Ejecutoria num. 2a./J. 85/2005 de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala - Jurisprudencia - VLEX 26823763

Ejecutoria num. 2a./J. 85/2005 de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala

Emisor:Segunda Sala
Número de Resolución:2a./J. 85/2005
Localizacion:GUILLERMO I. ORTIZ MAYAGOITIA.
Materia:Suprema Corte de Justicia de México
Fecha de Publicación: 1 de Agosto de 2005
RESUMEN

CONTRADICCIÓN DE TESIS 13/2005-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS CUARTO Y OCTAVO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES. EL ARTÍCULO 138 DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL, AL ESTABLECER COMO SISTEMA DE DETERMINACIÓN ALTERNATIVA DE LA BASE GRAVABLE DEL IMPUESTO RELATIVO EL AVALÚO PRACTICADO POR LA AUTORIDAD FISCAL O POR PERSONAS REGISTRADAS O AUTORIZADAS POR ELLA, NO TRANSGREDE EL PRINCIPIO TRIBUTARIO DE LEGALIDAD.

 
ÍNDICE
CONTENIDO

CONTRADICCI�N DE TESIS 13/2005-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS CUARTO Y OCTAVO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

MINISTRO PONENTE: G.I.O.M..

SECRETARIA: L.M.G.�A GALICIA.

CONSIDERANDO:

TERCERO

A fin de estar en aptitud de resolver esta denuncia de contradicci�n de tesis, es preciso tener presente las consideraciones sustentadas por los �rganos jurisdiccionales involucrados en las respectivas ejecutorias.

  1. Los antecedentes y consideraciones que sirvieron de sustento al Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el amparo en revisi�n n�mero 281/2004, que se interpuso por el secretario de Gobierno del Distrito F., en ausencia del jefe de Gobierno del Distrito F. y otras autoridades, en sesi�n celebrada el d�a seis de octubre de dos mil cuatro, en s�ntesis, son los que a continuaci�n se destacan:

    I.A.:

    El Juez de Distrito que conoci� del asunto consider�, esencialmente, fundado el concepto de violaci�n elaborado por la parte quejosa en el sentido de que el art�culo 138 del C�digo Financiero del Distrito F. conculca el principio constitucional de legalidad en materia tributaria, dado que no establece con certeza y precisi�n uno de los elementos esenciales del tributo: la base gravable, toda vez que:

    ? El precepto reclamado establece una base gravable alternativa, que por s� misma no es inconstitucional, pues ello depender� de que, por la que se opte, se encuentre legalmente establecida para que la determine la autoridad o el sujeto pasivo del tributo, as� como los m�todos para fijarlas.

    ? El art�culo 138 del C�digo Financiero del Distrito F. establece que para efectos del impuesto sobre adquisici�n de inmuebles se considerar� el que resulte m�s alto entre el valor de adquisici�n, el valor catastral o el valor del aval�o practicado por la autoridad fiscal o por persona autorizada o registrada por la misma; as�, estos valores son bases gravables potenciales por las cuales (al ser una de ellas la mayor) se deber� considerar para calcular el tributo respectivo; en este tenor, cualquiera de tales valores deben ser determinados o estar establecidos expresamente por el legislador y no por otro sujeto o persona distinta a �ste, como la Administraci�n Tributaria o una persona autorizada por �sta.

    ? En tal virtud, al se�alar el numeral impugnado que una de las bases gravables alternativas consiste en el aval�o practicado por la autoridad fiscal, por persona autorizada o perito valuador registrado, ajust�ndose en estos dos �ltimos supuestos a lineamientos t�cnicos, as� como los manuales de valoraci�n emitidos por la autoridad, es obvio que esa base gravable no se fija por el legislador, sino que como lo dice el propio precepto reclamado, por un sujeto distinto a �ste.

    ? Por tanto, como bien lo alega la quejosa, el numeral que se combate transgrede el principio de legalidad, toda vez que la base gravable del tributo no se establece por el legislador, sino por la Administraci�n Tributaria o un tercero, provocando con ello que la carga fiscal sea determinada finalmente por la autoridad, en la medida en que �sta queda autorizada por el numeral de m�rito a fijar libremente el aval�o respectivo, el cual, incluso, podr�a ser superior al del mercado, situaci�n que implicar�a gravar manifestaciones ajenas a la capacidad del contribuyente.

    ? En consecuencia, es inconstitucional el art�culo 138 del C�digo Financiero del Distrito F., porque omite establecer las reglas que habr�n de seguirse para la formulaci�n de los aval�os a que se ha hecho referencia, lo cual otorga la posibilidad de una actuaci�n caprichosa no s�lo de la autoridad exactora, sino tambi�n de terceras personas autorizadas para practicar aval�os.

    Inconforme con la resoluci�n que antecede, el secretario de Gobierno, en ausencia del jefe de Gobierno, ambos del Distrito F., interpuso recurso de revisi�n, medio de defensa en el que, esencialmente, formul� dos agravios, a saber:

    ? El Juez de Distrito al dictar el fallo recurrido no tom� en cuenta los argumentos que se expresaron en el informe justificado, con los cuales se demuestra la constitucionalidad de los preceptos legales impugnados, mismos que se hacen consistir en que el art�culo 138 del C�digo Financiero del Distrito F. cumple cabalmente con el principio de legalidad al establecer con precisi�n los procedimientos aplicables para determinar la base gravable del impuesto sobre adquisici�n de bienes inmuebles, adem�s de que el hecho imponible del impuesto refleja una aut�ntica manifestaci�n econ�mica del sujeto pasivo de la relaci�n tributaria.

    ? La sentencia recurrida contraviene lo dispuesto en el art�culo 80 de la Ley de Amparo, al otorgar mayores alcances al amparo concedido a los quejosos.

    1. Consideraciones del fallo dictado por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito.

    ? Contrariamente a lo que sostiene la autoridad recurrente, el Juez de Distrito no se encuentra obligado al dictar su resoluci�n, a referirse a todas y cada una de las argumentaciones que se contengan en el informe justificado que rindan las autoridades responsables.

    ? El art�culo 138 del C�digo Financiero del Distrito F. vigente a partir del primero de enero de dos mil cuatro, s� transgrede el principio de legalidad tributaria, al no establecer con precisi�n y certeza los elementos del impuesto sobre adquisici�n de bienes inmuebles, concretamente, la base gravable del tributo.

    ? Lo anterior es as�, porque el numeral de m�rito otorga facultades a la Administraci�n Tributaria de realizar un aval�o respecto del bien inmueble de que se trate, que se traduce en dejar al arbitrio de la autoridad la determinaci�n de la base gravable del tributo; en este tenor, el Juez de Distrito estuvo en lo correcto al declarar la inconstitucionalidad del art�culo 138 del C�digo Financiero del Distrito F. y conceder la protecci�n de la Justicia F. solicitada en contra de dicha norma jur�dica.

  2. Por otra parte, los antecedentes y consideraciones que sirvieron de sustento al Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver los amparos en revisi�n n�meros 270/2004 y 331/2004, son muy similares, raz�n por la cual, para evitar repeticiones innecesarias, �nicamente se har� referencia al primero de los asuntos que se ha mencionado con antelaci�n, mismo que se interpuso por el secretario de Gobierno, en ausencia del jefe de Gobierno, ambos del Distrito F., y se resolvi� en sesi�n celebrada el d�a doce de noviembre de dos mil cuatro, fallo del que se desprende, en esencia, lo siguiente:

    I.A.:

    El Juez de Distrito que conoci� del asunto consider� fundados los conceptos de violaci�n elaborados en el sentido de que el art�culo 138 del C�digo Financiero del Distrito F. conculca la garant�a constitucional de legalidad tributaria, dado que no establece con precisi�n y certeza los elementos del tributo, adem�s, deja en manos de la autoridad fiscal la determinaci�n de uno de dichos elementos, esto es, la base sobre la cual debe calcularse el mismo; la determinaci�n de m�rito se sustent� en lo siguiente:

    ? El precepto reclamado establece una base gravable alternativa, que por s� misma no es inconstitucional, pues ello depender� de que, por la que se opte, se encuentre legalmente establecida para que la determine la autoridad o el sujeto pasivo del tributo, as� como los m�todos para fijarlas.

