Ejecutoria num. 2a./J. 109/2005 de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala - Jurisprudencia - VLEX 26823493

Ejecutoria num. 2a./J. 109/2005 de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala

Emisor:Segunda Sala
Número de Resolución:2a./J. 109/2005
Localizacion:SERGIO SALVADOR AGUIRRE ANGUIANO.
Materia:Suprema Corte de Justicia de México
Fecha de Publicación: 1 de Diciembre de 2005
RESUMEN

CONTRADICCIÓN DE TESIS 76/2005-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y TERCERO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEXTO CIRCUITO.EJECUCIÓN EN MATERIA FISCAL. CONTRA LOS ACTOS DEL PROCEDIMIENTO PROCEDE EL JUICIO DE NULIDAD.

 
ÍNDICE
CONTENIDO

CONTRADICCI�N DE TESIS 76/2005-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y TERCERO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEXTO CIRCUITO.

MINISTRO PONENTE: S.S.A.A..

SECRETARIO: A.M.F..

CONSIDERANDO:

TERCERO

Las consideraciones de las ejecutorias pronunciadas por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, al resolver por unanimidad de votos en sesiones de fechas catorce de julio de dos mil cuatro y veintisiete de enero de dos mil cinco las revisiones fiscales RF. 92/2004 y RF. 170/2004, respectivamente, las cuales son coincidentes en ambos negocios en el sentido de que es procedente el juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia F. y Administrativa en contra del mandamiento de ejecuci�n, acta de embargo y relaci�n de bienes embargados en el procedimiento administrativo de ejecuci�n por constituir actos definitivos, motivo por el cual se transcriben �nica y exclusivamente las consideraciones legales vinculadas con la revisi�n fiscal RF. 92/2004, las cuales, en la parte que nos interesa, son del tenor siguiente:

CUARTO. Son parcialmente fundados los agravios hechos valer, por las razones que se pasan a exponer. Previo al pronunciamiento correspondiente, conviene precisar lo siguiente: 1. Por escrito presentado el trece de junio de dos mil tres, A.P.R., por su propio derecho, demand� la nulidad de los actos que enseguida se se�alan: ?A. La resoluci�n definitiva determinante del cr�dito fiscal No. H-524054, con importe total de $7,090.00 (siete mil noventa pesos cero centavos moneda nacional), supuestamente por concepto de ?infracciones impuestas por Poder Judicial (sic)?, del cual conciernen las cifras de $6,201.00, $655.00 y $234.00, respectivamente a los conceptos desconocidos identificados con los Nos. 700124, 100025 y 100001. Hago notar, bajo protesta de decir verdad, que por primera vez, con sorpresa y en forma accidental, el 2 de abril de 2003 me enter� de la existencia de la resoluci�n definitiva N�m. 731/2000 de fecha 16 de marzo de 2001, determinante del cr�dito fiscal N�m. H-524054 que ahora se impugna, ni as� de su contenido, ya que jam�s he tenido a la vista dicha resoluci�n definitiva N�m. 731/2000 de fecha 16 de marzo de 2001, determinante del cr�dito fiscal H-524054, al enterarme de la existencia y contenido del citatorio de 2 de abril de 2003, dejado por la C. Ver�nica L�pez Rojas, supuesta notificadora adscrita a la Administraci�n Local de Recaudaci�n de P. Sur del Servicio de Administraci�n Tributaria, citatorio en el cual se menciona por primera vez el cr�dito fiscal No. 524054 que ahora se impugna. El citatorio de 2 de abril de 2003 fue dejado por la C. Ver�nica L�pez Rojas, supuesta notificadora adscrita a la Administradora Local de Recaudaci�n de P. Sur del Servicio de Administraci�n Tributaria, sin acreditarlo en alguna forma, ya que no se identific�. B. El citatorio de 2 de abril de 2003, elaborado, firmado y entregado por la C. Ver�nica L�pez Rojas, supuesta notificadora adscrita a la Administraci�n Local de Recaudaci�n de P. Sur del Servicio de Administraci�n Tributaria, en relaci�n al cr�dito fiscal No. H-524054, antes precisado. C. El mandamiento de ejecuci�n de requerimiento de pago y embargo No. 33126524054310303 de 31 de marzo de 2003 emitido por la C. Emelia Avenda�o V., C.S. de Control de Cr�ditos de la Administraci�n Local de Recaudaci�n de P. Sur, relacionado con el cr�dito fiscal No. H-524054, mismo que en su parte conducente indica lo siguiente: ?... Se hace notar que este mandamiento de ejecuci�n de requerimiento de pago y embargo se notific� el 3 de abril del 2003, al levantarse el acta de requerimiento de pago que se menciona a continuaci�n. D. El acta de requerimiento de pago levantada el 3 de abril de 2003 por la C. Ver�nica L�pez Rojas, supuesta notificadora, verificadora y ejecutora adscrita a la Administraci�n Local de Recaudaci�n de P. Sur, en relaci�n al cr�dito fiscal No. H-524054. E. El formulario m�ltiple de pago MP 4705549 elaborado por la Administraci�n Local de Recaudaci�n de P. Sur en relaci�n al cr�dito fiscal No. 524054, en cuya parte conducente se indica lo siguiente: �... A pagar. $7,090. Fecha l�mite de pago. 31/03/2003. MP 4705549. P.R.A.. (700124) $6,201 (100025 $655 (100001) $234. Infracciones impuestas por Poder Judicial (sic).�. Se hace notar que este formulario m�ltiple de pago se notific� el 3 de abril de 2003, pag�ndose en esa fecha.? (fojas 1 a 3). 2. Visto el contenido del escrito antes se�alado, el Magistrado instructor de la Sala, emiti� el siguiente acuerdo: ?P., P., a diecis�is de junio del a�o dos mil tres. A sus autos el escrito recibido en esta Sala con fecha trece del presente, a trav�s del cual, el C.A.P.R., por su propio derecho, impugna la nulidad de las resoluciones siguientes: a) La resoluci�n que contiene el cr�dito fiscal n�mero H-524054 en cantidad de $7,090.00, por concepto de infracciones impuestas por Poder Judicial (sic), del cual conciernen las cifras de $6,201.00, $655.00 y $234.00, respectivamente a los conceptos identificados con los n�meros 700124, 100025, 10001; b) El citatorio de 2 de abril de 2003, elaborado, firmado y entregado por la C. Ver�nica L�pez Rojas, notificadora de la Administraci�n Local de Recaudaci�n de P. Sur en relaci�n con el cr�dito fiscal No. H. 524054; c) Mandamiento de ejecuci�n de requerimiento de pago y embargo n�mero 33126524054310303 de 331 (sic) de marzo de 2003, emitido por la C. Em�elia (sic) Avenda�o V., S. de Control de Cr�ditos de la Administraci�n Local de Recaudaci�n de P. Sur, con relaci�n al cr�dito fiscal H-524024. Con fundamento en lo dispuesto por los art�culos 197, 198, 207, 208 y 209 y dem�s relativos del C�digo F. de la Federaci�n y 11, 28 y 36, fracci�n I, de la Ley Org�nica de este tribunal, se admite la demanda, �nicamente con relaci�n a las resoluciones marcadas con los incisos b) y c), y con respecto a la resoluci�n marcada con el inciso a) se desecha la demanda, tomando en cuenta que respecto de la misma se se�ala que se impugna la resoluci�n definitiva determinante del cr�dito fiscal n�mero H-524054, con importe total de $7,090.00, por concepto de �infracciones impuestas por Poder Judicial (sic)� de la cual conciernen las cifras de $6,201.00, $655.00 y $234.00, respectivamente a los conceptos desconocidos identificados con los n�meros 700124, 10025 y 100001, como se desprende de la resoluci�n impugnada marcada con el inciso c), consistente en el mandamiento de ejecuci�n, de requerimiento de pago el cr�dito n�mero H-524054, se�ala como concepto �infracciones impuestas por el Poder Judicial�, por lo que y de conformidad con el art�culo 11 de la Ley Org�nica del Tribunal Federal de Justicia F. y Administrativa mismo que determina como competencia de este tribunal lo siguiente: �... El Tribunal F. de la Federaci�n conocer� de los juicios que se promuevan contra las resoluciones definitivas que se indican a continuaci�n: I. Las dictadas por autoridades fiscales federales y organismos fiscales aut�nomos, en que se determine la existencia de una obligaci�n fiscal, se fije en cantidad l�quida o se den las bases para su liquidaci�n. II. Las que nieguen la devoluci�n de un ingreso, de los regulados por el C�digo F. de la Federaci�n, indebidamente percibido por el Estado o cuya devoluci�n proceda de conformidad con las leyes fiscales. III. Las que impongan multas por infracci�n a las normas administrativas federales. IV. Las que causen un agravio en materia fiscal distinto al que se refieren las fracciones anteriores. V. Las que nieguen o reduzcan las pensiones y dem�s prestaciones sociales que concedan las leyes en favor de los miembros del Ej�rcito, de la Fuerza A�rea y de la Armada Nacional o de sus familiares o derechohabientes con cargo a la Direcci�n de Pensiones Militares o al erario federal, as� como las que establezcan obligaciones a cargo de las mismas personas, de acuerdo con las leyes que otorgan dichas prestaciones. Cuando el interesado afirme, para fundar su demanda que le corresponde un mayor n�mero de a�os de servicio que los reconocidos por la autoridad respectiva, que debi� ser retirado con grado superior al que consigne la resoluci�n impugnada o que su situaci�n militar sea diversa de la que le fue reconocida por la Secretar�a de la Defensa Nacional o de Marina, seg�n el caso; o cuando se versen cuestiones de jerarqu�a, antig�edad en el grado o tiempo de servicios militares, las sentencias del Tribunal F. s�lo tendr�n efectos en cuanto a la determinaci�n de la cuant�a de la prestaci�n pecuniaria que a los propios militares corresponda, o a las bases para su depuraci�n. VI. Las que se dicten en materia de pensiones civiles, sea con cargo al erario federal o al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. VII. Las que se dicten sobre interpretaci�n y cumplimiento de contratos de obras p�blicas celebrados por las dependencias de la administraci�n p�blica federal centralizada. VIII. Las que constituyan cr�ditos por responsabilidades contra servidores p�blicos de la Federaci�n, del Distrito Federal o de los organismos descentralizados federales o del propio Distrito Federal, as� como en contra de los particulares involucrados en dichas responsabilidades. IX. Las que requieran el pago de garant�as a favor de la Federaci�n, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, as� como sus organismos descentralizados. X. Las que se dicten negando a los particulares la indemnizaci�n a que se contrae el art�culo 77 bis de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores P�blicos. El particular podr� optar por esta v�a o acudir ante la instancia judicial competente. XI. Las que traten las materias se�aladas en el art�culo 94 de la Ley de Comercio Exterior. XII. Las que impongan sanciones administrativas a los servidores p�blicos en los t�rminos de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores P�blicos. XIII. Las que resuelvan los recursos administrativos en contra de las resoluciones que se indican en las dem�s fracciones de este art�culo, inclusive aquellos a que se refiere el art�culo 83 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. XIV. Las se�aladas en las dem�s leyes como competencia del tribunal ...�. En efecto no es competencia de este tribunal el conocimiento de la resoluci�n impugnada, indicada en el inciso A), toda vez que �sta corresponde a una (sic) infracciones impuestas por el Poder Judicial, multa que en ninguna de las fracciones indicadas con anterioridad de la ley org�nica de este tribunal, se puede considerar como competencia de este tribunal, aun y cuando en la fracci�n III, se refiere a las resoluciones que impongan multas, se refiere a las infracciones a las normas administrativas, mas no a las emitidas por el Poder Judicial que es un poder diferente al Poder Ejecutivo. Con copia simple de la demanda y con copia de los anexos c�rrase traslado a la Administraci�n Local de Recaudaci�n de P. Sur, y al secretario de Hacienda y Cr�dito P�blico, emplaz�ndolos con el car�cter de autoridades demandadas, para que la contesten en el t�rmino que marca la ley, apercibidos que de no hacerlo se aplicar� lo dispuesto por el art�culo 212 del C�digo F. aludido. Se tienen por admitidas las pruebas ofrecidas y por exhibidas las indicadas en los incisos a), c) y d) del cap�tulo respectivo de la demanda. T�ngase como domicilio para o�r y recibir notificaciones el ubicado en la Avenida Ju�rez No. 2318, despacho 709 �Edificio Diana�, Col. La Paz, C.P. 72160, P., Pue., y por autorizados a los profesionistas que cita en el escrito de demanda, atento a lo ordenado por el art�culo 200 del C�digo F. de la Federaci�n. Atendiendo a lo dispuesto por el art�culo 10, �ltimo p�rrafo, del reglamento para dar cumplimiento a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informaci�n P�blica Gubernamental, contenido en el Acuerdo G/18/2003, publicado en el Diario Oficial de la Federaci�n el doce de junio de dos mil tres, se le hace saber a las partes en el presente juicio, del derecho que les asiste para oponerse, en relaci�n con terceros a la publicaci�n de sus datos personales, lo cual se har� cuando se difunda a trav�s de cualquier medio, ya sea impreso o electr�nico o por cualquier otro que por innovaci�n tecnol�gica lo permita, la sentencia ejecutoriada que se dicte en este asunto, pudiendo oponerse a la publicaci�n de dichos datos; lo que deber� realizar dentro del plazo de cinco d�as h�biles, en el entendido que de no hacerlo, se tiene por aceptado que la sentencia se publicar� sin dichos datos. N.�quese.? (fojas 21 y 22), el cual fue notificado personalmente a la parte actora el tres de julio de dos mil tres (foja 25) y (sic) a la Secretar�a de Hacienda y Cr�dito P�blico y a la Administraci�n Local de Recaudaci�n de P. Sur, el dos de julio del mismo a�o (fojas 26 y 27). Debi�ndose destacar que en contra de dicho acuerdo, ninguna de las partes hizo valer medio de defensa alguno, seg�n se advierte de los autos que integran el juicio fiscal. 3. Las autoridades emplazadas al juicio de nulidad, dieron contestaci�n a la demanda, mediante oficio 325-SAT-21-I-IV-8608, el veintid�s de agosto de dos mil tres (fojas 28 a 45). 4. El Magistrado instructor del juicio tuvo por contestada la demanda mediante prove�do de veinticinco de agosto siguiente, en el que adem�s cit� a las partes para que formularan sus respectivos alegatos (foja 46). 5. Mediante escrito de doce de septiembre de dos mil tres, el actor solicit� la aclaraci�n del auto admisorio de demanda de diecis�is de junio de dos mil tres, en relaci�n �nicamente con el n�mero del tercer concepto del cr�dito fiscal No. H-524054, la fecha de emisi�n del mandamiento de ejecuci�n de requerimiento de pago y embargo n�mero 33126524054310303 y el nombre de la subadministradora de Control de Cr�ditos de la Administraci�n Local de Recaudaci�n de P. Sur (fojas 52 y 53). Escrito que fue acordado por el Magistrado instructor del juicio, el primero de octubre de dos mil tres (foja 73 frente y vuelta). 6. El cinco de enero de dos mil cuatro, la S.F., pronunci� sentencia definitiva en el juicio de que se trata, en la que despu�s de supuestamente analizar las causales de improcedencia y sobreseimiento hechas valer por las autoridades demandadas, estim� probada la acci�n, por lo que declar� la nulidad de los actos impugnados (fojas 82 a 90). 7. Previa solicitud de la parte actora, como se mencion� en el resultando segundo de esta ejecutoria, con fecha veintid�s de marzo de dos mil cuatro, la Sala emiti� resoluci�n en la que aclar� la sentencia definitiva se�alada en el punto inmediato anterior, por cuanto hace a un n�mero de oficio y una fecha (fojas 100 a 103). Sentencia y aclaraci�n de sentencia que constituyen la resoluci�n recurrida en el presente recurso de revisi�n fiscal. Precisado lo anterior, por cuesti�n de m�todo enseguida se analizar�n los agravios hechos valer por la recurrente, en un orden distinto al en que fueron formulados. Es infundado el tercer agravio en el que la inconforme alega que la sentencia recurrida es violatoria de los art�culos 202, fracci�n II, 203, fracci�n II, 236 y 237 del C�digo F. de la Federaci�n, ya que la S.F. perdi� de vista que los actos del procedimiento administrativo de ejecuci�n diligenciados el treinta y uno de marzo de dos mil tres, no son resoluciones definitivas dictadas por una autoridad fiscal que puedan ser impugnadas en el juicio de nulidad, ni tampoco encuadran en ninguna de las hip�tesis contempladas por el art�culo 11 de la Ley Org�nica del Tribunal Federal de Justicia F. y Administrativa, por lo que no afectan los intereses jur�dicos del demandante; por las razones que a continuaci�n se exponen. La S.F. al analizar la segunda causal de improcedencia y sobreseimiento hecha valer por las autoridades demandadas, estim� en el cuarto considerando de la sentencia recurrida, lo siguiente: A juicio de esta Sala, la causal de improcedencia es infundada, tomando en cuenta que el art�culo 202, fracci�n I, del C�digo F. de la Federaci�n, determina lo siguiente: ?Art�culo 202. Es improcedente el juicio ante el Tribunal F. de la (sic) Federal de Justicia F. y Administrativa, en los casos, por las causales y contra los actos siguientes: I. Que no afecten los intereses jur�dicos del demandante. II. Cuya impugnaci�n no corresponda conocer a dicho tribunal.?. Contrario a lo argumentado por la demandada, el mandamiento de ejecuci�n de requerimiento de pago y embargo de fecha 31 de marzo de 2003, s� es una resoluci�n definitiva, toda vez que es una resoluci�n emitida por una autoridad fiscal, que causa un agravio a la parte actora por lo que s� es de la competencia de este tribunal adem�s y en t�rminos de art�culo (sic) 117 y 120 del C�digo F. de la Federaci�n mismos que a la letra se�alan: ?Art�culo 117. El recurso de revocaci�n proceder� contra: I. Las resoluciones definitivas dictadas por autoridades fiscales federales que: a) D. contribuciones, accesorios o aprovechamientos. b) Nieguen la devoluci�n de cantidades que procedan conforme a la ley. c) Dicten las autoridades aduaneras. d) Cualquier resoluci�n de car�cter definitivo que cause agravio al particular en materia fiscal, salvo aquellas a que se refieren los art�culos 33-A, 36 y 74 de este c�digo. II. Los actos de autoridades fiscales federales que: a) Exijan el pago de cr�ditos fiscales, cuando se alegue que �stos se han extinguido o que su monto real es inferior al exigido, siempre que el cobro en exceso sea imputable a la autoridad ejecutora o se refiera a recargos, gastos de ejecuci�n o a la indemnizaci�n a que se refiere el art�culo 21 de este c�digo. b) Se dicten en el procedimiento administrativo de ejecuci�n, cuando se alegue que �ste no se ha ajustado a la ley. c) Afecten el inter�s jur�dico de terceros, en los casos a que se refiere el art�culo 128 de este c�digo. d) D. el valor de los bienes embargados a que se refiere el art�culo 175 de este c�digo.?. ?Art�culo 120. La interposici�n del recurso de revocaci�n ser� optativa para el interesado antes de acudir al Tribunal Federal de Justicia F. y Administrativa. Cuando un recurso se interponga ante autoridad fiscal incompetente, �sta lo turnar� a la que sea competente.?. Del referido art�culo 117, fracci�n II, inciso a), del C�digo F. de la Federaci�n, se desprende que el recurso es procedente trat�ndose de los actos de las autoridades fiscales que se dicten en el procedimiento administrativo de ejecuci�n cuando se alegue que no se ajust� a la ley y en el procedimiento administrativo de ejecuci�n se encuentran entre otros actos los mandamientos administrativos de ejecuci�n, el requerimiento de pago y el embargo de conformidad con el art�culo 144 del C�digo F. de la Federaci�n, adem�s en el art�culo 120 del C�digo F. de la Federaci�n ya transcrito se indica que la interposici�n del recurso de revocaci�n ser� optativo para el interesado, antes de acudir a este tribunal, por lo tanto es de concluirse que si el art�culo 120 de referencia, da la opci�n para que se promueva el juicio de nulidad o el recurso de revocaci�n, respecto de los actos que se dicten en el procedimiento administrativo de ejecuci�n, y al haber interpuesto el actor entre otras resoluciones, las consistentes en el mandamiento de ejecuci�n de requerimiento de pago y embargo n�mero 33126524054310303 de 31 de marzo de 2003, emitido por la subadministradora de Control de Cr�ditos de la Administraci�n Local de P. Sur, dichos actos son de la competencia de este tribunal por disposici�n expresa de los art�culos en comento, asimismo es de hacerse menci�n que las resoluciones a que nos hemos referido en puntos anteriores sondefinitivas y de la competencia de este tribunal, al haber sido emitidas por una autoridad fiscal y causan un agravio en materia fiscal distinto al que se refieren las fracciones I, II y III del art�culo 11 de la ley org�nica de este tribunal, circunstancia por la cual son resoluciones de las cuales este tribunal es competente para conocerlas, en base a lo anterior es de concluirse que la causal de improcedencia planteada por la actora es infundada, y por lo tanto no es de sobreseerse ni se sobresee el presente juicio de nulidad con fundamento en el art�culo 203, fracci�n II, del C�digo F. de la Federaci�n.? (fojas 86, vuelta a 87, vuelta). Son correctas las anteriores consideraciones, en virtud de que en el caso, contrariamente a lo alegado por la recurrente, las diligencias de mandamiento de ejecuci�n, requerimiento de pago y embargo de treinta y uno de marzo de dos mil tres, s� constituyen actos definitivos impugnables ante el Tribunal Federal de Justicia F. y Administrativa, en atenci�n a que los mismos fueron dictados dentro del procedimiento de ejecuci�n llevado a cabo por una autoridad administrativa, como lo es la Administraci�n Local de Recaudaci�n de P. Sur, de lo que se sigue que si como lo destac� la S.F. al analizar dicha causal de improcedencia, los aludidos actos pueden ser combatidos a trav�s del recurso de revocaci�n previsto por el art�culo 117 del C�digo F. de la Federaci�n, en cuya fracci�n II, inciso b), se dispone que esa clase de actos dictados dentro del procedimiento administrativo de ejecuci�n, pueden ser combatidos mediante la interposici�n de ese medio de defensa, tomando en cuenta que en t�rminos del diverso art�culo 120 del mencionado c�digo tributario, su interposici�n es optativa, es inconcuso que la S.F. s� puede conocer acerca de su legalidad, por tratarse precisamente de actos dictados dentro del citado procedimiento administrativo que tienen el car�cter de definitivos conforme a lo dispuesto por el art�culo 11 de la Ley Org�nica del Tribunal Federal de Justicia F. y Administrativa; debi�ndose precisar que si bien es cierto, como lo afirma la recurrente, en ellos no se determina la existencia de una obligaci�n fiscal en cantidad l�quida o se dan las bases para su liquidaci�n, ni se trata de resoluciones que nieguen devoluciones o un ingreso indebidamente percibido por el Estado, tambi�n lo es que al ser actos definitivos inherentes al procedimiento administrativo por el cual se hace efectivo un cr�dito fiscal, en este caso una multa impuesta por el Poder Judicial de la Federaci�n, s� existe una afectaci�n jur�dica a los intereses del demandante, pues con ellos se causa al actor un agravio en materia fiscal diferente de la determinaci�n del cr�dito en s� misma, por lo que como se ha dicho con antelaci�n, tales actos son susceptibles de ser impugnados en el juicio de nulidad; de lo que se evidencia lo acertado de las consideraciones que llevaron a la Sala a desestimar la causal de improcedencia y sobreseimiento as� formulada por las autoridades demandadas. No obsta a lo anterior, lo aseverado por la inconforme en relaci�n con que en la especie, el actor no interpuso recurso de revocaci�n, ni tampoco est� impugnando la resoluci�n que pudo recaer a dicho recurso; toda vez que el hecho de que en la sentencia recurrida se haga alusi�n al art�culo que establece lo relativo al recurso de revocaci�n, no lleva a concluir que en el caso se hubiera interpuesto el recurso de revocaci�n o que la resoluci�n impugnada en el juicio fiscal de origen fuera la que puso fin a dicho recurso, pues es claro que la intenci�n de mencionar lo dispuesto por el art�culo 117 del C�digo F. de la Federaci�n, se hizo atendiendo a que en ese precepto legal se establecen cu�les son las resoluciones y actos que de manera espec�fica pueden ser combatidos a trav�s del citado medio de defensa, los que, por ser optativo ese recurso, pueden ser impugnados mediante el juicio de nulidad respectivo. Asimismo, no pasa inadvertido para este Tribunal Colegiado lo manifestado por la recurrente respecto de que el procedimiento administrativo de ejecuci�n es un conjunto de actos concatenados entre s�, por medio de los cuales se pretende la obtenci�n, por v�a coactiva, del cr�dito fiscal; en funci�n de que precisamente al tratarse de un procedimiento, los actos llevados a cabo dentro del mismo son independientes unos de otros y, por tanto, para los efectos del juicio fiscal, definitivos en cuanto a sus consecuencias jur�dicas; sin que en nada le beneficie la jurisprudencia 17/98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, que al efecto invoca, cuyo contenido es el siguiente: ?EJECUCI�N, PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE. EL AMPARO CONTRA RESOLUCIONES DICTADAS EN AQU�L S�LO PROCEDE CUANDO SE RECLAMA LA DEFINITIVA, A PESAR DE QUE SE IMPUGNE LA CONSTITUCIONALIDAD DE LEYES. El procedimiento administrativo de ejecuci�n regulado por los art�culos 145 a 196 del C�digo F. de la Federaci�n no tiene como finalidad la resoluci�n de alguna controversia entre partes contendientes, por lo que en rigor no puede decirse que se trate de un procedimiento seguido en forma de juicio, en los t�rminos literales del art�culo 114, fracci�n II, p�rrafo segundo, de la Ley de Amparo, pero consta de una serie coherente y concordante de actos tendientes a la obtenci�n ejecutiva del cumplimiento de una obligaci�n con base en una liquidaci�n firme que constituye la prueba legal de la existencia del cr�dito, de su liquidez y de su inmediata reclamaci�n y, como tal, presupuesto formal del comentado procedimiento de ejecuci�n, similar en estos aspectos a una sentencia ejecutoriada. Por tanto, se justifica que el juicio de amparo s�lo pueda promoverse hasta que se dicte en el citado procedimiento de ejecuci�n fiscal la resoluci�n con la que culmine, es decir, la definitiva en que se apruebe o desapruebe el remate, pudi�ndose reclamar en tal oportunidad todas las violaciones cometidas dentro de dicho procedimiento. De lo contrario, si se estimara procedente el juicio de garant�as contra cada uno de los actos procesales de modo aislado, se obstaculizar�a injustificadamente la secuencia ejecutiva, lo cual no debe permitirse aunque se reclame la inconstitucionalidad de las leyes que rigen ese procedimiento, ya que de la interpretaci�n relacionada de la citada fracci�n II del art�culo 114 de la Ley de Amparo, acerca de que el amparo contra remates s�lo procede contra la resoluci�n definitiva que los apruebe o desapruebe, y de la fracci�n III del mismo precepto legal, se desprende que, en lo conducente, la intenci�n del legislador ha sido la de que no se entorpezcan, mediante la promoci�n del juicio constitucional, los procedimientos de ejecuci�n fundados en resoluciones o sentencias definitivas, a pesar de que �stas no deriven de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, por lo que operan las mismas razones para sostener que, trat�ndose del mencionado procedimiento, el juicio de amparo puede promoverse hasta que se dicte la �ltima resoluci�n que en aqu�l se pronuncie.?; ya que la misma se refiere propiamente a la impugnaci�n de actos aislados dentro del procedimiento administrativo de ejecuci�n a trav�s del juicio de amparo indirecto, antes de que se apruebe o desapruebe el remate, y no cuando en contra del mandamiento de ejecuci�n, requerimiento de pago y embargo, como actos dictados dentro del procedimiento administrativo de ejecuci�n, se interpone el juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia F. y Administrativa, como acontece en la especie. ... En las relatadas circunstancias, lo procedente es revocar la sentencia sujeta a revisi�n, para el efecto de que la S.F. la deje insubsistente y, en su lugar, emita otra en la que, en primer lugar reitere la desestimaci�n de la segunda causal de improcedencia y sobreseimiento hecha valer por las autoridades demandadas al contestar la demanda, por haber resultado infundado el agravio correspondiente en la presente instancia, asimismo reitere la desestimaci�n de la tercera causal esgrimida en la aludida contestaci�n de demanda, por no haber sido combatida por la autoridad recurrente en este recurso de revisi�n fiscal, y siguiendo los lineamientos fijados en la presente ejecutoria, analice tal como le fue planteada la primera causal de improcedencia y sobreseimiento en la contestaci�n de demanda, referente al acto impugnado marcado con el inciso B), que es exclusivamente el citatorio de dos de abril de dos mil tres, hecho lo cual s�lo en caso de resultar infundada esa primera causal se ocupe de estudiar los conceptos de nulidad que se hubieran formulado en contra de ese acto impugnado marcado con el inciso B), as� como aquellos vertidos contra el acto marcado con el inciso C), de conformidad con lo dispuesto en el segundo p�rrafo del art�culo 237 del C�digo F. de la Federaci�n, resolviendo al respecto con libertad de jurisdicci�n lo que en derecho proceda; en el entendido de que tales actos impugnados son los �nicos por los que fue admitida la demanda fiscal, por lo que deber� abstenerse de hacer cualquier pronunciamiento respecto de los dem�s actos por los que aqu�lla no se admiti�, incluyendo el marcado con el inciso A) por el que se desech�.

