Ejecutoria num. 2a./J. 90/2005 de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala - Jurisprudencia - VLEX 26823697

Ejecutoria num. 2a./J. 90/2005 de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala

Emisor:Segunda Sala
Número de Resolución:2a./J. 90/2005
Localizacion:GENARO DAVID GÓNGORA PIMENTEL.
Materia:Suprema Corte de Justicia de México
Fecha de Publicación: 1 de Septiembre de 2005
RESUMEN

INFONAVIT. LA INSCRIPCIÓN DEL INMUEBLE A FAVOR DE LOS BENEFICIARIOS DEL TRABAJADOR FALLECIDO DESIGNADOS POR LA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE, PUEDE HACERSE ANTE EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD SIN NECESIDAD DE FORMALIZAR LA ADJUDICACIÓN RESPECTIVA MEDIANTE ESCRITURA PÚBLICA.

 
ÍNDICE
CONTENIDO

INFONAVIT. LA INSCRIPCI�N DEL INMUEBLE A FAVOR DE LOS BENEFICIARIOS DEL TRABAJADOR FALLECIDO DESIGNADOS POR LA JUNTA DE CONCILIACI�N Y ARBITRAJE, PUEDE HACERSE ANTE EL REGISTRO P�BLICO DE LA PROPIEDAD SIN NECESIDAD DE FORMALIZAR LA ADJUDICACI�N RESPECTIVA MEDIANTE ESCRITURA P�BLICA.

INFONAVIT. LA ADJUDICACI�N DEL INMUEBLE A FAVOR DE LOS BENEFICIARIOS DEL TRABAJADOR FALLECIDO, DESIGNADOS POR LA JUNTA DE CONCILIACI�N Y ARBITRAJE, DA LUGAR A SU INSCRIPCI�N EN EL REGISTRO P�BLICO DE LA PROPIEDAD POR VIRTUD DE LA FUERZA LEGAL DEL LAUDO QUE AS� LO ORDENA.

CONTRADICCI�N DE TESIS 39/2005-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO Y CUARTO TRIBUNALES COLEGIADOS, AMBOS EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO.

MINISTRO PONENTE: G.D.G.P..

SECRETARIA: MAR�A MARCELA RAM�REZ CERRILLO.

CONSIDERANDO:

TERCERO

El Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito al resolver el juicio de amparo directo DT. 15842/2004 promovido por R.M.�a C.�s, determin� conceder el amparo solicitado, apoy�ndose en s�ntesis, en las consideraciones siguientes:

� Que la Junta responsable no estuvo en lo correcto al haber absuelto al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores de la adjudicaci�n y escrituraci�n del inmueble respecto del cual le fue otorgado el cr�dito correspondiente al extinto trabajador.

� Que la Ley Federal del Trabajo, en sus art�culos 137, 139, 140, 145, en su primer p�rrafo y 152 disponen que el Fondo Nacional de la Vivienda tendr� por objeto crear sistemas de financiamiento que permitan a los trabajadores obtener cr�dito barato y suficiente para adquirir en propiedad habitaciones c�modas e higi�nicas; que la ley que crea dicho organismo regular� los procedimientos y formas conforme a los cuales los trabajadores podr�n adquirir en propiedad habitaciones y obtener los cr�ditos; que los cr�ditos que se otorguen por el organismo estar�n cubiertos por un seguro, para los casos de incapacidad total permanente o de muerte, que libere al trabajador o a sus beneficiarios de las obligaciones, grav�menes o limitaciones de dominio a favor del citado organismo derivadas de esos cr�ditos; y, que los trabajadores tendr�n derecho a ejercitar ante las Juntas de Conciliaci�n y Arbitraje las acciones individuales y colectivas que deriven del incumplimiento de las obligaciones impuestas en este cap�tulo.

� Que los art�culos 501, en su fracci�n II y 503, en su fracci�n I, de la Ley Federal del Trabajo establecen que para el pago de la indemnizaci�n en los casos de muerte por riesgo de trabajo, la Junta de Conciliaci�n y Arbitraje ante la que se reclame el pago de la indemnizaci�n, mandar� practicar dentro de las veinticuatro horas siguientes una investigaci�n encaminada a averiguar qu� personas depend�an econ�micamente del trabajador y ordenar� se fije un aviso en lugar visible del establecimiento donde prestaba sus servicios, convocando a los beneficiarios para que comparezcan ante la Junta de Conciliaci�n y Arbitraje, dentro de un t�rmino de treinta d�as, a ejercitar sus derechos.

� Que el art�culo 115 de la propia Ley Federal del Trabajo dispone que los beneficiarios del trabajador fallecido tendr�n derecho a percibir las prestaciones e indemnizaciones pendientes de cubrirse, ejercitar las acciones y continuar los juicios, sin necesidad de juicio sucesorio.

� Que por su parte, el art�culo 51 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores en sus p�rrafos primero, sexto y s�ptimo previene que los cr�ditos que el instituto otorgue a los trabajadores estar�n cubiertos por un seguro para los casos de incapacidad total permanente o de muerte, que libere al trabajador o a sus beneficiarios de las obligaciones, grav�menes o limitaciones de dominio a favor del instituto derivados de esos cr�ditos y que los trabajadores acreditados podr�n manifestar expresamente su voluntad ante el instituto, en el acto del otorgamiento del cr�dito o posteriormente, para que en caso de muerte, la liberaci�n de las obligaciones, grav�menes o limitaciones de dominio que existan a favor del instituto, as� como la adjudicaci�n del inmueble libre de aqu�llos, se haga en beneficio de las personas que designen conforme a lo que se�ala el art�culo 40 de esta ley, con la prelaci�n ah� establecida cuando as� lo haya manifestado expresamente el trabajador, con s�lo las formalidades previstas en el pen�ltimo p�rrafo del art�culo 42 de esta misma ley y la constancia que asiente el instituto sobre la voluntad del trabajador y los medios con que se acrediten la capacidad e identidad de los beneficiarios y que en caso de controversia, el instituto proceder� exclusivamente a la liberaci�n referida y se abstendr� de adjudicar el inmueble; que los Registros P�blicos de la Propiedad correspondientes deber�n efectuar la inscripci�n de los inmuebles en favor de los beneficiarios, cancelando en consecuencia la que existiere a nombre del trabajador y los grav�menes o limitaciones de dominio que hubieren quedado liberados.

� Que la prestaci�n que reclam� la actora del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores deriva de la relaci�n laboral del extinto trabajador y acorde a los principios del derecho laboral, que tienden a proteger a los leg�timos beneficiarios de dicho trabajador por causa de su fallecimiento, ya que �stos no cuentan con m�s medios econ�micos que el de la remuneraci�n directa y accesoria, salarios y prestaciones econ�micas, derivadas del trabajo de aqu�l, y por lo mismo, para reclamarlas no pueden esperar la dilatada tramitaci�n de un juicio sucesorio, que adem�s exige gastos casi inaccesibles a la gran mayor�a de los dependientes de un obrero, por lo que la costumbre en un principio, ha exigido, llenando una laguna de la ley que no se consideren como bienes hereditarios, las prestaciones que se derivan de un contrato de trabajo y en la actualidad se encuentra plasmado en el invocado art�culo 115 de la Ley Federal del Trabajo, estableciendo, por su parte la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores en su art�culo 53 la competencia de las Juntas para conocer de esos juicios; es decir, que son los propios ordenamientos legales ya invocados los que se encargan de establecer los procedimientos y mecanismos para que se reconozca a los dependientes econ�micos o beneficiarios, derecho para exigirlas y percibirlas acudiendo para tal efecto al procedimiento laboral.

� En tal virtud, es inexacto lo razonado por la responsable en el sentido de que deben dejarse a salvo los derechos de la actora para que los deduzca en la v�a procesal procedente, pues si la demandante acudi� ante la Junta responsable para que se le reconociera el car�cter de �nica y leg�tima beneficiaria de los derechos derivados de la relaci�n laboral de su extinto esposo, y si fue declarada como �nica y leg�tima beneficiaria, ello hace procedente la liberaci�n de los grav�menes del cr�dito de vivienda otorgado al trabajador fallecido, as� como la adjudicaci�n y escrituraci�n correspondiente a su favor, sin necesidad de tramitar el juicio sucesorio, puesto que basta que en el juicio laboral se acredite la calidad de beneficiaria del extinto trabajador y que no existi� controversia sobre ese derecho, para que prospere tal pretensi�n, y al no haberlo estimado y resuelto as�, la Junta responsable viol� en perjuicio de la quejosa el art�culo 842 de la Ley Federal del Trabajo y por consiguiente las garant�as consagradas en los art�culos 14 y 16 constitucionales.

� Concedi� el amparo para el efecto de que la responsable deje insubsistente el laudo reclamado, y dicte otro en el que siguiendo los lineamientos de esta ejecutoria, establezca que si la actora fue declarada como �nica y leg�tima beneficiaria de los derechos laborales del extinto trabajador �scar T.G., ello trae como consecuencia no solamente la liberaci�n, sino tambi�n la adjudicaci�n y escrituraci�n a favor de la demandante del bien objeto del cr�dito de vivienda otorgado a dicho trabajador.

CUARTO

El Cuarto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, cuyo criterio se denuncia como contrario al sostenido por el tribunal mencionado anteriormente, al resolver el amparo directo DT. 16424/2004 (823), interpuesto por Mar�a A.C.�s V., determin� conceder el amparo, apoy�ndose en lo conducente, en las siguientes consideraciones:

� Que en los casos de muerte de un trabajador y conforme a lo previsto por los art�culos 501, fracci�n I, 502 y 503 de la Ley Federal del Trabajo, cuando existe una reclamaci�n relacionada con cr�ditos para vivienda otorgados por el instituto demandado, los beneficiarios del de cujus tienen el derecho de optar por intentar el recurso de inconformidad ante el propio organismo, que prev� el art�culo 52 antes mencionado, o acudir directamente ante la Junta Federal de Conciliaci�n y Arbitraje, a deducir sus derechos, o bien ante los tribunales competentes (en materia civil), como lo dispone el diverso numeral 53, motivo por el cual fue contrario a derecho que la responsable se negara a resolver sobre la adjudicaci�n y escrituraci�n de referencia conforme a derecho procediera, con el argumento de que se trataba de cuestiones que deb�an tramitarse en un juicio sucesorio de materia civil, pues en todo caso debi� resolver tales cuestiones conforme a lo mandado expresamente por el art�culo 51 de la Ley Federal del Trabajo, por ser el que regula lo anterior.

� Que si bien es cierto que el art�culo 51 de la ley del instituto, en su primer p�rrafo s�lo dispone que los cr�ditos otorgados a los trabajadores estar�n cubiertos por un seguro de muerte que libere a los beneficiarios de las obligaciones, grav�menes o limitaciones de dominio a favor del organismo derivados de esos cr�ditos, no menos exacto es que en el p�rrafo sexto tambi�n se establece que los trabajadores acreditados podr�n designar beneficiarios para que en caso de muerte se les libere de las mismas.

