uno de los supuestos previstos en las fracciones II y III del art�culo 238 del mismo ordenamiento legal, resulta congruente con la especial y diversa jurisdicci�n de que est� dotado legalmente ese tribunal, que se matiza, en relaci�n con ciertos actos, de mera anulaci�n y, en cuanto a otros, de plena jurisdicci�n, casos estos �ltimos en los cuales debe contar con facultades no s�lo para anular las resoluciones definitivas impugnadas, cuando esto sea procedente, sino tambi�n para determinar, como regla general, la forma de reparaci�n de la violaci�n cometida por la autoridad administrativa. Adem�s, es patente que la comentada disposici�n legal tiene como prop�sito fundamental el de preservar la seguridad jur�dica que garantiza el art�culo 16 de la Constituci�n General de la Rep�blica, pues brinda certeza a los fallos dictados en ese procedimiento contencioso al informar a la autoridad, cuando tenga que emitir un acto en sustituci�n del impugnado, el sentido en que debe respetar los derechos del demandante, lo que de paso evita la promoci�n interminable de juicios de nulidad respecto de una misma materia, pues estando vinculada la autoridad a proceder en determinado sentido, no podr� reiterar, en los mismos t�rminos, el acto impugnado ni estar� en posibilidades de seguir otro camino que le lleve a una nueva violaci�n a los derechos del gobernado. ... Ahora bien, de las ejecutorias dictadas en los respectivos juicios de amparo directo de las que emana la divergencia de criterios, destaca que el coincidente concepto de violaci�n que dio lugar a los diferentes pronunciamientos de los Tribunales Colegiados de Circuito, se hizo consistir en que el art�culo 16 constitucional no establece la posibilidad de subsanar un acto de molestia que no re�na los requisitos de fundamentaci�n y motivaci�n, como lo autoriza el �ltimo p�rrafo de la fracci�n III del art�culo 239 del C�digo F. de la Federaci�n, por lo que un acto en esas condiciones debe ser declarado nulo totalmente y no obligar a la autoridad a subsanar las deficiencias de su resoluci�n. La precisi�n que antecede revela la inconformidad con la declaraci�n de nulidad para efectos de la resoluci�n impugnada, que autoriza el �ltimo p�rrafo de la fracci�n III del art�culo 239 del C�digo F. de la Federaci�n, ante la actualizaci�n de una causal de anulaci�n en particular, como lo es la ausencia de fundamentaci�n y motivaci�n de la resoluci�n, prevista en la fracci�n II del art�culo 238 del citado c�digo tributario. ... Ahora bien, de ese art�culo 238 del C�digo F. de la Federaci�n se desprenden las siguientes notas: 1. El acto impugnado en el juicio de nulidad lo constituir� una resoluci�n administrativa definitiva (art�culo 23 de la Ley Org�nica del Tribunal F. de la Federaci�n abrogada y el art�culo 11 de la que se encuentra en vigor) y, por lo tanto, ser� precisamente dicha resoluci�n la que por virtud de la sentencia dictada ser� reconocida v�lida o declarada nula. Cabe destacar que tanto el C�digo F. de mil novecientos treinta y ocho, como el C�digo F. de mil novecientos sesenta y siete, alud�an a la nulidad de la resoluci�n y a la nulidad del procedimiento administrativo, en los t�rminos siguientes: ?Ser�n causas de anulaci�n de una resoluci�n o de un procedimiento administrativo: b) Omisi�n o incumplimiento de las formalidades que legalmente deba revestir la resoluci�n o el procedimiento impugnado?, aspectos que fueron �ntegramente retomados en la reforma al �ltimo p�rrafo de la fracci�n III del art�culo 239 del C�digo F. de la Federaci�n, que entr� en vigor el primero de enero de mil novecientos noventa y seis. 2. La interpretaci�n en sentido contrario del art�culo 238 arroja que cuando no se est� en presencia de ninguna de las causales de nulidad establecidas por el art�culo, la sentencia deber� reconocer la validez de la resoluci�n impugnada en t�rminos de la fracci�n I del art�culo 239. Ahora bien, en relaci�n con el an�lisis particular de las fracciones II y III del art�culo 238 del C�digo F. de la Federaci�n, que en la especie merecen mayor atenci�n por su vinculaci�n con el �ltimo p�rrafo de la fracci�n III del art�culo 239, se precisa citar que ya estaban establecidas en el art�culo 202 del C�digo F. de mil novecientos treinta y ocho, y en el art�culo 228 del C�digo F. de mil novecientos sesenta y siete, de la siguiente manera: ?Ser�n causales de anulaci�n de una resoluci�n o de un procedimiento administrativo: b) Omisi�n o incumplimiento de las formalidades que legalmente debe revestir la resoluci�n o el procedimiento impugnado.?. Como ha quedado se�alado con anterioridad, el acto impugnado en el juicio contencioso administrativo debe ser una resoluci�n administrativa definitiva (art�culo 23 de la Ley Org�nica del Tribunal F. de la Federaci�n abrogada y el art�culo 11 de la legislaci�n org�nica que se encuentra en vigor). Dicha resoluci�n puede ser impugnada legalmente por considerar que reviste vicios de ilegalidad en s� misma considerada, o bien, que es el procedimiento del que en su caso deriv�, el que est� afectado de nulidad. Las dos causales en estudio establecen vicios formales, pero mientras que la fracci�n II se refiere a la omisi�n de formalidades en la resoluci�n administrativa impugnada, inclusive la ausencia de fundamentaci�n o motivaci�n en su caso, la fracci�n III contempla los vicios en el procedimiento del cual deriv� dicha resoluci�n, vicios que bien pueden implicar tambi�n la omisi�n de formalidades establecidas en las leyes, pero que se actualizaron en el procedimiento, es decir, en los antecedentes o presupuestos de la resoluci�n impugnada. La configuraci�n de cualquiera de estas dos causales puede implicar