CUARTO

Por su parte, el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, al resolver por unanimidad de votos las revisiones fiscales 111/2004 y 164/2004, en sesiones de veintis�is de agosto de dos mil cuatro y nueve de diciembre del mismo a�o, respectivamente, en ambos negocios arrib� a la conclusi�n de que es impugnable a trav�s del juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia F. y Administrativa �nica y exclusivamente la resoluci�n con que culmina el procedimiento administrativo de ejecuci�n y no as� los actos intermedios como son la diligencia de requerimiento de pago, embargo y el acta de descripci�n de bienes embargados, para arribar a tal conclusi�n, en ambas ejecutorias, se apoy� en consideraciones legales similares, motivo por el cual se transcriben �nica y exclusivamente las vinculadas con la revisi�n fiscal 111/2004, las cuales, en la parte que interesa para resolver la presente contradicci�n, son del tenor siguiente:

"S�PTIMO. Por cuesti�n de m�todo se procede al an�lisis del primer agravio expresado por la recurrente. En �l aduce que se viola lo previsto en el art�culo 202, fracci�n XIV, del C�digo F. de la Federaci�n, toda vez que la S.F., desestim� la segunda causal de improcedencia que hizo valer, consistente en que los actos impugnados consistentes en las diligencias de requerimiento de pago y embargo de fechas veintiocho de marzo de dos mil tres, fueron emitidos dentro del procedimiento administrativo de ejecuci�n, el cual se va emitiendo por etapas hasta su culminaci�n, de ah� que el particular debe esperar hasta que culmine el mismo, y contra el �ltimo acto podr� hacer (sic) lo que a su derecho convenga en contra de todo el procedimiento. Que si bien es cierto que los actos impugnados en el presente juicio de nulidad pudieran ocasionar alg�n perjuicio al particular, lo cierto es que para que proceda �ste, es necesario que se trate de resoluciones definitivas. Adem�s aduce que la Sala omiti� hacer pronunciamiento alguno respecto de lo se�alado en el primer p�rrafo del art�culo 11 de la Ley Org�nica del Tribunal Federal de Justicia F. y Administrativa, en el cual se se�ala que el Tribunal F. s�lo conocer� de los juicios que se promuevan en contra de las resoluciones definitivas, que indican en las diferentes fracciones, del art�culo en cita. Que la sentencia recurrida, es contraria a derecho pues �sta se limita a manifestar que las resoluciones impugnadas en el presente juicio encuadran en la fracci�n II del art�culo 117 del C�digo F. de la Federaci�n, y que por lo tanto, la demandante se encontraba en condiciones de impugnar dicho acto en el recurso de revocaci�n, como en el juicio de nulidad, sin embargo, en el primer p�rrafo del art�culo 11 de la Ley Org�nica del Tribunal Federal de Justicia F. y Administrativa, establece como condicionante que las resoluciones que se pretendan impugnar deben ser definitivas, lo cual no acontece pues los actos impugnados en el juicio de nulidad son relativos al procedimiento administrativo de ejecuci�n y no es la resoluci�n que pone fin a dicho procedimiento. Tambi�n esgrime que el hecho de que la emisi�n de los actos que se pretenden nulificar pudieran o no causar alg�n perjuicio a la parte actora no es raz�n suficiente para considerar procedente el juicio de nulidad. En s�ntesis los anteriores razonamientos tienden a justificar que el acto impugnado ante la Sala no puede ser materia de an�lisis en el juicio de nulidad, por no constituir una resoluci�n definitiva que afecte la esfera jur�dica del contribuyente. Ahora bien, por ser ilustrativa al presente caso, al tratar lo referente a lo que se debe entender por una ?resoluci�n definitiva? impugnable en el juicio de nulidad, se procede a transcribir parte de la ejecutoria derivada de la contradicci�n de tesis 79/2002-SS resuelta por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n el diecisiete de enero de dos mil tres, en la cual se se�al� en lo conducente, lo siguiente: ?Es decir, la materia de estudio en esta clase de juicios no est� abierta en posibilidades a todo acto de autoridad administrativa, sino m�s bien se trata de un juicio de jurisdicci�n restringida donde la procedencia de la v�a se encuentra condicionada a que el acto a impugnar se reconozca en la norma como hip�tesis de procedencia expresa de la acci�n contenciosa administrativa. Para ello, se debe atender al texto del art�culo 11 de la Ley Org�nica del Tribunal Federal de Justicia F. y Administrativa que en esencia reproduce al anterior numeral 11 de la Ley Org�nica del Tribunal F. de la Federaci�n (norma vigente en su momento en ambos asuntos que aqu� son materia de an�lisis y que fueron ponderados al momento de la presentaci�n de la demanda de nulidad). El texto del precepto referido, en la partes que para este asunto interesan, es el siguiente: (Reformado primer p�rrafo, D.O.F. 31 de diciembre de 2000) �Art�culo 11. El Tribunal Federal de Justicia F. y Administrativa conocer� de los juicios que se promuevan contra las resoluciones definitivas que se indican a continuaci�n: I. Las dictadas por autoridades fiscales federales y organismos fiscales aut�nomos, en que se determine la existencia de una obligaci�n fiscal, se fije en cantidad l�quida o se den las bases para su liquidaci�n. II. Las que nieguen la devoluci�n de un ingreso. ... III. Las que impongan multas. ... IV. Las que causen un agravio en materia fiscal distinto al que se refieren las fracciones anteriores. ... Para los efectos del primer p�rrafo de este art�culo, las resoluciones se considerar�n definitivas cuando no admitan recurso administrativo o cuando la interposici�n de �ste sea optativa. El Tribunal Federal de Justicia F. y Administrativa conocer� de los juicios que promuevan las autoridades para que sean anuladas las resoluciones administrativas favorables a un particular, siempre que dichas resoluciones sean de las materias se�aladas en las fracciones anteriores como de su competencia.� ... Ahora bien, de los preceptos legales transcritos se desprende que el juicio contencioso administrativo ante el otrora Tribunal F. de la Federaci�n, hoy y en lo subsecuente en esta sentencia, Tribunal Federal de Justicia F. y Administrativa, s�lo resulta procedente contra actos de la administraci�n p�blica federal que posean la caracter�stica de ser �resoluciones administrativas definitivas� y adem�s, que se encuentren mencionadas dentro de las hip�tesis de procedencia expresas de asuntos que son de la competencia del referido tribunal administrativo; en la inteligencia que, por regla general, la demanda correspondiente a trav�s de la cual se impugne el acto relativo deber� presentarse dentro de los cuarenta y cinco d�as siguientes a aquel en que haya surtido efectos la notificaci�n de la resoluci�n administrativa definitiva que se impugna, y a falta de notificaci�n o cuando se alegue que fue indebida o fraudulenta, dentro de los cuarenta y cinco d�as siguientes a partir de que el afectado tenga conocimiento de la resoluci�n impugnada, en el entendido que en estos casos deber� estarse a lo previsto por el art�culo 209, fracci�n IV, del C�digo F. de la Federaci�n que instituye el procedimiento a seguir en los casos que se reclame un acto administrativo no notificado. ... En adici�n a lo anterior, resulta conveniente precisar tambi�n qu� se entiende por �resoluci�n definitiva� para efectos del primer p�rrafo del art�culo 11 de la Ley Org�nica del Tribunal Federal de Justicia F. y Administrativa. A pesar de que el numeral 11 antes mencionado precisa qu� se debe entender por resoluci�n definitiva al establecer que tendr�n tal car�cter las resoluciones que no admitan recurso o admiti�ndolo se trate de recursos optativos, esta Segunda Sala considera que es contra derecho determinar el alcance de lo que es una �resoluci�n definitiva� para efectos del juicio contencioso administrativo federal, solamente con base en la expresi�n del texto normativo, y para lograr una adecuada intelecci�n del concepto se estima necesario tener presente lo que a continuaci�n se detallar�. La definitividad para efectos del juicio contencioso administrativo, adem�s de ponderar la atacabilidad de la resoluci�n administrativa a trav�s de recursos ordinarios en sede administrativa, necesariamente debe considerar la naturaleza de tal resoluci�n, la cual debe constituir el producto final de la manifestaci�n de la autoridad administrativa. Dicho producto final o �ltima voluntad, suele expresarse de dos formas: a) Como �ltima resoluci�n dictada para poner fin a un procedimiento, o b) Como manifestaci�n aislada que por su naturaleza y caracter�sticas no requiere de procedimientos que le antecedan para poder reflejar la �ltima voluntad o voluntad definitiva de la administraci�n p�blica. As�, trat�ndose de resoluciones definitivas que culminan un procedimiento administrativo, las fases de dicho procedimiento o actos de naturaleza interprocedimental no podr�n considerarse �resoluciones definitivas� en obvio que �ste s�lo puede serlo el fallo con el que culmine dicho procedimiento excluy�ndose a las actuaciones instrumentales que conforman el procedimiento administrativo, entendido tal como el conjunto de actos realizados conforme a determinadas normas, que tienen unidad entre s� y buscan una finalidad que para este caso es precisamente la producci�n de la resoluci�n administrativa definitiva cuyo objeto consiste a su vez en crear efectos jur�dicos. No se generar� agravio o conflicto alguno para el gobernado en tanto la administraci�n p�blica no diga su �ltima palabra por medio de la autoridad a quien competa decidirla en el orden jur�dico correspondiente y solamente cuando la resoluci�n de que se trata adquiere esa fijeza que impide reformas o mudanzas, se dice que �causa estado�. La generaci�n de esta situaci�n �ltimamente mencionada en combinaci�n con la causaci�n de un agravio objetivo son las caracter�sticas de la resoluci�n definitiva para efectos del juicio contencioso administrativo adem�s de lo que prev� el art�culo 11 la ley org�nica antes mencionada, lo que dar� lugar al nacimiento del inter�s requerido para acudir a la v�a en comentario. Ahora bien, teniendo en cuenta lo anterior, esta Segunda Sala arriba a la convicci�n de que los requerimientos que formula el fisco federal en t�rminos del art�culo 55, fracci�n I, del Reglamento del C�digo F. de la Federaci�n a contador p�blico autorizado para dictaminar estados financieros, constituye, per se, una resoluci�n de car�cter definitivo que genera agravios objetivos tanto al contribuyente como al profesionalcontable y respecto de la cual, si se pretende su nulidad, es necesario entablar en su contra juicio contencioso administrativo de manera destacada, es decir, reclamando expresamente y por separado como �resoluci�n impugnada� el aludido requerimiento. Lo anterior es as� porque, como a continuaci�n se demostrar�, los requerimientos del fisco a contador p�blico autorizado fundados en el numeral 55, fracci�n I, del Reglamento del C�digo F. de la Federaci�n no constituyen una formalidad del procedimiento de comprobaci�n fiscal que puede culminar con la determinaci�n de un cr�dito fiscal, y por lo mismo, no pueden ser analizados en el juicio de nulidad donde exclusivamente se reclama la resoluci�n que contiene un cr�dito fiscal; el requerimiento m�s bien representa una resoluci�n definitiva que impone, al contador p�blico dictaminador, una obligaci�n fiscal en t�rminos del art�culo 11, fracci�n I, de la Ley Org�nica del Tribunal Federal de Justicia F. y Administrativa al momento que se le constri�e a cumplir irrestrictamente el requerimiento de entrega de informaci�n y documentaci�n que le fue formulado poniendo adem�s en tela de duda su labor como profesional autorizado, lo que evidentemente constituye un agravio objetivo al tratarse de un acto de molestia en los papeles y derechos del contador; y para el contribuyente relacionado con el dictamen financiero, constituye tambi�n una resoluci�n definitiva que le ocasiona un agravio gen�rico en materia fiscal identificado con la fracci�n IV del art�culo 11 de la actual Ley Org�nica del Tribunal Federal de Justicia F. y Administrativa, pues toda declaraci�n de impuestos que comprende a la rendida bajo el formato de dictamen de estados financieros, importa una manifestaci�n bajo protesta de decir verdad en el sentido de que los datos asentados en la declaraci�n son ciertos y los requerimientos de informaci�n de esta clase traen aparejada una presunci�n de duda en dicha manifestaci�n por parte de la autoridad exactora con respecto a su contenido, tan es as�, que se vuelve necesaria su corroboraci�n por parte del fisco y tal situaci�n, evidentemente que importa un agravio objetivo y una molestia a los papeles, as� como a la esfera de derechos del contribuyente en nombre de quien se dictamin�; todo lo cual provoca el nacimiento de un inter�s apto para ocurrir a la instancia contenciosa administrativa. La definitividad del requerimiento en comentario, se acent�a si se tiene presente, adem�s, que esta clase de actos administrativos se caracterizan por ser aut�nomos de los procedimientos de comprobaci�n, ya que, de ordinario, orbitan fuera de las formalidades integrantes de dicho procedimiento, y tan es as�, que un an�lisis detenido permite ubicarlos procesalmente en un momento anterior y tal vez preparatorio a los ulteriores procedimientos de comprobaci�n fiscal que pudieran seguirle, o no. ...?. De la citada resoluci�n, deriv� la tesis 2a. X/2003 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, publicada en la p�gina trescientos treinta y seis del Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, Tomo XVII, Novena �poca, correspondiente al mes de febrero de dos mil tres, la cual establece: ?TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS DEFINITIVAS. ALCANCE DEL CONCEPTO A QUE SE REFIERE EL ART�CULO 11, PRIMER P�RRAFO, DE LA LEY ORG�NICA DE DICHO TRIBUNAL. La acci�n contenciosa administrativa promovida ante el Tribunal Federal de Justicia F. y Administrativa, aun cuando s�lo requiere la afectaci�n de un inter�s, no constituye una potestad procesal contra todo acto de la administraci�n p�blica, pues se trata de un mecanismo de jurisdicci�n restringida donde la procedencia de la v�a est� condicionada a que los actos administrativos constituyan �resoluciones definitivas�, y que se encuentran mencionadas dentro de las hip�tesis de procedencia que prev� el citado art�culo 11; ahora bien, aunque este precepto establece que tendr�n car�cter de �resoluciones definitivas� las que no admitan recurso o admiti�ndolo sea optativo, es contrario a derecho determinar el alcance de la definitividad para efectos del juicio contencioso administrativo s�lo por esa expresi�n, ya que tambi�n debe considerarse la naturaleza jur�dica de la resoluci�n, sea �sta expresa o ficta, la cual debe constituir el producto final o la voluntad definitiva de la administraci�n p�blica, que suele ser de dos formas: a) como �ltima resoluci�n dictada para poner fin a un procedimiento, y b) como manifestaci�n aislada que no requiere de un procedimiento que le anteceda para poder reflejar la �ltima voluntad oficial. En ese tenor, cuando se trata de resoluciones definitivas que culminan un procedimiento administrativo, las fases de dicho procedimiento o actos de naturaleza procedimental no podr�n considerarse resoluciones definitivas, pues ese car�cter s�lo lo tendr� la �ltima decisi�n del procedimiento, y cuando se impugne �sta podr�n reclamarse tanto los vicios de procedimiento como los cometidos en el dictado de la resoluci�n; mientras que, cuando se trate de actos aislados expresos o fictos de la administraci�n p�blica ser�n definitivos en tanto contengan una determinaci�n o decisi�n cuyas caracter�sticas impidan reformas que ocasionen agravios a los gobernados.?. De la transcripci�n anterior, se destaca lo siguiente: a) La definitividad para efectos del juicio contencioso administrativo, adem�s de ponderar la atacabilidad de la resoluci�n administrativa a trav�s de recursos ordinarios en sede administrativa, necesariamente debe considerar la naturaleza de tal resoluci�n, la cual debe constituir el producto final de la manifestaci�n de la autoridad administrativa. Dicho producto final o �ltima voluntad, suele expresarse de dos formas: 1. Como �ltima resoluci�n dictada para poner fin a un procedimiento, o 2. Como manifestaci�n aislada que por su naturaleza y caracter�sticas no requiere de procedimientos que le antecedan para poder reflejar la �ltima voluntad o voluntad definitiva de la administraci�n p�blica. b) No se generar� agravio o conflicto alguno para el gobernado en tanto la administraci�n p�blica no diga su �ltima palabra por medio de la autoridad a quien competa decidirla en el orden jur�dico correspondiente. Lo anterior es aplicable al caso que nos ocupa y para arribar a la conclusi�n de que las actas de requerimiento de pago y embargo, as� como el acta de descripci�n de bienes embargados del cr�dito fiscal, materia del presente estudio, no constituyen una resoluci�n definitiva que pueda reclamarse en el juicio de nulidad, es preciso hacer una relaci�n de algunos hechos que se desprenden en el expediente fiscal como son: 1. Mediante oficio n�mero 324-SAT-21-I-2034, de fecha siete de marzo de dos mil dos, la autoridad demandada, aqu� recurrente, solicit� documentaci�n al contribuyente A.M.A., Sociedad An�nima de Capital Variable, asentando lo siguiente: ?Servicio de Administraci�n Tributaria. Administraci�n Local de Auditor�a F. de P. Sur, con sede en P. de Zaragoza, en el Estado de P.. N�m. 324-SAT-21-I-2034. AMA990924CV0. GIM2100017/02. Asunto: Se solicita la documentaci�n que se indica. P., Pue., a 7 de marzo de 2002. A.M.A., S.A. de C.V. 23 Sur 2710. Colonia Los �ngeles. P., P.. ... Esta informaci�n y documentaci�n se considera necesaria para el ejercicio de las facultades de comprobaci�n fiscal, que las disposiciones legales anteriormente invocadas le otorgan a esta autoridad, a fin de verificar el cumplimiento de las disposiciones fiscales, a que est� afecta (o) como sujeto directo, en materia de las siguientes contribuciones federales: impuesto sobre la renta, impuesto al valor agregado e impuesto al activo; y como responsable solidario, en materia de las siguientes contribuciones federales: impuesto sobre la renta e impuesto al valor agregado. Por el ejercicio comprendido del 1o. de enero de 2000 al 31 de diciembre de 2000. La informaci�n y documentaci�n que se deber� proporcionar es la siguiente: ... Esta informaci�n deber� presentarse en forma completa, correcta y oportuna, mediante escrito original y dos copias, firmado por el contribuyente o su representante legal, haciendo referencia al n�mero de este oficio, en esta Administraci�n Local de Auditor�a F. de P. Sur en el Estado de P., con domicilio en calle lateral de la recta a Cholula No. 103, E.Z., P., Pue., dentro del plazo de quince d�as contados a partir del siguiente a aquel en que se le notifique el presente oficio, de conformidad con lo previsto en el art�culo 53, inciso c), del mencionado C�digo F. de la Federaci�n. Atentamente. Sufragio Efectivo. No Reelecci�n. El administrador local de Auditor�a F. de P. Sur. C.A.D.�az R..? (fojas 124 y 125 del expediente fiscal). 2. N.icaci�n de fecha doce de marzo de dos mil dos, que se practic� a la contribuyente, actora en el juicio fiscal, de la resoluci�n descrita en el punto anterior (foja 126 del expediente de origen). 3. Por oficio n�mero 324-SAT-21-I-4-C-11053, de fecha dos de octubre de dos mil dos, la autoridad recurrente determin� el cr�dito fiscal a la parte actora, ello en virtud de que la contribuyente no present� la documentaci�n, libros o registros que le fueron requeridos mediante oficio 324-SAT-21-I-2034, relacionado en el punto uno que antecede el cual en lo que interesa menciona: ?Dependencia: Servicio de Administraci�n Tributaria. Administraci�n Local de Auditor�a F. de P. Sur. Con sede en P. de Zaragoza, en el Estado de P.. N�m. 324-SAT-21-I-4-C-11053. R.F.C. AMA990924CV0. Exp. 390.1/3. Entrega personal GIM2100017/02. Asunto: Se determina el cr�dito fiscal que se indica. P., Pue., a 2 oct. 2002. A.M.A., S.A. de C.V. 23 Sur 2710. Colonia Los �ngeles. P., P.. ... Con oficio n�mero 324-SAT-21-I-2034 del 7 de marzo de 2002, girado por el suscrito a su nombre, mismo que fue debidamente notificado previo citatorio el 12 de marzo de 2002, a la C.J.L.�n G.�lez en su car�cter de tercero y con calidad de secretaria de la contribuyente seg�n consta en el acta de notificaci�n, se le requiri� para que dentro del t�rmino de quince d�as h�biles contados a partir del d�a siguiente al de su notificaci�n, exhibiera la declaraci�n del ejercicio de que se trata, as� como diversa documentaci�n relativa a las mismas, para proceder a su revisi�n, de cuyo estudio se concluye: Considerando �nico: En virtud de que la contribuyente, no present� documentos, libros o registros que desvirtuaran las irregularidades en el oficio de observaciones n�mero 324-SAT-21-I-4-C-9508 del 5 de julio de 2002, recibido por la C.J.L.�n G.�lez en su car�cter de tercero y secretaria de la contribuyente �A.M.A., S.A. de C.V.�, previo citatorio, el d�a 15 de julio de 2002, dentro del plazo previsto en el art�culo 48, fracci�n VI, del C�digo F. de la Federaci�n vigente, no ejerciendo a su favor el derecho concedido en dicho precepto, se le tienen por no desvirtuados los hechos consignados en el mencionado oficio de observaciones; que se rese�an a continuaci�n: ...? (fojas 65 y 66 expediente fiscal). Resoluci�n respecto de la cual en la sentencia reclamada se decret� el sobreseimiento (lo cual no es materia de estudio en la presente ejecutoria). 4. Diligencia de notificaci�n de fecha dieciocho de octubre de dos mil dos, respecto del oficio transcrito en el punto inmediato anterior (foja 83 y 84 del expediente fiscal). 5. A su vez mediante oficio n�mero 325-SAT-21-I-II-1417, de fecha veinte de febrero de dos mil tres, la autoridad hacendaria design� notificadores ejecutores, para la pr�ctica de la diligencia de requerimiento de pago y embargo, as� como cualquier otra diligencia dentro del procedimiento administrativo de ejecuci�n, el cual dice lo siguiente: ?Servicio de Administraci�n Tributaria. Administraci�n General Jur�dica. Administraci�n Local Jur�dica de P. Sur, con sede en P. de Zaragoza en el Estado de P.. S.�n de N.icaci�n y Cobranza. 325-SAT-21-I-II-1417. 390.1/8. P., P., veinte de febrero de 2003. Oficio de designaci�n de los ejecutores e instrucci�n a los mismos. C.C.R. legal de A.M.A., S.A. de C.V. R.F.C. AMA 990924 CV0. Domicilio: 23 Sur 2710, colonia Los Volcanes, P., P.. Datos de la resoluci�n a ejecutar: Resoluci�n: 324-SAT-21-I-4-C-11053. Fecha de emisi�n: Dos de octubre de 2002. Autoridad emisora: Administraci�n Local de Auditor�a F. de P. Sur, con sede en P. de Zaragoza en el Estado de P.. C.L.. L.C.S.�nchez, Jes�s P.R., A.J.P.C.�s, D. L�pez D�az, J.L.O.S., Mar�a del S.C.S. y/o E.R.A.H.�ndez. Con fundamento en los art�culos 17-A, 21, 65, 145, 151 y 153 del C�digo F. de la Federaci�n, 8o. de su reglamento y 1o., 2o., 3o., 7o., fracci�n XIII, de la Ley del Servicio de Administraci�n Tributaria publicada en el Diario Oficial de la Federaci�n el 15 de diciembre de 1995, vigente a partir del 1o. de julio de 1997; 28, fracci�n II, �ltimo p�rrafo en relaci�n con el art�culo 26, fracci�n XII y 39, apartado A, tercero y octavo transitorios del Reglamento Interior del Servicio de Administraci�n Tributaria, publicado en el Diario Oficial de la Federaci�n el 22 de marzo de 2001; en vigor a partir del d�a siguiente al de su publicaci�n; as� como en los art�culos segundo, primero y tercero transitorios del acuerdo de inicio de actividades publicado en el Diario Oficial de la Federaci�n el 31 de agosto de 2000, en vigor a partir del d�a siguiente al de su publicaci�n; y art�culos segundo y primero transitorio del acuerdo por el que se se�ala el nombre, sede y circunscripci�n territorial de las unidades administrativas del Servicio de Administraci�n Tributaria, publicado en el Diario Oficial de la Federaci�n el 27 de mayo de 2002, con vigencia al d�a siguiente, modificado mediante acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federaci�n el 24 de septiembre de 2002, vigente al d�a siguiente de su publicaci�n, se les designa como notificadores ejecutores para que practiquen de manera individual o conjunta la diligencia de requerimiento de pago y embargo, as� como cualquier otra diligencia dentro del procedimiento administrativo de ejecuci�n, respecto del cr�dito fiscal exigible derivado de la resoluci�n se�alada al rubro de este oficio y que le fue notificado al contribuyente el d�a dieciocho de octubre de 2002, para que se constituyan en forma individual o conjunta en el domicilio del deudor a requerirlo de pago del importe total del cr�dito actualizado, con sus accesorios legales, as� como para recibir el pago y en el caso de que el deudor no acredite haber realizado el pago, interpuesto medio de defensa o en su caso, haber garantizado el cr�dito fiscal, procedan al embargo de bienes suficientes propiedad del contribuyente, o en su caso, de la negociaci�n y de ser necesario la ampliaci�n del embargo, para hacer efectivo el cr�dito a su cargo, con sus accesorios legales, levantando el acta correspondiente. Se le hace saber que en el supuesto de que el deudor o cualquier otra persona con quien se entienda la diligencia le impidiere materialmente el acceso al domicilio donde deba practicarse �sta o al lugar donde se encuentren los bienes a embargar, o impida la extracci�n de los mismos y en general cualquier acto tendiente a obstaculizar el desarrollo de la diligencia, siempre que el caso lo requiera, se le autoriza para solicitar el auxilio de la fuerza p�blica, para llevar cabo el procedimiento administrativo de ejecuci�n con fundamento en el art�culo 162 del C�digo F. de la Federaci�n. En caso de que la persona con quien se entienda la diligencia no abriere las puertas del inmueble que se se�ale para el embargo o en los que se presuma que existen posibles bienes susceptibles de garantizar el cr�dito, se acuerda con fundamento en el art�culo 163 del C�digo F. de la Federaci�n a autorizarlos para que ante la presencia de dos testigos sean rotas las cerraduras que fueren necesaria (sic), a efecto de que el depositario que se designe tome posesi�n del inmueble o en su caso, para que siga adelante la pr�ctica de la diligencia que se les encomienda. Atentamente. Sufragio efectivo. No reelecci�n. La Administradora Local Jur�dica de P. Sur con sede en P. de Zaragoza en el Estado de P.. L.. M�nica R.R..? (fojas 85 y 86 del expediente en cita). 6. Acta de requerimiento de pago y embargo, de fecha veintiocho de marzo de dos mil tres, misma que se�ala entre otras cosas lo siguiente: ?Servicio de Administraci�n Tributaria. Administraci�n General Jur�dica. Administraci�n Local Jur�dica de P. Sur, con sede en P. de Zaragoza en el Estado de P.. S.�n de N.icaci�n y Cobranza. Calle 13 Sur 505, planta baja, Edificio Borbolleta. Colonia Centro. C.P. 72000, P., P.. P., P. a veintiocho de marzo de 2003. Requerimiento de pago. Representante Legal de A.M., A., S.A de C.V. R.F.C. AMA-990924-CV0. 23 Sur n�mero 2710, colonia Los �ngeles, P., P.. C.P. 72440. Datos de la resoluci�n a ejecutar: Resoluci�n: 324-SAT-21-I-4-C-11053. Fecha de emisi�n: Dos de octubre de dos mil dos. Autoridad emisora: Administraci�n Local de Auditor�a F. de P. Sur, con sede en P. de Zaragoza en el Estado de P.. Fecha de notificaci�n: dieciocho de octubre de dos mil dos ... En la ciudad de P., P. a los veintiocho d�as del mes de marzo de 2003, siendo las diecis�is horas, me constitu� en el domicilio ubicado en la calle veintitr�s sur, n�mero exterior dos mil setecientos diez, n�mero interior y/o letra, colonia Los �ngeles, c�digo postal 72440 de esta ciudad ... Tambi�n se hace del conocimiento de la persona con quien se entiende esta diligencia, que tiene derecho a se�alar bienes sobre los que se trabar� el embargo que garantice el cr�dito fiscal, conforme a lo dispuesto en el art�culo 155 del C�digo F. de la Federaci�n. Apercibi�ndolo que de no se�alarlos o no respetar el orden establecido en el citado art�culo el suscrito ejecutor proceder� a se�alarlos en t�rminos del primer p�rrafo del art�culo 156 del mismo ordenamiento. 1. En este acto la persona con quien se entiende la diligencia de nombre L.M.C. manifiesta que s� se�ala bienes para el embargo, que garanticen el cr�dito fiscal, por lo que procede a se�alar como bienes materia del embargo, los siguientes: La negociaci�n en su conjunto denominada A.M., A., S.A. de C.V., con todo lo que de hecho y por derecho le corresponde. 2. En este acto la persona con quien se entiende la diligencia de nombre ... manifiesta que no se�ala bienes para el embargo, que garanticen el cr�dito fiscal, por lo que el suscrito abogado notificador ejecutor actuante, con fundamento en el art�culo 156 del C�digo F. de la Federaci�n procede a se�alar como bienes materia del embargo, los siguientes: ... El notificador ejecutor actuante, en cumplimiento al oficio de designaci�n de ejecutores e instructivo a los mimos declara embargados los bienes antes precisados ...? (fojas 17 a 21 del expediente relativo al juicio de nulidad). 7. Acta de descripci�n de bienes embargados, de fecha veintiocho de marzo de dos mil tres (foja 22 del expediente de nulidad) de la cual se desprende lo siguiente: ?Servicio de Administraci�n Tributaria. Administraci�n General Jur�dica. Administraci�n Local Jur�dica de P. Sur, con sede en P. de Zaragoza en el Estado de P.. S.�n de N.icaci�n y Cobranza. Calle 13 Sur 505 planta baja, Edificio Borbolleta. Colonia Centro. C.P. 72000, P., P.. Nombre del contribuyente A.M., A., S.A. de C.V. Documento determinante del cr�dito 324-SAT-21-I-4-C-11053. Fecha de emisi�n: 2-octubre-2002. Fecha denotificaci�n 18 de octubre de 2002. Autoridad emisora: Administraci�n Local de Auditor�a F. de P. Sur. Tipo de bienes embargados. Dinero, metales preciosos, bienes inmuebles X negociaci�n. Acciones, bonos, valores, etc. bienes inmuebles.

