Ejecutoria num. 1a./J. 124/2005 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala - Jurisprudencia - VLEX 26823680

Ejecutoria num. 1a./J. 124/2005 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala

Emisor:Primera Sala
Número de Resolución:1a./J. 124/2005
Materia:Suprema Corte de Justicia de México
Fecha de Publicación: 1 de Octubre de 2005
RESUMEN

ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS. EL PROCEDIMIENTO EN FORMA DE INCIDENTE PREVISTO EN EL ARTÍCULO 185 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES TIENE LA NATURALEZA DE JUICIO Y, POR ENDE, LA SENTENCIA QUE LE PONE FIN ES IMPUGNABLE A TRAVÉS DEL AMPARO DIRECTO.

 
ÍNDICE
CONTENIDO

ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS. EL PROCEDIMIENTO EN FORMA DE INCIDENTE PREVISTO EN EL ART�CULO 185 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES TIENE LA NATURALEZA DE JUICIO Y, POR ENDE, LA SENTENCIA QUE LE PONE FIN ES IMPUGNABLE A TRAV�S DEL AMPARO DIRECTO.

CONTRADICCI�N DE TESIS 63/2005-PS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS QUINTO Y D�CIMO, AMBOS EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.

CONSIDERANDO:

CUARTO

Los antecedentes y consideraciones que sustentan la resoluci�n dictada por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, por unanimidad de votos, el veintinueve de enero de mil novecientos noventa y ocho en el recurso de revisi�n (improcedencia) 15/98, que se advierten en la copia certificada glosada en autos, documental p�blica con valor probatorio pleno conforme al art�culo 202 del C�digo Federal de Procedimientos Civiles, de aplicaci�n supletoria a la Ley de Amparo, son los que a continuaci�n se rese�an:

  1. En v�a de amparo indirecto, G.G.O. de Montellano, por su propio derecho, como presidente del Consejo de Administraci�n y en representaci�n de Constructora y Edificadora Mexicana, Sociedad An�nima de Capital Variable, reclam� de la Segunda Sala del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, la resoluci�n de apelaci�n que confirm� el acuerdo dictado en el procedimiento seguido en forma de incidente mercantil, de solicitud de convocatoria para asamblea de accionistas, tramitado ante el J.T.�simo Tercero Civil, en que se admitieron las pruebas que ofreci� la promovente del referido procedimiento.

  2. El Juez Cuarto de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal, a quien toc� conocer del asunto, en auto de treinta y uno de octubre de mil novecientos noventa y siete, desech� la demanda de amparo, por considerar que el acto reclamado no puede ser materia del juicio de amparo indirecto, por tratarse de una violaci�n procesal que tendr�a que reclamarse en el amparo directo que se promoviera contra la sentencia que ponga fin al juicio natural en t�rminos de los art�culos 159, fracci�n III y 161 de la Ley de Amparo.

  3. La parte quejosa, inconforme con el auto desechatorio de la demanda de amparo, interpuso el recurso de revisi�n, radicado con el n�mero 15/98 en el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que fue resuelto el veintinueve de enero de mil novecientos noventa y ocho, por unanimidad de votos, confirmando el auto recurrido. Entre las consideraciones sustanciales que soportan la resoluci�n de m�rito destaca la siguiente.

En respuesta al agravio relativo a que la v�a incidental no puede considerarse un juicio, dado que no existe una verdadera jurisdicci�n contenciosa, y la sentencia interlocutoria no es de condena ni declarativa, por lo que en su contra no procede el amparo directo; el referido �rgano colegiado sostuvo:

Que si bien es cierto que la acci�n que se instaura para que el J. convoque a asamblea general de accionistas, se tramita en v�a incidental conforme a los art�culos 1353 y 1354 del C�digo de Comercio, en modo alguno significa que no se suscite controversia sobre la cuesti�n planteada, en tanto que se tiene que demandar a la sociedad, por conducto de su administrador, de su consejo de administraci�n o de sus comisarios, por ser estos �rganos, los legitimados para convocar a toda clase de asambleas conforme a los art�culos 184 y 185 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, y de no hacerlo, la convocatoria podr� hacerse por la autoridad judicial, caracter�sticas propias de un juicio especial mercantil, de conformidad con lo establecido por el art�culo 1347 (sic) del C�digo de Comercio, que se�ala que las disposiciones del cap�tulo XXVIII "De los incidentes", ser�n aplicables a los incidentes que surjan en los juicios ejecutivos y dem�s procedimientos especiales mercantiles, que no tengan se�alado un tr�mite espec�fico. Que, por tanto, la sentencia que se dicte es susceptible de combatirse en amparo directo en t�rminos del art�culo 158 de la Ley de Amparo.

Como fundamento de tales consideraciones fueron citadas las tesis aisladas del mismo �rgano colegiado y de la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, que se identifican y leen como sigue:

Novena �poca

Instancia: Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito

Fuente: Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta

Tomo: III, junio de 1996

Tesis: I.5o.C.43 C

P�gina: 788

ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS. CONVOCATORIA. LEGITIMACI�N PASIVA DEL �RGANO DE ADMINISTRACI�N O DE VIGILANCIA DE LA SOCIEDAD. De acuerdo con lo dispuesto por los art�culos 183 y 184 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, a quien debe demandarse para que se convoque a asamblea general de accionistas de una sociedad, es a la propia empresa, por conducto de su administrador o administradores o bien, a trav�s de sus comisarios, esto es, por conducto del �rgano de administraci�n, o por el de vigilancia. En tal virtud, es inconcuso que la petici�n judicial para convocar a asamblea general de accionistas de la sociedad demandada no debi� formularse en contra del presidente del consejo de administraci�n de la misma, sino en contra de la citada sociedad, por conducto de su administrador, de su consejo de administraci�n o de sus comisarios, por ser estos �rganos quienes est�n legitimados pasivamente en el juicio especial mercantil que se instaura para que el J. convoque a asamblea general de accionistas, salvo disposici�n estatutaria diversa.

