Ejecutoria num. 2a./J. 126/2005 de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala - Jurisprudencia - VLEX 26823547

Ejecutoria num. 2a./J. 126/2005 de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala

Emisor:Segunda Sala
Número de Resolución:2a./J. 126/2005
Localizacion:SERGIO SALVADOR AGUIRRE ANGUIANO.
Materia:Suprema Corte de Justicia de México
Fecha de Publicación: 1 de Noviembre de 2005
RESUMEN

CONTRADICCIÓN DE TESIS 106/2005-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO SEXTO CIRCUITO, PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO Y PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEGUNDO CIRCUITO.TERCERÍAS EXCLUYENTES DE DOMINIO O DE PREFERENCIA DE CRÉDITO EN MATERIA LABORAL. TIENEN NATURALEZA DE JUICIO Y NO DE INCIDENTE, POR LO QUE LA SENTENCIA QUE LAS RESUELVE ES IMPUGNABLE EN AMPARO DIRECTO.

 
ÍNDICE
CONTENIDO

CONTRADICCI�N DE TESIS 106/2005-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL D�CIMO SEXTO CIRCUITO, PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO Y PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEGUNDO CIRCUITO.

MINISTRO PONENTE: S.S.A.A..

SECRETARIO: E.D.D.

CONSIDERANDO:

TERCERO

A fin de estar en aptitud de resolver la presente contradicci�n de tesis, es preciso tener presentes las consideraciones sustentadas por los �rganos colegiados contendientes en las respectivas ejecutorias.

Las consideraciones del Tercer Tribunal Colegiado del D�cimo Sexto Circuito, al resolver el amparo directo laboral 138/2005, promovido por G.Q.I. y coagraviados, establecen lo siguiente:

"�NICO. Este Tercer Tribunal Colegiado carece de competencia legal para conocer del presente juicio de garant�as, en t�rminos de lo que prev�n los art�culos 107, fracci�n V, inciso d), de la Constituci�n General de la Rep�blica; 44, 46, 47 y 158 de la Ley de Amparo; 37, fracci�n I, inciso d), de la Ley Org�nica del Poder Judicial de la Federaci�n; y del Acuerdo General 23/2001 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; dado que el acto que se combate, si bien es una resoluci�n dictada por la Junta Local de Conciliaci�n y Arbitraje del Estado de Guanajuato, con residencia en la jurisdicci�n de este Tribunal Colegiado, la misma no es una sentencia definitiva para efectos del juicio de amparo directo, pues dicha resoluci�n fue emitida en la etapa de ejecuci�n del laudo pronunciado en el juicio de origen; es decir, despu�s de concluido el juicio, de modo que su examen corresponde al Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en esta ciudad, con base en estas consideraciones: De las constancias que obran en el juicio laboral n�mero 85/1997 y de la tercer�a de preferencia de cr�dito 2/2004, por su importancia, se destaca lo siguiente: 1. La Junta Local de Conciliaci�n y Arbitraje del Estado de Guanajuato, con residencia en esta ciudad, el veinticinco de junio de dos mil dos, en cumplimiento de una ejecutoria dictada por este �rgano colegiado, aprob� un laudo, en el que resolvi�: (se transcribe). 2. El veintiocho de agosto de dos mil dos, la prenombrada Junta dict� un acuerdo en este sentido: (se transcribe). 3. El diez de septiembre de dos mil dos, se embarg� el bien inmueble consistente en un terreno r�stico ubicado en la exhacienda de Santa Teresa, con una superficie de 60,000.00 metros cuadrados de terreno, con las siguientes medidas y colindancias, al norte en 135 metros con C.P.�ramo; al sur en 130.00 metros con calle P.�n C.A. y C.P.�ramo; al oriente en l�nea quebrada de 382.00 y 62.60 metros con Ca�ada de las Bateas y C.P.�ramo, y al poniente en 584.00 metros con Fraccionamiento Lomas de M.fil, por la cantidad de $46'232,402.37 (cuarenta y seis millones doscientos treinta y dos mil cuatrocientos dos pesos 37/100 M.N.), seg�n escritura p�blica n�mero 4335, elaborada ante el licenciado J.A.V.B., notario p�blico n�mero 13 en ejercicio en esta ciudad de Guanajuato, el veintis�is de octubre de mil novecientos noventa y cuatro. 4. El veintinueve de septiembre de dos mil cuatro, Rub�n A.C., con el car�cter de apoderado de Construcciones Pr�cticas, Sociedad An�nima de Capital Variable, ante la Junta Local de Conciliaci�n y Arbitraje del Estado de Guanajuato, con residencia en esta ciudad, promovi� tercer�a de preferencia de cr�dito respecto del inmueble embargado. 5. El dieciocho de noviembre de dos mil cuatro, la prenombrada Junta dict� resoluci�n, en la que resolvi�: (se transcribe). Previo a cualquier pronunciamiento, conviene transcribir los preceptos 107, fracci�n III, constitucional, 114, fracci�n III, de la Ley de Amparo y 55, fracci�n IV, de la Ley Org�nica del Poder Judicial Federal, que a la letra dicen: ?Art�culo 107.? (se transcribe). ?Art�culo 114.? (se transcribe). ?Art�culo 55.? (se transcribe). En principio, cabe decir que de conformidad con el precepto 107, fracci�n V, inciso a), constitucional, en relaci�n con los dispositivos 44 y 158 de la Ley de Amparo, el juicio de amparo directo es competencia del Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda y procede contra sentencias definitivas o laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo; por su parte, el ordinal 46 de la citada ley se�ala que son sentencias definitivas las que decidan el juicio en lo principal, y respecto de las cuales las leyes comunes no concedan ning�n recurso ordinario, en virtud del cual puedan ser modificadas o revocadas; precisando qu� debe entenderse por resoluciones que ponen fin al juicio, cuando prev� que son aquellas respecto de las cuales las leyes comunes no concedan ning�n recurso ordinario con el que puedan ser modificadas o revocadas. Ahora bien, en el caso concreto que se examina, el acto reclamado es una resoluci�n dictada en el incidente de tercer�a de preferencia de cr�dito respecto del inmueble embargado en el juicio laboral n�mero 85/1997, promovido cuando dicho juicio se encontraba en etapa de ejecuci�n, resoluci�n que es de aquellas que se emitieron despu�s de concluido el juicio, que no decidi� �ste en lo principal, ni puso fin al mismo, por lo que cobran aplicaci�n los numerales 107, fracci�n VII, de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, 114, fracci�n III, de la Ley de Amparo, y 55, fracci�n IV, de la Ley Org�nica del Poder Judicial de la Federaci�n; de los que se colige que la regla general para impugnar los actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, ejecutados fuera de juicio o despu�s de concluido, es el amparo indirecto, de modo que cuando se reclama a trav�s del amparo la resoluci�n emitida en un incidente, la competencia se surte a favor de un Juez de Distrito, pues no debe pasar inadvertido que dicha resoluci�n en forma alguna puso fin al juicio laboral, y s�, por el contrario, la misma se dict� despu�s de que concluy� el mismo. Se comparte, por identidad jur�dica, la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del D�cimo Primer Circuito, visible en la p�gina 176 del Tomo VII del Semanario Judicial de la Federaci�n, correspondiente al mes de enero de 1991, Octava �poca, que dice: ?COMPETENCIA DE LOS JUECES DE DISTRITO PARA CONOCER DE AMPAROS CONTRA RESOLUCIONES DICTADAS EN LOS INCIDENTES DE LIQUIDACI�N DE CONDENA EN MATERIA ADMINISTRATIVA O LABORAL.? (se transcribe). De lo que se lleva relacionado se pone de manifiesto que la resoluci�n mediante la cual se resolvi� el incidente de tercer�a de preferencia de cr�dito, fue emitida despu�s de concluido el juicio, resoluci�n que no constituye una sentencia definitiva contra la que proceda el amparo directo, sino que se trata de un acto dictado luego de concluido el juicio; de ah� que se actualice la hip�tesis contenida en la fracci�n III del art�culo 114 de la Ley de Amparo, es decir, la v�a procedente es la del amparo indirecto. Cobra aplicaci�n, por las razones que la sustentan, la jurisprudencia n�mero 2a./J. 118/2000, visible en la p�gina 205 del Tomo XIII del Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, correspondiente al mes de enero de 2001, primera parte, Novena �poca, que es del tenor siguiente: ?TERCER�A EN MATERIA LABORAL. PARA RESOLVERLA, LA JUNTA SE ENCUENTRA LEGALMENTE FACULTADA PARA TENER A LA VISTA Y TOMAR EN CUENTA, DE OFICIO, LAS ACTUACIONES QUE OBRAN EN EL JUICIO PRINCIPAL.? (se transcribe). Es conveniente precisar que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, al resolver la contradicci�n de tesis n�mero 142/2004-PS, entre las sustentadas por la Primera y la Segunda Salas de ese M�ximo Tribunal, en la resoluci�n de veintisiete de octubre de dos mil cuatro, consider�: (se transcribe). Por consiguiente, con fundamento en los art�culos 36 y 47, p�rrafo segundo, de la Ley de Amparo; 48 y 49 de la Ley Org�nica del Poder Judicial de la Federaci�n; y en el punto segundo, fracci�n XVI, inciso 3), del Acuerdo General N�mero 23/2001 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se ordena remitir, con testimonio de esta ejecutoria, la demanda de garant�as y sus anexos, conjuntamente con el incidente de tercer�a de preferencia de cr�dito 2/2004, al Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en esta ciudad, ya que dicho juzgador se declar� incompetente para conocer del presente asunto; previa la integraci�n al presente expediente de fotocopias certificadas de dicha demanda de garant�as y de la resoluci�n reclamada. No constituye obst�culo para lo anterior que por acuerdo de la presidencia de este Tribunal Colegiado, de treinta y uno de marzo de dos mil cinco, se haya admitido la demanda de garant�as que origin� que se tramitara este juicio de amparo, porque dicho acuerdo no vincula al Pleno de este cuerpo colegiado a sujetarse a esa admisi�n, por constituir una determinaci�n de tr�mite, por lo que se revoca la resoluci�n del Juez de Distrito en la que se declar� incompetente para conocer del asunto. Norma el criterio la tesis sustentada por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, visible en la p�gina 357 del Tomo I del Semanario Judicial de la Federaci�n, correspondiente a los meses de enero a junio de 1988, Octava �poca, secci�n cuarta, ap�ndice 1, que es del siguiente tenor: ?ADMISI�N DE LA DEMANDA DE AMPARO. EL AUTO RESPECTIVO NO CAUSA ESTADO.? (se transcribe)."

