Ejecutoria num. 1a./J. 147/2005 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala - Jurisprudencia - VLEX 26823436

Ejecutoria num. 1a./J. 147/2005 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala

Emisor:Primera Sala
Número de Resolución:1a./J. 147/2005
Materia:Suprema Corte de Justicia de México
Fecha de Publicación: 1 de Enero de 2006
RESUMEN

CONTRADICCIÓN DE TESIS 96/2005-PS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO SÉPTIMO CIRCUITO Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y CIVIL DEL DÉCIMO NOVENO CIRCUITO.COMPETENCIA EN AMPARO. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN RESIDA EL QUE CONOCE DEL PROCESO PENAL EN PRIMERA INSTANCIA, CUANDO SE IMPUGNE EL FALLO QUE, EN APELACIÓN, CONFIRMA EL AUTO DE FORMAL PRISIÓN.CONTRADICCIÓN DE TESIS. ESTÁN LEGITIMADOS PARA DENUNCIARLA LOS JUECES QUE INTERVINIERON COMO CONTENDIENTES EN LOS CONFLICTOS COMPETENCIALES EN LOS CUALES SE SUSTENTARON LOS CRITERIOS EN OPOSICIÓN.

 
ÍNDICE
CONTENIDO

CONTRADICCI�N DE TESIS 96/2005-PS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL TRIBUNAL COLEGIADO DEL D�CIMO S�PTIMO CIRCUITO Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y CIVIL DEL D�CIMO NOVENO CIRCUITO.

CONSIDERANDO:

TERCERO

Cuestiones necesarias para resolver el asunto.

Con la finalidad de establecer y determinar si existe o no la contradicci�n de tesis denunciada, se estima conveniente transcribir para su posterior an�lisis las consideraciones y argumentaciones en que basaron sus resoluciones los Tribunales Colegiados contendientes.

Las consideraciones del Segundo Tribunal Colegiado del D�cimo Noveno Circuito -ahora Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del D�cimo Noveno Circuito-, al resolver el conflicto competencial 2/98-IV, en lo que interesan, son:

"SEGUNDO. El conflicto competencial entre el Juzgado S�ptimo de Distrito en el Estado, con residencia en Reynosa, Tamaulipas, y el Juzgado Primero de Distrito en el Estado, con sede en esta ciudad capital, se debe resolver en favor del Juzgado S�ptimo por las siguientes razones:

"En efecto, de autos se advierte que la aqu� quejosa ... acudi� a solicitar el amparo y protecci�n de la Justicia Federal, ante la Oficial�a de Partes Com�n de los Juzgados S�ptimo y Octavo de Distrito en el Estado con residencia en Reynosa, Tamaulipas, y se�al� como acto reclamado la resoluci�n de fecha veintis�is de agosto de mil novecientos noventa y siete, dictada por el Magistrado de la Sala Auxiliar Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, la cual confirma el auto de formal prisi�n emitido por el J. menor letrado con residencia en Reynosa, Tamaulipas, en el proceso penal n�mero 690/96, instruido en su contra por el delito de amenazas.

"As� tambi�n se advierte, que dicha demanda de garant�as le toc� conocer por turno al Juzgado S�ptimo de Distrito en el Estado, quien mediante prove�do dictado en el cuaderno auxiliar A040/98-II en fecha diez de marzo de mil novecientos noventa y ocho, se declar� incompetente para conocer de la demanda de referencia; considerando que el acto reclamado ten�a el car�cter de declarativo carente de ejecuci�n material al estar gozando la amparista del beneficio de la libertad provisional bajo cauci�n, y plante� la competencia al J. Primero de Distrito en el Estado con sede en esta ciudad capital. De igual forma se observa que mediante prove�do dictado en el cuaderno de antecedentes 15/98, de fecha diecis�is de marzo del presente a�o, el mencionado J. Primero de Distrito en el Estado, no acept� la competencia considerando que dicho acto reclamado s� tiene una ejecuci�n material, en virtud de que la resoluci�n reclamada, la cual confirma el auto de formal prisi�n, vincula a la quejosa al J. natural que est� conociendo del proceso aun cuando la multicitada amparista estuviera gozando del beneficio de la libertad bajo cauci�n.

"Sentado lo anterior, debe decirse, que en la especie, la resoluci�n reclamada s� tiene una ejecuci�n material, aun y cuando la peticionaria de garant�as est� gozando de la libertad caucional, pues al confirmar la resoluci�n reclamada dictada por el Magistrado responsable, el auto de formal prisi�n, trae como consecuencia que quede firme dicho auto de t�rmino constitucional, por lo que dicho acto reclamado s� tiene una ejecuci�n material que consiste en que sujeta a proceso a la hoy peticionaria de garant�as por el delito que se le persigue; y aun cuando la amparista goce del beneficio de la libertad bajo fianza, est� sujeta al cumplimiento de determinadas obligaciones ante el J. de la causa, como lo es la de presentarse ante el juzgado de la causa cuantas veces sea requerida, por lo que el incumplimiento de las mismas trae como consecuencia la revocaci�n de dicho beneficio, y a la vez la reaprehensi�n de la quejosa para ser puesta a disposici�n de esta �ltima autoridad ante quien se le sigue el proceso penal, que en la especie lo es el J. menor letrado con residencia en Reynosa, Tamaulipas, por lo que en esas condiciones es claro que la resoluci�n reclamada s� tiene una ejecuci�n material, y lo es en la multicitada ciudad de Reynosa, pues en dicho lugar es donde con motivo de la resoluci�n reclamada se sujet� a proceso a la amparista al confirmarse el auto de t�rmino constitucional, por lo que debe concluirse que la resoluci�n reclamada no tiene el car�cter de declarativa.

"En esas condiciones, es claro que quien debe conocer de la demanda de garant�as promovida por ... es el J. S�ptimo de Distrito en el Estado con residencia en Reynosa, Tamaulipas, en t�rminos del art�culo 36, primer p�rrafo, de la Ley de Amparo, que establece que es J. competente aquel en cuya jurisdicci�n deba tener ejecuci�n el acto reclamado, pues como ya se dijo en la especie dicho acto consistente en la resoluci�n de veintis�is de agosto de mil novecientos noventa y siete emitida por el Magistrado de la Sala Auxiliar Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado s� tiene una ejecuci�n material la cual tendr� lugar en la multicitada ciudad de Reynosa, Tamaulipas.

Adem�s de que el auto de formal prisi�n como cabeza del proceso genera la existencia de �ste, que deber� tener ejecuci�n en el lugar donde se tramita el juicio, y en ese orden de ideas de acuerdo a lo establecido por el art�culo 36 de la ley de la materia, quien debe conocer del juicio de amparo es el J. S�ptimo de Distrito en el Estado.

El anterior criterio dio lugar a la siguiente tesis:

"AUTO DE FORMAL PRISI�N. RESOLUCI�N QUE LO CONFIRMA. COMPETENCIA PARA CONOCER DE ELLA EN AMPARO. La resoluci�n dictada por el Magistrado responsable que confirma un auto de formal prisi�n, tiene ejecuci�n material, no es de car�cter simplemente declarativo, porque en virtud de dicha determinaci�n el gobernado queda sujeto a proceso ante el J. de la causa, y aun cuando se encuentre gozando del beneficio de la libertad bajo fianza, queda vinculado a determinadas obligaciones, como lo es la de presentarse al juzgado cuantas veces sea requerido, so pena, en caso de incumplimiento, de revocarse el beneficio y ordenarse su reaprehensi�n. Bajo esta �ptica es competente para conocer de la demanda de garant�as promovida en contra de la resoluci�n que confirma el auto de t�rmino, el J. de Distrito del lugar en donde resida el J. de la causa."(1)

Por su parte, el Tribunal Colegiado del D�cimo S�ptimo Circuito, al resolver el conflicto competencial 1/2005, en lo que a este fallo interesa, resolvi�:

"CUARTO. ... As�, de los t�rminos precisados en los considerandos que a �ste anteceden, se advierte plenamente la existencia de un conflicto de competencia entre el J. Noveno de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad y el J. Octavo de Distrito en el Estado, residente en la ciudad de C., C..

"Previo a su estudio y resoluci�n, indispensable resulta precisar que ambos Jueces contendientes fundaron sus determinaciones en lo dispuesto por el art�culo 36 de la Ley de Amparo, mismo que establece:

"?Art�culo 36. Cuando conforme a las prescripciones de esta ley sean competentes los Jueces de Distrito para conocer de un juicio de amparo, lo ser� aquel, en cuya jurisdicci�n deba tener ejecuci�n, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado.

"?Si el acto ha comenzado a ejecutarse en un distrito y sigue ejecut�ndose en otro, cualquiera de los Jueces de esas jurisdicciones, a prevenci�n, ser� competente.

"?Es competente el J. de Distrito en cuya jurisdicci�n resida la autoridad que hubiese dictado la resoluci�n reclamada, cuando �sta no requiera ejecuci�n material.?

"De esa forma, en el caso, el J. Noveno de Distrito en el Estado, residente en esta ciudad, sostiene que el acto reclamado al Magistrado de la Segunda Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de C., no tiene ejecuci�n material en esta ciudad, por tratarse de una resoluci�n meramente declarativa y el J. Octavo de Distrito en el Estado, residente en C., capital, a su vez aduce que si bien dicho acto no tiene una ejecuci�n material en forma inmediata, s� la tiene en forma indirecta, la cual ser� llevada a efecto por la J. Segundo de lo Penal del Distrito Judicial Bravos, residente en Ciudad Ju�rez, C..

"Asentado lo anterior, procede determinar que la ejecuci�n a que se refiere el precepto transcrito, es aquella que estuvo, est� o puede estar a cargo de una autoridad, cuyos actos pueden ser impugnados, cuestionados, analizados y, en su caso, destruidos a trav�s del juicio de garant�as; as� fue precisado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, al sustentar la jurisprudencia 2a./J. 13/95, que se consulta en la p�gina 107, Tomo I, junio de 1995, Novena �poca del Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, cuya voz y contenido son: ?COMPETENCIA ENTRE JUECES DE DISTRITO. PARA DETERMINARLA DEBEN TOMARSE EN CUENTA LOS ACTOS DE EJECUCI�N ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO A LOS PARTICULARES. De conformidad con el art�culo 36 de la Ley de Amparo, para conocer de un juicio de garant�as, es competente el J. de Distrito en cuya jurisdicci�n deba tener ejecuci�n, trate de ejecutarse, se ejecute, o se haya ejecutado el acto reclamado; la ejecuci�n a que se refiere este precepto, es aquella que estuvo, est� o puede estar a cargo de una autoridad, cuyos actos pueden ser impugnados, cuestionados, analizados y, en su caso, destruidos a trav�s del juicio de garant�as; por tanto, la conducta atribuida a particulares que pueden derivar o apoyarse en los actos reclamados, no puede servir de base para fijar la competencia de los Jueces de Distrito, toda vez que los fallos de amparo solamente vinculan a las autoridades.?