Amparo directo 2115/96. A.O.�n B.. 25 de abril de 1996. Mayor�a de votos. Ponente: Efra�n O.O.. Disidente: J.N.G.R.. Secretario: W.A.H.."

S�ptima �poca

Instancia: Tercera Sala

Fuente: Semanario Judicial de la Federaci�n

Volumen: 67, Cuarta Parte

P�gina: 62

SUSPENSI�N, CONTRAFIANZA EN CASO DE, TRAT�NDOSE DE SENTENCIA QUE CONDENA A CONVOCAR A UNA ASAMBLEA DE SOCIOS. Si la sentencia reclamada en el amparo directo, cuyos efectos fueron suspendidos, conden� a la parte demandada, una asociaci�n civil hoy quejosa, a que convocase a asamblea ordinaria de socios, convocatoria que dicha parte estim� no estaba obligada a efectuar considerando violatoria tal resoluci�n, es evidente, en estas condiciones, que de ejecutarse la sentencia aludida, tendr�a que llevarse a cabo la convocatoria de que se trata, con todas sus consecuencias legales; y como la convocatoria cuya resoluci�n pretende evitar la asociaci�n demandada estimando ilegal la petici�n de los actores, constituye el punto toral de la cuesti�n debatida, la ejecuci�n indudablemente dejar�a sin materia el juicio constitucional correspondiente, al no poderse restituir las cosas al estado que guardaban antes de la violaci�n, de obtenerse sentencia favorable, pues aquel acto se habr�a consumado irreparablemente; de esta manera, al admitir la responsable contragarant�a para dejar sin efectos la suspensi�n otorgada a la hoy recurrente, lo que entra�a la ejecuci�n de la sentencia de que se trata, obra indebidamente infringiendo lo dispuesto por el art�culo 127 de la Ley de Amparo. Se advierte, adem�s, que el caso se encuentra comprendido dentro de los extremos previstos por el p�rrafo segundo del art�culo 125 del ordenamiento antes invocado, pues indudablemente los derechos del tercero perjudicado que pudieran afectarse con la suspensi�n, no son estimables en dinero, hip�tesis en la que, por disposici�n expresa de la ley (art�culo 127), no se admitir� contrafianza.

Queja 55/73. Asociaci�n Metropolitana de Empleados S.O.P., A.C., y R.R.�guez R.. 5 de julio de 1974. Cinco votos. Ponente: E.S.�s L�pez. Secretario: A.�n U.T.."

De la resoluci�n que se destaca en este apartado surgi� la tesis aislada, que se identifica y lee como sigue:

Novena �poca

Instancia: Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito

Fuente: Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta

Tomo: VII, marzo de 1998

Tesis: I.5o.C.74 C

P�gina: 766

ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS. AMPARO DIRECTO PROCEDENTE CONTRA LA SENTENCIA QUE LA CONVOCA. Aun cuando es cierto que la acci�n que se instaura para que el J. convoque a asamblea general de accionistas se tramita en v�a incidental, conforme al procedimiento previsto en los art�culos 1353 y 1354 del C�digo de Comercio, ello de ning�n modo significa que en dicho procedimiento incidental no se suscite controversia sobre la cuesti�n planteada, tan es as� que se tiene que demandar a la sociedad, por conducto de su administrador, de su consejo de administraci�n o de sus comisarios, por ser estos �rganos quienes est�n legitimados pasivamente para convocar a toda clase de asambleas, de conformidad con lo dispuesto por los art�culos 184 y 185 de la Ley General de Sociedades Mercantiles y, en caso de que no lo hagan, la convocatoria podr� hacerse por la autoridad judicial del domicilio de la sociedad, caracter�sticas propias de un juicio especial mercantil, de conformidad con lo establecido por el art�culo 1357 del C�digo de Comercio, precepto que se encuentra ubicado en el cap�tulo XXVIII �De los incidentes�, que se�ala que las disposiciones de ese cap�tulo ser�n aplicables a los incidentes que surjan en los juicios ejecutivos y dem�s procedimientos especiales mercantiles que no tengan tr�mite espec�ficamente se�alado para los juicios de su clase. En tal virtud, la sentencia que se dicte, una vez impugnada, es susceptible de combatirse en amparo directo en t�rminos de lo previsto por el art�culo 158 de la Ley de Amparo.

Amparo en revisi�n 15/98. G.G.O. de Montellano y otra. 29 de enero de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Efra�n O.O.. Secretario: S.N.C.."

QUINTO

Por otra parte, los antecedentes y consideraciones que sustentan la sentencia dictada por el D�cimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, por mayor�a de votos, el d�a quince de marzo de dos mil cinco, en el amparo directo civil 100/2005, que se advierten en la copia certificada glosada en autos, documental p�blica con valor probatorio pleno conforme al art�culo 202 del C�digo Federal de Procedimientos Civiles, de aplicaci�n supletoria a la Ley de Amparo, son los siguientes:

  1. En v�a de amparo directo, La Boutique de Sorrento, Sociedad An�nima, por conducto de su apoderado, demand� de la D�cima Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, la resoluci�n que en el recurso de apelaci�n modific� la de primera instancia, dictada por el Juez Quincuag�simo Noveno de lo Civil en el incidente de solicitud de convocatoria para asamblea de accionistas, modificaci�n que s�lo fue para el efecto de precisar el domicilio donde se llevar�a a cabo la asamblea.

