Ejecutoria num. 1a./J. 107/2005 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala - Jurisprudencia - VLEX 26823628

Ejecutoria num. 1a./J. 107/2005 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala

Emisor:Primera Sala
Número de Resolución:1a./J. 107/2005
Materia:Suprema Corte de Justicia de México
Fecha de Publicación: 1 de Octubre de 2005
RESUMEN

CONTRADICCIÓN DE TESIS 20/2005-PS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMERO Y EL SEGUNDO TRIBUNALES COLEGIADOS DEL VIGÉSIMO SEGUNDO CIRCUITO.TRASLACIÓN DEL TIPO. ES LEGALMENTE POSIBLE ENTRE LA CONDUCTA DE FRAUDE ESPECÍFICO PREVISTA EN EL ARTÍCULO 194, FRACCIÓN XVIII Y LA CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 246-E (CÓDIGO PENAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO).TRASLACIÓN DEL TIPO Y ADECUACIÓN DE LA PENA. CONSTITUYEN UN DERECHO DEL GOBERNADO PROTEGIDO CONSTITUCIONALMENTE.

 
CONTENIDO

CONTRADICCI�N DE TESIS 20/2005-PS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMERO Y EL SEGUNDO TRIBUNALES COLEGIADOS DEL VIG�SIMO SEGUNDO CIRCUITO.
CONSIDERANDO:
TERCERO. Ahora bien, con la finalidad de establecer y determinar si existe o no la contradicci�n de tesis denunciada, se estima conveniente transcribir para su posterior an�lisis las consideraciones y argumentaciones en que basaron sus resoluciones los Tribunales Colegiados contendientes.
Las consideraciones del Segundo Tribunal Colegiado del Vig�simo Segundo Circuito, al resolver los amparos en revisi�n 358/2003 y 106/2004, y el amparo directo 497/2003, en lo que interesan, son las siguientes:
Amparo en revisi�n penal 358/2003.
"QUINTO. Son infundados los agravios transcritos, sin que se advierta deficiencia de la queja que hace valer a favor del recurrente, acorde a lo previsto por el art�culo 76 bis, fracci�n II, de la Ley de Amparo. En el primero de ellos, el revisionista esencialmente se inconforma, con la determinaci�n de la J. de Distrito, de estimar correcta la aplicaci�n en el auto de formal prisi�n reclamado, de la fracci�n XVIII del art�culo 194 del C�digo Penal del Estado (citado incorrectamente por el recurrente como 193), dispositivo que conten�a uno de los tipos de fraude espec�fico y cuya fracci�n fue derogada, con motivo de las reformas a ese ordenamiento, publicadas en el P.�dico Oficial del Gobierno del Estado de Q.�taro, el veintitr�s de agosto de dos mil dos; que en su estudio la a quo invoc� el principio de ultractividad de la ley, que consiste en que una norma puede aplicarse a pesar de haber sido derogada, cumpliendo con ciertos requisitos, pero que disiente de la consideraci�n de �sta, en el sentido de que el art�culo 246-E de la propia ley sustantiva, establece la misma hip�tesis que la disposici�n derogada, pues en su opini�n contempla una diferente, dado que dice, la se�alada fracci�n XVIII, establece como elementos: a) Al que por s� o por interp�sita persona. b) C. perjuicio p�blico o privado. c) Al fraccionar o transferir. d) O prometer transferir la propiedad o posesi�n o cualquier otro derecho sobre un terreno urbano o r�stico. e) Propio o ajeno, con o sin construcciones. f) Sin previo permiso de las autoridades administrativas correspondientes. g) O cuando existiendo �ste, no se hayan satisfecho los requisitos se�alados. En tanto que se�ala, que por su parte el art�culo 246-E, establece una misma conducta, con las diferencias relativas a que no prev� la segunda parte de otro precepto, relativo a que se cause un perjuicio p�blico o privado, as� como que este nuevo dispositivo agrega que los predios sean destinados para vivienda, comercio o industria. Contin�a manifestando el recurrente, que al resolverse que se trataba de normas exactamente iguales, se viola el principio de exacta aplicaci�n de la ley penal, al existir diferencias sustanciales, adem�s que, agrega, en el actual se protege el medio ambiente, ya no es de querella, es considerado delito grave y tiene mayor penalidad, en tanto que en el derogado, el bien jur�dico tutelado era el patrimonio de los particulares, era de querella, no estaba considerado como grave y su sanci�n era mucho menor, por lo que afirma, se trata de una hip�tesis diferente, que regula conductas parecidas pero no iguales y protegen bienes jur�dicos distintos, de modo que derogada la norma anterior, no se puede insistir en darle vida, por tener una existencia temporal, que inicia con su vigencia y termina con su derogaci�n, por lo que no se puede aplicar m�s, ni tampoco la nueva, concluye, por traer como consecuencia la retroactividad. Como se apunt�, lo anterior deviene infundado, ya que en principio, opuesto a lo que argumenta el inconforme, fue correcto que la J. Federal, haya considerado que las conductas descritas en la derogada fracci�n XVIII del art�culo 194, que se relaciona con el numeral 193 y la que actualmente prev� el art�culo 246-E, ambas disposiciones del C�digo Penal del Estado, son las mismas, seg�n se advierte de las siguientes transcripciones. ?Art�culo 193. Al que enga�ando a alguien o aprovech�ndose del error en que �ste se halla, se haga il�citamente de alguna cosa o alcance un lucro indebido, se le impondr�n las siguientes penas: I.P.�n de 3 meses a 4 a�os y hasta 180 d�as multa cuando el valor de lo defraudado no exceda de 600 veces al salario m�nimo, y II.P.�n de 4 a 10 a�os y de 180 a 500 d�as multa, cuando el valor de lo defraudado exceda de 600 veces de salario m�nimo.?. ?Art�culo 194. Se aplicar�n las mismas penas previstas en el art�culo anterior: ... XVIII. (Derogada). Al que por s� o por interp�sita persona, cause perjuicio p�blico o privado al fraccionar y transferir o prometer transferir la propiedad, la posesi�n o cualquier otro derecho sobre un terreno urbano o r�stico, propio o ajeno, con o sin construcciones, sin el previo permiso de las autoridades administrativas competentes o cuando existiendo �ste no se hayan satisfecho los requisitos en �l se�alados. Este delito se sancionar� aun en el caso de falta de pago total o parcial. Para los efectos penales se entiende por fraccionar la divisi�n de terrenos en lotes.?. ?Art�culo 246-E. Al que por s� o por interp�sita persona transfiera o prometa transferir la posesi�n, la propiedad o cualquier otro derecho sobre uno o m�s lotes resultantes de fraccionar un predio, para que sean o puedan ser destinados para vivienda, comercio o industria, sin contar con la autorizaci�n para transferir expedida por las autoridades competentes, se le aplicar�n de 2 a 8 a�os de prisi�n y de 120 hasta 400 d�as multa. No se considerar� fraccionamiento irregular, para los efectos de este t�tulo, cuando un ascendiente transfiera la propiedad o posesi�n de partes de un inmueble a sus descendientes, pero �stos deber�n cumplir las normas aplicables seg�n el tipo de propiedad de que se trate, tanto para escriturarlas a su favor o para ceder sus derechos terceros (sic).?. De tales transcripciones se advierte que ambos preceptos legales, contemplan los siguientes elementos t�picos: a) La forma de participaci�n, que puede ser por s� o por interp�sita persona. b) Diversas formas de acci�n t�pica y actualizaci�n alternativa, ya sea al fraccionar (dividir terreno[s] en lotes) y transferir o prometer transferir la propiedad, la posesi�n o cualquier derecho sobre un terreno urbano o r�stico. c) Un objeto material: un terreno urbano o r�stico, con o sin construcci�n, propio o ajeno. d) Un elemento normativo, consistente en la ausencia del permiso previo de las autoridades competentes o la existencia de dicho permiso, sin que se hayan reunido los requisitos se�alados en el mismo. Todos los elementos antes se�alados, evidentemente, forman parte de ambas descripciones t�picas, como se advierte de las normas respectivas y tal como conviene en se�alarlo el propio inconforme, aunque es verdad que no aparece el consistente en el resultado, esto es, en la causaci�n de un perjuicio p�blico o privado, que no est� expresamente previsto en el art�culo 246-E del C�digo Penal del Estado, as� como tambi�n lo advierte dicho recurrente, en este �ltimo se a�ade, que los lotes fraccionados sean o puedan ser destinados para vivienda, comercio o industria. Sin embargo, el hecho de que el elemento de causaci�n de un resultado, no est� expresamente previsto en el numeral arriba citado, no es suficiente para considerar que se trata de un tipo penal distinto al que conten�a la derogada fracci�n XVIII del art�culo 194, pues en forma impl�cita s� se contempla dicho elemento, en la forma que la dogm�tica penal, conoce como un presupuesto de hecho del tipo. As� es, en todos los tipos penales existen presupuestos de hecho (lo que algunos renombrados autores equiparan con el concepto de tipo penal objetivo, que integra tanto la actualizaci�n de un delito, como el resultado, o bien, lo que otros autores llaman principio de lesividad o nulla poena, nullum crimen, nula lex poenalis, sine iniuria: ?no existe pena, delito, ni norma penal que no contemple una lesi�n al bien jur�dico tutelado)? es decir, un bien jur�dico que se ve afectado y cuya protecci�n est� garantizada en el tipo penal (v�ase Derecho Penal, parte general, de E.R.�l Z., A.P. y A.B., Editorial Porr�a, M�xico, 2001, p�ginas 415 y 461 a 469. En el mismo sentido L.F., en Derecho y R.�n, T.�a del Garantismo Penal, E.T., Madrid, 2001, p�ginas 464 a 471). Desde esta �ptica, todas las conductas que el derecho penal reputa como delictuosas, supone la causaci�n de un da�o, ya sea social o particular; pues de otro modo, no se justificar�a la represi�n penal aplicada al responsable. En este sentido, no existe delito cuando la acci�n no afecta un bien jur�dico, ya sea porque lo pone en riesgo (los llamados tipos penales de peligro o de mera conducta) o bien, porque afecta material, cultural o f�sicamente el bien protegido. En otras palabras, es il�gico que considere como delito, aquello que no causa ning�n perjuicio a la sociedad o a uno de sus integrantes; luego, el derecho penal parte de la base de que, si la conducta es intrascendente para la convivencia social, entonces no debe ser castigada. Pero si la conducta est� contemplada como delito en el C�digo Penal, es inconcuso que ello se debe, a que se trata de una conducta que ocasiona da�os o pone en riesgo los bienes jur�dicos tutelados y, por tanto, no hay un solo tipo, en los C�digos Penales modernos, que no presuponga la lesi�n a un bien protegido por la norma penal. En ese sentido, es claro que aun cuando el art�culo 246-E del C�digo Penal, no contempla, expresamente, la lesi�n a un bien jur�dico tutelado (causar perjuicio p�blico o privado), lo cierto es que ello no excluye la naturaleza de la conducta delictuosa, pues no es necesario que lo invoque, porque de todos modos debe causarse, pues ya se dijo que resulta il�gico que se considere como delito, aquello que no ocasiona ninguna lesi�n a un bien jur�dico protegido, de ah� que, opuesto a lo argumentado por el inconforme, para establecer la similitud de las conductas descritas en la derogada fracci�n XVIII del art�culo 194 y en el citado numeral 246-E, en nada trasciende que en este �ltimo, no se haya especificado la causaci�n de un perjuicio p�blico o privado, contemplado en la anterior disposici�n. Tampoco para establecer esa identidad existente entre ambas disposiciones, resulta relevante que en el nuevo dispositivo, se haya especificado que los lotes fraccionados, sean o puedan ser destinados para vivienda, comercio o industria, pues al margen de que se trata de una modalidad de la conducta, con la que no altera la sustancia del tipo delictivo, ni los ya se�alados elementos esenciales que ambas disposiciones contienen, es suficiente con analizar en su conjunto la fracci�n derogada, para advertir que tambi�n de manera impl�cita, inclu�a no s�lo que la acci�n de notificar fuera con los fines apuntados, sino que abarcan cualquier supuesto para el que se destinaran o pudieran destinarse los lotes fraccionados, circunstancia que si bien es cierto no aparec�a expresada en el concepto, ello no significa que no formara parte de la conducta antijur�dica recogida en el tipo penal, puesto que en la descripci�n de los tipos penales, siempre intervienen elementos de alcance diverso, que es imposible que el legislador los incluya en la descripci�n respectiva, pero que es factible inferir de su an�lisis integral, por lo que en suma, la circunstancia de que como se dijo, en el nuevo art�culo 246-E del C�digo Penal del Estado, se haya hecho referencia expresa a que los lotes, resultantes de fraccionar un predio, se destinen para vivienda, comercio o industria, no puede ser tampoco determinante para estimar que se trate de un tipo penal distinto al que se conten�a en la fracci�n XVIII del art�culo 194 del mismo ordenamiento legal. Si conforme a lo analizado, existe identidad sustancial entre la norma derogada y la vigente, el que se le haya dictado auto de formal prisi�n al inconforme, por el delito de fraude espec�fico, previsto y sancionado por la citada fracci�n XVIII del art�culo 194, en relaci�n con el 193, fracci�n II, del C�digo Penal del Estado, que corresponde a la disposici�n que se encontraba vigente en la �poca de comisi�n del delito, como acertadamente lo consider� la J. Federal, de ninguna forma se viol� en su perjuicio el principio de exacta aplicaci�n de la ley, habida cuenta de que no obstante por tratarse de una disposici�n derogada, fue jur�dicamente posible su aplicaci�n, acorde al principio de ultractividad de las leyes punitivas, que ciertamente, consiste en la aplicaci�n de una ley o disposici�n derogada o ya no vigente, en la medida que sea la m�s favorable al reo, ante la existencia de una nueva, a la que se incorpor� la conducta descrita en el precepto derogado, que como ya se vio, es el caso, principio que adem�s, conjuntamente con el relativo a la no retroactividad de la ley, salvo tambi�n si es m�s favorable al reo, se encuentra perfectamente regulado en la citada ley sustantiva del Estado de Q.�taro, en los art�culos 3o., 4o. y 5o., que como incluso se se�ala en la exposici�n de motivos de �sta, no es contrario a lo dispuesto por el art�culo 14 constitucional y que en cambio, soluciona problemas relacionados en la aplicaci�n de la ley penal en el tiempo. Tales numerales textualmente dicen: ?Art�culo 3o. Es aplicable la ley penal vigente en el tiempo de realizaci�n del delito.?. ?Art�culo 4o. Cuando entre la perpetraci�n del delito y la extinci�n de la pena o medida de seguridad se pusieren en vigor una o varias leyes aplicables al caso, las autoridades competentes estar�n a lo previsto en la ley m�s favorable al reo.?. ?Art�culo 5o. La ley dictada para regir por tiempo determinado o en una situaci�n excepcional, se aplicar� a los hechos cometidos durante su vigencia y aun despu�s de haber cesado �sta.?. Lo anterior implica que en el caso concreto, como bien lo continu� se�alando la a quo, al surgir la nueva figura que contempla el mismo supuesto jur�dico derogado y que como lo reconoce el propio inconforme, ya no se trata de un delito de querella sino de oficio, se encuentra considerado como delito grave y como se ver� enseguida, puede considerarse que tiene mayor penalidad que el anterior, en el que se requer�a la querella, no se estimaba como grave y su sanci�n, tambi�n por las razones que se dir�n era menor, fue acertado que atendiendo al contenido de los art�culos transcritos, determinara que la ley que m�s favorece al aqu� recurrente y que se aplic� ultractivamente en el auto de formal prisi�n, fue la derogada, pues si bien es cierto que la penalidad en la nueva, se precisa como de dos a ocho a�os de prisi�n y de ciento veinte a cuatrocientos d�as multa, que puede verse como menor, a la establecida para la fracci�n XVIII del art�culo 184 (sic), que se sanciona conforme al numeral 193 del C�digo Penal del Estado, que es de tres meses a cuatro a�os y hasta ciento ochenta d�as multa y de cuatro a diez a�os de prisi�n y de ciento ochenta hasta quinientos d�as multa, seg�n sea el caso respectivamente, de que el valor de lo defraudado exceda o no de seiscientas veces el salario m�nimo, no menos cierto resulta que como lo se�al� la resolutora, para el momento procesal en que se encuentra la causa, le beneficia al inconforme la aplicaci�n de esta disposici�n, supuesto que en principio, la caracter�stica de no ser un delito grave y perseguirse por querella necesaria, podr�a por una parte solicitar el beneficio de su libertad provisional bajo fianza y por otra, ante el eventual perd�n que otorgaran los ofendidos, traer�a como consecuencia la extinci�n de la acci�n penal, habida cuenta de los beneficios que le otorga la cuant�a de lo defraudado y la reducci�n de penas a la mitad, conforme a lo previsto en el art�culo 206 del mismo ordenamiento, beneficios a los que no se har�a acreedor, de aplicarse el art�culo 246-E del C�digo Penal en consulta. Las anteriores razones por las que no se puede convenir con el recurrente, en que por encontrarse derogada la norma anterior, ya no es posible aplicarla al haber concluido su vigencia, pues como se vio, por disposici�n de los art�culos 3o., 4o. y 5o. del C�digo Penal del Estado, que contempla los supuestos de la aplicaci�n de la ley penal en el tiempo, existen situaciones en las que habi�ndose perpetrado los hechos calificados como delito, bajo el imperio de una norma posteriormente derogada, es factible aplicar �sta, debido al principio de la ultractividad de la ley, as� como otras en las que es dable aplicar retroactivamente el nuevo dispositivo, que contenga el mismo supuesto que dej� de tener vigencia, siempre dependiendo de la norma que m�s le pudiera favorecer al reo, como es el caso en el que lo que ocurri�, fue s�lo la reubicaci�n del tipo de fraude espec�fico, previsto por la fracci�n XVIII del art�culo 194 del C�digo Penal del Estado, al art�culo 246-E del mismo ordenamiento, contenido en el t�tulo de los Delitos contra la seguridad y el orden en el desarrollo urbano, lo cual no contraviene de ninguna forma el art�culo 14 constitucional, pues el solo cambio de lugar del tipo, no implica que se haya despenalizado la conducta atribuida al recurrente, pues �sta contin�a consider�ndose como delictiva por los legisladores, tanto es as� que la reforma, seg�n su exposici�n de motivos, tuvo por objeto depurar la forma en que se prev� y castiga la conducta y ubicar el tipo en forma correcta en el C�digo Penal, sin que se hiciera una declaraci�n de que el objeto fuera, el de no considerar como delictuosa esa misma conducta; de ah� lo infundado de lo alegado por el revisionista. Por los conceptos jur�dicos que contienen, se citan en apoyo de lo hasta aqu� expuesto, las tesis sustentadas por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, identificadas con los n�meros P. XLIII/2000 y P. XXXVI/96, visibles en las p�ginas 100 y 456 de los Tomos XI, marzo de 2000 y III, marzo de 1996, respectivamente, del Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, que dicen: ?NOTORIA INEPTITUD O DESCUIDO EN EL EJERCICIO DE LA FUNCI�N JURISDICCIONAL. CONSTITUYE UN ERROR INEXCUSABLE DEJAR DE APLICAR UNA LEY DESACATANDO UNA DISPOSICI�N QUE ESTABLECE EXPRESAMENTE SU APLICACI�N.? (se transcribe). Y ?LEYES PENALES. SU DEROGACI�N NO NECESARIAMENTE PRODUCE LA IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO.? (se transcribe). Ahora bien, en relaci�n con lo alegado en el segundo de los agravios que se proponen, debe decirse que en principio es inexacto que en la resoluci�n combatida, no se hayan valorado las pruebas, con las que se acredit� que el recurrente intervino en la conducta que se le atribuy�, como tesorero de una asociaci�n civil, pues contrario a ello, se advierte que la J. de Distrito, para negar el amparo solicitado, advirti� que �ste pertenec�a con ese car�cter a la denominada ... y que precisamente esa circunstancia, acreditada con la escritura p�blica ... de tres de noviembre de mil novecientos noventa y siete, pasada ante la fe del notario p�blico n�mero ... de esta localidad, aunado a las querellas presentadas por cada uno de los ofendidos, a los contratos de promesa de compraventa celebrados con �stos, en relaci�n con lotes objeto del delito, a las cesiones de derechos relativas a los mismos, as� como a las documentales p�blicas, que demostraban la falta de los permisos correspondientes para fraccionar el terreno propiedad de ... hac�a que se encontraran acreditados los elementos del tipo penal de fraude espec�fico y que quien probablemente despleg� ese antijur�dico, fue dicho inconforme, probanzas que adem�s con acierto la a quo, estim� correctamente valoradas por la autoridad responsable en el auto de formal prisi�n reclamado, pues ciertamente, de ellas se desprende que quien ofreci� directamente a algunos de los ofendidos, la venta de los lotes de terreno en la denominada colonia... firmando incluso la documentaci�n respectiva y a quien adem�s le hicieron entrega de diversas cantidades de dinero con ese motivo, lo fue el propio recurrente de manera que para el momento procesal, ello es suficiente para estimar su probable responsabilidad, pues incluso, aunque es verdad que la J. Federal no consider� que dentro de las constancias aportadas por la autoridad responsable, obra un acta notarial de diecis�is de octubre de dos mil, relativa a la protocolizaci�n de la asamblea general extraordinaria, celebrada por la asociaci�n el veinticinco de marzo de dos mil, donde aparece que en uso de la palabra el inculpado, procedi� a distribuir un estado financiero de ingresos y egresos, manifestando que terminaba sus gestiones como tesorero de la aludida asociaci�n, el mismo como bien lo estim� el J. responsable en el auto de t�rmino constitucional, no es suficiente para desvirtuar las dem�s probanzas que lo inculpan, ya que el enga�o de que hizo v�ctima a los ofendidos, se llev� a cabo durante el tiempo que el inconforme perteneci� a la asociaci�n, dado que todos los compradores, hicieron la adquisici�n antes de la conformaci�n, en los t�rminos de esa acta, de la nueva mesa directiva adem�s de constar que en los documentos relativos a las cesiones de derechos, obra la firma del inculpado, conclusi�n alcanzada por la autoridad responsable que debe estimarse correcta, pues tal documento no adminiculado con ning�n otro medio de prueba, es insuficiente para desvirtuar las imputaciones, as� como para acreditar que no particip� en los ingresos de la sociedad por serle entregados a �sta, en raz�n de que como ahora lo alega, su actividad la desempe�aba a t�tulo de trabajador, habida cuenta que para el dictado del auto de formal prisi�n, no se requiere la demostraci�n plena de su responsabilidad, as� como del dolo a que se refiere dicho inconforme, pues no es sino hasta la sentencia definitiva, cuando el juzgador debe entrar al estudio de los aspectos moral o subjetivo del il�cito, entre los que se encuentran, el mencionado dolo, as� como cualquier circunstancia, relacionada con lo que asevera, en torno a que la asociaci�n de m�rito, en la que actu� como tesorero, fue conformada para procurar y dotar de vivienda a un precio bajo a personas con escasos recursos, lo que refleja un fin altruista o a la honestidad, con la que se sostiene se condujo, al se�alar en los contratos, que los terrenos se otorgaban sin servicio, dado el precio en que se vend�an y en fin, al da�o que con su conducta hubiera causado, o bien, si el hecho que argumenta, de que no hay detrimento econ�mico por encontrarse los ofendidos en posesi�n de lotes, sin que se haya visto interrumpida esa posesi�n, es suficiente para estimar que no lo caus�. En suma, del an�lisis integral del fallo recurrido, no se advierte que le cause alg�n agravio al peticionario de garant�as, ya que la J. Federal, de manera acertada y conforme a las constancias de autos, neg� el amparo y protecci�n de la Justicia Federal solicitada, al considerar que el auto de formal prisi�n reclamado, cumple con los extremos previstos en el citado art�culo 19 de la Carta Magna, habida cuenta que como se dijo, la ley no exige, que para el dictado de ese auto inicial del proceso, se cuente con pruebas plenas de culpabilidad del reo, siendo suficiente con que los datos que arroje la indagatoria, sean bastantes para la integraci�n de los elementos del tipo delictivo y hacer probable la responsabilidad del indiciado, esto es, como lo informa la jurisprudencia identificada con el n�mero 440, emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la p�gina 257 del Tomo II, Parte TCC, del Ap�ndice al Semanario Judicial de la Federaci�n de 1995, que dice: ?AUTO DE FORMAL PRISI�N. PARA DICTARLO NO SE REQUIERE PRUEBA PLENA DE RESPONSABILIDAD.? (se transcribe). En las relacionadas circunstancias, al encontrarse ajustada a derecho la resoluci�n impugnada, se impone confirmarla en sus t�rminos y negar el amparo solicitado."
Amparo en revisi�n penal 106/2004.
