Ejecutoria num. 1a./J. 162/2005 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala - Jurisprudencia - VLEX 26823435

Ejecutoria num. 1a./J. 162/2005 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala

Emisor:Primera Sala
Número de Resolución:1a./J. 162/2005
Materia:Suprema Corte de Justicia de México
Fecha de Publicación: 1 de Enero de 2006
RESUMEN

CONTRADICCIÓN DE TESIS 104/2005-PS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SEXTO CIRCUITO Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO PRIMER CIRCUITO. CONDENA CONDICIONAL. CORRESPONDE AL JUEZ DETERMINAR SI PARA SU GOCE EL SENTENCIADO DEBE OTORGAR GARANTÍA O SUJETARSE A LAS MEDIDAS QUE SE LE FIJEN (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 90, FRACCIÓN II, INCISO A), DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL).

 
ÍNDICE
CONTENIDO

CONTRADICCI�N DE TESIS 104/2005-PS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SEXTO CIRCUITO Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL D�CIMO PRIMER CIRCUITO.

CONSIDERANDO:

TERCERO

El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito al resolver el amparo directo D-123/2005, promovido por ... a trav�s de la defensora p�blica federal, sostuvo lo siguiente:

... Luego, respecto al beneficio de la condena condicional otorgado por el J. de primera instancia al inculpado, misma que fuera modificada por el tribunal de alzada, en cuanto al monto de la garant�a fijada, ya que de cinco mil pesos se redujo a cuatro mil, la parte quejosa argumenta que, no se aplic� adecuadamente lo previsto en el art�culo 90, fracci�n II, inciso a), del C�digo Penal Federal, pues de su lectura se advierte que existen dos opciones para que surta efectos el beneficio citado, por lo que debi� precisarse en la resoluci�n de segunda instancia, que el acusado puede optar por una u otra, por tanto insiste tiene aplicaci�n la tesis XI.2o.30 P, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del D�cimo Primer Circuito, publicada en la p�gina 975 del Tomo XI, marzo de 2000, del Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, del rubro y texto siguientes: ?CONDENA CONDICIONAL. CORRESPONDE AL SENTENCIADO ELEGIR EL REQUISITO A SATISFACER ENTRE LOS PREVISTOS EN EL ART�CULO 90, F.I., INCISO A) DEL C�DIGO PENAL FEDERAL.? (se transcribe). Sin embargo, este �rgano colegiado considera que, en la especie, el criterio transcrito no cobra aplicaci�n, en primer t�rmino, porque alude a una hip�tesis diversa a la que aqu� se analiza, ya que, de la lectura de la �ltima idea ah� plasmada, se advierte que, en el caso que le dio origen, la autoridad judicial responsable determin� que para gozar del beneficio de la conmutaci�n de la pena, el inculpado deb�a satisfacer, tanto la garant�a como las medidas que para asegurar su presentaci�n le impuso, en tanto que, en el presente asunto, el J. natural apoyado por el tribunal de alzada, s�lo fij� un requisito a satisfacer, esto es, una garant�a -la que como se dijo fue reducida por este �ltimo- para gozar del beneficio en comento, mas no exigi� el cumplimiento de �sta y de medidas para asegurar su comparecencia. Y en segundo lugar, porque, si bien, en la parte inicial del criterio en comento, se establece que es imperativo para el juzgador se�alar garant�a y establecer las medidas con las que se asegure la presentaci�n ante la autoridad, a fin de que sea el sentenciado quien elija entre una u otras; empero, esta potestad federal considera que, la condena condicional es un beneficio consagrado a favor del sentenciado, mas no un derecho establecido por la ley a su favor y, por ende, corresponde al arbitrio del juzgador otorgar o negar dicho beneficio -lo que no lo soslaya de motivar adecuadamente, dado el caso, su negativa-, seg�n lo establece la jurisprudencia identificada con el n�mero 86, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, publicada en la p�gina 62, del Tomo II, Materia Penal, del Ap�ndice al Semanario Judicial de la Federaci�n 1917-2000, del tenor siguiente: ?CONDENA CONDICIONAL. ARBITRIO JUDICIAL.? (se transcribe). Luego, si por s� misma la condena condicional constituye un beneficio que debe ser otorgado conforme el prudente arbitrio del juzgador, y no un derecho establecido por la ley penal, entonces, por consecuencia, tambi�n corresponde al campo de la potestad judicial determinar, conforme a lo dispuesto por el art�culo 90, fracci�n II, inciso a), del C�digo Penal Federal, si para el goce de la condena condicional, el sentenciado debe otorgar garant�a, o bien sujetarse a las medidas que, para tal efecto, se le fijen, es decir, ser� conforme al razonamiento l�gico jur�dico del juzgador que se elija entre una u otra opci�n -exhibir garant�a o sujetarse a medidas-, sin que, por tanto, la disyuntiva a que hace referencia el precepto citado, implique un imperativo para el J. de fijar ambas opciones y dejar a la voluntad del sentenciado la elecci�n de una de ellas, pues eso representar�a otorgar un beneficio tras otro beneficio, por ende, se considera que, en el caso, no le depara perjuicio alguno al quejoso el proceder del tribunal de alzada de fijar la garant�a, en la cantidad de cuatro mil pesos, para que pueda gozar del beneficio en comento. Por tanto, ante los argumentos antes vertidos, este �rgano colegiado no comparte el criterio sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado del D�cimo Primer Circuito, cuyos datos de localizaci�n, rubro y texto han sido identificados en p�rrafos precedentes, en lo relativo a que, para gozar del beneficio de la condena condicional, corresponde al sentenciado elegir el requisito a satisfacer entre los previstos en el art�culo 90, fracci�n II, inciso a) del C�digo Penal Federal, porque, es de indicarse que, como se estableci�, esta potestad federal estima que ello no es as�, pues implicar�a el otorgamiento de un beneficio tras otro diverso, por lo que corresponde al juzgador determinar cu�l de los requisitos legalmente establecidos, debe cumplir el inculpado para gozar de la condena condicional, por ende, este �rgano colegiado no comparte el criterio citado; en tal virtud, proc�dase a la denuncia de la contradicci�n de tesis correspondiente, conforme lo dispuesto por el art�culo 196 de la Ley de Amparo. Finalmente, en la �ltima parte, del considerando cuarto de la sentencia reclamada, el Tribunal Unitario responsable determin�, como se indic� anteriormente, reducir el monto de la garant�a fijada para gozar del beneficio de la condena condicional, lo que implica una modificaci�n a la resoluci�n apelada, sin que ello se reflejara en los puntos resolutivos de aquel fallo, dado que, en el primero, se limit� a confirmar la sentencia condenatoria del treinta y uno de diciembre de dos mil cuatro, situaci�n que �nicamente deviene en una incongruencia entre el contenido de los considerandos y el de los resolutivos, sin que ello le depare perjuicio alguno al quejoso, en virtud de que las resoluciones se rigen por la parte considerativa. En ese orden de ideas, la sentencia reclamada se ci�e a las garant�as de legalidad y certeza jur�dica que prev�n los art�culos 14 y 16 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos; lo cual impone negar a ... el amparo y protecci�n que solicita. La negativa de amparo debe hacerse extensiva a los actos de ejecuci�n reclamados de la J. Cuarto de Distrito en el Estado de Puebla y a la Administradora Local de Recaudaci�n de Puebla, Zona Norte, dado que los mismos no se reclaman por vicios propios, sino que su ilegalidad se hace depender de la del acto atribuido a la autoridad ordenadora. Apoya lo anterior, la tesis n�mero noventa y uno, sustentada por la -entonces- Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, publicada en la p�gina setenta y dos, del Tomo VI, Materia Com�n, Jurisprudencia, P.S., del Ap�ndice al Semanario Judicial de la Federaci�n 1917-2000, de rubro y texto siguientes: ?AUTORIDADES EJECUTORAS. NEGACI�N DE AMPARO CONTRA ORDENADORAS.? (se transcribe).

