Ejecutoria num. 1a./J. 116/2005 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala - Jurisprudencia - VLEX 26823670

Ejecutoria num. 1a./J. 116/2005 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala

Emisor:Primera Sala
Número de Resolución:1a./J. 116/2005
Materia:Suprema Corte de Justicia de México
Fecha de Publicación: 1 de Octubre de 2005
RESUMEN

CONTRADICCIÓN DE TESIS 68/2005-PS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL QUINTO CIRCUITO Y EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL OCTAVO CIRCUITO.DELITO CONTRA LA SALUD EN SU MODALIDAD DE TRANSPORTACIÓN. EL DESCONOCIMIENTO, POR PARTE DEL INCULPADO, RESPECTO DEL NARCÓTICO TRANSPORTADO, NO CONSTITUYE UNA CAUSA DE EXCLUSIÓN DEL DELITO, SINO LA AUSENCIA DEL ELEMENTO COGNITIVO DEL DOLO.DELITO CONTRA LA SALUD EN SU MODALIDAD DE TRANSPORTACIÓN. LA SOLA MANIFESTACIÓN DEL INCULPADO RESPECTO A QUE DESCONOCÍA LA EXISTENCIA DEL NARCÓTICO TRANSPORTADO, NO DESVIRTÚA LA EXISTENCIA DEL DOLO.CAUSA DE EXCLUSIÓN DEL DELITO. LA CARGA DE LA PRUEBA LE CORRESPONDE A QUIEN LA HACE VALER.DOLO, CARGA DE LA PRUEBA DE SU ACREDITAMIENTO.DOLO DIRECTO. SU ACREDITACIÓN MEDIANTE LA PRUEBA CIRCUNSTANCIAL.DOLO DIRECTO. SUS ELEMENTOS.DOLO DIRECTO Y DOLO EVENTUAL. DIFERENCIAS.ERROR DE TIPO COMO CAUSA DE EXCLUSIÓN DEL DELITO.

 
ÍNDICE
CONTENIDO

CONTRADICCI�N DE TESIS 68/2005-PS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL QUINTO CIRCUITO Y EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL OCTAVO CIRCUITO.

CONSIDERANDO:

TERCERO

Ahora bien, con la finalidad de establecer y determinar si existe o no la contradicci�n de tesis denunciada, se estima conveniente transcribir, para su posterior an�lisis, las consideraciones y argumentaciones en que basaron sus resoluciones los Tribunales Colegiados contendientes.

Las consideraciones del Primer Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, al resolver los juicios de amparo directo 644/2004 y 230/2004, en lo que interesan, son las siguientes:

  1. directo penal 644/2004.

    "QUINTO. Los conceptos de violaci�n son fundados. El C�digo Penal Federal, en sus art�culos 7o., primer p�rrafo y 8o., establece: (se transcribe).

    "De los dispositivos legales citados, se advierte que los delitos pueden ser dolosos o culposos.

    "La figura del dolo es definida en el p�rrafo primero del art�culo 9o. del C�digo Penal Federal, en los siguientes t�rminos: (se transcribe).

    "El precepto transcrito prev� lo que en dogm�tica se conoce como dolo directo y dolo eventual; la primera forma de dolo es la que aqu� interesa, y �sta se integra a su vez, por dos elementos:

    "1. El conocimiento de los elementos del tipo penal, y

    "2. Querer o aceptar la realizaci�n del hecho previsto como delito.

    "Cobra aplicaci�n al caso, la tesis de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, visible en el Semanario Judicial de la Federaci�n, Tomo XXVII, Quinta �poca, p�gina dos mil seiscientos veinte, que establece: (se transcribe).

    "En relaci�n con el concepto de dolo directo y sus elementos, F.M.C., en su obra intitulada ?Derecho Penal. Parte General?, 5a. edici�n, Editorial Tirant lo B., Valencia Espa�a, 2002, p�ginas doscientos sesenta y nueve a doscientos setenta y uno, expone:

    "?El �mbito subjetivo del tipo de injusto de los delitos dolosos est� constituido por el dolo.

    "?El t�rmino dolo tiene varias acepciones en el �mbito del derecho. Aqu� se entiende simplemente como conciencia y voluntad de realizar el tipo objetivo de un delito. Este concepto unitario de dolo no es, sin embargo, f�cilmente aplicable en algunos casos l�mite entre dolo y la imprudencia en los que tanto el elemento cognitivo, como el volitivo quedan desdibujados o son dif�cilmente identificables; pero se puede mantener que tanto el conocimiento como la voluntad son los elementos b�sicos del dolo, sin perjuicio de hacer las necesarias matizaciones en la exposici�n de ambos conceptos.

    "?...

    "?A) Elementos.

    "?De la definici�n de dolo aqu� propuesta, se deriva que el dolo est� constituido por dos elementos: uno intelectual y otro volitivo.

    "?a) Elemento intelectual. Para actuar dolosamente, el sujeto de la acci�n debe saber qu� es lo que hace y conocer los elementos que caracterizan su acci�n como acci�n t�pica. Es decir, ha de saber, por ejemplo, en el homicidio que mata a otra persona; en el hurto, que se apodera de una cosa mueble ajena; en los abusos sexuales, que el sujeto pasivo est� privado de sentido o que es menor de 13 o de 16 a�os, etc.

    "?...

    "?El conocimiento intelectual del dolo se refiere, por tanto, a los elementos que caracterizan objetivamente la acci�n como t�pica (elementos objetivos del tipo): sujeto, acci�n, resultado, relaci�n causal o imputaci�n objetiva, objeto material, etc.

    "?...

    "?El conocimiento que exige el dolo es un conocimiento actual, no bastando uno meramente potencial. Es decir, el sujeto ha de saber lo que hace, no basta con que hubiera debido o podido saberlo.

    "?...

    "?b) Elemento volitivo. Para actuar dolosamente no basta con el mero conocimiento de los elementos objetivos del tipo, es necesario, adem�s, querer realizarlos.?

    "...

    "En este orden de ideas, J.J.B.R.�rez y H.�n Hormaz�bal M.�e, en su obra ?Lecciones de Derecho Penal?, 1a. edici�n, Editorial Trotta, Madrid, Espa�a, 1997, volumen II, p�gina sesenta y tres, mencionan:

    "?4.4. El contenido del dolo.

    "?De acuerdo con la definici�n de dolo que se ha dado anteriormente, se puede distinguir en el dolo un elemento cognitivo y un elemento volitivo. Por tanto, se integran en el dolo el conocimiento de la situaci�n y la voluntad de realizarla.?

    "En el art�culo 9o. del c�digo punitivo federal, el elemento cognitivo se desprende de la frase ?conociendo los elementos del tipo penal?, mientras que el elemento volitivo, se advierte cuando se dice ?quiere o acepta la realizaci�n del hecho descrito por la ley.?

    "As�, la comprobaci�n del dolo requiere, necesariamente, la acreditaci�n de que el sujeto tiene conocimiento de los elementos objetivos del tipo penal y quiere la realizaci�n del hecho descrito por la ley.

    "Por su parte, el tercer p�rrafo del art�culo 168 del C�digo Federal de Procedimientos Penales, establece: (se transcribe).

    "Como se ve, el legislador ubic� al dolo como una forma de culpabilidad, que es el juicio de reproche que se le hace al responsable del delito.

    "El delito contra la salud en su modalidad de transportaci�n se encuentra previsto en el art�culo 195, fracci�n I, primer p�rrafo, del C�digo Penal Federal, que establece: (se transcribe).

    "De la descripci�n legal contenida en el art�culo citado, se obtiene que los elementos objetivos del tipo penal del delito en cuesti�n, se conforma por una acci�n de transportar, el objeto material que es un narc�tico, la puesta en peligro al bien jur�dico tutelado que es la salud p�blica, un resultado formal y su atribuibilidad al agente activo.

    "Conforme a lo expuesto, en el caso puesto a consideraci�n, para acreditar el dolo en la comisi�n del delito contra la salud en su modalidad de transportaci�n, es menester probar que el agente del delito ten�a pleno conocimiento, entre otros elementos, de la existencia de la marihuana (objeto material) oculta en el tanque de gasolina del automotor que manejaba.

    "En el �mbito del derecho procesal, precisamente en materia de prueba, debe tomarse en consideraci�n que el dolo es un elemento subjetivo, que como tal ata�e a la psique del individuo, de ah� que, en primera instancia, la prueba id�nea para acreditarlo sea la confesi�n del agente del delito, empero ante su ausencia, puede comprobarse con la prueba circunstancial.

    "Lo anterior, tiene apoyo en la tesis de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, visible en el Semanario Judicial de la Federaci�n, Tomo XXVII, Quinta �poca, p�gina setecientos diez, que establece: (se transcribe).

    "El tribunal de alzada, a este respecto refiri�:

    "?Ahora, ante el reconocimiento de culpabilidad de la sentenciada de referencia, corresponde analizar lo relativo a la dolosidad (sic) del actuar de ... que al decir de la apelante, qued� amparada su conducta en la excluyente de responsabilidad denominada error de tipo. En este sentido, qued� plenamente acreditado que dicho acusado era quien conduc�a el automotor en cuyo tanque de combustible iban ocultos cuarenta y seis paquetes de diferentes formas, tama�os y pesos, confeccionados en pl�stico transparente y reforzados con cinta color canela, continentes de marihuana, que en conjunto arrojaron un peso total bruto de treinta y ocho kilos. Por otra parte, aun cuando dicho enjuiciado sostuvo en su declaraci�n ministerial y en v�a de preparatoria que desconoc�a la existencia del estupefaciente, lo cierto es que si bien tal negativa no le correspond�a acreditarla, por cuanto que los actos negativos no requieren de prueba, no menos cierto es que su versi�n exculpatoria no se encuentra acreditada plenamente, no obstante que correspond�a a la defensa y al acusado la carga de probarla; de ah� que si en el caso materia de esta apelaci�n est� demostrado un hecho tipificado por la ley como delito, el cual fue cometido por los ahora encausados, luego, s�lo ante la afirmaci�n contraria de los sentenciados correspond�a a �stos la carga de la prueba de su inocencia.

    "?Por un lado, para que la excluyente de responsabilidad que invoca la defensa se actualizara en el caso que nos ocupa, debieron demostrarse los hechos positivos en que la funda el encausado ... por constituir la base de su defensa, pues como ya se dijo, se reconoce que su negativa no le correspond�a probarla, pero s� estaba obligado como tambi�n su defensor a demostrar los hechos en que la fund�. En este sentido, no est� acreditado que el acusado primeramente se hubiere trasladado de la ciudad de San L. R�o Colorado, S., a la diversa de Hermosillo, a petici�n de su coenjuiciada; incluso, tampoco est� evidenciado que ... recibiera en pr�stamo el automotor afecto, de parte de quien identific� con el apodo de ... y tampoco que se hubiera trasladado de San L. R�o Colorado a Hermosillo, S., pero adem�s se entiende que el pr�stamo en menci�n, seg�n se desprende de su declaraci�n ministerial, fue con el prop�sito de que utilizara dicho automotor para trasladarse en la forma antes apuntada; sin embargo, expuso que viaj� a Hermosillo, S., en autob�s y en este lugar fue donde recogi� el veh�culo. Por otra parte, es verdad que tomando en consideraci�n que la droga iba oculta en el tanque de combustible del veh�culo afecto, ello imped�a a cualquier persona que se percatara de su existencia, y consecuentemente, quien en tales condiciones conduce un automotor, es obvio que ignora la existencia del estupefaciente. Por ello, se insiste, no basta la simple negativa del sujeto activo para tener por acreditada su ignorancia respecto de la existencia de la droga, sino que es menester, como ya se dijo, que demuestre todas las circunstancias de modo, tiempo y lugar paralelas a su negativa.

    "?En relaci�n con el tema que nos ocupa, aplica s�lo en lo conducente, la tesis VIII.1o.27 P, pronunciada por el Primer Tribunal Colegiado del Octavo Circuito, visible en la p�gina 1009 del Tomo X, noviembre de 1999, publicada en el Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, correspondiente a la Novena �poca, que dice:

    "?�PRESUNCI�N DE INOCENCIA DESVIRTUADA, LA CARGA PROBATORIA EN CONTRARIO LE CORRESPONDE AL INCULPADO (SALUD, DELITO CONTRA LA. TRANSPORTACI�N DE MARIHUANA). Es cierto que corresponde al agente del Ministerio P�blico la carga de probar los elementos y hechos que integran el delito imputado de transportaci�n de marihuana y la probable responsabilidad del quejoso en su comisi�n, atento a la vigencia del principio universal de derecho de que toda persona se presume inocente mientras no se pruebe lo contrario. Sin embargo, al quedar probado fehacientemente en la especie que al inculpado se le detuvo manejando un veh�culo de motor que ten�a un compartimiento especial para la transportaci�n de cosas en forma oculta, lugar donde se encontr� determinada cantidad del estupefaciente y, por ende, su participaci�n en dicha transportaci�n; as� las cosas, dable es afirmar que entonces, la carga probatoria en contrario, corresponde al inculpado respecto de los hechos demostrados en su contra, debiendo as� acreditar que no estuvo en la posibilidad de enterarse de la existencia de la marihuana que transportaba, como tambi�n la falta de voluntariedad en la realizaci�n del il�cito atribuido, debiendo demostrar todos y cada uno de los hechos que se dieron desde el momento en que sali� de su domicilio hasta el diverso momento en que fue detenido con el enervante cuya existencia dijo desconocer. Y al no hacerlo, el acto que se reclama resulta apegado a la legalidad, al constatarse que el �rgano acusador cumpli� su obligaci�n probatoria, desvirtuando el referido principio de inocencia.�

    "?En esta tesitura, son inaplicables para el prop�sito que pretende la apelante las tesis que cita en su escrito de agravios, relativas a la responsabilidad penal y a la excluyente prevista en el art�culo 15, fracci�n VIII, inciso a), del C�digo Penal Federal.?

    "Este Tribunal Colegiado no comparte la consideraci�n de la responsable, porque el desconocimiento de la existencia de la marihuana, aun cuando se expres� como un argumento defensista, no constituye la excluyente del delito en comento, pues el error de tipo es un conocimiento falaz, que no debe confundirse con la ignorancia, que implica un desconocimiento total.

    "Sobre el tema del error, puede consultarse a J.�nez de As�a L., ?La Ley y el Delito?, 11a. edici�n, Editorial Sudamericana, Buenos Aires, 1980, p�gina ciento cuarenta y seis, donde expone:

    "?b) Ignorancia y error.

    "?En el �rea de la psicolog�a hay una distinci�n fundamental entre la ignorancia y el error, que se halla ya en Plat�n. La primera supone la falta absoluta de toda representaci�n y consiste en una entera ausencia de noci�n sobre un objeto determinado; es un estado negativo. El error supone una idea falsa, una representaci�n err�nea de un objeto cierto; es un estado positivo. La ignorancia consiste, en suma en una falta completa de conocimiento, mientras que en el error hay un conocimiento falso.?

    "De esta forma, si el quejoso aleg� desconocer la existencia de la marihuana, tal argumento no se refiere a un error de tipo, sino a la ausencia de uno de los elementos del dolo; de ah� que no correspond�a al sentenciado, demostrar la ausencia de dolo, as� como tampoco los hechos positivos en que dice la responsable fund� tal excluyente del delito, a saber, que el ahora quejoso se traslad� de la ciudad de San L. R�o Colorado a Hermosillo, a petici�n de su coinculpada; que su coprocesada recibi� en pr�stamo el automotor afecto, de parte de un sujeto apodado ... y que �sta se haya trasladado de San L. R�o Colorado a Hermosillo, S., pues no debe perderse de vista que el dolo como el elemento de uno de los componentes del delito, a saber, de la culpabilidad, debe ser plenamente acreditado por el Ministerio P�blico.

    "Por otra parte, en relaci�n con el principio de presunci�n de inocencia, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, en la ejecutoria emitida al resolver el amparo en revisi�n 1293/2002, dej� establecido que:

    "?En general, el principio universal de presunci�n de inocencia, consiste en el derecho de toda persona acusada de la comisi�n de un delito, a ser considerada como inocente en tanto no se establezca legalmente su culpabilidad, a trav�s de una resoluci�n judicial definitiva. La raz�n de ser de la presunci�n de inocencia es la de garantizar a toda persona inocente que no ser� condenada sin que existan pruebas suficientes que destruyan tal presunci�n; esto es, que demuestren su culpabilidad y que justifiquen una sentencia condenatoria en su contra.

    "?En M�xico, �nicamente el Decreto Constitucional para la Libertad de la Am�rica Mexicana, sancionado en Apatzing�n el 22 de octubre de 1814, ha reconocido expresamente este principio, ya que su art�culo 30 dec�a: �Todo ciudadano se reputa inocente, mientras no se declare culpable.�

    "?Si bien en la actual Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, no se prev� expresamente el principio de presunci�n de inocencia, se contiene impl�citamente en sus art�culos 14, p�rrafo segundo, 16, primer p�rrafo, 19, p�rrafo primero, 21, p�rrafo primero, y 102, apartado A, p�rrafo segundo, que a la letra disponen: (se transcriben).

    "?De la interpretaci�n arm�nica y sistem�tica de los anteriores dispositivos constitucionales, se desprende, por una parte, el principio del debido proceso legal que implica que al inculpado se le reconozca el derecho a su libertad, y que el Estado, s�lo podr� privarlo del mismo, cuando existiendo suficientes elementos incriminatorios, y seguido un proceso penal en su contra en el que se respeten las formalidades esenciales del procedimiento, las garant�as de audiencia y la de ofrecer pruebas para desvirtuar la imputaci�n correspondiente, el J. pronuncie sentencia definitiva declar�ndolo culpable; y por otra, el principio acusatorio, mediante el cual corresponde al Ministerio P�blico la funci�n persecutoria de los delitos y la obligaci�n (carga) de buscar y presentar las pruebas que acrediten la existencia de �stos, tal como se desprende de lo dispuesto en el art�culo 19, particularmente cuando previene que el auto de formal prisi�n deber� expresar �los datos que arroje la averiguaci�n previa, los que deben ser bastantes para comprobar el cuerpo del delito y hacer probable la responsabilidad del acusado�; en el art�culo 21, al disponer que �la investigaci�n y persecuci�n de los delitos incumbe al Ministerio P�blico�; as� como en el art�culo 102, al disponer que corresponde al Ministerio P�blico de la Federaci�n la persecuci�n de todos los delitos del orden federal, correspondi�ndole �buscar y presentar las pruebas que acrediten la responsabilidad de �stos�.

    "?En ese tenor, debe estimarse que los principios constitucionales del debido proceso legal y el acusatorio resguardan en forma impl�cita el diverso principio de presunci�n de inocencia, dando lugar a que el gobernado no est� obligado a probar la licitud de su conducta cuando se le imputa la comisi�n de un delito, en tanto que el acusado no tiene la carga de probar su inocencia, puesto que el sistema previsto por la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos le reconoce, a priori, tal estado, al disponer expresamente que es al Ministerio P�blico a quien incumbe probar los elementos constitutivos del delito y de la culpabilidad del imputado.

    "?As�, con independencia de los tratados internacionales a que alude el quejoso recurrente, que contienen la presunci�n de inocencia en materia penal, lo cierto es que la propia C.F. impl�citamente reconoce tal principio.?

    "El criterio anterior, se contiene en la tesis visible en el Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, Novena �poca, T.X., p�gina catorce, cuyos rubro y texto expresan: (se transcribe).

    "En este sentido, resulta oportuno se�alar que el concepto de delito que adopta el sistema penal federal, no se limita a lo establecido en el art�culo 7o. del C�digo Penal Federal, de acuerdo con el cual, ?delito es el acto u omisi�n que sancionan las leyes penales?, sino que el delito se concept�a como la acci�n t�pica, antijur�dica y culpable.

    "El anterior concepto, es admitido por la dogm�tica, as�, tenemos que H.W., en su obra ?Derecho Penal Alem�n?, Editorial C�rdenas, Chile, 1997, 4a. edici�n traducida del alem�n por los profesores J.B.R.�rez y S. Y�nez P�rez, p�gina cincuenta y siete, menciona:

    "?Una acci�n se convierte en delito si infringe el ordenamiento de la comunidad en alg�n modo normado por los tipos penales y puede serle reprochada al autor a t�tulo de culpabilidad. Una acci�n tiene que infringir, por consiguiente, de un modo determinado el orden de la comunidad, tiene que ser �t�pica� y �antijur�dica�, y susceptible de ser reprochada al autor como persona responsable, tiene que ser �culpable�. La tipicidad, la antijuridicidad y la culpabilidad son los tres elementos que convierten una acci�n en un delito. La culpabilidad -responsabilidad personal por el hecho antijur�dico- presupone la antijuridicidad del hecho, del mismo modo que la antijuridicidad, a su vez, ha de estar concretada en tipos legales. La tipicidad, la antijuridicidad y la culpabilidad est�n relacionadas l�gicamente de tal modo que cada elemento posterior del delito presupone el anterior.?

    "En nuestra legislaci�n penal del orden federal, los tres componentes del delito (tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad), se desprenden del texto del art�culo 15 del mismo c�digo punitivo, en que se prev�n las excluyentes del delito, pues �stas no son otra cosa m�s que su aspecto negativo, es decir, la ausencia de acci�n, de tipicidad, de antijuridicidad y culpabilidad, ejemplo de ello es que en la fracci�n I se prev� la ausencia de acci�n, en la fracci�n II la ausencia de tipicidad, en la fracci�n III la ausencia de lesi�n al bien jur�dico tutelado, enlas fracciones IV, V y VI, las causas de licitud que eliminan la antijuridicidad, en las fracciones VII, VIII, IX y X, la ausencia de culpabilidad por eliminarse los elementos de �sta como son la imputabilidad, la conciencia de la antijuridicidad, la no exigibilidad de otra conducta o el dolo.

    "Asimismo, debe convenirse en que, para analizar la existencia de un delito, debe seguirse un orden l�gico, as� primero debe tenerse una conducta de acci�n u omisi�n, satisfecho lo anterior, debe verificarse que esa conducta sea t�pica, luego que tambi�n sea antijur�dica y por �ltimo, que sea culpable a t�tulo de dolo o de culpa, lo anterior, porque no puede existir una conducta culpable si antes no es t�pica y antijur�dica; en cambio, s� pueden existir acciones que no sean t�picas o que si�ndolo no sean antijur�dicas o tampoco culpables, en otras palabras, la culpabilidad, siempre presupone la antijuridicidad, la tipicidad y la conducta, pero no a la inversa, esto es, un elemento del delito presupone la existencia del anterior, pero no la del posterior.