  2. El D�cimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, a quien correspondi� conocer del asunto, al resolver el juicio de amparo directo civil 100/2005, el quince de marzo de dos mil cinco, por mayor�a de votos, se declar� jur�dicamente incompetente para conocer de la demanda, por considerar que es materia de amparo indirecto, del conocimiento de un Juez de Distrito en Materia Civil del Distrito Federal. Las consideraciones medulares en dicho fallo son las siguientes:

  1. Se destaca que la sucesi�n del titular de doscientas setenta acciones, de las seiscientas en que se divide el capital social de La Boutique de Sorrento, Sociedad An�nima, en v�a incidental, solicit� la convocatoria para asamblea de accionistas ante el Juez Quincuag�simo Noveno de lo Civil, con fundamento en las dos primeras fracciones del art�culo 185 de la Ley General de Sociedades Mercantiles; que el procedimiento se admiti� en la v�a incidental mercantil conforme a lo dispuesto por los art�culos 181, 184, 185, 205 y dem�s relativos de la Ley General de Sociedades Mercantiles, 1351, 1352 y dem�s relativos del C�digo de Comercio; que la persona moral citada, por conducto de su apoderado produjo contestaci�n al incidente instaurado, en el sentido de que se negara la solicitud; seguida la secuela procesal se pronunci� la sentencia, en que se declar� procedente el incidente y se realiz� la publicaci�n de la convocatoria para la celebraci�n de una asamblea general de accionistas.

  2. Que en el procedimiento citado no existi� contenci�n entre el accionista que pide la publicaci�n de la convocatoria con la propia empresa y en su caso el comisario de la misma, porque su materia s�lo se centr� en resolver sobre el derecho que le asiste al primero sobre esa convocatoria, y no habiendo litis planteada entre partes contendientes, se est� en presencia de actos dictados fuera de juicio de conformidad con lo que dispone el art�culo 114, fracci�n III, de la Ley de Amparo.

  3. Que en una demanda siempre existen pretensiones en contra de persona o personas determinadas y el procedimiento (contencioso) culmina siempre con una sentencia que puede ser condenatoria o absolutoria. Y en el caso, la petici�n del incidentista es la publicaci�n por parte del Juez, y no de la sociedad, de la convocatoria para la celebraci�n de una asamblea general de accionistas, la cual no tiene efectos de una demanda, ni concluye con una condena, sino constituye una mera solicitud, y la misma se formula ante el Juez para que �ste la lleve a cabo, conforme se observa del contenido de los art�culos 183, 184 y 185 de la Ley General de Sociedades Mercantiles.

  4. Que el supuesto del art�culo 185, que es conforme se promovi� la solicitud, establece que la petici�n a la convocatoria puede ser propuesta por el titular de una sola acci�n, cuando no se haya realizado alguna asamblea durante dos ejercicios consecutivos, y cuando las asambleas celebradas no se hubieren ocupado de los asuntos que indica el art�culo 181 de esa ley; que si el administrador, consejo de administraci�n o comisario, rehusaren realizar la convocatoria, o no la hicieren dentro del t�rmino de quince d�as desde que se recibi� la solicitud, �sta se formular� al Juez competente para que haga la convocatoria, previo traslado a los citados organismos de la sociedad, lo cual se decidir� siguiendo la tramitaci�n establecida para los incidentes en los juicios mercantiles, que son a los que se refieren los art�culos 1349 a 1358 del C�digo de Comercio y, en lo que interesa, concretamente los preceptos 1353 y 1354.

  5. Que la solicitud para que se convoque a una asamblea no se encuentre dirigida en contra de persona alguna, puesto que incluso no existe parte demandada, ya que s�lo podr� culminar ese procedimiento, si se estima procedente, con que el mismo J. ordene la publicaci�n de la convocatoria si la encuentra ajustada a los estatutos sociales de la empresa, haci�ndolo saber a trav�s del medio publicitario que encuentre adecuado.

  6. Que el llamamiento que se hace a los �rganos de la sociedad se otorga en funci�n del respeto a su garant�a de audiencia, y en todo caso s�lo se da para que puedan alegar y probar que s� se celebraron asambleas durante dos ejercicios consecutivos o bien, que en las celebradas se hubieren tratado los asuntos que indica el art�culo 181, as� como que la convocatoria que se intente publicar re�na los lineamientos de los estatutos sociales, pero la solicitud de publicaci�n no va dirigida en su contra, por lo que menos a�n podr�a hablarse de que el asunto se plantee con el prop�sito de que se decrete una condena en contra de �stos, puesto que el procedimiento culmina con la sola obligaci�n del propio juzgador para llevar a cabo la publicaci�n de la convocatoria con el fin de dar a conocer la celebraci�n de la asamblea general ordinaria de accionistas, y s�lo a ello se constri�e su intervenci�n.

  7. Que incluso el invocado art�culo 185 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, da el trato de una mera solicitud dirigida al Juez para la publicaci�n de la convocatoria, pero no determina que se trate de una acci�n, de ah� que su tramitaci�n la regule de manera incidental. Y debe considerarse que si de conformidad con el art�culo 1354 del C�digo de Comercio, ese tr�mite culmina con el dictado de una resoluci�n interlocutoria; entonces, en t�rminos de los art�culos 1321 y 1323 de este ordenamiento, tal sentencia no puede catalogarse como definitiva, ni por ello se ubicar�a dentro de los supuestos del art�culo 46 de la Ley de Amparo para los efectos del amparo directo.

SEXTO

De lo hasta ahora expuesto, se advierte que s� se produce la discrepancia de criterios, habida cuenta de que, ante el planteamiento de problemas esencialmente iguales, cada uno de los tribunales pronunci� una soluci�n diametralmente opuesta.

En efecto, de la rese�a de los dos asuntos, se advierte la problem�tica sobre la naturaleza jur�dica del procedimiento incidental previsto por el art�culo 185 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, ya que mientras el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito considera que se trata de un procedimiento incidental con las caracter�sticas propias de un juicio especial mercantil de conformidad con lo establecido por el art�culo 1357 del C�digo de Comercio (no 1347 como se cita equivocadamente), en que se suscita controversia sobre la cuesti�n planteada, tanto que se tiene que demandar a la sociedad por conducto de quienes est�n legitimados para convocar a toda clase de asambleas, por lo que la sentencia definitiva que se dicte una vez impugnada en cumplimiento al principio de definitividad, debe combatirse en amparo directo en t�rminos de lo previsto por el art�culo 158 de la Ley de Amparo.