CUARTO

Por su parte, el Segundo Tribunal Colegiado del D�cimo Primer Circuito, al resolver el amparo directo penal 829/99 promovido por ... sostuvo las siguientes consideraciones:

"QUINTO. Los conceptos de violaci�n transcritos son parcialmente fundados. Previo a su respuesta es conveniente dejar asentado que la sentencia reclamada fue pronunciada en acatamiento al acuerdo de veintinueve de septiembre de mil novecientos noventa y nueve, a trav�s del cual este Tribunal Colegiado resolvi� el juicio de amparo directo penal 385/99, concediendo la protecci�n constitucional al quejoso ... para el efecto de que el Magistrado responsable dejara insubsistente el entonces fallo impugnado y en su lugar pronunciara otro en el que, ?subsistiendo la declaratoria de que ... es plenamente responsable de la comisi�n de los delitos de peculado, tipificado y sancionado en el art�culo 223, fracci�n I y �ltimo p�rrafo, del C�digo Penal Federal, ejercicio indebido del servicio p�blico a que se refiere el numeral 214, fracci�n IV y p�rrafo �ltimo del propio c�digo; y falsificaci�n de documentos a que se contrae el dispositivo 243, en relaci�n con el 244 y 245 de la misma codificaci�n; las penas privativa de libertad y multa que le impuso por el primero de esos il�citos; tomando en consideraci�n los lineamientos trazados determine que no fue materia del procesamiento del hecho que se hizo consistir en que del mes de enero de mil novecientos noventa y cinco al catorce de febrero de mil novecientos noventa y seis, se le detect� al acusado sesenta y siete facturas con pago de sobreprecio de ox�geno, con lo que ocasion� una erogaci�n adicional de siete mil ochocientos veintid�s pesos, en su actuar de administrador de la instituci�n denunciante; hecho lo anterior y tomando en cuenta tal circunstancia, vuelva a hacer un estudio del cap�tulo relativo a la condena a la reparaci�n del da�o, estableciendo lo que en derecho proceda; y, adem�s, en vista de las pruebas testimonial y documental que le fueron aportadas en segunda instancia para acreditar la buena conducta del sentenciado, estudie y resuelva sobre la procedencia o no del beneficio de condena condicional que le fue negado en primera instancia? (fojas 226 y 227 de dicho acuerdo). Por tanto, la materia del juicio de amparo que nos ocupa versa sobre los apartados de condena a la reparaci�n del da�o y el beneficio de condena condicional. As�, cabe decir que se encuentra ajustada a derecho la condena a la reparaci�n del da�o, consistente en pagar a la ofendida la cantidad de trece mil novecientos dos pesos; toda vez que a ese monto asciende el da�o que se le caus� por la alteraci�n de las cuarenta y cinco facturas de proveedores de carne, pollo, frutas y legumbres, como as� se determin� pericialmente. Igual consideraci�n jur�dica procede hacer en relaci�n a la decisi�n del Magistrado responsable de absolver el acusado por el mismo concepto, respecto de las sesenta y siete facturas con pago de sobreprecio de ox�geno, con lo que ocasion� una erogaci�n adicional de siete mil ochocientos veintid�s pesos en su actuar de administrador de la instituci�n ofendida; toda vez que la conducta que origin� ese hecho no fue materia de su procesamiento. Por otra parte, en el considerando segundo de la sentencia reclamada el Magistrado responsable otorg� a ... el beneficio de condena condicional, ?previa garant�a que al efecto exhiba ante y a satisfacci�n del J. de los autos por la cantidad de cinco mil pesos, que fuera la que se le fij� como garant�a para que cumpliera con las obligaciones que contrajo con motivo del beneficio de libertad provisional bajo cauci�n que le fue concedida por el propio J., adem�s de que deb�a hacer el pago de la reparaci�n del da�o que, como ya se dijo, asciende a trece mil novecientos dos pesos y sujetarse a las condiciones que dicho juzgador le imponga.?. D.