"?No. Descripci�n de bienes embargados.

�nico. La negociaci�n denominada A.M.A., S.A. de C.V., en su conjunto con todo lo que de hecho y por derecho le corresponde.?

Se hace notar que lo subrayado fue anotado en forma manuscrita, mientras que el resto se encuentra integrado dentro de un formato preimpreso. De lo anterior, se advierte que tiene raz�n la recurrente, para as� estimarlo es necesario transcribir el art�culo 11, fracciones I a IV, y primer p�rrafo, de la Ley Org�nica del Tribunal Federal de Justicia F. y Administrativa, que establece: ?Art�culo 11. El Tribunal Federal de Justicia F. y Administrativa conocer� de los juicios que se promuevan contra las resoluciones definitivas que se indican a continuaci�n: I. Las dictadas por autoridades fiscales federales y organismos fiscales aut�nomos, en que se determine la existencia de una obligaci�n fiscal, se fije en cantidad l�quida o se den las bases para su liquidaci�n. II. Las que nieguen la devoluci�n de un ingreso, de los regulados por el C�digo F. de la Federaci�n, indebidamente percibido por el Estado o cuya devoluci�n proceda de conformidad con las leyes fiscales. III. Las que impongan multas por infracci�n a las normas administrativas federales. IV. Las que causen un agravio en materia fiscal distinto al que se refieren las fracciones anteriores. ... Para los efectos del primer p�rrafo de este art�culo, las resoluciones se considerar�n definitivas cuando no admitan recurso administrativo o cuando la interposici�n de �ste sea optativa ...?. De la interpretaci�n de los p�rrafos del precepto transcrito, se desprende que el Tribunal Federal de Justicia F. y Administrativa conocer� de los juicios promovidos contra resoluciones definitivas. En ese sentido, debe decirse que para que los actos impugnados en la demanda de nulidad (acta de requerimiento de pago y embargo y acta de descripci�n de bienes), pudieran ser combatidos a trav�s del juicio de nulidad por ser competencia del Tribunal Federal de Justicia F. y Administrativa, es menester que cubrieran dos requisitos: 1. Que causen un agravio en materia fiscal distinto a los previstos en las fracciones I a III del precepto aludido. 2. Que se trate de resoluciones definitivas. El primero de los requisitos se encuentra cubierto, porque como acertadamente lo consider� la S.F., los actos impugnados en el juicio de nulidad causan un agravio en materia fiscal a la actora, en tanto que en ellos se ejecuta el requerimiento de pago y embargo de bienes de la empresa actora. Siendo lo anterior lo que origina da�os y perjuicios en la esfera jur�dica de la empresa embargada, pues la naturaleza del embargo restringe la libertad de disposici�n del patrimonio de la empresa contribuyente. En ese orden de ideas, es dable concluir que con el acta de requerimiento de pago y embargo, causa un agravio en materia fiscal a la negociaci�n, pues a virtud de dicho acto se somete a la autoridad de hacienda, sin que pueda disponer libremente del total de sus bienes, incluso esto, puede concluir en que se proceda a enajenar los bienes embargados; por lo que es inconcuso que dicho requerimiento de pago y embargo de bienes causa un agravio en materia fiscal a la demandante, quien durante todo el tiempo que est� impuesto el embargo de bienes, estar� impedida para disponer libremente del total de sus bienes. Sin embargo, el segundo de los requisitos antes aludidos no se encuentra cubierto, porque los actos impugnados a que alude la recurrente no constituyen resoluciones definitivas, siendo que, como se vio, para la procedencia del juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia F. y Administrativa es requisito sine qua non que la resoluci�n impugnada sea una resoluci�n definitiva. Cabe ponderar, que la materia de estudio en los juicios contenciosos administrativos ante el Tribunal Federal de Justicia F. y Administrativa, no est� abierta en posibilidades a todo acto de autoridad administrativa, sino que se trata de un juicio de jurisdicci�n restringida donde la procedencia de la v�a se encuentra condicionada a que se interponga invariablemente en contra de actos de la administraci�n p�blica federal que posean la caracter�stica de ser resoluciones administrativas definitivas y, que se encuentren mencionadas dentro de las hip�tesis de procedencia expresas de asuntos que son de la competencia del referido tribunal administrativo. En ese sentido, debe decirse que el segundo p�rrafo del art�culo 11 de la Ley Org�nica del Tribunal Federal de Justicia F. y Administrativa, establece lo que debe entenderse por resoluci�n definitiva, al precisar que ser� tal aquella en contra de la cual no proceda recurso alguno o cuando la interposici�n de �ste sea optativa. Ahora bien, visto de esa manera podr�a considerarse que en contra de los actos impugnados a que se refiere la recurrente, s� es procedente el juicio de nulidad, porque conforme al art�culo 117, fracci�n II, inciso b), del C�digo F. de la Federaci�n, procede en su contra el recurso de revocaci�n y �ste, en t�rminos del art�culo 120, p�rrafo primero, de dicho ordenamiento, es optativo para el interesado antes de acudir al Tribunal Federal de Justicia F. y Administrativa. Sin embargo, ello no es as�, porque el alcance de definitividad de una resoluci�n para efectos del juicio de nulidad, no puede derivar tan s�lo de la circunstancia de que en contra de ellas no proceda recurso alguno o su interposici�n sea optativa al juicio fiscal; toda vez que la definitividad para efectos del juicio de nulidad, adem�s de ponderar la atacabilidad de la resoluci�n administrativa a trav�s de recursos ordinarios en sede administrativa, necesariamente debe considerar la naturaleza de tal resoluci�n, la cual debe constituir el producto final de la manifestaci�n de la autoridad administrativa, como se dej� adelantado anteriormente, es decir, como �ltima resoluci�n dictada para poner fin a un procedimiento o como manifestaci�n aislada que por su naturaleza no requiere de procedimientos que le antecedan. En ese sentido, debe decirse que tiene raz�n la recurrente al argumentar que el juicio de nulidad es improcedente, porque el acta de requerimiento de pago y embargo, as� como el acta de descripci�n de bienes embargados, que impugn� la actora no tienen el car�cter de definitivas. Resoluciones que por su propia naturaleza, no pueden constituir resoluciones definitivas, porque se emitieron dentro del procedimiento administrativo de ejecuci�n, procedimiento en el cual se busca hacer efectivo un cr�dito fiscal, es decir, no se trata de la resoluci�n que haya puesto fin al procedimiento administrativo. Cabe precisar que el procedimiento administrativo de ejecuci�n es la actividad administrativa que desarrolla el Estado para hacer efectivos en v�a de ejecuci�n forzosa los cr�ditos fiscales a su favor, tambi�n conocido como facultad econ�mico-coactiva, regulado en los art�culos 145 a 196 del C�digo F. de la Federaci�n, de los cuales se desprende que dicho procedimiento, se desarrolla mediante una serie de actos que tienen su inicial orientaci�n en lo que dispone el art�culo 145 del C�digo F. Federal, en cuanto a que las autoridades fiscales exigir�n el pago de los cr�ditos fiscales que no hubieren sido cubiertos o garantizados dentro de los plazos se�alados por la ley, mediante el procedimiento administrativo de ejecuci�n. Para ello, a partir de la fecha de exigibilidad del cr�dito fiscal el ejecutor designado por el jefe de la oficina exactora puede constituirse en el domicilio del deudor para practicar la diligencia de requerimiento de pago y, en el supuesto de no hacerlo en el acto, se proceder� al embargo de bienes suficientes para, en su caso, rematarlos o enajenarlos fuera de subasta o adjudicarlos en favor del fisco, o bien el embargo de negociaciones con todo lo que de hecho y por derecho les corresponda, a fin de obtener, mediante la intervenci�n de ellas, los ingresos necesarios que permitan satisfacer el cr�dito fiscal y los accesorios legales. En los invocados art�culos se establece tambi�n que una vez trabado el embargo se proceder� a la enajenaci�n de los bienes, para lo cual debe fijarse la base para su enajenaci�n, mediante los aval�os tanto de la autoridad exactora como del obligado y, en ciertos casos, el valor que fijen de com�n acuerdo la autoridad y el embargado en un plazo determinado; estableci�ndose tambi�n lo conducente para la convocatoria para el remate, la postura legal, las formalidades que deben observarse para realizar el remate, la procedencia de segunda almoneda, la venta fuera de subasta, la adjudicaci�n al fisco, entre otros actos posteriores. En conclusi�n, el procedimiento administrativo de ejecuci�n es un conjunto de actos concatenados por medio de los cuales se pretende la obtenci�n, por v�a coactiva, del cr�dito fiscal debido por el deudor, es decir, en el procedimiento administrativo de ejecuci�n existe una serie coherente y concordante de actos tendientes a la obtenci�n ejecutiva del cumplimiento de una obligaci�n con base en una liquidaci�n firme. Conforme a lo establecido, debe decirse que si el acta de requerimiento de pago y embargo y el acta de descripci�n de bienes, impugnadas en el juicio de nulidad, fueron emitidas durante el procedimiento administrativo de ejecuci�n, como actos dentro del procedimiento, que por s� mismas no ponen fin al mismo, es evidente que no constituyen resoluciones definitivas, lo que implica que el juicio fiscal, como acertadamente lo alega la recurrente, sea improcedente; pues al tratarse de actos administrativos dictados dentro de un procedimiento de ejecuci�n fiscal, s�lo procede el juicio de nulidad en contra de la resoluci�n con que culmina dicho procedimiento, pudi�ndose reclamar v�lidamente, en tal oportunidad, todas las violaciones cometidas dentro de dicho procedimiento, pues considerar lo contrario, equivaldr�a a estimar que es procedente el juicio de nulidad contra cada uno de los actos procesales de modo aislado, por no proceder en su contra recurso alguno o ser optativa su interposici�n, lo que desde luego obstaculizar�a injustificadamente la secuencia ejecutiva. En este orden de ideas, al resultar sustancialmente fundado el agravio que hizo valer la recurrente, lo procedente es revocar la sentencia recurrida, para que la Primera Sala Regional de Oriente del Tribunal Federal de Justicia F. y Administrativa, deje insubsistente la resoluci�n reclamada y, en su lugar emita otra en la que reitere el tercer considerando, inciso a) donde resolvi� sobreseer el juicio respecto del oficio 324-SAT-21-I-4-C-11053, de fecha dos de octubre de dos mil dos, que contiene la resoluci�n determinante del cr�dito fiscal y con base en los lineamientos de esta ejecutoria, declare fundados los argumentos vertidos por la autoridad demandada, decretando que el juicio de nulidad es improcedente respecto del acto impugnado consistente en el acta de requerimiento de pago y embargo, as� como el acta de descripci�n de bienes embargados y, por ende, decrete el sobreseimiento por cuanto hace a las mismas. Cabe se�alar que el criterio que aqu� se sostuvo, es aplicable al caso como el de la especie, en el que la Sala sobresey� respecto la resoluci�n determinante, pero no es aplicable para los casos en que el contribuyente exprese desconocer la resoluci�n determinante del cr�dito fiscal y no se demuestre lo contrario en autos. Y si bien, en el caso la contribuyente adujo en el juicio de nulidad desconocer el cr�dito; sin embargo, se demostr� lo contrario y en el juicio de amparo relacionado no se combate tal aspecto. Visto el resultado a que se lleg� se hace innecesario que este tribunal aborde el estudio del segundo agravio planteado por la recurrente en que alega cuestiones relacionadas con el fondo del asunto. Como apoyo de lo anterior, por analog�a se cita la jurisprudencia que sostuvo la entonces Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, visible en la p�gina ciento trece del Tomo VI, Materia Com�n, del Ap�ndice al Semanario Judicial de la Federaci�n 1917-1995, que dice: ?CONCEPTO DE VIOLACI�N. CUANDO SU ESTUDIO ES INNECESARIO. Si el amparo que se concede por uno de los cap�tulos de queja, trae por consecuencia que se nulifiquen los otros actos que se reclaman, es in�til decidir sobre �stos.?.