"QUINTO. Los agravios que hace valer el recurrente son, en una parte, ineficaces para el fin que su expresi�n procura y en otra, fundados y suficientes para revocar la resoluci�n recurrida y conceder el amparo. Ante todo cabe destacar que de las constancias de autos se advierte lo siguiente: Mediante oficio 1179/2003, el agente del Ministerio P�blico investigador adscrito a la Coordinaci�n de la Investigaci�n de Delitos Patrimoniales Ejecutados sin Violencia de la Procuradur�a General de Justicia del Estado, consign� sin detenido, la averiguaci�n previa penal n�mero DP/043/2003, ejerciendo acci�n penal y de reparaci�n del da�o contra ... por considerarlo probable responsable en la comisi�n del delito contra la seguridad y el orden en el desarrollo urbano, previsto y sancionado en el art�culo 246-E del C�digo Penal del Estado, en agravio de ... Del asunto correspondi� conocer a la J. Sexto de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Q.�taro, quien lo registr� bajo la causa penal n�mero 311/2003, siendo que el veintinueve de septiembre de dos mil tres, libr� orden de aprehensi�n contra ... por considerarlo probable responsable en la comisi�n del delito contra la seguridad y el orden en el desarrollo urbano, previsto y sancionado en el art�culo 246-E del C�digo Penal del Estado, en agravio de ... Contra la mencionada orden de captura y su ejecuci�n ... present� demanda de amparo indirecto de la que toc� conocer por turno al J. Segundo de Distrito 'B' en el Estado, quien luego que la admiti� y que prosigui� el juicio por sus tr�mites legales, el treinta de enero del presente a�o, en la audiencia constitucional, dict� sentencia en la que resolvi� negar la protecci�n federal solicitada. Inconforme con lo anterior el quejoso interpuso en el presente recurso. Precisado lo anterior, pasamos al estudio de los agravios que hace valer el recurrente. En principio, viene discutiendo, lo siguiente: 1. Que el a quo no analiz� y resolvi� el concepto de violaci�n en el que indic� que se est� ante la presencia de la 'sucesi�n de leyes en el tiempo', pues, no analiz�, ni verific� qu� diferencias y similitudes existen entre el precepto derogado (194, fracci�n XVIII) y el nuevo precepto en vigor (246-E), pues, simplemente se cerr� a considerar la 'traslaci�n del tipo', pero sin entrar al an�lisis comparativo mencionado como si la redacci�n literal del original art�culo 194, fracci�n XVIII, fuera exactamente la misma que la del nuevo art�culo 246-E; situaci�n que ser�a indispensable para estar ante una genuina y aut�ntica traslaci�n de tipo penal. Que el a quo, afirma que el delito es exactamente el mismo, como si s�lo se le hubiera cambiado el n�mero del art�culo que lo contiene, pasando por alto el cuadro comparativo de los elementos y circunstancias de los tipos penales que �l incluy� en su demanda de garant�as. Lo anterior es infundado. Ciertamente, como se advierte de la lectura detenida de la sentencia recurrida, y de la demanda de garant�as el J. de Distrito s� se ocup� de los conceptos de violaci�n que hizo valer el recurrente y, en especial, de aquel donde expuso las diferencias, que a su juicio, existen entre el ya derogado art�culo 194, fracci�n XVIII, del C�digo Penal del Estado y el actual 246-E del citado ordenamiento; considerando para ello el cuadro comparativo de los elementos y circunstancias de los tipos penales que el recurrente incluy� en su demanda de garant�as; tanto es as� que al respecto el juzgador de amparo sostuvo: ?... Ahora bien, en cuanto su primer motivo de inconformidad consistente en que el J. responsable viola en su perjuicio lo contenido en el art�culo 14 constitucional, toda vez que ha girado en su contra una orden de aprehensi�n, fundament�ndose en un precepto legal que no estaba vigente en la �poca de los hechos, pues los mismos ocurrieron antes del mes de agosto de dos mil dos, cuando los delitos contra la seguridad y el orden en el desarrollo urbano, a�n no exist�an legalmente, debiendo observar lo establecido en el art�culo 4o. del C�digo Penal para el Estado, en el sentido de que cuando al momento de la perpetraci�n del delito y la extinci�n de la pena o medida de seguridad, se pongan en vigor dos o m�s disposiciones aplicables al mismo caso, deber� aplicarse la que resulte m�s favorable al imputado, siendo que en el caso no se le est� aplicando la m�s favorable, pues considera que los elementos para la integraci�n del tipo penal descritos en el derogado art�culo 194, fracci�n XVII (sic), del C�digo Penal para el Estado, al ser mayores le favorecen aunado a que establece una menor penalidad. Lo anterior deviene infundado toda vez que, debe tomarse como punto de partida que la conducta delictiva que constituye el delito contra la seguridad y el orden en el desarrollo urbano, previsto por el art�culo 246-E del C�digo Penal en vigor para el Estado de Q.�taro, ya se encontraba contemplada por el art�culo 194, fracci�n XVIII, del C�digo Penal, vigente hasta el d�a 23 de agosto de dos mil dos, para el Estado de Q.�taro. En efecto, el art�culo 246-E del C�digo Penal en vigor para el Estado, a la letra dice: ?Art�culo 246-E. Al que por s� o por interp�sita persona transfiera o prometa transferir la posesi�n, la propiedad o cualquier otro derecho sobre uno o m�s lotes resultantes de fraccionar un predio, para que sean o puedan ser destinados para vivienda, comercio o industria, sin contar con la autorizaci�n para transferir expedida por las autoridades competentes.?. Por su parte, la fracci�n XVIII del art�culo 194 del C�digo Penal vigente hasta el d�a veintitr�s de agosto de dos mil dos, dec�a: ?XVIII. Al que por s� o por interp�sita persona, cauce perjuicio p�blico o privado al fraccionar y transferir o prometer transferir la propiedad, la posesi�n o cualquier otro derecho sobre un terreno urbano o r�stico, propio o ajeno, con o sin construcciones, sin previo permiso de las autoridades administrativas competentes o cuando existiendo �ste no se hayan satisfecho los requisitos en �l se�alados. Este delito se sancionar� aun en el caso de falta de pago total o parcial. Para los efectos penales se entiende por fraccionar la divisi�n de terrenos en lotes.?. Ahora bien, del an�lisis comparativo de los preceptos legales antes transcritos, contrario a lo estimado por el quejoso, se llega a la conclusi�n de que ambos preceptos contienen la misma conducta delictiva, pues sus elementos integrativos son los mismos, cambiando s�lo en cuanto a la forma de redacci�n, sin alterar la esencia de la conducta que se tipifica como delito, lo cual implica, que la conducta delictuosa solamente se traslad� de una norma penal a otra, esto es, dej� de existir �nicamente la fracci�n XVIII del art�culo 194, no as�, la figura delictiva que se regulaba por tal fracci�n, actualiz�ndose la llamada traslaci�n del tipo, que tiene lugar cuando una figura delictiva cambia de un precepto a otro, pero no deja de ser t�pica, pues hablar�amos de atipicidad cuando la conducta no encuadra en ning�n tipo penal, tampoco se puede sostener que haya falta de tipo, en raz�n de que la misma conducta contemplada en la fracci�n XVIII del art�culo 194, solamente se traslad� al art�culo 246-E del C�digo Penal vigente para el Estado de Q.�taro. En otras palabras, nunca ha dejado de ser considerado como delito la conducta prevista con anterioridad por el art�culo 194, fracci�n XVIII, pues solamente se dio una traslaci�n de un precepto a otro; sin que pase desapercibido el hecho de que ahora para la procedibilidad de este delito se necesite de una denuncia y no de una querella de hechos, pues al darse la traslaci�n de la conducta de un precepto legal a otro, se pone de manifiesto que la intenci�n del legislador no fue dejar de considerar esa conducta como delictuosa y menos dejar de sancionarla, cosa que ocurre cuando el creador de la norma, estima que la ley que va a derogar, ya no responde a los valores, necesidades y circunstancias imperantes en un lugar y tiempo determinados, pues en el caso en concreto, al fortalecer el supuesto contemplado en la fracci�n XVIII del art�culo 194, al considerarlo violatorio de otro bien jur�dico, pues antes atentaba �nicamente contra el individuo y su patrimonio, ahora se considera que atenta adem�s en contra de la sociedad, precisamente contra la seguridad y el orden en el desarrollo urbano, lo cual es l�gico y entendible, en cuanto a que la ley debe evolucionar y adecuarse a las necesidades de la sociedad que est� en constante transformaci�n. 2. Sigue aduciendo el recurrente: Que de la simple lectura de los dos preceptos en conflicto, esto es, del ya derogado 194, fracci�n XVIII, del C�digo Penal del Estado y del actual 246-E de ese ordenamiento, salta a la vista que existen las siguientes diferencias: a) Que el precepto derogado exig�a una conducta compleja que implicaba fraccionar y transferir o bien fraccionar y prometer transferir, es decir, no bastaba con fraccionar, sino que adem�s era necesario transferir o prometer transferir; mientras que en la nueva disposici�n, la conducta es menos exigente, pues tan s�lo consiste en transferir o prometer transferir. b) Que la ley anterior exig�a como elemento del tipo, no contar con los permisos de las autoridades competentes o, contando con ellos no reunir los requisitos exigidos en los mismos, mientras que el nuevo tipo penal requiere no contar con autorizaci�n expresamente para transferir; lo que significa que, conforme a la ley anterior cualquier autorizaci�n evitar�a el delito, mientras que conforme a la nueva, lo �nico que lo evitar�a ser�a la autorizaci�n especialmente para transferir, pero no cualquier otra autorizaci�n. c) Que mientras el tipo penal derogado exig�a como elemento el causar perjuicio p�blico o privado lo cual obviamente debe acreditarse, para poder dar por acreditado el cuerpo del delito, requisito que el C�digo de Procedimientos Penales del Estado de Q.�taro, exige para poder librar orden de aprehensi�n; el tipo penal actual no exige que exista y menos a�n que se acredite, la existencia de un perjuicio p�blico o de uno privado. d) Que el enga�o o aprovechamiento del error era otro elemento que exig�a el tipo penal derogado, que el tipo penal vigente ya no exige. Que el enga�o o aprovechamiento del error s� era un elemento del tipo derogado, pues aunque no estaba literalmente expresado, la conducta estaba incluida dentro del cap�tulo del C�digo Penal relativo al fraude, dentro de lo que se conoce como ?fraudes espec�ficos?, que no de los fraudes espurios que en el mismo art�culo 194 est�n incluidos, delitos que, conforme a su naturaleza, deb�an seguir la misma mec�nica que para el delito de fraude gen�rico, por cuanto que de cualquier forma deb�an reunir la mec�nica de que el sujeto activo asumiera una actitud falaz, ya fuera de enga�ar o de aprovecharse del error, para obtener o tratar de obtener un lucro indebido; siendo esto �ltimo una consecuencia directa y necesaria de la actitud falaz nexo de casualidad. e) Que seg�n el precepto derogado, el delito era perseguible por querella y ahora lo es por oficio. f) Que el tipo derogado no se�alaba a qu� ser�an o podr�an ser destinados los lotes, mientras que el nuevo exige que los lotes sean o puedan ser destinados para vivienda, comercio o industria; los anteriores argumentos son infundados. En efecto, las conductas descritas en el derogado art�culo 194, fracci�n XVIII y la que actualmente prev� el art�culo 246-E, ambos del C�digo Penal del Estado, son las mismas seg�n se advierte del siguiente estudio comparativo.

Ver estudio comparativo 1


"La anterior transcripci�n permite establecer que ambos preceptos contemplan los siguientes elementos t�picos: 1) La forma de participaci�n, que puede ser por s� o por interp�sita persona. 2) Diversas formas de acci�n t�pica y actualizaci�n alternativa, ya sea al fraccionar (dividir terreno [s] en lotes) y transferir o prometer transferir la propiedad, la posesi�n o cualquier derecho sobre un terreno urbano o r�stico; de ah� que contrariamente a lo se�alado por el recurrente, las formas de comisi�n del injusto sean iguales en ambos preceptos. 3) Un objeto material: un terreno urbano o r�stico, con o sin construcci�n, propio o ajeno, sobre el que se realice f�sica o jur�dicamente un fraccionamiento o divisi�n. 4) Un elemento normativo, consistente en la ausencia del permiso previo de las autoridades competentes o la existencia de dicho permiso, sin que se hayan reunido los requisitos se�alados en dicho permiso. Sin que sirva para concluir que no hay coincidencia en este elemento entre el precepto vigente y el derogado, la circunstancia de que el primero exija para que no se actualice el delito ?contar con la autorizaci�n para transferir expedida por las autoridades competentes?, para que no se actualice el delito y el derogado precisare no contar con el ?permiso de las autoridades administrativas competentes?; pues el hecho de que este �ltimo exigiera que el permiso proviniera de ?autoridad competente?, significaba, en vista de que era necesario fraccionar y transferir o prometer transferir derechos sobre lotes; que lo que en realidad se ped�a era contar con permiso para transferir, expedido precisamente por la autoridad encargada de autorizar que se transfirieran derechos sobre lotes y no de una autoridad distinta a �sta, que es justamente lo que exige el precepto actual; de ah� lo infundado de lo argumentado por el recurrente. Por consiguiente, la circunstancia de que el precepto actual exija, para no configurar el delito ?contar con la autorizaci�n para transferir expedida por las autoridades competentes? y no ?permiso de las autoridades administrativas competentes?; no significa que haya variado el requisito, sino que fue aclarada y precisada la redacci�n del mismo. 5) La causaci�n de un perjuicio tanto p�blico y privado. Para llegar a la anterior conclusi�n no es obst�culo lo que aduce el recurrente, en el sentido de que la causaci�n de un perjuicio p�blico o privado, no est� expresamente previsto en el art�culo 246-E del C�digo Penal de Q.�taro. En efecto, que la causaci�n de un perjuicio privado o p�blico no se encuentra prevista expresamente en el texto mismo del precepto en estudio, no es suficiente para considerar que se trata de un tipo penal distinto al que conten�a el derogado art�culo 194, fracci�n XVIII, pues en forma impl�cita s� se contempla dicho elemento, en la forma que, la dogm�tica penal, conoce como un presupuesto de hecho del tipo. Ciertamente, en todos los tipos penales existen presupuestos de hecho (lo que algunos renombrados autores equiparan con el concepto de tipo penal objetivo, que integra tanto la actualizaci�n de un delito, como el resultado, o bien, lo que otros autores llaman principio de lesividad o nulla poena, nullum crimen, nula lex poenalis, sine iniuria: ?no existe pena, delito, ni norma penal que no contemple una lesi�n al bien jur�dico tutelado?, es decir, un bien jur�dico que se ve afectado y cuya protecci�n est� garantizada en el tipo penal. Desde esta �ptica, todas las conductas que el derecho penal reputa como delictuosas, suponen la causaci�n de un da�o, ya sea social o particular; pues de otro modo no se justificar�a la represi�n penal aplicada al responsable. En ese sentido, no existe delito cuando la acci�n no afecta un bien jur�dico, ya sea porque lo pone en riesgo (los llamados tipos penales de peligro o de mera conducta) o bien, porque afecta material, cultural o f�sicamente el bien protegido. En otras palabras, es il�gico que se considere como delito, aquello que no causa ning�n perjuicio a la sociedad o a uno de sus integrantes; luego, el derecho penal parte de la base de que, si la conducta es intrascendente para la convivencia social, entonces no debe ser castigada. Pero, si la conducta est� contemplada como delito en el C�digo Penal, es inconcuso que ello se debe aque se trata de una conducta que ocasiona da�os o pone en riesgo los bienes jur�dicos tutelados y, por tanto, no hay un solo tipo, en los C�digos Penales modernos, que no presuponga la lesi�n a un bien protegido por la norma penal. En ese sentido, es inconcuso que aun cuando el art�culo 246-E del C�digo Penal, no contempla, expresamente, la lesi�n a un bien jur�dico tutelado, lo cierto es que impl�citamente s� la consign�, pues no es necesario que en �l se cite expresamente, porque de todos modos debe causarse, pues ya se dijo que resulta il�gico que se considere como delito aquello que no ocasiona ninguna lesi�n a un bien jur�dico protegido, y la naturaleza de ese perjuicio debe entenderse que es tanto privado como p�blico, pues de la exposici�n de motivos del citado precepto, que transcribe el propio recurrente en su pliego de agravios, se advierte que ese delito no s�lo afecta ?el patrimonio del particular?, lo que naturalmente conlleva un perjuicio privado, sino que adem�s lesiona ?los principios del desarrollo urbano ordenado y ajustado a la ley?, que naturalmente supone un perjuicio p�blico; de ah� que contrariamente a lo se�alado por el recurrente, ambos preceptos contemplen como elementos la causaci�n de un perjuicio privado como p�blico. Tampoco es obst�culo para establecer que s� existe identidad entre ambas disposiciones en cuanto al elemento en estudio, la circunstancia de que, en el nuevo dispositivo, se haya especificado que los lotes fraccionados, sean o puedan ser destinados para vivienda, comercio o industria, pues al margen de que se trata de una modalidad de la conducta, con las que no altera la sustancia del tipo delictivo, ni los ya se�alados elementos esenciales que ambas disposiciones contienen, es suficiente con analizar en su conjunto la fracci�n derogada, para advertir que tambi�n de manera impl�cita, inclu�a no s�lo que la acci�n de lotificar fuera con los fines apuntados, sino que abarcaba cualquier supuesto, para los que se destinaran o pudieran destinarse los lotes fraccionados, circunstancia que si bien es cierto no se aprecia expresada en el precepto, ello no significa que no formara parte de la conducta antijur�dica recogida en el precepto derogado, puesto que en la descripci�n de los tipos penales, siempre intervienen elementos de alcance diverso, que es imposible que el legislador los incluya en la descripci�n respectiva, pero que es factible inferir de su an�lisis integral, por lo que en suma, la circunstancia de que como se dijo, en el nuevo art�culo 246-E del C�digo Penal del Estado, se haya hecho referencia expresa a que los lotes, resultantes de fraccionar un delito, se destinen para vivienda, comercio o industria, no puede ser tampoco determinante para estimar que se trate de un tipo penal distinto al que se conten�a en la fracci�n XVIII del art�culo 194 del mismo ordenamiento legal. Pero adem�s, lo cierto es que con independencia de cu�l de los dos preceptos en comento se aplicara, para calificar como delictiva la conducta que se atribuye al quejoso, ello no violar�a las garant�as de �ste, pues en ambos preceptos cabr�a perfectamente esa conducta. Se dice lo anterior, habida cuenta que los lotes, en cuyo fraccionamiento se atribuye al quejoso haber intervenido, se destinar�an, seg�n el dicho de los ofendidos, para casa habitaci�n, y esa finalidad quedar�a inmersa en el precepto derogado, pues �ste no exig�a que se destinaran a un fin espec�fico, o bien, en el precepto vigente, ya que �ste expresamente refiere que deben destinarse para vivienda. Por otro lado, contrariamente a lo se�alado por el recurrente, es falso que en el precepto derogado, esto es, en el art�culo 194, fracci�n XVIII, del C�digo Penal del Estado, se exigiera como elemento constitutivo el enga�o o el aprovechamiento del error; pues como se aprecia de su lectura detenida, tan s�lo contemplaba como elementos los que han sido precisados, de ah� lo infundado de ese argumento. Pero independientemente de lo anterior, aun cuando, como lo afirma el quejoso, lo l�gico y natural ser�a, atendiendo a una correcta t�cnica legislativa, que al estar el art�culo 194, fracci�n XVIII, del c�digo punitivo local, en el cap�tulo del fraude, que lo es el IV, del t�tulo d�cimo de los ?Delitos contra el patrimonio?, requiera para su configuraci�n la concurrencia de una conducta falaz, esto es, de un enga�o o bien del aprovechamiento de un error; lo cierto es que no lo exig�a; tanto es as� que, el tipo delictivo se sac� del cap�tulo del fraude y del t�tulo en comento y se pas� a un nuevo precepto, que antes no exist�a y que es el citado 246-E del tambi�n nuevo cap�tulo �nico: ?Delitos contra la seguridad y el orden en el desarrollo urbano?, del igualmente reci�n creado t�tulo octavo, que lleva la misma denominaci�n que dicho cap�tulo �nico, de ah� lo infundado de los planteamientos del solicitante del amparo. Asimismo, no le asiste la raz�n al recurrente cuando afirma que por el hecho de que el tipo derogado fuera perseguible por querella de parte y el actual lo sea de oficio, ambos tipos son distintos; puesto que, el requisito de la querella o de la denuncia, nunca pueden ser considerados como elementos del tipo penal, habida cuenta que tan s�lo constituyen presupuestos procesales del procedimiento penal, sin cuya satisfacci�n el enjuiciamiento no debe iniciarse; de ah� que en nada afecte la naturaleza id�ntica de ambos tipos, la circunstancia de que el precepto derogado dispusiere que el delito se persegu�a por querella y el vigente dispone que lo es, pero de oficio, pues, se insiste, ello tan s�lo influye sobre los presupuestos procesales mas no sobre los elementos t�picos. Por lo hasta aqu� expuesto, cabe concluir que como son id�nticos los elementos t�picos que establec�a, por un lado, el derogado art�culo 194, fracci�n XVIII y por el otro, el vigente numeral 246-E, ambos del C�digo Penal; en realidad hacen referencia a un mismo tipo penal. Sigue se�alando el recurrente: 3. Que varias de las personas que aparecen como presuntos ofendidos, en realidad nunca formularon querella, dado: a) Que ... se limita solamente a hacer un relato de hechos, pero en ning�n momento expresa su voluntad de que se persiga el supuesto delito, lo cual t�cnicamente no puede tenerse como querella. b) Que ... se limita exclusivamente a hacer un relato de hechos, pero en ning�n momento se querella, es decir, no solicita la persecuci�n del delito ni manifiesta expresamente su voluntad de que se proceda legalmente, tal como se exige legalmente para decir que se est� ante la presencia de una querella. c) Que el presunto ofendido ... se�ala que formula ?querella? por los ?delitos contra la seguridad y el orden en el desarrollo urbano?, pero nunca se querella por la supuesta omisi�n del delito de fraude, raz�n por la que no es posible conocer su verdadera voluntad en cuanto a si era su deseo formular o no querella por el supuesto delito de fraude, que es el que en todo caso podr�a eventualmente haberse cometido, por lo que no puede por esta causa, tenerse por satisfecho el requisito de querella que la ley exige. d) Que ... manifiesta que formula ?denuncia? por delitos contra la seguridad y el orden en el desarrollo urbano, pero en ning�n momento formula ?querella? por delito alguno, es decir, no se 'querella' por el delito de fraude; por lo que en el caso de esta persona tampoco se re�ne el requisito de procedibilidad legalmente exigido. No tiene raz�n el recurrente en sus argumentos porque, de la lectura detenida de los deposados ministeriales de las personas en cita y que obran en autos, consta que ellas al acudir ante el Ministerio P�blico, puntualizaron los hechos que a su juicio eran constitutivos de delitos cometidos en su perjuicio; deposados de los que incluso se advierte su voluntad de que esa autoridad investigara los hechos que pon�an en su conocimiento; circunstancia que por s� sola es bastante para considerar que s� se satisfizo la querella. Sin que por ende, fuese necesario, como equivocadamente lo aduce el recurrente, que sacramentalmente dichas personas manifestaran que formulaban ?querella?, o que era su deseo que se persiguiera el delito o delitos cometidos en su contra u otra frase por el estilo; mucho menos que adujeran que se querellaban por el delito de fraude o contra la seguridad y el orden en el desarrollo urbano. Lo as� afirmado encuentra apoyo en la jurisprudencia 286, consultable en la p�gina 210 del Tomo II, Penal, jurisprudencia SCJN, Quinta �poca, del Ap�ndice 2000, sustentada por la Primera S. de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, que es de los siguientes rubro y texto: ?QUERELLA NECESARIA.? (se transcribe). Tambi�n es aplicable al caso la tesis 2245 del Tomo LII del Semanario Judicial de la Federaci�n, Quinta �poca de la citada Primera S., que es del contenido siguiente: ?QUERELLA NECESARIA.? (se transcribe). As� como en la tesis consultable en la p�gina 4274, Tomo XLVII, Quinta �poca, del citado �rgano de publicaci�n jurisprudencial de la mencionada Primera S., que es del tenor literal siguiente: ?QUERELLA NECESARIA.? (se transcribe). Finalmente es aplicable la tesis visible en la p�gina 1658 del Tomo CXXII, Quinta �poca, del �rgano de publicaci�n oficial en cita, de la multicitada S., que es del tenor literal siguiente: ?QUERELLA NECESARIA.? (se transcribe). En vista de lo hasta aqu� expuesto este tribunal considera, que como los hechos que se imputan al quejoso encuadran tanto en el ya derogado numeral 194, fracci�n XVIII, del C�digo Penal del Estado como el vigente 246-E del mismo ordenamiento, en vista de que los elementos constitutivos de ambos preceptos son los mismos; de entrada, no agravia al quejoso la circunstancia de que el J. Sexto de Primera Instancia Penal del Distrito Judicial de Q.