Ejecutoria num. 2a./J. 111/2005 de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala - Jurisprudencia - VLEX 26823615

Ejecutoria num. 2a./J. 111/2005 de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala

Emisor:Segunda Sala
Número de Resolución:2a./J. 111/2005
Localizacion:SERGIO SALVADOR AGUIRRE ANGUIANO.
Materia:Suprema Corte de Justicia de México
Fecha de Publicación: 1 de Octubre de 2005
RESUMEN

CONTRADICCIÓN DE TESIS 116/2005-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA (ANTES TERCER TRIBUNAL COLEGIADO) Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN LAS MATERIAS INDICADAS (ANTES CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO), AMBOS DEL VIGÉSIMO PRIMER CIRCUITO.INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO. LAS RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS DICTADAS POR AQUÉL O POR SUS ÓRGANOS DEPENDIENTES, QUE CONCEDAN, NIEGUEN, REVOQUEN, SUSPENDAN, MODIFIQUEN O REDUZCAN LAS PENSIONES, SON ACTOS DE AUTORIDAD IMPUGNABLES A TRAVÉS DEL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, PREVIAMENTE AL AMPARO, SALVO QUE SE ACTUALICE ALGUNA EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD.AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS.

 
ÍNDICE
CONTENIDO

CONTRADICCI�N DE TESIS 116/2005-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA (ANTES TERCER TRIBUNAL COLEGIADO) Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN LAS MATERIAS INDICADAS (ANTES CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO), AMBOS DEL VIG�SIMO PRIMER CIRCUITO.

MINISTRO PONENTE: S.S.A.A..

SECRETARIO: A.M.R. MAT�AS.

CONSIDERANDO:

TERCERO

El Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vig�simo Primer Circuito (antes Cuarto Tribunal Colegiado del propio circuito), el diez de junio de dos mil cuatro, al resolver la revisi�n administrativa 248/2004, entre otras consideraciones, sostuvo las siguientes:

Los agravios expuestos por el recurrente son fundados pero inoperantes en una parte e inoperantes en otra, en virtud de las consideraciones jur�dicas siguientes. Cierto, el a quo para decretar el sobreseimiento, lo hizo bajo el argumento de que no por el hecho que el delegado en G., y el jefe del Departamento de Pensiones, Seguridad e Higiene en el Trabajo, ambos del Instituto de Seguridad Social y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, sean trabajadores de un organismo p�blico descentralizado signifique que tengan el car�cter de autoridad, toda vez que precisamente la ley de dicho instituto determina que la finalidad de dicha instituci�n es la administraci�n de los seguros, prestaciones y servicios a favor de los trabajadores, teniendo personalidad jur�dica y patrimonio propio y actividades aut�nomas, de suerte que se trata de una persona moral distinta del Estado, por lo cual sus �rganos que la conforman no son �rganos del Estado, por lo que en t�rminos del art�culo 1o., fracci�n I, de la Ley de Amparo, no tienen el car�cter de autoridad para los efectos del juicio de amparo. Como se ve, tal determinaci�n es incorrecta, porque en efecto no se les atribuy� el acto a t�tulo personal, sino como entes integrantes de un organismo p�blico, aut�nomo y descentralizado como es el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, el cual contrario a lo indicado por el J. de Distrito s� forma parte de la administraci�n publica federal, es decir, forman parte del Estado mexicano, con independencia de que para efectos de las relaciones jur�dicas que entablan al seno del orden jur�dico nacional, est�n dotados de una esfera competencial y un patrimonio propios que los distinguen de los dem�s poderes y organismos paraestatales o aut�nomos del Estado. Lo anterior as� lo sostiene la Segunda S. de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n en la tesis n�mero 2a. XVI/2002, publicada en la p�gina cuatrocientos treinta del Tomo XV, del mes de marzo de dos mil dos, Novena �poca del Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, del rubro y texto: ?ORGANISMOS P�BLICOS DESCENTRALIZADOS FEDERALES. AUN CUANDO NO PERTENECEN AL PODER EJECUTIVO FEDERAL, S� FORMAN PARTE DE LA ADMINISTRACI�N P�BLICA FEDERAL.? (se transcribe). Sin embargo, no obstante lo fundado de sus agravios en tal aspecto, los mismos resultan inoperantes para el caso que nos ocupa, pues lo anterior no var�a el sentido de la resoluci�n, toda vez que este �rgano colegiado estima que la causal de improcedencia anunciada por el a quo federal, prevista en la fracci�n XVIII del art�culo 73 de la Ley de Amparo, en relaci�n con los numerales 1o., fracci�n I, 11 de ley en comento y 103 constitucional, aun cuando por razones distintas a las expresadas por el J. de Distrito, s� se actualiza, dado que el delegado en G. y jefe del Departamento de Pensiones, Seguridad e Higiene en el Trabajo, ambos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, no son autoridad para el juicio de amparo que nos ocupa; igual declaratoria debe hacerse respecto del jefe del departamento de finanzas del citado instituto, de quien el a quo omiti� hacer pronunciamiento, ya que en su resoluci�n �nicamente dijo que fue omiso en rendir su informe justificado, pero nada m�s, y como en el caso no opera el reenv�o, en t�rminos del art�culo 91, fracci�n III, de la Ley de Amparo, se debe confirmar dicho sobreseimiento, en virtud de lo siguiente: Los art�culos en comento, respectivamente se�alan: ?Art�culo 73. El juicio de amparo es improcedente: ... XVIII. En los dem�s casos en que la improcedencia resulte de alguna disposici�n de la ley.?. ?Art�culo 103. Los tribunales de la Federaci�n resolver�n toda controversia que se suscite; I.P. leyes o actos de la autoridad que violen las garant�as individuales; II.P. leyes o actos de la autoridad federal que vulneren o restrinjan la soberan�a de los Estados; y III.P. leyes o actos de las autoridades de �stos que invadan la esfera de la autoridad federal.?. ?Art�culo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I.P. leyes o actos de la autoridad que violen las garant�as individuales ...?. ?Art�culo 11. Es autoridad responsable la que dicta, promulga, publica, ordena, ejecuta o trata de ejecutar la ley o el acto reclamado.?. De los dispositivos legales invocados se obtiene de manera clara que, el juicio de amparo procede solamente en contra de actos de autoridad, y los que en la especie se reclaman -la orden de suspensi�n y/o descuento del importe de la pensi�n por viudez, que podr�a ser de manera temporal o definitiva por supuesta incompatibilidad y ejecuci�n de la misma-, si bien formalmente emanan de un organismo p�blico descentralizado que eventualmente puede equipararse a una autoridad constituida, no revisten el car�cter de actos autoritarios, como se explicar� l�neas adelante. Cierto, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en t�rminos del art�culo 4o. de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, es un organismo descentralizado con personalidad jur�dica y patrimonios propios que se encarga de la administraci�n de los seguros, prestaciones y servicios. Ahora bien, en la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, no existe disposici�n legal alguna que indique que las controversias entre los asegurados o sus beneficiarios y dicho instituto, deber�n tramitarse ante la Junta Federal de Conciliaci�n y Arbitraje o ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa cuando se trate de controversias entre el instituto y los trabajadores, como s� ocurre en el caso del Instituto Mexicano del Seguro Social, el cual en el art�culo 295 de la ley de ese instituto s� establece expresamente que las controversias entre los asegurados o sus beneficiarios y el instituto sobre las prestaciones que la Ley del Instituto Mexicano del Seguro Social les otorga, deber�n tramitarse ante la Junta Federal de Conciliaci�n y Arbitraje, en tanto que las que se presenten entre el instituto, los patrones y dem�s sujetos obligados, se tramitar�n ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, esto es, v�a juicio contencioso, en los t�rminos previstos por el C�digo Fiscal de la Federaci�n. De tal forma, si alguien reclama la determinaci�n que se traduce en la suspensi�n o descuento del importe de la pensi�n por viudez, acorde a lo establecido en el art�culo 295 de la Ley del Seguro Social, quien reclama esa determinaci�n asume el car�cter de beneficiario y previo a promover el juicio de garant�as debe tramitar demanda ante la Junta Federal de Conciliaci�n y Arbitraje, porque los actos que combate no son administrativos, sino evidentemente laborales, cuyo tr�mite deber� someterlo ante la mencionada junta laboral. Sin embargo, esa misma relaci�n rige para el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en cuanto a la seguridad social para los trabajadores. En efecto, al respecto cabe destacar lo dispuesto por el art�culo 123, apartado A, fracci�n XXXI, inciso b), punto 1 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, que dice: ?Art�culo 123. Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente �til; al efecto, se promover�n la creaci�n de empleos y la organizaci�n social para el trabajo, conforme a la ley. El Congreso de la Uni�n, sin contravenir a las bases siguientes, deber� expedir leyes sobre el trabajo, las cuales regir�n: A. Entre los obreros, jornaleros, empleados, dom�sticos, artesanos, y de una manera general, todo contrato de trabajo: ... XXXI. La aplicaci�n de las leyes del trabajo corresponde a las autoridades de los Estados, en sus respectivas jurisdicciones, pero es de la competencia exclusiva de las autoridades federales en los asuntos relativos a: ... b) Empresas: Aquellas que sean administradas en forma directa o descentralizada por el Gobierno Federal; ...?. Ahora bien, por otro lado, el apartado B del citado numeral constitucional, establece: ?Art�culo 123. ... B. Entre los Poderes de la Uni�n, el Gobierno del Distrito Federal y sus trabajadores: XII. Los conflictos individuales, colectivos o intersindicales ser�n sometidos a un Tribunal Federal de Conciliaci�n y Arbitraje, integrado seg�n lo prevenido en la ley reglamentaria ...?. De lo antes transcrito se obtiene que cuando un trabajador de la administraci�n p�blica, ya sea local o federal, pretende el pago de una prestaci�n y que puede consistir en una afectaci�n a su patrimonio, como cuando se reclama el pago de pensiones, servicios, asistencias m�dicas, quir�rgicas o farmac�uticas, subsidios y todas aquellas prestaciones susceptibles de disminuir el patrimonio del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores, en estos casos, lo procedente es el juicio laboral y la competencia para conocer de �l recae en un tribunal del fuero federal o del fuero local, habida cuenta que para determinar a qu� �rgano jurisdiccional corresponde conocer del juicio en el que se demanda una prestaci�n de seguridad social a dicho instituto, debe atenderse al r�gimen constitucional y legal que rige el v�nculo laboral del cual deriva como una consecuencia directa la diversa relaci�n jur�dica que se entable entre el trabajador y esa entidad de seguridad social. Al efecto, debe tomarse en cuenta que las prestaciones de tal naturaleza, si bien derivan directamente de la relaci�n jur�dica que por disposici�n legal se entable entre ese organismo y los trabajadores o sus beneficiarios, la misma tiene su origen en la existencia del v�nculo laboral que se da entre el respectivo trabajador y la correspondiente dependencia o entidad de la administraci�n p�blica, por lo que aquel v�nculo es derivado de la relaci�n laboral entablada. En esa medida, si un trabajador que presta sus servicios para alguno de los Poderes de la Uni�n, o de las entidades federativas, demanda al mencionado instituto el pago de una prestaci�n, debe estimarse que al encontrarse regulada la respectiva relaci�n laboral por el apartado B del art�culo 123 de la Constituci�n General de la Rep�blica, o bien por la correspondiente ley burocr�tica local, en t�rminos del diverso 116, fracci�n VI, de la propia N.F., la competencia para conocer de tal juicio corresponde al Tribunal Federal de Conciliaci�n y Arbitraje; al tenor del mismo criterio, si como consecuencia del fen�meno de la descentralizaci�n de la prestaci�n de servicios, un organismo descentralizado sustituye en su car�cter de patr�n al titular de alguna dependencia de la administraci�n p�blica centralizada, ello dar� lugar a que ese v�nculo jur�dico ya no se rija por el apartado B del art�culo 123 constitucional, ni en su caso, por la respectiva legislaci�n burocr�tica local, sino por el r�gimen que deriva de lo dispuesto en el apartado A del citado precepto fundamental, lo que implicar� que la competencia para conocer tanto de los conflictos estrictamente laborales que se susciten, como de los surgidos dentro de las relaciones jur�dicas derivadas directamente de ese v�nculo laboral, se sustancien ante la Junta Federal de Conciliaci�n y Arbitraje, de ah� que a este �rgano jurisdiccional corresponde conocer del juicio en el que un trabajador de un organismo descentralizado de cualquier nivel de gobierno, demanda el pago de una prestaci�n al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Lo anterior as� se refleja en las tesis n�meros 2a. XLVI/2001 y 2a. XLVII/2001 publicadas en las p�ginas cuatrocientos cincuenta y tres y cuatrocientos cincuenta y cuatro, T.X., del mes de mayo de dos mil uno, Novena �poca del Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, emitidas por la Segunda S. de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, que dicen: ?INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO. LA COMPETENCIA PARA CONOCER DE UN JUICIO LABORAL EN EL QUE SE LE RECLAME EL PAGO DE UNA PRESTACI�N PRINCIPAL CORRESPONDE A UN �RGANO JURISDICCIONAL DEL FUERO FEDERAL, CON INDEPENDENCIA DE QUE LA RELACI�N LABORAL SE HAYA ENTABLADO CON UNA DEPENDENCIA O ENTIDAD DE CAR�CTER LOCAL Y EN EL PROPIO OCURSO SE DEMANDE A �STA.? (se transcribe). ?INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO. PARA DETERMINAR CU�L ES EL �RGANO JURISDICCIONAL QUE DEBE CONOCER DE LOS JUICIOS LABORALES EN LOS QUE SE RECLAME EL PAGO DE PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL A ESE ORGANISMO, DEBE ATENDERSE AL R�GIMEN CONSTITUCIONAL QUE RIGE EL V�NCULO LABORAL DEL QUE �STAS DERIVAN.? (se transcribe). En esta tesitura, podemos decir que cuando como en el caso se atribuye a alg�n �rgano integrante del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, el ajuste, disminuci�n o cancelaci�n a una pensi�n, tal acto no reviste el car�cter de una resoluci�n administrativa, toda vez que las controversias surgidas entre los beneficiarios y dicho Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, respecto de prestaciones otorgadas por la ley, siempre y cuando tengan su origen, como en el caso, en una relaci�n laboral y el demandante sea beneficiario, no hay que olvidar que una de las caracter�sticas que tiene tal instituto, en ese tipo de relaciones, es que sustituye a las obligaciones del patr�n, absorbiendo a trav�s de las mec�nicas impuestas en la ley, la de otorgar a los trabajadores servicios de asistencia evidentemente laborales, como en el caso, la pensi�n por viudez, prestaci�n que originalmente correspondi� al patr�n pero que fue absorbida por tal instituto, pues aun cuando el patr�n es el Estado, o un organismo p�blico descentralizado, la obligaci�n del instituto para con el trabajador o sus beneficiarios s�lo se produce por un v�nculo laboral y no por otro. En este orden de ideas, la actuaci�n del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, no se encuentra revestida de imperio frente al particular, puesto que el acto impugnado carece de las caracter�sticas de unilateralidad, coercibilidad e imperatividad propias de un acto de autoridad, dado que como se ve, las controversias entre los asegurados o sus beneficiarios y el instituto sobre las prestaciones que la referida ley otorga, podr�n tramitarse ante la Junta Federal de Conciliaci�n y Arbitraje, o ante la Junta de Conciliaci�n y Arbitraje Local, atendiendo para ello al r�gimen constitucional y legal que regule la respectiva relaci�n jur�dica laboral. De tal forma que si el art�culo 4o. de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, le da el car�cter de organismo descentralizado con personalidad jur�dica y patrimonio propios; y en t�rminos del art�culo 123, apartado A, fracci�n XXXI, inciso b), punto 1 y apartado B, fracci�n XII, de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, puede ser demandado como tal ante la autoridad del trabajo, por consiguiente, es inconcuso que en esas circunstancias no puede sujet�rsele al juicio de garant�as, reclam�ndole actos que en todo caso podr�an ser demandados ante la Junta laboral competente, como en la especie, la cancelaci�n de pensi�n por viudez. Cierto, en este caso la promovente en su demanda de garant�as manifest� tener una relaci�n laboral con la dependencia se�alada como responsable al argumentar en el cap�tulo de hechos que ?a partir del 1 de enero de 1994, fue pensionada por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), por haber sido jubilada de por vida en una plaza de profesora de la Secretar�a de E.�n P�blica del Gobierno Federal, en la que cotic� 30 a�os y 05 meses, asign�ndoseme el n�mero de pensionista 314811, sin que hubiera adeudos pendientes, para lo cual se se�al� como lugar de pago, el domicilio ubicado en Independencia y G. de la ciudad de Iguala, G.. As� tambi�n manifiesto que a partir del d�a 29 de marzo de 2002, percib�a otra pensi�n por viudez, derivada de la muerte de mi esposo, que en vida respondi� al nombre de J.�n R.V.G.�lez ... asign�ndoseme el n�mero 314821 de pensionista, en raz�n de que mi difunto esposo tambi�n trabaj� para la Secretar�a de E.�n P�blica del Gobierno Federal ...?. De lo anterior, resulta evidente que a trav�s de la promoci�n del juicio de garant�as se intenta combatir un acto que naci� merced de una relaci�n laboral entre la quejosa y tambi�n entre su esposo J.�n R.V.G.�lez, con la entidad se�alada como autoridad responsable, conflicto que surge por suspensi�n o descuento del importe de la pensi�n recibida, es decir, dentro de la relaci�n laboral existente entre las autoridades se�aladas como responsables y la peticionaria de amparo, as� como su esposo del cual disfruta la pensi�n por viudez, en donde las primeras hacen las veces de patr�n y la solicitante de garant�as se erige como empleado, por lo que la instancia constitucional resulta improcedente, en virtud que los actos reclamados no provienen de autoridad para efectos del juicio de garant�as. Por lo que a las citadas autoridades no les reviste el car�cter de autoridades responsables para los efectos del amparo, ya que de conformidad con lo dispuesto en los art�culos 103 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, 1o. y 11 de la Ley de Amparo, la procedencia del juicio de garant�as se encuentra supeditada a que los actos que se reclamen provengan de autoridad, entendi�ndose por tal aquella que: dicta, promulga, publica, ordena, ejecuta o trata de ejecutar la ley o el acto reclamado, con el objeto de imponer unilateralmente obligaciones a los gobernados, modificar las existentes o limitar sus derechos. Es importante destacar que para los efectos del juicio de amparo, la calidad de autoridad deriva de las siguientes circunstancias: a) La existencia de un �rgano del Estado que establece una relaci�n de supra a subordinaci�n con un particular. b) Que esa relaci�n tenga su nacimiento en la ley, por lo que dota al �rgano del Estado de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza p�blica la fuente de tal potestad. c) Que con motivo de esa relaci�n emite actos unilaterales a trav�s de los cuales crea, modifica o extingue por s� o ante s�, situaciones jur�dicas que afectan la esfera legal del particular. d) Que para emitir esos actos no requiere de acudir a los �rganos jurisdiccionales ni precisa del consenso de la voluntad del afectado. Tal como as� se advierte del contenido de la tesis aislada pronunciada por la Segunda S. de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, visible a foja treinta y nueve, del T.X., noviembre de dos mil uno, en el Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, Novena �poca, que dice: ?AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS.? (se transcribe). S.�n que como se estableci� en p�rrafos que preceden en la especie no acontece, porque del contenido de la demanda de amparo y de las propias documentales que anex� la parte quejosa a su escrito inicial de demanda, se obtiene que la ahora quejosa labor� para la Secretar�a de E.�n P�blica Federal,donde se desempe�� como profesora y lo que reclama es el descuento a su pensi�n que deriv� precisamente de su relaci�n de coordinaci�n con el ente para el cual prest� sus servicios, no en funci�n de la emisi�n de un acto de autoridad unilateral, imperativo y coercible, por lo que, se reitera en el caso, se est� ante una relaci�n de coordinaci�n de tipo laboral entre la promovente y quienes se�ala como autoridades responsables en torno a la cual no concurren los citados elementos ya enunciados, los cuales �nicamente surgen en las relaciones de supra a subordinaci�n, porque en este supuesto las partes no se colocan en el mismo plano como particulares, pues el ente de gobernaci�n impone su voluntad sin el consenso del afectado, es decir, se ejercen facultades de decisi�n que le est�n atribuidas en un ordenamiento legal y que por ende, constituyen una potestad, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser p�blica la fuente de tal potestad, lo que revela que tal ente es una autoridad para los efectos del amparo. H.�tesis que no se actualiza en el caso, al tratarse de una cuesti�n eminentemente laboral (lo que en todo caso podr�a dilucidar ante la autoridad laboral que estime competente), porque aqu� se les atribuyen actos que ejercen en calidad de patr�n, como lo es el ordenar la suspensi�n o el descuento y ejecuci�n sobre su pensi�n. Al respecto es aplicable la tesis aislada pronunciada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, visible en la p�gina trescientos cuarenta y siete del Tomo III, abril de 1996, Novena �poca del Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, que dice: ?AUTORIDADES RESPONSABLES PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO, NO LO SON LOS �RGANOS O FUNCIONARIOS DE LAS DEPENDENCIAS DEL ESTADO CUANDO ACT�AN COMO PATRONES.? (se transcribe). Por otro lado, el hecho de que tales funcionarios fueran se�alados como autoridades responsables en diversos juicios de garant�as, del cual dice conoci� en revisi�n el Tercer Tribunal Colegiado de este circuito, ello por s� solo no hace que el asunto que aqu� nos ocupa sea procedente, dado que el criterio que en todo caso adopte otro �rgano jurisdiccional, en tanto no sea jurisprudencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, no es obligatorio para este �rgano colegiado, de ah� que sus agravios en tal sentido sean inoperantes. En las narradas circunstancias, por las razones expuestas en esta ejecutoria, se confirma la resoluci�n que decreta el sobreseimiento del juicio en t�rminos del art�culo 74, fracci�n III, en relaci�n con los numerales 1o., fracci�n I, 11, y 73, fracci�n XVIII, todos de la Ley de Amparo, sobreseimiento que se hace extensivo sobre los actos atribuidos al jefe del departamento de finanzas del citado instituto.