    ? El art�culo 138 del C�digo Financiero del Distrito F. establece que para efectos del impuesto sobre adquisici�n de inmuebles se considerar� el que resulte m�s alto entre el valor de adquisici�n, el valor catastral y el valor del aval�o practicado por la autoridad fiscal o por persona registrada o autorizada, por la misma; as�, estos valores son bases gravables potenciales por las cuales (al ser una de ellas la mayor) se deber� considerar para calcular el impuesto respectivo, en este tenor cualquiera de tales valores deben ser determinados o estar establecidos expresamente por el legislador y no por otro sujeto o persona distinta a �ste, como la Administraci�n Tributaria o una persona autorizada por �sta.

    ? En tal virtud, al se�alar el numeral impugnado que una de las bases gravables alternativas consiste en el aval�o practicado por la autoridad fiscal, por persona autorizada o perito valuador registrado, ajust�ndose en estos dos �ltimos supuestos a lineamientos t�cnicos, as� como los manuales de valoraci�n emitidos por la autoridad, es obvio que esa base gravable no se fija por el legislador, sino que como lo dice el propio precepto reclamado, por un sujeto distinto a �ste.

    ? Por tanto, como bien lo alega la quejosa, el numeral que se combate transgrede el principio de legalidad, toda vez que la base gravable del tributo no se establece por el legislador, sino por la Administraci�n Tributaria o un tercero, provocando con ello que la carga fiscal sea determinada finalmente por la autoridad, en la medida en que �sta queda autorizada por el numeral de m�rito a fijar libremente el aval�o respectivo, el cual, incluso, podr�a ser superior al del mercado, situaci�n que implicar�a gravar manifestaciones ajenas a la capacidad del contribuyente.

    ? En consecuencia, es inconstitucional el art�culo 138 del C�digo Financiero del Distrito F., porque omite establecer las reglas que habr�n de seguirse para la formulaci�n de los aval�os a que se ha hecho referencia, lo cual otorga la posibilidad de una actuaci�n caprichosa no s�lo de la autoridad exactora, sino tambi�n de terceras personas autorizadas para practicar aval�os.

    Inconforme con la resoluci�n anterior, el secretario de Gobierno, en ausencia del jefe de Gobierno, ambos del Distrito F., interpuso recurso de revisi�n alegando, entre otras cosas, lo siguiente:

    ? El juzgador se abstiene de tomar en cuenta los argumentos, razones y fundamentos legales vertidos por la autoridad responsable en su informe justificado, encaminados a sostener la constitucionalidad de los art�culos 134 y 138 del C�digo Financiero del Distrito F., as� como a acreditar que el legislador local defini� las bases para determinar el impuesto sobre adquisici�n de inmuebles previsto en el segundo de los preceptos legales controvertidos, sin que la autoridad fiscal pudiera, a su arbitrio, liquidar ese gravamen fiscal.

    ? En t�rminos de los art�culos 134, 135 y 138 del C�digo Financiero del Distrito F., la determinaci�n del impuesto sobre adquisici�n de inmuebles no queda en manos de la autoridad fiscal, sino que el legislador defini� las bases impositivas para cuantificar el tributo y el gobernado conoce con certeza todos los elementos del mismo.

    ? El art�culo 138 del C�digo Financiero del Distrito F. s� establece los elementos del impuesto, a saber, los sujetos (personas f�sicas y morales que adquieran inmuebles ubicados en el Distrito F.), el objeto (grava la adquisici�n de inmuebles, entendida en t�rminos del diverso art�culo 157 del propio ordenamiento tributario), la base gravable (el valor del inmueble que resulte m�s alto entre los valores de la adquisici�n, del catastro o del aval�o practicado por la autoridad fiscal o por personal autorizado por �sta), la tasa (integrada por una tarifa progresiva, contemplada en el art�culo 137 del mismo ordenamiento financiero), la causaci�n (el momento de adquirir un inmueble), la mec�nica del tributo (c�lculo basado en el valor del inmueble que resulte m�s alto entre los valores de la adquisici�n, del catastro o del aval�o practicado por la autoridad fiscal o por personal autorizado por �sta, aplicando la tarifa establecida en el art�culo 137 del citado c�digo tributario) y la �poca de pago (dentro de los quince d�as siguientes a la realizaci�n de los supuestos previstos en el art�culo 160 del mencionado ordenamiento fiscal local).

    ? Los aval�os que se realicen para determinar el impuesto sobre adquisici�n de inmuebles, por disposici�n del legislador, se ajustar�n a los procedimientos y lineamientos t�cnicos y a los manuales de valuaci�n emitidos por la autoridad fiscal, estableciendo el art�culo 145 del C�digo Financiero del Distrito F. que los fedatarios deber�n verificar que esos aval�os se encuentren vigentes, por lo que para poder sustentar la conclusi�n del Juez F. en el sentido de que el af�n recaudatorio de la administraci�n le impulsar� a establecer como valor m�s alto el correspondiente al aval�o.

    ? Las �nicas autoridades fiscales que pueden llevar a cabo aval�os para efectos catastrales, en t�rminos de los art�culos 81, fracci�n II y 86, fracciones IX y XIII, del Reglamento Interior de la Administraci�n P�blica del Distrito F., son la Subtesorer�a de F.�n y la Subtesorer�a de Catastro y P.�n Territorial, y no as� las administraciones tributarias, como incorrectamente alude el juzgador, adem�s de que el art�culo 138 del C�digo Financiero del Distrito F. carece de referencia a esas administraciones.

    ? El C�digo Financiero del Distrito F. no dispone que las personas registradas o autorizadas por la autoridad fiscal para practicar aval�os pertenezcan a la autoridad, laboren para �sta o formen parte de ella, sino que se trata de peritos que practican aval�os catastrales, los cuales deben estar registrados ante la autoridad para ese efecto y prestan sus servicios profesionales de forma particular a los contribuyentes.

    1. Consideraciones del fallo dictado por el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito:

    ? La base gravable de un tributo se revela como una medida encaminada a determinar la cuant�a del hecho imponible o generador del tributo, y es factible que se integre por un valor espec�fico, el cual, a su vez, puede ser fijo o variable, aunque, en una u otra hip�tesis, la base debe estar establecida en la ley que previene la contribuci�n o en una reglamentaci�n alterna.

    ? Es posible que la ley encomiende a la autoridad exactora o a alguna otra de car�cter administrativo, la fijaci�n de uno o m�s componentes de la base imponible, aunque, de ser as�, la propia disposici�n normativa general deber� establecer el procedimiento o mecanismo a seguir por el �rgano fiscal o administrativo correspondiente, a fin de evitar que este �ltimo decida, a su libre arbitrio, esos factores, con la imprevisibilidad en la carga tributaria a cargo del gobernado que ello acarrear�a.

    ? En este sentido, si bien la falta de regulaci�n sobre el mecanismo que permita a la autoridad respectiva la obtenci�n de alg�n componente de la base gravable origina la vulneraci�n al principio de legalidad tributaria, no menos cierto lo es que este aserto debe matizarse, porque puede ocurrir que la actividad encomendada al �rgano estatal se reduzca a la constataci�n de un dato o de un indicador econ�mico establecido concreta y precisamente en la propia legislaci�n, o a un procedimiento estrictamente t�cnico, caso en el cual es innecesaria la regulaci�n del procedimiento que s� es exigible en los restantes casos, esto es, en los que impliquen una comparaci�n de datos y una apreciaci�n que origine la determinaci�n del factor integrante del elemento tributario.

