Ejecutoria num. 2a./J. 127/2005 de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala - Jurisprudencia - VLEX 26823490

Ejecutoria num. 2a./J. 127/2005 de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala

Emisor:Segunda Sala
Número de Resolución:2a./J. 127/2005
Localizacion:GUILLERMO I. ORTIZ MAYAGOITIA.
Materia:Suprema Corte de Justicia de México
Fecha de Publicación: 1 de Diciembre de 2005
RESUMEN

CONTRADICCIÓN DE TESIS 110/2005-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER Y TERCER TRIBUNALES COLEGIADOS, AMBOS DEL DÉCIMO SEXTO CIRCUITO.VISITA DOMICILIARIA. LOS DOCUMENTOS E INFORMES OBTENIDOS DE LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES EN UN PROCEDIMIENTO ANTERIOR DECLARADO INSUBSISTENTE, PUEDEN APORTARSE POR LA AUTORIDAD FISCAL EN UNO POSTERIOR, SIEMPRE QUE LOS HECHOS U OMISIONES QUE DERIVEN DE AQUÉLLOS Y ENTRAÑEN INCUMPLIMIENTO DE DISPOSICIONES FISCALES, SE HAYAN ASENTADO CIRCUNSTANCIADAMENTE EN LAS ACTAS PARCIALES RESPECTIVAS.

 
ÍNDICE
CONTENIDO

CONTRADICCI�N DE TESIS 110/2005-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER Y TERCER TRIBUNALES COLEGIADOS, AMBOS DEL D�CIMO SEXTO CIRCUITO.

MINISTRO PONENTE: G.I.O.M..

SECRETARIO: �SCAR ZAMUDIO P�REZ.

CONSIDERANDO:

TERCERO

Para estar en condiciones de pronunciarse en relaci�n con la presente contradicci�n de tesis, es menester precisar las consideraciones de los asuntos sometidos a la decisi�n de los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes.

El Tercer Tribunal Colegiado del D�cimo Sexto Circuito sostuvo, al resolver la revisi�n fiscal 8/2005, lo siguiente:

SEXTO. Son infundados los agravios planteados por la autoridad recurrente. A. sustancialmente la administradora local Jur�dica de Celaya, del Servicio de Administraci�n Tributaria, en el primer agravio, lo siguiente: 1. La S.F. consider� indebidamente que la autoridad administrativa no cumpli� con su obligaci�n de hacer constar en actas, los hechos u omisiones que hubieren conocido los visitadores, conforme a lo dispuesto en el art�culo 46, fracci�n I, del C�digo F. de la Federaci�n, sino que se bas� en oficios y documentaci�n que hab�an sido dejados sin efectos; pero contra lo determinado, dicha obligaci�n s� se cumpli� cabalmente en el acta final de visita de diecisiete de junio de dos mil tres, en la que se circunstanciaron hechos conocidos por los visitadores, como consecuencia de la revisi�n llevada a cabo de la documentaci�n e informaci�n proporcionada. 2. Que es err�neo el criterio de la Sala porque se declar� la nulidad del procedimiento, por un vicio formal de la orden de visita, pero las observaciones de fondo, derivadas de la informaci�n proporcionada por la C.�n Nacional Bancaria y de Valores, qued� firme por intocada, al no haber sido objeto de estudio por la autoridad resolutora y que si bien la resoluci�n impugnada en el juicio natural proviene del cumplimiento de un recurso de revocaci�n, tambi�n lo es que en este fallo no se dejan sin efectos documentos propiedad del contribuyente y que obran en el expediente de la autoridad, pues la afectaci�n del procedimiento tiene su origen en el incumplimiento de una formalidad exigida por la ley y no en un motivo inherente al propio documento o al hecho que se pretenda probar con �l. 3. Que si bien entre las actas que se dejaron sin efecto y el acta final de diecisiete de junio de dos mil tres, contienen hechos similares, es porque los documentos, libros y contabilidad que fueron proporcionados por la contribuyente son los mismos, pero la autoridad fiscalizadora realiz� nuevamente todas las actuaciones necesarias para conocer los hechos y omisiones que se encuentran circunstanciados en las actas que al efecto levant�. Son infundados los anteriores argumentos de disenso. No es cierto, como asevera la recurrente en el agravio condensado en el primer apartado, que en el acta final de visita se circunstanciaron los hechos conocidos por los visitadores; porque no cumple con las prescripciones a que se refiere el art�culo 46, fracci�n I, del C�digo F. de la Federaci�n, como lo determin� la S.F.. De acuerdo con lo dispuesto por el art�culo 42 del C�digo F. de la Federaci�n, las autoridades cuentan con facultades discrecionales para comprobar que los contribuyentes, responsables solidarios o terceros relacionados, cumplan con sus obligaciones tributarias mediante la pr�ctica, entre otras acciones, de visitas domiciliarias, cuyo desarrollo est� sujeto a la observancia de diversas formalidades, entre las que figura, la consistente en el levantamiento de actas circunstanciadas. En cuanto a dichas formalidades, el numeral 46 del C�digo F. de la Federaci�n se�ala las siguientes reglas: ?Art�culo 46.? (se transcribe). De lo anterior, se colige, en lo que interesa, que de toda visita se levantar�n actas circunstanciadas, parciales o complementarias, en las que se hagan constar hechos, omisiones o circunstancias de car�cter concreto de los que se tenga conocimiento durante el desarrollo de la visita; y cuando en el desarrollo se conozcan hechos u omisiones que puedan entra�ar incumplimiento de las disposiciones fiscales, se consignar� en forma circunstanciada en actas parciales; a m�s de que, en la �ltima acta parcial que al efecto se levante se har� menci�n expresa de tal circunstancia y se entender� que las actas parciales forman parte integrante del acta final de visita, aunque no se se�ale expresamente de esa manera. Lo anterior se justifica, en la medida en que si durante el desarrollo de la visita, se conocen hechos u omisiones que puedan entra�ar incumplimiento de obligaciones fiscales, o cualquier circunstancia de la que se tenga conocimiento durante su realizaci�n, deben consignarse en el acta parcial respectiva, de manera circunstanciada, porque s�lo de esta manera es entendible y comprobable la continuidad procedimental y las posibles incidencias que se verifiquen en una fase intermedia, entre el inicio y el final de la visita. En la especie, la autoridad recurrente afirma que s� cumpli� con su obligaci�n de asentar los hechos de manera circunstanciada, en la medida en que hace menci�n de los oficios y documentaci�n que revisaron los visitadores, en el acta final de visita de diecisiete de junio de dos mil tres. En dicha acta, a folio 01033620503007, se consigna lo siguiente: ?De la revisi�n practicada a la informaci�n y documentaci�n que consta en los expedientes que obran en poder de esta Administraci�n Local de Auditor�a F. de Celaya, con sede en Celaya, en el Estado de Guanajuato, consistente en declaraciones presentadas, estados de cuenta bancarios de las cuentas n�meros 60-50154002-2 de Banco Santander Mexicano, S. y 5000666-9 de B., abiertas a nombre del contribuyente visitado y proporcionados por la C.�n Nacional Bancaria y de Valores, mediante oficios n�mero DEGTO/2059/98, de fecha siete de octubre de 1998 y DEGTO/2128/98, de fecha 12 de octubre de 1998, respectivamente, en atenci�n al oficio de solicitud de informaci�n y documentaci�n n�mero 324-SAT-R6-L52-05 A-13987 de fecha 18 de septiembre de 1998, as� como a la informaci�n y documentaci�n proporcionada por el contribuyente visitado mediante escritos de fechas 24 de septiembre de 1998, 9 de diciembre de 1998, 17 de febrero de 1999 y 14 de junio de 1999, presentados en atenci�n a los oficios de solicitud de informaci�n y documentaci�n n�meros 324-SAT-R6-L52-05 A-14052, 324-SAT-R6-L52-05 A-16027, 324-SAT-R6-L52-05 A-2298 y 324-SAT-R6-L52-05 A-11629, girados ... a nombre del contribuyente visitado los d�as 22 de septiembre de 1998, 24 de noviembre de 1998, 26 de enero de 1999 y 3 de junio de 1999, as� como a la informaci�n y documentaci�n aportada por el contribuyente visitado como anexos del escrito de fecha 21 de enero de 2000, as� como a los recibos de arrendamiento proporcionados el d�a 19 de marzo de 2002, fecha de inicio de la visita domiciliaria que nos ocupa y en virtud de no haber proporcionado documentos, libros o registros que desvirt�en los hechos consignados en la �ltima acta parcial. ...?. Esto es, s� se establece en el acta final, cu�les son los documentos e informaci�n de donde provienen los hechos y omisiones encontrados por los visitadores; sin embargo, esto no constituye una circunstanciaci�n adecuada del acta de visita, porque no se consignaron, en el acta de inicio o actas parciales, las incidencias de las que derivaron los requerimientos de informes y documentaci�n, tanto al contribuyente como a terceros -C.�n Nacional Bancaria y de Valores-, a que hace menci�n la autoridad en su acta final, por lo que no se justifica c�mo es que los visitadores llegaron al conocimiento de irregularidades relacionadas con dichos documentos, ya que no se consignaron en el acta parcial respectiva y, por ende, no se justifica la continuidad en el procedimiento de la visita domiciliaria, en detrimento a la garant�a de seguridad jur�dica del contribuyente visitado. Lo anterior, por el simple hecho de que la orden de visita, con la que se inici� el procedimiento fiscalizador, se emiti� en fecha dieciocho de marzo de dos mil dos, mientras que los diversos requerimientos formulados al contribuyente y a terceros, respecto de documentaci�n e informaci�n relacionados con el objeto de la visita y que fueron los que tom� en cuenta la autoridad administrativa como parte de la circunstanciaci�n del acta final, tienen una data anterior al inicio de ese procedimiento (mil novecientos noventa y ocho y mil novecientos noventa y nueve), lo que hace deficiente su motivaci�n, porque para ello, la autoridad administrativa tom� en cuenta actuaciones, requerimientos y documentos que se formularon y exhibieron en un procedimiento de visita domiciliaria anterior, el cual fue dejado sin efectos por virtud de la revocaci�n del procedimiento, hasta la emisi�n de la orden de visita. En tal virtud, toda vez que la autoridad hacendaria motiv� su resoluci�n determinante del cr�dito, en las irregularidades consignadas en el acta final de visita, la que a su vez, se apoy� en documentos e informes respecto de hechos y omisiones que no se consignaron en ninguna acta parcial, sino por el contrario, tienen su origen en requerimientos hechos al contribuyente y a terceros en un procedimiento que fue dejado sin efectos por virtud de lo resuelto en un recurso de revocaci�n; ello entra�a la ilegalidad de la resoluci�n controvertida, por lo que la determinaci�n de la S.F. que as� lo consider�, se ajusta a derecho. Tampoco tiene raz�n la autoridad recurrente en lo aseverado como agravio, en la parte condensada en segundo t�rmino, porque contra lo que se�ala, el efecto de la revocaci�n de la resoluci�n determinante del cr�dito, por vicios de la orden de visita, acarrea que todo lo actuado en relaci�n con ese procedimiento de visita domiciliaria queda insubsistente. El art�culo 133 del C�digo F. de la Federaci�n, establece: (se transcribe). En la especie, se advierte que la resoluci�n reca�da al recurso de revocaci�n interpuesto en contra de la primera resoluci�n determinante de cr�dito a cargo del contribuyente visitado se ubica en lo dispuesto en las fracciones III y IV de dicho numeral, en la medida en que dej� sin efecto el acto impugnado, y atento a lo considerado por la autoridad, tambi�n orden� la reposici�n del procedimiento administrativo, en cuanto a que se dej� insubsistente la orden de visita por vicios de forma. En efecto, como consta en oficio n�mero 325-SAT-R6-L52-04 A-9608, de fecha doce de julio de dos mil, la autoridad administrativa revoc� la resoluci�n determinante de cr�ditos a cargo del contribuyente visitado, por virtud de que la orden de visita de siete de agosto de mil novecientos noventa y ocho, contenida en el oficio n�mero 324-SAT-R6-L52-02 A-11970, estaba indebidamente fundada y motivada, al no precisar el fundamento del apercibimiento que se contiene en la misma y por ende, resolvi� dejar sin efecto la resoluci�n recurrida y a salvo las facultades de la autoridad competente para que si lo estimaba conveniente, emitiera una nueva orden de visita. El efecto de lo resuelto en el citado recurso de revocaci�n implica que todo lo actuado con motivo del procedimiento de visita domiciliaria, desde la orden hasta la resoluci�n determinante del cr�dito, queda insubsistente y esta insubsistencia implica una cesaci�n de efectos, a fin de restituir al contribuyente visitado al estado de cosas que exist�a antes de que se hubiera emitido la orden viciada; por ende, conlleva tambi�n la inexistencia de los hechos consignados en las actas parciales as� como los actos derivados y vinculados con esos hechos, como son los requerimientos de informaci�n y documentos, formulados tanto al contribuyente como a terceros. Esto, sin perjuicio de que se vuelva a emitir una nueva orden y a iniciar un nuevo procedimiento de visita domiciliaria, porque la revocaci�n incide en las facultades discrecionales de la autoridad fiscalizadora, quien en ejercicio de esa facultad, puede o no volver a emitir ese acto, seg�n lo estime conveniente. Ahora bien, si en ejercicio de sus facultades discrecionales de comprobaci�n, la autoridad demandada emiti� nueva orden de visita, se entiende que debe desarrollarse de nuevo por todas sus fases y cumpliendo de nueva cuentas (sic) todas las formalidades inherentes a este acto, emitiendo asimismo todos los requerimientos y solicitudes de informaci�n a quien resulte, seg�n los hechos que se asienten en las actas y que sean conocidos por los visitadores, durante el desarrollo y verificaci�n de esa nueva visita, puesto que no puede partir de la preexistencia y conocimiento de omisiones que se derivaron del anterior procedimiento, por el hecho de que �ste qued� insubsistente. Por tanto, no puede prevalerse la autoridad hacendaria, al emitir una resoluci�n determinante de cr�ditos, en documentos e informaci�n que conoci� como resultado de una visita anterior que se declar� insubsistente, pues independientemente de que esa insubsistencia obedezca a vicios de forma de la orden de visita, lo relevante es que ello conlleva la reposici�n del procedimiento, pues la consecuencia de ese vicio formal es dejar sin efectos la orden respectiva y las actuaciones que de ella se deriven. En el caso concreto, se advierte que con motivo del primer procedimiento de visita domiciliaria, conforme a lo asentado en el acta parcial de inicio, acta de traslado de documentos as� como los diversos requerimientos que se formularon al contribuyente visitado; todos ellos obedecieron a los hechos y omisiones conocidos por los visitadores con motivo de la revisi�n practicada al amparo de la orden de fecha siete de agosto de mil novecientos noventa y ocho. As� se desprende de los hechos consignados en las referidas actas levantadas con motivo del primer procedimiento de visita, en las que se hace constar que la documentaci�n proporcionada por la C.�n Nacional Bancaria y de Valores, mediante oficios n�meros DEGTO/2059/98 de fecha siete de octubre de 1998 y DEGTO/2128/98 de doce de octubre de mil novecientos noventa y ocho, se obtuvo en respuesta a una solicitud que se le formul� para corroborar lo manifestado por el visitante, en virtud a que se requiri� por oficio al contribuyente y �ste se�al� expresamente, por escrito, que no contaba con cuentas ni inversiones; as� como tambi�n, se atendi� a la documentaci�n proporcionada por el propio contribuyente, en respuesta a los diversos requerimientos que se le formularon por virtud de la visita domiciliaria que se le estaba practicando; esto es, el origen y la raz�n por la que la autoridad fiscalizadora contaba con dicha informaci�n, est� directamente vinculada con los hechos y omisiones consignados por los visitadores en las actas parciales levantadas durante el desarrollo de la primera visita domiciliaria. Ese actuar de la autoridad demandada resulta ilegal, en cuenta a que no pod�a valerse de los documentos e informaci�n que obtuvo con motivo del desarrollo de un primer procedimiento, porque el acto que justifica su tenencia, esto es, el requerimiento de informes y documentos, ha quedado insubsistente por virtud de la reposici�n del procedimiento; sin que esto implique la nulidad del contenido de tales documentos, sino el hecho de que, por certeza y seguridad jur�dica para el visitado, la autoridad debe de nueva cuenta ejercer sus atribuciones revisoras y formular los requerimientos procedentes durante el curso de la visita, independientemente de que la informaci�n que obtenga necesariamente deba ser similar. Al respecto, este Tribunal Colegiado comparte el criterio sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, visible en la p�gina 1147, del Tomo XVIII, octubre de 2003, Novena �poca del Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, que a la letra dice: ?VISITA DOMICILIARIA. LA AUTORIDAD FISCAL NO PUEDE EMITIR UNA RESOLUCI�N LIQUIDATORIA BAS�NDOSE EN DATOS OBTENIDOS DE UN PROCEDIMIENTO DE AUDITOR�A ANTERIOR, RESPECTO DEL CUAL EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA DECLAR� SU NULIDAD LISA Y LLANA.? (se transcribe). Lo anterior se robustece, con lo dispuesto en el art�culo 133-A del citado ordenamiento tributario, en el que se establece: (se transcribe). Conforme al citado art�culo 133 A, fracci�n I, inciso a), se sigue que si la resoluci�n dictada en el recurso de revocaci�n, deja sin efecto el acto impugnado y conlleva la reposici�n del procedimiento, cuando sea necesario solicitar informaci�n a terceros para corroborar datos relacionados con las operaciones efectuadas con los contribuyentes, no se contar� el tiempo transcurrido entre la petici�n de la informaci�n o la realizaci�n del acto correspondiente y aquel en el que se proporcione dicha informaci�n, dentro del plazo de cuatro meses que tiene para cumplir con su determinaci�n. De este precepto se sigue que se establece una interrupci�n al t�rmino legal para el cumplimiento de lo resuelto en la revocaci�n, a fin de dar tiempo a la autoridad para requerir a terceros la informaci�n que estime conducente. En esta tesitura, no resulta �bice para que la autoridad fiscalizadora emita nuevos requerimientos de informaci�n en el procedimiento de visita, el hecho de que la informaci�n que proporcionen deba ser necesariamente igual a aquella que obtuvo en un procedimiento que se dej� insubsistente por la revocaci�n, ya que la ley le concede una pr�rroga en el t�rmino el t�rmino (sic) para su cumplimiento y adem�s, debe hacerlo constar en las actas parciales, no solamente en la final, a fin de cumplir con la circunstanciaci�n que le exige el numeral 46 del c�digo tributario y en respeto a la garant�a de seguridad jur�dica del contribuyente visitado. Por otra parte, es igualmente infundado lo aducido por la recurrente en su agravio primero, en la parte que se resumi� en el punto tres, porque, contra lo aseverado, no se advierte en el nuevo procedimiento de visita domiciliaria que la autoridad hubiera realizado de nueva cuenta todas las actuaciones necesarias para conocer los hechos y omisiones a que se refiere en los oficios y documentos que datan de los a�os mil novecientos noventa y ocho y mil novecientos noventa y nueve y que s� invoca en el acta final y en la resoluci�n determinante del cr�dito, pues si bien es cierto, consta en el acta parcial de inicio, que el diecinueve de marzo de dos mil dos se constituyeron los visitadores en el domicilio fiscal del visitado, �nicamente se formul� un requerimiento de documentaci�n al contribuyente, en oficio 324-SAT-11-I-05 A-07891, de fecha cinco de septiembre de dos mil dos, en el que se le solicit� exhibiera los cheques expedidos a su favor por Servicio Panamericano de Protecci�n y copia del contrato de arrendamiento celebrado con Bimbo del Centro, as� como indicara la cuenta bancaria donde se deposit� el importe del arrendamiento; y en relaci�n con informaci�n solicitada a terceros, espec�ficamente, C.�n Nacional Bancaria y de Valores, �nicamente consta que se solicit� por oficio n�mero 324-SAT-11-I-05 A-07784, de veintis�is de agosto de dos mil dos, copias legibles del anverso y reverso de los cheques expedidos por Servicio Panamericano de Protecci�n, a favor del visitado. En consecuencia, no es cierto que la autoridad hacendaria hubiera desplegado de nueva cuenta todos los actos de los que derivaron los hechos y omisiones consignados en el acta final, pues de ninguna manera justifica el c�mo fue que obtuvo la informaci�n que le fue proporcionada por la C.�n Nacional Bancaria y de Valores, as� como la diversa documentaci�n que alude, le fue proporcionada por el contribuyente, ya que no est� respaldada en ning�n hecho circunstanciado en las actas de visita levantadas durante el desarrollo del procedimiento. Como agravio segundo, se�ala la recurrente que la autoridad fiscal transgredi� lo dispuesto en el art�culo 237 del C�digo F. de la Federaci�n y 190 de la Ley de Amparo,porque aplic� indebidamente las tesis y jurisprudencias que invoca en su sentencia. No le asiste raz�n jur�dica en lo anterior, toda vez que la cita de tesis aisladas del propio tribunal le est� permitida y le es obligatoria, conforme a lo dispuesto en los art�culos 259 a 263 del C�digo F. de la Federaci�n, adem�s de que, se advierte del contenido textual de los criterios invocados, que cobran aplicaci�n en lo conducente al caso concreto, por virtud de que son coincidentes con el criterio sostenido por la S.F., en el sentido de que, declara (sic) la insubsistencia de la orden de visita, ello conlleva la insubsistencia de todo lo actuado con posterioridad, incluidos los documentos que se aportaron y allegaron al procedimiento de visita. Finalmente, en el agravio tercero, aduce la autoridad inconforme que la S.F. interpret� de manera equivocada lo dispuesto en el art�culo 63 del C�digo F. de la Federaci�n, pues este numeral permite que las autoridades fiscales motiven sus actos conforme a los hechos que consten en los expedientes o documentos que lleven o tengan en su poder las autoridades fiscales y que por ello, la documentaci�n proporcionada por la C.�n Nacional Bancaria y de Valores, puede ser utilizada por la autoridad fiscal. Es infundado lo anterior. El citado numeral 63 del c�digo tributario se�ala: (se transcribe). De dicho numeral se sigue que la autoridad fiscal podr� motivar sus resoluciones, en los hechos que conozca con motivo del ejercicio de sus facultades revisoras, o que consten en los expedientes o documentos que lleven o tengan en su poder. En la especie, si bien es cierto existe un expediente a nombre del contribuyente visitado, por el simple hecho de que �ste cumpl�a con su obligaci�n de presentar las declaraciones de impuestos que le corresponden; sin embargo, la informaci�n que proporcion� la C.�n Nacional Bancaria y de Valores no es de aquella que debe constar en el expediente, sino que la autoridad la conoci� y obra en su poder con motivo del ejercicio de sus facultades revisoras, pues la requiri� al encontrar anomal�as y omisiones dentro del procedimiento de visita domiciliaria que en una primera oportunidad practic� a J.R. P�ramo y se solicit� a fin de corroborar la informaci�n por �ste proporcionada, pero siempre vinculada a ese procedimiento de visita. Consecuentemente, si lo actuado en dicho procedimiento se declar� insubsistente, no se justifica entonces que la autoridad la tenga en su poder, porque deriva de un requerimiento ilegal de la autoridad y, por ello, debi� de nueva cuenta requerirla dentro del nuevo procedimiento. Luego, la consideraci�n de la S.F., al estimar que la autoridad no puede hacer v�lida dicha informaci�n, porque para ello debi� imperar la legalidad de los oficios y escritos que obran en el expediente de la autoridad por el que la requiri�, lo que no aconteci� en la especie; se ajusta a derecho. En tales condiciones, al resultar infundadas las manifestaciones de disenso contenidas en los agravios propuestos, lo procedente es confirmar la sentencia recurrida.