�n que se encuentra ajustada a derecho, en cuanto al monto fijado como garant�a del beneficio de condena condicional; toda vez que si la cantidad de cinco mil pesos se estim� suficiente para garantizar la presencia del acusado a disposici�n del J. del proceso y para que no eludiera la acci�n de la justicia, debe estimarse que ese monto tambi�n lo es para garantizar la presencia del condenado ante la autoridad, siempre que sea requerido durante la suspensi�n de los efectos de la sanci�n corporal impuesta; lo anterior en raz�n de ser justa y equitativa, tan es as� que el hoy quejoso jam�s promovi� su reducci�n por considerarla excesiva, como ahora lo alega, en t�rminos del art�culo 400 del C�digo Federal de Procedimientos Penales. No obsta a lo anterior lo aducido por el quejoso, de que el Magistrado responsable no tom� en cuenta en la fijaci�n del monto de la garant�a, que el monto del da�o a reparar disminuy� y que, por ende, aqu�l tambi�n debi� ser reducido; toda vez que de conformidad con lo dispuesto en el art�culo 20, fracci�n I, de la Carta Magna, el monto y la forma de la cauci�n deben ser asequibles para el enjuiciado, bajo las circunstancias que la ley determine tomando en cuenta el juzgador la naturaleza, modalidades y circunstancias del delito; las caracter�sticas del inculpado y la posibilidad de cumplimiento de las obligaciones procesales a su cargo; los da�os y perjuicios al ofendido; as� como la sanci�n pecuniaria que, en su caso, pueda impon�rsele. Por tanto, si el art�culo 399 del C�digo Federal de Procedimientos Penales dispone que para hacer uso de la libertad provisional bajo cauci�n el inculpado deber� garantizar el monto estimado de la reparaci�n del da�o y las sanciones pecuniarias que en su caso puedan impon�rsele, as� como otorgar cauci�n para el cumplimiento de las obligaciones a su cargo, que la ley establece en raz�n del proceso; es inconcuso que, tanto las dos primeras garant�as como la cauci�n son requisitos aut�nomos e independientes que deben cumplirse para tal fin; de ah� que no influyan entre ellos, en cuanto a su fijaci�n, como incorrectamente lo pretende el inconforme y, por ende, es irrelevante el que en segunda instancia se redujera el monto de la reparaci�n del da�o y la pena impuesta, ya que en relaci�n a �sta, s�lo se requiere que no exceda de cuatro a�os, como lo ordena el art�culo 90, fracci�n I, inciso a) del C�digo Penal Federal, como uno de los requisitos que deben cubrirse para la procedencia del beneficio en comento, siendo otro de ellos precisamente el reparar el da�o causado, como lo se�ala el inciso e) de la fracci�n II de ese precepto legal. En cambio, asiste raz�n jur�dica al quejoso cuando sostiene que el Magistrado responsable, al exigirle tanto la garant�a como el que se sujete a las medidas que le fije el J. del proceso, viola el art�culo 90, fracci�n II, inciso a) del C�digo Penal Federal porque, a juicio del inconforme, este precepto se�ala la disyuntiva de exigir una u otra medida, pero no ambas; ello es as� porque si el apartado de que se trata establece: ?a) Otorgar la garant�a o sujetarse a las medidas que se le fijen, para asegurar su presentaci�n ante la autoridad siempre que fuere requerido?; ello conlleva a estimar que se est� facultando al juzgador para que le se�ale garant�a y establezca las medidas para asegurar la presentaci�n aludida, a fin de que aqu�l escoja, a su elecci�n, la garant�a o las medidas a cumplir, pero sin que ello se traduzca en que ambos requisitos deban quedar satisfechos a la vez, ante la conjunci�n que al efecto guarda la redacci�n de la normatividad de que se trata. En consecuencia, se concluye que la sentencia reclamada es violatoria de garant�as individuales en perjuicio del quejoso, a quien por ese motivo procede concederle el amparo solicitado para el efecto de que el Magistrado responsable deje insubsistente la misma y en su lugar pronuncie otra en la que siguiendo los lineamientos apuntados fije al sentenciado la garant�a y las medidas del caso, para que �ste elija por cu�l de ellas se inclina con el objeto de que haga uso del beneficio de condena condicional, resolviendo lo que en derecho proceda. Protecci�n constitucional que ha de hacerse extensiva a los actos de ejecuci�n, conforme a la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, registrada con el n�mero 103, en la p�gina 107 del Tomo VI, Materia Com�n, compilaci�n 1917-1995, que dice: ?AUTORIDADES EJECUTORAS, ACTOS INCONSTITUCIONALES DE LAS.? (se transcribe)."