� Que aunque no se est� en el supuesto de que el trabajador haya designado en vida como beneficiaria a su esposa ante el instituto, no puede soslayarse que esta falta de designaci�n de beneficiaria en forma personal y directa, est� sustituida por la resoluci�n de la Junta conforme a las obligaciones que tiene asignadas al respecto por los art�culos 501, fracci�n I, 502 y 503 de la Ley Federal del Trabajo, por lo que si la actora ejerci� su derecho de acudir ante dicha autoridad jurisdiccional para tal efecto, de acuerdo con lo previsto por el art�culo 53 de la ley del instituto, resulta incuestionable que aqu�lla no s�lo debi� declararla leg�tima beneficiaria del de cujus y ordenar la liberaci�n del cr�dito, sino que tambi�n debi� condenar a la adjudicaci�n del inmueble en su favor, no as� a la escrituraci�n, por no regularlo as� expresamente el art�culo 51 de la ley del instituto, como s� sucede en el caso de la adjudicaci�n.

� La adjudicaci�n s� procede, en raz�n de que no obstante lo previsto en la parte final del p�rrafo sexto del art�culo 51 de la ley del instituto, resulta que el art�culo 115 de la Ley Federal del Trabajo dispone expresamente que los beneficiarios del trabajador fallecido tendr�n derecho a percibir las prestaciones e indemnizaciones pendientes de cubrirse, ejercitar las acciones y continuar los litigios, sin necesidad de juicio sucesorio.

� Lo procedente es conceder a la quejosa el amparo y protecci�n de la Justicia Federal, para el solo efecto de que la Junta responsable dicte otro laudo en el que manteniendo el sentido condenatorio del anterior y siguiendo los lineamientos contenidos en esta ejecutoria, condene tambi�n al demandado a la adjudicaci�n del inmueble en favor de aqu�lla.

QUINTO

Como cuesti�n previa, cabe determinar si la presente contradicci�n de tesis re�ne o no los requisitos para su existencia, conforme lo dispone la jurisprudencia n�mero P./J. 26/2001, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, publicada en el Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, Novena �poca, T.X., abril de 2001, p�gina 76, que dice:

CONTRADICCI�N DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA. De conformidad con lo que establecen los art�culos 107, fracci�n XIII, primer p�rrafo, de la Constituci�n Federal y 197-A de la Ley de Amparo, cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, o la Sala que corresponda deben decidir cu�l tesis ha de prevalecer. Ahora bien, se entiende que existen tesis contradictorias cuando concurren los siguientes supuestos: a) Que al resolver los negocios jur�dicos se examinen cuestiones jur�dicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jur�dicos discrepantes; b) Que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jur�dicas de las sentencias respectivas; y, c) Que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos."

Los anteriores requisitos se encuentran satisfechos, pues en ambos casos, por demanda presentada ante la Junta Federal de Conciliaci�n y Arbitraje, se solicit� la declaraci�n a favor de las actoras como �nicas y leg�timas beneficiarias de los derechos derivados de la relaci�n de trabajo de los extintos trabajadores, y del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, la liberaci�n del cr�dito que le fuera otorgado al trabajador, as� como la adjudicaci�n de la vivienda respectiva y la escrituraci�n correspondiente.

La autoridad responsable dict� los laudos correspondientes en los que declar� como beneficiaria del trabajador fallecido a cada una de las actoras, conden� al instituto demandado a la liberaci�n total del cr�dito y absolvi� al propio instituto de la adjudicaci�n y escrituraci�n de la vivienda, considerando que el art�culo 51 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores establece que en casos de controversia el instituto proceder� a la liberaci�n y se abstendr� de adjudicar el inmueble, aunado a que el mismo pertenece a la masa hereditaria que quedar� sujeto a una cuesti�n sucesoria.

Contra dichas resoluciones las actoras interpusieron juicios de amparo directo, de los que por raz�n de turno correspondi� conocer a los tribunales cuyos criterios contienden en el presente asunto y los que resolvieron con base en los razonamientos se�alados en los resultandos tercero y cuarto que anteceden.

Sobre tales antecedentes, aparece de las resoluciones pronunciadas por los mencionados Tribunales Colegiados, que en los casos sometidos a su consideraci�n, el Segundo en Materia de Trabajo del Primer Circuito, b�sicamente sostiene que si la actora fue declarada como �nica y leg�tima beneficiaria, ello hace procedente la adjudicaci�n y escrituraci�n correspondiente del bien inmueble a su favor, sin necesidad de tramitar el juicio sucesorio, puesto que basta que en el juicio laboral se acredite la calidad de beneficiaria del extinto trabajador y que no existi� controversia sobre ese derecho, para que prospere tal pretensi�n.

En cambio, el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, estim� que si la actora ejerci� su derecho de acudir ante la Junta Federal de Conciliaci�n y Arbitraje, de acuerdo con lo previsto por el art�culo 53 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, resulta incuestionable que aqu�lla no s�lo debi� declararla leg�tima beneficiaria del de cujus y ordenar la liberaci�n del cr�dito, sino que tambi�n debi� condenar a la adjudicaci�n del inmueble en su favor, no as� a la escrituraci�n, por no regularlo as� expresamente el art�culo 51 de la ley del instituto, como s� sucede en el caso de la adjudicaci�n.

En consecuencia, el punto jur�dico materia de la presente contradicci�n de tesis consiste en determinar si efectuada la declaraci�n de beneficiarios por la Junta Federal de Conciliaci�n y Arbitraje y, en consecuencia, la adjudicaci�n de la vivienda obtenida con un cr�dito concedido al trabajador fallecido, procede o no la escrituraci�n correspondiente al traslado de dominio, de conformidad con lo dispuesto en el art�culo 51, p�rrafo sexto, de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.

SEXTO

Este �rgano colegiado considera que respecto del problema jur�dico planteado, debe prevalecer con car�cter jurisprudencial, el criterio que a continuaci�n se desarrolla.

De los antecedentes narrados respecto de las ejecutorias de que se trata, aparece que por demanda presentada ante la Junta Federal de Conciliaci�n y Arbitraje, se solicit� la declaraci�n en favor de las actoras como �nicas y leg�timas beneficiarias de los derechos derivados de la relaci�n de trabajo de los extintos trabajadores, y del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, la liberaci�n del cr�dito que le fuera otorgado al trabajador y, como consecuencia, la adjudicaci�n de la vivienda respectiva y la escrituraci�n correspondiente, con base en lo dispuesto en el art�culo 51 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.

Por su parte, el demandado Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, ha contestado las respectivas demandas, se�alando la improcedencia de la adjudicaci�n y escrituraci�n de la vivienda afirmando, especialmente, que el inmueble pertenece a la masa hereditaria de la sucesi�n de los bienes del extinto trabajador, por lo que adjudicar y escriturar a favor de persona alguna, habr� de hacerse hasta en tanto se sustancie el juicio sucesorio correspondiente, lo que debe hacerse por la v�a civil, aclarando, adem�s, que el instituto no es propietario del bien de referencia sino que s�lo ha intervenido como acreedor hipotecario.

Igualmente, se�ala que los art�culos 145 de la Ley Federal del Trabajo y 51 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, no disponen que el instituto tenga la obligaci�n de otorgar tales prestaciones, por lo que carece de fundamento para acceder a las pretensiones de los demandantes.

En relaci�n con lo anterior, esta Segunda Sala ha hecho pronunciamiento en lo que se refiere a la adjudicaci�n de la vivienda a los beneficiarios del trabajador fallecido, considerando su procedencia, seg�n criterio establecido en la jurisprudencia 2a./J. 191/2004, que enseguida se cita:

INFONAVIT. LA DECLARACI�N DE BENEFICIARIOS POR LA JUNTA FEDERAL DE CONCILIACI�N Y ARBITRAJE DA LUGAR A LA ADJUDICACI�N DEL INMUEBLE ADQUIRIDO POR EL TRABAJADOR FALLECIDO CON UN CR�DITO OTORGADO POR AQUEL INSTITUTO. De la exposici�n de motivos de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, as� como de sus reformas, se advierte la preocupaci�n del legislador por el establecimiento de un seguro que cubra las obligaciones contra�das por los trabajadores al obtener cr�ditos para vivienda, en caso de incapacidad total permanente o de muerte, as� como la conveniencia de que los beneficiarios del trabajador fallecido obtengan directamente y en forma simplificada la titulaci�n de la vivienda objeto del cr�dito otorgado, incorporando as� el sentido social del derecho sucesorio que opera en materia laboral, sin necesidad de tramitar un juicio de esa naturaleza, y que las controversias que se presenten entre ese instituto y los trabajadores o sus beneficiarios ser�n resueltas por la Junta Federal de Conciliaci�n y Arbitraje. En esa virtud, si bien es cierto que el pen�ltimo p�rrafo del art�culo 51 de la ley citada prev� que los trabajadores acreditados podr�n manifestar expresamente su voluntad en el acto del otorgamiento del cr�dito o posteriormente, para que en caso de su muerte, la liberaci�n de las obligaciones, grav�menes o limitaciones de dominio que existan a favor del citado instituto, as� como la adjudicaci�n del inmueble libre de aqu�llos, se haga a favor de los beneficiarios designados por el trabajador, tambi�n lo es que ante la falta de tal designaci�n, tanto la liberaci�n de grav�menes como la adjudicaci�n de la vivienda se har� a la o las personas que acrediten el car�cter de beneficiarios en el orden de prelaci�n se�alado en el art�culo 501 de la Ley Federal del Trabajo, por disposici�n del �ltimo p�rrafo del art�culo 193 de la Ley del Seguro Social, al cual remite el art�culo 40 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores; de ah� que una vez realizada la declaratoria de beneficiarios por parte de la Junta Federal de Conciliaci�n y Arbitraje, como consecuencia directa e inmediata procede la adjudicaci�n del inmueble. Lo anterior, con independencia de que deber� atenderse en cada caso en particular a las disposiciones aplicables seg�n la fecha en que cada cr�dito fue otorgado." (Tesis 2a./J. 191/2004, Novena �poca, Segunda Sala, Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, Tomo XX, diciembre de 2004, p�gina 388).

En ese tenor, con motivo del procedimiento sucesorio especificado y regulado por la Ley Federal del Trabajo, la parte actora en dichos juicios, ha demandado como consecuencia necesaria de la adjudicaci�n del bien inmueble de que se trate, la escrituraci�n correspondiente; y si bien no ha sido expresado m�s apoyo legal de la pretensi�n que lo dispuesto en el art�culo 51 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, lo cierto es que atendiendo a las disposiciones que en la materia de bienes inmuebles prev� el C�digo Civil para el Distrito Federal y los correlativos de los Estados, debe entenderse que tal petici�n se refiere al otorgamiento de la escritura p�blica respectiva para formalizar el acto traslativo de dominio, es decir, de la adjudicaci�n resultado de la declaraci�n de beneficiarios en la sucesi�n laboral.