Por su parte, el Primer Tribunal Colegiado del D�cimo Sexto Circuito estableci�, en la revisi�n fiscal 55/2002, lo que se transcribe a continuaci�n:

QUINTO. Es esencialmente fundado el concepto de agravio esgrimido por la autoridad recurrente, quien afirma que el Tribunal Federal de lo Contencioso F. y Administrativo aplic� incorrectamente los art�culos 42, fracci�n III y 46, fracci�n I, del C�digo F. de la Federaci�n, al declarar la nulidad de la resoluci�n determinativa del cr�dito fiscal n�mero 324-SAT-03-7328 de fecha veintiocho de mayo de dos mil uno, que la autoridad inconforme impuso al actor J.S.C.�rdenas G.�a; pues como lo sostiene la autoridad impugnante, contrariamente a lo considerado por el tribunal a quo, no es acertado que se hayan violado en perjuicio del accionante los dispositivos legales precisados bajo el argumento de que la resoluci�n liquidatoria del cr�dito estaba soportada, en opini�n del �rgano jurisdiccional de primer grado, en una actuaci�n que carece de eficacia jur�dica. Del examen de la sentencia recurrida se aprecia que el tribunal a quo para resolver en la forma como lo hizo parti� de la premisa de que las actuaciones de un procedimiento de fiscalizaci�n declarado insubsistente, as� como los documentos presentados en el mismo, no pueden ser sustento en una nueva auditor�a que se practique al visitado, pues en el caso concreto se establece en la sentencia recurrida, que fue incorrecto que en el acta final de visita de diecisiete de abril de dos mil uno se haya asentado la informaci�n que la autoridad fiscal recab� de la C.�n Nacional Bancaria y de Valores, en virtud de que los datos proporcionados por esa entidad gubernativa fueron los mismos que se destacaron en el acta final de visita de un anterior procedimiento de fiscalizaci�n cuyas actuaciones hab�an quedado insubsistentes a partir del acta parcial de inicio, por el hecho de que los visitadores no se identificaron debidamente. En espec�fico, el juzgador a quo consider� que se violaron los invocados preceptos legales en perjuicio del visitado porque no se ejercieron de nueva cuenta las facultades comprobatorias que la autoridad fiscal deb�a practicar, a ra�z de la reposici�n del procedimiento que orden� la Administraci�n Local Jur�dica de I., a partir de aquel momento en que los visitadores omitieron identificarse debidamente, pues estim� que el acta final de fecha diecisiete de abril de dos mil uno ?casi es una reproducci�n de la diversa acta final del 30 de noviembre de 1998?. Tales consideraciones de la Sala resolutora no se encuentran ajustadas a derecho. Antes de exponer las razones jur�dicas de por qu� no son acertadas las consideraciones de la Sala, es pertinente precisar que no es exacto que la autoridad fiscalizadora haya reproducido el acta final de fecha treinta de noviembre de mil novecientos noventa y ocho, en la que a su vez levant� con fecha diecisiete de abril de dos mil uno, pues el hecho de que los visitadores se hayan constituido en el domicilio del contribuyente en la fecha primeramente citada (el diecisiete de abril de dos mil uno), para levantar el acta final en la que se circunstanciaron los hechos y omisiones que ah� se contienen revela por s� mismo que se trata de una nueva actuaci�n y la circunstancia de que exista coincidencia en algunos de los datos que arroj� la misma con los que se asentaron en la diversa acta final de treinta de noviembre de mil novecientos noventa y ocho que fue declarada insubsistente, no significa que la resoluci�n liquidatoria se est� fundando en dicha acta, pues la simple diferencia temporal demuestra lo contrario; de ah� que su invalidaci�n no puede ser sustentada en la semejanza que pueda tener con el acta que fue declarada insubsistente, sino en todo caso de las pruebas que en su contra puedan aportarse para demostrar que alg�n hecho en ella asentado no se ajusta a la realidad. Precisado lo anterior, se procede a establecer que tal y como lo aduce la autoridad recurrente fue ilegal que se declarara la nulidad de la resoluci�n liquidatoria del cr�dito fiscal impuesto al actor, bajo el argumento de que la informaci�n que le proporcion� la C.�n Nacional Bancaria y de Valores a la autoridad fiscal, respecto del estado que guardan algunas cuentas bancarias de las que se aprecian presuntos ingresos del contribuyente J.S.C.�rdenas G.�a, no deb�a ser tomada en cuenta en el fincamiento del cr�dito por haber sido una informaci�n que se obtuvo del acta final de fecha treinta de noviembre de mil novecientos noventa y ocho, misma que fue declarada insubsistente en la resoluci�n que dict� la Administraci�n Local Jur�dica de Ingresos de I., al resolver el recurso de revocaci�n que interpuso el actor en contra de una anterior resoluci�n liquidatoria, pues esa consideraci�n de la Sala emisora del fallo recurrido no se ajusta a derecho por las razones siguientes. Del examen a los art�culos 16 de la Constituci�n Federal, 38, 42 y 46 del C�digo F. de la Federaci�n se desprende que para la pr�ctica de una visita domiciliaria deben observarse las siguientes formalidades: 1) Debe existir una orden de visita emitida por autoridad competente para ello, la que deber� reunir los siguientes requisitos: a) Constar por escrito; b) Se�alar el nombre de la persona con quien se ha de efectuar la visita; c) El domicilio en que deba practicarse; d) El objeto de la misma; e) El nombre de las personas autorizadas para la pr�ctica de la visita; y, f) Que est� debidamente fundada y motivada. Asimismo, durante el desarrollo de la visita los auditores deben levantar actas parciales en las que en forma circunstanciada se�alen los hechos, omisiones o circunstancias de car�cter concreto de que tengan conocimiento durante el desarrollo de la visita, como pueden ser entre otros casos, los que entra�an el incumplimiento de las disposiciones fiscales, la sustituci�n de testigos propuestos inicialmente, los hechos u omisiones de terceros, el aseguramiento de la contabilidad del contribuyente, la naturaleza y caracter�sticas de la informaci�n consultada, etc�tera. De tales preceptos tambi�n se advierte que en la �ltima acta parcial se har� constar la circunstancia y entre �sta y el acta final deber�n transcurrir cuando menos veinte d�as, durante los cuales el contribuyente puede presentar los documentos, libros o registros que desvirt�en los hechos u omisiones consignados en las actas parciales, o bien puede optar por corregir su situaci�n fiscal. Si al levantarse el acta final no estuviere presente el visitado o su representante se le dejar� citatorio para que est� presente a determinada hora del d�a siguiente; si no se presentare, se levantar� ante quien est� presente en el domicilio visitado. El acta final deber� ser firmada por cualquiera de los auditores que haya practicado la diligencia, as� como por el visitado o con quien se entienda la misma y por los testigos. Si el visitado o los testigos se niegan a firmar el acta o a recibir copia de la misma, as� se har� constar en ella. Todas esas formalidades tienen como prop�sito que, para ese supuesto en el que la Constituci�n permite a la autoridad administrativa penetrar al domicilio del visitado para verificar si est� cumpliendo con las disposiciones fiscales, los actos de autoridad se ci�an a ese objetivo y que el auditado tenga plena certeza de los actos que realiza la autoridad fiscal en la indagaci�n y as� est� en condiciones, llegado el caso, de aportar los elementos que considere pertinentes para desvirtuar los hechos u omisiones que se asienten en las actas correspondientes. Ahora bien, cuando una resoluci�n liquidatoria est� soportada, entre otros elementos, con informaci�n solicitada a terceros en relaci�n con las actividades que incidan en las obligaciones de naturaleza fiscal del contribuyente, no se est� en presencia de una indagaci�n de alg�n elemento existente en el domicilio del visitado, por tal raz�n, para ese supuesto basta que la autoridad fiscalizadora asiente en el acta correspondiente los datos relacionados con esa informaci�n, que permitan al particular conocer de d�nde proviene y en qu� consiste para que est� en posibilidad de ejercer su derecho de defensa. En esas condiciones, si bien en el caso a estudio la informaci�n que se asent� en el acta de fecha diecisiete de abril de dos mil uno, que proporcion� la C.�n Nacional Bancaria y de Valores a la autoridad fiscalizadora, fue obtenida en el anterior procedimiento de verificaci�n que fue declarado insubsistente, esta circunstancia no incide en su validez, puesto que, como ha quedado considerado, se trata de una informaci�n recabada de terceros y por tanto la �nica obligaci�n por parte de la autoridad consist�a en haberla asentado en la nueva acta final como as� se hizo y, por ende, el contribuyente estuvo en condiciones de conocer los datos ah� asentados para desvirtuarlos en su oportunidad al cierre del acta final o bien mediante la interposici�n del recurso de revocaci�n o la promoci�n del juicio de nulidad. En efecto, del examen al art�culo 46, fracci�n IV, del C�digo F. de la Federaci�n se advierte la obligaci�n a cargo de las autoridades fiscales de consignar en las actas correspondientes los hechos u omisiones que se conozcan de terceros. Asimismo, se prev� que en la �ltima acta parcial que al efecto se levante, se har� menci�n expresa de tal circunstancia y entre �sta y el acta final deber�n transcurrir cuando menos veinte d�as, durante los cuales el contribuyente podr� presentar los documentos, libros o registros que desvirt�en los hechos u omisiones, as� como optar por corregir su situaci�n fiscal y que cuando se trate de m�s de un ejercicio revisado se ampliar� el plazo por quince d�as m�s, siempre que el contribuyente presente aviso dentro del plazo inicial de veinte d�as. Son pues �stas las formalidades que exige el ordenamiento fiscal federal, las que en todo caso se debieron cumplir y respecto de las cuales no existe impugnaci�n por parte del particular. De ah� que la circunstancia de que la autoridad fiscalizadora haya obtenido la informaci�n relativa de la C.�n Nacional Bancaria y de Valores con antelaci�n y en un procedimiento que fue declarado insubsistente, no incide en su validez dado que, de conformidad con el art�culo 63 del propio c�digo en consulta, la Secretar�a de Hacienda y Cr�dito P�blico puede servirse para motivar sus resoluciones en los documentos que tenga en su poder, as� como en aquellos proporcionados por otras autoridades fiscales. De modo que si la autoridad hacendaria obtuvo esa informaci�n de conformidad con lo dispuesto en los art�culos 42, fracci�n II y 32-B, fracci�n IV, del ordenamiento tributario en consulta, preceptos en los que se prev� la facultad de las autoridades fiscales para requerir, entre otros terceros, a la C.�n Nacional Bancaria y de Valores para que exhiba los datos o proporcione los documentos o informes que se le requieran, debe concluirse que no existi� violaci�n por haberse asentado los datos que proporcion� esa entidad gubernativa en el acta final de fecha diecisiete de abril de dos mil uno. Cabe agregar que el hecho de que la informaci�n obtenida de la C.�n Nacional Bancaria y de Valores se haya solicitado en un anterior procedimiento de fiscalizaci�n que fue declarado insubsistente no significa que la referida documentaci�n se encuentre afectada de nulidad. En efecto, debe hacerse la distinci�n entre la nulidad de tipo formal que implica el que las actuaciones en un procedimiento de fiscalizaci�n hayan sido declaradas insubsistentes ante el incumplimiento de alguna de las formalidades que previenen los art�culos 16 de la Constituci�n Federal, 38, 42 y 46 del C�digo F. de la Federaci�n para el desarrollo de la pr�ctica de visitas domiciliarias, y la ineficacia jur�dica de alg�n documento que tiene su origen en alguna irregularidad inherente al propio documento o al hecho que se pretenda probar con el mismo, al margen de que haya sido o no presentado en alg�n procedimiento afectado de nulidad por incumplimiento de alguna de las formalidades que exigen los preceptos legales citados. La primera de las ineficacias o nulidades se caracteriza por ser de tipo procedimental; esto es, que afecta al normal desarrollo del procedimiento a grado tal que �ste no puede continuar sino hasta que se subsane la infracci�n de tipo formal. En cambio, la ineficacia o nulidad de un documento por alg�n motivo espec�fico, no interfiere con el desarrollo del procedimiento, sino que la consecuencia jur�dica de que se encuentre afectado por alguna irregularidad propia de su contenido reportar� en todo caso un perjuicio para la parte que quiera beneficiarse con �l. De ello se sigue, que cuando una parte del procedimiento de fiscalizaci�n ha sido declarada insubsistente por haberse detectado alguna irregularidad de tipo formal, como la falta de debida identificaci�n de los auditores, ello traer� como consecuencia que se declaren nulos o insubsistentes los actos posteriores incluyendo la determinaci�n del cr�dito fiscal, pero con ello no se prejuzga ni se invalida la eficacia que puedan tener determinados documentos que hayan sido presentados en el procedimiento de fiscalizaci�n, pues la afectaci�n de �ste tiene su origen en el incumplimiento de alguna formalidad exigida por la ley y no en alg�n motivo inherente al propio documento o al hecho que se pretenda probar con �l. Ahora bien, cuando se ordena la reposici�n del procedimiento ello implica que se realicen de nueva cuenta todas aquellas actuaciones tendientes a conocer la situaci�n fiscal del visitado dentro del marco legal que para tal efecto existe; esto es, que se obliga a la autoridad fiscal a realizar todas aquellas indagaciones que puedan soportar la determinaci�n de un posible cr�dito fiscal. En m�rito de todo lo anterior, si en la especie la informaci�n que proporcion� la C.�n Nacional Bancaria y de Valores no incidi� en la declaratoria de insubsistencia del anterior procedimiento de fiscalizaci�n, no es acertado como lo determin� la Sala emisora del fallo recurrido que, por la sola circunstancia de que dicha informaci�n haya sido presentada en aquel anterior ejercicio de las facultades comprobatorias, carezca de validez, pues como ha quedado considerado no se cuestion� alg�n aspecto de dicho documento que haya tra�do como consecuencia su nulidad; por tanto, por las razones expresadas con antelaci�n, el �rgano fiscalizador s� contaba con facultades para relacionar dicha informaci�n en la nueva acta final de fecha diecisiete de abril de dos mil uno que dio sustento a la determinaci�n del cr�dito impuesto al contribuyente, por lo que en tales condiciones lo procedente es revocar la sentencia impugnada y, como a este �rgano colegiado no le est� permitido abordar en principio los motivos de anulaci�n que se hayan propuesto en el contradictorio, la Sala resolutora al emitir una nueva sentencia deber�, por una parte, declarar infundado el primer concepto de anulaci�n que se adujo referente a la ilegalidad del procedimiento de fiscalizaci�n que culmin� con la resoluci�n determinativa del cr�dito fiscal impugnado, aspecto que analiz� este Tribunal Colegiado en los t�rminos de esta ejecutoria; para que posteriormente proceda a abordar con plenitud de jurisdicci�n el resto de los motivos de anulaci�n que no fueron examinados y resolver lo que en derecho proceda.