"Acorde con ello, debe tenerse en cuenta que los art�culos 398 y 400, fracci�n VII, del C�digo de Procedimientos Civiles del Estado de C., establecen:

"?Art�culo 398. La apelaci�n puede admitirse en el efecto devolutivo y en el suspensivo, o solamente en el primero.

"?La apelaci�n admitida en ambos efectos suspende desde luego la ejecuci�n de la resoluci�n recurrida hasta que se dicte, en segunda instancia, la que corresponda.

"?La apelaci�n admitida s�lo en el efecto devolutivo no suspende la ejecuci�n de la resoluci�n apelada.

"?Lo dispuesto en los p�rrafos que anteceden se entender� sin perjuicio de que las resoluciones apeladas produzcan todos sus efectos legales con relaci�n a los inculpados que no hubieren apelado, si s�lo uno de ellos o varios hubieren interpuesto el recurso.?

"?Art�culo 400. Cuando se trate de causas que se refieran a delitos cuya pena m�xima sea superior a cuatro a�os de prisi�n, procede la apelaci�n en efecto devolutivo cuando se trate:

"?...

"?VII. De autos de formal prisi�n y de libertad por falta de elementos para procesar.?

"De dicho contexto legal se desprende que el recurso de apelaci�n que se interpone contra el auto de formal prisi�n debe admitirse en el solo efecto devolutivo y, adem�s, que tal interposici�n no origina la suspensi�n de la ejecuci�n de la resoluci�n apelada; por tanto, queda expedita la jurisdicci�n del J. que emiti� la traba para seguir conociendo de los autos principales.

"As�, no obstante que el tribunal de alzada, al conocer de tal recurso, tiene facultades expresas para examinar y resolver, con plenitud de jurisdicci�n, las cuestiones indebidamente omitidas en la resoluci�n apelada y que hayan sido materia de agravio; si dicha autoridad confirma la resoluci�n emitida por el juzgador natural, que sujet� al quejoso a la traba de formal prisi�n, tal decisi�n no puede considerarse que tenga ejecuci�n material, en tanto que el recurso de apelaci�n que dio origen a su emisi�n no suspendi� la ejecuci�n de la resoluci�n apelada por parte del J. de primera instancia que lo emiti�; por tanto, la decisi�n de segunda instancia que confirma el auto de formal prisi�n apelado no conlleva una ejecuci�n material, ni siquiera indirecta, atento a que la misma reca�a por entero en el a quo, quien no vio suspendida su jurisdicci�n para ese efecto con motivo del recurso de apelaci�n interpuesto, ello, por disposici�n expresa del art�culo 398 del C�digo de Procedimientos Penales del Estado de C.; de ah� que su impugnaci�n, para su debido an�lisis en la v�a constitucional, procede tramitarse ante un J. de Distrito residente en el lugar donde el emisor del acto reclamado tenga su domicilio.

En esas condiciones, si la sentencia de segunda instancia reclamada que confirma el auto de bien preso apelado por ... emitida por el Magistrado de la Segunda Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, no es susceptible de tener ejecuci�n material, en el caso, conforme al tercer p�rrafo del art�culo 36 de la Ley de Amparo, la competencia para conocer del juicio de garant�as promovido en su contra, debe recaer en un J. de Distrito del lugar de la residencia de la mencionada autoridad responsable, que en la especie resulta ser el J. Octavo de Distrito en el Estado, con residencia en la ciudad de C., C..

El mismo Tribunal Colegiado, al resolver el conflicto competencial 8/2003, en lo que interesa, resolvi�:

"QUINTO. Con el prop�sito de determinar si existe el conflicto competencial planteado, es presupuesto indispensable que los �rganos jurisdiccionales contendientes manifiesten de manera expresa, en ejercicio de su autonom�a y de su potestad, que no aceptan conocer de determinado asunto sometido a su jurisdicci�n.

"As�, de los t�rminos precisados en los considerandos que a �ste anteceden, se advierte plenamente la existencia de un conflicto de competencia entre el Juzgado S�ptimo de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad, y el J. Octavo de Distrito en el Estado, residente en la ciudad de C., C..

"Previo a su estudio y resoluci�n, indispensable resulta precisar que ambos Jueces contendientes fundaron sus determinaciones en lo dispuesto por el art�culo 36 de la Ley de Amparo, mismo que establece:

"?Art�culo 36. Cuando conforme a las prescripciones de esta ley sean competentes los Jueces de Distrito para conocer de un juicio de amparo, lo ser� aquel, en cuya jurisdicci�n deba tener ejecuci�n, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado.

"?Si el acto ha comenzado a ejecutarse en un distrito y sigue ejecut�ndose en otro, cualquiera de los Jueces de esas jurisdicciones, a prevenci�n, ser� competente.

"?Es competente el J. de Distrito en cuya jurisdicci�n resida la autoridad que hubiese dictado la resoluci�n reclamada, cuando �sta no requiera ejecuci�n material.?

"De esa forma, en el caso, el J. S�ptimo de Distrito en el Estado, residente en esta ciudad, sostiene que el acto reclamado al Magistrado de la Tercera Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de C., no tiene ejecuci�n material en esta ciudad, por tratarse de una resoluci�n meramente declarativa, y el J. Octavo de Distrito en el Estado, residente en C., capital, a su vez, aduce que si bien dicho acto no tiene una ejecuci�n material en forma inmediata, s� la tiene en forma indirecta, la cual ser� llevada a efecto por el J. S�ptimo de lo Civil del Distrito Judicial Bravos, residente en Ciudad Ju�rez, C..

"Ahora bien, sin soslayar que el quejoso tambi�n reclam� la ejecuci�n del acto atribuido a la autoridad ordenadora, debe puntualizarse que de la demanda se advierte que no fueron reclamados vicios propios de dicha ejecuci�n; asentado lo anterior, procede determinar que la ejecuci�n a que se refiere el precepto transcrito, es aquella que estuvo, est� o puede estar a cargo de una autoridad, cuyos actos pueden ser impugnados, cuestionados, analizados y, en su caso, destruidos a trav�s del juicio de garant�as; as� fue precisado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, al sustentar la jurisprudencia 2a./J. 13/95, que se consulta en la p�gina 107, Tomo I, junio de 1995, Novena �poca del Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, cuya voz y contenido son: ?COMPETENCIA ENTRE JUECES DE DISTRITO. PARA DETERMINARLA DEBEN TOMARSE EN CUENTA LOS ACTOS DE EJECUCI�N ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO A LOS PARTICULARES. De conformidad con el art�culo 36 de la Ley de Amparo, para conocer de un juicio de garant�as, es competente el J. de Distrito en cuya jurisdicci�n deba tener ejecuci�n, trate de ejecutarse, se ejecute, o se haya ejecutado el acto reclamado; la ejecuci�n a que se refiere este precepto, es aquella que estuvo, est� o puede estar a cargo de una autoridad, cuyos actos pueden ser impugnados, cuestionados, analizados y, en su caso, destruidos a trav�s del juicio de garant�as; por tanto, la conducta atribuida a particulares que puede derivar o apoyarse en los actos reclamados, no puede servir de base para fijar la competencia de los Jueces de Distrito, toda vez que los fallos de amparo solamente vinculan a las autoridades.?

"Acorde con ello, debe tenerse en cuenta, que los art�culos 825, inciso b), 827 y 840 del C�digo de Procedimientos Civiles del Estado de C., establecen:

"?Art�culo 825. Salvo los casos expresamente exceptuados por la ley, procede la apelaci�n en ambos efectos respecto de las siguientes resoluciones: ... b) De los autos que resuelvan, en art�culo de previo y especial pronunciamiento, sobre personalidad o capacidad de las partes y los que versen sobre nulidad de actuaciones o de notificaciones tramitadas con arreglo a las disposiciones de este c�digo sobre incidentes de previo pronunciamiento.?

"?Art�culo 827. Admitida la apelaci�n en ambos efectos el J., dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes, remitir� los autos al superior quedando, entre tanto se decida la apelaci�n, suspendida la jurisdicci�n en el asunto principal si en �l se interpuso el recurso, o bien, solamente en el incidente que por cuerda separada se estuviera tramitando. En los juicios sucesorios, la apelaci�n en ambos efectos, admitida en alguna de sus secciones, no suspende la jurisdicci�n del J. para seguir conociendo de las dem�s, salvo que se refiera a la jurisdicci�n del J. o la personalidad o representaci�n del albacea o herederos.?

"?Art�culo 840. El superior, dentro de los tres d�as siguientes al en que debidamente quede notificada la sentencia, librar� testimonio de ella y de sus notificaciones al inferior, anot�ndose en el toca la fecha en que se haga la remisi�n. En el mismo testimonio o ejecutoria se insertar�n las constancias de autos que sean necesarias para proceder a la ejecuci�n de la sentencia.?

"De dicho contexto legal se desprende, que el recurso de apelaci�n que se interpone contra el auto que resolvi� acerca de la personalidad de las partes debe admitirse en ambos efectos (suspensivo y devolutivo), lo que origina la suspensi�n de la jurisdicci�n del J. para seguir conociendo de los autos principales (efecto suspensivo), en la inteligencia de que con la remisi�n de los autos al superior, se devuelve a �ste la jurisdicci�n original delegada en los Jueces de primera instancia (efecto devolutivo); as�, el tribunal de alzada, al conocer de tal recurso, tiene facultades expresas para examinar y resolver, con plenitud de jurisdicci�n, las cuestiones indebidamente omitidas en la resoluci�n apelada y que hayan sido materia de agravio.

