Ejecutoria num. 1a./J. 138/2005 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala - Jurisprudencia - VLEX 26823538

Ejecutoria num. 1a./J. 138/2005 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala

Emisor:Primera Sala
Número de Resolución:1a./J. 138/2005
Materia:Suprema Corte de Justicia de México
Fecha de Publicación: 1 de Diciembre de 2005
RESUMEN

CONTRADICCIÓN DE TESIS 60/2005-PS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS, TERCERO Y CUARTO, AMBOS EN MATERIA CIVIL DEL SEGUNDO CIRCUITO. ACCIÓN PLENARIA DE POSESIÓN. LA TESIS JURISPRUDENCIAL 1a./J. 13/98 ES APLICABLE AL ARTÍCULO 2.6 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL ESTADO DE MÉXICO.

 
CONTENIDO

CONTRADICCI�N DE TESIS 60/2005-PS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS, TERCERO Y CUARTO, AMBOS EN MATERIA CIVIL DEL SEGUNDO CIRCUITO.
CONSIDERANDO:
TERCERO. Ejecutorias que participan en la contradicci�n. En primer lugar, debe determinarse si en el caso existe contradicci�n de criterios, para lo cual es necesario analizar las ejecutorias que participan en la misma.
El Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, al resolver el amparo directo 9/2005, consider�, en s�ntesis, lo siguiente:
De acuerdo al art�culo 2.6 del C�digo de Procedimientos Civiles para el Estado de M�xico, quien pretenda ejercer la acci�n plenaria de posesi�n debe acreditar que ten�a la posesi�n o que la ten�a su causante; sin embargo, de tal dispositivo no se advierte qu� tipo de posesi�n es la que se debe demostrar.
As�, accediendo al principio de derecho consistente en que donde la ley no distingue el juzgador no debe distinguir, si el referido precepto no prev� como requisito que se demuestre la posesi�n material, no es necesario que se acredite �sta para el ejercicio de la acci�n de marras.
La acci�n plenaria de posesi�n encuentra sus or�genes en el derecho romano. Fue instituida para proteger al poseedor de buena fe y la sentencia �nicamente versaba sobre el mejor derecho para poseer, sin prejuzgar sobre los derechos de propiedad. En ese tiempo, quien quer�a ejercer la acci�n reivindicatoria ten�a que demostrar que todas sus causantes anteriores hab�an tenido la propiedad, lo cual era extremadamente dif�cil, por lo que la mayor�a de los propietarios optaron por el ejercicio de la acci�n publiciana, en donde obten�an la restituci�n de la finca, aun cuando no se hiciera la declaraci�n de dominio. Posteriormente, como se confundi� esta acci�n con la reivindicatoria durante la Edad Media, desapareci� de muchas legislaciones que influyeron sobre la legislaci�n civil nacional, desapareciendo tambi�n en �sta. Ya en el siglo XX se incorpor� expresamente esta acci�n.
Ahora bien, el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, al resolver el amparo directo civil 48/2004, emiti� la tesis de rubro: "ACCI�N PLENARIA DE POSESI�N. INAPLICABILIDAD DE LA TESIS 1a./J. 13/98 (LEGISLACI�N DEL ESTADO DE M�XICO).", en la cual consider� que para poder ejercer la acci�n plenaria de posesi�n deb�a acreditarse haber tenido la posesi�n material del bien; sin embargo, dicho criterio no toma en cuenta la figura jur�dica de la posesi�n.
Interpretando la figura jur�dica de la posesi�n como se encuentra contemplada en las legislaciones procesales para el Estado de M�xico abrogada y vigente, se advierte que el tratamiento que se da a esa figura es id�ntico en las dos legislaciones. Las dos contemplan dos clases de posesi�n (originaria y derivada), y tanto el poseedor originario como el derivado poseen sin que los c�digos mencionados los distingan. Incluso, en ambos ordenamientos, se establece que si se pierde la posesi�n y el poseedor derivado no quiere o no puede ejercitar la acci�n para recuperar la posesi�n, el poseedor originario puede hacerlo, lo que se traduce en que ese poseedor originario tiene una posesi�n jur�dica y perfectamente puede accionar para recuperar su posesi�n originaria y que la material se le entregue a �l mismo.
Los dos elementos de la posesi�n son el corpus (elemento material representado por el conjunto de hechos que revelan la posesi�n) y el animus (elemento psicol�gico que se identifica con la intenci�n del autor de manejarse como propietario de la cosa).
Ahora bien, aplicado el m�todo de interpretaci�n de la causalidad jur�dica, tenemos que a todo supuesto jur�dico corresponde una consecuencia de derecho, de tal suerte que si la legislaci�n prev� la posibilidad de que existan dos tipos de posesiones, una de ellas originaria (hay animus pero no necesariamente corpus) y otra derivada (hay corpus pero no necesariamente animus), es claro que desde ese momento el legislador previ� la protecci�n jur�dica tanto del poseedor originario como del derivado.
De esta forma, el poseedor derivado al tener el corpus, esto es, la posesi�n material de la cosa, puede intentar la acci�n plenaria de posesi�n, o bien, intentar una acci�n interdictal, pero el poseedor jur�dico que no tiene el corpus sino el animus (porque la tenencia material o corpus se la transmiti� al poseedor derivado por alg�n t�tulo jur�dico) quedar�a indemne y sin protecci�n alguna si no se le permitiera ejercer la acci�n plenaria de posesi�n, pues los interdictos requieren que se tenga la posesi�n material, y tampoco podr�a intentar la acci�n reivindicatoria por no ser propietario de la cosa.