Las consideraciones del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, al resolver el amparo directo n�mero 41/88 en fecha ocho de abril de mil novecientos ochenta y ocho, promovido por Salvador G�mez Mera son del tenor siguiente en la parte que interesa:

CUARTO. ... Empero, este Tribunal Colegiado no se hace cargo de los conceptos de agravio vertidos, por estimar que todo lo actuado se realiz� ante Juez incompetente, ello deviene de la siguiente consideraci�n, las tercer�as o incidente de tercer�a, no s�lo en materia laboral, sino en cualquier materia, resultan ser juicios tanto material como formalmente, supuesto que en los mismos se tramita una acci�n de oposici�n que forzosa y necesariamente debe resolverse mediante la sustanciaci�n de un procedimiento en el que deben respetarse todas las formalidades de ley, m�xime que como se desprende de lo ordenado por los art�culos 976 a 978 de la Ley Federal del Trabajo, el tercerista o tercer opositor debe presentar una demanda a la cual debe acompa�ar el t�tulo y las pruebas en que funde su acci�n, posteriormente, previa citaci�n de las partes en el juicio respecto del cual se promueve la tercer�a, la Junta del conocimiento celebrar� una audiencia en la que oir� a las partes y se desahogar�n las pruebas ofrecidas y admitidas para despu�s dictar la resoluci�n correspondiente; debi�ndose resaltar que en cuanto al ofrecimiento, admisi�n y desahogo de pruebas se deber�n aplicar los preceptos contenidos en los cap�tulos XII, XVII y XVIII del t�tulo catorce de la Ley Federal del Trabajo, que se refieren al derecho procesal, particularmente a las pruebas y a los procedimientos tanto ordinarios como especiales; por ello, aun cuando las tercer�as se tramitan en forma incidental, debido a que se encuentran relacionadas �ntimamente con el juicio respecto del cual se interponen, por su forma y materia no constituyen incidentes sino verdaderos juicios, cuya resoluci�n les pone fin, por lo que �sta se convierte en laudo. Por tanto, al no haber dado cumplimiento el Juez de Distrito a lo ordenado por el art�culo 44 de la Ley de Amparo, en relaci�n con los numerales 44 y 46 del mismo ordenamiento legal, lo que procede es dejar insubsistente la sentencia dictada por el Juez Federal y abocarse al estudio de los conceptos de violaci�n hechos valer en la demanda de amparo, de acuerdo a la regla que para el caso se�ala el art�culo 94 del cuerpo legal en cita. No pasa desapercibido para este tribunal que con anterioridad el Juzgado de Distrito ya hab�a admitido, tramitado y resuelto una demanda de garant�as, respecto de una resoluci�n dictada por la responsable en el incidente de tercer�a; sin embargo, al haber un cambio de situaci�n jur�dica qued� insubsistente dicho laudo, ya que se dict� uno nuevo, esa cuesti�n ya no es materia de estudio ...

El propio Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, al resolver el amparo en revisi�n laboral n�mero 41/88, sostuvo lo siguiente:

QUINTO. Previamente al estudio del fondo del asunto, procede analizar las causales de improcedencia hechas valer por las partes o de oficio, por ser una cuesti�n de orden p�blico, atento a la tesis jurisprudencial n�mero ciento cincuenta y ocho, visible en la p�gina doscientos sesenta y dos de la Octava Parte del �ltimo Ap�ndice al Semanario Judicial de la Federaci�n, de rubro: ?IMPROCEDENCIA.?. La tercero perjudicada hace valer la causal de improcedencia prevista en la fracci�n XII del art�culo 73 de la Ley de Amparo, en relaci�n con los art�culos 21 y 23 del propio ordenamiento legal, pues el quejoso tuvo conocimiento del acto reclamado el veintiuno de agosto de mil novecientos ochenta y siete, y deposit� su demanda hasta el diecisiete de septiembre del mismo a�o, por lo que al hacer el c�mputo del t�rmino de quince d�as que la ley concede al peticionario del amparo se concluye que su demanda fue extempor�nea. Resulta infundada la causal de improcedencia que se hace valer, pues al hab�rsele notificado el acto reclamado al quejoso el d�a viernes veintiuno de agosto de mil novecientos ochenta y siete, en t�rminos del art�culo 21 de la ley de la materia, el plazo de quince d�as h�biles para la promoci�n de la demanda empez� a transcurrir a partir del d�a lunes veinticuatro del mismo mes, por lo que de esta fecha al d�a diecisiete de septiembre del citado a�o, en que se present� ante el Juez de Distrito la demanda, transcurrieron veinticinco d�as naturales, menos los d�as veintinueve y treinta de agosto, cinco, seis, doce y trece de septiembre, que son inh�biles por ser s�bados y domingos, los d�as catorce y diecis�is de septiembre que tambi�n, en t�rminos del art�culo 23 de la Ley de Amparo, son inh�biles por ser d�as de fiesta nacional, y los d�as primero y quince de septiembre en que el Juzgado de Distrito ante el que se present� la petici�n de amparo no labor�, dan un total de diez d�as inh�biles, los que descontados a los veinticinco d�as naturales, hacen un total de quince d�as h�biles, en tal virtud, al presentarse la demanda de garant�as dentro del t�rmino del d�cimo quinto d�a h�bil siguiente a la notificaci�n del laudo reclamado, es innegable que la demanda s� se present� en tiempo. Sin que sea obst�culo para esta consideraci�n el hecho de que los d�as primero y quince de septiembre no est�n contemplados como d�as inh�biles en la ley, pues la enumeraci�n que hace el art�culo 23 de la Ley de Amparo es enunciativa, no limitativa, y en consecuencia, si el Juez Federal dice que no se labor� en el juzgado a su cargo esos d�as, si no existe prueba en contrario, debe aplicarse en forma gen�rica la regla del art�culo 26, primer p�rrafo, de la propia ley, que expresa: (se transcribe), toda vez que debe considerarse como un principio de equidad, que no se debe causar perjuicio a los interesados, con esa suspensi�n de labores; huelga decir que es un hecho conocido que el d�a primero de septiembre por ser el d�a del informe presidencial ninguna dependencia oficial labora. Sobre el particular es aplicable, en forma anal�gica, la cuarta tesis relacionada con la jurisprudencia n�mero cincuenta y seis, visible en la p�gina noventa y siete de la Octava Parte del �ltimo Ap�ndice al Semanario Judicial de la Federaci�n, que dice: ?AMPARO, T�RMINOS EN EL, EN CASO DE SUSPENSI�N DE LABORES EN EL JUZGADO DE DISTRITO.? (se transcribe). SEXTO. S�ntesis de los conceptos de violaci�n, en ellos el quejoso sustancialmente aduce lo siguiente: (se transcribe). Resulta fundado el concepto de violaci�n, pues contrariamente a lo sostenido por la Junta responsable, para que procediera el incidente de tercer�a excluyente de dominio, era menester que la tercerista no s�lo acreditara que el bien mueble embargado era de su propiedad y que su raz�n social era diferente a la de la empresa condenada a pago a favor del actor, sino que realmente lo ten�a que demostrar era que ?Compa��a Distribuidora de Maderas y Materiales para la Construcci�n Azteca, Sociedad An�nima?, es una empresa diferente a la demandada ?Maderas Azteca, Sociedad An�nima?, y que ella no ten�a su domicilio en el lugar se�alado por el actor al momento de demandar, pues como puede advertirse en autos de la demanda laboral (fojas 106 a 108), el quejoso no s�lo demand� a la empresa citada en segundo t�rmino, sino que adem�s enderez� su acci�n en contra de una persona f�sica y/o en contra de quien resultara responsable de la fuente de trabajo con domicilio en Avenida Hidalgo Oriente n�mero 1204, que se dedica a la elaboraci�n para la industria de madera, lo cual denota que el actor no sab�a con exactitud si la raz�n social puesta en principio era la que realmente correspond�a a su patr�n. Por tanto, resultaba aplicable al caso concreto lo ordenado por el art�culo 712 de la Ley Federal del Trabajo, que dispone: (se transcribe). En tal virtud, la tercerista ten�a que ofrecer pruebas suficientes para acreditar los dos extremos antes se�alados, lo cual no hizo, pues con las documentales consistentes en el testimonio de la escritura p�blica n�mero seis mil trescientos cuarenta y dos, otorgada ante el notario p�blico n�mero 94 de la Ciudad de M�xico, Distrito Federal (fojas 16 a 30); la factura n�mero 384577 de fecha diez de mayo de mil novecientos ochenta y tres, endosada a su favor el d�a catorce de febrero de mil novecientos ochenta y cuatro, expedida por Ford Motor Company, Sociedad An�nima, respecto de una camioneta F-150-117 chasis cabina, con n�mero de serie AC1JAK-44148, modelo 83, motor n�mero 7865 y registro n�mero 6760175 (fojas 33 y 34); el certificado n�mero 6760175, expedido por la Secretar�a de Hacienda y Cr�dito P�blico, D.�n General del Registro Federal de V.�culos, relativo al veh�culo mencionado (foja 35); la tarjeta de circulaci�n con n�mero de folio 076415, expedida por el Gobierno del Estado de M�xico, D.�n General de Seguridad P�blica y Tr�nsito respecto de la referida camioneta (foja 36) y el recibo de pago n�mero AK-909109, se acredit� que la tercerista es una sociedad an�nima, con la denominaci�n social ?Compa��a Distribuidora de Maderas y Materiales para la Construcci�n Azteca?, que se constituy� en el a�o de mil novecientos setenta y cuatro, y cuyo objeto es la compraventa de maderas, triplay, fibracel y sus derivados, la industrializaci�n de maderas, la compraventa de materiales para construcci�n y dem�s actividades anexas, la adquisici�n de toda clase de maquinaria, accesorios y refacciones necesarias para su objeto social, la adquisici�n de toda clase de bienes muebles e inmuebles necesarios para su desarrollo social y la celebraci�n de toda clase de actos de comercio; que dicha empresa es propietaria de la camioneta embargada en autos, la cual cuenta con su constancia de registro y tarjetas de circulaci�n, as� como que ha pagado los impuestos relativos a la misma; pero no demostr� de manera fehaciente que dicha empresa y ?Maderas Azteca, Sociedad An�nima?, fueran distintas y que el domicilio en el que se le trab� el embargo no fuera el suyo en la fecha en que ocurri� el despido a cuya consecuencia el actor demand� el pago de diversas prestaciones. A mayor abundamiento, en autos qued� acreditado que en el momento de realizarse la primera notificaci�n dentro del juicio laboral a la demandada y emplaz�rsele a juicio, la diligencia se practic� con T.C., quien dijo ser secretaria y nunca manifest� que ese no fuera el domicilio de la demandada (foja113); posteriormente, al notificarse el laudo de trece de noviembre de mil novecientos ochenta y seis, el actuario de la responsable realiz� la diligencia en el mismo domicilio en el que llev� a cabo la primera, ubicado en Avenida Hidalgo Oriente n�mero 1204, en esta ocasi�n, con quien dijo llamarse M.�a del C.M., quien dijo ser secretaria, y tampoco manifest� que ese no era el domicilio de los buscados (foja 126); finalmente, la diligencia de dieciocho de marzo de mil novecientos ochenta y siete, relativa a la ejecuci�n del laudo, tambi�n se entendi� con la citada M.�a del C.M., en el ya referido domicilio, y �sta inform� que los buscados no se encontraban en ese momento, por lo que procedi� a llevar a cabo la diligencia de embargo (foja 133); de todo lo cual se advierte que la tercero perjudicada nunca aleg� no ser la misma empresa que ?Maderas Azteca, Sociedad An�nima?, que ese no fuera el domicilio en el que el trabajador prest� sus servicios y que realmente ?Compa��a Distribuidora de Maderas y Materiales para la Construcci�n Azteca, Sociedad An�nima?, no fuera el patr�n. En consecuencia, al ser fundado el concepto de violaci�n, procede conceder el amparo y protecci�n de la Justicia Federal solicitados, para el efecto de que la Junta responsable deje insubsistente el laudo reclamado y dicte otro en el que a la luz de los razonamientos vertidos en esta ejecutoria, resuelva conforme a derecho corresponda. No pasa desapercibido para este Tribunal Colegiado que dentro de la demanda de garant�as no se se�al� como tercero perjudicada a ?Materiales Azteca, Sociedad An�nima?, y que por lo mismo, no fue emplazada como tal; sin embargo, su emplazamiento se considera innecesario y por ello no se ordena reponer el procedimiento, ya que no se prob� que aquella Compa��a Distribuidora de Maderas y Materiales para la Construcci�n Azteca, Sociedad An�nima, fueran diferentes.

El Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, al resolver el juicio de amparo directo 339/90, adujo lo siguiente:

QUINTO. Este tribunal considera esencialmente fundada la cuesti�n propuesta en la parte final de los conceptos de violaci�n, y de suyo (sic) suficiente para conceder el amparo que tendr� los efectos que m�s adelante se precisar�n. Para respaldar esta postura, ante todo es menester recordar que se promovieron un recurso de reclamaci�n, una tercer�a excluyente de dominio y un incidente de sustituci�n patronal. Respecto de este �ltimo, se advierte que en el acto reclamado se fijaron las once horas del veinticinco de mayo de este a�o, para que tuviera verificativo el desahogo de la audiencia incidental. En esa fecha se llev� a cabo la referida diligencia y se cit� a una nueva para el veinticuatro de julio siguiente en donde las partes ofrecieron las pruebas que a sus intereses convinieron. Ahora bien, dadas las particularidades de este asunto, donde en su momento la tercer�a excluyente de dominio se apoy� en que los demandados en lo principal dejaron de ser propietarios de los bienes embargados, resultando que los adquirentes son ajenos al juicio laboral, una aplicaci�n l�gica de los principios rectores del procedimiento conducen a sostener que el incidente de m�rito debi� ser resuelto antes que la propia tercer�a, en funci�n tanto de lo dispuesto por el art�culo 41 de la Ley Federal del Trabajo, como de la oportunidad de que en su caso se acreditaran las pretensiones deducidas y las defensas opuestas por tal motivo, pero adem�s, para evitar resoluciones contradictorias con los consiguientes perjuicios, dilaciones y entorpecimiento en la administraci�n de justicia resultantes, si as� fuere, de ser fundado el incidente de sustituci�n patronal, a todo lo cual habr�a que sumar la posible interposici�n de diferentes medios de defensa tendientes a dirimir una sola cuesti�n, a saber: si la operancia de la figura prevista en el referido numeral vuelve o no trascendente la transmisi�n de los bienes para efectos de responder por las obligaciones laborales contra�da por el enajenante. Los razonamientos precedentes ponen de relieve la violaci�n formal que la parte quejosa destaca y que este cuerpo colegiado, supliendo la deficiencia de la queja, de conformidad con el art�culo 76 bis, fracci�n IV, de la Ley de Amparo, ha enriquecido con argumentos no expresados en la demanda, debiendo entonces sostenerse que aun en la hip�tesis que la promoci�n del incidente de sustituci�n patronal no fuere indispensable habi�ndose hecho valer, era imprescindible que se resolviera previamente, y por no haberlo entendido as�, la Junta del conocimiento incurri� en violaci�n de garant�as, que debe repararse a trav�s de la concesi�n del amparo, para el efecto de que quede insubsistente la resoluci�n reclamada y, en su lugar, una vez que se encuentre en estado, se dicte otra, en la que antes que nada se emita resoluci�n sobre el incidente tantas veces mencionado y, a continuaci�n, respecto de las otras cuestiones propuestas, a la consideraci�n de la Junta, en el entendido de que para dirimir los problemas al momento de juzgar gozar� de plena jurisdicci�n. Dado el sentido de esta ejecutoria, este tribunal se abstiene de examinar los conceptos de violaci�n restantes que giran en torno a la sustituci�n patronal en funci�n de la cual no procede el levantamiento del embargo, ya que deber� ser motivo de pronunciamiento espec�fico al cumplimentarse este fallo.

Asimismo, el mencionado Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, al resolver el amparo directo n�mero 42/88, sostuvo, en la parte que interesa, las siguientes consideraciones:

QUINTO. Los conceptos de violaci�n antes transcritos son fundados, pero insuficientes. M.M.M., como apoderado general para pleitos y cobranzas de la empresa ?Servicio La Viajera?, Sociedad An�nima, demand� el amparo y protecci�n de la Justicia Federal contra los actos de la Junta Especial N�mero Dos y presidente ejecutor de la Junta Especial N�mero Uno, ambas de la Local de Conciliaci�n y Arbitraje del Estado de Puebla, como autoridades ordenadoras, y del actuario adscrito a la Junta primeramente se�alada, como autoridad ejecutora, los cuales hizo consistir, de las dos primeras, en el auto que dictaron con fecha trece de abril de mil novecientos ochenta y siete, dentro de la tercer�a excluyente de dominio n�mero 1/87, deducida del expediente D. 2/269/83; y de la tercera, la notificaci�n de nueve de junio del mismo a�o. En la resoluci�n reclamada, el presidente ejecutor responsable considera que no fue probada la acci�n incidental, porque a su juicio, ?Servicio La Viajera?, Sociedad An�nima y ?Servicio Luce?, Sociedad An�nima, son la misma persona moral, habiendo llegado a esta conclusi�n por las siguientes razones: tienen el mismo domicilio, porque as� lo reconoci� el apoderado legal de la primera de las nombradas en la contestaci�n de demanda; en los boletos expedidos por la segunda persona moral mencionada contienen el mismo domicilio a donde seg�n la actora incidental, est� ubicado el terreno embargado y que es de su propiedad; en un requerimiento anterior que dio motivo a que se embargaran unas bombas de gasolina, el representante de la demandada, ?hoy actora?, al resolverse un recurso de revisi�n de actos, se dej� asentada dicha circunstancia y caus� estado para todos los efectos; el actuario se cercior� de que s� era el domicilio de la demandada con las notas de pago de la negociaci�n, y porque as� lo reconoci� I.G.G.�lez, representante de ?Servicio Luce?, Sociedad An�nima; y finalmente, por as� desprenderse de la copia certificada que expidi� el secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado, en relaci�n con el oficio 1270 de fecha dos de marzo de mil novecientos ochenta y cuatro, girado a ese juzgado por el jefe de la Oficina Federal de Hacienda, donde se demuestra que en el domicilio donde se practic� el embargo, anteriormente se ubic� la empresa ?La Viajera?, S.A. El quejoso aduce como conceptos de violaci�n, que es falso que se trate de la misma persona moral, pues as� debi� resolverse en todo caso en el laudo, pero no fue as�, ya que en �ste se absuelve a los condenados J.B.�rcena A. y ?Servicio La Viajera?, Sociedad An�nima y en cambio se condena �nicamente a ?Servicio Luce?, Sociedad An�nima, a pagar todas y cada una de las prestaciones reclamadas por los actores; que incluso, la propia autoridad responsable ordenadora separ� la vida jur�dica de las dos personas morales, condenando a una y absolviendo a la otra, y que ahora pretende juntarlas, revocando sus propias determinaciones, embargando un bien que es propiedad de su representada teniendo en este momento el car�cter de tercera extra�a al procedimiento de ejecuci�n. Antes de entrar al estudio sobre la constitucionalidad de los actos reclamados, debe se�alarse que en trat�ndose de tercer�as en materia laboral, �stas constituyen verdaderos juicios, tanto en la forma como en el fondo, puesto que en ellas se ventila una acci�n que debe resolverse mediante la sustanciaci�n de un procedimiento en el que deben respetarse todas las formalidades esenciales; as� se desprende de lo que disponen los art�culos 976 a 978 de la Ley Federal del Trabajo, en tanto que el tercer opositor o actor en la tercer�a, debe presentar una demanda, acompa�ando el t�tulo en que se funde, y aportar pruebas pertinentes; que previa la citaci�n de las partes en el juicio con el que guarde relaci�n la tercer�a, la Junta del conocimiento del asunto celebrar� una audiencia en la que oir� a esas partes, y despu�s de desahogadas las pruebas dictar� la resoluci�n procedente, observ�ndose en cuanto al ofrecimiento, admisi�n y desahogo de pruebas, lo dispuesto en los cap�tulos XII, XVII y XVIII del t�tulo catorce de la legislaci�n en comento; y si bien esas tercer�as se tramitan en forma incidental, ello obedece a que est�n relacionadas con otro juicio, es decir, que se tramitan incidentalmente, por la misma vinculaci�n que guarda el juicio con el cual se relacionan, pero que, por su forma y su materia, no constituyen incidentes, sino verdaderos juicios, cuya resoluci�n que les pone fin, por lo mismo, constituye un laudo.

CUARTO

Como cuesti�n previa a cualquier otra, cabe determinar si la presente contradicci�n de tesis re�ne o no los requisitos para su existencia, conforme lo disponen las siguientes jurisprudencias:

"CONTRADICCI�N DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA. De conformidad con lo que establecen los art�culos 107, fracci�n XIII, primer p�rrafo, de la Constituci�n Federal y 197-A de la Ley de Amparo, cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, o de la Sala que corresponda deben decidir cu�l tesis ha de prevalecer. Ahora bien, se entiende que existen tesis contradictorias cuando concurren los siguientes supuestos: a) Que al resolver los negocios jur�dicos se examinen cuestiones jur�dicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jur�dicos discrepantes; b) Que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jur�dicas de las sentencias respectivas; y c) Que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos." (Jurisprudencia n�mero 4a./J. 22/92, sustentada por la Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, en su anterior integraci�n, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federaci�n, N�mero 58, octubre de 1992, p�gina 22).

