Ejecutoria num. 1a./J. 131/2005 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala - Jurisprudencia - VLEX 26823679

Ejecutoria num. 1a./J. 131/2005 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala

Emisor:Primera Sala
Número de Resolución:1a./J. 131/2005
Materia:Suprema Corte de Justicia de México
Fecha de Publicación: 1 de Octubre de 2005
RESUMEN

CONTRADICCIÓN DE TESIS 26/2005-PS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO SEXTO CIRCUITO, PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SEGUNDO CIRCUITO, PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO QUINTO CIRCUITO Y SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO SÉPTIMO CIRCUITO.AUDIENCIA DE VISTA EN LA APELACIÓN. SU CELEBRACIÓN SIN LA ASISTENCIA DEL DEFENSOR CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN A LAS LEYES DEL PROCEDIMIENTO PENAL FEDERAL.

 
ÍNDICE
CONTENIDO

CONTRADICCI�N DE TESIS 26/2005-PS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL D�CIMO SEXTO CIRCUITO, PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SEGUNDO CIRCUITO, PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL D�CIMO QUINTO CIRCUITO Y SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL D�CIMO S�PTIMO CIRCUITO.

CONSIDERANDO:

TERCERO

Las consideraciones de las ejecutorias pronunciadas por los Tribunales Colegiados de Circuito, que dieron origen a la denuncia de contradicci�n, son las siguientes:

  1. El Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, al resolver el amparo directo penal n�mero 437/97, sostuvo, en la parte que interesa, lo siguiente:

    TERCERO. Se hace innecesario tanto la transcripci�n, como el estudio de la sentencia reclamada, al igual que de los conceptos de violaci�n que se hacen valer, en virtud de que este Tribunal Colegiado advierte que en el caso, se han violado en perjuicio del quejoso las reglas del procedimiento, afectando sus defensas, hecho que obliga a concederle la protecci�n constitucional solicitada. En efecto, en el art�culo 87, p�rrafo primero, parte primera y en su p�rrafo segundo, del C�digo Federal de Procedimientos Penales, se establece que: (se transcribe). A su vez, en el art�culo 373 del cap�tulo II, referente a la apelaci�n del c�digo procedimental que se invoca, se�ala entre otras cosas, que para la audiencia de vista ser�n citados el Ministerio P�blico, el inculpado si estuviere en el lugar y el defensor nombrado. En tanto que el numeral 382 del mismo ordenamiento, establece que: (se transcribe). Por �ltimo, el art�culo 160, fracciones IV y XVII de la Ley de A., establece que en los juicios de orden penal se considerar�n violadas las leyes del procedimiento, de manera que su infracci�n afecte a las defensas del quejoso: (se transcribe). En la especie, del cuaderno de segunda instancia se aprecia, que no obstante que el defensor particular de la aqu� quejosa fue legalmente notificado de la fecha y hora en que habr�a de celebrarse la audiencia de vista, no concurri� a �sta, a pesar de la obligaci�n que le impone el precitado art�culo 87; as� como que la respectiva audiencia se celebr� a pesar de no contar con la presencia del mismo, m�xime que en la misma aparece que no se hizo constar la raz�n por la que dicho defensor no compareci� a �sta, transgredi�ndose as� los preceptos invocados, del c�digo procedimental de la materia. De esta suerte, las hip�tesis planteadas se ubican en las fracciones IV y XVII del art�culo 160 de la Ley de A., que obligan a conceder a la quejosa el amparo que solicit�, para el efecto de que la responsable deje insubsistente la sentencia reclamada y reponga el procedimiento, celebrando una nueva audiencia de vista, a la que en t�rminos de los citados preceptos concurra el defensor particular de la aqu� impetrante y con plenitud de jurisdicci�n resuelva lo que proceda en derecho.

    Cabe se�alar que no se transcriben las consideraciones de las ejecutorias emitidas al resolver los amparos directos penales identificados con los n�meros 538/97, 616/97, 656/97, 76/98, 127/98, 146/98, 189/98, 220/98, 224/98, 329/98, 402/98, 490/98, 20/99 y 298/2001, toda vez que en dichos amparos se sostuvieron similares consideraciones.

    En el amparo directo penal n�mero 515/98 sostuvo, en la parte que interesa, lo siguiente:

    "TERCERO. Sin necesidad de realizar la transcripci�n del fallo reclamado, de los conceptos de violaci�n ni de hacer la rese�a de los medios probatorios que tuvo a la vista el Tribunal Unitario responsable, los suscritos Magistrados observan la existencia de anomal�a dentro del procedimiento que obliga a decretar su reposici�n. En efecto, el art�culo 373 del C�digo Federal de Procedimientos Penales, previene que: (se transcribe). El art�culo 382 del mismo cuerpo adjetivo de leyes, dispone que: (se transcribe). El art�culo 160, fracci�n IV, de la Ley de A., establece que: (se transcribe). Ahora bien, se observa que tras emitir la sentencia absolutoria en favor de la quejosa y admitir la apelaci�n interpuesta por el Ministerio P�blico, lo que ocurri� el 3 de noviembre de 1997 (f. 308), el J. a quo omiti� hacer del conocimiento tanto de aqu�lla como de su defensor esa situaci�n, es decir, no les notific� que el Ministerio P�blico hab�a interpuesto el medio de impugnaci�n. Mediante prove�do de 10 de noviembre de ese a�o, el Magistrado titular del Tercer Tribunal Unitario del Segundo Circuito, se�alado autoridad responsable ordenadora en el presente juicio de garant�as, orden� la sustanciaci�n del recurso y, a pesar de que en un citado acuerdo puntualiz� que: (transcribe), no se observa que haya ordenado notificar esto ni a la quejosa ni a su defensor, concret�ndose a notificar posteriormente las determinaciones de tr�mite s�lo al Ministerio P�blico (f. 4). Una vez que este funcionario formul� los agravios, el 23 de noviembre de 1997, el Magistrado responsable celebr� audiencia de vista en donde exclusivamente el secretario del tribunal hizo constar la presencia del referido representante social (f. 18) emitiendo el Magistrado la sentencia reclamada en la que estim� fundados los agravios y revoc� la de primer grado, condenando a la quejosa (f. 19 y siguientes). En estas condiciones, es claro que la anomal�a aqu� puesta de manifiesto en suplencia de la queja, de conformidad con el art�culo 76-bis, fracci�n II, de la Ley de A., consistente en que no se haya informado ni a la quejosa ni a su defensor la interposici�n por parte del Ministerio P�blico del recurso de apelaci�n contra el fallo absolutorio y haber celebrado el Magistrado responsable la audiencia de vista sin la asistencia ni de la hoy quejosa ni de su defensor, actualiza la causal de reposici�n del procedimiento prevista en la fracci�n IV del art�culo 160 de la Ley de A., al haberse celebrado la audiencia de derecho en segunda instancia en forma distinta a la prevista en el art�culo (ilegible) p�rrafo segundo, del C�digo Federal de Procedimientos Penales, en atenci�n a que no se cit� ni a la hoy quejosa ni a su defensor a la audiencia de vista en la que ten�an derecho a estar presentes, omisi�n que tambi�n contrari� lo que dispone el diverso numeral 382 del c�digo invocado, al no poder ni la inodada ni su defensor manifestar lo que a su derecho hubiere convenido. En consecuencia, con apoyo en el art�culo 160, fracci�n IV, de la Ley de A., en concordancia con los diversos 373 y 382 del C�digo Federal de Procedimientos Penales, debe otorgarse el amparo a la quejosa a efecto de que el tribunal responsable deje insubsistente la sentencia reclamada y subsane la violaci�n procesal aqu� observada, citando a la quejosa y a su defensor para que est�n presentes en la audiencia de vista y formulen los alegatos que a ellos correspondan. Una vez realizado lo anterior, con plenitud de jurisdicci�n el Magistrado responsable resolver� lo que conforme a derecho estime oportuno, haci�ndose extensivo el amparo as� otorgado a los actos reclamados de las autoridades ejecutoras."

    El criterio antes se�alado dio lugar a la tesis siguiente:

    "Novena �poca

    "Instancia: Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito

    "Fuente: Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta

    "Tomo: VIII, agosto de 1998

    "Tesis: II.1o.P. J/2

    "P�gina: 697

    "AUDIENCIA DE VISTA, OBLIGACI�N DEL DEFENSOR DE COMPARECER A LA. El art�culo 87 p�rrafo primero, parte primera del C�digo Federal de Procedimientos Penales, establece que las audiencias se llevar�n a cabo, concurran o no las partes, salvo el Ministerio P�blico, quien no podr� dejar de asistir a ellas; asimismo el p�rrafo segundo del mismo numeral precisa, que en la audiencia de vista ser� obligatoria la presencia del defensor, quien podr� hacer la defensa oral del acusado, sin perjuicio del alegato escrito que quiera presentar; en esa virtud si de los autos de segunda instancia se advierte que no obstante que el defensor particular del apelante fue legalmente notificado de la fecha y hora en que habr�a de celebrarse la audiencia de vista �ste no concurri�, a pesar de la obligaci�n que le impone el precitado art�culo 87; y la aludida audiencia se celebr� sin contar con la presencia de la defensa omitiendo hacer constar la raz�n de su incomparecencia, ello viola las garant�as individuales del quejoso.

    "PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SEGUNDO CIRCUITO.

    "A. directo 437/97. O.M.R.. 28 de agosto de 1997. Unanimidad de votos. Ponente: L.P.�rez de la Fuente. Secretario: M.A.T.R..

    "A. directo 538/97. T.R.T. o T.T.R.. 28 de agosto de 1997. Unanimidad de votos. Ponente: L.P.�rez de la Fuente. Secretario: M.A.T.R..

    "A. directo 616/97. A.R.�guez A.. 9 de octubre de 1997. Unanimidad de votos. Ponente: L.P.�rez de la Fuente. Secretario: J.A.C.O..

    "A. directo 656/97. M.F.A.. 24 de octubre de 1997. Unanimidad de votos. Ponente: L.P.�rez de la Fuente. Secretario: J.A.C.O..

    A. directo 76/98. M. �ngel L�pez A.. 6 de marzo de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: L.P.�rez de la Fuente. Secretario: J.A.C.O..

  2. Por su parte, el Segundo Tribunal Colegiado del D�cimo S�ptimo Circuito, al resolver el amparo directo penal 466/2001, sostuvo, en la parte que interesa, lo siguiente:

    TERCERO. En el caso, resulta innecesario transcribir la sentencia reclamada y los conceptos de violaci�n, toda vez que suplidos en su deficiencia, conforme lo dispuesto por el art�culo 76 bis, fracci�n II, de la Ley de A., se estiman fundados al violarse en perjuicio del quejoso las leyes que regulan el procedimiento. En efecto ... por su propio derecho, reclam� del Magistrado del Segundo Tribunal Unitario del D�cimo S�ptimo Circuito, la resoluci�n dictada el quince de julio de mil novecientos noventa y nueve, en el toca penal n�mero 214/99, misma que confirm� la sentencia condenatoria emitida por la J. Primero de Distrito en el Estado, en la que se le consider� penalmente responsable en la comisi�n del delito contra la salud, en la modalidad de transportaci�n de marihuana, previsto y sancionado por el art�culo 194, fracci�n I, en relaci�n con el 193, ambos del C�digo Penal Federal, por lo que se le impuso una pena de trece a�os ocho meses de prisi�n y doscientos d�as multa, equivalente a la cantidad de doce mil ochocientos pesos, moneda nacional, argumentando el quejoso que lo resuelto es violatorio de sus garant�as individuales. Ahora bien, seg�n se advierte de las constancias que integran el expediente relativo al toca penal del que emana el acto reclamado, a foja diecisiete del toca obra el acta relativa a la audiencia de vista celebrada el once de junio de mil novecientos noventa y nueve, a las diez horas con cuarenta y cinco minutos, que el Magistrado responsable declar� abierta sin la asistencia de las partes, en tanto que la secretaria procedi� a hacer una relaci�n de las constancias y del escrito signado por el defensor particular del procesado ... en el cual expres� agravios, mismo que se agreg� a los autos. As�, del acta de la audiencia de m�rito, se desprende que a la misma no compareci� el agente del Ministerio P�blico de la Federaci�n. En las condiciones apuntadas, es evidente que en la especie se actualiza el supuesto contenido en la fracci�n XVII, en relaci�n con la fracci�n X, ambas del art�culo 160 de la Ley de A., afect�ndose las defensas del quejoso y conculcando en su perjuicio las garant�as consagradas en los art�culos 14 y 16 de la Constituci�n Federal. Lo anterior es as�, toda vez que conforme al art�culo 160, fracciones X y XVII, de la Ley de A., la inasistencia del Ministerio P�blico de la Federaci�n a la audiencia de vista que se celebra en el tr�mite del recurso de apelaci�n interpuesto contra la sentencia definitiva, es una violaci�n al procedimiento de segunda instancia que afecta las defensas del procesado y trasciende al resultado del fallo, y ello se robustece con lo establecido en los art�culos 87 y 388, fracci�n VII, del C�digo Federal de Procedimientos Penales, mismos que entra�an la obligaci�n del representante social de la Federaci�n de estar presente en todas las audiencias del proceso penal federal, pues de lo contrario, no podr�n celebrarse y ante su inasistencia, deber� reponerse el procedimiento. Resulta aplicable a lo expuesto, la tesis de jurisprudencia n�mero 22/2000, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, visible en el Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, Novena �poca, T.X., noviembre de 2000, p�gina 114, misma que es del tenor literal siguiente: ?AUDIENCIA DE VISTA EN LA APELACI�N. LA INASISTENCIA DEL MINISTERIO P�BLICO DE LA FEDERACI�N, CONSTITUYE UNA VIOLACI�N A LAS LEYES DEL PROCEDIMIENTO PENAL FEDERAL. (INTERPRETACI�N DEL ART�CULO 160, FRACCIONES X Y XVII, DE LA LEY DE AMPARO).? (se transcribe). Por consecuencia, en las condiciones anteriores, resultaron vulneradas en perjuicio de la parte quejosa las garant�as consagradas en los art�culos 14 y 16 de la Constituci�n Federal, por lo que se impone conceder el amparo solicitado, para el efecto de que el Magistrado responsable deje insubsistente la audiencia de vista y la sentencia reclamada y en su lugar, atendiendo a las consideraciones de esta ejecutoria y con las formalidades que la ley aplicable le impone, celebre de nueva cuenta dicha audiencia y dicte la sentencia que fundada y razonadamente sea procedente. Por tanto, al haber resultado fundado uno de los motivos de inconformidad por violaci�n a las leyes del procedimiento, suplido en su deficiencia, se concede el amparo solicitado, para el efecto precisado en el p�rrafo que antecede, sin necesidad de estudiar los conceptos de violaci�n formulados.