Por su parte, el D�cimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito considera que no se trata de un procedimiento en que exista contenci�n entre el accionista que pide la convocatoria para la asamblea, con la propia empresa, o en su caso el comisario de la misma, y no habiendo litis planteada entre partes contendientes, se est� en presencia de actos dictados fuera de juicio conforme al art�culo 114, fracci�n III, de la Ley de Amparo, por lo que la sentencia que se dicte en ese procedimiento es una interlocutoria y no una sentencia definitiva, por lo que debe ser materia de amparo indirecto ante un Juez de Distrito en Materia Civil.

No resulta obst�culo para establecer la contradicci�n el hecho de que el acto reclamado en las demandas de amparo que motivaron el pronunciamiento de las ejecutorias que participan en esta contradicci�n, fuera distinto, en un caso el auto que admite pruebas al promovente del procedimiento incidental para convocar a asamblea general de accionistas, y en otro, la sentencia dictada en un procedimiento de igual naturaleza; ya que en ambos casos los Tribunales Colegiados se pronunciaron sobre la naturaleza del procedimiento previsto por el art�culo 185 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, para establecer que la sentencia dictada en el mismo es impugnable en amparo directo, seg�n lo resuelto por uno, o bien a trav�s del amparo indirecto, de acuerdo con el criterio del otro Tribunal Colegiado.

En consecuencia, los Tribunales Colegiados de Circuito participantes en la contradicci�n de tesis, emitieron sus consideraciones teniendo como denominador com�n el examen del proceso en forma de incidente previsto por el art�culo 185 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, y arribaron a conclusiones jur�dicamente discrepantes.

En esas circunstancias, debe concluirse que los fallos emitidos por los referidos Tribunales Colegiados de Circuito s� re�nen los requisitos necesarios para generar una contradicci�n de tesis, pues al resolver los respectivos recursos de revisi�n y amparo directo, examinaron situaciones de hecho y cuestiones jur�dicas esencialmente iguales, adoptando criterios jur�dicos discrepantes.

Ante esas referencias, resulta que el punto materia de la contradicci�n se limita a determinar la naturaleza jur�dica del proceso en forma de incidente previsto por el art�culo 185 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, esto es, si se trata de un juicio cuya resoluci�n final deba ser impugnada como sentencia definitiva mediante el amparo directo en t�rminos del art�culo 158 de la Ley de Amparo, o bien, si se trata de un acto dictado fuera de juicio en t�rminos de la fracci�n III del art�culo 114 de la propia ley, cuya resoluci�n final deba impugnarse a trav�s del amparo indirecto.

Es pertinente establecer desde ahora, que no resulta obst�culo para la existencia de la contradicci�n de tesis, el hecho de que los criterios de ambos tribunales, no constituyan jurisprudencia o el que uno de ellos no se haya formalizado en tesis, en raz�n de que de conformidad con lo dispuesto por los art�culos 107, fracci�n XIII, de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, 197 y 197-A de la Ley de Amparo, basta con que las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n o los Tribunales Colegiados de Circuito, al dictar resoluciones en asuntos de su competencia sustenten criterios diferentes sobre un mismo punto de derecho, para que proceda decidir cu�l es el que deba prevalecer.

Resulta aplicable al caso la tesis de jurisprudencia que se identifica y lee como sigue:

Novena �poca

Instancia: Pleno

Fuente: Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta

Tomo: XIII, abril de 2001

Tesis: P./J. 27/2001

P�gina: 77

CONTRADICCI�N DE TESIS. PARA QUE PROCEDA LA DENUNCIA BASTA QUE EN LAS SENTENCIAS SE SUSTENTEN CRITERIOS DISCREPANTES. Los art�culos 107, fracci�n XIII, de la Constituci�n Federal, 197 y 197-A de la Ley de Amparo establecen el procedimiento para dirimir las contradicciones de tesis que sustenten los Tribunales Colegiados de Circuito o las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n. El vocablo �tesis� que se emplea en dichos dispositivos debe entenderse en un sentido amplio, o sea, como la expresi�n de un criterio que se sustenta en relaci�n con un tema determinado por los �rganos jurisdiccionales en su quehacer legal de resolver los asuntos que se someten a su consideraci�n, sin que sea necesario que est� expuesta de manera formal, mediante una redacci�n especial, en la que se distinga un rubro, un texto, los datos de identificaci�n del asunto en donde se sostuvo y, menos a�n, que constituya jurisprudencia obligatoria en los t�rminos previstos por los art�culos 192 y 193 de la Ley de Amparo, porque ni la Ley Fundamental ni la ordinaria establecen esos requisitos. Por tanto, para denunciar una contradicci�n de tesis, basta con que se hayan sustentado criterios discrepantes sobre la misma cuesti�n por S. de la Suprema Corte o Tribunales Colegiados de Circuito, en resoluciones dictadas en asuntos de su competencia."

S�PTIMO

Precisada la existencia y el tema de la contradicci�n de tesis y examinadas las resoluciones que dieron origen a la misma, se considera que debe prevalecer la tesis jurisprudencial sustentada en la presente sentencia.

En principio, se estima conveniente advertir que, del an�lisis �ntegro de las ejecutorias dictadas por los Tribunales Colegiados Quinto y D�cimo en Materia Civil del Primer Circuito, destacadas en los considerandos precedentes, se llega al convencimiento de que los procesos instaurados ante la potestad com�n, que originaron precisamente aquellos fallos que participan en esta contradicci�n, se encuentran previstos en el art�culo 185 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, pues s�lo �ste y no el 184, prev� la tramitaci�n establecida para los incidentes en los juicios mercantiles a fin de que el �rgano jurisdiccional convoque a la asamblea general de accionistas.

Para mayor claridad es preciso transcribir el contenido de tales preceptos:

Art�culo 184. Los accionistas que representen por lo menos el treinta y tres por ciento del capital social, podr�n pedir por escrito, en cualquier tiempo al administrador o consejo de administraci�n, o a los comisarios, la convocatoria de una asamblea general de accionistas, para tratar de los asuntos que indiquen en su petici�n.