la nulidad de la resoluci�n administrativa combatida, seg�n sea la naturaleza y contenido de la resoluci�n impugnada en el juicio contencioso administrativo, y es aqu� en donde se aprecia con mayor claridad la actuaci�n del Tribunal F. de la Federaci�n como un tribunal contencioso de anulaci�n. Ya se dijo en p�rrafos precedentes, que la interpretaci�n aislada del mencionado �ltimo p�rrafo de la fracci�n III del art�culo 239 del C�digo F. de la Federaci�n vigente hasta el 31 de diciembre de 1995, puede llevar a conclusiones err�neas. Su sentido debe desentra�arse relacion�ndolo arm�nicamente con el primer p�rrafo de dicha fracci�n, que dice: ?Art�culo 239. La sentencia definitiva podr�: ... III. Declarar la nulidad de la resoluci�n impugnada para determinados efectos, debiendo precisar con claridad la forma y t�rminos en que la autoridad debe cumplirla, salvo que se trate de facultades discrecionales.?. Este primer p�rrafo es muy importante en el tema que se analiza porque hace una distinci�n que es fundamental: en primer lugar establece la regla de que la sentencia puede declarar la nulidad de la resoluci�n para determinados efectos, teniendo obligaci�n la S., en tal supuesto, de precisar claramente la forma y t�rminos en que la autoridad debe cumplirla; y en segundo lugar, establece una excepci�n o salvedad, a saber, que los efectos consistentes en obligar a la autoridad administrativa a que cumpla con los efectos se�alados, no se dan cuando se trata de facultades discrecionales. La distinci�n observada se ha conservado en los mismos t�rminos en ese p�rrafo primero de la fracci�n I del art�culo 239, desde mil novecientos ochenta y uno, y viene a permear el �ltimo p�rrafo, que en el tiempo en que se dictaron las sentencias contradictorias, dec�a: ?El Tribunal F. de la Federaci�n declarar� la nulidad para el efecto de que se emita una nueva resoluci�n cuando se est� en alguno de los supuestos previstos en las fracciones II y III y, en su caso, V del art�culo 238 de este c�digo.?. Basta la comparaci�n o confrontaci�n de ambos p�rrafos -el primero y el �ltimo-, para comprender que la distinci�n referida a las facultades discrecionales est� presente en el p�rrafo final, puesto que est� regido por aqu�l. Tanto es as�, que en la reforma posterior que entr� en vigor el primero de enero de mil novecientos noventa y seis, se introdujo ya, en forma expresa, lo que hasta entonces exist�a impl�citamente. En efecto, la disposici�n de m�rito, dice ahora: ?Siempre que se est� en alguno de los supuestos previstos en las fracciones II y III, del art�culo 238 de este c�digo, el Tribunal F. de la Federaci�n declarar� la nulidad para el efecto de que se reponga el procedimiento o se emita nueva resoluci�n; en los dem�s casos, tambi�n podr� indicar los t�rminos conforme a los cuales debe dictar su resoluci�n la autoridad administrativa, salvo que se trate de facultades discrecionales.?. Ahora bien, trasladando la distinci�n consignada en los dos p�rrafos mencionados a las hip�tesis en que la resoluci�n administrativa carece de fundamentaci�n y motivaci�n (art�culo 238, fracci�n II) y teniendo en consideraci�n, asimismo, la variada competencia que el art�culo 23 de la entonces vigente ley org�nica otorgaba a las S.s del Tribunal F. de la Federaci�n, reiterada en la actual ley, debe indicarse que para poder determinar cu�ndo debe obligar la sentencia de nulidad a la autoridad administrativa a dictar una nueva resoluci�n, y cu�ndo no debe tener tales efectos, es necesario acudir a la g�nesis de la resoluci�n impugnada, para saber si se origin� con motivo de un tr�mite o procedimiento de pronunciamiento forzoso, o con motivo del ejercicio de una facultad discrecional. Cuando la resoluci�n administrativa impugnada se dict� como culminaci�n de un procedimiento donde el orden jur�dico exige de la autoridad demandada un pronunciamiento, la reparaci�n de la violaci�n dictada no se colma con la simple declaraci�n de nulidad de dicha resoluci�n, sino que es preciso que se obligue a la autoridad a dictar otra, para no dejar incierta la situaci�n jur�dica del administrado, como sucede cuando la materia del asunto versa sobre la petici�n de reconocimiento de un derecho subjetivo tutelado, como cuando se impugne la negativa de devoluci�n de lo pagado indebidamente, la negativa a reconocer el derecho a una pensi�n de retiro, las resoluciones sobre cumplimiento de obligaciones derivadas de contratos de obra p�blica y, entre otros muchos casos, cuando la resoluci�n impugnada fue pronunciada como culminaci�n de un recurso administrativo; en todos estos supuestos ejemplificativos, resulta l�gico considerar que la reparaci�n de la violaci�n cometida no se satisface dejando insubsistente la resoluci�n carente de fundamentaci�n y motivaci�n, sino que es necesario que se conmine a la autoridad administrativa a dictar la resoluci�n correspondiente, en el sentido que sea, pero fundada y motivadamente. Consideraci�n y conclusi�n diversa amerita el supuesto en que la resoluci�n administrativa impugnada, que carece de fundamentaci�n y motivaci�n, nace del ejercicio de una facultad discrecional de la autoridad, como en aquellas hip�tesis que con tal caracter�stica le autoriza el art�culo 42 del C�digo F. de la Federaci�n, para comprobar que los contribuyentes han cumplido con las disposiciones fiscales. Aqu� opera la excepci�n o salvedad se�alada, pues conforme a la interpretaci�n de los p�rrafos primero y �ltimo de la multicitada fracci�n III, la S.F., si declara la nulidad de la resoluci�n no puede, v�lidamente, obligar a la autoridad administrativa a que dicte nueva resoluci�n, pero tampoco puede imped�rselo. Las dos conclusiones