QUINTO

Cabe se�alar que aun cuando los criterios sustentados por los Tribunales Colegiados contendientes, no constituyen jurisprudencia debidamente integrada, ello no es requisito indispensable para proceder a su an�lisis y establecer si existe la contradicci�n planteada y en su caso cu�l criterio debe prevalecer.

Tienen aplicaci�n las siguientes tesis que a continuaci�n se transcriben:

"Octava �poca

"Instancia: Pleno

"Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federaci�n

"N�mero: 83, noviembre de 1994

"Tesis: P. L/94

"P�gina: 35

"CONTRADICCI�N DE TESIS. PARA SU INTEGRACI�N NO ES NECESARIO QUE SE TRATE DE JURISPRUDENCIAS. Para la procedencia de una denuncia de contradicci�n de tesis no es presupuesto el que los criterios contendientes tengan la naturaleza de jurisprudencias, puesto que ni el art�culo 107, fracci�n XIII, de la Constituci�n Federal ni el art�culo 197-A de la Ley de Amparo, lo establecen as�."

"Novena �poca

"Instancia: Segunda Sala

"Fuente: Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta

"Tomo: XII, noviembre de 2000

"Tesis: 2a./J. 94/2000

"P�gina: 319

CONTRADICCI�N DE TESIS. SU EXISTENCIA REQUIERE DE CRITERIOS DIVERGENTES PLASMADOS EN DIVERSAS EJECUTORIAS, A PESAR DE QUE NO SE HAYAN REDACTADO NI PUBLICADO EN LA FORMA ESTABLECIDA POR LA LEY. Los art�culos 107, fracci�n XIII, de la Constituci�n General de la Rep�blica, 197 y 197-A de la Ley de Amparo, regulan la contradicci�n de tesis sobre una misma cuesti�n jur�dica como forma o sistema de integraci�n de jurisprudencia, desprendi�ndose que la tesis a que se refieren es el criterio jur�dico sustentado por un �rgano jurisdiccional al examinar un punto concreto de derecho, cuya hip�tesis, con caracter�sticas de generalidad y abstracci�n, puede actualizarse en otros asuntos; criterio que, adem�s, en t�rminos de lo establecido en el art�culo 195 de la citada legislaci�n, debe redactarse de manera sint�tica, controlarse y difundirse, formalidad que de no cumplirse no le priva del car�cter de tesis, en tanto que esta investidura la adquiere por el solo hecho de reunir los requisitos inicialmente enunciados de generalidad y abstracci�n. Por consiguiente, puede afirmarse que no existe tesis sin ejecutoria, pero que ya existiendo �sta, hay tesis a pesar de que no se haya redactado en la forma establecida ni publicado y, en tales condiciones, es susceptible de formar parte de la contradicci�n que establecen los preceptos citados.

SEXTO

En primer lugar debe determinarse si en el caso existe contradicci�n de criterios, pues s�lo en tal supuesto es dable definir cu�l es el que debe prevalecer.

Para que haya materia a dilucidar respecto de cu�l criterio es el que debe prevalecer, debe existir, cuando menos formalmente, una oposici�n de criterios jur�dicos en los que se analice la misma cuesti�n; es decir, para que se surta su procedencia, la contradicci�n denunciada debe referirse a las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jur�dicas vertidas dentro de las sentencias respectivas.