Debe hacerse el se�alamiento que el criterio anterior, denunciado como contradictorio con el sustentado por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, dio lugar a la tesis aislada VI.3o.A.220 A (ahora jurisprudencia VI.3o.A. J/45) publicada en la Novena �poca del Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, T.X., marzo de 2005 en la p�gina 1194, cuyos rubro y texto son los siguientes:

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCI�N. EL JUICIO DE NULIDAD FISCAL CONTRA SUS ACTOS RESULTA IMPROCEDENTE SI NO SE ENDEREZA CONTRA LA RESOLUCI�N CON QUE CULMINA. De la ejecutoria que inspira la tesis 2a. X/2003 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, publicada en la p�gina trescientos treinta y seis del Tomo XVII, febrero de dos mil tres, de la Novena �poca del Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, de rubro: ?TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. �RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS DEFINITIVAS�. ALCANCE DEL CONCEPTO A QUE SE REFIERE EL ART�CULO 11, PRIMER P�RRAFO, DE LA LEY ORG�NICA DE DICHO TRIBUNAL.?, se desprende que la definitividad para efectos del juicio contencioso administrativo, adem�s de ponderar la atacabilidad de la resoluci�n administrativa a trav�s de recursos ordinarios en sede administrativa, necesariamente debe considerar la naturaleza de tal resoluci�n, la cual debe constituir el producto final de la manifestaci�n de la autoridad administrativa y que no se generar� agravio o conflicto alguno para el gobernado mientras la administraci�n p�blica no diga su �ltima palabra por medio de la autoridad a quien competa decidirla en el orden jur�dico correspondiente. Ahora bien, el procedimiento administrativo de ejecuci�n es la actividad que desarrolla el Estado para hacer efectivos los cr�ditos fiscales a su favor, el cual se encuentra regulado en los art�culos 145 a 196-B del C�digo F. de la Federaci�n, que se desenvuelve mediante una serie de actos que tienen su inicial orientaci�n en lo que dispone el art�culo 145 del apuntado ordenamiento, es decir, en el procedimiento administrativo de ejecuci�n existe una serie coherente y concordante de actos tendentes a la obtenci�n ejecutiva del cumplimiento de una obligaci�n con base en una liquidaci�n firme. As� las cosas, los actos emitidos durante el procedimiento administrativo de ejecuci�n, como actos que no ponen fin al mismo, no constituyen resoluciones definitivas, lo que implica que el juicio fiscal sea improcedente, en tanto que al tratarse de actos dictados dentro de un procedimiento de ejecuci�n s�lo procede el juicio de nulidad en contra de la resoluci�n con que culmina, en el entendido de que podr�n reclamarse v�lidamente, en tal oportunidad, todas las violaciones cometidas dentro de dicho procedimiento. Considerar lo contrario equivaldr�a a estimar que es procedente el juicio de nulidad contra cada uno de los actos procesales de modo aislado, por no proceder en su contra recurso alguno o ser optativa su interposici�n, lo que desde luego obstaculizar�a injustificadamente la secuencia ejecutiva. Sin embargo, cabe se�alar que este criterio no es aplicable para los casos en que el contribuyente en su demanda de nulidad exprese desconocer la resoluci�n determinante del cr�dito fiscal que se le pretende cobrar, porque en este supuesto se impugna el procedimiento ejecutivo iniciado fundamentalmente por referirse a un tributo cuya existencia se ignoraba.

QUINTO

Atendiendo a lo anterior, corresponde ahora verificar, previamente, si en el caso existe o no la contradicci�n denunciada entre los criterios sustentados por los Tribunales Colegiados Primero y Tercero, ambos en Materia Administrativa del mismo circuito.

Para ello, es necesario tener presente que la contradicci�n de tesis se presenta cuando los Tribunales Colegiados contendientes, al resolver los negocios jur�dicos que generan la denuncia, examinan cuestiones jur�dicamente iguales, adoptando posiciones o criterios jur�dicos discrepantes y, adem�s, que esta diferencia se presente en las consideraciones, en los razonamientos o en la interpretaci�n jur�dicas de las sentencias respectivas; requiri�ndose, asimismo, que los criterios provengan del examen de elementos esencialmente id�nticos.

Es aplicable la jurisprudencia n�mero 22/92 de la extinta Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, Octava �poca, N�mero 58, octubre de 1992, p�gina 22 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federaci�n, que enseguida se transcribe:

CONTRADICCI�N DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA. De conformidad con lo que establecen los art�culos 107, fracci�n XIII, primer p�rrafo de la Constituci�n Federal y 197-A de la Ley de Amparo, cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, o de la Sala que corresponda deben decidir cu�l tesis ha de prevalecer. Ahora bien, se entiende que existen tesis contradictorias cuando concurren los siguientes supuestos: a) Que al resolver los negocios jur�dicos se examinen cuestiones jur�dicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jur�dicos discrepantes; b) Que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jur�dicas de las sentencias respectivas; y c) Que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos.

De igual manera, cobra vigencia al respecto la jurisprudencia n�mero P./J. 26/2001 sustentada por el Pleno de este M�ximo Tribunal de la Naci�n, la cual se transcribe a continuaci�n, cuyos datos de localizaci�n, rubro y texto son los siguientes:

"Novena �poca

"Instancia: Pleno

"Fuente: Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta

"Tomo: XIII, abril de 2001

"Tesis: P./J. 26/2001

"P�gina: 76

"CONTRADICCI�N DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA. De conformidad con lo que establecen los art�culos 107, fracci�n XIII, primer p�rrafo, de la Constituci�n Federal y 197-A de la Ley de Amparo, cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n o la Sala que corresponda deben decidir cu�l tesis ha de prevalecer. Ahora bien, se entiende que existen tesis contradictorias cuando concurren los siguientes supuestos: a) que al resolver los negocios jur�dicos se examinen cuestiones jur�dicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jur�dicos discrepantes; b) que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jur�dicas de las sentencias respectivas; y, c) que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos."

SEXTO

Precisado lo anterior, para decidir sobre la existencia o inexistencia de la contradicci�n denunciada, primeramente se debe realizar un extracto de las consideraciones fundamentales en que se apoyaron los fallos sujetos a examen.

  1. El Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, al resolver las revisiones fiscales 92/2004 y 170/2004, lleg� a la conclusi�n de que las diligencias de mandamiento de ejecuci�n, requerimiento de pago y embargo, s� constituyen actos definitivosimpugnables ante el Tribunal Federal de Justicia F. y Administrativa; para ello se apoy� en las consideraciones legales que se sintetizan a continuaci�n.

    1. Que es infundado el tercer agravio hecho valer por la recurrente (autoridad fiscal), en el que la inconforme aleg� que la sentencia recurrida es violatoria de los art�culos 202, fracci�n II, 203, fracci�n II, 236 y 237 del C�digo F. de la Federaci�n, ya que la S.F. perdi� de vista que los actos del procedimiento administrativo de ejecuci�n no son resoluciones definitivas dictadas por una autoridad fiscal que pueda ser impugnada en el juicio de nulidad, ni tampoco encuadran en ninguna de las hip�tesis contempladas por el art�culo 11 de la Ley Org�nica del Tribunal Federal de Justicia F. y Administrativa, por lo que no afectan los intereses jur�dicos del demandante.

    2. Que lo anterior tiene sustento en que la S.F., al analizar la causal de improcedencia y sobreseimiento hecha valer por las autoridades demandadas, estim� en el cuarto considerando de la sentencia recurrida que el mandamiento de ejecuci�n de requerimiento de pago y embargo s� es una resoluci�n definitiva, toda vez que es una resoluci�n emitida por una autoridad fiscal que causa un agravio a la parte actora, por lo que s� es de la competencia de este tribunal, adem�s, en t�rminos de los art�culos 117 y 120 del C�digo F. de la Federaci�n, se desprende que el recurso es procedente trat�ndose de los actos de las autoridades fiscales que se dicten en el procedimiento administrativo de ejecuci�n cuando se alegue que no se ajust� a la ley y en el procedimiento administrativo de ejecuci�n se encuentran entre otros actos los mandamientos administrativos de ejecuci�n, como lo son el requerimiento de pago y el embargo, de conformidad con el art�culo 144 del C�digo F. de la Federaci�n.

    3. Que adem�s en el art�culo 120 del C�digo F. de la Federaci�n se indica que la interposici�n del recurso de revocaci�n ser� optativo para el interesado antes de acudir al Tribunal Federal de Justicia F. y Administrativa, por lo que tal precepto da la opci�n para que se promueva el juicio de nulidad o el recurso de revocaci�n, respecto de los actos que se dicten en el procedimiento administrativo de ejecuci�n y al haber interpuesto el actor entre otras resoluciones las consistentes en el mandamiento de ejecuci�n de requerimiento de pago y embargo, emitido por la S.�n Local de P. Sur, dichos actos son competencia del Tribunal Federal de Justicia F. y Administrativa, ya que las resoluciones combatidas son definitivas y competencia de tal tribunal, por haber sido emitidas por una autoridad fiscal y causan un agravio fiscal distinto al que se refieren las fracciones I, II y III del art�culo 11 de la Ley Org�nica del Tribunal Federal de Justicia F. y Administrativa, por lo que es infundada la causal de improcedencia hecha valer.

    4. El Tribunal Colegiado de Circuito a que se alude estim� que las consideraciones legales en que se apoy� la Sala del Tribunal Federal de Justicia F. y Administrativa fue correcta, en virtud de que contrariamente a lo alegado por la autoridad recurrente las diligencias de mandamiento de ejecuci�n, requerimiento de pago y embargo, s� constituyen actos definitivos impugnables ante el Tribunal Federal de Justicia F. y Administrativa, en atenci�n a que fueron dictados dentro del procedimiento de ejecuci�n llevado a cabo por una autoridad administrativa, como lo es la Administraci�n Local de Recaudaci�n de P. Sur, de lo que se sigue que si como lo destac� la S.F. al analizar la causa de improcedencia que se hizo valer en su contra, los actos aludidos s� pueden combatirse a trav�s del recurso de revocaci�n previsto en el art�culo 117 del C�digo F. de la Federaci�n, en cuya fracci�n II, inciso b), se dispone que esa clase de actos dictados dentro del procedimiento administrativo de ejecuci�n pueden ser combatidos mediante la interposici�n de tal medio de defensa, tomando en cuenta que en t�rminos del art�culo 120 del mencionado c�digo tributario, su interposici�n es optativa, por lo que la S.F. s� puede conocer acerca de su legalidad, por tratarse precisamente de actos dictados dentro del procedimiento administrativo que tienen el car�cter de definitivos conforme a lo dispuesto por el art�culo 11 de la Ley Org�nica del Tribunal Federal de Justicia F. y Administrativa.

    5. Que si bien es cierto que en tales actos no se determina la existencia de una obligaci�n fiscal en cantidad l�quida o se dan las bases para su liquidaci�n, ni se trata de resoluciones que nieguen devoluciones o un ingreso indebidamente percibido por el Estado, tambi�n lo es que al ser actos definitivos inherentes al procedimiento administrativo de ejecuci�n, por el cual se hace efectivo un cr�dito fiscal, s� existe una afectaci�n jur�dica a los intereses del demandante, pues con ellos se causa al actor un agravio en materia fiscal diferente de la determinaci�n del cr�dito en s� misma, por lo que tales actos son susceptibles de impugnarse a trav�s del juicio de nulidad.

    6. Que no obsta para arribar a la anterior conclusi�n que la inconforme haya alegado que no se hizo valer el recurso de revocaci�n, ya que tal medio de impugnaci�n es optativo.

    7. De igual manera, no pasa inadvertido lo manifestado por la recurrente respecto de que el procedimiento administrativo de ejecuci�n es un conjunto de actos concatenados entre s�, por medio de los cuales se pretende la obtenci�n, por v�a coactiva, del cr�dito fiscal: en funci�n de que precisamente al tratarse de un procedimiento, los actos llevados a cabo dentro del mismo son independientes unos de otros y, por tanto, para los efectos del juicio fiscal, definitivos en cuanto a sus consecuencias jur�dicas, sin que al respecto le beneficie a la recurrente la jurisprudencia 17/98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, ya que tal jurisprudencia se refiere propiamente a la impugnaci�n de actos aislados dentro del procedimiento administrativo de ejecuci�n a trav�s del juicio de amparo indirecto, antes de que se apruebe o desapruebe el remate, y no cuando en contra del mandamiento de ejecuci�n, requerimiento de pago y embargo, como actos dictados dentro del procedimiento administrativo de ejecuci�n, se interpone el juicio de nulidad, como acontece en la especie.

  2. Por el contrario, el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, al dictar las ejecutorias vinculadas con la revisiones fiscales 111/2004 y 164/2004, arrib� a la conclusi�n de que las actas de requerimiento de pago, embargo y el acta de descripci�n de los bienes embargados no son impugnables a trav�s del juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia F. y Administrativa, ya que tales actos por s� mismos no ponen fin al procedimiento administrativo de ejecuci�n, dado que no constituyen resoluciones definitivas y el juicio de nulidad procede �nica y exclusivamente en contra de la resoluci�n con que culmina dicho procedimiento.

    El Tribunal Colegiado de referencia para llegar a la conclusi�n aludida se apoy� fundamentalmente en las consideraciones que se sintetizan a continuaci�n.

    1. Que es de estudio prioritario el agravio expresado por la autoridad recurrente, en el que se adujo violaci�n a lo previsto en el art�culo 202, fracci�n XIV, del C�digo F. de la Federaci�n, toda vez que la S.F. desestim� la segunda causal de improcedencia que hizo valer, consistente en que los actos impugnados consistentes en las diligencias de requerimiento de pago y embargo fueron emitidas dentro del procedimiento administrativo de ejecuci�n, el cual se va emitiendo por etapas hasta su culminaci�n, por lo que el particular debe esperar hasta que culmine el mismo y contra el �ltimo acto podr� hacer lo que a su derecho convenga en contra de todo el procedimiento.

    2. Que si bien es cierto que los actos impugnados en el juicio de que se trata pudieran ocasionar alg�n perjuicio al particular, lo cierto es que para que proceda �ste es necesario que se trate de la resoluci�n definitiva.

    3. Que la recurrente tambi�n adujo que la Sala responsable omiti� hacer pronunciamiento en relaci�n con el se�alamiento que hizo en relaci�n con el primer p�rrafo del art�culo 11 de la Ley Org�nica del Tribunal Federal de Justicia F. y Administrativa, en el cual se se�ala que tal tribunal s�lo conocer� de los juicios que se promuevan en contra de las resoluciones definitivas que se indican en sus diferentes fracciones.

    4. Que la sentencia recurrida es contraria a derecho, ya que se limita a manifestar que las resoluciones impugnadas en el presente juicio encuadran en la fracci�n II del art�culo 117 del C�digo F. de la Federaci�n, y que, por tanto, la demandante se encontraba en condiciones de impugnar dicho acto en el recurso de revocaci�n, como en el juicio de nulidad; sin embargo, en el primer p�rrafo del art�culo 11 de la ley org�nica antes referida, se establece como condicionante que las resoluciones sean definitivas, lo cual no acontece en la especie, ya que los actos impugnados en el juicio de nulidad son relativos al procedimiento administrativo de ejecuci�n, y no es la resoluci�n que pone fin a dicho procedimiento la que se impugna.

    5. Que tambi�n se esgrimi� que el hecho de que la emisi�n de los actos que se pretenden nulificar pudieran o no causar alg�n perjuicio a la parte actora no es raz�n suficiente para considerar procedente el juicio de nulidad.

    6. Que los razonamientos de la recurrente tienden a justificar que el acto impugnado ante la S.F. no puede ser materia de an�lisis en el juicio de nulidad, por no constituir una resoluci�n definitiva que afecte la esfera jur�dica del contribuyente.

    7. Que para resolver el problema planteado se debe hacer referencia a lo que debe entenderse por resoluci�n definitiva impugnable en el juicio de nulidad, para lo que es ilustrativa la ejecutoria emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n al resolver la contradicci�n de tesis 79/2002-SS, de la cual deriv� la tesis aislada 2a. X/2003, de rubro: "TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. ?RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS DEFINITIVAS?. ALCANCE DEL CONCEPTO A QUE SE REFIERE EL ART�CULO 11, PRIMER P�RRAFO, DE LA LEY ORG�NICA DE DICHO TRIBUNAL.", que de tal ejecutoria se destaca lo siguiente: a) La definitividad para efectos del juicio contencioso administrativo, adem�s de ponderar la atacabilidad de la resoluci�n administrativa a trav�s de recursos ordinarios en sede administrativa, necesariamente debe considerar la naturaleza de tal resoluci�n, la cual debe constituir el producto final de la manifestaci�n de la autoridad administrativa. Dicho producto final o �ltima voluntad suele expresarse de dos formas: 1. Como �ltima resoluci�n dictada para poner fin a un procedimiento, o 2. Como manifestaci�n aislada que por su naturaleza y caracter�sticas no requiere de procedimientos que le antecedan para poder reflejar la �ltima voluntad o voluntad definitiva de la administraci�n p�blica. b) No se generar� agravio o conflicto alguno para el gobernado en tanto la administraci�n p�blica no diga su �ltima palabra por medio de la autoridad a quien competa decidirla en el orden jur�dico correspondiente. Lo anterior es aplicable al caso que nos ocupa y para arribar a la conclusi�n de que las actas de requerimiento de pago y embargo, as� como el acta de descripci�n de bienes embargados del cr�dito fiscal, materia del presente estudio, no constituyen una resoluci�n definitiva que pueda reclamarse en el juicio de nulidad.

    8. Que conforme a lo anterior la recurrente tiene raz�n en el sentido de que el Tribunal Federal de Justicia F. y Administrativa conocer� de los juicios promovidos contra resoluciones definitivas y que los actos impugnados en la demanda de nulidad de que se trata (acta de requerimiento de pago y embargo y acta de descripci�n de los bienes embargados), para que pudieran ser impugnados a trav�s de juicio de nulidad era necesario que cubrieran dos requisitos: 1. Que causen un agravio en materia fiscal distinto a los previstos en las fracciones I a III del art�culo 11 de la Ley Org�nica del Tribunal Federal de Justicia F. y Administrativa. 2. Que se trate de una resoluci�n definitiva.

    9. Que el primero de los requisitos se encuentra cubierto, porque los actos impugnados causan un agravio en materia fiscal a la parte actora, en tanto que en ellos se ejecuta el requerimiento de pago y embargo de bienes a la empresa actora. Que es lo que origina da�os y perjuicios en la esfera jur�dica de la empresa embargada, ya que se restringe la libertad de disposici�n del patrimonio de la empresa contribuyente. Sin embargo, el segundo de los requisitos antes citados no se encuentra cubierto, porque los actos impugnados no constituyen resoluciones definitivas.

    10. Que cabe ponderar que la materia de estudio en los juicios contenciosos administrativos ante el Tribunal Federal de Justicia F. y Administrativa, no est� abierta en posibilidades a todo acto de autoridad administrativa, sino que se trata de un juicio de jurisdicci�n restringida donde la procedencia de la v�a se encuentra condicionada a que se interponga en contra de actos de la administraci�n p�blica federal que posean la caracter�stica de ser resoluciones administrativas definitivas y que se encuentren mencionadas dentro de las hip�tesis de procedencia expresas de asuntos competencia del referido tribunal administrativo.

    11. Que en el caso de que se trata tiene raz�n la recurrente al argumentar que el acta de requerimiento de pago y embargo, que impugn� la actora, no tiene el car�cter de definitiva, ya que el procedimiento administrativo de ejecuci�n es la actividad administrativa que desarrolla el Estado para hacer efectivos, en v�a de ejecuci�n forzosa, los cr�ditos fiscales a su favor, tambi�n conocido como facultad econ�mico-coactiva regulado en los art�culos 145 a 196 del C�digo F. de la Federaci�n, de los cuales se desprende que dicho procedimiento se desarrolla mediante una serie de actos que tienen su inicial orientaci�n en lo que dispone el art�culo 145 del C�digo F. de la Federaci�n, en cuanto que las autoridades fiscales exigir�n el pago de los cr�ditos fiscales que no hubieren sido cubiertos o garantizados dentro del plazo se�alado por la ley, mediante el procedimiento administrativo de ejecuci�n. Que para ello, a partir de la fecha de exigibilidad del cr�dito el ejecutor designado puede constituirse en el domicilio del deudor para practicar la diligencia de requerimiento de pago y en el supuesto de no hacerlo en el acto, se proceder� al embargo de bienes suficientes para, en su caso, rematarlos o enajenarlos fuera de subasta o adjudicarlos a favor del fisco, o bien, el embargo de negociaciones con todo lo que de hecho y por derecho les corresponda, a fin de obtener, mediante la intervenci�n de ellas, los ingresos necesarios que permitan satisfacer el cr�dito fiscal y los accesorios legales.