De las consideraciones precedentes surgi� la tesis, cuyo texto y datos de localizaci�n son:

"INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO. NO TIENE CAR�CTER DE AUTORIDAD RESPONSABLE PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO CUANDO A ALGUNO DE SUS �RGANOS SE LE ATRIBUYE EL AJUSTE, DISMINUCI�N O CANCELACI�N DE UNA PENSI�N. Si se atribuye a alg�n �rgano integrante del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, el ajuste, disminuci�n o cancelaci�n de una pensi�n, tal acto no reviste el car�cter de una resoluci�n administrativa, porque si bien formalmente emana de un organismo p�blico descentralizado que eventualmente puede equipararse a una autoridad constituida, carece de las caracter�sticas de unilateralidad, coercibilidad e imperatividad que requiere el art�culo 11 de la Ley de Amparo para considerarlo como tal, dado que las controversias surgidas entre los beneficiarios y dicho instituto respecto de prestaciones otorgadas por la ley, cuando tienen su origen en una relaci�n laboral y el demandante sea beneficiario, sustituye al patr�n al absorber las obligaciones de otorgar a los trabajadores servicios de asistencia evidentemente laborales, como la pensi�n por viudez, que originalmente corresponde al patr�n, por lo que en t�rminos del art�culo 123, apartado A, fracci�n XXXI, inciso b), punto 1 y apartado B, fracci�n XII, de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, debe ser demandado ante la autoridad del trabajo, pudiendo tramitarse ante la Junta Federal de Conciliaci�n y Arbitraje, o ante la Junta Local de Conciliaci�n y Arbitraje, atendiendo para ello al r�gimen constitucional y legal que regule la respectiva relaci�n laboral." (Novena �poca. Instancia: Cuarto Tribunal Colegiado del Vig�simo Primer Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, Tomo XX, septiembre de 2004, tesis XXI.4o.13 A, p�gina 1788).

CUARTO

El Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vig�simo Primer Circuito (antes Tercer Tribunal Colegiado del mismo circuito), el diecisiete de febrero de dos mil cinco, al resolver la improcedencia en revisi�n administrativa 10/2005, entre otras consideraciones, sostuvo las siguientes:

QUINTO. Ahora bien, en el caso que nos ocupa, la J. Cuarto de Distrito para desechar la demanda, sostuvo medularmente que los actos reclamados no provienen de autoridades para los efectos del juicio constitucional, porque no contienen en s� mismos los requisitos que para su configuraci�n exige el art�culo 11 de la Ley de Amparo, es decir, no son actos unilaterales, coercitivos e imperativos, y que no obsta que se trate de un organismo p�blico descentralizado que atiende los derechos que tienen los beneficiarios con �l, dada cuenta que el origen de esa situaci�n es una relaci�n laboral conforme al art�culo 123, apartado A, fracci�n XXXI, inciso b), 1 y apartado B, fracci�n XII, de la Constituci�n Federal; y que si bien es cierto existe una relaci�n de subordinaci�n entre el beneficiario y las autoridades responsables, ello no es fundamental para considerar que sus actos pueden ser de autoridad para el juicio de garant�as, tomando en cuenta que los derechos derivados son de naturaleza laboral y no administrativa, por carecer de las caracter�sticas de unilateralidad, coercibilidad e imperatividad que establece el art�culo 11 de la Ley de Amparo. Agreg� que las notas que distinguen a una autoridad para efectos del amparo, son: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relaci�n de supra a subordinaci�n con un particular; b) Que esa relaci�n tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza p�blica la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relaci�n emita actos unilaterales a trav�s de los cuales cree, modifique o extinga por s� o ante s�, situaciones jur�dicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera de acudir a los �rganos judiciales ni precise el consenso de la voluntad del afectado. De los argumentos anteriores, deriv� la juzgadora de Distrito que los actos reclamados no provienen de autoridad responsable para los efectos del amparo; invocando como fundamento de su aserto la tesis que pronunci� el Cuarto Tribunal Colegiado de este circuito e identific� con el n�mero 49, TC214013.9 AD1, cuyo antecedente lo fue la resoluci�n dictada en el amparo en revisi�n administrativa n�mero 248/2004, promovido por M.�a I.M.L., fallado el diez de junio de dos mil cuatro, la cual es del rubro siguiente: ?INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, NO TIENEN CAR�CTER DE AUTORIDAD RESPONSABLE PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, EL DELEGADO Y EL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PENSIONES, SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO.?. Debe hacerse la aclaraci�n que el rubro del criterio anterior fue modificado por observaciones que hizo la Direcci�n General de la Coordinaci�n de Compilaci�n y S.�n de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n (lo cual no observ� la a quo), quien le asign� el n�mero de tesis XXI.4o.13 A, y es consultable en la p�gina 1788, Tomo XX, septiembre de dos mil cuatro, Novena �poca del Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, cuyo rubro modificado dice: ?INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO. NO TIENE CAR�CTER DE AUTORIDAD RESPONSABLE PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO CUANDO A ALGUNO DE SUS �RGANOS SE LE ATRIBUYE EL AJUSTE, DISMINUCI�N O CANCELACI�N DE UNA PENSI�N.?. El texto de la tesis precisada, no fue modificado. Aclarado lo anterior, son de tomarse en cuenta las consideraciones en que se sustenta el citado criterio, las cuales dicen: ?SEXTO. (se inserta este considerando de la ejecutoria dictada en el AR. ADVA. 248/2004, la cual participa en la presente contradicci�n de tesis y ya se transcribi� en el considerando anterior).?. Ahora bien, con motivo de que este tribunal no comparte las consideraciones y tesis que propuso el Cuarto Tribunal Colegiado de este circuito para llegar a la conclusi�n de que el delegado y el jefe de Pensiones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado, no son autoridad para los efectos del juicio de amparo, los argumentos que enseguida se precisar�n, forman parte de la competencia n�mero 312/2000, suscitada entre el Tribunal Estatal de Conciliaci�n y Arbitraje del Estado de M�xico, la Junta Especial N�mero Cuatro de la Local de Conciliaci�n y Arbitraje en Toluca y la Tercera S. del Tribunal Federal de Conciliaci�n y Arbitraje en el Distrito Federal, de la que derivaron las tesis 2a. XLVI/2001 y 2a. XLVII/ 2001 que fueron publicadas en las p�ginas 453 y 454, T.X., mayo de 2001, Novena �poca del Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, pronunciadas por la Segunda S. de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, invocadas por el mencionado Cuarto Tribunal Colegiado. En la competencia aludida, como antecedentes del caso natural se puede apreciar que L.Z.B., demand� del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, de la Secretar�a de E.�n P�blica, y de la Aseguradora Hidalgo, Sociedad An�nima las siguientes prestaciones: ?... el reconocimiento a favor de la actora L.Z.B. que los padecimientos que presenta son a consecuencia del riesgo profesional, el cual le ocurri� durante el desempe�o de sus labores y que le ocasiona los siguientes padecimientos ...?. ?Del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado se reclama el estado de invalidez y como consecuencia el pago de una incapacidad total permanente por los padecimientos a que se hace alusi�n en el punto que antecede ya que le ocasionan el 160% de disminuci�n org�nico funcional total ...?. ?... dadas las condiciones de la incapacidad que presenta nuestro poderdante requiere del pago de una pensi�n por invalidez del 100% del salario que percibe el hoy actor.?. ?... lo que impide seguir laborando con la categor�a de maestra ante dicha secretar�a motivo por el cual se reclama el pago de dicho seguro y del recibo de n�mina con el que se cubren a mi representada sus salarios, se advierte, el descuento del seguro contratado y que por n�mina le descuentan, por lo que se reclama el pago de 94 meses de seguro a raz�n del salario diario que percibe mi mandante en forma mensual y que es de $3,598.00 cantidad que se debe multiplicar por los 94 meses para el pago de dicho salario.?. ?De la Secretar�a de E.�n P�blica se reclama el reconocimiento de que los padecimientos que presenta la actora fueron a consecuencia de los accidentes de trabajo que sufri� dentro del plantel en donde labora y que le ocasionan un 160% de disminuci�n org�nico funcional de la total y que m�s adelante se�alar� la fecha del accidente que sufri� la ahora actora.?. En los hechos de la demanda que present� L.Z.B. ante el Tribunal Federal de Conciliaci�n y Arbitraje, en esencia dijo que ingres� a prestar sus servicios a la Secretar�a de E.�n P�blica en calidad de profesora en la Escuela Primaria Emiliano Zapata y, dada la relevancia que tiene para lo que aqu� se resuelve, es de tenerse a la vista el hecho n�mero cuatro de su demanda que, en lo conducente, dice: ?4. En diversas ocasiones se ha constituido la actora en su cl�nica de la adscripci�n del ISSSTE sin que hasta la fecha le hayan querido calificar dicho riesgo como accidente de trabajo, por lo que en la presente v�a reclamo a su nombre y representaci�n las prestaciones a que hago alusi�n en el cap�tulo respectivo, es decir se reclama el reconocimiento de que los padecimientos que presenta la actora son del orden profesional, por tener relaci�n de causa efecto con el ambiente laboral y como consecuencia de lo anterior se reclama el pago y otorgamiento de una pensi�n de invalidez, debi�ndose tomar en cuenta para el pago del mismo el salario se�alado en el hecho uno.?. En ese asunto, el apoderado del secretario de E.�n P�blica, cuando contest� la demanda plante� incidente de incompetencia, del cual cabe tener a la vista lo siguiente: ?... al pertenecer dicho plantel al Estado de M�xico, la hoy actora labora bajo la direcci�n de Servicios Educativos Integrados al Estado de M�xico (SEIEM) y no en la Secretar�a de E.�n P�blica, por lo que en ning�n momento existe una relaci�n jur�dico laboral entre mi representado y la hoy actora ...?. Por su parte, el director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado, por conducto del representante legal del director general, tambi�n dio contestaci�n a la demanda y formul� incidente de incompetencia, en los siguientes t�rminos: ?... el tribunal del conocimiento carece de facultades para resolver en materia de pensiones e indemnizaciones, ya que la acci�n de la demandante se enmarca en lo relativo a la seguridad social y no en el establecimiento de una relaci�n obrero patronal, por lo que de acuerdo con lo dispuesto por el art�culo 11, fracci�n VI, de la Ley Org�nica del Tribunal Fiscal de la Federaci�n ...?. Con motivo de lo anterior, la invocada Tercera S. del Tribunal Federal de Conciliaci�n y Arbitraje, se declar� incompetente y orden� se enviaran las constancias conducentes al Tribunal Estatal de Conciliaci�n y Arbitraje del Estado de M�xico, el que se declar� incompetente y orden� remitir el expediente a la Junta Local de Conciliaci�n y Arbitraje del Estado de M�xico. Esta autoridad tambi�n se declar� incompetente y dispuso remitir al Tribunal Estatal de Conciliaci�n y Arbitraje del Estado de M�xico el expediente relativo, �rgano que dispuso se remitieran los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, para que determinara qu� autoridad es la competente, dando lugar as� al conflicto competencial 312/2000, en el cual por acuerdo del presidente de la Segunda S. se orden� enviarlo al Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, en turno, para que lo resolviera. As�, el D�cimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, form� el expediente CCT. 92/2000, en el cual dictaron resoluci�n decidiendo devolver dicho conflicto al Alto Tribunal; habi�ndose emitido la sentencia correspondiente por la Segunda S., de la que derivaron las tesis 2a. XLVI/2001 y 2a. XLVII/2001, de rubros: ?INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO. LA COMPETENCIA PARA CONOCER DE UN JUICIO LABORAL EN EL QUE SE LE RECLAME EL PAGO DE UNA PRESTACI�N PRINCIPAL CORRESPONDE A UN �RGANO JURISDICCIONAL DEL FUERO FEDERAL, CON INDEPENDENCIA DE QUE LA RELACI�N LABORAL SE HAYA ENTABLADO CON UNA DEPENDENCIA O ENTIDAD DE CAR�CTER LOCAL Y EN EL PROPIO OCURSO SE DEMANDE A �STA? e ?INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO. PARA DETERMINAR CU�L ES EL �RGANO JURISDICCIONAL QUE DEBE CONOCER DE LOS JUICIOS LABORALES EN LOS QUE SE RECLAME EL PAGO DE PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL A ESE ORGANISMO, DEBE ATENDERSE AL R�GIMEN CONSTITUCIONAL QUE RIGE EL V�NCULO LABORAL DEL QUE �STAS DERIVAN.?, transcritas por el Cuarto Tribunal Colegiado en el fallo anteriormente aludido. De la resoluci�n emitida por la Segunda S. de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, derivan como ideas centrales, las siguientes: 1. Que las prestaciones principales que se demandan al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado como son, entre otras, el pago de indemnizaciones, pensiones, servicios, asistencias m�dicas, quir�rgicas o farmac�uticas si bien derivan directamente de la relaci�n jur�dica que por disposici�n legal se entabla entre este organismo y los trabajadores, la misma tiene su origen en la existencia del v�nculo laboral que se da entre el respectivo trabajador y la correspondiente dependencia o entidad de la administraci�n p�blica, generalmente federal; por tanto, debe estimarse que aquel v�nculo jur�dico es derivado de la relaci�n laboral entablada, por lo que adem�s de constituir prestaciones de naturaleza laboral, para determinar el �rgano jurisdiccional que resulta competente para conocer de los juicios en los que se demande su cumplimiento, debe atenderse al r�gimen constitucional y legal que rija a la respectiva relaci�n de trabajo. 2. Que analizando lo establecido en los art�culos 123, apartado B, fracciones XI y XIV, de la Constituci�n General de la Rep�blica; 43, fracci�n IV, de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado; y 2o., 3o., 4o., 5o., 6o., fracci�n I, 8o., 29, 32, 113 y 126, fracci�n I, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, permite apreciar que la incorporaci�n a la esfera jur�dica de los gobernados del derecho a obtener las prestaciones de seguridad social que corresponde otorgar al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores, as� como el periodo durante el cual se tendr� derecho a alguna de ellas, tanto en sede constitucional como en el �mbito legal, se encuentran estrechamente vinculados al establecimiento de una relaci�n laboral con una dependencia o entidad de la administraci�n p�blica, ya que el goce de las prestaciones previstas en el r�gimen obligatorio corresponde a los trabajadores al servicio del Estado y a sus beneficiarios; la obligaci�n del pago de las aportaciones que financian tales prestaciones constituye una obligaci�n que surge y concluye como consecuencia de la respectiva relaci�n laboral; los titulares de las dependencias y entidades est�n constre�idos a comunicar al mencionado instituto las altas y bajas de sus trabajadores; y, el derecho a obtener algunas de las referidas prestaciones se encuentra condicionado a que la contingencia tutelada acontezca durante el periodo de vigencia de la relaci�n laboral o bien durante un lapso contado a partir de la terminaci�n de �sta. 3. Que si la relaci�n jur�dica que se entabla entre el trabajador y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado es consecuencia de una diversa relaci�n jur�dica, la laboral, para determinar si el conflicto sobre una prestaci�n consecuencia de la relaci�n derivada, corresponde a un tribunal de los establecidos en la fracci�n XX del apartado A del art�culo 123 constitucional, o a uno de los diversos previstos en el p�rrafo primero de la fracci�n XII del apartado B de la propia N.F., debe atenderse a la naturaleza de la relaci�n jur�dica existente entre el trabajador y el respectivo patr�n, pues al ser �sta la relaci�n jur�dica en la que tiene su origen la diversa dentro de la cual surge la prestaci�n que es materia de litigio, debe estimarse que la relaci�n derivada o accesoria se rige por el r�gimen constitucional y legal que norma a la relaci�n jur�dica principal, es decir, la laboral. 4. Que ante las confusiones existentes, respecto de la competencia para resolver reclamos que eran estrictamente prestaciones laborales y correspond�a su atenci�n al Tribunal Federal de Conciliaci�n y Arbitraje, frente a las prestaciones de seguridad social que eranatendidas por la Junta Federal de Conciliaci�n y Arbitraje, dijo la Segunda S., amerita cambio de criterio, por lo cual, cuando los trabajadores que prestan servicios al Estado y su v�nculo laboral se rija por el apartado B del art�culo 123 constitucional, es competente el Tribunal Federal de Conciliaci�n y Arbitraje; en cambio, si los servidores p�blicos prestan servicios a un organismo p�blico paraestatal, su r�gimen laboral se regula por el apartado A del precitado numeral 123 constitucional y, como consecuencia, al reclamar prestaciones laborales como de seguridad social, lo podr�n hacer ante un mismo �rgano jurisdiccional, la Junta Federal de Conciliaci�n y Arbitraje. Derivado de lo anterior, la Segunda S. de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n concluy� en su sentencia, dictada en el conflicto competencial 312/2000, que el caso puesto a su consideraci�n deb�a ser atendido por la Junta Especial N�mero Nueve de la Federal de Conciliaci�n y Arbitraje en el Distrito Federal. Como puede verse, todos los argumentos antes sintetizados, ciertamente ayudan a dilucidar la cuesti�n relativa a la competencia de un �rgano cuando un trabajador en activo reclama el reconocimiento de un riesgo profesional y el pago de la correspondiente pensi�n por invalidez. Sin embargo, este Tribunal Colegiado, respetando todo lo expuesto por la Segunda S. del m�s Alto Tribunal del pa�s, estima que en ning�n momento hizo pronunciamiento destacado en torno a que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado, no pudiera tener el car�cter de autoridad para efectos del amparo, toda vez que resolvi� temas de competencia a ra�z de los argumentos antes sintetizados, pero en ning�n momento hizo depender su fallo del car�cter de autoridad de los funcionarios que conforman el precisado instituto, sino que, en lo esencial, sostuvo que la relaci�n jur�dica debe tomar en cuenta el r�gimen constitucional y legal que rige al v�nculo laboral de donde emana la prerrogativa cuya tutela se pretende. Ahora bien, la J. a quo apeg� su resoluci�n en la tesis emitida por el Cuarto Tribunal Colegiado cuyos datos y aclaraci�n han quedado precisados, que literalmente dice: ?INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO. NO TIENE CAR�CTER DE AUTORIDAD RESPONSABLE PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO CUANDO A ALGUNO DE SUS �RGANOS SE LE ATRIBUYE EL AJUSTE, DISMINUCI�N O CANCELACI�N DE UNA PENSI�N.? (se transcribe). La invocaci�n del citado criterio, deviene inexacta, en raz�n de que en la primera parte del contenido de esa tesis se hace alusi�n a que si se atribuye a alg�n �rgano integrante del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, el ajuste, disminuci�n o cancelaci�n de una pensi�n, tal acto no reviste el car�cter de una resoluci�n administrativa, aun cuando formalmente emane de un organismo p�blico descentralizado que eventualmente pueda equipararse a una autoridad constituida; aserto el cual este Tercer Tribunal Colegiado no comparte en raz�n de que, enseguida, dicho tribunal, hace depender la procedencia del amparo de que dicha resoluci�n administrativa carece de las caracter�sticas de unilateralidad, coercibilidad e imperatividad que requiere el art�culo 11 de la Ley de Amparo. Para sostener lo anterior, este �rgano de justicia, se apoya en las consideraciones externadas por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, al momento de resolver el amparo en revisi�n n�mero 1195/92, promovido por J. �scar T.�a A., consultable en la p�gina 223 y siguiente del Tomo VI, agosto de 1997, Novena �poca del Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, en el cual analiz� el concepto de ?autoridad? para los efectos del amparo, conforme a lo siguiente. As�, el Tribunal Pleno, inicialmente dej� apuntado que la jurisprudencia establecida por dicho Alto Tribunal no tiene, necesariamente, que permanecer inalterable, sino que puede reexaminarse y modificarse o interrumpirse de acuerdo a las exigencias de la realidad en la cual se pretenda fijar la norma, atento a que el derecho es esencialmente din�mico ya que al ser un producto social, es decir, al surgir por efecto de la vida del hombre en colectividad, siendo la sociedad por naturaleza evolutiva en el tiempo y espacio, en consecuencia, debe irse adaptando a esos cambios, a fin de lograr su facticidad, esto es, la debida relaci�n entre la norma jur�dica y la realidad que regula y en la que se aplica. De esta forma, la Suprema Corte de Justicia, m�ximo interprete de la Constituci�n Federal, puede, sin duda alguna, modificar sus criterios de interpretaci�n, cuando la realidad en que se aplican sufre cambios; ahora bien, sobre el particular, estim� la Corte, que la fijaci�n que se ha dado al concepto de autoridad, debe ajustarse al momento que actualmente se vive, en el que la organizaci�n y las funciones del Estado han resentido cambios sustanciales, dado que las atribuciones del Estado mexicano se han incrementado con el decurso del tiempo, merced a que de un Estado de derecho pasamos a un Estado social de derecho, en el que el crecimiento de la colectividad y concomitantemente de los problemas y necesidades de �sta, suscitaron una creciente intervenci�n del ente p�blico en diversas actividades tanto de prestaci�n de servicios como de producci�n y comercializaci�n de productos. En este sentido, se advirti� que en la d�cada de los ochenta se dieron profundos cambios constitucionales que dieron paso a la llamada rector�a del Estado en materia econ�mica. Consecuentemente, la estructura estatal se modific� y creci�, espec�ficamente en el �mbito del Poder Ejecutivo, en cuyo seno se gest� la llamada administraci�n paraestatal, formada por los organismos descentralizados y las empresas de participaci�n estatal, que indudablemente escapan al concepto de autoridad establecido en la jurisprudencia anterior. De esta guisa, dijo el alto resolutor, la aplicaci�n generalizada del criterio de autoridad, en la actualidad conduce a la indefensi�n de los gobernados, considerados ya individual o colectivamente, pues estos entes en su actuaci�n, con independencia de la disposici�n directa que puedan tener o no de la fuerza p�blica, pueden, con fundamento en una norma legal, emitir actos unilaterales a trav�s de los cuales crean, modifican o extinguen por s� o ante s�, situaciones jur�dicas que afectan su esfera legal. Es decir, dichos entes pueden dictar actos que afectan la esfera jur�dica de los particulares, por s� y ante s� de manera unilateral, esto es, sin la necesidad de acudir a los �rganos judiciales y del consenso de la voluntad del afectado, que implican el ejercicio de facultades decisorias que les est�n atribuidas en la ley, y que por ende poseen un poder ejecutivo, una potestad administrativa cuyo ejercicio es irrenunciable y no se agota y que, por tanto, s� se traducen en verdaderos actos de autoridad al ser de naturaleza p�blica la fuente de tal potestad. En este sentido, dijo el Pleno, es imprescindible aclarar que la tesis publicada con el n�mero 300, en la p�gina 519 del Ap�ndice al Semanario Judicial de la Federaci�n, Segunda Parte, correspondiente a los a�os 1917-1988, cuya expresi�n literal es la siguiente: ?AUTORIDADES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO.? (se transcribe). Tal criterio no puede ser aplicado actualmente en forma indiscriminada sino que debe atenderse a las particularidades de la especie. El criterio que debe servir de base para definir los casos en que se est� en presencia de un acto de autoridad, debe referirse no tanto a la disposici�n directa de la fuerza p�blica y la naturaleza jur�dica de quien lo emite, sino a la naturaleza del acto mismo. En esta l�nea de interpretaci�n, el juzgador de amparo, a fin de establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad para efectos del amparo, debe ante todo atender a la norma legal para examinar si lo faculta o no, para tomar decisiones o dictar resoluciones que afecten, unilateralmente, la esfera jur�dica del interesado, y que pueden exigirse ya sea directamente mediante el uso de la fuerza p�blica, o bien a trav�s de otras autoridades que dispongan de ella. Adminiculado al concepto de ?autoridad?, dijo el Pleno, debe abonarse el criterio que dej� plasmado la Segunda S. de la Corte Federal en la contradicci�n de tesis n�mero 29/94, respecto a la actuaci�n que tienen los organismos p�blicos descentralizados para los efectos del juicio de amparo, lo cual, se aprecia de lo siguiente: ?Ciertamente, con el objeto de dar coherencia y lograr el cumplimiento de la funci�n administrativa encomendada al Poder Ejecutivo, la administraci�n p�blica se organiza esencialmente en dos formas: la centralizaci�n y la descentralizaci�n. La administraci�n p�blica centralizada se presenta como una estructura de �rganos en niveles diversos, dependientes unos de otros en una relaci�n de jerarqu�a presidida por su jefe m�ximo, en el nivel federal encarnado en el presidente de la Rep�blica, y en el local, en los gobernadores de los Estados. La administraci�n p�blica descentralizada se expresa en una estructura de organismos desvinculados en diverso grado de la administraci�n central, a los que se encomienda el desempe�o de algunas tareas administrativas por motivos de servicio, colaboraci�n o por regi�n. En esta faceta del Estado advertimos tambi�n a las empresas de participaci�n estatal de las que se vale para realizar directamente actividades de intervenci�n en la econom�a del pa�s; ambas clases de entes conforman la llamada administraci�n paraestatal. En este orden de ideas, los organismos descentralizados no forman parte del Poder Ejecutivo, en tanto que son componentes de la administraci�n p�blica, y su objeto general es auxiliarlo en el ejercicio de sus atribuciones y para el despacho de asuntos del orden administrativo. Sus objetos espec�ficos son diversos. As�, en el nivel federal, advertimos que el art�culo 14 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales establece que: �Son organismos descentralizados las personas jur�dicas creadas conforme a lo dispuesto por la Ley Org�nica de la Administraci�n P�blica Federal y cuyo objeto sea: I. La realizaci�n de actividades correspondientes a las �reas estrat�gicas o prioritarias; II. La prestaci�n de un servicio p�blico o social; o III. La obtenci�n o aplicaci�n de recursos para fines de asistencia o de seguridad social.