    "Precisado lo anterior, procede determinar cu�les son los elementos del delito que se desprenden de la flagrancia.

    "La figura de la flagrancia se encuentra contenida en el cuarto p�rrafo del art�culo 16 constitucional, que establece: (se transcribe).

    "Como se ve, el texto del art�culo 16 constitucional, nada dice sobre el significado de la flagrancia, sin embargo, es el C�digo Federal de Procedimientos Penales, el que precisa, qu� debe entenderse por flagrancia, ya que en el primer p�rrafo del art�culo 267, establece: (se transcribe).

    "Respecto al concepto de flagrancia, Z.P.J.�s, en su obra ?Garant�as y Proceso Penal?, M�xico, 1990, Editorial Porr�a, cuarta edici�n, p�gina veintis�is, expresa:

    "?Ll�mese delito flagrante a aquel cuyo autor es sorprendido en el momento mismo de cometerlo. Flagrar (del lat�n: flagrare) significa arder o resplandecer como fuego o llama, de manera que, etimol�gicamente, el t�rmino delito flagrante se refiere al hecho vivo y palpitante, resplandeciente, cuya observaci�n convence al testigo de que est� presenciando la comisi�n de un delito.?

    "Luego entonces, la flagrancia ata�e al momento en que alguien se percata que el sujeto activo realiza los actos ejecutivos del delito, como es privar de la vida, desposeer, transportar o lesionar, seg�n sea el delito.

    "Empero, la flagrancia no es indicativa del dolo, pues �ste, como ya se vio, es un elemento subjetivo que ata�e a la psique del individuo, y como tal no es susceptible de apreciarse a simple vista, sino que para ello es necesario constatar que el agente activo ten�a conocimiento de los elementos objetivos del tipo y que quer�a la realizaci�n de la conducta.

    "De esta forma, si la flagrancia solamente ata�e a cuestiones objetivas relativas al momento en que se est� cometiendo la acci�n t�pica, esto es, se refiere �nicamente al momento en que se despliega la conducta, de ello se colige que el �nico elemento del delito que se puede desprender de �sta es la comisi�n de una conducta t�pica, y a lo sumo, se presume la antijuridicidad.

    "En este sentido, H.W., en su obra ya citada, p�gina noventa y ocho, dej� establecido que:

    "?Si el autor ha realizado objetiva y subjetivamente la conducta t�pica de una norma prohibitiva, ha actuado en forma antinormativa. La tipicidad, y la consiguiente antinormatividad, es un �indicio� de la antijuridicidad.?

    "Igualmente, J.B.R.�rez y H.�n Hormaz�bal M.�e, en la obra antes mencionada, volumen II, p�gina diecinueve, refieren:

    "?De esta forma, dado que el tipo contiene no s�lo elementos positivos, sino tambi�n negativos (las causas de justificaci�n), quiere decir que constatada la tipicidad en su conjunto, queda tambi�n afirmada la antijuridicidad. Igualmente, la tipicidad es ratio essendi de la antijuridicidad.?

    "En cambio, el elemento subjetivo dolo, como una forma de culpabilidad, se advierte de la confesi�n del agente activo o de los indicios que arrojen las dem�s pruebas allegadas al hecho.

    "Luego entonces, si la flagrancia �nicamente presupone la existencia de una conducta t�pica y antijur�dica, tal circunstancia no implica que su autor necesariamente sea culpable a t�tulo de dolo o de culpa.

    "Admitir que la flagrancia es indicativa de culpabilidad, implica que se presuma el dolo, lo que importa que toda conducta se tenga como intencional, en otra palabras, se presumir� que el sujeto es culpable de la comisi�n del delito, lo que se estima contraviene el principio de inocencia; cuenta habida de que ello no es posible (presuponer el dolo), pues como ya se vio, los elementos del delito -tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad (a t�tulo de dolo o culpa)- presuponen el anterior, pero no el subsecuente.

    "Por tanto, la flagrancia en s� misma es insuficiente para desvirtuar la presunci�n de inocencia y, por tanto, no releva al Ministerio P�blico su obligaci�n de probar la comisi�n dolosa del delito.

    "Cuenta habida de que, la presunci�n de inocencia se desvirt�a hasta en tanto se establezca legalmente su culpabilidad.

    De esta forma, la circunstancia de que el sentenciado haya sido detenido en flagrancia y niegue conocer la existencia de la droga, no desvirt�a la presunci�n de inocencia, ni tiene como efecto revertir al procesado la carga de la prueba de su versi�n exculpatoria, m�xime que como ya se dej� establecido, la negativa que aduce no constituye una causa excluyente del delito, sino que es un hecho negativo, que no releva la obligaci�n del �rgano acusador de comprobar su aspecto positivo, esto es, el dolo, ya que dicha carga opera en todo caso, como un efecto del principio de presunci�n de inocencia.

  2. directo 230/2004.

    "En primer t�rmino, es menester indicar que de la lectura del fallo combatido se advierte que el tribunal responsable se�al� que si bien los acusados al rendir declaraci�n preparatoria se�alaron desconocer la existencia de la droga que fue asegurada en los tractocamiones que conduc�an, sin embargo exist�a el hecho de que fueron sorprendidos en flagrancia delictiva, por haberlos detenido cuando transportaban coca�na, lo que lo llev� a concluir que los procesados realizaron la conducta con dolo y que resultaba incuestionable que a ellos correspond�a el deber de probar lo contrario, esto es, que ignoraban que dentro de los veh�culos que conduc�an estuviera la droga afecta.

    "Que por lo anterior, era infundado lo expuesto por la defensa en el sentido de que oper� a favor de los sentenciados, la causa de exclusi�n del delito prevista por el art�culo 15, fracci�n VIII, inciso a), del C�digo Penal Federal.

    "La anterior consideraci�n se estima desacertada.

    "Los art�culos 7o., primer p�rrafo y 8o., ambos del C�digo Penal Federal, disponen: (se transcribe).

    "De los citados dispositivos legales, se denota que los delitos pueden ser dolosos o culposos.

    "La figura del dolo es definida en el primer p�rrafo del art�culo 9o. del C�digo Penal Federal, en los siguientes t�rminos: (se transcribe).

    "El precepto transcrito prev� lo que en dogm�tica se conoce como dolo directo y dolo eventual; la primera forma de dolo es la que aqu� interesa, y �sta se integra a su vez, por dos elementos: 1. El conocimiento de que la conducta es delictuosa, y 2. Querer o aceptar la realizaci�n del hecho previsto como delito.

    "Cobra aplicaci�n al caso, la tesis de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, visible en el Semanario Judicial de la Federaci�n, Tomo XXVII, Quinta �poca, p�gina dos mil seiscientos veinte, que establece: (se transcribe).

    "En relaci�n con el concepto de dolo directo y sus elementos, F.M.C., en su obra ?Derecho Penal. Parte General?, quinta edici�n, Editorial Tirant lo B., Valencia Espa�a, dos mil dos, p�ginas doscientos sesenta y nueve a doscientos setenta y uno, expone:

    "?El �mbito subjetivo del tipo de injusto de los delitos dolosos est� constituido por el dolo.

    "?El t�rmino dolo tiene varias acepciones en el �mbito del derecho. Aqu� se entiende simplemente como conciencia y voluntad de realizar el tipo objetivo de un delito. Este concepto unitario de dolo no es, sin embargo, f�cilmente aplicable en algunos casos l�mite entre dolo y la imprudencia en los que tanto el elemento cognitivo, como el volitivo quedan desdibujados o son dif�cilmente identificables; pero se puede mantener que tanto el conocimiento como la voluntad son los elementos b�sicos del dolo, sin perjuicio de hacer las necesarias matizaciones en la exposici�n de ambos conceptos.

    "?...

    "?A) Elementos

    "?De la definici�n de dolo aqu� propuesta se deriva que el dolo est� constituido por dos elementos; uno intelectual y otro volitivo.

    "?a) Elemento intelectual. Para actuar dolosamente, el sujeto de la acci�n debe saber qu� es lo que hace y conocer los elementos que caracterizan su acci�n como acci�n t�pica. Es decir, ha de saber, por ejemplo, en el homicidio que mata a otra persona; en el hurto, que se apodera de una cosa mueble ajena; en los abusos sexuales, que el sujeto pasivo est� privado de sentido o que es menor de 13 o de 16 a�os, etc.

    "?...

    "?El conocimiento intelectual del dolo se refiere, por tanto, a los elementos que caracterizan objetivamente la acci�n como t�pica (elementos objetivos del tipo): sujeto, acci�n, resultado, relaci�n causal o imputaci�n objetiva, objeto material, etc.

    "? ...

    "?El conocimiento que exige el dolo es un conocimiento actual, no bastando uno meramente potencial. Es decir, el sujeto ha de saber lo que hace, no basta con que hubiera debido o podido saberlo.

    "?...

    "?b) Elemento volitivo. Para actuar dolosamente no basta con el mero conocimiento de los elementos objetivos del tipo, es necesario, adem�s, querer realizarlos.?

    "...

    "En este orden de ideas J.J.B.R.�rez y H.�n Hormaz�bal M.�e, en su obra ?Lecciones de Derecho Penal?, 1a. edici�n, Editorial Trotta, Madrid, Espa�a, 1997, volumen II, p�gina 63, menciona:

    "?4.4. El contenido del dolo. De acuerdo con la definici�n de dolo que se ha dado anteriormente, se puede distinguir en el dolo un elemento cognitivo y un elemento volitivo. Por tanto, se integran en el dolo el conocimiento de la situaci�n y la voluntad de realizarla.?

    "En el art�culo 9o. del c�digo punitivo federal, el elemento cognitivo se desprende de la frase: ?conociendo los elementos del tipo penal?, mientras que el elemento volitivo, se advierte cuando se dice: ?quiere o acepta la realizaci�n del hecho descrito por la ley?.

    "As�, la comprobaci�n del dolo requiere, necesariamente, la acreditaci�n de que el sujeto tiene conocimiento de los elementos objetivos del tipo penal y quiere la realizaci�n del hecho descrito por la ley.

    "Por su parte, el tercer p�rrafo del art�culo 168 del C�digo Federal de Procedimientos Penales, establece: (se transcribe).

    "Como se ve, el legislador ubic� el dolo como una forma de culpabilidad, que es el juicio de reproche que se le hace al responsable del delito.

    "Ahora, el delito contra la salud en su modalidad de transportaci�n, imputado a los quejosos se encuentra previsto y sancionado por el art�culo 194, fracci�n I, primer p�rrafo, del C�digo Penal Federal, que establece: (se transcribe).

    "De su contenido se obtiene que los elementos objetivos del tipo penal del delito en cuesti�n se conforma por una acci�n de transportar el objeto material, que es un narc�tico, la puesta en peligro al bien jur�dico tutelado, que es la salud p�blica, un resultado formal y su atribuibilidad al agente activo.

    "Conforme a lo expuesto, en el caso estudiado, para acreditar el dolo en la comisi�n del delito contra la salud, en su modalidad de transportaci�n, es menester probar que los agentes del delito ten�an pleno conocimiento, entre otros elementos, de la existencia de la coca�na (objeto material) oculta debajo del colch�n y dentro de un compartimento del camarote del automotor que manejaban.

    "Ahora bien, en el �mbito del derecho procesal, precisamente en materia de prueba, debe tomarse en consideraci�n que el dolo es un elemento subjetivo, y como tal ata�e a la psique del individuo, de ah� que, en primera instancia, la prueba id�nea para acreditarlo sea la confesi�n del agente del delito. Pero, ante su ausencia, puede comprobarse con la prueba circunstancial.

    "Lo anterior, tiene apoyo en la tesis de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, visible en el Semanario Judicial de la Federaci�n, Tomo XXVII, Quinta �poca, p�gina setecientos diez, que establece: (se transcribe).

    "El tribunal de alzada, a este respecto refiri�:

    "?SEXTO. Devienen infundados los conceptos de agravio expresados por la defensora p�blica federal, a favor de los enjuiciados ...

    "?Se dice lo anterior, pues la expositora de los agravios manifiesta en su escrito de inconformidad que opera a favor de los activos, la causa de exclusi�n del delito prevista en el numeral 15, fracci�n VIII, inciso a), del C�digo Penal Federal, en virtud de que ... no ten�an conocimiento de que en los veh�culos que conduc�an, estuviere la droga afecta al proceso, ya que as� lo manifestaron al declarar ante el J. de la causa, y dentro del periodo de instrucci�n; sin embargo, es el caso de que en la especie existe el hecho cierto y probado de que a ... se les sorprendi� en flagrancia delictiva, es decir, transportando, el primero de los mencionados, ciento diecis�is paquetes de diferentes tama�os de forma rectangular, elaborados con cinta masking tape, continentes de polvo blanco, coca�na, que arrojaron un peso de ciento treinta y cuatro kilogramos, y el mencionado en segundo lugar, tambi�n se le sorprendi� transportando ciento diecis�is paquetes de diferentes tama�os, de forma rectangular, elaborados con cinta masking tape, continentes de polvo blanco, coca�na, que arrojaron un peso de ciento treinta y cuatro kilos con seiscientos gramos, los que arrojaron un peso total (entre los inculpados) de doscientos sesenta ocho kilos con seiscientos gramos, lo que lleva a concluir fundadamente, a t�tulo de deducci�n razonable, que ... realizaron la conducta con dolo, y es incuestionable que a ellos corresponde el deber de probar lo contrario, o sea, que ignoraban que dentro del veh�culo que conduc�a cada inculpado el d�a de los hechos, estuviera la droga afecta a la causa, lo cual no se demostr� en el sumario con prueba alguna.

    "?Es aplicable al caso la tesis consultable en la p�gina 1352 del Tomo XV, correspondiente al mes de enero del a�o dos mil dos, Tercer Tribunal Colegiado del Octavo Circuito, Novena �poca, del Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, con el rubro que dice: �SALUD, DELITO CONTRA LA, EN LA MODALIDAD DE TRANSPORTE DE ESTUPEFACIENTES. LA EXCLUYENTE DE RESPONSABILIDAD RELATIVA AL DESCONOCIMIENTO DE LA EXISTENCIA DE LA DROGA, DEBE ACREDITARLA QUIEN LA INVOCA EN SU DEFENSA. Si el inculpado por un delito contra la salud en la modalidad de transportaci�n de estupefacientes, desde el inicio de la averiguaci�n previa manifest� que no ten�a conocimiento de la existencia de la droga que llevaba en el veh�culo que conduc�a, porque �nicamente fue contratado para transportar mercanc�a l�cita, este argumento constituye una versi�n defensiva que debe acreditarse en el sumario, ya que las excluyentes debe probarlas quien las invoca. De esa manera, si el ahora sentenciado no aport� pruebas suficientes para acreditar la excluyente de responsabilidad que invoc� en su favor, la versi�n exculpatoria debe desestimarse.�

    "?Adem�s, debe se�alarse que la forma de comisi�n del delito que se les atribuye a ... es dolosa, porque las circunstancias de ejecuci�n de los hechos, determina la existencia de ese dolo, ya que si bien es cierto que los activos no aceptan la realizaci�n de la conducta que se les atribuye (en preparatoria), tambi�n lo es que el nexo de causalidad que existe entre sus conductas y el resultado habido lleva a determinar su tipicidad dolosa, ya que el dolo no es una voluntad necesaria coincidente con un resultado concreto, sino que basta que exista un contenido t�pico inicial del acto volitivo para que dicho resultado se reproche como doloso, m�xime que puede no coincidir el resultado concreto y la voluntad inicial, no obstante ello el delito se reprocha como doloso.

    "?Por lo anterior, no opera a favor de ... la causa de exclusi�n del delito que prev� el art�culo 15, fracci�n VIII, inciso a), del C�digo Penal Federal, como lo sostiene la recurrente.?

    "Este Tribunal Colegiado no comparte la consideraci�n de la responsable, porque el desconocimiento de la existencia de clorhidrato de coca�na, no constituye la excluyente del delito en comento, pues el error de tipo es un conocimiento falaz, que no debe confundirse con la ignorancia, que implica un desconocimiento total.

    "Sobre el tema del error, el jurista L.J.�nez de As�a, en su obra ?La Ley y el Delito?, onceava edici�n, Editorial Sudamericana, Buenos Aires, 1980, p�gina 146, expone:

    "?b) Ignorancia y error. En el �rea de la psicolog�a hay una distinci�n fundamental entre la ignorancia y el error, que se halla ya en Plat�n. La primera supone la falta absoluta de toda representaci�n y consiste en una entera ausencia de noci�n sobre un objeto determinado; es un estado negativo. El error supone una idea falsa, una representaci�n err�nea de un objeto cierto; es un estado positivo. La ignorancia consiste, en suma en una falta completa de conocimiento, mientras que en el error hay un conocimiento falso.?

    "De esta forma, si los quejosos alegaron desconocer la existencia del estupefaciente conocido como coca�na, tal argumento no se refiere a un error de tipo, sino a la ausencia de uno de los elementos del dolo; de ah� que no correspond�a a los sentenciados, demostrar la ausencia de dolo, pues no debe perderse de vista que el dolo como elemento de uno de los componentes del delito, a saber, de la culpabilidad, debe ser plenamente acreditado por el Ministerio P�blico.

    "Por otra parte, en relaci�n con el principio de presunci�n de inocencia, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, en la ejecutoria por la que resolvi� el amparo en revisi�n 1293/2002, dej� establecido que: (se transcribe).

    "Si bien en la actual Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, no se prev� expresamente el principio de presunci�n de inocencia, se contiene impl�citamente en sus art�culos 14, p�rrafo segundo, 16, primer p�rrafo, 19, p�rrafo primero, 21, p�rrafo primero, y 102, apartado A, p�rrafo segundo, que a la letra disponen: (se transcriben).

    "De la interpretaci�n arm�nica y sistem�tica de los anteriores dispositivos constitucionales, se desprende, por una parte, el principio del debido proceso legal que implica que al inculpado se le reconozca el derecho a su libertad, y que el Estado s�lo podr� privarlo del mismo cuando, existiendo suficientes elementos incriminatorios, y seguido un proceso penal en su contra en el que se respeten las formalidades esenciales del procedimiento, las garant�as de audiencia y la de ofrecer pruebas para desvirtuar la imputaci�n correspondiente, el J. pronuncie sentencia definitiva declar�ndolo culpable; y por otra, el principio acusatorio, mediante el cual corresponde al Ministerio P�blico la funci�n persecutoria de los delitos y la obligaci�n (carga) de buscar y presentar las pruebas que acrediten la existencia de �stos, tal como se desprende de lo dispuesto en el art�culo 19, particularmente cuando previene que el auto de formal prisi�n deber� expresar ?los datos que arroje la averiguaci�n previa, los que deben ser bastantes para comprobar el cuerpo del delito y hacer probable la responsabilidad del acusado?; en el art�culo 21, al disponer que ?la investigaci�n y persecuci�n de los delitos incumbe al Ministerio P�blico?; as� como en el art�culo 102, al disponer que corresponde al Ministerio P�blico dela Federaci�n la persecuci�n de todos los delitos del orden federal, correspondi�ndole ?buscar y presentar las pruebas que acrediten la responsabilidad de �stos?.

    "En ese tenor, debe estimarse que los principios constitucionales del debido proceso legal y el acusatorio resguardan en forma impl�cita el diverso principio de presunci�n de inocencia, dando lugar a que el gobernado no est� obligado a probar la licitud de su conducta cuando se le imputa la comisi�n de un delito, en tanto que el acusado no tiene la carga de probar su inocencia, puesto que el sistema previsto por la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos le reconoce, a priori, tal Estado, al disponer expresamente que es al Ministerio P�blico a quien incumbe probar los elementos constitutivos del delito y de la culpabilidad del imputado.

    "As�, con independencia de los tratados internacionales a que alude el quejoso recurrente, que contienen la presunci�n de inocencia en materia penal, lo cierto es que la propia C.F. impl�citamente reconoce tal principio.

    "El criterio anterior, se contiene en la tesis visible en el Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, Novena �poca, T.X., p�gina catorce, cuyos rubro y texto dicen: (se transcribe).

    "En este sentido, resulta oportuno se�alar que el concepto de delito que adopta el sistema penal federal, no se limita a lo establecido en el art�culo 7o. del C�digo Penal Federal, de acuerdo con el cual, ?delito es el acto u omisi�n que sancionan las leyes penales?, sino que el delito se concept�a como la acci�n t�pica, antijur�dica y culpable.

    "El anterior concepto, es admitido por la dogm�tica, as�, tenemos que H.W., en su obra ?Derecho Penal Alem�n?, Editorial C�rdenas, Chile, 1997, cuarta edici�n traducida del alem�n por los profesores J.B.R.�rez y S. Y�nez P�rez, p�gina 57, menciona:

    "?Una acci�n se convierte en delito si infringe el ordenamiento de la comunidad en alg�n modo normado por los tipos penales y puede serle reprochada al autor a t�tulo de culpabilidad. Una acci�n tiene que infringir, por consiguiente, de un modo determinado el orden de la comunidad, tiene que ser �t�pica� y �antijur�dica�, y susceptible de ser reprochada al autor como persona responsable, tiene que ser �culpable�. La tipicidad, la antijuridicidad y la culpabilidad son los tres elementos que convierten una acci�n en un delito. La culpabilidad -responsabilidad personal por el hecho antijur�dico- presupone la antijuridicidad del hecho, del mismo modo que la antijuridicidad, a su vez, ha de estar concretada en tipos legales. La tipicidad, la antijuridicidad y la culpabilidad est�n relacionadas l�gicamente de tal modo que cada elemento posterior del delito presupone el anterior.?

    "En nuestra legislaci�n penal del orden federal, los tres componentes del delito (tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad), se desprenden de su art�culo 15, en que se prev�n las excluyentes del delito, pues �stas no son otra cosa que su aspecto negativo, es decir, la ausencia de acci�n, de tipicidad, de antijuridicidad y culpabilidad, ejemplo de ello es que en la fracci�n I se prev� la ausencia de acci�n, en la fracci�n II la ausencia de tipicidad, en la fracci�n III la ausencia de lesi�n al bien jur�dico tutelado, en las fracciones IV, V y VI, las causas de licitud que eliminan la antijuridicidad, en las fracciones VII, VIII, IX y X, la ausencia de culpabilidad por eliminarse los elementos de �sta como son la imputabilidad, la conciencia de la antijuridicidad, la no exigibilidad de otra conducta o el dolo.