    12. Que en conclusi�n, el procedimiento administrativo de ejecuci�n es un conjunto de actos concatenados por medio de los cuales se pretende la obtenci�n, por v�a coactiva, del cr�dito fiscal debido por el deudor, es decir, en el procedimiento administrativo de ejecuci�n existe una serie coherente y concordante de actos tendientes a la obtenci�n ejecutiva del cumplimiento de una obligaci�n con base en una liquidaci�n firme y conforme a ello el acto de requerimiento de pago y embargo y el acta de descripci�n de bienes, impugnados en el juicio de nulidad, fueron emitidos durante el procedimiento administrativo de ejecuci�n, como actos dentro del procedimiento, que por s� solos no ponen fin al mismo, lo que implica que en contra de tales actos resulta improcedente el juicio de nulidad, ya que �ste procede �nica y exclusivamente en contra de la resoluci�n con que culmina dicho procedimiento, pudi�ndose reclamar v�lidamente, en tal oportunidad, todas las violaciones cometidas dentro del procedimiento.

    De las consideraciones anteriores se puede advertir con meridiana claridad que los criterios sustentados por los Tribunales Colegiados Primero y Tercero, ambos en Materia Administrativa del Sexto Circuito, s� son contradictorios, pues en la medida que el primero sostiene que la diligencia de requerimiento de pago, embargo y acta de bienes embargados es susceptible de impugnarse a trav�s del juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia F. y Administrativa, el segundo de ellos de manera opuesta sustenta el criterio de que tal juicio de nulidad resulta improcedente, ya que tales actos no tienen el car�cter de definitivos, ya que al tratarse de actos administrativos dictados dentro de un procedimiento de ejecuci�n fiscal s�lo procede el juicio de nulidad en contra de la resoluci�n con que culmina dicho procedimiento.

    Atento a lo anterior se arriba a la conclusi�n de que s� se actualiza la contradicci�n de tesis denunciada, puesto que no obstante que los tribunales contendientes al resolver las revisiones fiscales sometidas a su potestad examinaron el mismo cuestionamiento jur�dico, adoptaron criterios diametralmente opuestos, dado que lo afirmado por uno fue negado por el otro, ya que, como se ha mencionado, en tanto que el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito afirm� que resulta procedente el juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia F. y Administrativa en contra de la diligencia de requerimiento de pago, embargo y acta de descripci�n de los bienes embargados, el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del propio Sexto Circuito neg� tal afirmaci�n, bajo el argumento de que tales actos no son impugnables a trav�s del juicio de nulidad, en virtud de que no constituyen resoluciones definitivas y que el juicio de nulidad solamente procede en el procedimiento administrativo de ejecuci�n en contra de la resoluci�n con que culmina tal procedimiento; la diferencia de criterios se present� en las consideraciones jur�dicas de las sentencias emitidas por los Tribunales Colegiados contendientes y, adem�s, los criterios opuestos provienen del examen de los mismos elementos.

    De lo anterior se evidencia que el tema a dilucidar consiste en determinar si la diligencia de requerimiento de pago, embargo y el acta de descripci�n de bienes embargados, dentro del procedimiento administrativo de ejecuci�n, son susceptibles de impugnarse a trav�s del juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia F. y Administrativa, o bien, si tales actos por emitirse durante el procedimiento administrativo de ejecuci�n, como actos dentro del procedimiento, solamente pueden ser impugnados hasta el momento en que sea emitida la resoluci�n con la que culmine tal procedimiento, resultando de esa manera improcedente el juicio de nulidad que se promueva en contra de tales actos.

S�PTIMO

Ahora bien, delimitado el tema materia de contradicci�n, lo que procede es determinar cu�l es el criterio que debe prevalecer con car�cter de jurisprudencia, en t�rminos del art�culo 192 de la Ley de Amparo.

Como se ver� a continuaci�n, el criterio que debe prevalecer con car�cter de jurisprudencia es el sustentado por esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n.

Se debe recordar que el tema de contradicci�n consiste en determinar si la diligencia de requerimiento de pago, embargo y el acta de descripci�n de bienes embargados, dentro del procedimiento administrativo de ejecuci�n, son susceptibles de impugnarse a trav�s del juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia F. y Administrativa, o bien, si tales actos por emitirse durante el procedimiento administrativo de ejecuci�n, como actos dentro del procedimiento, solamente pueden ser impugnados hasta el momento en que seaemitida la resoluci�n con la que culmine tal procedimiento, resultando de esa manera improcedente el juicio de nulidad que se promueva en contra de actos de tal naturaleza.

Debe precisarse que el procedimiento administrativo de ejecuci�n se encuentra regulado en el t�tulo quinto, cap�tulo III, del C�digo F. de la Federaci�n, es decir en los art�culos del 145 al 196-B, los cuales son del tenor siguiente:

"Cap�tulo III

"Del procedimiento administrativo de ejecuci�n

"S.�n primera

"Disposiciones generales

(Reformado, D.O.F. 29 de diciembre de 1997)

"Art�culo 145. Las autoridades fiscales exigir�n el pago de los cr�ditos fiscales que no hubieren sido cubiertos o garantizados dentro de los plazos se�alados por la ley, mediante el procedimiento administrativo de ejecuci�n.

"Se podr� practicar embargo precautorio, sobre los bienes o la negociaci�n del contribuyente, para asegurar el inter�s fiscal, cuando:

"I. El contribuyente se oponga u obstaculice la iniciaci�n o desarrollo de las facultades de comprobaci�n de las autoridades fiscales o no se pueda notificar su inicio por haber desaparecido o por ignorarse su domicilio.

"II. Despu�s de iniciadas las facultades de comprobaci�n, el contribuyente desaparezca o exista riesgo inminente de que oculte, enajene o dilapide sus bienes.

"III. El contribuyente se niegue a proporcionar la contabilidad que acredite el cumplimiento de las disposiciones fiscales, a que se est� obligado.

"IV. El cr�dito fiscal no sea exigible pero haya sido determinado por el contribuyente o por la autoridad en el ejercicio de sus facultades de comprobaci�n, cuando a juicio de �sta exista peligro inminente de que el obligado realice cualquier maniobra tendiente a evadir su cumplimiento. En este caso, la autoridad trabar� el embargo precautorio hasta por un monto equivalente al de la contribuci�n o contribuciones determinadas, incluyendo sus accesorios. Si el pago se hiciera dentro de los plazos legales, el contribuyente no estar� obligado a cubrir los gastos que origine la diligencia y se levantar� el embargo.

(Adicionada, D.O.F. 31 de diciembre de 1998)

"V. Se realicen visitas a contribuyentes con locales, puestos fijos o semifijos en la v�a p�blica y dichos contribuyentes no puedan demostrar que se encuentran inscritos en el registro federal de contribuyentes, ni exhibir los comprobantes que amparen la legal posesi�n o propiedad de las mercanc�as que vendan en esos lugares. Una vez inscrito el contribuyente en el citado registro y acreditada la posesi�n o propiedad de la mercanc�a, se levantar� el embargo trabado.

"La autoridad que practique el embargo precautorio levantar� acta circunstanciada en la que precise las razones del embargo.

"La autoridad requerir� al obligado, en el caso de la fracci�n IV de este art�culo para que dentro del t�rmino de 3 d�as desvirt�e el monto por el que se realiz� el embargo. Transcurrido el plazo antes se�alado, sin que el obligado hubiera desvirtuado el monto del embargo precautorio, �ste quedar� firme.

"El embargo precautorio quedar� sin efectos si la autoridad no emite, dentro de los plazos a que se refieren los art�culos 46-A y 48 de este c�digo en el caso de las fracciones II y III y de 18 meses en el de la fracci�n I, contados desde la fecha en que fue practicado, resoluci�n en la que determine cr�ditos fiscales. Si dentro de los plazos se�alados la autoridad los determina, el embargo precautorio se convertir� en definitivo y se proseguir� el procedimiento administrativo de ejecuci�n conforme a las disposiciones de este cap�tulo, debiendo dejar constancia de la resoluci�n y de la notificaci�n de la misma en el expediente de ejecuci�n. Si el particular garantiza el inter�s fiscal en los t�rminos del art�culo 141 se levantar� el embargo.

"El embargo precautorio practicado antes de la fecha en que el cr�dito fiscal sea exigible, se convertir� en definitivo al momento de la exigibilidad de dicho cr�dito fiscal y se aplicar� el procedimiento administrativo de ejecuci�n.

"Son aplicables al embargo precautorio a que se refiere este art�culo y al previsto por el art�culo 41, fracci�n II de este c�digo, las disposiciones establecidas para el embargo y para la intervenci�n en el procedimiento administrativo de ejecuci�n que, conforme a su naturaleza, le sean aplicables.

"En ning�n caso se aplicar� el procedimiento administrativo de ejecuci�n para cobrar cr�ditos derivados de productos."

"Art�culo 146. El cr�dito fiscal se extingue por prescripci�n en el t�rmino de cinco a�os.

"El t�rmino de la prescripci�n se inicia a partir de la fecha en que el pago pudo ser legalmente exigido y se podr� oponer como excepci�n en los recursos administrativos. El t�rmino para que se consume la prescripci�n se interrumpe con cada gesti�n de cobro que el acreedor notifique o haga saber al deudor o por el reconocimiento expreso o t�cito de �ste respecto de la existencia del cr�dito. Se considera gesti�n de cobro cualquier actuaci�n de la autoridad dentro del procedimiento administrativo de ejecuci�n, siempre que se haga del conocimiento del deudor.

(Adicionado, D.O.F. 31 de diciembre de 1999)

"Cuando se suspenda el procedimiento administrativo de ejecuci�n en los t�rminos del art�culo 144 de este c�digo, tambi�n se suspender� el plazo de la prescripci�n.

(Adicionado, D.O.F. 5 de enero de 2004)

"Asimismo, se interrumpir� el plazo a que se refiere este art�culo cuando el contribuyente hubiera desocupado su domicilio fiscal sin haber presentado el aviso de cambio correspondiente o cuando hubiere se�alado de manera incorrecta su domicilio fiscal.

Los particulares podr�n solicitar a la autoridad la declaratoria de prescripci�n de los cr�ditos fiscales.

(Adicionado, D.O.F. 31 de diciembre de 1998)

"Art�culo 146-A. La Secretar�a de Hacienda y Cr�dito P�blico podr� cancelar cr�ditos fiscales en las cuentas p�blicas, por incosteabilidad en el cobro o por insolvencia del deudor o de los responsables solidarios.

"Se consideran cr�ditos de cobro incosteable, aquellos cuyo importe sea inferior o igual al equivalente en moneda nacional a 200 unidades de inversi�n, aquellos cuyo importe sea inferior o igual al equivalente en moneda nacional a 20,000 unidades de inversi�n y cuyo costo de recuperaci�n rebase el 75% del importe del cr�dito, as� como aquellos cuyo costo de recuperaci�n sea igual o mayor a su importe.

"Se consideran insolventes los deudores o los responsables solidarios cuando no tengan bienes embargables para cubrir el cr�dito o �stos ya se hubieran realizado, cuando no se puedan localizar o cuando hubieran fallecido sin dejar bienes que puedan ser objeto del procedimiento administrativo de ejecuci�n.

"Cuando el deudor tenga dos o m�s cr�ditos a su cargo, todos ellos se sumar�n para determinar si se cumplen los requisitos se�alados. Los importes a que se refiere el segundo p�rrafo de este art�culo, se determinar�n de conformidad con las disposiciones aplicables.

"La Secretar�a de Hacienda y Cr�dito P�blico dar� a conocer las reglas de car�cter general para la aplicaci�n de este art�culo.

La cancelaci�n de los cr�ditos a que se refiere este art�culo no libera de su pago.

(Adicionado, D.O.F. 31 de diciembre de 1999)

"Art�culo 146-B. Trat�ndose de contribuyentes que se encuentren sujetos a un procedimiento de concurso mercantil, las autoridades fiscales podr�n condonar parcialmente los cr�ditos fiscales relativos a contribuciones que debieron pagarse con anterioridad a la fecha en que se inicie el procedimiento de concurso mercantil, siempre que el comerciante haya celebrado convenio con sus acreedores en los t�rminos de la ley respectiva y de acuerdo con lo siguiente:

"I. Cuando el monto de los cr�ditos fiscales represente menos del 60% del total de los cr�ditos reconocidos en el procedimiento concursal, la condonaci�n no exceder� del beneficio m�nimo de entre los otorgados por los acreedores que, no siendo partes relacionadas, representen en conjunto cuando menos el 50% del monto reconocido a los acreedores no fiscales.

"II. Cuando el monto de los cr�ditos fiscales represente m�s del 60% del total de los cr�ditos reconocidos en el procedimiento concursal, la condonaci�n, determinada en los t�rminos del inciso anterior, no exceder� del monto que corresponda a los accesorios de las contribuciones adeudadas.

"La autorizaci�n de condonaci�n deber� sujetarse a los requisitos y lineamientos que establezca el reglamento de este c�digo."

"Art�culo 147. Las controversias que surjan entre el fisco federal y los fiscos locales relativas al derecho de preferencia para recibir el pago de los cr�ditos fiscales, se resolver�n por los tribunales judiciales de la Federaci�n, tomando en cuenta las garant�as constituidas y conforme a las siguientes reglas:

"I. La preferencia corresponder� al fisco que tenga a su favor cr�ditos por impuestos sobre la propiedad ra�z, trat�ndose de los frutos de los bienes inmuebles o del producto de la venta de �stos.

"II. En los dem�s casos, la preferencia corresponder� al fisco que tenga el car�cter de primer embargante."

"Art�culo 148. Cuando en el procedimiento administrativo de ejecuci�n concurran contra un mismo deudor, el fisco federal con los fiscos locales fungiendo como autoridad federal de conformidad con los convenios de coordinaci�n fiscal y con los organismos descentralizados que sean competentes para cobrar coactivamente contribuciones de car�cter federal, la Secretar�a de Hacienda y Cr�dito P�blico iniciar� o continuar�, seg�n sea el caso, el procedimiento administrativo de ejecuci�n por todos los cr�ditos fiscales federales omitidos.

"El producto obtenido en los t�rminos de este art�culo, se aplicar� a cubrir los cr�ditos fiscales en el orden siguiente:

"I. Los gastos de ejecuci�n.

"II. Los accesorios de las aportaciones de seguridad social.

"III. Las aportaciones de seguridad social.

"IV. Los accesorios de las dem�s contribuciones y otros cr�ditos fiscales.

"V. Las dem�s contribuciones y otros cr�ditos fiscales."

"Art�culo 149. El fisco federal tendr� preferencia para recibir el pago de cr�ditos provenientes de ingresos que la Federaci�n debi� percibir, con excepci�n de adeudos garantizados con prenda o hipoteca, de alimentos, de salarios o sueldos devengados en el �ltimo a�o o de indemnizaciones a los trabajadores de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo.

(Reformado, D.O.F. 30 de diciembre de 1983)

"Para que sea aplicable la excepci�n a que se refiere el p�rrafo anterior, ser� requisito indispensable que con anterioridad a la fecha en que surta efectos la notificaci�n del cr�dito fiscal, las garant�as se hayan inscrito en el registro p�blico que corresponda y, respecto de los adeudos por alimentos, que se haya presentado la demanda ante las autoridades competentes.

"La vigencia y exigibilidad del cr�dito cuya preferencia se invoque deber� comprobarse en forma fehaciente al hacerse valer el recurso administrativo.

En ning�n caso el fisco federal entrar� en los juicios universales. Cuando se inicie juicio de quiebra, suspensi�n de pagos o de concurso, el Juez que conozca del asunto deber� dar aviso a las autoridades fiscales para que, en su caso, hagan exigibles los cr�ditos fiscales a su favor a trav�s del procedimiento administrativo de ejecuci�n.

(Reformado, D.O.F. 30 de diciembre de 1983)

"Art�culo 150. Cuando sea necesario emplear el procedimiento administrativo de ejecuci�n para hacer efectivo un cr�dito fiscal, las personas f�sicas y las morales estar�n obligadas a pagar el 2% del cr�dito fiscal por concepto de gastos de ejecuci�n, por cada una de las diligencias que a continuaci�n se indican:

"I. Por el requerimiento se�alado en el primer p�rrafo del art�culo 151 de este c�digo.

(Reformada, D.O.F. 31 de diciembre de 1986)

"II. Por la de embargo, incluyendo los se�alados en los art�culos 41, fracci�n II y 141, fracci�n V de este c�digo.

"III. Por la de remate, enajenaci�n fuera de remate o adjudicaci�n al fisco federal.

(Modificado en las cantidades por Miscel�nea F., D.O.F. 21 de noviembre de 2003)

"Cuando en los casos de las fracciones anteriores, el 2% del cr�dito sea inferior a $238.00, se cobrar� esta cantidad en vez del 2% del cr�dito.

(Modificado en las cantidades por Miscel�nea F., D.O.F. 21 de noviembre de 2003)

"En ning�n caso los gastos de ejecuci�n, por cada una de las diligencias a que se refiere este art�culo, excluyendo las erogaciones extraordinarias y las contribuciones que se paguen por la Federaci�n para liberar de cualquier gravamen bienes que sean objeto de remate, podr�n exceder de $37,272.00.

(Reformado, D.O.F. 5 de enero de 2004)

"Asimismo, se pagar�n por concepto de gastos de ejecuci�n, los extraordinarios en que se incurra con motivo del procedimiento administrativo de ejecuci�n, incluyendo los que en su caso deriven de los embargos se�alados en los art�culos 41, fracci�n II y 141, fracci�n V, de este c�digo, que comprender�n los de transporte de los bienes embargados, de aval�os, de impresi�n y publicaci�n de convocatorias y edictos, de investigaciones, de inscripciones, de cancelaciones o de solicitudes de informaci�n, en el registro p�blico que corresponda, los erogados por la obtenci�n del certificado de liberaci�n de grav�menes, los honorarios de los depositarios y de los peritos, as� como los honorarios de las personas que contraten los interventores, salvo cuando dichos depositarios renuncien expresamente al cobro de tales honorarios, los devengados por concepto de escrituraci�n y las contribuciones que origine la transmisi�n de dominio de los bienes inmuebles que son aceptados por la Federaci�n en daci�n en pago en los t�rminos de lo previsto por el art�culo 191 de este c�digo, y las contribuciones que se paguen por la Federaci�n para liberar de cualquier gravamen, bienes que sean objeto de remate.

(Reformado, D.O.F. 15 de diciembre de 1995)

"Los gastos de ejecuci�n se determinar�n por la autoridad ejecutora, debiendo pagarse junto con los dem�s cr�ditos fiscales, salvo que se interponga el recurso de revocaci�n.

(Reformado, D.O.F. 5 de enero de 2004)

"Los ingresos recaudados por concepto de gastos de ejecuci�n, se destinar�n al establecimiento de un fondo revolvente para gastos de cobranza, para programas de fomento con el p�blico en general del cumplimiento de las obligaciones fiscales, para financiar los programas de formaci�n de funcionarios fiscales, salvo que por ley est�n destinados a otros fines. El destino de estos ingresos ser� con independencia del presupuesto que tengan asignado las autoridades fiscales federales.

(Adicionado, D.O.F. 20 de diciembre de 1991)

"Cuando las autoridades fiscales ordenen la pr�ctica de un aval�o, y �ste resulte superior en m�s de un 10% del valor declarado por el contribuyente, �ste deber� cubrir el costo de dicho aval�o."

"S.�n segunda

"Del embargo

(Reformado, primer p�rrafo, D.O.F. 31 de diciembre de 1999)

"Art�culo 151. Las autoridades fiscales, para hacer efectivo un cr�dito fiscal exigible y el importe de sus accesorios legales, requerir�n de pago al deudor y, en caso de que �ste no pruebe en el acto haberlo efectuado, proceder�n de inmediato como sigue:

(F. de E., D.O.F. 13 de julio de 1982)

"I. A embargar bienes suficientes para, en su caso, rematarlos, enajenarlos fuera de subasta o adjudicarlos en favor del fisco.

"II. A embargar negociaciones con todo lo que de hecho y por derecho les corresponda, a fin de obtener, mediante la intervenci�n de ellas, los ingresos necesarios que permitan satisfacer el cr�dito fiscal y los accesorios legales.

"El embargo de bienes ra�ces, de derechos reales o de negociaciones de cualquier g�nero se inscribir� en el Registro P�blico que corresponda en atenci�n a la naturaleza de los bienes o derechos de que se trate.

"Cuando los bienes ra�ces, derechos reales o negociaciones queden comprendidos en la jurisdicci�n de dos o m�s oficinas del registro p�blico que corresponda, en todas ellas se inscribir� el embargo.

(Reformado, D.O.F. 31 de diciembre de 1985)

Si la exigibilidad se origina por cese de la pr�rroga, o de la autorizaci�n para pagar en parcialidades, por error aritm�tico en las declaraciones o por situaciones previstas en la fracci�n I del art�culo 41 de este c�digo, el deudor podr� efectuar el pago dentro de los seis d�as h�biles siguientes a la fecha en que surta sus efectos la notificaci�n del requerimiento.

(Reformado primer p�rrafo, D.O.F. 15 de diciembre de 1995)

"Art�culo 152. El ejecutor designado por el jefe de la oficina exactora se constituir� en el domicilio del deudor y deber� identificarse ante la persona con quien se practicar� la diligencia de requerimiento de pago y de embargo de bienes, con intervenci�n de la negociaci�n en su caso, cumpliendo las formalidades que se se�alan para las notificaciones personales en el art�culo 137 de este c�digo. De esta diligencia se levantar� acta pormenorizada de la que se entregar� copia a la persona con quien se entienda la misma. El acta deber� llenar los requisitos a que se refiere el art�culo 38 de este ordenamiento.

(F. de E., D.O.F. 13 de julio de 1982)

"Si la notificaci�n del cr�dito fiscal adeudado o del requerimiento, en su caso, se hizo por edictos, la diligencia se entender� con la autoridad municipal o local de la circunscripci�n de los bienes, salvo que en el momento de iniciarse la diligencia compareciere el deudor, en cuyo caso se entender� con �l.

En el caso de actos de inspecci�n y vigilancia, se proceder� al aseguramiento de los bienes cuya importaci�n debi� ser manifestada a las autoridades fiscales o autorizada por �stas, siempre que quien practique la inspecci�n est� facultado para ello en la orden respectiva.

(Reformado primer p�rrafo, D.O.F. 5 de enero de 2004)

"Art�culo 153. Los bienes o negociaciones embargados se podr�n dejar bajo la guarda del o de los depositarios que se hicieren necesarios. Los jefes de las oficinas ejecutoras, bajo su responsabilidad, nombrar�n y remover�n libremente a los depositarios, quienes desempe�ar�n su cargo conforme a las disposiciones legales. Cuando se efect�e la remoci�n del depositario, �ste deber� poner a disposici�n de la autoridad ejecutora los bienes que fueron objeto de la depositar�a, pudiendo �sta realizar la sustracci�n de los bienes para depositarlos en almacenes bajo su resguardo o entregarlos al nuevo depositario.

"En los embargos de bienes ra�ces o de negociaciones, los depositarios tendr�n el car�cter de administradores o de interventores con cargo a la caja, seg�n el caso, con las facultades y obligaciones se�aladas en los art�culos 165, 166 y 167 de este c�digo.