alcanzadas responden a la l�gica que rige la naturaleza jur�dica del nacimiento y tr�mite de cada tipo de resoluciones, seg�n la distinci�n que tuvo en cuenta la disposici�n en estudio, de tal modo que en ninguna de las dos hip�tesis se viola el art�culo 16 constitucional. En efecto, es verdad que este precepto de la Carta Magna no establece la posibilidad de que ante la anulaci�n de una resoluci�n administrativa por falta de fundamentaci�n y motivaci�n, se obligue a la autoridad que la emiti�, a que reitere el acto de molestia, pero tambi�n es verdad que cuando dicha autoridad, en virtud de las leyes que rigen su competencia, o con motivo de una instancia o recurso del demandante, debe pronunciarse al respecto, la sentencia anulatoria de su acto infundado e inmotivado que la obligue a dictar otra resoluci�n y hasta a indicarle los t�rminos en que debe hacerlo, como establece la regla general de la disposici�n examinada, adem�s de que tiene por objeto acatar el derecho de petici�n que garantiza el art�culo 8o. constitucional, viene a colmar la pretensi�n del particular, pues le asegura una resoluci�n depurada conforme a derecho. Trat�ndose de facultades discrecionales, el desarrollo l�gico conduce a soluci�n distinta, como ya se apunt�. Si se toma en consideraci�n que existe discrecionalidad cuando la ley otorga a la autoridad un amplio campo de apreciaci�n para decidir si debe obrar o debe abstenerse, para resolver cu�ndo y c�mo debe obrar, o aun para determinar libremente el contenido de su posible actuaci�n, ha de entenderse que la base toral de este tipo de atribuciones es la libertad de apreciaci�n que la ley otorga a las autoridades para actuar o abstenerse, con el prop�sito de lograr la finalidad que la propia ley le se�ala. Su ejercicio implica, necesariamente, la posibilidad de optar, de elegir, entre dos o m�s decisiones, sin que ello signifique arbitrariedad, ya que la autoridad sigue sujeta a los requisitos de fundamentaci�n y motivaci�n exigidos por el art�culo 16 constitucional, lo cual permite que los actos discrecionales sean controlados por la autoridad jurisdiccional, como cabe inferir del criterio plasmado en la jurisprudencia de la Segunda S. de la anterior integraci�n de esta Suprema Corte de Justicia, visible en el Ap�ndice al Semanario Judicial de la Federaci�n 1917-1995, Tomo III, p�gina 70, que, aunque referida al juicio de amparo, es aplicable, por analog�a, a los juicios de nulidad, siendo del tenor siguiente: ?FACULTADES DISCRECIONALES. APRECIACI�N DEL USO INDEBIDO DE ELLAS EN EL JUICIO DE AMPARO. EI uso del arbitrio o de la facultad discrecional que se concede a la autoridad administrativa puede censurarse en el juicio de amparo cuando se ejercita en forma arbitraria o caprichosa, cuando la decisi�n no invoca las circunstancias que concretamente se refieren al caso discutido, cuando �stas resultan inexactas o son inexactos los hechos en que se pretende apoyar la resoluci�n, o cuando el razonamiento en que la misma se apoya es contrario a las reglas de la l�gica.?. Consecuentemente, acorde con la salvedad de la disposici�n en an�lisis, la sentencia anulatoria de una resoluci�n administrativa discrecional carente de fundamentaci�n y motivaci�n, no debe obligar a la autoridad administrativa a dictar otra resoluci�n, porque tanto equivaldr�a a que el Tribunal F. sustituyera a la demandada en la libre apreciaci�n de las circunstancias y oportunidad para actuar que le otorgan las leyes, independientemente de que tambi�n perjudicar�a al administrado actor en vez de beneficiarlo, pues al darle ese efecto a la nulidad, estar�a obligando a la autoridad administrativa a actuar, cuando �sta, por no encontrar elementos para fundar y motivar una nueva resoluci�n, pudiera abstenerse. Pero de la misma manera y, fundamentalmente, por la misma causa, la sentencia que declara nula una resoluci�n infundada e inmotivada emitida en ejercicio de facultades discrecionales, no puede, v�lidamente, impedir que la autoridad administrativa pronuncie una nueva resoluci�n, pues con tal efecto le estar�a coartando su poder de elecci�n. Adem�s, resulta l�gico entender que la sentencia anule en forma absoluta la resoluci�n, de modo tal que la autoridad quede impedida para dictar otra resoluci�n, cuando la S. se apoya en vicios de fondo, pero no cuando el acto discrecional s�lo es censurado por falta de fundamentaci�n y motivaci�n, que es vicio de forma. Con ello no se viola el art�culo 16 constitucional en perjuicio del particular administrado, sino que la norma examinada resuelve el problema en su justa dimensi�n, en virtud de que el control que en la v�a jurisdiccional ejerce el Tribunal F. de la Federaci�n, en esta hip�tesis,protege plenamente al particular del acto concreto, sin llegar a suprimir el poder discrecional de la autoridad administrativa. Atento a todo lo manifestado, este Tribunal Pleno considera que deben de prevalecer los criterios que a continuaci�n se precisan, que coinciden en lo esencial con el sustentado por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, criterios que de acuerdo con lo dispuesto por el art�culo 195 de la Ley de Amparo, deben regir con car�cter de jurisprudencia, quedando redactados con los siguientes rubros y textos: SENTENCIAS DE NULIDAD FISCAL PARA EFECTOS. LA FACULTAD QUE EL ART�CULO 239, F.I.I, DEL C�DIGO FISCAL DE LA FEDERACI�N, OTORGA AL TRIBUNAL FISCAL PARA DICTARLAS, PRESERVA LA GARANT�A DE SEGURIDAD JUR�DICA PREVISTA EN EL ART�CULO 16 CONSTITUCIONAL. Lo dispuesto en la fracci�n III, del art�culo 239 del C�digo F. de la Federaci�n, en cuanto a que el Tribunal F. de la Federaci�n puede emitir una sentencia de nulidad para efectos, es