    "Asimismo, debe convenirse que para analizar la existencia de un delito, debe seguirse un orden l�gico, as� primero debe tenerse una conducta de acci�n u omisi�n, satisfecho lo anterior, debe verificarse que esa conducta sea t�pica; luego, que tambi�n sea antijur�dica y por �ltimo, que sea culpable, a t�tulo de dolo o de culpa, lo anterior, porque no puede existir una conducta culpable si antes no es t�pica y antijur�dica; en cambio, s� pueden existir acciones que no sean t�picas o que si�ndolo no sean antijur�dicas o tampoco culpables, en otras palabras, la culpabilidad, siempre presupone la antijuridicidad, la tipicidad y la conducta, pero no a la inversa, esto es, un elemento del delito presupone la existencia del anterior, pero no la del posterior.

    "Precisado lo anterior, procede determinar cu�les son los elementos del delito que se desprenden de la flagrancia.

    "La figura de la flagrancia se encuentra contenida en el cuarto p�rrafo del art�culo 16 constitucional, que establece: (se transcribe).

    "Como se ve, el citado dispositivo constitucional, nada refiere sobre el significado de la flagrancia, sin embargo, es el C�digo Federal de Procedimientos Penales, el que precisa, qu� debe entenderse por flagrancia, ya que en el primer p�rrafo del art�culo 267, establece: (se transcribe).

    "Respecto al concepto de flagrancia, Jes�s Z.P., en su obra ?Garant�as y Proceso Penal?, M�xico, 1990, Editorial Porr�a, cuarta edici�n, p�gina 26, expresa:

    "?Ll�mese delito flagrante a aqu�l cuyo autor es sorprendido en el momento mismo de cometerlo. Flagrar (del lat�n flagrare) significa arder o resplandecer como fuego o llama, de manera que, etimol�gicamente, el t�rmino delito flagrante se refiere al hecho vivo y palpitante, resplandeciente, cuya observaci�n convence al testigo de que est� presenciando la comisi�n de un delito.?

    "Entonces, tenemos que la flagrancia ata�e al momento en que alguien se percata, que el sujeto activo realiza los actos ejecutivos del delito, como es privar de la vida, desposeer, transportar o lesionar, seg�n sea el delito.

    "Empero, la simple flagrancia no es indicativa del dolo, pues �ste, como ya se vio, es un elemento subjetivo que ata�e al �nimo del individuo, y como tal no es susceptible de apreciarse a simple vista, sino que para ello es necesario constatar que el agente activo, ten�a conocimiento de los elementos objetivos del tipo y que quer�a la realizaci�n de la conducta.

    "De esta forma, si la flagrancia solamente incumbe a cuestiones objetivas relativas al momento en que se est� cometiendo la acci�n t�pica, esto es, se refiere �nicamente al momento en que se despliega la conducta, de ello se colige que el �nico elemento del delito que se puede desprender de �sta es la comisi�n de una conducta t�pica, y a lo sumo, se presume la antijuridicidad.

    "En este sentido, H.W., en su obra ya citada, p�gina 98, estableci�:

    "?Si el autor ha realizado objetiva y subjetivamente la conducta t�pica de una norma prohibitiva, ha actuado en forma antinormativa. La tipicidad, y la consiguiente antinormatividad, es un �indicio� de la antijuridicidad.?

    "Igualmente, J.B.R.�rez y H.�n Hormaz�bal M.�e, en la obra antes mencionada, volumen II, p�gina 19, refieren:

    "?De esta forma, dado que el tipo contiene no s�lo elementos positivos, sino tambi�n negativos (las causas de justificaci�n), quiere decir que constatada la tipicidad en su conjunto, queda tambi�n afirmada la antijuridicidad. Igualmente, la tipicidad es ratio essendi de la antijuridicidad.?

    "En cambio, el elemento subjetivo dolo, como una forma de culpabilidad, se advierte de la confesi�n del agente activo o de los indicios que arrojen las dem�s pruebas allegadas al hecho.

    "Luego entonces, si la flagrancia �nicamente presupone la existencia de una conducta t�pica y antijur�dica, tal circunstancia no implica que su autor necesariamente sea culpable a t�tulo de dolo o de culpa.

    "Admitir que la flagrancia es indicativa de culpabilidad, implica que se presuma el dolo, lo que importa que toda conducta se tenga como intencional, en otras palabras, se presumir� que el sujeto es culpable de la comisi�n del delito, lo que se estima contraviene el principio de inocencia; cuenta habida de que ello no es posible (presuponer el dolo), pues como ya se vio, los elementos del delito -tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad (a t�tulo de dolo o culpa)- presuponen el anterior, pero no el subsecuente.

    "Por tanto, la flagrancia en s� misma es insuficiente para desvirtuar la presunci�n de inocencia y, por tanto, no releva al Ministerio P�blico de su obligaci�n de probar la comisi�n dolosa del delito.

    "Cuenta habida de que la presunci�n de inocencia se desvirt�a hasta en tanto se establezca legalmente su culpabilidad.

    "De esta forma, la circunstancia de que los sentenciados hayan sido detenidos en flagrancia y nieguen conocer la existencia de la droga, no desvirt�a la presunci�n de inocencia, ni tiene como efecto revertirles la carga de la prueba de su versi�n exculpatoria, m�xime que como ya se dej� establecido, la ignorancia que aducen no constituye una causa excluyente del delito, sino que es un hecho negativo, que no releva la obligaci�n del �rgano acusador de comprobar su aspecto positivo, esto es, el dolo, ya que dicha carga opera en todo caso, como un efecto del principio de presunci�n de inocencia.

    "...

    "Por tales motivos no se comparte la consideraci�n de la responsable en la que sostiene que:

    "?... quienes son sorprendidos en esos comportamientos optan ... negar su participaci�n, debiendo hacerse tambi�n hincapi�, en que la presencia del dolo se deduce en t�rminos de los art�culos 168 y 286 del C�digo Federal de Procedimientos Penales, pues no debe perderse de vista que el dolo es el conocer y querer el hecho en concreto, en este caso el objetivo de desplazar el narc�tico de un punto geogr�fico determinado a otro distinto, desde luego de manera ilegal, y ello l�gicamente se obtiene con base en el principio de que lo ordinario se presume y lo excepcional se demuestra ... que quienes son detenidos de manera flagrante, conduciendo los veh�culos en donde fue descubierta la droga, ordinariamente saben de su existencia y por ende, quieren y aceptan transportarla y lo excepcional ser�a lo contrario, es decir, cuando niegan que conocen su existencia; por tanto, establecido el se�alamiento de los captores y de alguna manera el de los propios inculpados en el sentido de que el estupefaciente afecto fue descubierto en el camarote de los veh�culos que conduc�an ... negando tener conocimiento de la existencia de esa droga ... resulta obvio que a ellos correspond�a la demostraci�n de esa negativa ... y menos a�n si en la causa, no comprobaron que efectivamente desconociesen la existencia de la droga que fue localizada en el camarote de los referidos veh�culos.?

    "Sin embargo, el disentimiento de este cuerpo colegiado con el anterior razonamiento de la autoridad responsable, por los motivos que se expusieron, no resulta suficiente para conceder a los quejosos la protecci�n constitucional solicitada, toda vez que la representaci�n social cumpli� con la carga correspondiente, al aportar los suficientes medios de convicci�n para tener por demostrada la totalidad de los elementos del antijur�dico imputado a los sentenciados, de entre los que destaca la propia declaraci�n ministerial de los acusados, habida cuenta que, como lo indic� el tribunal responsable al confirmar el fallo llegado a la alzada, en sus declaraciones ministeriales aquellos admitieron su participaci�n en los hechos, mientras que en v�a de preparatoria, y, posteriormente, en ampliaci�n de declaraci�n, retractaron de su deposado inicial, sin embargo, dicha retractaci�n no adquiere eficacia jur�dica alguna, pues las pruebas que fueron ofrecidas no resultaron aptas para tal fin.

    "As� es, la autoridad responsable declar� infundados los agravios expresados por la defensora p�blica federal, ya que los elementos de convicci�n allegados al sumario, los consider� aptos y suficientes para comprobar el delito contra la salud, en la modalidad de transporte de clorhidrato de coca�na, previsto y sancionado por el art�culo 194, fracci�n I, del c�digo punitivo federal, as� como la participaci�n de los quejosos en t�rminos de la fracci�n II del art�culo 13 del mismo ordenamiento legal.

    "Enseguida procedi� a realizar un estudio oficioso de los elementos constitutivos del delito ...

    "Bajo esas consideraciones concluy�, que con las referidas pruebas result� correcto el proceder del J. a quo, ya que se acredit� por medio de la prueba circunstancial que a las tres horas del ocho de abril de dos mil, los activos llevaron a cabo una conducta de acci�n consistente en el desplazamiento de doscientos treinta y dos paquetes con clorhidrato de coca�na, de un medio geogr�fico a otro diverso dentro del territorio nacional, espec�ficamente desde Culiac�n, Sinaloa, hasta la caseta de cobro de M. de Kino, S.; que dicha conducta es t�pica del delito contra la salud, en su modalidad de transporte de coca�na, por cuanto encuadra en la hip�tesis prevista en el art�culo 194, fracci�n I, del C�digo Penal Federal, que con su actuar pusieron en peligro el bien jur�dico tutelado que lo es la salud p�blica, que dicha conducta la desplegaron de manera dolosa en t�rminos del art�culo 9o., primer p�rrafo, del C�digo Penal Federal.

    "Consider� que en lo tocante a la responsabilidad de los acusados, en la perpetraci�n de dicho injusto tambi�n se demostr� a trav�s de la circunstancial, de conformidad con el art�culo 286 del c�digo adjetivo penal federal, cont�ndose para tal efecto con la parte informativa, que estim�, al igual que el J. de primer grado, como un testimonio, al reunir los requisitos del art�culo 289 del ordenamiento en cita y con valor de indicio conforme al numeral 285.

    "Que de dicho informe se advert�a que los inculpados hab�an sido detenidos en flagrante delito, toda vez que a bordo de los tractocamiones que ellos conduc�an fueron localizados paquetes con clorhidrato de coca�na, que pesados en su conjunto arrojaron un peso total de doscientos sesenta y ocho kilos con seiscientos gramos (sin tomar en cuenta los que hallaron en la unidad conducida por el diverso sentenciado).

    "Que dicha parte, se corroboraba con el acta circunstanciada de ocho de abril de dos mil, suscrita por el licenciado ... agente del Ministerio P�blico de la Federaci�n, comisionado en el punto de revisi�n carretero, quien hizo constar la forma de detenci�n de los inculpados as� como el hallazgo y aseguramiento del narc�tico.

    "Que los anteriores medios probatorios, se vinculaban con las declaraciones ministeriales de los inculpados, en donde estuvieron de acuerdo con la parte informativa, as� como con el acta en cuesti�n, adem�s admitieron haber sido detenidos en la multicitada caseta de cobro cuando se encontraban estacionados los veh�culos, en donde fueron localizados paquetes de diferentes tama�os conteniendo clorhidrato de coca�na, que a preguntas formuladas por el fiscal federal, �stos contestaron que como a la una de la ma�ana y con los camiones ya cargados se entrevistaron con ... y les dijo qu� llevaban ?chingadera? hasta N., que al llegar una persona les entregar�a quince mil pesos a cada uno y que ellos deb�an entregar las llaves de los camiones.

    "Estim�, que dichas deposiciones se relacionaban con la diversa declaraci�n ministerial de ... quien manifest�, que cuando fue detenido en el Precos de Benjam�n Hill, en donde revisaron el cami�n que conduc�a y los agentes federales localizaron coca�na, le inform� al agente del Ministerio P�blico, que momentos antes hab�an pasado dos camiones con las mismas caracter�sticas, de la misma empresa, transportando el mismo narc�tico.

    "Bajo esta premisa, consider� que los indicios obtenidos de las pruebas mencionadas, concatenados entre s�, resultaban suficientes para acreditar a trav�s de la prueba circunstancial, que los ahora quejosos realizaron por s� mismos el transporte del estupefaciente que ahora se les reprocha, interviniendo en el il�cito en t�rminos del art�culo 13, fracci�n II, del C�digo Penal Federal.

    Que no obstaba el hecho de que los activos se hubiesen retractado de su dicho inicial, al momento de rendir declaraci�n preparatoria, al aducir que no sab�an de la droga que tra�an las unidades que manejaban y que en v�a de ampliaci�n de declaraci�n hubieran se�alado que nunca dijeron que tra�an ?chingadera?, pues dichas versiones no se encontraban corroboradas en forma alguna, pues en contra de las mismas se encontraba su primera declaraci�n, la cual deb�a prevalecer por ser m�s cercana a los hechos y sin tiempo suficiente de aleccionamiento.

CUARTO

Las consideraciones del Primer Tribunal Colegiado del Octavo Circuito, al resolver el juicio de amparo en revisi�n 553/98 y los amparos directos 213/2001 y 605/2002, en lo que interesan, son las siguientes:

  1. en revisi�n 553/98.

    "TERCERO. Los agravios expresados por el aqu� recurrente, resultan infundados.

    "...

    "El recurrente, en esencia esgrime como agravio que el auto de formal prisi�n, por el delito contra la salud en su modalidad de transportaci�n de marihuana, dictado en su contra por la autoridad responsable vulnera sus garant�as individuales, toda vez que del mismo se denota la ausencia del cumplimiento de requisitos de fondo que debe llenar �ste, como son la demostraci�n del tipo delictivo y la probable responsabilidad, puesto que la conducta que realiz� el aqu� compareciente resulta irrelevante para la materia penal, al no existir manifestaci�n de voluntad de su parte para realizar el delito, no habiendo ninguna prueba que demuestre que ten�a conocimiento de la marihuana y su deseo de transportarla; asimismo, de que la modalidad del il�cito que se le imputa debe implicar la posesi�n del estupefaciente encontrado, no pudiendo suceder esto si se desconoce la existencia del mismo, y siendo que este delito es de comisi�n dolosa, debi� probarse el dolo, lo que nunca se hizo, no existiendo en consecuencia nexo causal entre su voluntad y la conciencia de la realizaci�n del delito. Insistiendo nuevamente el recurrente en diverso agravio que en forma, ninguna se analiza su supuesta probable responsabilidad en la comisi�n del delito imputado, la cual no se puede sostener que exista demostrada y menos con la prueba presuntiva, pues punto medular a demostrar, aunque sea en forma probable, es su voluntad o querer de su parte realizar el il�cito, lo que presupone el conocimiento de la existencia de la droga y de su naturaleza, y en el caso no existe prueba alguna que apoye la culpabilidad consistente de su parte en la comisi�n del delito, pues el fiscal federal quien tiene la carga probatoria, no aport� pruebas que demostraran su probable responsabilidad. Igualmente el recurrente tambi�n expresa que el J. de Distrito, vuelve a incurrir en la deficiencia que le se�al� a la autoridad que dict� el auto de formal prisi�n, pues no se ocupa de la culpabilidad, como elemento integrante del concepto del delito, en consecuencia el acto reclamado y la sentencia que se revisa, carecen de la debida motivaci�n y fundamentaci�n en la declarativa de probable responsabilidad, justific�ndose tambi�n la afirmaci�n de que no exist�an los requisitos de forma en cuanto a los datos en relaci�n a su persona y al delito mismo referentes al lugar, tiempo y modo de su realizaci�n. Por otra parte, se�ala como fuente de agravios la ilegal e inconstitucional actuaci�n de la Polic�a Federal de Caminos, en cuanto hace a la investigaci�n que realizaron en el cami�n conducido por el recurrente, argumentando que la persecuci�n de los delitos mediante la investigaci�n de ellos no les compete y mucho menos realizar perforaciones en el veh�culo tripulado, proceder autoritario y prepotente, constituyendo esta actividad una pesquisa prohibida por la Constituci�n.

    "Las anteriores inconformidades expresadas por el aqu� recurrente, resultan a juicio de este Tribunal Colegiado infundadas, toda vez que del auto de formal prisi�n dictado por la autoridad responsable en contra de ... como presunto responsable en la comisi�n del delito contra la salud en su modalidad de transportaci�n de marihuana, no se advierte violaci�n a lasgarant�as consagradas por nuestra Carta Magna, siendo que de las constancias recabadas durante la averiguaci�n previa y las diligencias practicadas por el J. de Distrito, resultan acreditados los elementos del tipo penal y la probable responsabilidad del acusado, puesto que de las mismas se advierte claramente que el d�a veintid�s de diciembre de mil novecientos noventa y siete a las 05:45 horas ?M�xico-Piedras Negras? (tramo Ojo Caliente-Carbonera), fue detenido por oficiales de la Polic�a Federal de Caminos en cami�n tipo caja cerrada, marca ... color ... modelo ... conducido por ... quien manifest�, que el veh�culo lo tra�a de la Ciudad de M�xico, Distrito Federal, y que le hab�an pagado $2,000.00 (dos mil pesos 00/100 M.N.) por recoger unos colchones de la ciudad de Santa Catarina, N.L., procediendo los oficiales a realizar una revisi�n del veh�culo encontrando en el interior de la caja, en la parte inferior frontal, un compartimiento, que al hacerle una perforaci�n despidi� un fuerte olor caracter�stico de la marihuana, y que posteriormente al abrir el mencionado compartimiento se encontraron en su interior sesenta y ocho paquetes de diferente peso y tama�o envueltos en tela adhesiva conteniendo un vegetal verde y seco con el olor y caracter�sticas de la cannabis indica o marihuana, arrojando un peso bruto total de quinientos treinta y dos kilogramos; quedando de manifiesto con lo anterior, como bien lo menciona el J. a quo, que una persona ... trasladaba de un lugar geogr�fico a otro diverso, un narc�tico (marihuana) de los se�alados por la Ley General de Salud como prohibidos por su calidad y cantidad, as� como que no contaba con el permiso de autoridad para realizar tal actividad, contraviniendo con ello dispositivos legales y por lo mismo poniendo en peligro la salud p�blica, cumpliment�ndose con esto cada uno de los elementos del tipo penal se�alado, as� como los datos de lugar, tiempo y modo de realizaci�n del delito. Por lo que toca a la probable responsabilidad de ... son igualmente inaceptables los argumentos vertidos, ya que de las mismas constancias resultan datos suficientes que deducen su participaci�n en la conducta o hechos constitutivos del delito demostrado, como lo establece el C�digo Federal de Procedimientos Penales en su art�culo 168; toda vez que no siendo acreditado lo se�alado por el recurrente, sobre su desconocimiento de la marihuana que transportaba y por tanto la falta de manifestaci�n de voluntad para realizar el delito, as� como ninguna otra de sus afirmaciones, este Alto Tribunal sostiene, al igual de como lo hizo el J. de Distrito, que es al propio acusado ... a quien le correspond�a la carga de probar que no estuvo en la posibilidad de enterarse de la existencia del enervante transportado, as� como de todas y cada una de las aseveraciones hechas en el proceso, pues atentos al principio de que el que afirma debe probar, resulta obvio que a pesar de que el imputado est� negando el conocimiento de la marihuana, su negaci�n entra�a una afirmaci�n de la cual �l tiene el cometido de probar y no el Ministerio P�blico como indica, ya que en todo caso el representante social prob� el hecho incontrovertible del hallazgo de la marihuana, y que la misma era transportada en un cami�n conducido por ... sin que �ste en ning�n momento aportara pruebas tendientes a desvirtuar tales circunstancias y por tanto a demostrar el desconocimiento que insiste en afirmar, cre�ndose con esto la presunci�n de su probable responsabilidad en la comisi�n del delito, puesto que los hechos de los cuales se deriva esta presunci�n se encuentran probados existiendo un enlace necesario entre la verdad conocida y la que se busca; no siendo atendible el principio que invoca el recurrente de que ?toda persona se presume inocente, mientras no se demuestre lo contrario?, pues en la especie, s� existe demostraci�n en contrario por parte del Ministerio P�blico de lo afirmado por el inculpado, suficiente para hacerlo probable responsable del delito imputado. En consecuencia, ante su omisi�n de justificar sus afirmaciones, es viable sostener la participaci�n dolosa de ... en la comisi�n del delito y su voluntad o querer en la realizaci�n del mismo aplic�ndose a lo anterior, la tesis visible en el Semanario Judicial de la Federaci�n, Tomo IX, enero, Octava �poca, del Tribunal Colegiado de Circuito, que sustenta: ?PRUEBA, CARGA DE LA MATERIA PENAL.? (se transcribe).

    "Adem�s, no estando corroborado con prueba alguna, resulta inveros�mil lo dicho por el imputado ya que si como lo afirma, se dedica a ser chofer para transportar art�culos diversos en el centro de abastos en la Ciudad de M�xico, Distrito Federal, es dif�cil que no haya podido notar o sentir el peso que tra�a de m�s el cami�n que conduc�a, supuestamente estando vac�o, siendo que el peso arrojado por los paquetes del narc�tico (quinientos treinta y dos kilogramos) es bastante considerable como para no crear alg�n tipo de resistencia en el veh�culo; por otra parte es igualmente incre�ble, que al aceptar el trato con el due�o del cami�n no se haya podido percatar del compartimiento que llevaba el cami�n, siendo que a todas luces resulta sospechoso una caja de esas caracter�sticas, as� como haber aceptado llevar el cami�n sin ni siquiera preguntar y cerciorarse del contenido de dicha caja, si como seg�n �l afirma, no conoc�a bien a la persona que le ofreci� el trabajo. No bastando, pues, la simple afirmaci�n del imputado para crear convicci�n de no haber tenido el conocimiento de la marihuana que transportaba. Es aplicable la tesis IV.2o. J/44, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federaci�n, Octava �poca, N�mero 68, junio 1994, del Segundo Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, que a la letra dice: ?CONFESI�N. FALTA DE.? (se transcribe).