"CONTRADICCI�N DE TESIS. REQUISITOS PARA LA PROCEDENCIA DE LA DENUNCIA. Es verdad que en el art�culo 107, fracci�n XIII de la Constituci�n y dentro de la Ley de Amparo, no existe disposici�n que establezca como presupuesto de la procedencia de la denuncia de contradicci�n de tesis, la relativa a que �sta emane necesariamente de juicios de id�ntica naturaleza, sin embargo, es la interpretaci�n que tanto la doctrina como esta Suprema Corte han dado a las disposiciones que regulan dicha figura, las que s� han considerado que para que exista materia a dilucidar sobre cu�l criterio debe prevalecer, debe existir, cuando menos formalmente, la oposici�n de criterios jur�dicos en los que se controvierta la misma cuesti�n. Esto es, para que se surta su procedencia, la contradicci�n denunciada debe referirse a las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jur�dicas vertidas dentro de la parte considerativa de las sentencias respectivas, que son las que constituyen precisamente las tesis que se sustentan por los �rganos jurisdiccionales. No basta pues que existan ciertas o determinadas contradicciones si �stas s�lo se dan en aspectos accidentales o meramente secundarios dentro de los fallos que originan la denuncia, sino que la oposici�n debe darse en la sustancia del problema jur�dico debatido; por lo que ser� la naturaleza del problema, situaci�n o negocio jur�dico analizado, la que determine materialmente la contradicci�n de tesis que hace necesaria la decisi�n o pronunciamiento del �rgano competente para establecer el criterio prevaleciente con car�cter de tesis de jurisprudencia." (Novena �poca. Primera Sala. Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, Tomo XI, junio de 2000, tesis 1a./J. 5/2000, p�gina 49).

Tambi�n lo previsto en los art�culos 107, fracci�n XIII, primer p�rrafo, de la Constituci�n Federal y 197-A de la Ley de Amparo, que se interpretan en la jurisprudencia antes transcrita, sirven como marco de referencia para dilucidar si en el presente caso existe o no la contradicci�n de tesis denunciada. Dichos numerales dicen:

"Art�culo 107. Todas las controversias de que habla el art�culo 103 se sujetar�n a los procedimientos y formas del orden jur�dico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes: ... XIII. Cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, el procurador general de la Rep�blica, los mencionados tribunales o las partes que intervinieron en los juicios en que dichas tesis fueron sustentadas, podr�n denunciar la contradicci�n ante la Suprema Corte de Justicia, a fin de que el Pleno o la Sala respectiva, seg�n corresponda, decidan la tesis que debe prevalecer como jurisprudencia."

Art�culo 197-A. Cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, el procurador general de la Rep�blica, los mencionados tribunales o los Magistrados que los integren, o las partes que intervinieron en los juicios en que tales tesis hubieran sido sustentadas, podr�n denunciar la contradicci�n ante la Suprema Corte de Justicia, la que decidir� cual tesis debe prevalecer. El procurador general de la Rep�blica, por s� o por conducto del agente que al efecto designe, podr�, si lo estima pertinente, exponer su parecer dentro del plazo de treinta d�as. La resoluci�n que se dicte no afectar� las situaciones jur�dicas concretas derivadas de los juicios en los cuales se hubiesen dictado las sentencias contradictorias. La Suprema Corte deber� dictar la resoluci�n dentro del t�rmino de tres meses y ordenar su publicaci�n y remisi�n en los t�rminos previstos por el art�culo 195.

Del contenido de las tesis de jurisprudencia transcritas y de los numerales asentados en p�rrafos precedentes se desprende que existe contradicci�n de tesis cuando dos o m�s Tribunales Colegiados al resolver los negocios jur�dicos de su competencia, tocan cuestiones jur�dicas sustancialmente iguales, pero al exponer sus consideraciones y presentar sus conclusiones respectivas, adoptan criterios diametralmente opuestos con motivo del examen de los mismos elementos; de tal manera que la lectura de las resoluciones correspondientes evidencien la actualizaci�n de dos posiciones jur�dicas discrepantes entre s� en relaci�n con los mismos puntos de an�lisis. En estas condiciones, en t�rminos de los art�culos 107, fracci�n XIII, constitucional y 197-A de la Ley de Amparo, esta Suprema Corte de Justicia deber� decidir cu�l tesis ha de prevalecer.

Ahora bien, del an�lisis de las resoluciones reproducidas en anteriores p�rrafos se infiere, en primer lugar, que no existe la contradicci�n de tesis entre lo sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado del D�cimo Sexto Circuito, al resolver el amparo directo laboral n�mero 138/2005, y lo aducido por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, en su resoluci�n relativa al amparo en revisi�n laboral n�mero 41/88, y lo sustentado por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, al fallar el amparo directo 339/90.

En efecto, la lectura de las ejecutorias de m�rito permite constatar que el Tercer Tribunal Colegiado del D�cimo Sexto Circuito, en su ejecutoria mencionada se pronunci� en relaci�n con la procedencia del juicio de amparo directo en contra de la sentencia que resuelve una tercer�a de preferencia de cr�dito, respecto de lo cual sostuvo que de conformidad con el art�culo 107, fracci�n V, inciso a), de la Constituci�n Federal, y de los art�culos 44 y 158 de la Ley de Amparo, el juicio de amparo directo s�lo procede contra sentencias definitivas o laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, por lo cual, como la resoluci�n atacada fue dictada en un incidente de preferencia de cr�dito promovido cuando el juicio principal se encontraba en etapa de ejecuci�n; por ende, se est� en presencia de una resoluci�n incidental que no resuelve el juicio en lo principal y que fue emitida fuera del juicio, es decir, una vez concluido, de donde se sigue que lo procedente es el juicio de amparo indirecto.

Por su parte, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, al fallar el amparo en revisi�n laboral 41/88, luego de declarar infundada la causal de improcedencia, relativa a que la demanda de amparo es extempor�nea, analiz� la sentencia que resolvi� un incidente de tercer�a excluyente de dominio, para determinar que, como lo sostiene la quejosa, en ese juicio de tercer�a la tercerista no acredit� que el bien mueble embargado fuera de su propiedad ni que su raz�n social fuera diferente a la de la empresa condenada al pago a favor del actor.

Por otro lado, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, al resolver el amparo directo 339/90, �nicamente se�al� que en el caso se actualiz� una violaci�n formal, consistente en que antes de examinar el incidente de tercer�a excluyente de dominio, la responsable debi� haber fallado el diverso incidente de sustituci�n patronal, pues las resultas de este �ltimo incidente influir�an sustancialmente en la resoluci�n de la tercer�a.

Como se advierte de lo aqu� resumido, los Tribunales Colegiados referidos no examinaron el mismo problema jur�dico, puesto que mientras el Tercer Tribunal Colegiado del D�cimo Sexto Circuito abord� el tema de la procedencia del amparo directo o indirecto en contra de la resoluci�n que decide un juicio de tercer�a; por su parte, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito estudi� si dentro de un juicio de tercer�a excluyente de dominio la parte actora justific� o no la propiedad del inmueble que reclama; y adem�s, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito �nicamente se ocup� en definir que previamente a resolver el incidente de tercer�a, por l�gica jur�dica deb�a fallarse el incidente de sustituci�n patronal.

En estas condiciones, ante lo dis�mil de los temas jur�dicos analizados por los Tribunales Colegiados de m�rito, debe concluirse que no existe contradicci�n de tesis entre los criterios de los Tribunales Colegiados aqu� mencionados.

Por otro lado, se afirma que s� existe lacontradicci�n de tesis denunciada entre los criterios sustentados por el Tercer Tribunal Colegiado del D�cimo Sexto Circuito, al fallar el amparo directo laboral 138/2005; el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito en su fallo relativo al amparo directo 41/88 y el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, al resolver el juicio de amparo directo 42/88, en virtud de que sobre el mismo problema jur�dico, a saber, si en materia laboral el juicio de tercer�a debe ser considerado un incidente o un juicio independiente del principal y, por ende, si contra la resoluci�n que lo resuelve procede el amparo directo o el indirecto, dichos Tribunales Colegiados sostuvieron criterios divergentes entre s�.

Seg�n se ha precisado en p�rrafos precedentes, en relaci�n con el tema planteado, el Tercer Tribunal Colegiado del D�cimo Sexto Circuito, en su ejecutoria mencionada, se pronunci� en relaci�n con la procedencia del juicio de amparo directo en contra de la sentencia que resuelve una tercer�a de preferencia de cr�dito, respecto de lo cual sostuvo que de conformidad con el art�culo 107, fracci�n V, inciso a), de la Constituci�n Federal, y de los art�culos 44 y 158 de la Ley de Amparo, el juicio de amparo directo s�lo procede contra sentencias definitivas o laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, por lo cual, como la resoluci�n atacada fue dictada en un incidente de preferencia de cr�dito, promovido cuando el juicio principal se encontraba en etapa de ejecuci�n, por ende, se est� en presencia de una resoluci�n incidental que no resuelve el juicio en lo principal y que fue emitida fuera del juicio, es decir, una vez concluido; de donde se sigue que lo procedente es el juicio de amparo indirecto.