"La responsabilidad de los depositarios cesar� con la entrega de los bienes embargados a satisfacci�n de las autoridades fiscales.

"El depositario ser� designado por el ejecutor cuando no lo hubiere hecho el jefe de la oficina exactora, pudiendo recaer el nombramiento en el ejecutado."

"Art�culo 154. (Derogado primer p�rrafo, D.O.F. 31 de diciembre de 1982)

El embargo podr� ampliarse en cualquier momento del procedimiento administrativo de ejecuci�n, cuando la oficina ejecutora estime que los bienes embargados son insuficientes para cubrir los cr�ditos fiscales.

(Derogado �ltimo p�rrafo, D.O.F. 31 de diciembre de 1982)

(Reformado primer p�rrafo, D.O.F. 5 de enero de 2004)

"Art�culo 155. La persona con quien se entienda la diligencia de embargo, tendr� derecho a se�alar los bienes en que �ste se deba trabar, siempre que los mismos sean de f�cil realizaci�n o venta, sujet�ndose al orden siguiente:

"I.D., metales preciosos y dep�sitos bancarios.

(Reformada, D.O.F. 31 de diciembre de 1985)

"II. Acciones, bonos, cupones vencidos, valores mobiliarios y en general cr�ditos de inmediato y f�cil cobro a cargo de entidades o dependencias de la Federaci�n, Estados y Municipios y deinstituciones o empresas de reconocida solvencia.

"III. Bienes muebles no comprendidos en las fracciones anteriores.

(Reformada, D.O.F. 5 de enero de 2004)

"IV. Bienes inmuebles. En este caso, el deudor o la persona con quien se entienda la diligencia deber� manifestar, bajo protesta de decir verdad, si dichos bienes reportan cualquier gravamen real, embargo anterior, se encuentran en copropiedad o pertenecen a sociedad conyugal alguna.

La persona con quien se entienda la diligencia de embargo podr� designar dos testigos, y si no lo hiciere o al terminar la diligencia los testigos designados se negaren a firmar, as� lo har� constar el ejecutor en el acta, sin que tales circunstancias afecten la legalidad del embargo.

(F. de E., D.O.F. 13 de julio de 1982)

"Art�culo 156. El ejecutor podr� se�alar bienes sin sujetarse al orden establecido en el art�culo anterior, cuando el deudor o la persona con quien se entienda la diligencia:

"I. No se�ale bienes suficientes a juicio del ejecutor o no haya seguido dicho orden al hacer el se�alamiento.

"II. Cuando teniendo el deudor otros bienes susceptibles de embargo, se�ale:

"a) Bienes ubicados fuera de la circunscripci�n de la oficina ejecutora.

"b) Bienes que ya reporten cualquier gravamen real o alg�n embargo anterior.

"c) Bienes de f�cil descomposici�n o deterioro o materias inflamables.

(Adicionado, D.O.F. 5 de enero de 2004)

El ejecutor deber� se�alar, invariablemente, bienes que sean de f�cil realizaci�n o venta. En el caso de bienes inmuebles, el ejecutor solicitar� al deudor o a la persona con quien se entienda la diligencia que manifieste bajo protesta de decir verdad si dichos bienes reportan cualquier gravamen real, embargo anterior, se encuentran en copropiedad o pertenecen a sociedad conyugal alguna. Para estos efectos, el deudor o la persona con quien se entienda la diligencia deber� acreditar fehacientemente dichos hechos dentro de los 15 d�as siguientes a aquel en que se inici� la diligencia correspondiente, haci�ndose constar esta situaci�n en el acta que se levante o bien, su negativa.

(Adicionado, D.O.F. 5 de enero de 2004)

"Art�culo 156-bis. En el caso de embargo de dep�sitos bancarios en t�rminos del art�culo 155, fracci�n I, del presente c�digo, la autoridad que haya ordenado el embargo girar� oficio al gerente de la sucursal bancaria a la que corresponda la cuenta, a efecto de que la inmovilice y conserve los fondos depositados.

"La instituci�n bancaria deber� informar a la autoridad a que se refiere el p�rrafo anterior, el incremento de los dep�sitos bancarios por los intereses que se generen, en el mismo periodo y frecuencia con que lo haga al cuentahabiente.

"Los fondos �nicamente podr�n transferirse al fisco federal una vez que el cr�dito fiscal relacionado quede firme, y hasta por el importe necesario para cubrirlo.

"En tanto el cr�dito fiscal garantizado no quede firme, el contribuyente titular de las cuentas bancarias embargadas podr� ofrecer otra forma de garant�a de acuerdo con el art�culo 141 de este c�digo, en sustituci�n del embargo de las cuentas. La autoridad deber� resolver y notificar al contribuyente sobre la admisi�n o rechazo de la garant�a ofrecida, o el requerimiento de requisitos adicionales, dentro de un plazo m�ximo de 10 d�as. La autoridad tendr� la obligaci�n de comunicar a la instituci�n bancaria el sentido de la resoluci�n, envi�ndole copia de la misma, dentro del plazo de 15 d�as siguientes al en que haya notificado dicha resoluci�n al contribuyente, si no lo hace durante el plazo se�alado, la instituci�n bancaria levantar� el embargo de la cuenta."

"Art�culo 157. Quedan exceptuados de embargo:

"I. El lecho cotidiano y los vestidos del deudor y de sus familiares.

(Reformada, D.O.F. 5 de enero de 2004)

"II. Los muebles de uso indispensable del deudor y de sus familiares, no siendo de lujo a juicio del ejecutor. En ning�n caso se considerar�n como de lujo los bienes a que se refieren las dem�s fracciones de este art�culo, cuando se utilicen por las personas que, en su caso, las propias fracciones establecen.

"III. Los libros, instrumentos, �tiles y mobiliario indispensable para el ejercicio de la profesi�n, arte y oficio a que se dedique el deudor.

(Reformada, D.O.F. 30 de diciembre de 1983)

"IV. La maquinaria, enseres y semovientes de las negociaciones, en cuanto fueren necesarios para su actividad ordinaria a juicio del ejecutor, pero podr�n ser objeto de embargo con la negociaci�n en su totalidad si a ella est�n destinados.

"V. Las armas, veh�culos y caballos que los militares en servicio deban usar conforme a las leyes.

"VI. Los granos, mientras �stos no hayan sido cosechados, pero no los derechos sobre las siembras.

"VII. El derecho de usufructo, pero no los frutos de �ste.

"VIII. Los derechos de uso o de habitaci�n.

"IX. El patrimonio de familia en los t�rminos que establezcan las leyes, desde su inscripci�n en el Registro P�blico de la Propiedad.

"X. Los sueldos y salarios.

"XI. Las pensiones de cualquier tipo.

XII. Los ejidos.

(Reformado, D.O.F. 15 de diciembre de 1995)

Art�culo 158. Si al designarse bienes para el embargo, se opusiere un tercero fund�ndose en el dominio de ellos, no se practicar� el embargo si se demuestra en el mismo acto la propiedad con prueba documental suficiente a juicio del ejecutor. La resoluci�n dictada tendr� el car�cter de provisional y deber� ser sometida a ratificaci�n, en todos los casos por la oficina ejecutora, a la que deber�n allegarse los documentos exhibidos en el momento de la oposici�n. Si a juicio de la ejecutora las pruebas no son suficientes, ordenar� al ejecutor que contin�e con la diligencia y, de embargarse los bienes, notificar� al interesado que puede hacer valer el recurso de revocaci�n en los t�rminos de este c�digo.

(F. de E., D.O.F. 13 de julio de 1982)

"Art�culo 159. Cuando los bienes se�alados para la traba estuvieren ya embargados por otras autoridades no fiscales o sujetos a c�dula hipotecaria, se practicar� no obstante la diligencia. Dichos bienes se entregar�n al depositario designado por la oficina ejecutora o por el ejecutor y se dar� aviso a la autoridad correspondiente para que �l o los interesados puedan demostrar su derecho de prelaci�n en el cobro.

Si los bienes se�alados para la ejecuci�n hubieran sido ya embargados por parte de autoridades fiscales locales, se practicar� la diligencia, entreg�ndose los bienes al depositario que designe la autoridad federal y se dar� aviso a la autoridad local. En caso de inconformidad, la controversia resultante ser� resuelta por los tribunales judiciales de la Federaci�n. En tanto se resuelve el procedimiento respectivo no se har� aplicaci�n del producto, salvo que se garantice el inter�s fiscal a satisfacci�n de la Secretar�a de Hacienda y Cr�dito P�blico.

(F. de E., D.O.F. 13 de julio de 1982)

"Art�culo 160. El embargo de cr�ditos ser� notificado directamente por la oficina ejecutora a los deudores del embargado, para que no hagan el pago de las cantidades respectivas a �ste sino en la caja de la citada oficina, apercibidos de doble pago en caso de desobediencia.

(Reformado, D.O.F. 5 de enero de 2004)

"Si en cumplimiento de lo dispuesto en el primer p�rrafo de este art�culo, se paga un cr�dito cuya cancelaci�n deba anotarse en el registro p�blico que corresponda, la oficina ejecutora requerir� al titular de los cr�ditos embargados para que, dentro de los cinco d�as siguientes al en que surta efectos la notificaci�n, firme la escritura de pago y cancelaci�n o el documento en que deba constar el finiquito.

(F. de E., D.O.F. 13 de julio de 1982)

En caso de abstenci�n del titular de los cr�ditos embargados, transcurrido el plazo indicado el jefe de la oficina ejecutora firmar� la escritura o documentos relativos en rebeld�a de aqu�l y lo har� del conocimiento del registro p�blico que corresponda, para los efectos procedentes.

(Reformado primer p�rrafo, D.O.F. 28 de diciembre de 1989)

"Art�culo 161. El dinero, metales preciosos, alhajas y valores mobiliarios embargados, se entregar�n por el depositario a la oficina ejecutora, previo inventario, dentro de un plazo que no exceder� de veinticuatro horas. Trat�ndose de los dem�s bienes, el plazo ser� de cinco d�as contados a partir de aquel en que fue hecho el requerimiento para tal efecto.

"Las sumas de dinero objeto del embargo, as� como la cantidad que se�ale el propio ejecutado, la cual nunca podr� ser menor del 25% del importe de los frutos y productos de los bienes embargados, se aplicar�n a cubrir el cr�dito fiscal al recibirse en la caja de la oficina ejecutora."

"Art�culo 162. Si el deudor o cualquiera otra persona impidiera materialmente al ejecutor el acceso al domicilio de aqu�l o al lugar en que se encuentren los bienes, siempre que el caso lo requiera el ejecutor solicitar� el auxilio de la polic�a o de otra fuerza p�blica para llevar adelante el procedimiento de ejecuci�n."

"Art�culo 163. Si durante el embargo, la persona con quien se entienda la diligencia no abriere la (sic) puertas de las construcciones, edificios o casas se�alados para la traba o en los que se presuma que existen bienes muebles embargables, el ejecutor previo acuerdo fundado del jefe de la oficina ejecutora, har� que ante dos testigos sean rotas las cerraduras que fuere necesario, para que el depositario tome posesi�n del inmueble o para que siga adelante la diligencia.

"En igual forma proceder� el ejecutor cuando la persona con quien se entienda la diligencia no abriere los muebles en los que aqu�l suponga se guardan dinero, alhajas, objetos de arte u otros bienes embargables. Si no fuere factible romper o forzar las cerraduras el mismo ejecutor trabar� embargo en los muebles cerrados y en su contenido, y los sellar� y enviar� en dep�sito a la oficina exactora, donde ser�n abiertos en el t�rmino de tres d�as por el deudor o por su representante legal y, en caso contrario por un experto designado por la propia oficina, en los t�rminos del reglamento de este c�digo.

"Si no fuere factible romper o forzar las cerraduras de cajas u otros objetos unidos a un inmueble o de dif�cil transportaci�n, elejecutor (sic) trabar� embargo sobre ellos y su contenido y los sellar�; para su apertura se seguir� el procedimiento establecido en el p�rrafo anterior."

"S.�n tercera

"De la intervenci�n

(Reformado primer p�rrafo, D.O.F. 30 de diciembre de 1983)

"Art�culo 164. Cuando las autoridades fiscales embarguen negociaciones, el depositario designado tendr� el car�cter de interventor con cargo a la caja o de administrador.

En la intervenci�n de nogociaciones (sic) ser� aplicable, en lo conducente, las secciones de este cap�tulo.

(Reformado primer p�rrafo, D.O.F. 30 de diciembre de 1983)

"Art�culo 165. El interventor encargado de la caja despu�s de separar las cantidades que correspondan por concepto de salarios y dem�s cr�ditos preferentes a que se refiere este c�digo, deber� retirar de la negociaci�n intervenida el 10% de los ingresos en dinero y enterarlos en la caja de la oficina ejecutora diariamente o a medida que se efect�e la recaudaci�n.

"Cuando el interventor tenga conocimiento de irregularidades en el manejo de la negociaci�n o de operaciones que pongan en peligro los intereses del fisco federal, dictar� las medidas provisionales urgentes que estime necesarias para proteger dichos intereses y dar� cuenta a la oficina ejecutora, la que podr� ratificarlas o modificarlas.

"Si las medidas a que se refiere el p�rrafo anterior no fueren acatadas, la oficina ejecutora ordenar� que cese la intervenci�n con cargo a la caja y se convierta en administraci�n, o bien se proceder� a enajenar la negociaci�n, conforme a este c�digo y las dem�s disposiciones legales aplicables."

"Art�culo 166. El interventor administrador tendr� todas las facultades que normalmente correspondan a la administraci�n de la sociedad y plenos poderes con las facultades que requieran cl�usula especial conforme a la ley, para ejercer actos de dominio y de administraci�n, para pleitos y cobranzas, otorgar o suscribir t�tulos de cr�dito, presentar denuncias y querellas y desistir de estas �ltimas, previo acuerdo de la oficina ejecutora, as� como para otorgar los poderes generales o especiales que juzgue convenientes, revocar los otorgados por la sociedad intervenida y los que �l mismo hubiere conferido.

"El interventor administrador no quedar� supeditado en su actuaci�n al consejo de administraci�n, asamblea de accionistas, socios o part�cipes.

"Trat�ndose de nogociaciones (sic) que no constituyan una sociedad, el interventor administrador tendr� todas las facultades de due�o para la conservaci�n y buena marcha del negocio."

"Art�culo 167. El interventor administrador tendr� las siguientes obligaciones:

"I. Rendir cuentas mensuales comprobadas a la oficina ejecutora.

"II. Recaudar el 10% de las ventas o ingresos diarios en la negociaci�n intervenida y entregar su importe en la caja de la oficina ejecutora a medida que se efect�e la recaudaci�n.

(Reformado, D.O.F. 31 de diciembre de 1982)

"El interventor administrador no podr� enajenar los bienes del activo fijo. Cuando se den los supuestos de enajenaci�n de las negociaciones intervenida (sic) a que se refiere el art�culo 172 de este c�digo, se proceder� al remate de conformidad con las disposiciones contenidas en la siguiente secci�n de este cap�tulo."

"Art�culo 168. El nombramiento de interventor administrador deber� anotarse en el registro p�blico que corresponda al domicilio de la negociaci�n intervenida."

"Art�culo 169. Sin perjuicio de lo dispuesto por el art�culo 166 de este c�digo, la asamblea y administraci�n de la sociedad podr�n continuar reuni�ndose regularmente para conocer de los asuntos que les competen y de los informes que formule el interventor administrador sobre el funcionamiento y las operaciones de la negociaci�n, as� como para opinar sobre los asuntos que les someta a su consideraci�n. El interventor podr� convocar a asamblea de accionistas, socios o part�cipes y citar a la administraci�n de la sociedad con los prop�sitos que considere necesarios o convenientes."

"Art�culo 170. En caso de que la negociaci�n que pretenda intervenir ya lo estuviera por mandato de otra autoridad, se nombrar� no obstante el nuevo interventor, que tambi�n lo ser� para las otras intervenciones mientras subsista la efectuada por las autoridades fiscales. La designaci�n o cambio de interventor se pondr� en conocimiento de las autoridades que ordenaron las anteriores o posteriores intervenciones."

"Art�culo 171. La intervenci�n se levantar� cuando el cr�dito fiscal se hubiera satisfecho o cuando de conformidad con este c�digo se haya enajenado la negociaci�n. En estos casos la oficina ejecutora comunicar� el hecho al registro p�blico que corresponda para que se cancele la inscripci�n respectiva."

"Art�culo 172. Las autoridades fiscales podr�n proceder a la enajenaci�n de la negociaci�n intervenida cuando lo recaudado en tres meses no alcance a cubrir por lo menos el 24% del cr�dito fiscal, salvo que se trate de negociaciones que obtengan sus ingresos en un determinado periodo del a�o, en cuyo caso el porciento ser� el que corresponda al n�mero de meses transcurridos a raz�n del 8% mensual y siempre que lo recaudado no alcance para cubrir el porciento del cr�dito que resulte."

"S.�n cuarta

"Del remate

"Art�culo 173. La enajenaci�n de bienes embargados, proceder�:

(Reformada, D.O.F. 31 de diciembre de 1985) (F. de E., D.O.F. 24 de enero de 1986)

"I. A partir del d�a siguiente a aquel en que se hubiese fijado la base en los t�rminos del art�culo 175 de este c�digo.

"II. En los casos de embargo precautorio a que se refiere el art�culo 145 de este c�digo, cuando los cr�ditos se hagan exigibles y no se paguen al momento del requerimiento.

"III. Cuando el embargado no proponga comprador dentro del plazo a que se refiere la fracci�n I del art�culo 192 de este c�digo.

IV. Al quedar firme la resoluci�n confirmatoria del acto impugnado, reca�da en los medios de defensa que se hubieren hecho valer.

(Reformado, D.O.F. 5 de enero de 2004)

"Art�culo 174. Salvo los casos que este c�digo autoriza, toda enajenaci�n se har� en subasta p�blica que se llevar� a cabo a trav�s de medios electr�nicos.

La autoridad podr� ordenar que los bienes embargados se vendan en lotes o piezas sueltas.

(Reformado, D.O.F. 31 de diciembre de 1986)

"Art�culo 175. La base para enajenaci�n de los bienes inmuebles embargados ser� el de aval�o y para negociaciones, el aval�o pericial, ambos conforme a las reglas que establezca el reglamento de este c�digo y en los dem�s casos, la que fijen de com�n acuerdo la autoridad y el embargado, en un plazo de seis d�as contados a partir de la fecha en que se hubiera practicado el embargo. A falta de acuerdo, la autoridad practicar� aval�o pericial. En todos los casos, la autoridad notificar� personalmente al embargado el aval�o practicado.

(Reformado, D.O.F. 15 de diciembre de 1995)

"El embargado o terceros acreedores que no est�n conformes con la valuaci�n hecha, podr�n hacer valer el recurso de revocaci�n a que se refiere la fracci�n II, inciso d) del art�culo 117 de este c�digo, dentro de los diez d�as siguientes a aquel en que surta efectos la notificaci�n a que se refiere el p�rrafo anterior, debiendo designar en el mismo como perito de su parte a cualquiera de los valuadores se�alados en el reglamento de este c�digo o alguna empresa o instituci�n dedicada a la compraventa y subasta de bienes.

(Reformado, D.O.F. 29 de diciembre de 1997)

"Cuando el embargado o terceros acreedores no interpongan el recurso dentro del plazo legal o haci�ndolo no designen valuador o habi�ndose nombrado perito por dichas personas, no se presente el dictamen dentro de los plazos a que se refiere el p�rrafo quinto de este art�culo, se tendr� por aceptado el aval�o hecho por la autoridad.

"Cuando del dictamen rendido por el perito del embargado o terceros acreedores resulte un valor superior a un 10% al determinado conforme al primer p�rrafo de este art�culo, la autoridad exactora designar� dentro del t�rmino de seis d�as, un perito tercero valuador que ser� cualquiera de los se�alados en el reglamento de este c�digo o alguna empresa o instituci�n dedicada a la compraventa y subasta de bienes. El aval�o que se fije ser� la base para la enajenaci�n de los bienes.

(Reformado, D.O.F. 15 de diciembre de 1995)

En todos los casos a que se refieren los p�rrafos que anteceden, los peritos deber�n rendir su dictamen en un plazo de 10 d�as si se trata de bienes muebles, 20 d�as si son inmuebles y 30 d�as cuando sean negociaciones, a partir de la fecha de su aceptaci�n.

(Reformado, D.O.F. 5 de enero de 2004)

"Art�culo 176. El remate deber� ser convocado al d�a siguiente de haber quedado firme el aval�o, para que tenga verificativo dentro de los treinta d�as siguientes. La convocatoria se har� cuando menos diez d�as antes del inicio del periodo se�alado para el remate y la misma se mantendr� en los lugares o medios en que se haya fijado o dado a conocer hasta la conclusi�n del remate.

La convocatoria se fijar� en el sitio visible y usual de la oficina ejecutora y en los lugares p�blicos que se juzgue conveniente. Adem�s, la convocatoria se dar� a conocer en la p�gina electr�nica de las autoridades fiscales. En la convocatoria se dar�n a conocer los bienes objeto del remate, el valor que servir� de base para su enajenaci�n, as� como los requisitos que deber�n cumplir los postores para concurrir al mismo.

(Reformado, D.O.F. 5 de enero de 2004)

"Art�culo 177. Los acreedores que aparezcan del certificado de grav�menes correspondiente a los �ltimos diez a�os, el cual deber� obtenerse oportunamente, ser�n notificados personalmente del periodo de remate se�alado en laconvocatoria y, en caso de no ser factible hacerlo por alguna de las causas a que se refiere la fracci�n IV del art�culo 134 de este c�digo, se tendr�n como notificados de la fecha en que se efectuar� el remate, en aquella en que la convocatoria se haya fijado en sitio visible en la oficina ejecutora, siempre que en dicha convocatoria se exprese el nombre de los acreedores.

"Los acreedores a que alude el p�rrafo anterior podr�n hacer las observaciones que estimen del caso, pudiendo enviarlas en documento digital que contenga firma electr�nica avanzada a la direcci�n electr�nica que expresamente se se�ale en la convocatoria, debiendo se�alar su direcci�n de correo electr�nico. Dichas observaciones ser�n resueltas por la autoridad ejecutora y la resoluci�n se har� del conocimiento del acreedor."

"Art�culo 178. Mientras no se finque el remate, el embargado puede proponer comprador que ofrezca de contado la cantidad suficiente para cubrir el cr�dito fiscal."

Art�culo 179. Es postura legal la que cubra las dos terceras partes del valor se�alado como base para el remate.

(Reformado primer p�rrafo, D.O.F. 31 de diciembre de 1987)

"Art�culo 180. En toda postura deber� ofrecerse de contado, cuando menos la parte suficiente para cubrir el inter�s fiscal; si �ste es superado por la base fijada para el remate, se proceder� en los t�rminos del art�culo 196 de este c�digo.

(F. de E., D.O.F. 13 de julio de 1982)

"Si el importe de la postura es menor al inter�s fiscal, se rematar�n de contado los bienes embargados.

La autoridad exactora podr� enajenar a plazos los bienes embargados en los casos y condiciones que establezca el reglamento de este c�digo. En este supuesto quedar� liberado de la obligaci�n de pago el embargado.