CUARTO

Como cuesti�n previa se precisa que para establecer el criterio que debe prevalecer, debe existir, cuando menos formalmente, una discrepancia de criterios jur�dicos entre dos �rganos, en los que se analice la misma cuesti�n, es decir, aqu�lla debe recaer sobre las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jur�dicas vertidos dentro de la parte considerativa de las sentencias respectivas. As�, existe materia para resolver una contradicci�n de tesis cuando concurren los siguientes supuestos:

  1. Que al resolver los negocios se examinen cuestiones jur�dicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jur�dicos discrepantes;

  2. Que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jur�dicas de las sentencias respectivas; y

  3. Que los diferentes criterios provengan del examen de los mismos elementos.

    Es aplicable la jurisprudencia P./J. 26/2001, sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, que aparece publicada en la Novena �poca del Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, T.X., abril de 2001, visible en la p�gina 76, que es del tenor literal siguiente:

    CONTRADICCI�N DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA. De conformidad con lo que establecen los art�culos 107, fracci�n XIII, primer p�rrafo, de la Constituci�n Federal y 197-A de la Ley deAmparo, cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n o la Sala que corresponda deben decidir cu�l tesis ha de prevalecer. Ahora bien, se entiende que existen tesis contradictorias cuando concurren los siguientes supuestos: a) que al resolver los negocios jur�dicos se examinen cuestiones jur�dicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jur�dicos discrepantes; b) que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jur�dicas de las sentencias respectivas; y, c) que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos.

    Ahora bien, para determinar si en el caso existe la contradicci�n de tesis denunciada, resulta necesario precisar algunos antecedentes de los casos sometidos a la jurisdicci�n de los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes, as� como realizar una s�ntesis de las consideraciones que externaron, los cuales se desprenden de las resoluciones por ellos emitidas.

    Del recurso de revisi�n fiscal 8/2005, resuelto por el Tercer Tribunal Colegiado del D�cimo Sexto Circuito se desprende lo siguiente:

  4. Mediante oficio 324-SAT-R6-L52-02 A-11970, de siete de agosto de mil novecientos noventa y ocho, el administrador local de Auditor�a F. de Celaya orden� la pr�ctica de una visita domiciliaria a J.R. P�ramo, a fin de comprobar el cumplimiento de sus obligaciones fiscales en materia de los impuestos sobre la renta, al activo y al valor agregado, por el ejercicio fiscal de mil novecientos noventa y siete.

  5. El diez de agosto de mil novecientos noventa y ocho, se levant� el acta parcial de inicio, en la que los visitadores requirieron al contribuyente la exhibici�n de libros de contabilidad y documentos relacionados con el periodo a revisar.

  6. Mediante oficio 324-SAT-R6-L52-05 A-14052, la Administraci�n Local de Auditor�a F. de Celaya, en relaci�n con la visita domiciliaria y como se desprend�a del acta parcial de inicio, requiri� a J.R. P�ramo la exhibici�n de los originales y copias fotost�ticas de los estados de cuenta bancarios e inversi�n, en su caso, abiertos a su nombre, por el periodo sujeto a revisi�n. Por escrito de veinticinco de septiembre, el contribuyente dio cumplimiento a ese requerimiento, se�alando que no ten�a cuentas bancarias.

  7. El veinticinco de noviembre de mil novecientos noventa y ocho, se levant� acta parcial, mediante la cual se corri� traslado al contribuyente visitado, con la informaci�n y documentaci�n proporcionada por la C.�n Nacional Bancaria y de Valores, en relaci�n con la visita domiciliaria; en la que se asent�, en folio 01023650398004, que a trav�s de los procedimientos de auditor�a efectuados, se gir� el oficio n�mero 324-SAT-R6-L52-05 A-13987, de fecha dieciocho de septiembre de mil novecientos noventa y nueve, a dicha comisi�n, a efecto de solicitar los n�meros de cuentas bancarias registradas a nombre del visitado, as� como copias de sus respectivos estados de cuenta; proporcion�ndose dicha informaci�n mediante oficios DEGTO/2151/98, DEGTO/2059/98 y DEGTO/2128/98 de fechas trece, siete y doce de octubre de mil novecientos noventa y ocho, respectivamente, conoci�ndose la existencia de cuentas bancarias.

  8. Se levant� acta parcial de ampliaci�n de plazo el veintisiete de enero de mil novecientos noventa y nueve, y el tres de junio de ese a�o la autoridad revisora emiti� oficio de requerimiento al visitado de informaci�n y documentaci�n al que se dio contestaci�n por escrito de catorce de junio.

  9. En el acta parcial de segunda ampliaci�n de plazo, a folios 01341160599001 a 01341210599006 se hizo constar que se levant� la �ltima acta parcial el catorce de diciembre de mil novecientos noventa y nueve, en donde se expuso, a folio 0134270699006, que la autoridad revis� las declaraciones presentadas, los documentos exhibidos por el contribuyente y los estados de cuenta bancarios, proporcionados por la comisi�n se�alada, de donde result� que el visitado no declar� ingresos, para efectos del impuesto sobre la renta, en cantidad de $3?751,438.60, derivados de dep�sitos bancarios; asent�ndose en la propia acta, a folio 01342750699007, que tal cantidad result� del an�lisis realizado a los referidos estados de cuenta, porque mediante oficio de veintid�s de septiembre de mil novecientos noventa y ocho, se solicit� al contribuyente visitado la exhibici�n de sus estados de cuenta bancaria, manifestando en su escrito de veinticinco de septiembre de ese a�o que no ten�a ninguna cuenta o inversi�n y que derivado de ello, se gir� oficio de solicitud de informaci�n y documentaci�n n�mero 324-SAT-R6-L52-05 A-13987 a la Delegaci�n Estatal de la C.�n Nacional Bancaria, sobre los n�meros de cuenta y estados de cuenta bancarios a nombre del contribuyente, proporcionando dicha informaci�n, con la que se corri� traslado al visitado seg�n consta en acta parcial de traslado de documentaci�n.

  10. Por escrito recibido en la Administraci�n Local de Auditor�a F., el contribuyente visitado present� libros, registros y documentos a fin de desvirtuar los hechos consignados en la �ltima acta parcial.

  11. El dos de febrero de dos mil se levant� acta final y mediante oficio 324-SAT-R6-L52-05 A-2722, de veinticinco de febrero de dos mil tres, la autoridad hacendaria determin� un cr�dito fiscal a cargo del contribuyente visitado, por la cantidad de $3'802,967.10.

  12. Inconforme con tal resoluci�n, J.R. P�ramo interpuso recurso de revocaci�n, resolviendo el administrador local Jur�dico de Ingresos de Celaya, el doce de julio de dos mil, dejar sin efectos dicha resoluci�n determinante del cr�dito fiscal, dejando a salvo las facultades de la autoridad para que, de considerarlo conveniente, emitiera nueva orden de visita debidamente fundada y motivada.

  13. En virtud de lo anterior, la autoridad fiscal, en ejercicio de sus facultades discrecionales de comprobaci�n, emiti� nueva orden de visita domiciliaria, mediante oficio 324-SAT-11-539-02 A-1206, el dieciocho de marzo de dos mil dos.

  14. El diecinueve de marzo de dos mil dos se levant� acta parcial de inicio, requiri�ndose al compareciente visitado la exhibici�n de contabilidad, libros y documentos relacionados con el periodo a revisar.

  15. Mediante oficio n�mero 324-SAT-11-I-05 A-07891, de cinco de septiembre de dos mil dos, se requiri� al visitado J.R. P�ramo informaci�n sobre los n�meros de cuenta bancaria donde se depositaron los cheques expedidos por Servicio Panamericano de Protecci�n y Bimbo del Centro, como terceros relacionados con el contribuyente, lo que atendi� el contribuyente por escrito recibido por la autoridad fiscalizadora el dieciocho de septiembre de ese a�o.

  16. Se levant� acta de primera ampliaci�n del plazo de visita y de segunda ampliaci�n, en donde se notific� al contribuyente el oficio 324-SAT-V-342, de diecisiete de febrero de dos mil tres, en el que se comunica que se solicit� a la C.�n Nacional Bancaria, copia del anverso y reverso de los cheques expedidos por Servicio Panamericano de Protecci�n, S. de C.V., a favor de J.R. P�ramo.

  17. El quince de mayo de dos mil tres, se levant� la �ltima acta parcial, en donde se hacen constar los hechos que se conocieron, como resultado de la revisi�n practicada; levant�ndose acta final el diecisiete de junio de dos mil tres, en donde se asienta que, como resultado del an�lisis de la informaci�n y documentaci�n que obra en los expedientes de la administraci�n, consistente en declaraciones presentadas, estados de cuenta bancarios proporcionados por la C.�n Nacional Bancaria y de Valores mediante oficios DEGTO/2059/98 y DEGTO/2128/98 de siete y doce de octubre de mil novecientos noventa y ocho respectivamente, as� como a la informaci�n proporcionada por el contribuyente visitado mediante escritos de fechas veinticuatro de septiembre de mil novecientos noventa y ocho, nueve de diciembre de mil novecientos noventa y ocho, diecisiete de febrero de mil novecientos noventa y nueve y catorce de junio de mil novecientos noventa y nueve, as� como a la informaci�n y documentaci�n anexa al escrito de veintiuno de enero de dos mil, sin que el contribuyente desvirtuara los hechos consignados en la �ltima acta parcial, se determin� como ingresos no declarados la cantidad de $3'751,438.60.