A lo anterior no obsta la exigencia de tener justo t�tulo para poseer, ya que el poseedor originario que tiene el animus pero no el corpus, precisamente har� descansar su derecho a mejor poseer en el negocio jur�dico que le confiri� el derecho a poseer con animus y corpus, y en el que se bas� para que a trav�s de diverso t�tulo jur�dico transmitiera el corpus al poseedor derivado.
De esta forma, los poseedores originario y derivado, es decir, los poseedores jur�dico y material, tienen plenamente reconocida su calidad jur�dica y les compete una acci�n para defender, en el caso del primero, su animus, y en el caso del segundo, el corpus, y esa acci�n se llama plenaria de posesi�n. As�, para ejercer dicha acci�n se debe acreditar la posesi�n jur�dica o la material, por lo que si el precepto no especifica en forma terminante que la posesi�n que se debe acreditar es la material, resulta indiscutible que la posesi�n que para la procedencia de la acci�n se debe acreditar puede ser la jur�dica.
Por tanto, la jurisprudencia de rubro: "ACCI�N PLENARIA DE POSESI�N. NO ES REQUISITO DEMOSTRAR HABER DISFRUTADO DE LA POSESI�N MATERIAL DEL BIEN.", s� es aplicable para el acreditamiento de la acci�n plenaria de posesi�n, pues tal criterio no excluye la obligaci�n del actor de acreditar la posesi�n, pues lo que se define es que se debe acreditar la posesi�n, dependiendo de cada caso en particular, ya jur�dica o derivada.
Por su parte, el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, al resolver el amparo directo civil 48/2004, estableci�, respecto del tema de la contradicci�n, lo que a continuaci�n se sintetiza:
La Primera S. de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, en la tesis 1a./J. 13/98, de rubro: "ACCI�N PLENARIA DE POSESI�N. NO ES REQUISITO DEMOSTRAR HABER DISFRUTADO DE LA POSESI�N MATERIAL DEL BIEN.", sostuvo que para que se declare fundada la acci�n publiciana debe acreditarse: a) tener el justo t�tulo para poseer, b) que ese t�tulo se haya adquirido de buena fe, c) que el demandado posee el bien a que se refiere el t�tulo y d) que es mejor el derecho del actor para poseer materialmente que el que alegue el demandado. De esta forma, la Primera S. concluy� que el juzgador s�lo debe analizar la existencia de tales requisitos, sin que deba exigir la comprobaci�n de que el actor tuvo la posesi�n material del bien.
No obstante las consideraciones que dieron origen a esa tesis jurisprudencial versaron sobre la acci�n plenaria de posesi�n contenida en el art�culo 482 del C�digo de Procedimientos Civiles para el Estado de M�xico abrogado y, por ello, no puede estimarse que dicho criterio resulte v�lido a fin de analizar la procedencia de la acci�n plenaria de posesi�n ejercida de conformidad con lo dispuesto por el art�culo 2.6 de la ley procesal vigente en el Estado de M�xico.
En efecto, cuando el legislador abrog� el C�digo de Procedimientos Civiles para el Estado de M�xico y estableci� el actual art�culo 2.6 del c�digo vigente, consider� que el actor deb�a demostrar que �l o su causante ten�an la posesi�n del predio en litigio, lo cual no se encontraba contemplado por el art�culo 482 abrogado, analizado en el criterio jurisprudencial mencionado.
Por tanto, si el art�culo 2.6 del C�digo de Procedimientos Civiles para el Estado de M�xico exige como requisito para la procedencia de la acci�n plenaria de posesi�n que el actor acredite que �l o su causante ten�an la posesi�n del bien en litigio, es evidente que la posesi�n que tutela dicho precepto legal es la posesi�n material, toda vez que si dicha acci�n compete a quien no est� en posesi�n de la cosa a que tiene derecho, es claro que ello conlleva a demostrar, como lo exige el precepto en cita, que el actor o su causante ten�an la posesi�n material del bien, m�xime si se toma en cuenta que la sentencia tendr� el efecto de restituir la cosa con sus frutos y accesiones.
Dichos razonamientos dieron lugar a la tesis II.4o.C.17 C, cuyo tenor literal es el siguiente:
"ACCI�N PLENARIA DE POSESI�N. INAPLICABILIDAD DE LA TESIS 1a./J. 13/98 (LEGISLACI�N DEL ESTADO DE M�XICO). La Primera S. de la Suprema Corte Justicia de la Naci�n al resolver la contradicci�n de tesis n�mero 50/95, que dio origen a la tesis de jurisprudencia 1a./J. 13/98, de ep�grafe: ?ACCI�N PLENARIA DE POSESI�N. NO ES REQUISITO DEMOSTRAR HABER DISFRUTADO DE LA POSESI�N MATERIAL DEL BIEN.?, sostuvo que para el ejercicio de la acci�n plenaria de posesi�n no se requiere demostrar haber disfrutado la posesi�n material del bien objeto de la litis, sino �nicamente tener justo t�tulo para poseer, que sea de buena fe, que el demandado posea el bien a que se refiere el t�tulo, y que sea mejor el derecho del actor para poseer el bien; sin embargo, el art�culo 14 de la Constituci�n Federal previene que en los juicios del orden civil la sentencia definitiva deber� ser conforme a la letra o a la interpretaci�n jur�dica de la ley. En consecuencia, si dicha tesis de jurisprudencia se refiere a la interpretaci�n jur�dica de la acci�n plenaria de posesi�n, a la luz del art�culo 482 del C�digo de Procedimientos Civiles para el Estado de M�xico abrogado, tal criterio no resulta aplicable para analizar la acci�n publiciana, de conformidad con lo dispuesto por el art�culo 2.6 de la ley procesal vigente en la entidad, toda vez que el legislador estableci� en este precepto como elemento de procedencia de dicha acci�n que el actor debe demostrar que �l o su causante ten�an la posesi�n del predio en litigio, lo cual no se encontraba contemplado por el citado art�culo 482 del abrogado c�digo, materia de an�lisis de la tesis de jurisprudencia en cita, en cuya virtud, si no se prueba ese elemento, la citada acci�n es improcedente."(1)
En el mismo sentido, dicho Tribunal Colegiado resolvi� los amparos directos en revisi�n 338/2004, 240/2005 y 279/2005.