�taro, en la causa penal de origen, luego de valorar las constancias procesales de autos y efectuando una evaluaci�n de las mismas, en t�rminos de los art�culos 246 y 247 del C�digo de Procedimientos Penales vigente en el Estado, haya considerado que por los hechos probados se ten�a por acreditado el cuerpo del delito contra la seguridad y el orden en el desarrollo urbano, previsto y sancionado en el art�culo 246-E del c�digo punitivo estatal, en agravio de ... as� como la probable responsabilidad en su comisi�n del aqu� quejoso. Pues, efectivamente, de las pruebas en que fund� dicha determinaci�n, justipreciadas a la luz de los art�culos 152, 179, 208, 209, 210, 211, 213 y 215 del C�digo de Procedimientos Penales del Estado, entre las que emergen las declaraciones ministeriales de ... declaraci�n de ... documentales exhibidas por ... respectivamente; actuaciones dentro de la averiguaci�n previa n�mero ... como son los oficios n�meros SEDUR/429/2003, de fecha veintis�is de mayo de dos mil tres y SEDUR/590/03 de fecha veinticinco de junio del a�o dos mil tres, ambos signados por ... secretario de Desarrollo Urbano, Obras P�blicas y Medio Ambiente del Municipio de Corregidora, dirigido a ... y 018288, emitido por el secretario de Desarrollo Urbano y Obras P�blicas del Estado, de fecha primero de julio de dos mil tres; se advierte como bien lo consider� el J. responsable, que hasta este momento se encuentra acreditado que, probablemente el quejoso ... fue una de las personas que particip� en el fraccionamiento de una porci�n de parcela 18, ubicado en el ... mediante su intervenci�n en la venta que se hizo de lote a varias personas, por las que �stas entregaron en diferentes fechas, enganches, esto es, cantidades de dinero, bajo la promesa de que les transferir�an la propiedad de las construcciones que en ellos se edificar�an, dado que en dicho lugar, supuestamente se realizar�a un fraccionamiento de nombre ... sin contar para ello con la autorizaci�n para transferir expedida por las autoridades competentes. De tal modo que, se insiste, como los elementos t�picos que prev� el actual 246-E del c�digo punitivo del Estado, son los mismos que contiene el derogado numeral 194, fracci�n XVIII, del mismo ordenamiento; el hecho de que se tenga por demostrado el cuerpo de tal injusto as� como la probable responsabilidad del quejoso en su comisi�n, en un inicio no se viol� sus garant�as individuales, pues, ambos extremos, ya sea considerando un precepto o el otro, ciertamente est�n acreditados, pues a fin de cuentas, los dos contienen el mismo tipo penal. Sin que obste a lo anterior, que el recurrente aduzca que, no se acredit� el cuerpo del delito, por lo siguiente: a) Que la conducta carece de tipicidad porque no existe el bien jur�dicamente tutelado que transgredir. Lo anterior es infundado porque el derogado numeral 194, fracci�n XVIII, del C�digo Penal del Estado, preve�a como bien jur�dicamente tutelado el patrimonio de las personas, por estar contenido en el t�tulo de delitos contra el patrimonio; en tanto que el vigente 246-E del mismo ordenamiento, protege tanto a dicho patrimonio como a la seguridad y el orden en el desarrollo urbano, seg�n se aprecia de la lectura de la exposici�n de motivos que el propio recurrente transcribe en su pliego de agravios como de la denominaci�n del cap�tulo en el que se ubica tal precepto que lleva por nombre, cap�tulo �nico ?Delitos contra la seguridad y el orden en el desarrollo urbano?. b) Que no se acredit� que existiera una actitud falaz, pues los presuntos ofendidos y los testigos que han declarado, en todo momento se reconocen sabedores de que se trata de un proyecto sindical, en el que �l s�lo era un comisionado; de que estaban otorgando una aportaci�n para que con ella se pudiera realizar el proyecto que derivar�a en la asignaci�n de una vivienda a favor de los participantes; de que deb�an obtenerse cr�ditos o financiamientos para la debida ejecuci�n del proyecto; en suma, de todas las caracter�sticas y especificaciones del proyecto; por lo que no hubo tipicidad. Tal argumento es ineficaz puesto que, seg�n se dej� dicho en apartados anteriores, tanto en el precepto derogado como el vigente, no figura como elemento constitutivo el enga�o y el aprovechamiento del error, o sea, la conducta falaz; por lo que, no ten�a por qu� probarse tal conducta y por ende, para tener por demostrado el cuerpo del delito en comento, carece de importancia el que se haya probado o no aquella conducta. c) Que en el sumario no existe medio de prueba que acredite la existencia de una transferencia o de una promesa de transferencia, de cualquier derecho sobre uno o m�s lotes que resulten de fraccionar un predio, pues todo lo que reiterativamente han expresado los presuntos ofendidos y sus respectivos testigos, es que se les ofreci� la posibilidad de desarrollar un proyecto de vivienda, para lo cual era menester realizar algunas aportaciones iniciales a las que convencionalmente se les conoci� con el nombre de enganches. d) Que en ning�n momento se llev� a cabo un fraccionamiento o una divisi�n f�sica del inmueble, pues el mismo ni siquiera ha sido dividido en lotes; tal como lo verific� el Ministerio P�blico al realizar la inspecci�n y constatar que el inmueble no est� dividido o fraccionado, lo cual se corrobora con declaraciones diversas de quienes relatan que fueron a conocer el terreno y que lo vieron sin divisi�n o fraccionamiento de ninguna especie; que por lo anterior, aun si evidentemente hubiera existido alguna transferencia o promesa de transferencia de derechos sobre lotes -que no la hubo como ya se expres�- no se reun�a el presupuesto exigido por el tipo penal en el sentido de que tales lotes fueran el resultado de fraccionar un predio. Los anteriores argumentos son ineficaces. En efecto, como ya qued� indicado, contrariamente a lo que argumenta el recurrente, con las pruebas que quedaron precisadas p�rrafos atr�s, principalmente con las declaraciones de los ofendidos ... as� como con la del testigo ... est� probado que dos sujetos activos fraccionaron una porci�n de la parcela ... ubicado en el ... mediante las ventas que hicieron de lotes de dicho predio y que prometieron transferir las construcciones que en ellos aseguraron que edificar�an; por lo que las personas con quienes convinieron esas operaciones dieron como ?enganche?, es decir, como anticipo, diversas cantidades de dinero. No es obst�culo a lo anterior que en autos del juicio natural no haya quedado probado, hasta el momento, la existencia material o f�sica del fraccionamiento que los sujetos activos prometieron realizar y que tampoco se haya probado la divisi�n f�sica, esto es, en lotes de un inmueble; pues, la exigencia del tipo que se tuvo por demostrado consiste en que adem�s de transferir o prometer transferir, se fraccione, esto es, se divida un terreno en lotes, no se satisface exclusivamente cuando el terreno en cuesti�n queda materialmente dividido en lotes, sino tambi�n cuando jur�dicamente tal terreno sufre esa divisi�n, como sucede cuando sobre un terreno unitario uno o m�s sujetos realizan ventas o promesas de venta; de tal modo que la unidad territorial que se ten�a, al menos en un plano jur�dico, queda convertida en peque�os lotes, aunque no se refleje materialmente esa divisi�n en el terreno en cuesti�n. As� las cosas, desde el momento en que, por lo visto, qued� probado que dos sujetos activos intervinieron en la venta de lotes sobre la parcela 18, ubicado en el ... operaci�n que realizaron con varias personas, quienes a cambio de la misma dieron enganches; qued� satisfecho el requisito de que se viene hablando, o sea, el de una conducta consistente en fraccionar. e) Que en autos no existe prueba que demuestre que se haya causado, alg�n perjuicio p�blico o privado, que no se demuestra, por cuanto que no se ha conformado ning�n asentamiento humano irregular, ni se ha generado consecuencia alguna con motivo del proyecto de vivienda que se ha venido desarrollando; porque las aportaciones hechas por las personas a quienes las responsables reconocen el car�cter de ofendidos, no constituyen una riqueza que hayan perdido, dado que en ning�n momento se desconocen tales aportaciones ni que fueren aplicables al desarrollo del proyecto que en su momento derivar� en la asignaci�n de una vivienda, ni pueden catalogarse como un perjuicio. Que por lo anterior la conducta no fue t�pica, seg�n lo previsto en el art�culo 25, fracci�n II, del C�digo Penal. Lo anterior es infundado por cuanto que, desde el momento en que se demostr� que dos personas fraccionaron un terreno mediante la venta de lotes que hicieron del mismo y que prometieron transmitir la propiedad sobre las construcciones que en ellos edificar�an, sin contar con la autorizaci�n para transferir expedida por las autoridades competentes, con ello causaron un perjuicio p�blico y privado, y por consiguiente quedaron satisfechos todos los elementos de la descripci�n legal del tipo penal; raz�n por la que no se actualiz� la causa de inexistencia del delito que invoc� el recurrente, esto es, la prevista en el art�culo 25, fracci�n II, del C�digo Penal, que dispone: ?Art�culo 25. Son causas de inexistencia de delito: ... II. Cuando falte alguno de los elementos de la descripci�n legal.?. Sin que para ello importe que no se haya demostrado la existencia de asentamientos humanos ni la disposici�n por los sujetos activos de los enganches dados por los ofendidos, pues estas cuestiones, no forman parte de los elementos del tipo en comento, seg�n se ha sostenido en este fallo. Tampoco obsta para tener por demostrada la probable responsabilidad del quejoso, el que �ste venga aduciendo al respecto, lo siguiente: a) Que no se acredit� que existiera una actitud falaz de su parte, pues los presuntos ofendidos y los testigos que han declarado, en todo momento se reconocen sabedores de que se trata de un proyecto sindical, en el que �l s�lo es un comisionado; de que estaban otorgando una aportaci�n para que con ella se pudiera realizar el proyecto que derivar�a en la asignaci�n de una vivienda a favor de los participantes; de que deb�an obtenerse cr�ditos o financiamientos parala debida ejecuci�n del proyecto; en suma, de todas las caracter�sticas y especificaciones del proyecto. Lo anterior es ineficaz porque, por lo dicho en este fallo, el enga�o y el aprovechamiento del error, esto es, una conducta falaz, no figura como elemento constitutivo del tipo penal en estudio, por ende, no ten�a por qu� demostrarse que �l llev� a cabo una conducta de esa naturaleza; de ah� que el hecho de que la misma est� o no probada en la orden reclamada, en nada afecta sus garant�as individuales. b) Que �l nunca obtuvo ni pretendi� obtener beneficio econ�mico alguno, pues las aportaciones eran depositadas en una cuenta bancaria de la que �l no era titular. Que est� demostrado que las aportaciones de los participantes del proyecto de vivienda, se hicieron mediante dep�sito a una cuenta bancaria que ni siquiera estaba a su nombre. El anterior argumento tambi�n es ineficaz porque, de lo expuesto en este estudio, no aparece que sea un elemento constitutivo del tipo penal en comento, que el sujeto activo del delito se haga para s� o para otro de un lucro o que obtenga alguna ventaja econ�mica; de ah� que, el que tal situaci�n est� o no acreditada en la orden reclamada, tampoco afecta sus garant�as individuales; por lo que carece de importancia que la cuenta bancaria en donde los ofendidos depositaron los enganches, est� o no a nombre del impetrante. c) Que no existe prueba de que �l de manera personal o por interp�sita persona, haya fraccionado inmueble alguno y que tampoco transfiri� ni prometi� transferir derecho alguno sobre lote o terreno alguno. d) Que por el contrario, existen en el expediente algunos contratos que los participantes del proyecto llegaron a firmar o se proyectaba firmar, pero no con �l, sino con la empresa encargada de desarrollar el proyecto. e) Que m�s bien, como se desprende de las diversas declaraciones rendidas dentro de la causa, �l s�lo fungi� como el ejecutor de un proyecto sindical relativo en dar a los interesados las explicaciones que solicitaban respecto al proyecto de vivienda, obviamente conforme a lo que a �l mismo se le hab�a explicado e instruido, y estribaba tambi�n en indicar a dichos interesados en d�nde y a nombre de qui�n deber�an depositar el dinero de sus aportaciones, para as� poder reunir un fondo econ�mico que junto con lo que aportara una empresa financiadora, permitir�a contar con los recursos necesarios para llevar a cabo la construcci�n de viviendas que en su momento pasar�an a ser propiedad de las personas participantes. Los anteriores argumentos son infundados en la medida que, contrariamente a lo se�alado por el recurrente, con las pruebas que ya quedaron precisadas en este estudio y fundamentalmente con las declaraciones de los ofendidos, est� claro que �l probablemente fue una de las personas que intervinieron en el fraccionamiento de la parcela ... pues, probablemente particip� en la venta de lotes y en la promesa de transferir la propiedad de las construcciones que sobre tales lotes se edificar�a, sin contar para ello con la autorizaci�n para transferir expedida por las autoridades competentes. Sin que en el caso est� probado que el quejoso haya actuado bajo la causal exclusi�n del delito, prevista en el art�culo 25, fracci�n XVI, del C�digo Penal del Estado, esto es, que haya actuado en cumplimiento de lo mandado por el secretario de la secci�n estatal. Se asegura lo anterior porque, para que el juzgador pueda declarar procedente una causal de exclusi�n del delito, �sta debe estar plenamente acreditada y por consiguiente, s�lo cuando el J. responsable no la declare as� pese a estar probada, procede amparar. Sobre el particular cabe invocar la tesis consultable en la p�gina 26 del tomo LX, Segunda Parte, Sexta �poca del Semanario Judicial de la Federaci�n, sustentada por la Primera S. de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, que es del rubro y texto siguientes: ?EXCLUYENTE DE RESPONSABILIDAD (LEGISLACI�N DEL ESTADO DE NUEVO LE�N).? (se transcribe). As� como la diversa tesis visible en la p�gina 46 del Informe 1962, Sexta �poca, tambi�n de la Primera S., que es del tenor literal siguiente: ?EXCLUYENTE DE RESPONSABILIDAD (LEGISLACI�N DEL DISTRITO Y TERRITORIOS FEDERALES).? (se transcribe). Ahora bien, el citado numeral 25, en su fracci�n XVI, dispone, lo siguiente: ?Art�culo 25. Son causas de inexistencia de delito: ... XVI. Obedecer la orden de un superior en el orden jer�rquico aun cuando su ejecuci�n constituya un delito si esta circunstancia no es notoria ni se prueba que el acusado la conoc�a.?. De lo anterior se tiene que, para que opere la causa de exclusi�n en cita se requiere, en primer lugar, demostrar que existe una relaci�n de dependencia entre quien manda el acto lesivo y quien lo ejecuta; en segundo t�rmino, que la ilicitud del mandato de ataque al objeto u objetos protegidos por el derecho, no sea notoria para el agente ejecutor, y, finalmente, que no exista prueba cognitiva de parte de este �ltimo; de modo que si no est� probado uno de esos presupuestos, la excluyente no operar�. En el caso, hasta el momento no se satisface el primero de los presupuestos de la excluyente en estudio, en la medida que no est� plenamente acreditado que entre el sindicato referido por el quejoso y �ste existiera una relaci�n de dependencia, esto es, que este �ltimo estuviese subordinado jer�rquicamente a dicho sindicato; lo que orilla a concluir que la J. responsable no ten�a por qu� declarar procedente la excluyente en comento; de ah� lo infundado del argumento que se analiza. Sirve de apoyo a la anterior conclusi�n la tesis consultable en la p�gina 1556 del Tomo CXXI del Semanario Judicial de la Federaci�n, Quinta �poca, aprobada igualmente por la Primera S., que es del siguiente contenido: ?OBEDIENCIA JER�RQUICA COMO EXCLUYENTE.? (se transcribe). Finalmente, donde s� asiste raz�n al recurrente, es en lo siguiente: Que la disposici�n m�s favorable para el imputado era la que estaba vigente al realizarse la conducta y no la que se puso en vigor a partir del 24 de agosto de 2002. Que constituye un error inexcusable del juzgador que no le aplicara la ley derogada a los hechos delictivos ocurridos durante su vigencia. Que lo anterior era procedente conforme a la tesis P. XLIII/2000, consultable en la p�gina 100 del Tomo XI, marzo de 2000, del Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, Novena �poca, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, de rubro: ?NOTORIA INEPTITUD O DESCUIDO EN EL EJERCICIO DE LA FUNCI�N JURISDICCIONAL. CONSTITUYE UN ERROR INEXCUSABLE DEJAR DE APLICAR UNA LEY DESACATANDO UNA DISPOSICI�N QUE ESTABLECE EXPRESAMENTE SU APLICACI�N.?. Que en los casos ocurridos antes del veinticuatro de agosto de dos mil dos, en que entr� en vigor el numeral 246-E del C�digo Penal del Estado, que cre� el delito contra la seguridad y el orden en el desarrollo urbano, s�lo son perseguibles por querella; como ocurri� en la especie. En efecto, los art�culos 3o., 4o. y 5o. del c�digo punitivo local, establecen: ?Art�culo 3o. Es aplicable la ley penal vigente en el tiempo de realizaci�n del delito.?. ?Art�culo 4o. Cuando entre la perpetraci�n del delito y la extinci�n de la pena o medida de seguridad se pusieren en vigor una o varias leyes aplicables al caso, las autoridades competentes estar�n a lo previsto en la ley m�s favorable al reo.?. ?Art�culo 5o. La ley citada para regir por tiempo determinado o en una situaci�n excepcional, se aplicar� a los hechos cometidos durante su vigencia y aun despu�s de haber cesado �sta.?. La lectura cuidadosa de los preceptos transcritos permiten establecer que en ellos se contiene el principio de ultractividad de las leyes punitivas, que ciertamente como lo afirma el recurrente, consiste en la aplicaci�n de una ley o disposici�n derogada o ya no vigente, en la medida que sea la m�s favorable al reo, ante la existencia de una nueva, a la que se incorpor� la conducta descrita en el precepto derogado; tal como incluso se se�ala en la exposici�n de motivos de dicho c�digo; lo que no es contrario a lo dispuesto por el art�culo 14 constitucional y que en cambio , s� soluciona problemas relacionados en la aplicaci�n de la ley penal en el tiempo. En ese sentido, es posible concluir que el J. responsable no advirti� al momento de librar la orden de aprehensi�n reclamada que, en esa fase del enjuiciamiento penal, lo que m�s beneficiaba al enjuiciado era que los hechos que se le atribu�an, que si bien, por lo dicho en este fallo encuadraban en lo dispuesto en el actual numeral 246-E del C�digo Penal del Estado, cuyos elementos t�picos son los mismos que conten�a el derogado art�culo 194, fracci�n XVIII; se subsumieran en lo previsto en este �ltimo numeral, lo que permitir�a al quejoso, primero, disfrutar de la libertad provisional bajo cauci�n, ya que el delito citado en �ltimo t�rmino no es considerado como grave y segundo, obtener el perd�n de los ofendidos, dado que dicho delito se sigue por querella de parte. Por los conceptos jur�dicos que contienen, se citan en apoyo de lo hasta aqu� expuesto, las tesis sustentadas por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, identificadas con los n�meros P. XLIII/2000 y P. XXXVI/96, visibles en las p�ginas 100 y 465, de los Tomos XI, marzo de 2000 y III, marzo de 1996, respectivamente, del Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, que dicen: ?NOTORIA INEPTITUD O DESCUIDO EN EL EJERCICIO DE LA FUNCI�N JURISDICCIONAL. CONSTITUYE UN ERROR INEXCUSABLE DEJAR DE APLICAR UNA LEY DESACATANDO UNA DISPOSICI�N QUE ESTABLECE EXPRESAMENTE SU APLICACI�N.? (se transcribe) y ?LEYES PENALES. SU DEROGACI�N NO NECESARIAMENTE PRODUCE LA IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO.? (se transcribe). En esa tesitura, lo procedente es revocar la resoluci�n recurrida, para ahora conceder la protecci�n federal solicitada, para el efecto de que el J. responsable, deje insubsistente la orden reclamada y en su lugar, emita una nueva en la que reitere todas las consideraciones que sustentaron el acto reclamado, con la salvedad de que, en lugar de librar orden de aprehensi�n con base en lo dispuesto en el art�culo 246-E del C�digo Penal del Estado, lo haga conforme al ya derogado 194, fracci�n XVIII, del mismo ordenamiento, por serle m�s ben�fico al quejoso en esa etapa del enjuiciamiento penal; sin perjuicio de que, al emitir sentencia, se resuelva conforme a lo se�alado en el numeral primeramente citado u en otro que sea m�s favorable al impetrante."
Amparo directo 497/2003.
"QUINTO. Los conceptos de violaci�n son en parte infundados, sin que la suplencia de los mismos, en t�rminos del art�culo 76 bis, fracci�n II, de la Ley de Amparo, conduzca a una conclusi�n distinta y solamente son fundados, en lo relativo a la individualizaci�n de la pena, por las consideraciones que se expondr�n enseguida. I. Como antecedentes del caso, es preciso se�alar lo siguiente: 1. Por oficio 693/01, de quince de junio de dos mil uno, firmado por el agente del Ministerio P�blico investigador y coordinador de la investigaci�n de delitos patrimoniales no violentos, se consign� la averiguaci�n ... ejerciendo la acci�n penal en contra de ... por su probable responsabilidad en la comisi�n del delito de fraude espec�fico, en perjuicio de veinte ofendidos, previsto en el art�culo 194, fracci�n XVIII, del C�digo Penal para el Estado de Q.�taro (fojas 2 y 3 del tomo I, del proceso de origen). 2. El treinta y uno de agosto del dos mil uno, el J. S�ptimo de Primera Instancia Penal, con residencia en ... gir� orden de aprehensi�n contra ... por su probable responsabilidad en la comisi�n del delito de fraude espec�fico, previsto y sancionado en los art�culos 193, fracci�n II y 194, fracci�n XVIII, ambos del C�digo Penal para el Estado de Q.�taro (fojas 1069 a 1083 del tomo I, parte 2, del proceso de origen). 3. El diecinueve de octubre de dos mil uno, previos los tr�mites de ley, se decret� auto de formal prisi�n contra ... por su probable responsabilidad en la comisi�n del delito de fraude espec�fico, previsto y sancionado en los art�culos 193, fracci�n II y 194, fracci�n XVIII, ambos del C�digo Penal para el Estado de Q.�taro (fojas del tomo del proceso de origen). 4. Por escrito de primero de octubre de dos mil dos, el defensor del inculpado, promovi� incidente de sobreseimiento de la causa penal, en virtud de que, por reformas publicadas el veintitr�s de agosto del mismo a�o, se derog� la fracci�n XVIII del art�culo 194 del C�digo Penal para el Estado de Q.�taro, en la cual se ubic� su probable responsabilidad, el cual, por resoluci�n de cinco de marzo de dos mil tres, se declar� improcedente (infundado) (fojas 2081 a 2087 y de la 2095 a 2098 del tomo III del proceso de origen). 5. Por escrito de veinticuatro de octubre de dos mil dos, el fiscal adscrito al J. natural, formul� conclusiones acusatorias contra el imputado, por su plena responsabilidad en la comisi�n del delito de fraude espec�fico, previsto en los art�culos 193, fracci�n III y 194, fracci�n XVIII, con la salvedad de que por reformas al C�digo Penal, se traslado el tipo penal previsto en el numeral citado en �ltimo t�rmino, al diverso art�culo 246-E del mismo ordenamiento legal, lo que constituy� una causa superveniente en el proceso (fojas 1899 a 1929 del tomo III del proceso de origen). 6. El cinco de marzo de dos mil tres, se dict� sentencia condenatoria contra el quejoso, a quien se le consider� plenamente responsable del delito contra la seguridad y el orden en el desarrollo urbano, previsto y sancionado en el art�culo 246-E del C�digo Penal para el Estado de Q.�taro (antes denominado fraude espec�fico, previsto en el diverso art�culo 194, fracci�n XVIII, del mismo ordenamiento), por lo cual se le impuso una pena de cuarenta y un a�os y ocho meses de prisi�n, as� como setecientos cincuenta d�as de salario m�nimo como multa y a la reparaci�n del da�o (fojas 2035 a 2036 del tomo III del proceso de origen). 7. Por resoluci�n de quince de mayo de dos mil tres, la S. Penal del Tribunal Superior de Justicia, modific� parcialmente el fallo de primer grado, imponiendo una pena de cuarenta a�os de prisi�n y setecientos d�as multa al acusado, as� como al pago de la reparaci�n del da�o (fojas 226 a 266 del toca de apelaci�n). II. Son infundados los conceptos de violaci�n que se estudian enseguida, debi�ndose se�alar que en este apartado se analizan todos los argumentos que el quejoso hace valer en su demanda, respecto del tema de traslaci�n de tipo penal, ello, en t�rminos del art�culo 79 de la Ley de Amparo. Alega el quejoso, que se violaron en su perjuicio las garant�as de estricta aplicaci�n de la ley penal y de prohibici�n de la aplicaci�n retroactiva de la ley en su perjuicio, previstas en el art�culo 14 constitucional. Que la S. responsable consider� que exist�a una traslaci�n del tipo, pues la derogada fracci�n XVIII del art�culo 194, que tipificaba el delito de fraude espec�fico, es la misma que se traslad� al diverso art�culo 246-E del C�digo Penal para el Estado de Q.�taro, sin que ello implicara que la conducta desplegada por el activo, dejara de ser delictuosa. El quejoso considera desacertado lo expuesto por la S., por las siguientes razones fundamentales: 1. Que el art�culo 194, fracci�n XVIII y el art�culo 246-E, ambos del C�digo Penal, no contienen los mismos elementos t�picos, lo que se requiere para la figura de traslaci�n de tipo; 2. Que en el tipo penal previsto en la derogada fracci�n XVIII del art�culo 193 del C�digo Penal (fraude espec�fico), se contemplaba la causaci�n de un perjuicio p�blico o privado; por lo que dicho elemento deber�a ser plenamente demostrado para configurar el delito; 3. Que el tipo penal previsto en el art�culo 294-E del C�digo Penal (delito contra el orden y seguridad urbanas), es un nuevo y distinto tipo penal, pues no contempla la causaci�n de un perjuicio p�blico o privado para que se configure, lo que lo hace distinto al tipo penal de fraude especifico; 4. Que la sentencia es contraria al art�culo 14 constitucional, porque se aplica retroactivamente la ley penal en su perjuicio, ya que se le conden� con el art�culo 294-E del C�digo Penal, siendo que este precepto no exist�a al momento en que se cometieron los hechos imputados. En principio debe partirse de la base de que la S. acert� al considerar que las conductas descritas en el derogado art�culo 194, fracci�n XVIII y la que actualmente prev� el art�culo 246-E, ambos del C�digo Penal, son las mismas, seg�n se advierte del siguiente estudio comparativo.