decir, indic�ndole a la autoridad administrativa los lineamientos que debe seguir, resulta, en t�rminos generales, congruente con la especial y heterog�nea jurisdicci�n de que est� dotado legalmente ese tribunal, que se matiza, en relaci�n con ciertos actos, como de mera anulaci�n y, en cuanto a otros, de plena jurisdicci�n, por lo cual debe contar con facultades no s�lo para anular las resoluciones definitivas impugnadas, cuando esto sea procedente, sino tambi�n para determinar, en ciertos casos, la forma de reparaci�n de la violaci�n cometida por la autoridad administrativa. Adem�s, se identifica que esa disposici�n legal tiene como prop�sito fundamental preservar la seguridad jur�dica que garantiza el art�culo 16 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, brindando certeza a los fallos dictados en ese procedimiento contencioso al informar a la autoridad, cuando tenga que emitir un acto en sustituci�n del impugnado, el sentido en que debe respetar los derechos del demandante, lo que tambi�n evita la promoci�n interminable de juicios de nulidad respecto de una misma materia pues, estando vinculada la autoridad a proceder en determinada forma, no podr� seguir otro camino que le lleve a una nueva violaci�n a los derechos del gobernado. SENTENCIAS DE NULIDAD FISCAL PARA EFECTOS. EL ART�CULO 239, F.I.I, �LTIMO P�RRAFO, DEL C�DIGO FISCAL DE LA FEDERACI�N, QUE ESTABLECE ESE SENTIDO ANTE LA ACTUALIZACI�N DE LA AUSENCIA DE FUNDAMENTACI�N Y MOTIVACI�N DE LA RESOLUCI�N IMPUGNADA, NO VIOLA LA GARANT�A DE LEGALIDAD CONSAGRADA EN EL ART�CULO 16 CONSTITUCIONAL. EI sentido de lo dispuesto en el �ltimo p�rrafo de la fracci�n III, del art�culo 239 del C�digo F. de la Federaci�n, en cuanto a que el Tribunal F. de la Federaci�n debe emitir una sentencia de nulidad para efectos cuando se actualice la causal prevista en la fracci�n II, del art�culo 238 del mismo ordenamiento legal, referente a la ausencia de fundamentaci�n y motivaci�n de la resoluci�n impugnada, se desentra�a relacion�ndolo arm�nicamente con el p�rrafo primero de esa misma fracci�n, dado que as� se distingue la regla de que la sentencia puede declarar la nulidad de la resoluci�n para determinados efectos y una excepci�n, cuando la resoluci�n involucra las facultades discrecionales de la autoridad administrativa. Reconocida esa distinci�n en la hip�tesis en que la resoluci�n carece de fundamentaci�n y motivaci�n (art�culo 238, fracci�n II), y la variada competencia que la Ley Org�nica del Tribunal F. de la Federaci�n otorga al mismo tribunal, descuella, que para poder determinar cu�ndo la sentencia de nulidad debe obligar a la autoridad administrativa a dictar una nueva resoluci�n, y cu�ndo no debe tener tales efectos, es necesario acudir a la g�nesis de la resoluci�n impugnada, a efecto de saber si se origin� con motivo de un tr�mite o procedimiento de pronunciamiento forzoso, o con motivo del ejercicio de una facultad discrecional. Cuando la resoluci�n se dict� como culminaci�n de un procedimiento o en relaci�n con una petici�n, donde el orden jur�dico exige de la autoridad un pronunciamiento, la reparaci�n de la violaci�n detectada no se colma con la simple declaraci�n de nulidad, sino que es preciso que se obligue a la autoridad a dictar otra, para no dejar incierta la situaci�n jur�dica del administrado, en el sentido que sea, pero fundada y motivada. Consideraci�n y conclusi�n diversa amerita el supuesto en que la resoluci�n nace del ejercicio de una facultad discrecional de la autoridad, en la que opera la excepci�n se�alada, dado que el tribunal, al declarar la nulidad de la resoluci�n, no puede obligar a la autoridad administrativa a que dicte nueva resoluci�n, porque equivaldr�a a que se sustituyera a la autoridad administrativa en la libre apreciaci�n de las circunstancias y oportunidad para actuar que le otorgan las leyes, independientemente de que tambi�n perjudicar�a al administrado actor en vez de beneficiarlo, ya que al darle ese efecto a la nulidad, se estar�a obligando a la autoridad a actuar, cuando �sta, podr�a no encontrar elementos para fundar y motivar una nueva resoluci�n, debiendo abstenerse de emitirla. Por la misma causa, la sentencia que declara nula una resoluci�n infundada e inmotivada, emitida en ejercicio de facultades discrecionales, no puede impedir que la autoridad administrativa pronuncie una nueva resoluci�n, en virtud de que con tal efecto le estar�a coartando su poder de decisi�n, sin haber examinado el fondo de la controversia. Las conclusiones alcanzadas responden a la l�gica que rige la naturaleza jur�dica del nacimiento y tr�mite de cada tipo de resoluciones, seg�n la distinci�n que tuvo en cuenta la disposici�n en estudio, de tal modo que en ninguna de las dos hip�tesis viola la garant�a de legalidad consagrada en el art�culo 16 constitucional, ya que si bien este dispositivo fundamental no establece la posibilidad de que ante la anulaci�n de una resoluci�n administrativa por falta de fundamentaci�n y motivaci�n, se obligue a la autoridad que la emiti�, a que reitere el acto de molestia, es inconcuso que cuando dicha autoridad, en virtud de las leyes que rigen su competencia, o con motivo de una instancia o recurso del demandante, debe pronunciarse al respecto, la sentencia anulatoria de su acto infundado e inmotivado que la obligue a dictar otra resoluci�n y hasta a indicarle los t�rminos en que debe hacerlo, como establece la regla general de la disposici�n examinada, adem�s de que tiene por objeto acatar el derecho de petici�n que garantiza el art�culo 8o. constitucional, viene a colmar la pretensi�n del particular, pues le asegura una resoluci�n depurada conforme a derecho.

