Ejecutoria num. 1a./J. 159/2005 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala - Jurisprudencia - VLEX 26823427

Ejecutoria num. 1a./J. 159/2005 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala

Emisor:Primera Sala
Número de Resolución:1a./J. 159/2005
Materia:Suprema Corte de Justicia de México
Fecha de Publicación: 1 de Enero de 2006
RESUMEN

CONTRADICCIÓN DE TESIS 101/2005-PS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y SEGUNDO DEL NOVENO CIRCUITO.COSTAS. SE EXCEPTÚA DE SU CONDENA CUANDO SE ACTUALIZA EN EL JUICIO CIVIL EL VENCIMIENTO MUTUO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ).

 
ÍNDICE
CONTENIDO

CONTRADICCI�N DE TESIS 101/2005-PS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y SEGUNDO DEL NOVENO CIRCUITO.

CONSIDERANDO:

TERCERO

Por otra parte, para que exista materia a dilucidar respecto de cu�l criterio es el que debe prevalecer debe existir cuando menos formalmente una oposici�n de criterios jur�dicos en los que se analice la misma cuesti�n; es decir, para que se surta su procedencia la contradicci�n denunciada debe referirse a las situaciones jur�dicas, consideraciones, razonamientos o interpretaciones jur�dicas vertidas dentro de la parte considerativa de las sentencias respectivas.

En otras palabras, existe contradicci�n de criterios cuando concurren los siguientes supuestos:

  1. Que al resolver los asuntos se examinen cuestiones jur�dicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jur�dicos discrepantes.

  2. Que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jur�dicas de las sentencias respectivas.

  3. Que los diferentes criterios provengan del examen de los mismos elementos.

Al respecto es aplicable la siguiente jurisprudencia:

"Novena �poca

"Instancia: Pleno

"Fuente: Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta

"Tomo: XIII, abril de 2001

"Tesis: P./J. 26/2001

"P�gina: 76

"CONTRADICCI�N DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA. De conformidad con lo que establecen los art�culos 107, fracci�n XIII, primer p�rrafo, de la Constituci�n Federal y 197-A de la Ley de Amparo, cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n o la S. que corresponda deben decidir cu�l tesis ha de prevalecer. Ahora bien, se entiende que existen tesis contradictorias cuando concurren los siguientes supuestos: a) que al resolver los negocios jur�dicos se examinen cuestiones jur�dicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jur�dicos discrepantes; b) que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jur�dicas de las sentencias respectivas; y, c) que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos."

CUARTO

Ahora bien, los antecedentes y consideraciones que sustentan la sentencia dictada por el Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, por unanimidad de votos, el d�a diecinueve de abril de mil novecientos noventa, en el amparo directo civil 193/90, que se advierten en la copia certificada glosada en autos, documental p�blica con valor probatorio pleno conforme al art�culo 202 del C�digo Federal de Procedimientos Civiles, de aplicaci�n supletoria a la Ley de Amparo, son los siguientes:

  1. Ante el J. Tercero del Ramo Civil en la ciudad de San Luis Potos�, San Luis Potos�, el licenciado en derecho J.�n P.R. demand� en la v�a extraordinaria civil a A. D�az G�mez por el pago de las siguientes prestaciones:

    1. El pago de la cantidad de veintis�is millones quinientos treinta y cinco mil pesos por concepto de honorarios profesionales como abogado, derivado del planteamiento, tramitaci�n, direcci�n, impulso promocional y vigilancia en general del juicio ejecutivo mercantil n�mero 157/88 que por mandato del demandado promovi� ante el Juzgado Sexto del Ramo Civil en contra de J. de la Fuente Mora;

    2. El pago de la cantidad de veintis�is millones quinientos treinta y cinco mil pesos, tambi�n por honorarios profesionales por concepto de "contestaci�n de agravios en la apelaci�n" respecto al mismo juicio ejecutivo mercantil mencionado, recurso que se tramit� bajo el n�mero de toca 572/88 ante la Tercera S. del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado de San Luis Potos�;

    3. El pago de la cantidad de veintis�is millones quinientos treinta y cinco mil pesos igualmente por concepto de honorarios profesionales, que es el equivalente al diez por ciento del valor de la suerte principal, que le corresponde por intervenci�n en el juicio de amparo directo tramitado ante el Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, bajo el n�mero 513/88 amparo directo civil;

    4. El pago que resultara por concepto de intereses al tipo legal con base en las cantidades se�aladas, computadas a partir del catorce de abril de mil novecientos ochenta y nueve, fecha en la que A. D�az G�mez determin� revocarle el endoso en procuraci�n con el que ven�a actuando dentro del juicio ejecutivo mercantil;

    5. La cantidad que resultara por concepto de da�os y perjuicios;

    6. Las costas y gastos que causara la tramitaci�n del juicio.

  2. El demandado produjo contestaci�n negando el derecho de la parte actora a reclamar el pago de todas las cantidades a que se refiere en su libelo inicial, porque nunca convino con �l en pagarle los porcentajes a que se refer�a, y en todo caso el adeudo de honorarios se reduc�a a la cantidad que resultara conforme al arancel de abogados. Agregando que hab�a convenido con el profesionista que no se prosiguiera todo el juicio por lo que en forma indebida hizo todos los tr�mites a que se refiere de los cuales no lo enter� a �l y que al finiquitar la prestaci�n de servicios profesionales el abogado demandante qued� satisfecho con las cantidades que previamente le hab�a pagado.

  3. Seguido el procedimiento, el J. de primera instancia dict� su sentencia bajo los siguientes puntos resolutivos:

    "PRIMERO. Procedi� la v�a extraordinaria civil. SEGUNDO. El actor licenciado J.�n P.R., prob� su acci�n de pago de pesos y el demandado Sr. A. D�az G�mez, no prob� sus excepciones. TERCERO. En consecuencia de lo anterior se condena al se�or A. D�az G�mez a pagar al actor las siguientes cantidades $26'535,000.00 (veintis�is millones quinientos treinta y cinco mil pesos 00/100 M.N.), por concepto de honorarios profesionales correspondientes al diez por ciento del valor de la suerte principal de $265,350.00 (doscientos sesenta y cinco mil trescientos cincuenta pesos 00/100 M.N.) que corresponde al escrito de demanda del juicio 157/88 ejecutivo mercantil promovido ante el Juzgado Sexto del Ramo Civil de esta capital, la cantidad de $26'535,000.00 (veintis�is millones quinientos treinta y cinco mil pesos 00/100 M.N.) por concepto de honorarios s�lo que derivados de la contestaci�n de agravios en la apelaci�n, respecto del mismo juicio ejecutivo mercantil; por el pago de la cantidad de $26'535,000.00 (veintis�is millones quinientos treinta y cinco mil pesos 00/100 M.N.) por el mismo concepto, s�lo que derivados del diez por ciento de la suerte principal y que le corresponden por la intervenci�n en el juicio de amparo directo tramitado ante el Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, derivado tambi�n del juicio ejecutivo mercantil en menci�n cantidades �stas que sumadas nos dan un total de $79'605,000.00 (setenta y nueve millones seiscientos cinco mil pesos 00/100 M.N.). Se condena tambi�n al demandado al pago de la cantidad de se dice cantidad que resulte por concepto de intereses al tipo legal con base a las cantidades reclamadas, computadas a partir del d�a 14 de abril de 1989. CUARTO. En cuanto al pago de da�os y perjuicios que reclama el actor, no se hace condenaci�n a �stos en virtud de que no quedaron demostrados en autos. QUINTO. Se condena al demandado al pago de las costas y gastos originados por la tramitaci�n del presente juicio. SEXTO. N.�quese personalmente."

  4. Inconforme con la sentencia de primera instancia, el demandado interpuso el recurso de apelaci�n 720/89, que fue resuelto por la Tercera S. del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado de San Luis Potos�, declarando fundado en forma parcial uno de los agravios que condujo s�lo a modificar el punto resolutivo tercero de la sentencia recurrida, en el sentido de condenarse a A. D�az G�mez a pagar al actor la cantidad de veintis�is millones quinientos treinta y cinco mil pesos, por concepto de honorarios profesionales correspondientes al diez por ciento del valor de la suerte principal que corresponden por escrito de demanda del juicio ejecutivo mercantil 157/88, promovido ante el Juzgado Sexto del Ramo Civil, igualmente la cantidad de veintis�is millones quinientos treinta y cinco mil pesos por concepto de honorarios, derivados del escrito de contestaci�n de agravios en el toca de apelaci�n 572/88, respecto del mismo juicio ejecutivo mercantil a que se ha hecho alusi�n y que en su conjunto ambas cantidades de dinero hacen un total de cincuenta y tres millones setenta mil pesos y, en cambio, se absolvi� al demandado de pagar honorarios en relaci�n al juicio de amparo directo 513/88, e igualmente se declar� subsistente la absoluci�n del pago de da�os y perjuicios en favor del demandado decretada por el J. natural y pretendida por el actor y finalmente se conden� al demandado en el juicio principal con fundamento en lo dispuesto por los art�culos 965 y 135, fracci�n II, del C�digo de Procedimientos Civiles, al pago de las costas y gastos de ambas instancias por no haber obtenido resoluci�n favorable.