�. En estas condiciones, estos entes se configuran como entidades creadas por ley o decreto del titular del Poder Ejecutivo, con personalidad jur�dica y patrimonio propios. En el orden federal, la Ley Org�nica de la Administraci�n P�blica Federal, en su art�culo 45, determina que: �Son organismos descentralizados las entidades creadas por ley o decreto del Ejecutivo Federal, con personalidad jur�dica y patrimonio propios, cualquiera que sea la estructura legal que adopten.�. Este otorgamiento de personalidad y patrimonio propios a los organismos que nos ocupan, tal como lo acepta en forma general la doctrina, obedece a la necesidad de darles ya sea una simple autonom�a t�cnica o bien una autonom�a verdaderamente org�nica, o ambas, con el fin de que cumplan los cometidos a su cargo. La autonom�a t�cnica implica el no sometimiento de los organismos a las reglas de gesti�n administrativa y financiera aplicables por lo general a todos los servicios centralizados del Estado. La autonom�a org�nica se traduce en la especial organizaci�n interna del organismo que le permite incluso en el caso extremo el autogobierno. Bajo esta �ptica, se trata pues de una autoadministraci�n en el marco de las leyes, restringida a la ejecuci�n de los fines espec�ficos encomendados a dichos organismos. Esto es, los organismos descentralizados reflejan una forma de organizaci�n administrativa del Estado, no ajena a �ste, que presenta una autonom�a para efectos de gesti�n y para lograr un desarrollo eficaz y eficiente de las funciones que tienen encomendadas, por lo que no es admisible la afirmaci�n en el sentido de que no son parte del Estado. Lo que en realidad se produce es, en los t�rminos expuestos por la doctrina, una afectaci�n por parte del Estado, de una parte de sus bienes, que siguen siendo de su propiedad, a las necesidades propias del servicio prestado, limitando as� la responsabilidad del propio Estado a la persona que constituye el patrimonio especialmente afectado, y si bien tales organismos obran en nombre propio, ello implica que act�an en nombre y por cuenta de un patrimonio especial del Estado en oposici�n al concepto de su patrimonio general, y que el ente p�blico por su voluntad ha dotado de autonom�a?. Ahora bien, este Tribunal Colegiado estima que la orientaci�n jur�dica anterior, puede confirmarse, inclusive, de lo que dej� asentado la Segunda S. de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, al resolver la diversa contradicci�n de tesis n�mero 41/2002, consultable en la p�gina 603 y siguientes, del T.X., septiembre de 2002, Novena �poca, de la publicaci�n oficial antes precisada, cuando hizo el estudio del car�cter de autoridad para efectos del amparo correspondiente a la paraestatal C.�n Federal de Electricidad, de lo cual debe tenerse a la vista lo siguiente: ?Para determinar si la C.�n Federal de Electricidad es en tal supuesto autoridad para los efectos del juicio de amparo, es preciso establecer que ni el Constituyente ni el legislador dan una definici�n de lo que debe entenderse por autoridad. En efecto, el art�culo 103 constitucional establece: (se transcribe). Tampoco el art�culo 107 de la propia Constituci�n define el t�rmino autoridad, ni en la ley reglamentaria de los preceptos constitucionales mencionados precedentemente se define con precisi�n el vocablo en cuesti�n, pues en su art�culo 11 s�lo se establece que: (se transcribe). El legislador �nicamente ejemplific� las formas en que la autoridad puede llevar a cabo actos objeto del juicio de garant�as, pero no abord� las caracter�sticas que deben reunir �stas para ser consideradas como tales para efectos de la procedencia de dicho juicio. La definici�n del concepto de autoridad responsable ha quedado a cargo de los tribunales federales, especialmente de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, en su car�cter de m�ximo int�rprete de la Constituci�n General de la Rep�blica. En principio, sostuvo el criterio de que quienes dispon�an de fuerza p�blica en virtud de circunstancias legales o de hecho y que, por lo mismo, est�n en posibilidad material de obrar como individuos que ejercen actos p�blicos por el hecho de ser p�blica la fuerza de que disponen, ten�an el car�cter de autoridad, de lo que se interpret� autom�ticamente, no obstante que con rigor no se seguir�a de ello, que s�lo ten�an car�cter de autoridad quienes dispusieran de fuerza p�blica. Obviamente no es lo mismo establecer que tienen car�cter de autoridad para efectos del amparo quienes disponen de fuerza p�blica, que quienes disponen de fuerza p�blica tienen car�cter de autoridad para efectos del amparo. En el primer supuesto, se identifica la calidad de autoridad con la disposici�n de la fuerza p�blica, mientras en el segundo, quienes disponen de ella tienen calidad de autoridad sin excluir que puedan tener esa naturaleza quienes no dispongan de esa fuerza ...?. Aunado a lo anterior, en la citada contradicci�n de tesis 41/2002, precis� la invocada Segunda S., que de conformidad con las ideas antes referidas, los tribunales de la Federaci�n establecieron el criterio de que la autoridad para efectos del juicio de amparo s�lo inclu�a a quienes tuvieran a su disposici�n la fuerza p�blica; sin embargo, apunt�, la tesis en la que se requiri� el imperio de la fuerza p�blica como elemento para identificar a una autoridad para efectos del juicio de amparo, se hizo con el prop�sito de incluir a quienes sin tener sustento en la ley para usar la fuerza p�blica pod�an realizar actos que afectaran al gobernado en sus garant�as, como sucedi� frecuentemente en la �poca de la revoluci�n iniciada en mil novecientos diez. En otras palabras, lo que se sostuvo no fue que para ser autoridad para los efectos del amparo resultaba esencial contar con la fuerza p�blica o con el imperio, sino que quien contara, incluso por v�as de hecho, con esa fuerza p�blica o imperio, deb�a considerarse como autoridad. Podr�a afirmarse, sostuvo la Segunda S., que en la siguiente tesis: ?AUTORIDADES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO.? (se transcribe). La Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, no rechaz� la idea de que una autoridad que por disposici�n legal no contara con fuerza p�blica tuviera ese car�cter para efectos del amparo, puesto que tambi�n pod�a afectar al gobernado en sus garant�as. No obstante, debe reconocerse que en forma casi autom�tica se interpret� la tesis en el sentido de que la fuerza p�blica o el imperio eran datos esenciales para detectar a una autoridad para efectos del juicio de amparo. Actualmente, dijo la Segunda S., el criterio jurisprudencial antes expuesto, fue abandonado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n al resolver el amparo en revisi�n 1195/92, promovido por �scar T.�a A., el catorce de noviembre de mil novecientos noventa y seis, por unanimidad de diez votos y las consideraciones sustentadas en dicha resoluci�n dieron origen a la tesis n�mero P.X., que emiti� el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, localizable en la p�gina 118, Tomo V, febrero de 1997, Novena �poca del Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, ya se�alada. As�, la Segunda S. de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, seg�n las consideraciones que dej� plasmadas en la contradicci�n de tesis 41/2002, estim� que una autoridad para efectos del amparo es la que teniendo las caracter�sticas de �rgano p�blico que le dan las normas jur�dicas, tiene la potestad de emitir o realizar actos unilaterales a trav�s de los cuales crea, modifica o extingue, por s� o ante s�, situaciones jur�dicas que afectan la esfera de los gobernados sin requerir de la voluntad del afectado o aun en contra de ella. Por tanto, las caracter�sticas de un acto de autoridad, para los efectos del juicio de amparo, son las siguientes: 1. Que tenga caracter�sticas de �rgano p�blico. 2. Que las normas jur�dicas le otorguen potestad para actuar. 3. Que emita o realice actos unilaterales que afecten la esfera jur�dica de los gobernados. El concepto de autoridad para efectos del amparo, dijo la Segunda S., excluye a los actos de particulares. La naturaleza, antecedentes y evoluci�n del juicio de amparo determinan que �ste sea improcedente contra actos de particulares; por lo que debe atenderse a la clasificaci�n de las relaciones jur�dicas de coordinaci�n, subordinaci�n y supraordinaci�n. Las primeras corresponden a las entabladas entre particulares, y para dirimir las controversias que surgen de ellas se crean en la legislaci�n los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas; dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil y laboral. La nota distintiva de este tipo de relaciones consiste en que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que impongan coactivamente las consecuencias jur�dicas establecidas por ellas o contempladas en la ley, las partes est�n en el mismo nivel, en las relaciones de coordinaci�n existe bilateralidad. Las relaciones de supra a subordinaci�n son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, y se regulan por el derecho p�blico, que tambi�n establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se suscitan por la actuaci�n de los �rganos del Estado, entre los que destaca el contencioso administrativo y los mecanismos de defensa de los derechos humanos. Este tipo de relaciones se caracterizan por la unilateralidad y, por ello, la Constituci�n establece una serie de garant�as individuales como limitaciones al actuar del gobernante.Finalmente, las relaciones de supraordinaci�n son las que se establecen entre los �rganos del propio Estado. En torno al concepto de autoridad responsable, cabe analizar si la relaci�n jur�dica que se somete a la decisi�n de los �rganos jurisdiccionales de amparo se ubica dentro de las denominadas de supra a subordinaci�n; el promovente debe tener el car�cter de gobernado, para lo cual resulta en la pr�ctica m�s sencillo analizar, en primer lugar, si en vez de aquella vinculaci�n se trata de una relaci�n de coordinaci�n, la que excluye la idea de autoridad, ya que por su propia naturaleza existir� un procedimiento establecido en el derecho privado para ventilar cualquier controversia que se suscite en v�a civil o mercantil, o bien, puede suceder que las normas constitucionales coloquen al Estado en situaci�n jur�dica parecida a la de un particular, como en la relaci�n asimilada a la laboral que guarda con sus servidores p�blicos. De la contradicci�n de m�rito, 41/2002, deriv� la jurisprudencia 2a./J. 91/2002, cuya letra se aprecia en la p�gina 245 del T.X., agosto de 2002, misma �poca y publicaci�n oficial que la antes precisada, que por analog�a y por raz�n de contenido jur�dico sirve para ilustrar el presente criterio, al disponer: ?COMISI�N FEDERAL DE ELECTRICIDAD. LA DETERMINACI�N MEDIANTE LA CUAL APERCIBE AL CONSUMIDOR DE REALIZAR O REALIZA EL CORTE DEL SUMINISTRO DE ENERG�A EL�CTRICA, CONSTITUYE UN ACTO DE AUTORIDAD IMPUGNABLE A TRAV�S DEL JUICIO DE AMPARO.? (se transcribe). Las consideraciones antes plasmadas, al poner de manifiesto la dualidad con la que puedan actuar los organismos p�blicos descentralizados (como entes de derecho privado y como �rganos soberanos de derecho p�blico), permiten estimar fundados esencialmente los agravios expresados, porque tanto el delegado, as� como el jefe del Departamento de Pensiones, Seguridad e Higiene del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con residencia en la ciudad de Acapulco, G., s� tienen el car�cter de autoridad responsable para los efectos del presente juicio, toda vez que el aludido instituto es un organismo p�blico descentralizado integrante de la administraci�n paraestatal federal, como lo previene el art�culo 1o. de la Ley Org�nica de la Administraci�n P�blica Federal, con facultades que le est�n atribuidas en los dispositivos de la ley y sus reglamentos, que constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza p�blica la fuente de su facultad. En efecto, los art�culos 3o. y 4o. de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, disponen: ?Art�culo 3o. Se establecen con car�cter obligatorio los siguientes seguros, prestaciones y servicios: ... V. Seguro de jubilaci�n; VI. Seguro de retiro por edad y tiempo de servicios; ... VIII. Seguro por causa de muerte; IX. Seguro de cesant�a en edad avanzada; ... XII. Servicios integrales de retiro a jubilados y pensionistas. ...?. ?Art�culo 4o. La administraci�n de los seguros, prestaciones y servicios de que trata el art�culo anterior, as� como la del Fondo de la Vivienda, estar�n a cargo del organismo descentralizado con personalidad jur�dica y patrimonio propios, denominado Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con domicilio en la Ciudad de M�xico. Para el cumplimiento de sus fines el instituto contar� con delegaciones, las cuales, como unidades desconcentradas, estar�n jer�rquicamente subordinadas a la administraci�n central y tendr�n las facultades espec�ficas para resolver sobre la materia y la competencia territorial que se determine en su caso.?. En relaci�n con lo anterior, el ar�bigo 150, fracci�n II, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado antes invocado, dice: ?Art�culo 150. El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado, tendr� las siguientes funciones: ... II. Otorgar jubilaciones y pensiones.?. A su vez, el Reglamento de Prestaciones Econ�micas y Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en su numeral 1, dispone: ?Art�culo 1o. El presente reglamento tiene por objeto regular administrativamente la aplicaci�n de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en materia de pensiones, indemnizaci�n global, prevenci�n de accidentes y enfermedades de trabajo, subsidios por enfermedades no profesionales, as� como el otorgamiento y recuperaci�n de cr�ditos.?. Los diversos numerales 4o., 56 a 59 del Estatuto Org�nico del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado establecen: ?Art�culo 4o. La Junta, como �rgano m�ximo de gobierno, tendr� a su cargo la planeaci�n estrat�gica del instituto, la supervisi�n de la marcha del mismo y el control de sus actividades, para lo cual deber� definir en el programa institucional y en los programas operativos anuales, los objetivos, metas, prioridades y estrategias del instituto, as� como garantizar la conexi�n del proceso de programaci�n con los de presupuestaci�n, evaluaci�n y control.?. ?Art�culo 56. Para la atenci�n de los asuntos de su competencia, el instituto contar� con delegaciones, las cuales como unidades administrativas desconcentradas, estar�n jer�rquicamente subordinadas a la administraci�n central y tendr�n facultades espec�ficas para resolver sobre la materia y la competencia territorial que se determine en cada caso.?. ?Art�culo 57. Las delegaciones ser�n unidades administrativas desconcentradas del instituto, establecidas en cada una de las entidades federativas del pa�s con el objeto de otorgar y promover la difusi�n de los seguros, prestaciones y servicios a los derechohabientes de acuerdo a las atribuciones que les confieren la ley y los reglamentos respectivos, a fin de que las solicitudes, tr�mites y gestiones correspondientes se desahoguen oportunamente dentro de su respectiva jurisdicci�n.?. ?Art�culo 58. Al frente de cada delegaci�n habr� un delegado nombrado por la Junta, a propuesta del director general, quien depender� de este �ltimo. Para la atenci�n de los asuntos, el delegado se auxiliar� por el n�mero de subdelegados que se considere necesario, designados por el director general, as� como el personal administrativo que se requiera a fin de proporcionar los seguros, prestaciones y servicios a que se refiere la ley.?. ?Art�culo 59. En cada delegaci�n funcionar� un Consejo Consultivo, cuyo objeto ser� colaborar con el delegado en el an�lisis de los seguros, prestaciones y servicios del instituto y formular propuestas sobre los programas de la delegaci�n que contribuyan a alcanzar la excelencia en el otorgamiento de los mismos. Su integraci�n, organizaci�n y funcionamiento ser� de conformidad con el reglamento de las delegaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y dem�s disposiciones que al efecto se expidan.?. El Reglamento de las Delegaciones del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado, en sus art�culos 7o., 8o. y 16 se�ala: ?Art�culo 7o. Las delegaciones tendr�n las atribuciones siguientes: I.P., programar, organizar, dirigir y administrar los programas institucionales, as� como otorgar los seguros, prestaciones y servicios, incluyendo los que se prestan de forma subrogada, dentro del �mbito territorial de su competencia y de conformidad con lo se�alado en la ley, el estatuto org�nico, este reglamento y dem�s disposiciones aplicables; II. P., programar, organizar, controlar y administrar los recursos humanos, materiales y financieros que les correspondan, ejerciendo las partidas que les sean asignadas en su presupuesto anual; III. Realizar los actos jur�dicos y administrativos que sean necesarios para el cumplimiento de sus funciones; IV. Realizar actividades de difusi�n, orientaci�n y atenci�n a los derechohabientes sobre los seguros, prestaciones y servicios; V.P. en los programas del Sistema Nacional de Salud, dentro de su circunscripci�n territorial y de acuerdo a la competencia del instituto; VI. Elaborar y proponer al director general, programas y acciones de modernizaci�n y simplificaci�n administrativa para el otorgamiento de los seguros, prestaciones y servicios; VII. Proporcionar a las unidades administrativas centrales, la informaci�n y estad�sticas requeridas para la planeaci�n, organizaci�n, evaluaci�n y control de las actividades y programas del instituto, de acuerdo con los lineamientos del sistema de informaci�n y estad�stica del instituto, y VIII. Las dem�s que les se�ale la Junta Directiva y el director general.?. ?Art�culo 8o. Al frente de cada delegaci�n habr� un delegado, quien para el despacho de los asuntos de su competencia, contar� con las Unidades Administrativas Delegacionales siguientes: I.S.�n M�dica; II. S.�n de Prestaciones; III. S.�n de Administraci�n; IV. Unidad de Atenci�n al Derechohabiente y C.�n Social, y V. Unidad Jur�dica. En cada una de las delegaciones del instituto habr� un �rgano interno de control, el cual auxiliar� al �rgano interno de control en el ISSSTE, en los t�rminos establecidos por el art�culo 52 del Estatuto Org�nico del ISSSTE, y formar� parte integrante del �rgano interno de control en el ISSSTE.?. ?Art�culo 16. La S.�n de Prestaciones tendr� las atribuciones siguientes: A) En materia de prestaciones econ�micas: I. Atender todo lo relacionado a las solicitudes de pensi�n, indemnizaci�n global, reposici�n de gastos de funeral y de cualquier otra prestaci�n econ�mica establecida en la ley, que presenten los derechohabientes de la delegaci�n; II. Proporcionar atenci�n integral y preferencial a los jubilados y pensionados del instituto, a trav�s de programas espec�ficos y facilidades para el acceso a los seguros, prestaciones y servicios de la delegaci�n, adem�s de canalizar apoyos de diversa �ndole que les permitan mejorar sus condiciones de vida; III. Efectuar la revista de supervivencia de los pensionistas y realizar los movimientos que procedan; IV. Tramitar las solicitudes de cr�ditos a corto y mediano plazos y, en su caso, autorizarlas de acuerdo con las disposiciones aplicables y el presupuesto asignado; V.C. y ejecutar las gestiones para el registro y aplicaci�n oportuna de descuentos, que aseguren la recuperaci�n de adeudos por concepto de pr�stamos otorgados, as� como la devoluci�n de descuentos improcedentes; VI. Atender todo lo relacionado con el otorgamiento y pago de las pensiones por riesgos de trabajo y de los subsidios por enfermedades no profesionales, a los derechohabientes en el �mbito de la delegaci�n; VII. Organizar, supervisar, coordinar, ejecutar y evaluar las actividades en materia de seguridad e higiene en el trabajo en la delegaci�n; VIII. Promover la integraci�n y vigilar el funcionamiento de las C.ones Mixtas de Seguridad e Higiene de las dependencias y entidades afiliadas al r�gimen de la ley en la delegaci�n, as� como de la C.�n Consultiva Estatal de Seguridad e Higiene del Sector P�blico Federal, de la entidad federativa correspondiente; IX. Tramitar la afiliaci�n de los trabajadores de las dependencias y entidades de la administraci�n p�blica federal y de las entidades federativas y Municipios, incorporadas al r�gimen de la ley, as� como los avisos de modificaci�n de sueldos y de baja, y el registro de los familiares derechohabientes; X.C. y controlar, en el �mbito de la delegaci�n, la aplicaci�n de los programas operativos del Sistema de Afiliaci�n y Vigencia de Derechos y Cobranza, y XI. Vigilar que la certificaci�n de la vigencia de derechos a los seguros, prestaciones y servicios, se otorgue a los derechohabientes con apego a la ley y sus reglamentos. B) En materia de servicios sociales y culturales: C) En materia de vivienda: ...?. De los art�culos citados con antelaci�n y del acto reclamado consistente en la orden de trece de septiembre de dos mil cuatro para reducir la pensi�n por viudez que reclama la aqu� quejosa, se advierte que dicha instituci�n por conducto del jefe del Departamento de Pensiones, Seguridad e Higiene del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con residencia en la ciudad de Acapulco, G., oficio DP/1142/04 de veinticuatro de septiembre del a�o citado (foja 11 del expediente de amparo), guarda en relaci�n a la aqu� amparista una relaci�n de supra a subordinaci�n, en virtud de que no se encuentran en el mismo plano jur�dico; asimismo, dicho v�nculo tiene su origen en las leyes a que se ha hecho referencia en los p�rrafos precedentes, como lo es, la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, estatuto org�nico y reglamento respectivos, mismos que dotan al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza p�blica la fuente de esa potestad emitiendo con motivo de esa relaci�n un acto unilateral, como lo fue la orden de reducci�n de la pensi�n combatida, a trav�s de la cual se modific� la situaci�n jur�dica de la quejosa afectando su esfera legal, sin que para ello necesitara acudir ante un �rgano judicial o el consentimiento de la impetrante, evidenci�ndose as�, que contrario a lo que asevera la a quo, s� tienen el delegado y el jefe de pensiones del instituto citado, en el particular asunto, el car�cter de autoridades responsables, ya que sin mediar intervenci�n judicial o resoluci�n alguna, unilateralmente y de manera coercitiva e imperativa afectaron la esfera jur�dica de la quejosa, precisamente porque el ejercicio de esa facultad est� impuesta en la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y el organismo p�blico descentralizado se�alado es el instrumento material que ejecuta la voluntad de la ley, espec�ficamente el tema de pensiones que nos ocupa; lo cual, en sentido opuesto a lo que sostiene la a quo, permite estimar que esa actuaci�n se ubica en los supuestos del numeral 11 de la ley de la especialidad, porque se trata de autoridades a quienes se atribuyen actos conculcatorios de las garant�as de audiencia, legalidad y seguridad jur�dica, previstas por los art�culos 14 y 16 constitucionales; por lo que se impone revocar el acuerdo desechatorio de la demanda, y ordenar a la J. Cuarto de Distrito que admita, de no existir causal diversa de improcedencia, en la demanda de garant�as presentada por M.�a L.M.M..