Ver estudio comparativo 2


"De lo anteriormente transcrito se advierte que ambos preceptos legales contemplan los siguientes elementos t�picos: a) La forma de participaci�n, que puede ser por s� o por interp�sita persona. b) Diversas formas de acci�n t�pica y actualizaci�n alternativa, ya sea al fraccionar (dividir terreno[s] en lotes) y transferir o prometer transferir la propiedad, la posesi�n o cualquier derecho sobre un terreno urbano o r�stico. c) Un objeto material: un terreno urbano o r�stico, con o sin construcci�n, propio o ajeno. d) Un elemento normativo, consistente en la ausencia del permiso previo de las autoridades competentes o la existencia de dicho permiso, sin que se hayan reunido los requisitos se�alados en dicho permiso. Todos los elementos arriba se�alados, evidentemente, forman parte de ambas descripciones t�picas, como se advierte de las normas respectivas y tal como convienen en se�alarlo las autoridades responsables y el mismo quejoso, con excepci�n del �ltimo, consistente en el resultado, esto es, en la causaci�n de un perjuicio p�blico o privado, que no est� expresamente previsto en el art�culo 246-E del C�digo Penal de Q.�taro. Sin embargo, como lo expuso la S., el hecho de que el elemento de causaci�n de un resultado no est� expresamente previsto en el numeral arriba citado, no es suficiente para considerar que se trata de un tipo penal distinto al que conten�a el derogado art�culo 194, fracci�n XVIII, pues en forma impl�cita s� se contempla dicho elemento, en la forma que, la dogm�tica penal, conoce como un presupuesto de hecho del tipo. Respecto de lo anterior, la S. responsable expuso lo siguiente: ?Se�ala el inconforme que existen diferencias sustanciales entre la derogada fracci�n XVIII y el art�culo 246-E, raz�n por la cual estima que no se configura la traslaci�n de tipo, empero, la �nica diferencia sustancial que se�ala es que el art�culo 246-E, tiene un elemento menos que la fracci�n XVIII del art�culo 194, ya que en esta �ltima se requer�a la causaci�n de un perjuicio p�blico o privado, lo que no se exige en el nuevo art�culo y en esto radica la diferencia de elementos, pero ello no es as�, pues evidentemente toda conducta delictuosa, ll�mese como se llame, causa un perjuicio, ya sea p�blico o privado y dependiendo del bien jur�dico que viole, ser� el tipo de perjuicio y dependiendo el sujeto pasivo, ser� privado o p�blico ese perjuicio, y precisamente porque causan un perjuicio est�n contempladas como figuras delictivas, porque atentan contra intereses de mayor val�a que le interesan al derecho y que �ste debe tutelar y proteger, para de esta forma garantizar la satisfacci�n de intereses primigenios, o para garantizar la sanci�n correspondiente en caso de que alguien afecte esos intereses, en consecuencia, toda conducta delictuosa causa un perjuicio y si un tipo penal no lo expresa, no por ello debe decirse que no es necesario comprobar la existencia de ese da�o (al patrimonio, al honor, a la libertad, etc�tera). Adem�s el hecho de que el art�culo 246-E, no contenga como elemento causar un perjuicio p�blico o privado, no significa que tenga elementos diferentes a la derogada fracci�n XVIII del art�culo 194, m�s bien tiene un elemento menos que en nada altera la sustancia de la conducta que est� tutelando, por tanto, no podemos decir que contienen elementos diferentes y que por eso no se trata de unatraslaci�n de tipo, sino de una desaparici�n de una conducta considerada delictuosa, sobre todo cuando el propio defensor reconoce que ?... ambas figuras son encaminadas a reprimir la conducta consistente en el fraccionamiento y enajenaci�n de lotes, sin autorizaci�n de las autoridades competentes ...?, pues es esta la conducta principal que le importa al derecho sancionar y efectivamente, tanto en la fracci�n derogada como en el nuevo apartado E del art�culo 246, as� ocurre, pero ahora, la conducta t�picamente antijur�dica y culpable, tutela, no s�lo al individuo en su patrimonio, sino tambi�n a la sociedad, ya que estas conductas no s�lo afectan el patrimonio particular de quien adquiere con la esperanza de lograr un sitio digno para vivir, sino que adem�s lesionan los principios del desarrollo urbano ordenado y ajustado a la ley, con lo cual se afectan derechos de la comunidad y es este el esp�ritu del legislador, esta es la raz�n de ser de la traslaci�n de tipo, proteger, adem�s del patrimonio de las personas a la comunidad en general, evitando, de esta forma, el desorden en el desarrollo urbano por los riesgos naturales que ello implica. Este tribunal conviene con el criterio sostenido por la S. responsable. As� es, en todos los tipos penales existen presupuestos de hecho (lo que algunos renombrados autores equiparan con el concepto de tipo penal objetivo, que integra tanto la actualizaci�n de un delito, como el resultado, o bien, lo que otros autores llaman principio de lesividad o nulla poena, nullum crimen, nulla lex poenalis, sine iniuria: ?no existe pena, delito, ni norma penal que no contemple una lesi�n al bien jur�dico tutelado?), es decir, un bien jur�dico que se ve afectado y cuya protecci�n est� garantizada en el tipo penal. Desde esta �ptica, todas las conductas que el derecho penal reputa como delictuosas, suponen la causaci�n de un da�o, ya sea social o particular; pues de otro modo, no se justificar�a la represi�n penal aplicada al responsable. En ese sentido, no existe delito cuando la acci�n no afecta un bien jur�dico, ya sea porque lo pone en riesgo (los llamados tipos penales de peligro o de mera conducta) o bien, porque afecta material, cultural o f�sicamente el bien protegido. En otras palabras, es il�gico que se considere como delito, aquello que no causa ning�n perjuicio a la sociedad o a uno de sus integrantes; luego, el derecho penal parte de la base de que, si la conducta es intrascendente para la convivencia social, entonces no debe ser castigada. Pero si la conducta est� contemplada como delito en el C�digo Penal, es inconcuso que ello se debe a que se trata de una conducta que ocasiona da�os o pone en riesgo los bienes jur�dicos tutelados y, por tanto, no hay un solo tipo, en los C�digos Penales modernos, que no presuponga la lesi�n a un bien protegido por la norma penal. En ese sentido, es inconcuso que aun cuando el art�culo 246-E del C�digo Penal, no contempla, expresamente, la lesi�n a un bien jur�dico tutelado (causar perjuicio p�blico o privado), lo cierto es que ello no excluye la naturaleza de la conducta delictuosa, pues no es necesario que lo invoque, porque de todos modos debe causarse, pues ya se dijo que resulta il�gico que se considere como delito, aquello que no ocasiona ninguna lesi�n a un bien jur�dico protegido. Es todo lo anterior lo que hace infundado el alegato del quejoso, pues este tribunal coincide, en esencia, con la motivaci�n y fundamentaci�n que al respecto expuso la S. responsable. M�xime que, como lo expuso la S., no se est� en presencia de una aplicaci�n retroactiva de la ley, en perjuicio del quejoso y por el contrario, en la nueva disposici�n legal, se redujo la pena aplicable a la misma conducta, lo que es favorable al quejoso. Efectivamente, en el anterior art�culo 194, fracci�n XVIII, del C�digo Penal de Q.�taro, en el caso de la cuant�a mayor, se establec�a una pena de prisi�n de cuatro a diez a�os de prisi�n y de ciento ochenta hasta quinientos d�as multa; mientras que en el actual art�culo, prev� para el mismo caso, una pena menor, que es de dos a ocho a�os de prisi�n y de 120 hasta 400 d�as multa, lo que, evidentemente, constituye una penalidad m�s conveniente para el aqu� quejoso. Cabe referir que conforme a lo expuesto, adem�s, la S. responsable, al aplicar lo m�s favorable al reo, se ajust� a lo dispuesto por el art�culo 4o. del C�digo Penal para el Estado de Q.�taro, que establece lo siguiente: ?Art�culo 4o. Cuando entre la perpetraci�n del delito y la extinci�n de la pena o medida de seguridad se pusieren en vigor una o varias leyes aplicables al caso, las autoridades competentes estar�n a lo previsto por la ley m�s favorable al reo.?. Siendo lo anterior, lo que hace infundados los alegatos del quejoso respecto del tema que se analiza. Es igualmente infundado lo que alega, respecto de que ya no existe delito por el simple cambio de lugar del tipo, pues la defensa confunde el proceso reformatorio de despenalizaci�n de una conducta delictuosa, con la simple reubicaci�n de las normas de un C�digo Penal, siendo que en el caso, se est� en presencia de esto �ltimo, pues como lo expuso la S., es inconcuso que la conducta desplegada por el activo, continua consider�ndose como delictuosa por los legisladores, tan es as� que la reforma, seg�n su exposici�n de motivos, tuvo por objeto depurar la forma en que se prev� y castiga la conducta y ubicar el tipo en forma correcta en el C�digo Penal, sin que se hiciera una declaraci�n de que el objeto fuera el de no considerar como delictuosa esa misma conducta, de ah� lo infundado del alegato del quejoso. Con base en lo anteriormente expuesto, tambi�n se pone de relieve que, el hecho de que se haya cambiado de ubicaci�n el tipo penal cuya configuraci�n material se atribuye al quejoso, no implic� la despenalizaci�n de su conducta, pues esa no fue la intenci�n del �rgano reformador y por el contrario, el legislador tuvo la intenci�n de que dicha conducta se siga considerando como delictuosa y punible, lo que permite tipificar la conducta del acusado en el tipo penal reformado. No obsta a lo anterior lo que refiere el quejoso, al se�alar que se viol� lo dispuesto por el art�culo 19 constitucional, ya que se le conden� por un delito distinto al de la formal prisi�n. As� es, ya que la simple circunstancia de que, en la sentencia se citara el numeral al que se cambi� la ubicaci�n legal del tipo penal, que describe la conducta delictuosa desplegada por el acusado, no implica que se haya variado la naturaleza del delito imputado, pues ya se vio que se trata de la misma descripci�n legal; como tampoco implica que se hayan variado los hechos imputados, pues se juzg� con la misma cadena causal lesiva de sucesos -de los que fue autor el quejoso- y con los mismos resultados que se generaron con dichos sucesos. Lo anterior, sumado a que no se vulner� lo dispuesto por el art�culo 19 constitucional, dado que el fiscal hizo la acusaci�n en sus conclusiones, conforme al C�digo Penal reformado, por lo que el quejoso tuvo oportunidad de ser o�do y vencido en juicio, respecto de la nueva clasificaci�n del tipo penal, tan es as� que promovi� un incidente de sobreseimiento, debido a las multicitadas reformas (el cual se declar� infundado) y adem�s, porque la defensa elabor� sus conclusiones, con posterioridad a las del �rgano acusador, lo que le permiti� defenderse de la acusaci�n basada en la acusaci�n del tipo penal reformado, lo que pone en evidencia que no se provoc� un estado de indefensi�n al quejoso, en t�rminos del citado art�culo 19 constitucional. Es todo lo anterior lo que hace infundados los conceptos de violaci�n que se oponen a la traslaci�n del tipo (que, conforme a lo anterior, deber�a llamarse, traslaci�n del lugar material del tipo penal dentro de la ley) efectuada en la sentencia impugnada. III. Es infundado el segundo concepto de violaci�n. Aduce que la S. vari� la litis, porque mejor� la sentencia de primer grado; que la apelaci�n tiene por objeto analizar los argumentos de la sentencia de primer grado, pero no pueden introducirse argumentos novedosos para sostener la condena, porque se le dejar�a en estado de indefensi�n al acusado, ya que no podr�a defenderse de esos nuevos argumentos que se exponen por la S.; que la responsable renov� la instancia y alter� los elementos del tipo penal cuya comisi�n se le atribuy� al acusado, a partir de lo cual efectu� una nueva valoraci�n probatoria, que no coincide con la que hizo el J. de primer grado. Es infundado lo que alega el quejoso, pues conforme al C�digo de Procedimientos Penales para el Estado de Q.�taro, el recurso de apelaci�n contra la sentencia de primer grado, es un recurso de plena jurisdicci�n y no de mera anulaci�n, esto es, que al resolver en segunda instancia, la S. retoma imperio y soberan�a para valorar las pruebas y verificar la aplicaci�n de las normas, pues de otro modo, su actuaci�n se limitar�a a se�alar los defectos de la sentencia de primer grado y reenviarla al J. para que dictara una nueva, lo que desde luego, no es acorde con las atribuciones legales que se le confieren a la S. responsable, en el art�culo 327 del C�digo de Procedimientos Penales para el Estado de Q.�taro, atinentes a otorgarle plena jurisdicci�n para que confirme, revoque o modifique la resoluci�n apelada. IV. Sigue alegando que la S. responsable le atribuy� la comisi�n del delito al acusado, como si hubiera desplegado las conductas por s� mismo y no en calidad de representante de la persona moral ... siendo que en la consignaci�n del Ministerio P�blico, no se consider� de ese modo, ni en la orden de aprehensi�n, ni en el auto de formal prisi�n, ni en las acusaciones de la fiscal�a, por lo que estima ilegal que se haya atribuido la comisi�n del delito de diversa forma en la sentencia; aparte de que no ten�a facultades para quedarse con el numerario que le entregaban, sino que s�lo ten�a facultades de administraci�n. Es desacertado lo que alega el quejoso, pues la forma en que particip� en el delito se especific� desde las diligencias de preparaci�n del ejercicio de la acci�n penal, durante el proceso y en las acusaciones, pues siempre se se�al� que fue el sujeto que adquiri� un terreno para fraccionarlo y luego, en reiteradas ocasiones, ofreci� en venta los terrenos y las casas que adquirieron los ofendidos, que luego, ante el incumplimiento de los ofrecimientos del quejoso, se hicieron algunas reubicaciones de lotes, pagos parciales a su nombre, as� como convenios para arreglar el problema, lo que pone en evidencia que el activo puso condiciones culpables para la realizaci�n del injusto, lo que es m�s que suficiente para considerarlo como responsable, en t�rminos de los art�culos 10 y 16 del C�digo Penal para el Estado de Q.�taro, pues el quejoso particip� en la cadena causal de hechos que provocaron el resultado t�pico, poniendo al efecto condiciones culpables para su realizaci�n. Lo anterior, con independencia de la forma en que particip� en el hecho, ya fuera como autor intelectual y material, ya como cooperador necesario, inductor, instigador o copart�cipe y por s�, o en nombre de una sociedad, pues los caracteres con los que se delinque s�lo son importantes para individualizar la pena, pero no para determinar la responsabilidad de un acusado, lo que hace legal la resoluci�n de la S., al considerar que dicho sujeto actu� por s� y a nombre de la sociedad moral que representaba, pues ambos caracteres no son incompatibles entre s� y las pruebas que tuvo a la vista la S. son aptas para tal determinaci�n. No obsta a lo anterior, el hecho de que los ofendidos hayan se�alado que tambi�n participaron otras personas en la comisi�n de los hechos, como los que refiere el quejoso, esto es, la secretaria y/o gerente y los vendedores de la compa��a, pues en todo caso, la participaci�n m�ltiple de personas, no exime de responsabilidad legal a ninguna de ellas. V. En este orden de ideas, tambi�n resulta infundado lo que alega, al referir que no existe confesi�n de su parte en el proceso penal. As� es, adverso a lo que refiere en su demanda de amparo, en su declaraci�n preparatoria el propio inculpado, como lo expuso la S., acept� haber participado en la comisi�n de los hechos, al referir: ?... adquir� un terreno en el a�o de 1998, desde entonces empec� a tramitar mis permisos del fraccionamiento ... empec� a construir las casas en junio de 1998 y empec� la urbanizaci�n, la gente que hab�a efectuado alguna compra en el fraccionamiento se indic� que podr�an contar con sus casas a partir de que tuvi�ramos los permisos correspondientes, m�ximo 10 meses a partir de la fecha de su contrataci�n, a los 10 meses �nicamente hab�amos conseguido el permiso de lotificaci�n del fraccionamiento ... se les explic� a todos los clientes y se continu� con los tr�mites ... ahora s� ya puedo demostrar plenamente que no he cometido fraude ... este dictamen actualmente se encuentra en el Cabildo de Villa Corregidora, Q.�taro, en cuanto se someta a la sesi�n de Cabildo sale la autorizaci�n definitiva para permiso provisional de la venta de lotes y licencias de obras de dicho fraccionamiento ...?. A preguntas del fiscal contest�: ?Que nos diga �por qu� no se esper� a tener la autorizaci�n de Cabildo del Municipio de Corregidora para poder vender? R. Porque es el �ltimo tr�mite que se hace para un fraccionamiento, se ten�a una autorizaci�n previa que dice �permiso provisional de urbanizaci�n� ... �Ese permiso provisional de urbanizaci�n le autorizaba a vender los lotes? R. El permiso claramente lo est� diciendo, �permiso provisional de urbanizaci�n�, no para vender ... Que nos diga qu� era lo que vend�a. R. Yo no vend�a nada, era una inscripci�n a un esquema de cr�dito, nunca celebr� un contrato de compra venta, precisamente porque no contaba con los permisos, el esquema de cr�ditos consist�a en que ellos me daban un enganche y me iban pagando mensualidades y al pago de la d�cima mensualidad se les iba a entregar su vivienda ... Que nos diga si ha informado a los ofendidos que no se le ha autorizado al declarante por el Cabildo de Corregidora la venta de los lotes. R.N. me lo ha preguntado ...?. De lo anterior se advierte que el propio inculpado acept� haber adquirido el predio que luego fraccion�, sin contar con los permisos definitivos respectivos, siendo que para lograr su venta, maquin� la existencia de un esquema de cr�dito, con el cual logr� que los ofendidos se inscribieran, creyendo que comprar�an predios y casas legalmente autorizadas, lo que en la especie no aconteci�. Es lo anterior lo que pone en evidencia lo infundado del alegato, am�n de que la confesi�n del inculpado no fue el �nico indicio en el que se bas� la S. para tener por demostrados los elementos del tipo y la plena responsabilidad del acusado en la comisi�n del mismo, ya que la declaraci�n preparatoria se adminicul� con las escrituras p�blicas de la sociedad moral, los contratos firmados por los ofendidos y el inculpado, los dep�sitos bancarios de pago, as� como las querellas y testimonios de las personas que se�alaron al inculpado como el responsable del il�cito. VI. Igualmente resulta infundado lo que alega, respecto de que contaba con permisos provisionales para fraccionar y vender los predios; pues es evidente, como lo expuso la S., que dicha circunstancia, por m�s que resultara verdadera, no lo exime de responsabilidad, pues el requisito de transferir los inmuebles sin permisos que establece el tipo penal que se le atribuye, debe entenderse como permisos y licencias definitivas, ya que s�lo ese hecho podr�a asegurar el orden urbano, que es precisamente el bien jur�dico protegido por la norma penal. Tampoco es acertado lo que refiere el promovente del amparo, al se�alar que los documentos privados de inscripci�n al esquema habitem, as� como los de daci�n en pagos, no merecen el valor probatorio que les otorg� la S., pues no existe el reconocimiento t�cito en materia penal y por tanto, dichos documentos debieron ser reconocidos expresamente. Es desacertado lo que alega el quejoso, pues al margen de que es cierto que en materia penal no existe el reconocimiento t�cito de documentos privados, ello no implica que pierdan su valor de indicio y que puedan ser adminiculados con otras pruebas, como en la especie lo hizo la S., al referir que los ofendidos y los testigos se�alaron al inculpado como la persona que firm� los referidos documentos y quien se condujo como due�o o representante de la compa��a que ofrec�a los esquemas de financiamiento para adquirir una casa. Tampoco es �bice lo que se�ala, en el sentido de que los bancos no reconocieron los recibos de pago que ofrecieron los querellantes como pruebas, pues dichas documentales no fueron las �nicas que valor� la responsable para comprobar la existencia de los elementos del tipo y la plena responsabilidad del quejoso, sino que adem�s, como ya se dijo, se valoraron otros indicios que en forma conjunta demuestran que el dinero depositado fue a prop�sito de los esquemas de financiamiento para compraventa de predios que ofreci� el acusado a los ofendidos, sin que se haya desvirtuado dicha circunstancia y por el contrario, el propio acusado admiti� esa parte de los hechos en su declaraci�n preparatoria, tal como se vio con anterioridad. VII. Tambi�n es infundado el tercer concepto de violaci�n. Alega que en derecho mercantil, la sociedad se reputa como comerciante y los compromisos y obligaciones que adquiere no son necesariamente a trav�s de su representante legal, sino por conducto de factores y dependientes, quienes pueden obligarse por la sociedad, tal como lo prev� el art�culo 309 del C�digo de Comercio. Que la firma de los convenios, por parte del activo, fue en todo caso la formalizaci�n de algo que ya hab�a sido convenido por los vendedores o la gerente de la empresa, que entonces, es claro que el acuerdo de voluntades se dio antes de la firma material del contrato, por lo que esa sola condici�n no puede considerarse como culpable, para responsabilizar al quejoso en la comisi�n del delito. No le asiste raz�n al quejoso, pues precisamente, como lo expuso la S., el hecho de que el quejoso haya confirmado un acto il�cito, realizado por otros sujetos, al auspicio de una persona moral, no es m�s que la confirmaci�n formal de un acto ilegal, sin cuya participaci�n del quejoso no se hubiera consumado el prop�sito delictivo, pues es claro que para firmar los documentos, el quejoso se ostent� como due�o del predio y como persona con facultades legales para hacerlo, siendo que dicha firma resultaba necesaria para propiciar el enga�o en los ofendidos as� como provocar el resultado t�pico, lo que lo hace responsable de los hechos que se le atribuyen. VIII. El cuarto de los agravios es infundado. Alega que la S. responsable efectu� un indebido an�lisis del requisito de procedibilidad, consistente en el t�rmino de prescripci�n para querellarse, por parte de los ofendidos. Aduce que la S. reconoce que el delito es de car�cter instant�neo y que por tanto, el plazo de un a�o para presentar la querella, debe contarse a partir de que los ofendidos tuvieron conocimiento de ese hecho; o bien, tres a�os, independientemente de esa circunstancia, conforme al art�culo 114 del C�digo Penal para el Estado de Q.�taro. Que en el caso, debi� contarse el plazo de la prescripci�n a partir de la fecha de la consumaci�n del delito, esto es, porque se trata de una consumaci�n instant�nea; que la fecha de consumaci�n es la de la celebraci�n del contrato; siendo que en el caso de los veinte ofendidos, al momento de interponer la querella, ya hab�a transcurrido m�s de un a�o, contado a partir de la celebraci�n de los contratos. El promovente expone las diversas pruebas que a su juicio, demuestran que, entre la fecha de celebraci�n del contrato y la fecha en que promovieron sus diversas querellas los ofendidos, ya hab�a transcurrido m�s de un a�o. Esdesacertado lo que refiere el quejoso, por dos razones fundamentales. 1. Respecto de la forma y el tiempo en que deber�a computarse el plazo para la prescripci�n, la S. expuso, en esencia, lo siguiente: ?la defensa solicita se revise el requisito de procedibilidad que se exige para los delitos perseguibles a petici�n de parte, tomando en cuenta que se ejercit� acci�n penal, se gir� orden de aprehensi�n y se decret� la formal prisi�n, por un delito de querella (fraude espec�fico) y de acuerdo a lo dispuesto por el art�culo 114 del C�digo Penal, el derecho para formular querella prescribe en un a�o, contado a partir del momento en que el ofendido tenga conocimiento del hecho y en tres a�os independientemente de esta circunstancia. En tal virtud debemos considerar la fecha en la cual los ofendidos tuvieron conocimiento del hecho; pero en modo alguno, podemos tomar en cuenta para el plazo de la prescripci�n, la fecha en que se celebr� la operaci�n de compraventa, porque en ese momento los pasivos no sab�an que eran objeto de un enga�o.?. La S. se ajust� a lo dispuesto por la ley de la materia, pues el plazo de la prescripci�n, solamente puede computarse a partir de que el ofendido tiene conocimiento de que los hechos constituyen un delito, en el caso concreto, de que no exist�an los permisos para vender los predios, aunque fuera por un esquema de financiamiento. Lo anterior, es porque el art�culo 114 del C�digo Penal para el Estado de Q.�taro, establece: ?Art�culo 114. El derecho para formular la querella prescribir� en un a�o, contado a partir del momento en que el ofendido o el legitimado para formular querella tenga conocimiento del hecho, y en tres a�os, independientemente de esa circunstancia.?. Con independencia de lo que expuso la S., respecto de la naturaleza del delito que se le atribuye por su forma de consumaci�n en el tiempo (instant�neo o continuado), en t�rminos del art�culo 12, fracciones I o III, del C�digo Penal para el Estado de Q.�taro (porque la consumaci�n se agota en el mismo momento en que se han realizado todos los elementos de la descripci�n legal o bien porque con unidad de determinaci�n se realizan varias conductas con soluci�n de continuidad, violatorias del mismo precepto legal), tambi�n es cierto que dicha circunstancia no es la que sirve para computar el plazo de la prescripci�n, pues la circunstancia que prev� la ley para tal fin, es el conocimiento de ese delito instant�neo o continuado, tal como lo prev� el art�culo 114 antes mencionado ... No obsta a lo anterior, que el art�culo 113, fracciones I y III, del C�digo Penal establezca lo siguiente: ?Art�culo 113. Los plazos de prescripci�n de la pretensi�n punitiva ser�n continuos y se contar�n: I. A partir del momento en que se consum� el delito, si fuere instant�neo ... III. Desde el d�a en que se realiz� la �ltima conducta, trat�ndose de delito continuado, y ...?. Lo anterior es as�, porque esta �ltima disposici�n no debe entenderse en forma aislada, sino en su contexto, con armon�a en lo dispuesto por el citado art�culo 114 del mismo ordenamiento, que establece que el derecho para formular la querella de un delito prescribe en un a�o, contado a partir del momento en que se tiene conocimiento del mismo, esto es, que el ofendido tiene un a�o contado a partir del momento en que se entera de que se cometi� un delito instant�neo o continuado en su perjuicio. Es lo anterior lo que hace infundado el alegato del quejoso, pues la S. se bas� en un criterio legal para computar los plazos de prescripci�n de cada uno de los ofendidos, respecto de lo cual, no se advierte agravio alguno inferido al quejoso, pues entre la fecha de conocimiento de la falta de permisos y la presentaci�n de las querellas, no hab�a transcurrido el referido plazo de un a�o. 2. Existe una raz�n adicional que hace infundado el alegato de la parte quejosa. Como ya se dijo con anterioridad, en el caso, el tipo penal por el cual se acus� al quejoso, est� previsto en el art�culo 246-E del C�digo Penal, debido a la traslaci�n de tipo que correctamente aplic� la responsable. Dicho delito, al proteger el bien jur�dico de la seguridad y el orden en el desarrollo urbano, es un delito que se persigue de oficio, a diferencia del delito de fraude, que anteriormente estaba previsto en el art�culo 194, fracci�n XVIII, del mismo C�digo Penal, que proteg�a el patrimonio de las personas y que, por tanto, era perseguible s�lo por querella de parte ofendida. Dicha situaci�n es de suma importancia y aunque la S. responsable no lo advirti�, ello no le afecta al quejoso, antes bien le beneficia, porque los plazos de prescripci�n para los delitos que se persiguen de oficio, son mayores que los que se persiguen por querella y, por ende, es claro que se aplic� lo m�s favorable al reo, al aplicar las reglas de la prescripci�n de la querella que prev�n plazos menores a los de la denuncia. As� es, conforme al art�culo 115 del C�digo Penal para el Estado de Q.�taro, los delitos que se persiguen de oficio, prescriben cuando transcurre el t�rmino medio aritm�tico de la pena privativa de la libertad que se�ale la ley para el delito de que se trate. De tal forma que, si el delito por el cual se acus� al inculpado (246-E), prev� una pena de dos a ocho a�os de prisi�n, luego, el t�rmino medio aritm�tico es de cinco a�os, que es el plazo necesario para que transcurra la prescripci�n y que, desde luego, es mayor al a�o que le aplic� la S., lo que est� ajustado a derecho por ser lo m�s favorable al reo. De tal manera que no es dable conceder el amparo para que la S. efect�e un c�mputo correcto de la prescripci�n, contado a partir del momento en que se tuvo conocimiento de los hechos y con base en las reglas de los delitos que se persiguen de oficio (t�rmino medio aritm�tico), porque de ser as�, se perjudicar�a al quejoso, en tanto que se aumentar�a el plazo de prescripci�n, de un a�o que tom� en cuenta la S., a cinco a�os, que es el que realmente corresponde en el caso; m�xime que la S. confirm� la absoluci�n del quejoso, por lo que respecta al ofendido ... con base en que present� su querella en destiempo, es decir, despu�s del a�o, siendo que en realidad ten�a cinco a�os para denunciar. Es lo anterior lo que confirma lo desacertado de los alegatos del quejoso, pues la S. aplic� un plazo de prescripci�n menor al que correspond�a (basado en las reglas de los delitos de querella), lo que fue favorable para el quejoso y que resulta inmejorable (pues en el caso se acus� por un delito que se persigue de oficio y los delitos de este tipo, tienen sus propias reglas de prescripci�n). No pasa inadvertido lo que alega el quejoso, en cuanto a que la S. expuso que el plazo de prescripci�n se contaba a partir de que los ofendidos tuvieron conocimiento del enga�o, el cual no es un elemento del tipo penal que se le atribuy�, pues la referencia al enga�o, la hizo la S., solamente para se�alar la fecha en que los ofendidos tuvieron conocimiento de que no exist�an los permisos definitivos para la venta (por financiamiento), de los lotes que les fueron vendidos, siendo esto �ltimo m�s que suficiente para configurar el tipo penal en estudio. IX. Igualmente es infundado lo que alega el quejoso, al se�alar que aparte del ofendido ... (a quien el J. de primer grado declar� prescrita la acci�n), existen otros ofendidos que est�n en el mismo caso y respecto de los cuales prescribi� el derecho para formular querella, porque transcurri� m�s de un a�o entre el momento en que tuvieron conocimiento del hecho y la presentaci�n de su querella. Es infundado, en principio, porque el J. de primer grado, para determinar que hab�a prescrito la acci�n respecto del ofendido ... tom� en cuenta dos situaciones particulares, la primera, que el delito imputado al quejoso, era continuado, lo que ya no puede seguirse sosteniendo en este fallo, dado que la S., correctamente, determin� que se trataba de un delito instant�neo y cuyo estudio de legalidad ya se realiz� en el cuerpo de este fallo. En segundo lugar, para el ofendido ... la S. valor� la fecha en que �ste tom� conocimiento de la falta de permisos para fraccionar y vender lotes, el cual se enter� por una queja que promovi� ante la Procuradur�a Federal del Consumidor, por lo que su conocimiento fue completo y amplio respecto de la situaci�n del fraccionamiento, siendo que a pesar de ese conocimiento de falta de licencias, el ofendido present� su querella dos a�os despu�s, por lo que ya hab�a transcurrido el plazo de un a�o para la prescripci�n, a que hace referencia el art�culo 114 del C�digo Penal para el Estado de Q.