"Lo anterior, por no estar permitido en dicha legislaci�n procesal el reenv�o, pues en virtud del efecto devolutivo del recurso, el tribunal ad quem est� facultado para analizar con plenitud de jurisdicci�n los aspectos no tocados por el a quo, inclusive la cuesti�n principal controvertida; apoya lo expuesto el criterio visible en la p�gina 38, Tomo IV, Parte SCJN, Sexta �poca, del Ap�ndice de 1995, cuyos rubro y texto son: ?APELACI�N, FACULTADES DEL TRIBUNAL DE. En el sistema procesal en que no existe reenv�o, el tribunal de apelaci�n debe examinar y resolver, con plenitud dejurisdicci�n, las cuestiones indebidamente omitidas en la sentencia apelada, reclamadas en los agravios, sin limitarse a ordenar al inferior que las subsane, porque debe corregirlas por s� mismo.?

"De ese modo, si la autoridad ordenadora confirm� la interlocutoria emitida por el juzgador natural, que declar� improcedente el incidente de falta de personalidad hecho valer por el ahora quejoso, la ejecuci�n de tal decisi�n por parte del a quo no puede considerarse material, ni directa, ni indirecta, en tanto que �sta s�lo podr�a estar a cargo de una autoridad cuyos actos pueden ser impugnados, cuestionados, analizados y, en su caso, destruidos a trav�s del juicio de garant�as, lo que no acontece en el presente asunto, porque la sentencia de segunda instancia reclamada, para surtir plenos efectos, no requiere de ejecuci�n material alguna, de ah� que su impugnaci�n, para su debido an�lisis en la v�a constitucional, procede tramitarse ante un J. de Distrito residente en el lugar donde dicha ordenadora tenga su domicilio.

"Lo anterior se explica, en virtud del hecho de que la sentencia reclamada al Magistrado de la Tercera Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, qued� firme de acuerdo a lo dispuesto por la fracci�n II del art�culo 396 del C�digo de Procedimientos Civiles del Estado, que establece:

"?Art�culo 396. Hay cosa juzgada cuando la sentencia causa ejecutoria. Causan ejecutoria por ministerio de ley: ... III. Las sentencias de segunda instancia.?

"Por tales motivos, si las sentencias de segunda instancia no requieren acto de ejecuci�n alguno para surtir plenos efectos, ya que �stos surgen a la vida jur�dica desde la fecha de emisi�n de dicha resoluci�n, los Jueces de primera instancia, como el J. S�ptimo de lo Civil del Distrito Judicial Bravos, impedidos se encuentran para ejecutar materialmente las resoluciones de la alzada y, consecuentemente, en el caso, no puede atribuirse al mencionado juzgador actuaci�n alguna en ese sentido que pudiera ocasionar lesi�n a las garant�as individuales del quejoso.

"En esas condiciones, si la sentencia de segunda instancia reclamada, emitida por el Magistrado de la Tercera Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, no requiere de ejecuci�n material para surtir plenos efectos, en el caso, conforme al tercer p�rrafo del art�culo 36 de la Ley de Amparo, la competencia para conocer del juicio de garant�as promovido en su contra, debe recaer en un J. de Distrito del lugar de residencia de la mencionada autoridad responsable, que en la especie resulta ser el J. Octavo de Distrito en el Estado, con residencia en la ciudad de C., C.; surge la aplicaci�n del criterio visible en la p�gina 31, Tercera Parte, Volumen CXXXII, Sexta �poca del Semanario Judicial de la Federaci�n, cuyo t�tulo y contenido son: ?COMPETENCIA EN AMPARO. ACTO QUE NO ADMITE O NO REQUIERE EJECUCI�N MATERIAL. Cuando el acto que se combate no requiere ejecuci�n material o, con mayor raz�n, cuando no admite tal modo de ejecuci�n, resulta indiscutible que el competente para conocer del amparo relacionado es el J. de Distrito dentro de cuya jurisdicci�n reside la autoridad que haya emitido ese acto.?

"En m�rito de lo supra asentado y de lo dispuesto por el p�rrafo tercero del art�culo 36 de la Ley de Amparo, es al J. Octavo de Distrito en el Estado, residente en la ciudad de C., C., a quien corresponde seguir conociendo del juicio de garant�as de referencia, a quien deber�n remitirse los autos del juicio de garant�as objeto del conflicto competencial planteado, para que prosiga con su tr�mite."

CUARTO

Procedencia de la contradicci�n de criterios. Previo al an�lisis de la cuesti�n fundamental de este fallo, resulta necesario determinar si en la especie se actualizan o no los presupuestos para la procedencia de una contradicci�n de criterios.

Para que se surta la se�alada procedencia, es necesario que las posiciones opuestas se susciten en un mismo plano de an�lisis, de modo que no basta atender a la conclusi�n del razonamiento, sino que es necesario tener en cuenta las circunstancias f�cticas y jur�dicas que por su enlace l�gico son fundamento del criterio asumido, ya que �nicamente cuando exista tal coincidencia puede presentarse una contradicci�n de tesis.

Asimismo, al estudiar las circunstancias aludidas se debe distinguir entre las que sirven de fundamento a los criterios emitidos de aquellas que, aun cuando aparentemente son sustento de las consideraciones respectivas, no constituyen un presupuesto l�gico del razonamiento.

En otros t�rminos, se actualiza la contradicci�n de tesis cuando concurren los siguientes supuestos:

  1. Que al resolver los asuntos se examinen cuestiones jur�dicas esencialmente iguales y se adopten criterios discrepantes;

  2. Que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jur�dicas de las sentencias respectivas; y,

  3. Que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos.

Al respecto, es aplicable la siguiente tesis de jurisprudencia sustentada por el Pleno de este Alto Tribunal, de rubro: "CONTRADICCI�N DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA."(2)

Precisado lo anterior, debe se�alarse que en la especie s� se acreditan los extremos a que se refieren los incisos anteriores, entre los criterios sustentados por el entonces Segundo Tribunal Colegiado del D�cimo Noveno Circuito, al resolver el conflicto competencial 2/98-IV, y el Tribunal Colegiado del D�cimo S�ptimo Circuito, al resolver el conflicto competencial 1/2005, excluyendo de la contradicci�n el conflicto competencial 8/2003, resuelto por este �ltimo, como se demostrar� posteriormente.

Sin que sea obst�culo a lo anterior el que el criterio sustentado por el Tribunal Colegiado del D�cimo S�ptimo Circuito, al resolver el conflicto competencial 1/2005, no haya dado lugar a tesis expuesta de manera formal. Ello, en virtud de que para que exista contradicci�n de tesis basta con que se hayan sustentado criterios discrepantes sobre la misma cuesti�n por los Tribunales Colegiados de Circuito en resoluciones dictadas en asuntos de su competencia.

Lo anterior encuentra apoyo en lo sostenido por el Pleno de este Alto Tribunal en el criterio jurisprudencial contenido en la tesis de rubro: "CONTRADICCI�N DE TESIS. PARA QUE PROCEDA LA DENUNCIA BASTA QUE EN LAS SENTENCIAS SE SUSTENTEN CRITERIOS DISCREPANTES."(3)

Dicho lo anterior, lo que procede es demostrar que se acreditan los extremos a que se ha hecho referencia, y para ello se hace la siguiente relaci�n:

Segundo Tribunal Colegiado del D�cimo Noveno Circuito -ahora Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del D�cimo Noveno Circuito-.

Conflicto competencial 2/98-IV

Juzgados contendientes: Juzgado S�ptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Reynosa; y Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Ciudad Victoria.

Quejosa: ...

Acto reclamado: La resoluci�n dictada en el toca de apelaci�n 268, que confirma el auto de formal prisi�n dictado por el J. menor letrado de Reynosa dentro del proceso penal n�mero 690/96, instruido en contra de la quejosa por el delito de amenazas.

Autoridad responsable: Magistrado de la Sala Auxiliar Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Tamaulipas, en Ciudad Victoria.

Tribunal que conoci� del conflicto competencial: Segundo Tribunal Colegiado del D�cimo Noveno Circuito.

Consideraciones fundamentales de dicho fallo:

? Se parte, en primer t�rmino, del contenido del art�culo 36 de la Ley de Amparo, respecto a que son competentes para conocer de un juicio de amparo los Jueces de Distrito en cuya jurisdicci�n deba tener ejecuci�n, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado o, si �ste no tiene ejecuci�n material, el J. de Distrito en cuya jurisdicci�n resida la autoridad que hubiese dictado la resoluci�n reclamada.

? Se considera que la resoluci�n reclamada -fallo dictado en el toca de apelaci�n que confirma el auto de formal prisi�n- no es meramente declarativa, sino que s� tiene una ejecuci�n material.

? Lo anterior, toda vez que se estima que la confirmaci�n de un auto de formal prisi�n trae como consecuencia que quede firme dicho auto de t�rmino constitucional, lo que genera el efecto de sujetar a proceso al inculpado, lo que implica una ejecuci�n material.

? As� tambi�n, se considera que aun cuando la quejosa goce del beneficio de la libertad bajo fianza, queda sujeta al cumplimiento de determinadas obligaciones ante el J. de la causa, cuyo incumplimiento genera la revocaci�n de dicho beneficio y, por ende, la eventual reaprehensi�n de la misma.

? Por lo anterior, se resuelve que la resoluci�n que confirma un auto de formal prisi�n s� tiene ejecuci�n material, misma que ha de llevarse a cabo en el lugar en que resida el J. de primera instancia, ante quien se le siga el proceso penal al inculpado -en el caso, el J. menor letrado con residencia en Reynosa, Tamaulipas-. De ello que se otorgue competencia para conocer del amparo indirecto en cuesti�n al Juzgado S�ptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Reynosa.

Tribunal Colegiado del D�cimo S�ptimo Circuito.

Conflicto competencial 1/2005

Juzgados contendientes: Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de C., con residencia en Ciudad Ju�rez, y Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de C., con residencia en C..

Quejosa: ...

Acto reclamado: La resoluci�n pronunciada en el toca de apelaci�n 549/03, que confirma el auto de formal prisi�n dictado por la J. Segundo Penal del Distrito Judicial Bravos, en contra del quejoso, por el delito de homicidio calificado.

Autoridad responsable: Magistrado de la Segunda Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de C., en la ciudad de C..

Tribunal que conoci� del conflicto competencial: Tribunal Colegiado del D�cimo S�ptimo Circuito.