QUINTO

Como cuesti�n previa, debe establecerse si en el caso, efectivamente existe o no la contradicci�n de tesis denunciada, y para ello es necesario hacer una s�ntesis de las consideraciones sustentadas por los Tribunales Colegiados participantes al pronunciar las ejecutorias transcritas con antelaci�n.

  1. El Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vig�simo Primer Circuito (antes Cuarto Tribunal Colegiado del propio circuito) al resolver la revisi�n administrativa 248/2004, en lo interesante consider� lo siguiente:

    Que el delegado en el Estado de G., jefe del Departamento de Pensiones, Seguridad e Higiene en el Trabajo y jefe del Departamento de Finanzas, todos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado no son autoridades para efectos del juicio de amparo.

    La anterior determinaci�n se apoy� en los siguientes razonamientos:

    1. De acuerdo a lo establecido en los art�culos 103 constitucional, 1o. y 11 de la Ley de Amparo el juicio de garant�as s�lo procede en contra de actos de autoridad, car�cter que no revisten los actos reclamados consistentes en la orden de suspensi�n y descuento de la pensi�n por viudez.

    En efecto, en la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, no existe disposici�n alguna en la cual se indique que las controversias ente los asegurados o sus beneficiarios y dicho instituto deben tramitarse ante la Junta Federal de Conciliaci�n y Arbitraje o ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa lo cual s� ocurre en el caso del Instituto Mexicano del Seguro Social, pues conforme al art�culo 295 de este instituto si alguien reclama la suspensi�n o descuento del importe de la pensi�n por viudez asume car�cter de beneficiario y previo a promover el juicio de garant�as debe tramitar el juicio ante la Junta Federal de Conciliaci�n y Arbitraje, porque tales actos no son administrativos, sino eminentemente laborales.

    Esa misma regla rige para el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en cuanto a la seguridad social de los empleados, pues conforme a lo preceptuado en el apartado A, fracci�n XXI, inciso b), punto 1, y apartado B, de la fracci�n XII, del art�culo 123 de la Constituci�n Federal, cuando un trabajador de la administraci�n p�blica, ya sea local o federal pretende el pago de una prestaci�n consistente en una afectaci�n a su patrimonio, como cuando se reclama el pago de pensiones, servicios, asistencias m�dicas, quir�rgicas o farmac�uticas, subsidios y todas aquellas prestaciones susceptibles de disminuir el patrimonio de dicho instituto, lo procedente es el juicio laboral y la competencia para conocer de �l recae en un tribunal del fuero federal o local.

    Lo anterior, porque las prestaciones indicadas si bien no derivan directamente de la relaci�n laboral establecida entre el instituto mencionado y los trabajadores y sus beneficiarios, las mismas tienen su origen en la existencia del v�nculo laboral surgido entre el trabajador y la dependencia o entidad respectiva de la administraci�n p�blica.

    En este orden de ideas y atendiendo a las consecuencias del fen�meno de la descentralizaci�n de la prestaci�n de servicios, un organismo descentralizado sustituye en su car�cter de patr�n al titular de alguna dependencia de la administraci�n p�blica centralizada, lo cual origina que el v�nculo laboral respectivo se rija por el apartado A del art�culo 123 constitucional, motivo por el cual los conflictos laborales surgidos entre tales organismos y sus trabajadores son de la competencia de la Junta Federal de Conciliaci�n y Arbitraje, de ah� que a este �rgano jurisdiccional corresponde conocer del juicio en el cual un trabajador de un organismo descentralizado demanda el pago de una prestaci�n al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado.

    As�, de acuerdo a todo lo anterior, cuando se atribuye a alg�n �rgano integrante del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado el ajuste, disminuci�n o cancelaci�n de una pensi�n, tal acto no reviste el car�cter de una resoluci�n administrativa, con imperio frente al particular, porque carece de las caracter�sticas de unilateralidad, coercitividad e imperatividad propias de un acto de autoridad; luego, las controversias surgidas por la impugnaci�n de tales actos podr�n tramitarse ante la Junta Federal de Conciliaci�n y Arbitraje o ante la Junta de Conciliaci�n y Arbitraje Local.

    Luego, si el art�culo 4o. de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, le da a dicho instituto el car�cter de organismo descentralizado con personalidad jur�dica y patrimonio propios y si en t�rminos del apartado A, fracci�n XXXI, inciso b), punto 1, y apartado B, fracci�n XII, del art�culo 123 constitucional puede ser demandado ante la autoridad del trabajo, por consiguiente es inconcuso que en esas circunstancias no puede sujetarse al juicio de garant�as, reclam�ndole actos que en todo caso pueden ser demandados ante la autoridad laboral competente, como son la cancelaci�n, suspensi�n o descuento de la pensi�n por viudez, pues se reitera que estos actos no provienen de autoridad para efectos del juicio de amparo.

    Por tanto, conforme a lo preceptuado en los art�culos 103 constitucional, 1o. y 11 de laLey de Amparo, el delegado en el Estado de G., jefe del Departamento de Pensiones, Seguridad e Higiene en el Trabajo y jefe del Departamento de Finanzas, todos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, cuando emiten actos relativos a la cancelaci�n, suspensi�n o descuento de la pensi�n por viudez no tienen el car�cter de autoridades responsables para efectos del juicio de garant�as, pues como ya se explic� tales actos no son propios de una autoridad, ni re�nen las caracter�sticas de unilateralidad, coercitividad e imperatividad, m�xime que los actos en comento los realiza por equiparaci�n en calidad de patr�n, pues los mismos derivan de una relaci�n de coordinaci�n de tipo laboral entre la promovente y quienes se�al� como autoridades responsables.

  2. El Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vig�simo Primer Circuito al resolver la improcedencia en revisi�n administrativa 10/2005, en la materia de la presente denuncia de contradicci�n, sustent� las consideraciones siguientes:

    Que el Pleno y la Segunda S. de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n en diversas ejecutorias han sustentado el criterio relativo a que los organismos p�blicos descentralizados pueden actuar como entes de derecho privado y como �rganos soberanos de derecho p�blico; luego, de acuerdo a la dualidad con la cual pueden actuar los organismos citados se considera que el delegado y el jefe del Departamento de Pensiones, Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con residencia en la ciudad de Acapulco, G., s� tienen el car�cter de autoridad responsable para los efectos del juicio de garant�as.

    Lo anterior, porque de acuerdo a lo establecido en los art�culos 3o., 4o. y 150, fracci�n II, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, 1o. del Reglamento de Prestaciones Econ�micas y Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, 4o., 56, 57, 58 y 59 del Estatuto Org�nico del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y 7o., 8o. y 16 del Reglamento de las Delegaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y atendiendo al acto reclamado, consistente en la orden de trece de septiembre de dos mil cuatro, a trav�s de la cual se redujo la pensi�n por viudez otorgada a la quejosa, se advierte que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, al emitirla por conducto del jefe del Departamento de Pensiones, Seguridad e Higiene, con residencia en la ciudad de Acapulco, G., actu� en relaci�n a la quejosa en una relaci�n de supra a subordinaci�n, en virtud de que no se encuentran en el mismo plano jur�dico, pues la relaci�n existente entre tal instituto y la recurrente deriva de los ordenamientos citados, los cuales dotan a dicho organismo de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser su fuente de naturaleza p�blica; luego, la orden de reducci�n de la pensi�n cuestionada es un acto unilateral, a trav�s de la cual se modific� la situaci�n jur�dica de la quejosa afectando su esfera legal, sin que para ello la autoridad responsable necesitara acudir ante un �rgano judicial o el consentimiento de la interesada, razones por las cuales el delegado y jefe de pensiones del instituto citado, en el particular caso, s� ten�an el car�cter de autoridades responsables, pues de manera unilateral y coercitiva e imperativa afectaron la esfera jur�dica de la recurrente, precisamente porque el ejercicio de la facultad ejercida al emitir el acto reclamado est� impuesto en la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; luego, el instituto citado y sus dependientes son el instrumento material que ejecuta la voluntad de la ley, espec�ficamente respecto al tema de pensiones en comento; luego, la actuaci�n de dichos entes se ubica en los supuestos del precepto 11 de la Ley de Amparo, porque se trata de autoridades a quien se atribuyen actos violatorios de los art�culos 14 y 16 constitucionales.

    De las consideraciones en comento se observa la existencia de la contradicci�n de tesis denunciada, ya que se advierte que los Tribunales Colegiados precitados se pronunciaron sobre cuestiones jur�dicas esencialmente iguales, a saber, si el delegado en el Estado de G. y el jefe del Departamento de Pensiones, Seguridad e Higiene en el Trabajo, ambos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, cuando emiten la orden de suspensi�n y descuento de la pensi�n por viudez, son o no autoridades para efectos del juicio de amparo; sin embargo arribaron a conclusiones distintas, pues mientras el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vig�simo Primer Circuito (antes Cuarto Tribunal Colegiado del propio circuito), consider� que el delegado y jefe de departamento citados no son autoridades para efectos del juicio de amparo cuando emiten la orden de suspensi�n o descuento de la pensi�n por viudez, pues si bien es verdad que esa prestaci�n no deriva de la relaci�n laboral establecida entre el instituto citado y los trabajadores y sus beneficiarios, no menos cierto es que tiene su origen en la existencia del v�nculo laboral surgido entre el trabajador y la dependencia o entidad, respectiva, de la administraci�n p�blica; luego, la orden en cuesti�n no tiene el car�cter de una resoluci�n administrativa, con imperio frente al particular, porque carece de las caracter�sticas de unilateralidad, coercitividad e imperatividad propias de un acto de autoridad.

    Por su parte, el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vig�simo Primer Circuito (antes Tercer Tribunal Colegiado del propio circuito) determin� que en el supuesto en an�lisis el delegado en el Estado de G. y jefe del Departamento de Pensiones, Seguridad e Higiene en el Trabajo, ambos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado s� son autoridades para los efectos del juicio de amparo, pues el instituto citado, al emitir la orden de reducci�n o descuento de la pensi�n de viudez, por conducto del jefe del Departamento de Pensiones, Seguridad e Higiene, con residencia en la ciudad de Acapulco, G., actu� en relaci�n a la quejosa, en una relaci�n de supra a subordinaci�n existente entre el instituto indicado y la recurrente derivada de lo dispuesto en la ley del propio instituto, Reglamento de Prestaciones Econ�micas y Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, estatuto org�nico de tal instituto y reglamento de las delegaciones del mismo, ordenamientos que dotan al organismo citado de facultades administrativas, cuyo ejercicio es irrenunciable; luego, la orden de m�rito es un acto unilateral e imperativo, pues por medio de �ste se modific� la situaci�n jur�dica de la quejosa afectando su esfera legal, sin que para ello quien emiti� esa orden necesitara acudir ante un �rgano jurisdiccional o el consentimiento de la interesada.

    En esta tesitura, se pone de relieve que los Tribunales Colegiados precitados abordaron el an�lisis de cuestiones jur�dicas esencialmente iguales. La diferencia de criterios se present� en las consideraciones sustentadas en las ejecutorias transcritas con antelaci�n y los criterios discrepantes derivan del an�lisis de los mismos elementos, razones por las cuales se reitera que s� existe la contradicci�n de tesis denunciada.

    Este criterio tiene apoyo en la jurisprudencia sustentada por el Pleno de este Alto Tribunal, cuyo texto y datos de localizaci�n son:

    "CONTRADICCI�N DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA. De conformidad con lo que establecen los art�culos 107, fracci�n XIII, primer p�rrafo, de la Constituci�n Federal y 197-A de la Ley de Amparo, cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n o la S. que corresponda deben decidir cu�l tesis ha de prevalecer. Ahora bien, se entiende que existen tesis contradictorias cuando concurren los siguientes supuestos: a) que al resolver los negocios jur�dicos se examinen cuestiones jur�dicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jur�dicos discrepantes; b) que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jur�dicas de las sentencias respectivas; y, c) que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos." (Novena �poca. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, T.X., abril de 2001, tesis P./J. 26/2001, p�gina 76).

SEXTO

De acuerdo a lo razonado en el considerando inmediato anterior el punto de contradicci�n de criterios es el siguiente:

Si el delegado en el Estado de G. y jefe del Departamento de Pensiones, Seguridad e Higiene en el Trabajo, ambos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, cuando emiten la orden de suspensi�n, reducci�n o descuento de la pensi�n por viudez, son o no autoridades para efectos del juicio de amparo.

Previamente a abordar el estudio del punto de m�rito se considera necesario precisar lo siguiente:

Que en los juicios de amparo de donde derivan las ejecutorias participantes en la presente contradicci�n de tesis, se se�alaron como actos reclamados y como autoridades responsables, entre otros, los siguientes:

La orden de suspensi�n, reducci�n o descuento de la pensi�n por viudez.

Como autoridades responsables, entre otras, se se�alaron al delegado y subdelegado en el Estado de G., as� como al jefe del Departamento de Pensiones, Seguridad e Higiene, todos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.

Para determinar si el instituto citado y sus �rganos indicados son autoridad para los efectos del juicio de amparo, es necesario establecer que ni el Constituyente ni el legislador, dan una definici�n de lo que debe entenderse por autoridad.

En efecto, en el art�culo 103 constitucional se establece:

"Art�culo 103. Los tribunales de la Federaci�n resolver�n toda controversia que se suscite:

"I.P. leyes o actos de la autoridad que viole las garant�as individuales.