    Adem�s como se observa de lo antes expuesto, contrario a lo que se duele el recurrente de que el respectivo auto de formal prisi�n dictado en su contra carece de la debida fundamentaci�n y motivaci�n, de todo lo anterior, se desprende claramente que s� existen los datos suficientes para comprobar los elementos del tipo delictivo y hacer probable la responsabilidad del acusado, cumpli�ndose con lo dispuesto por el art�culo 19 constitucional. Aplic�ndose en lo conducente la tesis VI.1o. J/49, visible en el Semanario Judicial de la Federaci�n, Octava �poca, T.V., mayo de 1991, p�gina 76, que dice: ?AUTO DE FORMAL PRISI�N, PARA DICTARLO NO SE REQUIERE PRUEBA PLENA DE RESPONSABILIDAD.? (se transcribe) ...

    La citada ejecutoria dio lugar al criterio plasmado en la siguiente tesis:

    "Novena �poca

    "Instancia: Primer Tribunal Colegiado del Octavo Circuito

    "Fuente: Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta

    "Tomo: X, noviembre de 1999

    "Tesis: VIII.1o.27 P

    "P�gina: 1009

    "PRESUNCI�N DE INOCENCIA DESVIRTUADA, LA CARGA PROBATORIA EN CONTRARIO LE CORRESPONDE AL INCULPADO (SALUD, DELITO CONTRA LA. TRANSPORTACI�N DE MARIHUANA). Es cierto que corresponde al agente del Ministerio P�blico la carga de probar los elementos y hechos que integran el delito imputado de transportaci�n de marihuana y la probable responsabilidad del quejoso en su comisi�n, atento a la vigencia del principio universal de derecho de que toda persona se presume inocente mientras no se pruebe lo contrario. Sin embargo, al quedar probado fehacientemente en la especie que al inculpado se le detuvo manejando un veh�culo de motor que ten�a un compartimiento especial para la transportaci�n de cosas en forma oculta, lugar donde se encontr� determinada cantidad del estupefaciente y, por ende, su participaci�n en dicha transportaci�n; as� las cosas, dable es afirmar que entonces, la carga probatoria en contrario, corresponde al inculpado respecto de los hechos demostrados en su contra, debiendo as� acreditar que no estuvo en la posibilidad de enterarse de la existencia de la marihuana que transportaba, como tambi�n la falta de voluntariedad en la realizaci�n del il�cito atribuido, debiendo demostrar todos y cada uno de los hechos que se dieron desde el momento en que sali� de su domicilio hasta el diverso momento en que fue detenido con el enervante cuya existencia dijo desconocer. Y al no hacerlo, el acto que se reclama resulta apegado a la legalidad, al constatarse que el �rgano acusador cumpli� su obligaci�n probatoria, desvirtuando el referido principio de inocencia.

    "PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL OCTAVO CIRCUITO.

    A. en revisi�n 553/98. J.R.R.. 10 de junio de 1999. Unanimidad de votos. Ponente: R.S. de los Santos. Secretario: R.R.�guez S..

  2. directo 213/2001.

    "QUINTO. El primer argumento que hace valer el quejoso resulta fundado pero insuficiente para conceder el amparo y protecci�n de la Justicia Federal, en atenci�n a las siguientes consideraciones.

    "Primeramente, respecto al primer concepto de violaci�n aducido, es pertinente se�alar que si bien es cierto, la autoridad responsable se�ala en su resoluci�n que existe confesi�n calificada divisible en t�rminos de lo dispuesto por los art�culos 207 y 287 del C�digo Federal de Procedimientos Penales, sin embargo, en concepto de este tribunal, y como se puede advertir de la declaraci�n rendida ante el agente del Ministerio P�blico de la Federaci�n, residente en la ciudad de G�mez Palacio, Durango, el 17 de mayo de 1997 (fojas 27 y 28 del proceso penal), y de la declaraci�n preparatoria rendida el 19 de mayo de 1997 ante el J. Primero de Distrito en la Laguna, con residencia en la ciudad de T.�n, Coahuila (fojas 49 a 51 del proceso penal), el hecho de que el ahora quejoso admita que ven�a acompa�ando al conductor del veh�culo en que se encontr� la marihuana afecta a la causa, resulta insuficiente para estimar que acept� hechos constitutivos del delito que se le imputa, concretamente respecto a su responsabilidad, ya que por otro lado, refiere que en ning�n momento ten�a conocimiento de que en el veh�culo en que ven�a, se encontrara oculto el estupefaciente, en esas condiciones, no puede decirse que se parta del hecho de que existe confesi�n por parte del inculpado, tal como lo asever� el Magistrado responsable.

    "Ahora bien, no obstante que dicho concepto de violaci�n resulta fundado, pues no puede decirse que exista confesi�n del inculpado, por no admitir hechos respecto a su responsabilidad en la comisi�n del delito, sin embargo, resulta insuficiente para conceder el amparo y protecci�n de la Justicia Federal, ya que de los restantes elementos de prueba valorados, tanto por el Magistrado responsable, como por el J. de Distrito, al tenor de lo dispuesto por los art�culos 279 y 284 al 290 del C�digo Federal de Procedimientos Penales, se acreditaron circunstancias exteriores de modo, lugar y fecha de ejecuci�n en que ... transportaron en forma consciente y voluntaria en el veh�culo en el que viajaban y fueron detenidos, y que era conducido por el primero de los mencionados, desde la ciudad de Durango, Durango, hasta el lugar de su detenci�n, aproximadamente sesenta y seis kilos con trescientos gramos, involucrando as� lugares distintos y medios geogr�ficos diferentes, en contravenci�n a lo establecido por la Ley General de Salud. Lo anterior, porque en sus respectivas declaraciones admitieron los propios inculpados, que la droga afecta les fue localizada en dicho veh�culo, por los agentes captores, cuando procedieron a revisar el mismo, y por otro lado, se advierte que resulta inveros�mil su dicho, respecto al desconocimiento de que en el veh�culo ven�a oculta la droga, lo anterior por las diversas contradicciones en que incurrieron los coacusados consistentes principalmente, en las vertidas en sus respectivas declaraciones ministeriales, cuando el propio ... manifest�, que en la ciudad de Durango, buscando el domicilio de su t�a, se encontr� a una persona que conoce con el apodo de ... mismo que con anterioridad radicaba en la ciudad de Monterrey, Nuevo Le�n y a quien despu�s de saludar, dicho individuo le pregunt� qu� andaba haciendo en esa ciudad, y el ahora quejoso ... le dijo que buscaba a su t�a pero no la hab�a podido localizar, y dicha persona lo invit� para que se quedara en su domicilio mientras trataba de localizar a su t�a, permaneciendo en dicho lugar hasta un d�a antes de su detenci�n. Por su parte, dicha versi�n fue desvirtuada por el propio ... a quien apodan ... pues seg�n su declaraci�n testimonial rendida el veintisiete de agosto de mil novecientos noventa y siete (foja 131 del juicio penal), se�al� que la �ltima vez que vio a ... fue el veintis�is de mayo, aproximadamente a las diez de la ma�ana, en el domicilio ubicado en la calle ... sin recordar el n�mero, en la colonia ... donde se encuentra el domicilio del acusado (ahora quejoso). Por tanto, no es cierto que el testigo ... viva en la ciudad de Durango, pues en sus generales dio como domicilio el ubicado en la calle ... sin n�mero, lote ... manzana ... de la colonia ... sin embargo el ahora quejoso dijo que hab�a vivido en Monterrey y que ahora viv�a en Durango, lo cual resulta falso, pues en ning�n momento el citado testigo dijo que lo hab�a dejado quedarse en alg�n domicilio de la ciudad de Durango, mientras el acusado buscaba a su t�a; adem�s de que la �ltima vez que lo vio, seg�n declaraci�n del testigo fue el d�a veintis�is de mayo, aproximadamente a las diez de la ma�ana, siendo que ... fue detenido el diecis�is de mayo de mil novecientos noventa y siete, aproximadamente a las veinti�n horas con cinco minutos, seg�n la parte informativa de los agentes aprehensores, situaci�n anterior la que pone en evidencia la contradicci�n de la declaraci�n del aqu� quejoso, as� como las dem�s contradicciones vertidas por el Magistrado instructor en la resoluci�n ahora combatida y que a continuaci�n se transcribe (fojas 32 vuelta a 33 del toca penal) (se transcribe).

    "Por lo que a trav�s de la prueba circunstancial, se acreditaron los elementos del tipo penal del delito contra la salud, en la modalidad de transportaci�n de marihuana, previsto y sancionado por el art�culo 194, fracci�n I, del C�digo Penal Federal, as� como la responsabilidad de ... en su comisi�n.

    "El segundo de los conceptos de violaci�n, resulta infundado, pues no es cierto que haya sido incorrecto que la autoridad responsable haya estimado la carga de la prueba para el quejoso, cuando la misma le correspond�a al Ministerio P�blico Federal, seg�n se advierte del art�culo 168 del C�digo Federal de Procedimientos Penales.

    "En efecto, tal como lo se�al� la autoridad responsable y contrario a los argumentos vertidos en su segundo concepto de violaci�n, es cierto que de conformidad con lo dispuesto por el art�culo 136, fracci�n IV, del C�digo Federal de Procedimientos Penales, al Ministerio P�blico le corresponde rendir las pruebas de la existencia del delito y de la responsabilidad del inculpado, en el caso el de transportaci�n de marihuana, atento a la vigencia del principio universal de derecho de que toda persona se presume inocente mientras no se pruebe lo contrario. Sin embargo, al quedar probado fehacientemente en la especie que al inculpado se le detuvo acompa�ando al conductor de un veh�culo de motor, el cual tra�a un compartimiento especial donde se encontr� determinada cantidad de estupefaciente, que seg�n el dictamen era marihuana y, por ende, su participaci�n en dicha transportaci�n; as� las cosas, dable es afirmar que entonces, la carga probatoria en contrario, corresponde al inculpado respecto de los hechos demostrados en su contra, debiendo as� acreditar que no estuvo en la posibilidad de enterarse de la existencia de la marihuana que transportaba, como tambi�n la falta de voluntariedad en la realizaci�n del il�cito atribuido, debiendo demostrar todos y cada uno de los hechos que se dieron desde el momento en que sali� de su domicilio hasta el diverso momento en que fue detenido con el enervante cuya existencia dijo desconocer. Y al no hacerlo, el acto que se reclama resulta apegado a la legalidad, al constatarse que el �rgano acusado cumpli� su obligaci�n probatoria, desvirtuando el referido principio de inocencia, pues no obstante que en sus diversas declaraciones el quejoso �nicamente acept� que ven�a acompa�ando a ... y que fue detenido en el veh�culo donde se les encontr� la droga, en t�rminos de lo dispuesto por la fracci�n I del art�culo 15 del C�digo Penal Federal adujo como causa de exclusi�n del delito, que el mismo se realiz� sin su voluntad, pues desconoc�a que en el veh�culo en que fueron detenidos se transportaba la droga que se les decomis�, as� las cosas si como se dijo con anterioridad, existen elementos que afecten la verosimilitud de la declaraci�n del quejoso, como fueron las contradicciones en que incurrieron los coacusados y los testigos ofrecidos en el juicio, el acusado, ahora quejoso, debi� haber probado las circunstancias excluyentes o las modificativas atenuantes que introdujo en su favor.

    "Lo anterior, se corrobora con la tesis VIII.1o.27 P, sustentada por este propio Tribunal Colegiado, visible en la p�gina 1009, del Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, Tomo X, noviembre de 1999, Novena �poca, que dice: ?PRESUNCI�N DE INOCENCIA DESVIRTUADA, LA CARGA PROBATORIA EN CONTRARIO LE CORRESPONDE AL INCULPADO (SALUD, DELITO CONTRA LA. TRANSPORTACI�N DE MARIHUANA).? (se transcribe).

    "Ahora bien, por otro lado, respecto al tercer concepto de violaci�n aducido por el quejoso, en el sentido de que con los elementos de prueba que obran en autos �nicamente se acreditan los elementos materiales del tipo penal del delito contra la salud, mas no se acredita de ninguna manera el dolo con el que se dice que actu�, dicho argumento resulta infundado.

    "Al respecto cabe se�alar, que de conformidad con lo dispuesto por el art�culo 168 del C�digo Federal de Procedimientos Penales, al Ministerio P�blico le corresponde acreditar los elementos del tipo penal del delito de que se trate, en el caso el de transportaci�n de marihuana, y la probable responsabilidad del inculpado, dichos elementos seg�n las fracciones del citado precepto, son los siguientes: la existencia de la correspondiente acci�n u omisi�n y de la lesi�n, o en su caso, el peligro a que ha sido expuesto el bien jur�dico protegido; la forma de intervenci�n de los sujetos activos; y la realizaci�n dolosa o culposa de la acci�n u omisi�n.

    "Asimismo, es pertinente se�alar que en trat�ndose de delitos contra la salud, los mismos est�n contendidos por diversos tipos de peligro, que afectan la salud p�blica, y por cuanto a su culpabilidad son de dolo necesario, esto es, no pueden cometerse por imprudencia, sino s�lo en forma intencional, y se configuran cuando el sujeto realiza con drogas enervantes cualquiera de los actos que los propios tipos de los delitos contra la salud describen.

    "Sustenta lo anterior, la tesis de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, visible en la p�gina 31 del Semanario Judicial de la Federaci�n, Volumen 60, Segunda Parte, S�ptima �poca, que dice: ?SALUD, DELITO CONTRA LA. DOLO NECESARIO EN SU COMISI�N.? (se transcribe).

    "Por tanto, a fin de acreditar el dolo con que actu� el inculpado, en ocasiones no es posible que se acredite en forma directa, sino que, en t�rminos de lo dispuesto por el �ltimo p�rrafo del art�culo 168 del C�digo Federal de Procedimientos Penales, los elementos del tipo penal de que se trate y la probable responsabilidad se acreditar�n por cualquier medio probatorio que se�ale la ley, es por dem�s que para acreditar la culpabilidad en el delito doloso, es admisible la prueba circunstancial o indiciaria como la denomina el C�digo Federal de Procedimientos Penales en los art�culos 285 y 286, pero s�lo cuando se encuentra corroborada con otras pruebas, en virtud de que dicho elemento de convicci�n est� basado sobre el razonamiento, teniendo como punto de partida hechos o circunstancias que est�n probados y de loscuales se trata de desprender su relaci�n con el hecho inquirido; por lo cual, si en autos qued� debidamente acreditado que el ahora quejoso acompa�aba a ... quien conduc�a el veh�culo, en donde se encontr� que el camper tra�a un compartimiento y en el mismo ven�a oculta la droga afecta a la causa, que ven�a de la ciudad de Durango, con destino a la ciudad de T.�n, Coahuila, lo que se corrobora con los elementos de prueba, que el propio peticionario del amparo se�ala en sus conceptos de violaci�n como son la fe ministerial del vegetal asegurado, el dictamen qu�mico sobre dicho vegetal, la parte informativa realizada por los agentes aprehensores y las declaraciones de los acusados, tanto la ministerial como la preparatoria; pero sin que se haya acreditado por parte del peticionante la causa de excluyente de responsabilidad, que hizo valer en t�rminos de lo dispuesto por el art�culo 15, fracci�n I, del C�digo Penal Federal, consistente en que no ten�a conocimiento de la droga, aunado a las diversas contradicciones en que incurrieron los coacusados, cuando se estableci� por parte de ... que era primo de ... y luego en el careo celebrado entre ellos se retractaron, as� como el hecho de que ... mencion� que se hab�a quedado en la ciudad de Durango en el domicilio de una persona que conoce con el apodo de ... quien al ser interrogado dicha persona que responde al nombre de ... dijo que viv�a en la ciudad de Monterrey, Nuevo Le�n, y que la �ltima vez que hab�a visto a ... fue afuera de su casa en la calle ... sin recordar el n�mero en la colonia ... as� como las diversas contradicciones que expuso el Magistrado responsable y que quedaron transcritas con anterioridad, llevan a establecer que qued� comprobado, en forma circunstancial, que el quejoso ten�a conocimiento pleno de la existencia de la droga y el dolo en la comisi�n del delito de transportaci�n de marihuana, lo que lleva a considerar adem�s que est� plenamente acreditada la responsabilidad penal del quejoso en la comisi�n del delito contra la salud, en su modalidad de transportaci�n, aun cuando no lo haya admitido expresamente en confesi�n, pues la serie de circunstancias en que acontecieron los hechos permite demostrar que s� ten�an conocimiento de la droga que transportaban, y las manifestaciones vertidas en su confesi�n, por s� solas, no tienen el alcance de invalidar el c�mulo de elementos en que contra de los mismos se alzan y que hacen acreditar que transportaban la droga de la ciudad de Durango, Durango, a la ciudad de T.�n, Coahuila, adem�s, se trata de una simple negativa de su participaci�n en los hechos, dando una explicaci�n no corroborada con prueba alguna, no obstante que como se asent� con anterioridad siendo una causa de excluyente de responsabilidad en t�rminos de lo dispuesto por la fracci�n I del art�culo 15 del C�digo Penal le correspond�a al quejoso acreditar la misma, y de admitir como v�lida la manifestaci�n unilateral de que no ten�a conocimiento en la droga, ser�a destruir todo el mecanismo de la prueba presuncional y facilitar la impunibilidad (sic) de cualquier inculpado, ya que toda una cadena de presunciones se volver�a ineficaz por la sola manifestaci�n de los producentes, situaci�n jur�dicamente inadmisible, que lleva a considerar infundado el concepto de violaci�n aludido. En consecuencia, se considera que el dolo con el que actu� el inculpado, para la comisi�n del delito atribuido, se encuentra acreditado en t�rminos de lo dispuesto por los art�culos 285 y 286 del C�digo Federal de Procedimientos Penales, aun cuando haya sido a trav�s de la prueba circunstancial.

    "Tiene aplicaci�n al caso la tesis IV.3o.26 P, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, visible en la p�gina 910 del Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, T.V., agosto de 1998, Novena �poca, que dice: ?SALUD, DELITO CONTRA LA. EN SU MODALIDAD DE TRANSPORTACI�N, DEBE ESTAR ACREDITADO QUE EL INFRACTOR TEN�A CONOCIMIENTO DE LA EXISTENCIA DE LA DROGA.? (se transcribe).

    "De igual forma cobra aplicaci�n la jurisprudencia 492, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, visible en la p�gina 276 del Ap�ndice al Semanario Judicial de la Federaci�n 1917-2000, Tomo II, Materia Penal, Segunda Parte TCC, que dice:?CONFESI�N, FALTA DE.? (se transcribe).

    "Y finalmente, a fin de acreditar que al quejoso le corresponde probar la excluyente de responsabilidad que invoca en t�rminos de la fracci�n I del art�culo 15 del C�digo Penal Federal, en el sentido de que no ten�a conocimiento de la droga, tiene aplicaci�n la jurisprudencia 547, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la p�gina 429 del Ap�ndice al Semanario Judicial de la Federaci�n 1917-2000, Tomo II, Materia Penal, Segunda Sala TCC, que dice: ?EXCLUYENTES. DEBE PROBARLAS QUIEN LAS INVOCA.? (se transcribe).

    "As� como la jurisprudencia V.2o. J/42, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, visible en la p�gina 914, del Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, T.V., mayo de 1998, Novena �poca, que dice: ?EXCLUYENTES DE RESPONSABILIDAD PRUEBA DE LAS.? (se transcribe).

    "No pasa desapercibido adem�s que el quejoso se�ala que siempre sostuvo que no era el due�o del veh�culo de motor en donde se les encontr� el estupefaciente, pues en el caso, resulta intrascendente dicha circunstancia, ya que el il�cito contra la salud en su modalidad de transportaci�n, se configura con la sola circunstancia de que el estupefaciente se traslade de un lugar a otro, con independencia si quien realiza dicho acto es due�o del veh�culo en donde se transporta la droga.

    "Asimismo, debe se�alarse que si bien es cierto la autoridad responsable en su resoluci�n tom� en consideraci�n diversos medios de prueba, para acreditar la prueba circunstancial, bas�ndose en las contradicciones que existieron entre las declaraciones de los acusados, aun cuando efectivamente introdujo, adem�s de las citadas por el J. de Distrito en la sentencia de primera instancia, otras diversas y que calificadas como meramente subjetivas, tales apreciaciones del Magistrado responsable de ninguna forma desvirt�an las causas para tener por acreditados los elementos del tipo penal del delito contra la salud en la modalidad de transportaci�n de marihuana, previsto en el art�culo 194, fracci�n I, del C�digo Penal Federal y la responsabilidad del ahora quejoso en su comisi�n, puesto que adem�s de las apreciaciones subjetivas que introdujo el Magistrado obran las diversas como fueron, que ... estableci� que en la ciudad de Durango, Durango, se encontr� con una persona que le apodan ... quien le ofreci� vivir en su domicilio mientras encontraba el de su t�a, y posteriormente cuando rindi� su declaraci�n la citada persona que apodan ... quien responde al nombre de ... se�al� que vive en la ciudad de Monterrey y que la �ltima vez que vio a ... fue en su domicilio en la colonia ... sin referir que se lo haya encontrado en la ciudad de Durango, y que lo haya invitado para quedarse en su domicilio mientras buscaba el de su t�a; de igual forma, obra la contradicci�n entre la declaraci�n de ... cuando estableci� que ... era su primo y posteriormente, este �ltimo manifest� que no eran parientes, sin que sea suficiente que en el careo celebrado entre ambos coacusados, se haya retractado del parentesco aduciendo ... que dicha expresi�n de ?primo? la utiliza como saludo, pues se advierte de su declaraci�n que no se expres� en dicha forma, ?como saludo? sino para referirse espec�ficamente a ... como parentesco, son suficientes para establecer que la actitud en que narraron los hechos fue meramente defensiva y preconcebida a efecto de tratar de aludir su responsabilidad en el delito que se les acusa, lo anterior, como ya se dijo, aun ante la ausencia de confesi�n del citado quejoso.

    "Ahora bien, como ya se dijo, el dolo previsto en el art�culo 9o. del C�digo Penal Federal, en la comisi�n del delito contra la salud, en la modalidad de transportaci�n de marihuana, previsto en el art�culo 194, fracci�n I, del citado ordenamiento legal, qued� plenamente probado con la prueba circunstancial o indiciaria o que establecen los art�culos 285 y 286 del C�digo Federal de Procedimientos Penales, lo cual, s� le correspond�a la carga de la prueba al Ministerio P�blico Federal, seg�n lo establece el art�culo 168, fracci�n III, del ya citado ordenamiento; sin embargo, situaci�n diversa acontece trat�ndose de la causa excluyente de responsabilidad, que introdujo el quejoso en sus declaraciones consistente en el desconocimiento de que la marihuana ven�a en el veh�culo en que fueron detenidos, excluyente que se encuentra prevista en el art�culo 15, fracci�n I, del C�digo Penal Federal.