    Cabe se�alar que no se transcriben las consideraciones de las ejecutorias emitidas al resolver los amparos directos penales identificados con los n�meros 432/2001, 502/2001, 512/2001, 551/2001, 566/2001, 610/2001, 729/2001, 659/2001, 793/2001, 726/2001, 856/2001, 727/2001, 743/2001, 966/2001, 907/2001, 1079/2001, 388/2001, 881/2001 y 952/2001, toda vez que en dichos amparos se sostuvieron similares consideraciones.

    En el amparo directo penal n�mero 618/2001 sostuvo, en la parte que interesa, lo siguiente:

    TERCERO. En suplencia de la queja deficiente en t�rminos del art�culo 76 bis, fracci�n II, de la Ley de A., se advierte fundado y suficiente para la concesi�n del amparo, el concepto de violaci�n que alude a violaciones a las leyes del procedimiento, en virtud de que se actualizan las hip�tesis del diverso precepto 160, fracci�n XVII, en relaci�n con las fracciones IV y IX, del invocado ordenamiento. En efecto, de las constancias del toca de apelaci�n se advierte que el Magistrado responsable vulner� las leyes del procedimiento en perjuicio del quejoso, porque si bien es cierto que obra constancia de que �ste fue citado a la audiencia de vista, ya que en prove�do de diecis�is de noviembre de dos mil, se fij� fecha y hora para que la misma tuviera verificativo y dicho acuerdo fue notificado personalmente al quejoso ... sin embargo, como se encuentra interno seg�n se advierte de las constancias del proceso, la autoridad responsable debi� hacerlo comparecer con las debidas seguridades, para que alegara lo que a sus intereses conviniera, y por no haberlo hecho qued� inaudito llevando el Magistrado responsable la audiencia de vista en forma distinta a la prevenida por la ley, lo que pone de manifiesto una violaci�n a las leyes del procedimiento que afect� las defensas del quejoso (fojas 7-8 del toca de apelaci�n; y fojas 176 y 245 del proceso). Lo anterior es as�, porque de conformidad con el art�culo 373 del C�digo Federal de Procedimientos Penales, el procesado debe ser citado a la audiencia de vista si se encuentra en el lugar del juicio y de los autos del toca de apelaci�n se desprende que se le hizo comparecer para notificarle diversos acuerdos, lo cual significa que s� se encuentra en el lugar en que se tramita la segunda instancia del proceso penal; sin embargo, la autoridad responsable no lo hizo comparecer a esa audiencia previa su excarcelaci�n y con las seguridades debidas, llevando a cabo la mencionada audiencia a las once horas del veintitr�s de noviembre de dos mil, fecha y hora se�aladas para el desahogo de la mencionada audiencia de vista, a pesar de no contar con la asistencia del quejoso ... ni con la de su defensor (fojas 3-5, 7-8 y 15 del toca de apelaci�n). Por consiguiente, se vulneraron en perjuicio del quejoso de m�rito, los art�culos 373 y 382 del C�digo Federal de Procedimientos Penales que rigen el procedimiento, ya que el primero ordena que deber�n ser citados a la audiencia de vista el Ministerio P�blico, el acusado si estuviese en el lugar y el defensor que haya sido nombrado; en tanto que el precepto legal invocado en �ltimo t�rmino, dispone que har� uso de la palabra en primer t�rmino el apelante y a continuaci�n las otras partes en el orden que indique quien presida la audiencia y en el caso el quejoso apel� al igual que su defensor (fojas 204-207, 220 vuelta del proceso y 3 del toca). Por tanto, la autoridad responsable al no hacer comparecer al quejoso a la audiencia de vista viol� las leyes que rigen el procedimiento y con ello afect� las defensas del quejoso trascendiendo al resultado de la sentencia reclamada; irregularidad que actualiza la hip�tesis que contempla el art�culo 160, fracci�n XVII, en relaci�n con las fracciones IV y IX, de la Ley de A.. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia IV.2o. J/59 del Segundo Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, que este �rgano colegiado comparte, que puede consultarse en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federaci�n, Octava �poca, tomo 86, febrero de 1995, p�gina 33, que dice: ?VIOLACI�N PROCESAL, LA CONSTITUYE LA OMISI�N DE CITAR AL REO A LA AUDIENCIA DE VISTA DE SEGUNDA INSTANCIA SI �STE SE ENCUENTRA EN EL LUGAR DEL JUICIO.? (se transcribe). Por otra parte, conforme al precepto 87, segundo p�rrafo, del C�digo Federal de Procedimientos Penales, en la audiencia de vista ser� obligatoria la presencia del defensor quien podr� hacer la defensa en forma oral sin perjuicio de presentar alegatos por escrito; por consiguiente, en la especie como se advierte del acta de audiencia de vista, no compareci� defensor alguno y entonces el tribunal responsable debi� se�alar nueva fecha para su celebraci�n o nombrar al acusado el defensor de oficio de la adscripci�n, d�ndole la intervenci�n que le compete para que alegara en v�a de agravios lo que estimara pertinente en defensa del acusado, y al no haberlo hecho incurri� en la referida violaci�n a las normas del procedimiento que trascendi� al resultado del fallo (foja 15 del toca de apelaci�n). Es aplicable la jurisprudencia II.1o.P. J/2 que este tribunal hace suya, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, Novena �poca, T.V., agosto de 1998, p�gina 697, que dice: ?AUDIENCIA DE VISTA, OBLIGACI�N DEL DEFENSOR DE COMPARECER A LA.? (se transcribe). Por consecuencia, en las condiciones anteriores resultaron vulneradas en perjuicio de la parte quejosa las garant�as de seguridad jur�dica consagradas en los art�culos 14 y 16 de la Constituci�n Federal, por lo que se impone conceder el amparo solicitado para el efecto de que el Magistrado responsable deje insubsistente la audiencia de vista y la sentencia reclamada y en su lugar, atendiendo a las consideraciones de esta ejecutoria y con las formalidades que la ley aplicable le impone, celebre de nueva cuenta dicha audiencia y dicte la sentencia que fundada y razonadamente sea procedente. Por tanto, al haber resultado fundado uno de los motivos de inconformidadadvertido en suplencia de la queja deficiente, en los t�rminos del art�culo 76 bis, fracci�n II, de la Ley de A., por violaci�n a las leyes del procedimiento, lo que procede es conceder el amparo solicitado para el efecto ya se�alado.

    En el amparo directo penal n�mero 1091/2001 sostuvo, en la parte que interesa, lo siguiente:

    TERCERO. En el caso, resulta innecesario transcribir y analizar la sentencia reclamada, as� como los conceptos de violaci�n expuestos por los quejosos, toda vez que suplidos en su deficiencia, conforme lo dispuesto por el art�culo 76 bis, fracci�n II, de la Ley de A., se estima que en su perjuicio se violaron las leyes del procedimiento que rigen el procedimiento penal. En efecto ... reclamaron del Magistrado del Segundo Tribunal Unitario del D�cimo S�ptimo Circuito, con residencia en esta ciudad, la resoluci�n dictada el trece de noviembre de dos mil uno, en el toca penal n�mero 250/2001, misma que modific� la sentencia condenatoria emitida por el J. Segundo de Distrito en el Estado, consider�ndoseles penalmente responsables en la comisi�n de los delitos de portaci�n de arma de fuego de uso exclusivo del Ej�rcito, Armada o Fuerza �rea Nacional, previsto y sancionado por el art�culo 83, fracciones II y III, en relaci�n con el 11, incisos b) y c), ambos de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos; posesi�n de cartuchos, previsto y sancionado por el art�culo 83 quat, fracci�n II, en relaci�n con el 11, inciso f), ambos de la ley antes referida; del delito contra la salud en la modalidad de posesi�n de goma de opio, previsto y sancionado por el art�culo 195, primer p�rrafo, en relaci�n con el 193, y del diverso contra la salud en la modalidad de posesi�n de semillas de marihuana, previsto por el art�culo 195 bis, y sancionado conforme al ap�ndice uno, tabla uno, primera l�nea horizontal, primera columna, en t�rminos del art�culo 13, fracci�n VIII, todos del C�digo Penal Federal, imponi�ndoseles por la comisi�n de los delitos de referencia a cada uno de los sentenciados, la pena de ocho a�os, cinco meses, siete d�as de prisi�n y ciento cincuenta d�as de multa, equivalentes a $4,905.00 (cuatro mil novecientos cinco pesos 00/100 moneda nacional). Ahora bien, entrando al an�lisis de la causa de reposici�n del procedimiento que se estimar� actualizada, en primer t�rmino, conviene dejar asentado que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, al aprobar la tesis de jurisprudencia P./J. 47/95, determin� que la garant�a de audiencia que consagra el art�culo 14 constitucional, consiste en otorgar al gobernado la oportunidad de defenderse previamente al acto privativo de la libertad, como es el caso que nos ocupa, y que en su debido respeto, se impone a las autoridades, entre otras obligaciones, la de que en el juicio que se siga ?se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento?; y que estas formalidades son las que resultan necesarias para garantizar la defensa adecuada antes de ese acto de privaci�n, traduci�ndose estas formalidades, entre otras, en que se debe dar al gobernado la oportunidad de alegar lo que a su derecho convenga. El criterio jurisprudencial a que se hace referencia, aparece publicado en la p�gina 133 del Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, Tomo II, diciembre de 1995, cuyo tenor literal es el siguiente: ?FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO.? (se transcribe). Pues bien, en su edici�n denominada ?V. Jur�dico?, tercera reimpresi�n, de Ediciones Depalma 1988, E.J.C., define a la ?audiencia? como la ?acci�n y efectos de escuchar el J. o tribunal a las partes, testigos, peritos, etc.?, tambi�n la concept�a como la oportunidad dada a un litigante para hacer valer sus razones, ya sea verbalmente o por escrito (p�gina 115). Asimismo, define a la ?alegaci�n? como la ?invocaci�n o manifestaci�n de hechos o de argumentos de derecho que una parte hace en el proceso, como raz�n o fundamento de su pretensi�n?, conceptu�ndola tambi�n como la ?acci�n y efectos de exponer los argumentos, motivos o razones a favor de la tesis que se sostiene en juicio?. As� las cosas, en t�rminos del criterio jurisprudencial ya mencionado y a la definici�n de los vocablos indicados, entrando al an�lisis de la causa de reposici�n del procedimiento que se estima actualizada, debe decirse que de la interpretaci�n arm�nica de los art�culos 20, fracci�n IX, constitucional; 87, primer y segundo p�rrafos y 388, fracci�n VII bis, inciso b), ambos del C�digo Federal de Procedimientos Penales, se advierte que constituye una obligaci�n procesal para la responsable, el contar con la presencia del Ministerio P�blico, as� como la del defensor del inculpado en la audiencia de vista de segunda instancia; los preceptos en cita se�alan en lo conducente: ?Art�culo 20.? (se transcribe), ?Art�culo 388, fracci�n VII bis, inciso b).? (se transcribe). Por su parte, el art�culo 160, fracciones II, X y XVII, de la Ley de A., establece lo siguiente: (se transcribe). De las hip�tesis legales transcritas con inmediata antelaci�n, se pone de manifiesto que cuando la audiencia de vista en segunda instancia se celebra sin la asistencia del defensor de los procesados, habiendo sido citado legal y oportunamente, como en el caso aconteci�, se violan las leyes del procedimiento que afecta la defensa de los quejosos en t�rminos de lo dispuesto por la fracci�n XVII, en relaci�n con las fracciones II y X del art�culo 160 de la Ley de A., pues esto contrar�a el contenido del art�culo 20, fracci�n IX, constitucional, as� como lo expuesto por el art�culo 87 del C�digo Federal de Procedimientos Penales, que establecen que en la audiencia final ser� obligatoria la presencia del defensor. Lo anterior es as� pues, como ya se vio, el art�culo 160 de la Ley de A., en su fracci�n XVII, se�ala como causal de reposici�n del procedimiento: (se transcribe), como lo es el hecho de que la audiencia de vista celebrada en el procedimiento de segunda instancia, que se efect�a dentro del juicio penal, se lleve a cabo sin asistencia del defensor del procesado, en atenci�n a que dicha diligencia tambi�n tiene como finalidad, al igual que la de primera instancia, que se origine el debate entre las partes a trav�s de la expresi�n verbal de sus alegatos con el objeto de que la cuesti�n litigiosa quede debidamente planteada, de lo que se constata en forma clara, como ya se dijo, que en la citada diligencia debe contarse con la presencia, en su caso, del agente del Ministerio P�blico y del defensor, ya que de no ser as�, no podr� desarrollarse la audiencia de referencia bajo el formato de un debate de alegatos y no podr�a llevarse a cabo la defensa oral del procesado, tal como se advierte de la interpretaci�n arm�nica de los art�culos 382 y 383 del C�digo Federal de Procedimientos Penales, que a la letra dicen: (se transcribe). En ese orden de ideas, debe decirse que de los autos del toca penal 250/2001, del �ndice del Segundo Tribunal Unitario del D�cimo S�ptimo Circuito, con residencia en esta ciudad de Chihuahua, se advierte que el veintitr�s de mayo del a�o pr�ximo pasado (foja 13 del toca), se notific� a los ahora quejosos y su defensor particular (quien anteriormente hab�a aceptado el cargo conferido), el acuerdo de fecha veintid�s de ese mismo mes y a�o, en el que se se�al� d�a y hora para que tuviera lugar la audiencia de vista; sin embargo, el citado defensor no compareci� a �sta, efectuada el cuatro de junio de dos mil uno (foja 32). En consecuencia, supliendo la deficiencia de la queja en t�rminos de lo dispuesto por la fracci�n II del art�culo 76 bis de la Ley de A., debe concederse el amparo a los peticionarios de garant�as, toda vez que en t�rminos de los preceptos procesales transcritos, la audiencia de vista en segunda instancia fue celebrada sin la asistencia del defensor de los procesados, siendo que esta comparecencia era necesaria a fin de que dicho defensor estuviese en posibilidad de realizar la defensa oral de los inconformes, sin perjuicio del alegato escrito que pudiera formular; por lo que si no fue as�, es evidente que la audiencia se celebr� sin cumplir las formalidades esenciales del procedimiento, como lo es, particularmente, la relativa a la oportunidad de alegar a que se hizo referencia con anterioridad, actualiz�ndose con ello el supuesto contemplado en la fracci�n XVII del art�culo 160 de la Ley de A., en relaci�n con las fracciones II y X del mismo precepto legal, afect�ndose por lo tanto las defensas de los quejosos, conculcando en su perjuicio las garant�as contenidas en los art�culos 14, 16 y 20, fracci�n IX, de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos. Sirve de apoyo a lo anterior, por analog�a, la jurisprudencia por contradicci�n de tesis 22/2000 de la Primera Sala, publicada en el Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, Novena �poca, T.X., noviembre de 2000, p�gina 114, que a la letra dice: ?AUDIENCIA DE VISTA EN LA APELACI�N. LA INASISTENCIA DEL MINISTERIO P�BLICO DE LA FEDERACI�N, CONSTITUYE UNA VIOLACI�N A LAS LEYES DEL PROCEDIMIENTO PENAL FEDERAL (INTERPRETACI�N DEL ART�CULO 160, FRACCIONES X Y XVII, DE LA LEY DE AMPARO).? (se transcribe). Por tanto, si la inasistencia del Ministerio P�blico a la audiencia de vista de segunda instancia constituye una violaci�n a las leyes del procedimiento en el juicio penal federal, que afecta las defensas de los quejosos, conforme al criterio jurisprudencial por contradicci�n 22/2000, de la Primera Sala de nuestro m�s Alto Tribunal de la Rep�blica, transcrito con antelaci�n, por mayor�a de raz�n debe afirmarse que se violan esas leyes del procedimiento si a dicha audiencia de vista no asiste el defensor del justiciable, pues ello evidentemente constituye una restricci�n a la garant�a de audiencia establecida por el art�culo 14 constitucional, por violentar, como antes se dijo, una formalidad esencial del procedimiento, transgredi�ndose, asimismo, el principio de igualdad entre las partes, que se traduce en que �stas tienen iguales posibilidades de presentar sus exposiciones de conclusiones o alegatos, constituyendo una razonable igualdad de posibilidades en el ejercicio de su acci�n y defensa, quebrant�ndose dicho principio entonces cuando s�lo se exige la presencia del Ministerio P�blico y no la del defensor, pues, en tal caso, s�lo a una de ellas se le permita alegar, probar o impugnar y a la otra no, como en el presente caso aconteci�. En las relatadas condiciones y recapitulando lo antes expuesto, es v�lido concluir que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, al aprobar la tesis de jurisprudencia P./J. 47/95 determin� que la garant�a de audiencia que consagra el art�culo 14 constitucional, consiste en otorgar al gobernado la oportunidad de defenderse previamente, como lo es, respecto al acto privativo de la libertad, y que en su debido respeto se impone a las autoridades, entre otras obligaciones, la de que en el juicio que se siga ?se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento?; y que estas formalidades son las que resultan necesarias para garantizar la defensa adecuada antes de ese acto de privaci�n, traduci�ndose �stas, entre otras, en que se debe dar al gobernado la oportunidad de alegar lo que a su derecho convenga, entendi�ndose por tal concepto la posibilidad dada a un litigante para hacer valer sus razones, ya sea verbalmente o por escrito, as� como la manifestaci�n de hechos o de argumentos de derecho que una parte hace en el proceso, como raz�n o fundamento de su pretensi�n. Ahora, de una interpretaci�n arm�nica de lo dispuesto por los art�culos 20, fracci�n IX, constitucional; 87, primer y segundo p�rrafos y 388, fracci�n VII bis, inciso b), ambos del C�digo Federal de Procedimientos Penales, se colige que en todo proceso penal tiene el inculpado el derecho de contar con una defensa adecuada y que su defensor comparezca a todos los actos del proceso, teniendo �ste la obligaci�n de hacerlo cuantas veces se le requiera, siendo adem�s obligatoria su presencia en la audiencia final del juicio, habiendo lugar, por lo tanto, seg�n se desprende de la hip�tesis del �ltimo numeral antes mencionado a la reposici�n del procedimiento por existir omisiones graves de la defensa en perjuicio del sentenciado, como lo es el no haber comparecido el defensor a las diligencias que se practicaren y a las cuales era necesaria su presencia. Consecuentemente, adminiculadas las hip�tesis legales mencionadas con antelaci�n, a la diversa contemplada por el art�culo 160, fracciones II, X y XVII, de la Ley de A., que contempla las causas de reposici�n del procedimiento en materia penal, se pone de manifiesto que cuando la audiencia de vista en segunda instancia se celebra sin la asistencia del defensor de los procesados, a pesar de la obligaci�n que le impone el referido art�culo 87 del C�digo Federal de Procedimientos Penales, habiendo sido citado legal y oportunamente, ello se traduce en considerar que esa falta de asistencia constituye una violaci�n a las leyes del procedimiento que afecta la defensa del quejoso, en t�rminos de lo dispuesto por la fracci�n XVII, en relaci�n con las fracciones II y X del art�culo 160 de la Ley Reglamentaria de los Art�culos 103 y 107 Constitucionales, pues esto contrar�a el contenido del art�culo 20, fracci�n IX, constitucional ya mencionado, as� como lo expuesto por el art�culo 87 tambi�n ya referido, que establece que en la audiencia final ser� obligatoria la presencia del defensor. Lo anterior es as�, pues si el art�culo 160 de la Ley de A., en su fracci�n XVII se�ala como causal de reposici�n del procedimiento: (se transcribe), como lo es el hecho de que la audiencia de vista celebrada en el procedimiento de segunda instancia, que se efect�a dentro del juicio penal, se lleve a cabo sin asistencia del defensor del procesado, en atenci�n a que dicha diligencia tiene como finalidad, al igual que la de primera instancia, que se origine el debate entre las partes a trav�s de la expresi�n verbal de sus alegatos con el objeto de que la cuesti�n litigiosa quede debidamente planteada, se constata en forma clara, que en la citada diligencia debe contarse con la presencia, en su caso, tanto del agente del Ministerio P�blico como la del defensor, ya que de no ser as�, no podr� desarrollarse la audiencia de referencia bajo el formato de un debate de alegatos y no podr�a llevarse a cabo la defensa oral del procesado, tal como se advierte de la interpretaci�n arm�nica de los art�culos 382 y 383 del C�digo Federal de Procedimientos Penales ya analizados. Confirma lo antes expuesto, la circunstancia de que la Primera Sala de nuestro m�s Alto Tribunal, aprob� la tesis de jurisprudencia n�mero 1a./J. 22/2000 con el rubro: ?AUDIENCIA DE VISTA EN LA APELACI�N. LA INASISTENCIA DEL MINISTERIO P�BLICO DE LA FEDERACI�N, CONSTITUYE UNA VIOLACI�N A LAS LEYES DEL PROCEDIMIENTO PENAL FEDERAL (INTERPRETACI�N DEL ART�CULO 160, FRACCIONES X Y XVII, DE LA LEY DE AMPARO).?, en la que estableci� el criterio de la presencia obligatoria del Ministerio P�blico durante la celebraci�n de la audiencia de vista en la apelaci�n, por lo que, por mayor�a de raz�n, aplic�ndose la misma consecuencia jur�dica, debe afirmarse que se violan esas leyes del procedimiento si a dicha audiencia de vista no asiste el defensor del justiciable, pues ello evidentemente constituye una restricci�n a la garant�a de audiencia establecida por el art�culo 14 constitucional, por violentar, como antes se dijo, una formalidad esencial del procedimiento; transgredi�ndose, asimismo, el principio de igualdad procesal entre las partes, que se traduce en que �stas deben tener iguales posibilidades de presentar sus exposiciones de conclusiones o alegatos, constituyendo una razonable igualdad de oportunidades en el ejercicio de su acci�n y defensa, quebrant�ndose dicho principio, entonces, si s�lo se exigiera la presencia del Ministerio P�blico y no la del defensor, pues, en tal caso, s�lo a una de ellas se le permitir�a alegar, probar o impugnar y a la otra no. Por consecuencia, en las condiciones anteriores, resultaron vulneradas en perjuicio de la parte quejosa las garant�as consagradas en los art�culos 14 y 16 de la Constituci�n Federal, por lo que se impone conceder el amparo solicitado, para el efecto de que el Magistrado responsable deje insubsistente la audiencia de vista y la sentencia reclamada y en su lugar, atendiendo a las consideraciones de esta ejecutoria y con las formalidades que la ley aplicable le impone, celebre de nueva cuenta dicha audiencia y dicte la sentencia que fundada y razonadamente sea procedente, proveyendo, en su caso, si no comparece el defensor particular a la audiencia antes mencionada, lo que en derecho corresponda respecto al defensor de oficio, pero sin celebrar la audiencia en ausencia del defensor de los procesados. Por tanto, al haber resultado fundado uno de los motivos de inconformidad por violaci�n a las leyes del procedimiento, suplido en su deficiencia, se concede el amparo solicitado, para el efecto precisado en el p�rrafo que antecede, sin necesidad de estudiar los conceptos de violaci�n formulados.

    Cabe se�alar que no se transcriben las consideraciones de las ejecutorias emitidas al resolver los amparos directos penales identificados con los n�meros 141/2002, 114/2002, 67/2002, 106/2002 y 262/2002, toda vez que en dichos amparos se sostuvieron similares consideraciones.

    En el amparo directo penal n�mero 143/2002 sostuvo, en la parte que interesa, lo siguiente:

    TERCERO. En el caso a estudio, dado el sentido de la presente resoluci�n, resulta innecesario transcribir y analizar la resoluci�n impugnada en esta v�a constitucional, ya que atento a lo dispuesto por el art�culo 76 bis, fracci�n II, de la Ley de A., y supliendo la deficiencia en la queja de los conceptos de violaci�n hechos valer, se advierte que resultan sustancialmente fundados y suficientes para dejar sin efectos la sentencia impugnada, toda vez que este �rgano colegiado de manera oficiosa advierte la existencia de una violaci�n a las reglas del procedimiento penal de segunda instancia, cuya trascendencia afecta las defensas del quejoso. Del an�lisis integral de las diversas constancias que conforman el toca de apelaci�n del que emana el acto reclamado en el presente asunto, las cuales por tratarse de actuaciones judiciales tienen pleno valor probatorio en t�rminos de lo dispuesto por los art�culos 129, 197 y 202 del C�digo Federal de Procedimientos Civiles, de aplicaci�n supletoria a la Ley de A., se advierte lo siguiente en cuanto trasciende al objeto de estudio del presente asunto: Que con fecha diecinueve de noviembre de mil novecientos noventa y siete (por error mecanogr�fico aparece como de mil novecientos noventa y seis), la J. Quinto de Distrito en el Estado, dict� sentencia condenatoria en la causa penal 6/97-III, incoada en contra de ... encontr�ndolo penalmente responsable de la comisi�n del delito contra la salud, en su modalidad de transportaci�n de marihuana, previsto y sancionado por el art�culo 194, fracci�n I, del C�digo Penal Federal; imponi�ndole las penas de diez a�os de prisi�n y multa de cien d�as de salario m�nimo vigente en la �poca de consumaci�n de los hechos sancionados (fojas 156 a 168 de la causa penal). Inconforme el sentenciado y ahora quejoso con la anterior determinaci�n interpuso en su contra recurso de apelaci�n (foja 168 vuelta de la causa penal), cuyo conocimiento correspondi�, por raz�n de turno, al Primer Tribunal Unitario de este circuito judicial, donde por auto del diecis�is de diciembre de mil novecientos noventa y siete, se admiti� a tr�mite, registr�ndose bajo el toca 538/97 (fojas 3 y 4 del toca de apelaci�n). Con fecha treinta de diciembre de mil novecientos noventa y siete, tuvo verificativo la audiencia de vista a que se refiereel art�culo 373 del C�digo Federal de Procedimientos Penales, emiti�ndose la resoluci�n respectiva el quince de junio de mil novecientos noventa y ocho, en la que se confirm� la sentencia condenatoria de primera instancia materia del recurso (fojas 12 a 25 del toca de apelaci�n); siendo �sta el acto reclamado en el presente juicio de amparo directo. De los autos se advierte la existencia de una violaci�n a las leyes del procedimiento de segunda instancia, en el juicio penal materia de este estudio, cuya infracci�n afecta las defensas del quejoso y que por ello amerita la concesi�n del amparo, a fin de que la misma sea subsanada. En efecto, el art�culo 160 de la Ley de A. establece los supuestos en los cuales se consideran violadas las reglas del procedimiento en los juicios del orden penal, se�alando al respecto en sus fracciones X y XVII lo siguiente: (se transcribe). Del numeral antes transcrito se desprende que el agente del Ministerio P�blico Federal debe encontrarse presente en la audiencia de derecho, que para la segunda instancia se encuentra regulada por el art�culo 373 del C�digo Federal de Procedimientos Penales, de tal forma que su inasistencia implica una violaci�n manifiesta a las leyes del procedimiento penal; dicho numeral de la legislaci�n adjetiva textualmente dispone: (se transcribe). Requisito procesal que no se cumpli� en el caso a estudio, pues del contenido de la audiencia de vista celebrada en el procedimiento penal de segunda instancia, del que emana el acto reclamado en este asunto, se advierte que la audiencia de vista se celebr� sin la asistencia de las partes, siendo su contenido del tenor literal siguiente: (se transcribe). En ese orden de ideas, si la referida audiencia de vista se desahog� sin la asistencia de las partes, entre ellas el agente del Ministerio P�blico de la Federaci�n adscrito al Primer Tribunal Unitario de este D�cimo S�ptimo Circuito, a quien correspond�a formular la requisitoria correspondiente, es inconcuso que en tales t�rminos se violaron en perjuicio del quejoso las leyes del procedimiento que rigen el juicio penal federal de que se trata. Sirve de apoyo a la anterior consideraci�n la jurisprudencia 1a./J. 22/2000, emitida en contradicci�n de tesis por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, publicada en el Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, Novena �poca, T.X., del mes de noviembre de 2000, p�gina 114, y que a la letra dice: ?AUDIENCIA DE VISTA EN LA APELACI�N. LA INASISTENCIA DEL MINISTERIO P�BLICO DE LA FEDERACI�N, CONSTITUYE UNA VIOLACI�N A LAS LEYES DEL PROCEDIMIENTO PENAL FEDERAL (INTERPRETACI�N DEL ART�CULO 160, FRACCIONES X Y XVII, DE LA LEY DE AMPARO).? (se transcribe). De la anterior jurisprudencia se advierte que nuestro m�s Alto Tribunal, por conducto de la Primera Sala, ya se pronunci� en relaci�n con la necesidad que existe de que en el proceso penal federal, la audiencia de vista de segunda instancia se celebre encontr�ndose presente el representante social federal; por tanto, si la inasistencia de �ste constituye una violaci�n a las leyes del procedimiento, que afecta las defensas del quejoso, entonces por mayor�a de raz�n se violan las reglas del procedimiento, cuando no asiste el defensor del inculpado, pues ello constituye una restricci�n a la garant�a de audiencia establecida por el art�culo 14 constitucional, por transgredir el principio de igualdad procesal que en toda contienda judicial debe existir entre las partes, que se traduce en la igualdad de posibilidades que deben tener de presentar sus conclusiones o alegatos en forma verbal al momento de desahogarse la audiencia de vista de la segunda instancia. As�, para el caso de que el Ministerio P�blico formulara alegaciones de viva voz en la audiencia de vista, evidentemente ello trascender�a a las defensas del justiciable, quien carecer�a de la posibilidad de controvertirlas en ese momento por no encontrarse presente su defensor, lo cual constituye una desigualdad de posibilidades en el ejercicio de su acci�n y defensa; quebrant�ndose dicho principio cuando s�lo se exige la presencia del Ministerio P�blico y no la del defensor, pues, en tal caso, s�lo a una de ellas se le permita alegar, probar o impugnar y a la otra no, como en el presente caso acontece. En consecuencia, supliendo la deficiencia de la queja en t�rminos de lo dispuesto por la fracci�n II del art�culo 76 bis de la Ley de A., debe concederse el amparo al peticionario de garant�as, toda vez que en t�rminos de los preceptos procesales transcritos, la audiencia de vista en segunda instancia fue celebrada sin la asistencia del Ministerio P�blico y del defensor del procesado, de tal forma que si en t�rminos de la anterior jurisprudencia es obligada la comparecencia del representante social de la Federaci�n, por mayor�a de raz�n la del defensor del inculpado, a efecto de posibilitar la defensa oral del inconforme, sin perjuicio del alegato escrito que pudiera formular; por lo que si no fue as�, es evidente que la audiencia se celebr� sin cumplir las formalidades esenciales del procedimiento, como lo es, particularmente, la relativa a la oportunidad de alegar a que se hizo referencia con anterioridad, actualiz�ndose con ello el supuesto contemplado en la fracci�n XVII del art�culo 160 de la Ley de A., en relaci�n con las fracciones II y X del mismo precepto legal, afect�ndose por lo tanto las defensas del quejoso, conculcando en su perjuicio las garant�as contenidas en los art�culos 14, 16 y 20, fracci�n IX, de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos. En las condiciones anteriores, y al resultar vulneradas en perjuicio del quejoso, las garant�as de seguridad jur�dica y debido proceso consagradas en los art�culos 14 y 16 de la Constituci�n Federal, lo procedente es conceder el amparo solicitado, para el efecto de que el Magistrado responsable declare insubsistente la audiencia de vista y la sentencia reclamada y en su lugar, atendiendo a las consideraciones de esta ejecutoria y con las formalidades que la ley aplicable le impone, celebre de nueva cuenta dicha audiencia con la asistencia del Ministerio P�blico de la Federaci�n y del defensor del sentenciado, dictando en su oportunidad la sentencia que en derecho proceda. En el orden de ideas apuntado, y al resultar fundado el concepto de violaci�n suplido en su deficiencia, resulta innecesario entrar al estudio y resoluci�n de los dem�s conceptos de violaci�n hechos valer, pues con la concesi�n del amparo en los t�rminos antes se�alados, la materia de tales inconformidades ha quedado legalmente insubsistente.