�taro. Es lo anterior lo que hace infundado el alegato del quejoso, pues ninguno de los otros ofendidos tom� un conocimiento cierto y completo del estado legal en que se encontraba el predio que adquirieron, tan es as�, como lo expuso la S. responsable, que algunos de los compradores s�lo ten�an conocimiento de la falta de permiso para el servicio de agua, como en su caso lo dijo la ofendida ... en el careo constitucional sostenido con el acusado. Respecto del ofendido ... tambi�n es infundado lo que alega el quejoso, pues como lo expuso la S., no precis� la fecha en que tuvo conocimiento de la falta de permisos y por tanto, fue acertado tomar en cuenta la fecha en que celebr� el convenio de daci�n en pago, que fue el veintis�is de septiembre de dos (sic), siendo que su querella la present� dentro del plazo de un a�o, es decir, el nueve de marzo de dos mil uno. Tambi�n es infundado lo que alega, respecto de que los ofendidos ... promovieron su querella en destiempo, por el solo hecho de haber referido en sus querellas lo siguiente: ?... otra situaci�n que me inquieta es el saber que todos los tr�mites que se est�n llevando a cabo no son reales ya que despu�s de 4 a�os, a�n no existe permiso de venta, por lo que me dicen que mi convenio no tiene validez ...?. As� es, el hecho de que hayan manifestado su preocupaci�n por la falta de permisos en el fraccionamiento, no implica que con base en ello se pueda determinar una fecha de conocimiento de tal circunstancia, pues para ello ser�a menester que los ofendidos expusieran tal fecha o la demostrara la defensa, lo que en la especie no aconteci�, de ah� que la S. haya actuado legalmente al considerar que no se demostr� que hab�a transcurrido el plazo de un a�o para la prescripci�n de la querella. Tampoco desacierta el quejoso al se�alar que la S. debi� declarar prescrita la acci�n del ofendido ... pues reconoci� en el careo constitucional con el inculpado, que cuando celebr� el contrato se le manifest� que estaban en tr�mite todos los permisos del fraccionamiento. Lo anterior en virtud de que, como lo expuso la S., la circunstancia de que le hayan dicho eso al ofendido, no constituye un conocimiento completo de la falta de licencias y por el contrario, revela que se adujo tal situaci�n, como un mecanismo para ocultar la realidad, ya que el acusado ... al momento de los hechos, ni siquiera era el due�o del predio y, por tanto, mucho menos hab�a iniciado el tr�mite para obtener el permiso para vender lotes y construirlos y como lo expuso la S., si se les manifest� eso a los ofendidos, es decir, que los permisos estaban en tr�mite, no es otra cosa m�s que parte del enga�o de que fueron objeto los compradores, pues como se ha dicho, el permiso para la venta se solicit� mucho despu�s de que ... ya hab�a vendido y si les dec�an que carec�an de dichos permisos, era obvio que nadie iba a contratar con ellos, aun cuando daban facilidades para el cr�dito y �ste no era bancario. Lo anterior m�xime que el citado ofendido ... en su querella manifest� que en el mes de febrero de dos mil uno, acudi� �l directamente al Registro P�blico de la Propiedad y al Ayuntamiento de Corregidora y se percat� de que no exist�a inscripci�n alguna del fraccionamiento en el Registro P�blico, para poder iniciar la venta, por lo que esa es la fecha a partir de la cual tiene conocimiento pleno del hecho il�cito; de tal forma que si se querell� el diez de marzo de dos mil uno, es inconcuso que no hab�a transcurrido el a�o a que hace referencia el art�culo 114 del C�digo Penal aplicable y por tanto, present� su querella en tiempo. En lo referente al ofendido ... no se advierte alguna prueba que demuestre, como lo aduce indebidamente el quejoso, que tuvo conocimiento pleno de la falta de licencias del fraccionamiento, pues no hay prueba de tal circunstancia y, por tanto, como lo expuso la S., debe tenerse por cierto que tuvo conocimiento del hecho en el momento que refiere en su querella, es decir, dos d�as antes, sin que se haya ofrecido prueba que desvirtuara dicha situaci�n. En lo atinente al ofendido ... el quejoso aduce que la S. responsable tom� como referencia para computar el plazo para la prescripci�n del derecho de formular querella, la celebraci�n del convenio de daci�n en pago del primero de junio de dos mil, en raz�n de que no se�al� la fecha respectiva. Alega el quejoso, que si la responsable tom� como base la daci�n en pago, entonces debi� considerar la fecha de celebraci�n que seg�n mencion� el ofendido, en su escrito de querella, fue el diecisiete de febrero de dos mil, pues en esa fecha firm� un contrato en el que acept� como pago un terreno; ya que el convenio del primero de junio de dos mil, fue una renovaci�n de fecha diecisiete de febrero de dos mil. Que la querella se present� el once de marzo de dos mil uno, por lo que hab�a transcurrido el plazo de un a�o a partir de que se dio cuenta, que ten�a el ofendido para presentar su querella, en t�rminos del art�culo 114 del C�digo Penal vigente en el Estado. Es desacertado lo que se alega, pues resulta evidente que entre la fecha de celebraci�n del convenio de daci�n en pago que refiere el quejoso (del primero de junio de dos mil) y la fecha de presentaci�n de la querella (once de marzo de dos mil uno), no hab�a transcurrido un a�o, ya que dicho plazo fenecer�a hasta el primero de junio de dos mil uno, lo que hace infundado su alegato. Aduce el quejoso que las ofendidas ... manifestaron en el careo constitucional, que a la fecha de celebraci�n del contrato, se le manifest� que los permisos del fraccionamiento se encontraban en tr�mite, por lo que esa deber�a ser la fecha en que debi� computarse el a�o para la prescripci�n y no la que se obtiene como presunci�n de la fecha que tuvieron conocimiento los otros ofendidos; sin que sea �bice a ello, lo manifestado por la responsable, en el sentido de que no se hace referencia a qu� permisos se refiere; pues es evidente que si la pregunta que se le formul� fue referida al fraccionamiento, necesariamente se engloban los permisos para lotificaci�n, venta y urbanizaci�n del mismo. Es desacertado lo que se alega, pues como ya se dijo, el conocimiento que tiene que tener el ofendido, debe ser cierto y completo y en el caso, la sola afirmaci�n de las ofendidas de que se les hizo de su conocimiento que los permisos estaban en tr�mite, no constituye un conocimiento cierto de la falta de permisos para fraccionar, pues bien pudieron ser algunos de los otros m�ltiples permisos que se requieren al efecto, como el del servicio del agua o el�ctrico, aparte de que son aplicables las mismas razones que ya se han expuesto con anterioridad, en el sentido de que el acusado les hizo creer a los compradores que los permisos estaban en tr�mite para lograr convencerlos de que los compraran, pero omitiendo exponer la realidad, esto es, que al inicio, ni siquiera era el due�o del predio y, por tanto, estaba imposibilitado para solicitar los permisos correspondientes. No le asiste raz�n al quejoso, al insistir que debe computarse el plazo de la prescripci�n, a partir de que los ofendidos ... adquirieron el predio, que fue el diez de enero de mil novecientos noventa y ocho y veintinueve de julio de mil novecientos noventa y siete, respectivamente, pues como ya se estableci� y as� lo expuso la S., dicho plazo debe contarse a partir de que tuvo conocimiento de las irregularidades del predio, lo que ocurri� en el caso concreto, cuando se lo dijeron los otros ofendidos, lo que gener� que presentara su querella al mismo tiempo que el resto, es decir, dentro del plazo de un a�o que ten�a al efecto. En cuanto al ofendido ... tampoco se advierte violaci�n alguna en el c�mputo del plazo, pues como lo expuso la S., en el careo refiri� que al contratar se le expuso que estaban en tr�mite los permisos, sin que le explicaran que no ten�an permiso para vender, de lo cual se enter� hasta el ocho de marzo de dos mil uno, sin que ello se haya desvirtuado por la defensa, raz�n por la cual, si present� su querella el doce de marzo del mismo a�o, es inconcuso que lo hizo dentro del plazo de un a�o que la ley concede. Todo lo antes expuesto es lo que hace infundados sus alegatos relativos a la prescripci�n para la presentaci�n de las querellas por parte de los ofendidos. X. A continuaci�n se har� el an�lisis de los conceptos de violaci�n que se dirigen a combatir la individualizaci�n de la pena, de los cuales, el quinto es fundado y suficiente para conceder el amparo solicitado, para los efectos que se precisar�n a continuaci�n. Debe partirse del hecho de que al quejoso, se le impusieron dos tipos de penas, una pecuniaria y otra de prisi�n. La pena pecuniaria, conforme a los art�culos 34 y 35 del C�digo Penal para el Estado de Q.�taro, por regla general, incluyen la multa y la reparaci�n del da�o. Sin embargo, para el an�lisis que se har� a continuaci�n, es necesario hacer la distinci�n de la forma en que se imponen las diversas clases de pena antes mencionadas. Para la imposici�n de las penas de prisi�n y de multa (un tipo de la pecuniaria), es preciso que, previamente, se establezca el car�cter del delito imputado (por ejemplo, tentativa, concurso, etc�tera ...) as� como el grado de reprochabilidad que tiene el sujeto activo, lo que implica efectuar un an�lisis de las circunstancias a que hace referencia el art�culo 68 del C�digo Penal para el Estado de Q.�taro. Mientras que, para imponer la reparaci�n del da�o, no es necesario efectuar un an�lisis de las circunstancias a que hace referencia el art�culo 68 del C�digo Penal, ya que dicha pena no se grad�a conforme al grado de reprochabilidad del sujeto o la forma y grado de consumaci�n del delito, sino que, para su imposici�n, basta con que se acrediten los elementos del tipo, la plena responsabilidad y la procedencia de la condena a la reparaci�n del da�o o de la indemnizaci�n correspondiente. Lo anterior, seg�n se advierte del art�culo 43 del C�digo Penal de Q.�taro, que establece que la reparaci�n de los da�os y perjuicios ser� fijada por el juzgador, de acuerdo con las pruebas obtenidas en el proceso; de tal manera, que para su condena, no es necesario fijar, previamente, el grado de reprochabilidad del acusado, como si lo es para la pena de prisi�n y la correspondiente multa. Son las anteriores razones las que permiten establecer la posibilidad de que este tribunal analice, por separado, lo relativo a la reparaci�n del da�o a que fue condenado el quejoso y lo relativo a la pena de prisi�n y multa que tambi�n se le impuso. En lo concerniente a la reparaci�n del da�o, los conceptos de violaci�n sexto y s�ptimo, son infundados. Alega el quejoso que no se ratificaron expresamente los documentos que exhibieron los ofendidos y que, por tanto, no se acredit� el monto del da�o ocasionado. Que el quejoso no ratific� ni el contenido ni la firma de los documentos; que no le fueron puestos a la vista cada uno de los recibos exhibidos al efecto; que no se prob�, que se haya hecho de un lucro indebido; que el hecho de que el quejoso no haya desconocido los documentos ofrecidos por los ofendidos no equivale a un reconocimiento t�cito, porque en materia penal no existe ese tipo de reconocimiento; que los bancos tampoco reconocieron las fichas de dep�sito, siendo ello necesario para otorgarles valorprobatorio y que la S. no describi� las pruebas que consider� para condenarlo a la reparaci�n del da�o, lo que lo deja en estado de indefensi�n. Es desacertado lo que alega el quejoso, pues si bien es cierto que en materia penal no existe el reconocimiento t�cito de documentos, es inconcuso que ello se debe a que no puede obligarse al inculpado a que reconozca los documentos que utiliz� como instrumentos o medios del delito, pues ello ser�a en contra del principio constitucional previsto en el art�culo 20, consistente en que est� prohibida la autoincriminaci�n, esto es, que nadie debe ofrecer pruebas en contra de s� mismo nemo tenetur edere contra se. Sin embargo, ello no conduce a que las documentales pierdan su valor por ese solo hecho, ya que para otorgarles credibilidad puede el juzgador apoyarse en otros indicios que las hagan veros�miles, como en el caso, en el que se adminicularon con las declaraciones de los ofendidos, los recibos de pagos bancarios, en los que obran los sellos de las instituciones bancarias, as� como la declaraci�n preparatoria del propio inculpado, quien acept� haber ideado un esquema de financiamiento para la adquisici�n de predios y casas, los cuales firm� junto con los ofendidos y cuya declaraci�n, a pesar de que no especific� cu�les y cu�ntos firm�, est� adminiculada con los propios documentos, sin que el quejoso haya desvirtuado que la firma que obra en ellos no sea suya o que fue suplantada, siendo que al admitir que firm� ciertos documentos, desvirtuar su contenido correspond�a a la defensa y no al fiscal, que ofreci� diversos indicios para corroborar lo dicho por el propio quejoso. Es por lo anterior que se estima ajustada a derecho la actuaci�n de la S., quien conden� a la reparaci�n del da�o, con base en las documentales exhibidas por los quejosos, en las que obran las cantidades que erogaron cada uno de ellos para adquirir la casa o predio, por medio del financiamiento que les ofreci� el acusado, lo que les ocasion� el detrimento patrimonial que demostraron con sus recibos de pago y el contrato respectivo. Sin que resultara necesario, como aduce el quejoso, que la S. describiera cada uno de los documentos que valor�, pues los mismos obran agregados en los autos, los cuales tuvo a la vista la defensa para imponerse de los mismos y sin que, como ya se dijo y as� lo estim� la S., se haya desvirtuado su veracidad, todo lo cual hace infundado su alegato. Tan es ajustada la condena a la reparaci�n del da�o, que la S. dispuso, justa y equitativamente, que en caso de que los ofendidos quisieran quedarse con el terreno adquirido, se dieran por pagados de la reparaci�n del da�o o bien, devolvieran el mismo, en caso de que les entregara el inculpado el monto que resintieron en su patrimonio, lo que es acorde con el art�culo 37 del C�digo Penal para el Estado de Q.�taro, que prev� que la reparaci�n del da�o comprende la restituci�n de la cosa obtenida y si no fuere posible el pago del precio de la misma. Es por lo anterior, que en lo relativo a la reparaci�n del da�o, la sentencia condenatoria que se analiza no resulte inconstitucional y por ello, en esa parte, debe negarse el amparo solicitado. XI. En suplencia de la queja deficiente, de conformidad con el art�culo 76 bis de la Ley de Amparo, el quinto concepto de violaci�n es esencialmente fundado y suficiente para conceder el amparo solicitado, por las razones y para los fines que se fijar�n enseguida. B�sicamente, el quejoso alude que no se est� en presencia de un concurso real de delitos, pues en el caso solamente se afect� un bien jur�dico. En esencia, es acertado dicho razonamiento, porque la S., previo a determinar el grado de reprochabilidad del quejoso y la existencia o no de un concurso real de delitos, omiti� estudiar si estaba en presencia de un solo delito. Conviene transcribir aqu� lo que la S. consider� al respecto: ?No le asiste la raz�n a la defensa, al decir que estamos en presencia de un concurso ideal de delitos, aduciendo que la venta de lotes se hizo en un solo acto, esto es, se ofert� en un peri�dico la venta de casas, empero, esto no constituye una sola conducta que haya originado varios delitos, como pretende el defensor, que adem�s s� deben ser delitos distintos (trat�ndose de concurso ideal), pues los que existen, son varias conductas que se llevaron a cabo en diversas fechas y el hecho de haber publicitado el fraccionamiento, no constituye la conducta il�cita que aqu� nos interesa. Se dice que son distintas conductas, porque cada una se llev� a cabo en fechas diversas, incluso, en lugares distintos, porque hay algunos ofendidos que contrataron la adquisici�n de una casa para el desarrollo ... otros, para ... y otros m�s, para el ... que finalmente en este �ltimo, el activo concentr� a todos los pasivos pero independientemente del lugar, las conductas s� se realizaron en diversos momentos y en lo particular con cada uno de los ofendidos, existiendo un convenio firmado por cada uno de los agraviados, variando la fecha de cada uno de ellos, lo que significa que en cada caso el activo recurri� al enga�o al transferir la propiedad, en lo particular, de un determinado lote, de una determinada manzana, sin contar con los permisos correspondientes para llevar a cabo ese acto y cada vez que realiz� la operaci�n de compraventa con cada ofendido, constituye un hecho aislado que no tiene nada que ver con el de otro ofendido, es decir, el agravio a un ofendido, no depende del agravio de otro de ellos, sino que es de manera aut�noma, aunado a que cada ofendido, entreg�, por s� mismo y en lo individual, determinadas cantidades de dinero para la adquisici�n de su casa, es decir, para contar �nicamente con el lote que se describe en el convenio de inscripci�n al esquema. Adem�s, cuando se da el retraso en la entrega de las casas, cada ofendido en lo particular, realiza las reclamaciones correspondientes en momentos diversos y a cada uno de ellos el activo los vuelve a enga�ar al no decirles que carece de los permisos y autorizaciones correspondientes para la venta de su inmueble. Como puede apreciarse, existe una serie de actos delictuosos (el enga�o a cada uno de los ofendidos) que origina varios delitos (veinte), pero en modo alguno podemos decir que es una sola conducta, ya que con un solo acto ... no origin� varios delitos, pues una cosa muy distinta es haber publicado la venta de los lotes en un peri�dico y otra ejecutar una conducta dolosa y enga�osa con cada uno de los ofendidos, pues si bien el acto de publicaci�n es uno solo, eso sirvi� para que los pasivos acudieran, en distintas fechas, a solicitar informes y precisamente por la conducta enga�osa, deciden contratar, pero cada uno en lo individual y conforme fueron present�ndose en las oficinas, es decir, en momentos diversos, por tanto, hay varios delitos cometidos en varios actos, esto es, varias acciones y varias lesiones jur�dicas. En tal virtud, es correcto que se haya tomado en cuenta, para efectos de la imposici�n de la pena, lo dispuesto por los art�culos 24 y 82 del C�digo Penal, aunado a que as� lo solicit� el agente del Ministerio P�blico al momento de formular las conclusiones acusatorias.?. Este tribunal considera que el fallo impugnado est� insuficientemente motivado, en cuanto a la consideraci�n relativa que existe pluralidad de delitos y, por ende, que se justific� la existencia del concurso real. En efecto, previo a determinar si existe concurso real de delitos, la S. debi� analizar si existen uno o varios delitos, partiendo del bien jur�dico tutelado por el art�culo 246-E del C�digo Penal para el Estado de Q.�taro, ya que el hecho de que haya expuesto que se hicieron diversas transferencias de predios, con diversos sujetos pasivos y en diversas fechas, como lo expuso en su fallo, no es suficiente para considerar que existe concurso real. En el caso, la S. debi� analizar que el tipo penal por el cual fue acusado el quejoso, est� previsto en el art�culo 246-E del citado ordenamiento penal, que a su vez est� contenido en el libro segundo de dicho cuerpo de leyes, t�tulo octavo, que se titula ?Delitos contra la seguridad y el orden en el desarrollo urbano?, en el cap�tulo �nico del mismo nombre. De tal manera que, a partir de lo anterior, la responsable debi� fundar y motivar si en el caso, se estaba o no frente a un solo bien jur�dico tutelado, consistente en ?el de la seguridad y el orden en el desarrollo urbano?. Lo anterior es de suma importancia, porque a diferencia del tipo penal de fraude que exist�a anteriormente, para la misma conducta (art�culo 194, fracci�n XVIII), el bien jur�dico protegido era el patrimonio de las personas, lo que permit�a la existencia de diversos il�citos y afectados y por tanto, de un concurso real, como el que refiere la S., pero no en la actualidad, que se protege un bien jur�dico de mayor entidad y por tanto, exclusivo del Estado, consistente en que se asegure el orden y la seguridad en el desarrollo urbano. No obstante lo anterior, al determinar la naturaleza de los hechos (concurso real de delitos) la S. responsable no tom� en consideraci�n lo antes expuesto, ya que no estudi� si, primero y antes de determinar la existencia de concurso real, atento a la afectaci�n del bien jur�dico protegido, se estaba en presencia de uno o varios delitos y por tanto, solamente se bas� en la existencia de los diversos afectados con motivo de la transferencia de lotes, siendo que esto �ltimo, podr�a tratarse s�lo de una consecuencia de que se haya fraccionado un predio en varios lotes. Con base en el estudio de la existencia o no, de un solo bien jur�dico tutelado, podr�a llegar a afirmarse que existe unidad en el delito, aun cuando se trate de varias transferencias de un solo lote fraccionado, cometidas incluso en momentos diversos, lo que influir�a en el grado de reproche del acusado y no en el tipo de concurso real que refiere la S.. A manera de ejemplo cabe citar el caso del delito contra la salud, en el que la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n ha establecido que el delito es uno solo, a pesar de que sean varias las conductas o las modalidades, atento al principio de unidad del bien jur�dico. En lo conducente, sirve de apoyo a lo antes expuesto, la tesis sostenida por la Primera S. de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, visible en el Semanario Judicial de la Federaci�n, S�ptima �poca, Volumen 30, Segunda Parte, p�gina diecinueve, que dice: ?DELITO CONTRA LA SALUD. CONSTITUYE UN SOLO DELITO A PESAR DE QUE SE COMETAN VARIAS DE SUS MODALIDADES (LEGISLACI�N FEDERAL).? (se transcribe). De la tesis anterior se advierte que, en esencia, existe unidad del delito cuando se afecta un solo bien jur�dico tutelado, a pesar de que se cometan diversas conductas o modalidades que lo afectan. Es por lo anterior que se afirma que el fallo reclamado carece de una debida fundamentaci�n y motivaci�n, ya que no se estudi� si lo antes expuesto es aplicable al delito contra la seguridad y el orden en el desarrollo urbano, que se imputa al quejoso, el cual puede configurarse por la transferencia de derechos de un lote o lotes o la promesa de transferirlos, cuando no se tiene la autorizaci�n para ello. En efecto, la multiplicidad de ventas podr�an ser formas comisivas del mismo delito, ya que el art�culo 246-E del C�digo Penal de Q.�taro, es claro en se�alar que esos lotes deben ser el resultado de fraccionar un solo predio y, por tanto, la unidad podr�a subsistir a pesar que el agente hubiese incurrido en varias de esas formas de comisi�n, las cuales deben tomarse en cuenta como par�metro para fijar el grado de reproche. Como ya se dijo, el tipo penal en estudio, tutela el orden y seguridad en el desarrollo urbano, en cuanto que protege que no se transfieran derechos o no se prometa su transferencia, respecto de lotes resultantes de fraccionar un predio, cuando la autoridad no ha otorgado autorizaci�n para ello al fraccionador, y trata de impedir esa transferencia o promesa de transmisi�n, para preservar un orden y seguridad en los desarrollos urbanos. De ese modo, si se verifican varias operaciones, mediante acciones independientes, realizadas en distintos momentos, integrantes de un proceso tendiente a vulnerar ese orden y seguridad, derivados de un mismo predio fraccionado (lo que debe destacarse porque la ley penal en estudio, establece, textualmente uno o m�s lotes resultantes de fraccionar un predio), en realidad se podr�a estar atacando con varias conductas un mismo bien jur�dico tutelado, derivado del mismo objeto del delito (un predio), es decir, son partes de un proceso lesivo tendiente a atacar el bien jur�dico tutelado, pudiendo afirmar que solamente se causa un solo da�o y se ataca s�lo un bien jur�dico tutelado. Por eso, la medida del da�o potencial no es la del n�mero de operaciones realizadas, sino el de haber fraccionado un predio sin permisos, ya que en cualquier caso la magnitud del da�o por el n�mero de lotes vendidos es la misma (afectar el orden y seguridad en el desarrollo urbano), siendo que esto �ltimo s�lo es una cuesti�n que podr�a tomarse en cuenta para graduar el grado de culpabilidad del acusado, pero no para decir que existe concurso real. Se insiste en lo anterior, porque a juicio de este tribunal, lo que se trata de impedir por la norma, es la consumaci�n de un solo da�o, que es la prohibici�n que tutela el bien jur�dico, consistente en el orden y seguridad en el desarrollo urbano. El �nico bien jur�dico y el �nico posible da�o, son los que podr�an dar unidad al delito, que es uno a pesar de las distintas conductas, por ser parte del mismo ataque al bien jur�dico tutelado: el orden y la seguridad. Es todo lo antes expuesto lo que hace ilegal el fallo impugnado por insuficiente motivaci�n, pues la S. consider� que estaba en presencia de un concurso real de delitos y con base en ello calcul� la pena de prisi�n; sin determinar, previo a ello, si exist�a un delito o varios y tomar en cuenta que los predios y las casas que vendi� el quejoso por medio de un esquema de financiamiento, pueden afectar, en conjunto un solo bien jur�dico tutelado que es el ya mencionado. Lo ya dicho, m�xime que al quejoso s�lo se le imputa la venta de lotes de un mismo predio o fraccionamiento y que precisamente se ofrecieron pruebas que revelan que se trata del mismo predio fraccionado y que no se afecta el citado bien jur�dico por cada uno de los ofendidos, sino respecto de todo el terreno que se fraccion� (a los ofendidos, en lo particular, s�lo les afecta en su patrimonio, no en el orden y seguridad del desarrollo urbano, pues no son titulares de este �ltimo bien jur�dico). En suma, debe concederse el amparo solicitado, para que la responsable, previo a determinar si existen varios delitos que integran un concurso real, al momento de estudiar la naturaleza de los hechos, considere si se afect� o no un solo bien jur�dico y que s�lo se afect� al Estado como titular del mismo, adem�s de que analice si existe o no unidad en el delito y con base en ello estudie nuevamente si, a pesar de lo que concluya se est� o no en presencia de un concurso real y en su caso, analice lo relativo a la pena que le corresponde al quejoso. En el entendido que, de considerar que lo expuesto es procedente (es decir, que existe unidad en el delito o que s�lo se afect� a un solo bien jur�dico y al Estado), la S. estar� en aptitud de graduar nuevamente el grado de reprochabilidad del acusado, pues el n�mero de transferencias realizadas guarda relaci�n con la gravedad de la lesi�n al bien jur�dico tutelado, en t�rminos del art�culo 68 del C�digo Penal para el Estado de Q.�taro, ello, a fin de que aplique justamente la pena que corresponda. Lo anterior, sumado a que, en el caso de que la responsable considere que se trata de un solo bien jur�dico (la seguridad y el orden en el desarrollo urbano) y, por tanto, de un solo afectado (el Estado), aqu�lla estar� en aptitud de pronunciarse respecto de la aplicaci�n de las reglas previstas en los art�culos 12 y 83 del C�digo Penal para el Estado de Q.�taro, que establecen que en caso de delito continuado, la sanci�n se aumentar� hasta en una tercera parte de la pena correspondiente, lo que desde luego podr�a ser lo m�s favorable al acusado. Es lo anterior lo que conduce a conceder el amparo, para que: A. Se deje sin efectos el fallo impugnado, y B. La S. responsable emita un nuevo fallo, en el que, en el cap�tulo de individualizaci�n de la pena de prisi�n, funde y motive lo relativo a la naturaleza de los hechos que integran el tipo penal cuya responsabilidad se imput� al quejoso, sin m�s limitaciones a su jurisdicci�n que las de tomar en cuenta los argumentos aqu� expuestos. La concesi�n del amparo, desde luego, se hace extensiva a los actos de ejecuci�n de la sentencia reclamada, que reclam� el quejoso, pues no son m�s que una consecuencia de aqu�lla y no se atacaron por vicios propios. XII. Finalmente, debe se�alarse que no se analiza el �ltimo de los conceptos de violaci�n, en el que el quejoso aduce que es ilegal la negativa de concederle los beneficios de la conmutaci�n de la pena. Lo anterior, en virtud de que dicho pronunciamiento depende de la pena que le aplique la S., en cumplimiento a la concesi�n del amparo que precede, pues ser� hasta despu�s de que se individualice la pena, cuando se est� en aptitud de estudiar si se re�nen los requisitos o no para conceder los citados beneficios. S�lo resta se�alar que en esta ejecutoria no se analizaron los documentos que exhibi� el quejoso durante el tr�mite del presente juicio de amparo y que no tuvo a la vista la responsable, ello de conformidad con lo dispuesto por el art�culo 78 de la Ley de Amparo."