    "Por lo que, no habi�ndose acreditado dicha causa de excluyente de responsabilidad, consistente en que el quejoso no conoc�a que la droga ven�a oculta en el veh�culo en que fueron detenidos, aunado a los dem�s elementos de prueba que obran en el sumario, principalmente el hecho de que el quejoso no se qued� en el domicilio de ... quien apodan ... en la ciudad de Durango, pues la �ltima vez que se vieron fue en la ciudad de Monterrey, Nuevo Le�n; a que ... no fue contactado por una persona desconocida quien le propuso conducir el veh�culo de la ciudad de Durango, Durango a T.�n, Coahuila, sino que �l era el propietario de dicho veh�culo, seg�n se acredit� con la declaraci�n testimonial de ... y al hecho de que el testigo ... manifest� que el viaje de su hijo ... fue para localizar a su t�a y despu�s dijo que el prop�sito del viaje era para buscar trabajo, sin que en ning�n momento el ahora quejoso, haya expresado que el viaje a Durango era para buscar trabajo, por lo que dichas contradicciones hacen prueba plena para acreditar el dolo con el que actuaron los acusados para la comisi�n del delito y que s� ten�an conocimiento de la transportaci�n de la droga, reiter�ndose lo antes dicho, m�xime que nunca acredit� la causa excluyente de responsabilidad consistente en el desconocimiento de la misma.

    "...

    "Sin que reiterando lo antes dicho, le corresponda la carga de la prueba al Ministerio P�blico demostrar que el quejoso ten�a conocimiento de la droga, sino que por ser una excluyente de responsabilidad en t�rminos de lo dispuesto por el art�culo 15, fracci�n I, del C�digo Penal Federal dicha carga probatoria le corresponde a quien la afirma, en el caso, le correspond�a al acusado probarla plenamente.

    "Y si en el caso, no exista prueba directa que acredite la colaboraci�n o forma de participaci�n con su codetenido (sic), no por ello no puede acreditarse en forma indiciaria su participaci�n, tal como se demostr� en autos, con las diversas contradicciones en que incurrieron los inculpados y dem�s elementos de prueba que se aportaron al juicio, y que inclusive fueron ofrecidas por ellos mismos, en los que se desvirtuaron sus diversas manifestaciones defensivas, as� como el hecho de que se detuvo a ambos inculpados en el veh�culo en que ven�a oculta la droga, lo que aunado a que se demostraron sus versiones defensivas, ello trae como consecuencia que se tenga por demostrado el acuerdo de voluntades entre el ahora quejoso y su codetenido (sic) para llevar a cabo el il�cito que se les imputa.

    "...

    "En virtud de lo anterior, habi�ndose acreditado los elementos del tipo penal del delito contra la salud, en su modalidad de transportaci�n de marihuana, previsto y sancionado por el art�culo 194, fracci�n I, del C�digo Penal Federal, as� como la responsabilidad penal de ... en su comisi�n, a trav�s de la prueba circunstancial, aun cuando no haya confesi�n del mismo en la comisi�n del delito referido, sino que del restante material probatorio consistente en la fe ministerial del estupefaciente, del veh�culo en donde se encontr� �ste, de las declaraciones de los acusados en que admiten que en el veh�culo en que viajaban se les asegur� el vegetal afecto a la causa, y sin que haya acreditado, el ahora quejoso, de que no ten�a conocimiento de que en dicho veh�culo se transportaba la droga, antes por el contrario, se corrobora el dolo de su actuar y su responsabilidad con los dem�s elementos de prueba que ofrecieron en autos como fueron la declaraci�n de ... quienes en ning�n momento aducen manifestaciones que corroboren las exposiciones defensivas del inculpado; por lo que, lo procedente es negar el amparo y protecci�n de la Justicia Federal al quejoso contra el acto que reclama el Magistrado del Primer Tribunal Unitario del Octavo Circuito.

    Tiene aplicaci�n al caso la jurisprudencia I..P. J/3 sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito visible en la p�gina 681 del Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, Tomo III, junio de 1996, Novena �poca, que dice: ?PRUEBA CIRCUNSTANCIAL. INTEGRACI�N DE LA.? (se transcribe).

  3. 605/2002.

    "QUINTO. Analizados los conceptos de violaci�n que hace valer el quejoso, por conducto del defensor de oficio, resultan infundados por las consideraciones siguientes:

    "Como uno de los argumentos que en concepto de violaci�n se hacen valer, se sostiene que el tribunal responsable al confirmar la sentencia de primer grado, lo realiz� aplicando la ley en forma anal�gica, infringiendo el art�culo 14 constitucional, pues a su decir, la prueba circunstancial en que se apoy� no debe estimarse integrada, pues si bien existen datos que le perjudican, existen indicios que le benefician, como son las manifestaciones del acusado durante todo el procedimiento, en las que se�al� desde un principio que desconoc�a la existencia del estupefaciente; las testimoniales de ... quienes coincidieron en se�alar que iba de ?raid? en el veh�culo asegurado, as� como los careos de los captores, por lo que a decir del defensor, no se justific� con plenitud la materialidad del il�cito, pues aduce que no se encuentra demostrado que el acusado tuviera conocimiento de la existencia del vegetal, lo que permite establecer la exclusi�n delictiva, por lo que el acusado no obr� dolosamente, por tratarse de un error de tipo invencible, se�alando que la carga de la prueba de los hechos del tipo y de la culpabilidad le corresponden al �rgano acusatorio, por lo que si el acusado neg� tener conocimiento de la existencia de la droga asegurada y justific� el motivo por el cual se encontraba dentro del veh�culo, el �rgano de acusaci�n debi� demostrar como hecho previo al desplazamiento, que el sentenciado sab�a y hab�a participado cargando la droga al veh�culo, o haber justificado el acuerdo previo, posterior o concomitante en la realizaci�n del evento, por lo que a decir del quejoso, en la especie se actualiza el principio de la duda racional sobre su responsabilidad.

    "Al respecto cabe decir que, el concepto de violaci�n es infundado, toda vez que, contrario a lo sostenido por el quejoso, este Tribunal Colegiado estima que el tribunal responsable estuvo en lo correcto al valorar los elementos de prueba que obran en autos, pues los mismos acreditan los elementos del delito contra la salud, en la modalidad de transportaci�n de marihuana, establecido en el art�culo 194, fracci�n I, del C�digo Penal Federal, as� como la plena responsabilidad del aqu� quejoso en su comisi�n.

    "En efecto, en la sentencia reclamada, se consider� al aqu� quejoso, penalmente responsable en la comisi�n del delito se�alado, sustent�ndose en los siguientes elementos de convicci�n:

    "...

    "En consideraci�n de este Tribunal Colegiado, la sentencia que constituye el acto reclamado, y que tiene a ... como responsable en la comisi�n del delito en menci�n, no transgrede en perjuicio de �ste garant�as individuales, pues contrario a lo se�alado en su concepto de violaci�n, el tribunal responsable valor� debidamente los elementos de convicci�n aportados a la causa, pues de �stos, resultan indicios de naturaleza grave y suficiente que en su conjunto integran la prueba circunstancial de plena eficacia probatoria, en t�rminos del art�culo 286 del C�digo Federal de Procedimientos Penales, ya que esta prueba se basa en el valor incriminatorio de los indicios, y tiene como punto de partida hechos y circunstancias que est�n probados y de los cuales se trata de desprender su relaci�n con el hecho inquirido, esto es, ya un dato por complementar, ya una inc�gnita por determinar, ya una hip�tesis por verificar, lo mismo sobre la materialidad del delito que sobre la identificaci�n del culpable, acerca de las circunstancias del acto incriminado; lo que en el caso se satisface, dado que, contrario a lo se�alado por el quejoso, de los elementos de prueba se�alados, se tienen como hechos probados de manera irrefutable, que de acuerdo con la parte informativa de los polic�as aprehensores, detuvieron al inculpado a bordo de un veh�culo que era conducido por ... en el que se encontraron en el interior de uno de los tanques para gasolina, diecinueve paquetes elaborados en forma de tabique, confeccionados de diferentes maneras con cinta de color canela y plantearlo as� como de pl�stico transparente, los cuales cada uno de ellos conten�an una hierba verde y seca, al parecer marihuana; con la inspecci�n ministerial, la existencia del veh�culo citado, as� como de los diecinueve paquetes aludidos, dentro de los cuales se conten�a una hierba verde y seca al parecer marihuana, con un peso bruto aproximado de diecis�is kilos ciento cincuenta gramos; con el dictamen qu�mico, en el que se determin� que la hierba asegurada, corresponde al g�nero cannabis SPP, considerada como estupefaciente por la Ley General de Salud; con lo manifestado dentro de la diligencia de declaraci�n ministerial del acusado, en la que al tener a la vista los diecinueve paquetes mencionados, manifest� ser los mismos paquetes que encontraron dentro del tanque de gasolina del veh�culo en que viajaba; con la segunda ampliaci�n de declaraci�n del coacusado ... en la que manifest� que, contrariamente a lo que sostuvo en principio, el aqu� solicitante del amparo no viajaba con �l por el hecho de que hubiere accedido a transportarlo gratuitamente desde Cuatro Ci�negas a ciudad A.�a, Coahuila, sino porque �l sab�a que iban a dejar la camioneta a ... el hecho objetivo de que el sentenciado aqu� quejoso, no obstante las tres horas, que mencion� en la declaraci�n realizada en la audiencia de vista, que hab�an transcurrido desde que decidi� solicitar transportaci�n gratuita, no pidiera ese favor a ninguna otra persona, sino �nicamente esperara para viajar, precisamente a ... quien conduc�a el veh�culo en el que se transport� el narc�tico; el hecho de que trat� de hacer creer que inici� el viaje por la noche, cuando de la mec�nica de los hechos demostrados, se desprende que el viaje lo emprendi� aproximadamente a las diecis�is horas del cinco de mayo de dos mil uno; as� como el hecho objetivo de que no llevara consigo equipaje alguno, o art�culo que permitiera establecer que su viaje ten�a un prop�sito diverso al de realizar la transportaci�n de la marihuana asegurada.

    "Indicios que ponen de manifiesto, sin lugar a dudas, que el d�a cinco de mayo de dos mil uno, entre las diecis�is y veintiuna horas con quince minutos ... de manera consciente y voluntaria, en coautor�a con otra persona, transport� desde Cuatro Ci�negas, Coahuila, hasta la carretera A.�a-Zaragoza, a la altura del poblado S.C., perteneciente al Municipio de J., Coahuila, esto es de un medio geogr�fico a otro, diecis�is kilos con ciento cincuenta gramos aproximadamente, de cannabis SPP, com�nmente conocida como marihuana, clasificada como estupefaciente por la Ley General de Salud, utilizando para ello, el veh�culo tipo pick-up vinculado a la causa, en cuyo tanque para gasolina, llevaba oculta la droga asegurada, descubierta en flagrancia, por los agentes de la Polic�a Judicial Federal, en la carretera A.�a-Zaragoza, a la altura del poblado S.C., siendoaproximadamente las veintiuna horas con quince minutos del d�a se�alado, al revisar el veh�culo en menci�n, encontraron que en uno de los tanques utilizados para gasolina, transportaba la marihuana, sin contar con la autorizaci�n correspondiente, por parte de la autoridad sanitaria; elementos que, como lo determin� el tribunal responsable, son m�s que suficientes para demostrar tanto la materialidad del delito contra la salud, en la modalidad de transportaci�n de marihuana, previsto en la fracci�n I del art�culo 194 del C�digo Penal Federal, como la plena responsabilidad penal del aqu� quejoso en su comisi�n, toda vez que �ste no demostr� que desconoc�a que en el veh�culo en que viajaba, ven�a oculta la droga; raz�n por la cual, de ninguna manera puede considerarse que el tribunal responsable al confirmar la sentencia del primer grado, haya aplicado la ley en forma anal�gica, pues la conducta desplegada por el aqu� quejoso encuadra exactamente en la hip�tesis legal contenida en el precepto legal citado; y por consecuencia, de ninguna manera puede considerarse que el tribunal responsable haya violado en perjuicio del quejoso, el principio de la duda racional, respecto a su responsabilidad en la comisi�n del il�cito.

    "Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 663 del Segundo Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, visible en la p�gina 415 del Tomo II, del Ap�ndice al Semanario Judicial de la Federaci�n 1917-1995, que dice:

    "?PRUEBA CIRCUNSTANCIAL, IMPORTANCIA DE LA.? (se transcribe).

    "Por tal raz�n, de acuerdo con las consideraciones que anteceden, debe decirse que no le asiste raz�n al quejoso, al se�alar que en el caso concreto se actualiza una causa de exclusi�n del delito, porque a su decir, no se encuentra demostrado que haya obrado dolosamente, ya que resulta irrelevante que el aqu� quejoso haya negado tener conocimiento de la existencia del estupefaciente asegurado, que no se encuentre acreditado como hecho previo al desplazamiento del mismo, la participaci�n del sentenciado en maniobras de carga de la droga en el veh�culo as� como que haya celebrado pacto alguno con terceras personas para desplazar la misma; pues, por la naturaleza del dolo, con excepci�n de que exista una confesi�n del sujeto que acepte haber realizado el delito, dif�cilmente puede acreditarse mediante una prueba directa, como lo pretende el quejoso, ya que el dolo reside en el plano intelectual y volitivo, y por ello, es a trav�s del an�lisis de las declaraciones de quienes intervinieron en los hechos, en calidad de autores o part�cipes, como de los que realizaron la detenci�n del sujeto, como puede acreditarse plenamente, esto es a trav�s de la prueba circunstancial, elemento de convicci�n que en el caso concreto qued� debidamente integrada, como se se�al� en p�rrafos precedentes, a trav�s de la cual qued� acreditado fehacientemente que ... de manera consciente y voluntaria, en coautor�a con otra persona, transport� de una zona geogr�fica a otra distinta, diecis�is kilos, ciento cincuenta gramos de marihuana, en los t�rminos y circunstancias que han quedado precisadas con anterioridad; debiendo se�alarse adem�s, que si en el caso concreto el Ministerio P�blico de la Federaci�n, aport� las pruebas suficientes para comprobar el cuerpo del delito y la responsabilidad penal del aqu� quejoso, es a �ste a quien corresponde desvirtuar los elementos de prueba que gravitan en su contra para probar su inocencia, y no s�lo limitarse a negar su participaci�n voluntaria en los hechos, pues el solo dicho del procesado, es insuficiente para comprobar su defensa, sino que es necesario que �sta se acredite plenamente, lo cual no ocurre en la especie, ya que como se se�alar� a continuaci�n, el sentenciado aqu� quejoso, no justific� el motivo por el cual, a su decir, se encontraba dentro del veh�culo en que se localiz� la droga.

    "Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis aislada VII.1o.27 P, de este Primer Tribunal Colegiado del Octavo Circuito, correspondiente a la Novena �poca, visible en el Tomo X, noviembre de 1999, p�gina 1009, del Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, que se�ala lo siguiente:

    "?PRESUNCI�N DE INOCENCIA DESVIRTUADA, LA CARGA PROBATORIA EN CONTRARIO LE CORRESPONDE AL INCULPADO (SALUD, DELITO CONTRA LA. TRANSPORTACI�N DE MARIHUANA).? (se transcribe).

    "Tambi�n resulta aplicable la tesis del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, correspondiente a la Octava �poca, localizable en el Tomo IX, enero de 1992, p�gina 220, del Semanario Judicial de la Federaci�n, que se�ala lo siguiente:

    "?PRUEBA, CARGA DE LA, EN MATERIA PENAL.? (se transcribe).

    "...

    "Asimismo, resulta inveros�mil que el motivo por el que se encontraba viajando a bordo del veh�culo, haya sido el que su coacusado lo transportaba gratuitamente hasta la ciudad de A.�a, Coahuila, con el prop�sito de conseguir trabajo en dicha ciudad, en la que pensaba hospedarse con unos amigos; ya que el propio ... en la segunda ampliaci�n de su declaraci�n preparatoria (foja 210), se�al� que ... no ven�a de ?raid?, sino que sab�a que ven�an a dejar la camioneta a ... aunado a que resulta incre�ble, la manifestaci�n efectuada en la audiencia de vista (fojas 293 a 296), en el sentido de que sali� de Cuatro Ci�negas hasta la noche, porque estuvo solicitando transporte gratuito durante un lapso de tres horas, en las afueras de Cuatro Ci�negas, y la �nica persona que pasara por dicha carretera haya sido precisamente ... pues como lo se�al� el tribunal responsable, durante ese lapso de tiempo tuvieron que haber pasado muchas otras, pues la ciudad de Cuatro Ci�negas, Coahuila, no es una comunidad aislada, y las carreteras del pa�s son sumamente transitadas; aunado a que seg�n lo manifestado en preparatoria por ... en el sentido de que estuvo manejando por un lapso de seis horas continuas desde Cuatro Ci�negas hasta el lugar de su captura, y de acuerdo a la parte informativa la detenci�n del quejoso y su acompa�ante, ocurri� aproximadamente a las veinti�n horas con quince minutos del cinco de mayo de dos mil uno, es decir en la fecha en que reconocieron que emprendieron el viaje, lo que permite establecer que partieron de Cuatro Ci�negas, aproximadamente a las quince horas, es decir de d�a y no de noche, como lo se�ala el aqu� solicitante del amparo; raz�n por la cual, al resultar inveros�mil la postura defensiva del sentenciado aqu� quejoso, resulta evidente que pretende ocultar la realidad de los hechos que le son desfavorables, lo cual constituye un indicio de culpabilidad, lo que permite concluir, como acertadamente lo determin� el tribunal responsable, que su presencia en el veh�culo en que se localiz� la droga asegurada, no fue meramente circunstancial, ya que el �nico motivo por el que el aqu� quejoso viajaba el d�a de los hechos en el mismo, lo constituy� el transporte del estupefaciente desde Cuatro Ci�negas a ciudad A.�a, Coahuila, y por tanto, no se trata de un error invencible que actualiza la exclusi�n del delito, como lo pretende el solicitante del amparo.

    "Tiene aplicaci�n a lo anterior, la jurisprudencia XII.2o. J/10, del Segundo Tribunal Colegiado del D�cimo Segundo Circuito, correspondiente a la Novena �poca, visible en el T.V., junio de 1998, p�gina 483, del Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, que se�ala lo siguiente:

    "?INDICIOS, PRUEBA DE, EN MATERIA PENAL.? (se transcribe)."

QUINTO

Como una cuesti�n previa a resolver la existencia de la contradicci�n denunciada, debe se�alarse que para que se surta su procedencia es necesario que las posiciones opuestas se susciten en un mismo plano de an�lisis, de modo que no basta atender a la conclusi�n del razonamiento, sino que es necesario tener en cuenta las circunstancias f�cticas y jur�dicas que por su enlace l�gico son fundamento del criterio asumido, ya que �nicamente cuando exista tal coincidencia puede presentarse una contradicci�n de tesis.

Asimismo, al estudiar las circunstancias aludidas se debe distinguir entre las que sirven de fundamento a los criterios emitidos, de aquellas que aun cuando aparentemente son sustento de las consideraciones respectivas, no constituyen un presupuesto l�gico del razonamiento.

En otros t�rminos, se actualiza la contradicci�n de tesis, cuando concurren los siguientes supuestos:

  1. Que al resolver los asuntos se examinen cuestiones jur�dicas esencialmente iguales y se adopten criterios discrepantes;

  2. Que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jur�dicas de las sentencias respectivas; y,

  3. Que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos.

    Al respecto, es aplicable la siguiente tesis de jurisprudencia sustentada por el Pleno de este Alto Tribunal, de rubro: "CONTRADICCI�N DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA." (1)

    Precisado lo anterior, debe se�alarse que, en la especie, s� se acreditan los extremos a que se refieren los incisos anteriores, entre los criterios sustentados entre el Primer Tribunal Colegiado del Quinto Circuito y el Primer Tribunal Colegiado del Octavo Circuito, al resolver: el primero, los juicios de amparo directo 644/2004 y 230/2004; y el segundo, los juicios de amparo directo 213/2001 y 605/2002, excluyendo de la contradicci�n el juicio de amparo en revisi�n 553/98, sustentado por este �ltimo.

    Sin que sea obst�culo a lo anterior, el que los criterios sustentados por el Primer Tribunal Colegiado del Quinto Circuito no hayan dado lugar a tesis expuestas de manera formal. Ello en virtud de que para que exista contradicci�n de tesis, basta con que se hayan sustentado criterios discrepantes sobre la misma cuesti�n por los Tribunales Colegiados de Circuito, en resoluciones dictadas en asuntos de su competencia.

    Lo anterior, encuentra apoyo en lo sostenido por el Pleno de este Alto Tribunal en el criterio jurisprudencial contenido en la tesis de rubro: "CONTRADICCI�N DE TESIS. PARA QUE PROCEDA LA DENUNCIA BASTA QUE EN LAS SENTENCIAS SE SUSTENTEN CRITERIOS DISCREPANTES." (2)

    Dicho lo anterior, lo que procede es demostrar que se acreditan los extremos a que se ha hecho referencia, y para ello se hace la siguiente relaci�n:

    1. Primer Tribunal Colegiado del Quinto Circuito.

  4. A. directo 644/2004.

    Quejoso: ...

    Autoridad que conoci� de la demanda de amparo directo: Primer Tribunal Colegiado del Quinto Circuito.

    Acto reclamado: La sentencia de treinta de abril de dos mil dos, dictada en el toca 224/2002, por el Tercer Tribunal Unitario del Quinto Circuito.

    Resoluci�n dictada por el Tribunal Colegiado de Circuito: La aprobada en sesi�n de treinta y uno de marzo de dos mil cinco, en la cual se concedi� la protecci�n constitucional solicitada por el quejoso, para el efecto de que la autoridad responsable dejara insubsistente el acto reclamado y emitiera otro siguiendo los lineamientos de dicho fallo.