De la anterior resoluci�n del Pleno de esta Suprema Corte de Justicia deriva lo siguiente:

1) El modelo de jurisdicci�n contencioso administrativo de mera anulaci�n tiene como finalidad restablecer el orden jur�dico violado, es decir, controlar la legalidad del acto y tutelar el derecho objetivo, limit�ndose la sentencia a anular el acto impugnado ante el tribunal.

2) El modelo de jurisdicci�n contencioso administrativo de plena jurisdicci�n tiene como finalidad tutelar el derecho subjetivo del accionante, por lo que se obliga al tribunal a conocer y decidir en toda su extensi�n la reparaci�n del derecho subjetivo del actor lesionado por el acto impugnado, por lo que su alcance no s�lo es el de anular el acto, sino tambi�n el fijar los derechos del recurrente y condenar a la administraci�n a restablecer y hacer efectivos tales derechos.

3) Nuestro modelo de jurisdicci�n contencioso administrativo es mixto, pues en virtud de la diversidad de materias de las que conoce el Tribunal Federal de Justicia F. y Administrativa depender� de cada caso en particular el establecer si su actuaci�n debe ajustarse al modelo contencioso de anulaci�n (en donde su actuaci�n consiste �nicamente en determinar la legalidad del acto administrativo) o al contencioso de plena jurisdicci�n (en donde se precisa la existencia y medida de un derecho subjetivo del particular).