Adem�s de las consideraciones antes resumidas, este mismo tribunal al resolver el amparo directo 167/2005, expuso lo que a continuaci�n se sintetiza:
El elemento para el ejercicio de la acci�n publiciana consistente en la demostraci�n de que la actora o su causante hubieran tenido la posesi�n del predio en disputa, se refiere a la posesi�n material.
El origen de esa acci�n se encuentra en la tradici�n romanista y consist�a en el derecho para reivindicar a todo aquel que hubiese recibido una cosa con justo t�tulo, cuando perdiera la posesi�n antes de haber adquirido la propiedad.
La acci�n publiciana descansa en la ficci�n legal mediante la cual se finge que ha transcurrido el tiempo para usucapir, obteniendo la restituci�n de la finca sin que se haga declaraci�n del dominio, por lo que la mayor�a de los propietarios optaron por esta acci�n, ya que la prueba de la propiedad era muy dif�cil y, por ello, se prefiri� el ejercicio de esta acci�n sobre la reivindicatoria.
Puede afirmarse, entonces, que la acci�n publiciana es una acci�n real que protege la posesi�n, que es petitoria y no declarativa, ya que la sentencia que se emite tiene efectos de condena, pues el demandado debe restituir la cosa con sus frutos y accesiones, por lo que resulta incuestionable que la posesi�n que se debe demostrar en t�rminos del art�culo 2.6 del C�digo de Procedimientos Civiles para el Estado de M�xico, es la material.
En el Estado de M�xico no se sigue la tradici�n romana conforme a la cual para poseer se necesita el corpus y el animus, pues el legislador estableci� en el art�culo 5.28 del C�digo de Procedimientos Civiles para el Estado de M�xico, que la posesi�n es un poder de hecho que se ejerce sobre una cosa, descartando de manera absoluta el animus, por lo que lo que se posee en realidad no es la cosa, sino el derecho real sobre la misma y poseer es ejercitar un derecho, por lo que cabe concluir que es el hecho material de tener la cosa en poder. El poseedor es el dominador de la cosa, el que manda en ella y la disfruta para s� como due�o en sentido econ�mico, por lo que es el hecho material de tener la cosa en su poder lo que constituye la posesi�n.
CUARTO. Existencia de la contradicci�n. Para que haya materia a dilucidar respecto de cu�l criterio es el que debe prevalecer, deben concurrir los siguientes supuestos:
a) Que al resolver los negocios se examinen cuestiones jur�dicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jur�dicos discrepantes;
b) Que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jur�dicas de las sentencias respectivas; y,
c) Que los diferentes criterios provengan del examen de los mismos elementos.
Al respecto, es aplicable la jurisprudencia P./J. 26/2001, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, de rubro: "CONTRADICCI�N DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA."(2)
Cabe se�alar que aun cuando los criterios sustentados por los tribunales contendientes no constituyen jurisprudencia debidamente integrada, ello no es requisito indispensable para proceder a su an�lisis y establecer si existe la contradicci�n planteada y, en su caso, cu�l es el criterio que debe prevalecer, siendo aplicable la tesis P. L/94, de rubro: "CONTRADICCI�N DE TESIS. PARA SU INTEGRACI�N NO ES NECESARIO QUE SE TRATE DE JURISPRUDENCIAS.", emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n.(3)
Establecido lo anterior, es procedente examinar si en la especie se da o no la contradicci�n de criterios.
De la confrontaci�n de las consideraciones emitidas en las resoluciones de los tribunales contendientes, se llega a la conclusi�n de que s� existe la contradicci�n de criterios, pues en los negocios resueltos se examinaron cuestiones jur�dicas esencialmente iguales y se adoptaron posiciones o criterios jur�dicos discrepantes, obteni�ndose diferencia de criterios en los razonamientos, proviniendo del an�lisis de los mismos elementos, lo cual se comprueba con los razonamientos siguientes:
En los criterios discordantes se realiz� el examen de los mismos elementos, pues ambos tribunales abordaron el estudio de casos en los que se hizo valer la acci�n plenaria de posesi�n prevista por el art�culo 2.6 del C�digo de Procedimientos Civiles para el Estado de M�xico y en los cuales se puso a discusi�n si era necesario que el actor, al ejercer dicha acci�n, demostrara haber tenido la posesi�n material del bien materia del juicio.
Ambos tribunales realizaron el an�lisis de una misma cuesti�n de derecho, pues resolvieron si era o no aplicable al caso concreto la tesis jurisprudencial n�mero 1a./J. 13/98 de la Primera S. de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, de rubro: "ACCI�N PLENARIA DE POSESI�N. NO ES REQUISITO DEMOSTRAR HABER DISFRUTADO DE LA POSESI�N MATERIAL DEL BIEN.", aunque la legislaci�n del Estado de M�xico hab�a sido modificada. Sin embargo, la soluci�n que cada tribunal le dio al problema anterior fue diferente.
El Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, consider� que dicha tesis jurisprudencial, aunque hab�a sido emitida con base en otra legislaci�n (la del Estado de M�xico ya abrogada), era perfectamente aplicable a la legislaci�n vigente en esa entidad, pues el sentido de �sta y aqu�lla era el mismo, mientras que el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, estim� que esa jurisprudencia no era aplicable porque las modificaciones hechas a la legislaci�n del Estado de M�xico hac�an que �sta fuera diferente a la legislaci�n que sirvi� de base para emitir dicha jurisprudencia (la abrogada del mismo Estado).
As�, se llega a la conclusi�n de que se realiz� el examen de los mismos elementos: asuntos en los que se hizo valer la acci�n plenaria de posesi�n prevista en el art�culo 2.6 del C�digo de Procedimientos Civiles para el Estado de M�xico y en los cuales se discuti� si era necesario que el actor demostrara que hab�a tenido la posesi�n material del bien materia del juicio; sobre una misma cuesti�n jur�dica: si es o no aplicable la jurisprudencia 1a./J. 13/98, de rubro: "ACCI�N PLENARIA DE POSESI�N. NO ES REQUISITO DEMOSTRAR HABER DISFRUTADO DE LA POSESI�N MATERIAL DEL BIEN.", a pesar de que la legislaci�n del Estado de M�xico fue modificada; pero las decisiones a las que llegaron fueron diferentes, por un lado, que esa jurisprudencia no es aplicable para la legislaci�n procesal civil vigente en el Estado de M�xico y, por otro lado, que como la legislaci�n vigente en dicho Estado no ha variado sustancialmente, la jurisprudencia aludida s� es aplicable.
No obsta para la existencia de la presente contradicci�n, que la materia de la misma verse sobre la aplicaci�n de un criterio jurisprudencial, pues esta primera S. ha considerado que en estos casos se debe resolver la contradicci�n para evitar la inseguridad jur�dica derivada de la aplicaci�n de criterios opuestos en la tesis 1a. X/99, cuyo texto establece:
"CONTRADICCI�N DE TESIS. EXISTE CUANDO DERIVA DE LA INTERPRETACI�N DE LA JURISPRUDENCIA. La aparici�n de leyes, la reforma o adici�n a las existentes, puede ocasionar que los supuestos comprendidos en la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n se vean modificados, reflej�ndose en las resoluciones judiciales. Si a virtud de ello un Tribunal Colegiado de Circuito emite un criterio en aplicaci�n de la ley que se aparta de una jurisprudencia y otro de esos tribunales se pronuncia en t�rminos diferentes sobre la misma cuesti�n, surge contradicci�n de tesis que deber� ser resuelta por el M�ximo Tribunal del pa�s, para evitar la inseguridad jur�dica derivada de la aplicaci�n de criterios opuestos."(4)
El problema de la presente contradicci�n, toda vez que se ha declarado existente, es el siguiente: �La jurisprudencia de rubro: "ACCI�N PLENARIA DE POSESI�N. NO ES REQUISITO DEMOSTRAR HABER DISFRUTADO DE LA POSESI�N MATERIAL DEL BIEN." es aplicable a la acci�n plenaria de posesi�n prevista en el art�culo 2.6 de la legislaci�n procesal civil vigente en el Estado de M�xico?
QUINTO. Esta Primera S. de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n considera que debe prevalecer, con el car�cter de jurisprudencia, el criterio que se sustenta en el presente fallo, de conformidad con los siguientes razonamientos.
Debido a que la materia de la presente contradicci�n estriba en determinar si la jurisprudencia n�mero 1a./J. 13/98, de rubro: "ACCI�N PLENARIA DE POSESI�N. NO ES REQUISITO DEMOSTRAR HABER DISFRUTADO DE LA POSESI�N MATERIAL DEL BIEN.", emitida por la Primera S. de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n es aplicable a la legislaci�n vigente en el Estado de M�xico, primeramente se har� referencia a lo que se estableci� en la resoluci�n de la cual se gener� esa jurisprudencia.