    Consideraciones fundamentales de dicho fallo, en lo que interesa a este aspecto, de la contradicci�n de tesis:

    ? Considera que de conformidad con el principio de presunci�n de inocencia, corresponde al Ministerio P�blico la carga de la prueba de los elementos que configuran el delito -contra la salud en su modalidad de transportaci�n de narc�tico denominado marihuana-, as� como de la plena responsabilidad del inculpado, dentro de los cuales se encuentra el actuar doloso del agente, por tratarse de un delito de comisi�n dolosa.

    ? Se pronuncia en torno a que la flagrancia �nicamente presupone la existencia de una conducta t�pica y antijur�dica, sin que presuponga el dolo o la culpa, pues ello contravendr�a el principio de inocencia. Por tanto, concluye que la flagrancia en s� misma es insuficiente para desvirtuar la presunci�n de inocencia y, por tanto, no releva al Ministerio P�blico de su obligaci�n de probar la comisi�n dolosa del delito.

    ? Toma en consideraci�n que el dolo es un elemento subjetivo que ata�e a la psique del individuo y, por ello, admite que, en primera instancia, la prueba id�nea para acreditarlo es la confesi�n del agente del delito, empero ante su ausencia, puede comprobarse con la prueba circunstancial.

    ? Considera que el desconocimiento de la existencia de la marihuana no constituye un error de tipo que actualice una excluyente del delito en comento, pues el error de tipo es un conocimiento falaz que no debe confundirse con la ignorancia, que implica un desconocimiento total.

    ? De esta forma, si el quejoso aleg� desconocer la existencia de la marihuana, tal argumento no se refiere a un error de tipo, sino a la ausencia de uno de los elementos del dolo; de ah� que considere que no corresponde al sentenciado demostrar dicho desconocimiento de la existencia de la marihuana, pues la misma no constituye una excluyente del delito -la que s� le corresponder�a probar- sino la mera ausencia de dolo, elemento que corresponde probar a la representaci�n social de la Federaci�n.

  5. A. directo 230/2004.

    Quejosos: ...

    Autoridad que conoci� de la demanda de amparo directo: Primer Tribunal Colegiado del Quinto Circuito.

    Acto reclamado: La sentencia de veintis�is de noviembre de dos mil tres, dictada en el toca 561/2003, por el Tercer Tribunal Unitario del Quinto Circuito.

    Resoluci�n dictada por el Tribunal Colegiado de Circuito: La aprobada en sesi�n de catorce de abril de dos mil cinco, en la cual no se concedi� la protecci�n constitucional solicitada por el quejoso.

    Consideraciones fundamentales de dicho fallo, en lo que interesa a este aspecto, de la contradicci�n de tesis:

    ? Considera que de conformidad con el principio de presunci�n de inocencia, corresponde al Ministerio P�blico la carga de la prueba de los elementos que configuran el delito -contra la salud en su modalidad de transportaci�n de clorhidrato de coca�na-, as� como de la plena responsabilidad de los inculpados, dentro de los cuales se encuentra el actuar doloso de los mismos, que para acreditarlo es menester probar que los agentes del delito ten�an pleno conocimiento, entre otros elementos, de la existencia de la coca�na oculta bajo el colch�n y dentro de un compartimiento del camarote del automotor en que viajaban.

    ? Se pronuncia en torno a que la flagrancia en s� misma, es insuficiente para desvirtuar la presunci�n de inocencia y, por tanto, no releva al Ministerio P�blico de su obligaci�n de probar la comisi�n dolosa del delito.

    ? Toma en consideraci�n que el dolo es un elemento subjetivo que ata�e a la psique del individuo y, por ello, admite que, en primera instancia, la prueba id�nea para acreditarlo es la confesi�n del agente del delito, empero ante su ausencia, puede comprobarse con la prueba circunstancial.

    ? Considera que el desconocimiento de la existencia del clorhidrato de coca�na no constituye un error de tipo que actualice una excluyente del delito en comento, pues el error de tipo es un conocimiento falaz, que no debe confundirse con la ignorancia, que implica un desconocimiento total.

    ? De esta forma, si los quejosos alegaron desconocer la existencia del clorhidrato de coca�na, tal argumento no se refiere a un error de tipo, sino a la ausencia de uno de los elementos del dolo; de ah� que considere que no corresponde a los sentenciados demostrar dicho desconocimiento, pues ello no constituye una excluyente del delito -la que s� les corresponder�a probar- sino la mera ausencia de dolo, elemento que corresponde probar a la representaci�n social de la Federaci�n.

    ? Sin embargo, estas consideraciones contrarias a las expuestas por la autoridad responsable, no son suficientes para conceder el amparo, en virtud de que el Ministerio P�blico logr� acreditar el dolo en la participaci�n de los inculpados en la comisi�n del delito.

    1. Primer Tribunal Colegiado del Octavo Circuito.

  6. A. en revisi�n penal 553/98.

    Quejoso: ...

    Autoridad que conoci� del juicio de amparo indirecto: J. Primero de Distrito en el Estado de Coahuila.

    Acto reclamado: El auto de formal prisi�n, decretado el veintinueve de diciembre de mil novecientos noventa y siete, dentro de la causa penal 74/97-II, mediante el cual se le consider� presunto responsable de la comisi�n del delito contra la salud, en su modalidad de transportaci�n, sancionado y previsto por el art�culo 194, fracci�n I, del C�digo Penal Federal.

    Resoluci�n de amparo: La dictada por el J. Primero de Distrito en el Estado de Coahuila, el quince de abril de mil novecientos noventa y nueve, en la que resolvi� negar el amparo solicitado.

    Recurrente: El quejoso.

    Autoridad que conoci� del recurso de revisi�n: Primer Tribunal Colegiado del Octavo Circuito.

    Resoluci�n reca�da al recurso de revisi�n: La emitida el diez de junio de mil novecientos noventa y nueve, en la que se confirma la resoluci�n recurrida y, por tanto, se niega el amparo a ...

    Consideraciones fundamentales de dicho fallo en lo que a esta contradicci�n interesa:

    ? Estima que en el auto de formal prisi�n, dictado por la autoridad responsable en contra del recurrente, no existe violaci�n o garant�a individual alguna, toda vez que de las constancias de autos resultan acreditados los elementos del tipo penal y la probable responsabilidad del acusado.

    ? Considera que le corresponde la carga de probar al inculpado de que no estuvo en la posibilidad de enterarse de la existencia del enervante transportado y, por tanto, la falta de manifestaci�n de voluntad para realizar el delito, atento al principio de que el que afirma debe probar, pues si bien el imputado est� negando el conocimiento de la marihuana, su negaci�n entra�a una afirmaci�n de la cual �l tiene el cometido de probar y no el Ministerio P�blico, ya que en todo caso el representante social prob� el hecho incontrovertible del hallazgo de la marihuana, y que la misma era transportada en un cami�n conducido por el recurrente, sin que �ste en ning�n momento aportara pruebas tendientes a desvirtuar tales circunstancias y, por tanto, a demostrar el desconocimiento que insiste en afirmar, cre�ndose con esto la presunci�n de su probable responsabilidad en la comisi�n del delito.

    ? No estima atendible el principio de presunci�n de inocencia, pues al existir demostraci�n en contrario por parte del Ministerio P�blico de lo afirmado por el inculpado, ello es suficiente para hacerlo probable responsable del delito imputado.

  7. A. directo 213/2001.

    Quejoso: ...

    Autoridad que conoci� de la demanda de amparo directo: Primer Tribunal Colegiado del Octavo Circuito.

    Acto reclamado: La sentencia de catorce de mayo de mil novecientos noventa y ocho, dictada en el toca 208/98-I, por el Primer Tribunal Unitario del Octavo Circuito.

    Resoluci�n dictada por el Tribunal Colegiado de Circuito: La aprobada en sesi�n de veinticuatro de agosto de dos mil uno, en la cual no se concedi� la protecci�n constitucional solicitada por el quejoso.

    Consideraciones fundamentales del fallo, en lo que interesa a esta contradicci�n de tesis:

    ? Considera que, de conformidad con el principio de presunci�n de inocencia, corresponde al Ministerio P�blico la carga de la prueba de los elementos que configuran el delito -contra la salud en su modalidad de transportaci�n de estupefaciente denominado marihuana-, as� como de la plena responsabilidad del inculpado, dentro de los cuales se encuentra el actuar doloso del agente, por tratarse de un delito de comisi�n dolosa.

    ? Toma en consideraci�n que el dolo es un elemento subjetivo que ata�e a la psique del individuo y, por ello, admite que, en primera instancia, la prueba id�nea para acreditarlo es la confesi�n del agente del delito, empero ante su ausencia, puede comprobarse con la prueba circunstancial.

    ? Considera que la afirmaci�n del quejoso en el sentido de que el desconocimiento, la existencia de la marihuana transportada, constituye un error de tipo que, de acreditarse, actualizar�a unaexcluyente del delito en comento.

    ? De esta forma, si el quejoso aleg� desconocer la existencia de la marihuana, corresponde al mismo demostrar dicho desconocimiento, atento a que ello actualiza una excluyente del delito que corresponde probar al que la hace valer. Al respecto, cita la jurisprudencia 547, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la p�gina 429 del Ap�ndice al Semanario Judicial de la Federaci�n 1917-2000, Tomo II, Materia Penal, Segunda Sala, TCC, que dice: "EXCLUYENTES. DEBE PROBARLAS QUIEN LAS INVOCA.", as� como la jurisprudencia V.2o. J/42, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, visible en la p�gina 914 del Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, T.V., mayo de 1998, Novena �poca, que dice: "EXCLUYENTES DE RESPONSABILIDAD PRUEBA DE LAS."

    ? As� pues, estima que al haber demostrado el Ministerio P�blico la existencia del delito y de la responsabilidad penal del quejoso en la comisi�n del mismo, correspond�a al inculpado acreditar el error de tipo que actualizar�a una causa de exclusi�n del delito en cuesti�n, mediante la demostraci�n de que el mismo no estuvo en la posibilidad de enterarse de la existencia de la marihuana que transportaba, como tambi�n la falta de voluntariedad en la realizaci�n del il�cito atribuido.

    ? Al no hacerlo as� el quejoso, estim� legal el acto reclamado, al constatar que el �rgano acusador cumpli� su obligaci�n probatoria respecto de la acreditaci�n del delito y de la plena responsabilidad del quejoso en la comisi�n del mismo, sin que �ste haya acreditado la causa excluyente de responsabilidad que hizo valer en t�rminos de lo dispuesto por el art�culo 15, fracci�n I, del C�digo Penal Federal, consistente en que no ten�a conocimiento de la droga, pues qued� comprobado, en forma circunstancial, que el quejoso ten�a conocimiento pleno de la existencia de la droga y el dolo en la comisi�n del delito de transportaci�n de marihuana.

  8. A. directo 605/2002.

    Quejoso: ...

    Autoridad que conoci� de la demanda de amparo directo: Primer Tribunal Colegiado del Octavo Circuito.

    Acto reclamado: La sentencia de siete de junio de dos mil tres, dictada en el toca 253/2002, por el Segundo Tribunal Unitario del Octavo Circuito.

    Resoluci�n dictada por el Tribunal Colegiado de Circuito: La aprobada en sesi�n de veinte de marzo de dos mil tres, en la cual no se concedi� la protecci�n constitucional solicitada por el quejoso.

    Consideraciones fundamentales de dicho fallo, en lo que interesa a este aspecto de la contradicci�n de tesis:

    ? Considera que de conformidad con el principio de presunci�n de inocencia, corresponde al Ministerio P�blico la carga de la prueba de los elementos que configuran el delito -contra la salud en su modalidad de transportaci�n de estupefaciente denominado marihuana-, as� como de la plena responsabilidad del inculpado, dentro de los cuales se encuentra el actuar doloso del agente, por tratarse de un delito de comisi�n dolosa.

    ? Toma en consideraci�n que el dolo es un elemento subjetivo que ata�e a la psique del individuo y, por ello, admite que, en primera instancia, la prueba id�nea para acreditarlo es la confesi�n del agente del delito, empero ante su ausencia, puede comprobarse con la prueba circunstancial.

    ? Considera que la afirmaci�n del quejoso en el sentido de que el desconocimiento, la existencia de la marihuana transportada, constituye un error de tipo que, de acreditarse, actualizar�a una excluyente del delito en comento.

    ? De esta forma, si el quejoso aleg� desconocer la existencia de la marihuana, corresponde al mismo demostrar dicho desconocimiento, pues si en el caso concreto el Ministerio P�blico de la Federaci�n aport� las pruebas suficientes para comprobar el delito y la responsabilidad penal del quejoso, es a �ste a quien corresponde desvirtuar dichos elementos de prueba que gravitan en su contra y acreditar que se actualiza a su favor una causa de exclusi�n del delito, y no s�lo limitarse a negar su participaci�n voluntaria en los hechos, pues su solo dicho es insuficiente para comprobar la citada causa de exclusi�n.

    Ahora bien, de la lectura de los aspectos destacados en las ejecutorias mencionadas en los p�rrafos anteriores, se desprende que el Primer Tribunal Colegiado del Quinto Circuito y el Primer Tribunal Colegiado del Octavo Circuito, al resolver, el primero, los juicios de amparo directo 644/2004 y 230/2004, y el segundo, los amparos directos 213/2001 y 605/2002, s� se pronunciaron en torno a un problema jur�dico cuyas caracter�sticas y antecedentes resultan ser esencialmente id�nticos, no as� respecto del juicio de amparo en revisi�n 553/98, resuelto por este �ltimo.

    Al resolver los referidos juicios de amparo directo, los Tribunales Colegiados contendientes actualizaron los supuestos anteriormente aludidos para la existencia de una contradicci�n de tesis, esto es: a) examinaron cuestiones jur�dicas esencialmente iguales adoptando criterios discrepantes; b) dichos criterios se presentaron en las consideraciones de las mencionadas ejecutorias; y, c) los distintos criterios provinieron del examen de los mismos elementos.

    En efecto, ambos Tribunales Colegiados resolvieron juicios de amparo directo contra sentencias, dictadas en segunda instancia, en las que se sentenci� a los diversos quejosos por su responsabilidad en la comisi�n de un delito contra la salud en su modalidad de transportaci�n de alg�n estupefaciente.

    Ambos tribunales examinaron una cuesti�n jur�dica esencialmente igual, adoptando criterios discrepantes, a saber, si el desconocimiento de la existencia del narc�tico al ser transportado, constituye, respecto del delito contra la salud en su modalidad de transportaci�n de narc�ticos, un error de tipo que actualiza una excluyente del delito en comento, o si por el contrario, el mismo no se refiere a un error de tipo, sino a la ausencia de uno de los elementos del delito: el dolo.

    Lo que al resolver de manera contraria ambos tribunales, esto es, uno en el sentido de que s� constituye un error de tipo, y el otro en el sentido contrario, condujeron a que los mismos resolvieran de manera contraria respecto a qui�n corresponde la carga de la prueba de dicho desconocimiento de la existencia del narc�tico: uno en el sentido de que corresponde al inculpado por constituir �sta una causa de exclusi�n del delito que corresponde acreditar al que la hace valer, y otro en el sentido de que dicho desconocimiento no es m�s que la ausencia de uno de los elementos del delito, en concreto, el dolo y, por tanto, corresponde su carga probatoria al Ministerio P�blico.

    As�, el Primer Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, al resolver los amparos directos 644/2004 y 230/2004, consider� que el desconocimiento de la existencia del narc�tico no constituye un error de tipo que actualiza una excluyente del delito contra la salud en su modalidad de transportaci�n de narc�tico, pues estim� que el error de tipo es un conocimiento falaz, que no debe confundirse con la ignorancia, que implica un desconocimiento total. De ello que haya considerado que no corresponde al sentenciado demostrar dicho desconocimiento de la existencia del narc�tico, pues ello no constituye una excluyente de responsabilidad -la que s� le corresponder�a probar- sino la mera ausencia de dolo, elemento del delito que corresponde probar a la representaci�n social de la Federaci�n, quien tiene la carga probatoria, tanto el delito como la plena responsabilidad penal del inculpado, de conformidad con el principio de presunci�n de inocencia.

    Por su parte, el Primer Tribunal Colegiado del Octavo Circuito, al resolver los amparos directos 213/2001 y 605/2002, consider� que el desconocimiento de la existencia del narc�tico s� constituye un error de tipo que actualiza una excluyente del delito contra la salud en su modalidad de transportaci�n de narc�tico. De ello que haya considerado que, si bien corresponde al Ministerio P�blico de la Federaci�n la acreditaci�n del delito como la plena responsabilidad del inculpado, para lo cual debe acreditar el dolo, en el caso, corresponde al sentenciado demostrar su desconocimiento de la existencia del narc�tico transportado, pues el mismo se hizo valer como una excluyente del delito, a saber, un error de tipo, cuya carga probatoria corresponde a quien lo hace valer, en este caso, el sentenciado, sin que ello implique que se vulnera el principio de presunci�n de inocencia.

    En ese orden de ideas, queda evidenciado que no obstante que los antecedentes y elementos jur�dicos a evaluar resultaban esencialmente iguales, en el aspecto espec�fico del orden de estudio apuntado, ambos �rganos jurisdiccionales concluyeron con posiciones jur�dicas discrepantes y hasta contradictorias.

    Con lo anterior, queda acreditada la existencia de la contradicci�n de tesis. De conformidad con lo expuesto en esta consideraci�n, la materia del estudio de fondo de esta contradicci�n de tesis, quedar� limitada a determinar si el desconocimiento de la existencia del narc�tico transportado constituye un error de tipo que actualiza una excluyente del delito contra la salud en su modalidad de transportaci�n de narc�tico, o si por el contrario dicho desconocimiento �nicamente se refiere a la ausencia de dolo, elemento constitutivo del delito en cuesti�n. En funci�n a lo que se resuelva respecto a este punto, determinar si corresponde la carga de su prueba al sentenciado que lo hace valer como causa de exclusi�n del delito o al agente del Ministerio P�blico, al acreditar la existencia del delito y la plena responsabilidad del acusado en su comisi�n.

    1. se�alar que respecto a este �ltimo punto no existe contradicci�n de criterios, pues del an�lisis de las ejecutorias en contradicci�n, se desprende que el tema en contradicci�n es �nicamente el relativo a si el desconocimiento de la existencia del narc�tico transportado, constituye un error de tipo que actualiza una excluyente del delito contra la salud en su modalidad de transportaci�n de narc�tico o no, de lo que se deriv� que ambos tribunales fallaran de manera contraria respecto a qui�n corresponde su carga probatoria.

    Sin embargo, de las ejecutorias en comento se desprende que de haber coincidido ambos tribunales, ya sea en que el mencionado desconocimiento s� actualiza una causa de exclusi�n del delito, o bien, que demuestra simplemente la ausencia del dolo, hubieran fallado los citados tribunales en el mismo sentido, pues ninguno desconoce, respecto del primer supuesto, el que la carga de la prueba, trat�ndose de causas de exclusi�n del delito, corresponde a quien la hace valer, ni respecto del segundo supuesto, que corresponde al Ministerio P�blico la carga probatoria del delito, as� como de la plena responsabilidad penal del inculpado, que en el caso requiere la acreditaci�n del dolo.

SEXTO

Por otro lado, debe decirse que no participa de la contradicci�n de tesis en cuesti�n el criterio sostenido por el Primer Tribunal Colegiado del Octavo Circuito, al resolver el diez de junio de mil novecientos noventa y nueve, el amparo en revisi�n 553/98, promovido por ...

Lo anterior es as�, en virtud de que el Tribunal Colegiado en cuesti�n, en la ejecutoria de referencia, no analiz� una situaci�n jur�dica esencialmente igual a los criterios materia de la contradicci�n de tesis y, por ello, no se surte el primero de los requisitos a que se hizo referencia en el considerando quinto del presente fallo.

En efecto, como ya se precis� en el considerando anterior, la materia de la presente contradicci�n de tesis se constri�e a determinar si el desconocimiento de la existencia del narc�tico transportado, constituye un error de tipo que actualiza una excluyente del delito contra la salud en su modalidad de transportaci�n de narc�tico, o si por el contrario, dicho desconocimiento �nicamente se refiere a la ausencia de dolo, elemento constitutivo del delito en cuesti�n, y en funci�n a lo que se resuelva respecto a este punto, determinar si corresponde la carga de su prueba al sentenciado que lo hace valer como causa de exclusi�n del delito o al agente del Ministerio P�blico al acreditar el delito y la plena responsabilidad del inculpado en el mismo; siendo que el citado Tribunal Colegiado en el amparo en revisi�n 553/98, como se advierte de la respectiva transcripci�n, analiz� una situaci�n distinta, a saber, la relativa a si en un auto de formal prisi�n puede presumirse la probable responsabilidad de un inculpado en la comisi�n del delito contra la salud en su modalidad de transportaci�n de narc�tico, con el hecho incontrovertible del hallazgo de la marihuana, y que la misma era transportada en un cami�n conducido por el inculpado, al no existir prueba en contrario por el inculpado.

De ah� que no se trate de situaciones jur�dicas similares y mucho menos esencialmente id�nticas, pues en la se�alada ejecutoria se analiza un auto de formal prisi�n y no una sentencia definitiva de segunda instancia, de ello que en la misma se estudie lo relativo al acreditamiento del cuerpo del delito y la probable responsabilidad del inculpado, y no as� lo relativo a la comprobaci�n del delito y de la plena responsabilidad del mismo, como acontece en las ejecutorias que s� participan de la presente contradicci�n, lo que evidencia que en la se�alada ejecutoria, el Primer Tribunal Colegiado del Octavo Circuito, se pronunci� en torno a un problema jur�dico distinto al que es materia de la presente contradicci�n de tesis.

En estas condiciones, debe concluirse que no existe la contradicci�n de tesis denunciada entre el criterio sustentado por el Primer Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, al resolver los amparos directos 644/2004 y 230/2004, y el criterio sostenido por el Primer Tribunal Colegiado del Octavo Circuito, al resolver el amparo en revisi�n 553/98.

S�PTIMO

Establecido lo anterior, debe prevalecer el criterio sustentado por esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, conforme a las consideraciones que enseguida se expresan.