"II.P. leyes o actos de la autoridad federal que vulneren o restrinjan la soberan�a de los Estados o la esfera de competencia del Distrito Federal, y

III.P. leyes o actos de las autoridades de los Estados o del Distrito Federal que invadan la esfera de competencia de la autoridad federal.

Tampoco en el art�culo 107 de la Carta Magna se define el t�rmino autoridad para efectos del juicio de garant�as; ni en la ley reglamentaria de los preceptos citados se define con precisi�n la locuci�n en cuesti�n, pues en su numeral 11 s�lo se establece lo siguiente:

Art�culo 11. Es autoridad responsable la que dicta, promulga, publica, ordena, ejecuta o trata de ejecutar la ley o el acto reclamado.

De la lectura del precepto transcrito, se advierte que el legislador federal �nicamente ejemplific� las formas en las cuales la autoridad puede llevar a cabo actos del juicio de garant�as, pero no abord� las caracter�sticas que debe reunir �sta para ser considerada como tal para efectos de procedencia del juicio indicado.

En esta tesitura, la definici�n del concepto de autoridad responsable ha quedado a cargo de los tribunales federales, especialmente de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, en su car�cter de m�ximo interprete de la Carta Magna, y as� en principio sostuvo el criterio de que quienes dispon�an de la fuerza p�blica en virtud de circunstancias legales o de hecho y que, por lo mismo, est�n en posibilidad material de obrar como individuos que ejercen actos p�blicos, por el hecho de ser p�blica la fuerza de la cual disponen, ten�an el car�cter de autoridad, el cual se interpret� autom�ticamente, que s�lo ten�an car�cter de autoridad para efectos del amparo quienes dispusieran de la fuerza p�blica.

La noci�n de autoridad, para efectos del juicio de amparo, citada, se contiene en la tesis publicada con el n�mero 300, en la p�gina 519 del Ap�ndice al Semanario Judicial de la Federaci�n, Segunda Parte, correspondiente a los a�os 1917-1988 y su expresi�n literal es la siguiente:

AUTORIDADES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El t�rmino ?Autoridades? para los efectos del amparo, comprende a todas aquellas personas que disponen de la fuerza p�blica en virtud de circunstancias, ya legales, ya de hecho, y que, por lo mismo, est�n en posibilidad material de obrar como individuos que ejerzan actos p�blicos, por el hecho de ser p�blica la fuerza de que disponen.

Actualmente, el criterio jurisprudencial antes expuesto, en la interpretaci�n que se hizo de �l, fue abandonado por esta Suprema Corte de Justicia de la Naci�n al resolver el amparo en revisi�n 1195/92 promovido por �scar T.�a A., el catorce de noviembre de mil novecientos noventa y seis, por unanimidad de diez votos. Las consideraciones sustentadas en dicha resoluci�n dieron origen a la siguiente tesis:

"AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS P�BLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JUR�DICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO. Este Tribunal Pleno considera que debe interrumpirse el criterio que con el n�mero 300 aparece publicado en la p�gina 519 del Ap�ndice al Semanario Judicial de la Federaci�n 1917-1988, Segunda Parte, que es del tenor siguiente: ?AUTORIDADES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El t�rmino �autoridades� para los efectos del amparo, comprende a todas aquellas personas que disponen de la fuerza p�blica en virtud de circunstancias, ya legales, ya de hecho, y que, por lo mismo, est�n en posibilidad material de obrar como individuos que ejerzan actos p�blicos, por el hecho de ser p�blica la fuerza de que disponen.?, cuyo primer precedente data de 1919, dado que la realidad en que se aplica ha sufrido cambios, lo que obliga a esta Suprema Corte de Justicia, m�ximo int�rprete de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, a modificar sus criterios ajust�ndolos al momento actual. En efecto, las atribuciones del Estado mexicano se han incrementado con el curso del tiempo, y de un Estado de derecho pasamos a un Estado social de derecho con una creciente intervenci�n de los entes p�blicos en diversas actividades, lo que ha motivado cambios constitucionales que dan paso a la llamada rector�a del Estado en materia econ�mica, que a su vez modific� la estructura estadual, y gest� la llamada administraci�n paraestatal formada por los organismos descentralizados y las empresas de participaci�n estatal, que indudablemente escapan al concepto tradicional de autoridad establecido en el criterio ya citado. Por ello, la aplicaci�n generalizada de �ste en la actualidad conduce a la indefensi�n de los gobernados, pues estos organismos en su actuaci�n, con independencia de la disposici�n directa que llegaren a tener o no de la fuerza p�blica, con fundamento en una norma legal pueden emitir actos unilaterales a trav�s de los cuales crean, modifican o extinguen por s� o ante s�, situaciones jur�dicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los �rganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Esto es, ejercen facultades decisorias que les est�n atribuidas en la ley y que por ende constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable y que por tanto se traducen en verdaderos actos de autoridad al ser de naturaleza p�blica la fuente de tal potestad. Por ello, este Tribunal Pleno considera que el criterio supracitado no puede ser aplicado actualmente en forma indiscriminada sino que debe atenderse a las particularidades de la especie o del acto mismo; por ello, el juzgador de amparo, a fin de establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad para efectos del juicio de amparo, debe atender a la norma legal y examinar si lo faculta o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jur�dica del interesado, y que deben exigirse mediante el uso de la fuerza p�blica o bien a trav�s de otras autoridades." (Novena �poca. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, Tomo V, febrero 1997, tesis XXVII/97, p�gina 118).

Siguiendo en la l�nea de pensamiento contenido en la tesis preinserta esta Segunda S. ha sustentado la diversa, cuyo texto y datos de localizaci�n son:

"AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. TIENE ESE CAR�CTER UN �RGANO DEL ESTADO QUE AFECTA LA ESFERA JUR�DICA DEL GOBERNADO EN RELACIONES JUR�DICAS QUE NO SE ENTABLAN ENTRE PARTICULARES. La teor�a general del derecho distingue entre relaciones jur�dicas de coordinaci�n, entabladas entre particulares en materias de derecho civil, mercantil o laboral, requiriendo de la intervenci�n de un tribunal ordinario con dichas competencias para dirimir las controversias que se susciten entre las partes; de subordinaci�n, entabladas entre gobernantes y gobernados en materias de derecho p�blico, donde la voluntad del gobernante se impone directamente y de manera unilateral sin necesidad de la actuaci�n de un tribunal, existiendo como l�mite a su actuaci�n las garant�as individuales consagradas en la Constituci�n y las de supraordinaci�n que se entablan entre �rganos del Estado. Los par�metros se�alados resultan �tiles para distinguir a una autoridad para efectos del amparo ya que, en primer lugar, no debe tratarse de un particular, sino de un �rgano del Estado que unilateralmente impone su voluntad en relaciones de supra o subordinaci�n, regidas por el derecho p�blico, afectando la esfera jur�dica del gobernado." (Novena �poca. Instancia: Segunda S.. Fuente: Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, Tomo IX, marzo de 1999, tesis 2a. XXXVI/99, p�gina 307).

La tesis transcrita pone de manifiesto que la actual integraci�n de esta Suprema Corte considera que es autoridad para efectos del amparo, el ente de hecho o de derecho que emite actos unilaterales a trav�s de los cuales crea, modifica o extingue por s� o ante s�, situaciones jur�dicas que afectan la esfera legal de los gobernados, sin requerir para ello de acudir a los �rganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. De lo que se sigue que autoridad es todo aquel ente que ejerce facultades decisorias que le est�n atribuidas en la ley y que por ende constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza p�blica la fuente de tal potestad. Luego, es palmario el abandono del criterio tradicional de disponibilidad de la fuerza p�blica como requisito caracter�stico del concepto que se analiza.

Adem�s, de acuerdo con el criterio de esta S. contenido en la tesis antes transcrita, es dable aseverar que el concepto de autoridad responsable debe concebirse, fundamentalmente, por exclusi�n de los actos de particulares. En efecto, la naturaleza, antecedentes y evoluci�n del juicio de amparo apuntan a sostener que �ste s�lo procede contra actos de autoridad no as� de particulares. Por lo que resulta indispensable establecer las bases para distinguir un acto de otro, para lo cual es ideal atender a la clasificaci�n que la Teor�a General del Derecho hace de las relaciones jur�dicas de coordinaci�n, supra a subordinaci�n y supraordinaci�n.

De acuerdo con esa teor�a, las relaciones de coordinaci�n son las entabladas entre particulares, en las cuales �stos act�an en un mismo plano, es decir, en igualdad, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por ellos mismos, se crean en la ley los procedimientos ordinarios necesariospara ventilarlas; dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil, agrario y laboral. La nota distintiva de este tipo de relaciones es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jur�dicas establecidas por ellas o contemplada por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinaci�n.

En cambio, las relaciones de supra a subordinaci�n son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos, en beneficio del orden p�blico y del inter�s social; se regulan por el derecho p�blico que tambi�n establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuaci�n de los �rganos del Estado, entre ellos destaca, en el �mbito ordinario, el procedimiento contencioso administrativo y los mecanismos de defensa de los derechos humanos, mientras que en el par�metro constitucional, el juicio de amparo. Este tipo de relaciones se caracterizan por la unilateralidad y, por ello, la Constituci�n establece una serie de garant�as individuales como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el �rgano del Estado impone su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales.

Finalmente, las relaciones de supraordinaci�n son las que se establecen entre los �rganos del propio Estado, en las que �stos act�an en un plano de igualdad superior, por encima de los particulares; regul�ndose tambi�n por el derecho p�blico que establece mecanismos de soluci�n pol�tica y jurisdiccional, destacando en este �ltimo rubro, las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad que se�ala el art�culo 105, fracciones I y II, de la Constituci�n General de la Rep�blica.

Es corolario de lo anterior que para definir el concepto de autoridad responsable debe atenderse, tambi�n, a la distinci�n de las relaciones jur�dicas, examinando si la que se somete a la decisi�n de los �rganos jurisdiccionales de amparo se ubica dentro de las denominadas de supra a subordinaci�n, que tiene como presupuesto que el promovente tenga el car�cter de gobernado y el ente se�alado como autoridad act�e en un plano superior.

De lo expuesto se advierten como notas que distinguen a una autoridad para los efectos del juicio de amparo, las siguientes:

  1. La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relaci�n de supra a subordinaci�n con un particular.

  2. Que esa relaci�n tiene su nacimiento en la ley, por lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza p�blica la fuente de tal potestad.

  3. Que con motivo de esa relaci�n emite actos unilaterales a trav�s de los cuales crea, modifica o extingue por s� o ante s�, situaciones jur�dicas que afectan la esfera legal del particular.

  4. Que para emitir esos actos no requiere de acudir a los �rganos judiciales ni precisa del consenso de la voluntad del afectado.

    Este criterio tiene apoyo en la tesis, cuyo texto y datos de localizaci�n son:

    "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del amparo son las siguientes: a) la existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relaci�n de supra a subordinaci�n con un particular; b) que esa relaci�n tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza p�blica la fuente de esa potestad; c) que con motivo de esa relaci�n emita actos unilaterales a trav�s de los cuales cree, modifique o extinga por s� o ante s�, situaciones jur�dicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) que para emitir esos actos no requiera de acudir a los �rganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado." (Novena �poca. Instancia: Segunda S.. Fuente: Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, T.X., noviembre de 2001, tesis 2a. CCIV/2001, p�gina 39).

    En la presente contradicci�n de tesis, debe determinarse si el delegado y subdelegado en el Estado de G., as� como el jefe del Departamento de Pensiones, Seguridad e Higiene, todos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado e incluso �ste son o no autoridades responsables para efectos del juicio de amparo cuando dictan la orden de suspensi�n, reducci�n o descuento de una pensi�n, como puede ser la viudez.

    Para dilucidar el punto de m�rito es necesario acudir a lo dispuesto en los art�culos 1o., fracci�n I, 3o., fracci�n V, 4o., 48, 51, p�rrafos antepen�ltimo y �ltimo, 60, 73, 74, 150, fracciones II y VI, y 186 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, cuyos textos son:

    "Art�culo 1o. La presente ley es de orden p�blico, de inter�s social y de observancia en toda la Rep�blica; y se aplicar�:

    "I. A los trabajadores al servicio civil de las dependencias y de las entidades de la administraci�n p�blica federal que por ley o por acuerdo del Ejecutivo Federal se incorporen a su r�gimen, as� como a los pensionistas y a los familiares derechohabientes de unos y otros. ..."

    "Art�culo 3o. Se establecen con car�cter obligatorio los siguientes seguros, prestaciones y servicios:

    "...

    "V. Seguro de jubilaci�n. ..."

    "Art�culo 4o. La administraci�n de los seguros, prestaciones y servicios de que trata el art�culo anterior, as� como la del Fondo de la Vivienda, estar�n a cargo del organismo descentralizado con personalidad jur�dica y patrimonio propios, denominado Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con domicilio en la Ciudad de M�xico.

    "Para el cumplimiento de sus fines el instituto contar� con delegaciones, las cuales, como unidades desconcentradas, estar�n jer�rquicamente subordinadas a la administraci�n central y tendr�n las facultades espec�ficas para resolver sobre la materia y la competencia territorial que se determine en su caso."

    "Art�culo 48. El derecho a las pensiones de cualquier naturaleza nace cuando el trabajador o sus familiares derechohabientes se encuentren en los supuestos consignados en esta ley y satisfagan los requisitos que la misma se�ala."

    "Art�culo 51. Las pensiones a que se refiere este cap�tulo son compatibles con el disfrute de otras pensiones, o con el desempe�o de trabajos remunerados, de acuerdo a lo siguiente:

    "...

    "Cuando alg�n pensionista desempe�e un cargo, empleo o comisi�n remunerados en cualquier dependencia o entidad que impliquen la incorporaci�n al r�gimen de la ley, salvo los casos de excepci�n ya contemplados en este art�culo, deber� dar aviso inmediato al instituto, igual obligaci�n tendr� cuando se le otorgue otra pensi�n. El incumplimiento de lo anterior dar� causa fundada al instituto para suspender la pensi�n.

    "Si el instituto advierte la incompatibilidad de la pensi�n o pensiones que est� recibiendo un trabajador o pensionista, �stas ser�n suspendidas de inmediato, pero se puede gozar nuevamente de las mismas cuando desaparezca la incompatibilidad y se reintegren las sumas recibidas, lo que deber� hacerse en el plazo y con los intereses que le fije el instituto, que no ser� mayor del 9% anual y en un t�rmino que nunca ser� inferior al tiempo durante el cual las estuvo recibiendo. Si no se hiciese el reintegro en la forma se�alada, se perder� todo el derecho a la pensi�n."

    "Art�culo 60. Tienen derecho a la pensi�n por jubilaci�n los trabajadores con 30 a�os o m�s de servicios y las trabajadoras con 28 a�os o m�s de servicios e igual tiempo de cotizaci�n al instituto, en los t�rminos de esta ley, cualquiera que sea su edad, no siendo aplicables a �stas los dos �ltimos porcentajes de la tabla del art�culo 63.

    "La pensi�n por jubilaci�n dar� derecho al pago de una cantidad equivalente al 100% del sueldo que se define en el art�culo 64 y su percepci�n comenzar� a partir del d�a siguiente a aqu�l en que el trabajador hubiese disfrutado el �ltimo sueldo antes de causar baja."

    "Art�culo 73. La muerte del trabajador por causas ajenas al servicio, cualquiera que sea su edad, y siempre que hubiere cotizado al instituto por m�s de quince a�os, o bien acaecida cuando haya cumplido 60 o m�s a�os de edad y m�nimo de 10 a�os de cotizaci�n, as� como la de un pensionado por jubilaci�n, retiro por edad y tiempo de servicios, cesant�a en edad avanzada o invalidez, dar� origen a las pensiones de viudez, concubinato, orfandad o ascendencia en su caso, seg�n lo prevenido por esta ley."

    "Art�culo 74. El derecho al pago de la pensi�n por causa de muerte se iniciar� a partir del d�a siguiente al de la muerte de la persona que haya originado la pensi�n."

    "Art�culo 150. El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, tendr� las siguientes funciones:

    "...

    "III. Determinar, vigilar y cobrar el importe de las cuotas y aportaciones, as� como los dem�s recursos del instituto;

    "...

    "VI. Establecer la estructura y funcionamiento de sus unidades administrativas."

    Art�culo 186. El derecho a la jubilaci�n y a la pensi�n es imprescriptible. Las pensiones ca�das, las indemnizaciones globales y cualquiera prestaci�n en dinero a cargo del instituto que no se reclame dentro de los cinco a�os siguientes a la fecha en que hubieren sido exigibles, prescribir�n a favor del instituto, el que apercibir� a los acreedores de referencia, mediante notificaci�n personal, sobre la fecha de la prescripci�n, cuando menos con seis meses de anticipaci�n.