Al resolver la contradicci�n de tesis 50/95, los integrantes de la Primera S., por unanimidad de votos de los Ministros Juventino V.C. y C., J.� de Jes�s G.�o P., J.N.S.M., O.S.C. de G.�a V. y presidente H.R.P. (ponente), sostuvieron lo siguiente:
"Por lo que respecta a los elementos para la procedencia de esta acci�n, la misma Tercera S. sustent� la tesis de jurisprudencia n�mero 9, publicada en las p�ginas 7 y 8, Tomo IV delAp�ndice al Semanario Judicial de la Federaci�n 1917-1995, que dice a la letra: ?ACCI�N PLENARIA DE POSESI�N. La acci�n plenaria de posesi�n o publiciana, compete al adquirente de buena fe que no est� en posesi�n de la cosa que tiene derecho a poseer con justo t�tulo aunque no lo acredite como propietario; se da contra quien posee con menor derecho y tiene la finalidad de obtener la restituci�n de la cosa con sus frutos y accesiones. Consecuentemente el actor deber� probar los siguientes elementos: 1. Que tiene justo t�tulo para poseer; 2. Que es de buena fe. 3. Que el demandado posee el bien a que se refiere el t�tulo. 4. Que es mejor el derecho del actor para poseer que el que alega el demandado. Para este efecto, el juzgador debe examinar cu�l de los t�tulos exhibidos por las partes es mejor para acreditar el derecho a la posesi�n civil.? ... De dicha tesis se advierte que la acci�n publiciana compete al adquirente de buena fe que no est� en posesi�n de la cosa, pero que tiene derecho a poseer; se da contra quien posee con menor derecho y tiene como finalidad obtener la restituci�n de la cosa. Luego, el anterior criterio �nicamente habla de la posesi�n material o de hecho que tiene el demandado y que pretende el actor, pero no de la posesi�n jur�dica o civil que obra en poder de este �ltimo. Conforme a lo expuesto por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Segundo Circuito, en la acci�n plenaria de posesi�n debe examinarse cu�l de los t�tulos presentados por las partes es mejor para acreditar la posesi�n civil y no la posesi�n de hecho, ya que �sta es materia de los interdictos, y define la posesi�n, apoyado en lo dispuesto por el C�digo Civil del Distrito Federal de 1884, diciendo que es la tenencia de una cosa o el goce de un derecho, por nosotros mismos o por otro en nuestro nombre, por lo que no puede exigirse a quien ejerce la acci�n plenaria de posesi�n que demuestre que ha pose�do materialmente el inmueble objeto del litigio, sino que pruebe mediante justo t�tulo la posesi�n civil o jur�dica que dimana precisamente de ese justo t�tulo en contra de quien detenta materialmente la cosa, ya que si se exigiera como requisito la posesi�n material del inmueble no ser�a procedente intentar la acci�n plenaria sino, en su caso, el interdicto de recuperar dicha posesi�n. Efectivamente, si bien es cierto que la posesi�n ha sido definida por diversos autores jur�dicos como un poder f�sico y material o un estado de hecho que se ejerce sobre una cosa, tambi�n lo es que la posesi�n no puede concebirse �nicamente en este aspecto, ya que tambi�n consiste en el goce de un derecho, como lo defin�a el art�culo 822 del C�digo Civil de 1884, al decir que �sta es ?... la tenencia de una cosa o el goce de un derecho por nosotros mismos, o por otro en nuestro nombre.?, definici�n que fue modificada por el C�digo Civil de 1928, que en su art�culo 790 ya no habla de la posesi�n sino del poseedor, al decir ?Es poseedor de una cosa el que ejerce sobre ella un poder de hecho ... Posee un derecho el que goza de �l.?. Luego, en el derecho sustantivo mexicano no s�lo se reconoce a la posesi�n material o de hecho que se ejerce sobre una cosa sino tambi�n al derecho que se tiene para gozar de ella, la cual se identifica como posesi�n civil o jur�dica, que es precisamente la que protege actualmente la acci�n plenaria de posesi�n, cuyo fin consiste en lograr la entrega material de la cosa (que desde el punto de vista doctrinario se identifica como restituci�n, debido a que en sus or�genes tuvo ese prop�sito), precisamente por contar con justo t�tulo, adquirido de buena fe, y tener mejor derecho para poseer de manera f�sica, que el demandado. El Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito se�ala que si bien en la jurisprudencia �ltima transcrita de la Tercera S., no se expresa textualmente que para la procedencia de la acci�n se requiere que el actor haya pose�do el bien en conflicto, esto se infiere del texto de la misma, al decir que ?tiene la finalidad de obtener la restituci�n de la cosa?. Empero, este Tribunal Colegiado no expresa por qu� al vocablo ?restituci�n? le da la connotaci�n de ?recuperaci�n material de la cosa.?. En tanto que el �rgano jurisdiccional colegiado citado en primer t�rmino, apoyado en lo expuesto en el Diccionario Razonado de Legislaci�n y Jurisprudencia de J.�n E., afirma que la palabra de que se habla no debe entenderse en el sentido gramatical estrictamente, puesto que la ?restituci�n? es la reintegraci�n o el beneficio legal por el que la persona que ha padecido lesi�n en alg�n acto o contrato logra que se repongan las cosas al estado que ten�an antes del da�o. Por consiguiente, la restituci�n que se debe hacer a quien ejerce la acci�n plenaria de posesi�n comprende el reintegrarle la posesi�n civil y jur�dica que emana del contrato o del acto jur�dico del que se hace derivar el justo t�tulo. Por su parte, esta Primera S. sostiene que en la utilizaci�n del vocablo de que se habla, por parte de la Tercera S., debe tomarse en cuenta que la acci�n plenaria de posesi�n, en sus or�genes, como se introdujo en el derecho romano por el pretor Publicius, se conced�a al poseedor de buena fe, para que le fuera devuelta la cosa que pose�a y de la que hab�a perdido la posesi�n por azar, contra cualquiera que fuera poseedor, hecha excepci�n del propietario, porque de esta manera se proteg�a al que hab�a adquirido una cosa que le hab�a sido entregada con justo t�tulo y que, antes de haber adquirido el dominio, perd�a la posesi�n por alg�n accidente, debido a que no ten�a ninguna acci�n civil real para conseguir que le fuera devuelta la posesi�n, porque las acciones reales se hab�an establecido por el derecho civil en favor del propietario que demandaba lo que le pertenec�a; de tal manera que en ese entonces la acci�n publiciana correspond�a al que perd�a una cosa que pose�a con buena fe, sin haberla usucapido todav�a, contra cualquiera que la detuviese, a no ser que fuese su verdadero due�o. Su objeto era