En este contexto, debe atenderse a lo dispuesto en el referido art�culo 51 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, cuyo pen�ltimo p�rrafo remite a lo dispuesto en el diverso art�culo 42 de la misma ley, el cual, en su redacci�n original de mil novecientos setenta y dos, no preven�a ninguna excepci�n a la regla general prevista en la legislaci�n civil, pues su texto era:

Art�culo 42. Los recursos del instituto se destinar�n:

I.A. otorgamiento de cr�ditos a los trabajadores que sean titulares de dep�sitos constituidos a su favor en el instituto. El importe de estos cr�ditos deber�n aplicarse:

  1. A la adquisici�n en propiedad de habitaciones,

  2. A la construcci�n, reparaci�n, ampliaci�n o mejoras, de habitaciones, y

  3. Al pago de pasivos adquiridos por cualquiera de los conceptos anteriores;

    II. Al financiamiento de la construcci�n de conjuntos de habitaciones para ser adquiridas por los trabajadores, mediante cr�ditos que les otorgue el instituto.

    Estos financiamientos s�lo se conceder�n por concurso trat�ndose de programas habitacionales aprobados por el instituto y que se ajusten a las disposiciones aplicables en materia de construcci�n.

    El instituto en todos los financiamientos que otorgue para la realizaci�n de conjuntos habitacionales, establecer� la obligaci�n para quienes los construyan, de adquirir con preferencia, los materiales que provengan de empresas ejidales, cuando se encuentren en igualdad de calidad y precio a los que ofrezcan otros proveedores.

    Los trabajadores tienen derecho a ejercer el cr�dito que se les otorgue, en la localidad que designen;

    III. Al pago de los dep�sitos que le corresponden a los trabajadores en los t�rminos de ley;

    IV. A cubrir los gastos de administraci�n, operaci�n y vigilancia del instituto, en los t�rminos del art�culo 10 fracci�n VI;

    V. A la inversi�n en inmuebles estrictamente necesarios para su (sic) fines, y

    VI. A las dem�s erogaciones relacionadas con su objeto."

    No obstante, la reforma a dicho precepto, vigente a partir de noviembre de mil novecientos ochenta y uno, fue significativa en lo que se refiere a las formalidades de las operaciones y contratos que se celebren para la adquisici�n de vivienda mediante un cr�dito del instituto, seg�n se advierte del proceso legislativo que provoc� tales reformas.

    Es necesario, para partir de un contexto adecuado de interpretaci�n, retomar los antecedentes legislativos de la original Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, del que pueden destacarse los argumentos que se citan a continuaci�n:

    C�mara de Origen: Diputados

    Exposici�n de motivos

    M�xico D.F., a 28 de marzo de 1972

    Iniciativa del Ejecutivo

    Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores

    ...

    Una vez aprobada y promulgada la reforma a la fracci�n XII del apartado A del art�culo 123 de la Constituci�n General de la Rep�blica, se hac�a necesario suscitar de inmediato la atenci�n del Congreso para que tuviese a bien ocuparse de los instrumentos jur�dicos que har�n posible llevar a la pr�ctica los prop�sitos de solidaridad social contenidos en el nuevo texto constitucional.

    ...

    El texto de la fracci�n XII del apartado A del art�culo 123 constitucional en vigor, prescribe que el organismo cuya creaci�n se propone est� integrado por representantes del Gobierno Federal, de los trabajadores y de los patrones. Disposici�n que obedece, en gran medida, al hecho de que el Fondo Nacional de la Vivienda se instituye como un mecanismo de solidaridad social, de car�cter nacional.

    ...

    Por otra parte, si bien la tutela de los derechos de los trabajadores en la relaci�n obrero patronal corresponde inicialmente a sus organizaciones, cuando se establece un sistema generalizado y obligatorio, compete al Estado el deber de implantar los mecanismos que permitan la adecuada protecci�n de las garant�as de todos los trabajadores, vigilar su cumplimiento y administrar las instituciones correspondientes.

    ...

    En virtud de que el precepto constitucional a cuya reglamentaci�n corresponde la presente iniciativa, determina que en esta ley deben de regularse las formas y procedimientos conforme a los cuales los trabajadores puedan adquirir en propiedad habitaciones, el proyecto establece un r�gimen flexible que, tomando debidamente en cuenta la equidad en la aplicaci�n de los recursos y su adecuada distribuci�n geogr�fica, permite al instituto asignarlos al otorgamiento de los diversos tipos de cr�ditos que puede conceder, considerando, entre otros elementos de juicio, la procedencia de las aportaciones, la demanda y las necesidades de habitaci�n en las diversas zonas del pa�s y la factibilidad de realizar los proyectos correspondientes.

    ...

    La expedici�n de este instrumento viene a complementar, en la esfera legislativa la creaci�n de las bases institucionales para afrontar globalmente el problema de la vivienda de los trabajadores en los t�rminos previstos por la reforma a la fracci�n XII del apartado A del art�culo 123 constitucional.

    Se trata de establecer un sistema de solidaridad social que conjugue la obligaci�n de todos los patrones de la Rep�blica y sume igualmente los derechos de todos los trabajadores para resolver, con posibilidad de �xito, un problema que se consideraba de muy dif�cil soluci�n si se le hac�a frente, como estaba previsto hasta ahora, en el �mbito de cada empresa.

    ...

    Hechas las anteriores consideraciones, el Ejecutivo a mi cargo estima que la creaci�n del instituto constituye un paso firme, dotado de una enorme potencialidad para resolver eficazmente el problema de la vivienda, tal como se lo propuso en su programa de trabajo el Gobierno de la Rep�blica. ..."

    A su vez, en el proceso legislativo de la reforma de mil novecientos ochenta y uno, la iniciativa del Ejecutivo sostuvo:

    Fecha de publicaci�n: 13/11/1981

    Categor�a: Decreto

    Proceso legislativo: Exposici�n de motivos

    C�mara de Origen: Diputados

    Exposici�n de motivos

    M�xico D.F., a 3 de septiembre de 1981

    Iniciativa del Ejecutivo

    CC. Secretarios de la H. C�mara de Diputados.

    Presentes.

    En sesi�n efectuada en esta fecha por la Comisi�n Permanente del H. Congreso de la Uni�n y de conformidad con el art�culo 113 de la Ley Org�nica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se turno a esa H. C�mara de Diputados, la iniciativa de adiciones a la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, presentada por el ciudadano Jos� L�pez Portillo, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos.

    Reiteramos a ustedes las seguridades de nuestra atenta y distinguida consideraci�n.

    M�xico, D.F., a 23 de julio de 1981.

    Por los CC. Secretarios, el O.M., licenciado A.S.L..

    Escudo Nacional. Presidencia de la Rep�blica.

    CC. Secretarios de la Comisi�n Permanente del H. Congreso de la Uni�n. Presente.

    A partir de las reformas introducidas en el art�culo 123 constitucional y a la Ley Federal del Trabajo y con la expedici�n de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores �Infonavit� en 1972, se estableci� un sistema de solidaridad social para cumplir con el objetivo que se propuso el Constituyente de 1917 de dotar a los trabajadores de una vivienda c�moda e higi�nica.

    Ha sido preocupaci�n fundamental del Ejecutivo a mi cargo hacer accesible el derecho de los trabajadores a una vivienda digna y por ello se han adoptado las medidas tendientes a resolver el problema habitacional que aqueja a los sectores de menores ingresos. Como parte de esta pol�tica resulta indispensable apoyar y estimular los programas que desarrolla el Infonavit, toda vez que el sistema de financiamiento que opera tiene su origen en una obligaci�n constitucional y habida cuenta del crecimiento de la demanda de vivienda por parte del sector social que atiende dicha instituci�n.

    La elevaci�n de los costos de construcci�n y de la tierra durante los �ltimos a�os, ha incidido desfavorablemente en la capacidad de financiamiento de habitaciones por el organismo mencionado. Adem�s ha provocado que en algunas regiones de la Rep�blica no est� ya en posibilidades de atender a los trabajadores que reciben el salario m�nimo. Todo ello, hace necesario que se tomen medidas adicionales a los est�mulos que se han decretado para viviendas de inter�s social, que permitan reducir los costos reales de las habitaciones destinadas a ser adquiridas por los trabajadores, en especial por aquellos que reciben el salario m�nimo.

    Es conveniente, por ese motivo, que se otorguen beneficios fiscales concretos a trav�s de la desgravaci�n de los programas habitacionales que se realizan con fondos del Infonavit, tanto en el Distrito Federal como en los Estados. Ello permitir� incrementar la canalizaci�n de recursos financieros para la construcci�n de viviendas nuevas en toda la Rep�blica y beneficiar adem�s a un mayor n�mero de trabajadores y sus familias. Igualmente, har� posible que se unifique el tratamiento que se otorga a las viviendas que financia el instituto a nivel nacional, lo que responde al principio que origin� la federalizaci�n de la legislaci�n laboral a trav�s de las reformas constitucionales de 1929, al p�rrafo inicial del art�culo 123 y a la fracci�n X del art�culo 73, a fin de eliminar las discrepancias que se hab�an venido suscitando entre las distintas leyes estatales.

    La desgravaci�n que aqu� se pretende aparece ya en la legislaci�n del Instituto Mexicano del Seguro Social, instituci�n que tiene un origen y una organizaci�n similar a la del Infonavit, as� como en la relativa a instituciones de cr�dito.

    Para ese efecto, se propone que los programas de financiamiento a la construcci�n de vivienda que lleve a cabo dicha instituci�n en cumplimiento de sus fines, queden exentos del pago de impuesto, derechos y cualquier otra contribuci�n de la Federaci�n, el Departamento del Distrito Federal y los Estados.

    En la iniciativa que me permito someter a esa soberan�a, no se incluye exenci�n alguna relacionada con las autoridades municipales, y se prev� la obligaci�n de cubrir los impuestos prediales y el pago de derechos por consumo de agua en los t�rminos de la legislaci�n aplicable. Adem�s, y de acuerdo con las leyes de la materia, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, deber� efectuar las donaciones y cumplir con los requisitos de equipamiento urbano indispensables para cada uno de los conjuntos que se financien en cualquier lugar de la Rep�blica.

    Igualmente, se ha estimado que en la medida en que este organismo de servicio social disponga de mayores recursos financieros resultar�n beneficiados directamente los Estados y Municipios. En efecto, los recursos que se canalizan a trav�s del Infonavit en las distintas entidades y localidades del pa�s siguiendo los lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo Urbano y del Programa Nacional de la Vivienda estimulan las econom�as locales a trav�s de la creaci�n de empleos, de la utilizaci�n de materiales de la localidad, y de la introducci�n de infraestructura y equipamiento urbanos; a la vez que mejoran los niveles de salud y la calidad de vida de los trabajadores y de sus familias y permiten, b�sicamente, una mejor integraci�n familiar y comunitaria y hacer efectivo el derecho de los trabajadores a una vivienda digna.