    El criterio antes se�alado dio lugar a la tesis siguiente:

    "Novena �poca

    "Instancia: Segundo Tribunal Colegiado del D�cimo S�ptimo Circuito

    "Fuente: Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta

    "Tomo: XVII, enero de 2003

    "Tesis: XVII.2o. J/18

    "P�gina: 1590

    "AUDIENCIA DE VISTA EN LA APELACI�N. LA INASISTENCIA DEL DEFENSOR CONSTITUYE UNA VIOLACI�N AL PROCEDIMIENTO PENAL FEDERAL, QUE RESTRINGE LA GARANT�A DE AUDIENCIA DE ALEGAR EN EL JUICIO Y, POR ENDE, TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE IGUALDAD PROCESAL DE LAS PARTES. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, al aprobar la tesis de jurisprudencia P./J. 47/95, determin� que la garant�a de audiencia que consagra el art�culo 14 constitucional, consiste en otorgar al gobernado la oportunidad de defenderse previamente al acto privativo de libertad y, en su debido respeto, se impone a las autoridades, entre otras obligaciones, que en el juicio ?se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento?, que son las que resultan necesarias para garantizar el derecho de defensa del quejoso antes de ese acto de privaci�n, traduci�ndose, entre otras, en que se debe dar al peticionario de garant�as la oportunidad de alegar lo que a su derecho convenga, entendiendo por tal concepto la oportunidad que se otorgue a las partes para hacer valer sus razones, ya sea verbalmente o por escrito, la manifestaci�n de hechos o argumentos de derecho que una parte hace en el proceso, como raz�n o fundamento de su pretensi�n. En tal virtud, de una interpretaci�n arm�nica de lo dispuesto por los art�culos 20, apartado A, fracci�n IX, constitucional; 87, p�rrafos primero y segundo, y 388, fracci�n VII bis, inciso b), ambos del C�digo Federal de Procedimientos Penales, se desprende que en todo proceso penal federal el inculpado tiene el derecho de contar con una defensa adecuada y que su defensor comparezca a todos los actos del procedimiento, en el cual �ste tiene la obligaci�n de hacerlo cuantas veces se le requiera, destac�ndose de manera especial su presencia en la audiencia final del juicio. Por tanto, se colige de la hip�tesis contenida en el �ltimo numeral antes mencionado, que establece la obligaci�n de reponer el procedimiento cuando existan omisiones graves en la defensa en perjuicio del sentenciado, supuesto que se actualiza cuando el defensor no comparece a las diligencias que se practiquen y respecto de las cuales era necesaria su presencia. Consecuentemente, de una interpretaci�n adminiculada de las hip�tesis legales referidas con las diversas contempladas en las fracciones II, X y XVII del art�culo 160 de la Ley de A., que disponen las violaciones al procedimiento en materia penal, se pone de manifiesto que cuando la audiencia de vista en segunda instancia se celebre sin la asistencia del defensor del procesado, cuando haya sido citado legal y oportunamente, ello constituye una violaci�n a las leyes del procedimiento que afecta la defensa del quejoso, en t�rminos de lo dispuesto por la fracci�n XVII, en relaci�n con las fracciones II y X del art�culo 160 citado, pues tal omisi�n contrar�a el contenido del art�culo 20, apartado A, fracci�n IX, constitucional ya mencionado, as� como lo expuesto por el art�culo 87 tambi�n ya dicho, que establece que en la audiencia final ser� obligatoria la presencia del defensor. Lo anterior es as�, dado que el multicitado numeral 160, en su fracci�n XVII, se�ala como causal de reposici�n del procedimiento: ?En los dem�s casos an�logos a los de las fracciones anteriores, a juicio de la Suprema Corte de Justicia o de los Tribunales Colegiado de Circuito, seg�n corresponda.?, como lo es el hecho de que la audiencia de vista celebrada en el procedimiento de segunda instancia, que se efect�a dentro del juicio penal federal, se lleve a cabo sin asistencia del defensor del procesado, en atenci�n a que dicha diligencia tiene como finalidad, al igual que la de primera instancia, el debate entre las partes a trav�s de la expresi�n verbal con el objeto de que la cuesti�n litigiosa quede debidamente planteada, lo que permite concluir en forma clara, que en la citada actuaci�n debe contarse con la presencia, tanto del agente del Ministerio P�blico como del defensor, ya que de no ser as�, no podr�a desarrollarse legalmente la audiencia de referencia bajo el formato de un debate de alegatos y llevarse a cabo la defensa oral del procesado, tal como se advierte de una recta interpretaci�n arm�nica de los art�culos 382 y 383 del C�digo Federal de Procedimientos Penales. F. esta consideraci�n, la jurisprudencia n�mero 1a./J. 22/2000, aprobada por la Primera Sala de nuestro M�ximo Tribunal, con el rubro: ?AUDIENCIA DE VISTA EN LA APELACI�N. LA INASISTENCIA DEL MINISTERIO P�BLICO DE LA FEDERACI�N, CONSTITUYE UNA VIOLACI�N A LAS LEYES DEL PROCEDIMIENTO PENAL FEDERAL (INTERPRETACI�N DEL ART�CULO 160, FRACCIONES X Y XVII, DE LA LEY DE AMPARO).?, en la que estableci� el criterio obligatorio de la presencia del Ministerio P�blico durante la celebraci�n de la audiencia de vista en la apelaci�n del procedimiento penal federal, por lo que, por mayor�a de raz�n, se debe aplicar la misma consecuencia jur�dica, esto es, que se violan esas leyes del procedimiento si a dicha audiencia de vista no asiste el defensor del justiciable, pues ello evidentemente constituye una restricci�n a la garant�a de audiencia establecida por el art�culo 14 constitucional, por violentar, como antes se dijo, una formalidad esencial del procedimiento; de tal suerte que cuando se actualice el supuesto de inasistencia del defensor a la audiencia de m�rito, se viola el principio de igualdad procesal entre las partes, que se traduce en que �stas deben tener iguales posibilidades de presentar sus exposiciones de conclusiones o alegatos, por lo que se quebrantar�a dicho principio, si s�lo se exigiera la presencia del Ministerio P�blico y no la del defensor, y de interpretarlo as�, se llegar�a al absurdo de que se dieran situaciones en las que �nicamente una parte de las mencionadas estuviere en posibilidad de alegar y la otra, por su ausencia, no podr�a replicar, lo que provocar�a un estado de indefensi�n para el inculpado, por lo que, en esos casos, deber� ordenarse la reposici�n del procedimiento con objeto de que la audiencia de vista se desarrolle en debida forma.

    "SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL D�CIMO S�PTIMO CIRCUITO.

    "A. directo 1091/2001. 4 de octubre de 2002. Unanimidad de votos. Ponente: J.U.T.H.�ndez. Secretario: D.F.R.�guez P.�n.

    "A. directo 141/2002. 11 de octubre de 2002. Unanimidad de votos. Ponente: Jes�s M.C.�n. Secretaria: C.A.A.M..

    "A. directo 143/2002. 11 de octubre de 2002. Unanimidad de votos. Ponente: J.U.T.H.�ndez. Secretario: Jes�s J.H.C.�n.

    "A. directo 114/2002. 18 de octubre de 2002. Unanimidad de votos. Ponente: Jes�s M.C.S.: J.L.O. L�pez.

    A. directo 67/2002. 15 de noviembre de 2002. Unanimidad de votos. Ponente: G.D.G.. Secretaria: S.O.G.C..

  3. El Primer Tribunal Colegiado del D�cimo Quinto Circuito, al resolver el amparo directo penal 826/98, sostuvo, en la parte que interesa, lo siguiente:

    QUINTO. No ser� necesario analizar la sentencia reclamada, ni los conceptos de violaci�n, por no hacerse necesario el estudio de los mismos, al encontrar este Tribunal Colegiado que durante la sustanciaci�n de la segunda instancia se violaron las leyes del procedimiento, en t�rminos de las fracciones II y IX del art�culo 160 de la Ley de A., que afect� las defensas del sentenciado y que se analizar�n en suplencia de la queja, acorde a lo dispuesto por la fracci�n II del art�culo 76 bis de la misma ley. En efecto, de las actuaciones de segunda instancia se advierte que la audiencia de vista fue celebrada sin la asistencia del defensor particular del acusado no obstante que fue legalmente notificado de la fecha y hora en que habr�a de celebrarse la misma tal como consta a fojas 14 y 15 del toca de apelaci�n, as� como tampoco estuvo presente en tal audiencia el defensor de oficio adscrito al tribunal responsable, contrari�ndose as� el contenido del segundo p�rrafo del art�culo 87 del C�digo Federal de Procedimientos Penales, que establece que en la audiencia final ser� obligatoria la presencia del defensor quien podr� hacer la defensa oral del acusado, sin perjuicio del alegato escrito que quiera presentar, as� como el contenido de los diversos art�culos 364 y 382 del c�digo procesal penal, pues conforme al primero de ellos los agravios deber�n expresarse al interponer el recurso o en la vista del asunto, y el numeral citado en segundo t�rmino dispone que: (se transcribe), y en el caso se advierte que ni el defensor particular ni el acusado expresaron agravios al interponer el recurso de apelaci�n, y como ya se dijo, el citado defensor no compareci� a la audiencia de referencia, por lo que es obvio que no aleg� lo que estimara pertinente en defensa de los intereses del citado procesado, m�xime que �ste tampoco acudi� a la audiencia en menci�n por encontrarse privado de su libertad con motivo de los hechos a que se refiere la causa de la cual deriv� la sentencia apelada, por lo que, en todo caso, el tribunal responsable en el momento mismo de la audiencia debi� nombrarle al defensor de oficio adscrito a su circunscripci�n dando la intervenci�n que le compete para que mediante la formulaci�n de agravios alegara lo que estimara pertinente en defensa del sentenciado apelante, luego al no haberlo hecho as� en el caso se actualiz� el supuesto contenido en la fracci�n XVII del art�culo 160 de la Ley de A., en relaci�n con las diversas fracciones segunda y novena de la citada ley reglamentaria constituyendo por todo ello evidente violaci�n a la ley del procedimiento, trascendiendo al resultado del fallo, raz�n por lo cual procede conceder al quejoso el amparo y protecci�n de la Justicia Federal solicitada para el solo efecto de que el tribunal responsable reponga el procedimiento de alzada a partir de la audiencia de vista a la que deber� citar oportuna y debidamente a las partes y en caso de no asistir a la misma el defensor particular del acusado, nombrarle al defensor de oficio quien deber� apersonarse a tal audiencia, y una vez celebrada dicha actuaci�n con las formalidades de ley y agotados los dem�s tr�mites del procedimiento, dicte con plenitud de jurisdicci�n la resoluci�n que en derecho proceda.