el mismo que el de la acci�n reivindicatoria; mediante ella se trataba de obtener la restituci�n de la cosa con sus frutos y accesiones. Actualmente no puede exigirse que se declare procedente la acci�n publiciana cuando no se tiene el dominio o propiedad de la cosa, como lo ha sustentado la Tercera S. en la ejecutoria de contradicci�n de tesis anteriormente transcrita, ni tampoco que se acredite haber tenido la posesi�n material de la cosa, ya que en algunas ocasiones y seg�n las circunstancias especiales del caso, se dejar�a en estado de indefensi�n a quienes cuentan con justo t�tulo adquirido de buena fe y con mejor derecho para poseer materialmente el bien, que el que asista al demandado, debido a que la acci�n reivindicatoria no ser�a procedente, por no tener el dominio de la cosa, ni tampoco los juicios sumarios de posesi�n o interdictos posesorios, ya que �stos �nicamente pueden ejercerse cuando existe un despojo, para hacerse reponer, ante todo, en la posesi�n de que se ha sido privado (interdicto de recobrar), o ante la perturbaci�n de la posesi�n, como acto preparatorio tendiente directamente a la usurpaci�n violenta o a impedir el ejercicio del derecho posesorio (interdicto de retener), dentro del t�rmino de un a�o, a diferencia de la plenaria de posesi�n, que se puede ejercer mientras perduren las condiciones jur�dicas, presupuestos de la acci�n misma. En tales circunstancias, es evidente que la acci�n publiciana busca, desde luego, la posesi�n material o de hecho del bien del que se tiene la posesi�n jur�dica protegida por el justo t�tulo adquirido de buena fe; es decir, pretende la plenitud de la posesi�n, no s�lo en el aspecto jur�dico sino tambi�n en el material, de tal manera que su finalidad es la incorporaci�n a los derechos del actor, el de la posesi�n material, con todos los beneficios que ello trae. Es �sta la connotaci�n y el sentido jur�dico que se le debe dar al vocablo ?restituci�n?, que aparece en la jurisprudencia en comento, como sin�nimo de ?entrega material de lo que se posee injustamente?, y no el que le corresponde conforme a los or�genes de la acci�n publiciana ni el que le corresponda gramaticalmente, como sin�nimo de devoluci�n. As� las cosas, ninguna raz�n jur�dica se advierte para exigir como elemento de la acci�n plenaria de posesi�n el demostrar que se ha pose�do de hecho con anterioridad el bien objeto del litigio, porque basta que se acredite que se tiene justo t�tulo para poseer; que es de buena fe la adquisici�n del t�tulo; que el demandado posee materialmente el bien a que se refiere el documento, y que es mejor el derecho del actor para poseer, que el que alegue el demandado, para que la acci�n se declare procedente y fundada."
En s�ntesis, lo que hizo que la Primera S. de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n considerara que no era necesario que el actor acreditara la posesi�n material del bien materia del juicio al ejercer la acci�n reivindicatoria, fue lo siguiente:
1. El derecho mexicano no s�lo contempla como posesi�n al poder de hecho que se ejerce sobre la cosa (posesi�n material), sino que tambi�n prev� que posesi�n puede significar el goce del derecho a poseer (posesi�n jur�dica).
2. Ahora bien, quien demanda la acci�n plenaria de posesi�n tiene la posesi�n jur�dica o civil del bien (pues s�lo demanda el adquirente de buena fe que tiene justo t�tulo y mejores derechos) y quien resulta demandado es quien tiene la posesi�n material (pues �ste s�lo puede ser un poseedor de mala fe o alguien que, con justo t�tulo, tiene menor derecho para poseer que el actor), por lo que es claro que lo que se demanda es la restituci�n de la posesi�n material, pues la posesi�n civil o jur�dica es del actor.
3. Lo anterior quiere decir que lo que se pretende al ejercer la acci�n plenaria de posesi�n, es lograr la plenitud de la posesi�n, no s�lo en el aspecto jur�dico sino tambi�n en el material, de tal manera que su finalidad es la incorporaci�n del derecho a poseer materialmente a los derechos del actor.
4. No puede obligarse al actor a que demuestre haber tenido la posesi�n material del bien materia del juicio, ya que en algunas ocasiones y seg�n las circunstancias especiales del caso, se dejar�a en estado de indefensi�n a quienes cuentan con justo t�tulo adquirido de buena fe y con mejor derecho para poseer materialmente el bien, que el que asista al demandado, debido a que la acci�n reivindicatoria no ser�a procedente por no tener el dominio de la cosa, ni tampoco los juicios sumarios de posesi�n o interdictos posesorios, ya que �stos �nicamente pueden ejercerse cuando existe un despojo (interdicto de recobrar) o ante la perturbaci�n de la posesi�n (interdicto de retener), dentro del t�rmino de un a�o, a diferencia de la plenaria de posesi�n, que se puede ejercer mientras perduren las condiciones jur�dicas, presupuestos de la acci�n misma.
De esta forma, la Primera S. concluy� emitiendo la tesis jurisprudencial 13/98, cuyo contenido es el siguiente:
"ACCI�N PLENARIA DE POSESI�N. NO ES REQUISITO DEMOSTRAR HABER DISFRUTADO DE LA POSESI�N MATERIAL DEL BIEN. Para que se declare fundada la acci�n publiciana deben acreditarse los siguientes elementos: a) tener justo t�tulo para poseer; b) que ese t�tulo se haya adquirido de buena fe; c) que el demandado posee el bien a que se refiere el t�tulo; y d) que es mejor el derecho del actor para poseer materialmente, que el que alegue el demandado. Por lo que el juzgador debe examinar �nicamente la existencia de tales requisitos, sin que deba exigir la comprobaci�n de que el actor tuvo la posesi�n material del bien, ya que, de acuerdo con las circunstancias especiales del caso, lo dejar�a en estado de indefensi�n, a pesar de contar con los elementos anteriores, al ser improcedentes la reivindicaci�n, por no tener el dominio de la cosa, y los interdictos posesorios que proceden, dentro de un a�o, cuando se ha sido despojado de la posesi�n material del bien, o existe perturbaci�n en la posesi�n; de tal manera que la acci�n publiciana protege la posesi�n jur�dica y no la material."(5)
Ahora bien, para poder determinar si la jurisprudencia anterior es o no aplicable a la legislaci�n vigente en el Estado de M�xico, debe tomarse en cuenta lo que la legislaci�n abrogada establec�a y si los cambios que la legislaci�n vigente establece son suficientes para que las consideraciones que originaron la jurisprudencia en cuesti�n no sean aplicables actualmente.