En otras palabras, existe contradicci�n de criterios cuando concurren los siguientes supuestos:

  1. Que al resolver los negocios se examinen cuestiones jur�dicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jur�dicos discrepantes;

  2. Que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jur�dicas de las sentencias respectivas, y

  3. Que los diferentes criterios provengan del examen de los mismos elementos.

Al respecto, es aplicable la jurisprudencia que a continuaci�n se transcribe:

"Novena �poca

"Instancia: Pleno

"Fuente: Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta

"Tomo: XIII, abril de 2001

"Tesis: P./J. 26/2001

"P�gina: 76

CONTRADICCI�N DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA. De conformidad con lo que establecen los art�culos 107, fracci�n XIII, primer p�rrafo, de la Constituci�n Federal y 197-A de la Ley de Amparo, cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n o la Sala que corresponda deben decidir cu�l tesis ha de prevalecer. Ahora bien, se entiende que existen tesis contradictorias cuando concurren los siguientes supuestos: a) que al resolver los negocios jur�dicos se examinencuestiones jur�dicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jur�dicos discrepantes; b) que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jur�dicas de las sentencias respectivas; y, c) que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos.

Establecido lo anterior, es procedente examinar si en la especie se da o no contradicci�n de criterios.

Los antecedentes que precedieron a la sentencia dictada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, al resolver el amparo directo 123/2005, promovido por ... en contra de la sentencia de dieciocho de marzo de dos mil cinco, dictada por el Tribunal Unitario del Sexto Circuito, dentro del toca penal 19/2005-7, en la que se confirm� la de primera instancia de treinta y uno de diciembre de dos mil cuatro dentro del proceso 57/2004, instruido por el delito ambiental en la modalidad de tala de �rboles, as� como su ejecuci�n, sostuvo que respecto del beneficio de la condena condicional otorgada por el J. de primera instancia al inculpado �sta hab�a sido correctamente modificada, en cuanto al monto de la garant�a fijada, sin embargo, sostuvo que toda vez que la condena condicional no se trataba de un derecho establecido por la ley penal, sino de un beneficio que debe ser otorgado conforme al prudente arbitrio del juzgador, tambi�n corresponde a �ste, conforme a lo dispuesto por el art�culo 90, fracci�n II, inciso a), del C�digo Penal Federal, determinar si para el goce de la condena condicional, el sentenciado debe otorgar garant�a, o bien, debe sujetarse a las medidas que para tal efecto se le fijen, es decir, el juzgador deber� elegir entre una u otra, pues dejar dicha circunstancia a elecci�n del sentenciado, representar�a otorgarle un beneficio tras otro beneficio.

Por su parte, el Segundo Tribunal Colegiado del D�cimo Primer Circuito, al resolver el amparo directo penal 829/99, promovido por ... en contra de la resoluci�n dictada por el Segundo Tribunal Unitario del D�cimo Primer Circuito el veintid�s de octubre de mil novecientos noventa y nueve se�al� que de acuerdo al contenido del art�culo 90, fracci�n II, inciso a) del C�digo Penal Federal, el J. del proceso se encontraba obligado ya fuera a fijar garant�a, o bien a exigir que el inculpado se sujetara a las medidas que el propio juzgador le fijara, esto es, que proced�a una u otra figura mas no las dos, como de forma incorrecta se hab�a se�alado por el Tribunal Unitario a quo, por lo que proced�a conceder el amparo solicitado para el efecto de que con los par�metros establecidos, el sentenciado eligiera entre el otorgamiento de la garant�a, o bien, con el cumplimiento de las medidas que establezca el juzgador, para asegurar su presentaci�n ante la autoridad correspondiente.

De lo anterior se desprende que s� existe punto en contradicci�n entre las resoluciones antes transcritas, toda vez que ambos Tribunales Colegiados interpretaron el contenido del art�culo 92, fracci�n II, inciso a), del C�digo Penal Federal, y el punto controvertido radica en determinar si para gozar de la condena condicional, corresponde o no al inculpado elegir entre otorgar garant�a o bien, cumplir con las medidas que se le impongan, para asegurar su presentaci�n ante la autoridad.

S�PTIMO

Debe prevalecer, con car�cter de jurisprudencia, el criterio sustentado por esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, en t�rminos de las consideraciones siguientes.

En primer t�rmino, se estima conveniente analizar las propiedades y elementos de la figura de la condena condicional, prevista en el art�culo 90 del C�digo Penal Federal, en los siguientes t�rminos:

"Art�culo 90. El otorgamiento y disfrute de los beneficios de la condena condicional, se sujetar�n a las siguientes normas:

"I. El J. o tribunal, en su caso, al dictar sentencia de condena o en la hip�tesis que establece la fracci�n X de este art�culo, suspender�n motivadamente (sic) la ejecuci�n de las penas, a petici�n de parte o de oficio, si concurren estas condiciones:

"a) Que la condena se refiera a pena de prisi�n que no exceda de cuatro a�os;

"b) Que el sentenciado no sea reincidente por delito doloso, haya evidenciado buena conducta antes y despu�s del hecho punible y que la condena no se refiera a alguno de los delitos se�alados en la fracci�n I del art�culo 85 de este c�digo; y,

"c) Que por sus antecedentes personales o modo honesto de vivir, as� como por la naturaleza, modalidades y m�viles del delito, se presuma que el sentenciado no volver� a delinquir.