    Por otra parte, es sabido que los gastos de diversa �ndole que se derivan de la titulaci�n de las viviendas a los trabajadores representan una carga que encarece el costo final de la vivienda. Por ello, y ante la conveniencia de ahorrar los gastos notariales para beneficios de los trabajadores se sugiere que los actos jur�dicos relacionados exclusivamente con los cr�ditos que otorgue el instituto y la constituci�n de los reg�menes de propiedad en condominio, cuando ello se requiera, puedan otorgarse en documentos privados. Esta medida persigue el mismo prop�sito que la desgravaci�n fiscal que en esta iniciativa se sugiere, o sea abaratar el costo real de las viviendas destinadas a los trabajadores, consideradas por ello como de inter�s social, para cuya titulaci�n, por cierto, distintas leyes locales y del Distrito Federal establecen que es suficiente la celebraci�n de contratos privados, susceptibles de inscribirse en el Registro P�blico. En el �mbito federal, la Ley General de Bienes Nacionales tambi�n autoriza la enajenaci�n de inmuebles de cierta cuant�a en contrato privado, para satisfacer necesidades de habitaci�n de personas de escasos recursos, procedimiento semejante al que se propone para el caso del Infonavit a fin de agilizar los tr�mites respectivos, e inscribir los contratos que se celebren en el Registro P�blico de la Propiedad correspondiente, con las constancias de los registradores sobre la autenticidad de las firmas y la voluntad de las partes.

    Adicionalmente, se ha pensado que los gastos para la obtenci�n de aval�os bancarios sobre la vivienda, podr�n en su caso eliminarse si se equipara el precio de venta que fija el instituto a las viviendas que financia con el valor de aval�o.

    Es conveniente tambi�n incorporar a la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores el principio que ha operado para todos los organismos descentralizados de servicio social, consistente en que dada su acreditada solvencia quede relevado de la obligaci�n de constituir dep�sitos o fianzas legales.

    Finalmente, cabe se�alar que en la fracci�n XII del apartado A del art�culo 123 constitucional, est� previsto que la ley que crea el Infonavit, con �mbito de aplicaci�n en toda Rep�blica, �regular� las formas y procedimientos conforme a los cuales los trabajadores podr�n adquirir en propiedad las habitaciones�, disposici�n que sin duda es firme sustento de las adiciones que ahora se proponen y a trav�s de las cuales se lograr� reducir el costo real de la vivienda para los trabajadores en beneficio directo de la clase obrera.

    Por los motivos anteriores y en ejercicio de la facultad que al Ejecutivo de mi cargo confiere la fracci�n I del art�culo 71 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, y con el ruego de que la C�mara de Origen sea la de Diputados, me permito someter a la consideraci�n del H. Congreso de la Uni�n, por el digno conducto de ustedes, la presente iniciativa de ..."

    En el dictamen de origen, en lo conducente, se dijo:

    Proceso legislativo: Dictamen/Origen

    Dictamen

    M�xico, D.F., a 24 de septiembre de 1981

    Honorable Asamblea:

    Para su estudio y dictamen fue turnada a la Comisi�n de Trabajo y Previsi�n Social, la iniciativa de adiciones al art�culo 42 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y un art�culo 68 a la misma, promovida por el C. presidente de la Rep�blica.

    El art�culo 123 constitucional plasm� desde 1917 la obligaci�n de los patrones de otorgar a sus trabajadores, viviendas c�modas e higi�nicas. Dicha obligaci�n se circunscribi� a aquellas empresas cuyo n�mero de empleados fuera mayor de 100 o que se encontraran fuera de las poblaciones.

    La obligaci�n constitucional antes referida fue objeto de innumerables reglamentaciones tanto federales como locales, que culminaron con las reformas a la fracci�n XII del art�culo 123 constitucional, a la Ley Federal del Trabajo y con la expedici�n de la Ley del Infonavit, en 1972.

    Las reformas aludidas y la creaci�n del Infonavit permitieron por un lado, establecer las bases de un sistema que hiciera efectivo el derecho de los trabajadores a gozar de una vivienda digna, y por otro, extender la obligaci�n a la totalidad de los patrones. Asimismo, permiti� que pudieran disfrutar de este derecho todos los trabajadores sin tomar en cuenta su antig�edad o el car�cter de su relaci�n de trabajo y se sustituy� el tradicional tratamiento bilateral en materia de vivienda por la f�rmula de solidaridad colectiva, d�ndole potestad al Estado para intervenir en la soluci�n de este problema prioritario.

    Sin entrar a considerar el fondo de esta medida, dichas reformas implicaron que el derecho a la vivienda iniciara el tr�nsito de las relaciones obrero-patronales hacia un sistema m�s amplio de solidaridad social.

    De lo anteriormente expuesto, se desprende que las acciones que lleva a cabo el Infonavit se derivan de normas de derecho del trabajo que son de car�cter federal. No obstante lo anterior, el tratamiento fiscal de los programas que desarrolla el Infonavit es distinto en las diferentes entidades y localidades de la Rep�blica en que financia viviendas, lo que ha implicado que los trabajadores que adquieren las viviendas financiadas por el propio instituto reciban un trato desigual. Adem�s, los grav�menes fiscales aunados a la elevaci�n de los costos de la construcci�n y de la tierra, han provocado el encarecimiento de las viviendas que financia este instituto, lo que a su vez ha ocasionado que en algunas regiones de la Rep�blica ya no se est� en posibilidades de dotar de viviendas a los trabajadores que perciben el salario m�nimo. En esa virtud, en la iniciativa que se comenta se prev� la desgravaci�n fiscal a nivel federal, estatal y del Distrito Federal a fin de reducir el costo real de las viviendas que financia el Infonavit, en beneficio de sus trabajadores derechohabientes, y unificar el tratamiento que se otorga a las viviendas antes mencionadas, a nivel nacional. Esta medida responde al esp�ritu que se persigui� al federalizar la legislaci�n del trabajo mediante las reformas constitucionales de 1929, para unificar las condiciones de los trabajadores y las relaciones obrero-patronales en los distintos Estados de la Rep�blica.

    En este punto cabe destacar que el Instituto Mexicano del Seguro Social, cuyo origen, al igual que el Infonavit, es el art�culo 132 constitucional y cuya estructura tripartita es tambi�n semejante a la del Infonavit, est� exento en sus bienes y operaciones de todo tipo de contribuciones federales, estatales y del Distrito Federal.

    La iniciativa prev� igualmente la posibilidad de celebrar los actos y contratos de los inmuebles relacionados con la operaci�n del instituto en documentos privados y susceptibles de inscribirse en el Registro de la Propiedad que corresponda, con el �nico requisito de que se celebren ante dos testigos y con la constancia del registrador sobre la autenticidad de las firmas y de la voluntad de las partes. Esta medida al igual que la desgravaci�n fiscal permitir� reducir el costo real de las viviendas financiadas por el Infonavit, a la vez que unificar� los costos de escrituraci�n que actualmente son distintos en cada una de las entidades federativas.

    Es de destacar que a nivel federal existe ya una disposici�n en la Ley General de Bienes Nacionales que permite la enajenaci�n de inmuebles para satisfacer necesidades de habitaci�n de personas de escasos recursos, a trav�s de la celebraci�n de contratos privados. Por otra parte, el art�culo 123 constitucional en su fracci�n XII del apartado �A� precept�a que la ley que crea el Infonavit regular� �las formas y procedimientos conforme a los cuales los trabajadores podr�n adquirir en propiedad las habitaciones�. En esa virtud y con fundamento en dicha fracci�n, el H. Congreso de la Uni�n es competente para establecer en el texto de la Ley del Infonavit los requisitos de forma que deben de revestir los actos y contratos que celebre el Infonavit en cumplimiento de sus fines.

    Como es f�cil advertir, el objetivo central de esta iniciativa, consiste en reducir el costo de las viviendas que financia el instituto a trav�s de la desgravaci�n fiscal a nivel federal, estatal y del Distrito Federal de los contratos y operaciones relacionados con los inmuebles siguientes:

  4. Habitaciones financiadas por el Infonavit destinadas a ser adquiridas por los trabajadores.

  5. Viviendas de terceros que adquieren los derechohabientes con cr�dito del instituto.

  6. Habitaciones que se construyan en terrenos propiedad de los trabajadores con cr�dito del instituto.

  7. Viviendas propiedad de los derechohabientes que se ampl�en o mejoren con cr�dito del instituto.

  8. Viviendas propiedad de los trabajadores por las que hayan contra�do un pasivo para adquirirlas, construirlas, repararlas, ampliarlas o mejorarlas y obtengan un cr�dito del instituto para redimir dicho pasivo.

  9. Aquellos en los que el instituto invierta y sean estrictamente indispensables para sus fines.

    Ello permitir� la exenci�n del impuesto federal de adquisici�n de inmuebles; de los impuestos federales de traslaci�n de dominio y de los derechos de inscripci�n en el Registro P�blico de la Propiedad que se causen con motivo de la celebraci�n de los contratos y operaciones antes mencionados.

    Igualmente, dicha desgravaci�n comprende el desarrollo y ejecuci�n de los conjuntos de habitaciones financiadas por el instituto para ser adquiridos por los trabajadores.

    Ello permitir� que los programas habitacionales que se lleven a cabo con financiamiento del instituto queden exentos de pago de los siguientes derechos, entre otros:

  10. Para la obtenci�n de licencia sanitaria (federal).

  11. Para la obtenci�n de permiso de la Secretar�a de Relaciones Exteriores para la celebraci�n de fideicomisos con inmuebles (federal).

  12. Para la obtenci�n de licencias de fraccionamientos o usos del suelo (estatal).

  13. Para la autorizaci�n y conexi�n a redes de agua potable (estatal).

  14. Para la obtenci�n de licencias de construcci�n (estatal).

  15. Para la obtenci�n de alineamientos y n�meros oficiales (estatal).

  16. Para la autorizaci�n de conjuntos habitacionales (estatal).

  17. Para la autorizaci�n de fusiones, subdivisiones y relotificaciones de predios (estatal).

  18. Para la obtenci�n de certificados de libertad de grav�menes (estatal).

    Con objeto de no privar a los Municipios de recursos financieros, la iniciativa no prev� ninguna exenci�n relacionada con las entidades municipales. Adem�s, establece la obligaci�n del instituto de cubrir el impuesto predial y los derechos por consumo de agua, as� como cumplir con la obligaci�n de otorgar las donaciones y de dotar del equipamiento urbano para los conjuntos que financie en los t�rminos de la legislaci�n aplicable.

    Por otra parte y con la misma finalidad de reducir los costos, la iniciativa prev� la supresi�n de los gastos y honorarios notariales en las operaciones relacionadas con los inmuebles referidos en los incisos a) al f), as� como la constituci�n de los reg�menes de propiedad en condominio, a trav�s de la posibilidad de que dichas operaciones y actos se hagan constar en documentos privados, ante dos testigos y susceptibles de inscribirse en el Registro P�blico de la Propiedad que corresponda, con la constancia del registrador sobre la autenticidad de las firmas y de la voluntad de las partes.

    Todo ello significa que los t�tulos de propiedad de las viviendas que adquieran los trabajadores y que forman parte de los conjuntos habitacionales que financie el instituto; los contratos de compra-venta con garant�a hipotecaria de habitaciones propiedad de terceros que adquieran los derechohabientes con cr�dito del instituto; los contratos de mutuo con inter�s y garant�a hipotecaria que celebre el instituto para que los trabajadores construyan, reparen, mejoren y ampl�en sus viviendas o cubran pasivos adquiridos por los conceptos anteriores y la cancelaci�n de hipoteca en este �ltimo caso, pueden consignarse en documentos privados, al igual que la constituci�n del r�gimen de propiedad en condominio. Asimismo, cabe la posibilidad de que la adquisici�n de terrenos por el instituto para el cumplimiento de sus fines se realice en contratos privados.