Por su parte, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, en su sentencia de m�rito, adujo lo contrario, es decir, que las tercer�as en cualquier materia son consideradas juicios, tanto material como formalmente, porque en ellas se ejercita una acci�n de oposici�n que necesariamente ha de resolverse mediante un procedimiento en el que se respeten las formalidades de ley; pues el actor debe presentar su demanda, acompa�ar el t�tulo fundatorio y las pruebas que acrediten su acci�n; adem�s, se abre un t�rmino probatorio para que las partes demuestren sus pretensiones; se les permite alegar y se dicta resoluci�n, la cual se considera un laudo.

Asimismo, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, coincidiendo con el criterio del anterior Tribunal Colegiado, apunt� que las tercer�as en materia laboral constituyen verdaderos juicios, tanto en la forma como en el fondo, porque en ellas se ventila una acci�n que ha de resolverse a trav�s de un procedimiento en el que se deben respetar todas y cada una de las formalidades esenciales, pues del contenido de los art�culos 976 a 978 de la Ley Federal del Trabajo, se observa que el tercerista debe presentar la demanda, acompa�ando el t�tulo en el que se funde, y debe aportar pruebas pertinentes; que adem�s debe celebrarse una audiencia en la que se escuche a las partes, dict�ndose posteriormente la resoluci�n. Adem�s se agreg� que si bien las tercer�as se tramitan en forma incidental, ello obedece a que constituye un juicio aut�nomo, por lo cual la sentencia que resuelva en el fondo de dicho incidente puede ser atacada a trav�s del amparo directo.

Como se observa, los Tribunales Colegiados examinaron el mismo problema jur�dico y llegaron a conclusiones diferentes, determinando, el primeramente mencionado, que la tercer�a de preferencia constituye un incidente resuelto en etapa de ejecuci�n y, por ende, susceptible de ser atacado a trav�s del amparo indirecto; mientras que los �rganos jurisdiccionales citados en segundo y tercer t�rminos, aseveraron lo contrario; es decir, que la tercer�a es un juicio en su forma y en su fondo y que, en consecuencia, la sentencia que lo resuelva puede ser impugnada en amparo directo.

En este orden de ideas, el problema jur�dico a resolver se centra en determinar si en materia laboral el juicio de tercer�a debe ser considerado un incidente o un juicio independiente del principal y, por ende, si contra la resoluci�n que lo resuelve procede el amparo directo o el indirecto.

QUINTO

Debe prevalecer con car�cter de jurisprudencia el criterio que sustenta esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, que coincide sustancialmente con lo sostenido por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito y el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito.

Con el objeto de informar la anterior afirmaci�n, es necesario transcribir el contenido de los art�culos 976 a 978 de la Ley Federal del Trabajo, que a la letra dicen:

"Art�culo 976. Las tercer�as pueden ser excluyentes de dominio o de preferencia. Las primeras tienen por objeto conseguir el levantamiento del embargo practicado en bienes de propiedad de terceros; las segundas obtener que se pague preferentemente un cr�dito con el producto de los bienes embargados."

"Art�culo 977. Las tercer�as se tramitar�n y resolver�n por el Pleno, por la Junta Especial o por la de Conciliaci�n que conozca del juicio principal, sustanci�ndose en forma incidental, conforme a las normas siguientes:

"I. La tercer�a se interpondr� por escrito, acompa�ando el t�tulo en que se funde y las pruebas pertinentes;

"II. La Junta ordenar� se tramite la tercer�a por cuerda separada y citar� a las partes a una audiencia, dentro de los diez d�as siguientes, en la que las oir� y despu�s de desahogadas las pruebas, dictar� resoluci�n;

"III. En cuanto al ofrecimiento, admisi�n y desahogo de las pruebas, se observar� lo dispuesto en los cap�tulos XII, XVII y XVIII del t�tulo catorce de esta ley;

"IV. Las tercer�as no suspenden la tramitaci�n del procedimiento. La tercer�a excluyente de dominio suspende �nicamente el acto de remate; la de preferencia el pago del cr�dito; y

"V. Si se declara procedente la tercer�a, la Junta ordenar� el levantamiento del embargo y, en su caso, ordenar� se pague el cr�dito declarado preferente."

"Art�culo 978. El tercerista podr� presentar la demanda ante la autoridad exhortada que practic� el embargo, debiendo designar domicilio en el lugar de residencia de la Junta exhortante, para que se le hagan las notificaciones personales; si no hace la designaci�n, todas las notificaciones se le har�n por bolet�n o por estrados.

La autoridad exhortada, al devolver el exhorto, remitir� la demanda de tercer�a.

Del contenido de los art�culos transcritos se advierten los siguientes principios en torno de las tercer�as tanto de dominio como de preferencia:

  1. Conforme al art�culo 976, las tercer�as constituyen una acci�n distinta a la que se debate en el juicio principal, la cual se ejerce por un tercero ajeno a la controversia principal; es decir, en la tercer�a se discute un problema sustantivo diferente al que se controvierte en el procedimiento del que deriva.

  2. En t�rminos del art�culo 977, las tercer�as excluyentes no suspenden el curso del negocio en que se interponen; se ventilan por cuerda separada, a trav�s de un procedimiento propio, en forma incidental, en el que se oye a las partes y se cumplen las formalidades esenciales del procedimiento.

Es oportuno mencionar que si bien este art�culo se�ala la tramitaci�n de las tercer�as a trav�s de un procedimiento en forma incidental, empero, ello no conduce a sostener que su naturaleza sea de incidente, toda vez que tal menci�n se refiere exclusivamente a la forma procesal que sigue la tercer�a, la cual se asemeja procesalmente al incidente, pero eso no significa, se insiste, que sustancialmente sea un incidente.

Por el contrario, del contenido de los numerales en cita es dable aseverar que las tercer�as excluyentes, tanto material como formalmente, tienen la naturaleza de juicio, y no de incidente, cuya naturaleza los destina a resolver exclusivamente cuestiones de car�cter adjetivo derivadas directamente del juicio principal, lo que no ocurre en la especie, toda vez que, como ya se dijo, el juicio de tercer�a se ocupa de resolver un aspecto sustantivo (la propiedad del bien embargado o la preferencia del cr�dito reclamado), ajeno a la cuesti�n ventilada en el juicio del que surge la tercer�a.

En efecto, en la tercer�a excluyente se ventila una acci�n distinta a la que se debate en el juicio principal, es decir, la materia de la controversia en la tercer�a es distinta a la del juicio preexistente, lo cual materialmente le da la calidad de un juicio con sustantividad propia.

El tercero es ajeno a la controversia principal, y al ejercitar la nueva acci�n debe acreditar tener un inter�s propio y distinto a quienes son parte en el juicio principal, esta nueva acci�n se ventila por cuerda separada a trav�s de un procedimiento singular en el que el tercerista tiene los derechos, cargas y obligaciones que en todo juicio tienen las partes, y no suspende el curso del juicio preexistente, todo esto evidencia que las tercer�as excluyentes son formalmente juicios.

As�, las tercer�as son verdaderos juicios, tanto material como formalmente, dado que en las mismas se tramita una acci�n de oposici�n ejercida por un tercero respecto de la propiedad de bienes embargados, o en cuanto a la preferencia de los cr�ditos que deban cubrirse con el producto de aqu�llos, que forzosa y necesariamente debe resolverse mediante la sustanciaci�n de un procedimiento contradictorio en el que se d� oportunidad a las partes de plantear sus pretensiones, rendir pruebas y formular alegatos, y la circunstancia de que se siga de manera incidental, no le hace perder esa naturaleza porque lo que se debate en ella difiere de la cuesti�n de fondo planteada en el juicio laboral con el que se vincula.