    El criterio antes se�alado dio lugar a la tesis siguiente:

    "Novena �poca

    "Instancia: Primer Tribunal Colegiado del D�cimo Quinto Circuito

    "Fuente: Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta

    "Tomo: IX, febrero de 1999

    "Tesis: XV.1o.20 P

    "P�gina: 486

    "AUDIENCIA DE VISTA EN SEGUNDA INSTANCIA. LA INCOMPARECENCIA DEL DEFENSOR PARTICULAR O DEL SENTENCIADO OBLIGA AL TRIBUNAL DE ALZADA A NOMBRAR AL DEFENSOR DE OFICIO PARA QUE ALEGUE EN FAVOR DEL PROCESADO O BIEN EXPRESE AGRAVIOS; SI NO SE FORMULARON AL INTERPONER EL RECURSO, TAL OMISI�N CONSTITUYE VIOLACI�N AL PROCEDIMIENTO QUE IMPONE REPONERLO. Cuando la audiencia de vista en segunda instancia se celebra sin la asistencia del procesado o de su defensor particular habiendo sido citados legal y oportunamente, se violan leyes del procedimiento que afectan las defensas del quejoso en t�rminos de la fracci�n XVII, en relaci�n con las fracciones II y IX del art�culo 160 de la Ley de A., si tampoco estuvo presente el defensor de oficio adscrito al tribunal de alzada, pues eso contrar�a el contenido del segundo p�rrafo del art�culo 87 del C�digo Federal de Procedimientos Penales que establece, que en la audiencia final ser� obligatoria la presencia del defensor, asimismo se contravienen los art�culos 364 y 382 del mismo ordenamiento legal, pues conforme al primero de ellos los agravios en la apelaci�n podr�n expresarse al interponer el recurso o en la vista del asunto, y el segundo art�culo dispone que el d�a de la vista el secretario del tribunal iniciar� la audiencia haciendo una relaci�n del asunto, que enseguida har� uso de la voz el apelante y a continuaci�n las otras partes en el orden que indique quien presida la audiencia. Ahora bien, en situaciones como en el caso en que ni el apelante ni su defensor particular expresaron agravios al interponer el recurso, obvio es que al no presentarse a la audiencia no aleg� en defensa de los intereses del procesado, por lo que el tribunal responsable en el momento mismo de la audiencia debi� nombrarle al defensor de oficio adscrito, d�ndole la intervenci�n que le compete para que mediante la formulaci�n de agravios alegara lo que estimara pertinente en defensa del sentenciado, y al no haberlo hecho se cometi� una violaci�n procesal que trascendi� al resultado del fallo, por lo que en tales supuestos deber� otorgarse la protecci�n constitucional para el efecto de que el tribunal de alzada reponga el procedimiento a partir de la audiencia de vista a fin de que la celebre con observancia de las citadas exigencias legales.

    "PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL D�CIMO QUINTO CIRCUITO.

    A. directo 826/98. R.A.V.�or. 2 de diciembre de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Ra�l M.T.. Secretario: Jos� de Jes�s BernalJu�rez.

  4. El Primer Tribunal Colegiado del D�cimo Sexto Circuito, al resolver el amparo directo penal 614/2004, sostuvo, en la parte que interesa, lo siguiente:

    QUINTO. Son infundados los anteriores conceptos de violaci�n, sin que en t�rminos del art�culo 76 bis, fracci�n II, de la Ley de A., se advierta motivo para otorgar la protecci�n constitucional. Antes de entrar al estudio de la inconformidad planteada y del an�lisis oficioso del acto reclamado, es pertinente destacar que el defensor particular no compareci� a la audiencia de vista de segunda instancia, sin embargo, ello no implica en el caso una violaci�n al procedimiento que trasciende al resultado del fallo. De los autos del toca penal 495/2004, del �ndice del Segundo Tribunal Unitario del D�cimo Sexto Circuito, con residencia en esta ciudad, se advierte que el dos de septiembre de dos mil cuatro, se notific� al ahora quejoso y a su defensor particular ... el prove�do de uno de septiembre anterior, en el que se se�al� el once de septiembre siguiente para que tuviera lugar la audiencia de vista, sin que el citado defensor compareciera (foja 19). La autoridad responsable en la propia audiencia de vista resalt� que no se encontraba presente el defensor del inculpado, pero asent� que ello no constitu�a una violaci�n procesal, porque el art�culo 87 del C�digo Federal de Procedimientos Penales establece que las audiencias se celebrar�n concurran o no las partes salvo el Ministerio P�blico Federal quien no podr� dejar de asistir a ellas y, la presencia obligatoria del defensor del inculpado o persona de su confianza, est� prevista exclusivamente para la audiencia final del juicio en primera instancia y no para la audiencia de vista en la alzada, que adem�s la tesis del rubro: ?AUDIENCIA DE VISTA, OBLIGACI�N DEL DEFENSOR DE COMPARECER EN LA.?, indebidamente hace referencia a que la audiencia de vista est� espec�ficamente regulada en el art�culo 87 invocado y, que de la simple lectura del precepto se advierte que se refiere a la audiencia final del juicio; por �ltimo, expuso al respecto que con independencia de lo anterior, el defensor particular del inculpado formul� agravios y que aun ante la ausencia de �stos opera el principio de suplencia de la queja. La lectura del art�culo 87 citado, permite concluir que la presencia del defensor se refiere a la audiencia final del juicio en primera instancia y, su presencia inexcusable est� prevista para la audiencia final del juicio desarrollada en esa instancia y no en otra; el precepto en an�lisis es del tenor siguiente: (se transcribe). De la expresi�n utilizada por el legislador, referente a que las audiencias se llevar�n a cabo concurran o no las partes, se desprende que se busca con ello, que en lo general las audiencias de derecho que deban sustanciarse durante el proceso penal federal, se celebren aun sin la asistencia de las partes, lo que guarda concordancia con el principio de celeridad procesal, que tutela el art�culo 17 constitucional. Asimismo, el legislador exceptu� de esa regla gen�rica al Ministerio P�blico, quien habr� de asistir a todas y cada una de ellas, por ser su asistencia de orden p�blico. Tambi�n excluy� de esa regla, a la audiencia en donde se recibe la declaraci�n preparatoria del inculpado, en la que debe asistir el defensor de �ste y, la audiencia final del juicio, donde tambi�n es obligatoria la presencia del defensor. Empero, salvo los casos de los art�culos 305, 307 y 311, ning�n otro precepto del C�digo Federal de Procedimientos Penales dispone que diversa audiencia de las se�aladas, tenga que celebrarse de manera obligada con la presencia de las partes. Al tratarse de una excepci�n a la regla general, debe ser interpretada de manera estricta y no inferirse la obligaci�n de estar presente el defensor de alg�n otro precepto que no lo disponga expresamente, dado que de otra manera se har�a tardada la administraci�n de justicia en dem�rito del inter�s social que consiste en que los conflictos derivados de la aplicaci�n de normas penales, sean definitivamente resueltos en los plazos que la ley establece. El derecho regulado por las propias disposiciones procesales, que guardan congruencia con la garant�a de audiencia y debido proceso, se satisface con la notificaci�n al inculpado y al defensor de la fecha para la celebraci�n de cualquiera de las audiencias, para que, decidan de propia voluntad si acuden o no a su desahogo, sin que sea dable obligarlos a presentarse, porque adem�s de que tiene que respetarse la decisi�n en ese sentido, puede dar lugar a entorpecer el procedimiento innecesariamente; de ah� que s�lo en los casos de excepci�n expresamente previstos por el legislador sea posible exigir la presencia del defensor del inculpado. Asimismo, se salvaguarda el principio de celeridad procesal que en materia penal es primordialmente tutelado por la legislaci�n penal federal, al establecerse en ella los plazos de tiempo espec�ficos en que un juicio de reproche penal debe solucionarse, aunado a que en t�rminos del art�culo 386 del C�digo Federal de Procedimientos Penales, la reposici�n del procedimiento se decretar� a petici�n de parte, lo que en la especie no acontece. Tampoco se advierte violaci�n manifiesta de la ley para ordenarlo oficiosamente, pues como se viene anotando, la propia legislaci�n no prev� de manera patente la asistencia del defensor a la multicitada audiencia. Bajo las anteriores premisas, debe decirse que la presencia del defensor en la audiencia de vista en segunda instancia, no es obligatoria y, por tanto, su inasistencia no constituye una violaci�n procesal que trascienda al resultado del fallo, pues como no existe disposici�n expresa que imponga la obligaci�n de que el defensor deba estar en dicha audiencia, tampoco es imperativo a la autoridad responsable que ante la inasistencia del defensor particular se nombre al de oficio o se difiera la audiencia. Siguiendo con el tema, si bien el defensor del inculpado en caso de asistir a la audiencia de vista en segunda instancia podr�a hacer valer lo siguiente: a) Presentar los agravios o en su defecto ampliarlos. b) Ofrecer los instrumentos p�blicos conducentes. c) Alegar y rebatir lo aducido por el representante social. Dichas facultades, no implican que su presencia debe ser obligada, puesto que la ausencia de alegatos o agravios seg�n se trate en las audiencias respectivas, se mantiene al margen de la legalidad o ilegalidad de las mismas, pues lo trascendente es que tienen el derecho de comparecer y participar en la audiencia, poni�ndose de manifiesto que lo que no se puede, es prohibir a que asistan a ellas, pero no lo contrario, salvo en los casos que tengan que cumplir con una cita o prevenci�n hecha expresamente por el juzgador. No es en realidad relevante si se expresaron o no agravios ni si se puedan o no exponer en esa audiencia, pues al ser sabedor el inculpado y su defensor de la fecha de su celebraci�n, se agota su derecho al decidir no acudir a ella, por las diversas razones que pudiesen tener, adem�s ante la ausencia o la deficiencia de agravios, el tribunal de apelaci�n tiene la obligaci�n de suplirlos; m�xime si en el caso para que resolviera el Magistrado responsable ya hab�an sido expresados los mismos en el escrito de apelaci�n. Queda al margen tambi�n, si el inculpado o su defensor tienen la oportunidad en ese momento de ofrecer la instrumental p�blica, en t�rminos de lo dispuesto por el art�culo 380 del C�digo Federal de Procedimientos Penales, pues dicho ofrecimiento puede hacerse aun sin asistir a la audiencia y, ello, como ya se anticip� es potestativo, por lo que si no comparece a la referida audiencia, entre otras causas, es dable considerar que no tiene prueba que ofrecer o que no conviene a sus intereses. Asimismo, no se conculca el principio de igualdad procesal, porque no se le est� impidiendo que asista a la referida audiencia y, la sola presencia de la parte acusadora no puede llevar a considerar consecuentemente que sea necesaria tambi�n la del defensor, pues mediante esa inferencia se llegar�a al absurdo de considerar que en todas las audiencias celebradas durante el proceso penal federal es indispensable la presencia del defensor, pues en todas ellas es obligatoria la asistencia del Ministerio P�blico (parte acusadora); lo anterior, al margen de que en el caso concreto el fiscal en la segunda instancia se limit� a estar presente, al ya haber presentado sus alegatos por escrito antes del inicio de la diligencia, raz�n por la cual no se agrav� la situaci�n jur�dica del peticionario de garant�as y no existe necesidad de un debate oral entre las partes a fin de que la defensa expresara contra-argumentos. Aunado a que la tesis de jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n del rubro: ?AUDIENCIA DE VISTA EN LA APELACI�N. LA INASISTENCIA DEL MINISTERIO P�BLICO DE LA FEDERACI�N, CONSTITUYE UNA VIOLACI�N A LAS LEYES DEL PROCEDIMIENTO PENAL FEDERAL (INTERPRETACI�N DEL ART�CULO 160, FRACCIONES X Y XVII, DE LA LEY DE AMPARO).?, no es aplicable en la especie, porque a diferencia del defensor, los art�culos 87 y 388, fracci�n VII, del C�digo Federal de Procedimientos Penales, s� se refieren expresamente al Ministerio P�blico y, precisamente son estos art�culos y la presencia de ese funcionario, el tema de an�lisis de la tesis de referencia, por lo que no es dable hacerla extensiva al presente caso. Adem�s, si se desarrolla o no como un debate de alegatos, esa facultad la puede agotar o no el defensor o el inculpado una vez que decidan acudir, puesto que el art�culo 382 del C�digo Federal de Procedimiento Penales, rese�a la forma en que se llevar� a cabo la misma en caso de que asistan las partes, pero no que sea indispensable la presencia del apelante, ni que se le pueda exigir siquiera que haga uso de la voz. En suma, la presencia del defensor en la referida audiencia, no depende de los derechos que puedan agotar en ella, sino en la oportunidad que se le d� para asistir, por tanto, si en la especie, se notific� tanto al inculpado como al defensor la hora y el d�a en que iba a desarrollarse y, no compareci� este �ltimo por cualquier causa imputable a �l, el Magistrado responsable estuvo en lo correcto al celebrarla sin su asistencia. Por las anteriores consideraciones este tribunal no comparte los criterios sustentados por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, el Primer Tribunal Colegiado del D�cimo Quinto Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado del D�cimo S�ptimo Circuito, los que enseguida se transcriben. ?AUDIENCIA DE VISTA, OBLIGACI�N DEL DEFENSOR DE COMPARECER A LA.? (se transcribe). ?AUDIENCIA DE VISTA EN SEGUNDA INSTANCIA. LA INCOMPARECENCIA DEL DEFENSOR PARTICULAR O DEL SENTENCIADO OBLIGA AL TRIBUNAL DE ALZADA A NOMBRAR AL DEFENSOR DE OFICIO PARA QUE ALEGUE EN FAVOR DEL PROCESADO O BIEN EXPRESE AGRAVIOS; SI NO SE FORMULARON AL INTERPONER EL RECURSO, TAL OMISI�N CONSTITUYE VIOLACI�N AL PROCEDIMIENTO QUE IMPONE REPONERLO.? (se transcribe). ?AUDIENCIA DE VISTA EN LA APELACI�N. LA INASISTENCIA DEL DEFENSOR CONSTITUYE UNA VIOLACI�N AL PROCEDIMIENTO PENAL FEDERAL, QUE RESTRINGE LA GARANT�A DE AUDIENCIA DE ALEGAR EN EL JUICIO Y, POR ENDE, TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE IGUALDAD PROCESAL DE LAS PARTES.? (se transcribe). Ante la posible contradicci�n de criterios que pueden existir entre los sustentados por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, el Primer Tribunal Colegiado del D�cimo Quinto Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado del D�cimo S�ptimo Circuito con el emitido por este �rgano de control constitucional, se debe denunciar esa contradicci�n a la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, en los t�rminos que precisa el art�culo 197-A de la Ley de A..

CUARTO

Como una cuesti�n previa, cabe precisar que esta Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, al interpretar los art�culos 107, fracci�n XIII, de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos y 197 de la Ley de A., ha considerado que dichos preceptos regulan lo relativo a la contradicci�n de tesis sobre una misma situaci�n jur�dica como forma o sistema de integraci�n de jurisprudencia, y que por tesis debe entenderse la posici�n que, manifestada mediante una serie de proposiciones que se expresan con el car�cter de propias, adopta el tribunal en la soluci�n de un negocio jur�dico.

Asimismo, este Alto Tribunal ha considerado que para que exista materia a dilucidar respecto a un criterio que prevalezca debe existir, cuando menos formalmente, una oposici�n de criterios jur�dicos en los que se controvierta la misma cuesti�n, es decir, para que se surta su procedencia, la contradicci�n denunciada debe referirse a las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jur�dicas vertidas dentro de la parte considerativa de las sentencias respectivas, que son las fuentes primordiales de las tesis que sustentan los �rganos jurisdiccionales.