  5. En v�a de amparo directo A. D�az G�mez, demandado en el juicio natural, por su propio derecho, promovi� el juicio de amparo directo 193/90 contra el fallo destacado en el punto anterior, resuelto por el Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, por unanimidad de votos, en el sentido de conceder el amparo, al estimar fundado s�lo uno de los conceptos de violaci�n, el formulado contra la condena al pago de costas en ambas instancias. Las consideraciones medulares son las siguientes:

    1. Que la responsable conden� en costas, con apoyo en el art�culo 135, fracci�n II, del C�digo de Procedimientos Civiles del Estado, que dice: "Siempre se har� condenaci�n en costas, p�danlo o no las partes: fracci�n II. En contra del que no obtuviere sentencia favorable en segunda instancia. En este caso, la condenaci�n comprender� las costas de ambas instancias. La condenaci�n no comprender� los honorarios y gastos por promociones, pruebas y actuaciones que sean in�tiles y superfluas o no autorizadas por la ley."

    2. Empero, dicho precepto legal contiene una excepci�n, consignada en el art�culo 136, fracci�n II, que estatuye: "Se except�an de lo prevenido en el art�culo anterior: fracci�n II. Cuando ejercitada una acci�n s�lo se estime procedente en parte, por las excepciones que hubiere hecho valer el demandado", misma que se actualiza en la especie porque la responsable no conden� a todas las prestaciones demandadas, pues absolvi� a una de ellas, como era el pago de honorarios por la atenci�n del juicio de amparo directo, lo que obedeci� a las defensas opuestas por el demandado, por tanto, no debi� condenarse a �ste en costas.

    3. Que la doctrina contempla dos acepciones del t�rmino excepci�n: a) En sentido amplio, se entiende toda defensa que se opone a las pretensiones del actor; y b) En sentido estricto, se le llama a la defensa que tiende a destruir, paralizar o impedir los efectos jur�dicos de la acci�n; y al no distinguir la ley procesal entre estos dos significados, sino utilizarlos de manera indistinta, debe estimarse que la operancia de la excepci�n contenida en el art�culo 136, fracci�n II, en comento, se genera aun cuando, como en la especie, el demandado haya hecho valer al contestar, la defensa de falta de acci�n y el fallo para absolver parcialmente, se haya basado en que no se acredit� en parte la acci�n; porque la llamada sine actione agis, aun cuando no es una excepci�n en sentido estricto, s� puede estimarse como tal, en sentido gen�rico o amplio.

    De dicha sentencia, deriv� la tesis aislada, que se identifica y lee como sigue:

    "Octava �poca

    "Instancia: Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito

    "Fuente: Semanario Judicial de la Federaci�n

    "Tomo: V, Segunda Parte-1, enero a junio de 1990

    "P�gina: 157

    "COSTAS. CU�NDO DEBE ABSOLVERSE EL PAGO DE (LEGISLACI�N DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOS�). El art�culo 135, fracci�n II, del C�digo de Procedimientos Civiles de San Luis Potos�, establece que siempre se har� condenaci�n en costas, en contra del que no obtuviere sentencia favorable en segunda instancia, comprendiendo la condenaci�n en esta hip�tesis, las costas en ambas instancias; mientras que el art�culo 136 fracci�n II del mismo ordenamiento except�a de lo prevenido en el anterior precepto legal, el caso de que ejercitada una acci�n s�lo se estime procedente en parte, por las excepciones que hubiere hecho valer el demandado. La doctrina contempla dos acepciones del t�rmino excepci�n: a) En el sentido amplio, se entiende toda defensa que se opone a las pretensiones del actor; y, b) En sentido estricto, se le llama a la defensa que tiende a destruir, paralizar o impedir los efectos jur�dicos de la acci�n. Al no distinguir la ley procesal entre estos dos significados, sino utilizarlos indistintamente, debe estimarse que la excepci�n a que se refiere el art�culo 136 fracci�n II, opera aun cuando el demandado haya hecho valer al contestar, la defensa de falta de acci�n y el fallo para absolver parcialmente, se haya basado en que la acci�n no se acredit� en parte, porque la llamada sine actione agis, aun cuando no es una excepci�n en sentido estricto, s� puede estimarse como tal en sentido gen�rico o amplio."

    Aunque el referido Tribunal Colegiado, asegura haber reiterado la tesis en comento al resolver el amparo directo civil 124/2005, en sesi�n de fecha catorce de junio de dos mil cinco, lo cierto es que en dicho fallo, se concedi� el amparo para que la responsable, con plenitud de jurisdicci�n se pronunciara �nicamente en lo que se refiere al pago de costas del juicio; esto es, no hizo pronunciamiento concreto en cuanto a la interpretaci�n de los art�culos 135, fracci�n II, y 136, fracci�n II, del C�digo de Procedimientos Civiles para el Estado de San Luis Potos�.

QUINTO

Por otra parte, los antecedentes y consideraciones que sustentan la resoluci�n dictada por el Segundo Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, por mayor�a de votos, el cuatro de mayo de dos mil cinco en el amparo directo 166/2005, que se advierten en la copia certificada glosada en autos, documental p�blica con valor probatorio pleno conforme al art�culo 202 del C�digo Federal de Procedimientos Civiles, de aplicaci�n supletoria a la Ley de Amparo, son los que a continuaci�n se rese�an:

  1. M.L.R.�guez, ante el Juzgado Primero de lo Familiar de San Luis Potos�, Estado del mismo nombre, promovi� en la v�a ordinaria civil el juicio 968/02, demandando la nulidad del testamento p�blico cerrado otorgado por G.R.�guez �lvarez viuda de L., reclamando, entre otras prestaciones, adem�s de la declaraci�n de la referida nulidad, "la consistente en que deber�a declararse judicialmente que M.�a G.L.R.�guez de Pizzuto, M.�a C.L.R.�guez de C. y M.�a del C.L.R.�guez de Santa Cruz est�n incapacitadas para heredar".

  2. Seguido el procedimiento, el siete de agosto del a�o dos mil tres, se dict� la sentencia que concluy� con los siguientes puntos resolutivos:

    PRIMERO. La v�a ordinaria civil en que se tramit� este juicio es correcta. SEGUNDO. Es competente este juzgado para conocer del presente juicio ordinario civil. TERCERO. Las partes acreditaron la personalidad con la cual comparecieron a juicio. CUARTO. El actor M.L.R.�guez prob� parcialmente los hechos constitutivos de la acci�n de nulidad de testamento, no as� de las restantes acciones ejercitadas, por su parte el demandado reconveniente L.. F.C. Ahumada, notario p�blico n�mero 7 con ejercicio en esta capital, no acredit� la reconvenci�n planteada. QUINTO. Es procedente en parte la nulidad del testamento p�blico cerrado otorgado por G.R.�guez �lvarez viuda de L., ante la fe del licenciado F.C. Ahumada, notario p�blico No. 7 en ejercicio en esta ciudad; acci�n ejercitada por M.L.R.�guez, en la inteligencia de que es procedente la nulidad del testamento �nica y exclusivamente en lo que se refiere a las condiciones contenidas en el testamento, de no impugnarlo y la condici�n respecto a la designaci�n del d�a en que deba comenzar o cesar la instituci�n de heredero respecto del usufructo vitalicio a favor de M.L.R.�guez, e improcedente respecto de las dem�s cuestiones planteadas, debiendo subsistir �ntegramente las restantes disposiciones del aludido testamento por las consideraciones que quedaron precisadas en esta resoluci�n. SEXTO. Es improcedente la declaraci�n de incapacidad para heredar de las se�oras M.�a G.L.R.�guez de Pizzuto, M.�a G.L.R.�guez de C. y M.�a del C.L.R.�guez de Santa Cruz. S�PTIMO. Es improcedente la reconvenci�n planteada por el licenciado F.C. Ahumada, notario p�blico No. 7 con ejercicio en esta ciudad capital, en contra del C.M.L.R.�guez, por el pago de da�os y perjuicios. OCTAVO. No se hace especial condenaci�n al pago de costas, lo anterior de conformidad con lo establecido por el art�culo 136, fracci�n II, de la ley adjetiva civil vigente en el Estado. NOVENO. N.�quese personalmente.