CUARTO. Las consideraciones del Primer Tribunal Colegiado del Vig�simo Segundo Circuito, al resolver el amparo en revisi�n 325/2004, en lo que interesan, son las siguientes:
Amparo en revisi�n 325/2004.
"QUINTO. Resulta esencialmente fundado uno de los agravios transcritos. Para una mayor comprensi�n del asunto, es necesario precisar que: 1. Por auto de siete de octubre de dos mil dos, el J. Primero de Primera Instancia Penal en San Jos� El Alto, Q.�taro, tuvo por recibida la averiguaci�n previa n�mero ... remitida por el agente del Ministerio P�blico investigador en esta ciudad, y a su vez por ejercida la acci�n penal y civil reparadora del da�o en contra de ... por el delito de fraude espec�fico maquinado, en agravio de ... Al efecto orden� integrar el expediente n�mero ... A su vez, ante la petici�n del citado fiscal, el citado J. determin� negar la orden de aprehensi�n solicitada en contra del indiciado de referencia. 2. En comparecencia de veintiocho de octubre de dos mil dos, la ofendida ... otorg� perd�n legal en favor del reo, por el delito de fraude espec�fico. 3. Contra la negativa de orden de captura, el fiscal consignador interpuso recurso de apelaci�n, y por resoluci�n de catorce de noviembre de dos mil dos, la S. Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Q.�taro, modific� el auto impugnado para ahora negar la orden de captura solicitada, pero ahora por el il�cito contra la seguridad y orden en el desarrollo urbano. 4. Por oficio n�mero 426 de veintisiete de marzo de dos mil tres, el agente del Ministerio P�blico adscrita a la Coordinaci�n de Delitos Patrimoniales Ejecutados sin Violencia, consign� nuevamente la citada averiguaci�n previa, en contra de ... por la comisi�n de los delitos contra la seguridad y el orden en el desarrollo urbano y fraude espec�fico maquinado, previstos y sancionados por los art�culos 246-E y 194, fracci�n II, en relaci�n con los diversos 195 y 193, fracci�n II, del C�digo Penal para el Estado de Q.�taro, en agravio del Estado y en forma indirecta de ... y solicit� se dictara la respectiva orden de captura. 5. Por auto de veinte de abril de dos mil tres, el J. Sexto de Primera Instancia Penal en San Jos� El Alto, Q.�taro, tuvo al citado fiscalejerciendo acci�n penal y civil reparadora del da�o y registr� la causa con el n�mero ... 6. En comparecencia judicial de veinticuatro de abril de dos mil tres, la ofendida ... otorg� perd�n legal al inculpado. 7. Mediante prove�do de diez de junio de dos mil tres, el J. natural libr� orden de aprehensi�n en contra del recurrente por su probable responsabilidad en la comisi�n del delito contra la seguridad y el orden en el desarrollo urbano en agravio del Estado y en forma indirecta en agravio de ... A su vez neg� la orden de captura solicitada por el delito de fraude espec�fico maquinado y por el delito contra la seguridad y el orden en el desarrollo urbano, en agravio de ... 8. Contra dicho auto, el inculpado promovi� juicio de amparo, el cual qued� registrado con el n�mero ... del �ndice del Juzgado Segundo de Distrito ?A? en el Estado. 9. En comparecencia judicial de tres de julio de dos mil tres, los ofendidos ... se dieron por reparados del da�o. 10. A trav�s de sentencia de veintiuno de agosto de dos mil tres, dictada dentro del expediente ... el J. Segundo de Distrito ?A? en el Estado de Q.�taro, resolvi� conceder al indiciado el amparo solicitado, a fin de que se emitiera una nueva resoluci�n debidamente fundada y motivada. 11. Por auto de once de septiembre de dos mil tres, el J. natural, en cumplimiento a la citada ejecutoria de amparo, libr� orden de aprehensi�n en contra del indiciado aludido, por el delito contra la seguridad y el orden en el desarrollo urbano, en agravio del Estado y en forma indirecta en contra de ... Por otra parte, neg� la orden de captura solicitada contra el ahora quejoso, por el delito de fraude espec�fico maquinado y por el delito contra la seguridad y el orden en el desarrollo urbano, en agravio de ... 12. Una vez que compareci� el inculpado ante el J. de la causa y que rindi� declaraci�n preparatoria, por auto de diecisiete de octubre de dos mil tres, se decret� formal prisi�n en su contra, por el delito contra la seguridad y el orden en el desarrollo urbano, en agravio del Estado y en forma indirecta de ... 13. Contra dicha determinaci�n, la defensa interpuso recurso de apelaci�n. Por ejecutoria de cuatro de diciembre de dos mil tres, la S. Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado, confirm� el citado auto de t�rmino constitucional. 14. El quejoso mencionado promovi� juicio de amparo indirecto en contra de la citada resoluci�n de alzada; el cual qued� registrado con el n�mero ... del �ndice del Juzgado Segundo de Distrito ?A? en el Estado. Por sentencia de once de febrero de dos mil cuatro, el citado J. Federal determin� conceder el amparo solicitado, para que se emita una nueva resoluci�n donde haga un an�lisis configurativo de las normas derogadas y vigentes para concluir si existe o no traslado de tipo. 15. Por resoluci�n de tres de marzo de dos mil cuatro, y en cumplimiento a la ejecutoria de amparo en comento, la S. responsable confirm� el auto de t�rmino constitucional de diecisiete de octubre de dos mil tres. 16. Contra dicha resoluci�n, el inculpado promovi� juicio de amparo, el cual tras una declaratoria de incompetencia por parte de la J. Tercero de Distrito en el Estado, correspondi� conocer al J. Segundo de Distrito ?A? en el Estado, quien la registr� con el n�mero ... En sentencia de diez de mayo de dos mil cuatro, se determin� negar el amparo solicitado. Resoluci�n que ahora constituye el fallo recurrido. En primer lugar, se deben analizar los agravios esgrimidos por el recurrente sobre la inexistencia del traslado del tipo penal dentro de la resoluci�n reclamada. Debido a que constituye una cuesti�n preferente, para establecer la ley aplicable al caso concreto. Al respecto, el inconforme alude sustancialmente que no puede operar la traslaci�n del tipo sobre la garant�a de irretroactividad de la ley porque la disposici�n penal referente al delito de desarrollo urbano puede aplicarse a futuro, pero no operar hacia el pasado; adem�s que el delito de fraude que estaba vigente al momento de los hechos y el diverso previsto en el art�culo 246-E del C�digo Penal para el Estado de Q.�taro, establecen un bien jur�dico protegido diferente y el primero de ellos s�lo es perseguible mediante querella, mientras que el segundo se persigue de oficio. Argumentos que resultan esencialmente fundados por las siguientes consideraciones: para establecer con claridad si en la especie existe el traslado de tipo que alega el recurrente, es necesario precisar que por tipo penal debe entenderse la descripci�n de la conducta prohibida que lleva a cabo el legislador en el supuesto hecho de una norma legal. Por otra parte, a pesar de que ser�a imposible reducir a un denominador com�n las diversas caracter�sticas de los tipos delictivos, existen algunas de ellas de car�cter general que siempre concurren en la composici�n de dichos tipos, y que son: a) Sujeto activo. El delito como obra humana siempre tiene un autor, que es aquel que precisamente realiza la acci�n u omisi�n prohibida. b) Acci�n. En todo tipo penal hay una acci�n, entendida como un comportamiento humano que constituye el n�cleo del tipo. c) Bien jur�dico. La norma penal tiene una funci�n protectora de bienes jur�dicos, luego el bien jur�dico es la clave que permite descubrir la naturaleza del tipo, y le da sentido y fundamento. De ah� que todo tipo penal est� orientado hacia la puesta en peligro o lesi�n de �ste. d) Objeto de la acci�n. Es aquella cosa del mundo exterior sobre la cual recae directamente la acci�n t�pica. e) Sujeto pasivo. Es generalmente el titular del bien jur�dico protegido. Tambi�n es necesario precisar que los tipos penales cuentan con la siguiente clasificaci�n de elementos: 1) Objetivos. Son aquellos de los que se vale la ley para describir conductas que conducen a la pena, y que se refieren a cosas, personas o modos de obrar, que constituyen nociones que pueden ser captadas por los sentidos. 2) S.. Son aquellos que tienen un sentido valorativo, y que cumplen con una funci�n simplemente descriptiva en relaci�n con la voluntad del agente y su determinaci�n consciente y finalista. 3) N.. Son expresiones que requieren un juicio de desvalor definitivo y que conducen m�s a la antijuridicidad que a elementos de valor, por ejemplo conceptos como indebidamente, il�citamente, etc�tera. Asentado lo anterior, habr� que conocer el contenido de los preceptos legales cuya traslaci�n se combate: La fracci�n XVIII del numeral 194 del C�digo Penal del Estado, que fue derogada por decreto del veintitr�s de agosto de dos mil dos, establec�a: ?Se aplicar�n las mismas penas previstas en el art�culo anterior: ... XVIII. Al que por s� o por interp�sita persona, cause perjuicio p�blico o privado al fraccionar y transferir o prometer transferir la propiedad, la posesi�n o cualquier otro derecho sobre un terreno urbano o r�stico, propio o ajeno, con o sin construcciones, sin el previo permiso de las autoridades administrativas competentes o cuando existiendo �ste no se haya satisfecho los requisitos en �l se�alados. Este delito se sancionar� aun en el caso de falta de pago total o parcial. Para los efectos penales se entiende por fraccionar la divisi�n de terrenos en lotes.?. El art�culo 246-E del C�digo Penal para el Estado de Q.�taro, dispone: ?Al que por s� o por interp�sita persona transfiera o prometa transferir la posesi�n, la propiedad o cualquier otro derecho sobre uno o m�s lotes resultantes de fraccionar un predio, para que sean o puedan ser destinados para vivienda, comercio o industria, sin contar con la autorizaci�n para transferir expedida por las autoridades competentes, se le aplicar�n de 2 a 8 a�os de prisi�n y de 120 hasta 400 d�as multa. No se considerar� fraccionamiento irregular, para los efectos de este t�tulo, cuando un ascendiente transfiera la propiedad o posesi�n de partes de un inmueble a sus descendientes, pero �stos deber�n cumplir las normas aplicables seg�n el tipo de propiedad de que se trate, tanto para escriturar a su favor o para ceder sus derechos a terceros.?. De lo anterior se desprende que, como acertadamente lo consider� el a quo federal, dichas hip�tesis contienen algunos elementos que son: I. Ambos preceptos contienen un sujeto activo indeterminado, que puede actuar por s� o por otra persona. II. En los citados tipos penales, la acci�n recae sobre el mismo objeto, esto es, terrenos o lotes que cualitativamente constituyen conceptos similares. Sin embargo, en uno de los elementos principales del tipo penal que es el medio comisivo, este tribunal considera que entre ambas hip�tesis existe una diferencia sustancial que impide el traslado de una a otra, por las siguientes razones: El art�culo 193 del C�digo Penal para el Estado de Q.�taro, contempla el llamado fraude gen�rico, en los siguientes t�rminos: ?Al que enga�ando a alguien o aprovech�ndose del error en que �ste se halla, se haga il�citamente de alguna cosa o alcance un lucro indebido, se le impondr�n las siguientes penas ...?. De la mencionada descripci�n delictiva, se desprende que el medio comisivo de esa conducta la constituye el enga�o o el aprovechamiento del error de otra persona. Luego, es inconcuso que para la configuraci�n del delito de fraude espec�fico previsto en el art�culo 194, fracci�n XVIII, del propio c�digo, era necesario que el sujeto activo haya empleado el enga�o o que se haya aprovechado del error de una persona; pues este elemento es esencial para la integraci�n del delito en comento, ya que l�gica y naturalmente la especie (fraude espec�fico), debe estar comprendido dentro del g�nero (fraude gen�rico). Cobra aplicaci�n el criterio sustentado por el Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, que este tribunal comparte, publicado en la p�gina 310 del Semanario Judicial de la Federaci�n, Vol�menes 217-228, Sexta Parte, S�ptima �poca, que dice: ?FRAUDE ESPEC�FICO. PARA SU CONFIGURACI�N DEBEN DARSE LOS ELEMENTOS DEL FRAUDE GEN�RICO. Es inconcuso que para la configuraci�n del delito de fraude espec�fico que previene la fracci�n XII del art�culo 252 del C�digo Penal del Estado de Jalisco, es necesario que el inculpado haya empleado el enga�o o que se aprovechara del error de una persona para obtener de ella una cosa o alcanzar un lucro indebido, pues estos elementos son esenciales para la integraci�n del delito en comento, ya que l�gica y naturalmente la especie (fraude espec�fico), debe estar comprendido dentro del g�nero (fraude gen�rico).?. Luego entonces, el elemento esencial de la acci�n en el delito de fraude espec�fico de que se trata, consistente en el enga�o, no se encuentra plasmado dentro del tipo previsto en el art�culo 246-E del c�digo sustantivo penal local. En efecto, desde el momento en que la conducta ah� citada, fue desprendida de la esfera que comprende el delito de fraude, deja de contar con los elementos esenciales que integra el fraude gen�rico, puesto que fue incluida dentro de un cat�logo especial de delitos contra la seguridad y el orden en el desarrollo urbano. En otras palabras, para la configuraci�n del delito contemplado en el art�culo 246-E del C�digo Penal, no es necesaria la existencia del elemento de enga�o; a diferencia del delito de fraude espec�fico previsto en el art�culo 194, fracci�n XVIII, del propio ordenamiento jur�dico, cuya configuraci�n requiere necesariamente de tal elemento. Lo que significa que para el delito de fraude es necesario que al fraccionar y transferir o prometer transferir un predio sin el permiso de las autoridades competentes, se haga utilizando el enga�o en perjuicio del sujeto pasivo. Mientras que en el delito contra la seguridad y el orden en el desarrollo urbano, �nicamente se necesita la transferencia o la promesa de hacerlo, sobre la propiedad o derechos de uno o m�s lotes, sin los permisos respectivos, ya que el fin principal del tipo es salvaguardar el desarrollo urbano. La citada diferencia en ambos tipos se corrobora al apreciar el contenido de la exposici�n de motivos que origin� la creaci�n del citado tipo contra la seguridad y el orden en el desarrollo urbano y la derogaci�n del delito de fraude espec�fico, previsto en el art�culo 194, fracci�n XVIII, del C�digo Penal, que aparece en el P.�dico Oficial del Estado de Q.�taro, de fecha veintitr�s de agosto de dos mil dos, que se�ala: ?... Debe aclararse que para evitar el conflicto de leyes, se deroga la fracci�n XVIII del art�culo 194, ya que la nueva figura delictiva tutela con mayor precisi�n el orden y el desarrollo urbano, mejorando los alcances y elementos de procedibilidad del antiguo tipo penal, pues �ste s�lo tutelaba el aspecto patrimonial de la ofensa, que sin dejar de estar contemplado, logr�ndose adem�s subsanar las debilidades del tipo anterior en cuanto a la probanza de sus elementos ...?. De la lectura de lo antes transcrito, se puede advertir con claridad que el propio legislador trata al delito contra la seguridad y el desarrollo urbano como una nueva figura jur�dica, que contiene mejores alcances y elementos; no as� como un simple traslado de tipo para evitar confusiones. Aunado a lo anterior, y en relaci�n directa con la citada publicaci�n, debe mencionarse que al producirse un traslado en el tipo donde el contenido de una norma derogada se traslada a otra ley, deben se�alarse expresamente disposiciones transitorias que as� lo indiquen, o bien que delimiten el �mbito temporal de aplicaci�n de las normas penales vigentes y derogadas, para establecer con claridad su alcance y aplicaci�n. En ese sentido, se advierte que en la mencionada publicaci�n, �nicamente aparecen dos art�culos transitorios, que a la letra dicen: ?Art�culo primero. La presente ley iniciar� su vigencia el d�a siguiente de su publicaci�n en el P.�dico Oficial del Gobierno del Estado de Q.�taro, �La Sombra de A.�.?. ?Art�culo segundo. Se derogan todas las disposiciones de igual o menor jerarqu�a que se opongan al presente.?. Luego, de tales art�culos transitorios, de modo alguno se advierte que el legislador haya contemplado el citado traslado de tipo, o en su caso, que se haya delimitado claramente el �mbito temporal de aplicaci�n entre la norma penal vigente, en este caso, el delito contra la seguridad y el orden en el desarrollo urbano, y la norma derogada, que es el delito de fraude espec�fico, previsto en el art�culo 194, fracci�n XVIII, del C�digo Penal para el Estado de Q.�taro. Cobra aplicaci�n de manera ilustrativa, el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, que aparece en la p�gina 100 del Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, Tomo XI, marzo de 2000, que dice: ?NOTORIA INEPTITUD O DESCUIDO EN EL EJERCICIO DE LA FUNCI�N JURISDICCIONAL. CONSTITUYE UN ERROR INEXCUSABLE DEJAR DE APLICAR UNA LEY DESACATANDO UNA DISPOSICI�N QUE ESTABLECE EXPRESAMENTE SU APLICACI�N. No existe confusi�n u oscuridad alguna que justifique dejar de aplicar, al resolver sobre la situaci�n jur�dica del inculpado, una norma penal derogada, cuyo contenido se traslada a otra ley, si el precepto transitorio del decreto derogatorio relativo dispone expresamente la aplicaci�n de la primera a los hechos ocurridos durante su vigencia, pues el objetivo de la disposici�n transitoria, al producirse la traslaci�n del tipo penal, consiste �nicamente en delimitar el �mbito temporal de aplicaci�n de las normas penales vigente y derogada, debiendo el juzgador atender a la fecha de comisi�n del il�cito de que se trate para ubicar la conducta en alguna de las dos leyes, o en ambas, de ser el caso, sin que proceda el principio de aplicaci�n m�s favorable de la ley penal en favor del inculpado para no aplicar la norma derogada, porque de conformidad con lo dispuesto en el art�culo 56 del C�digo Penal Federal, ese beneficio s�lo se presenta trat�ndose de la imposici�n de la pena en la condena y no al resolver sobre la formal prisi�n del inculpado, donde debe observarse lo dispuesto por el art�culo 14, segundo p�rrafo, de la Constituci�n, que consagra la obligaci�n de juzgar conforme a la ley vigente en el momento de realizaci�n del delito. En tales condiciones, constituye un error inexcusable del juzgador no aplicar la ley derogada a los hechos delictivos ocurridos durante su vigencia, lo que evidencia su notoria ineptitud o descuido en el ejercicio de la funci�n jurisdiccional, en t�rminos de lo dispuesto por el art�culo 131, fracci�n III, de la Ley Org�nica del Poder Judicial de la Federaci�n.?. Por consiguiente, como bien lo argument� el recurrente, al no existir identidad entre los elementos configurativos de ambos preceptos legales, dicha situaci�n impide jur�dicamente la existencia del traslado del tipo penal contemplado en el art�culo 194, fracci�n XVIII, al diverso previsto en el art�culo 246-E, ambos del C�digo Penal para el Estado de Q.�taro; m�xime que, como ya se mencion�, tampoco se advirtieron condiciones legislativas que permitieran apreciar dicho traslado de tipo. Bajo ese contexto, lo procedente es revocar el fallo recurrido, y conceder al quejoso ... el amparo solicitado, para el efecto de que la S. responsable deje insubsistente la resoluci�n reclamada, y en su lugar, emita otra donde considere que no se materializa el traslado del tipo de fraude espec�fico, previsto en la fracci�n XVIII del art�culo 194, al diverso il�cito contra la seguridad y el orden en el desarrollo urbano, contemplado en el precepto 246-E, ambos del C�digo Penal para el Estado de Q.�taro. Determinaci�n que se hace extensiva a la autoridad se�alada como ejecutora, J. Sexto de Primera Instancia Penal, en San Jos� El Alto, Q.�taro, toda vez que no se reclamaron especialmente por vicios en tal ejecuci�n."
QUINTO. Como una cuesti�n previa al resolver la existencia de la contradicci�n denunciada, debe se�alarse que para que se surta su procedencia, es necesario que las posiciones opuestas se susciten en un mismo plano de an�lisis, de modo que no basta atender a la conclusi�n del razonamiento, sino que es necesario tener en cuenta las circunstancias f�cticas y jur�dicas que por su enlace l�gico son fundamento del criterio asumido, ya que �nicamente cuando exista tal coincidencia puede presentarse una contradicci�n de tesis.
Asimismo, al estudiar las circunstancias aludidas se deben distinguir entre las que sirven de fundamento a los criterios emitidos, de aquellas que aun cuando aparentemente son sustento de las consideraciones respectivas, no constituyen un presupuesto l�gico del razonamiento.
En otros t�rminos, se actualiza la contradicci�n de tesis cuando concurren los siguientes supuestos:
a) Que al resolver los asuntos se examinen cuestiones jur�dicas esencialmente iguales y se adopten criterios discrepantes;
b) Que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jur�dicas de las sentencias respectivas; y,
c) Que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos.
Al respecto, es aplicable la siguiente tesis de jurisprudencia sustentada por el Pleno de este Alto Tribunal, de rubro: "CONTRADICCI�N DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA." (2)
Precisado lo anterior, debe se�alarse que, en la especie, s� se acreditan los extremos a que se refieren los incisos anteriores, entre los criterios sustentados entre el Primer y Segundo Tribunales Colegiados del Vig�simo Segundo Circuito, al resolver, el primero, el amparo en revisi�n 325/2004, y el segundo, los juicios de amparo en revisi�n penal 358/2003 y 106/2004, as� como el amparo directo 497/2003.
Sin que sea obst�culo a lo anterior, el que los criterios sustentados por los tribunales contendientes no hayan dado lugar a tesis expuestas de manera formal. Ello en virtud de que para que exista contradicci�n de tesis, basta con que se hayan sustentado criterios discrepantes sobre la misma cuesti�n por los Tribunales Colegiados de Circuito, enresoluciones dictadas en asuntos de su competencia.
Lo anterior, encuentra apoyo en lo sostenido por el Pleno de este Alto Tribunal, en el criterio jurisprudencial contenido en la tesis de rubro: "CONTRADICCI�N DE TESIS. PARA QUE PROCEDA LA DENUNCIA BASTA QUE EN LAS SENTENCIAS SE SUSTENTEN CRITERIOS DISCREPANTES." (3)
Dicho lo anterior, lo que procede es demostrar que se acreditan los extremos a que se ha hecho referencia, y para ello se hace la siguiente relaci�n:
Para clarificar lo anterior, se estima necesaria la siguiente relaci�n:
Segundo Tribunal Colegiado del Vig�simo Segundo Circuito.
Recurso de revisi�n penal 358/2003.
Quejoso: ...
Autoridad que conoci� del juicio de amparo indirecto: Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Q.�taro.
Acto reclamado: El auto de formal prisi�n dictado dentro del proceso penal n�mero 253/2002, por el delito de fraude espec�fico, que preve�a y sancionaba el art�culo 194, fracci�n XVIII, del C�digo Penal del Estado de Q.�taro.
Resoluci�n de amparo: La dictada el treinta de septiembre de dos mil tres, por la J. Tercero de Distrito en el Estado de Q.�taro, en el juicio de amparo indirecto n�mero 484/2003-II, en la cual neg� el amparo solicitado.
Recurrente: El quejoso.
Autoridad que conoci� del recurso de revisi�n: Segundo Tribunal Colegiado del Vig�simo Segundo Circuito.
Resoluci�n reca�da al recurso de revisi�n: La emitida el veinticuatro de mayo de dos mil cuatro, en la que se neg� el amparo y, por tanto, se confirma la resoluci�n sujeta a revisi�n.
Consideraciones fundamentales de dicho fallo:
? Las conductas descritas en la derogada fracci�n XVIII del art�culo 194, que se relaciona con el numeral 193 y la que actualmente prev� el art�culo 246-E, ambas del C�digo Penal del Estado de Q.�taro, son las mismas, seg�n advierte del an�lisis comparado de sus textos.
? Del citado an�lisis concluye que los tipos penales en comento, comparten los mismos elementos por cuanto hace a: a) la forma de participaci�n -por s� o por interp�sita persona-; b) formas de acci�n t�pica -fraccionar y transferir o prometer transferir la propiedad, posesi�n o cualquier derecho sobre un terreno urbano o r�stico-; c) objeto material -terreno urbano o r�stico, con o sin construcci�n, propio o ajeno-; y, d) elemento normativo -ausencia de permiso previo de las autoridades competentes-.
? Advierte que si bien no aparece, de manera expresa, en el vigente tipo penal -como s� estaba expresamente previsto en el derogado tipo penal-, el elemento del tipo consistente en el resultado -causar un perjuicio p�blico o privado-, ello no lo estima suficiente para considerar que se trata de tipos penales distintos, toda vez que dicho resultado s� est� previsto en el tipo penal en cuesti�n, de manera impl�cita, toda vez que el mismo constituye, de acuerdo con la dogm�tica penal, un presupuesto de hecho del mismo.
? As� pues, concluye que existe identidad sustancial entre la norma derogada y la vigente. De ello que estime que fue correcto que el J. de la causa haya aplicado, ultractivamente, al dictarle al quejoso auto de formal prisi�n, la disposici�n derogada, atento a que la conducta contin�a siendo delictiva y la citada disposici�n le era m�s favorable, atento al momento procesal en que se encontraba la causa.
Amparo directo 497/2003.
Quejoso: ...
Acto reclamado: La resoluci�n de quince de mayo de dos mil tres, dictada en el toca de apelaci�n penal 484/2003, por la S. Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Q.�taro.
Autoridad que conoci� del amparo: Segundo Tribunal Colegiado del Vig�simo Segundo Circuito.
Resoluci�n de amparo: La emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Vig�simo Segundo Circuito, el once de mayo de dos mil cuatro, en la que niega el amparo.
Consideraciones fundamentales de dicho fallo:
? Las conductas descritas en la derogada fracci�n XVIII del art�culo 194, que se relaciona con el numeral 193 y la que actualmente prev� el art�culo 246-E, ambas del C�digo Penal del Estado de Q.�taro, son las mismas, seg�n advierte del an�lisis comparado de sus textos.
? Del citado an�lisis concluye que los tipos penales en comento, comparten los mismos elementos por cuanto hace a: a) la forma de participaci�n -por s� o por interp�sita persona-; b) formas de acci�n t�pica -fraccionar y transferir o prometer transferir la propiedad, posesi�n o cualquier derecho sobre un terreno urbano o r�stico-; c) objeto material -terreno urbano o r�stico, con o sin construcci�n, propio o ajeno-; y, d) elemento normativo -ausencia de permiso previo de las autoridades competentes-.