Si el administrador o consejo de administraci�n, o los comisarios se rehusaren a hacer la convocatoria, o no la hicieren dentro del t�rmino de quince d�as desde que hayan recibido la solicitud, la convocatoria podr� ser hecha por la autoridad judicial del domicilio de la sociedad, a solicitud de quienes representen el treinta y tres por ciento del capital social, exhibiendo al efecto los t�tulos de las acciones."

Art�culo 185. La petici�n a que se refiere el art�culo anterior, podr� ser hecha por el titular de una sola acci�n, en cualquiera de los casos siguientes:

  1. Cuando no se haya celebrado ninguna asamblea durante dos ejercicios consecutivos;

  2. Cuando las asambleas celebradas durante ese tiempo no se hayan ocupado de los asuntos que indica el art�culo 181.

Si el administrador o consejo de administraci�n, o los comisarios se rehusaren a hacer la convocatoria, o no la hicieren dentro del t�rmino de quince d�as desde que hayan recibido la solicitud, �sta se formular� ante el Juez competente para que haga la convocatoria, previo traslado de la petici�n al administrador o consejo de administraci�n y a los comisarios. El punto se decidir� sigui�ndose la tramitaci�n establecida para los incidentes de los juicios mercantiles."

Del contenido de tales normas, se obtiene que, s�lo el art�culo 185 prev� que se lleve a cabo la tramitaci�n establecida para los incidentes en los juicios mercantiles, en el caso de que el titular de una sola acci�n solicite ante el Juez competente la convocatoria de una asamblea general de accionistas, cuando (1) no se haya celebrado ninguna asamblea durante dos ejercicios consecutivos, o cuando (2) las celebradas no se hayan ocupado de los asuntos que les corresponde conforme a la propia ley.

Mientras que para el caso previsto en el art�culo 184, no se requiere de la tramitaci�n incidental para que el Juez competente haga la convocatoria de una asamblea general de accionistas, ya que en este supuesto, basta que ante la negativa de convocar del administrador o consejo de administraci�n o de los comisarios, la solicitud al �rgano jurisdiccional se realice por quien o quienes representen el treinta y tres por ciento del capital social, exhibiendo los t�tulos de las acciones, quienes inclusive pueden hacer la solicitud en cualquier tiempo y por cualquier asunto que indiquen en su petici�n; esto es, en el caso preciso no se establecen las exigencias de las fracciones I y II del art�culo 185.

Lo anterior, se trae a colaci�n, ya que si bien el D�cimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito en la ejecutoria dictada en el amparo directo 100/2005, expresamente destaca que el proceso en forma de incidente origen del acto reclamado es el previsto por el art�culo 185 de la ley en comento, en cambio, de la ejecutoria dictada por el Quinto Tribunal Colegiado de la misma materia y circuito en el toca 15/98, no se puntualiza expresamente, y m�s parece confundir que la tramitaci�n en forma de incidente se da en los dos supuestos normativos; empero del contexto �ntegro de la ejecutoria, se obtiene que el acto reclamado tiene su origen precisamente en el procedimiento incidental dispuesto en el art�culo 185 de la citada Ley General de Sociedades Mercantiles.

Al respecto, es ilustrativa la tesis aislada, que se identifica y lee como sigue:

Quinta �poca

Instancia: Tercera Sala

Fuente: Semanario Judicial de la Federaci�n

Tomo: XCVI

P�gina: 2243

ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS, CONVOCATORIA A, POR LA V�A JUDICIAL. El Juez de los autos procedi� conforme a derecho, al dar entrada a la promoci�n de los accionistas y convocar a asamblea, pues as� lo faculta para ello el art�culo 184 de la Ley de Sociedades Mercantiles, en su p�rrafo 2o., si consta de autos que los quejosos representan el 33% del capital social. A lo expuesto no se opone el contenido del art�culo 185 de la misma ley, pues esta forma contempla el caso en que un solo accionista pretenda que se convoque a asamblea, pues en �ste caso se limita esa oportunidad a dos casos que prev� el mismo art�culo, y su pretensi�n, presentada ya a la autoridad jurisdiccional, deber� ser conocida por el consejo de administraci�n. Lo anterior es l�gico, pues el caso a que se refiere el art�culo 184 hace relaci�n a una prueba netamente procesal, cual es el comprobar que es due�o del 33% del capital social, y no es necesario otro requisito; en cambio, el art�culo 185 se refiere a una prueba de fondo, como es el que un solo accionista demuestre que en un periodo de dos a�os, no se ha celebrado ninguna asamblea, o que si se han celebrado las asambleas, estas no se han referido al contenido del art�culo 181, y es natural y l�gico que se le d� vista al consejo para que demuestre lo inadecuado o ilegal de la pretensi�n de un s�lo accionista; en cambio, en el art�culo 184 basta la voluntad de un 33% del capital, para que se convoque a asamblea para tratar de los asuntos que indique en su petici�n.

  1. civil en revisi�n 4189/45. G�mez S. y coags. 23 de febrero de 1948. Unanimidad de cinco votos. La publicaci�n no menciona el nombre del ponente."

Ahora bien, al quedar definido que el punto materia de la contradicci�n, se limita a determinar la naturaleza jur�dica del proceso en forma de incidente previsto por el art�culo 185 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, esto es, si se trata de un juicio cuya resoluci�n final sea una sentencia definitiva que deba ser impugnada mediante el amparo directo en t�rminos del art�culo 158 de la Ley de Amparo, o bien, si se trata de un acto dictado fuera de juicio en t�rminos de la fracci�n III del art�culo 114 de la propia ley, cuya resoluci�n final deba impugnarse a trav�s del amparo indirecto; resulta obligado establecer lo que para efectos del juicio de amparo se ha entendido por "sentencia definitiva" y "juicio", dado que son conceptos jur�dicos que est�n estrechamente relacionados y se derivan de puntos controvertidos por los Tribunales Colegiados contendientes.