  3. Las demandadas y el actor interpusieron sendos recursos de apelaci�n en contra de esa sentencia, que se sustanciaron ante la Quinta S. del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de San Luis Potos�, la que los resolvi� conjuntamente en la sentencia de fecha once de febrero del a�o en curso, cuyos puntos resolutivos dicen:

    PRIMERO. Los agravios expresados por M.L.R.�guez, resultaron fundados, en tanto que los expresados por M.�a Guadalupe, M.�a C. y M.�a del C. de apellidos L.R.�guez, resultaron infundados en parte y en otra inoperantes. SEGUNDO. En consecuencia se impone modificar la sentencia de fecha 7 siete de agosto de 2003 dos mil tres, dictada por el J. Primero de lo Familiar de esta capital, en el expediente n�mero 968/02, respecto del juicio ordinario civil por nulidad de testamento que promovi� M.L.R.�guez, en contra de M.�a G.L.R.�guez de Pizzuto, M.�a C.L.R.�guez de C., M.�a del C.L.R.�guez de Santa Cruz y licenciado F.C. Ahumada, notario p�blico n�mero siete en ejercicio en esta ciudad, en sus resolutivos cuarto y quinto, para quedar como sigue: ?CUARTO. Los hechos probados por el actor M.L.R.�guez, son suficientes para declarar la nulidad del testamento, otorgado por M.�a G.R.�guez �lvarez. Por otra parte el demandado reconveniente L.. F.C. Ahumada, notario p�blico n�mero 7 con ejercicio en esta capital, no acredit� la reconvenci�n planteada. QUINTO. En consecuencia se declara nulo el testamento p�blico cerrado otorgado por G.R.�guez �lvarez viuda de L., ante la fe del licenciado F.C. Ahumada, notario p�blico No. 7, en ejercicio en esta capital.?. TERCERO. Son a cargo de las apelantes M.�a Guadalupe, M.�a C. y M.�a del C. de apellidos L.R.�guez el pago de costas de ambas instancias, ya que no obtuvieron sentencia favorable en esta Alzada, por lo que se surte el caso previsto en la fracci�n II del art�culo 135 del C�digo de Procedimientos Civiles. CUARTO. Con copia certificada de la presente resoluci�n, devu�lvase los autos al juzgado de su origen y en su oportunidad arch�vese el toca en donde corresponda. QUINTO. N.�quese personalmente, comun�quese y c�mplase.

  4. Inconformes ambas partes litigantes con este fallo, lo impugnaron mediante los correspondientes juicios de amparo directo, de los que conoci�, el Segundo Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, el que en la sesi�n plenaria celebrada el d�a siete de julio del a�o en curso, los resolvi� de la siguiente manera:

    En el toca del juicio de amparo directo civil n�mero 234/2004, promovido por lasdemandadas en el juicio natural M.�a G.L.R.�guez de Pizzuto, M.�a C.L.R.�guez de C. y M.�a del C.L.R.�guez de Santa Cruz, determin� negarles el amparo y protecci�n de la Justicia Federal.

    Y en el toca del juicio de amparo directo civil n�mero 233/2004, decidi� concederle a M.L.R.�guez el amparo y la protecci�n de la Justicia Federal solicitados, dado que la S. responsable incurri� en la omisi�n de no estudiar un agravio, por lo que el efecto del amparo fue que se dejara insubsistente la sentencia reclamada y en su lugar se pronunciara otra en la que, reiterando lo resuelto en el sentido de que los hechos probados por el actor son suficientes para declarar nulo el testamento, por lo que en consecuencia procede declarar la nulidad del mismo, subsanara la omisi�n que aqu� se ha declarado ilegal; y en consecuencia se avoque al estudio de los motivos de inconformidad que M.L.R.�guez hizo valer en la parte final del tercer agravio, y resuelva, con plenitud de jurisdicci�n, lo que proceda en derecho en relaci�n con el tema ah� tratado.

  5. En cumplimiento a lo ordenado en esta �ltima ejecutoria, el tribunal de alzada responsable emiti� el diecis�is de agosto del a�o que transcurre, la sentencia en la que resolvi� lo siguiente:

    "PRIMERO. En cumplimiento a la ejecutoria dictada por el Segundo Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, de fecha 7 siete de julio de 2004 dos mil cuatro, en el juicio de amparo directo civil n�mero 233/2004, promovido por M.L.R.�guez, contra actos de esta S., se deja insubsistente la sentencia de fecha 11 once de febrero del a�o en curso, y en su lugar, se resuelve: SEGUNDO. Los agravios expresados por M.L.R.�guez, resultaron fundados, en tanto que los expresados por M.�a Guadalupe, M.�a C. y M.�a del C. de apellidos L.R.�guez, resultaron infundados en parte y en otra inoperantes. SEGUNDO. En consecuencia se impone modificar la sentencia de fecha 7 siete de agosto de 2003 dictada por el J. Primero de lo Familiar de esta capital, en el expediente n�mero 968/02, respecto del juicio ordinario civil por nulidad de testamento que promovi� M.L.R.�guez, en contra de M.�a G.L.R.�guez de Pizzuto, M.�a C.L.R.�guez de C., M.�a del C.L.R.�guez de Santa Cruz y licenciado F.C. Ahumada, notario p�blico n�mero siete en ejercicio en esta ciudad, en sus resolutivos cuarto y quinto, para quedar como sigue: ?CUARTO. Los hechos probados por el actor M.L.R.�guez, son suficientes para declarar nulo el testamento, otorgado por M.�a G.R.�guez �lvarez. Por otra parte el demandado reconveniente L.. F.C. Ahumada, notario p�blico n�mero 7 con ejercicio en esta capital, no acredit� la reconvenci�n planteada. QUINTO. En consecuencia se declara la nulidad del testamento p�blico cerrado otorgado por G.R.�guez �lvarez viuda de L., ante la fe del licenciado F.C. Ahumada, notario p�blico No. 7, en ejercicio en esta capital.?. SEXTO. Se declara que las demandadas M.�a G.L.R.�guez de Pizzuto, M.�a C.L.R.�guez de C. y M.�a del C.L.R.�guez de Santa Cruz, son incapaces para heredar por testamento, dejando a salvo sus derechos en la sucesi�n leg�tima. CUARTO. Son a cargo de las apelantes M.�a Guadalupe, M.�a C. y M.�a del C. de apellidos L.R.�guez el pago de las costas de ambas instancias, ya que no obtuvieron sentencia favorable en esta alzada, por lo que se surte el caso previsto en la fracci�n II del art�culo 135 del C�digo de Procedimientos Civiles. QUINTO. R.�tase copia certificada de la presente resoluci�n, al Segundo Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, como constancia del cumplimiento de la ejecutoria de que se trata, y otro tanto a la J. del conocimiento, para los fines a que haya lugar y en su oportunidad arch�vese el toca donde corresponda."

  6. Ambas partes litigantes no fueron conformes con este nuevo fallo, espec�ficamente con lo que la S. responsable determin� en el punto resolutivo sexto del mismo por lo que promovieron en su contra los juicios de amparo directo, de los que conoci� tambi�n el Segundo Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, el que en la ejecutoria dictada en el toca de amparo directo civil n�mero 718/2004, le neg� al actor en el juicio natural el amparo de la Justicia Federal solicitado; y en el toca n�mero 719/2004, les concedi� a las demandadas la protecci�n de la Justicia de la Uni�n, para el siguiente efecto: "... que al emitir una nueva sentencia en sustituci�n de la aqu� reclamada, la S. responsable, siguiendo los lineamientos marcados en esta ejecutoria, precise que la declaraci�n de que las demandadas M.�a G.L.R.�guez de Pizzuto, M.�a C.L.R.�guez de C. y M.�a del C.L.R.�guez de Santa Cruz, est�n incapacitadas para heredar por existir la presunci�n de influjo contrario a la libertad de M.�a G.R.�guez �lvarez viuda de L. y por consiguiente a la veracidad o legalidad del testamento p�blico cerrado que �sta otorg� en su favor el d�a veintiocho de diciembre de mil novecientos noventa y ocho, ante la fe del notario p�blico n�mero 7, con ejercicio en esta ciudad de San Luis Potos�, licenciado F.C. Ahumada, se circunscribe a dicho testamento en el que participaron como testigos; debiendo dejar inc�lume el resto de lo resuelto en dicho fallo."

  7. En cumplimiento a esas ejecutorias, la S. responsable emiti� el d�a once de enero del a�o en curso, la sentencia que concluy� con los siguientes puntos resolutivos:

    "PRIMERO. En cumplimiento a la ejecutoria dictada por el Segundo Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, de fecha 14 catorce de diciembre del a�o en curso (sic), en el juicio de amparo directo civil n�mero 719/2004, promovido por M.�a G.L.R.�guez de C. y M.�a del C.L.R.�guez de Santa Cruz, contra actos de esta S., por lo que sustituye la sentencia de fecha 16 diecis�is de agosto de 2004 dos mil cuatro, y en su lugar emite una nueva. SEGUNDO. Los agravios expresados por M.L.R.�guez, resultaron fundados, en tanto que los expresados por M.�a Guadalupe, M.�a C. y M.�a del C. de apellidos L.R.�guez, resultaron infundados en parte y en otra inoperantes. TERCERO. En consecuencia se impone modificar la sentencia de fecha 7 siete de agosto de 2003 dictada por el J. Primero de lo Familiar de esta capital, en el expediente n�mero 968/02, respecto del juicio ordinario civil por nulidad de testamento que promovi� M.L.R.�guez, en contra de M.�a G.L.R.�guez de Pizzuto, M.�a C.L.R.�guez de C., M.�a del C.L.R.�guez de Santa Cruz y licenciado F.C. Ahumada, notario p�blico n�mero siete en ejercicio en esta ciudad, en sus resolutivos cuarto, quinto y sexto, para quedar como sigue: ?CUARTO. Los hechos probados por el actor M.L.R.�guez, son suficientes para declarar nulo el testamento, otorgado por M.�a G.R.�guez �lvarez. Por otra parte el demandado reconveniente L.. F.C. Ahumada, notario p�blico n�mero 7 con ejercicio en esta capital, no acredit� la reconvenci�n planteada. QUINTO. En consecuencia se declara la nulidad del testamento p�blico cerrado otorgado por G.R.�guez �lvarez viuda de L., ante la fe del licenciado F.C. Ahumada, notario p�blico No. 7, en ejercicio en esta capital. SEXTO. Se declara que las demandadas M.�a G.L.R.�guez de Pizzuto, M.�a C.L.R.�guez de C. y M.�a del C.L.R.�guez de Santa Cruz, son incapaces para heredar en el testamento otorgado a su favor por M.�a G.R.�guez �lvarez viuda de L., el 28 veintiocho de diciembre de 1998, mil novecientos noventa y ocho, ante la fe del notario p�blico n�mero 7 siete, en ejercicio en esta ciudad de San Luis Potos�, licenciado F.C. Ahumada.?. CUARTO. Son a cargo de las apelantes M.�a Guadalupe, M.�a C. y M.�a del C. de apellidos L.R.�guez el pago de las costas de ambas instancias, ya que no obtuvieron sentencia favorable en esta alzada, por lo que se surte el caso previsto en la fracci�n II del art�culo 135 del C�digo de Procedimientos Civiles. QUINTO. R.�tase copia certificada de la presente resoluci�n, al Segundo Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, como constancia del cumplimiento de la ejecutoria de que se trata, y otro tanto a la J. del conocimiento, para los fines a que haya lugar y en su oportunidad arch�vese el toca donde corresponda. SEXTO. N.�quese personalmente."

  8. El fallo destacado en el punto anterior, fue reclamado por las demandadas en el juicio natural, en el juicio de amparo directo civil 166/2005, que resolvi� el Segundo Tribunal Colegiado del Noveno Circuito por mayor�a de votos, en sesi�n del cuatro de mayo de dos mil cinco, negando el amparo y protecci�n de la Justicia Federal. Las consideraciones en s�ntesis del aspecto que importa al caso son las siguientes:

    1. Que son infundados los conceptos de violaci�n expresados por la parte quejosa, porque la condena forzosa al pago de costas establecida en la fracci�n II del art�culo 135 del c�digo procesal civil del Estado de San Luis Potos�, cobra aplicaci�n aun en el caso de que la parte demandada inconforme haya sido absuelta de algunas prestaciones, como ocurri� en la especie, esto es, con independencia de que se actualice o no la hip�tesis a que se refiere la fracci�n II del art�culo 136 del propio ordenamiento legal; que lo trascendente para que se actualice la condena en t�rminos del primer precepto legal, es tan s�lo que la parte apelante no obtenga sentencia favorable en segunda instancia.

    2. Que resultan irrelevantes los datos relativos a si el actor obtuvo totalmente, o si el demandado fue absuelto de todas las prestaciones reclamadas, o si ambas partes resultaron vencedoras o vencidas parcialmente en primera instancia, porque para dilucidarlo, debe atenderse tan s�lo a lo fundado o infundado de los agravios formulados por el recurrente, ya que de ello depende que el fallo que se dicte en la alzada sea favorable o desfavorable para la parte apelante y en consecuencia, el que �sta justifique el haber obligado a su contraparte a acudir a la segunda instancia a defender un derecho que ya le hab�a sido reconocido, aun cuando s�lo fuera parcialmente en la primera, que es el dato relevante en el que encuentra su justificaci�n la condena al pago de las costas a que se refiere el art�culo 135, fracci�n II, del c�digo procesal civil de este Estado, que aqu� se analiza.

    3. A.� sus consideraciones en las tesis de jurisprudencia por contradicci�n de los rubros siguientes: "COSTAS EN SEGUNDA INSTANCIA. PARA DETERMINAR A QUI�N CORRESPONDE SU PAGO DEBER� ATENDERSE, EN PRINCIPIO, A LO FUNDADO O INFUNDADO QUE RESULTEN LOS AGRAVIOS FORMULADOS POR EL RECURRENTE (C�DIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL ESTADO DE QUER�TARO).", "COSTAS EN EL JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL CUANDO EXISTEN DOS SENTENCIAS CONFORMES DE TODA CONFORMIDAD." y "COSTAS, CONDENA EN. PROCEDE CUANDO EL DEMANDADO APELANTE OBTIENE PARCIALMENTE EN PRIMERA INSTANCIA Y SE CONFIRMA EN LA SEGUNDA LA SENTENCIA (LEGISLACI�N DEL DISTRITO FEDERAL)."

    4. Que adem�s las demandadas no solamente no obtuvieron sentencia favorable en la segunda instancia, puesto que sus agravios fueron declarados infundados en una parte e inoperantes en un diverso aspecto sino que, en virtud de la apelaci�n formulada por su contraparte, el actor en el juicio de origen, �sta les result� desfavorable, en la medida en que al ser declarados fundados en parte los agravios que �ste formul�, la S. responsable modific� el fallo de primer grado en el que la a quo no hab�a hecho ning�n pronunciamiento respecto de la petici�n que hizo M.L. de que fueran declaradas incapacitadas legalmente para heredar los bienes de su madre, y en su lugar resolvi� que s� proced�a tal condena, en los t�rminos que dej� debidamente precisados.

    De la sentencia destacada en este apartado deriv� la tesis aislada, que se identifica y lee como sigue:

    "Novena �poca

    "Instancia: Segundo Tribunal Colegiado del Noveno Circuito

    "Fuente: Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta

    "Tomo: XXII, agosto de 2005

    "Tesis: IX.2o.32 C

    "P�gina: 1875

    COSTAS. PROCEDE SU CONDENA EN AMBAS INSTANCIAS CUANDO LA SEGUNDA ES DESFAVORABLE AL APELANTE, AUN CUANDO �STE HUBIERE OBTENIDO PARCIALMENTE EN LA PRIMERA (LEGISLACI�N DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOS�). El art�culo 135, fracci�n II, del C�digo de Procedimientos Civiles del Estado de San Luis Potos� establece que siempre se har� condenaci�n en costas en contra del que no obtuviere sentencia favorable en la alzada, comprendiendo las de ambas instancias. Como se advierte, este precepto legal expresa y categ�ricamente establece que siempre ser�n sancionados en costas, abarcando la condena de ambas instancias, los que no obtuvieren sentencia favorable en la segunda. Consecuentemente, aun en el caso de que la apelante hubiera obtenido en la primera instancia parte de lo reclamado (parte actora), o hubiera sido absuelta de algunas prestaciones (parte demandada), si en la apelaci�n se desestiman sus agravios y en consecuencia se confirma, en la parte que le interesa, lo resuelto en el fallo de primer grado, existe para ella la obligaci�n de cubrir las costas de ambas instancias, dado que la hip�tesis legal qued� colmada desde el momento en que la frase ?el que no obtuviere sentencia favorable en segunda instancia?, s�lo puede ser entendida como el que, al promover la apelaci�n, no logra con sus argumentos variar el sentido de la sentencia en la parte impugnada en la alzada, con independencia de que hubiera obtenido algunas de las prestaciones reclamadas, o de que hubiere sido absuelto de algunas de �stas en la primera instancia, ya que si bien es verdad que el diverso art�culo 136, fracci�n II, de la codificaci�n en comento except�a de lo prevenido en el art�culo 135 anterior, el caso de que ejercitada una acci�n s�lo se estime procedente en parte, por las excepciones que hubiere hecho valer el demandado, es inconcuso que tal circunstancia debe entenderse aplicable �nicamente en la primera instancia, dado que s�lo en �sta la parte demandada puede oponer excepciones y, por tanto, exclusivamente en ella puede v�lidamente estimarse procedente en parte, por esa raz�n, la acci�n ejercitada.

    El mismo Tribunal Colegiado, al resolver por mayor�a de votos el amparo directo civil 232/2005, en sesi�n de fecha once de mayo de dos mil cinco, como lo informa al denunciar la contradicci�n de tesis, sostuvo un criterio similar al de la sentencia destacada en p�rrafos precedentes; y en las consideraciones se advierte que abund� en la inaplicabilidad de la fracci�n II del art�culo 136 del C�digo de Procedimientos Civiles para el Estado de San Luis Potos�, en virtud de que a su juicio, en la segunda instancia no es factible que se ejerciten acciones ni que se interpongan excepciones, y tampoco es posible hablar de demandado porque las partes que intervienen en esa instancia son apelantes y apelado, por lo que el caso de excepci�n para la condena al pago de costas s�lo es aplicable en la primera instancia, que es donde v�lidamente puede hablarse de acciones, excepciones, actor y demandado y no en la segunda instancia.

SEXTO

De lo hasta ahora expuesto, se advierte que s� se produce la discrepancia de criterios, habida cuenta de que, ante el planteamiento de problemas esencialmente iguales, cada uno de los tribunales pronunci� una soluci�n diametralmente opuesta.