4) El art�culo 239, fracci�n III, del C�digo F. de la Federaci�n establece la regla de que la sentencia puede declarar la nulidad para determinados efectos, teniendo obligaci�n el Tribunal F., en tal supuesto, de precisar claramente la forma y t�rminos en que la autoridad debe cumplirla. Por tanto, trat�ndose de los supuestos establecidos en las fracciones II (ausencia de formalidades) o III (vicios de procedimiento) del art�culo 238, el Tribunal F. debe ordenar a la autoridad administrativa que, en uso de sus atribuciones y en virtud de que �nicamente fueron objeto de estudio violaciones de car�cter formal, emita una nueva resoluci�n, cumpliendo con las formalidades de que ha de estar revestido el acto, o bien que reponga el procedimiento para que la nueva resoluci�n se dicte despu�s de reunirse todos los requisitos que deben existir previamente al pronunciamiento de la decisi�n, debiendo, desde luego advertirse que no toda omisi�n de formalidades o vicios del procedimiento tendr� como consecuencia la nulidad de la resoluci�n, sino que, en t�rminos del art�culo 237, p�rrafo segundo, del C�digo F. de la Federaci�n, es necesario que tales omisiones o vicios afecten las defensas del particular y trasciendan al sentido de la resoluci�n impugnada, es decir, que le ocasionen un perjuicio. Ahora bien, el art�culo 239, fracci�n III, establece una excepci�n o salvedad a la regla que establece, a saber, cuando se trate de facultades discrecionales de la autoridad administrativa.

5) En consecuencia, para poder determinar cu�ndo debe obligar la sentencia de nulidad a la autoridad administrativa a dictar una nueva resoluci�n y cu�ndo no debe tener tales efectos, debe acudirse a la g�nesis de la resoluci�n impugnada para saber si se origin� con motivo de un tr�mite o procedimiento de pronunciamiento forzoso o con motivo del ejercicio de una facultad discrecional. En el primer caso, es decir, cuando la resoluci�n administrativa se dict� como culminaci�n de un procedimiento donde el orden jur�dico exige de la autoridad demandada un pronunciamiento, la reparaci�n de la violaci�n dictada no se colma con la simple declaraci�n de nulidad de dicha resoluci�n, sino que es preciso que se obligue a la autoridad a dictar otra para no dejar incierta la situaci�n jur�dica del administrado (como ejemplos se citan los casos en que la materia del asunto versa sobre la petici�n de reconocimiento de un derecho subjetivo tutelado, como cuando se impugne la negativa de devoluci�n de lo pagado indebidamente, la negativa a reconocer el derecho a una pensi�n de retiro, las resoluciones sobre cumplimiento de obligaciones derivadas de contratos de obra p�blica y cuando la resoluci�n impugnada fue pronunciada como culminaci�n de un recurso administrativo). En el segundo caso, es decir cuando la resoluci�n administrativa impugnada nace del ejercicio de una facultad discrecional de la autoridad, cit�ndose como ejemplo los casos en que el art�culo 42 del C�digo F. de la Federaci�n autoriza a la autoridad para comprobar el cumplimiento a las disposiciones fiscales, si el Tribunal Federal de Justicia F. y Administrativa declara la nulidad de la resoluci�n no puede, v�lidamente, obligar a la autoridad administrativa a que dicte nueva resoluci�n ante la discrecionalidad que la ley le otorga para decidir si debe obrar o debe abstenerse y para determinar cu�ndo y c�mo debe obrar, sin que el tribunal pueda sustituir a la demandada en la apreciaci�n de las circunstancias y de la oportunidad para actuar que le otorgan las leyes, adem�s de que ello perjudicar�a al administrado en vez de beneficiarlo al obligar a la autoridad a actuar cuando �sta pudiera abstenerse de hacerlo; pero tampoco puede, v�lidamente, el tribunal impedir que la autoridad administrativa pronuncie nueva resoluci�n, porque con tal efecto le estar�a coartando su poder de elecci�n.