    De la lectura de los preceptos transcritos, se advierte lo siguiente:

  5. Que la ley del instituto de m�rito es de orden p�blico, inter�s social y de observancia obligatoria en toda la Rep�blica y se aplicar�, entre otros, a los pensionistas.

  6. El seguro de jubilaci�n es de car�cter obligatorio.

  7. El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado es un organismo descentralizado con personalidad jur�dica y patrimonio propio, y tiene a su cargo la administraci�n de los seguros, prestaciones y servicios respectivos.

  8. El instituto citado para el cumplimiento de sus funciones contar� con delegaciones, las cuales tendr�n facultades espec�ficas para resolver sobre la materia y la competencia territorial que se determine en su caso.

  9. La pensi�n es un derecho del trabajador o de sus familiares derechohabientes, ubicados en los supuestos de la ley, derecho que es imprescriptible.

  10. La omisi�n del pensionado de dar aviso al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado del desempe�o de un cargo, empleo o comisi�n remunerado en cualquier dependencia o entidad el cual implique la incorporaci�n al r�gimen obligatorio, dar� causa fundada a dicho instituto para suspender la pensi�n.

  11. Cuando haya incompatibilidad entre las pensiones recibidas por un trabajador o pensionista, las mismas ser�n suspendidas de inmediato, es decir, sin procedimiento o juicio previo.

  12. La muerte del trabajador por causas ajenas al servicio, cualquiera que hubiere sido su edad y ubicado en la hip�tesis prevista en la ley, as� como la de un pensionado por jubilaci�n, retiro por edad avanzada o invalidez dar� origen, entre otras, a la pensi�n por viudez, la cual iniciar� a partir del d�a siguiente al de la muerte de la persona que haya originado la pensi�n.

  13. El instituto citado con antelaci�n, tiene, entre otras, las facultades de determinar, vigilar y cobrar el importe de las cuotas y aportaciones, as� como sus dem�s recursos, establecer la estructura y funcionamiento de sus unidades administrativas.

  14. Las pensiones ca�das no reclamadas dentro de los cinco a�os siguientes a la fecha en la cual hubieren sido exigibles, prescribir�n a favor del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, quien previamente debe apercibir a los pensionados, mediante notificaci�n personal, sobre la fecha de la prescripci�n, cuando menos con seis meses de anticipaci�n.

    En el caso a estudio tambi�n es de tomarse en consideraci�n lo dispuesto en los art�culos 1o., 46, fracci�n II, 56 y 58, p�rrafos primero y segundo del Estatuto Org�nico del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, cuyos textos son:

    "Art�culo 1o. El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado tiene por objeto otorgar a los servidores p�blicos, pensionistas y dem�s derechohabientes sujetos al r�gimen de su ley, los seguros, prestaciones y servicios establecidos con car�cter obligatorio, as� como ejercer las funciones que determine la legislaci�n aplicable, para lo cual conducir� sus actividades en forma programada, con base en las pol�ticas que para el logro de los objetivos y prioridades de la planeaci�n nacional del desarrollo y el programa institucional de mediano plazo establezcan la Junta Directiva y el director general conforme a sus respectivas atribuciones."

    "Art�culo 46. La Subdirecci�n General de Prestaciones Econ�micas, Sociales y Culturales, tendr� las funciones siguientes:

    "...

    "II. Conceder, negar, suspender, modificar o revocar las jubilaciones y pensiones en los t�rminos de la ley y resolver las inconformidades que se presenten en relaci�n con las mismas."

    "Art�culo 56. Para la atenci�n de los asuntos de su competencia, el instituto contar� con delegaciones, las cuales como unidades administrativas desconcentradas, estar�n jer�rquicamente subordinadas a la administraci�n central y tendr�n facultades espec�ficas para resolver sobre la materia y la competencia territorial que se determine en cada caso."

    "Art�culo 58. Al frente de cada delegaci�n habr� un delegado nombrado por la junta, a propuesta del director general, quien depender� de este �ltimo.

    "Para la atenci�n de los asuntos, el delegado se auxiliar� por el n�mero de subdelegados que se considere necesario, designados por el director general, as� como el personal administrativo que se requiera a fin de proporcionar los seguros, prestaciones y servicios a que se refiere la ley.

    "El delegado, tendr� la funci�n de formular, en t�rminos de lo dispuesto por la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto P�blico Federal y su reglamento, los pliegos preventivos de responsabilidad a los servidores p�blicos y a los particulares que hubieren perpetrado un da�o econ�mico al patrimonio del instituto, detectado por el �rgano interno de control competente, a trav�s de las auditor�as, visitas o investigaciones que practique."

    De la lectura de los numerales preinsertos se observa lo siguiente:

  15. El instituto indicado tiene por objeto otorgar a los derechohabientes sujetos al r�gimen de su ley, los seguros, prestaciones y servicios establecidos con car�cter obligatorio y ejercer las funciones determinadas en la legislaci�n aplicable.

  16. La Subdirecci�n General de Prestaciones Econ�micas, Sociales y Culturales tiene, entre otras, la funci�n de suspender, modificar o revocar las pensiones en t�rminos de la ley y resolver las inconformidades que se presenten en relaci�n con tales actos.

  17. El delegado estatal del instituto en cita, para la atenci�n de sus asuntos se auxiliar� por el n�mero de subdelegados que considere necesarios.

    Por otra parte, en los art�culos 8o., fracci�n II, 16, fracci�n II, 18, 20, fracci�n I, del Reglamento de las Delegaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, se establece lo siguiente:

    "Art�culo 8o. Al frente de cada delegaci�n habr� un delegado, quien para el despacho de los asuntos de su competencia, contar� con las Unidades Administrativas Delegacionales siguientes:

    "...

    "II. S.�n de Prestaciones. ..."

    "Art�culo 16. La S.�n de Prestaciones tendr� las atribuciones siguientes:

    "A) En materia de prestaciones econ�micas:

    "...

    "II. Proporcionar atenci�n integral y preferencial a los jubilados y pensionados del instituto, a trav�s de programas espec�ficos y facilidades para el acceso a los seguros, prestaciones y servicios de la delegaci�n, adem�s de canalizar apoyos de diversa �ndole que les permitan mejorar sus condiciones de vida. ..."

    "Art�culo 18. Las unidades son �reas de apoyo y asesor�a del delegado, de acuerdo a las atribuciones que les confiere este reglamento."

    "Art�culo 20. Los jefes de Unidad tendr�n las obligaciones siguientes:

    I.P., programar, organizar, dirigir, ejecutar y evaluar las funciones encomendadas a la unidad a su cargo, de acuerdo con la normatividad aplicable y las instrucciones del delegado.

  18. El delegado del instituto citado, para el despacho de los asuntos de su competencia, contar� con Unidades Delegacionales, entre otras, la S.�n de Prestaciones.

  19. El subdelegado de prestaciones tiene entre otras funciones, la de proporcionar atenci�n integral y preferencial a los jubilados y pensionados del instituto, por medio de programas espec�ficos y facilidades para el acceso a los seguros, prestaciones y servicios de la delegaci�n.

  20. Los jefes de unidad, tienen entre otras atribuciones la de ejecutar las funciones encomendadas a la unidad a su cargo, para lo cual deber�n observar la normatividad aplicable y las instrucciones del delegado.

    Finalmente, se acude a lo preceptuado en los art�culos 1o., 2o., fracci�n II, 5o., 6o., 23 y 25 del Reglamento de Prestaciones Econ�micas y Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, cuyos textos son:

    "Art�culo 1o. El presente reglamento tiene por objeto regular administrativamente la aplicaci�n de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en materia de pensiones, indemnizaci�n global, prevenci�n de accidentes y enfermedades de trabajo, subsidios por enfermedades no profesionales, as� como el otorgamiento y recuperaci�n de cr�ditos."

    "Art�culo 2o. Para los efectos de este reglamento se entender� por:

    "...

    "II. ?Junta Directiva?, la Junta Directiva del Instituto. ..."

    "Art�culo 5o. La calidad de pensionista se adquiere a partir del momento en que el interesado ha causado baja; la fecha se se�alar� en la resoluci�n mediante la cual el instituto conceda el beneficio pensionario. Dicha resoluci�n se notificar� al interesado y en la misma se especificar� el tipo de pensi�n concedida, la cuota asignada, la fecha, de inicio del pago as� como la del t�rmino de la pensi�n y el n�mero clave asignado al pensionista. Asimismo, el instituto notificar� la resoluci�n por la que se niegue el beneficio pensionario cuando no se re�nan los requisitos que para tal efecto se establezcan, fundando y motivando la causa que origine tal negativa."

    "Art�culo 6o. Las resoluciones de la Junta Directiva que afecten intereses particulares podr�n recurrirse ante la misma dentro de un t�rmino de 30 d�as h�biles contados a partir de la fecha en que los afectados sean notificados.

    "En el escrito respectivo se precisar�n el nombre y domicilio del promovente as� como los agravios que le cause el acuerdo, debiendo acompa�arse los documentos justificativos de la personalidad del promovente y las pruebas que estime pertinentes.

    "Si la junta sostiene su resoluci�n, el interesado inconforme podr� acudir ante la Secretar�a de Programaci�n y Presupuesto dentro de un t�rmino de 30 d�as h�biles contados a partir de la fecha de la notificaci�n respectiva, para que �sta resuelva en definitiva.

    "Si los recursos no se hacen valer dentro de los t�rminos previstos por este art�culo, la resoluci�n emitida se tendr� por consentida."

    "Art�culo 23. El instituto, previa solicitud de los trabajadores, informar� el monto aproximado de la cuota diaria que les corresponder�a en una fecha determinada de estar en los supuestos que se�ala la ley para obtener una pensi�n. D. no implica ning�n tr�mite pensionario.

    "Para calcular la cuota diaria pensionaria, computar los a�os de servicios y determinar las cotizaciones de los trabajadores, se tomar�n como base los datos asentados en la hoja �nica de servicios que expidan las Afiliadas, la cual deber� contener, en su caso, las cantidades por concepto de sueldo, sobresueldo, compensaci�n, quinquenios, prima de antig�edad y los a�os de servicios prestados por el trabajador.

    "El instituto suspender� el tr�mite que se haya iniciado con base en la solicitud presentada, cuando se detecten errores u omisiones en la hoja �nica de servicios, hasta en tanto queden subsanados a satisfacci�n del mismo, circunstancias que har� del conocimiento del interesado."

    "Art�culo 25. A los pensionistas que disfruten de dos o m�s pensiones, se aplicar� en cada una de ellas el descuento del porcentaje correspondiente por concepto del seguro de enfermedades y maternidad y por medicina preventiva a que se refiere el art�culo 25 de la ley."

  21. El reglamento citado �ltimamente tiene por objeto regular administrativamente la aplicaci�n de la ley del instituto precitado en materia de pensiones, etc�tera.

  22. Para los efectos del reglamento de m�rito se entiende por "Junta Directiva", la junta directiva del instituto de referencia.

  23. En la resoluci�n en la cual se concede el car�cter de pensionista se especificar� el tipo de pensi�n concedida, la cuota asignada, la fecha de inicio del pago, as� como la del t�rmino de la pensi�n y el n�mero clave asignado al pensionista, dicha resoluci�n se notificar� a �ste.

  24. La resoluci�n por medio de la cual se niegue el beneficio pensionario podr� recurrirse ante la misma junta directiva dentro de los treinta d�as siguientes a su notificaci�n.

  25. Si la junta directiva sostiene su resoluci�n el interesado podr� acudir ante la Secretar�a de Programaci�n y Presupuesto dentro del plazo de treinta d�as h�biles contados a partir de la fecha de la notificaci�n respectiva, a fin de que resuelva en definitiva.

  26. A los pensionistas que disfruten de dos o m�s pensiones se aplicar� en cada uno de ellos el descuento del porcentaje respectivo por el concepto del seguro de enfermedades y maternidad, as� como por medicina preventiva a que se refiere el art�culo 25 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.

    Ahora bien, del an�lisis l�gico y sistem�tico de los preceptos transcritos con antelaci�n y a la luz de las consideraciones precedentes, se advierte que para lograr su objetivo y finalidad dotaron al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de diversas facultades legales y lo autorizan para que las ejerza por s� o por medio de los diversos �rganos que lo integran y que jer�rquicamente dependen de �l, as� tenemos que el art�culo 51, antepen�ltimo y �ltimo p�rrafos, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado facultan al propio instituto para que en los casos y condiciones establecidos en esos p�rrafos, suspenda de inmediato la pensi�n respectiva. Por otra parte, en el art�culo 46, fracci�n II, del Estatuto Org�nico del Instituto precitado se faculta al titular de la Subdirecci�n General de Prestaciones Econ�micas, Sociales y Culturales del propio instituto para que pronuncie la resoluci�n por medio de la cual se conceda, niegue, suspenda, modifique o revoque las jubilaciones y pensiones en los t�rminos legales correspondientes y lo que es importante lo dotan de competencia para resolver las inconformidades que se plantean en contra de tales resoluciones.

    En este orden de ideas, si los ordenamientos de m�rito atribuyen al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y a los organismos respectivos dependientes de �l facultades para conceder, negar, suspender, revocar o modificar las pensiones en general, dicho organismo descentralizado y sus dependencias autorizadas para realizar tales actos s� son autoridades para efectos del juicio de amparo, en virtud de que afectan la esfera jur�dica de los pensionados en forma unilateral, pues no se trata de una relaci�n de coordinaci�n, sino de supra a subordinaci�n, tal como qued� definido anteriormente, al imponer tal organismo y sus dependencias (vinculadas con el t�pico en cuesti�n) su voluntad de manera unilateral sin necesidad de acudir a los tribunales, ni con el consenso de la voluntad del afectado.

    Por tanto, la orden de suspensi�n, reducci�n o descuento de la pensi�n por viudez constituye un acto susceptible de combatirse a trav�s del juicio de amparo, al constituir un acto unilateral, a trav�s del cual se extingue o modifica la situaci�n derivada del acto de otorgamiento de tal pensi�n, el cual constituye el derecho a disfrutar la misma, sin necesidad de que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y los �rganos competentes y subordinados jer�rquicamente a �l deban acudir ante los tribunales o alguna otra autoridad para afectar de tal manera la esfera jur�dica del pensionado, o necesiten del consentimiento del interesado, dado que se trata del ejercicio de una facultad irrenunciable.

    En otras palabras, el instituto citado por s� o a trav�s de sus �rganos competentes, cuando emiten la orden de suspensi�n, descuento o reducci�n de la pensi�n por viudez, ejercen facultades de decisi�n que les est�n atribuidas en los preceptos transcritos con antelaci�n; luego, constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza p�blica la fuente de tal potestad, lo cual revela que tal instituci�n y sus dependencias respectivas son autoridades para los efectos del juicio de amparo, en t�rminos de las tesis tituladas: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS P�BLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JUR�DICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO." y "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. TIENE ESE CAR�CTER UN �RGANO DEL ESTADO QUE AFECTA LA ESFERA JUR�DICA DEL GOBERNADO EN RELACIONES JUR�DICAS QUE NO SE ENTABLAN ENTRE PARTICULARES.", transcritas con antelaci�n.

    De conformidad con todo lo expuesto se considera que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y los �rganos respectivos dependientes de �l, al pronunciar la orden de suspensi�n, de descuento o de reducci�n de una pensi�n, como puede ser la de viudez act�an como autoridades para los efectos del juicio de amparo.