En efecto, de la rese�a de las ejecutorias de ambos tribunales se advierte la problem�tica sobre la aplicaci�n de los art�culos 135, fracci�n II y 136, fracci�n II, del C�digo de Procedimientos Civiles para el Estado de San Luis Potos�, para establecer o no la condena al pago de costas en ambas instancias cuando el demandado apelante no obtiene sentencia favorable en segunda instancia, ya que mientras el Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito considera que no procede la condena que como regla general se establece en el primer precepto, cuando se surte la excepci�n se�alada en el segundo, relativa a que la acci�n ejercida se hubiere estimado procedente s�lo en parte, por las excepciones opuestas por el demandado.

Por su parte, el Segundo Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, considera que la condena al pago de costas en ambas instancias siempre procede en t�rminos del art�culo 135, fracci�n II, del ordenamiento legal en comento, con independencia de que se actualice o no la hip�tesis a que se refiere la fracci�n II del art�culo 136, pues debe atenderse tan s�lo a lo fundado o infundado de los agravios formulados por el recurrente, y de que el apelante justifique haber obligado a su contraparte a acudir a la segunda instancia, y que ese caso de excepci�n s�lo es aplicable en la primera instancia.

En consecuencia, los Tribunales Colegiados de Circuito participantes en la contradicci�n de tesis, emitieron sus consideraciones teniendo como denominador com�n la interpretaci�n de los art�culos 135, fracci�n II, y 136, fracci�n II, del C�digo de Procedimientos Civiles para el Estado de San Luis Potos�, y arribaron a conclusiones jur�dicamente discrepantes.

En esas circunstancias, debe concluirse que los fallos emitidos por los referidos Tribunales Colegiados de Circuito s� re�nen los requisitos necesarios para generar una contradicci�n de tesis, pues al resolver los respectivos juicios de amparo directo en revisi�n, examinaron situaciones de hecho y cuestiones jur�dicas esencialmente iguales, adoptando criterios jur�dicos discrepantes.

Ante esas referencias, resulta que el punto materia de la contradicci�n se limita a determinar si la condena al pago de costas en ambas instancias procede siempre en t�rminos de la fracci�n II del art�culo 135 del C�digo de Procedimientos Civiles para el Estado de San Luis Potos�, contra el demandado apelante que no obtiene sentencia favorable en la segunda instancia, con independencia de que se actualice o no la hip�tesis de la fracci�n II del art�culo 136 del mismo ordenamiento legal, como lo sostuvo el Segundo Tribunal Colegiado, o si bien, actualizada dicha hip�tesis, esto es, que ejercida una acci�n s�lo se estime procedente en parte por las excepciones hechas valer por el demandado, no procede la condena al pago de costas en ambas instancias, contra el apelante demandado que no obtuviere sentencia favorable en segunda instancia como resolvi� el Primer Tribunal Colegiado.

Es pertinente establecer desde ahora, que no resulta obst�culo para la existencia de la contradicci�n de tesis, el hecho de que los criterios de ambos tribunales, no constituyan jurisprudencia, en raz�n de que de conformidad con lo dispuesto por los art�culos 107, fracci�n XIII, de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, 197 y 197-A de la Ley de Amparo, basta con que las S.s de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n o los Tribunales Colegiados de Circuito, al dictar resoluciones en asuntos de su competencia sustenten criterios diferentes sobre un mismo punto de derecho, para que proceda decidir cu�l es el que deba prevalecer.

Resulta aplicable al caso la tesis de jurisprudencia, que se identifica y lee como sigue:

"Novena �poca

"Instancia: Pleno

"Fuente: Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta

"Tomo: XIII, abril de 2001

"Tesis: P./J. 27/2001

"P�gina: 77

"CONTRADICCI�N DE TESIS. PARA QUE PROCEDA LA DENUNCIA BASTA QUE EN LAS SENTENCIAS SE SUSTENTEN CRITERIOS DISCREPANTES. Los art�culos 107, fracci�n XIII, de la Constituci�n Federal, 197 y 197-A de la Ley de Amparo establecen el procedimientopara dirimir las contradicciones de tesis que sustenten los Tribunales Colegiados de Circuito o las S.s de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n. El vocablo ?tesis? que se emplea en dichos dispositivos debe entenderse en un sentido amplio, o sea, como la expresi�n de un criterio que se sustenta en relaci�n con un tema determinado por los �rganos jurisdiccionales en su quehacer legal de resolver los asuntos que se someten a su consideraci�n, sin que sea necesario que est� expuesta de manera formal, mediante una redacci�n especial, en la que se distinga un rubro, un texto, los datos de identificaci�n del asunto en donde se sostuvo y, menos a�n, que constituya jurisprudencia obligatoria en los t�rminos previstos por los art�culos 192 y 193 de la Ley de Amparo, porque ni la Ley Fundamental ni la ordinaria establecen esos requisitos. Por tanto, para denunciar una contradicci�n de tesis, basta con que se hayan sustentado criterios discrepantes sobre la misma cuesti�n por S. de la Suprema Corte o Tribunales Colegiados de Circuito, en resoluciones dictadas en asuntos de su competencia."

S�PTIMO

Precisada la existencia y el tema de la contradicci�n y examinadas las resoluciones que dieron origen a la misma, se considera que debe prevalecer la tesis jurisprudencial sustentada en la presente sentencia con base en las siguientes consideraciones.

Te�rica e hist�ricamente son tres los sistemas de regulaci�n de las costas.

Una es la "teor�a de la pena", que ve en la condena en costas una sanci�n punitiva para el litigante que obra dolosamente o de mala fe. Ha sido enunciada de diversas maneras, en ocasiones como una pena no tanto de car�cter privado por la violaci�n consciente de un derecho ajeno, cuanto de car�cter p�blico por el hecho de utilizar abusivamente del proceso con el mismo fin. Tambi�n se le ha definido como castigo a la temeridad del justiciable que litiga a sabiendas de su sinraz�n; como sanci�n de conducta procesal; como una pena disciplinaria, o como una sanci�n procesal inspirada en fines �ticos.

Otra es la "teor�a del resarcimiento", que encuentra el fundamento de la condena en costas en la culpa o negligencia de uno de los litigantes, quien tiene la obligaci�n de resarcir los perjuicios ocasionados a la parte contraria, de ah� que se le condena al pago de las costas. Se considera opuesta a la de la pena, y en sustancia proclama la necesidad de aplicar la condena de acuerdo con el principio normal en materia de resarcimiento, o sea mediante la concurrencia de culpa en general.

Finalmente la "teor�a del vencimiento", seg�n la que, para la imposici�n de la condena al pago de las costas no se atiende a elementos subjetivos como el dolo y la culpa, sino al hecho objetivo del vencimiento. Es decir, que la condena va ligada a un hecho objetivo y de f�cil determinaci�n, por lo menos en principio, como es el del vencimiento.

En esta teor�a la condena en costas del vencido constituye una reparaci�n, cuya �ndole especial resulta de la �ntima conexi�n existente entre las costas y el proceso. Se reitera, que una de las notas caracter�sticas que la diferencia del resarcimiento ordinario de da�os y perjuicios, es que la condena en costas no est� subordinada ni a la temeridad ni a la culpa del vencido, pues s�lo requiere la condici�n objetiva del vencimiento, siendo por tanto una responsabilidad de �ndole enteramente particular.

En este mismo orden de ideas, dentro de la teor�a del vencimiento existen diversas modalidades o criterios como el de aplicaci�n estricta o absoluta o, en forma relativa. En el primer caso, la �nica pauta para determinar la condena en costas es el vencimiento puro y simple. En cambio, la forma relativa tiene lugar cuando se introducen excepciones al principio general del vencimiento, estableci�ndose la facultad judicial de eximir de costas al vencido cuando se encuentre m�rito para ello.

En el sistema de derecho procesal de nuestro pa�s, han prevalecido las teor�as de la pena y del vencimiento, como se demuestra con las tesis aisladas o de jurisprudencia que en las distintas �pocas ha emitido la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, interpretando distintos ordenamientos legales, que en ocasiones adoptan un sistema ecl�ctico que concept�a las costas como resarcimiento del derecho del vencedor, obligatorias �nicamente para el litigante temerario o de mala fe, que es lo que en la doctrina jur�dica tambi�n se conoce como la forma relativa del criterio del vencimiento. S. de ejemplo las tesis que se citan a continuaci�n:

"Quinta �poca

"Instancia: Tercera S.