    La iniciativa se�ala, adem�s, que los precios de venta que fije el H. Consejo de administraci�n a las habitaciones cuya adquisici�n o construcci�n puedan ser objeto de los cr�ditos que otorga el instituto, se tendr� como valor de aval�o de las viviendas. Ello permitir� un ahorro considerable, toda vez que ya no ser� necesario obtener bancarios sobre las viviendas de que se trata.

    Finalmente, en el art�culo 68 que se adiciona, se establece que el instituto, por considerarse de acreditada solvencia, no estar� obligado a constituir dep�sitos o fianzas legales.

    La aprobaci�n de la iniciativa que se comenta representar�a para el Infonavit y en consecuencia para sus trabajadores derechohabientes considerables ahorros, por concepto de gastos notariales para la titulaci�n de vivienda y, en las diferentes entidades federativas, por concepto de impuesto sobre traslaci�n de dominio, as� como el derivado de los derechos de inscripci�n en los Registros P�blicos de la Propiedad de las viviendas pendientes de titular.

    Cabe se�alar, asimismo, que por lo que toca a los programas futuros, adem�s de que no se erogar�n los conceptos antes anotados, ya no se causar�n los derechos por obtenci�n de licencias, por autorizaci�n de fraccionamientos, por relotificaci�n, subdivisi�n o fusi�n de predios; derechos de cooperaci�n, de usos del suelo y de conexi�n a redes de agua potable, drenaje y alcantarillado, siempre que en la legislaci�n correspondiente sean de car�cter estatal, como ocurre en la mayor�a de los casos.

    Todos estos conceptos representan entre un 4% y 6% sobre el costo final de la vivienda, seg�n el caso, aun cuando por circunstancias excepcionales dicho porcentaje puede resultar m�s elevado.

    En lo concerniente a la adquisici�n de terrenos el instituto quedar� exento de pago del impuesto sobre traslaci�n de dominio y del de adquisici�n de inmuebles, as� como de los derechos de inscripci�n en el Registro P�blico de la Propiedad que corresponda, lo que representa igualmente un ahorro considerable para los trabajadores.

    Por lo expuesto y dado que la iniciativa recoge una reiterada demanda del movimiento obrero mexicano y protege al patrimonio material del trabajador, cuestiones verdaderamente importantes, la comisi�n encuentra fundada la iniciativa presidencial y somete a la consideraci�n de la honorable asamblea el siguiente proyecto de decreto ..."

    De la discusi�n de la C�mara de Origen, aparece:

    Proceso legislativo: discusi�n/origen

    Discusi�n

    M�xico, D.F., a 21 de octubre de 1981

    Dado en el sal�n de sesiones de la H. C�mara de Diputados, a los veinticuatro d�as del mes de septiembre de mil novecientos ochenta y uno.

    El C.J.C.�o: Honorable Asamblea:

    ...Vemos con benepl�cito que esta iniciativa que adiciona el art�culo 42 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda de los Trabajadores y el art�culo 68 que tambi�n se le adiciona, contribuyen de manera ostensible a abatir el costo final de la vivienda, desgrav�ndolo fiscalmente y permite con ello un mejor uso de la capacidad de cr�dito de los trabajadores que a�o con a�o se ve en detrimento con la carrera de precios de los insumos a la construcci�n.

    Esta iniciativa permite que los programas habitacionales que se lleven a cabo con financiamiento del instituto queden exentos de pagos de los siguientes derechos:

    El que actualmente se tiene que pagar con cargo al cr�dito de los trabajadores para la obtenci�n de licencias sanitarias; para la obtenci�n de permiso de la Secretar�a de Relaciones Exteriores; para la celebraci�n de fideicomisos con inmuebles; para la obtenci�n de licencias de fraccionamientos o usos del suelo; para la autorizaci�n y conexi�n de redes de agua potable y drenaje; para la obtenci�n de licencias de construcci�n; para la obtenci�n de alineamientos y n�meros oficiales; para la autorizaci�n de conjuntos habitacionales; para la autorizaci�n de fusiones, de subdivisiones y de lotificaciones de predios; para la obtenci�n de certificados de libertad de grav�menes.

    Todo ello indudablemente que incide en el costo final de la vivienda y se carga al cr�dito de los trabajadores y, por lo mismo, resulta m�s dif�cil, cada d�a, darle vivienda a quien m�s la necesite, que son los trabajadores de salario m�nimo, por eso, el movimiento obrero organizado recibe con benepl�cito esta iniciativa, porque viene precisamente a ayudar a la clase trabajadora a tener una expectativa m�s pr�xima de tener una vivienda y tiene apego constitucionalmente ya que el art�culo 124 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, se�ala que las facultades que no est�n expresamente concedidas a los funcionarios federales, se extienden reservadas a los Estados.

    A su vez, el art�culo 73, en su fracci�n XXX, establece como facultad expresa del honorable Congreso de la Uni�n, expedir todas las leyes que sean necesarias para hacer efectivas las facultades concedidas por la Constituci�n a los Poderes de la Uni�n.

    El art�culo 123 en su fracci�n XII, se�ala que la obligaci�n empresarial de proporcionar habitaciones c�modas e higi�nicas seg�n lo determinan las leyes reglamentarias, se cumple mediante las aportaciones de las empresas a un Fondo Nacional de la Vivienda y el establecimiento de un sistema que permita otorgar a los trabajadores cr�dito barato y suficiente para que adquieran en propiedad tales habitaciones. Agrega dicho precepto, que se considera de utilidad social la expedici�n de la ley para la creaci�n del organismo administrador del Fondo Nacional de la Vivienda y cuya ley regular� las formas y procedimientos, conforme a los cuales los trabajadores podr�n adquirir las habitaciones antes mencionadas.

    Lo anterior significa que la Constituci�n faculta expresamente al Congreso de la Uni�n para expedir las leyes que determinen la forma en que se cumplir� la obligaci�n de otorgar a los trabajadores viviendas c�modas e higi�nicas, a trav�s del establecimiento de un sistema de financiamiento que permita otorgar a �stos, cr�dito barato y suficiente para la ministraci�n de habitaciones.

    Es decir, el objetivo fundamental que se persigue, al atribuirle dichas facultades al Congreso, es que se otorgue a los trabajadores cr�dito barato y suficiente para adquirir sus viviendas.

    Ahora bien, para hacer efectivas dichas facultades, el propio Congreso de la Uni�n, en uso de la facultad que le confiere la fracci�n XXX del art�culo 73 constitucional, est� en posibilidad de se�alar las medidas que deben adoptarse para el cr�dito que se otorgue a los trabajadores para la adquisici�n de vivienda, sea barato y suficiente.

    El caso concreto, la iniciativa que se comenta, tiene el prop�sito fundamental de reducir el costo de las viviendas que financia el Infonavit, a trav�s de la desgravaci�n fiscal a nivel federal, estatal y del Distrito Federal y en consecuencia permitir� que los trabajadores adquieran dichas viviendas con cr�ditos baratos y suficientes que otorga el propio Infonavit.

    ...

    El C.H.P.: se�or presidente; compa�eros diputados:

    Una vieja aspiraci�n de la clase trabajadora y del movimiento obrero mexicano, ha sido la b�squeda de caminos y formas que tiendan a proteger el patrimonio familiar de los trabajadores. Por ello la fracci�n parlamentaria del Partido Popular Socialista apoya el presente dictamen a la iniciativa de adiciones al art�culo 42 de la Ley del Instituto Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y un art�culo 68, a la misma que reduce el costo de las viviendas a trav�s de la desgravaci�n fiscal a nivel federal.

    Apoyo este dictamen por considerarlo un paso importante, que liquida un trato injusto y desigual para los trabajadores que adquir�an vivienda a trav�s del Infonavit. Este paso es importante porque al margen de algunas opiniones de leguleyos puede proyectarse la problem�tica habitacional de car�cter popular. Por ejemplo, en el hecho de que llegue a centralizar un solo organismo la funci�n de la vivienda popular, un organismo general que se encargue de la planeaci�n, proyecci�n, construcci�n y habitaci�n de la vivienda para los trabajadores. Muchas gracias."

    En el dictamen de la C�mara Revisora, tambi�n en lo conducente, se aprecia:

    Proceso legislativo: dictamen/revisora

    Dictamen

    M�xico, D.F., a 27 de octubre de 1981

    Comisiones Unidas Trabajo Primera y Estudios Legislativos, quinta secci�n

    H. Asamblea:

    ... Por todo lo anteriormente expuesto, las comisiones que suscriben consideran que debe aprobarse la minuta proyecto de decreto de la honorable C�mara de Diputados, porque traer� un indudable beneficio social de car�cter nacional y adem�s porque unificar� para todos los trabajadores mexicanos los beneficios que el Estado mexicano concede ya a los trabajadores a su servicio."

    En esa virtud, el referido art�culo 42 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, a partir de noviembre de mil novecientos ochenta y uno, qued� redactado de la siguiente manera:

    Art�culo 42. Los recursos del instituto se destinar�n:

    I.A. otorgamiento de cr�ditos a los trabajadores que sean titulares de dep�sitos constituidos a su favor en el instituto. El importe de estos cr�ditos deber�n aplicarse:

  19. A la adquisici�n en propiedad de habitaciones,

  20. A la construcci�n, reparaci�n, ampliaci�n o mejoras, de habitaciones, y

  21. Al pago de pasivos adquiridos por cualquiera de los conceptos anteriores;

    II. Al financiamiento de la construcci�n de conjuntos de habitaciones para ser adquiridas por los trabajadores, mediante cr�ditos que les otorgue el instituto.

    Estos financiamientos s�lo se conceder�n por concurso trat�ndose de programas habitacionales aprobados por el instituto y que se ajusten a las disposiciones aplicables en materia de construcci�n.

    El instituto en todos los financiamientos que otorgue para la realizaci�n de conjuntos habitacionales, establecer� la obligaci�n para quienes los construyan, de adquirir con preferencia, los materiales que provengan de empresas ejidales, cuando se encuentren en igualdad de calidad y precio a los que ofrezcan otros proveedores.

    Los trabajadores tienen derecho a ejercer el cr�dito que se les otorgue, en la localidad que designen;

    III. Al pago de los dep�sitos que le corresponden a los trabajadores en los t�rminos de ley;

    IV. A cubrir los gastos de administraci�n, operaci�n y vigilancia del instituto, en los t�rminos del art�culo 10 fracci�n VI;

    V. A la inversi�n en inmuebles estrictamente necesarios para su (sic) fines, y

    VI. A las dem�s erogaciones relacionadas con su objeto.

    (Adicionado, D.O.F. 13 de noviembre de 1981)

    Los contratos y las operaciones relacionados con los inmuebles a que se refiere este art�culo, as� como el desarrollo y ejecuci�n de los conjuntos de habitaciones que se lleven a cabo con financiamiento del instituto, estar�n exentos del pago de toda clase de impuestos, derechos o contribuciones de la Federaci�n, de los Estados o del Distrito Federal, y, en su caso, el precio de venta a que se refiere el art�culo 48 se tendr� como valor de aval�o de las habitaciones, el impuesto predial y los derechos por consumo de agua, as� como las donaciones y equipamiento urbano se causar�n y cumplir�n en los t�rminos de las disposiciones legales aplicables.