  18. Con base en los hechos consignados en el acta final de visita domiciliaria, la autoridad fiscalizadora emiti� el oficio n�mero 324-SAT-11-I-05 A-08084, de treinta de junio de dos mil tres, por el que determin� un cr�dito fiscal a cargo del contribuyente visitado. Esta resoluci�n es la que se declar� nula en la sentencia dictada por la S.F. en el juicio contencioso administrativo.

    El Tribunal Colegiado de Circuito expuso en su resoluci�n, en esencia, lo siguiente:

    1. Estableci� que en t�rminos del art�culo 42 del C�digo F. de la Federaci�n las autoridades cuentan con facultades discrecionales para comprobar que los contribuyentes cumplan con sus obligaciones fiscales, mediante la pr�ctica, entre otras acciones, de visitas domiciliarias, cuyo desarrollo est� sujeto a la observancia de diversas formalidades, como la consistente en el levantamiento de actas circunstanciadas.

    2. En relaci�n con las anteriores formalidades, expuso que el art�culo 46 del C�digo F. de la Federaci�n establece, en lo que interesa, que de toda visita se levantar�n actas circunstanciadas, parciales o complementarias, en las que se hagan constar hechos, omisiones o circunstancias de car�cter concreto de los que se tenga conocimiento durante el desarrollo de la visita, y que cuando se conozcan hechos u omisiones que puedan entra�ar incumplimiento de las disposiciones fiscales, se consignar� en forma circunstanciada en actas parciales, adem�s de que en la �ltima acta parcial que se levante se har� menci�n expresa de esa circunstancia y se entender� que las actas parciales forman parte integrante del acta final de visita, aunque no se se�ale expresamente, todo lo cual se justifica en el hecho de que de esta manera es entendible y comprobable la continuidad procedimental y las posibles incidencias que se verifiquen en una fase intermedia, entre el inicio y el final de la visita.

    3. Estim� que si bien era cierto que la autoridad estableci� en el acta final cu�les eran los documentos e informaci�n de donde proven�an los hechos y omisiones encontrados por los visitadores, ello no constitu�a una circunstanciaci�n adecuada del acta de visita, porque no se consignaron, en el acta de inicio o en las actas parciales, las incidencias de las que derivaron los requerimientos de informes y documentaci�n, tanto al contribuyente como a la C.�n Nacional Bancaria y de Valores, a que hizo menci�n la autoridad en su acta final, por lo que no se justificaba el c�mo fue que los visitadores llegaron al conocimiento de irregularidades relacionadas con dichos documentos, pues no se consignaron en el acta parcial respectiva y, por ende, no se justific� la continuidad del procedimiento de la visita domiciliaria, en detrimento de la garant�a de seguridad jur�dica del contribuyente. Lo anterior, por el simple hecho de que la orden de visita, con la que inici� el procedimiento fiscalizador, se emiti� en fecha posterior (dieciocho de marzo de dos mil dos), a la de los diversos requerimientos de documentaci�n e informes al contribuyente y a la comisi�n (mil novecientos noventa y ocho y mil novecientos noventa y nueve, respectivamente), que fueron los que tom� en cuenta la autoridad como parte de la circunstanciaci�n del acta final, lo que hace deficiente su motivaci�n, porque para ello tal autoridad tom� en cuenta actuaciones, requerimientos y documentos que se formularon y exhibieron en un procedimiento de visita anterior, el cual fue dejado sin efectos por virtud de que fue revocado hasta la emisi�n de la orden de visita.

    4. Advirti� que la resoluci�n reca�da al recurso de revocaci�n interpuesto en contra de la primera resoluci�n determinante del cr�dito a cargo del contribuyente se ubica en lo dispuesto en las fracciones III y IV del art�culo 133 del C�digo F. de la Federaci�n, en la medida en que dej� sin efecto el acto impugnado, por lo que atento a lo considerado por la autoridad, tambi�n orden� la reposici�n del procedimiento administrativo, en cuanto a que se dej� insubsistente la orden de visita por vicios de forma, lo que implica que todo lo actuado con motivo del procedimiento de visita domiciliaria, desde la orden hasta la resoluci�n determinante del cr�dito, queda insubsistente, es decir, constituye una cesaci�n de efectos a fin de restituir al contribuyente al estado de cosas que exist�a antes de que se emitiera la orden viciada, lo que conlleva tambi�n la inexistencia de los hechos consignados en las actas parciales, as� como los actos derivados y vinculados con esos hechos, como son los requerimientos de informaci�n y documentos, formulados al contribuyente y a la comisi�n, pero ello sin perjuicio de que se vuelva a emitir una nueva orden y a iniciar un nuevo procedimiento, ya que la autoridad fiscalizadora, en ejercicio de sus facultades, puede o no volver a emitir ese acto.

    5. Estableci� que si en ejercicio de sus facultades discrecionales de comprobaci�n la autoridad demandada emiti� nueva orden de visita, debe entenderse que debe desarrollarse de nuevo por todas sus fases y cumpliendo nuevamente todas las formalidades inherentes a ese acto, emitiendo asimismo todos los requerimientos y solicitudes de informaci�n, seg�n los hechos que se asienten en las actas y que sean conocidos por los visitadores durante el desarrollo de esa nueva visita, pues no puede partir de la preexistencia y conocimiento de omisiones que derivaron del anterior procedimiento, por el hecho de que �ste qued� insubsistente.

    6. Aclar� que de los hechos consignados en las actas levantadas con motivo del primer procedimiento de visita, en las que se hizo constar la documentaci�n proporcionada por la C.�n Nacional Bancaria y de Valores (en mil novecientos noventa y ocho), se advert�a que dicha informaci�n se obtuvo en respuesta a una solicitud que se le hizo con el fin de corroborar lo manifestado por el visitado, lo que significa que el origen y la raz�n por la que la autoridad fiscalizadora contaba con dicha informaci�n estaba directamente vinculada con los hechos y omisiones consignados por los visitadores en las actas parciales levantadas durante el desarrollo de la primera visita, raz�n por la que si la autoridad relacion� tal informaci�n en el acta final del segundo procedimiento llevado a cabo al visitado, su proceder result� ilegal, en virtud de que no pod�a valerse de tales documentos e informaci�n que obtuvo con motivo de aquel primer procedimiento, el cual qued� insubsistente, sin que lo anterior implique la nulidad del contenido de tales documentos, sino que por certeza y seguridad jur�dica para el visitado la autoridad debe de nueva cuenta ejercer sus atribuciones revisoras y formular los requerimientos procedentes durante el curso de la visita, con independencia de que la informaci�n que obtenga necesariamente deba ser similar.

    7. Expres� que lo anterior se robustec�a con lo dispuesto en el art�culo 133-A del C�digo F. de la Federaci�n, del que se desprend�a, conforme al inciso a) de su fracci�n I, que si la resoluci�n dictada en el recurso de revocaci�n deja sin efecto el acto impugnado y conlleva la reposici�n del procedimiento, cuando sea necesario solicitar informaci�n a terceros para corroborar datos relacionados con las operaciones efectuadas con los contribuyentes, no se contar� el tiempo transcurrido entre la petici�n de la informaci�n y aquel en que se proporcione, dentro del plazo de cuatro meses que tiene para cumplir su determinaci�n, lo que se traduce en una interrupci�n al se�alado t�rmino para el cumplimiento de lo resuelto en la revocaci�n, a fin de dar tiempo a la autoridad para hacer el requerimiento de la informaci�n que estime conducente.

    8. En ese sentido, expres� que no era �bice para que la autoridad emitiera nuevos requerimientos de informaci�n en el procedimiento de visita, el hecho de que la que se proporcione necesariamente sea igual a aquella que obtuvo en un procedimiento que se dej� insubsistente por virtud de la revocaci�n, ya que la ley concede una pr�rroga en el t�rmino para su cumplimiento y adem�s, debe hacerlo constar en las actas parciales y no solamente en la final, con la finalidad de cumplir con la circunstanciaci�n que le exige el art�culo 46 del c�digo tributario y en respeto a la garant�a de seguridad jur�dica para el visitado.

    9. Determin� que contra lo aseverado por la autoridad recurrente, no se advert�a que en el nuevo procedimiento de visita domiciliaria aqu�lla hubiera realizado nuevamente todas las actuaciones necesarias para conocer los hechos y omisiones derivados de los oficios y documentos que datan de mil novecientos noventa y ocho y mil novecientos noventa y nueve, que s� invoca en el acta final y en la resoluci�n determinante del cr�dito (segundo procedimiento), pues si bien era cierto que constaba en el acta parcial de inicio que el diecinueve de marzo de dos mil dos se constituyeron los visitadores en el domicilio fiscal del visitado, �nicamente se formularon requerimientos al contribuyente para que exhibiera documentos diversos y a la C.�n Nacional Bancaria y de Valores para que exhibiera copias legibles de unos cheques que no se encuentran relacionados con los informes y documentos solicitados en el primer procedimiento, por lo que era inexacto que la autoridad hacendaria hubiera desplegado de nueva cuenta todos los actos de los que derivaron los hechos y omisiones consignados en el acta final, pues no justifica c�mo fue que obtuvo la informaci�n que le fue proporcionada por la referida comisi�n, ya que no est� respaldada en ning�n hecho circunstanciado en las actas levantadas durante el desarrollo de la visita.

    10. Finalmente, concluy� que era incorrecto lo aducido por la autoridad recurrente en el sentido de que el art�culo 63 del C�digo F. de la Federaci�n permite a las autoridades fiscales motivar sus actos conforme a los hechos que consten en los expedientes o documentos que lleven o tengan en su poder y, por ende, que la informaci�n proporcionada por la C.�n Nacional Bancaria y de Valores pod�a ser utilizada por tales autoridades, pues si bien era cierto que exist�a un expediente a nombre del contribuyente visitado, tambi�n lo era que la informaci�n que proporcion� tal comisi�n no es de aquella que debe constar en el expediente, sino que la autoridad la conoci� y obra en su poder con motivo del ejercicio de sus facultades de comprobaci�n, al haber encontrado anomal�as y omisiones dentro del procedimiento de visita domiciliaria que en una primera oportunidad practic� al visitado, raz�n por la que si lo actuado en tal procedimiento se declar� insubsistente, no se justificaba entonces que la autoridad la tuviera en su poder, porque deriva de un requerimiento ilegal de la autoridad y, por ello, de nueva cuenta debi� requerirla dentro del nuevo procedimiento.

    Por otro lado, del recurso de revisi�n fiscal 55/2002, resuelto por el Primer Tribunal Colegiado del D�cimo Sexto Circuito, se desprenden los antecedentes siguientes:

  19. La Administraci�n Local de Auditor�a F. de I., del Servicio de Administraci�n Tributaria, orden� la pr�ctica de una visita domiciliaria a J.S.C.�rdenas G.�a, a fin de comprobar el cumplimiento de sus obligaciones fiscales en materia de diversos impuestos federales por el ejercicio fiscal de mil novecientos noventa y cinco.

  20. El cuatro de noviembre de mil novecientos noventa y seis se levant� el acta parcial de inicio, en la que los visitadores requirieron alcontribuyente la exhibici�n de diversa documentaci�n relacionada con el periodo a revisar, incluidos los estados de cuentas bancarias abiertas a su nombre.

  21. La autoridad se�alada, haciendo uso de sus facultades de comprobaci�n, mediante oficio n�mero 324-A-V-2-03-6-9245 de trece de noviembre de mil novecientos noventa y seis, requiri� a la C.�n Nacional Bancaria y de Valores informara sobre los n�meros de cuentas bancarias registradas a nombre del visitado. Dicha comisi�n, mediante oficio DEGTO/108-97, expediente DEGTO/H179-6, de siete de febrero de mil novecientos noventa y siete, inform� sobre la existencia de la cuenta 58738-4 de B., S., a nombre del visitado.

  22. Se levant� el acta final el treinta de noviembre de mil novecientos noventa y ocho en la que se expuso que de la revisi�n practicada por los visitadores a las declaraciones presentadas, a las p�lizas de ingresos, de diario, con documentaci�n comprobatoria anexa, consistentes en facturas por el ejercicio sujeto a revisi�n, as� como de la revisi�n a los estados de cuenta 57738-4 de B., a nombre del contribuyente visitado, proporcionados por la C.�n Nacional Bancaria y de Valores mediante oficio DEGTO/108-97, se conoci� que el visitado no declar� para efectos del impuesto sobre la renta, ingresos acumulables en cantidad de $3'121,888.30.

  23. Mediante oficio 324-SAT-R6-L53-03-12528, de dieciocho de agosto de mil novecientos noventa y nueve, y con apoyo en el acta final de treinta de noviembre de mil novecientos noventa y ocho, el administrador local de Auditor�a F. de I., emiti� una resoluci�n liquidatoria en contra de J.S.C.�rdenas G.�a.

  24. Inconforme el contribuyente con la resoluci�n anterior, promovi� recurso de revocaci�n en su contra ante la Administraci�n Local Jur�dica de Ingresos de I., la que a trav�s de la resoluci�n contenida en el oficio 325-SAT-R6-L53-02-5404 de diecisiete de diciembre de mil novecientos noventa y nueve determin� reponer el procedimiento a partir de la violaci�n formal cometida, que consisti� en la omisi�n de asentar en el acta parcial de inicio el cargo de los visitadores, quedando en consecuencia insubsistente todo lo actuado con posterioridad, incluida la resoluci�n se�alada en el punto anterior.

  25. El ocho de agosto de dos mil se notific� al contribuyente el oficio 324-SAT-03-11502 del d�a siete anterior, mediante el cual el titular de la Administraci�n Local de Auditor�a F. de I. le comunica la reposici�n del procedimiento administrativo de visita, con la finalidad de cumplir lo determinado en el punto anterior.

  26. En el mencionado procedimiento administrativo se levant� el acta final el d�a diecisiete de abril de dos mil uno, en la que en los folios 07231820501040, 07231830501041 y 07231840501042, se hicieron constar los hechos relativos a la determinaci�n de los ingresos propios de la actividad, no declarados para efectos del impuesto sobre la renta y por el ejercicio de mil novecientos noventa y cinco, por ingresos presuntos por dep�sitos bancarios que no corresponden a registros de la contabilidad en cantidad de $1'460,531.10 (sic), lo cual deriva de las revisiones practicadas a las declaraciones presentadas, p�lizas de ingresos, de diario, de cheque con documentaci�n comprobatoria anexa, consistentes en facturas de ingresos, compras y gastos, y de la informaci�n proporcionada por el propio contribuyente mediante escritos de ocho de septiembre de dos mil y veintitr�s de enero de dos mil, as� como a trav�s de los estados de cuenta bancarios de la cuenta 58738-4 proporcionados por la C.�n Nacional Bancaria y de Valores mediante oficio DEGTO/108-97, expediente DEGTO/H179-96 de quince de enero de mil novecientos noventa y siete, estados de cuenta solicitados por la autoridad a trav�s del oficio 324-A-V-2-03-6-9245 de trece de noviembre de mil novecientos noventa y seis.

  27. Con base en el acta final anterior, la Administraci�n Local de Auditor�a F. de I. emiti� la resoluci�n 324-SAT-03-7328 de veintiocho de mayo de dos mil uno, en la que se determinan diferencias del impuesto sobre la renta, de las personas f�sicas, y se fincan multas y recargos en cantidad de $3'673,168.64.