"Fuente: Semanario Judicial de la Federaci�n

"Tomo: XLVI

"P�gina: 3948

"COSTAS, NATURALEZA DE LAS. Aparte de la pr�ctica primitiva, conforme a la cual, cada litigante soportaba sus expensas, son dos los sistemas definidos adoptados por las diversas legislaciones, en cuanto se refiere a la condenaci�n en costas: el primero, condena en costas al litigante temerario y de mala fe, es decir, a aquel en quien existe la conciencia de lo injusto; y el segundo impone las costas al vencido, por el hecho de serlo. Ambos sistemas tienen sus inconvenientes, pues de acuerdo con el primero, las costas revisten el car�cter de pena y pueden, por lo mismo imponerse por el J.; y conforme al segundo, en cierto sentido se coarta la libertad de defenderse, toda vez que el fundamento de la condenaci�n se hace consistir en el hecho objetivo de la derrota, desentendi�ndose de aquellos casos en que el derecho es discutible, y el vencido ha procedido de buena fe. Nuestro C�digo de Comercio, con esp�ritu m�s justo, a la vez que m�s pr�ctico, ha adoptado un sistema ecl�ctico que concept�a las costas como resarcimiento del derecho del vencedor, obligatorias �nicamente para el litigante temerario o de mala fe, costas que no se pueden imponer oficiosamente y que en el caso de que hayan sido impuestas, puede renunciar a ellas el vencedor, con el solo hecho de no presentar la regulaci�n correspondiente; afirmaci�n que no se desvirt�a por el hecho de que el art�culo 1084 establezca la condenaci�n forzosa, en algunos casos; pues con ello viene a establecer un criterio para juzgar de la temeridad o mala fe de los litigantes, ya que en todos los casos de condenaci�n forzosa, se advierte que el legislador presume, con raz�n, la temeridad o mala fe del litigante a quien impone las costas; por lo que, de acuerdo con el sistema que adopta el C�digo de Comercio en esta materia, la condenaci�n en costas se impone al responsable de temeridad o mala fe, y puede, por lo mismo, darse el caso de que la responsabilidad por las costas del pleito, cese durante la tramitaci�n del juicio, caso en el que la condenaci�n en costas s�lo debe comprender el periodo anterior a la causa que vino a hacer cesar la responsabilidad.

"Recurso de s�plica 267/32. F.�ndez O.. 19 de noviembre de 1935. Unanimidad de cinco votos. La publicaci�n no menciona el nombre del ponente."

"Sexta �poca

"Instancia: Tercera S.

"Fuente: Semanario Judicial de la Federaci�n

"Volumen: LIX, Cuarta Parte

"P�gina: 181

"COSTAS. SISTEMA PARA LA CONDENA. El C�digo vigente de Procedimientos Civiles del Distrito y Territorios Federales sigue la f�rmula del C�digo de 1884, respecto a la condena en dos sentencias conformes, efectuando un cambio en la regla presuncional de la temeridad que, por su misma naturaleza, necesita quedar encomendada al arbitrio judicial. La condena, por tratarse de sentencias conformes, que establece la fracci�n IV del art�culo 140 de la ley procesal en vigor, opera por ministerio de ley y, a diferencia de la condena por actitud temeraria, no proviene a prudente criterio del juzgador, sino exclusivamente del hecho mismo de que ambas sentencias, la de primera y la de segunda instancia sean conformes de toda conformidad en su parte resolutiva, y sin tomar en cuenta la declaraci�n sobre costas. Esta condena nace en el momento mismo en que se dicta la resoluci�n de alzada coincidente con la de primer grado. La hip�tesis de la fracci�n IV del art�culo 140 configura la condena forzosa que tambi�n se produce en los casos de las tres fracciones anteriores del precepto, es decir, por el hecho de no rendir pruebas, fracci�n I; por presentar elementos falsificados, fracci�n II; no alcanzar la pretensi�n deducida en la acci�n o en la excepci�n, hip�tesis de la fracci�n III, y por �ltimo, el caso actual de las sentencias conformes que prev� la fracci�n IV. No puede pues, afirmar la responsable la improcedencia de la condena en costas en el caso de la fracci�n IV, razonando que el a quo no estim� que existiera temeridad o mala fe alguna de las partes porque ello implica confundir la condena legal con la condena judicial; como tampoco puede afirmar la improcedencia de la condena porque las dos partes expresaron agravios contra la sentencia del inferior y ninguno de ellos fue admitido para modificar o revocar el pronunciamiento de primera instancia, motivo por el que a ninguna parte debe condenarse, porque con ello se desvirt�a lo ordenado en la fracci�n IV de dicho art�culo 140, que no hace salvedad para el supuesto de que ambas partes hayan expresado agravios contra el fallo del a quo, bastando que exista apelaci�n de la parte condenada en primera instancia para que, si la condena se repite en la segunda instancia en los mismos t�rminos, deba recaer forzosamente sentencia sobre costas a su cargo.

"Amparo directo 6501/60. M.�a L.T. de C.. 11 de mayo de 1962. Cinco votos. Ponente: G.G.�a R.."

"Novena �poca

"Instancia: Primera S.

"Fuente: Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta

"Tomo: X, julio de 1999

"Tesis: 1a./J. 32/99

"P�gina: 5

"COSTAS EN EL JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL CUANDO EXISTEN DOS SENTENCIAS CONFORMES DE TODA CONFORMIDAD. Conforme al art�culo 1084, fracci�n IV, del C�digo de Comercio, que establece: ?La condenaci�n en costas se har� cuando as� lo prevenga la ley, o cuando a juicio del J. se haya procedido con temeridad o mala fe. Siempre ser�n condenados ... IV. El que fuere condenado por dos sentencias conformes de toda conformidad en su parte resolutiva, sin tomar en cuenta la declaraci�n sobre costas. En este caso, la condenaci�n comprender� las costas de ambas instancias?. Por lo que debe concluirse, que ?siempre? ser�n sancionados en costas abarcando la condena a ambas instancias, los que fueren sentenciados por dos resoluciones conformes de toda conformidad, sin que para ello se requiera que exista parte vencida en el juicio, como sucede en el caso, del actor que no acredita la existencia de la acci�n ejercitada. Por ende, tampoco requiere para su procedencia que exista petici�n de parte o que hubiese sido motivo de la apelaci�n interpuesta, puesto que tal condena opera de oficio."

"Novena �poca

"Instancia: Primera S.

"Fuente: Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta

"Tomo: VII, marzo de 1998

"Tesis: 1a./J. 14/98

"P�gina: 206

"COSTAS EN UN JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL. SU PROCEDENCIA CUANDO LA CONDENA EN EL JUICIO FUE �NICAMENTE PARCIAL, DEPENDER� DEL PRUDENTE ARBITRIO DEL JUZGADOR. El art�culo 1084 del C�digo de Comercio, en su primer p�rrafo, establece dos presupuestos para el pago de costas en el juicio, el primero de ellos se refiere a la condena obligatoria cuando la prevenga la ley y la segunda deja al prudente arbitrio del juzgador dicha condena, a la luz de la temeridad o mala fe que se advierta en la sustanciaci�n del procedimiento. El propio numeral en comento describe, en su tercera fracci�n, que pagar� las costas ?el que fuese condenado en juicio ejecutivo y el que lo intente si no obtiene sentencia favorable ...? en donde el t�rmino condenado debe entenderse en su acepci�n absoluta o total, pues cuando se trata de una condena parcial, �sta depender� del arbitrio judicial, y ser� el juzgador quien debe analizar el caso concreto para desentra�ar las motivaciones que tuvieron las partes para concurrir al juicio y advertir si en alguna de ellas existi� una conducta temeraria o de mala fe que deba ser castigada a trav�s del pago de las costas."

"Novena �poca

"Instancia: Primera S.

"Fuente: Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta

"Tomo: XVIII, julio de 2003

"Tesis: 1a./J. 28/2003

"P�gina: 52

"COSTAS, CONDENA EN. PROCEDE CUANDO EL DEMANDADO APELANTE OBTIENE PARCIALMENTE EN PRIMERA INSTANCIA Y SE CONFIRMA EN LA SEGUNDA LA SENTENCIA (LEGISLACI�N DEL DISTRITO FEDERAL). El art�culo 140, fracci�n IV, del C�digo de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal establece que la condenaci�n en costas se har� cuando as� lo prevenga la ley, o cuando, a juicio del J., se haya procedido con temeridad o mala fe y que siempre ser� condenado el que lo fuere por dos sentencias conformes de toda conformidad en su parte resolutiva, sin tomar en cuenta la declaraci�n sobre costas, caso en el que la condenaci�n comprender� las costas de ambas instancias. De lo anterior debe concluirse que siempre ser�n sancionados en costas abarcando la condena a ambas instancias los que fueren sentenciados por dos resoluciones conformes de toda conformidad, sin que para ello se requiera que exista parte vencida en el juicio. De esta suerte, si la parte demandada obtuvo en forma parcial, pues fue absuelta de algunas prestaciones, y es la �nica que apela, confirm�ndose en la alzada dicha resoluci�n, existe para ella la obligaci�n de cubrir las costas de ambas instancias, dado que la hip�tesis legal qued� colmada desde el momento en que la frase ?el que fuera condenado por dos sentencias conformes de toda conformidad en su parte resolutiva?, no puede sino ser entendida como ?el que fuere sentenciado?, pues s�lo en esa acepci�n pueden quedar incluidas no s�lo las sentencias en las que exista vencedor y vencido, sino cualquier otra, entre ellas, la consistente en que el demandado apelante haya sido absuelto de algunas de las prestaciones reclamadas."

"Novena �poca

"Instancia: Primera S.