? Advierte que si bien no aparece, de manera expresa, en el vigente tipo penal -como s� estaba expresamente previsto en el derogado tipo penal-, el elemento del tipo consistente en el resultado -causar un perjuicio p�blico o privado-, ello no lo estima suficiente para considerar que se trata de tipos penales distintos, toda vez que dicho resultado s� est� previsto en el tipo penal en cuesti�n, de manera impl�cita, toda vez que el mismo constituye, de acuerdo con la dogm�tica penal, un presupuesto de hecho del mismo.
? As� pues, concluye que existe identidad sustancial entre la norma derogada y la vigente, y atendiendo al momento procesal en que se encontraba la causa, estim� que la disposici�n que deb�a aplicarse al quejoso es la vigente, toda vez que la misma prev� una penalidad menor para el delito que se le imputa, lo que le favorece.
? Cabe se�alar que el Tribunal Colegiado no se aparta del criterio sostenido en el amparo en revisi�n anteriormente comentado, por lo que hace a cu�l es la disposici�n m�s favorable, sino que atendiendo al momento procesal en que se encontraban las causas -dictado de auto de formal prisi�n y sentencia definitiva, respectivamente-, estim�, en el primer caso, que le era m�s favorable la norma derogada por permitirle gozar -al quejoso- de la libertad provisional bajo cauci�n, durante el proceso, con independencia de la penalidad que se le atribu�a al delito cometido; y en el presente, consider� m�s favorable la disposici�n vigente atendiendo meramente a la penalidad, en virtud de que el quejoso ya se encontraba sentenciado.
Amparo en revisi�n penal 106/2004.
Quejoso: ...
Autoridad que conoci� del juicio de amparo indirecto: J. Segundo de Distrito "B" en el Estado de Q.�taro.
Acto reclamado: La orden de aprehensi�n librada contra el quejoso el veintinueve de septiembre de dos mil tres, dentro del expediente 311/2003, por considerarlo probable responsable en la comisi�n del delito contra la seguridad y el orden en el desarrollo urbano previsto y sancionado en el art�culo 246-E del C�digo Penal del Estado de Q.�taro.
Resoluci�n de amparo: La dictada por el J. Segundo de Distrito "B", el treinta de enero de dos mil tres, en la que resolvi� negar el amparo solicitado.
Recurrente: El quejoso.
Autoridad que conoci� del recurso de revisi�n: Segundo Tribunal Colegiado del Vig�simo Segundo Circuito.
Resoluci�n reca�da al recurso de revisi�n: La emitida el catorce de junio de dos mil cuatro, en la que se revoca la resoluci�n recurrida y se concede la protecci�n federal para el efecto de que el J. responsable deje insubsistente la orden reclamada y emita una nueva en la que reitere todas las consideraciones que sustentaron el acto reclamado, con la salvedad de que en lugar de librar orden de aprehensi�n, con base en el art�culo 246-E del C�digo Penal del Estado de Q.�taro, lo haga conforme al ya derogado, art�culo 194, fracci�n VIII, del mismo ordenamiento.
Consideraciones fundamentales de dicho fallo:
? Las conductas descritas en la derogada fracci�n XVIII del art�culo 194, que se relaciona con el numeral 193 y la que actualmente prev� el art�culo 246-E, ambas del C�digo Penal del Estado de Q.�taro, son las mismas, seg�n advierte del an�lisis comparado de sus textos.
? Del citado an�lisis concluye que los tipos penales en comento, comparten los mismos elementos por cuanto hace a: a) la forma de participaci�n -por s� o por interp�sita persona-; b) formas de acci�n t�pica -fraccionar y transferir o prometer transferir la propiedad, posesi�n o cualquier derecho sobre un terreno urbano o r�stico-; c) objeto material -terreno urbano o r�stico, con o sin construcci�n, propio o ajeno-; y, d) elemento normativo -ausencia de permiso previo de las autoridades competentes-.
? Advierte que si bien no aparece, de manera expresa, en el vigente tipo penal -como s� estaba expresamente previsto en el derogado tipo penal-, el elemento del tipo consistente en el resultado -causar un perjuicio p�blico o privado-, ello no lo estima suficiente para considerar que se trata de tipos penales distintos, toda vez que dicho resultado s� est� previsto en el tipo penal en cuesti�n, de manera impl�cita, toda vez que el mismo constituye, de acuerdo con la dogm�tica penal, un presupuesto de hecho del mismo.
? Estima incorrecta la apreciaci�n del quejoso en el sentido de que el precepto derogado que preve�a el delito de fraude espec�fico, exig�a como elemento constitutivo, el enga�o o el aprovechamiento del error, pues considera que dicho elemento no formaba parte del se�alado tipo penal, sino �nicamente los precisados de manera expresa en su texto.
? As� tampoco considera una raz�n para estimar que no existe identidad sustancial entre la norma derogada y la vigente, al hecho de que el tipo derogado fuera perseguible por querella, y el vigente de oficio. Habida cuenta de que ello �nicamente constituye un presupuesto procesal que no altera los elementos sustanciales de aqu�llos.
? De ello que estime que lo correcto es aplicarle, ultractivamente, al quejoso, la disposici�n derogada, atento a que la conducta contin�a siendo delictiva y la citada disposici�n le es m�s favorable, atento al momento procesal en que se encontraba la causa.
Primer Tribunal Colegiado del Vig�simo Segundo Circuito.
Amparo en revisi�n 325/2004.
Quejoso: ...
Autoridad que conoci� del juicio de amparo indirecto: J. Segundo de Distrito "A" en el Estado de Q.�taro.
Acto reclamado: La resoluci�n de fecha tres de marzo de dos mil cuatro, dictada en el toca penal 1371/2003, as� como la ejecuci�n de la misma, por el delito contra la seguridad y el orden en el desarrollo urbano.
Resoluci�n de amparo: La dictada por el J. Segundo de Distrito "A" en el Estado de Q.�taro, el diez de mayo de dos mil cuatro, en el juicio de amparo indirecto 485/2004-V, en la que niega el amparo solicitado.
Recurrente: El quejoso.
Autoridad que conoci� del recurso de revisi�n: Primer Tribunal Colegiado del Vig�simo Segundo Circuito.
Resoluci�n reca�da al recurso de revisi�n: La emitida el cinco de noviembre de dos mil cuatro, en la que, supliendo la deficiencia de la queja, ampara y protege al quejoso.
Consideraciones fundamentales de dicho fallo:
? Las conductas descritas en la derogada fracci�n XVIII del art�culo 194, que se relaciona con el numeral 193 y la que actualmente prev� el art�culo 246-E, ambas del C�digo Penal del Estado de Q.�taro, no son las mismas, seg�n advierte del an�lisis comparado de sus textos.
? Del citado an�lisis concluye que si bien los tipos penales en comento comparten los mismos elementos por cuanto hace a la forma de participaci�n -por s� o por interp�sita persona- y el objeto material -terreno urbano o r�stico, con o sin construcci�n, propio o ajeno-, los mismos no coinciden respecto de uno de los elementos principales: el medio comisivo, lo que impide el traslado de una figura a otra.
? Considera que el derogado tipo de fraude espec�fico, preve�a como elemento esencial para su integraci�n que el medio comisivo fuera el enga�o o el aprovechamiento del error de una persona. Lo anterior, toda vez que considera que el fraude espec�fico es una especie del tipo gen�rico de fraude que prev� este elemento.
? As�, al advertir que este elemento consistente en que se lleve a cabo el delito por medio del enga�o o aprovech�ndose del error no se encuentra previsto en el vigente tipo penal, que concluya que los mismos no regulan la misma conducta, lo que impide el traslado del tipo derogado al vigente.
Ahora bien, de la lectura de los aspectos destacados en las ejecutorias mencionadas en los p�rrafos anteriores, se desprende que el Primero y Segundo Tribunales Colegiados del Vig�simo Segundo Circuito, al resolver el primero de ellos el amparo en revisi�n 325/2004, y el segundo, los amparos en revisi�n 358/2003 y 106/2004 y el amparo directo penal 497/2003, s� se pronunciaron en torno a un problema jur�dico cuyas caracter�sticas y antecedentes resultan ser esencialmente id�nticos, en los t�rminos siguientes:
a) Aun cuando las ejecutorias materia de la presente contradicci�n resolvieron juicios de distinta naturaleza, como lo son: el amparo directo y el recurso de revisi�n contra la sentencia reca�da en un amparo indirecto, lo cierto es que en cuanto a uno de los temas de estudio que motiv� el sentido de las ejecutorias existi� identidad, concretamente, el relativo a determinar si existe identidad entre los elementos del tipo penal de fraude espec�fico, derogado por decreto del veintitr�s de agosto de dos mil dos, que preve�a el art�culo 194, fracci�n XVIII, del C�digo Penal del Estado de Q.�taro y el vigente tipo penal contra la seguridad y el desarrollo urbano, previsto en el art�culo 246-E del C�digo Penal del Estado de Q.�taro, y si, por ende, es legalmente posible la traslaci�n del tipo penal derogado al vigente.
b) As�, el Primer Tribunal Colegiado del Vig�simo Segundo Circuito, al resolver el amparo en revisi�n 325/2004, sostuvo que no existe identidad entre los citados tipos penales respecto de todos sus elementos. Ello, al estimar que el tipo de fraude espec�fico ya derogado, requer�a para su integraci�n de la acreditaci�n del medio comisivo consistente en el enga�o o el aprovechamiento del error de una persona, y no as� el vigente tipo contra la salud y el desarrollo urbano. Lo anterior, toda vez que considera que el fraude espec�fico es una especie del tipo gen�rico de fraude que s� prev� este elemento.
c) Por su parte, el Segundo Tribunal Colegiado del Vig�simo Segundo Circuito, al resolver los amparos en revisi�n 358/2003 y 106/2004, y el amparo directo 497/2003, sostuvo que s� existe identidad entre los citados tipos penales, toda vez que los mismos comparten los mismos elementos por cuanto hace a: a) la forma de participaci�n -por s� o por interp�sita persona-; b) formas de acci�n t�pica -fraccionar y transferir o prometer transferir la propiedad, posesi�n o cualquier derecho sobre un terreno urbano o r�stico-; c) objeto material -terreno urbano o r�stico, con o sin construcci�n, propio o ajeno-; y, d) elemento normativo -ausencia de permiso previo de las autoridades competentes- y expresamente se pronuncia en torno a que el delito de fraude espec�fico no exig�a como elemento constitutivo el enga�o o el aprovechamiento del error, pues considera que dicho elemento no formaba parte del se�alado tipo penal, sino �nicamente los precisados de manera expresa en su texto.
En ese orden de ideas, queda evidenciado que no obstante que los antecedentes y elementos jur�dicos a evaluar resultaban esencialmente iguales, en el aspecto espec�fico del orden de estudio apuntado, ambos �rganos jurisdiccionales concluyeron con posiciones jur�dicas discrepantes y hasta contradictorias.
As� las cosas, resulta v�lido colegir, como se anunci�, que en el caso se han reunido los extremos precedentemente se�alados para la existencia de una contradicci�n de criterios del conocimiento de esta Primera S. de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, en virtud de que el Primero y Segundo Tribunales Colegiados del Vig�simo Segundo Circuito, han expresado una posici�n contrastante en torno a un tema determinado, en el que se controvierte el mismo planteamiento jur�dico.
Con lo anterior, queda acreditada la existencia de la contradicci�n de tesis. De conformidad con lo expuesto en esta consideraci�n, la materia del estudio de fondo de esta contradicci�n de tesis quedar� limitada a determinar si existe identidad entre los elementos del tipo penal de fraude espec�fico, derogado por decreto del veintitr�s de agosto de dos mil dos, que preve�a el art�culo 194, fracci�n XVIII, del C�digo Penal del Estado de Q.�taro y el vigente tipo penal contra la seguridad y el desarrollo urbano, previsto en el art�culo 246-E del C�digo Penal del Estado de Q.�taro, y si, por ende, es legalmente posible la traslaci�n del tipo penal derogado al vigente.
Sin atender a los argumentos relativos a cu�l de las dos disposiciones resulta m�s ben�fica a los gobernados, toda vez que si bien el Segundo Tribunal Colegiado del circuito en menci�n s� se expres� respecto de ello, no as� el Primer Tribunal Colegiado de su mismo circuito, por lo que respecto a ese punto no existe discrepancia alguna de criterios.
SEXTO. Establecido lo anterior, debe prevalecer el criterio sustentado por esta Primera S. de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, conforme a las consideraciones que enseguida se expresan.
Primeramente, debe se�alarse que por "traslaci�n del tipo" debe entenderse en sentido amplio la figura procesal a trav�s de la cual el �rgano jurisdiccional determina si los elementos contenidos en un tipo penal derogado subsisten -o se mantienen esencialmente iguales- en otro tipo penal que se encuentra vigente.
De acuerdo a dicha concepci�n la llamada "traslaci�n del tipo" puede realizarse en diversos momentos procesales, por ejemplo: 1) al dictar el auto de plazo constitucional, a efecto de verificar si la conducta que se le atribuye al inculpado, la cual estaba prevista en un tipo penal delictivo que fue derogado, contin�a siendo delictiva conforme a la legislaci�n vigente al momento de dictarse tal determinaci�n, toda vez que no debe perderse de vista que la formal prisi�n implica una restricci�n a la libertad de cualquier sujeto, por lo que s�lo se justifica en la medida en que la conducta que se le imputa lesiona bienes jur�dicos; lo anterior conforme a los principios de exacta aplicaci�n de la ley (nullum crimen sine lege) y de necesidad del proceso penal. 2) O bien, al momento de dictarse la sentencia definitiva, a efecto de verificar la pena que debe imponerse al acusado, bajo el principio de aplicaci�n de la ley m�s favorable. 3) E incluso, puede llevarse a cabo ya en la etapa de ejecuci�n de sanciones, en el caso de que el sujeto ya sentenciado por un delito espec�fico, con motivo de la derogaci�n del art�culo en que se encontraba previsto el mismo, considere que dej� de ser delictiva la conducta por la que se le sentenci�, o quiz� solicite se le adecue la pena a una m�s ben�fica.
En cuanto a su fundamento, debe se�alarse que el art�culo 14, p�rrafo primero, de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos(4) proh�be la aplicaci�n retroactiva de la ley en perjuicio de persona alguna. Ahora bien, una ley es retroactiva cuando vuelve al pasado para cambiar, modificar o suprimir situaciones jur�dicas ya acaecidas.
Interpretado, a contrario sensu, el citado precepto otorga una garant�a al individuo consistente en que se le aplique retroactivamente una ley penal, cuando ello sea en su beneficio.
En efecto, si un individuo cometi� un delito estando vigente una ley sustantiva con base en la cual se ejerci� acci�n penal en su contra o se le sentenci�, y con posterioridad se promulga una nueva ley que deroga el precepto en que se conten�a la conducta delictiva imputada o se prev� una pena menor para el mismo delito o el acto considerado por la ley antigua como delito deja de tener tal car�cter, el individuo tiene el derecho, constitucionalmente protegido, a que se verifique si la conducta que se le atribuye contin�a siendo delictiva a efecto de que se justifique susometimiento a un proceso penal o a que se le aplique retroactivamente la nueva ley y, por ende, se le reduzca la pena o se le ponga en libertad.
Esto es as�, porque si el legislador en un nuevo ordenamiento legal dispone que un determinado hecho il�cito merece ser sancionado con una pena menor o que no hay motivos para suponer que a partir de ese momento el orden social pueda ser alterado con un acto que anteriormente se consider� como delictivo, no es v�lido que el poder p�blico insista en exigir la ejecuci�n de la sanci�n tal como hab�a sido impuesta, por un hecho que ya no la amerita o que no la merece en tal proporci�n.
En apoyo de lo anterior, es oportuno citar las siguientes tesis de esta Primera S. de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, en su anterior integraci�n, con los rubros: "RETROACTIVIDAD DE LA LEY."(5) y "LEYES PENALES, APLICACI�N DE LAS."(6)
Asimismo, resulta aplicable, en lo conducente y por identidad de raz�n, la tesis aislada emitida por esta Primera S., al resolver la contradicci�n de tesis 28/2004-PS, cuyos datos de identificaci�n, rubro y texto son:
"Novena �poca
"Instancia: Primera S.
"Fuente: Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta
"Tomo: XX, diciembre de 2004
"Tesis: 1a. CI/2004
"P�gina: 366
"INCIDENTE DE TRASLACI�N DEL TIPO Y ADECUACI�N DE LA PENA. CONSTITUYE UN DERECHO PROTEGIDO CONSTITUCIONALMENTE. El primer p�rrafo del art�culo 14 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos proh�be la aplicaci�n retroactiva de la ley en perjuicio de persona alguna. Ahora bien, de la interpretaci�n a contrario sensu de tal precepto, se advierte que otorga un derecho al gobernado consistente en que se le aplique retroactivamente la ley penal, cuando ello sea en su beneficio, de manera que si un individuo cometi� un delito bajo la vigencia de una ley sustantiva con base en la cual se le sentenci�, y con posterioridad se promulga una nueva que prev� una pena menor para el mismo delito, o seg�n la cual el acto considerado por la ley antigua como delito deja de tener tal car�cter, el individuo tiene el derecho, constitucionalmente protegido, a que se le aplique retroactivamente la nueva ley y, por ende, a que se le reduzca la pena o se le ponga en libertad. Esto es as�, porque si el legislador en un nuevo ordenamiento legal dispone que un determinado hecho il�cito merece ser sancionado con una pena menor o que no hay motivos para suponer que a partir de ese momento el orden social pueda ser alterado con un acto que anteriormente se consider� como delictivo, no es v�lido que el poder p�blico insista en exigir la ejecuci�n de la sanci�n tal como hab�a sido impuesta, por un hecho que ya no la amerita o que no la merece en tal proporci�n. De lo que se sigue que la naturaleza jur�dica de la traslaci�n del tipo y adecuaci�n de la pena consiste en un derecho que tiene todo aquel que est� cumpliendo con una sentencia, el cual puede ejercer ante la autoridad correspondiente en v�a incidental, para que �sta determine si la conducta que fue estimada como delictiva conforme a la legislaci�n punitiva vigente en la fecha de su comisi�n, contin�a si�ndolo en t�rminos del nuevo ordenamiento, esto es, analice los elementos que determinaron la configuraci�n del il�cito conforme a su tipificaci�n abrogada frente a la nueva legislaci�n para poder concluir si se mantienen los elementos de la descripci�n t�pica del delito y, en su caso, aplicar la sanci�n m�s favorable al sentenciado.
"Contradicci�n de tesis 28/2004-PS. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Segundo y D�cimo, ambos en Materia Penal del Primer Circuito. 18 de agosto de 2004. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: J.R.�n C.�o D�az. Secretario: M.E.S.F.�as.
"Nota: Esta tesis no constituye jurisprudencia ya que no resuelve el tema de la contradicci�n planteada."
Precisado lo anterior, para estar en posibilidad de resolver la presente contradicci�n de tesis se estima necesario realizar, en primer t�rmino, un an�lisis comparativo de los elementos constitutivos de los tipos penales en cuesti�n -el de fraude espec�fico, derogado por decreto del veintitr�s de agosto de dos mil dos, que preve�a el art�culo 194, fracci�n XVIII, del C�digo Penal del Estado de Q.�taro y el vigente tipo penal contra la seguridad y el desarrollo urbano, previsto en el art�culo 246-E del C�digo Penal del Estado de Q.�taro- ello para poder determinar si existe identidad entre ambos y si, por ende, es legalmente posible la traslaci�n del tipo penal derogado al vigente.
En efecto, para que sea legalmente procedente la traslaci�n de un tipo penal a otro es necesario que previamente se determine si la conducta que, inicialmente, fue estimada como delictiva conforme a la legislaci�n punitiva vigente en la fecha de su comisi�n, contin�a si�ndolo en t�rminos del nuevo ordenamiento, as� como analizar los elementos que determinaron la configuraci�n del il�cito conforme a su tipificaci�n derogada frente a la nueva legislaci�n, para poder concluir si se mantienen los mismos elementos t�picos del delito.
De ello que sea necesario realizar un an�lisis estructural comparativo del derogado art�culo 194, fracci�n XVIII, del C�digo Penal del Estado de Q.�taro, que preve�a el entonces denominado fraude espec�fico en relaci�n con el vigente 246-E del mismo ordenamiento, para poder determinar si la conducta que preve�a el derogado numeral es la misma que prev� el vigente, y si existe identidad entre los elementos que constituyen a los tipos previstos en los mismos.
a) An�lisis estructural del tipo penal previsto en el art�culo 194, fracci�n XVIII, del C�digo Penal para el Estado de Q.�taro, derogado por decreto de veintitr�s de agosto de dos mil dos.
El art�culo 194, fracci�n XVIII, del mencionado ordenamiento legal, a la letra dice:
"Art�culo 194. Se aplicar�n las mismas penas previstas en el art�culo anterior:
"...
"XVIII. Al que por s� o por interp�sita persona, cause perjuicio p�blico o privado al fraccionar y transferir o prometer transferir la propiedad, la posesi�n o cualquier otro derecho sobre un terreno urbano o r�stico, propio o ajeno, con o sin construcciones, sin el previo permiso de las autoridades administrativas competentes o cuando existiendo �ste no se hayan satisfecho los requisitos en �l se�alados. Este delito se sancionar� aun en el caso de falta de pago total o parcial.
"Para los efectos penales se entiende por fraccionar la divisi�n de terrenos en lotes."
Del an�lisis del precepto transcrito, se desprenden los siguientes elementos estructurales:
Elementos objetivos:
1) Una conducta, necesariamente de acci�n, consistente en que el sujeto activo transfiera o prometa transferir la propiedad, la posesi�n o cualquier derecho sobre uno o m�s lotes, productos de fraccionar un terreno urbano o r�stico.
2) Tutela un bien jur�dico consistente en el patrimonio de las personas.
3) Es un tipo de resultado, en oposici�n a de "puesta en peligro", cuya lesi�n consiste en ocasionar un da�o p�blico o privado, aun cuando puede ocurrir su comisi�n en grado de tentativa.
4) Prev� un sujeto activo que no requiere de calidad espec�fica -puede serlo cualquier persona imputable capaz de llevar a cabo la conducta t�pica- y cuya forma de participaci�n puede ser por s� o por interp�sita persona.
5) El sujeto pasivo tampoco requiere de ninguna calidad especial, por lo que puede serlo cualquier persona.
6) La conducta recae sobre un objeto material consistente en uno o m�s lotes, producto de fraccionar un terreno urbano o r�stico, con o sin construcci�n.
7) No requiere de circunstancias de modo, tiempo o lugar espec�ficas.
Elementos normativos:
8) Requiere de un elemento normativo consistente en no contar, previo a la realizaci�n de la conducta, con el permiso de las autoridades administrativas competentes, o contando con �l, que no se hubieren satisfecho los requisitos en �l se�alados.
Elementos subjetivos:
9) Es un delito cuya realizaci�n, en el �mbito subjetivo, es necesariamente doloso en cuanto a su aspecto gen�rico; sin embargo, no prev� un elemento subjetivo espec�fico para su configuraci�n.
As�, vemos que el tipo de fraude espec�fico analizado es un tipo aut�nomo con elementos t�picos propios.
b) An�lisis estructural del tipo penal previsto en el art�culo 246-E del C�digo Penal para el Estado de Q.�taro, en vigor a partir del veinticuatro de agosto de dos mil dos.
El art�culo 246-E del mencionado ordenamiento legal, a la letra dice:
"Art�culo 246-E. Al que por s� o por interp�sita persona transfiera o prometa transferir la posesi�n, la propiedad o cualquier otro derecho sobre uno o m�s lotes resultantes de fraccionar un predio, para que sean o puedan ser destinados para vivienda, comercio o industria, sin contar con la autorizaci�n para transferir expedida por las autoridades competentes, se le aplicar�n de 2 a 8 a�os de prisi�n y de 120 hasta 400 d�as multa.
"No se considerar� fraccionamiento irregular, para los efectos de este t�tulo, cuando un ascendiente transfiera la propiedad o posesi�n de partes de un inmueble a sus descendientes, pero estos deber�n cumplir las normas aplicables seg�n el tipo de propiedad de que se trate, tanto para escriturarlas a su favor y para ceder sus derechos a terceros."
Del an�lisis del precepto transcrito, se desprenden los siguientes elementos estructurales:
Elementos objetivos:
1) Una conducta, necesariamente de acci�n, consistente en que el sujeto activo transfiera o prometa transferir la propiedad, la posesi�n o cualquier derecho sobre uno o m�s lotes resultantes de fraccionar un predio.
2) Tutela un bien jur�dico consistente en la seguridad y desarrollo urbano, pero sin desconocer la afectaci�n al patrimonio de las personas.
3) Es un tipo de resultado, en oposici�n a de "puesta en peligro", cuya lesi�n consiste en ocasionar un da�o p�blico o privado, aun cuando puede ocurrir su comisi�n en grado de tentativa.
4) Prev� un sujeto activo que no requiere de calidad espec�fica -puede serlo cualquier persona imputable capaz de llevar a cabo la conducta t�pica- y cuya forma de participaci�n puede ser por s� o por interp�sita persona.
5) El sujeto pasivo tampoco requiere de ninguna calidad especial, por lo que puede serlo cualquier persona.
6) La conducta recae sobre un objeto material consistente en uno o m�s lotes -que puedan ser destinados para vivienda, comercio o industria-, productos de fraccionar un predio.
7) No requiere de circunstancias de modo, tiempo o lugar espec�ficas.
Elementos normativos:
8) Requiere de un elemento normativo consistente en no contar, previo a la realizaci�n de la conducta, con el permiso de las autoridades administrativas competentes.
Elementos subjetivos:
9) Es un delito cuya realizaci�n, en el �mbito subjetivo, es necesariamente doloso en cuanto a su aspecto gen�rico; sin embargo, no prev� un elemento subjetivo espec�fico para su configuraci�n.
Causas de exclusi�n del delito:
10) Prev� una causa de exclusi�n del delito que se actualiza cuando un ascendiente transfiera la propiedad o posesi�n de partes de un inmueble a sus descendientes, y �stos cumplan con las normas aplicables seg�n el tipo de propiedad de que se trate, tanto para escriturarlas a su favor y para ceder sus derechos a terceros, en cuyo caso la conducta no es delictiva.
c) Conclusi�n sobre la identidad o no de los elementos de los tipos penales antes analizados.
Del anterior an�lisis, se desprende que la conducta tipificada en el entonces denominado fraude espec�fico, previsto en el art�culo 194, fracci�n XVIII, del c�digo punitivo del Estado de Q.�taro ya derogado, consistente en transferir o prometer transferir la propiedad, la posesi�n o cualquier derecho sobre uno o m�s lotes, resultado de fraccionar un predio sin la autorizaci�n previa de la autoridad competente, sigue siendo delictiva pues la misma se encuentra actualmente prevista en el tipo penal contra la seguridad y desarrollo urbano, previsto en el art�culo 246-E del mismo ordenamiento.
As� tambi�n, del an�lisis que antecede se aprecia que s� existe identidad respecto a los elementos que configuraban el entonces denominado fraude espec�fico, en relaci�n con el vigente tipo penal previsto en el art�culo 246-E del c�digo punitivo del Estado de Q.�taro.