    El Tribunal Colegiado de Circuito estableci� en su resoluci�n, en esencia, lo siguiente:

    1. Estim� fundado el argumento de la autoridad recurrente en el que afirm� que el Tribunal Federal de Justicia F. y Administrativa aplic� incorrectamente los art�culos 42, fracci�n III y 46, fracci�n I, del C�digo F. de la Federaci�n, al declarar la nulidad de la resoluci�n 324-SAT-03-7328 de veintiocho de mayo de dos mil uno, en la que se determin� el cr�dito fiscal, basando su argumento en que tal resoluci�n estaba soportada en una actuaci�n que carec�a de eficacia jur�dica.

    2. Adujo que ello era as�, porque de la resoluci�n recurrida se apreciaba que el tribunal a quo parti� de la premisa de que las actuaciones de un procedimiento de fiscalizaci�n declarado insubsistente, as� como los documentos presentados en el mismo, no pueden ser sustento de una nueva auditor�a que se practique al visitado y en virtud de ello fue incorrecto que en el acta final de visita se haya asentado la informaci�n que la autoridad fiscal recab� de la C.�n Nacional Bancaria y de Valores, cuando los datos proporcionados por esta �ltima fueron los mismos que se destacaron en el acta final de visita de un procedimiento anterior que qued� insubsistente a partir del acta parcial de inicio, considerando adem�s el propio a quo que se violaron los numerales invocados en perjuicio del visitado porque no se ejercieron de nueva cuenta las facultades comprobatorias que la autoridad fiscal deb�a practicar, a ra�z de la reposici�n del procedimiento.

    3. Estableci� que tal como lo adujo la autoridad recurrente, fue ilegal que se declarara la nulidad de la resoluci�n liquidatoria del cr�dito fiscal impuesto al visitado bajo el argumento de que la informaci�n que le proporcion� la C.�n Nacional Bancaria y de Valores a la autoridad fiscal, respecto del estado que guardan algunas cuentas bancarias del contribuyente, no deb�a ser tomada en cuenta en el fincamiento del se�alado cr�dito por haber sido una informaci�n que se obtuvo del acta final de treinta de noviembre de mil novecientos noventa y ocho, la cual fue declarada insubsistente al resolverse el recurso de revocaci�n interpuesto en contra de la anterior resoluci�n liquidatoria, pues esa resoluci�n no se ajusta a derecho, por las razones siguientes:

  28. Consider� que conforme a los art�culos 16 de la Constituci�n Federal, 38, 42 y 46 del C�digo F. de la Federaci�n, para la pr�ctica de una visita domiciliaria, deb�an observarse las formalidades que se precisan a continuaci�n: Debe existir una orden emitida por autoridad competente que I) debe constar por escrito; II) se�alar el nombre de la persona con quien se efectuar� la visita; III) el domicilio en que debe efectuarse; IV) el objeto de la misma; V) el nombre de las personas autorizadas para realizarla; y VI) que est� debidamente fundada y motivada.

  29. Durante el desarrollo de la visita, los auditores deben levantar actas parciales en las que en forma circunstanciada se�alen los hechos, omisiones o circunstancias de car�cter concreto de que tengan conocimiento, como los que entra�an incumplimiento de las disposiciones fiscales.

  30. De tales preceptos tambi�n se advierte que en la �ltima acta parcial se har� constar esa circunstancia y que entre esta acta y la final deber�n transcurrir cuando menos veinte d�as, durante los cuales el contribuyente puede presentar las pruebas que estime convenientes para desvirtuar los hechos u omisiones consignados en las actas parciales o bien optar por corregir su situaci�n fiscal.

  31. Estableci� que todas las anteriores formalidades tienen como prop�sito que los actos de las autoridades fiscales se ci�an al objetivo de verificar el cumplimiento a las disposiciones fiscales, como lo permite la Constituci�n Federal, adem�s de que el auditado tenga plena certeza de los actos que realiza la autoridad y, de ser el caso, pueda aportar los elementos necesarios para desvirtuar los hechos u omisiones que se asienten en las actas correspondientes.

    1. Estableci� que cuando una resoluci�n liquidatoria est� soportada, entre otros elementos, en informaci�n solicitada a terceros en relaci�n con las actividades que incidan en las obligaciones fiscales del contribuyente, no se est� en presencia de una indagaci�n de alg�n elemento existente en el domicilio del visitado, por lo que en ese supuesto basta que la autoridad fiscalizadora asiente en el acta correspondiente los datos relacionados con dicha informaci�n, que permitan al particular conocer su procedencia para poder ejercer su derecho de defensa.

    2. Adujo que si bien la circunstancia de que la informaci�n solicitada a la C.�n Nacional Bancaria y de Valores, que se asent� en el acta de diecisiete de abril de dos mil uno, fue obtenida en el anterior procedimiento de verificaci�n que fue declarado insubsistente, ello no incid�a en la validez de la informaci�n, puesto que fue recabada de terceros y, por tanto, la �nica obligaci�n de la autoridad consist�a en asentarla en la nueva acta final, como as� se hizo y, por ende, el contribuyente estuvo en condiciones de conocer los datos ah� asentados para desvirtuarlos al cierre del acta final o bien mediante la interposici�n del recurso de revocaci�n o la promoci�n del juicio de nulidad.

    3. Determin� que del examen del art�culo 46, fracci�n IV, del C�digo F. de la Federaci�n se advierte la obligaci�n a cargo de las autoridades fiscales de consignar en las actas correspondientes los hechos u omisiones que se conozcan de terceros, as� como tambi�n se prev� que en la �ltima acta parcial que se levante se har� menci�n de tal circunstancia y que entre esta acta y la final deber�n transcurrir veinte d�as, durante el cual los contribuyentes pueden desvirtuar los se�alados hechos o bien corregir su situaci�n fiscal.

    4. Estableci� que la circunstancia de que la autoridad fiscalizadora haya obtenido la informaci�n relativa de la C.�n Nacional Bancaria y de Valores con antelaci�n y en un procedimiento que fue declarado insubsistente, no incide en su validez, pues conforme al art�culo 63 del C�digo F. de la Federaci�n, la Secretar�a de Hacienda y Cr�dito P�blico puede servirse para motivar sus resoluciones en los documentos que tenga en su poder, as� como en aquellos proporcionados por otras autoridades fiscales, de modo que si tal informaci�n se obtuvo en t�rminos de los art�culos 42, fracci�n II y 32-B, fracci�n IV, del propio ordenamiento que facultan a las autoridades fiscales para requerir, entre otros, a la comisi�n se�alada, los informes necesarios, se concluye que no existi� violaci�n al asentarse dicha informaci�n en el acta final de diecisiete de abril de dos mil uno.

    5. Determin� que el hecho de que la informaci�n proporcionada por la C.�n Nacional Bancaria y de Valores se haya solicitado en un anterior procedimiento de fiscalizaci�n que fue declarado insubsistente, no significa que se encuentre afectada de nulidad, pues la consecuencia de la nulidad del procedimiento, como en el caso por la falta de identificaci�n de los visitadores, es que se declaren nulos o insubsistentes los actos posteriores a esa actuaci�n, incluyendo la determinaci�n del cr�dito fiscal, sin que con ello se prejuzgue o invalide la eficacia de los documentos presentados en ese procedimiento, pues la afectaci�n de �ste tiene su origen en el incumplimiento de alguna formalidad legal y no en alg�n motivo inherente al propio documento, raz�n por la que cuando se ordena reponer el procedimiento, deben realizarse de nueva cuenta todas aquellas actuaciones tendientes a conocer la situaci�n fiscal del visitado, esto es, se obliga a la autoridad fiscal a realizar todas aquellas indagaciones que puedan soportar la posible determinaci�n de un cr�dito fiscal.

    6. De todo lo anterior, concluy� que si la informaci�n proporcionada por la C.�n Nacional Bancaria y de Valores no incidi� en la declaratoria de insubsistencia del anterior procedimiento de fiscalizaci�n, la decisi�n de la Sala a quo de establecer que tal informaci�n carece de validez por la sola circunstancia de que se present� en aquel anterior ejercicio de las facultades de comprobaci�n, era incorrecta, pues como se consider�, no se cuestion� alg�n aspecto de dicho documento que haya tra�do como consecuencia su nulidad, razones por las que la autoridad fiscalizadora s� contaba con facultades para relacionar dicha informaci�n en la nueva acta final de diecisiete de abril de dos mil uno y, por tanto, lo que proced�a era revocar la sentencia impugnada.

      De la anterior relaci�n de antecedentes, as� como de la s�ntesis de las resoluciones emitidas por los Tribunales Colegiados de Circuito, se tiene que en los asuntos sometidos a su jurisdicci�n se encuentran los siguientes elementos comunes:

      1. Las autoridades fiscalizadoras (Administraciones Locales de Auditor�a F. de Celaya e I., respectivamente) emitieron sendas �rdenes de visita domiciliaria a los contribuyentes con el fin de comprobar el cumplimiento de las disposiciones fiscales.

      2. En ejercicio de sus facultades, las se�aladas autoridades fiscalizadoras emitieron oficios de requerimiento de informaci�n a la C.�n Nacional Bancaria y de Valores, en relaci�n con los hechos y omisiones encontrados por los visitadores en la pr�ctica de la visita domiciliaria (existencia de cuentas bancarias a nombre de los visitados) y relacionados en las actas parciales que al efecto fueron levantadas.

      3. Se levantaron las actas finales de visita domiciliaria en las que se expuso que de la revisi�n de toda la documentaci�n existente, entre la que se encuentra la proporcionada por la C.�n Nacional Bancaria y de Valores, se encontr� que los visitados no declararon ciertas cantidades para efectos de diversos impuestos.

      4. Las autoridades fiscalizadoras determinaron cr�ditos fiscales a cargo de los contribuyentes visitados.

      5. Los se�alados contribuyentes, inconformes con la anterior determinaci�n, promovieron recurso de revocaci�n ante el administrador local Jur�dico de Ingresos de Celaya e I., respectivamente, determinando estos �ltimos, en ambos casos, dejar sin efectos las resoluciones determinantes de los cr�ditos fiscales e insubsistente todo lo actuado en los procedimientos de visita, en el primer caso, dejando a salvo las facultades de la autoridad para que de considerarlo conveniente, emitiera una nueva orden de visita domiciliaria debidamente fundada y motivada, y en el segundo caso, para que se repusiera el procedimiento a partir de la violaci�n formal cometida, consistente en no haberse identificado correctamente los visitadores en el acta parcial de inicio.

      6. Las autoridades fiscalizadoras, en uso de sus facultades de comprobaci�n, ordenaron, en el primer caso, la pr�ctica de una nueva visita domiciliaria al contribuyente, y en el segundo caso, la reposici�n del procedimiento desde el acta parcial de inicio.

      7. Con motivo de la nueva orden de visita y de la reposici�n del procedimiento, se levantaron las actas finales en las que se asent� que del resultado del an�lisis de la informaci�n y documentaci�n que obra en los expedientes, entre ellos la informaci�n proporcionada por la C.�n Nacional Bancaria y de Valores, durante el desarrollo del procedimiento que fue declarado insubsistente, se encontr� que los contribuyentes no hab�an declarado ciertas cantidades para efectos de diversos impuestos federales, con lo que se emitieron en ambos casos resoluciones liquidatorias.

      8. Tales resoluciones fueron combatidas ante el Tribunal Federal de Justicia F. y Administrativa, el cual las declar� nulas, en esencia, porque la autoridad fiscalizadora utiliz� informaci�n y documentaci�n que hab�a obtenido de un procedimiento anterior que se declar� nulo.

      En otro punto, tambi�n se advierte de las resoluciones anteriores, por un lado, que ambos �rganos jurisdiccionales coinciden en parte en lo siguiente:

    7. Conforme a lo se�alado en los art�culos 16 de la Constituci�n Federal y 42 del C�digo F. de la Federaci�n, las autoridades fiscales est�n facultadas para llevar a cabo, entre otros actos, visitas domiciliarias a los contribuyentes con la finalidad de comprobar el cumplimiento a las disposiciones fiscales, cuyo desarrollo est� sujeto al cumplimiento de diversas formalidades.

    8. En t�rminos de lo que dispone el art�culo 46 del C�digo F. de la Federaci�n, durante el desarrollo de la visita se levantar�n actas circunstanciadas, parciales o complementarias, en las que se hagan constar hechos, omisiones o circunstancias de car�cter concreto de los que se tenga conocimiento, como las que entra�an incumplimiento de las disposiciones fiscales.

    9. En la �ltima acta parcial que se levante, conforme al precepto se�alado, se har� menci�n expresa de la circunstancia anterior, entendi�ndose que las actas parciales forman parte integrante del acta final de visita, aunque no se se�ale expresamente, adem�s de que entre la �ltima acta parcial y la final deber�n transcurrir, cuando menos, veinte d�as, en los que el contribuyente puede presentar las pruebas que estime convenientes para desvirtuar los hechos y omisiones consignados en las actas parciales o bien optar por corregir su situaci�n fiscal.

    10. La resoluci�n reca�da al recurso de revocaci�n en contra de la primera resoluci�n determinante del cr�dito a cargo del contribuyente que lo declar� nulo por vicios formales (en un caso desde la propia orden de visita, y en el otro desde el acta parcial de inicio), tiene por efecto dejar insubsistente todos los actos posteriores a esa actuaci�n en que se cometi� la violaci�n, debiendo la autoridad fiscalizadora realizar de nueva cuenta todas aquellas indagaciones y actuaciones tendientes a conocer la situaci�n fiscal del visitado y que puedan soportar la posible determinaci�n de un cr�dito fiscal.

    11. El hecho de que el procedimiento de una visita se haya declarado nulo por vicios formales y, por ende, se haya dejado insubsistente, no significa la nulidad del contenido de los documentos que se hayan obtenido mediante requerimientos a la C.�n Nacional Bancaria y de Valores en tal procedimiento, pues con lo anterior no se prejuzga o invalida su eficacia.

      Por otro lado, tales Tribunales Colegiados de Circuito difieren en lo siguiente:

      El Tercer Tribunal Colegiado del D�cimo Sexto Circuito determin� que si la autoridad fiscal asent� s�lo en el acta final los documentos o informes de donde proven�an los hechos y omisiones encontrados por los visitadores (obtenidos de la C.�n Nacional Bancaria y de Valores en un procedimiento de visita anterior que se declar� insubsistente), tal actuar no constitu�a una circunstanciaci�n adecuada del acta de visita, porque no se consignaron en el nuevo procedimiento, en el acta de inicio o en las parciales, las incidencias de las que derivaron tales informes y documentaci�n, agregando que por efecto de la declaraci�n de insubsistencia de todo lo actuado desde que fue cometida la violaci�n, se entiende que el procedimiento posterior debe desarrollarse nuevamente por todas sus fases y cumpliendo todas las formalidades inherentes a ese acto, incluidos todos los requerimientos de informaci�n y documentos, seg�n los hechos que se asienten en las actas y que sean conocidos por los visitadores durante su desarrollo, pues la autoridad no puede partir de la preexistencia y conocimiento de omisiones que derivaron del anterior procedimiento. Adujo que lo anterior se robustec�a con lo dispuesto en el inciso a) de la fracci�n I del art�culo 133-A del C�digo F. de la Federaci�n, que establece que si la resoluci�n dictada en el recurso de revocaci�n deja sin efecto el actoimpugnado y conlleva la reposici�n del procedimiento, cuando sea necesario solicitar informaci�n a terceros para corroborar datos relacionados con las operaciones del contribuyente, no se contar� el tiempo transcurrido entre la petici�n de la informaci�n y la en que se proporcione, dentro del plazo de cuatro meses que tiene para cumplir su determinaci�n.