Para estar en posibilidad de resolver la presente contradicci�n de tesis, se estima necesario realizar un an�lisis, en primer t�rmino, sobre el elemento del delito denominado dolo y, posteriormente, sobre las causas de exclusi�n del delito previstas en la ley, para que a partir de dichos an�lisis se determine si el desconocimiento del narc�tico, por parte del sujeto activo del delito contra la salud en su modalidad de transportaci�n de narc�ticos, actualiza una causa de exclusi�n del delito o si, por el contrario, �nicamente acredita la ausencia del elemento del delito denominado dolo, y en funci�n a dicha determinaci�n, fijar a qui�n corresponde la carga de la prueba de dicho desconocimiento.

  1. As� pues, sobre el elemento del delito denominado dolo, cabe decir lo siguiente:

    Del art�culo 8o. del C�digo Penal Federal, se desprende que los delitos pueden ser dolosos o culposos. (3) Un delito es de car�cter doloso cuando el sujeto activo lo comete conociendo los elementos del tipo penal o previendo como posible el resultado t�pico y, aun as�, quiere o acepta la realizaci�n del hecho descrito por la ley. (4) As� pues, el dolo no es m�s que la conciencia y voluntad de realizar el tipo objetivo de un delito.

    De ello se desprende que existen dos tipos de dolo, a saber, lo que en dogm�tica se conoce como dolo directo y dolo eventual: el primero, se puede asimilar a la intenci�n, lo que el sujeto persigue directamente -doctrinalmente conocido como dolo directo de primer grado- y, asimismo, abarca todas las consecuencias que, aunque no las persiga, el sujeto prev� que se producir�n con seguridad -conocido como dolo directo de segundo grado-; mientras que el dolo eventual, se presenta cuando el sujeto activo no persigue un resultado y tampoco lo prev� como seguro, sino que s�lo prev� que es posible que se produzca, pero para el caso de su producci�n lo asume en su voluntad.

    En el presente asunto, el dolo que nos interesa y que, por tanto, se analizar�, es el dolo directo, pues el delito contra la salud en su modalidad de transportaci�n de narc�tico, previsto y sancionado en el art�culo 194, fracci�n I y 193, ambos del C�digo Penal Federal, en relaci�n con los diversos 234, 235 y 237 de la Ley General de Salud, requiere de la acreditaci�n de dicho tipo de dolo, esto es, del dolo directo -ya sea de primer o segundo grado-, para su actualizaci�n.

    En efecto, el delito reci�n rese�ado requiere para su actualizaci�n, de la acreditaci�n del elemento del dolo directo que se presenta cuando el sujeto activo quiere provocar, o prev� como seguro, el resultado: transportar el narc�tico.

    Ahora bien, respecto de este dolo directo, cabe se�alar que el mismo se compone de dos elementos: a) el conocimiento de los elementos del tipo penal; y, b) querer o aceptar la realizaci�n del hecho previsto como delito.

    Cobra aplicaci�n al caso, la tesis de esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n de rubro: "DOLO." (5)

    De lo anteriormente establecido, se desprende que el dolo directo est� constituido por dos elementos: uno intelectual y otro volitivo.

    1. Elemento intelectual. Parte de que el conocimiento es el presupuesto de la voluntad, toda vez que no se puede querer lo que no se conoce, por lo que para establecer que el sujeto activo quer�a o aceptaba la realizaci�n de un hecho previsto como delito, es necesario dejar sentada la existencia de un conocimiento previo. Esto es, se refiere a que el sujeto activo debe saber qu� es lo que hace y conocer los elementos que caracterizan su acci�n como acci�n t�pica. Este conocimiento gira en torno a los elementos objetivos y normativos del tipo, no as� respecto de los subjetivos.

    2. Elemento volitivo. Se refiere a que para que exista dolo, no basta con el mero conocimiento de los elementos objetivos y normativos del tipo, sino que es necesario, adem�s, querer realizarlos. Es por ello que la direcci�n que el sujeto activo da hacia la consecuci�n de un resultado t�pico, sirve para determinar la existencia del dolo.

      As� pues, se integran en el dolo el conocimiento de la situaci�n y la voluntad de realizarla. En el art�culo 9o. del c�digo punitivo federal, el elemento cognitivo se desprende de la frase "conociendo los elementos del tipo penal", mientras que el elemento volitivo, se advierte cuando se dice "quiere o acepta la realizaci�n del hecho descrito por la ley".

      La comprobaci�n del dolo requiere, por tanto, necesariamente de la acreditaci�n de que el sujeto activo tiene conocimiento de los elementos objetivos y normativos del tipo penal y quiere la realizaci�n del hecho descrito por la ley.

      Ahora bien, por lo que hace al acreditamiento del dolo, debe precisarse que al ser un elemento del delito, con base en los principios de debido proceso legal y acusatorio -en oposici�n al inquisitorio- recogidos en el sistema punitivo vigente, �ntimamente relacionados con el principio de presunci�n de inocencia, impl�citamente reconocido por la Carta Magna, se le impone al Ministerio P�blico de la Federaci�n la carga de la prueba de todos los elementos del delito, entre ellos, el dolo.

      En general, el principio universal de presunci�n de inocencia, consiste en el derecho de toda persona acusada de la comisi�n de un delito, a ser considerada como inocente en tanto no se establezca legalmente su plena responsabilidad en la comisi�n de un il�cito a trav�s de una resoluci�n judicial definitiva. La raz�n de ser de la presunci�n de inocencia, es la de garantizar a toda persona inocente que no ser� condenada sin que existan pruebas suficientes que destruyan tal presunci�n, esto es, que demuestren la existencia de todos los elementos del tipo, as� como de su plena responsabilidad en la comisi�n del delito y que justifiquen una sentencia condenatoria en su contra. (6)

      El Pleno de esta Suprema Corte deJusticia de la Naci�n, al resolver el amparo en revisi�n 1293/2000-PL, estableci� que si bien en la actual Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos no se prev� expresamente el principio de presunci�n de inocencia, el mismo se contiene impl�citamente en sus art�culos 14, p�rrafo segundo, 16, primer p�rrafo, 19, p�rrafo primero, 21, p�rrafo primero y 102, apartado A, p�rrafo segundo. De la interpretaci�n arm�nica y sistem�tica de los mismos, desprende lo siguiente:

    3. Por una parte, el principio del debido proceso legal que implica que al inculpado se le reconozca el derecho a su libertad y que el Estado s�lo podr� privarlo del mismo, cuando existiendo suficientes elementos incriminatorios y seguido un proceso penal en su contra en el que se respeten las formalidades esenciales del procedimiento, las garant�as de audiencia y la de ofrecer pruebas para desvirtuar la imputaci�n correspondiente, el J. pronuncie sentencia definitiva declar�ndolo culpable; y por otra,

    4. El principio acusatorio, mediante el cual corresponde al Ministerio P�blico la funci�n persecutoria de los delitos y la obligaci�n (carga) de buscar y presentar las pruebas que acrediten la existencia de �stos, tal como se desprende de lo dispuesto en el art�culo 19, particularmente cuando previene que el auto de formal prisi�n deber� expresar "los datos que arroje la averiguaci�n previa, los que deben ser bastantes para comprobar el cuerpo del delito y hacer probable la responsabilidad del acusado"; en el art�culo 21, al disponer que "la investigaci�n y persecuci�n de los delitos incumbe al Ministerio P�blico"; as� como en el art�culo 102, al disponer que corresponde al Ministerio P�blico de la Federaci�n la persecuci�n de todos los delitos del orden federal, correspondi�ndole "buscar y presentar las pruebas que acrediten la responsabilidad de �stos".

      En ese tenor, estima que los principios constitucionales del debido proceso legal y el acusatorio resguardan en forma impl�cita el diverso principio de presunci�n de inocencia, dando lugar a que el gobernado no est� obligado a probar la licitud de su conducta cuando se le imputa la comisi�n de un delito, en tanto que el acusado no tiene la carga de probar su inocencia, puesto que el sistema previsto por la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos le reconoce, a priori, tal estado, al disponer expresamente que es al Ministerio P�blico a quien incumbe probar los elementos constitutivos del delito y la plena responsabilidad del inculpado.

      El anterior criterio, dio lugar a la tesis cuyo rubro es: "PRESUNCI�N DE INOCENCIA. EL PRINCIPIO RELATIVO SE CONTIENE DE MANERA IMPL�CITA EN LA CONSTITUCI�N FEDERAL." (7)

      As� pues, atendiendo a los principios de debido proceso legal, acusatorio y de presunci�n de inocencia que corresponda al Ministerio P�blico de la Federaci�n, la carga de la prueba respecto de todos los elementos del delito -tanto a los relativos a los elementos del tipo, como por lo que hace a la plena responsabilidad del imputado-, entre ellos, el dolo que aqu� nos ocupa.

      Por lo que hace a la manera, en concreto, en que debe acreditarse la existencia del dolo, debe tomarse en consideraci�n que el dolo es un elemento subjetivo que, como tal, ata�e a la psique del individuo, de ah� que, en primera instancia, la prueba id�nea para acreditarlo sea la confesi�n del agente del delito, empero ante su ausencia, puede comprobarse con la prueba circunstancial o de indicios. (8)

      Lo anterior, tiene apoyo en la tesis de esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, de rubro: "DOLO." (9)

      Un indicio es un hecho conocido del cual se induce otro hecho desconocido, mediante un argumento probatorio que de aqu�l se obtiene, en virtud de una operaci�n l�gica cr�tica basada en normas generales de la experiencia o en principios cient�ficos o t�cnicos; de ah� que, tambi�n se puede decir que los indicios constituyen los elementos esenciales constituidos por hechos y circunstancias conocidos que se utilizan como la base del razonamiento l�gico del juzgador para considerar como ciertos, hechos diversos de los primeros, pero relacionados con ellos desde la �ptica causal o l�gicamente.

      En efecto, por lo que hace a la valoraci�n de las pruebas, el J. goza de la m�s amplia libertad para emplear todos los medios de investigaci�n, no reprobados por la ley, para demostrar los elementos del delito, por lo que los Jueces pueden apreciar en conciencia el valor de los indicios hasta poder considerarlos como prueba plena, tal como lo establece el art�culo 286 del C�digo Federal de Procedimientos Penales. (10)

      Es oportuno comentar, que un requisito primordial de la prueba indiciaria es la certeza de la circunstancia indiciante, que se traduce en que demostrada �sta, es necesario referirla seg�n las normas de la l�gica a una premisa mayor, en la que est� ya contenida en abstracto la conclusi�n que en concreto se busca, certeza que debe ser siempre el resultado de un examen cr�tico-l�gico de los hechos indiciarios, basado en los principios de causalidad e identidad y en las reglas generales o t�cnicas de la experiencia.

      En ese orden de ideas, el indicio es un hecho probado que sirve de medio de prueba, ya no para probar, sino para presumir la existencia de otro hecho, esto es, el dato indicio, ya demostrado, no es apto para probar, ni inmediata ni mediatamente un hecho, sino que es �til para apoyar a la mente en su tarea de razonar silog�sticamente.

      As� pues, al ser el dolo un elemento que no puede demostrarse de manera directa -a excepci�n de que se cuente con una confesi�n del sujeto activo del delito- es necesario hacer uso de la prueba circunstancial que se apoya en el valor incriminatorio de los indicios y que tiene como punto de partida hechos y circunstancias que ya est�n probados, para acreditarlo, esto es, a trav�s del esfuerzo de la raz�n que parte de datos aislados, de "cabos sueltos", que une con la mente para llegar a una conclusi�n.

  2. Una vez hecho el an�lisis sobre el dolo, lo procedente es realizar un an�lisis sobre las causas de exclusi�n del delito previstas en la legislaci�n punitiva federal, en aras de poder determinar, posteriormente si el desconocimiento del narc�tico transportado, respecto del delito que nos ocupa, a saber, el delito contra la salud en su modalidad de transportaci�n de narc�ticos, actualiza una causa de exclusi�n, o si por el contrario, se encuentra relacionado �nicamente con el dolo, para efectos de tenerlo por acreditado o no.

    Se entiende por causa de exclusi�n del delito, aquella que concurriendo en el comportamiento de una persona releva a �sta de toda responsabilidad penal, aun cuando la acci�n u omisi�n por ella realizada se encuentre prevista en la ley como delito.

    El C�digo Penal Federal establece, en su art�culo 15, que "el delito se excluye" en los siguientes supuestos:

    1. Ausencia de acci�n, esto es, que el hecho se realice sin intervenci�n de la voluntad del agente, pues cabe recordar que las acciones penalmente relevantes son aquellas en las que media voluntad del actor;

    2. Atipicidad, esto es, que se demuestre la inexistencia de alguno de los elementos que integran la descripci�n t�pica del delito de que se trate;

    3. Ausencia de lesi�n, misma que se presenta cuando se act�a con el consentimiento del titular del bien jur�dico afectado, siempre que se llenen los siguientes requisitos:

    4. Que el bien jur�dico sea disponible;

      ii. Que el titular del bien tenga la capacidad jur�dica para disponer libremente del mismo; y,

      iii. Que el consentimiento sea expreso o t�cito y sin que medie alg�n vicio, o bien, que el hecho se realice en circunstancias tales que permitan fundadamente presumir que, de haberse consultado al titular, �ste hubiese otorgado el mismo.

    5. Ausencia de antijuridicidad, porque se obre en leg�tima defensa, esto es, se repele una agresi�n real, actual o inminente, y sin derecho, en protecci�n de bienes jur�dicos propios o ajenos, siempre que exista necesidad de la defensa y racionalidad de los medios empleados y no medie provocaci�n dolosa suficiente e inmediata por parte del agredido o de la persona a quien se defiende;

    6. Ausencia de antijuridicidad, porque se act�e en estado de necesidad, esto es, se obre por la necesidad de salvaguardar un bien jur�dico propio o ajeno, de un peligro real, actual o inminente, no ocasionado dolosamente por el agente, lesionando otro bien de menor o igual valor que el salvaguardado, siempre que el peligro no sea evitable por otros medios y el agente no tuviere el deber jur�dico de afrontarlo;

    7. Ausencia de antijuridicidad, porque la acci�n o la omisi�n, se realicen en cumplimiento de un deber jur�dico o en ejercicio de un derecho, siempre que exista necesidad racional del medio empleado para cumplir el deber o ejercer el derecho, y que este �ltimo no se realice con el solo prop�sito de perjudicar a otro;

    8. Inimputabilidad, esto es, que al momento de realizar el hecho t�pico, el agente no tenga la capacidad de comprender el car�cter il�cito de aqu�l o de conducirse de acuerdo con esa comprensi�n, en virtud de padecer trastorno mental o desarrollo intelectual retardado, a no ser que el agente hubiere provocado su trastorno mental dolosa o culposamente, en cuyo caso responder� por el resultado t�pico, siempre y cuando lo haya previsto o le fuere previsible;

    9. Error invencible, esto es, que se realice la acci�n o la omisi�n bajo un error invencible o insuperable:

    10. Sobre alguno de los elementos esenciales que integran el tipo penal; o,

      ii. Respecto de la ilicitud de la conducta, ya sea porque el sujeto desconozca la existencia de la ley o el alcance de la misma, o porque crea que est� justificada su conducta.

    11. Inexigibilidad de otra conducta, esto es, que atentas las circunstancias que concurren en la realizaci�n de una conducta il�cita, no sea racionalmente exigible al agente una conducta diversa a la que realiz�, en virtud de no haberse podido determinar su actuar conforme a derecho; o,

    12. Caso fortuito, esto es, que el resultado t�pico se produzca por caso fortuito.

      Ahora bien, de todas las causas de exclusi�n del delito que prev� el c�digo punitivo federal, la que aqu� nos interesa es la mencionada en el inciso h), referente al error invencible bajo el cual se realice la acci�n o la omisi�n, espec�ficamente de aquel que recae sobre alguno de los elementos esenciales que integran el tipo penal, pues es precisamente �ste el que se conoce en la doctrina como "error de tipo", �ntimamente relacionado con la materia del presente asunto.

      El error es una falsa apreciaci�n sobre la realidad, un falso conocimiento sobre la verdad. El error no es sino una distorsi�n de una idea respecto a la realidad de un hecho, de una cosa o de su esencia.

      Es importante distinguir entre el error, que no implica m�s que un conocimiento falaz, y la ignorancia, que implica un desconocimiento total. La ignorancia supone la falta absoluta de toda representaci�n y consiste en una entera ausencia de noci�n sobre un objeto determinado, es un estado negativo. El error, por su parte, supone una idea falsa, una representaci�n err�nea de un objeto cierto, es un estado positivo. La ignorancia consiste, en suma, en una falta completa de conocimiento, mientras que en el error hay un conocimiento falso. (11)

      As� pues, en t�rminos del c�digo punitivo federal, el error previsto en el art�culo 15, fracci�n VIII, inciso A, consiste en una falsa apreciaci�n o distorsi�n sobre uno o m�s de los elementos exigidos por la ley para integrar el tipo delictivo. Esta causa de exclusi�n del delito debe referirse a cualquiera de los elementos del tipo, sean de naturaleza objetiva o normativa.

      Respecto a la primera, se requiere que el sujeto activo tenga una falsa concepci�n, una idea distorsionada sobre un elemento objetivo, como lo puede ser el objeto material, el sujeto pasivo, etc�tera. Un ejemplo de ello ser�a, en el caso de un homicidio, el que dispara en contra de una persona, creyendo que es un animal o un espantap�jaros.

      Por lo que hace al error que recae sobre un elemento normativo, para que el mismo se d�, basta con que el autor tenga una valoraci�n cultural paralela comprobable, contraria a la otorgada en la ley. Un ejemplo de ello ser�a, el que el agente, por provenir de una distinta cultura, considere que la tierra y sus frutos pertenecen a la humanidad, y no tenga manera de conocer el significado de que una determinada porci�n de tierra sea "ajena" (robo) o que alguien tenga la "posesi�n" de la misma (despojo).

      El error sobre uno de los elementos del tipo penal, como causa de exclusi�n del delito, tiene como efecto excluir el dolo o la culpa. Si dicho error es invencible, esto es, insuperable, no pudiendo evitarse ni habiendo actuado el agente con el mayor cuidado, se excluye plenamente la responsabilidad penal del sujeto. Sin embargo, si dicho error es vencible, esto es, superable, no se excluye por completo dicha responsabilidad, sino que, en t�rminos del art�culo 66 del mismo ordenamiento, el mismo act�a como aminorante, esto es, se aplica la punibilidad del delito culposo, si el hecho de que se trata admite tal forma de realizaci�n. El delito que nos ocupa no admite la comisi�n culposa, por lo que �nicamente interesa al presente estudio, el error invencible.

      Lo anterior se robustece con la jurisprudencia de esta Primera Sala, de rubro: "ERROR DE TIPO Y ERROR DE PROHIBICI�N INDIRECTO O ERROR DE PERMISI�N." (12)

      El primer ejemplo citado en p�rrafos anteriores hace alusi�n a un error vencible, pues el sujeto activo, de haber actuado con mayor cuidado, hubiese podido distinguir que el espantap�jaros o animal era una persona. Por lo que hace al segundo ejemplo, el mismo muestra un error invencible, siempre y cuando el sujeto activo no tuviese a su alcance los medios para conocer el significado de dichos elementos normativos -"ajeno" y "posesi�n"-.

      Ahora bien, por lo que hace a la carga de la prueba respecto de las causas de exclusi�n del delito, cabe se�alar que la misma le corresponde a quien la hace valer, atento al conocido principio general de derecho que establece que quien afirma est� obligado a probar.

      Resultan aplicables las siguientes tesis de esta Primera Sala:

      "S�ptima �poca

      "Instancia: Primera Sala

      "Fuente: Semanario Judicial de la Federaci�n

      "Volumen: 74, Segunda Parte

      "P�gina: 38

      "SALUD, DELITO CONTRA LA. EXCUSA ABSOLUTORIA. PRUEBA DE SUS REQUISITOS. Por ser la excusa absolutoria en el delito contra la salud un r�gimen de excepci�n, deben acreditarse plenamente los supuestos de la misma, y si al ser examinado quien trae consigo una cantidad de estupefaciente, aun cuando sea peque�a, no presenta s�ntoma alguno de intoxicaci�n, corresponde a �l demostrar su adicci�n al estupefaciente. De adoptarse una posici�n contraria, bastar�a el mero dicho del poseedor para que se le aplicara el r�gimen de excepci�n, rompiendo con ello el sistema probatorio que la ley se�ala en forma impl�cita, ya que de las normas relativas a la prueba y a su valoraci�n, se desprende el viejo principio expresamente enunciado en codificaciones como la civil, conforme al cual quien afirma est� obligado a probar, m�xime que dentro del sistema penal existe la presunci�n del dolo. Por otra parte, de aceptarse la fuerza probatoria plena del acusado pretendiendo que trae el estupefaciente para su personal consumo y que atenta la cantidad se encuentra amparado por la excusa absolutoria, se llegar�a a situaciones absolutamente inaceptables, pues bastar�a dicha afirmaci�n para que quien se encuentre dentro de alguna otra modalidad (transportaci�n e incluso posesi�n como estado anterior al suministro o a la venta), quedara impune, lleg�ndose entonces al caracter�stico fraude de la ley.

      "A. directo 3036/74. R.S.V.�or. 20 de febrero de 1975. Cinco votos. Ponente: M.R.S.."

      "Sexta �poca

      "Instancia: Primera Sala

      "Fuente: Semanario Judicial de la Federaci�n

      "Volumen: LX, Segunda Parte

      "P�gina: 26

      "EXCLUYENTE DE RESPONSABILIDAD (LEGISLACI�N DEL ESTADO DE NUEVO LE�N). Quien invoca una excluyente de responsabilidad, debe acreditarla plenamente para que el juzgador pueda declararla en la sentencia; porque siendo dicha circunstancia verdadera aseveraci�n opuesta en el proceso, tiene aplicaci�n el art�culo 245 del C�digo de Procedimientos Penales de Nuevo Le�n, que dispone que el que afirma est� obligado a probar, lo mismo que el que niega cuando su negaci�n es contraria a una presunci�n legal o cuando envuelve la afirmaci�n expresa de un hecho.

      A. directo 8581/61. J.M.R.�guez. 28 de junio de 1962. Cinco votos. Ponente: A.R.V..

      De lo anterior, que las causas de exclusi�n del delito deban acreditarse plenamente para que surtan sus efectos de eliminar toda responsabilidad penal, acreditaci�n que corresponde al que la hace valer -el imputado-, pues de adoptarse una posici�n contraria, se romper�a con ello el principio expresamente enunciado en codificaciones como la civil, conforme al cual quien afirma est� obligado a probar.