En otros t�rminos, se da la contradicci�n anterior cuando concurran los siguientes supuestos:

  1. Que al resolver los negocios se examinen cuestiones jur�dicas esencialmente iguales y se adopten criterios discrepantes.

  2. Que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jur�dicas de las sentencias respectivas.

  3. Que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos.

Al respecto, es aplicable la siguiente jurisprudencia:

"Novena �poca

"Instancia: Pleno

"Fuente: Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta

"Tomo: XIII, abril de 2001

"Tesis: P./J. 26/2001

"P�gina: 76

"CONTRADICCI�N DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA. De conformidad con lo que establecen los art�culos 107, fracci�n XIII, primer p�rrafo, de la Constituci�n Federal y 197-A de la Ley de A., cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n o la Sala que corresponda deben decidir cu�l tesis ha de prevalecer. Ahora bien, se entiende que existen tesis contradictorias cuando concurren los siguientes supuestos: a) que al resolver los negocios jur�dicos se examinen cuestiones jur�dicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jur�dicos discrepantes; b) que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jur�dicas de las sentencias respectivas; y, c) que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos."

QUINTO

Precisado lo anterior, lo que procede es examinar si en la especie existe o no la contradicci�n de tesis sustentadas entre los Tribunales Colegiados de Circuito.

Analizadas las ejecutorias pronunciadas por los Tribunales Colegiados, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n considera que s� existe la contradicci�n de criterios denunciada.

El Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, tomando en cuenta lo que establecen los art�culos 87, p�rrafos primero, parte primera, y segundo, 373 y 382 del C�digo Federal de Procedimientos Penales, sostuvo que no obstante que el defensor particular de la quejosa fue legalmente notificado de la fecha y hora en que habr�a de celebrarse la audiencia de vista, no concurri� a �sta, a pesar de la obligaci�n que le impone el precitado art�culo 87; as� como que la respectiva audiencia se celebr� a pesar de no contar con la presencia del mismo, m�xime que en la misma aparece que no se hizo constar la raz�n por la que dicho defensor no compareci� a �sta, transgredi�ndose as� los preceptos invocados del c�digo procedimental de la materia; concluye que de esta suerte, las hip�tesis planteadas se ubican en las fracciones IV y XVII del art�culo 160 de la Ley de A., al existir violaci�n a las leyes del procedimiento.

El Segundo Tribunal Colegiado del D�cimo S�ptimo Circuito consider� que entrando al an�lisis de la causa de reposici�n del procedimiento que se estima actualizada debe decirse que de la interpretaci�n arm�nica de los art�culos 20, fracci�n IX, constitucional, 87, primer y segundo p�rrafos, y 388, fracci�n VII bis, inciso b), ambos del C�digo Federal de Procedimientos Penales, se advierte que constituye una obligaci�n procesal para la responsable el contar con la presencia del Ministerio P�blico, as� como la del defensor del inculpado en la audiencia de vista de segunda instancia, de lo que se pone de manifiesto que cuando la audiencia de vista en segunda instancia se celebra sin la asistencia del defensor de los procesados, habiendo sido citado legal y oportunamente, como en el caso aconteci�, se violan las leyes del procedimiento que afectan la defensa de los quejosos, en t�rminos de lo dispuesto por la fracci�n XVII, en relaci�n con la II y X del art�culo 160 de la Ley de A., pues esto contrar�a el contenido del art�culo 20, fracci�n IX, constitucional, as� como lo expuesto por el art�culo 87 del C�digo Federal de Procedimientos Penales, que establecen que en la audiencia final ser� obligatoria la presencia del defensor.

Sigue considerando el Tribunal Colegiado de m�rito que lo anterior es as�, pues el art�culo 160 de la Ley de A., en su fracci�n XVII, se�ala una causal de reposici�n del procedimiento, como lo es el hecho de que la audiencia de vista celebrada en el procedimiento de segunda instancia, que se efect�a dentro del juicio penal, se lleve a cabo sin asistencia del defensor del procesado, en atenci�n a que dicha diligencia tambi�n tiene como finalidad, al igual que la de primera instancia, que se origine el debate entre las partes a trav�s de la expresi�n verbal de sus alegatos, con el objeto de que la cuesti�n litigiosa quede debidamente planteada, de lo que se constata en forma clara, como ya se dijo, que en la citada diligencia debe contarse con la presencia, en su caso, tanto del agente del Ministerio P�blico como del defensor, ya que de no ser as� no podr� desarrollarse la audiencia de referencia bajo el formato de un debate de alegatos y no podr�a llevarse a cabo la defensa oral del procesado, tal como se advierte de la interpretaci�n arm�nica de los art�culos 382 y 383 del C�digo Federal de Procedimientos Penales (aplica, por analog�a, la jurisprudencia n�mero 22/2000, sustentada por esta Primera Sala).

El Primer Tribunal Colegiado del D�cimo Quinto Circuito estim� que de las actuaciones de segunda instancia se advierte que la audiencia de vista fue celebrada sin la asistencia del defensor particular del acusado no obstante que fue legalmente notificado de la fecha y hora en que habr�a de celebrarse la misma, as� como tampoco estuvo presente en tal audiencia el defensor de oficio adscrito al tribunal responsable, contrari�ndose as� el contenido del segundo p�rrafo del art�culo 87 del C�digo Federal de Procedimientos Penales, que establece que en la audiencia final ser� obligatoria la presencia del defensor, quien podr� hacer la defensa oral del acusado, sin perjuicio del alegato escrito que quiera presentar, as� como del contenido de los diversos art�culos 364 y 382 del c�digo procesal penal, y en el caso se advierte que ni el defensor particular ni el acusado expresaron agravios al interponer el recurso de apelaci�n y, como ya se dijo, el citado defensor no compareci� a la audiencia de referencia, por lo que es obvio que no aleg� lo que estimara pertinente en defensa de los intereses del citado procesado, m�xime que �ste tampoco acudi� a la audiencia en menci�n por encontrarse privado de su libertad con motivo de los hechos a que se refiere la causa de la cual deriv� la sentencia apelada, por lo que, en todo caso, el tribunal responsable en el momento mismo de la audiencia debi� nombrarle al defensor de oficio adscrito a su circunscripci�n dando la intervenci�n que le compete para que mediante la formulaci�n de agravios alegara lo que estimarapertinente en defensa del sentenciado apelante, luego, al no haberlo hecho as�, en el caso se actualiz� el supuesto contenido en la fracci�n XVII del art�culo 160 de la Ley de A., en relaci�n con las diversas fracciones II y IX de la citada ley reglamentaria, constituyendo por todo ello evidente violaci�n a la ley del procedimiento, trascendiendo al resultado del fallo.

Por su parte, el Primer Tribunal Colegiado del D�cimo Sexto Circuito sostuvo el criterio en el sentido de que la lectura del art�culo 87 del C�digo Federal de Procedimientos Penales permite concluir que la presencia del defensor se refiere a la audiencia final del juicio en primera instancia, y su presencia inexcusable est� prevista para la audiencia final del juicio desarrollada en esa instancia y no en otra.

Que de la expresi�n utilizada por el legislador, referente a que las audiencias se llevar�n a cabo concurran o no las partes, se desprende que se busca con ello que en lo general las audiencias de derecho que deban sustanciarse durante el proceso penal federal se celebren aun sin la asistencia de las partes, lo que guarda concordancia con el principio de celeridad procesal que tutela el art�culo 17 constitucional.

El Tribunal Colegiado de referencia considera que el legislador exceptu� de esa regla gen�rica al Ministerio P�blico, quien habr� de asistir a todas y cada una de ellas, por ser su asistencia de orden p�blico, que tambi�n excluy� de esa regla a la audiencia en donde se recibe la declaraci�n preparatoria del inculpado, en la que debe asistir el defensor de �ste, y la audiencia final del juicio, donde tambi�n es obligatoria la presencia del defensor.

Que empero, salvo los casos de los art�culos 305, 307 y 311, ning�n otro precepto del C�digo Federal de Procedimientos Penales dispone que diversa audiencia de las se�aladas tenga que celebrarse de manera obligada con la presencia de las partes. Al tratarse de una excepci�n a la regla general, debe ser interpretada de manera estricta y no inferirse la obligaci�n de estar presente el defensor de alg�n otro precepto que no lo disponga expresamente, dado que de otra manera se har�a tardada la administraci�n de justicia en dem�rito del inter�s social que consiste en que los conflictos derivados de la aplicaci�n de normas penales sean definitivamente resueltos en los plazos que la ley establece.

Expone el Tribunal Colegiado que el derecho regulado por las propias disposiciones procesales, que guardan congruencia con la garant�a de audiencia y debido proceso, se satisface con la notificaci�n al inculpado y al defensor de la fecha para la celebraci�n de cualquiera de las audiencias, para que decidan de propia voluntad si acuden o no a su desahogo, sin que sea dable obligarlos a presentarse, porque adem�s de que tiene que respetarse la decisi�n en ese sentido, puede dar lugar a entorpecer el procedimiento innecesariamente; de ah� que s�lo en los casos de excepci�n expresamente previstos por el legislador sea posible exigir la presencia del defensor del inculpado.

Asimismo, se sigue exponiendo, se salvaguarda el principio de celeridad procesal que en materia penal es primordialmente tutelado por la legislaci�n penal federal, al establecerse en ella los plazos de tiempo espec�ficos en que un juicio de reproche penal debe solucionarse, aunado a que en t�rminos del art�culo 386 del C�digo Federal de Procedimientos Penales, la reposici�n del procedimiento se decretar� a petici�n de parte, lo que en la especie no acontece. Tampoco se advierte violaci�n manifiesta de la ley para ordenarlo oficiosamente pues, como se viene anotando, la propia legislaci�n no prev� de manera patente la asistencia del defensor a la multicitada audiencia.

Que la presencia del defensor en la audiencia de vista en segunda instancia no es obligatoria y, por tanto, su inasistencia no constituye una violaci�n procesal que trascienda al resultado del fallo, pues como no existe disposici�n expresa que imponga la obligaci�n de que el defensor deba estar en dicha audiencia, tampoco es imperativo a la autoridad responsable que ante la inasistencia del defensor particular se nombre al de oficio o se difiera la audiencia.

El Tribunal Colegiado considera que si bien el defensor del inculpado en caso de asistir a la audiencia de vista en segunda instancia podr�a hacer valer lo siguiente: a) Presentar los agravios o en su defecto ampliarlos, b) Ofrecer los instrumentos p�blicos conducentes y c) Alegar y rebatir lo aducido por el representante social, dichas facultades no implican que su presencia debe ser obligada, puesto que la ausencia de alegatos o agravios, seg�n se trate en las audiencias respectivas, se mantiene al margen de la legalidad o ilegalidad de las mismas, pues lo trascendente es que tienen el derecho de comparecer y participar en la audiencia, poni�ndose de manifiesto que lo que no se puede es prohibir que asistan a ellas, pero no lo contrario, salvo en los casos que tengan que cumplir con una cita o prevenci�n hecha expresamente por el juzgador.

Que no es en realidad relevante si se expresaron o no agravios ni si se puedan o no exponer en esa audiencia, pues al ser sabedor el inculpado y su defensor de la fecha de su celebraci�n, se agota su derecho al decidir no acudir a ella, por las diversas razones que pudiesen tener; adem�s, ante la ausencia o la deficiencia de agravios, el tribunal de apelaci�n tiene la obligaci�n de suplirlos, m�xime si en el caso, para que resolviera el Magistrado responsable, ya hab�an sido expresados los mismos en el escrito de apelaci�n.

Se�ala el Tribunal Colegiado que queda al margen tambi�n si el inculpado o su defensor tienen la oportunidad en ese momento de ofrecer la instrumental p�blica, en t�rminos de lo dispuesto por el art�culo 380 del C�digo Federal de Procedimientos Penales, pues dicho ofrecimiento puede hacerse aun sin asistir a la audiencia y, ello como ya se anticip�, es potestativo, por lo que si no comparece a la referida audiencia, entre otras causas, es dable considerar que no tiene prueba que ofrecer o que no conviene a sus intereses.

Que no se conculca el principio de igualdad procesal, porque no se le est� impidiendo que asista a la referida audiencia, y la sola presencia de la parte acusadora no puede llevar a considerar, consecuentemente, que sea necesaria tambi�n la del defensor, pues mediante esa inferencia se llegar�a al absurdo de considerar que en todas las audiencias celebradas durante el proceso penal federal es indispensable la presencia del defensor, pues en todas ellas es obligatoria la asistencia del Ministerio P�blico (parte acusadora); lo anterior, al margen de que en el caso concreto el fiscal en la segunda instancia se limit� a estar presente, al ya haber presentado sus alegatos por escrito antes del inicio de la diligencia, raz�n por la cual no se agrav� la situaci�n jur�dica del peticionario de garant�as y no existe necesidad de un debate oral entre las partes a fin de que la defensa expresara contra-argumentos.

El Tribunal Colegiado considera que la tesis de jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n de rubro: "AUDIENCIA DE VISTA EN LA APELACI�N. LA INASISTENCIA DEL MINISTERIO P�BLICO DE LA FEDERACI�N, CONSTITUYE UNA VIOLACI�N A LAS LEYES DEL PROCEDIMIENTO PENAL FEDERAL (INTERPRETACI�N DEL ART�CULO 160, FRACCIONES X Y XVII, DE LA LEY DE AMPARO)." no es aplicable en la especie, porque a diferencia del defensor, los art�culos 87 y 388, fracci�n VII, del C�digo Federal de Procedimientos Penales s� se refieren expresamente al Ministerio P�blico y, precisamente, son estos art�culos y la presencia de ese funcionario el tema de an�lisis de la tesis de referencia, por lo que no es dable hacerla extensiva al presente caso.

Que adem�s, si se desarrolla o no como un debate de alegatos, esa facultad la puede agotar o no el defensor o el inculpado una vez que decidan acudir, puesto que el art�culo 382 del C�digo Federal de Procedimientos Penales rese�a la forma en que se llevar� a cabo la misma en caso de que asistan las partes, pero no que sea indispensable la presencia del apelante ni que se le pueda exigir siquiera que haga uso de la voz.

De lo relatado se advierte lo siguiente:

  1. Que al resolver los asuntos sometidos a su consideraci�n los �rganos colegiados contendientes examinaron la misma cuesti�n jur�dica, esto es, lo relativo a si la inasistencia del defensor, particular o de oficio, a la audiencia de vista en segunda instancia constituye o no una violaci�n a las leyes del procedimiento penal federal que afecta las defensas del quejoso.