Los art�culos 482 del C�digo de Procedimientos Civiles para el Estado de M�xico, ya abrogado, 2.6 y 2.7 del actual C�digo de Procedimientos Civiles de la misma entidad, establecen lo siguiente:


De conformidad con los preceptos transcritos, se advierte que en ambas legislaciones el legitimado activamente para ejercer la acci�n plenaria de posesi�n o publiciana tiene que reunir los requisitos de tener un justo t�tulo y ser un adquirente de buena fe y, por su parte, el legitimado para ser demandado puede ser el poseedor de mala fe o el poseedor que con justo t�tulo hubiera pose�do por menos tiempo.
En ambas legislaciones se establece que el objeto de la acci�n es la restituci�n de la cosa con sus frutos y accesiones, por lo que, como correctamente lo estim� la Primera S. en su anterior integraci�n, es obvio que quien ejerce la acci�n plenaria de posesi�n no tiene la posesi�n de hecho o material de la cosa, sino que la tiene el demandado.
En la nueva legislaci�n lo �nico que se adiciona es que quien ejerce la acci�n debe demostrar que ten�a la posesi�n o que su causante la ten�a, aunque la prescripci�n positiva no se haya consumado; sin embargo, al mencionar que se debe demostrar que el actor tuvo la posesi�n del bien, el precepto indicado no hace referencia alguna a la clase de posesi�n que se debe demostrar, y de esa modificaci�n no puede desprenderse que la intenci�n del legislador del Estado de M�xico haya sido que para ejercer esa acci�n el actor debe demostrar que ten�a la posesi�n material del bien, por lo que, entonces, resulta perfectamente aplicable para resolver esta cuesti�n la jurisprudencia 13/98, emitida por esta Primera S..
A pesar de haberse abrogado el C�digo Civil del Estado de M�xico, la nueva legislaci�n trata a la figura jur�dica de la posesi�n de igual forma que como la trataba la legislaci�n abrogada.
En efecto, los art�culos relativos del C�digo Civil abrogado y del vigente, se�alan lo siguiente:


De acuerdo a lo anterior, tanto la legislaci�n abrogada como la vigente, establecen que la posesi�n de una cosa puede ser material (ejercer un poder de hecho sobre la cosa) o jur�dica (gozar del derecho para ejercer ese poder).
Igualmente, las dos legislaciones se�alan que se puede hablar de dos clases de posesi�n. Por un lado, la originaria, misma que es del propietario de la cosa que entrega su posesi�n a otra y, por el otro, la derivada, que es la que tienen los que en virtud de un acto jur�dico se les concede el derecho a retenerla temporalmente, como los usufructuarios o arrendatarios.
Ahora bien, en la nueva legislaci�n al igual que como lo establec�a la legislaci�n abrogada, quien puede ejercer la acci�n que se estudia es el adquirente con justo t�tulo y buena fe para que se le restituya el bien con sus frutos y accesiones. De esta forma, como lo establece la ejecutoria que origin� la jurisprudencia cuya aplicaci�n se discute, la acci�n publiciana compete a quien tiene la posesi�n jur�dica o civil del bien (pues s�lo demanda el adquirente de buena fe que tiene justo t�tulo y mejores derechos) y quien resulta demandado es quien tiene la posesi�n material (pues �ste s�lo puede ser un poseedor de mala fe o alguien que, con justo t�tulo, tiene menor derecho para poseer que el actor), por lo que es claro que lo que se demanda es la restituci�n de la posesi�n material, pues la posesi�n civil o jur�dica es del actor.
Por tanto, cabe concluir que tambi�n en la nueva legislaci�n lo que se pretende es lograr la plenitud de la posesi�n, no s�lo en el aspecto jur�dico, es decir, en el derecho a detentar la cosa, sino tambi�n en el material, o sea, que el actor pretende que se le d� el poder de hecho sobre la cosa. Es decir, la finalidad de la acci�n plenaria de posesi�n es la incorporaci�n del derecho a poseer materialmente a los derechos del actor.
Igualmente, persiste la situaci�n que en su momento consider� la Primera S. en su anterior integraci�n, consistente en que en algunas ocasiones y seg�n las circunstancias especiales del caso, se dejar�a en estado de indefensi�n a quienes cuentan con justo t�tulo adquirido de buena fe y con mejor derecho para poseer materialmente el bien que el que asista al demandado, debido a que la acci�n reivindicatoria no ser�a procedente por no tener el dominio de la cosa, ni tampoco los juicios sumarios de posesi�n, o interdictos posesorios, ya que �stos �nicamente pueden ejercerse cuando existe un despojo (interdicto de recobrar) o ante la perturbaci�n de la posesi�n (interdicto de retener), dentro del t�rmino de un a�o, a diferencia de la plenaria de posesi�n que se puede ejercer mientras perduren las condiciones jur�dicas, presupuestos de la acci�n misma.