      Finalmente, concluy� que si bien es cierto que el art�culo 63 del C�digo F. de la Federaci�n permite a las autoridades fiscales motivar sus actos conforme a los hechos que consten en los expedientes o documentos que lleven o tengan en su poder, tambi�n lo es que la informaci�n proporcionada por la C.�n Nacional Bancaria y de Valores no pod�a ser utilizada en el nuevo procedimiento, pues tal informaci�n, aun cuando exista en un expediente, no es de aquella que deba constar en el mismo, sino que la autoridad la conoci� y obra en su poder con motivo del ejercicio de sus facultades de comprobaci�n, raz�n por la que si lo actuado en aquel procedimiento se declar� insubsistente, no se justificaba que la autoridad la tuviera en su poder al derivar de un requerimiento ilegal y, por ello, nuevamente debi� requerirla dentro del nuevo procedimiento.

      Por su parte, el Primer Tribunal Colegiado del D�cimo Sexto Circuito estableci� que si una resoluci�n liquidatoria est� soportada, entre otros elementos, en informaci�n solicitada a la C.�n Nacional Bancaria y de Valores, no se est� en presencia de una indagaci�n de alg�n elemento existente en el domicilio del visitado, por lo que en ese supuesto basta que la autoridad fiscalizadora asiente en el acta correspondiente los datos relacionados con la misma, que permitan al particular ejercer su derecho de defensa, sin que sea �bice para lo anterior el que esa informaci�n haya sido obtenida en un procedimiento de verificaci�n que se declar� insubsistente, por lo que la �nica obligaci�n de la autoridad consist�a en asentarla en el acta final.

      Estableci� asimismo, que la circunstancia de que la autoridad fiscalizadora haya obtenido tal informaci�n con antelaci�n y en un procedimiento que fue declarado insubsistente, no incide en su validez, ya que conforme al art�culo 63 del C�digo F. de la Federaci�n, la autoridad fiscalizadora puede servirse para motivar sus resoluciones en los documentos que tenga en su poder, as� como en aquellos proporcionados por otras autoridades fiscales, de modo que si la informaci�n se obtuvo en t�rminos de los art�culos 42, fracci�n II y 32-B, fracci�n IV, del propio ordenamiento, que facultan a las autoridades para requerir los informes necesarios, es de concluirse que pod�a asentarse dicha informaci�n en el acta final de visita.

      Punto de contradicci�n:

      Como se aprecia de lo anterior, la contradicci�n de criterios denunciada se centra en establecer si la documentaci�n e informes obtenidos de la C.�n Nacional Bancaria y de Valores en un procedimiento anterior de visita que se declar� insubsistente, puede o no soportar una resoluci�n liquidatoria dentro de un segundo procedimiento de visita, y si para ello es necesario o no que los hechos y omisiones de los que deriv� el requerimiento de tal informaci�n tienen que relacionarse en las actas parciales o complementarias a que se refiere el art�culo 46 del propio c�digo tributario.

      No es �bice para concluir sobre la existencia de la contradicci�n de criterios se�alada, el hecho de que en uno de los asuntos se haya declarado nulo el procedimiento desde la orden de visita por contener vicios formales, y en el otro s�lo desde el acta parcial de inicio, por no haberse identificado correctamente los visitadores, puesto que el efecto de las resoluciones reca�das al recurso de revocaci�n, en ambos casos, tuvo por consecuencia los mismos efectos: considerar nulo el cr�dito fiscal, as� como dejar insubsistente todo lo actuado en el procedimiento desde que se cometi� la violaci�n formal, como se infiere de los criterios siguientes:

      "�RDENES DE VISITA DOMICILIARIA. LA NULIDAD DECRETADA POR VICIOS FORMALES EN SU EMISI�N, DEBE SER DECLARADA CON FUNDAMENTO EN LA PARTE FINAL DE LA FRACCI�N III DEL ART�CULO 239 DEL C�DIGO FISCAL DE LA FEDERACI�N. Si bien las violaciones de tipo formal existentes en un acto administrativo, encuadran en el supuesto previsto en la fracci�n II del art�culo 238 del C�digo F. de la Federaci�n, lo que trae aparejada la declaratoria de nulidad para efectos, en t�rminos de lo establecido en la fracci�n III del art�culo 239 del mencionado ordenamiento legal, ello no ocurre, en el caso de las �rdenes de visita domiciliaria. En efecto, no debe perderse de vista que debido a la naturaleza de las resoluciones impugnadas, las que derivaron de la emisi�n de �rdenes de visita domiciliaria, expedidas con base en la facultad discrecional que a las autoridades fiscalizadoras les otorga el art�culo 16 constitucional, surte el caso de excepci�n previsto en la parte final del precepto citado en �ltimo t�rmino y, por tanto, aunque originariamente deba ser declarada la nulidad para efectos, lo cierto es que la nulidad decretada en este supuesto excepcional no puede tener efecto alguno que no sea el que la autoridad anule el acto impugnado y, actuando dentro del l�mite de sus facultades discrecionales, si as� lo estima conveniente y se encuentra en posibilidad de hacerlo, emita un nuevo acto administrativo." (Novena �poca, Segunda Sala, Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, Tomo X, agosto de 1999, p�gina 185).

      "NULIDAD. EFECTOS DE LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL FISCAL DE LA FEDERACI�N, CUANDO EXISTA INDEBIDA IDENTIFICACI�N DE LOS VISITADORES DENTRO DEL PROCEDIMIENTO FISCALIZADOR. La nulidad de la resoluci�n por vicios de car�cter formal, que se configura al actualizarse una omisi�n dentro del procedimiento fiscalizador, como lo es la indebida identificaci�n de los visitadores o que no se haga constar en el acta respectiva de manera circunstanciada todos los datos relativos al documento de su identificaci�n, encuadra dentro de la fracci�n III del art�culo 238 del C�digo F. de la Federaci�n, pues constituye un vicio del procedimiento que afecta las defensas del particular y trasciende al sentido de la resoluci�n impugnada, por lo que en t�rminos del �ltimo p�rrafo del art�culo 239 del mencionado c�digo, el Tribunal F. de la Federaci�n declarar� la nulidad para el efecto de que la autoridad demandada deje insubsistente la resoluci�n reclamada y emita una nueva en la que declare nulo el procedimiento de la visita desde el momento en que se cometi� la violaci�n formal, sin que con ello se obligue ni se impida a la autoridad iniciar un nuevo procedimiento a partir de ese momento y de acuerdo con lo establecido por la ley, porque el ejercicio de esta �ltima atribuci�n queda dentro del campo de las facultades discrecionales de la autoridad. La garant�a de seguridad jur�dica queda resguardada desde el momento en que se deja insubsistente el procedimiento viciado, pero el alcance de esa garant�a no se extiende al grado de que no pueda ser objeto de una nueva visita domiciliaria, porque el ejercicio de las facultades fiscalizadoras que son propias de la autoridad derivan de la ley y no de lo se�alado en una sentencia de nulidad." (Octava �poca, Segunda Sala, Gaceta del Semanario Judicial de la Federaci�n, N�mero 72, diciembre de 1993, p�gina 18).

      Adem�s, tambi�n se aprecia de los casos sometidos a la jurisdicci�n de los Tribunales Colegiados de Circuito, que las autoridades fiscales desarrollaron nuevamente el procedimiento de visita, raz�n �sta que permite concluir sobre la existencia de la contradicci�n de criterios.

QUINTO

Debe prevalecer con car�cter de jurisprudencia, el criterio que se sustenta en esta resoluci�n, al tenor de las siguientes consideraciones:

Por principio, como se estableci� en el considerando anterior, los �rganos jurisdiccionales en contradicci�n coinciden en afirmar que conforme a los art�culos 16 de la Constituci�n Federal y 42 del C�digo F. de la Federaci�n, las autoridades fiscales est�n facultadas para llevar a cabo, entre otros actos, visitas domiciliarias a los contribuyentes con la finalidad de comprobar el cumplimiento a las disposiciones fiscales, cuyo desarrollo est� sujeto al cumplimiento de diversas formalidades, entre las que se encuentran las se�aladas en el art�culo 46 del �ltimo cuerpo de leyes citado, consistentes en que durante el desarrollo de la visita se levantar�n actas circunstanciadas, parciales o complementarias, en las que se hagan constar hechos, omisiones o circunstancias de car�cter concreto de los que se tenga conocimiento, como las que entra�an incumplimiento de las disposiciones fiscales. Asimismo, que en la �ltima acta parcial que se levante, conforme al precepto se�alado, se har� menci�n expresa de la circunstancia anterior, entendi�ndose que las actas parciales forman parte integrante del acta final de visita, aunque no se se�ale expresamente, adem�s de que entre la �ltima acta parcial y la final deber�n transcurrir, cuando menos, veinte d�as, en los que el contribuyente puede presentar las pruebas que estime convenientes para desvirtuar los hechos y omisiones consignados en las actas parciales o bien optar por corregir su situaci�n fiscal.

Tambi�n coinciden al establecer que una resoluci�n reca�da al recurso de revocaci�n en contra de la determinaci�n de un cr�dito fiscal derivada de un procedimiento de visita domiciliaria en la que se estableci� que existieron violaciones formales, en un caso, desde la orden de visita misma y, en el otro, desde el acta parcial de inicio, tiene por efecto declarar nulo el cr�dito fiscal, as� como dejar insubsistente todo lo actuado, lo que implica que la autoridad fiscalizadora, en uso de sus facultades de comprobaci�n, si as� lo determina, deber� realizar de nueva cuenta todas aquellas indagaciones y actuaciones tendientes a conocer la situaci�n fiscal del visitado y que puedan soportar la posible determinaci�n de un cr�dito fiscal.

Finalmente, tambi�n coinciden al afirmar que un documento obtenido de la C.�n Nacional Bancaria y de Valores en un procedimiento anterior de visita que fue declarado nulo no incide sobre la validez del propio documento, pues no se cuestion� aspecto alguno sobre su contenido.

Ahora bien, en relaci�n con la presente contradicci�n de tesis, se aprecia de lo anteriormente anotado que aun cuando los se�alados �rganos jurisdiccionales coinciden en establecer que conforme al art�culo 46 del C�digo F. de la Federaci�n, las autoridades fiscales, en el desarrollo de la visita domiciliaria, deben seguir ciertas formalidades, conviene en esta parte referirse, en lo que interesa, a lo que establece el se�alado numeral, con la finalidad de resaltar sus principales caracter�sticas.

Tal precepto dispone:

"Art�culo 46. La visita en el domicilio fiscal se desarrollar� conforme a las siguientes reglas:

(Reformada, D.O.F. 29 de diciembre de 1997)

"l. De toda visita en el domicilio fiscal se levantar� acta en la que se har� constar en forma circunstanciada los hechos u omisiones que se hubieren conocido por los visitadores. Los hechos u omisiones consignados por los visitadores en las actas hacen prueba de la existencia de tales hechos o de las omisiones encontradas, para efectos de cualquiera de las contribuciones a cargo del visitado en el periodo revisado.

"II. ...

"III. ...

(Reformada, D.O.F. 15 de diciembre de 1995)

"IV. Con las mismas formalidades a que se refieren las fracciones anteriores, se podr�n levantar actas parciales o complementarias en las que se hagan constar hechos, omisiones o circunstancias de car�cter concreto, de los que se tenga conocimiento en el desarrollo de una visita. Una vez levantada el acta final, no se podr�n levantar actas complementarias sin que exista una nueva orden de visita.

(Reformado, D.O.F. 31 de diciembre de 1998)

"Cuando en el desarrollo de una visita las autoridades fiscales conozcan hechos u omisiones que puedan entra�ar incumplimiento de las disposiciones fiscales, los consignar�n en forma circunstanciada en actas parciales. Tambi�n se consignar�n en dichas actas los hechos u omisiones que se conozcan de terceros. En la �ltima acta parcial que al efecto se levante se har� menci�n expresa de tal circunstancia y entre �sta y el acta final, deber�n transcurrir, cuando menos veinte d�as, durante los cuales el contribuyente podr� presentar los documentos, libros o registros que desvirt�en los hechos u omisiones, as� como optar por corregir su situaci�n fiscal. Cuando se trate de m�s de un ejercicio revisado o fracci�n de �ste, se ampliar� el plazo por quince d�as m�s, siempre que el contribuyente presente aviso dentro del plazo inicial de veinte d�as.

"Se tendr�n por consentidos los hechos consignados en las actas a que se refiere el p�rrafo anterior, si antes del cierre del acta final el contribuyente no presenta los documentos, libros o registros de referencia o no se�ale el lugar en que se encuentren, siempre que �ste sea el domicilio fiscal o el lugar autorizado para llevar su contabilidad o no prueba que �stos se encuentran en poder de una autoridad.

"...

(Adicionada, D.O.F. 28 de diciembre de 1989)

VII. Las actas parciales se entender� que forman parte integrante del acta final de la visita aunque no se se�ale as� expresamente. ...

Del contenido del precepto transcrito se desprende lo siguiente:

  1. De toda visita que se practique en el domicilio fiscal, se debe levantar un acta en la que se har�n constar, en forma circunstanciada, los hechos u omisiones observados por los visitadores, los cuales har�n prueba de su existencia para efectos de cualquiera de las contribuciones a cargo del visitado en el periodo revisado.

  2. Podr�n levantarse, con las mismas formalidades de ley, actas parciales o complementarias en las que se hagan constar los hechos, omisiones o circunstancias de car�cter concreto de los que se tenga conocimiento en el desarrollo de una visita, con la salvedad de que una vez levantada el acta final, no podr�n levantarse actas complementarias sin que exista una nueva orden de visita.

  3. Si en el desarrollo de una visita las autoridades fiscales conocen de hechos u omisiones que pueden entra�ar incumplimiento de las disposiciones fiscales, los consignar�n en forma circunstanciada en actas parciales, as� como los que se conozcan de terceros.

  4. En la �ltima acta parcial que al efecto se levante, se har� menci�n expresa de tal circunstancia y entre �sta y el acta final, deber�n transcurrir cuando menos veinte d�as, durante los cuales el contribuyente podr� desvirtuar los hechos u omisiones observados en el acta, presentando los documentos, libros o registros correspondientes, o bien, optar por corregir su situaci�n fiscal.

  5. En caso de que antes del cierre del acta final el contribuyente no presente los documentos, libros o registros de referencia o no se�ale el lugar en que se encuentren, se tendr�n por consentidos los hechos consignados en las actas respectivas.

  6. Las actas parciales que se levanten forman parte integrante del acta final de la visita aunque no se se�ale as� expresamente.

De las partes resaltadas anteriormente puede concluirse, en principio, que en el desarrollo de una visita domiciliaria el legislador destac� la necesidad de que las autoridades fiscales cumplan con una serie de requisitos precisos con la finalidad de otorgar mayor seguridad jur�dica a los contribuyentes, entre los que se encuentra, por una parte, la obligaci�n de las autoridades de hacer constar, en forma circunstanciada, los hechos, omisiones o circunstancias de car�cter concreto observados por los visitadores durante la pr�ctica de la visita domiciliaria y que puedan entra�ar incumplimiento de las disposiciones fiscales y, por otra, la oportunidad para que el se�alado contribuyente pueda, en su caso, desvirtuar tales hechos u omisiones, mediante la presentaci�n de documentos, libros o registros correspondientes, o bien, optar por corregir su situaci�n fiscal, adem�s de que tambi�n se aprecia el establecimiento de una consecuencia para el caso de que el contribuyente, hasta antes del cierre del acta final, no presente los mencionados documentos, libros o registros correspondientes, consistente en que se tendr�n por consentidos los hechos consignados en las actas respectivas.