  2. La diferencia de criterios se presenta en las consideraciones de las sentencias y tesis respectivas, como se advierte de su contenido.

  3. Los criterios provienen del examen de los mismos elementos, pues los Tribunales Colegiados, interpretando las disposiciones contenidas en el C�digo Federal de Procedimientos Penales y en la Ley de A., arribaron a conclusiones diferentes, a saber:

aa) El Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, el Segundo Tribunal Colegiado del D�cimo S�ptimo Circuito y el Primer Tribunal Colegiado del D�cimo Quinto Circuito son del criterio de que en dicho supuesto se violan las leyes del procedimiento penal federal.

bb) Por su parte, el Primer Tribunal Colegiado del D�cimo Sexto Circuito sostiene lo contrario, en virtud de que en el mismo supuesto estim� que no se violan las leyes del procedimiento penal federal.

De esta manera, la materia de la presente contradicci�n se circunscribe a determinar lo relativo a si la inasistencia del defensor, particular o de oficio, a la audiencia de vista en segunda instancia, constituye o no una violaci�n a las leyes del procedimiento penal federal que afecta las defensas del quejoso.

Lo anterior permite concluir que, en este caso, s� existe contradicci�n de tesis en el punto medular, como qued� apuntado con anterioridad.

En atenci�n a lo anterior, no ser� materia de estudio lo relativo al tema de la inasistencia del Ministerio P�blico o del sentenciado a la audiencia de vista en segunda instancia, en virtud de que al respecto no existe contradicci�n de criterios.

Por otra parte, no es obst�culo para resolver la presente contradicci�n de tesis la circunstancia de que dos de los criterios en contraposici�n no constituyan jurisprudencia, porque los art�culos 107, fracci�n XIII, p�rrafos primero y tercero, constitucional y 197-A de la Ley de A., que establecen el procedimiento para resolverla, no imponen dicho requisito.

En relaci�n a este punto, cobra aplicaci�n la jurisprudencia sustentada por el Pleno, que es la siguiente:

"Novena �poca

"Instancia: Pleno

"Fuente: Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta

"Tomo: XIII, abril de 2001

"Tesis: P./J. 27/2001

"P�gina: 77

CONTRADICCI�N DE TESIS. PARA QUE PROCEDA LA DENUNCIA BASTA QUE EN LAS SENTENCIAS SE SUSTENTEN CRITERIOS DISCREPANTES. Los art�culos 107, fracci�n XIII, de la Constituci�n Federal, 197 y 197-A de la Ley de A. establecen el procedimiento para dirimir las contradicciones de tesis que sustenten los Tribunales Colegiados de Circuito o las S. de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n. El vocablo ?tesis? que se emplea en dichos dispositivos debe entenderse en un sentido amplio, o sea, como la expresi�n de un criterio que se sustenta en relaci�n con un tema determinado por los �rganos jurisdiccionales en su quehacer legal de resolver los asuntos que se someten a su consideraci�n, sin que sea necesario que est� expuesta de manera formal, mediante una redacci�n especial, en la que se distinga un rubro, un texto, los datos de identificaci�n del asunto en donde se sostuvo y, menos a�n, que constituya jurisprudencia obligatoria en los t�rminos previstos por los art�culos 192 y 193 de la Ley de A., porque ni la Ley F.l ni la ordinaria establecen esos requisitos. Por tanto, para denunciar una contradicci�n de tesis, basta con que se hayan sustentado criterios discrepantes sobre la misma cuesti�n por S. de la Suprema Corte o Tribunales Colegiados de Circuito, en resoluciones dictadas en asuntos de su competencia.

SEXTO

Debe prevalecer, con el car�cter de jurisprudencia, el criterio sustentado por esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, en t�rminos de las consideraciones siguientes:

Como qued� expuesto, el tema de la presente contradicci�n de tesis se circunscribe a determinar lo relativo a si la inasistencia del defensor, particular o de oficio, a la audiencia de vista en segunda instancia, constituye o no una violaci�n a las leyes del procedimiento penal federal que afecta las defensas del quejoso.

El art�culo 14 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, en lo que interesa, a la letra dice:

Art�culo 14. A ninguna ley se dar� efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. Nadie podr� ser privado de la vida, de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho.

El precepto constitucional de referencia alude a las formalidades esenciales del procedimiento, las cuales deben ser entendidas en el sentido de que son las que garantizan una adecuada y oportuna defensa previa al acto privativo, tal como lo establece la jurisprudencia siguiente:

"Novena �poca

"Instancia: Pleno

"Fuente: Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta

"Tomo: II, diciembre de 1995

"Tesis: P./J. 47/95

"P�gina: 133

FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO. La garant�a de audiencia establecida por el art�culo 14 constitucional consiste en otorgar al gobernado la oportunidad de defensa previamente al acto privativo de la vida, libertad, propiedad, posesiones o derechos, y su debido respeto impone a las autoridades, entre otras obligaciones, la de que en el juicio que se siga ?se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento?. Estas son las que resultan necesarias para garantizar la defensa adecuada antes del acto de privaci�n y que, de manera gen�rica, se traducen en los siguientes requisitos: 1) La notificaci�n del inicio del procedimiento y sus consecuencias; 2) La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; 3) La oportunidad de alegar; y 4) El dictado de una resoluci�n que dirima las cuestiones debatidas. De no respetarse estos requisitos, se dejar�a de cumplir con el fin de la garant�a de audiencia, que es evitar la indefensi�n del afectado.

En cuanto a la garant�a de defensa adecuada en el �mbito penal, esta Primera Sala, interpretando las fracciones IX y X del art�culo 20 de la Constituci�n General de la Rep�blica, esencialmente sostuvo que los indiciados, procesados y sentenciados tienen la atribuci�n legal debida de exigir y ejercer con eficiencia y eficacia esa garant�a desde el momento mismo de su puesta a disposici�n ante el �rgano jurisdiccional, o bien, durante el transcurso de los diversos periodos que comprende el proceso penal.

El criterio anterior se encuentra contenido en la jurisprudencia que es del tenor siguiente:

"Novena �poca

"Instancia: Primera Sala

"Fuente: Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta

"Tomo: XVII, junio de 2003

"Tesis: 1a./J. 31/2003

"P�gina: 49

DEFENSA ADECUADA. DIFERENCIAS ENTRE LOS ALCANCES Y EFECTOS DE LAS GARANT�AS CONSAGRADAS EN LAS FRACCIONES IX Y X, P�RRAFO CUARTO, APARTADO A, DEL ART�CULO 20 CONSTITUCIONAL. Una recta interpretaci�n de lo dispuesto en las fracciones IX y X, p�rrafo cuarto, apartado A, del art�culo 20 constitucional, permite deducir la existencia de significativas diferencias entre los alcances y efectos de las garant�as de defensa adecuada consagradas en dichas fracciones; esto es as�, porque jur�dica y f�cticamente existe imposibilidad para que ambas sean observadas en igualdad de circunstancias, en virtud de que el campo de su aplicaci�n pertenece a fases procedimentales distintas, adem�s de que se rigen por reglamentaciones espec�ficas contenidas en los art�culos 128 y 160 del C�digo Federal de Procedimientos Penales. En efecto, para el ejercicio de esta prerrogativa constitucional en la fase indagatoria de un proceso penal federal, no es factible jur�dica ni materialmente que esa garant�a pueda ser exigible y existan condicionantes reales para que su otorgamiento pueda hacerse antes del desahogo de la diligencia de declaraci�n inicial a cargo de los inculpados y, por tanto, el mandato constitucional que obliga a la designaci�n de abogado o persona de su confianza que los asista durante el desahogo de todas las diligencias ministeriales que al respecto sean practicadas en esta fase previa, debe ser interpretado en forma sistem�tica y l�gica, no literal, a fin de que tenga la debida consistencia jur�dica, pues es inconcuso que existe imposibilidad real y objetiva para que esta garant�a sea observada en aquellas diligencias probatorias que ya hubiesen sido desahogadas con antelaci�n, en raz�n de que �nicamente cuando se llega a ese estado procedimental (toma de declaraciones ministeriales), la autoridad persecutora de delitos se encuentra real y jur�dicamente en condiciones de saber si los hechos investigados son constitutivos de delito federal y si el o los detenidos se encuentran en calidad de inculpados o de testigos de esos hechos, pues s�lo hasta ese momento ministerial, el representante social federal, con base en los resultados que arrojen las diligencias probatorias aludidas, es factible que cronol�gicamente se encuentre en posibilidad de cumplir y hacer cumplir la garant�a constitucional aludida, lo que no sucede respecto del derecho de defensa ejercido en las diversas etapas que en t�rminos de lo previsto en el art�culo 4o. del C�digo Federal de Procedimientos Penales, conforman el proceso penal federal (preinstrucci�n, instrucci�n, primera instancia y segunda instancia) pues en tales casos, el juzgador federal desde el auto de radicaci�n tiene conocimiento de los hechos consignados y de la calidad de las personas puestas a su disposici�n, por lo que no existe impedimento alguno para que desde ese momento procesal y hasta la total conclusi�n del juicio pueda ser ejercida y cumplida la garant�a constitucional en cita; luego entonces, los indiciados, procesados y sentenciados tienen la atribuci�n legal debida de exigir y ejercer con eficiencia y eficacia esa garant�a desde el momento mismo de su puesta a disposici�n ante el �rgano jurisdiccional federal, o bien, durante el transcurso de los diversos periodos que comprende el proceso penal federal.

Ahora bien, los art�culos 87, 373 y 382 del C�digo Federal de Procedimientos Penales establecen lo siguiente:

"Art�culo 87. Las audiencias se llevar�n a cabo, concurran o no las partes, salvo el Ministerio P�blico, que no podr� dejar de asistir a ellas. En la diligencia de declaraci�n preparatoria comparecer� el inculpado asistido de su defensor y en su caso, la persona de su confianza que el inculpado puede designar, sin que esto �ltimo implique exigencia procesal. En la audiencia final del juicio tambi�n ser� obligatoria la presencia del defensor quien podr� hacer la defensa oral del acusado, sin perjuicio del alegato escrito que quiera presentar. En el supuesto a que se refiere el art�culo 124 bis de este c�digo, no podr�n llevarse a cabo las audiencias en que deba participar el inculpado sin el traductor a que dicho precepto se refiere."

"Art�culo 373. Recibido el proceso, el duplicado autorizado de constancias o el testimonio, en su caso, el tribunal lo pondr� a la vista de las partes por el plazo de tres d�as; y si dentro de ellos no promovieren prueba se se�alar� d�a para la vista, que se efectuar�dentro de los treinta siguientes a la conclusi�n del primer plazo, si se tratare de sentencias definitivas, y dentro de cinco d�as si se tratare de autos.-Para ella ser�n citados el Ministerio P�blico, el inculpado si estuviere en el lugar y el defensor nombrado. Si no se hubiere nombrado a �ste para la instancia, el tribunal lo nombrar� de oficio."

Art�culo 382. El d�a se�alado para la vista comenzar� la audiencia haciendo el secretario del tribunal una relaci�n del asunto; en seguida har� uso de la palabra el apelante y a continuaci�n las otras partes, en el orden que indique quien presida la audiencia. Si fueren dos o m�s los apelantes, usar�n de la palabra en el orden que designe el mismo funcionario que presida.

Del primero de los preceptos transcritos se desprende que las audiencias se llevar�n a cabo concurran o no las partes, salvo el Ministerio P�blico, que no podr� dejar de asistir a ellas, siendo tambi�n obligatoria la presencia del defensor en la audiencia final del juicio quien podr� hacer la defensa oral del acusado, sin perjuicio del alegato escrito que quiera presentar.

Asimismo, en el segundo de dichos preceptos se prev� que para la audiencia de vista en la segunda instancia ser�n citados el Ministerio P�blico, el inculpado si estuviere en el lugar y el defensor nombrado, que si no se hubiere nombrado a �ste para la instancia el tribunal lo nombrar� de oficio.

Adem�s, en el tercer precepto reproducido se dispone que el d�a se�alado para la vista comenzar� la audiencia haciendo el secretario del tribunal una relaci�n del asunto, que enseguida har� uso de la palabra el apelante y a continuaci�n las dem�s partes.

Conviene recordar que esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, interpretando los art�culos 373 y 382 del C�digo Federal de Procedimientos Penales, sustent� el criterio en el sentido de que no se impone a la autoridad de alzada la obligaci�n de ordenar que para la audiencia de vista del asunto se mande traer al recinto del tribunal en que se efectuar� al procesado detenido, sino s�lo la circunstancia de que sean debidamente notificados �l y su defensor para la audiencia de vista, por lo que el tribunal de alzada no tiene por qu� asegurar la comparecencia del inculpado en esa etapa procesal, pues del texto de dichos preceptos no se impone esa obligaci�n a esa autoridad, por lo que no se violan garant�as individuales.

El criterio anterior se encuentra contenido en la jurisprudencia que es del tenor siguiente:

"Novena �poca

"Instancia: Primera Sala

"Fuente: Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta

"Tomo: II, diciembre de 1995

"Tesis: 1a./J. 19/95

"P�gina: 269

AUDIENCIA DE VISTA. NO SE INFRINGEN LAS GARANT�AS INDIVIDUALES DEL PROCESADO SI SE LE CIT� PERSONALMENTE A �L Y A SU DEFENSOR PARA COMPARECER A LA.-Los art�culos 373 y 382 del C�digo Federal de Procedimientos Penales en vigor, que a la letra dicen: ?Art. 373. Recibido el proceso, el duplicado autorizado de constancias o el testimonio en su caso, el tribunal lo pondr� a la vista de las partes por el plazo de tres d�as; y si dentro de ellos no promovieren prueba, se se�alar� d�a para la vista, que se efectuar� dentro de los treinta siguientes a la conclusi�n del primer plazo, si se tratare de sentencias definitivas y dentro de cinco d�as si se tratare de autos. Para ella ser�n citados el Ministerio P�blico, el inculpado si estuviere en el lugar y el defensor nombrado. Si no se hubiere nombrado a �ste para la instancia, el tribunal lo nombrar� de oficio.?. ?Art. 382. El d�a se�alado para la vista comenzar� la audiencia haciendo el secretario del tribunal una relaci�n del asunto; en seguida har� uso de la palabra el apelante y a continuaci�n las otras partes, en el orden que indique quien presida la audiencia. Si fueren dos o m�s los apelantes, usar�n de la palabra en el orden que designe el mismo funcionario que presida.?. De lo antes transcrito, se advierte que no impone a la autoridad de alzada la obligaci�n de ordenar que para la audiencia de vista del asunto se mande traer al recinto del tribunal en que se efectuar�, al procesado detenido, sino s�lo la circunstancia de que sea debidamente notificado �l y su defensor para la audiencia de vista. Por tanto, el tribunal de alzada no tiene porqu� asegurar la comparecencia del inculpado en esa etapa procesal, pues del texto de los art�culos en comento no se impone esa obligaci�n a esa autoridad por lo que no se violan las garant�as individuales del quejoso.