    ? Ahora bien, el C�digo Financiero del Distrito F. establece en el cap�tulo I de su t�tulo tercero, el impuesto sobre adquisici�n de inmuebles, precisando, a lo largo de su articulado, los diferentes elementos de esa contribuci�n, dentro de los cuales destaca que en el art�culo 138 de dicho ordenamiento jur�dico se dispone que para determinar la cuant�a de la deuda tributaria se considerar� el valor del inmueble, mismo que es variable, toda vez que son tres los factores que permiten establecerlo, a saber: el valor de adquisici�n, el valor catastral y el valor que resulte del aval�o practicado por la autoridad fiscal o por personas registradas o autorizadas por la misma.

    ? La previsi�n de este tercer componente no es violatoria del principio de legalidad, toda vez que no es exacto que con la introducci�n de tal elemento se deje en manos de la autoridad administrativa la determinaci�n de la base del gravamen, en atenci�n a que los art�culos 45, 141 y 151 del C�digo Financiero del Distrito F. establece los lineamientos a que deber�n sujetarse tanto la autoridad como las personas registradas o autorizadas ante la misma.

    ? En este sentido, la circunstancia de que la ley no contenga los criterios t�cnicos conforme a los cuales deba practicarse el aval�o de los inmuebles no implica una transgresi�n al principio de legalidad ni al diverso de reserva de ley, pues el acto de valuar un inmueble no es m�s que la acci�n de constatar, en un momento y lugar determinado, la dimensi�n econ�mica de un bien, conforme a una t�cnica cuyos principios y reglas, por supuesto, no son propias, en principio, del contenido de una ley tributaria, pues el objeto de �sta no es en s� regular la t�cnica de valuaci�n, sino establecer los elementos a partir de los cuales debe medirse la capacidad contributiva en raz�n de su posici�n frente al objeto gravado.

    ? Por consiguiente, el art�culo 138 del C�digo Financiero del Distrito F. que regula el impuesto sobre adquisici�n de inmuebles no vulnera el principio de legalidad previsto en la fracci�n IV del art�culo 31 constitucional, resultando fundados los agravios que vierte la autoridad responsable sobre la incorrecta estimaci�n del Juez de amparo en el sentido de que se omiti� fijar la base gravable y que uno de los elementos de �sta, el aval�o, es fijado libremente por la autoridad tributaria.

CUARTO

Una vez elaboradas las anotaciones precedentes, es menester se�alar que para determinar la existencia de criterios dis�miles sustentados por los Tribunales Colegiados de Circuito y que tal circunstancia sea materia de estudio de esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, con el objeto de dilucidar el que debe prevalecer con car�cter de jurisprudencia, se requiere de la concurrencia de los siguientes supuestos:

  1. Que al resolver los negocios jur�dicos se examinen cuestiones jur�dicas esencialmente iguales;

  2. Que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jur�dicas de las sentencias respectivas; y,

  3. Que los distintos criterios provengan del an�lisis de los mismos elementos.

    Lo anterior deriva de la naturaleza y caracter�sticas propias de los conflictos de contradicci�n de tesis, as� como de los criterios que a continuaci�n se transcriben.

    "CONTRADICCI�N DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA. De conformidad con lo que establecen los art�culos 107, fracci�n XIII, primer p�rrafo, de la Constituci�n F. y 197-A de la Ley de Amparo, cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, o de la Sala que corresponda deben decidir cu�l tesis ha de prevalecer. Ahora bien, se entiende que existen tesis contradictorias cuando concurren los siguientes supuestos: a) Que al resolver los negocios jur�dicos se examinen cuestiones jur�dicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jur�dicos discrepantes; b) Que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jur�dicas de las sentencias respectivas; y, c) Que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos." (Jurisprudencia 4a./J. 22/92 emitida en la Octava �poca por la Cuarta Sala de esta Suprema Corte de Justicia, visible a fojas 22 del N�mero 58, octubre de 1992, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federaci�n).

    "CONTRADICCI�N DE TESIS. EXISTE, AUNQUE LOS CRITERIOS DE LOS TRIBUNALES CONTENDIENTES SE HAYAN EXTERNADO SOBRERESOLUCIONES DE DIVERSOS ESTADIOS PROCESALES. La circunstancia de que los actos reclamados en los juicios de amparo directo, que originaron criterios divergentes, provengan de diversos estadios procesales -como el acuerdo de desechamiento de demanda dictado por el Magistrado instructor de una Sala del Tribunal F. de la Federaci�n por una parte y la sentencia emitida por una Sala del mismo �rgano por la otra- no es obst�culo para determinar la existencia de la contradicci�n de tesis entre dos Tribunales Colegiados de Circuito si los criterios de �stos, resolvieron sobre una misma cuesti�n procesal, con sentido diverso." (Tesis aislada 2a. III/95 de la Segunda Sala, publicada en la p�gina 55 del Tomo I, abril de 1995, Novena �poca del Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta).

    "CONTRADICCI�N DE TESIS. REQUISITOS PARA LA PROCEDENCIA DE LA DENUNCIA. Es verdad que en el art�culo 107, fracci�n XIII, de la Constituci�n y dentro de la Ley de Amparo, no existe disposici�n que establezca como presupuesto de la procedencia de la denuncia de contradicci�n de tesis, la relativa a que �sta emane necesariamente de juicios de id�ntica naturaleza; sin embargo, es la interpretaci�n que tanto la doctrina como esta Suprema Corte han dado a las disposiciones que regulan dicha figura, las que s� han considerado que para que exista materia a dilucidar sobre cu�l criterio debe prevalecer, debe existir, cuando menos formalmente, la oposici�n de criterios jur�dicos en los que se controvierta la misma cuesti�n. Esto es, para que se surta su procedencia, la contradicci�n denunciada debe referirse a las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jur�dicas vertidas dentro de la parte considerativa de las sentencias respectivas, que son las que constituyen precisamente las tesis que se sustentan por los �rganos jurisdiccionales. No basta pues que existan ciertas o determinadas contradicciones si �stas s�lo se dan en aspectos accidentales o meramente secundarios dentro de los fallos que originan la denuncia, sino que la oposici�n debe darse en la substancia del problema jur�dico debatido; por lo que ser� la naturaleza del problema, situaci�n o negocio jur�dico analizado, la que determine materialmente la contradicci�n de tesis que hace necesaria la decisi�n o pronunciamiento del �rgano competente para establecer el criterio prevaleciente, con car�cter de tesis de jurisprudencia." (Tesis aislada CLXXIV/89 de la Tercera Sala, visible a fojas 219 del Tomo IV, Primera Parte, Octava �poca del Semanario Judicial de la Federaci�n).

    En esta tesitura, en relaci�n con los supuestos necesarios que se requieren para determinar la existencia de la contradicci�n de tesis sustentadas por los Tribunales Colegiados, en el presente asunto, se puede observar lo siguiente:

  4. Que al resolver los negocios jur�dicos se examinen cuestiones jur�dicas esencialmente iguales.

    Este requisito s� se cumple, en virtud de que los Tribunales Colegiados de Circuito examinaron el punto concreto de derecho consistente en la constitucionalidad del art�culo 138 del C�digo Financiero del Distrito F., a la luz del principio tributario de legalidad que prev� el art�culo 31, fracci�n IV, de la Carta Magna, al establecer como base alternativa del impuesto sobre adquisici�n de inmuebles el aval�o que realice la autoridad fiscal o persona autorizada o registrada ante la misma.

  5. Que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos e interpretaciones jur�dicas de las sentencias respectivas.