(Reformado, D.O.F. 5 de enero de 2004)

"Art�culo 181. Las posturas deber�n enviarse en documento digital con firma electr�nica avanzada, a la direcci�n electr�nica que se se�ale en la convocatoria para el remate. El Servicio de Administraci�n Tributaria mandar� los mensajes que confirmen la recepci�n de las posturas. Dichos mensajes tendr�n las caracter�sticas que a trav�s de reglas de car�cter general emita el citado �rgano. Para intervenir en una subasta ser� necesario que el postor, antes de enviar su postura, realice una transferencia electr�nica de fondos equivalente cuando menos al diez por ciento del valor fijado a los bienes en la convocatoria. Esta transferencia deber� hacerse de conformidad con las reglas de car�cter general que para tal efecto expida el Servicio de Administraci�n Tributaria y su importe se considerar� como dep�sito para los efectos del siguiente p�rrafo y de los art�culos 184, 185 y 186 de este c�digo.

"El importe de los dep�sitos que se constituyen de acuerdo con lo que establece el presente art�culo, servir� de garant�a para el cumplimiento de las obligaciones que contraigan los postores por las adjudicaciones que se les hagan de los bienes rematados. Despu�s de fincado el remate se devolver�n a los postores los fondos transferidos electr�nicamente, excepto los que correspondan al admitido, cuyo valor continuar� como garant�a del cumplimiento de su obligaci�n y, en su caso, como parte del precio de venta.

El Servicio de Administraci�n Tributaria, a trav�s de reglas de car�cter general, podr� establecer facilidades administrativas para que en sustituci�n de la firma electr�nica avanzada, se empleen otros medios de identificaci�n electr�nica.

(Reformado, D.O.F. 5 de enero de 2004)

"Art�culo 182. El documento digital en que se haga la postura, deber� contener los siguientes datos:

"I. Cuando se trate de personas f�sicas, el nombre, la nacionalidad y el domicilio del postor y, en su caso, la clave del registro federal de contribuyentes; trat�ndose de sociedades, el nombre o raz�n social, la fecha de constituci�n, la clave del registro federal de contribuyentes en su caso y el domicilio social.

"II. La cantidad que se ofrezca.

"III. El n�mero de cuenta bancaria y nombre de la instituci�n de cr�dito en la que se reintegrar�n, en su caso, las cantidades que se hubieran dado en dep�sito.

"IV. La direcci�n de correo electr�nico.

"V. El monto y n�mero de la transferencia electr�nica de fondos que haya realizado.

Si las posturas no cumplen los requisitos a que se refieren las fracciones anteriores y los que se se�alen en la convocatoria, el Servicio de Administraci�n Tributaria no las calificar� como posturas legales, situaci�n que se har� del conocimiento del interesado.

(Reformado, D.O.F. 5 de enero de 2004)

"Art�culo 183. En la p�gina electr�nica de subastas del Servicio de Administraci�n Tributaria, se especificar� el periodo correspondiente a cada remate, el registro de los postores y las posturas que se reciban, as� como la fecha y hora de su recepci�n.

"Cada subasta tendr� una duraci�n de 8 d�as que empezar� a partir de las 12:00 horas del primer d�a y concluir� a las 12:00 horas del octavo d�a. En dicho periodo los postores presentar�n sus posturas y podr�n mejorar las propuestas.

"Si dentro de los veinte minutos previos al vencimiento del plazo de remate se recibe una postura que mejore las anteriores, el remate no se cerrar� conforme al t�rmino mencionado en el p�rrafo precedente, en este caso y a partir de las 12:00 horas del d�a de que se trate, el Servicio de Administraci�n Tributaria conceder� plazos sucesivos de 5 minutos cada uno, hasta que la �ltima postura no sea mejorada. Una vez transcurrido el �ltimo plazo sin que se reciba una mejor postura se tendr� por concluido el remate.

"El Servicio de Administraci�n Tributaria fincar� el remate a favor de quien haya hecho la mejor postura. Cuando existan varios postores que hayan ofrecido una suma igual y dicha suma sea la postura m�s alta, se aceptar� la primera postura que se haya recibido.

"Una vez fincado el remate se comunicar� el resultado del mismo a trav�s de medios electr�nicos a los postores que hubieren participado en �l, remitiendo el acta que al efecto se levante."

Art�culo 184. Cuando el postor en cuyo favor se hubiera fincado un remate no cumpla con las obligaciones contra�das y las que este c�digo se�ala, perder� el importe del dep�sito que hubiere constituido y la autoridad ejecutora lo aplicar� de inmediato en favor del fisco federal. En este caso se reanudar�n las almonedas en la forma y plazos que se�alan los art�culos respectivos.

(Reformado primer p�rrafo, D.O.F. 5 de enero de 2004)

"Art�culo 185. Fincado el remate de bienes muebles se aplicar� el dep�sito constituido. Dentro de los tres d�as siguientes a la fecha del remate, el postor deber� enterar mediante transferencia electr�nica de fondos efectuada conforme a las reglas de car�cter general que al efecto expida el Servicio de Administraci�n Tributaria, el saldo de la cantidad ofrecida de contado en su postura o la que resulte de las mejoras.

(Reformado, D.O.F. 15 de diciembre de 1995)

"Tan pronto como el postor cumpla con el requisito a que se refiere el p�rrafo anterior, se citar� al contribuyente para que, dentro de un plazo de tres d�as h�biles, entregue las facturas o documentaci�n comprobatoria de la enajenaci�n de los mismos, la cual deber� expedirla cumpliendo, en lo conducente, con los requisitos a que se refiere el art�culo 29-A de este c�digo, apercibido de que si no lo hace, la autoridad ejecutora emitir� el documento correspondiente en su rebeld�a.

(Adicionado, D.O.F. 15 de diciembre de 1995)

"Posteriormente, la autoridad deber� entregar al adquirente, conjuntamente con estos documentos, los bienes que le hubiere adjudicado.

(Reformado, D.O.F. 31 de diciembre de 1998)

Una vez adjudicados los bienes al adquirente, �ste deber� retirarlos en el momento en que la autoridad los ponga a su disposici�n, en caso de no hacerlo se causar�n derechos por el almacenaje a partir del d�a siguiente.

(Reformado primer p�rrafo, D.O.F. 5 de enero de 2004)

"Art�culo 186. Fincado el remate de bienes inmuebles o negociaciones se aplicar� el dep�sito constituido. Dentro de los diez d�as siguientes a la fecha del remate, el postor enterar� mediante transferencia electr�nica de fondos conforme a las reglas de car�cter general que al efecto expida el Servicio de Administraci�n Tributaria, el saldo de la cantidad ofrecida de contado en su postura o la que resulte de las mejoras.

"Hecho el pago a que se refiere el p�rrafo anterior y designado en su caso el notario por el postor, se citar� al ejecutado para que, dentro del plazo de diez d�as, otorgue y firme la escritura de venta correspondiente, apercibido de que, si no lo hace, el jefe de la oficina ejecutora lo har� en su rebeld�a.

"El ejecutado, aun en el caso de rebeld�a, responde por la evicci�n y los vicios ocultos."

"Art�culo 187. Los bienes pasar�n a ser propiedad del adquirente libres de grav�menes y a fin de que �stos se cancelen, trat�ndose de inmuebles, la autoridad ejecutora lo comunicar� al registro p�blico que corresponda, en un plazo que no exceder� de quince d�as."

Art�culo 188. Una vez que se hubiera otorgado y firmado la escritura en que conste la adjudicaci�n de un inmueble, la autoridad ejecutora dispondr� que se entregue al adquirente, girando las �rdenes necesarias, aun las de desocupaci�n si estuviere habitado por el ejecutado o por terceros que no pudieren acreditar legalmente el uso.

(Adicionado, D.O.F. 31 de diciembre de 2000)

"Art�culo 188-bis. En el caso en que los bienes rematados no puedan ser entregados al postor a cuyo favor se hubiera fincado el remate en la fecha en que �ste lo solicite, por existir impedimento jur�dico debidamente fundado para ello, aqu�l podr�, en un plazo de seis meses contado a partir de la fecha en que solicite la entrega de los bienes, solicitar a la autoridad fiscal la entrega del monto pagado por la adquisici�n de dichos bienes. La autoridad entregar� la cantidad respectiva en un plazo de dos meses contado a partir de la fecha en que se efect�e la solicitud. Si dentro de este �ltimo plazo cesa la causa por la cual la autoridad fiscal se vio imposibilitada para efectuar la entrega de los bienes rematados, se proceder� a la entrega de los mismos en lugar de entregar al postor las cantidades pagadas por esos bienes.

"Transcurrido el plazo de seis meses a que se refiere el p�rrafo anterior, sin que el postor solicite a la autoridad fiscal la entrega del monto pagado por la adquisici�n de dichos bienes, el importe de la postura causar� abandono a favor del fisco federal dentro de dos meses contados a partir de la fecha en que concluya el plazo antes citado y se estar� a lo dispuesto en el art�culo 196-A de este c�digo.

"En el caso en que la autoridad fiscal entregue las cantidades pagadas por la adquisici�n de los bienes rematados, se dejar� sin efectos el remate efectuado. Si con posterioridad a la entrega de las cantidades se�aladas anteriormente cesa la causa por la cual la autoridad fiscal se vio imposibilitada jur�dicamente para efectuar la entrega de los bienes rematados, �sta deber� iniciar nuevamente el procedimiento establecido en esta secci�n para enajenar los mismos, dentro de los quince d�as siguientes a aquel en que haya cesado el impedimento o se cuente con resoluci�n firme que permita hacerlo."

"Art�culo 189. Queda estrictamente prohibido adquirir los bienes objeto de un remate, por s� o por medio de interp�sita persona, a los jefes y dem�s personas de las oficinas ejecutoras, as� como a todos aquellos que hubieren intervenido por parte del fisco federal en el procedimiento administrativo. El remate efectuado con infracci�n a este precepto ser� nulo y los infractores ser�n sancionados conforme a este c�digo."

"Art�culo 190. El fisco federal tendr� preferencia para adjudicarse en cualquier almoneda, los bienes ofrecidos en remate, en los siguientes casos:

(Reformada, D.O.F. 31 de diciembre de 1986)

"I. A falta de postores.

(Reformada, D.O.F. 31 de diciembre de 1986)

"II. A falta de pujas.

(Reformada, D.O.F. 31 de diciembre de 1986)

"III. En caso de posturas o pujas iguales.

"IV. (Derogada, D.O.F. 31 de diciembre de 1986)

(Adicionado, D.O.F. 31 de diciembre de 1986)

La adjudicaci�n se har� al valor que corresponda para la almoneda de que se trate.

(Reformado primer p�rrafo, D.O.F. 5 de enero de 2004)

"Art�culo 191. Cuando no se hubiere fincado el remate en la primera almoneda, se fijar� nueva fecha para que, dentro de los quince d�as siguientes, se lleve a cabo una segunda almoneda, cuya convocatoria se har� en los t�rminos del art�culo 176 de este c�digo.

"La base para el remate en la segunda almoneda se determinar� deduciendo un 20% de la se�alada para la primera.

(Reformado, D.O.F. 5 de enero de 2004)

"Si tampoco se fincare el remate en la segunda almoneda, la autoridad podr� enajenar el bien fuera de remate directamente o encomendar dicha enajenaci�n a empresas o instituciones dedicadas a la compraventa o subasta de bienes, sin que sea necesario que la citada autoridad se adjudique el bien de que se trate.

(Adicionado, D.O.F. 5 de enero de 2004)

"La autoridad podr� aceptar el bien en pago o adjudic�rselo; en estos casos, se suspender�n provisionalmente todos los actos tendientes al cobro del cr�dito fiscal, as� como la causaci�n de recargos y la actualizaci�n de los accesorios. Para tales efectos, dicha autoridad considerar� que el bien fue enajenado en un 50% del valor de aval�o y, en su caso, podr� donarlo para obras o servicios p�blicos, o a instituciones asistenciales o de beneficencia autorizadas conforme a las leyes de la materia. De no formalizarse la aceptaci�n del bien en pago o la adjudicaci�n por causas imputables al ejecutado o si la formalizaci�n fuera revocada por causas imputables al ejecutado, quedar�n sin efectos tanto la aceptaci�n del bien o la adjudicaci�n como la suspensi�n en la causaci�n de recargos y en la actualizaci�n de los accesorios.

(Adicionado, D.O.F. 5 de enero de 2004)

"La aceptaci�n del bien en pago o la adjudicaci�n a que hace referencia el p�rrafo anterior se tendr� por formalizada:

"I. En el caso de bienes muebles, una vez que el embargo quede firme y las autoridades fiscales puedan disponer f�sicamente del bien.

"II. En el caso de bienes inmuebles, una vez que el jefe de la oficina ejecutora firme el acta de adjudicaci�n correspondiente.

(Adicionado, D.O.F. 5 de enero de 2004)

"El acta de adjudicaci�n debidamente firmada por el jefe de la oficina ejecutora tendr� el car�cter de escritura p�blica y ser� el documento p�blico que se considerar� como testimonio de escritura para los efectos de inscripci�n en el Registro P�blico de la Propiedad. En el caso de que no se pueda inscribir el acta de adjudicaci�n en el Registro P�blico de la Propiedad que corresponda por causas imputables al ejecutado, se revocar� la formalizaci�n de la daci�n en pago.

(Adicionado, D.O.F. 5 de enero de 2004)

"El valor de los ingresos obtenidos por la aceptaci�n del bien en pago o la adjudicaci�n se registrar�, para los efectos de la Ley de Ingresos de la Federaci�n, hasta el momento en el que los bienes de que se trate sean enajenados. En el caso de que el bien de que se trate sea enajenado en un valor distinto del valor de adjudicaci�n, se considerar� para los efectos del registro el valor en el que dicho bien se hubiese enajenado.

(Adicionado, D.O.F. 5 de enero de 2004)

"El registro a que se refiere el p�rrafo anterior se realizar� disminuyendo de las cantidades a que alude dicho p�rrafo, seg�n corresponda, los gastos de administraci�n, mantenimiento y enajenaci�n y las erogaciones extraordinarias en que hubiesen incurrido las autoridades fiscales, durante el periodo comprendido desde su aceptaci�n y hasta su enajenaci�n y los montos que en los t�rminos de este art�culo se destinen a los fondos de administraci�n, mantenimiento y enajenaci�n de bienes aceptados en daci�n en pago y de contingencia para reclamaciones. En tanto se realiza el registro del ingreso, la aceptaci�n del bien en pago o la adjudicaci�n se registrar� en las cuentas de orden de las autoridades fiscales.

(Adicionado, D.O.F. 5 de enero de 2004)

"De los ingresos obtenidos en el ejercicio de que se trate por la enajenaci�n de bienes aceptados en pago, o adjudicados se destinar� el 5% al fondo de administraci�n, mantenimiento y enajenaci�n de dichos bienes que se constituya en la Tesorer�a de la Federaci�n, de conformidad con las reglas generales que al efecto emita la Secretar�a de Hacienda y Cr�dito P�blico.

(Adicionado, D.O.F. 5 de enero de 2004)

"Asimismo, el 7.5% de los ingresos obtenidos por la enajenaci�n de dichos bienes en el ejercicio de que se trate, se destinar�n al fondo de contingencia constituido en la Tesorer�a de la Federaci�n y servir� para hacer frente a las reclamaciones que sean procedentes, presentadas por los compradores, por pasivos ocultos, fiscales o de cualquier otra �ndole, por activos inexistentes o asuntos en litigio, de conformidad con las reglas que para tales efectos emita la Secretar�a de Hacienda y Cr�dito P�blico.

(Adicionado, D.O.F. 5 de enero de 2004)

"Los bienes aceptados en pago o adjudicados por las autoridades fiscales de conformidad con lo dispuesto en este art�culo, ser�n considerados, para todos los efectos legales, como bienes del dominio privado de la naci�n, hasta en tanto sean destinados o donados para obras o servicios p�blicos en los t�rminos de este art�culo."

"Art�culo 192. Los bienes embargados podr�n enajenarse fuera de remate, cuando:

(Reformada, D.O.F. 30 de diciembre de 1983)

"I. El embargado proponga comprador antes del d�a en que se finque el remate, se enajenen o adjudiquen los bienes a favor del fisco, siempre que el precio en que se vendan cubra el valor que se haya se�alado a los bienes embargados.

(F. de E., D.O.F. 13 de julio de 1982)

"II. Se trate de bienes de f�cil descomposici�n o deterioro, o de materiales inflamables, siempre que en la localidad no se puedan guardar o depositar en lugares apropiados para su conservaci�n.

(Reformada, D.O.F. 5 de enero de 2004)

III. Se trate de bienes que habiendo salido a remate en primera almoneda, no se hubieran presentado posturas legales.

(Reformado, D.O.F. 31 de diciembre de 1985)

"Art�culo 193. En el supuesto se�alado en la fracci�n III del art�culo anterior, las autoridades fiscales podr�n hacer la enajenaci�n directamente o encomendarla a empresas o instituciones dedicadas a la compraventa o subasta de bienes."

Art�culo 194. El producto obtenido del remate, enajenaci�n o adjudicaci�n de los bienes al fisco, se aplicar� a cubrir el cr�dito fiscal en el orden que establece el art�culo 20 de este c�digo.

(F. de E., D.O.F. 13 de julio de 1982)

"Art�culo 195. En tanto no se hubieran rematado, enajenado o adjudicado los bienes, el embargado podr� pagar el cr�dito total o parcialmente y recuperarlos inmediatamente en la proporci�n del pago, tom�ndose en cuenta el precio del aval�o.

(Reformado, D.O.F. 31 de diciembre de 1998)

Una vez realizado el pago por el embargado o cuando obtenga resoluci�n o sentencia favorable derivada de la interposici�n de alg�n medio de defensa antes de que se hubieran rematado, enajenado o adjudicado los bienes que obliguen a las autoridades a entregar los mismos, �ste deber� retirar los bienes motivo del embargo en el momento en que la autoridad los ponga a su disposici�n y en caso de no hacerlo se causar�n derechos por el almacenaje a partir del d�a siguiente.

(Reformado primer p�rrafo, D.O.F. 5 de enero de 2004)

"Art�culo 196. En el caso de que existan excedentes en la adjudicaci�n a que se refiere el art�culo 191 de este c�digo, �stos se entregar�n al deudor o al tercero que �ste designe por escrito hasta que se lleve a cabo la enajenaci�n del bien de que se trate, salvo que medie orden de autoridad competente; en el caso de que la enajenaci�n no se verifique dentro de los 24 meses siguientes aaquel en el que se firm� el acta de adjudicaci�n correspondiente, los excedentes, descontadas las erogaciones o gastos que se hubieren tenido que realizar por pasivos o cargas adquiridas con anterioridad a la adjudicaci�n, se entregar�n al deudor o al tercero que �ste designe por escrito hasta el �ltimo mes del plazo antes citado.

(Adicionado, D.O.F. 31 de diciembre de 1998)

"Una vez transcurridos dos a�os contados a partir de la fecha en que los excedentes est�n a disposici�n del contribuyente, sin que �ste los retire, pasar�n a propiedad del fisco federal. Se entender� que el excedente se encuentra a disposici�n del interesado, a partir del d�a siguiente a aquel en que se le notifique personalmente la resoluci�n correspondiente.

(F. de E., D.O.F. 13 de julio de 1982)

En caso de conflicto, el remanente se depositar� en instituci�n de cr�dito autorizada en tanto resuelven las autoridades competentes.

(Adicionado, D.O.F. 31 de diciembre de 1998)

"Art�culo 196-A. Causar�n abandono en favor del fisco federal los bienes embargados por las autoridades fiscales, en los siguientes casos:

"I. Cuando habiendo sido enajenados o adjudicados los bienes al adquirente no se retiren del lugar en que se encuentren, dentro de dos meses contados a partir de la fecha en que se pongan a su disposici�n.

"II. Cuando el embargado efect�e el pago del cr�dito fiscal u obtenga resoluci�n o sentencia favorable que ordene su devoluci�n derivada de la interposici�n de alg�n medio de defensa antes de que se hubieran rematado, enajenado o adjudicado los bienes y no los retire del lugar en que se encuentren dentro de dos meses contados a partir de la fecha en que se pongan a disposici�n del interesado.

"III. Se trate de bienes muebles que no hubieren sido rematados despu�s de transcurridos dieciocho meses de practicado el embargo y respecto de los cuales no se hubiere interpuesto ning�n medio de defensa.

(Adicionada, D.O.F. 31 de diciembre de 1999)

"IV. Se trate de bienes que por cualquier circunstancia se encuentren en dep�sito o en poder de la autoridad y los propietarios de los mismos no los retiren dentro de dos meses contados a partir de la fecha en que se pongan a su disposici�n.

"Se entender� que los bienes se encuentran a disposici�n del interesado, a partir del d�a siguiente a aquel en que se le notifique la resoluci�n correspondiente.

"Cuando los bienes embargados hubieran causado abandono, las autoridades fiscales notificar�n personalmente o por correo certificado con acuse de recibo a los propietarios de los mismos, que ha transcurrido el plazo de abandono y que cuentan con quince d�as para retirar los bienes, previo pago de los derechos de almacenaje causados. En los casos en que no se hubiera se�alado domicilio o el se�alado no corresponda a la persona, la notificaci�n se efectuar� a trav�s de estrados.

"Los bienes que pasen a propiedad del fisco federal conforme a este art�culo, podr�n ser enajenados en los t�rminos del art�culo 193 de este c�digo o donarse para obras o servicios p�blicos, o a instituciones asistenciales o de beneficencia autorizadas conforme a las leyes de la materia.

El producto de la venta se destinar� a pagar los cargos originados por el manejo, almacenaje, custodia y gastos de venta de los citados bienes en los t�rminos que mediante reglas establezca la Secretar�a de Hacienda y Cr�dito P�blico.

(Adicionado, D.O.F. 31 de diciembre de 1998)

"Art�culo 196-B. Los plazos de abandono a que se refiere el art�culo 196-A de este c�digo se interrumpir�n:

"I. Por la interposici�n del recurso administrativo o la presentaci�n de la demanda en el juicio que proceda.

"El recurso o la demanda s�lo interrumpir�n los plazos de que se trata, cuando la resoluci�n definitiva que recaiga no confirme, en todo o en parte, la que se impugn�.

II. Por consulta entre autoridades, si de dicha consulta depende la entrega de los bienes a los interesados.

Del contenido de los preceptos transcritos con anterioridad se puede establecer que el procedimiento administrativo de ejecuci�n es la actividad administrativa que desarrolla el Estado para hacer efectivos en v�a de ejecuci�n forzosa los cr�ditos fiscales a su favor, no cubiertos por el causante en los t�rminos establecidos por la ley, actividad tambi�n conocida como facultad econ�mica coactiva del Estado.

De igual manera, se puede advertir que el procedimiento administrativo de ejecuci�n se encuentra integrado por una serie concatenada de actos, los cuales tienen su inicio propiamente con el requerimiento de pago y su culminaci�n con la resoluci�n que aprueba o desaprueba el remate, puesto que el art�culo 183 del C�digo F. de la Federaci�n, que tutela tal procedimiento, previene que el Servicio de Administraci�n Tributaria fincar� el remate a favor de quien haya hecho la mejor postura.