Esta Primera Sala tambi�n sostuvo el criterio de que la inasistencia del Ministerio P�blico a la audiencia de vista que se celebra en el tr�mite del recurso de apelaci�n interpuesto en contra de la sentencia definitiva del orden penal federal constituye una violaci�n al procedimiento que afecta las defensas del procesado y trasciende al resultado del fallo, cuesti�n que se robustece con lo establecido en los art�culos 87 y 388, fracci�n VII, del C�digo Federal de Procedimientos Penales, que interpretados arm�nicamente entra�an la obligaci�n del representante social de estar presente en todas las audiencias del proceso penal federal, ya que de lo contrario no podr�n celebrarse y, en caso de inasistencia, deber� reponerse el procedimiento.

Lo expuesto se encuentra contenido en la jurisprudencia siguiente:

"Novena �poca

"Instancia: Primera Sala

"Fuente: Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta

"Tomo: XII, noviembre de 2000

"Tesis: 1a./J. 22/2000

"P�gina: 114

AUDIENCIA DE VISTA EN LA APELACI�N. LA INASISTENCIA DEL MINISTERIO P�BLICO DE LA FEDERACI�N, CONSTITUYE UNA VIOLACI�N A LAS LEYES DEL PROCEDIMIENTO PENAL FEDERAL (INTERPRETACI�N DEL ART�CULO 160, FRACCIONES X Y XVII, DE LA LEY DE AMPARO).-El art�culo 160, fracci�n X, de la Ley de A. se�ala que ?En los juicios del orden penal se considerar�n violadas las leyes del procedimiento, de manera que su infracci�n afecte a las defensas del quejoso: ... X. Cuando se celebre la audiencia de derecho sin la asistencia del agente del Ministerio P�blico a quien corresponda formular la requisitoria; sin la del J. que deba fallar, o la del secretario o testigos de asistencia que deban autorizar el acto.?. Atendiendo al tenor literal de la anterior hip�tesis, parece ser que s�lo constituye una violaci�n procedimental la inasistencia del representante social federal a la audiencia de derecho correspondiente a la primera instancia y no as� a la del tr�mite del recurso de apelaci�n que se interpone en contra de la sentencia definitiva del orden penal. No obstante ello, cabe destacar que mediante la adici�n de la fracci�n XVII del propio precepto, referente a ?... los dem�s casos an�logos a los de las fracciones anteriores, a juicio de la Suprema Corte de Justicia o de los Tribunales Colegiados de Circuito, seg�n corresponda.?, publicada en el Diario Oficial de la Federaci�n, el treinta de abril de mil novecientos sesenta y ocho, el legislador abandon� la aplicaci�n estricta de los supuestos contenidos en esas fracciones, optando por una verdadera interpretaci�n anal�gica, con af�n de materializar el esp�ritu eminentemente protector de las garant�as establecidas a favor de los gobernados y, concretamente, de aquellas personas que se encuentran sujetas a los procedimientos penales, cuya indefensi�n puede ser producida de m�ltiples y variadas formas y en torno a las cuales, en forma alguna el legislador est� capacitado para enunciarlas taxativamente. De ah� que sea v�lido concluir, que la inasistencia del Ministerio P�blico de la Federaci�n a la audiencia de vista que se celebra en el tr�mite del recurso de apelaci�n interpuesto en contra de la sentencia definitiva del orden penal federal, tambi�n constituye una violaci�n al procedimiento que afecta las defensas del procesado y trasciende al resultado del fallo. Lo anterior se robustece con lo establecido en los art�culos 87 y 388, fracci�n VII, del C�digo Federal de Procedimientos Penales, los que interpretados arm�nicamente, entra�an la obligaci�n del representante social federal de estar presente en todas las audiencias del proceso penal federal pues de lo contrario no podr�n celebrarse y en caso de inasistencia, deber� reponerse el procedimiento.

El art�culo 388, fracci�n VII bis, inciso b), del c�digo adjetivo penal federal de referencia dispone lo siguiente:

Art�culo 388. Habr� lugar a la reposici�n del proceso por alguna de las causas siguientes: ... VII bis. Por existir omisiones graves de la defensa en perjuicio del sentenciado; se reputan como omisiones graves de la defensa: ... b) No haber asistido a las diligencias que se practicaren con intervenci�n del inculpado durante la averiguaci�n previa y durante el proceso.

El precepto transcrito establece que habr� lugar a la reposici�n del procedimiento, entre otras causas, por existir omisiones graves de la defensa en perjuicio del sentenciado, siendo una de ellas por no haber asistido a las diligencias que se practicaren con intervenci�n del inculpado durante la averiguaci�n previa y durante el proceso; intervenci�n que, como qued� expuesto con antelaci�n, trasciende a la audiencia de vista que se celebra en el tr�mite del recurso de apelaci�n.

Por su parte, la Ley de A., en las fracciones II, IX y XVII del art�culo 160 se�ala lo siguiente:

Art�culo 160. En los juicios del orden penal se considerar�n violadas las leyes del procedimiento, de manera que su infracci�n afecte a las defensas del quejoso: ... II. Cuando no se le permita nombrar defensor, en la forma que determine la ley; cuando no se le facilite, en su caso, la lista de los defensores de oficio, o no se le haga saber el nombre del adscrito al juzgado o tribunal que conozca de la causa, si no tuviere quien lo defienda; cuando no se le facilite la manera de hacer saber su nombramiento al defensor designado; cuando se le impida comunicarse con �l o que dicho defensor lo asista en alguna diligencia del proceso, o cuando, habi�ndose negado a nombrar defensor, sin manifestar expresamente que se defender� por s� mismo, no se le nombre de oficio; ... IX. Cuando no se celebre la audiencia p�blica a que se refiere el art�culo 20, fracci�n VI, de la Constituci�n Federal, en que deba ser o�do en defensa, para que se le juzgue; ... XVII. En los dem�s casos an�logos a los de las fracciones anteriores, a juicio de la Suprema Corte de Justicia o de los Tribunales Colegiados de Circuito, seg�n corresponda.

El precepto reproducido establece que en los juicios del orden penal se considerar�n violadas las leyes del procedimiento de manera que su infracci�n afecte las defensas del quejoso, entre otros casos, cuando se impida que el defensor lo asista en alguna diligencia del proceso, o cuando, habi�ndose negado a nombrar defensor, sin manifestar que se defender�a por s� mismo, no se le nombre el de oficio; asimismo, cuando no se celebre la audiencia p�blica, en que deba ser o�do en defensa, para que se le juzgue; finalmente, en los dem�s casos an�logos a los de las fracciones anteriores, a juicio de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n o de los Tribunales Colegiados de Circuito.

Ahora bien, de la interpretaci�n arm�nica y sistem�tica de los art�culos 87, 373 y 382 del C�digo Federal de Procedimientos Penales se concluye que si bien se establece que las audiencias se llevar�n a cabo concurran o no las partes, hecha excepci�n del Ministerio P�blico, tambi�n resulta obligatoria la presencia del defensor en la audiencia final del juicio, quien podr� realizar en forma oral la defensa correspondiente, independientemente de que pueda presentar su alegato por escrito; obligatoriedad de la presencia del defensor que trasciende en la segunda instancia, en la audiencia de vista, en virtud de que se tiene que citar a la misma al que fue nombrado, y para el caso de que �ste no asista o no se hubiere nombrado, el tribunal tendr� que nombrarlo de oficio, otorg�ndosele facultades para hacer uso de la palabra al celebrarse la audiencia de vista de m�rito.

Es obligaci�n del defensor particular comparecer a la audiencia de vista en la segunda instancia, si se toma en cuenta que el objetivo de la misma, al igual que en la primera instancia, es que una vez iniciado el debate realice en forma oral la defensa correspondiente; de ah� que su incomparecencia origine que el tribunal de alzada tenga que designar al defensor de oficio.

La falta de observancia a lo anterior se traduce en una omisi�n grave de la defensa en perjuicio del sentenciado, que si bien no es necesaria su presencia en la audiencia de vista, s� lo es la del defensor, tanto en la averiguaci�n previa como en el proceso, en t�rminos del art�culo 388, fracci�n VII bis, inciso b), del c�digo adjetivo penal federal de referencia; hip�tesis que se ubica en los supuestos del art�culo 160, fracci�n XVII, de la Ley de A., en relaci�n con las diversas fracciones II y IX del mismo precepto, constituyendo una violaci�n al procedimiento que afecta las defensas del sentenciado, trascendiendo al resultado del fallo, que amerita su reposici�n.

Sirve de apoyo a lo anterior, por igualdad de raz�n sustancial jur�dica, la jurisprudencia que es del tenor siguiente:

"Novena �poca

"Instancia: Primera Sala

"Fuente: Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta

"Tomo: XXI, enero de 2005

"Tesis: 1a./J. 132/2004

"P�gina: 48

AUDIENCIAS O DILIGENCIAS PROCESALES. LA INASISTENCIA DEL DEFENSOR O DEL MINISTERIO P�BLICO CONSTITUYEN VIOLACIONES A LAS LEYES DEL PROCEDIMIENTO PENAL QUE AMERITAN SU REPOSICI�N (LEGISLACI�N DEL ESTADO DE OAXACA).-El art�culo 14 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos alude a las formalidades esenciales del procedimiento, las cuales deben entenderse como aquellas que garantizan una adecuada y oportuna defensa previa al acto privativo. Por su parte, el art�culo 20, apartado A, fracciones IX y X, de la propia Constituci�n Federal contiene la garant�a de defensa adecuada, la cual otorga a los indiciados, procesados y sentenciados la atribuci�n legal de exigirla y ejercerla eficazmente desde el momento de su puesta a disposici�n ante el �rgano jurisdiccional, o bien, durante el transcurso de las diversas etapas del proceso penal. De la interpretaci�n arm�nica y sistem�tica de los art�culos 217, 218, 542 y 543 del C�digo de Procedimientos Penales para el Estado de Oaxaca, se concluye que es obligaci�n del defensor y del Ministerio P�blico estar presentes en todas las audiencias o diligencias procesales, en virtud de que, por disposici�n expresa de la ley, no pueden celebrarse sin su presencia; y que su asistencia en tales audiencias o diligencias y hasta el dictado de la sentencia en la primera instancia es de tal importancia, que la inobservancia de los citados numerales fue calificada por el legislador como violaciones manifiestas del procedimiento que dejan sin defensa al procesado, cuya consecuencia jur�dica es la reposici�n de aqu�l; hip�tesis que se ubica en los supuestos que prev� el art�culo 160, fracciones II, IV y X, de la Ley de A., en tanto que se considera que el procesado queda en estado de indefensi�n, entre otros supuestos, cuando no cuente con un defensor, se practiquen diligencias en forma distinta a la prevenida por la ley, o se celebren audiencias sin la asistencia del Ministerio P�blico. Sin que pase inadvertido que el procesado no queda en estado de indefensi�n cuando al ordenarse la reposici�n del procedimiento, el Ministerio P�blico ejerza las facultades que le han sido conferidas, en virtud de que, en igualdad de circunstancias, el acusado podr� ejercer con plenitud su derecho de defensa, una vez que se haya subsanado dicha violaci�n.

En estas condiciones, esta Primera Sala considera que debe prevalecer, con car�cter de jurisprudencia, el criterio redactado con el siguiente rubro y texto:

AUDIENCIA DE VISTA EN LA APELACI�N. SU CELEBRACI�N SIN LA ASISTENCIA DEL DEFENSOR CONSTITUYE UNA VIOLACI�N A LAS LEYES DEL PROCEDIMIENTO PENAL FEDERAL.-De la interpretaci�n arm�nica y sistem�tica de los art�culos 87, 373 y 382 del C�digo Federal de Procedimientos Penales, se advierte que si bien es cierto que las audiencias se llevar�n a cabo concurran o no las partes, hecha excepci�n del Ministerio P�blico, tambi�n lo es que resulta obligatoria la presencia del defensor en la audiencia final del juicio, quien podr� realizar en forma oral la defensa correspondiente, independientemente de que pueda presentar su alegato por escrito; obligaci�n que trasciende a la audiencia de vista celebrada en el tr�mite del recurso de apelaci�n, en virtud de que tiene que citarse a �sta al que fue nombrado, y para el caso de que no asista o no se hubiere nombrado, el tribunal tendr� que designarlo de oficio, facult�ndolo para hacer uso de la palabra al celebrarse la referida audiencia. Lo anterior es as� en virtud de que el objetivo de la audiencia de vista, tanto en primera como en segunda instancia, consiste en que una vez iniciado el debate, realice oralmente la defensa correspondiente; de ah� que su incomparecencia origine que el tribunal de alzada tenga que designar al defensor de oficio. En consecuencia, la inobservancia de lo anterior se traduce en una omisi�n grave de la defensa en perjuicio del sentenciado, pues aunque no sea necesaria la presencia de �ste en la audiencia de vista, s� lo es la del defensor, tanto en la averiguaci�n previa como en el proceso, en t�rminos del art�culo 388, fracci�n VII bis, inciso b), del referido c�digo; hip�tesis que se ubica en los supuestos del art�culo 160, fracci�n XVII, de la Ley de A., en relaci�n con las diversas fracciones II y IX del mismo precepto, constituyendo una violaci�n a las leyes del procedimiento penal federal que afecta la defensa del sentenciado, trascendiendo al resultado del fallo, lo cual amerita su reposici�n.

Por lo expuesto y fundado, se

resuelve:

PRIMERO

S� existe la contradicci�n de tesis a que este expediente se refiere en los t�rminos del considerando quinto de esta resoluci�n.

SEGUNDO

Se declara que debe prevalecer, con car�cter de jurisprudencia, el criterio sostenido por esta Primera Sala, en los t�rminos de la tesis redactada en el �ltimo considerando del presente fallo.

TERCERO

D�se publicidad a la tesis jurisprudencial que se sustenta en la presente resoluci�n, en t�rminos del art�culo 195 de la Ley de A..

N.�quese; c�mplase y, en su oportunidad, arch�vese el expediente relativo a la presente contradicci�n de tesis, como asunto concluido.

As� lo resolvi� la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, por unanimidad de cinco votos de los se�ores Ministros: Jos� de Jes�s G.�o P., S.A.V.H.�ndez, J.N.S.M. (ponente), J.R.�n C.�o D�az y presidenta O.S.C. de G.�a V..