Consideraciones fundamentales de dicho fallo:

? Se parte, asimismo, del contenido del art�culo 36 de la Ley de Amparo anteriormente aludido.

? Al respecto, se considera que la resoluci�n reclamada -fallo dictado en el toca de apelaci�n que confirma el auto de formal prisi�n- es meramente declarativa y no tiene una ejecuci�n material.

? En primer t�rmino, se aclara que, de conformidad con el C�digo de Procedimientos Penales para el Estado de C., el recurso de apelaci�n que se interpone contra un auto de formal prisi�n no origina la suspensi�n de la ejecuci�n de la resoluci�n apelada, pues �ste se admite s�lo en el efecto devolutivo; por tanto, queda expedita la jurisdicci�n del J. de primera instancia para seguir conociendo de los autos principales.

? De lo anterior se concluye que la decisi�n de segunda instancia que confirma un auto de formal prisi�n apelado no conlleva una ejecuci�n material, ni siquiera indirecta, atento a que la misma reca�a por entero en el a quo, quien no vio suspendida su jurisdicci�n para ese efecto con motivo del recurso de apelaci�n interpuesto.

? Finalmente, se resuelve que su impugnaci�n, v�a amparo, procede tramitarse ante un J. de Distrito residente en el lugar donde el emisor del acto reclamado tenga su domicilio.

Conflicto competencial 8/2003

Juzgados contendientes: Juzgado S�ptimo de Distrito en el Estado de C., con residencia en Ciudad Ju�rez y Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de C., con residencia en C..

Quejosos: J.H.S. y Ang�lica G.R. de H..

Acto reclamado: La resoluci�n pronunciada en el toca de apelaci�n 145/2003, que confirma la interlocutoria dictada por el J. S�ptimo Civil del Distrito Judicial Bravos, en la que declar� improcedente la excepci�n de falta de personalidad en el juicio hipotecario promovido por el apoderado de Scotiabank Inverlat, S.A., Instituci�n de Banca M�ltiple y Grupo Financiero Inverlat contra los quejosos.

Autoridad responsable: Magistrado de la Tercera Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de C., en la ciudad de C..

Tribunal que conoci� del conflicto competencial: Tribunal Colegiado del D�cimo S�ptimo Circuito.

Consideraciones fundamentales de dicho fallo:

? Se alude al contenido del art�culo 36 de la Ley de Amparo anteriormente descrito.

? Partiendo de ello, se considera que la resoluci�n reclamada -fallo dictado en el toca de apelaci�n que confirma la interlocutoria que declar� improcedente la excepci�n de falta de personalidad en el juicio hipotecario- es meramente declarativa y no tiene una ejecuci�n material.

?Se aclara que, en t�rminos del C�digo de Procedimientos Civiles para el Estado de C., el recurso de apelaci�n que se interpone contra un auto que resolvi� acerca de la personalidad de las partes, origina la suspensi�n de la jurisdicci�n del J. para seguir conociendo de los autos principales, pues debe admitirse en "ambos efectos".

? Sin embargo, se concluye que la decisi�n de segunda instancia que confirma la interlocutoria que declar� improcedente el incidente de falta de personalidad no conlleva una ejecuci�n material, ni siquiera indirecta, atento a que �sta s�lo podr�a estar a cargo de una autoridad cuyos actos pueden ser impugnados, cuestionados, analizados y, en su caso, destruidos a trav�s del juicio de garant�as -de conformidad con la jurisprudencia 2a./J. 13/95 sustentada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal-, lo que no acontece en el presente asunto, porque la sentencia de segunda instancia reclamada no requiere acto de ejecuci�n alguno para surtir plenos efectos, ya que �stos surgen a la vida jur�dica desde la emisi�n de dicha resoluci�n.

? De lo anterior que se concluya que la competencia para conocer del juicio de garant�as en cuesti�n deba recaer en un J. de Distrito del lugar de la residencia de la autoridad responsable.

Ahora bien, de la lectura de los aspectos destacados en las ejecutorias mencionadas en p�rrafos anteriores, se desprende que el entonces Segundo Tribunal Colegiado del D�cimo Noveno Circuito, al resolver el conflicto competencial 2/98-IV y el Tribunal Colegiado del D�cimo S�ptimo Circuito, al resolver el conflicto competencial 1/2005, s� se pronunciaron en torno a un problema jur�dico cuyas caracter�sticas y antecedentes resultan ser esencialmente id�nticos, no as� respecto del conflicto competencial 8/2003, resuelto por este �ltimo.

En efecto, no participa de la contradicci�n de tesis en cuesti�n el criterio sostenido por el Tribunal Colegiado del D�cimo S�ptimo Circuito, al resolver el conflicto competencial 8/2003. Lo anterior es as�, en virtud de que el Tribunal Colegiado en cuesti�n, en la ejecutoria de referencia, no analiz� una situaci�n jur�dica esencialmente igual a la analizada por el Segundo Tribunal Colegiado del D�cimo Noveno Circuito, al resolver el conflicto competencial 2/98-IV. De ello que no se surta el primero de los requisitos a que se hizo referencia en el presente considerando.

El citado Tribunal Colegiado, en el conflicto competencial referido, analiz� lo concerniente a si un fallo dictado en un toca de apelaci�n civil, que confirma una interlocutoria que declara improcedente la excepci�n de falta de personalidad en un juicio hipotecario, tiene o no ejecuci�n material para efectos de lo establecido en el art�culo 36 de la Ley de Amparo; mientras que el Segundo Tribunal Colegiado del D�cimo Noveno Circuito, al resolver el conflicto competencial 2/98-IV, analiz� si un fallo de segunda instancia, en materia penal, que confirme un auto de formal prisi�n, conlleva una ejecuci�n material, para efectos de fijar el J. competente, para conocer del amparo en su contra.

De ah� que no se trate de situaciones jur�dicas similares y mucho menos esencialmente id�nticas. Lo anterior se evidencia al resaltar que en la se�alada ejecutoria se analiza una situaci�n derivada de un asunto en materia civil, mientras que el otro tribunal contendiente analiza un supuesto derivado de un asunto en materia penal.

Ahora bien, el Segundo Tribunal Colegiado del D�cimo Noveno Circuito, al resolver el conflicto competencial 2/98-IV, y el Tribunal Colegiado del D�cimo S�ptimo Circuito, al resolver el conflicto competencial 1/2005, s� se pronunciaron en torno a un problema jur�dico cuyas caracter�sticas y antecedentes resultan ser esencialmente id�nticos.

Al resolver los referidos conflictos competenciales, los Tribunales Colegiados contendientes actualizaron los supuestos anteriormente aludidos para la existencia de una contradicci�n de tesis, esto es: a) examinaron cuestiones jur�dicas esencialmente iguales adoptando criterios discrepantes, b) dichos criterios se presentaron en las consideraciones de las mencionadas ejecutorias y c) los distintos criterios provinieron del examen de los mismos elementos.

En efecto, ambos Tribunales Colegiados resolvieron conflictos competenciales en los cuales el criterio en pugna consisti� en determinar la competencia para conocer de un juicio de garant�as interpuesto en contra de una resoluci�n dictada en un toca de apelaci�n de naturaleza penal, en el cual se confirma un auto de formal prisi�n. Competencia que se determin� en funci�n a si el referido acto reclamado implica una ejecuci�n material o no, de conformidad con lo establecido en el art�culo 36 de la Ley de Amparo.

As� pues, ambos tribunales examinaron una cuesti�n jur�dica esencialmente igual -la descrita en el p�rrafo que antecede-, adoptando criterios discrepantes, esto es, uno en el sentido de que la resoluci�n dictada en un toca de apelaci�n de naturaleza penal en la cual se confirma un auto de formal prisi�n s� tiene ejecuci�n material, y el otro en el sentido de que no la tiene.

El Tribunal Colegiado del D�cimo S�ptimo Circuito, al resolver el conflicto competencial 1/2005, consider� que el fallo dictado en un toca de apelaci�n penal que confirma un auto de formal prisi�n es meramente declarativo, sin tener una ejecuci�n material. Ello, toda vez que, al no originar la suspensi�n del procedimiento el recurso de apelaci�n interpuesto contra un auto de formal prisi�n -por admitirse �nicamente en el efecto devolutivo-, la confirmaci�n del mismo no conlleva una ejecuci�n material, ni siquiera indirecta, atento a que la misma recae por entero en el a quo, quien no vio suspendida su jurisdicci�n para seguir conociendo de los autos principales, motivo del recurso de apelaci�n interpuesto.

Por su parte, el entonces Segundo Tribunal Colegiado del D�cimo Noveno Circuito consider�, al resolver el conflicto competencial 2/98-IV, que el fallo dictado en un toca de apelaci�n penal que confirma un auto de formal prisi�n -con independencia de que el recurso se admita en el efecto devolutivo-(4) no es meramente declarativo, sino que tiene una ejecuci�n material, consistente en sujetar a proceso al inculpado. Ello, aun en el supuesto en que el procesado goce del beneficio de la libertad provisional bajo cauci�n, en virtud de que �l mismo queda sujeto al cumplimiento de determinadas obligaciones ante el J. de la causa, cuyo incumplimiento genera la revocaci�n de dicho beneficio y, por ende, la eventual reaprehensi�n del mismo.

En ese orden de ideas, queda evidenciado que, no obstante que los antecedentes y elementos jur�dicos a evaluar resultaban esencialmente iguales, en el aspecto espec�fico del orden de estudio apuntado, ambos �rganos jurisdiccionales concluyeron con posiciones jur�dicas discrepantes.

Con lo anterior queda acreditada la existencia de la contradicci�n de tesis. De conformidad con lo expuesto en esta consideraci�n, la materia del estudio de fondo del presente asunto quedar� limitada a determinar si la resoluci�n, que en apelaci�n confirma un auto de formal prisi�n -con independencia de si elprocesado se encuentra recluido o gozando del beneficio de la libertad provisional bajo cauci�n-, conlleva una ejecuci�n material, o bien, es meramente declarativa, para efectos de determinar, de conformidad con el art�culo 36 de la Ley de Amparo, el J. competente para conocer de un juicio de garant�as interpuesto contra ella.

SEXTO

Estudio de fondo del asunto. Establecido lo anterior, debe prevalecer el criterio sustentado por esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, conforme a las consideraciones que enseguida se expresan.