Desde luego, debe hacerse �nfasis en el sentido de que dentro de tal procedimiento se encuentran reguladas otras etapas intermedias como son el requerimiento de pago antes mencionado, la ejecuci�n forzada, el embargo y su tramitaci�n, la intervenci�n, el remate, la adjudicaci�n, su preferencia, la enajenaci�n fuera del remate, el abandono de bienes a favor del fisco y la prescripci�n de los cr�ditos fiscales por el transcurso del tiempo.

Conforme a lo anterior, se puede establecer que el procedimiento administrativo de ejecuci�n se efect�a mediante una serie de actos que tienen su inicial orientaci�n en lo que dispone el art�culo 145 del C�digo F. Federal, en cuanto a que las autoridades fiscales exigir�n el pago de los cr�ditos fiscales que no hubieren sido cubiertos o garantizados dentro de los plazos se�alados por la ley, mediante el procedimiento administrativo de ejecuci�n. Para ello, a partir de la fecha de exigibilidad del cr�dito fiscal el ejecutor designado por el jefe de la oficina exactora puede constituirse en el domicilio del deudor para practicar la diligencia de requerimiento de pago y, en el supuesto de no hacerlo en el acto, se proceder� al embargo de bienes suficientes para, en su caso, rematarlos o enajenarlos fuera de subasta o adjudicarlos a favor del fisco, o bien, el embargo de negociaciones con todo lo que de hecho y por derecho les corresponda, a fin de obtener, mediante la intervenci�n de ellas, los ingresos necesarios que permitan satisfacer el cr�dito fiscal y los accesorios legales. Los bienes o negociaciones embargados se dejar�n bajo la guarda del o de los depositarios que sean necesarios, los que ser�n nombrados y removidos libremente, pero bajo su responsabilidad, por los jefes de las oficinas ejecutoras. Tambi�n se establecen las formalidades a que debe sujetarse la diligencia de embargo, indicando cu�les son las facultades del ejecutor, los derechos del ejecutado, los bienes exceptuados de embargo, etc�tera; de igual manera, se establecen las formalidades que se deben seguir en cada una de las diligencias, consistentes en levantar acta pormenorizada al finalizar la diligencia y entregar copia de la misma a la persona con la que se entendi�.

En los propios preceptos antes aludidos, tambi�n se establece que una vez trabado el embargo se proceder� a la enajenaci�n de los bienes, para lo cual se deben fijar las bases para su enajenaci�n, mediante los aval�os tanto de la autoridad exactora como del obligado y, en ciertos casos, el valor que fijen de com�n acuerdo la autoridad y el contribuyente embargado en un plazo determinado. Se establece lo conducente para la convocatoria para el remate, la postura legal, las formalidades que deben observarse para realizar el remate, la procedencia de segunda almoneda, la venta fuera de subasta, la adjudicaci�n al fisco, etc�tera. Luego, fincado el remate y pagado el precio, se lleva a cabo la adjudicaci�n y entrega de los bienes rematados al adquirente y la ampliaci�n del producto de los bienes rematados para cubrir el cr�dito fiscal y sus accesorios legales.

Acorde con lo antes precisado, se puede establecer que el procedimiento administrativo de ejecuci�n es un conjunto concatenado de actos vinculados entre s� por medio de los cuales se pretende la obtenci�n, por v�a coactiva, del cr�dito fiscal debido por el deudor.

Adem�s, se debe se�alar que el procedimiento administrativo de ejecuci�n tiene lugar con apoyo en un cr�dito fiscal firme, ya bien porque haya sido impugnado a trav�s de los medios legales de defensa y el contribuyente no haya obtenido sentencia favorable, declar�ndose la validez del cr�dito, o bien, por no haber sido impugnado y, por consecuencia, haber adquirido firmeza por haberse conformado con el mismo, lo cual constituir� t�tulo ejecutivo que podr� hacerse efectivo a trav�s del procedimiento administrativo de ejecuci�n, por constituir un presupuesto formal de �ste, lo cual implica que la ejecuci�n forzada brinda la posibilidad de hacer efectivos los cr�ditos fiscales que se encuentren firmes y l�quidos sin la necesidad de acudir a los tribunales para una previa aprobaci�n; sin embargo, no obstante la firmeza que ya haya adquirido el cr�dito fiscal, ello de modo alguno puede evitar que al momento de que pretenda hacerse efectivo se cometan violaciones que necesariamente tengan que ser impugnadas por el contribuyente y reparadas por la autoridad administrativa, como se ver� a continuaci�n, a trav�s de los medios legales correspondientes.

Ahora bien, para determinar si los actos que se susciten dentro de la tramitaci�n del procedimiento administrativo de ejecuci�n, como son el requerimiento de pago, diligencia de embargo y acta de descripci�n de los bienes embargados, son impugnables a trav�s del juicio de nulidad, se hace necesaria la transcripci�n de los art�culos 116, 117, 120 y 127 del C�digo F. de la Federaci�n, as� como el art�culo 11 de la Ley Org�nica del Tribunal Federal de Justicia F. y Administrativa, los cuales son del tenor siguiente:

C�digo F. de la Federaci�n.

Art�culo 116. Contra los actos administrativos dictados en materia fiscal federal, se podr� interponer el recurso de revocaci�n.

(Reformado, D.O.F. 15 de diciembre de 1995)

"Art�culo 117. El recurso de revocaci�n proceder� contra:

"I. Las resoluciones definitivas dictadas por autoridades fiscales federales que:

"a) D. contribuciones, accesorios o aprovechamientos.

"b) Nieguen la devoluci�n de cantidades que procedan conforme a la ley.

"c) Dicten las autoridades aduaneras.

"d) Cualquier resoluci�n de car�cter definitivo que cause agravio al particular en materia fiscal, salvo aquellas a que se refieren los art�culos 33-A, 36 y 74 de este c�digo.

"II. Los actos de autoridades fiscales federales que:

"a) Exijan el pago de cr�ditos fiscales, cuando se alegue que �stos se han extinguido o que su monto real es inferior al exigido, siempre que el cobro en exceso sea imputable a la autoridad ejecutora o se refiera a recargos, gastos de ejecuci�n o a la indemnizaci�n a que se refiere el art�culo 21 de este c�digo.

"b) Se dicten en el procedimiento administrativo de ejecuci�n, cuando se alegue que �ste no se ha ajustado a la ley.

"c) Afecten el inter�s jur�dico de terceros, en los casos a que se refiere el art�culo 128 de este c�digo.

"d) D. el valor de los bienes embargados a que se refiere el art�culo 175 de este c�digo."

"Art�culo 120. La interposici�n del recurso de revocaci�n ser� optativa para el interesado antes de acudir al Tribunal Federal de Justicia F. y Administrativa.

Cuando un recurso se interponga ante autoridad fiscal incompetente, �sta lo turnar� a la que sea competente.

(Reformado primer p�rrafo, D.O.F. 15 de diciembre de 1995)

"Art�culo 127. Cuando el recurso de revocaci�n se interponga porque el procedimiento administrativo de ejecuci�n no se ajust� a la ley, las violaciones cometidas antes del remate podr�n hacerse valer en cualquier tiempo, antes de la publicaci�n de la convocatoria en primera almoneda, salvo que se trate de actos de ejecuci�n sobre bienes legalmente inembargables, de actos de imposible reparaci�n material o de lo previsto por el art�culo 129, casos en que el plazo para interponer el recurso se computar� a partir del d�a siguiente al en que surta efectos la notificaci�n del requerimiento de pago o del d�a siguiente al de la diligencia de embargo.

Si las violaciones tuvieren lugar con posterioridad a la mencionada convocatoria o se tratare de venta de bienes fuera de subasta, el recurso se har� valer contra la resoluci�n que finque el remate o la que autorice la venta fuera de subasta.

Ley Org�nica del Tribunal Federal de Justicia F. y Administrativa.

(Reformado primer p�rrafo, D.O.F. 31 de diciembre de 2000)

"Art�culo 11. El Tribunal Federal de Justicia F. y Administrativa conocer� de los juicios que se promuevan contra las resoluciones definitivas que se indican a continuaci�n:

"I. Las dictadas por autoridades fiscales federales y organismos fiscales aut�nomos, en que se determine la existencia de una obligaci�n fiscal, se fije en cantidad l�quida o se den las bases para su liquidaci�n.

"II. Las que nieguen la devoluci�n de un ingreso, de los regulados por el C�digo F. de la Federaci�n, indebidamente percibido por el Estado o cuya devoluci�n proceda de conformidad con las leyes fiscales.

"III. Las que impongan multas por infracci�n a las normas administrativas federales.

"IV. Las que causen un agravio en materia fiscal distinto al que se refieren las fracciones anteriores.

"V. Las que nieguen o reduzcan las pensiones y dem�s prestaciones sociales que concedan las leyes en favor de los miembros del Ej�rcito, de la Fuerza A�rea y de la Armada Nacional o de sus familiares o derechohabientes con cargo a la Direcci�n de Pensiones Militares o al erario federal, as� como las que establezcan obligaciones a cargo de las mismas personas, de acuerdo con las leyes que otorgan dichas prestaciones.

(Reformado, D.O.F. 31 de diciembre de 2000)

"Cuando el interesado afirme, para fundar su demanda que le corresponde un mayor n�mero de a�os de servicio que los reconocidos por la autoridad respectiva, que debi� ser retirado con grado superior al que consigne la resoluci�n impugnada o que su situaci�n militar sea diversa de la que le fue reconocida por la Secretar�a de la Defensa Nacional o de Marina, seg�n el caso; o cuando se versen cuestiones de jerarqu�a, antig�edad en el grado o tiempo de servicios militares, las sentencias del Tribunal Federal de Justicia F. y Administrativa s�lo tendr�n efectos en cuanto a la determinaci�n de la cuant�a de la prestaci�n pecuniaria que a los propios militares corresponda, o a las bases para su depuraci�n.

"VI. Las que se dicten en materia de pensiones civiles, sea con cargo al erario federal o al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.

"VII. Las que se dicten sobre interpretaci�n y cumplimiento de contratos de obras p�blicas celebrados por las dependencias de la administraci�n p�blica federal centralizada.

"VIII. Las que constituyan cr�ditos por responsabilidades contra servidores p�blicos de la Federaci�n, del Distrito Federal o de los organismos descentralizados federales o del propio Distrito Federal, as� como en contra de los particulares involucrados en dichas responsabilidades.

"IX. Las que requieran el pago de garant�as a favor de la Federaci�n, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, as� como sus organismos descentralizados.

"X. Las que se dicten negando a los particulares la indemnizaci�n a que se contrae el art�culo 77 bis de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores P�blicos. El particular podr� optar por esta v�a o acudir ante la instancia judicial competente.

"XI. Las que traten las materias se�aladas en el art�culo 94 de la Ley de Comercio Exterior.

"XII. Las que impongan sanciones administrativas a los servidores p�blicos en los t�rminos de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores P�blicos.

(Reformada, D.O.F. 31 de diciembre de 2000)

"XIII. Las dictadas por las autoridades administrativas que pongan fin a un procedimiento administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente, en los t�rminos de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

(Reformada, D.O.F. 31 de diciembre de 2000)

"XIV. Las que decidan los recursos administrativos en contra de las resoluciones que se indican en las dem�s fracciones de este art�culo.

(Adicionada, D.O.F. 31 de diciembre de 2000)

"XV. Las se�aladas en las dem�s leyes como competencia del tribunal.

"Para los efectos del primer p�rrafo de este art�culo, las resoluciones se considerar�n definitivas cuando no admitan recurso administrativo o cuando la interposici�n de �ste sea optativa.

(Reformado, D.O.F. 31 de diciembre de 2000)

"El Tribunal Federal de Justicia F. y Administrativa conocer� de los juicios que promuevan las autoridades para que sean anuladas las resoluciones administrativas favorables a un particular, siempre que dichas resoluciones sean de las materias se�aladas en las fracciones anteriores como de su competencia.

(Adicionado, D.O.F. 31 de diciembre 2000)

"Tambi�n conocer� de los juicios que se promuevan contra una resoluci�n negativa ficta configurada, en las materias se�aladas en este art�culo, por el transcurso del plazo que se�alen las disposiciones aplicables o, en su defecto, por la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. Asimismo, conocer� de los juicios que se promuevan en contra de la negativa de la autoridad a expedir la constancia de haberse configurado la resoluci�n positiva ficta, cuando �sta se encuentre prevista por la ley que rija a dichas materias.

(Adicionado, D.O.F. 31 de diciembre de 2000)

No ser� aplicable lo dispuesto en el p�rrafo anterior en todos aquellos casos en los que se pudiere afectar el derecho de un tercero, reconocido en un registro o anotaci�n ante autoridad administrativa.

Como se puede advertir del texto del art�culo 11 de la Ley Org�nica del Tribunal Federal de Justicia F. y Administrativa, dicho tribunal tendr� competencia para conocer de los juicios de nulidad que se promuevan contra las autoridades fiscales, en los t�rminos precisados en cada una de sus fracciones, siempre y cuando tales actos tengan el car�cter de definitivos.

En el propio precepto se se�ala que se entender�n como definitivas las resoluciones que no admitan recurso administrativo o cuando la interposici�n del recurso sea optativo.

Por su parte, del texto del art�culo 120 del C�digo F. de la Federaci�n aparece que la interposici�n del recurso de revocaci�n ser� optativo para el interesado antes de acudir al Tribunal Federal de Justicia F. y Administrativa.

Ahora bien, para la materializaci�n del caso de procedencia del medio de defensa contenido en la fracci�n I del art�culo 117 del C�digo F. de la Federaci�n, se exige el requisito de definitividad, lo cual desde luego no sucede en lo que respecta a la fracci�n II del propio precepto legal, ya que en esta fracci�n se hace alusi�n a la procedencia del recurso de revocaci�n en lo que respecta a los actos de autoridades fiscales federales dentro del procedimiento administrativo de ejecuci�n.

En efecto, en la fracci�n II, inciso a), del art�culo 117 del C�digo F. de la Federaci�n se establece la procedencia del recurso administrativo en contra del requerimiento de pago que se prev� en el art�culo 145 del ordenamiento referido.

Por su parte, el propio art�culo 117, en su fracci�n II, inciso b), establece que procede el recurso de revocaci�n contra los actos de autoridades fiscales federales que se dicten en el procedimiento administrativo de ejecuci�n, cuando se alegue que �ste no se ha ajustado a la ley.

De lo anterior aparece que si bien es cierto que en t�rminos de la fracci�n I del art�culo 117 antes referido se exige que para que proceda el recurso de revocaci�n la resoluci�n relativa debetener el car�cter de definitiva, no es menos cierto que por lo que respecta a los actos dictados dentro del procedimiento administrativo de ejecuci�n, comprendidos en la fracci�n II, inciso b), no se exige tal requisito, con la aclaraci�n que dentro de tales actos no puede ubicarse al requerimiento de pago, ya que tal acto debe entenderse que queda comprendido en el inciso a) de la aludida fracci�n II del mencionado art�culo 117.

En otro orden de ideas, debe destacarse que en t�rminos de lo dispuesto por el art�culo 127 del C�digo F. de la Federaci�n resulta procedente el recurso de revocaci�n como acto independiente, aun cuando forme parte del procedimiento administrativo de ejecuci�n, ya que tal precepto establece el plazo para su interposici�n a partir del d�a siguiente al en que se haya realizado el embargo, sin perjuicio de que en contra de los dem�s actos que conforman dicho procedimiento resulte procedente el recurso de revocaci�n, cada vez que se considere violada la ley, por as� permitirlo el art�culo 117, fracci�n II, antes citado.

De lo antes expuesto se evidencia que en la fracci�n II, inciso b), del art�culo 117 del C�digo F. de la Federaci�n, se establece la procedencia del recurso de revocaci�n en contra de los actos dictados dentro del procedimiento administrativo de ejecuci�n, cuando se alegue que no se han ajustado a la ley.

De igual manera, aparece que resulta procedente el recurso de revocaci�n en contra del embargo, como acto independiente, en t�rminos de lo establecido por el art�culo 127 del propio ordenamiento legal.

Atento a lo anterior, es indudable que s� es posible combatir cada uno de los actos que se lleven a cabo dentro del procedimiento administrativo de ejecuci�n de manera independiente, no obstante que no tengan el car�cter de definitivos como lo exige el art�culo 11 de la Ley Org�nica del Tribunal Federal de Justicia F. y Administrativa, ya que tales actos no se encuentran sujetos a tales exigencias, y s�lo bastar� para su impugnaci�n que se cometan en el procedimiento administrativo de ejecuci�n.

Desde luego, debe destacarse que si el recurso de revocaci�n a que se ha hecho m�rito, conforme a lo dispuesto por el art�culo 120 del c�digo de la materia, es optativo para el contribuyente, antes de acudir al Tribunal Federal de Justicia F. y Administrativa, es indudable que de la interpretaci�n arm�nica de lo dispuesto en los art�culos 117, fracci�n II, 120 y 127 del C�digo F. de la Federaci�n y 11, pen�ltimo p�rrafo, de la Ley Org�nica del Tribunal Federal de Justicia F. y Administrativa, los actos a que se refiere el procedimiento administrativo de ejecuci�n pueden v�lidamente impugnarse a trav�s del recurso de revocaci�n o, en su caso, a trav�s del juicio de nulidad ante tal tribunal, dado que se trata de actos en contra de los cuales procede el recurso administrativo, pero su interposici�n ante la propia autoridad fiscal resulta optativo para el interesado.

No pasa desapercibido para esta Segunda Sala la existencia de la jurisprudencia 2a./J. 17/98, cuyos datos de localizaci�n, rubro y texto son los siguientes:

"Novena �poca

"Instancia: Segunda Sala

"Fuente: Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta

"Tomo: VII, abril de 1998

"Tesis: 2a./J. 17/98

"P�gina: 187

EJECUCI�N, PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE. EL AMPARO CONTRA RESOLUCIONES DICTADAS EN AQU�L S�LO PROCEDE CUANDO SE RECLAMA LA DEFINITIVA, A PESAR DE QUE SE IMPUGNE LA CONSTITUCIONALIDAD DE LEYES.-El procedimiento administrativo de ejecuci�n regulado por los art�culos 145 a 196 del C�digo F. de la Federaci�n no tiene como finalidad la resoluci�n de alguna controversia entre partes contendientes, por lo que en rigor no puede decirse que se trate de un procedimiento seguido en forma de juicio, en los t�rminos literales del art�culo 114, fracci�n II, p�rrafo segundo, de la Ley de Amparo, pero consta de una serie coherente y concordante de actos tendientes a la obtenci�n ejecutiva del cumplimiento de una obligaci�n con base en una liquidaci�n firme que constituye la prueba legal de la existencia del cr�dito, de su liquidez y de su inmediata reclamaci�n y, como tal, presupuesto formal del comentado procedimiento de ejecuci�n, similar en estos aspectos a una sentencia ejecutoriada. Por tanto, se justifica que el juicio de amparo s�lo pueda promoverse hasta que se dicte en el citado procedimiento de ejecuci�n fiscal la resoluci�n con la que culmine, es decir, la definitiva en que se apruebe o desapruebe el remate, pudi�ndose reclamar en tal oportunidad todas las violaciones cometidas dentro de dicho procedimiento. De lo contrario, si se estimara procedente el juicio de garant�as contra cada uno de los actos procesales de modo aislado, se obstaculizar�a injustificadamente la secuencia ejecutiva, lo cual no debe permitirse aunque se reclame la inconstitucionalidad de las leyes que rigen ese procedimiento, ya que de la interpretaci�n relacionada de la citada fracci�n II del art�culo 114 de la Ley de Amparo, acerca de que el amparo contra remates s�lo procede contra la resoluci�n definitiva que los apruebe o desapruebe, y de la fracci�n III del mismo precepto legal, se desprende que, en lo conducente, la intenci�n del legislador ha sido la de que no se entorpezcan, mediante la promoci�n del juicio constitucional, los procedimientos de ejecuci�n fundados en resoluciones o sentencias definitivas, a pesar de que �stas no deriven de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, por lo que operan las mismas razones para sostener que, trat�ndose del mencionado procedimiento, el juicio de amparo puede promoverse hasta que se dicte la �ltima resoluci�n que en aqu�l se pronuncie.

Ya que en tal jurisprudencia si bien es cierto que se sustenta el criterio de que es impugnable �nica y exclusivamente la �ltima resoluci�n que pone fin al procedimiento administrativo de ejecuci�n, tal regla es aplicable por lo que respecta al juicio de garant�as, atendiendo al principio de definitividad que lo rige, no es menos cierto que tal regla no es aplicable para el juicio de nulidad, en virtud de que existe dispositivo legal expreso en el que se establece que los actos que acontezcan dentro del procedimiento administrativo de ejecuci�n ser�n impugnables cuando se alegue que no se ajustaron a la ley.

Conforme a lo anterior, el criterio que debe prevalecer con el car�cter de jurisprudencia en t�rminos del art�culo 192 de la Ley de Amparo, es el sustentado por esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, que se redacta a continuaci�n.

EJECUCI�N EN MATERIA FISCAL. CONTRA LOS ACTOS DEL PROCEDIMIENTO PROCEDE EL JUICIO DE NULIDAD.-Conforme al art�culo 120 del C�digo F. de la Federaci�n, la interposici�n del recurso de revocaci�n en contra de los actos dictados en el procedimiento administrativo de ejecuci�n es optativa para el interesado antes de acudir al Tribunal Federal de Justicia F. y Administrativa. Ahora bien, de la interpretaci�n arm�nica del citado precepto con los art�culos 116, 117, fracci�n II, inciso b), 127 del C�digo F. de la Federaci�n y 11 de la Ley Org�nica del Tribunal Federal de Justicia F. y Administrativa, se advierte que los actos a que se refiere el aludido procedimiento pueden impugnarse v�lidamente a trav�s del recurso de revocaci�n o, en su caso, mediante el juicio de nulidad ante dicho tribunal, dado que no se encuentran regidos por el principio de definitividad, sino por el contrario, la fracci�n II, inciso b) antes citada, expresamente otorga al contribuyente tal beneficio; de ah� que los actos que vayan suscit�ndose durante la tramitaci�n del procedimiento de referencia podr�n impugnarse a trav�s del juicio de nulidad ante el tribunal mencionado cuando se considere que no est�n ajustados a la ley.

Por lo expuesto y fundado, se

resuelve:

PRIMERO

S� existe la contradicci�n de tesis denunciada a que este toca se refiere.

SEGUNDO

Debe prevalecer con el car�cter de jurisprudencia la tesis redactada en la parte final del �ltimo considerando de esta ejecutoria.

N.�quese; rem�tase testimonio de esta resoluci�n a los Tribunales Colegiados Primero y Tercero, ambos en Materia Administrativa del Sexto Circuito y, en su oportunidad, arch�vese el toca relativo a la presente contradicci�n de tesis 76/2005-SS, como asunto concluido.

As� lo resolvi� la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, por unanimidad de cinco votos de los se�ores Ministros: M.B.L.R., G.D.G.�ngora P., S.S.A.A., G.I.O.M. y presidente J.D.R.. Fue ponente el se�or M.S.S.A.A..

Nota: La tesis VI.3o.A. J/45 citada, aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, Novena �poca, T.X., abril de 2005, p�gina 1276.