      Sin que con lo anterior se vulneren los principios de debido proceso legal y acusatorio, �ntimamente relacionados con el principio de presunci�n de inocencia, impl�citamente reconocido por la Carta Magna, pues ello de ninguna manera releva al Ministerio P�blico de la Federaci�n de la carga de la prueba de todos los elementos del delito, entre ellos, el dolo, sino que �nicamente impone al inculpado la carga probatoria respecto a la causa de exclusi�n del delito que haga valer, una vez que el delito ha sido demostrado por la representaci�n social de la Federaci�n, por implicar �sta una afirmaci�n contraria a lo probado por la referida representaci�n social, que corresponde probar a quien la afirma -el inculpado-.

  3. Habi�ndose desarrollado los anteriores an�lisis sobre el elemento del dolo en el delito, por un lado, y sobre las causas de exclusi�n del delito, por otro, lo procedente es determinar si en el delito contra la salud en su modalidad de transportaci�n de narc�ticos, el desconocimiento del sujeto activo sobre la existencia del narc�tico, supone la existencia de una causa de exclusi�n del delito -bajo el supuesto anteriormente analizado-, o si demuestra �nicamente la ausencia de dolo.

    El delito que nos ocupa est� establecido en el art�culo 194, fracci�n I, del C�digo Penal Federal, que a la letra dice:

    "Art�culo 194. Se impondr� prisi�n de diez a veinticinco a�os y de cien hasta quinientos d�as multa al que:

    "I. Produzca, transporte, trafique, comercie, suministre aun gratuitamente o prescriba alguno de los narc�ticos se�alados en el art�culo anterior, sin la autorizaci�n correspondiente a que se refiere la Ley General de Salud."

    De la descripci�n legal contenida en el art�culo citado, se obtiene que los elementos del tipo penal del delito en cuesti�n son:

    Elementos objetivos:

    1) Una conducta, necesariamente de acci�n, consistente en que el sujeto activo transporte un narc�tico sin la autorizaci�n correspondiente, en t�rminos de los art�culos 234, 235 y 237 de la Ley General de Salud.

    2) Tutela un bien jur�dico consistente en la salud p�blica.

    3) Es un tipo que consiste en la puesta en peligro o lesi�n de la salud p�blica.

    4) Prev� un sujeto activo que no requiere de calidad espec�fica -puede serlo cualquier persona imputable capaz de llevar a cabo la conducta t�pica-.

    5) La conducta recae sobre un objeto material consistente en un narc�tico de los previstos en la Ley General de Salud.

    6) No requiere de circunstancias de modo, tiempo o lugar espec�ficas.

    Elementos normativos:

    7) Requiere de un elemento normativo consistente en no contar, previo a la realizaci�n de la conducta con �l, la autorizaci�n correspondiente.

    Elementos subjetivos:

    8) Es un delito cuya realizaci�n, en el �mbitosubjetivo es necesariamente doloso en cuanto a su aspecto gen�rico; sin embargo, no prev� un elemento subjetivo espec�fico para su configuraci�n.

    Conforme a lo expuesto, en el caso puesto a consideraci�n en esta contradicci�n de tesis, no puede establecerse que el desconocimiento de la existencia del narc�tico transportado actualice un error en alguno de los elementos del tipo, anteriormente rese�ados.

    En efecto, del an�lisis de la causa de exclusi�n consistente en el error invencible sobre uno de los elementos del tipo penal anteriormente presentado, se advierte que el mero desconocimiento de la existencia del narc�tico no actualiza dicha excluyente, toda vez que ello no representa un error sobre la esencia o naturaleza del narc�tico -elemento del tipo consistente en el objeto material-. Esto es, en ning�n momento se presenta una falsa apreciaci�n sobre el objeto material del delito, sino simplemente su ignorancia, lo que en los t�rminos anteriormente anotados, es diferente a un error.

    Para que en el caso concreto se actualizara un error sobre el objeto material del delito -el narc�tico-, ser�a necesario que el sujeto activo hubiese tenido una falsa concepci�n sobre su esencia, esto es, que hubiese cre�do que el narc�tico no era tal, sino cualquier otra sustancia que pudiese transportar l�citamente. Incluso, para que llegara a actualizarse la causa de exclusi�n en comento, ser�a necesario el conocimiento, por parte del sujeto activo, de que transportaba "algo", que desconoc�a era un narc�tico.

    As� pues, cabe se�alar que el desconocimiento de la existencia del narc�tico transportado, respecto del delito en comento, no actualiza la causa de exclusi�n prevista en el art�culo 15, fracci�n VIII, inciso a, del c�digo punitivo federal, consistente en obrar teniendo un error invencible sobre alguno de los elementos constitutivos del tipo penal, pues ello simplemente denota la mera ignorancia del sujeto activo, no equiparable al error.

    De esta forma, si un acusado por delito contra la salud en su modalidad de transportaci�n de narc�tico alega desconocer la existencia del narc�tico transportado, tal argumento no se refiere a un error de tipo, sino a la ausencia de un elemento del dolo, a saber, el cognitivo.

    En efecto, para acreditar el dolo en la comisi�n del delito contra la salud en su modalidad de transportaci�n, es menester probar que el agente del delito ten�a pleno conocimiento, entre otros elementos, de la existencia del narc�tico que transport�. Lo que, en los t�rminos anteriormente anotados, corresponde probar al Ministerio P�blico.

    Sin embargo, cabe aclarar que la sola manifestaci�n del inculpado respecto a que desconoc�a la existencia del narc�tico que transport�, no puede por s� sola acreditar la ausencia del dolo, ni desvirtuar su existencia, sino que la misma �nicamente constituye un indicio m�s que tendr� que valorar el juzgador, al momento de determinar la acreditaci�n o no del dolo, como elemento del delito, por supuesto, atendiendo a las circunstancias concretas del caso, esto es, tomando en consideraci�n la mec�nica de los hechos conforme a todas las constancias que obren en el expediente.

    En efecto, si bien atento al principio universal de presunci�n de inocencia, ninguna persona acusada de la comisi�n de un delito est� obligada a probar su inocencia, sino que corresponde al Ministerio P�blico probar plenamente su responsabilidad en la comisi�n de un il�cito, ello no implica que la mera negaci�n respecto de uno de los elementos del delito, como lo es el dolo, implique que el mismo se encuentra desvirtuado, pues si obran en la causa diversos medios probatorios, aportados no s�lo por la representaci�n social sino incluso por el propio sujeto activo del delito o su defensa, mediante los cuales se acredite, aun de manera circunstancial, el dolo, no puede establecerse que la sola afirmaci�n respecto al desconocimiento del narc�tico desvirt�e la existencia del dolo, sino que la misma �nicamente constituye un medio probatorio m�s, que deber� ser valorado por el juzgador, al momento de dictar sentencia.

    En las relatadas condiciones, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, determina que deben prevalecer, con car�cter de jurisprudencia, los criterios que se sustentan en la presente resoluci�n, los cuales quedan redactados con los siguientes rubros y textos:

    DELITO CONTRA LA SALUD EN SU MODALIDAD DE TRANSPORTACI�N. EL DESCONOCIMIENTO, POR PARTE DEL INCULPADO, RESPECTO DEL NARC�TICO TRANSPORTADO, NO CONSTITUYE UNA CAUSA DE EXCLUSI�N DEL DELITO, SINO LA AUSENCIA DEL ELEMENTO COGNITIVO DEL DOLO.-El c�digo punitivo federal, prev� como causa de exclusi�n del delito, en su art�culo 15, fracci�n VIII, inciso a), el error invencible que recaiga sobre uno de los elementos exigidos por la ley para integrar el tipo delictivo. Dicha causa de exclusi�n se actualiza cuando el agente del delito tiene una falsa apreciaci�n o distorsi�n -error- sobre uno o m�s de los elementos, objetivos o normativos, del tipo penal. Debe distinguirse el error, que no implica m�s que un conocimiento falaz, de la ignorancia, que implica un desconocimiento total. La ignorancia supone la falta absoluta de toda representaci�n y consiste en una entera ausencia de noci�n sobre un objeto determinado, mientras que error, supone una idea falsa, una representaci�n err�nea de un objeto cierto. De lo anterior que el desconocimiento del narc�tico transportado, respecto del delito contra la salud en su modalidad de transportaci�n, previsto en el art�culo 194, fracci�n I, del C�digo Penal Federal, no actualice la causa de exclusi�n analizada, consistente en un error sobre un elemento del tipo, a saber, el objeto material, sino que �nicamente denota la ignorancia respecto del mismo, lo que en su caso, dar�a lugar a la ausencia del dolo, al faltar el elemento cognitivo constitutivo del mismo. Por ello, para que se actualizara un error sobre el objeto material del delito, ser�a necesario que el sujeto activo hubiese tenido una falsa concepci�n sobre su esencia, esto es, que hubiese cre�do que el narc�tico no era tal, sino cualquier otra sustancia que pudiese transportar l�citamente. De ello que no corresponda la carga de la prueba de dicho desconocimiento al inculpado, lo que s� acontecer�a de actualizar �ste una causa de exclusi�n del delito, atento al principio de que quien afirma est� obligado a probar.

    DELITO CONTRA LA SALUD EN SU MODALIDAD DE TRANSPORTACI�N. LA SOLA MANIFESTACI�N DEL INCULPADO RESPECTO A QUE DESCONOC�A LA EXISTENCIA DEL NARC�TICO TRANSPORTADO, NO DESVIRT�A LA EXISTENCIA DEL DOLO.-El delito contra la salud en su modalidad de transportaci�n de narc�tico requiere para su actualizaci�n del acreditamiento del dolo, mismo que corresponde probar al Ministerio P�blico de la Federaci�n, atento al principio de presunci�n de inocencia, recogido impl�citamente en la C.F.. Al ser el dolo un elemento subjetivo la prueba id�nea para acreditarlo es la confesi�n del agente del delito, empero ante su ausencia, puede comprobarse con la prueba circunstancial o de indicios. Para acreditar el dolo en el delito se�alado, es menester probar que el agente del delito ten�a pleno conocimiento, entre otros elementos, de la existencia del narc�tico que transport�. Lo que, en los t�rminos anteriormente anotados, corresponde probar al Ministerio P�blico. Sin embargo, cabe aclarar que la sola manifestaci�n del inculpado respecto a que desconoc�a la existencia del narc�tico que transport�, no puede por s� sola, acreditar la ausencia del dolo, ni desvirtuar su existencia, sino que la misma �nicamente constituye un indicio m�s, que tendr� que valorar el juzgador, al momento de determinar la acreditaci�n o no del dolo, como elemento del delito, por supuesto, atendiendo a las circunstancias concretas del caso, esto es, tomando en consideraci�n la mec�nica de los hechos conforme a todas las constancias que obren en el expediente. Sin que con ello se vulnere el principio universal de presunci�n de inocencia, pues ello no implica que la mera negaci�n respecto de uno de los elementos del delito, como lo es el dolo, implique que el mismo se encuentra desvirtuado, toda vez que si obran en la causa diversos medios probatorios, aportados no s�lo por la representaci�n social sino incluso por el propio sujeto activo del delito o su defensa, mediante los cuales se acredite, aun de manera circunstancial, el dolo, no puede establecerse que la sola afirmaci�n respecto al desconocimiento del narc�tico, desvirt�e la existencia del dolo, sino que la misma �nicamente constituye un medio probatorio m�s, que deber� ser valorado por el juzgador, al momento de dictar sentencia.

    Lo anterior, sin afectar las situaciones jur�dicas concretas derivadas de los juicios que dieron origen a las sentencias contradictorias, de conformidad con el art�culo 197, p�rrafo segundo, de la Ley Reglamentaria de los art�culos 103 y 107 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos.

    Finalmente, rem�tase el texto de las tesis jurisprudenciales a que se refiere la parte final de este considerando de la presente resoluci�n, a la Direcci�n General de la Coordinaci�n de Compilaci�n y S.�n de Tesis para su publicaci�n, as� como a los �rganos jurisdiccionales que menciona la fracci�n III del art�culo 195 de la Ley de A., para su conocimiento.

    Por lo expuesto y fundado, se resuelve:

PRIMERO

S� existe contradicci�n de tesis entre los criterios sustentados por el Primer Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, al resolver los juicios de amparo directo 644/2004 y 230/2004; y el Primer Tribunal Colegiado del Octavo Circuito, al resolver los amparos directos 213/2001 y 605/2002.

SEGUNDO

Se declara que deben prevalecer, con el car�cter de jurisprudencia, las tesis sustentadas por esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, en los t�rminos precisados en esta resoluci�n, sin que se afecte la situaci�n jur�dica concreta derivada de los juicios en que ocurri� la contradicci�n.

TERCERO

Rem�tase el texto de las tesis jurisprudenciales a que se refiere la parte final de este considerando de la presente resoluci�n, a la Direcci�n General de la Coordinaci�n de Compilaci�n y S.�n de Tesis para su publicaci�n, as� como a los �rganos jurisdiccionales que menciona la fracci�n III del art�culo 195 de la Ley de A., para su conocimiento.

N.�quese; con testimonio de la presente resoluci�n, h�gase del conocimiento de los Tribunales Colegiados en controversia y, en su oportunidad, arch�vese el expediente como asunto concluido.

As� lo resolvi� la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, por unanimidad de cinco votos de los se�ores Ministros: Jos� de Jes�s G.�o P., S.A.V.H.�ndez, J.N.S.M., J.R.�n C.�o D�az (ponente) y presidenta O.S.C. de G.�a V..

______________

  1. La localizaci�n, rubro y texto de la tesis jurisprudencial son los siguientes: Novena �poca, Pleno, Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, T.X., abril de 2001, tesis P./J. 26/2001, p�gina 76: "CONTRADICCI�N DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.-De conformidad con lo que establecen los art�culos 107, fracci�n XIII, primer p�rrafo, de la C.F. y 197-A de la Ley de A., cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n o la Sala que corresponda deben decidir cu�l tesis ha de prevalecer. Ahora bien, se entiende que existen tesis contradictorias cuando concurren los siguientes supuestos: a) que al resolver los negocios jur�dicos se examinen cuestiones jur�dicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jur�dicos discrepantes; b) que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jur�dicas de las sentencias respectivas; y, c) que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos."

  2. La localizaci�n y texto de la tesis son los siguientes: Novena �poca, Pleno, Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, T.X., abril de 2001, tesis P./J. 27/2001, p�gina 77: "CONTRADICCI�N DE TESIS. PARA QUE PROCEDA LA DENUNCIA BASTA QUE EN LAS SENTENCIAS SE SUSTENTEN CRITERIOS DISCREPANTES.-Los art�culos 107, fracci�n XIII, de la C.F., 197 y 197-A de la Ley de A. establecen el procedimiento para dirimir las contradicciones de tesis que sustenten los Tribunales Colegiados de Circuito o las S. de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n. El vocablo ?tesis? que se emplea en dichos dispositivos debe entenderse en un sentido amplio, o sea, como la expresi�n de un criterio que se sustenta en relaci�n con un tema determinado por los �rganos jurisdiccionales en su quehacer legal de resolver los asuntos que se someten a su consideraci�n, sin que sea necesario que est� expuesta de manera formal, mediante una redacci�n especial, en la que se distinga un rubro, un texto , los datos de identificaci�n del asunto en donde se sostuvo y, menos a�n, que constituya jurisprudencia obligatoria en los t�rminos previstos por los art�culos 192 y 193 de la Ley de A., porque ni la Ley Fundamental ni la ordinaria establecen esos requisitos. Por tanto, para denunciar una contradicci�n de tesis, basta con que se hayan sustentado criterios discrepantes sobre la misma cuesti�n por S. de la Suprema Corte o Tribunales Colegiados de Circuito, en resoluciones dictadas en asuntos de su competencia."

  3. El citado numeral a la letra dice: "Art�culo 8o. Las acciones u omisiones delictivas solamente pueden realizarse dolosa o culposamente."

  4. Lo anterior, de conformidad con el art�culo 9o. del citado ordenamiento en el que se establece lo siguiente: "Obra dolosamente el que, conociendo los elementos del tipo penal, o previendo como posible el resultado t�pico, quiere o acepta la realizaci�n del hecho descrito por la ley, y ..."

  5. La se�alada tesis est� visible en el Semanario Judicial de la Federaci�n, Tomo XXVII, Quinta �poca, p�gina 2620, y establece: "DOLO.-El dolo penal se haya constituido por dos elementos, a saber: el conocimiento que tiene una persona de que un hecho o una omisi�n son delictuosos, y la voluntad de infringir la ley penal. En cuanto al primero y trat�ndose del delito de peculado, es claro que el empleado que ha sido admitido en su empleo, mediante severos requisitos legales, no puede ignorar que el dinero que se le entregaba, s�lo pod�a utilizarlo para los fines de su cargo, esto es, para verificar los pagos correspondientes; y con relaci�n al segundo elemento, es evidente que el hecho de haberse consumando la sustracci�n, revela, por s� mismo, la voluntad de perpetrarla."

  6. En M�xico, �nicamente el Decreto Constitucional para la Libertad de la Am�rica Mexicana, sancionado en Apatzing�n el 22 de octubre de 1814, ha reconocido expresamente este principio, ya que su art�culo 30 dec�a: "Todo ciudadano se reputa inocente, mientras no se declare culpable."

  7. La localizaci�n, rubro y texto de la citada tesis son los siguientes: Novena �poca, Pleno, Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, T.X., agosto de 2002, tesis P. XXXV/2002, p�gina 14: "PRESUNCI�N DE INOCENCIA. EL PRINCIPIO RELATIVO SE CONTIENE DE MANERA IMPL�CITA EN LA CONSTITUCI�N FEDERAL.-De la interpretaci�n arm�nica y sistem�tica de los art�culos 14, p�rrafo segundo, 16, p�rrafo primero, 19, p�rrafo primero, 21, p�rrafo primero, y 102, apartado A, p�rrafo segundo, de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, se desprenden, por una parte, el principio del debido proceso legal que implica al inculpado se le reconozca el derecho a su libertad, y que el Estado s�lo podr� privarlo del mismo cuando, existiendo suficientes elementos incriminatorios, y seguido un proceso penal en su contra en el que se respeten las formalidades esenciales del procedimiento, las garant�as de audiencia y la de ofrecer pruebas para desvirtuar la imputaci�n correspondiente, el J. pronuncie sentencia definitiva declar�ndolo culpable; y por otra, el principio acusatorio, mediante el cual corresponde al Ministerio P�blico la funci�n persecutoria de los delitos y la obligaci�n (carga) de buscar y presentar las pruebas que acrediten la existencia de �stos, tal y como se desprende de lo dispuesto en el art�culo 19, p�rrafo primero, particularmente cuando previene que el auto de formal prisi�n deber� expresar ?los datos que arroje la averiguaci�n previa, los que deben ser bastantes para comprobar el cuerpo del delito y hacer probable la responsabilidad del acusado?; en el art�culo 21, al disponer que ?la investigaci�n y persecuci�n de los delitos incumbe al Ministerio P�blico?; as� como en el art�culo 102, al disponer que corresponde al Ministerio P�blico de la Federaci�n la persecuci�n de todos los delitos del orden federal, correspondi�ndole ?buscar y presentar las pruebas que acrediten la responsabilidad de �stos?. En ese tenor, debe estimarse que los principios constitucionales del debido proceso legal y el acusatorio resguardan en forma impl�cita el diverso principio de presunci�n de inocencia, dando lugar a que el gobernado no est� obligado a probar la licitud de su conducta cuando se le imputa la comisi�n de un delito, en tanto que el acusado no tiene la carga de probar su inocencia, puesto que el sistema previsto por la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos le reconoce, a priori, tal estado, al disponer expresamente que es al Ministerio P�blico a quien incumbe probar los elementos constitutivos del delito y de la culpabilidad del imputado. A. en revisi�n 1293/2000. 15 de agosto de 2002. Once votos. Ponente: S.S.A.A.. Secretarios: E.F.M.G.P. y A.M.F.."

  8. Por prueba circunstancial, de acuerdo al Diccionario Jur�dico Mexicano del Instituto de Investigaciones Jur�dicas de la Universidad Nacional Aut�noma de M�xico, de la Editorial Porr�a, Sociedad An�nima, cuarta edici�n, publicada en 1991, se entiende: "Hechos, elementos o circunstancias que sirven de apoyo al razonamiento l�gico del J. para lograr su convicci�n sobre la existencia de otros hechos o datos desconocidos en el proceso".

  9. La tesis se�alada est� visible en el Semanario Judicial de la Federaci�n, Tomo XXVII, Quinta �poca, p�gina 710, y establece: "DOLO.-Siendo el dolo un elemento subjetivo, lo �nico que puede probarse, es si existen o no, razones que demuestren el conocimiento que se tiene de lo ilegal de un hecho u omisi�n, que es lo que en lo que el dolo consiste. La prueba presuntiva no est� excluida por la ley para probar este elemento del cuerpo del delito, pues de lo contrario s�lo podr�a probarse por la confesi�n."

  10. El citado art�culo a la letra dice: "Art�culo 286. Los tribunales, seg�n la naturaleza de los hechos y el enlace l�gico y natural, m�s o menos necesario que existe entre la verdad conocida y la que se busca, apreciar�n en conciencia el valor de los indicios hasta poder considerarlos como prueba plena."

  11. J.�nez de As�a L., "La Ley y el Delito", 11a. edici�n, Editorial Sudamericana, Buenos Aires, 1980, p. 446.

  12. La localizaci�n, texto y rubro de la jurisprudencia citada son los siguientes: S�ptima �poca, Primera Sala, Semanario Judicial de la Federaci�n, Vol�menes 217-228, Segunda Parte, p�gina 87: "ERROR DE TIPO Y ERROR DE PROHIBICI�N INDIRECTO O ERROR DE PERMISI�N.-El art�culo 15, fracci�n XI, del C�digo Penal Federal, recoge como circunstancia excluyente de responsabilidad, tanto el ?error de tipo? como el llamado ?error de prohibici�n indirecto? o ?error de permisi�n?, hip�tesis que requieren en el error el car�cter de invencible o insuperable, pues de lo contrario dejar�an subsistente la culpabilidad."