    (Adicionado, D.O.F. 13 de noviembre de 1981)

    Los contratos y las operaciones a que se refiere el p�rrafo anterior, as� como la constituci�n del r�gimen de propiedad en condominio de los conjuntos que financie el instituto podr�n hacerse constar en documentos privados, ante dos testigos, e inscribirse en el Registro P�blico de la Propiedad que corresponda, con la constancia del registrador sobre la autenticidad de las firmas y de la voluntad de las partes.

    (Adicionado, D.O.F. 13 de noviembre de 1981)

    Los beneficios otorgados por el presente art�culo a los programas habitacionales que se realizan con fondos del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, se har�n extensivos a los trabajadores derechohabientes de ese instituto, que realicen operaciones de compra de casa habitaci�n por medios distintos a los del instituto, siempre y cuando sean para su uso y el monto de la operaci�n as� realizada no sea superior al valor de las casas habitaci�n que el mismo proporciona a sus afiliados. Por el excedente se pagar�n los impuestos en los t�rminos previstos por las leyes respectivas."

    Dicho precepto, a partir de mil novecientos noventa y siete, contiene la siguiente disposici�n:

    Art�culo 42. Los recursos del instituto se destinar�n:

    (Reformada, D.O.F. 6 de enero de 1997)

    I. En l�nea uno al financiamiento de la construcci�n de conjuntos de habitaciones para ser adquiridas por los trabajadores, mediante cr�ditos que les otorgue el instituto. Estos financiamientos s�lo se conceder�n por concurso, trat�ndose de programas habitacionales aprobados por el instituto y que se ajusten a las disposiciones aplicables en materia de construcci�n.

    Asimismo, el instituto podr� descontar a las entidades financieras que cuenten con la respectiva autorizaci�n emitida para tal efecto por la Secretar�a de Hacienda y Cr�dito P�blico, los financiamientos que hayan otorgado para aplicarse a la construcci�n de conjuntos habitacionales. Estos descuentos ser�n con la responsabilidad de esas entidades financieras.

    El instituto en todos los financiamientos que otorgue para la realizaci�n de conjuntos habitacionales, establecer� la obligaci�n para quienes los construyan, de adquirir con preferencia, los materiales que provengan de empresas ejidales, cuando se encuentren en igualdad de calidad, precio y oportunidad de suministro a los que ofrezcan otros proveedores;

    (Reformada, D.O.F. 6 de enero de 1997)

    II. Al otorgamiento de cr�ditos a los trabajadores que sean titulares de dep�sitos constituidos a su favor en el instituto:

  22. En l�nea dos a la adquisici�n en propiedad de habitaciones;

  23. En l�nea tres a la construcci�n de vivienda;

  24. En l�nea cuatro a la reparaci�n, ampliaci�n o mejoras de habitaciones, y

  25. En l�nea cinco al pago de pasivos adquiridos por cualquiera de los conceptos anteriores.

    Asimismo, el instituto podr� descontar a las entidades financieras que cuenten con la respectiva autorizaci�n emitida para tal efecto por la Secretar�a de Hacienda y Cr�dito P�blico, los cr�ditos que haya otorgado para aplicarse a los conceptos se�alados en los incisos anteriores. Estos descuentos ser�n con la responsabilidad de esas entidades financieras.

    (Reformada D.O.F. 24 de febrero de 1992)

    III. Al pago de capital e intereses de las subcuentas de vivienda de los trabajadores en los t�rminos de ley;

    (Reformada, D.O.F. 6 de enero de 1997)

    IV. A cubrir los gastos de administraci�n, operaci�n y vigilancia del instituto;

    (Reformada, D.O.F. 24 de febrero de 1992)

    V. A la inversi�n de inmuebles destinados a sus oficinas, y de muebles estrictamente necesarios para el cumplimiento de sus fines.

    VI. A las dem�s erogaciones relacionadas con su objeto.

    (Reformado, D.O.F. 24 de febrero de 1992)

    Los contratos y las operaciones relacionados con los inmuebles a que se refiere este art�culo, as� como el desarrollo y ejecuci�n de los conjuntos de habitaciones que se edifiquen con financiamiento del instituto, estar�n exentos del pago de toda clase de impuestos, derechos o contribuciones de la Federaci�n, de los Estados o del Distrito Federal y, en su caso, el precio de venta a que se refiere el art�culo 48 se tendr� como valor de aval�o de las habitaciones. El impuesto predial y los derechos por consumo de agua, as� como las donaciones y equipamiento urbano se causar�n y cumplir�n en los t�rminos de las disposiciones legales aplicables. Tanto las garant�as como las inscripciones correspondientes se ajustar�n en los t�rminos del art�culo 44 sin que se cause impuesto o derecho alguno, ni deban efectuarse tr�mites de registro adicionales.

    (Adicionado, D.O.F. 13 de noviembre de 1981)

    Los contratos y las operaciones a que se refiere el p�rrafo anterior, as� como la constituci�n del r�gimen de propiedad en condominio de los conjuntos que financie el instituto podr�n hacerse constar en documentos privados, ante dos testigos, e inscribirse en el Registro P�blico de la Propiedad que corresponda, con la constancia del registrador sobre la autenticidad de las firmas y de la voluntad de las partes.

    (Adicionado, D.O.F. 13 de noviembre de 1981)

    Los beneficios otorgados por el presente art�culo a los programas habitacionales que se realizan con fondos del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, se har�n extensivos a los trabajadores derechohabientes de ese instituto, que realicen operaciones de compra de casa habitaci�n por medios distintos a los del instituto, siempre y cuando sean para su uso y el monto de la operaci�n as� realizada no sea superior al valor de las casas habitaci�n que el mismo proporciona a sus afiliados. Por el excedente se pagar�n los impuestos en los t�rminos previstos por las leyes respectivas."

    El precepto de referencia guarda especial relaci�n con el diverso 51 de la propia ley, fundamento de las acciones intentadas por las actoras en los juicios analizados, en cuanto �ste remite al primero mencionado y en cuya reforma, a partir de mil novecientos ochenta y cinco, dispone:

    (Reformado, D.O.F. 8 de febrero de 1985)

    Art�culo 51. Los cr�ditos que el instituto otorgue a los trabajadores estar�n cubiertos por un seguro para los casos de incapacidad total permanente o de muerte, que libere al trabajador o a sus beneficiarios de las obligaciones, grav�menes o limitaciones de dominio a favor del instituto derivados de esos cr�ditos.

    El costo de este seguro quedar� a cargo del instituto.

    Los trabajadores acreditados podr�n manifestar expresamente su voluntad ante el instituto, en el acto del otorgamiento del cr�dito o posteriormente, para que en caso de muerte, la liberaci�n de las obligaciones, grav�menes o limitaciones de dominio que existan a favor del instituto, as� como la adjudicaci�n del inmueble libre de aqu�llos, se haga en beneficio de las personas que designen conforme a lo que se�ala el art�culo 40 de esta ley, con la prelaci�n ah� establecida cuando as� lo haya manifestado expresamente el trabajador, con s�lo las formalidades previstas en el pen�ltimo p�rrafo del art�culo 42 de esta misma ley y la constancia que asiente el instituto sobre la voluntad del trabajador y los medios con que se acrediten la capacidad e identidad de los beneficiarios. En caso de controversia, el instituto proceder� exclusivamente a la liberaci�n referida y se abstendr� de adjudicar el inmueble.

    En los casos a que se refiere el p�rrafo anterior, los Registros P�blicos de la Propiedad correspondientes deber�n efectuar la inscripci�n de los inmuebles en favor de los beneficiarios, cancelando en consecuencia la que existiere a nombre del trabajador y los grav�menes o limitaciones de dominio que hubieren quedado liberados."

    Por virtud de las reformas posteriores en mil novecientos ochenta y seis y mil novecientos noventa y siete, a dicho precepto, su texto actual es el siguiente:

    (Reformado, D.O.F. 8 de febrero de 1985)

    Art�culo 51. Los cr�ditos que el instituto otorgue a los trabajadores estar�n cubiertos por un seguro para los casos de incapacidad total permanente o de muerte, que libere al trabajador o a sus beneficiarios de las obligaciones, grav�menes o limitaciones de dominio a favor del instituto derivados de esos cr�ditos.

    (Adicionado, D.O.F. 13 de enero de 1986)

    Para estos efectos, se entender� por incapacidad total permanente la p�rdida de las facultades o aptitudes de una persona, que la imposibilite para desempe�ar cualquier trabajo el resto de su vida, cualquiera que sea la naturaleza del riesgo que la haya producido.

    (Reformado, D.O.F. 6 de enero de 1997)

    El costo del seguro a que se refieren los p�rrafos anteriores quedar� a cargo del instituto.

    (Adicionado, D.O.F. 6 de enero de 1997)

    A fin de proteger el patrimonio de los trabajadores, el instituto podr� participar con empresas p�blicas y privadas para promover el desarrollo as� como el abaratamiento de esquemas de aseguramiento a cargo de los acreditados, que permitan ampliar la cobertura de siniestros.

    (Adicionado, D.O.F. 13 de enero de 1986)

    Trat�ndose de los casos de incapacidad parcial permanente, cuando �sta sea del 50% o m�s, o invalidez definitiva, en los t�rminos de la Ley del Seguro Social, se liberar� al trabajador acreditado del adeudo, los grav�menes o limitaciones de dominio a favor del instituto, siempre y cuando no sea sujeto de una nueva relaci�n de trabajo por un periodo m�nimo de dos a�os, lapso durante el cual gozar� de una pr�rroga, sin causa de intereses, para el pago de su cr�dito. La existencia de cualquiera de estos supuestos deber� comprobarse ante el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores dentro del mes siguiente a la fecha en que se determinen.

    Los trabajadores acreditados podr�n manifestar expresamente su voluntad ante el instituto, en el acto del otorgamiento del cr�dito o posteriormente, para que en caso de muerte, la liberaci�n de las obligaciones, grav�menes o limitaciones de dominio que existan a favor del instituto, as� como la adjudicaci�n del inmueble libre de aqu�llos, se haga en beneficio de las personas que designen conforme a lo que se�ala el art�culo 40 de esta ley, con la prelaci�n ah� establecida cuando as� lo haya manifestado expresamente el trabajador, con s�lo las formalidades previstas en el pen�ltimo p�rrafo del art�culo 42 de esta misma ley y la constancia que asiente el instituto sobre la voluntad del trabajador y los medios con que se acrediten la capacidad e identidad de los beneficiarios. En caso de controversia, el instituto proceder� exclusivamente a la liberaci�n referida y se abstendr� de adjudicar el inmueble.

    En los casos a que se refiere el p�rrafo anterior, los Registros P�blicos de la Propiedad correspondientes deber�n efectuar la inscripci�n de los inmuebles en favor de los beneficiarios, cancelando en consecuencia la que existiere a nombre del trabajador y los grav�menes o limitaciones de dominio que hubieren quedado liberados."