Para estar en posibilidad de resolver la presente contradicci�n de tesis se estima necesario examinar los siguientes t�picos: a) en primer t�rmino, el auto de formal prisi�n y sus efectos jur�dicos; b) posteriormente, la figura de la apelaci�n como recurso ordinario en contra de un auto de formal prisi�n dictado en primera instancia, as� como sus efectos, determinando en espec�fico si aquellos que se derivan de la confirmaci�n del mismo tienen una ejecuci�n material; c) el contenido del art�culo 36 de la Ley de Amparo, y d) con base en lo anterior, determinar el J. competente para conocer del amparo interpuesto contra el fallo que en una apelaci�n penal confirma un auto de formal prisi�n.

  1. Auto de formal prisi�n y sus efectos jur�dicos:

    Para estar en aptitud de determinar los efectos jur�dicos y alcance de un auto de formal prisi�n, es necesario que previo a ello se realice un breve an�lisis sobre los efectos jur�dicos que conllevan las diversas etapas que se presentan en un proceso penal, anteriores al dictado del auto de formal prisi�n. El citado an�lisis se realizar� �nicamente respecto a los procesos seguidos por delitos que ameriten pena corporal, pues es el presupuesto indispensable para el dictado de un auto de formal prisi�n, como se ver� m�s adelante.

    En t�rminos generales y en concordancia con las legislaciones penales adjetivas analizadas por los Tribunales Colegiados contendientes -las correspondientes a los Estados de Tamaulipas y C.-, la primera etapa de un proceso penal inicia en el momento en que, ejercitada la acci�n penal por el Ministerio P�blico de la Federaci�n, se dicta un auto de radicaci�n o de inicio. �sta es la primera resoluci�n que dicta el J. y, a partir de ella, tanto el Ministerio P�blico como el inculpado quedan sujetos a la potestad del J. de la causa.

    Una vez radicado el asunto, el J. examina si se encuentran reunidos los requisitos de procedibilidad de la acci�n penal ejercida y, si la consignaci�n se dio con detenido, ratifica y verifica la constitucionalidad de la detenci�n o decreta la libertad del inculpado, con las reservas de ley, en el caso contrario.

    Si la consignaci�n se dio sin detenido, trat�ndose de delitos que ameriten pena corporal, el J., en un plazo determinado contado a partir de la radicaci�n, mismo que var�a seg�n cada legislaci�n, debe resolver sobre el libramiento de la orden de aprehensi�n, en caso de que la haya solicitado el Ministerio P�blico.

    Para dictar una orden de aprehensi�n, el J. debe basarse en el pedimento del Ministerio P�blico y acreditar que se encuentran satisfechos los requisitos indicados en el art�culo 16 constitucional, a saber: que preceda denuncia o querella de un hecho que la ley se�ale como delito, sancionado cuando menos con pena privativa de libertad, y que existan datos que acrediten el cuerpo del delito y la probable responsabilidad del indiciado.

    Una vez ejecutada la orden de aprehensi�n, sus efectos ser�n que el inculpado quede a disposici�n de la autoridad judicial que la libr�, quedando privado de su libertad, de manera cautelar, en los lugares de prisi�n preventiva, destinados al efecto.

    De conformidad con el art�culo 20, apartado A, fracci�n I, constitucional, el inculpado podr� solicitar el beneficio de la libertad provisional bajo cauci�n sin necesidad de quedar previamente interno en alg�n centro de reclusi�n, siempre y cuando no se trate de delito que, por su gravedad, la ley expresamente lo proh�ba.

    Una vez ordenada la libertad caucional, el inculpado no deja de estar a disposici�n de la autoridad judicial que conoce de la causa, pues el mismo, de conformidad con las legislaciones procesales analizadas por los tribunales contendientes, contrae las siguientes obligaciones: a) presentarse ante la misma cuantas veces sea citado o requerido para ello, b) comunicarle los cambios de domicilio que tuviere, y c) no ausentarse del lugar de residencia sin permiso de la citada autoridad, el cual no se podr� conceder por tiempo mayor de un mes.(5)

    De conformidad con las citadas legislaciones, el beneficio en cuesti�n se revocar� teniendo como efecto la reaprehensi�n del inculpado as� como que se haga efectiva la cauci�n respectiva, entre otros, cuando el inculpado: a) desobedeciere sin causa justa y comprobadas las obligaciones anteriormente referidas o las �rdenes leg�timas de la autoridad que conozca de su asunto, b) cometiere un nuevo delito que merezca sanci�n privativa de libertad, c) amenazare a la parte ofendida o a alg�n testigo que haya depuesto o que tengan que deponer en su causa, d) tratare de sobornar a alguno de estos �ltimos o a alguna autoridad que tenga injerencia en su proceso, e) lo solicite expresamente, f) en el curso de la instrucci�n apareciere que el delito que se le imputa es considerado como grave, g) en su proceso cause ejecutoria la sentencia condenatoria dictada, etc�tera.(6)

    Por otro lado, de conformidad con el art�culo 20 constitucional, apartado A, fracci�n III, dentro de las cuarenta y ocho horas contadas a partir de que un inculpado ha quedado a disposici�n de la autoridad judicial -ya sea en reclusi�n preventiva en un centro destinado para ello o gozando de la libertad caucional- deber� hacerle saber, en audiencia p�blica, el nombre de su acusador y la naturaleza y causa de la acusaci�n, a fin de que conozca bien el hecho punible que se le atribuye y pueda contestar el cargo, tom�ndole en ese acto su declaraci�n preparatoria.

    Rendida la declaraci�n preparatoria, lo procedente es el desahogo de todas las pruebas aportadas por las partes, siempre y cuando la naturaleza de las mismas lo permita, tomando como base el t�rmino perentorio prevalente para resolver la situaci�n jur�dica del inculpado, a saber, setenta y dos horas.

    En efecto, una vez que el inculpado ha sido puesto a disposici�n de la autoridad judicial, �sta, al fenecer el t�rmino de setenta y dos horas, resolver� sobre la situaci�n jur�dica del mismo, a trav�s de un auto que se denominar� de diferente manera, en funci�n a las particularidades de cada caso, a saber:

  2. Auto de formal prisi�n, cuando se trate de delito que sea sancionado con pena privativa de libertad y de lo actuado aparezcan datos suficientes que acrediten el cuerpo del delito y la probable responsabilidad del inculpado; y,

  3. Auto de sujeci�n a proceso, cuando el delito de que se trate no merezca sanci�n privativa de la libertad o est� se�alado con sanci�n alternativa y de lo actuado aparezcan datos suficientes que acrediten el cuerpo del delito y la probable responsabilidad del inculpado; y,

  4. Auto de libertad por falta de elementos para procesar o de no sujeci�n a proceso, cuando de lo actuado no se acredite el cuerpo del delito o la probable responsabilidad del inculpado, o ambos.

    En el presente asunto, el que interesa es el auto de formal prisi�n, mismo que encuentra su fundamento en el primer p�rrafo del art�culo 19 constitucional, que a la letra dice:

    "Ninguna detenci�n ante autoridad judicial podr� exceder del plazo de setenta y dos horas, a partir de que el indiciado sea puesto a su disposici�n, sin que se justifique con un auto de formal prisi�n en el que se expresar�n: el delito que se impute al acusado; el lugar, tiempo y circunstancias de ejecuci�n, as� como los datos que arroje la averiguaci�n previa, los que deber�n ser bastantes para comprobar el cuerpo del delito y hacer probable la responsabilidad del indiciado."

    De lo anterior se desprende que el auto de formal prisi�n es la resoluci�n judicial que determina la situaci�n jur�dica del procesado al vencerse el t�rmino de setenta y dos horas -o, en caso de que el inculpado lo solicite, de ciento cuarenta y cuatro-, trat�ndose de delitos que ameriten pena corporal, por estar acreditado en autos que: a) se ha tomado la declaraci�n preparatoria al inculpado -o bien, que aqu�l se rehus� a declarar-, b) existan elementos que comprueban la existencia del cuerpo del delito y la probable responsabilidad del inculpado en la comisi�n del mismo, y c) no est� plenamente acreditada alguna causa excluyente de responsabilidad o que extinga la acci�n penal.

    En �l se deben expresar: a) la fecha y hora en que se dicte, b) el delito o los delitos por los que deber� seguirse proceso al inculpado, c) el lugar, tiempo y circunstancias de ejecuci�n del delito, d) los datos que arroje la averiguaci�n previa, los que deber�n ser bastantes para comprobar el cuerpo del delito y hacer probable la responsabilidad del inculpado, e) los preceptos legales que determinen el delito por el que se seguir� proceso, y f) los nombres de la autoridad judicial que dicte el auto y del secretario que lo autoriza.

    Una vez determinado qu� es el auto de formal prisi�n y habi�ndolo contextualizado dentro del proceso penal, lo procedente es determinar sus efectos jur�dicos:

    Los principales efectos jur�dicos del auto de formal prisi�n son:

  5. Sujeta a proceso al inculpado, ahora procesado, quedando sometido a la potestad del J., se�alando al efecto el procedimiento, ya sea sumario u ordinario, que ha de seguirse, dado el caso;

  6. Precisa los hechos y el delito por el que se ha de seguir proceso pues, al respecto, el tercer p�rrafo del art�culo 19 constitucional establece que: "todo proceso se seguir� forzosamente por el delito o delitos se�alados en el auto de formal prisi�n";

  7. Justifica la detenci�n cautelar del procesado -prisi�n preventiva-, pues de no quedar justificada por el mismo en el t�rmino de ley, deber� ponerse al recluido en libertad;

  8. No revoca la libertad provisional bajo cauci�n, a menos que as� se disponga expresa y justificadamente en el mismo; y,

  9. Ordena se lleve a cabo la identificaci�n del procesado -ficha signal�tica o identificaci�n administrativa-.

    Los efectos reci�n se�alados son los principales efectos del auto de formal prisi�n; sin embargo, del mismo se derivan otros, tales como: la suspensi�n de derechos y prerrogativas del ciudadano que, en t�rminos del art�culo 38, fracci�n II, de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, se suspenden por estar sujetos a un proceso criminal por delito que merezca pena corporal, a contar desde la fecha de la emisi�n del auto de formal prisi�n.