"e) (sic).

"II. Para gozar de este beneficio el sentenciado deber�:

"a) Otorgar la garant�a o sujetarse a las medidas que se le fijen, para asegurar su presentaci�n ante la autoridad siempre que fuere requerido;

"b) Obligarse a residir en determinado lugar, del que no podr� ausentarse sin permiso de la autoridad que ejerza sobre �l cuidado y vigilancia;

"c) D.�ar en el plazo que se le fije, profesi�n, arte, oficio u ocupaci�n l�citos;

"d) Abstenerse del abuso de bebidas embriagantes y del empleo de estupefacientes, psicotr�picos u otras sustancias que produzcan efectos similares, salvo por prescripci�n m�dica; y,

"e) Reparar el da�o causado.

"Cuando por sus circunstancias personales no pueda reparar desde luego el da�o causado, dar� cauci�n o se sujetar� a las medidas que a juicio del J. o tribunal sean bastantes para asegurar que cumplir�, en el plazo que se le fije, esta obligaci�n.

"III. La suspensi�n comprender� la pena de prisi�n y la multa, y en cuanto a las dem�s sanciones impuestas, el J. o tribunal resolver�n discrecionalmente seg�n las circunstancias del caso.

"IV. A los delincuentes a quienes se haya suspendido la ejecuci�n de la sentencia, se les har� saber lo dispuesto en este art�culo, lo que se asentar� en diligencia formal, sin que la falta de �sta impida, en su caso, la aplicaci�n de lo prevenido en el mismo.

"V. Los sentenciados que disfruten de los beneficios de la condena condicional quedar�n sujetos al cuidado y vigilancia de la Direcci�n General de Servicios Coordinados de Prevenci�n y Readaptaci�n Social.

"VI. En caso de haberse nombrado fiador para el cumplimiento de las obligaciones contra�das en los t�rminos de este art�culo, la obligaci�n de aqu�l concluir� seis meses despu�s de transcurrido el t�rmino a que se refiere la fracci�n VII, siempre que el delincuente no diere lugar a nuevo proceso o cuando en �ste se pronuncie sentencia absolutoria. Cuando el fiador tenga motivos fundados para no continuar desempe�ando el cargo, los expondr� al J. a fin de que �ste, si los estima justos, prevenga al sentenciado que presente nuevo fiador dentro del plazo que prudentemente deber� fijarle, apercibido de que se har� efectiva la sanci�n si no lo verifica. En caso de muerte o insolvencia del fiador, estar� obligado el sentenciado a poner el hecho en conocimiento del J. para el efecto y bajo el apercibimiento que se expresa en el p�rrafo que precede.

"VII. Si durante el t�rmino de duraci�n de la pena, desde la fecha de la sentencia que cause ejecutoria el condenado no diere lugar a nuevo proceso por delito doloso que concluya con sentencia condenatoria, se considerar� extinguida la sanci�n fijada en aqu�lla. En caso contrario, se har� efectiva la primera sentencia, adem�s de la segunda, en la que el reo ser� consignado como reincidente sin perjuicio de lo establecido en el art�culo 20 de este c�digo. T.�ndose del delito culposo, la autoridad competente resolver� motivadamente si debe aplicarse o no la sanci�n suspendida.

"VIII. Los hechos que originen el nuevo proceso interrumpen el t�rmino a que se refiere la fracci�n VII tanto si se trata del delito doloso como culposo, hasta que se dicte sentencia firme.

"IX. En caso de falta de cumplimiento de las obligaciones contra�das por el condenado, el J. podr� hacer efectiva la sanci�n suspendida o amonestarlo, con el apercibimiento de que, si vuelve a faltar a alguna de las condiciones fijadas, se har� efectiva dicha sanci�n.

X. El reo que considere que al dictarse sentencia reun�a las condiciones fijadas en este precepto y que est� en aptitud de cumplir los dem�s requisitos que se establecen, si es por inadvertencia de su parte o de los tribunales que no obtuvo en la sentencia el otorgamiento de la condena condicional, podr� promover que se le conceda, abriendo el incidente respectivo ante el J. de la causa.

As�, tenemos que �sta es la instituci�n jur�dica a trav�s de la cual el J., al momento de imponer la sanci�n correspondiente, decide con plenitud de jurisdicci�n poner al sentenciado en la condici�n de no ser inmediatamente sujeto a la ejecuci�n de las penas, en tanto no se verifiquen determinadas condiciones requeridas por la ley. Dicha condicionante va precedida por la suspensi�n de la ejecuci�n de las sanciones, pena de prisi�n y de multa. Sin embargo, esta condena condicional, al igual que en el caso de la sustituci�n de sanciones, no libera de la reparaci�n del da�o, en caso de que se hubiere condenado a ello en la sentencia dictada por el J..