    Tambi�n este requisito se actualiza, en atenci�n a que el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el asunto sometido a su conocimiento, sostiene que el art�culo 138 del C�digo Financiero del Distrito F. s� transgrede el principio tributario de legalidad, puesto que no establece con certeza y precisi�n los elementos del tributo sobre adquisici�n de inmuebles, espec�ficamente, el relativo a la base gravable, ya que otorga facultades a la autoridad administrativa de practicar un aval�o respecto del bien inmueble de que se trate, situaci�n que implica dejar al arbitrio de dicha autoridad la determinaci�n de aqu�lla, en tanto que el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito considera lo contrario.

  6. Que los distintos criterios provengan del estudio de los mismos elementos.

    En los asuntos que se encuentran involucrados en la presente contradicci�n de tesis se promovi� el juicio de amparo indirecto se�alando como acto reclamado el art�culo 138 del C�digo Financiero del Distrito F., vigente a partir del primero de enero de dos mil cuatro, numeral en el que se establece la base gravable del impuesto sobre adquisici�n de inmuebles; asimismo, en los asuntos de m�rito, el Juez de Distrito concedi� la protecci�n de la Justicia F. en contra del precepto jur�dico en cuesti�n, al considerar que �ste transgrede el principio tributario de legalidad consagrado en el art�culo 31, fracci�n IV, de la Constituci�n F.; sin embargo, aun cuando existen los mismos elementos y �stos fueron tomados en cuenta por los Tribunales Colegiados al dictar los fallos correspondientes, aqu�llos resolvieron en sentido diverso, sustentando su fallo en razonamientos divergentes entre s�.

    Por tanto, este requisito tambi�n se cumple puntualmente.

    En este tenor, al actualizarse los presupuestos que se han se�alado con antelaci�n, esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n estima que s� existe la contradicci�n de criterios que se denuncia, por lo que el punto de derecho a dilucidar consiste en determinar si el art�culo 138 del C�digo Financiero del Distrito F., al establecer como base gravable alternativa del impuesto sobre adquisici�n de inmuebles el aval�o practicado por la autoridad fiscal, implica dejar al arbitrio de esta �ltima la determinaci�n de uno de los elementos esenciales del tributo y, por ende, violaci�n al principio de legalidad, que sobre la materia consagra el art�culo 31, fracci�n IV, de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos.

    Sobre el particular es menester destacar que, si bien de los criterios sustentados en las ejecutorias dictadas por los Tribunales Cuarto y Octavo, ambos en Materia Administrativa del Primer Circuito, no se redactaron tesis y, por tanto, no hubo publicaci�n de �stas, conforme a lo previsto en el art�culo 195 de la Ley de Amparo, tambi�n lo es que tal situaci�n no constituye obst�culo alguno para estimar que en la especie exista la contradicci�n de tesis denunciada, en virtud de que para que dicho supuesto se actualice basta simplemente que diversos Tribunales Colegiados adopten criterios divergentes al resolver sobre un mismo punto de derecho.

    Sirve de apoyo a la anterior consideraci�n, la tesis de jurisprudencia n�mero 94/2000, sustentada por esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, consultable en la p�gina 319, Tomo XII, correspondiente al mes de noviembre del a�o dos mil, del Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, Novena �poca, que dice:

    CONTRADICCI�N DE TESIS. SU EXISTENCIA REQUIERE DE CRITERIOS DIVERGENTES PLASMADOS EN DIVERSAS EJECUTORIAS, A PESAR DE QUE NO SE HAYAN REDACTADO NI PUBLICADO EN LA FORMA ESTABLECIDA POR LA LEY. Los art�culos 107, fracci�n XIII, de la Constituci�n General de la Rep�blica, 197 y 197-A de la Ley de Amparo, regulan la contradicci�n de tesis sobre una misma cuesti�n jur�dica como forma o sistema de integraci�n de jurisprudencia, desprendi�ndose que la tesis a que se refieren es el criterio jur�dico sustentado por un �rgano jurisdiccional al examinar un punto concreto de derecho, cuya hip�tesis, con caracter�sticas de generalidad y abstracci�n, puede actualizarse en otros asuntos; criterio que, adem�s, en t�rminos de lo establecido en el art�culo 195 de la citada legislaci�n, debe redactarse de manera sint�tica, controlarse y difundirse, formalidad que de no cumplirse no le priva del car�cter de tesis, en tanto que esta investidura la adquiere por el solo hecho de reunir los requisitos inicialmente enunciados de generalidad y abstracci�n. Por consiguiente, puede afirmarse que no existe tesis sin ejecutoria, pero que ya existiendo �sta, hay tesis a pesar de que no se haya redactado en la forma establecida ni publicado y, en tales condiciones, es susceptible de formar parte de la contradicci�n que establecen los preceptos citados.

QUINTO

Con base en lo expuesto, esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n considera que debe prevalecer el criterio que con car�cter de jurisprudencia aqu� se define y que coincide esencialmente con el diverso que ha sustentado el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito.

Como se precis� en el considerando anterior, la materia de la presente resoluci�n de contradicci�n de tesis consiste en determinar si el art�culo 138 del C�digo Financiero del Distrito F., al establecer como base gravable alternativa del impuesto sobre adquisici�n de inmuebles el aval�o practicado por la autoridad fiscal, implica dejar al arbitrio de esta �ltima la determinaci�n de uno de los elementos esenciales del tributo y, por ende, al principio de legalidad, que sobre la materia consagra el art�culo 31, fracci�n IV, de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos.

A fin de informar la decisi�n que sobre el punto de derecho a dilucidar sustentar� esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, se considera conveniente, en primer t�rmino, determinar los alcances del principio tributario de legalidad, para posteriormente, a la luz de dicho principio, analizar concretamente uno de los elementos esenciales del impuesto sobre adquisici�n de inmuebles que establece el C�digo Financiero del Distrito F., es decir, el relativo a una de las bases gravables alternativas que se prev� al respecto, a saber: el aval�o que realiza la autoridad fiscal o personas registradas o autorizadas por la misma.

En este tenor, el Pleno de este Alto Tribunal al interpretar los alcances del principio de legalidad que en materia de contribuciones consagra el art�culo 31, fracci�n IV, de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, ha determinado que aqu�llos consisten en que los tributos sean establecidos mediante un acto legislativo, es decir, que provenga del �rgano que tiene atribuida la funci�n de crear leyes (aspecto formal) y en que los elementos esenciales de aqu�llos, tales como el sujeto, objeto, base, tasa o tarifa y �poca de pago, tambi�n se encuentren consignados en la ley (aspecto material); todo ello con la finalidad de proporcionar seguridad jur�dica al contribuyente en el momento de cumplir sus obligaciones y evitar cualquier arbitrariedad por parte de las autoridades hacendarias en la determinaci�n y cobro respectivos, seg�n se desprende de la tesis de jurisprudencia visible en la p�gina 173 de los Vol�menes 91-96, Primera Parte, del Semanario Judicial de la Federaci�n, S�ptima �poca, que dice:

IMPUESTOS, PRINCIPIO DE LEGALIDAD QUE EN MATERIA DE, CONSAGRA LA CONSTITUCI�N FEDERAL. El principio de legalidad se encuentra claramente establecido por el art�culo 31 constitucional, al expresar, en su fracci�n IV, que los mexicanos deben contribuir para los gastos p�blicos de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes y est�, adem�s, minuciosamente reglamentado en su aspecto formal, por diversos preceptos que se refieren a la expedici�n de la Ley General de Ingresos, en la que se determinan los impuestos que se causar�n y recaudar�n durante el periodo que la misma abarca. Por otra parte, examinando atentamente este principio de legalidad, a la luz del sistema general que informa nuestras disposiciones constitucionales en materia impositiva y de explicaci�n racional e hist�rica, se encuentra que la necesidad de que la carga tributaria de los gobernados est� establecida en una ley, no significa tan solo que el acto creador del impuesto deba emanar de aquel poder que, conforme a la Constituci�n del Estado, est� encargado de la funci�n legislativa, ya que as� se satisface la exigencia de que sean los propios gobernados, a trav�s de sus representantes, los que determinen las cargas fiscales que deben soportar, sino fundamentalmente que los caracteres esenciales del impuesto y la forma, contenido y alcance de la obligaci�n tributaria, est�n consignados de manera expresa en la ley, de tal modo que no quede margen para la arbitrariedad de las autoridades exactoras ni para el cobro de impuestos imprevisibles o a t�tulo particular, sino que el sujeto pasivo de la relaci�n tributaria pueda, en todo momento, conocer la forma cierta de contribuir para los gastos p�blicos del Estado, y a la autoridad no queda otra cosa sino aplicar las disposiciones generales de observancia obligatoria, dictadas con anterioridad al caso concreto de cada causante. Esto, por lo dem�s, es consecuencia del principio general de legalidad, conforme al cual ning�n �rgano del Estado puede realizar actos individuales que no est�n previstos y autorizados por disposici�n general anterior, y est� reconocido por el art�culo 14 de nuestra Ley Fundamental. Lo contrario, es decir, la arbitrariedad en la imposici�n, la imprevisibilidad en las cargas tributarias y los impuestos que no tengan un claro apoyo legal, deben considerarse absolutamente proscritos en el r�gimen constitucional mexicano, sea cual fuere el pretexto con que pretenda justific�rseles.

Asimismo, se ha pronunciado el Tribunal Pleno en la tesis de jurisprudencia publicada en el Ap�ndice al Semanario Judicial de la Federaci�n, compilaci�n 1917-1995, Tomo I, Materia Constitucional, p�gina 165, cuyos rubro y texto son del tenor siguiente:

IMPUESTOS, ELEMENTOS ESENCIALES DE LOS. DEBEN ESTAR CONSIGNADOS EXPRESAMENTE EN LA LEY. Al disponer el art�culo 31 constitucional, en su fracci�n IV, que son obligaciones de los mexicanos ?contribuir para los gastos p�blicos, as� de la Federaci�n como del Estado y Municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes?, no s�lo establece que para la validez constitucional de un tributo es necesario que, primero, est� establecido por ley; segundo, sea proporcional y equitativo y, tercero, sea destinado al pago de los gastos p�blicos, sino que tambi�n exige que los elementos esenciales del mismo, como pueden ser el sujeto, objeto, base, tasa y �poca de pago, est�n consignados de manera expresa en la ley, para que as� no quede margen para la arbitrariedad de las autoridades exactoras, ni para el cobro de impuestos imprevisibles o a t�tulo particular, sino que a la autoridad no quede otra cosa que aplicar las disposiciones generales de observancia obligatoria dictadas con anterioridad al caso concreto de cada causante y el sujeto pasivo de la relaci�n tributaria pueda en todo momento conocer la forma cierta de contribuir para los gastos p�blicos de la Federaci�n, del Estado o Municipio en que resida.

En ese contexto, atendiendo a la finalidad y al derecho a la seguridad jur�dica que se tutela en el art�culo 31, fracci�n IV, de la Constituci�n F., a trav�s del principio de legalidad tributaria, la observancia de �ste tiene lugar cuando se establecen en un acto material y formalmente legislativo todos aquellos elementos que sirven de base para realizar el c�lculo de una contribuci�n, fij�ndolos con la precisi�n necesaria que, por una parte, impida un comportamiento arbitrario o caprichoso de las autoridades que directa o indirectamente participen en su determinaci�n, as� como en su recaudaci�n y, por otra, generen al gobernado certidumbre sobre qu� hecho, acto o circunstancia se encuentra gravado, cu�l ser� la base del tributo, qu� tasa o tarifa debe aplicarse, cu�ndo se realizar� el pago respectivo y, en fin, todo aquello que le permita conocer con certeza qu� cargos tributarios le corresponden en virtud de la situaci�n jur�dica en que se encuentra.

Bajo esta perspectiva, el car�cter esencial que como elemento del tributo reviste la base gravable, por el papel que desempe�a en la cuantificaci�n del hecho imponible en concreto y de la obligaci�n tributaria en general, es indudable y constituye, por ende, un elemento al que hay que predicar las exigencias del principio de legalidad en materia tributaria, esto es, debe ser regulado, en consecuencia, por una ley expedida por el Congreso de la Uni�n.

Al respecto, resulta ilustrativa la tesis n�mero P. CXLVIII/97 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, visible en la p�gina 78, T.V., noviembre de 1997, del Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, Novena �poca, que establece:

LEGALIDAD TRIBUTARIA. ALCANCE DEL PRINCIPIO DE RESERVA DE LEY. Este Alto Tribunal ha sustentado el criterio de que el principio de legalidad se encuentra claramente establecido en el art�culo 31 constitucional, al expresar en su fracci�n IV, que los mexicanos deben contribuir para los gastos p�blicos de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes. Conforme con dicho principio, es necesaria una ley formal para el establecimiento de los tributos, lo que satisface la exigencia de que sean los propios gobernados, a trav�s de sus representantes, los que determinen las cargas fiscales que deben soportar, as� como que el contribuyente pueda conocer con suficiente precisi�n el alcance de sus obligaciones fiscales, de manera que no quede margen a la arbitrariedad. Para determinar el alcance o profundidad del principio de legalidad, es �til acudir al de la reserva de ley, que guarda estrecha semejanza y mantiene una estrecha vinculaci�n con aqu�l. Pues bien, la doctrina clasifica la reserva de ley en absoluta y relativa. La primera aparece cuando la regulaci�n de una determinada materia queda acotada en forma exclusiva a la ley formal; en nuestro caso, a la ley emitida por el Congreso, ya federal, ya local. En este supuesto, la materia reservada a la ley no puede ser regulada por otras fuentes. La reserva relativa, en cambio, permite que otras fuentes de la ley vengan a regular parte de la disciplina normativa de determinada materia, pero a condici�n de que la ley sea la que determine expresa y limitativamente las directrices a las que dichas fuentes deber�n ajustarse; esto es, la regulaci�n de las fuentes secundarias debe quedar subordinada a las l�neas esenciales que la ley haya establecido para la materia normativa. En este supuesto, la ley puede limitarse a establecer los principios y criterios dentro de los cuales la concreta disciplina de la materia reservada podr� posteriormente ser establecida por una fuente secundaria. As�, no se excluye la posibilidad de que las leyes contengan remisiones a normas reglamentarias, pero s� que tales remisiones hagan posible una regulaci�n independiente y no claramente subordinada a la ley, lo que supondr�a una degradaci�n de la reserva formulada por la Constituci�n en favor del legislador. En suma, la clasificaci�n de la reserva de ley en absoluta y relativa se formula con base en el alcance o extensi�n que sobre cada materia se atribuye a cada especie de reserva. Si en la reserva absoluta la regulaci�n no puede hacerse a trav�s de normas secundarias, sino s�lo mediante las que tengan rango de ley, la relativa no precisa siempre de normas primarias. Basta un acto normativo primario que contenga la disciplina general o de principio, para que puedan regularse los aspectos esenciales de la materia respectiva. Precisado lo anterior, este Alto Tribunal considera que en materia tributaria la reserva es de car�cter relativa, toda vez que, por una parte, dicha materia no debe ser regulada en su totalidad por una ley formal, sino que es suficiente s�lo un acto normativo primario que contenga la normativa esencial de la referida materia, puesto que de ese modo la presencia del acto normativo primario marca un l�mite decontenido para las normas secundarias posteriores, las cuales no podr�n nunca contravenir lo dispuesto en la norma primaria; y, por otro lado, en casos excepcionales, y que lo justifiquen, pueden existir remisiones a normas secundarias, siempre y cuando tales remisiones hagan una regulaci�n subordinada y dependiente de la ley, y adem�s constituyan un complemento de la regulaci�n legal que sea indispensable por motivos t�cnicos o para el debido cumplimiento de la finalidad recaudatoria.