En relaci�n con el primero de los requisitos se�alados, consistente en la circunstanciaci�n de los hechos u omisiones por los visitadores, conviene tener presente lo que esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n determin� sobre ello al resolver el once de octubre de dos mil, por unanimidad de cuatro votos, la contradicci�n de tesis 49/99-SS, bajo la ponencia del M.G.I.O.M., en los siguientes t�rminos:

"... Por otra parte, debe se�alarse que toda acta de visita, ya sea inicial, parcial, complementaria o final, para su validez debe reunir los siguientes requisitos:

"I. Debe estar circunstanciada;

"II. Debe levantarse ante la presencia del visitado o de su representante, o en su caso, de la persona con la que se entendi� la diligencia; as� como ante dos testigos que deben ser propuestos por el propio visitado, o ante su negativa o ausencia, por la autoridad hacendaria;

"III. Deben estar firmadas por cualquiera de los auditores autorizados para practicar la visita domiciliaria, por el visitado, su representante o por la persona con quien se haya entendido la diligencia y por los testigos; o en su caso, asentarse la raz�n por la cual, el visitado o los testigos, se negaron a firmarla o a recibir copia de la misma. Esto �ltimo no afecta la validez ni el valor probatorio de las mismas.

"Los requisitos precisados en los numerales II y III que anteceden, por su objetividad no requieren de interpretaci�n alguna; caso contrario sucede con el se�alado en el numeral I, pues la circunstanciaci�n del acto no debe confundirse con la motivaci�n."

"El art�culo 16 de la Constituci�n General de la Rep�blica, en su primer, octavo y und�cimo p�rrafos, textualmente establece lo siguiente:

"?Art�culo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento.

"?...

"?En toda orden de cateo, que s�lo la autoridad judicial podr� expedir y que ser� escrita, se expresar� el lugar que ha de inspeccionarse, la persona o personas que hayan de aprehenderse y los objetos que se buscan, a lo que �nicamente debe limitarse la diligencia, levant�ndose al concluirla, una acta circunstanciada, en presencia de dos testigos propuestos por el ocupante del lugar cateado o en su ausencia o negativa, por la autoridad que practique la diligencia.

"?...

"?La autoridad administrativa podr� practicar visitas domiciliarias �nicamente para cerciorarse de que se han cumplido los reglamentos sanitarios y de polic�a; y exigir la exhibici�n de los libros y papeles indispensables para comprobar que se han acatado las disposiciones fiscales, sujet�ndose en estos casos, a las leyes respectivas y a las formalidades prescritas para los cateos.?

"De lo antes transcrito, se advierte que conforme a lo dispuesto por el art�culo 16 de la Constituci�n General de la Rep�blica, la motivaci�n se exige para todo acto de molestia; en cambio, la circunstanciaci�n se exige �nicamente respecto de las actas que se levantan con motivo de la pr�ctica de una diligencia de inspecci�n o verificaci�n.

"En cuanto a la motivaci�n, este Alto Tribunal sostiene el criterio reiterado, de que tal requisito consiste en la expresi�n de las razones particulares o causas especiales por las que la autoridad estima que el acto de molestia encuadra dentro de un supuesto normativo. Tal afirmaci�n encuentra su sustento, en la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte deJusticia de la Naci�n, visible en la p�gina 28 del Volumen CXXV, Tercera Parte, del Semanario Judicial de la Federaci�n, Sexta �poca, que a la letra se lee:

"?MOTIVACI�N, GARANT�A DE, CONCEPTO. La motivaci�n exigida por el art�culo 16 constitucional consiste en el razonamiento, contenido en el texto mismo del acto autoritario de molestia, seg�n el cual quien lo emiti� lleg� a la conclusi�n de que el acto concreto al cual se dirige se ajusta exactamente a las prevenciones de determinados preceptos legales. Es decir, motivar un acto es externar las consideraciones relativas a las circunstancias de hecho que se formul� la autoridad para establecer la adecuaci�n del caso concreto a la hip�tesis legal.?

"Ahora, para estar en aptitud de precisar lo que debe entenderse por circunstanciaci�n, es necesario acudir al significado gramatical de la palabra circunstanciar.

"De acuerdo con el Diccionario de la Lengua Espa�ola, V. edici�n, Real Academia Espa�ola, 1992, circunstanciar es ?determinar las circunstancias de algo?, definici�n tal, que necesariamente exige atender al significado gramatical de la palabra circunstancia, defini�ndose por tal al ?accidente de modo, tiempo, lugar, etc�tera, que est� unido a la sustancia de alg�n hecho o dicho. Conjunto de lo que est� en torno a uno?.

"De lo antes expuesto se colige que ?circunstanciar? consiste en detallar pormenorizadamente, entre otros, los datos relativos a la cuestiones de modo, tiempo y lugar, de un determinado objeto, hecho u omisi�n.

"En ese orden, en t�rminos generales la circunstanciaci�n de un acto consiste en detallar pormenorizadamente, entre otros, los datos relativos a las cuestiones de modo, tiempo y lugar, de los hechos u omisiones conocidos por los visitadores durante el desarrollo de una visita de inspecci�n o verificaci�n, independientemente de que �stos encuadren o no en alg�n supuesto normativo.

"Luego, resulta evidente que la motivaci�n y la circunstanciaci�n, son cuestiones diversas, pues mientras la motivaci�n consiste en precisar las causas especiales por las cuales el acto de molestia que se emite encuadra dentro de una hip�tesis legal; la circunstanciaci�n consiste en precisar los datos relativos a las cuestiones de modo, tiempo y lugar, entre otras, de los hechos u omisiones conocidos por la autoridad al llevar a cabo la pr�ctica de una diligencia de inspecci�n o de verificaci�n.

"Ahora bien, a efecto de particularizar el concepto de circunstanciaci�n al caso que nos ocupa, debe tomarse en consideraci�n, que del examen integral de los diversos art�culos del C�digo F. de la Federaci�n, transcritos en p�rrafos precedentes, se advierte lo siguiente:

"a) Durante el desarrollo de una visita domiciliaria, los visitadores est�n facultados para revisar los sistemas, libros, registros y dem�s documentaci�n que integren la contabilidad del contribuyente, as� como los discos, cintas o cualquier medio de procesamiento de datos que �ste tenga en su poder y los objetos y mercanc�as que se encuentren en el domicilio visitado.

"b) Las actas de visita son los documentos en los que se contienen los hechos u omisiones de los que tenga conocimiento la autoridad inspectora durante el desarrollo de una visita, como lo pueden ser entre otros casos, los que entra�an el incumplimiento de las disposiciones fiscales, la sustituci�n de los testigos propuestos inicialmente, los hechos u omisiones de terceros, el aseguramiento de la contabilidad del contribuyente, la naturaleza y caracter�sticas de la informaci�n consultada por los representantes del visitado o por �l mismo y los que dieron origen a la suspensi�n de la visita.

En ese orden, el requisito de circunstanciaci�n previsto por el art�culo 46, fracci�n I, del C�digo F. de la Federaci�n, consiste en detallar o pormenorizar en el acta de visita, en forma concreta, los datos de los libros, registros y dem�s documentaci�n que integren la contabilidad del contribuyente visitado, as� como de los discos, cintas o cualquier medio de procesamiento de datos que �ste tenga en su poder; o bien, de los objetos y mercanc�as que se encontraron en el domicilio visitado y de la informaci�n proporcionada por terceros, que hagan posible la identificaci�n particular de cada uno de los hechos u omisiones que conocieron los auditores durante el desarrollo de una visita domiciliaria, y que, en su caso, los llevaron a concluir que existe un incumplimiento de las disposiciones fiscales. ...

De lo anterior se desprende que para efectos del art�culo 46, fracci�n I, del C�digo F. de la Federaci�n, que de suyo tambi�n es aplicable para lo que dispone su fracci�n IV, la circunstanciaci�n de un acto, que como requisito de validez de las actas levantadas con motivo de una visita domiciliaria debe cumplir la autoridad, consiste en detallar o pormenorizar en ellas en forma concreta, entre otros, los datos de los libros, registros y dem�s documentaci�n que integren la contabilidad, as� como de los discos, cintas o cualquier medio de procesamiento de datos que tenga en su poder el contribuyente, o bien, de los objetos y las mercanc�as encontrados en el domicilio y de la informaci�n proporcionada, adem�s de terceros como se se�al� en la transcripci�n que antecede, por otras autoridades, que hagan posible la identificaci�n particular de cada uno de los hechos u omisiones que conocieron los auditores en el desarrollo de la visita y que asentadas en las actas correspondientes los llevaron a concluir que existe un incumplimiento de las disposiciones fiscales.

Por otro lado, en relaci�n con el segundo requisito a que se hizo alusi�n, consistente en la oportunidad para que el contribuyente visitado pueda, en su caso, desvirtuar tales hechos u omisiones, mediante la presentaci�n de documentos, libros o registros correspondientes, o bien, optar por corregir su situaci�n fiscal, debe acudirse a lo se�alado en la exposici�n de motivos de la iniciativa del Ejecutivo Federal en cuanto a la propuesta de un C�digo F. de la Federaci�n, de fecha quince de diciembre de mil novecientos ochenta y uno, y presentada ante la C�mara de Diputados, as� como el dictamen de esta �ltima, de fecha veintis�is de los mismos mes y a�o, en las cuales se lee, respectivamente, lo siguiente:

"... T.�ndose de las facultades de comprobaci�n de las autoridades fiscales para verificar el cumplimiento de las disposiciones legales por parte de los contribuyentes, se proponen reglas m�s precisas que otorgan mayor seguridad jur�dica a los contribuyentes, y a las autoridades fiscales les permitir�n cumplir de manera m�s eficiente con sus funciones; a la vez se prev�n diversas facilidades para que el contribuyente corrija errores cometidos en su situaci�n fiscal, aun cuando �stos no hayan sido subsanados antes de que sean descubiertos por las autoridades fiscales. ..."

... En esta materia, la innovaci�n relevante es ... cuando dentro de los quince d�as siguientes a la notificaci�n, por acta parcial, de que la autoridad se encuentra en posibilidad de determinar presuntivamente la utilidad fiscal o el valor de los actos por los que el visitado debe pagar contribuciones, �ste corrija su situaci�n fiscal. La primera hip�tesis es congruente con la pol�tica de inducci�n a que los contribuyentes hagan dictaminar sus estados financieros por contadores p�blicos registrados, lo cual es un auxilio a la autoridad y favorece el cumplimiento voluntario; la segunda hip�tesis favorece la autocorrecci�n de situaciones fiscales irregulares ...

De igual manera, del dictamen de la comisi�n respectiva de la C�mara de Diputados de fechas siete y trece de diciembre de 1989, relativo a las reformas al se�alado precepto del C�digo F. de la Federaci�n, se advierte, en lo que interesa, lo siguiente:

... En relaci�n con lo anterior, la comisi�n dictaminadora estima conveniente que en la fracci�n IV del art�culo 46 del c�digo en cuesti�n, se establezca un plazo de 15 d�as (actualmente veinte) para que el visitado pueda presentar documentaci�n tendiente a desvirtuar los hechos u omisiones conocidos y que los mismos se consignen en un acta parcial, debiendo modificarse el segundo p�rrafo que se adiciona a dicha fracci�n IV e incluirse un tercer p�rrafo a la misma ...

Como se desprende de las transcripciones anteriores, as� como de lo dispuesto en el art�culo 46 del se�alado C�digo F. de la Federaci�n transcrito l�neas atr�s, se establece como otro requisito para el correcto desarrollo de una visita domiciliaria, el que se d� la posibilidad al contribuyente visitado para que pueda desvirtuar los hechos u omisiones que se hayan observado en las actas parciales o complementarias, con la finalidad de que acredite la inexactitud o inexistencia de aqu�llos, o bien, una vez corroborada su veracidad o existencia, est� en posibilidad de corregir su situaci�n fiscal.

Ahora bien, para que lo anterior se cumpla, debe entenderse que es necesario que los visitadores hayan asentado en las actas respectivas los hechos u omisiones de los que tuvieron conocimiento en el desarrollo de la visita y cuando se trate de aquellos que puedan entra�ar incumplimiento de las disposiciones fiscales, as� como los que se conozcan a trav�s de otras autoridades o de terceros, se requiere, adem�s, que hayan sido consignados en forma circunstanciada en actas parciales.

La necesidad de que el contribuyente est� en posibilidad de desvirtuar lo asentado previamente en las actas correspondientes, tiene su raz�n de ser si se relaciona con la consecuencia que acarrea el que no presente los documentos, libros o registros o no se�ale el lugar en que se encuentren, consistente en que se tendr�n por consentidos los hechos consignados en las se�aladas actas, pues como se desprende del se�alado art�culo 46 del C�digo F. de la Federaci�n, al establecer que en la �ltima acta parcial que se levante deber� hacerse menci�n expresa de que se consignaron en forma circunstanciada en las actas parciales los hechos u omisiones que puedan entra�ar incumplimiento de las disposiciones fiscales, y que entre aqu�lla (�ltima acta parcial) y el acta final deber�n transcurrir cuando menos veinte d�as, el contribuyente, dentro de ese lapso, estar� en aptitud de desvirtuarlos.

De lo anterior resulta que es necesario que en las actas parciales o complementarias los visitadores deben consignar en forma circunstanciada los hechos u omisiones encontrados durante el desarrollo de la visita domiciliaria, incluidos aquellos que deriven de informaci�n proporcionada por la C.�n Nacional Bancaria y de Valores a solicitud de la autoridad fiscalizadora que deriv� de la respuesta negativa de los contribuyentes respecto de la existencia de cuentas bancarias a su nombre, adem�s de que deben asentar tal circunstancia en la �ltima acta parcial, permitiendo a los visitados la posibilidad, en el plazo de veinte d�as por lo menos (lapso que debe transcurrir entre la �ltima acta parcial y el acta final), de desvirtuar tales hechos u omisiones.

En ese tenor, el argumento del Primer Tribunal Colegiado del D�cimo Sexto Circuito, en el sentido de que bastaba que la autoridad fiscalizadora asentara s�lo en el acta final la existencia de la informaci�n recabada de la C.�n Nacional Bancaria y de Valores, obtenida en un procedimiento anterior que se declar� insubsistente, para soportar la posible determinaci�n de un cr�dito fiscal, resulta incorrecta, pues debe tenerse presente, por un lado, que la se�alada declaraci�n de insubsistencia de todo lo actuado, como correctamente lo se�alaron ambos �rganos contendientes en esta contradicci�n, implica dejar sin efecto todos los actos desarrollados por la autoridad desde que se cometi� la violaci�n y que se vuelva a desarrollar el procedimiento conforme a los requisitos establecidos en el art�culo 46 del C�digo F. de la Federaci�n para la pr�ctica de visitas domiciliarias, y por otro lado, que por disposici�n expresa del numeral en comento, el contribuyente visitado debe tener la oportunidad de desvirtuar los hechos u omisiones que encuentren los visitadores con motivo de sus facultades de revisi�n.

En otro aspecto, relacionado con lo dispuesto en el art�culo 63 del C�digo F. de la Federaci�n, del que se desprende la posibilidad de que la Secretar�a de Hacienda y Cr�dito P�blico, as� como cualquier autoridad u organismo competente en materia de contribuciones federales, motive sus resoluciones en los hechos de los que haya conocido con motivo del ejercicio de sus facultades de comprobaci�n, o bien, que consten en los expedientes o documentos que lleven o tengan en su poder las autoridades fiscales, respecto del cual los Tribunales Colegiados de Circuito difieren sobre su aplicaci�n, deben hacerse las precisiones siguientes:

De la s�ntesis de los antecedentes de los casos a los que se hizo alusi�n l�neas atr�s, as� como de las resoluciones emitidas por los �rganos jurisdiccionales en contradicci�n, se aprecia que las autoridades fiscales formularon requerimiento a la C.�n Nacional Bancaria y de Valores a efecto de que proporcionara informaci�n relacionada con las cuentas bancarias abiertas a nombre de los visitados en el periodo a revisar, derivado de la negativa de estos �ltimos en cuanto a su existencia.