    Como se advierte, la reforma dada a dicho precepto desde mil novecientos ochenta y cinco, subsiste a la fecha, pues las modificaciones al mismo, tocaron aspectos distintos de los que refieren el presente an�lisis.

    De lo antes mencionado deriva la principal preocupaci�n del legislador de la conveniencia de que los beneficiarios del trabajador, en caso de que �ste fallezca, obtengan directamente y en forma simplificada la titulaci�n de la vivienda objeto del cr�dito otorgado al trabajador, mediante la traslaci�n de dominio con s�lo las formalidades referidas y su inscripci�n en el Registro P�blico de Propiedad, incorporando as� el sentido social del derecho sucesorio que opera en materia laboral, buscando que quienes constituyen el n�cleo familiar del trabajador sean a la vez beneficiarios del seguro de liberaci�n de las obligaciones de que se trata, y de la titulaci�n de la propiedad de la vivienda objeto del cr�dito, eliminando la dificultad de que en los momentos de mayor necesidad y desamparo tengan que tramitar un juicio sucesorio.

    As�, y atendiendo adem�s a las disposiciones contenidas en el referido art�culo 42 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, aparece que no solamente se han evitado los juicios sucesorios regulados en materia civil, sino tambi�n se han modificado las formalidades que la propia legislaci�n civil ha contemplado en cuanto a la transmisi�n de la propiedad de bienes inmuebles, eliminando especialmente la necesidad de una escritura p�blica firmada ante notario para la validez frente a terceros de la operaci�n realizada, as� como la formalidad de la propia escritura p�blica respecto de la adjudicaci�n del bien inmueble a los beneficiarios del trabajador.

    Lo anterior, seg�n se aprecia de la narrada exposici�n de motivos de la reforma al referido precepto en mil novecientos ochenta y uno, obedeci� a la intenci�n de hacer accesible el derecho de los trabajadores a una vivienda digna, con fundamento en la fracci�n XII del apartado A del art�culo 123 de la Constituci�n Federal, en la cual est� previsto que la ley que crea el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, con �mbito de aplicaci�n federal "regular� las formas y procedimientos conforme a los cuales los trabajadores podr�n adquirir en propiedad las habitaciones", por lo que se estim� necesario tomar medidas adicionales a los est�mulos que se hab�an decretado para viviendas de inter�s social, que permitieran reducir los costos reales de las habitaciones destinadas a ser adquiridas por los trabajadores.

    Por ello, se consider� necesario estimar los gastos de diversa �ndole que se derivan de la titulaci�n de las viviendas que representan una carga que encarece el costo final de las mismas, por lo que se sugiri� que los actos relacionados con los cr�ditos que proporcione el instituto puedan otorgarse en documentos privados, ante la conveniencia de ahorrar en gastos notariales, es decir, mediante la celebraci�n de contratos privados susceptibles de inscribirse en el Registro P�blico, con el �nico requisito de que se celebren ante dos testigos y con la constancia del registrador sobre la autenticidad de las firmas y de la voluntad de las partes.

    De lo expuesto deriva que al prever la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, la forma de la sucesi�n de bienes conforme al r�gimen laboral, en los t�rminos que han sido interpretados en la jurisprudencia 2a./J. 191/2004, sustentada por esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, de conformidad con lo previsto en el art�culo 51 de la ley del instituto, vigente a partir de mil novecientos ochenta y cinco; al establecer este �ltimo que la adjudicaci�n de la vivienda se har� con s�lo las formalidades previstas en el art�culo 42 de la misma, vigentes a partir de mil novecientos ochenta y uno, deber� en consecuencia, atenderse a tales lineamientos para las formalidades de la transmisi�n de la propiedad del trabajador fallecido, por lo que conviene retomar el contenido, en lo conducente, de las referidas disposiciones:

    Art�culo 51. ... Los trabajadores acreditados podr�n manifestar expresamente su voluntad ante el instituto, en el acto del otorgamiento del cr�dito o posteriormente, para que en caso de muerte, la liberaci�n de las obligaciones, grav�menes o limitaciones de dominio que existan a favor del instituto, as� como la adjudicaci�n del inmueble libre de aqu�llos, se haga en beneficio de las personas que designen conforme a lo que se�ala el art�culo 40 de esta ley, con la prelaci�n ah� establecida cuando as� lo haya manifestado expresamente el trabajador, con s�lo las formalidades previstas en el pen�ltimo p�rrafo del art�culo 42 de esta misma ley y la constancia que asiente el instituto sobre la voluntad del trabajador y los medios con que se acrediten la capacidad e identidad de los beneficiarios. ...

    En los casos a que se refiere el p�rrafo anterior, los Registros P�blicos de la Propiedad correspondientes deber�n efectuar la inscripci�n de los inmuebles en favor de los beneficiarios, cancelando en consecuencia la que existiere a nombre del trabajador y los grav�menes o limitaciones de dominio que hubieren quedado liberados."

    En relaci�n con ello, el art�culo 42 prev�:

    Art�culo 42. Los contratos y las operaciones relacionados con los inmuebles a que se refiere este art�culo, ... estar�n exentos del pago de toda clase de impuestos, derechos o contribuciones de la Federaci�n, de los Estados o del Distrito Federal y, en su caso, el precio de venta a que se refiere el art�culo 48 se tendr� como valor de aval�o de las habitaciones. El impuesto predial y los derechos por consumo de agua, as� como las donaciones y equipamiento urbano se causar�n y cumplir�n en los t�rminos de las disposiciones legales aplicables.

    Los contratos y las operaciones a que se refiere el p�rrafo anterior, ... podr�n hacerse constar en documentos privados, ante dos testigos, e inscribirse en el Registro P�blico de la Propiedad que corresponda, con la constancia del registrador sobre la autenticidad de las firmas y de la voluntad de las partes. ..."

    De esta manera, de la interpretaci�n arm�nica de los preceptos indicados, es decir 51 y 42 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, queda de manifiesto que una vez realizada por la Junta Federal de Conciliaci�n y Arbitraje la designaci�n expresa de los beneficiarios del trabajador fallecido y condenado al instituto a la liberaci�n de las obligaciones, grav�menes o limitaciones de dominio que existan a su favor, procede la adjudicaci�n del inmueble libre de aqu�llos, como una consecuencia directa e inmediata, en la forma prevista en el pen�ltimo p�rrafo del art�culo 42 de la ley federal en cita.

    En virtud de lo antes expuesto, debe concluirse que la pretensi�n de los beneficiarios exigiendo la escrituraci�n de la vivienda a su favor, entendida �sta como la firma de escritura p�blica que ampare la formalidad del acto traslativo de dominio, es improcedente, pues como se ha visto, no rigen en la materia analizada, las disposiciones conducentes de la legislaci�n civil y la transmisi�n de la propiedad se har� con la simple inscripci�n de los inmuebles en favor de los beneficiarios, cancelando en consecuencia la que exista a nombre del trabajador y los grav�menes o limitaciones de dominio que hubieren quedado liberados.

    En este sentido, no puede estimarse que haya sido correcto el proceder del Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, al considerar ilegal el proceder de la Junta responsable y conceder el amparo a la quejosa ordenando emitir un nuevo laudo en el que se condene al instituto a la adjudicaci�n y escrituraci�n del inmueble a favor de la actora del bien objeto del cr�dito, como tampoco lo es la postura asumida por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, que estim� improcedente la escrituraci�n solicitada, pues su conclusi�n fue dogm�tica en ese aspecto, al indicar que ello no est� previsto en el art�culo 51 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.

    En el contexto del que se habla, debe decirse que en t�rminos de lo dispuesto por el C�digo Civil, en el cap�tulo que regula al Registro P�blico, las disposiciones aplicables, en lo conducente, prev�n:

    Disposiciones comunes de los documentos registrables

    (Reformado, D.O.F. 3 de enero de 1979)

    Art�culo 3005. S�lo se registrar�n:

    I. Los testimonios de escrituras o actas notariales u otros documentos aut�nticos;

    II. Las resoluciones y providencias judiciales que consten de manera aut�ntica;

    (Reformada, D.O.F. 7 de enero de 1988)

    III. Los documentos privados que en esta forma fueren v�lidos con arreglo a la ley, siempre que al calce de los mismos haya la constancia de que el notario, el registrador, el corredor p�blico o el Juez competente se cercioraron de la autenticidad de las firmas y de la voluntad de las partes. Dicha constancia deber� estar firmada por los mencionados fedatarios y llevar impreso el sello respectivo."

    Del registro de la propiedad inmueble y de los t�tulos inscribibles y anotables

    (Reformado primer p�rrafo, D.O.F. 7 de febrero de 1985) (F. de E., D.O.F. 29 de marzo de 1985)

    Art�culo 3042. En el Registro P�blico de la Propiedad Inmueble se inscribir�n:

    (Reformada, D.O.F. 3 de enero de 1979)

    I. Los t�tulos por los cuales se cree, declare, reconozca, adquiera, transmita, modifique, limite, grave o extinga el dominio, posesi�n originaria y los dem�s derechos reales sobre inmuebles;

    (Reformada, D.O.F. 3 de enero de 1979)

    II. La constituci�n del patrimonio familiar;

    (Reformada, D.O.F. 3 de enero de 1979)

    III. Los contratos de arrendamiento de bienes inmuebles, por un per�odo mayor de seis a�os y aquellos en que haya anticipos de rentas por m�s de tres a�os; y

    (Reformada, D.O.F. 3 de enero de 1979)

    IV. Los dem�s t�tulos que la ley ordene expresamente que sean registrados."

    A su vez, el Reglamento del Registro P�blico del Distrito Federal, en lo aplicable, dispone:

    Reglamento del Registro P�blico de la Propiedad del Distrito Federal

    T�tulo primero

    De las disposiciones generales

    Cap�tulo I

    Disposiciones generales

    Art�culo 1o. El Registro P�blico de la Propiedad es la instituci�n mediante la cual el Gobierno del Distrito Federal proporciona el servicio de dar publicidad a los actos jur�dicos que, conforme a la ley, precisan de este requisito para surtir efectos ante terceros."

    Art�culo 2o. El Registro P�blico de la Propiedad es la instituci�n del Departamento del Distrito Federal, a la cual est� encomendada el desempe�o de la funci�n registral, en todos sus �rdenes, con arreglo a las prevenciones del C�digo Civil para el Distrito Federal en Materia Com�n y para toda la Rep�blica en Materia Federal, de este Reglamento y dem�s disposiciones legislativas, reglamentarias y administrativas encaminadas al ejercicio de dicha funci�n."

    T�tulo tercero

    Del procedimiento registral

    Cap�tulo I

    Disposiciones generales

    Art�culo 32. El servicio registral se inicia ante el Registro P�blico con la presentaci�n de la solicitud por escrito y documentos anexos, conforme al formato que establezca la Direcci�n General, debiendo enumerarla y sellarla para los efectos del art�culo 18 de este reglamento."