La condena condicional representa un beneficio en relaci�n al sentenciado y una facultad en relaci�n a la autoridad judicial que lo otorga. Como la condena condicional constituye una renuncia a la potestad punitiva del Estado, es facultativo para el �rgano jurisdiccional concederla o no.

En este sentido, se pronunci� la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n al emitir el criterio que a continuaci�n se transcribe:

"Sexta �poca

"Instancia: Primera Sala

"Fuente: Semanario Judicial de la Federaci�n

"Volumen: XLII, Segunda Parte

"P�gina: 10

"CONDENA CONDICIONAL.-En tanto la condena condicional no constituye un derecho establecido por la ley en favor del sentenciado, sino un beneficio cuyo otorgamiento queda al prudente arbitrio del juzgador, la negativa de tal beneficio no puede trascender a una violaci�n de la ley que amerite la concesi�n del amparo, por no afectarse derecho alguno del inculpado. Y si la autoridad responsable, para negar el beneficio, se apoy� tanto en la prueba de su improcedencia, como en la facultad discrecional que la ley le confiere para otorgar el beneficio, la sentencia reclamada no es violatoria de garant�as individuales.

Amparo directo 6393/60. R.�n Denicia Sald�var. 2 de diciembre de 1960. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: M.R.S..

Asimismo, debe decirse que la finalidad de la condena condicional es otorgar la oportunidad al delincuente de regenerarse sin necesidad de internarse en un centro de readaptaci�n, ya que la internaci�n en estos centros, en la mayor�a de los casos, resulta inadecuada para obtener la finalidad esperada.

Al respecto se pronunci� esta Primera Sala al emitir el criterio que a continuaci�n se transcribe:

"Quinta �poca

"Instancia: Primera Sala

"Fuente: Semanario Judicial de la Federaci�n

"Tomo: XCIX

"P�gina: 129

"CONDENA CONDICIONAL.-La condena condicional debe aplicarse con la mayor amplitud, por los beneficios sociales que reporta, en cuanto proporciona a los que por primera vez infringen la ley, la oportunidad de regenerarse, al margen de los inconvenientes que entra�an los reg�menes penitenciarios o de segregaci�n que, en las m�s de las veces, resultan defectuosos e inadecuados para obtener aquella finalidad.

Amparo penal directo 7665/48. S.C.�s D.. 14 de enero de 1949. Unanimidad de cuatro votos. La publicaci�n no menciona el nombre del ponente.

Ahora bien, ya qued� determinado que la facultad del juzgador de otorgar la condena condicional es potestativa, es decir, que aun y cuando se cumplan los requisitos de ley, el J. en atenci�n a las caracter�sticas del caso concreto, fundando y motivando su resoluci�n puede decidir que no procede el otorgamiento del beneficio en comento.

Es decir, si la condena condicional constituye un beneficio que debe ser otorgado conforme al prudente arbitrio del juzgador, y no es un derecho que debe ser otorgado indefectiblemente a favor del sentenciado, igualmente le corresponde a �ste, conforme al art�culo 90, fracci�n II, inciso a), del C�digo Penal Federal, establecer cu�les ser�n los requisitos con los que deber� cumplir el sentenciado para que pueda gozar de tal beneficio.

En efecto, el propio art�culo 90 del ordenamiento que se analiza, en su primer p�rrafo, prev� que el J. o tribunal, en su caso, al dictar sentencia de condena o en la hip�tesis que establece la fracci�n X de este art�culo, suspender�n motivadamente la ejecuci�n de las penas, a petici�n de parte o de oficio.

Es decir, al momento de dictar sentencia el juzgador deber� determinar si en la especie procede conceder el beneficio de la condena condicional, o bien, si por alguna causa dicha suspensi�n fuera omitida aun cuando conforme a ley procediera, �sta podr� ser solicitada por el sentenciado a trav�s del incidente correspondiente que se siga ante el J. de la causa.

Ahora bien, en el caso de que el J., al momento de dictar sentencia, de oficio estime que procede el otorgamiento del beneficio de la condena condicional a favor del sentenciado, deber� establecer, en primer lugar, si lo que procede es que el sentenciado otorgue garant�a, o bien si deber� sujetarse a las medidas que el propio juzgador le imponga para asegurar su readaptaci�n a la sociedad y en segundo lugar dar los razonamientos que lo llevaron a tal conclusi�n.

De lo anterior se desprende que al corresponder a la potestad judicial el otorgamiento del beneficio de la condena condicional, igualmente corresponde al juzgador establecer el medio id�neo por el cual asegurar� que el sentenciado cumpla con la sentencia fuera del centro penitenciario, pues es �ste el �nico que se encuentra en posibilidades de determinar, dadas las circunstancias personales del sentenciado, cu�l medio ser� m�s eficiente en el caso concreto.