En efecto, de lo anterior se puede concluir que ambos numerales prev�n tipos penales con la siguiente identidad de elementos que los constituyen:
Elementos objetivos:
1) Ambos prev�n una conducta, necesariamente de acci�n, consistente en que el sujeto activo transfiera o prometa transferir la propiedad, la posesi�n de uno o m�s lotes, resultado de fraccionar un predio.
2) Por lo que hace al bien jur�dico, si bien es cierto el art�culo 194, fracci�n XVIII, de acuerdo a su ubicaci�n en el ordenamiento punitivo �nicamente tutelaba el patrimonio de las personas, tambi�n lo es que con motivo de la reforma que dio origen al art�culo 246-E, el legislador consider� que el tipo en cuesti�n no s�lo tutelaba al individuo en su patrimonio, sino tambi�n a la sociedad, ya que la conducta tipificada no s�lo afecta el patrimonio particular de la v�ctima o el ofendido del delito, sino tambi�n lesiona los principios del desarrollo urbano ordenado, con lo cual se afectan derechos de la comunidad. De ello que el legislador, en uso de la facultad que se le confiere para tipificar conductas en aras de proteger bienes jur�dicos de la sociedad, haya decidido reubicar el tipo en cuesti�n y trasladarlo de un t�tulo que anunciaba los tipos que proteg�an �nicamente el patrimonio de las personas, a un t�tulo que enuncia los tipos "contra la seguridad y el orden en el desarrollo urbano".
Lo anterior, de manera alguna afecta las caracter�sticas de la conducta que se considera como delictiva, pues el tipo penal en que ahora se prev� mantiene en esencia sus mismos elementos constitutivos, con la �nica salvedad que el mismo se reubic� al considerar, el legislador, que la conducta tipificada tiene mayor trascendencia que el mero patrimonio de los gobernados, pues el mismo incide, tambi�n, en la seguridad y adecuado desarrollo urbano.
En efecto, la mera reubicaci�n del tipo en el ordenamiento penal, de manera alguna implica que se haya despenalizado la conducta tipificada, pues �sta contin�a consider�ndose como delictiva por los legisladores, tanto es as� que la reforma, seg�n su exposici�n de motivos, tuvo por objeto depurar la forma en que se prev� y castiga la conducta y ubicar el tipo en forma correcta en el C�digo Penal. Sin que ello implique que se haya desprotegido el patrimonio de los particulares que son v�ctimas de dicha conducta, ya que en todo momento tendr�n derecho a solicitar la reparaci�n del da�o causado.
En efecto, en la exposici�n de motivos correspondiente, visible en el P.�dico Oficial del Estado de Q.�taro, de fecha veintitr�s de agosto de dos mil dos, se establece:
"Debe aclararse que para evitar el conflicto de leyes, se deroga la fracci�n XVIII del art�culo 194, ya que la nueva figura delictiva tutela con mayor precisi�n el orden y el desarrollo urbano, mejorando los alcances y elementos de procedibilidad del antiguo tipo penal, pues �ste s�lo tutelaba el aspecto patrimonial de la ofensa, que sin dejar de estar contemplado logr�ndose adem�s subsanar las debilidades del tipo anterior en cuanto a la probanza de sus elementos."
3) Ambos prev�n un tipo de resultado, en oposici�n a de "puesta en peligro", cuya lesi�n consiste en ocasionar un da�o p�blico o privado, pues con independencia de que en el numeral derogado se estableciera expresamente este perjuicio y en el vigente no, ello no es raz�n para considerar que el mismo no requiere, para su actualizaci�n, que se produzca un resultado que puede consistir en un perjuicio p�blico o privado, pues ello es, precisamente, el presupuesto necesario para que la conducta pueda considerarse delictiva, de conformidad con el conocido principio nullum crimen sine iniuria o principio de lesividad.(7)
4) Ambos prev�n un sujeto activo que no requiere de calidad espec�fica -puede serlo cualquier persona imputable capaz de llevar a cabo la conducta t�pica- y cuya forma de participaci�n puede ser por s� o por interp�sita persona.
5) Tambi�n coinciden al no se�alar una calidad espec�fica al sujeto pasivo, por lo que puede serlo cualquier persona.
6) La conducta, en ambos casos, recae sobre un objeto material consistente en uno o m�s lotes -que puedan destinarse para la vivienda, comercio o industria-, productos de fraccionar un predio -urbano o r�stico, con o sin construcci�n-.
Si bien, ambos ordenamientos no mencionan expresamente las caracter�sticas de los lotes o el predio fraccionado, tampoco se se�ala expresamente una caracter�stica que se oponga a �stas, por lo que puede inferirse que ambos numerales coinciden esencialmente en el objeto material.
7) Ninguno requiere de circunstancias de modo, tiempo o lugar espec�ficas.
Elementos normativos:
8) Ambos requieren, para su actualizaci�n, de un elemento normativo consistente en no contar, previo a la realizaci�n de la conducta, con el permiso de las autoridades administrativas competentes para fraccionar un predio.
Cabe se�alar que s�lo el entonces denominado fraude espec�fico contempla un segundo supuesto, consistente en que se contar� con autorizaci�n de autoridad competente, pero que no se hubieren satisfecho los requisitos se�alados en �l. Supuesto que se suprimi� en el vigente art�culo. Por ello, �nicamente respecto del elemento normativo descrito en el p�rrafo precedente, puede establecerse que existe identidad.
Sin que ello implique, de modo alguno, que la conducta tipificada en ambos preceptos cambie de uno a otro, sino s�lo en el caso previsto en el p�rrafo precedente, la conducta s� dej� de ser delictiva.
Elementos subjetivos:
9) Ambos tipifican una conducta necesariamente dolosa en cuanto a su aspecto gen�rico, sin exigir, en lo subjetivo, de ning�n elemento subjetivo espec�fico para su configuraci�n.
Causas de exclusi�n del delito:
10) Cabe se�alar que el art�culo vigente que tipifica la conducta en cuesti�n, a diferencia del derogado, prev� una causa de exclusi�n del delito que se actualiza cuando un ascendiente transfiera la propiedad o posesi�n de partes de un inmueble a sus descendientes, y �stos cumplan con las normas aplicables seg�n el tipo de propiedad de que se trate, tanto para escriturarlas a su favor y para ceder sus derechos a terceros.
De ello que la conducta reci�n descrita, anteriormente constitutiva del delito en cuesti�n, ya no sea delictiva.
As� pues, del anterior an�lisis comparativo, se desprende que tanto el art�culo 194, fracci�n XVIII, ya derogado, y el vigente numeral 246-E, ambos del C�digo Penal para el Estado de Q.�taro, tipifican y, por ende, hacen delictiva la conducta consistente en transferir o prometer transferir, por s� o por interp�sita persona, la propiedad, posesi�n o cualquier otro derecho sobre uno o m�s lotes -que puedan destinarse a la vivienda, comercio o industria-, resultantes de fraccionar un predio -urbano o r�stico, con o sin construir-, sin el permiso previo de la autoridad competente para ello.
As� tambi�n, respecto de dicha conducta, ambos numerales prev�n un tipo cuyos elementos constitutivos resultan ser esencialmente id�nticos. De ello que, respecto de dicha conducta, s� procede legalmente la traslaci�n del tipo.
Lo anterior, toda vez que esta Primera S. de esta Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, no considera como elemento constitutivo del delito de fraude espec�fico, anteriormente previsto en el art�culo 194, fracci�n XVIII, del C�digo Penal para el Estado de Q.�taro, el que el mismo requiera, para su integraci�n, del enga�o o aprovechamiento del error, como medio de comisi�n delil�cito.
Esto es, el tipo de fraude espec�fico no requiere para su configuraci�n de que el sujeto activo enga�e o provoque una falsa concepci�n de la realidad, ni de que se aproveche del error de persona alguna, esto es, mantenga una falsa creencia de la realidad y se aproveche de esas circunstancias para obtener un lucro indebido.
Si bien para la existencia del delito de fraude gen�rico se requiere del elemento volitivo tendiente a enga�ar, o bien, de aprovecharse del error, ello no es raz�n para considerar que ello tambi�n se requiere para actualizar el diverso tipo penal de fraude espec�fico. Si �ste no establece el enga�o ni el aprovechamiento del error como elementos del mismo, para su actualizaci�n no se requiere de la actualizaci�n de ellos, sino �nicamente se requiere de la comprobaci�n de sus elementos.
Dentro de la dogm�tica jur�dico-penal existen multiplicidad de criterios para clasificar los tipos penales, por ejemplo, atendiendo al n�mero de sujetos activos que se requieren para su comisi�n, el n�mero de conductas que se requieren para su actualizaci�n, en cuanto al resultado o al bien jur�dico tutelado, etc�tera; sin embargo, para el prop�sito del presente estudio debemos concentrarnos en la clasificaci�n que atiende a la estructuraci�n o conformaci�n del tipo penal.
Conforme a la clasificaci�n que atiende a la estructuraci�n o conformaci�n del tipo penal, tenemos que los tipos pueden ser: b�sicos, complementados o especiales.
a) B�sicos: sirven de eje o base y del cual se derivan otros, con el mismo bien jur�dico tutelado. �ste contiene el m�nimo de elementos y constituye la columna vertebral de cada grupo de delitos.
b) Complementados o derivados: son tipos b�sicos, adicionados de otros aspectos o circunstancias que modifican su penalidad, de manera que lo agravan o aten�an, pero sin llegar a tener vida aut�noma. Son simples derivaciones del tipo b�sico, por lo que las reglas aplicables a �stos tambi�n son aplicables a aqu�llos.
c) Especiales: al tipo derivado se le a�aden caracter�sticas y peculiaridades que lo distinguen hasta tal punto del tipo b�sico, que lo convierten en un tipo aut�nomo. Si bien se derivan de un tipo b�sico, incluye otros elementos que le dan autonom�a o vida propia. Tiene un r�gimen penal distinto que el tipo b�sico, pues sus elementos fundamentales se han visto modificados: contiene una estructura jur�dica unitaria, un contenido y �mbito de aplicaci�n propios, y un marco penal aut�nomo.
Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio adoptado en la Sexta �poca por esta Primera S., en la tesis de rubro: "DELITOS. AUTONOM�A DE LOS TIPOS."(8)
As�, vemos que el tipo de fraude espec�fico previsto anteriormente en el art�culo 194, fracci�n XVIII, del C�digo Penal para el Estado de Q.�taro, es un tipo especial aut�nomo, con elementos propios. As�, al ser el fraude espec�fico un tipo especial y no uno complementado, no puede sostenerse que el mismo debe compartir los elementos constitutivos del delito gen�rico de fraude, como lo son, el enga�o y el aprovechamiento del error, pues �ste es un tipo aut�nomo que si bien deriva de un tipo b�sico -fraude gen�rico- se constituye por distintos elementos fundamentales que le dan autonom�a y vida propia, esto es, contiene una estructura jur�dica unitaria, un contenido y �mbito de aplicaci�n propios.
Lo anterior, se robustece con el criterio jurisprudencial sustentado por esta Primera S., que es el siguiente:
"Novena �poca
"Instancia: Primera S.
"Fuente: Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta
"Tomo: XII, diciembre de 2000
"Tesis: 1a./J. 34/2000
"P�gina: 157
"FRAUDE ESPEC�FICO. ELEMENTOS PARA LA CONFIGURACI�N DEL DELITO DE, PREVISTOS EN LOS ART�CULOS 319, F.X., DEL C�DIGO PENAL PARA EL ESTADO DE SONORA Y 381, P�RRAFO D�CIMO TERCERO, DEL C�DIGO PUNITIVO PARA EL ESTADO DE OAXACA. Entre los elementos de las figuras de fraude espec�fico previstas en tales dispositivos, no se se�ala al enga�o, como constitutivo del delito, por lo que la integraci�n de �ste requiere �nicamente la demostraci�n de los siguientes elementos: la celebraci�n de un convenio entre el fabricante, empresario, contratista o constructor de una obra cualquiera y el contratante; que en la ejecuci�n de la obra propalada se empleen materiales en cantidad o calidad inferiores a lo convenido o mano de obra inferior a lo estipulado; y que se haya recibido el precio convenido o parte de �l, seg�n sea el caso. Ello es as�, porque el elemento subjetivo del dolo en la comisi�n del delito de referencia, se exterioriza objetivamente a trav�s de la conducta descrita en el tipo penal, esto es, cuando el sujeto activo se compromete a realizar la obra bajo determinadas caracter�sticas y especificaciones y decide emplear materiales en cantidad o calidad inferiores a lo pactado, se revela su �nimo de defraudar. Adem�s de que si bien el incumplimiento de lo pactado es factible que d� origen a acciones civiles, de cualquier manera, la conducta desplegada por el activo al estar tipificada como delito puede analizarse a la luz del derecho penal.
"Contradicci�n de tesis 89/97. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito y el Primer Tribunal Colegiado del D�cimo Tercer Circuito. 21 de junio de 2000. Cinco votos. Ponente: H.R.P.. Secretario: M.A. Arredondo El�as."
As� pues, puede concluirse que respecto a la conducta consistente en transferir o prometer transferir la propiedad, la posesi�n o cualquier derecho sobre uno o m�s lotes, resultado de fraccionar un predio sin la autorizaci�n previa de la autoridad competente, es legalmente posible trasladar el tipo penal de fraude espec�fico que la tipificaba, previsto con anterioridad en el art�culo 194, fracci�n XVIII, del c�digo punitivo del Estado de Q.�taro, al tipo penal contra la seguridad y desarrollo urbano previsto en el art�culo 246-E del mismo ordenamiento, que ahora la regula.
Lo anterior, toda vez que la conducta se�alada contin�a siendo delictiva, de conformidad con el cuerpo del presente considerando, del que se desprende que la misma se encontraba anteriormente tipificada en el art�culo 194, fracci�n XVIII, y actualmente se tipifica en el 246-E, ambos del ordenamiento punitivo de Q.�taro.
En las relatadas condiciones, esta Primera S. de la Suprema Corte de Justicia determina que debe prevalecer, con car�cter de jurisprudencia, el criterio que se sustenta en la presente resoluci�n, el cual queda redactado con los siguientes rubro y texto:
TRASLACI�N DEL TIPO. ES LEGALMENTE POSIBLE ENTRE LA CONDUCTA DE FRAUDE ESPEC�FICO PREVISTA EN EL ART�CULO 194, FRACCI�N XVIII Y LA CONTENIDA EN EL ART�CULO 246-E (C�DIGO PENAL DEL ESTADO DE QUER�TARO). Para que sea legalmente procedente la traslaci�n de un tipo penal a otro es necesario que previamente se determine si la conducta que, inicialmente, fue estimada como delictiva conforme a la legislaci�n punitiva vigente en la fecha de su comisi�n, contin�a si�ndolo en t�rminos del nuevo ordenamiento, as� como analizar los elementos que determinaron la configuraci�n del il�cito conforme a su tipificaci�n derogada, frente a la nueva legislaci�n, pues s�lo as� podr� concluirse si se mantienen los mismos elementos t�picos del delito. Del an�lisis estructural del tipo penal contenido en el art�culo 194, fracci�n XVIII que preve�a el delito de fraude espec�fico, derogado por decreto de veintitr�s de agosto de dos mil dos y del tipo penal contenido en el art�culo 246-E, que prev� el delito contra la seguridad y el orden en el desarrollo urbano, ambos del C�digo Penal para el Estado de Q.�taro, se desprende que la conducta tipificada en ambos numerales, consistente en transferir o prometer transferir la propiedad, la posesi�n o cualquier derecho sobre uno o m�s lotes, resultado de fraccionar un predio, sin la autorizaci�n previa de la autoridad competente, contiene esencialmente los mismos elementos constitutivos del tipo penal, por lo que la misma sigue siendo delictiva. Lo anterior, en virtud de que la mera reubicaci�n del tipo en el ordenamiento penal, no implica que se haya despenalizado la conducta tipificada, pues �sta contin�a consider�ndose como delictiva por los legisladores; tanto es as�, que la reforma, seg�n su exposici�n de motivos, tuvo por objeto depurar la forma en que se prev� y castiga la conducta y ubicar el tipo en forma correcta en el C�digo Penal, y si bien es cierto que se coloc� en un t�tulo distinto con el prop�sito de proteger la seguridad y el orden en el desarrollo urbano, ello no implica que se haya desprotegido el patrimonio de los particulares que son v�ctimas de dicha conducta, ya que en todo momento tendr�n derecho a solicitar la reparaci�n del da�o causado. Aunado a lo anterior, es de hacerse notar que el tipo de fraude espec�fico no requiere para su configuraci�n el que se acredite alguno de los medios que la propia ley exige para el delito de fraude gen�rico, esto es, que el sujeto activo enga�e o provoque una falsa concepci�n de la realidad, ni de que se aproveche del error de persona alguna. A pesar de lo anterior, cabe se�alar que el art�culo 246-E, a diferencia del precepto derogado, prev� una causa de exclusi�n del delito que se actualiza cuando un ascendiente transfiera la propiedad o posesi�n de partes de un inmueble a sus descendientes, y �stos cumplan con las normas aplicables seg�n el tipo de propiedad de que se trate, tanto para escriturarlas a su favor y para ceder sus derechos a tercero. De ah� que la conducta reci�n descrita, anteriormente constitutiva del delito de fraude espec�fico, ya no pueda considerarse como tal, esto es, que en ese �nico supuesto no es legalmente procedente la traslaci�n del tipo.
Lo anterior, sin afectar las situaciones jur�dicas concretas derivadas de los juicios que dieron origen a las sentencias contradictorias, de conformidad con el art�culo 197, p�rrafo segundo, de la Ley Reglamentaria de los Art�culos 103 y 107 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos.
Finalmente, en t�rminos de lo dispuesto en el art�culo 195 de la Ley de Amparo, la tesis jurisprudencial que se sustenta en este fallo deber� identificarse con el n�mero que le corresponda y remitirse a la Direcci�n General de la Coordinaci�n de Compilaci�n y S.�n de Tesis para su publicaci�n en el Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, as� como a la Segunda S. de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, a los Tribunales Colegiados de Circuito y a los Juzgados de Distrito para su conocimiento.
Por lo expuesto y fundado, se

resuelve:
PRIMERO. S� existe contradicci�n de tesis a que este expediente se refiere, en los t�rminos del considerando sexto de esta resoluci�n.
SEGUNDO. Debe prevalecer con el car�cter de jurisprudencia, el criterio sustentado por esta Primera S., en los t�rminos de la tesis redactada en el �ltimo considerando de este fallo.
TERCERO. D�se publicidad a la tesis jurisprudencial que se sustenta en la presente resoluci�n, en los t�rminos del art�culo 195 de la Ley de Amparo.
N.�quese; con testimonio de la presente resoluci�n, h�gase del conocimiento de los Tribunales Colegiados en controversia y, en su oportunidad, arch�vese el expediente como asunto concluido.
As� lo resolvi� la Primera S. de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, por unanimidad de cuatro votos de los se�ores Ministros: S.A.V.H.�ndez, J.N.S.M., J.R.�n C.�o D�az (ponente) y presidenta O.S.C. de G.�a V.. Ausente el se�or Ministro Jos� de Jes�s G.�o P..
________________
2. La localizaci�n, rubro y texto de la tesis jurisprudencial son los siguientes: Novena �poca, Pleno, Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, T.X., abril de 2001, tesis P./J. 26/2001, p�gina 76: "CONTRADICCI�N DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA. De conformidad con lo que establecen los art�culos 107, fracci�n XIII, primer p�rrafo, de la Constituci�n Federal y 197-A de la Ley de Amparo, cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n o la S. que corresponda deben decidir cu�l tesis ha de prevalecer. Ahora bien, se entiende que existen tesis contradictorias cuando concurren los siguientes supuestos: a) que al resolver los negocios jur�dicos se examinen cuestiones jur�dicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jur�dicos discrepantes; b) que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jur�dicas de las sentencias respectivas; y, c) que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos."
3. La localizaci�n y texto de la tesis son los siguientes: Novena �poca, Pleno, Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, T.X., abril de 2001, tesis P./J. 27/2001, p�gina 77: "CONTRADICCI�N DE TESIS. PARA QUE PROCEDA LA DENUNCIA BASTA QUE EN LAS SENTENCIAS SE SUSTENTEN CRITERIOS DISCREPANTES. Los art�culos 107, fracci�n XIII, de la Constituci�n Federal, 197 y 197-A de la Ley de Amparo establecen el procedimiento para dirimir las contradicciones de tesis que sustenten los Tribunales Colegiados de Circuito o las S.s de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n. El vocablo ?tesis? que se emplea en dichos dispositivos debe entenderse en un sentido amplio, o sea, como la expresi�n de un criterio que se sustenta en relaci�n con un tema determinado por los �rganos jurisdiccionales en su quehacer legal de resolver los asuntos que se someten a su consideraci�n, sin que sea necesario que est� expuesta de manera formal, mediante una redacci�n especial, en la que se distinga un rubro, un texto, los datos de identificaci�n del asunto en donde se sostuvo y, menos a�n, que constituya jurisprudencia obligatoria en los t�rminos previstos por los art�culos 192 y 193 de la Ley de Amparo, porque ni la Ley Fundamental ni la ordinaria establecen esos requisitos. Por tanto, para denunciar una contradicci�n de tesis, basta con que se hayan sustentado criterios discrepantes sobre la misma cuesti�n por S. de la Suprema Corte o Tribunales Colegiados de Circuito, en resoluciones dictadas en asuntos de su competencia."
4. "Art�culo 14. A ninguna ley se dar� efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. ..."
5. El texto y datos de identificaci�n de la tesis son: "Por disposici�n del art�culo 14 constitucional ?a ninguna ley se dar� efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna?. Interpretando a contrario sensu dicho mandamiento constitucional es posible la aplicaci�n retroactiva de la ley penal en beneficio del reo. Siguiendo tal criterio, el art�culo 52 del c�digo punitivo del Estado de Veracruz establece que ?cuando entre la perpetraci�n del delito y la sentencia irrevocable que sobre �l se pronuncie se promulguen una o m�s leyes que disminuyan la sanci�n establecida en la ley vigente al cometerse el delito o la sustituyan con otra menor, se aplicar� nueva ley?, por lo que si el caso concreto se encuentra dentro de la hip�tesis legal no cabe m�s soluci�n que la aplicaci�n de oficio de la nueva ley. Ahora bien, como la reforma del art�culo 288 del mencionado c�digo, que beneficia al procesado por cuanto disminuye la pena del delito de abigeato que se le imputa, se dict� con posterioridad a las sentencias del primero y segundo grado que le impusieron dieciocho a�os de prisi�n, corresponde a esta S., de oficio, declarar la aplicaci�n de la nueva ley, pues de otra manera se consumar�a de modo irreparable, una violaci�n constitucional. Amparo directo 465/58. J.M.P.. 18 de agosto de 1959. Unanimidad de cinco votos. Ponente: C.F.S.. Secretario: F.H.P.�n V.." (Sexta �poca. Instancia: Primera S.. Fuente: Informe 1959, p�gina 60).
6. El texto y datos de identificaci�n de la tesis son: "El art�culo 14 de la Constituci�n Pol�tica de la Rep�blica contiene los siguientes mandamientos: a ninguna ley se dar� efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna; nadie podr� ser privado de su libertad, sino mediante juicio y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho; en los juicios del orden criminal, queda prohibido imponer pena alguna que no est� decretada por una ley exactamente aplicable al caso. De estos mandamientos se desprende que todo acto criminal debe ser juzgado y sancionado de acuerdo con las prevenciones contenidas en la ley que rija en la fecha en que ese acto criminal se perpetr�. Esta regla s�lo sufre dos excepciones, autorizadas por el mismo art�culo 14 constitucional, al establecer la irretroactividad de las leyes s�lo para casos en que la aplicaci�n retroactiva de la ley se haga en perjuicio de alguna persona, y se�aladas por los art�culos 56 y 57 del C�digo Penal del Distrito Federal, y esas dos excepciones son las siguientes: cuando con posterioridad a la comisi�n del delito, se promulga una ley que sanciona ese delito con pena menor, porque entonces, por equidad, se aplica esa �ltima sanci�n; y cuando con posterioridad se promulgue una ley, seg�n lo cual, el acto considerado por la ley antigua como delito, deja de tener tal car�cter, en cuyo caso se manda poner desde luego en libertad al procesado, porque ser�a il�gico que si el legislador, tiempo despu�s, ha juzgado que no hay motivos para suponer que el orden social se ha podido alterar con el acto que se reputa criminal, el poder p�blico insista en exigir responsabilidad por un hecho que no lo amerita. Amparo penal en revisi�n. 879/47. V.�zquez G.S.. 24 de noviembre de 1947. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: C.L. �ngeles. La publicaci�n no menciona el nombre del ponente." (Quinta �poca. Instancia: Primera S.. Fuente: Semanario Judicial de la Federaci�n. Tomo XCIV, p�gina 1438).
7. Este principio establece que s�lo las acciones que pongan en peligro o lesionen bienes jur�dicos espec�ficos pueden ser objeto del derecho penal, esto es, que las prohibiciones se justifican s�lo cuando se dirigen a impedir ataques concretos a bienes fundamentales de tipo individual o social y, en todo caso, externos al derecho mismo, entendiendo por ataque no s�lo el da�o causado, sino tambi�n -por ser inherente a la finalidad preventiva del derecho penal- el peligro efectivo que se ha corrido. Este principio se resume con la f�rmula que expresa el principio de lesividad: nulla poena, nullum crimen, nulla lex poenalis sine iniuria.
8. La localizaci�n, rubro y texto de la tesis son los siguientes: Sexta �poca, Primera S., Semanario Judicial de la Federaci�n, Tomo XV, Segunda Parte, p�gina 68: "DELITOS. AUTONOM�A DE LOS TIPOS. Desde un punto de vista doctrinario en relaci�n con la autonom�a de los tipos, �stos se han clasificado en: b�sicos, especiales y complementarios. Los b�sicos se estiman tales en raz�n ?de su �ndole fundamental? y por tener plena independencia; los especiales ?suponen el mantenimiento de los caracteres de tipo b�sico, pero a�adi�ndole alguna otra peculiaridad, cuya nueva existencia excluye la aplicaci�n del tipo b�sico y obliga a subsumir los hechos bajo el tipo especial?, de tal manera que �ste elimina al b�sico; por �ltimo, los tipos complementarios ?presuponen la aplicaci�n del tipo b�sico al que se incorporaran?. Como ejemplos, para apreciar el alcance de la clasificaci�n anterior, podemos se�alar, dentro de nuestra legislaci�n federal, el homicidio como un tipo b�sico; el homicidio calificado como tipo complementario y el infanticidio como tipo especial. El peculado es un delito de tipicidad especial, en raz�n de que el tipo contiene una referencia al ?sujeto activo?, de tal manera que s�lo pueden cometer este delito aquellos que re�nan las condiciones o ?referencias t�picas en el sujeto?; lo mismo sucede en los llamados delitos de funcionarios, los cualess�lo pueden cometer las personas que tienen tal ?calidad?. Amparo directo 6551/55. R.V.V.�zquez. 19 de septiembre de 1958. Unanimidad de 4 votos. Ponente: R.C.S.