La ejecutoria que dio origen al criterio que antecede, en la parte que interesa, dice lo siguiente:

"CUARTO. Son esencialmente fundados los agravios hechos valer por el Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Sinaloa, habida cuenta de que, contrariamente a lo sostenido por el Juez F., la ley reclamada no es violatoria del principio de legalidad previsto en el art�culo 31, fracci�n IV, constitucional.

"Efectivamente, la quejosa reclama la inconstitucionalidad de la Ley de Catastro del Estado de Sinaloa, de su reglamento y de las tablas de valores catastrales por unidades tipo de terreno y construcci�n para el Municipio de Mazatl�n, Sinaloa, vigentes en mil novecientos noventa y cinco, por infracci�n al mencionado principio de legalidad.

"Este Alto Tribunal ha interpretado dicho principio de conformidad con las jurisprudencias n�meros 163 y 168, respectivamente, del Ap�ndice al Semanario Judicial de la Federaci�n, que a continuaci�n se transcriben (resulta innecesaria su transcripci�n).

"De acuerdo con los criterios transcritos, conforme con el principio de legalidad, es necesaria una ley formal para el establecimiento de tributos, lo que satisface la exigencia de que sean los propios gobernados, a trav�s de sus representantes, los que determinen las cargas fiscales que deben soportar. Se trata, pues, de una instituci�n al servicio del inter�s colectivo en la medida en que pretende que la carga tributaria la establezca el �rgano que, dada su organizaci�n y funcionamiento, mejor asegure la composici�n de intereses contrapuestos en el indicado reparto.

"Pero tambi�n tiene una exigencia de seguridad jur�dica o certeza del derecho: que el contribuyente pueda conocer con suficiente precisi�n el alcance de sus obligaciones fiscales, y que no quede margen para la arbitrariedad de las autoridades exactoras ni para el cobro de impuestos imprevisibles o a t�tulo particular. Cumple dicho principio una funci�n de garant�a de los derechos de libertad y propiedad de los particulares. Su significado �ltimo es el de asegurar que la regulaci�n de los �mbitos de libertad que corresponden a los ciudadanos dependa exclusivamente de la voluntad de sus representantes.

"Los criterios transcritos tambi�n fijan el contenido del principio de legalidad tributaria. Al efecto, se sostiene que la ley debe contener los elementos esenciales del tributo y la forma, contenido y alcance de la obligaci�n tributaria.

"Se ha entendido que esos elementos esenciales o configuradores del tributo son los determinantes de la identidad (o identificaci�n) de la prestaci�n y los relativos a la cantidad (o cuantificaci�n).

"Se sigue de lo anterior que no quedan comprendidos dentro del referido principio aquellos aspectos de la regulaci�n concernientes a elementos procedimentales o formales propios de la ejecuci�n de la ley, tales como el lugar, pago o plazos de pago.

"Corresponde ahora delimitar el principio de legalidad, esto es, determinar cu�l debe ser el alcance o profundidad de la intervenci�n del legislador.

"Antes de dicha determinaci�n, conviene precisar las diferencias entre el principio de legalidad y la reserva de la ley, toda vez que es com�n encontrar el empleo indistinto de dichas expresiones.

"El principio de legalidad tiene una extensi�n m�s estrecha, en tanto que exige que la actuaci�n de la administraci�n encuentre su fundamento positivo as� como el propio l�mite negativo, en una norma previa. En cambio, la reserva de la ley exige mucho m�s, a saber, que la ley regule por s� misma en todo o en partes las materias o asuntos que de ella son objeto.

"Mientras que el principio de legalidad constituye un l�mite al Poder Ejecutivo, y m�s ampliamente a los poderes p�blicos diversos del Legislativo; la reserva de la ley es un v�nculo de contenido impuesto a la ley formal.

"No obstante, reserva de la ley y principio de legalidad son institutos no s�lo semejantes, sino que tambi�n mantienen una estrecha vinculaci�n, por lo que a pesar de sus diferencias, se tratar�n para fines explicativos como sin�nimos, dado que esto facilitar� el tratamiento del problema.

"Precisado lo anterior, en cuanto al alcance del principio que se examina, la doctrina clasifica la reserva de la ley en absoluta y relativa. La primera aparece cuando la regulaci�n de una determinada materia queda acotada en forma exclusiva a la ley formal; en nuestro caso a la ley emitida por el Congreso, ya F., ya Local. En este supuesto, la materia reservada a la ley no puede ser regulada por otras fuentes.

"La reserva relativa, en cambio, permite que otras fuentes de la ley vengan a regular parte de la disciplina normativa de determinada materia, pero a condici�n de que la ley sea quien determine expresa y limitativamente las directrices a las que dichas fuentes deber�n ajustarse; esto es, la regulaci�n de las fuentes secundarias debe quedar subordinada a las l�neas esenciales que la ley haya establecido para la materia normativa. La ley puede limitarse a establecer los principios y criterios dentro de los cuales la concreta disciplina de la materia reservada podr� posteriormente ser establecida por una fuente secundaria. En esta hip�tesis, no se excluye la posibilidad de que las leyes contengan remisiones a normas reglamentarias, pero s� que tales remisiones hagan posible una regulaci�n independiente y no claramente subordinada a la ley, lo que supondr�a una degradaci�n de la reserva formulada por la Constituci�n en favor del legislador.

"Esto se traduce en ciertas exigencias en cuanto al alcance de las remisiones a las fuentes secundarias, que pueden resumirse en el criterio de que las mismas sean tales que restrinjan efectivamente el ejercicio de las mismas a un complemento de la regulaci�n legal que sea indispensable por motivos t�cnicos o para optimizar el cumplimiento de las finalidades propuestas por la Constituci�n a fin de que se cumpla la obligaci�n de contribuir para los gastos p�blicos.

"La reserva relativa, en consecuencia, no puede entenderse como la deslegalizaci�n o remisi�n indiscriminada al reglamento, sino como la posibilidad de que la ley, ante su impedimento pr�ctico de regular y mantener por s� sola la materia reservada, deje los aspectos aplicativos y complementarios al reglamento; de lo contrario, se producir�a una verdadera deslegalizaci�n de la materia reservada que se traducir�a en una total abdicaci�n por parte del legislador de su facultad para establecer reglas, transfiriendo esta facultad al titular de la potestad reglamentaria, sin fijar ni siquiera cu�les son los fines y objetivos que la reglamentaci�n ha de perseguir.

"En suma, la clasificaci�n de la reserva de la ley en absoluta y relativa se formula con base en el alcance o extensi�n que sobre cada materia se atribuye a cada especie de reserva. Sin la reserva absoluta la regulaci�n no puede hacerse a trav�s de normas secundarias, sino s�lo mediante las que tengan rango de ley; la relativa, no precisa siempre de normas primarias. Basta un acto normativo primario que contenga la disciplina general o de principio, para que puedan regularse los aspectos esenciales de la materia respectiva.

"Este Alto Tribunal considera que en materia tributaria la reserva es de car�cter relativa, toda vez que, por una parte, dicha materia no debe ser regulada en su totalidad por una ley formal, sino que es suficiente s�lo un acto normativo primario que contenga la normativa esencial de la referida materia, puesto que de ese modo la presencia del acto normativo primario marca un l�mite de contenido para las normas secundarias posteriores, las cuales no podr�n nunca contravenir lo dispuesto en la norma primaria; y, por otro lado, en casos excepcionales y que lo justifiquen, pueden existir remisiones a normas secundarias, siempre y cuando tales remisiones hagan una regulaci�n subordinada y dependiente a la ley, y adem�s constituyan un complemento de la regulaci�n legal que sea indispensable por motivos t�cnicos o para el debido cumplimiento de la finalidad recaudatoria.