  10. La apelaci�n como recurso ordinario en contra del auto de formal prisi�n y sus efectos jur�dicos:

    El recurso de apelaci�n se encuentra regulado en los art�culos 359 al 379 y en los diversos 391 al 414 de los c�digos adjetivos penales para el Estado de Tamaulipas y C., respectivamente. Del estudio de dichos numerales, en lo que al presente asunto interesa, se desprende que:

    La segunda instancia, que se abre como consecuencia de la interposici�n del recurso de apelaci�n, a petici�n de parte leg�tima, a saber: el Ministerio P�blico, el inculpado y su defensor, as� como el ofendido, para efectos de la reparaci�n de da�os y perjuicios.

    El objeto del recurso de apelaci�n consiste en examinar si en la resoluci�n recurrida no se aplic� la ley correspondiente o se aplic� �sta inexactamente, si se violaron los principios reguladores de la valoraci�n de la prueba, si se alteraron los hechos o no se fund� o motiv� correctamente.

    El examen de la legalidad de la resoluci�n se hace en funci�n de los agravios planteados por quien promovi� el recurso, pero, si apel� el inculpado o su defensor, el tribunal de alzada le suplir� la deficiencia de los mismos.

    Interpuesto el recurso dentro del t�rmino legal, la autoridad judicial que dict� la resoluci�n apelada lo debe admitir o desechar de plano, seg�n sea o no procedente. La apelaci�n puede admitirse en el efecto devolutivo y en el suspensivo, o solamente en el primero. La apelaci�n admitida en ambos efectos suspende desde luego la ejecuci�n de la resoluci�n recurrida, hasta que se dicte, en segunda instancia, la que corresponda; en cambio, la apelaci�n admitida s�lo en el efecto devolutivo no suspende la ejecuci�n de la resoluci�n apelada.

    El auto de formal prisi�n, que es el que en la especie nos ocupa, de conformidad con las legislaciones secundarias analizadas por los Tribunales Colegiados contendientes, es apelable en el efecto devolutivo.(7)

    Una vez recibido el duplicado autorizado de constancias o el testimonio -por haberse admitido en el efecto devolutivo-, el tribunal de alzada lo debe poner a la vista de las partes por un determinado plazo para que promuevan las pruebas que estimen necesarias. Finalmente, se�ala un d�a para la vista del asunto y una vez declarado visto, queda cerrado el debate y se pronuncia el fallo que corresponda.

    La resoluci�n que resuelva sobre la apelaci�n deber� realizar, sobre el auto impugnado, el examen de legalidad descrito en p�rrafos anteriores y verificar que el mismo cumpla con todos los requisitos precisados en el apartado anterior y, de conformidad con ello, podr� revocar, modificar o confirmar el auto de formal prisi�n.

    Para poder determinar los efectos que conlleva una resoluci�n que, dictada en un toca de apelaci�n penal, confirma un auto de formal prisi�n, se considera necesario precisar, previamente, los efectos que conlleva aquella que lo revoca, por ser �ste, precisamente, el supuesto contrario a la confirmaci�n.

    Existen diversos supuestos que pueden llevar a la revocaci�n de un auto de formal prisi�n en segunda instancia. Sin embargo, aqu� �nicamente se ver�n algunos que servir�n para ejemplificar, posteriormente, los efectos que conlleva una resoluci�n que lo confirma.

    Un auto de formal prisi�n puede revocarse, entre otros, porque la autoridad de segunda instancia advierta que:

  11. No existen elementos suficientes que comprueben la existencia del cuerpo del delito o la probable responsabilidad del inculpado en la comisi�n del mismo, o ambos, o

  12. Est� plenamente acreditada una causa excluyente de responsabilidad o que extinga la acci�n penal.

    En los supuestos anteriores, los efectos consistir�an en revocar el auto de formal prisi�n dictado en contra del inculpado, ordenando inmediatamente su libertad y dictar, en el primer caso, auto de libertad por falta de elementos para procesar y, en el segundo, auto absolutorio.

    En cualquiera de los supuestos anteriormente aludidos los efectos se traducen en que el inculpado recupere su libertad, la cual ten�a restringida, ya sea en virtud de haber estado recluido en prisi�n preventiva o gozando del beneficio de la libertad provisional bajo cauci�n, la cual, como est� se�alado en el apartado anterior, conlleva una serie de obligaciones hacia el inculpado que se traducen en una restricci�n de su libertad.

    Ahora bien, un auto de formal prisi�n se confirma cuando del examen se desprende que el mismo est� apegado a la legalidad, por haberse acreditado de manera adecuada todos los requisitos se�alados en el apartado anterior, que deben satisfacerse para el dictado de dicho auto.

    De lo anterior puede concluirse que los efectos de la resoluci�n, que en segunda instancia confirma un auto de formal prisi�n, s� tienen materialidad. Cierto, al confirmar un auto de formal prisi�n el tribunal de alzada reconoce que no se actualiz� ning�n supuesto que permita revocar el auto y dictar la inmediata libertad del inculpado, lo que se traduce en que:

  13. Permanezca privado, cautelarmente, de su libertad en un centro de reclusi�n destinado a la prisi�n preventiva, a disposici�n del J. de primera instancia, o

  14. Permanezca a disposici�n del J. de primera instancia, con ciertas restricciones de su libertad personal, en virtud de la libertad bajo cauci�n que goza, consistente en el cumplimiento de obligaciones descritas en el apartado anterior.

    Respecto al �ltimo efecto anotado, cabe se�alar que esta Primera Sala al resolver la contradicci�n de tesis 67/96, en sesi�n de diecinueve de febrero de mil novecientos noventa y siete, sostuvo que un ataque o restricci�n a la libertad personal no debe entenderse limitada a una privaci�n total de la libertad, sino a cualquier afectaci�n de la misma, en funci�n, precisamente, del alto valor que se protege. As� pues, estim� que la libertad de un procesado se ataca al sujetarlo a determinadas obligaciones como son: el comparecer peri�dicamente ante el �rgano jurisdiccional; el concurrir a las diligencias que se practiquen en el proceso relativo; el no poder hacer uso de su libertad de tr�nsito si no es con autorizaci�n del propio juzgador, bajo cuya jurisdicci�n se encuentra sometido; el que se le dicte, en dado caso, el arraigo domiciliario, as� como a todas aquellas circunstancias inherentes a las cuales queda sujeta una persona sometida a un proceso penal.

    La referida contradicci�n de tesis dio origen a la siguiente jurisprudencia:

    "AUTO DE SUJECI�N A PROCESO. DEMANDA DE AMPARO EN SU CONTRA. PUEDE INTERPONERSE EN CUALQUIER TIEMPO. El auto de sujeci�n a proceso ataca la libertad del procesado al sujetarlo a determinadas obligaciones como son el comparecer peri�dicamente ante el �rgano jurisdiccional, el concurrir a las diligencias que se practiquen en el proceso relativo, el no poder hacer uso de su libertad de tr�nsito si no es con autorizaci�n del propio juzgador, bajo cuya jurisdicci�n se encuentra sometido, el que se le dicte, en dado caso, el arraigo domiciliario, as� como a todas aquellas circunstancias inherentes, a las cuales queda sujeta una persona sometida a un proceso penal. Por lo tanto, dicho acto queda comprendido dentro de la excepci�n prevista en la fracci�n II del art�culo 22 de la Ley de Amparo, la cual permite el ejercicio de la acci�n constitucional sin limitaci�n temporal alguna, cuando se trate de actos que lesionen, ataquen o transgredan valores fundamentales del ser humano como son la vida, la libertad, o la integridad personal, toda vez que la expresi�n ?ataque? a la que alude la fracci�n en comento, no debe entenderse limitada a una privaci�n total de la libertad, sino a una afectaci�n de la misma, en funci�n, precisamente, del alto valor que se protege y cuya defensa mediante el juicio de garant�as no debe quedar sujeta a requisitos de temporalidad."(8)

    As� pues, el fallo que en un toca de apelaci�n penal confirma un auto de formal prisi�n es un acto con efectos materiales, ya que el mismo repercute directamente en la libertad personal del inculpado, independientemente de si el mismo se encuentra en reclusi�n preventiva o gozando del beneficio de libertad provisional bajo cauci�n. Aunado a que sus derechos y prerrogativas permanecer�n suspendidos en t�rminos del art�culo 38, fracci�n II, constitucional.

    Al respecto, cabe se�alar que el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n en su anterior integraci�n y la Primera Sala de este Alto Tribunal,(9) en su anterior y actual integraci�n, han considerado que la libertad personal de los individuos no s�lo se afecta a trav�s de actos de autoridad que tengan como consecuencia material privar al gobernado de la libertad personal que en ese momento disfrute, sino que tal afectaci�n tambi�n surge a la vida jur�dica con actos que determinen de alguna manera la permanencia del gobernado en su situaci�n actual de privaci�n de libertad personal o modifiquen las condiciones en que tal privaci�n deba ejecutarse.

    Ello, porque el derecho que a la libertad personal tiene el hombre le es propio, viene de su naturaleza, y la ley no se lo concede, sino que se loreconoce y, al momento de ser privado de ella, por motivos que la misma determina, nace el derecho de estar libre, si �stos no se cumplen de manera adecuada.

    De ello que los requisitos que debe satisfacer un auto de formal prisi�n, establecidos en la Constituci�n y correlativamente en las leyes respectivas, contienen un presupuesto obvio y elemental que radica en que el procesado no pueda, entre otros, ser privado de su libertad y sujetado a proceso, si los mismos no se cumplen, lo que se traduce en que el mismo pueda gozar de su libertad si se acredita que el auto de formal prisi�n carece de los elementos necesarios para justificar su reclusi�n en prisi�n preventiva y sujeto a proceso.

    En estas condiciones, cuando se interponga un recurso de apelaci�n en contra de un auto de formal prisi�n y el tribunal de alzada decida confirmar dicho auto, resulta claro que a partir de ese momento la libertad personal del procesado se encontrar� restringida no s�lo en virtud del auto de formal prisi�n dictado en su contra, sino tambi�n por la confirmaci�n del mismo, en segunda instancia.