Por otro lado, en el caso de que el beneficio de la condena no hubiera sido otorgado de oficio, y el sentenciado lo solicitara con fundamento en el art�culo 90, fracci�n X, del C�digo Penal Federal, �ste podr� manifestar cu�l es el medio o medidas que estima podr�a cumplir para que se le otorgara el beneficio de m�rito, dadas sus circunstancias personales; sin embargo, ello no vincula al juzgador a resolver en uno o determinado sentido en cuanto a los medios para otorgar la condena condicional, pues como qued� precisado con anterioridad, se trata de un beneficio que no es obligatorio otorgar, sino que queda al prudente arbitrio del juzgador concederlo o no, dadas las circunstancias del caso espec�fico y, por tanto, sin bien tendr� obligaci�n de atender a las manifestaciones del sentenciado, la decisi�n le corresponder� �nicamente a �l, de acuerdo a la valoraci�n que realice.

En ese orden de ideas, debe concluirse que corresponde al juzgador determinar si para que el sentenciado goce de la condena condicional, �ste deber� otorgar garant�a, o bien, sujetarse a las medidas que para tal efecto se le fijen, pues como qued� precisado con antelaci�n, se trata de un beneficio que puede ser otorgado o no de acuerdo al prudente arbitrio del juzgador y como consecuencia de ello, a �ste igualmente corresponde establecer de entre los requisitos que prev� el propio art�culo 90, fracci�n II, inciso a), cu�l es el m�s id�neo para el caso concreto.

En las relatadas condiciones, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia determina que debe prevalecer, con car�cter de jurisprudencia, el criterio que se sustenta en la presente resoluci�n, el cual queda redactado con el siguiente rubro y texto:

CONDENA CONDICIONAL. CORRESPONDE AL JUEZ DETERMINAR SI PARA SU GOCE EL SENTENCIADO DEBE OTORGAR GARANT�A O SUJETARSE A LAS MEDIDAS QUE SE LE FIJEN (INTERPRETACI�N DEL ART�CULO 90, F.I., INCISO A), DEL C�DIGO PENAL FEDERAL).-Conforme al citado precepto, el disfrute de los beneficios de la condena condicional est� sujeto al cumplimiento de requisitos legales, en tanto que no constituye un derecho establecido a favor del sentenciado, sino un beneficio cuyo otorgamiento queda al prudente arbitrio del juzgador, por lo que tambi�n corresponde a �ste determinar si para su goce el sentenciado deber� otorgar garant�a o sujetarse a las medidas fijadas para tal efecto, pues al tratarse de un beneficio cuya concesi�n no es obligatoria, s�lo el J. puede decidir cu�l de los requisitos contenidos en el art�culo 90, fracci�n II, inciso a), del C�digo Penal Federal es el m�s id�neo para el caso concreto, considerando las circunstancias particulares.

No sobra precisar que el anterior pronunciamiento no afecta las situaciones jur�dicas concretas derivadas de los juicios que dieron origen a las sentencias contradictorias, de conformidad con el art�culo 197, p�rrafo segundo, de la Ley Reglamentaria de los Art�culos 103 y 107 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos.

Finalmente, rem�tase el texto de la tesis jurisprudencial a que se refiere la parte final de este considerando de la presente resoluci�n, a la Direcci�n General de la Coordinaci�n de Compilaci�n y S.�n de Tesis para su publicaci�n, as� como a los �rganos jurisdiccionales que menciona la fracci�n III del art�culo 195 de la Ley de Amparo para su conocimiento.

Por lo expuesto y fundado se

resuelve:

PRIMERO

S� existe contradicci�n de tesis entre los criterios sustentados por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado del D�cimo Primer Circuito, en los t�rminos del considerando sexto de la presente resoluci�n.

SEGUNDO

Debe prevalecer, con car�cter de jurisprudencia, el criterio sustentado por esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, en los t�rminos de la tesis redactada en la parte final del �ltimo considerando del presente fallo; sin que se afecte la situaci�n jur�dica concreta derivada de los juicios en que ocurri� la contradicci�n.

TERCERO

Rem�tase el texto de la tesis jurisprudencial a que se refiere la parte final de este considerando de la presente resoluci�n, a la Direcci�n General de la Coordinaci�n de Compilaci�n y S.�n de Tesis para su publicaci�n, as� como a los �rganos jurisdiccionales que menciona la fracci�n III del art�culo 195 de la Ley de Amparo para su conocimiento.

N.�quese; con testimonio de la presente resoluci�n, h�gase del conocimiento de los Tribunales Colegiados en contradicci�n, y en su oportunidad arch�vese el expediente como asunto concluido.

As� lo resolvi� la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, por unanimidad de cinco votos de los se�ores Ministros: Jos� de Jes�s G.�o P., S.A.V.H.�ndez, J.N.S.M., J.R.�n C.�o D�az y presidenta O.S.C. de G.�a V. (ponente).