Resultan ilustrativas, en lo conducente, las siguientes tesis:

"Quinta �poca

"Instancia: Tercera Sala

"Fuente: Semanario Judicial de la Federaci�n

"Tomo: XXXII

"P�gina: 1271

"TERCER�AS. El inciso c, de la fracci�n V, del art�culo 43, de la Ley de Amparo, en relaci�n con la fracci�n VII, se refieren a recursos concedidos por las leyes, que tienen como consecuencia, revocar, reformar o enmendar las resoluciones judiciales pronunciadas en un juicio; pero las tercer�as excluyentes de dominio no tienen el car�cter de recursos, sino que constituyen un juicio propiamente dicho, en el que se siguen todas la formalidades legales inherentes a su naturaleza; por lo cual, trat�ndose de terceros extra�os al juicio, no es necesario que, para recurrir al amparo, se vean obligados a recurrir antes a la tercer�a excluyente."

"Quinta �poca

"Instancia: Tercera Sala

"Fuente: Semanario Judicial de la Federaci�n

"Tomo: LVI

"P�gina: 881

TERCER�AS, NATURALEZA DE LAS SENTENCIAS EN LAS. Si bien es cierto que las tercer�as se reputan incidentales de los juicios en que se promueven, ello no significa que rija, respecto de las mismas, el principio de que lo accesorio sigue la suerte de lo principal, pues la tercer�a es un verdadero juicio que, una vez terminado por sentencia que cause ejecutoria, no puede ser anulado por el hecho de que el juicio principal no llegue a su t�rmino, ya porque se desista la parte actora en dicho juicio, o bien por cualquiera otra causa. En la tercer�a excluyente de dominio, el tercerista sostiene ser propietario de la cosa embargada o disputada en el juicio principal, frente a las partes que intervienen en este �ltimo, y si se dicta sentencia que cause ejecutoria, declarando procedente la tercer�a, es evidente que debe tenerse como verdad legal, la declaraci�n contenida en tal sentencia, en el sentido de que la cosa embargada o disputada en el juicio principal, es de la propiedad del tercerista, de tal manera, que desde el momento en que existe esa verdad legal, por m�s que la tercer�a sea incidental del juicio principal, ya no le afecta en lo m�s m�nimo la suerte que siga el juicio o lo que en el mismo se resuelva.

De la tesis antes transcrita debe destacarse que la resoluci�n que se emite en una tercer�a excluyente, una vez que causa ejecutoria, no puede ser modificada o anulada por la que se dicte en el juicio que le da origen.

Lo anterior es as�, en atenci�n a que la materia de la controversia en la tercer�a es distinta a la que se debate en el juicio principal, pues aun cuando �ste es el que le da origen, lo cierto es que lo que a trav�s de ella se pretende, es que no se afecten los derechos del tercerista por la resoluci�n que se emita en el juicio principal, derechos que en ambas contiendas son distintos; por tanto, la resoluci�n que recaiga a la tercer�a con car�cter de cosa juzgada, no se ve afectada por lo que se resuelva en el juicio de donde deriv�.

Ahora bien, seg�n ya se apunt� en p�rrafos precedentes, aunque es verdad que el art�culo 977 de la Ley Federal del Trabajo en consulta, dispone que las tercer�as se tramitar�n en forma incidental; sin embargo, esa circunstancia no es bastante para sostener que el procedimiento relativo a la tercer�a participa de la naturaleza del incidente, pues, se reitera, s�lo se refiere al aspecto formal procesal en que se tramita, con semejanza al procedimiento que siguen los incidentes, pero su naturaleza y fines son propios del juicio.

Adem�s, la doctrina procesal recogida en el Diccionario Jur�dico Tem�tico, elaborado por el Colegio de Profesores de Derecho Procesal de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Aut�noma de M�xico y publicado por la Editorial Oxford University Press, segunda edici�n, p�gina 140, define el incidente de la siguiente manera:

"Incidente (Del lat�n incidere, que significa sobrevivir, interrumpir, producirse). Procedimiento que tiende a resolver controversias de car�cter adjetivo relacionadas inmediata y directamente con el asunto principal. El incidente (al que tambi�n se le identifica con la palabra art�culo) puede aplicarse a todas las excepciones, contestaciones, acontecimientos accesorios que se originan en un negocio e interrumpen o alteran o suspenden un curso ordinario. Son incidentes de un juicio, entre otros:

"? El nombramiento de un nuevo procurador.

"? La recusaci�n de un Juez u otro funcionario de la administraci�n de justicia.

"? La acumulaci�n de autos.

"? La oposici�n de la prueba perdida.

"? La reclamaci�n de nulidad de una o varias actuaciones.

"? La reposici�n de una providencia o auto.

"? La petici�n de t�rmino extraordinario de prueba.

"? La declinatoria de jurisdicci�n.

"? La alegaci�n y prueba de tachas.

"? La liquidaci�n de sentencias.

"? Los gastos y costas del juicio.

"? Gastos de administraci�n de s�ndicos.

"? R.�n de cuentas de albacea; etc�tera.

La formulaci�n de un incidente puede paralizar o no el juicio en lo principal. En el primer caso se trata de incidentes de previo y especial pronunciamiento, los cuales impiden que siga su curso el juicio mientras no se resuelvan, por referirse a presupuestos procesales sin los que el proceso no puede ser v�lido, y han de resolverse mediante una sentencia que �nicamente a ellos concierna y no por la definitiva en la que se deciden las cuestiones litigiosas. En los incidentes que no tienen ese car�cter se verifica ese tr�mite, pero la resoluci�n se deja para la sentencia definitiva que debe estudiar y resolver los problemas incidentalmente planteados. Si se trata de incidentes de ejecuci�n de sentencia, la interlocutoria debe pronunciarse al final del tr�mite. En los juicios que se siguen ante los Jueces de Paz, las cuestiones incidentales se resuelven en la sentencia definitiva, de plano sin formar art�culo. En los procesos de car�cter familiar, los incidentes que se promuevan no suspenden el procedimiento aunque se respete el tr�mite de un escrito que cada parte la posibilidad de pruebas y audiencia de desahogo, en la que oir�n alegatos y se dicte sentencia. El C�digo Federal de Procedimientos Civiles establece que las resoluciones incidentales no surten efecto alguno no m�s que en el juicio en que hayan sido dictados.

Asimismo, la doctrina procesal preponderante compilada en el diccionario citado, p�gina 257, es un�nime al referir que las tercer�as pueden definirse en los siguientes t�rminos:

Tercer�as. Por este concepto se debe de entender la serie de tr�mites que llevan a cabo los terceros interesados, quienes sin necesidad de requerimiento de parte del �rgano jurisdiccional acuden al proceso a fin de ventilar un inter�s particular, propio y distinto del que en forma inicial ventilan cada una de las partes contendientes. Dentro de la tramitaci�n del proceso, los terceristas pueden insertarse en la relaci�n principal, antes de que el Juez dicte su sentencia definitiva y como se trata de un nuevo juicio que por econom�a procesal se tramita ante el mismo Juez que ya conoce del asunto, el tercerista es parte actora y tanto el actor como el demandado iniciales son los demandados en el juicio de tercer�a. Se se�alan como tipos de tercer�as las siguientes: dos excluyentes y una coadyuvante. Las dos primeras pugnan para excluir una parte del patrimonio que les pertenece del juicio o propugnan tener un mejor derecho a ser pagado preferentemente, con exclusi�n de otros acreedores; y en la �ltima aunque rara de darse, el tercerista al afirmar sus pretensiones fortalece la posici�n de una de las partes y demerita la de la otra dentro del proceso.

No escapa a esta Segunda Sala la circunstancia de que los conceptos antes referidos tienen un origen civilista y no laboral; empero, resulta claro que las definiciones antes enunciadas en nada pugnan con los contenidos de los preceptos de la Ley Federal del Trabajo, que regulan la instituci�n procesal de la tercer�a tanto excluyente de dominio como de preferencia y, por el contrario, sus textos coinciden esencialmente en cuanto a los fines de la tercer�a y en relaci�n con la naturaleza de su sustanciaci�n.

As�, es dable afirmar que a diferencia de la tercer�a, los incidentes tienen por objeto resolver controversias de car�cter adjetivo que tienen relaci�n inmediata y directa con el asunto principal, cuestiones jur�dico-procesales que surgen con motivo de la tramitaci�n del juicio pendiente.

Si bien es verdad que la tercer�a excluyente se encuentra vinculada al juicio que la motiva, lo cierto es que no surge como una consecuencia del procedimiento de �ste, pues como ya qued� apuntado, se trata de una acci�n distinta a la que se ventila en aqu�l, que se ejerce con un inter�s distinto al que tienen quienes son parte en dicho juicio y que se tramita a trav�s de un procedimiento propio.