Tambi�n se advierte que tales �rganos precisaron que la informaci�n contenida en los documentos emitidos por la C.�n Nacional Bancaria y de Valores, fue requerida y proporcionada en un procedimiento de visita domiciliaria anterior que fue declarado insubsistente; sin embargo, difieren en lo relativo a si la autoridad fiscal puede sustentar la determinaci�n de un cr�dito fiscal en dicha informaci�n al llevar a cabo un segundo procedimiento de visita.

Ahora bien, con la finalidad de estar de condiciones de determinar lo conducente en esta contradicci�n de criterios, esta Sala considera necesario precisar, por principio, tanto el fundamento por el que la autoridad fiscal puede hacer el requerimiento de m�rito, como la naturaleza del documento emitido por la C.�n Nacional Bancaria y de Valores.

El Primer Tribunal Colegiado del D�cimo Sexto Circuito estableci� que la informaci�n de referencia fue obtenida en t�rminos de lo dispuesto por los art�culos 42, fracci�n II y 32-B, fracci�n IV, del C�digo F. de la Federaci�n, preceptos que textualmente establecen lo siguiente:

"Art�culo 32-B. Las instituciones de cr�dito tendr�n las siguientes obligaciones:

"...

"IV. Proporcionar, en los t�rminos de la Ley de Instituciones de Cr�dito y por conducto de la C.�n Nacional Bancaria y de Valores, la informaci�n de los dep�sitos, servicios, fideicomisos o cualquier tipo de operaciones, que soliciten las autoridades fiscales a trav�s del mismo conducto. ..."

"Art�culo 42. Las autoridades fiscales a fin de comprobar que los contribuyentes, los responsables solidarios o los terceros con ellos relacionados han cumplido con las disposiciones fiscales y, en su caso, determinar las contribuciones omitidas o los cr�ditos fiscales, as� como para comprobar la comisi�n de delitos fiscales y para proporcionar informaci�n a otras autoridades fiscales, estar�n facultadas para:

"...

II. Requerir a los contribuyentes, responsables solidarios o terceros con ellos relacionados, para que exhiban en su domicilio, establecimientos o en las oficinas de las propias autoridades, a efecto de llevar a cabo su revisi�n, la contabilidad, as� como que proporcionen los datos, otros documentos o informes que se les requieran. ...

Del primero de los preceptos transcritos (ubicado en el cap�tulo �nico del t�tulo II relativo a los derechos y obligaciones de los contribuyentes de la codificaci�n en consulta) se desprende, por una parte, la obligaci�n de las instituciones de cr�dito de proporcionar, a trav�s de la C.�n Nacional Bancaria y de Valores y en los t�rminos de la Ley de Instituciones de Cr�dito, la informaci�n de los dep�sitos, servicios, fideicomisos o cualquier tipo de operaciones, que soliciten las autoridades fiscales a trav�s del mismo conducto.

El segundo de los numerales se�alados (que se ubica en el cap�tulo �nico del t�tulo III relativo a las facultades de las autoridades fiscales), establece en su fracci�n II que con la finalidad de comprobar que los contribuyentes, los responsables solidarios o los terceros con ellos relacionados han cumplido con las disposiciones fiscales, aqu�llas estar�n facultadas para requerirlos con la finalidad de que exhiban en su domicilio, establecimientos o en las oficinas de las propias autoridades, a efecto de llevar a cabo su revisi�n, la contabilidad, as� como que proporcionen los datos, otros documentos o informes que se les requieran.

De lo anterior puede establecerse que si bien el art�culo 32-B del C�digo F. de la Federaci�n, en la porci�n normativa se�alada, s� resulta aplicable al presente caso, no puede decirse lo mismo de la fracci�n II del numeral 42 del propio c�digo, en virtud de que como se desprende de la lectura de dicha fracci�n, se encuentra dirigida a determinar la facultad de las autoridades fiscales ah� se�alada, pero en relaci�n, como se dijo, con los contribuyentes, los responsables solidarios o los terceros con ellos relacionados, siendo que la C.�n Nacional Bancaria y de Valores no puede considerarse como un tercero relacionado con el contribuyente, por virtud de tener el car�cter de autoridad, como se desprende de la lectura, entre otros, de los art�culos 1o. y 2o. de la ley que regula su funcionamiento, los cuales establecen lo siguiente:

"Art�culo 1o. Se crea la C.�n Nacional Bancaria y de Valores como �rgano desconcentrado de la Secretar�a de Hacienda y Cr�dito P�blico, con autonom�a t�cnica y facultades ejecutivas en los t�rminos de esta ley."

"Art�culo 2o. La C.�n tendr� por objeto supervisar y regular, en el �mbito de su competencia, a las entidades financieras, a fin de procurar su estabilidad y correcto funcionamiento, as� como mantener y fomentar el sano y equilibrado desarrollo del sistema financiero en su conjunto, en protecci�n de los intereses del p�blico.

Tambi�n ser� su objeto supervisar y regular a las personas f�sicas y dem�s personas morales, cuando realicen actividades previstas en las leyes relativas al citado sistema financiero.

En ese sentido, contrariamente a lo establecido por el Tribunal Colegiado de Circuito antes citado, no puede considerarse que la fracci�n II del art�culo 42 del C�digo F. de la Federaci�n sea el fundamento para que la autoridad fiscalizadora requiera a la C.�n Nacional Bancaria y de Valores la informaci�n de que se trata, sino la fracci�n VII del propio precepto, al establecer que es facultad de las autoridades fiscales:

VII. Recabar de los funcionarios y empleados p�blicos y de los fedatarios, los informes y datos que posean con motivo de sus funciones.

En virtud de lo anterior, el informe de la tantas veces referida C.�n Nacional Bancaria y de Valores, con motivo del requerimiento de la autoridad fiscal para saber sobre las cuentas bancarias a nombre de los contribuyentes visitados, es un documento p�blico, al tenor de lo dispuesto en el art�culo 129 del C�digo Federal de Procedimientos Civiles, de aplicaci�n supletoria al C�digo F. de la Federaci�n, el cual establece:

"Art�culo 129. Son documentos p�blicos aquellos cuya formaci�n est� encomendada por la ley, dentro de los l�mites de su competencia, a un funcionario p�blico revestido de la fe p�blica, y los expedidos por funcionarios p�blicos, en el ejercicio de sus funciones.

La calidad de p�blicos se demuestra por la existencia regular, sobre los documentos, de los sellos, firmas u otros signos exteriores que, en su caso, prevengan las leyes.

Ahora bien, en relaci�n con el tema de la contradicci�n que aqu� nos ocupa, consistente en determinar la aplicaci�n o no del art�culo 63 del C�digo F. dela Federaci�n, debe tenerse en cuenta lo siguiente:

El se�alado precepto expresa, en la parte que interesa, lo siguiente:

Art�culo 63. Los hechos que se conozcan con motivo del ejercicio de las facultades de comprobaci�n previstas en este c�digo, o en las leyes fiscales, o bien que consten en los expedientes o documentos que lleven o tengan en su poder las autoridades fiscales, as� como aqu�llos proporcionados por otras autoridades fiscales, podr�n servir para motivar las resoluciones de la Secretar�a de Hacienda y Cr�dito P�blico y cualquier otra autoridad u organismo descentralizado competente en materia de contribuciones federales. ...

De lo dispuesto en el numeral transcrito se desprende la posibilidad de que la Secretar�a de Hacienda y Cr�dito P�blico, as� como cualquier autoridad u organismo competente en materia de contribuciones federales, motive sus resoluciones en los hechos de los que haya conocido con motivo del ejercicio de sus facultades de comprobaci�n, o bien, que consten en los expedientes o documentos que lleven o tengan en su poder las autoridades fiscales.

En el caso que se estudia, uno de los Tribunales Colegiados de Circuito estableci� que conforme al se�alado precepto legal, la autoridad fiscalizadora estaba en aptitud de soportar la determinaci�n de un cr�dito fiscal con el documento proporcionado por la C.�n Nacional Bancaria y de Valores en el que inform� sobre la existencia de cuentas bancarias a cargo del contribuyente visitado en el periodo revisado (lo cual neg� cuando los visitadores le solicitaron dicha informaci�n), por tratarse de un documento que se encontraba en poder de la autoridad fiscalizadora y respecto del cual no se hab�a declarado que carec�a de validez por el hecho de haberse dejado insubsistente el procedimiento anterior del que se obtuvo. Por otro lado, el otro �rgano colegiado manifest� que tal numeral era inaplicable al caso, y si bien era cierto que el se�alado documento no carec�a de validez, tambi�n lo era que fue obtenido en virtud de un procedimiento de fiscalizaci�n que fue declarado insubsistente, lo cual implicaba que tambi�n deb�a tenerse como insubsistente el requerimiento de informaci�n realizado por la autoridad fiscal a la se�alada comisi�n, raz�n por la que por seguridad jur�dica del visitado, dicha autoridad debi� nuevamente hacer el requerimiento respectivo, aun a sabiendas de que le informar�an lo mismo que ya conoc�a.

Como se desprende de la simple lectura del numeral de referencia, los hechos que se conozcan con motivo del ejercicio de las facultades de comprobaci�n, o bien que consten en los expedientes o documentos que lleven o tengan en su poder las autoridades fiscales, podr�n servir para motivar las resoluciones de la Secretar�a de Hacienda y Cr�dito P�blico y cualquier autoridad competente en materia de contribuciones federales, lo cual debe interpretarse, en principio, en el sentido de que la sola circunstancia de que aqu�llos consten en un expediente o en un documento que lleven o tengan en su poder las autoridades fiscales, ser� suficiente para aquel fin.

En este punto cabe hacer la precisi�n, como se dijo anteriormente y como tambi�n lo reconocen los Tribunales Colegiados de Circuito, que la consecuencia de haberse declarado insubsistente un procedimiento no implica la invalidez del documento obtenido de la se�alada comisi�n, pues lo que se anul� fueron las actuaciones; adem�s, porque no se cuestion� su contenido y se trata de un documento p�blico que fue expedido por autoridad competente como se se�al� l�neas atr�s.

De conformidad con lo anterior, debe concluirse, como primer punto, que el hecho de que el primer procedimiento de visita domiciliaria haya sido declarado insubsistente, no es �bice para que la autoridad pueda relacionar los hechos que conozca por virtud del se�alado documento en las resoluciones que emita en cualquier procedimiento posterior, lo cual implica que no existe obligaci�n para que la propia autoridad fiscalizadora requiera nuevamente la informaci�n solicitada, al constar esta �ltima en un documento p�blico y encontrarse contenido en un expediente o en poder de la propia autoridad, por virtud de haber sido solicitada en los t�rminos del propio C�digo F. de la Federaci�n, como se desprende de lo dispuesto en sus art�culos 32-B y 42, fracci�n VII.

Tampoco puede sostenerse, como lo estableci� el Tercer Tribunal Colegiado del D�cimo Sexto Circuito, que por el hecho de constar tal documento e informaci�n en un expediente que se form� con motivo de un procedimiento que a la postre fue declarado insubsistente, el mismo no pod�a utilizarse en el segundo procedimiento, pues en este aspecto, tal declaraci�n de insubsistencia no implica la inexistencia del se�alado expediente, sino tan s�lo que lo actuado en el mismo qued� sin efectos.

No obstante lo anterior, relacionando todo lo que se ha expuesto hasta aqu�, cabe concluir que cuando las autoridades fiscalizadoras conocen de hechos que consten en documentos p�blicos expedidos por la C.�n Nacional Bancaria y de Valores, por los que informa sobre las cuentas bancarias a nombre de contribuyentes sujetos a una visita domiciliaria y que obran en expedientes o que tengan en su poder, los cuales fueron obtenidos en un primer procedimiento de visita domiciliaria que fue declarado insubsistente por violaciones formales, los mismos podr�n servir para motivar la resoluci�n que emitan en el segundo procedimiento, en t�rminos del art�culo 63 del C�digo F. de la Federaci�n, siempre y cuando los hechos u omisiones por los que fue solicitada la informaci�n respectiva o que se desprenda de los mismos, que impliquen incumplimiento de las disposiciones fiscales, hayan sido asentados en forma circunstanciada en las actas parciales respectivas, haciendo relaci�n de ellas en la �ltima acta parcial y permitiendo que el contribuyente, dentro del t�rmino de veinte d�as que debe transcurrir entre esta �ltima y el acta final de la visita, est� en posibilidad de desvirtuar los se�alados hechos u omisiones.

Lo anterior es as�, porque como se estableci� anteriormente, si bien el documento p�blico en el que consta la informaci�n de la que derivaron hechos u omisiones por parte del contribuyente no fue declarado inv�lido, por disposici�n expresa de la ley, tales hechos u omisiones deben hacerse constar circunstanciadamente en las actas relativas que se levanten durante el procedimiento de visita domiciliaria, con la finalidad de otorgar mayor seguridad jur�dica al contribuyente visitado y, adem�s, para que este �ltimo pueda desvirtuarlos en el procedimiento mismo.

En m�rito de todo lo anterior, el criterio que debe prevalecer es el siguiente:

VISITA DOMICILIARIA. LOS DOCUMENTOS E INFORMES OBTENIDOS DE LA COMISI�N NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES EN UN PROCEDIMIENTO ANTERIOR DECLARADO INSUBSISTENTE, PUEDEN APORTARSE POR LA AUTORIDAD FISCAL EN UNO POSTERIOR, SIEMPRE QUE LOS HECHOS U OMISIONES QUE DERIVEN DE AQU�LLOS Y ENTRA�EN INCUMPLIMIENTO DE DISPOSICIONES FISCALES, SE HAYAN ASENTADO CIRCUNSTANCIADAMENTE EN LAS ACTAS PARCIALES RESPECTIVAS.-Conforme al art�culo 46 del C�digo F. de la Federaci�n, en el desarrollo de una visita domiciliaria se deber�n cumplir una serie de requisitos, entre los que se encuentran hacer constar circunstanciadamente los hechos u omisiones de car�cter concreto observados por los visitadores y que puedan entra�ar incumplimiento de las disposiciones fiscales, as� como dar oportunidad al contribuyente visitado para que los desvirt�e u opte por corregirlos. En ese tenor, cuando las autoridades fiscalizadoras conocen de hechos u omisiones derivados de informaci�n que conste en documentos obtenidos de la C.�n Nacional Bancaria y de Valores en un primer procedimiento de visita domiciliaria declarado insubsistente por violaciones formales, �stos podr�n servir de sustento para motivar la resoluci�n que emitan en el segundo procedimiento, en t�rminos del art�culo 63 del C�digo F. de la Federaci�n, sin necesidad de que la autoridad los requiera nuevamente por haber sido expedido por una autoridad en ejercicio de sus funciones y ser de naturaleza p�blica, siempre y cuando los hechos u omisiones por los que fue solicitada la informaci�n respectiva o que se desprenda de ellos, y que impliquen incumplimiento de las disposiciones fiscales, hayan sido asentados circunstanciadamente en t�rminos del indicado art�culo 46, haciendo relaci�n de ellos en la �ltima acta parcial y permitiendo que el contribuyente, dentro del plazo de 20 d�as que debe transcurrir entre el dictado de esta �ltima y el acta final de la visita, pueda desvirtuar los se�alados hechos u omisiones.

Por lo expuesto y con fundamento en los art�culos 107, fracci�n XIII, de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos y 197-A de la Ley de Amparo, se

resuelve:

PRIMERO

S� existe la contradicci�n de criterios denunciada.

SEGUNDO

Debe prevalecer con car�cter de jurisprudencia, el criterio sustentado por esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, en los t�rminos precisados en el �ltimo considerando de esta resoluci�n.

Notif�quese; con testimonio de esta resoluci�n a los Tribunales Colegiados de Circuito que participaron en la presente contradicci�n y, en su oportunidad, arch�vese el presente expediente.

As� lo resolvi� la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, por unanimidad de cinco votos de los se�ores Ministros: M.B.L.R., G.D.G.�ngora P., S.S.A., G.I.O.M. y presidente J.D.R.. Fue ponente el cuarto de los nombrados.