"Al respecto, P�rez R. se�ala en relaci�n con el principio de legalidad tributaria que:

"?... La generalidad de la doctrina y el propio Tribunal Constitucional entienden que se trata de una reserva meramente relativa. El fundamento para esta conclusi�n se encuentra en primer lugar en la propia letra del precepto, que no habla de establecimiento por ley, sino �con arreglo a la ley�. Pero, adem�s de esto, hay que decir, como argumento principal, que las razones que hemos citado como fundamento al principio de legalidad tributaria resultan, en general, suficientemente respetadas con el esquema de articulaci�n normativa propio de la reserva relativa. M�s a�n: en relaci�n con determinados tributos, como son los de los entes locales, dicho modo de articulaci�n es el �nico que permite cohonestar las exigencias propias del principio que estamos considerando con las derivadas del otro, igualmente constitucional, de la autonom�a financiera local ...?. (F. P�rez R.. Derecho Financiero y T.. Parte General. C.. 1996. Sexta E.�n. P�ginas 45 y 46).

"Esas ideas, en esencia, coinciden con las que derivan de los criterios emitidos con este Alto Tribunal y que han sido transcritas con anterioridad.

"De tales criterios se desprende impl�citamente que la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n reconoce que la reserva de la ley en materia tributaria es de car�cter relativa, en tanto que admite que, salvo el establecimiento del tributo y la determinaci�n de los elementos esenciales de �ste, el resto de las materias tributarias pueden ser reguladas por autoridades administrativas, e incluso ha sustentado el criterio jurisprudencial, en relaci�n con la determinaci�n de contribuciones fiscales y sus accesorios fiscales, que cuando se aplique el �ndice Nacional de Precios al Consumidor calculado por el Banco de M�xico, no se contraviene el principio de legalidad por el hecho de que el �ndice de referencia sea calculado por el Banco de M�xico, que no es una autoridad legislativa, pues tal determinaci�n la efect�a aplicando el procedimiento previsto en el art�culo 20 bis del propio C�digo F., de tal suerte que no queda al arbitrio del mencionado organismo el monto de la contribuci�n que se cubre extempor�neamente (jurisprudencia 175, visible en las p�ginas 175 y 176, del �ltimo Ap�ndice al Semanario Judicial de la Federaci�n, Tomo I, Materia Constitucional).

"Precisado lo anterior, se impone el examen del mencionado principio respecto de la base gravable.

"Ciertamente, la base gravable constituye un elemento determinante de la obligaci�n tributaria, y como tal debe estar prevista expresamente por la ley.

"Lo anterior obedece a que establece para el particular el monto de la materia imponible: es la expresi�n cifrada del hecho imponible.

"Por lo general, lo que se remite a la fuente secundaria es la decisi�n sobre aplicar o no un tributo previamente regulado en la ley, o bien, el establecimiento o modificaci�n de su cuant�a.

"Ello se debe a que los mecanismos t�cnicos a trav�s de los cuales la ley prev� la determinaci�n de la cuant�a del tributo en cada caso pueden ser diversos, en funci�n de las diversas clases.

"As�, en la mayor�a de los tributos de cuotas variables la cuant�a de la prestaci�n depende de la intensidad con que cada supuesto real se considera realizado el hecho imponible. La ley no establece, en esos casos, directamente el se�alamiento de la cuota, sino la regulaci�n abstracta de los elementos de cuya conjugaci�n resultar�, en cada supuesto, dicha cuota.

"En ocasiones, la regulaci�n de la base presenta problemas complejos, relacionados con la complejidad del hecho imponible de que se trate, lo cual se entiende si se considera que la base, como expresi�n cifrada num�rica del hecho imponible, expresa el criterio para medirlo.

"De ah� que la determinaci�n, caso por caso, de la magnitud del tributo justifique la variedad de m�todos de interpretaci�n de base. As� se habla de estimaci�n directa, objetiva, o indirecta, cuyas mec�nicas no importan ahora describir.

"Pero lo que s� no puede soslayarse es que la opci�n legal por uno u otro r�gimen de determinaci�n de bases, unida a su configuraci�n, es de importancia capital, porque a trav�s de esa regulaci�n puede llegarse a la desnaturalizaci�n del sistema tributario. Por tanto, si se flexibiliza el principio de legalidad en relaci�n con la base gravable, puede desdibujarse dicho sistema.

"Por ello, la reserva de la ley relativa en relaci�n con la base debe cubrir los elementos determinantes y el procedimiento para obtener la cuota, ya que afectan el importe de la obligaci�n y, por v�a de consecuencia, los derechos de propiedad del particular que s�lo las leyes pueden limitar.

"Ahora bien, sobre esas bases, procede determinar si en el caso concreto se deja la determinaci�n de los valores catastrales, la base gravable, al libre arbitrio del Ejecutivo Estatal, sin que la ley fije los lineamientos generales o contenido m�nimo para su c�lculo, deslegaliz�ndolo as� de un elemento esencial que s�lo puede ser fijado por el legislador.

"El a quo estim� que la Ley de Catastro impugnada viola el principio de legalidad establecido en el art�culo 31, fracci�n IV, constitucional, en tanto que no establece la base del impuesto predial o el procedimiento mediante el cual deber� realizarse el aval�o de los inmuebles, mismo que servir� como base gravable, sino que sus disposiciones facultan al Instituto Catastral del Estado para que a trav�s del implemento de las tablas de valores unitarios obtengan el aval�o de los inmuebles practicados por peritos, tambi�n autorizados por el instituto, y determine as� el valor catastral.

"Lo anterior, agreg� el a quo, pone de manifiesto que la base del impuesto se delegaba al arbitrio de las autoridades administrativas, ya que las Leyes de Ingresos y de Hacienda P�blica, del Municipio de Mazatl�n, as� como la de Catastro de Sinaloa, no establec�an la forma para determinar el valor catastral.

"Las anteriores conclusiones las fund� el Juez F. en que de acuerdo con los art�culos 30 y 55 de la Ley de Catastro del Estado de Sinaloa, el valor catastral es determinado por el Instituto Catastral de dicha entidad, sin que ninguna ley establezca el procedimiento al que dicho instituto debe sujetarse para la elaboraci�n de las mencionadas tablas, sino que el procedimiento respectivo se prev� en el art�culo 18 del Reglamento de la Ley de Catastro.

"Contra tales consideraciones, la recurrente sostiene que el art�culo 55 de la Ley de Catastro no debe analizarse en forma aislada, sino que debe contemplarse con todos los dem�s preceptos que se contienen en la Ley de Catastro, en la cual s� se dan los lineamientos que deben seguirse para hacer las valuaciones inmobiliarias, particularmente en el cap�tulo s�ptimo intitulado ?De las operaciones y de la valuaci�n catastral?.

"El agravio rese�ado es fundado. Este Alto Tribunal ha sustentado en la jurisprudencia 215, visible en la p�gina 206, Tomo I, Materia Constitucional del Ap�ndice al Semanario Judicial de la Federaci�n, el siguiente criterio:

"?LEYES FISCALES. LA INTERPRETACI�N SISTEM�TICA DE SUS NORMAS NO CONTRAVIENE LOS PRINCIPIOS DE INTERPRETACI�N Y APLICACI�N ESTRICTA Y DE LEGALIDAD QUE RIGEN EN DICHA MATERIA. Si bien es cierto que la interpretaci�n y aplicaci�n de las normas impositivas es estricta, tambi�n es cierto que resultar�a imposible interpretar cada precepto consider�ndolo fuera del contexto normativo del que forma parte, ya que de ser as�, cualquier intento estricto de interpretaci�n resultar�a infructuoso para determinar el sentido y alcance de las normas. Toda norma requiere de una interpretaci�n, aunque sea literal, sin importar su rango, ya sea constitucional, legal, reglamentario, contractual o de cualquier otra �ndole, y un principio de hermen�utica obliga a interpretar los preceptos jur�dicos en funci�n a los dem�s que integran el ordenamiento al que pertenecen, y en funci�n a los dem�s ordenamientos que integran un determinado r�gimen jur�dico; sin que ello implique que en materia impositiva una interpretaci�n estricta pero al fin y al cabo interpretaci�n, vaya a obligar al sujeto pasivo de la norma tributaria al pago de contribuciones no establecidas en las leyes fiscales. En consecuencia, interrelacionar las normas de manera sistem�tica no viola el principio de interpretaci�n y aplicaci�n estricta que rige la materia fiscal, ni el principio de legalidad que prevalece en dicha materia, de acuerdo con el art�culo 31, fracci�n IV, constitucional.?