En estas condiciones, como en materia laboral las tercer�as excluyentes de dominio y de preferencia deben ser consideradas juicios en su fondo y en su forma, tal cual se ha apuntado en p�rrafos precedentes; entonces, las resoluciones que las deciden en cuanto al fondo pueden ser impugnadas a trav�s del juicio de amparo directo, en t�rminos de los art�culos 44, 46 y 158 de la Ley de Amparo, por tratarse de una sentencia definitiva, en cuanto resuelve el juicio en cuanto al fondo de la cuesti�n ah� planteada, sobre todo, si se toma en cuenta que una sana lectura del art�culo 114, fracci�n V, de la Ley de Amparo, permite constatar que esta ley reconoce la calidad de juicio aut�nomo a las tercer�as.

En efecto, el numeral de cuenta dice textualmente:

"Art�culo 114. El amparo se pedir� ante el Juez de Distrito:

"...

V. Contra actos ejecutados dentro o fuera del juicio, que afecten a personas extra�as a �l, cuando la ley no establezca a favor del afectado alg�n recurso ordinario o medio de defensa que pueda tener por efecto modificarlos o revocarlos, siempre que no se trate del juicio de tercer�a.

Como se observa, la Ley de Amparo, en el precepto de m�rito se�ala laprocedencia del amparo indirecto en contra de actos ejecutados dentro o fuera del juicio que afecten a personas extra�as a �l, siempre que no se trate del juicio de tercer�a, lo que significa que las tercer�as no constituyen actos dictados dentro o fuera de juicio, sino verdaderos juicios aut�nomos, excluidos expresamente por la Ley de Amparo como impugnables a trav�s del amparo indirecto; por tanto, dada su calidad de juicio, es evidente que en materia laboral la sentencia que resuelva una tercer�a puede ser atacada mediante el juicio de amparo directo.

La conclusi�n aqu� enunciada encuentra apoyo en el contenido de la siguiente tesis de jurisprudencia, la cual si bien no se refiere exclusivamente al tema en cuesti�n, de cualquier manera, su texto, en su parte conducente, s� enuncia el principio relativo a la naturaleza del juicio de la tercer�a, as� como la procedencia del amparo directo en contra de la sentencia que la resuelve. La tesis de referencia se�ala a la letra:

"Novena �poca

"Instancia: Segunda Sala

"Fuente: Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta

"Tomo: XVII, mayo de 2003

"Tesis: 2a./J. 18/2000

"P�gina: 257

TERCER�A DE PREFERENCIA. NO LO ES LA SOLICITUD DEL PATR�N ANTE LA JUNTA PARA QUE SE DECLAREN EXIGIBLES, PREFERENTEMENTE, LOS CR�DITOS DE LOS TRABAJADORES CON LOS QUE TIENE UN CONFLICTO Y, POR TANTO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO EN SU CONTRA.-La posibilidad de reclamar en amparo directo la resoluci�n en que se decide una tercer�a, se debe a que considera a �sta un verdadero juicio, porque supone una acci�n de oposici�n ejercida por un tercero ajeno a la controversia, respecto de la propiedad de los bienes embargados, o en cuanto a la preferencia de los cr�ditos que deban cubrirse con el producto de aqu�llos. Ahora bien, la solicitud del patr�n para que se declare que el cr�dito laboral que se gener� a favor de los trabajadores con los que mantiene un conflicto, le es exigible exclusivamente respecto de los salarios devengados en el �ltimo a�o, horas extras y salarios ca�dos, con car�cter preferente respecto de sus acreedores y concursantes, no es una tercer�a de preferencia, porque el promovente no es ajeno a la controversia laboral, sino parte en ella y, adem�s, no persigue que se le pague preferentemente un cr�dito a �l. En consecuencia, la resoluci�n que desecha esa solicitud no constituye una resoluci�n culminatoria de tercer�a. Esa solicitud tampoco se trata del procedimiento previsto en los art�culos 979, 980 y 981 de la Ley Federal del Trabajo, para sustanciar la solicitud de los trabajadores de que se prevenga a la autoridad jurisdiccional o administrativa ante la que se tramiten juicios en los que se pretendan hacer efectivos cr�ditos en contra del patr�n, para que, antes de llevar a cabo el remate o adjudicaci�n de los bienes embargados, notifique al solicitante, a fin de que est�n en posibilidad de hacer valer sus derechos, porque el patr�n persigue limitar la preferencia del cr�dito de los trabajadores a esos conceptos. M�s bien es el planteamiento de una cuesti�n no regulada especialmente en la Ley Federal del Trabajo, que tiene alguna relaci�n con el car�cter preferencial de los cr�ditos de los trabajadores y no involucra a terceros. Por tanto, la v�a para impugnar su desechamiento es el amparo indirecto.

En atenci�n a todo lo anteriormente expuesto, esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n determina que el criterio que debe regir con car�cter jurisprudencial, en t�rminos del art�culo 195 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los art�culos 103 y 107 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, es el contenido en la tesis que deber� identificarse con el n�mero que le corresponda y que queda redactada bajo los siguientes rubro y texto:

TERCER�AS EXCLUYENTES DE DOMINIO O DE PREFERENCIA DE CR�DITO EN MATERIA LABORAL. TIENEN NATURALEZA DE JUICIO Y NO DE INCIDENTE, POR LO QUE LA SENTENCIA QUE LAS RESUELVE ES IMPUGNABLE EN AMPARO DIRECTO.-De los art�culos 976, 977 y 978 de la Ley Federal del Trabajo se advierte que las tercer�as excluyentes de dominio o de preferencia, tanto material como formalmente, tienen la naturaleza de juicio y no de incidente, pese a que el segundo de los preceptos citados establezca que se tramitar�n en forma incidental, pues esta menci�n s�lo se refiere a la forma procesal, pero no a su naturaleza sustancial, toda vez que mientras el incidente resuelve generalmente cuestiones de car�cter adjetivo, la tercer�a decide un aspecto sustantivo (la propiedad del bien embargado o la preferencia del cr�dito reclamado), ajeno a la cuesti�n ventilada en el juicio del que surge, lo que materialmente le da la calidad de un juicio con sustantividad propia. Adem�s, el tercero es ajeno a la controversia principal y al ejercer la nueva acci�n debe acreditar un inter�s propio y distinto al de quienes son parte en aqu�lla; la nueva acci�n se ventila por cuerda separada a trav�s de un procedimiento singular en el que el tercerista tiene los derechos, cargas y obligaciones que en todo juicio tienen las partes, y no suspende el curso del juicio preexistente, lo que evidencia que las tercer�as excluyentes son formalmente juicios y, por ende, que las resoluciones que las deciden en cuanto al fondo, por tratarse de sentencias definitivas, son impugnables en amparo directo, en t�rminos de los art�culos 44, 46 y 158 de la Ley de Amparo.

Por lo expuesto y fundado, se

resuelve:

PRIMERO

No existe la contradicci�n de tesis entre las sustentadas por el Tercer Tribunal Colegiado del D�cimo Sexto Circuito, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito y el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito.

SEGUNDO

S� existe la contradicci�n de tesis entre las sustentadas por el Tercer Tribunal Colegiado del D�cimo Sexto Circuito, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito y el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito.

TERCERO

Debe prevalecer con car�cter jurisprudencial el criterio sustentado por esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, bajo la tesis redactada en el �ltimo considerando de esta resoluci�n.

Notif�quese; rem�tase la tesis jurisprudencial aprobada por esta Segunda Sala al Pleno y a la otra Sala de esta Suprema Corte de Justicia de al Naci�n, a los Tribunales Colegiados de Circuito que no intervinieron en la contradicci�n y al Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, para su correspondiente publicaci�n, y env�ese testimonio de la presente resoluci�n a los Tribunales Colegiados de Circuito que intervinieron en esta contradicci�n y, en su oportunidad, arch�vese este expediente como asunto concluido.

As� lo resolvi� la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, por unanimidad de cinco votos de los se�ores Ministros, M.B.L.R., G.D.G.�ngora P., S.S.A.A., G.I.O.M. y presidente J.D.R.. Fue ponente el M.S.S.A.A..