"Fuente: Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta

"Tomo: XVII, marzo de 2003

"Tesis: 1a./J. 10/2003

"P�gina: 31

"COSTAS. CUANDO LA ACCI�N EJERCITADA EN LA RECONVENCI�N SE DECLARE IMPROCEDENTE Y LA PRINCIPAL SEA PARCIALMENTE FUNDADA, LA CONDENA A SU PAGO, DEPENDER� DEL PRUDENTE ARBITRIO DEL JUZGADOR (LEGISLACI�N DEL ESTADO DE JALISCO). El art�culo 142, fracci�n I, del C�digo de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, alude a los supuestos en que es procedente condenar en costas a las partes en el juicio natural, a saber: al litigante condenado en juicio y al que lo intente si no obtiene resoluci�n favorable; por su parte, el art�culo 143, fracciones I y IV, del propio c�digo, prev� las hip�tesis que est�n exceptuadas de dicha condena, entre las que se encuentran: ?I. Los casos en que desestimada la demanda, lo sea igualmente la reconvenci�n y aquellos en que tanto una como la otra se encontraren en parte procedentes.?, y ?IV. En los dem�s casos en que, a juicio del J., el punto haya sido verdaderamente dudoso o existan razones de apariencia suficientes para fundar la creencia u opini�n sustentada por el perdidoso en el juicio?. Atento a lo antes expuesto, se concluye que en aquellos casos en que la acci�n ejercida en la reconvenci�n se declare improcedente, pero la acci�n principal sea parcialmente fundada, al no encuadrar en alguna de las hip�tesis que casu�sticamente est�n descritas, en el mencionado c�digo, la legislaci�n faculta al �rgano jurisdiccional para que, a su juicio (arbitrio judicial), except�e o no de la condena en costas, toda vez que le permitir� valorar las circunstancias objetivas y subjetivas de las partes, as� como las caracter�sticas del caso al considerar como par�metros que el punto haya sido verdaderamente dudoso o existan razones de apariencia suficientes para fundar la creencia u opini�n sustentada por el perdidoso en el juicio, sin que ello faculte al juzgador a omitir la expresi�n de razones y motivos fundatorios de su resoluci�n, de acuerdo con el art�culo 16 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos."

"Novena �poca

"Instancia: Primera S.

"Fuente: Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta

"Tomo: XV, abril de 2002

"Tesis: 1a./J. 11/2002

"P�gina: 130

COSTAS EN SEGUNDA INSTANCIA. PARA DETERMINAR A QUI�N CORRESPONDE SU PAGO DEBER� ATENDERSE, EN PRINCIPIO, A LO FUNDADO O INFUNDADO QUE RESULTEN LOS AGRAVIOS FORMULADOS POR EL RECURRENTE (C�DIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL ESTADO DE QUER�TARO). Aun cuando en el art�culo 135 del C�digo de Procedimientos Civiles de esa entidad federativa, no se encuentra contemplada expresamente la facultad del Tribunal de Alzada para condenar al pago de costas en la segunda instancia de un juicio ordinario civil, de su interpretaci�n literal, teleol�gica y sistem�tica se desprende que el legislador, al mencionar el vocablo ?juicio?, se refiri� a las dos instancias que conforman en general a las controversias judiciales civiles que se sigan de conformidad con el propio c�digo adjetivo; sin embargo, si bien en ambas debe estarse a la regla procesal de que el pago de costas corre a cargo de la parte vencida en juicio, tambi�n lo es que en la alzada, para determinar a qui�n corresponde cubrir el monto de dichas erogaciones, en estricta aplicaci�n anal�gica de los p�rrafos tercero y cuarto del dispositivo en menci�n, el tribunal deber� atender al resultado que arroje s�lo la sentencia de segunda instancia, pues el pago de dicha prestaci�n deber� obedecer a lo fundado o infundado que resulten los agravios formulados por el recurrente; lo anterior, con independencia de que el citado tribunal, al gozar de amplias facultades sobre la materia, tambi�n pueda resolver a su arbitrio sobre el pago de tal prestaci�n con base en la temeridad o mala fe demostrada por los litigantes en esa instancia procesal.

As� las cosas, en esta teor�a, el vencimiento se determina por el resultado del proceso o del incidente; es este resultado del proceso o del vencimiento el que determina la condici�n de vencido. El vencimiento se produce cuando existe estimaci�n de las pretensiones de un litigante contra su adversario; o sea, cuando una de las partes obtiene del �rgano jurisdiccional la protecci�n jur�dica de sus pretensiones frente al adversario, sea mediante una sentencia definitiva, o una interlocutoria que decida el incidente con fuerza de definitiva.

Ahora bien, el Poder Legislativo del Estado de San Luis Potos�, al crear el C�digo de Procedimientos Civiles, adopt� el sistema o la teor�a del vencimiento con un criterio de aplicaci�n estricta o absoluta, que no da al �rgano jurisdiccional facultad para ponderar cu�ndo aplicar o no la condena al pago de costas, pues para la imposici�n no atiende a elementos subjetivos como el dolo o la culpa, sino �nicamente al hecho objetivo del vencimiento, como se aprecia del contenido de los art�culos 135 y 136, que se leen como sigue:

"Art�culo 135. Siempre se har� condenaci�n en costas, p�danlo o no las partes:

"I. En contra del litigante que no obtuviere resoluci�n favorable, ya en lo principal, ya en los incidentes que surgieren;

"II. En contra del que no obtuviere sentencia favorable en segunda instancia. En este caso, la condenaci�n comprender� las costas de ambas instancias.

"La condenaci�n no comprender� los honorarios y gastos ocasionados por promociones, pruebas y actuaciones que sean in�tiles y superfluas o no autorizadas por la ley."

"Art�culo 136. Se except�an de lo prevenido en el art�culo anterior:

"I. Los casos en que desestimada la demanda, lo sea igualmente la reconvenci�n y aquellos en que tanto una como la otra se encontraren en parte procedentes;

II. Cuando ejercitada una acci�n s�lo se estime procedente en parte, por las excepciones que hubiere hecho valer el demandado.

En los supuestos previstos en el art�culo 135, la declaraci�n del derecho se efect�a contra una sola de las partes, lo que puede suceder tanto sila demanda es �nica o consta de varias partes y es admitida o rechazada �ntegramente, como si frente a una o varias demandas existiesen una o varias reconvenciones, y aqu�llas, o �stas, fueren rechazadas o acogidas en su totalidad, pues claramente se refiere en singular al litigante que no obtuviere resoluci�n favorable, ya en lo principal, ya en los incidentes, seg�n la fracci�n I, o en contra del que no obtuviere sentencia favorable en segunda instancia, como se lee en la fracci�n II.

Empero, el legislador, consciente de que en los procesos frecuentemente ocurre lo contrario; ya que una demanda puede ser admitida en parte y en parte desestimada; esto es, puede ser estimada alguna pretensi�n de la demanda y otras no; y puede ser aceptada la demanda y tambi�n la reconvenci�n; estableci� dos modalidades a la regla general prevista en el art�culo 135, esto en el art�culo 136 tambi�n transcrito, exceptuando del pago de costas a ambas partes cuando desestimada la demanda, lo sea igualmente la reconvenci�n y aquellos en que tanto una como la otra se encontraren en parte procedentes; o bien, cuando la acci�n ejercida s�lo se estime procedente en parte, por las excepciones que hubiere hecho valer el demandado.

Se trata del caso de vencimiento mutuo, pues se est� en los supuestos de que exista declaraci�n de derecho contra ambas partes. Y es que el demandado puede limitarse a la simple defensa negando el hecho afirmado por el actor. Puede tomar a su vez una iniciativa, contraponiendo al hecho del actor otro hecho que anula, destruye sus efectos jur�dicos (caso t�pico de la excepci�n). O puede, en fin, no limitarse a defender su libertad frente al derecho (exigencia) del actor, sino pretender a su vez la satisfacci�n de un derecho suyo; un contra-derecho, una contra-prestaci�n; lo que t�picamente constituye la reconvenci�n.

En las sentencias que forman parte de esta contradicci�n, el problema jur�dico resuelto por ambos tribunales planteaba el caso de vencimiento mutuo, pues el demandado que logr� con sus excepciones que las pretensiones del actor s�lo fueran estimadas en parte y desestimadas en otra, interpuso la apelaci�n contra la sentencia de primera instancia sin que obtuviera en �sta sentencia favorable, por la desestimaci�n de sus agravios; y mientras un tribunal estim� legal la condena al pago de costas en ambas instancias al demandado apelante, el otro resolvi� lo contrario.

Empero, de todo lo anterior expuesto debe concluirse, que si bien el art�culo 135, fracci�n II, del C�digo de Procedimientos Civiles para el Estado de San Luis Potos�, establece la condena al pago de costas en ambas instancias en contra del que no obtiene sentencia favorable en segunda instancia, dicho supuesto no aplica cuando se actualice cualquiera de los casos de excepci�n previstos en el art�culo 136 del mismo ordenamiento legal, particularmente el de la fracci�n II, que fue planteado a los Tribunales Colegiados de Circuito que participan en esta contradicci�n, en que en virtud de las excepciones que haya hecho valer el demandado apelante, la acci�n ejercida por el actor s�lo se estime procedente en parte, pues se estar�a en presencia del vencimiento mutuo que, como se dijo en p�rrafos precedentes, except�a del pago de costas a ambas partes.