Las anteriores conclusiones que se desprenden de la resoluci�n dictada por el Pleno de esta Suprema Corte de Justicia al resolver la contradicci�n de tesis 2/97, cuyas consideraciones relativas han quedado transcritas con anterioridad, permiten arribar a la determinaci�n de que trat�ndose de multas fiscales derivadas del ejercicio de facultades de comprobaci�n de las autoridades administrativas, que se han declarado ilegales por la S. F. al no reunir los requisitos formales de debida fundamentaci�n y motivaci�n a que se refiere el art�culo 38, fracci�n III, del C�digo F. de la Federaci�n, de conformidad con la fracci�n II del art�culo 238 del C�digo F. de la Federaci�n, la nulidad que debe decretarse al efecto debe atender a la g�nesis de la resoluci�n impugnada a fin de determinar si se est� en presencia de facultades discrecionales y, en su caso, aplicar la hip�tesis de nulidad prevista en la fracci�n III, p�rrafo final, del art�culo 239 del mismo ordenamiento.

Lo anterior es as�, en virtud de que como el Pleno de esta Suprema Corte lo explic� en la citada contradicci�n de tesis, el acto administrativo que no cumple con las exigencias legales de la debida fundamentaci�n y motivaci�n, es la culminaci�n de facultades discrecionales realizadas por las autoridades administrativas, cuando, por ejemplo, ha mediado el ejercicio de facultades de comprobaci�n, como ocurre en el caso, de tal modo que en esta clase de asuntos el Tribunal Federal de Justicia F. y Administrativa no puede obligar a las autoridades a que dicten nueva resoluci�n ante la discrecionalidad que la ley les otorga para decidir si deben obrar o deben abstenerse y para determinar cu�ndo y c�mo deben obrar, pues no es dado a dicho tribunal sustituir a las demandadas en la apreciaci�n de las circunstancias y de la oportunidad para actuar que le otorgan las leyes, adem�s de que ello perjudicar�a al administrado en vez de beneficiarlo, al obligar a la autoridad a actuar cuando �sta pudiera abstenerse de hacerlo; pero tampoco puede, v�lidamente, impedirse que la autoridad administrativa pronuncie nueva resoluci�n, porque con tal efecto le estar�a coartando su poder de elecci�n.

Adem�s, como tambi�n qued� decidido en la invocada contradicci�n de tesis, resulta l�gico entender que la sentencia anule en forma absoluta la resoluci�n, de modo tal que la autoridad quede impedida para dictar otra resoluci�n, cuando la S. se apoya en vicios de fondo, pero no cuando el acto discrecional s�lo es censurado por falta de fundamentaci�n y motivaci�n, que es vicio de forma en que incurri� la autoridad sancionadora. En este supuesto, es evidente que no se viola el art�culo 16 constitucional en perjuicio del particular administrado cuando se declara nulo el acto impugnado en t�rminos del p�rrafo �ltimo de la fracci�n III del art�culo 239 del c�digo tributario federal, ya que la norma examinada resuelve el problema en su justa dimensi�n, en virtud de que el control que en la v�a jurisdiccional ejerce el Tribunal Federal de Justicia F. y Administrativa, en esta hip�tesis, protege plenamente al particular del acto concreto, sin que, por otra parte, se suprima o inhiba el poder discrecional de la autoridad administrativa.

En este orden de ideas, es claro que aun cuando la multa impuesta por las autoridades administrativas haya derivado de una facultad reglada contenida en la disposici�n impositiva, por haber advertido la infracci�n de disposiciones tributarias con motivo del ejercicio de facultades discrecionales, ello no implica que cuando se est� en presencia de vicios de forma del acto administrativo deba declararse su nulidad para efectos, pues proceder de esta forma significar�a desvincular las facultades de comprobaci�n con la infracci�n de las disposiciones fiscales, e implicar�a una sustituci�n de la S. F. a la autoridad demandada en la apreciaci�n de las circunstancias y de la oportunidad para actuar que le otorgan las leyes, lo que, a su vez, perjudicar�a al administrado en vez de beneficiarlo, al obligar a la autoridad a actuar cuando �sta bien pudiera abstenerse de hacerlo, sobre todo si se tiene en cuenta que merced al vicio formal detectado, cuando se dicta la sentencia de nulidad en t�rminos de la fracci�n II del art�culo 238 del C�digo F. de la Federaci�n, no queda dirimido el problema de fondo de la multa impuesta, pues en ese momento no se determina a�n si se realiz� o no la conducta infractora del contribuyente, desconoci�ndose, tambi�n, si va a existir una nueva resoluci�n en perjuicio del revisado o visitado.