    Este criterio, tiene apoyo adem�s de las tesis ya invocadas, por analog�a en la diversa sustentada por la Primera S. de este Alto Tribunal, la cual comparte esta S., cuyo texto y datos de localizaci�n son:

    "INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO. LA RESCISI�N DE LOS CONTRATOS DE OBRA P�BLICA QUE DECLARE CON FUNDAMENTO EN EL ART�CULO 40 DE LA LEY DE ADQUISICIONES Y OBRAS P�BLICAS (ABROGADA POR EL ART�CULO SEGUNDO TRANSITORIO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR P�BLICO, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACI�N EL 4 DE ENERO DE 2000), TIENE EL CAR�CTER DE ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Naci�n en la tesis P.X., de rubro: ?AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS P�BLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JUR�DICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO.?, precis� el concepto de autoridad para los efectos del amparo, reconociendo ese car�cter al �rgano que con fundamento en una norma legal puede emitir actos unilaterales a trav�s de los cuales crea, modifica o extingue por s� o ante s�, situaciones jur�dicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los �rganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado; es decir, ejercen facultades de decisi�n reconocidas en la ley, por lo cual constituyen una potestad administrativa cuyo ejercicio es irrenunciable, lo que se traduce en aut�nticos actos de autoridad al ser de naturaleza p�blica la causa de ese imperio. Por tanto, debe concluirse que la rescisi�n del contrato administrativo por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado es, precisamente, un acto jur�dico unilateral emitido con fundamento en lo previsto en el art�culo 40, primer p�rrafo, de la Ley de Adquisiciones y Obras P�blicas, a trav�s del cual extingui�, motu proprio, una relaci�n contractual en que era parte un particular, el cual afect� su esfera jur�dica, pues la administraci�n p�blica tiene la facultad de hacer efectiva la garant�a otorgada, como consecuencia legal de esa rescisi�n. Adem�s, la rescisi�n la decret� un �rgano que forma parte de la estructura org�nica de la entidad contratante, sin acudir a los tribunales judiciales o administrativos, ni con el consenso de la voluntad del afectado. Ahora bien, en congruencia con lo anterior y tomando en consideraci�n que la rescisi�n no es una facultad unilateral que fue invocada por la entidad contratante s�lo porque fue convenido en esos t�rminos en el contrato, sino que su base fundamental radica en que dicha facultad est� establecida en el art�culo 40 de la Ley de Adquisiciones y Obras P�blicas para que la invoquen exclusivamente �rganos de la administraci�n p�blica, resulta inconcuso que el mencionado instituto tiene el car�cter de autoridad y la facultad rescisoria que ejerci� deriva directamente de la ley." (Novena �poca. Instancia: Primera S.. Fuente: Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, T.X., junio de 2001, tesis 1a. LII/2001, p�gina 240).

    Una vez establecido que las �rdenes de suspensi�n, de descuento o de reducci�n de una pensi�n (como puede ser la pensi�n por viudez), emitidas por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado o los �rganos respectivos dependientes de �l son actos de autoridad, debe tomarse en cuenta que conforme a lo dispuesto en el art�culo 1o., p�rrafo segundo, de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo este ordenamiento es aplicable a los actos de autoridad (de naturaleza administrativa) emitidos por los organismos descentralizados de la administraci�n p�blica federal paraestatal, entre los cuales se ubica el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, cabe advertir que dicha ley entr� en vigor el primero de junio de mil novecientos noventa y cinco y en su segundo punto transitorio se derogaron todos los recursos administrativos previstos en las diferentes leyes administrativas existentes con anterioridad a la vigencia de la ley de m�rito.

    As�, de acuerdo a lo anterior, los recursos de inconformidad previstos en los art�culos 46 del Estatuto Org�nico del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y 6o. del Reglamento de Prestaciones Econ�micas de �ste, por medio de los cuales se pod�an impugnar las resoluciones a trav�s de las cuales se conced�an, negaban, suspend�an, modificaban o revocaban las jubilaciones o pensiones, quedaron derogados por disposici�n del segundo transitorio citado. Esto en virtud de que tales reglamentos ya exist�an con anterioridad a la vigencia (primero de junio de mil novecientos noventa y cinco) de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, dado que fueron publicados en el Diario Oficial de la Federaci�n el seis y veintiocho de junio de mil novecientos ochenta y ocho, respectivamente; luego, es obvio que por ser anteriores a la vigencia de dicha ley fueron derogados por mandato contenido en el art�culo transitorio citado.

    Igualmente, es de tomarse en cuenta lo establecido en el art�culo 11, fracci�n VI, de la Ley Org�nica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, cuyo texto es:

    "Art�culo 11. El Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa conocer� de los juicios que se promuevan contra las resoluciones definitivas que se indican a continuaci�n:

    "...

    VI. Las que se dicten en materia de pensiones civiles, sea con cargo al erario federal o al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.

    Del an�lisis de la disposici�n preinserta, se advierte con nitidez que el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa es competente para conocer y resolver respecto a resoluciones de car�cter administrativo, como es el caso de las emitidas en materia de pensiones civiles a cargo del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; luego, toda resoluci�n dictada por �ste o los �rganos competentes dependientes de �l en materia de pensiones, como son las relativas a la suspensi�n, descuento o reducci�n de una pensi�n, se ubican en los supuestos contemplados en el numeral 11, fracci�n VI, preinserto.

    En esta tesitura, se colige que las resoluciones definitivas que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado o sus dependencias competentes, dicten en materia de pensiones deben ser impugnadas por medio del juicio contencioso administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.

    En este orden de ideas, se precisa que actualmente las �rdenes y acuerdos por medio de los cuales se conceda, niegue, suspenda, modifique, revoque o reduzca la jubilaci�n o pensi�n, optativamente son impugnables por medio del recurso de revisi�n previsto en el art�culo 83 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, o por medio del juicio contencioso administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.

    En otras palabras, las �rdenes o acuerdos de m�rito previamente a la promoci�n del juicio de garant�as deben ser impugnados por medio del recurso de revisi�n o del juicio contencioso administrativo citados, salvo que se actualice alguna de las causas de excepci�n al principio de definitividad previstas en el art�culo 73, fracci�n XV, de la Ley de Amparo.

    Cabe advertir que si el interesado opta por el recurso de revisi�n, la resoluci�n que recaiga a �ste, previamente al juicio de garant�as, necesariamente deber� impugnarse a trav�s del juicio contencioso administrativo.

    Las anteriores consideraciones tienen apoyo en la jurisprudencia, cuyo texto y datos de localizaci�n son:

    "RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS IMPUGNABLES ANTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. PREVIO AL JUICIO DE GARANT�AS NECESARIAMENTE DEBE AGOTARSE EL JUICIO DE NULIDAD, SALVO QUE SE ACTUALICE ALGUNA EXCEPCI�N AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD PREVISTO EN LA F.X. DEL ART�CULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. La Segunda S. de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n en la tesis de jurisprudencia 2a./J. 56/2002, publicada en el Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, Novena �poca, T.X., julio de 2002, p�gina 351, con el rubro: ?PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO. NO ES NECESARIO AGOTAR EL RECURSO DE REVISI�N PREVISTO EN EL ART�CULO 83 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, SI LA RESPONSABLE NO INFORMA DE DICHO RECURSO AL QUEJOSO, EN LOS T�RMINOS DEL ART�CULO 3o., F.X., DE ESA LEY.?, sostuvo el criterio de que es innecesario agotar el recurso de revisi�n previsto en el art�culo 83 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo antes de acudir al juicio de amparo indirecto, en los casos en que no se haga del conocimiento del gobernado el recurso que proceda en contra de tal resoluci�n. Sin embargo, una nueva reflexi�n sobre el tema conduce a apartarse de tal criterio a fin de establecer que las resoluciones administrativas que en t�rminos del referido art�culo 83 son impugnables ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, de manera optativa a trav�s del recurso de revisi�n o del juicio de nulidad, necesariamente deber�n impugnarse a trav�s de este �ltimo, previo al juicio de garant�as, en t�rminos del art�culo 11, fracci�n XIII, de la Ley Org�nica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, ya que no obstante que se haya optado por sustanciar el recurso de revisi�n, con posterioridad a �ste siempre deber� agotarse el juicio de nulidad. Apoya lo anterior la circunstancia de que en relaci�n con la tramitaci�n del juicio contencioso administrativo, el C�digo Fiscal de la Federaci�n no exige mayores requisitos que los que contempla la Ley de Amparo para conceder la suspensi�n del acto reclamado, seg�n se advierte de la tesis de jurisprudencia 2a./J. 155/2002, publicada en el Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, Novena �poca, T.X., enero de 2003, p�gina 576, con la salvedad de que no habr� obligaci�n de agotar el juicio de nulidad en los casos en que se actualice alguna excepci�n al principio de definitividad previsto en la fracci�n XV del art�culo 73 de la Ley Reglamentaria de los Art�culos 103 y 107 Constitucionales." (Novena �poca. Instancia: Segunda S.. Fuente: Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, Tomo XX, julio de 2004, tesis 2a./J. 95/2004, p�gina 414).

    Con base en todas las consideraciones precedentes se colige que si bien es cierto que las �rdenes de suspensi�n, de descuento o de reducci�n de una pensi�n, como puede ser la de viudez, emitidas por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado o los �rganos competentes dependientes de �l, son actos de autoridad, tambi�n lo es que por regla general y atendiendo al principio de definitividad no pueden ser impugnados por medio del juicio de garant�as indirecto, salvo que se actualice alguna de las excepciones al principio de m�rito previstas en el art�culo 73, fracci�n XV, de la Ley de Amparo.

    Con base en los anteriores razonamientos y despu�s de una nueva reflexi�n esta Segunda S. considera que debe abandonarse parcialmente el criterio establecido en la tesis 2a. XLVII/2001, titulada "INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO. PARA DETERMINAR CU�L ES EL �RGANO JURISDICCIONAL QUE DEBE CONOCER DE LOS JUICIOS LABORALES EN LOS QUE SE RECLAME EL PAGO DE PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL A ESE ORGANISMO, DEBE ATENDERSE AL R�GIMEN CONSTITUCIONAL QUE RIGE EL V�NCULO LABORAL DEL QUE �STAS DERIVAN.", consistente en que para determinar qu� �rgano jurisdiccional es el competente para conocer de las demandas instauradas por un derechohabiente o beneficiario de �ste en contra del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, por medio de las cuales se reclama a �ste en forma principal una prestaci�n de seguridad social, como puede ser la pensi�n debe atenderse al r�gimen constitucional que rige la relaci�n laboral de la cual deriva el diverso v�nculo en el cual se sustentan las prestaciones reclamadas al citado instituto de un derechohabiente, que no es su trabajador.

    Lo anterior, en primer lugar, porque de acuerdo a lo preceptuado en los art�culos 48 al 86 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, los derechohabientes o sus dependientes deben solicitar ante dicho instituto la pensi�n que consideren les corresponde y para que la misma sea otorgada se deben satisfacer los requisitos legales correspondientes. Adem�s, una vez concedida la pensi�n el instituto citado est� facultado legalmente para suspenderla o revocarla, en los casos y condiciones previstos en tales preceptos, sin que para ello est� obligado a acudir ante un tribunal jurisdiccional o administrativo, pues la resoluci�n respectiva el instituto indicado la puede pronunciar unilateralmente por s� y ante s� sin mayores exigencias que la del cumplimiento de los requisitos legales correspondientes.

    En segundo t�rmino, si bien es cierto que las pensiones tienen como fuente la relaci�n de trabajo establecidaentre el derechohabiente y la dependencia u organismo en la cual haya laborado, tambi�n lo es que la surgida entre aqu�l y el instituto citado es una nueva relaci�n de naturaleza administrativa, la cual es de supra a subordinaci�n, en la que el interesado como gobernado se somete al imperio del instituto de referencia, quien ante �l adquiere el car�cter de autoridad, pues como ya se vio con antelaci�n puede crear, modificar o extinguir ante s� o por s� la situaci�n jur�dica del pensionado; luego, es obvio que la relaci�n laboral respectiva no se extiende despu�s de concedida la pensi�n solicitada, pues no hay que soslayar que en ocasiones la pensi�n se otorga cuando la relaci�n de trabajo ha culminado, como pueden ser las pensiones por causa de muerte o por cesant�a en edad avanzada.

    En tercer lugar, de acuerdo a lo establecido en el art�culo 11, fracci�n VI, de la Ley Org�nica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, y a lo razonado con antelaci�n con base en este precepto, dicho tribunal es el competente para conocer y resolver en forma definitiva todo lo relativo a las pensiones que sean a cargo del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; luego, es obvio que cuando el derechohabiente o sus beneficiarios no est�n de acuerdo con la orden o acuerdo por medio del cual se les conceda, niegue, revoque, suspenda, modifique o reduzca una pensi�n necesariamente la deben impugnar a trav�s del juicio contenciosos administrativo ante el tribunal citado.

    Esto es, de la demanda que un derechohabiente o sus beneficiarios reclamen �nicamente al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, las �rdenes o resoluciones en las cuales se les haya concedido, negado, revocado, suspendido, modificado o reducido la pensi�n respectiva, debe conocer en definitiva el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en raz�n de ser una prestaci�n de car�cter de seguridad social (la cual debe cumplir �nicamente dicho instituto) y no una prestaci�n derivada directamente de la relaci�n laboral.

    Este criterio tiene apoyo, por analog�a, en la tesis, cuyo texto y datos de localizaci�n son:

    "COMPETENCIA. CORRESPONDE AL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE NUEVO LE�N, CONOCER DE LAS DEMANDAS PROMOVIDAS POR LOS MAGISTRADOS DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE NUEVO LE�N, COMO BENEFICIARIOS DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DEL PROPIO ESTADO EN CONTRA DE ESTE ORGANISMO.-De conformidad con la fracci�n VII del art�culo 17 de la Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Nuevo Le�n, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo es competente para conocer de los juicios que se promueven, entre otros casos, contra los actos o resoluciones dictados en materia de pensiones con cargo al erario estatal, de los Municipios de la entidad o de las instituciones municipales o estatales de seguridad social. En consecuencia, de la demanda en que un Magistrado del Poder Judicial del Estado de Nuevo Le�n solicita el incremento a una pensi�n como beneficiario del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Nuevo Le�n, debe conocer el Tribunal de lo Contencioso Administrativo de esa entidad y no el Tribunal de Arbitraje, en raz�n de ser una prestaci�n de car�cter de seguridad social la que se demanda s�lo a cargo de dicho instituto y no una cuesti�n directamente derivada de la relaci�n laboral." (Novena �poca. Instancia: Segunda S.. Fuente: Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, Tomo IX, junio de 1999, tesis 2a. LXXXII/99, p�gina 370).

    En consecuencia de todo lo anterior la tesis que debe prevalecer con el car�cter de jurisprudencia es la siguiente:

    INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO. LAS RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS DICTADAS POR AQU�L O POR SUS �RGANOS DEPENDIENTES, QUE CONCEDAN, NIEGUEN, REVOQUEN, SUSPENDAN, MODIFIQUEN O REDUZCAN LAS PENSIONES, SON ACTOS DE AUTORIDAD IMPUGNABLES A TRAV�S DEL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, PREVIAMENTE AL AMPARO, SALVO QUE SE ACTUALICE ALGUNA EXCEPCI�N AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD.-Conforme a los art�culos 51, antepen�ltimo y �ltimo p�rrafos, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y 46, fracci�n II, del Estatuto Org�nico del propio instituto, �ste est� facultado legalmente para conceder, negar, suspender, modificar o revocar las pensiones; resoluciones que constituyen actos de autoridad en tanto que afectan en forma unilateral la esfera jur�dica del particular sin necesidad de contar con su consenso o de acudir previamente a los tribunales. Por tanto, en t�rminos del art�culo 83 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, tales actos son impugnables optativamente a trav�s del recurso de revisi�n o por medio del juicio contencioso administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, previamente al juicio de garant�as, acorde con el precepto 11, fracci�n VI, de la Ley Org�nica del Tribunal citado, con la salvedad de que no habr� obligaci�n de agotar el juicio ordinario indicado cuando se actualice alguna excepci�n al principio de definitividad previsto en la fracci�n XV del art�culo 73 de la Ley de Amparo. En esta tesitura, se concluye que debe abandonarse parcialmente el criterio establecido en la tesis 2a. XLVII/2001, publicada en el Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, Novena �poca, T.X., mayo de 2001, p�gina 454, con el rubro: "INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO. PARA DETERMINAR CU�L ES EL �RGANO JURISDICCIONAL QUE DEBE CONOCER DE LOS JUICIOS LABORALES EN LOS QUE SE RECLAME EL PAGO DE PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL A ESE ORGANISMO, DEBE ATENDERSE AL R�GIMEN CONSTITUCIONAL QUE RIGE EL V�NCULO LABORAL DEL QUE �STAS DERIVAN.", para establecer que no es aplicable en los casos en que �nicamente se demanden al referido instituto las resoluciones (�rdenes) mediante las cuales haya concedido, negado, suspendido, revocado, modificado o reducido la pensi�n respectiva.

    Por lo expuesto y fundado se

    resuelve:

PRIMERO

S� existe la contradicci�n de tesis denunciada.

SEGUNDO

Debe prevalecer con el car�cter de jurisprudencia la tesis de esta S. que aparece en la parte final del �ltimo considerando de esta resoluci�n.

Notif�quese; rem�tase de inmediato la tesis de jurisprudencia que se sustenta en la presente resoluci�n a la Direcci�n General de la Coordinaci�n de Compilaci�n y S.�n de Tesis, para su publicaci�n en el Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, as� como su distribuci�n a los Tribunales Colegiados de Circuito y Juzgados de Distrito, en acatamiento a lo previsto en el art�culo 195 de la Ley de Amparo.

As� lo resolvi� la Segunda S. de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, por unanimidad de cinco votos de los se�ores Ministros: M.B.L.R., G.D.G.�ngora P., S.S.A.A., G.I.O.M. y presidente J.D.R.. Fue ponente el M.S.S.A.A..