A ese respecto, los art�culos 44, 46 y 158 de la Ley de Amparo se�alan lo siguiente:

Art�culo 44. El amparo contra sentencias definitivas o laudos, sea que la violaci�n se cometa durante el procedimiento o en la sentencia misma, o contra resoluciones que pongan fin al juicio, se promover� por conducto de la autoridad responsable, la que proceder� en los t�rminos se�alados en los art�culos 167, 168 y 169 de esta ley."

Art�culo 46. Para los efectos del art�culo 44, se entender�n por sentencias definitivas las que decidan el juicio en lo principal, y respecto de las cuales las leyes comunes no concedan ning�n recurso ordinario por virtud del cual puedan ser modificadas o revocadas.

Tambi�n se considerar�n como sentencias definitivas las dictadas en primera instancia en asuntos judiciales del orden civil, cuando los interesados hubieren renunciado expresamente la interposici�n de los recursos ordinarios que procedan, si las leyes comunes permiten la renuncia de referencia.

Para los efectos del art�culo 44, se entender�n por resoluciones que ponen fin al juicio, aquellas que sin decidir el juicio en lo principal, lo dan por concluido, y respecto de las cuales las leyes comunes no concedan ning�n recurso ordinario por virtud del cual puedan ser modificadas o revocadas."

Art�culo 158. El juicio de amparo directo es competencia del Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda, en los t�rminos establecidos por las fracciones V y VI del art�culo 107 constitucional, y procede contra sentencias definitivas o laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de los cuales no proceda ning�n recurso ordinario por el que puedan ser modificados o revocados, ya sea que la violaci�n se cometa en ellos o que, cometida durante el procedimiento, afecte a las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, y por violaciones de garant�as cometidas en las propias sentencias, laudos o resoluciones indicados.

Para los efectos de este art�culo, s�lo ser� procedente el juicio de amparo directo contra sentencias definitivas o laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictados por tribunales civiles, administrativos o del trabajo, cuando sean contrarios a la letra de la ley aplicable al caso, a su interpretaci�n jur�dica o a los principios generales del derecho a falta de ley aplicable, cuando comprendan acciones, excepciones o cosas que no hayan sido objeto del juicio, o cuando no las comprendan todas, por omisi�n o negaci�n expresa.

Cuando dentro del juicio surjan cuestiones, que no sean de imposible reparaci�n, sobre constitucionalidad de leyes, tratados internacionales o reglamentos, s�lo podr�n hacerse valer en el amparo directo que proceda en contra de la sentencia definitiva, laudo o resoluci�n que pongan fin al juicio."

De lo anterior se obtienen los siguientes elementos:

El citado art�culo 46 precisa lo que debe entenderse por sentencia definitiva, y cu�ndo una resoluci�n pone fin al juicio.

As�, se est� en presencia de una "sentencia definitiva", en dos casos, a saber:

  1. Cuando la sentencia decide el juicio en lo principal y respecto de la cual las leyes no concedan ning�n recurso ordinario, en virtud del cual pueda ser modificada o revocada.

  2. La sentencia dictada en primera instancia, en asuntos judiciales del orden civil, cuando los interesados (las dos partes) hubieren renunciado expresamente a la interposici�n de los recursos ordinarios que procedan, siempre que la ley as� lo autorice.

De acuerdo con el art�culo 44 de la Ley de Amparo, tambi�n es jur�dicamente factible promover amparo contra resoluciones que pongan fin al juicio.

A ese respecto, el referido art�culo 46 precisa que se entender� por resoluci�n que pone fin al juicio, aquella que, sin decidirlo en lo principal, lo da por concluido, y respecto de la cual las leyes comunes no concedan ning�n recurso ordinario.

Por su parte, el art�culo 158 de la Ley de Amparo se refiere al �rgano jurisdiccional competente para conocer de amparos promovidos contra sentencias definitivas y, por extensi�n, contra laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, siempre que en todos los casos sean dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de los cuales no proceda ning�n recurso ordinario.

Debe ponerse de manifiesto que, conforme al principio de definitividad, existe la obligaci�n legal y deber jur�dico de agotar los recursos ordinarios previstos en las leyes, antes de acudir al amparo. La falta de cumplimiento de esa obligaci�n acarrea la improcedencia del juicio de garant�as.

Lo anterior se corrobora con lo dispuesto en el art�culo 73, fracci�n XIII, de la Ley de Amparo.

La sentencia definitiva es pues la resoluci�n del �rgano jurisdiccional que dirime, con fuerza vinculativa una controversia entre partes, respecto de la cual la ley com�n no establece alg�n recurso por medio del cual pueda ser revocada o modificada.

Por otra parte, en t�rminos generales la expresi�n "juicio" tiene dos grandes significados en el derecho procesal. En sentido amplio se le utiliza como sin�nimo de proceso y, m�s espec�ficamente, como sin�nimo de procedimiento o secuencia ordenada de actos a trav�s de los cuales se desenvuelve todo un proceso.

En general, juicio es sin�nimo de procedimiento para sustanciar una determinada categor�a de litigios, y significa por tanto lo mismo que proceso jurisdiccional.

En sentido m�s restringido, tambi�n se emplea la palabra juicio para designar s�lo una etapa del proceso e incluso un solo acto, la sentencia misma.

En la doctrina jur�dica, la legislaci�n y la jurisprudencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Naci�n se utiliza la expresi�n "juicio" en el significado amplio, no restringido y, por ende, se ha dicho que para los efectos del juicio de amparo, debe entenderse el procedimiento contencioso desde que se inicia con la presentaci�n de la demanda ante el �rgano jurisdiccional correspondiente y concluye con la sentencia definitiva o alguna resoluci�n que sin decidir el juicio en lo principal lo da por concluido.