As� las cosas, habiendo quedado en claro que las multas fiscales impuestas que se impugnaron en el juicio de nulidad no se originaron con motivo de un tr�mite o procedimiento administrativo de pronunciamiento forzoso, sino que tuvieron su causa en el ejercicio de facultades discrecionales o de comprobaci�n, no se puede constre�ir a las autoridades administrativas a que dicten una nueva resoluci�n, raz�n por la que la nulidad que debe decretarse en este supuesto es la excepcional contenida en el art�culo 239, fracci�n III, y �ltimo p�rrafo, del C�digo F. de la Federaci�n.

En atenci�n a todo lo anteriormente expuesto esta Segunda S. determina que el criterio que debe regir con car�cter jurisprudencial, en t�rminos del art�culo 195 de la Ley de Amparo, quede redactado bajo el siguiente rubro y texto:

MULTAS FISCALES QUE NO CUMPLEN CON LA FUNDAMENTACI�N Y MOTIVACI�N. DEBE ATENDERSE A LA G�NESIS DE LA RESOLUCI�N IMPUGNADA Y DECRETAR LA NULIDAD PREVISTA EN EL ART�CULO 239, F.I., Y �LTIMO P�RRAFO, DEL C�DIGO FISCAL DE LA FEDERACI�N, POR DERIVAR AQU�LLAS DEL EJERCICIO DE FACULTADES DISCRECIONALES. Trat�ndose de multas fiscales impuestas por las autoridades administrativas al descubrir la infracci�n de disposiciones fiscales con motivo del ejercicio de facultades de comprobaci�n, declaradas ilegales por la S. F. por no reunir los requisitos formales a que se refiere el art�culo 38, fracci�n III, del C�digo F. de la Federaci�n, de conformidad con la fracci�n II del art�culo 238 del propio ordenamiento, la nulidad que debe decretarse al efecto debe atender a la g�nesis de la resoluci�n impugnada y, en su caso, declarar la prevista en la fracci�n III, y p�rrafo final, del art�culo 239 del mismo ordenamiento, toda vez que el acto administrativo sancionador que incumple con las exigencias formales aludidas es la culminaci�n de facultades discrecionales ejercidas por las autoridades fiscales, de manera que en esta clase de asuntos el Tribunal Federal de Justicia F. y Administrativa no puede obligar a las autoridades a que dicten una nueva resoluci�n ante la discrecionalidad que la ley les otorga para decidir si deben obrar o abstenerse, pues adem�s de que no es dable a dicho Tribunal sustituir a las demandadas en la apreciaci�n de las circunstancias y en la oportunidad para actuar que les otorgan las leyes, ello podr�a perjudicar al administrado en vez de beneficiarlo; pero tampoco puede v�lidamente impedirse que la autoridad administrativa pronuncie nueva resoluci�n, porque con tal efecto le estar�a coartando su poder de elecci�n. De ah� que cuando el acto discrecional s�lo es censurado por falta de fundamentaci�n y motivaci�n no se viola, en perjuicio del particular, el art�culo 16 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos cuando se declara nulo el acto impugnado en t�rminos del art�culo 239, fracci�n III, y �ltimo p�rrafo, del C�digo Tributario Federal, ya que la norma resuelve el problema en su justa dimensi�n, en virtud de que el control que en la v�a jurisdiccional ejerce el Tribunal indicado protege plenamente al particular del acto concreto, sobre todo si se tiene en cuenta que merced al vicio formal detectado, cuando se dicta la sentencia de nulidad en t�rminos de la fracci�n II del mencionado art�culo 238, no queda dirimido el problema de fondo de la multa impuesta, pues a�nno se ha determinado si se realiz� o no la conducta infractora del contribuyente, ni se conoce si va a existir una nueva resoluci�n en perjuicio del revisado o visitado.

Por lo expuesto y fundado, se

resuelve:

PRIMERO

S� existe contradicci�n entre las tesis sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero y Segundo, ambos en Materias Administrativa y Civil del D�cimo Noveno Circuito y el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito.

SEGUNDO

Debe prevalecer, con car�cter jurisprudencial, el criterio sustentado por esta Segunda S., bajo la tesis jurisprudencial redactada en el �ltimo considerando de esta resoluci�n.

TERCERO

Rem�tase la presente ejecutoria a la Direcci�n General de la Coordinaci�n de Compilaci�n y S.�n de Tesis de este Alto Tribunal, para los efectos que refieren los art�culos 195 y 197-B de la Ley de Amparo.

N.�quese; rem�tanse testimonios de esta resoluci�n a los Tribunales Colegiados de Circuito que dieron lugar a la presente contradicci�n de tesis y, en su oportunidad, arch�vese el expediente como asunto concluido.

As� lo resolvi� la Segunda S. de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, por unanimidad de cuatro votos de los se�ores Ministros: M.B.L.R., S.S.A.A., G.I.O.M. y presidente en funciones G.D.G.�ngora P.. Estuvo ausente el Ministro Juan D�az R., por atender comisi�n oficial. Fue ponente el M.G.D.G.�ngora P..