No pueden servir de fundamento a la proposici�n contraria, las tesis de jurisprudencia invocadas por el Segundo Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, como la identificada con la clave 1a./J. 11/2002, derivada de la resoluci�n dictada por esta Primera S. de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, al resolver la contradicci�n de tesis 68/2001-PS, el nueve de enero de dos mil dos, en tanto que el C�digo de Procedimientos Civiles para el Estado de Q.�taro que fue interpretado, prev� un sistema de costas diverso al del C�digo de Procedimientos Civiles para el Estado de San Luis Potos�, seg�n puede advertirse del art�culo 135 del ordenamiento legal primeramente citado, en que se adopta una postura diversa a la teor�a del vencimiento de aplicaci�n estricta o absoluto en la que la �nica pauta para determinar la condena en costas es el vencimiento puro y simple.

"Art�culo 135. Cada parte ser� inmediatamente responsable de las costas que originen las diligencias que promuevan.

"Las costas del proceso consisten en la suma que, seg�n la apreciaci�n del J. y con base en las disposiciones arancelarias, ha debido desembolsar la parte que obtenga, excluido el costo de todo acto o forma de defensa que se consideren superfluos.

"La parte que pierde debe reembolsar a su contraria las costas del proceso.

"Se considera que pierde una parte cuando el J. acoge parcial o totalmente las pretensiones de la parte contraria.

"Si dos partes pierden rec�procamente, el J. puede exonerarlas de la obligaci�n que impone el tercer p�rrafo de este art�culo, en todo o en parte; pudiendo imponer un reembolso parcial contra una de ellas, seg�n las proporciones de las p�rdidas.

"Todo gasto in�til que una parte ocasione a la contraria, ser� a cargo de la primera independientemente del resultado del juicio."

O bien, las tesis de jurisprudencia tambi�n citadas por el Segundo Tribunal en comento, en que se interpret� el C�digo de Comercio, que tampoco contiene un sistema de costas igual al del C�digo de Procedimientos Civiles del Estado de San Luis Potos�, sino que prev� un sistema ecl�ctico entre las teor�as de la pena y del vencimiento, como claramente se advierte del contenido de las diversas tesis precitadas en otra parte de este considerando.

Lo mismo debe decirse por lo que se refiere a la tesis identificada con el n�mero 1a./J. 28/2003, de esta Primera S. de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, al resolver la contradicci�n de tesis 122/2002, el veintiuno de mayo de dos mil tres, a prop�sito de la interpretaci�n del art�culo 140, fracci�n IV, del C�digo de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, pues el sistema que establece es distinto al de la legislaci�n que aqu� se analiza seg�n puede verse en el texto de dicho precepto:

"Art�culo 140. La condenaci�n en costas, se har� cuando as� lo prevenga la ley, o cuando, a juicio del J., se haya procedido con temeridad o mala fe.

"Siempre ser�n condenados:

"I. El que ninguna prueba rinda para justificar su acci�n o su excepci�n, si se funda en hechos disputados;

"II. El que presentare instrumentos o documentos falsos, o testigos falsos o sobornados;

"III. El que fuere condenado en los juicios ejecutivo, hipotecario, en los interdictos de retener y recuperar la posesi�n, y el que intente alguno de estos juicios si no obtiene sentencia favorable. En estos casos la condenaci�n se har� en la primera instancia, observ�ndose en la segunda lo dispuesto en la fracci�n siguiente;

"IV. El que fuere condenado por dos sentencias conformes de toda conformidad en su parte resolutiva, sin tomar en cuenta la declaraci�n sobre costas. En este caso, la condenaci�n comprender� las costas de ambas instancias.

"V. El que intente acciones o haga valer excepciones notoriamente improcedentes;

"VI. El que oponga excepciones procesales improcedentes o haga valer recursos e incidentes de este tipo, a quien no solamente se le condenar� respecto de estas excepciones, recursos e incidentes, sino que si la sentencia definitiva le es adversa, tambi�n se le condenar� por todos los dem�s tr�mites, y as� lo declarar� dicha resoluci�n definitiva, y

"VII. Las dem�s que prevenga este c�digo."

A m�s de todo lo anterior, las tesis de jurisprudencia que orientaron el criterio del Segundo Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, no analizaron supuestos normativos id�nticos o de similar contenido al de la fracci�n II del art�culo 136 del C�digo de Procedimientos Civiles para el Estado de San Luis Potos�, que en forma expresa establece la excepci�n al pago de costas de ambas instancias, cuando ejercida una acci�n s�lo se estime procedente en parte.

Por �ltimo, el argumento relativo a que el caso de excepci�n para la condena al pago de costas s�lo es aplicable en la primera instancia, que es donde v�lidamente puede hablarse de acciones, excepciones, actor y demandado y no en la segunda instancia, mismo que tambi�n soporta la tesis del Segundo Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, carece de bases jur�dicas de sustentaci�n y atenta contra el texto de la ley, pues la excepci�n al pago de costas prevista en el art�culo 136 del C�digo de Procedimientos Civiles del Estado de San Luis Potos�, est� referida precisamente al caso de la fracci�n II del art�culo 135 del propio ordenamiento legal, que prev� la condena en costas en ambas instancias contra el que no obtuviere sentencia favorable en la apelaci�n, donde las instituciones jur�dicas de la acci�n, excepci�n, actor y demandado, no pierden ese car�cter por el solo hecho de elevar el juicio a la segunda instancia.

En las relatadas condiciones, esta Primera S. de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n considera que debe prevalecer con car�cter de jurisprudencia la tesis que dice:

COSTAS. SE EXCEPT�A DE SU CONDENA CUANDO SE ACTUALIZA EN EL JUICIO CIVIL EL VENCIMIENTO MUTUO (LEGISLACI�N DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOS�).-Trat�ndose de costas, el C�digo de Procedimientos Civiles de dicha entidad federativa adopt� el sistema o la teor�a del vencimiento con un criterio de aplicaci�n estricta o absoluta que no faculta al �rgano jurisdiccional para ponderar cu�ndo aplicar o no la condena a su pago, pues la imposici�n no atiende a elementos subjetivos como el dolo o la culpa, sino �nicamente al hecho objetivo del vencimiento, como se advierte de los art�culos 135 y 136 del citado c�digo, ya que en el primero, la declaraci�n del derecho se efect�a contra una sola de las partes, lo que puede suceder tanto si la demanda es �nica o consta de varias partes y es admitida o rechazada �ntegramente, como si frente a una o varias demandas existiesen una o varias reconvenciones, y aqu�llas o �stas fueren rechazadas o acogidas en su totalidad, pues claramente se refiere en singular al litigante que no obtuviere resoluci�n favorable -en lo principal o en los incidentes- o en contra del que no obtuviere sentencia favorable en segunda instancia; mientras que el segundo numeral establece dos modalidades a la regla general descrita, exceptuando del pago de costas a ambas partes cuando desestimada la demanda, lo sea igualmente la reconvenci�n y aquellas en que tanto una como la otra se encontraren en parte procedentes, o bien, cuando la acci�n ejercida s�lo se estime procedente en parte, por las excepciones que hubiere hecho valer el demandado, pues se estar� en los casos de vencimiento mutuo, por la declaraci�n de derecho contra ambas partes. En ese tenor, si bien el art�culo 135, fracci�n II, del C�digo de Procedimientos Civiles para el Estado de San Luis Potos� establece la condena al pago de costas en ambas instancias en contra del que no obtiene sentencia favorable en segunda instancia, dicho supuesto no aplica cuando se actualiza cualquiera de los casos de excepci�n previstos en el art�culo 136 de dicho ordenamiento legal, particularmente el de la fracci�n II, es decir, cuando por virtud de las excepciones hechas valer por el demandado apelante, la acci�n ejercida por el actor s�lo se estime procedente en parte, pues se estar�a en presencia del vencimiento mutuo que except�a del pago de costas a ambas partes.

Lo resuelto no afecta las situaciones jur�dicas concretas derivadas de los juicios de amparo en los cuales se dictaron las ejecutorias materia de la contradicci�n, por as� ordenarlo el art�culo 197-A, p�rrafo segundo, de la Ley de Amparo.

Por lo expuesto y fundado, se

resuelve:

PRIMERO

S� existe la contradicci�n de tesis a que este expediente 101/2005-PS se refiere, en los t�rminos del considerando sexto de esta resoluci�n.

SEGUNDO

Debe prevalecer con car�cter de jurisprudencia, el criterio sustentado por esta Primera S., en los t�rminos de la tesis redactada en el �ltimo considerando del presente fallo.

TERCERO

D�se publicidad a la tesis jurisprudencial que se sustenta en la presente resoluci�n, en t�rminos del art�culo 195 de la Ley de Amparo.

N.�quese; c�mplase y, en su oportunidad, arch�vese el toca relativo a la presente contradicci�n de tesis, como asunto concluido.

As� lo resolvi� la Primera S. de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, por unanimidad de cinco votos de los se�ores Ministros: Jos� de Jes�s G.�o P., S.A.V.H.�ndez, J.N.S.M. (ponente), J.R.�n C.�o D�az y presidenta O.S.C. de G.�a V..