Elemento caracter�stico del juicio, entendido �ste, el que termina en forma natural con la sentencia definitiva, es sin duda la existencia de una contienda, esto es, una controversia, litigio, disputa entre partes con intereses opuestos que constituye la forma habitual pero no necesaria del proceso o juicio; es decir puede existir un proceso sin que exista una contienda entre partes, mas se reitera que para efectos del amparo, el juicio a que se refiere el art�culo 46 de la Ley de Amparo, no puede ser otro que el definido en t�rminos amplios como el conjunto de relaciones jur�dicas entre las partes, los agentes de la jurisdicci�n y los auxiliares de �sta, regulado por la ley y dirigido a la soluci�n de un conflicto, susceptible de ser dirimido por una decisi�n pasada en autoridad de cosa juzgada; esto es, el procedimiento contencioso que inicia con la demanda y termina con la sentencia definitiva.

Establecido que un elemento caracter�stico del "juicio", para los efectos del juicio de amparo, es el procedimiento "contencioso", que por oposici�n al voluntario, d�cese del ejercicio de aquel tipo de funci�n jurisdiccional en que existe oposici�n de partes y se requiere una sentencia que dirima el conflicto sometido a la justicia; procede ahora establecer que el procedimiento previsto por el art�culo 185 de la Ley General de Sociedades Mercantiles participa de la naturaleza jur�dica del "juicio" y que, por ende, la sentencia que le pone fin, tiene la caracter�stica propia de la "sentencia definitiva" susceptible de reclamarse en el amparo directo en t�rminos del art�culo 158 de la Ley de Amparo.

Se concluye as�, en principio porque la propia Ley General de Sociedades Mercantiles califica ese procedimiento en forma expresa como un "juicio", esto en el art�culo 205 que en forma literal se lee como sigue:

Art�culo 205. Para el ejercicio de las acciones judiciales a que se refieren los art�culos 185 y 201, los accionistas depositar�n los t�tulos de sus acciones ante notario o en una instituci�n de cr�dito, quienes expedir�n el certificado correspondiente para acompa�arse a la demanda y los dem�s que sean necesarios para hacer efectivos los derechos sociales.

Las acciones depositadas no se devolver�n sino hasta la conclusi�n del juicio."

A�n m�s, el mismo precepto califica como "acci�n judicial", la prevista por el art�culo 185 de la ley en comento, entendida la acci�n como el poder jur�dico de provocar la actividad de juzgamiento de un �rgano que decida los litigios de intereses jur�dicos. Derecho de acci�n que se corresponde con el derecho de contradicci�n que se identifica con el derecho de defensa frente a las pretensiones del demandante.

Tanto el derecho de acci�n como el de contradicci�n se encuentran perfectamente definidos en el procedimiento dispuesto en el art�culo 185 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, en tanto que el primero, corresponde al titular de una sola acci�n de la sociedad, para solicitar al Juez que convoque a una asamblea general de accionistas, cuando el administrador o el consejo de administraci�n o los comisarios se hayan rehusado a hacer la convocatoria; mientras que el derecho de contradicci�n corresponde a �stos, quienes ante el J. y una vez que se les haya corrido "traslado" podr�n oponerse a la demanda que formule el titular de esa sola acci�n inclusive, cuya procedencia desde luego queda condicionada a que se satisfagan los requisitos previstos en las fracciones I y II del dispositivo legal en comento, a saber, que no se haya celebrado ninguna asamblea durante dos ejercicios consecutivos o bien cuando las asambleas celebradas durante ese tiempo no se hayan ocupado de los asuntos que indica el art�culo 181 de la ley de la materia.

As� las cosas, de la literalidad de los art�culos 185 y 205 de la Ley General de Sociedades Mercantiles se llega al convencimiento de que la "acci�n", que se ejerce para que el J. convoque a una asamblea general de accionistas, constituye propiamente un "juicio" para los efectos del juicio de amparo, en que se suscita contienda entre partes, tanto que el propio art�culo 185 alude al "traslado", que debe darse al administrador o consejo de administraci�n y a los comisarios, con la petici�n al �rgano judicial de convocar a la asamblea general de accionistas, concepto que se define como la acci�n y efecto de comunicar a la parte contraria un escrito o documento, para que haga valer contra �l las defensas de que se crea asistida.

Por otra parte, la circunstancia de que el art�culo 185 de la Ley General de Sociedades Mercantiles disponga que la acci�n ah� prevista deba decidirse "sigui�ndose la tramitaci�n establecida para los incidentes de los juicios mercantiles" no da al procedimiento de que se trata la caracter�stica propia de un incidente, s�lo significa que el juicio contradictorio en que habr� de resolverse por el Juez competente si convoca o no a la asamblea general de accionistas, debe sujetarse a las reglas procesales de tales incidentes, las contenidas en los art�culos 1349 a 1358, particularmente las de los art�culos 1353 a 1355, que se leen como sigue:

Art�culo 1353. Cualquier otro tipo de incidentes diferentes a los se�alados en el art�culo anterior, se har�n valer por escrito, y al promoverse el incidente o al darse contestaci�n al mismo, deber�n proponerse en tales escritos las pruebas, fijando los puntos sobre las que versen las mismas. De ser procedentes las pruebas que ofrezcan las partes, se admitir�n por el tribunal, se�alando fecha para su desahogo en audiencia indiferible que se celebrar� dentro del t�rmino de ocho d�as, mandando preparar aquellas pruebas que as� lo ameriten."

Art�culo 1354. En la audiencia incidental se recibir�n las pruebas y acto seguido los alegatos que podr�n ser verbales citando para dictar la interlocutoria que proceda la que se pronunciar� y notificar� a las partes dentro de los ocho d�as siguientes."

Art�culo 1355. Cuando las partes no ofrezcan pruebas o las que propongan no se admitan, una vez contestado el incidente o transcurrido el t�rmino para hacerlo, el Juez citar� a las partes para o�r la interlocutoria que proceda, la que se pronunciar� y notificar� a las partes dentro de los tres d�as siguientes."