    Art�culo 33. Los documentos a que se refieren las fracciones II y III del art�culo 3005 del C�digo Civil, cumplidos los requisitos fiscales se presentar�n por duplicado. El duplicado se encuadernar� y archivar�."

    Del procedimiento registral

    Cap�tulo I

    Disposiciones generales

    Art�culo 38. El registrador no calificar� la legalidad de la orden judicial o administrativa que decrete un asiento, pero si a su juicio, concurren algunas circunstancias por las que legalmente no deba practicarse, pondr� el caso en conocimiento del �rea jur�dica, para que por su conducto, se d� cuenta a la autoridad ordenadora. Si a pesar de ello �sta insiste en que se cumpla su mandato, se proceder� conforme a lo ordenado, tom�ndose raz�n del hecho en el asiento correspondiente. Las resoluciones judiciales ejecutoriadas que ordenen una inscripci�n, anotaci�n o cancelaci�n en un juicio en que el registrador o el director general sean parte, se cumplir�n de inmediato."

    Art�culo 60. Los actos contenidos en los t�tulos o documentos a que se refiere el art�culo 3042 del c�digo civil, se inscribir�n en la parte primera del folio, excepci�n hecha de aquellos por los que se constituyan, reconozcan, transmitan, modifiquen o extingan derechos de hipoteca y dem�s derechos reales distintos del de propiedad, a los cuales est� destinada la segunda parte del folio."

    Art�culo 64. S�lo se inscribir�n los documentos en que se transmitan, modifiquen o graven los bienes que integren el acervo hereditario, si previamente o a la vez se registra el testamento o en el caso del intestado, el auto declaratorio de herederos y el nombramiento del albacea definitivo. Este requisito no ser� exigido cuando la anotaci�n de su gravamen sea ordenado expresamente por autoridad judicial o administrativa."

    As�, en virtud de las disposiciones anteriores, se advierte que la transmisi�n de la propiedad por mandato legal, en este caso, por la adjudicaci�n que efect�a la Junta Federal de Conciliaci�n y Arbitraje a favor del o los beneficiarios del trabajador fallecido en el laudo dictado jurisdiccionalmente, debe ser objeto de inscripci�n en el Registro P�blico, por as� disponerlo el pen�ltimo p�rrafo del art�culo 42 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.

    Apoya la consideraci�n previa, la tesis sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, que dice:

    JUNTAS DE CONCILIACI�N Y ARBITRAJE.-

    Es indiscutible que pueden hacer que se ejecuten sus laudos, desde el momento en que la Constituci�n les ha dado el car�cter de autoridades encargadas de aplicar la ley, con relaci�n a los contratos de trabajo, y les ha conferido la posibilidad de decidir o declarar el derecho, en los casos individuales, relacionados con esos contratos, en los cuales act�an como tribunales. Siendo sus funciones p�blicas y obrando en virtud de una ley, es indiscutible que tienen la fuerza necesaria para hacer cumplir los laudos o sentencias que dicten, pues de otro modo, s�lo vendr�an a constituir cuerpos consultivos cuyas funciones ser�an est�riles, y no llenar�an su objeto." (Quinta �poca, Pleno, Semanario Judicial de la Federaci�n, Tomo XV, p�gina 509).

    Y por analog�a y por su contenido, las tesis de la entonces Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, que enseguida se citan:

    CONFLICTOS DE ORDEN ECON�MICO EN LA INDUSTRIA PETROLERA, LAUDOS PRONUNCIADOS CON MOTIVO DE LOS.-

    El laudo pronunciado con motivo del conflicto de orden econ�mico, planteado por los organismos creados para el manejo de la industria petrolera, debe considerarse con la fuerza de cualquiera de los laudos pronunciados por una Junta de Conciliaci�n y Arbitraje, con la jurisdicci�n que se le atribuye constitucionalmente, pues ser�a inadmisible que un conflicto de orden econ�mico, concluya con simples recomendaciones o autorizaciones sujetas a la exclusiva voluntad de los factores de la producci�n, ya que, muy por el contrario, constituyen verdaderas resoluciones con la fuerza ejecutoria correspondiente, dentro del sistema del derecho obrero." (Quinta �poca, Cuarta Sala, Semanario Judicial de la Federaci�n, Tomo XCVI, p�gina 2176).

    LAUDOS.-

    Por tener los laudos el car�cter de documentos p�blicos, en tanto no se declaren falsos los hechos en ellos contenidos, los mismos conservan toda su fuerza." (Quinta �poca, Cuarta Sala, Semanario Judicial de la Federaci�n, Tomo XC, p�gina 1726).

    No puede pasar inadvertido para esta Segunda Sala que si bien no resulta una formalidad obligatoria para los beneficiarios a quienes les fue adjudicado un bien, mediante la sucesi�n legal prevista en la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y en la Ley Federal del Trabajo, la transmisi�n de la propiedad del inmueble en escritura p�blica, ello no implica que los interesados puedan, si as� lo estiman conveniente, tramitar ante notario, la escritura p�blica respectiva, cumpliendo con ello las prevenciones del C�digo Civil, pues en todo caso cuentan con el derecho de proceder con dicha formalidad aun cuando no les sea obligatorio.

    De conformidad con lo razonado, este �rgano colegiado considera que debe prevalecer el criterio establecido en la presente resoluci�n y determina, de acuerdo con lo dispuesto en el art�culo 195 de la Ley de Amparo, que el criterio que debe regir con car�cter jurisprudencial, queda redactado con los siguientes rubro y texto:

    INFONAVIT. LA INSCRIPCI�N DEL INMUEBLE A FAVOR DE LOS BENEFICIARIOS DEL TRABAJADOR FALLECIDO DESIGNADOS POR LA JUNTA DE CONCILIACI�N Y ARBITRAJE, PUEDE HACERSE ANTE EL REGISTRO P�BLICO DE LA PROPIEDAD SIN NECESIDAD DE FORMALIZAR LA ADJUDICACI�N RESPECTIVA MEDIANTE ESCRITURA P�BLICA.-

    De los art�culos 51 y 42 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, se advierte que una vez designados por la Junta Federal de Conciliaci�n y Arbitraje los beneficiarios del trabajador fallecido y condenado el instituto a la liberaci�n de las obligaciones, grav�menes o limitaciones de dominio que existan a su favor, procede la adjudicaci�n a aqu�llos del bien inmueble libre de cualquier afectaci�n como lo prev� el pen�ltimo p�rrafo del segundo de los preceptos mencionados. Lo anterior es as�, ya que del proceso legislativo que dio lugar a la reforma del referido art�culo 42 en 1981, se desprende que ante la conveniencia de ahorrar en gastos notariales, se consider� que los actos relacionados con los cr�ditos que proporcione el instituto puedan otorgarse en documentos privados susceptibles de inscribirse en el Registro P�blico de la Propiedad, con el �nico requisito de que se celebren ante dos testigos y con la constancia del registrador sobre la autenticidad de las firmas y de la voluntad de las partes, eliminando especialmente la necesidad de formalizar el acto traslativo mediante escritura p�blica firmada ante notario, para la validez frente a terceros del traslado de dominio realizado; lo que da como resultado que en la sucesi�n de bienes conforme al r�gimen laboral, en t�rminos de la jurisprudencia 2a./J. 191/2004, publicada en el Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, Novena �poca, Tomo XX, diciembre de 2004, p�gina 388, con el rubro: "INFONAVIT. LA DECLARACI�N DE BENEFICIARIOS POR LA JUNTA FEDERAL DE CONCILIACI�N Y ARBITRAJE DA LUGAR A LA ADJUDICACI�N DEL INMUEBLE ADQUIRIDO POR EL TRABAJADOR FALLECIDO CON UN CR�DITO OTORGADO POR AQUEL INSTITUTO.", y de conformidad con el art�culo 51 de la ley citada, priman las disposiciones espec�ficas que para tal efecto establece la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, y no la regulaci�n civil de los juicios sucesorios ni sus formalidades en cuanto a la transmisi�n de la propiedad de bienes inmuebles. Por tanto, es improcedente la pretensi�n de los beneficiarios exigiendo la escrituraci�n de la vivienda a su favor, entendida �sta como la firma de la escritura p�blica respectiva, pues en la materia laboral rigen las disposiciones que para tal efecto establece la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y, en consecuencia, la transmisi�n de la propiedad se har� cancelando la que exista a nombre del trabajador, as� como los grav�menes o limitaciones de dominio que hubieren sido liberados, y la inscripci�n del inmueble en favor de los beneficiarios, se realizar� ante el Registro P�blico de la Propiedad, sin necesidad de formalizar el acto traslativo de dominio en escritura p�blica, pero sin perjuicio de que los interesados puedan, si as� lo estiman conveniente, tramitar ante notario la escritura p�blica correspondiente, si bien esta formalidad no les es obligatoria.

    Por lo expuesto y fundado, se resuelve:

PRIMERO

S� existe la contradicci�n de tesis denunciada.

SEGUNDO

Se declara que debe prevalecer con el car�cter de jurisprudencia el criterio establecido por esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, contenido en la tesis que ha quedado redactada en la parte final del �ltimo considerando de la presente resoluci�n.

Notif�quese; rem�tase de inmediato la tesis jurisprudencia que se establece en este fallo a la Direcci�n General de la Coordinaci�n de Compilaci�n y S.�n de Tesis y la parte considerativa correspondiente, para su publicaci�n en el Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, as� como al Pleno y a la Primera Sala de la Suprema Corte, a los Tribunales Colegiados de Circuito y Juzgados de Distrito, en acatamiento a lo previsto por el art�culo 195 de la Ley de Amparo y, en su oportunidad, arch�vese el expediente.

As�, lo resolvi� la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, por unanimidad de cinco votos de los se�ores Ministros: M.B.L.R., G.D.G.�ngora P., S.S.A.A., G.I.O.M. y presidente J.D.R.. Fue ponente el se�or Ministro G.D.G.�ngora P..

Tesis:

N�mero tesis: 177600

Rubro: INFONAVIT. LA INSCRIPCI�N DEL INMUEBLE A FAVOR DE LOS BENEFICIARIOS DEL TRABAJADOR FALLECIDO DESIGNADOS POR LA JUNTA DE CONCILIACI�N Y ARBITRAJE, PUEDE HACERSE ANTE EL REGISTRO P�BLICO DE LA PROPIEDAD SIN NECESIDAD DE FORMALIZAR LA ADJUDICACI�N RESPECTIVA MEDIANTE ESCRITURA P�BLICA.

Localizacion: 9a. �poca; 2a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; XXII, Agosto de 2005; P�g. 309; [J];

N�mero tesis: 177601

Rubro: INFONAVIT. LA ADJUDICACI�N DEL INMUEBLE A FAVOR DE LOS BENEFICIARIOS DEL TRABAJADOR FALLECIDO, DESIGNADOS POR LA JUNTA DE CONCILIACI�N Y ARBITRAJE, DA LUGAR A SU INSCRIPCI�N EN EL REGISTRO P�BLICO DE LA PROPIEDAD POR VIRTUD DE LA FUERZA LEGAL DEL LAUDO QUE AS� LO ORDENA.

Localizacion: 9a. �poca; 2a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; XXII, Agosto de 2005; P�g. 363; [T.A.];