En efecto, en la nueva legislaci�n se establece que la acci�n reivindicatoria "compete a quien no est� en posesi�n del bien, del cual tiene la propiedad" (art�culo 2.2), y los interdictos para retener o recuperar la posesi�n pueden hacerse valer por los perturbados o despojados en la posesi�n jur�dica o derivada (art�culos 2.13 y 2.16). Por tanto, quien no sea propietario o quien no sea despojado o perturbado en la posesi�n, pero tuviera justo t�tulo para poseer (posesi�n jur�dica) sin tener la posesi�n material del bien, quedar�a indefenso, pues no podr�a reclamar la restituci�n de la cosa.
Con lo hasta aqu� expuesto se demuestra que lo que la nueva legislaci�n previene, no hace que el criterio sostenido por la Primera S. en su contradicci�n de tesis 13/98 no sea aplicable, pues lo que la nueva legislaci�n previene es sustancialmente lo mismo que preven�a la anterior legislaci�n y con la �nica modificaci�n que al respecto se advierte (que se debe demostrar que el actor o su causante ten�an la posesi�n), no se puede considerar que el legislador vari� el criterio contenido en la jurisprudencia cuya aplicaci�n se controvierte, pues el art�culo de marras no se�ala si la posesi�n que se debe demostrar es la jur�dica (civil) o la material, de tal forma que la indeterminaci�n legal que exist�a con la legislaci�n abrogada sigue existiendo en la legislaci�n vigente.
De acuerdo con la exposici�n precedente, debe prevalecer con car�cter de jurisprudencia, en t�rminos del art�culo 192 de la Ley de A., el criterio que sustenta la Primera S. de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n a continuaci�n:
ACCI�N PLENARIA DE POSESI�N. LA TESIS JURISPRUDENCIAL 1a./J. 13/98 ES APLICABLE AL ART�CULO 2.6 DEL C�DIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL ESTADO DE M�XICO. El art�culo 2.6 del C�digo de Procedimientos Civiles para el Estado de M�xico establece que para el ejercicio de la acci�n plenaria de posesi�n o publiciana debe demostrarse lo siguiente: a) tener justo t�tulo para poseer; b) ser un adquirente de buena fe; c) que el actor ten�a la posesi�n o la ten�a quien le transmiti� el bien, aun cuando no se hubiere consumado la usucapi�n. Sin embargo, dicho precepto no establece expresamente cu�l es el tipo de posesi�n (material o jur�dica) que debe acreditarse. Ahora bien, al resolver la contradicci�n de tesis 50/95, la Primera S. de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n emiti� la tesis 1a./J. 13/98, publicada en el Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, Novena �poca, T.V., marzo de 1998, p�gina 99, de rubro: "ACCI�N PLENARIA DE POSESI�N. NO ES REQUISITO DEMOSTRAR HABER DISFRUTADO DE LA POSESI�N MATERIAL DEL BIEN.", en congruenciacon esta jurisprudencia, y en atenci�n a que la nueva legislaci�n procesal civil del Estado de M�xico contiene la misma laguna legal que exist�a en la legislaci�n abrogada, la jurisprudencia aludida es aplicable al art�culo 2.6 del c�digo mencionado.
Por lo expuesto y fundado, se

resuelve:
PRIMERO.-S� existe la contradicci�n de tesis a que este expediente se refiere, en los t�rminos del considerando cuarto de esta resoluci�n.
SEGUNDO.-Debe prevalecer, con car�cter de jurisprudencia, el criterio sustentado por esta Primera S., en los t�rminos de la tesis redactada en el �ltimo considerando del presente fallo.
TERCERO.-D�se publicidad a la tesis jurisprudencial que se sustenta en la presente resoluci�n, en t�rminos del art�culo 195 de la Ley de A..
N.�quese; y, en su oportunidad, arch�vese el expediente como asunto concluido.
As� lo resolvi� la Primera S. de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, por unanimidad de cinco votos de los se�ores Ministros: J.� de Jes�s G.�o P., S.A.V.H.�ndez, J.N.S.M., J.R.�n C.�o D�az (ponente) y presidenta O.S.C. de G.�a V..

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1. Publicada en el Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, Novena �poca, Tomo XX, julio de 2004, p�gina 1622. El precedente es el siguiente: A. directo 48/2004. R.C.�vez E.�a. 2 de marzo de 2004. Unanimidad de votos. Ponente: J.M.G.�n. Secretaria: M�nica S.P..
2. Esa jurisprudencia se encuentra visible en la p�gina 76 del Tomo XIII, correspondiente al mes de abril de 2001, del Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, Novena �poca.
3. Visible en la p�gina 35 del N�mero 83, noviembre de 1994, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federaci�n, Octava �poca.
4. Publicada en el Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, Novena �poca, Tomo X, julio de 1999, p�gina 62. El precedente es el siguiente: Contradicci�n de tesis 86/98. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero en Materia Penal del Primer Circuito y Cuarto del Cuarto Circuito. 3 de marzo de 1999. Cinco votos. Ponente: O.S.C. de G.�a V.. Secretaria: Mar�a E.R.�rez de Vidal.
5. Publicada en el Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, Novena �poca, T.V., marzo de 1998, p�gina 99. El precedente es el siguiente: Contradicci�n de tesis 50/95. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Segundo Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito. 11 de febrero de 1998. Cinco votos. Ponente: H.R.P.. Secretario: M.R.F.. Tesis de jurisprudencia 13/98. Aprobada por la Primera S. de esta Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, en sesi�n de cuatro de marzo de mil novecientos noventa y ocho, por unanimidad de cuatro votos de los Ministros presidente H.R.P., J.� de Jes�s G.�o P., J.N.S.M. y O.S.C. de G.�a V.. Ausente: J.V.C. y C., en virtud de la comisi�n que se le confiri� el d�a dieciocho de febrero del presente a�o por el Tribunal Pleno.