    Lo anterior, con independencia de que el recurso de apelaci�n en contra de un auto de formal prisi�n, de conformidad con las legislaciones estudiadas por los tribunales contendientes, procesa s�lo en efecto devolutivo, pues el hecho de que el J. de primera instancia no vea suspendida su jurisdicci�n no elimina el efecto descrito en el p�rrafo que antecede, pues resulta claro que la resoluci�n en que se confirma un auto de formal prisi�n, en segunda instancia -ya sea que el procesado se encuentre recluido o gozando de su libertad bajo cauci�n- constituye un acto que afecta la libertad personal del individuo, pues aun cuando es cierto que la privaci�n cautelar o restricci�n de la libertad del procesado -como efecto de la libertad provisional bajo cauci�n- es consecuencia del auto de formal prisi�n dictado en primera instancia, no menos cierto es que continuar� privado o restringido de su libertad como consecuencia positiva de esa confirmaci�n.

    En an�logos t�rminos se pronunci� esta Primera Sala al resolver la contradicci�n de tesis 21/2000, resuelta en sesi�n de cuatro de abril de dos mil uno, bajo la ponencia de la Ministra Olga S�nchez C. de G.�a V., que dio origen a la tesis de jurisprudencia siguiente:

    "AMPARO INDIRECTO. PUEDE PROMOVERSE EN CUALQUIER TIEMPO CUANDO SE RECLAMA LA NEGATIVA A TRAMITAR O A OTORGAR LOS BENEFICIOS PARA SUSPENDER LA EJECUCI�N DE LA PENA IMPUESTA POR AUTORIDAD JUDICIAL. El derecho que a la libertad personal tiene el hombre, le es propio, y la ley no se lo concede, sino que se lo reconoce y al momento de ser privado de ella por motivos que la propia ley determina, nace el derecho de estar libre mediante ciertos requisitos, por lo que los beneficios que el legislador establece para suspender la ejecuci�n de la pena privativa de libertad impuesta por la autoridad judicial, contienen un presupuesto obvio y elemental que radica en que el sentenciado se encuentre en posibilidad, cumpliendo con ciertos requisitos, de recuperar su libertad personal antes del tiempo de pena fijado en sentencia definitiva, por lo que la resoluci�n que reconozca a los sentenciados alguno de los beneficios de que se trata, aun cuando distinta de la sentencia condenatoria, por no ser una exteriorizaci�n de la funci�n jurisdiccional, puede considerarse como un agregado de la misma al constituir una especializaci�n de la pena que favorece al reo. En estas condiciones, cuando se ha solicitado por el reo alguno de los beneficios que el legislador establece para suspender la ejecuci�n de la pena privativa de libertad que le ha sido impuesta por la autoridad judicial y la autoridad correspondiente niega su tramitaci�n o el beneficio mismo, resulta claro que a partir de ese momento su libertad personal se encontrar� restringida no s�lo en virtud de la sentencia que lo conden�, sino por la negativa de que se trata. Por tanto, es indudable que la resoluci�n en que se niega el tr�mite, o bien, alguno de los beneficios mismos que el legislador establece para suspender la ejecuci�n de la pena privativa de libertad impuesta por la autoridad judicial constituye un acto que afecta la libertad personal del individuo, pues aun cuando es cierto que la privaci�n de libertad del reo es consecuencia de la sentencia que se dict� en su contra en el proceso penal que se le instruy�, no menos cierto es que continuar� privado de su libertad como consecuencia positiva de esa negativa; por lo que es claro que ese tipo de resoluciones se ubican en el caso de excepci�n previsto por el legislador en el art�culo 22, fracci�n II, de la Ley de Amparo y contra ellas puede promoverse juicio de amparo en cualquier tiempo."(10)

  15. Contenido del art�culo 36 de la Ley de Amparo:

    Una vez precisados los efectos jur�dicos que conlleva la confirmaci�n de un auto de formal prisi�n, en un toca de apelaci�n penal, debe dilucidarse la cuesti�n relativa a la competencia del �rgano jurisdiccional que, en su caso, deba conocer de la demanda de amparo que en su contra se promueva, por ser �ste el tema materia de la presente contradicci�n.

    Con ese prop�sito, debe atenderse a lo dispuesto en el art�culo 36 de la Ley de Amparo, cuyo contenido es el siguiente:

    "Art�culo 36. Cuando conforme a las prescripciones de esta ley sean competentes los Jueces de Distrito para conocer de un juicio de amparo, lo ser� aquel en cuya jurisdicci�n deba tener ejecuci�n, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado.

    "Si el acto ha comenzado a ejecutarse en un distrito y sigue ejecut�ndose en otro, cualquiera de los Jueces de esas jurisdicciones, a prevenci�n, ser� competente.

    "Es competente el J. de Distrito en cuya jurisdicci�n resida la autoridad que hubiese dictado la resoluci�n reclamada, cuando �sta no requiera ejecuci�n material."

    De la transcripci�n de este art�culo se advierten tres reglas:

  16. Por regla general, la competencia para conocer de un juicio de amparo se determina en funci�n del lugar en que residan las autoridades en que deba tener ejecuci�n, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado;

  17. Cuando el acto reclamado se ha comenzado a ejecutar en un distrito y contin�e ejecut�ndose en otro, ser� competente cualquiera de los Jueces de esas jurisdicciones, a prevenci�n; y,

  18. Si el acto reclamado no requiere de ejecuci�n material, el J. de Distrito competente ser� aquel en cuya jurisdicci�n resida la autoridad que hubiese dictado el acto reclamado.

    Dadas las caracter�sticas y naturaleza del punto de contradicci�n que se dilucida, la hip�tesis de competencia que aqu� interesa es la precisada en el inciso a) pues, como ha quedado precisado con anterioridad, la confirmaci�n de un auto de formal prisi�n s� requiere ejecuci�n material, por lo que el J. competente para conocer del amparo que en su contra se interponga ser� el del lugar en donde tenga verificativo la ejecuci�n del acto reclamado.

    En efecto, como anteriormente se se�al�, el fallo que en un toca de apelaci�n penal confirma un auto de formal prisi�n s� tiene ejecuci�n material, al traducirse en que el procesado permanezca con su libertad restringida, a disposici�n del J. de primera instancia, ya sea privado, cautelarmente, de su libertad -en alg�n centro de reclusi�n de prisi�n preventiva- o bajo ciertas restricciones a su libertad -si goza de la libertad bajo cauci�n-. Ello permite concluir que es un acto que repercute directamente en la libertad personal del procesado, quien continuar� privado cautelarmente de su libertad, no s�lo en virtud del auto de formal prisi�n dictado en primera instancia, sino tambi�n por la confirmaci�n que del mismo se haga en segunda instancia.

    En tal virtud, conforme a las citadas reglas de competencia, al permanecer el procesado a disposici�n del J. de primera instancia -ya sea en alg�n centro de reclusi�n de prisi�n preventiva o gozando de la libertad bajo cauci�n-, la ejecuci�n material del fallo confirmatorio se da, precisamente, en el lugar de residencia de dicho J. de la causa que, en caso de que el procesado se encuentre en reclusi�n, coincide con la del centro de reclusi�n para la prisi�n preventiva.

    De ello que la competencia para conocer del amparo que se interponga contra la resoluci�n que, en segunda instancia, confirma un auto de formal prisi�n, se surta a favor del J. de Distrito en cuya jurisdicci�n resida el J. de primera instancia que conoce del proceso penal, que coincide con la del centro de reclusi�n para la prisi�n preventiva.

    Cabe mencionar que la anterior conclusi�n comulga con el prop�sito que el legislador tuvo al establecer las referidas reglas de competencia, pues �l mismo busc� facilitar al gobernado el acceso a la justicia constitucional para que pueda disponer de mejores posibilidades de defensa y estar en condiciones de atender adecuada y permanentemente el desenvolvimiento del juicio que promueva. Lo que, sin lugar a dudas, se resguarda si el J. competente, para conocer del amparo en contra del fallo que confirm� un auto de formal prisi�n, es aquel que reside en el mismo lugar que el J. de la causa, quien tiene a su disposici�n al procesado, ya sea en alg�n centro de reclusi�n ubicado en su mismo lugar de su residencia o en libertad bajo cauci�n.

    En an�logos t�rminos nos hemos pronunciado al resolver las contradicciones de tesis 141/2004 y 1/2005, resueltas en sesiones de veintitr�s de febrero y once de mayo de dos mil cinco, respectivamente. Aun cuando no dilucidamos el mismo tema, en las contradicciones se�aladas concluimos que ejecut�ndose la pena impuesta por la autoridad judicial, en el caso de la negativa u omisi�n a responder la solicitud de los beneficios de ley para obtener anticipadamente la libertad personal, esta negativa u omisi�n s� tiene efectos materiales, ya que tiene el efecto de que el reo siga privado de la libertad.

    Por las razones que se expresan, con fundamento en lo dispuesto en el art�culo 195 de la Ley de Amparo, se sostiene que debe prevalecer, con car�cter de jurisprudencia, el criterio sustentado por esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, al tenor de la tesis redactada con el siguiente rubro y texto:

    COMPETENCIA EN AMPARO. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCI�N RESIDA EL QUE CONOCE DEL PROCESO PENAL EN PRIMERA INSTANCIA, CUANDO SE IMPUGNE EL FALLO QUE, EN APELACI�N, CONFIRMA EL AUTO DE FORMAL PRISI�N. La resoluci�n que en un toca de apelaci�n penal confirma un auto de formal prisi�n, es un acto que requiere ejecuci�n material, toda vez que entre los efectos de la misma se encuentran el que el procesado permanezca privado de su libertad cautelarmente, a disposici�n del J. de primera instancia, ya sea recluido en prisi�n preventiva o como consecuencia de las obligaciones que conlleva el beneficio de la libertad bajo cauci�n, las cuales se traducen en una afectaci�n a su libertad al consistir, entre otras, en comparecer peri�dicamente ante el �rgano jurisdiccional y no poder hacer uso de su libertad de tr�nsito sin autorizaci�n del juzgador bajo cuya jurisdicci�n quede sometido. As�, dicho fallo repercute directamente en la libertad personal del inculpado, quien continuar� privado o restringido de ella, no s�lo en virtud del auto de formal prisi�n dictado en primera instancia, sino tambi�n como consecuencia positiva de su confirmaci�n en segunda instancia. Ahora bien, el art�culo 36 de la Ley de Amparo prev� que el J. competente para conocer de un amparo ser� el del lugar en que deba tener ejecuci�n, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; de ah� que al permanecer el procesado a disposici�n del J. de primera instancia, la ejecuci�n material del fallo confirmatorio ser� en el lugar de residencia de �ste -que, en caso de que el inculpado est� recluido, coincide con el del centro de reclusi�n para la prisi�n preventiva- y, consecuentemente, la competencia para conocer del amparo interpuesto contra la resoluci�n que en segunda instancia confirma un auto de formal prisi�n, se surte a favor del J. de Distrito en cuya jurisdicci�n resida el juzgado de primera instancia que conoce del proceso penal.

    Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento en los art�culos 107 constitucional, fracci�n XIII; 195 y 197-A de la Ley de Amparo, y 21, fracci�n VIII, de la Ley Org�nica del Poder Judicial de la Federaci�n, se resuelve:

PRIMERO

S� existe contradicci�n de tesis entre los criterios sustentados por el Segundo Tribunal Colegiado del D�cimo Noveno Circuito, al resolver el conflicto competencial 2/98-IV, y el Tribunal Colegiado del D�cimo S�ptimo Circuito, al resolver el conflicto competencial 1/2005, en t�rminos del considerando cuarto de esta resoluci�n.

SEGUNDO

Debe prevalecer, con car�cter de jurisprudencia, el criterio sustentado por esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, en los t�rminos precisados en el �ltimo considerando de esta resoluci�n.

TERCERO

D�se publicidad a la tesis jurisprudencial que se sustenta en la presente resoluci�n, en t�rminos del art�culo 195 de la Ley de Amparo.

N.�quese; con testimonio de la presente resoluci�n y, en su oportunidad, arch�vese el expediente como asunto concluido.

As� lo resolvi� la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, por unanimidad de cuatro votos de los se�ores Ministros: Jos� de Jes�s G.�o P., S.A.V.H.�ndez, J.R.�n C.�o D�az (ponente) y presidenta O.S.C. de G.�a V.. Ausente el M.J.N.S.M..

______________

  1. Los datos de localizaci�n de la citada tesis son: Novena �poca, Segundo Tribunal Colegiado del D�cimo Noveno Circuito, Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, T.V., agosto de 1998, tesis XIX.2o.33 P, p�gina 828.

  2. La localizaci�n y texto de la tesis jurisprudencial son los siguientes: Novena �poca, Pleno, Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, T.X., abril de 2001, tesis P./J. 26/2001, p�gina 76. "De conformidad con lo que establecen los art�culos 107, fracci�n XIII, primer p�rrafo, de la Constituci�n Federal y 197-A de la Ley de Amparo, cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n o la Sala que corresponda deben decidir cu�l tesis ha de prevalecer. Ahora bien, se entiende que existen tesis contradictorias cuando concurren los siguientes supuestos: a) que al resolver los negocios jur�dicos se examinen cuestiones jur�dicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jur�dicos discrepantes; b) que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jur�dicas de las sentencias respectivas; y, c) que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos."

  3. La localizaci�n y texto de la tesis son los siguientes: Novena �poca, Pleno, Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, T.X., abril de 2001, tesis P./J. 27/2001, p�gina 77. "Los art�culos 107, fracci�n XIII, de la Constituci�n Federal, 197 y 197-A de la Ley de Amparo establecen el procedimiento para dirimir las contradicciones de tesis que sustenten los Tribunales Colegiados de Circuito o las S. de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n. El vocablo ?tesis? que se emplea en dichos dispositivos debe entenderse en un sentido amplio, o sea, como la expresi�n de un criterio que se sustenta en relaci�n con un tema determinado por los �rganos jurisdiccionales en su quehacer legal de resolver los asuntos que se someten a su consideraci�n, sin que sea necesario que est� expuesta de manera formal, mediante una redacci�n especial, en la que se distinga un rubro, un texto, los datos de identificaci�n del asunto en donde se sostuvo y, menos a�n, que constituya jurisprudencia obligatoria en los t�rminos previstos por los art�culos 192 y 193 de la Ley de Amparo, porque ni la Ley Fundamental ni la ordinaria establecen esos requisitos. Por tanto, para denunciar una contradicci�n de tesis, basta con que se hayan sustentado criterios discrepantes sobre la misma cuesti�n por S. de la Suprema Corte o Tribunales Colegiados de Circuito, en resoluciones dictadas en asuntos de su competencia."

  4. De los art�culos 320, segundo p�rrafo, 363, fracci�n II y 364, primer p�rrafo, del C�digo de Procedimientos Penales del Estado de Tamaulipas se desprende que los autos de formal prisi�n son apelables �nicamente en el efecto devolutivo.

    Dichos art�culos establecen: "Art�culo 320. ... Los autos de formal prisi�n, de sujeci�n o no sujeci�n a proceso o de libertad absoluta o por falta de elementos para procesar, ser�n apelables ante el J. menor, quien ordenar� la substanciaci�n ante el Supremo Tribunal de Justicia, al que se enviar� testimonio de los autos. El original del expediente, con el detenido en su caso, se pondr� a disposici�n del J. de primera instancia que deba conocer del asunto, notificando esta circunstancia al superior de ambos."

    "Art�culo 363. Son apelables: ... II. Los autos de ratificaci�n de la detenci�n; de formal prisi�n, de libertad absoluta o por falta de elementos; de sujeci�n o no sujeci�n a proceso, el que conceda o niegue la libertad caucional pero no respecto del monto de la cauci�n y el que conceda o niegue el sobreseimiento."

    "Art�culo 364. Son apelables en ambos efectos las resoluciones que expresamente establezca la ley, as� como las sentencias definitivas en que se imponga alguna pena o medida de seguridad, hecha excepci�n de los casos en que, habi�ndose impuesto una pena sustitutiva de prisi�n, s�lo se impugnan sus modalidades."

  5. Los art�culos 438 y 406 de los c�digos penales adjetivos de los Estados de C. y Tamaulipas, respectivamente, establecen: "Art�culo 438. El inculpado, al notificarse de la concesi�n de libertad provisional bajo cauci�n, deber� se�alar domicilio para notificaciones en el lugar del proceso. Adem�s se le har�n saber las causas de revocaci�n de su libertad y se le informar� que contrae las siguientes obligaciones: I.P. ante el tribunal que conozca o llegue a conocer de su causa, cuantas veces sea citado; II. Comunicar los cambios de domicilio, y III. No ausentarse del lugar de su residencia sin permiso de la autoridad judicial, el que no podr� conced�rsele por un plazo mayor de un mes."; "Art�culo 406. Al ordenarse la libertad caucional, se le har� saber al inculpado que contrae las siguientes obligaciones: I.P. ante su J., tribunal o agente del Ministerio P�blico, en su caso, cuantas veces sea citado o requerido por ello; II. Comunicar a la autoridad que conozca del expediente los cambios de domicilio que tuviere; III.P. ante el juzgado, tribunal o agente del Ministerio P�blico que conozca del negocio el d�a que se le se�ale; y, IV. No ausentarse del lugar de residencia sin permiso de la citada autoridad, el cual no se podr� conceder por tiempo mayor de un mes. ..."

  6. Lo anterior de conformidad con los art�culos 440 y 407 de los c�digos penales adjetivos de los Estados de C. y Tamaulipas que, respectivamente, establecen: "Art�culo 440. Se revocar� la libertad provisional bajo cauci�n: I. Si lo solicita el fiador o el inculpado y �ste queda a disposici�n del tribunal; II. Si el inculpado desobedece por dos o m�s ocasiones sin justa causa, las �rdenes del tribunal o no cumple las obligaciones que se�ala el art�culo 438; III. Si el inculpado amaga al ofendido o a alguno de los �rganos de prueba; IV. Si el inculpado pretende sobornar a �stos o a alg�n funcionario o empleado que tenga ingerencia (sic) en el proceso; V.C. aparezca que el delito es de los se�alados como graves; VI. Cuando el inculpado, antes de que el proceso en el que se le concedi� la libertadest� concluido por sentencia ejecutoria, cometiere un nuevo delito que merezca pena corporal, respecto del cual se dicte auto de formal prisi�n, excepto si se trata de delitos culposos." ; "Art�culo 407. Cuando el inculpado por s� mismo haya garantizado su libertad, �sta se revocar� en los casos siguientes: I. Cuando desobedeciere sin causa justa y comprobada las �rdenes leg�timas de la autoridad que conozca de su asunto; II. Cuando cometiere, antes de que la causa en que se le concedi� la libertad est� concluida por sentencia ejecutoria, un nuevo delito que merezca sanci�n privativa de libertad; III. Cuando amenazare a la parte ofendida o alg�n testigo de los que hayan depuesto o que tengan que deponer en su causa o tratare de cohechar o sobornar a alguno de estos �ltimos, al J., Magistrado, Ministerio P�blico o secretario del tribunal que conozca de su causa; IV.C. lo solicite el mismo inculpado y se presente al tribunal; V.C. en el curso de la instrucci�n apareciere que el delito o los delitos imputados son de los considerados como graves; VI. Cuando en su proceso cause ejecutoria la sentencia condenatoria dictada; VII. Cuando el inculpado no cumpla con alguna de las obligaciones a que se refiere el art�culo 406 de este c�digo."

  7. Cabe se�alar que de conformidad con el art�culo 400 del C�digo de Procedimientos Penales del Estado de C., s�lo ser�n apelables los autos de formal prisi�n que se refieran a delitos cuya pena m�xima sea superior a cuatro a�os de prisi�n. Apelaci�n que deber� admitirse en el efecto devolutivo.

  8. La localizaci�n de la referida jurisprudencia es: Novena �poca, Primera Sala, Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, Tomo V, marzo de 1997, tesis 1a./J. 11/97, p�gina 269.

  9. Esta Primera Sala sostuvo el criterio en cuesti�n en las contradicciones de tesis 21/2000, resuelta en sesi�n de cuatro de abril de dos mil uno, bajo la ponencia de la se�ora Ministra Olga S�nchez C. de G.�a V.; en la 141/2004, resuelta en sesi�n de veintitr�s de febrero de dos mil cinco, bajo la ponencia de la referida Ministra, y en la 1/2005 resuelta en sesi�n de once de mayo de dos mil cinco, bajo la ponencia del Ministro G.�o P..

  10. Los datos de localizaci�n son los siguientes: Novena �poca, Primera Sala, Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, T.X., noviembre de 2001, tesis 1a./J. 56/2001, p�gina 7.