Se robustece la consideraci�n de que la acci�n prevista por el art�culo 185 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, no es un incidente, por m�s que para su ejercicio el procedimiento se lleve a cabo con las reglas previstas para la sustanciaci�n de aqu�llos, con la circunstancia de que el propio C�digo de Comercio en su art�culo 1357 establece que las disposiciones de ese cap�tulo tambi�n son aplicables en los dem�s procedimientos especiales mercantiles que no tengan tr�mite especialmente se�alado para los juicios de su clase, seg�n se lee a continuaci�n:

Art�culo 1357. Las disposiciones de este cap�tulo ser�n aplicables a los incidentes que surjan en los juicios ejecutivos y dem�s procedimientos especiales mercantiles que no tengan tr�mite espec�ficamente se�alado para los juicios de su clase."

Es decir, el legislador, consciente de la existencia de diversos juicios, distintos de los ejecutivos u ordinarios mercantiles por ejemplo, para los que dispuso procedimientos espec�ficos, estableci� en el dispositivo en comento que las reglas de procedimiento de los incidentes, sean aplicables a todos aquellos juicios que no tengan tr�mite espec�ficamente se�alado en la ley.

As� las cosas, contrario a lo que se sostiene en la sentencia emitida por mayor�a de votos, del D�cimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, el contenido del art�culo 185 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, en concordancia con el art�culo 205 de la propia ley, revela la existencia de una acci�n tendente a obtener por parte del Juez la convocatoria a una asamblea general de accionistas, que se tramita mediante un juicio contradictorio seguido con las reglas procedimentales de los incidentes previstos en el C�digo de Comercio, donde la parte actora es el titular incluso de una sola acci�n de la empresa, la parte demandada el administrador, consejo de administraci�n o los comisarios a quienes se les debe correr traslado, quienes en virtud de la determinaci�n que en sentencia definitiva llegue a tomar el Juez competente sustituy�ndose a aqu�llos, sobre la procedencia de la convocatoria a una asamblea general de accionistas, que ellos en particular fueron renuentes a convocar, quedan vinculados indefectiblemente a su acatamiento; procedimiento judicial que al tomar la forma de los incidentes que regula el C�digo de Comercio, ofrece a la demandada no s�lo la oportunidad de oponerse a la solicitud, sino que adem�s la de ofrecer pruebas y alegar, e incluso la de impugnar la determinaci�n correspondiente, caracter�sticas propias del debido proceso que exige la garant�a de seguridad jur�dica de audiencia prevista por el art�culo 14 constitucional; de ah� que la sentencia definitiva que se dicte en el juicio es susceptible de reclamarse en amparo directo en t�rminos del art�culo 158 de la Ley de Amparo.

En las relatadas condiciones, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n considera que debe prevalecer con car�cter de jurisprudencia la tesis que dice:

ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS. EL PROCEDIMIENTO EN FORMA DE INCIDENTE PREVISTO EN EL ART�CULO 185 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES TIENE LA NATURALEZA DE JUICIO Y, POR ENDE, LA SENTENCIA QUE LE PONE FIN ES IMPUGNABLE A TRAV�S DEL AMPARO DIRECTO.-

De los art�culos 185 y 205 de la Ley General de Sociedades Mercantiles se advierte la existencia de una acci�n judicial tendente a obtener de parte del Juez la convocatoria a una asamblea general de accionistas, la cual se tramita mediante un juicio contradictorio seguido conforme a las reglas procesales de los incidentes previstos en el C�digo de Comercio, donde la parte actora es el titular incluso de una sola acci�n de la empresa -en los casos expresamente se�alados en la ley citada- y el demandado puede ser el administrador, el consejo de administraci�n o los comisarios, a quienes se les correr� traslado, los cuales en virtud de la determinaci�n que en sentencia definitiva se dicte sobre la procedencia de la convocatoria a tal asamblea, que ellos en particular fueron renuentes a celebrar, quedan vinculados a acatarla; procedimiento judicial que al tomar la forma de los incidentes que regula el mencionado C�digo, da a la demandada la oportunidad de oponerse a la solicitud, ofrecer pruebas y alegar, e incluso impugnar la determinaci�n correspondiente, caracter�sticas propias del debido proceso que exige la garant�a de seguridad jur�dica de audiencia prevista en el art�culo 14 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos; de ah� que la sentencia que se dicte en el juicio es susceptible de reclamarse en amparo directo, previa satisfacci�n del principio de definitividad, en t�rminos del art�culo 158 de la Ley de Amparo.

Lo resuelto no afecta las situaciones jur�dicas concretas derivadas de los juicios de amparo en los cuales se dictaron las ejecutorias materia de la contradicci�n, por as� ordenarlo el art�culo 197-A, p�rrafo segundo, de la Ley de Amparo.

Por lo expuesto y fundado, se resuelve:

PRIMERO

S� existe la contradicci�n de tesis a que este expediente 63/2005-PS se refiere, en los t�rminos del considerando sexto de esta resoluci�n.

SEGUNDO

Debe prevalecer con car�cter de jurisprudencia, el criterio sustentado por esta Primera Sala, en los t�rminos de la tesis redactada en el �ltimo considerando del presente fallo.

TERCERO

D�se publicidad a la tesis jurisprudencial que se sustenta en la presente resoluci�n, en t�rminos del art�culo 195 de la Ley de Amparo.

N.�quese; c�mplase y, en su oportunidad, arch�vese el toca relativo a la presente contradicci�n de tesis, como asunto concluido.

As� lo resolvi� la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, por mayor�a de cuatro votos de los Se�ores Ministros: S.A.V.H.�ndez, J.N.S.M. (ponente), J.R.�n C.�o D�az y presidenta O.S.C. de G.�a V.. V.� en contra el Ministro Jos� de Jes�s G.�o P., quien manifest� que formular�a voto particular.

Tesis:

N�mero tesis: 177076

Rubro: ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS. EL PROCEDIMIENTO EN FORMA DE INCIDENTE PREVISTO EN EL ART�CULO 185 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES TIENE LA NATURALEZA DE JUICIO Y, POR ENDE, LA SENTENCIA QUE LE PONE FIN ES IMPUGNABLE A TRAV�S DEL AMPARO DIRECTO.

Localizacion: 9a. �poca; 1a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; XXII, Octubre de 2005; P�g. 103; [J];