"Ahora bien, de una interpretaci�n arm�nica de la Ley de Catastro se desprende que el legislador s� establece con precisi�n los elementos para determinar la base, de modo que no se deja a la autoridad administrativa esa determinaci�n.

"Previo al examen de dicha ley, importa se�alar que el art�culo 51 de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Sinaloa establece cu�l es la base para la determinaci�n del impuesto predial.

"Al efecto, el numeral mencionado establece:

"?Art�culo 51. Las bases para la determinaci�n del impuesto predial ser�n las siguientes:

"?I. En trat�ndose de predios r�sticos o fincas urbanas, el valor catastral determinado conforme a la Ley de Catastro.

"?II. Trat�ndose de predios r�sticos:

"?a) Los destinados a la agricultura, acuicultura, ganader�a, porcicultura y avicultura, conforme al valor de su producci�n anual comercializada.

"?Para efectos del valor de la producci�n anual comercializada en trat�ndose de predios destinados a la agricultura, se tomar� como base el precio medio rural por tonelada.

"?b) Los dem�s en los t�rminos establecidos por la fracci�n I de este precepto; incluyendo aquellos que estando destinados a las actividades a que se refiere el inciso anterior que por alg�n motivo no obtenga producci�n en un a�o determinado.?

"Por su parte, la Ley de Catastro impugnada establece, en lo que nos interesa:

"?Art�culo 6o. Para los efectos de esta ley se entiende por:

"?...

"?XXXIV. Predio no edificado. El que contenga obras de cualquier tipo que no re�na las condiciones para ser considerado como construcci�n, conforme a lo previsto por la fracci�n XV de este art�culo.

"?...

"?XLVII. R.�n. La revisi�n de los valores catastrales de terreno y construcci�n para su actualizaci�n.

"?XLVIII. B.P. sin construcci�n, solar.

"?...

"?LX. Valor Catastral. El que fija a cada predio la autoridad catastral, conforme a las disposiciones de la presente ley y su reglamento, el cual deber� ser para el terreno el valor comercial y para la construcci�n el valor f�sico que tenga el predio en la fecha de su aval�o.

"?...

"?LXII. Valor Unitario. El que fija la autoridad catastral en funci�n del valor por metro cuadrado para el terreno y construcci�n.?

"?Art�culo 26. Para obtener el valor catastral en particular de terreno y construcci�n, lo determinar�n peritos valuadores autorizados por el instituto.

"?Art�culo 30. El valor catastral ser� determinado por el instituto, el cual podr� ser provisional o definitivo. En ambos casos el valor surtir� sus efectos a partir del d�a siguiente a aquel en que fue notificado por correo el interesado.?

"?Art�culo 31. Para los efectos del art�culo anterior, el instituto formular� planos y tablas generales de valores unitarios de zona,regi�n y subregi�n para ser aplicados a los respectivos lotes tipo. Trat�ndose de predios rurales, la formulaci�n de las tablas generales se har� atendiendo a su clase y categor�a determin�ndose el valor unitario por hect�rea. Las tablas y planos a que se refiere este art�culo, deber�n ser aprobadas en primera instancia por la Secretar�a de Hacienda P�blica y T.�a, previa opini�n favorable del Consejo Consultivo y aprobados en forma definitiva por el C.G., quien ordenar� su publicaci�n en el �rgano oficial del Estado de Sinaloa.?

"?Art�culo 32. Los valores unitarios que proponga el instituto, deber�n ser para el caso del terreno valor comercial y para la construcci�n el valor f�sico al momento de elaborarse el estudio correspondiente. Estos valores podr�n ser objeto de revisi�n cada a�o, o cuando surjan circunstancias que afecten el valor de la propiedad inmobiliaria elevando o disminuyendo su valor.

"?Trat�ndose de los predios r�sticos destinados a la producci�n agr�cola, acu�cola, ganadera, porcicultura y av�cola, se podr� tomar como base gravable la producci�n anual comercializada que genere cada predio.

"?Para la aplicaci�n del impuesto predial r�stico en los que la base gravable sea la producci�n anual comercializada a precio medio rural de las actividades agropecuarias, la tabla anual de valores ser� la que determine la Secretar�a de Hacienda P�blica y T.�a del Gobierno del Estado con la participaci�n de los organismos estatales que representan a dichas actividades.?

"?Art�culo 33. El valor catastral de los predios podr� actualizarse en los siguientes casos:

"?I. Cuando el valor fijado al predio tenga una antig�edad de m�s de un a�o.

"?II. Cuando en el predio se hagan construcciones, reconstrucciones o ampliaciones de las ya existentes.

"?III. Cuando la totalidad o parte, del predio sea objeto del traslado de dominio u otra causa que modifique su r�gimen jur�dico y que dicha causa modifique tambi�n su valor.

"?IV. Cuando el predio sufra un cambio f�sico que afecte notoriamente su valor.

"?V. Cuando por la ejecuci�n de obras p�blicas o privadas se altere el valor de los predios.

"?VI. A solicitud del propietario o poseedor del predio cumpliendo con los lineamientos establecidos en esta ley y sus reglamentos.?

"?Art�culo 34. La valuaci�n catastral, ya sea provisional o definitiva, se har� separadamente para el terreno y las construcciones. La suma de los valores resultantes ser� el valor catastral de predio.?

"?Art�culo 50. Las valuaciones catastrales se har�n conforme a las disposiciones de este cap�tulo y a los instructivos que el instituto expida al efecto, estos �ltimos se publicar�n en el �rgano oficial del Gobierno del Estado.

"?El instituto ordenar� la valuaci�n catastral que se practicar�n por peritos valuadores, que se identificar�n con credencial oficial.?

"?Art�culo 52. El instituto resolver� de revocaci�n que presenten los propietarios o poseedores de predios, en relaci�n con la fijaci�n del valor definitivo, siempre y cuando se argumente, en relaci�n al aval�o, alguna de las razones siguientes:

"?I.E. en las medidas tomadas como base.

"?II. I. aplicaci�n de las tablas de valores.

"?III. A.�n de una extensi�n mayor o clase y tipo diverso de construcci�n a las que efectivamente tenga el predio.?

"?Art�culo 54. Para la mejor valorizaci�n de los predios en particular, el instituto tendr� adem�s las siguientes facultades:

"?I.R. y conformar las manifestaciones o avisos prestados por los propietarios o poseedores de predios con los datos que obren en su poder.

"?II. Solicitar los informes que estimen necesarios de las oficinas p�blicas.

"?III. Calificar las manifestaciones o avisos y exigir a los interesados que la aclaren, comprueben o ratifiquen cuando sea necesario.?

"?Art�culo 55. Para el establecimiento de los valores unitarios del suelo y construcciones se seguir� el siguiente procedimiento:

"?a) El Instituto Catastral del Estado, realizar� los estudios t�cnicos para formular la propuesta de valores unitarios del suelo y construcciones.

"?b) El instituto presentar� su propuesta de valores unitarios ante la Secretar�a de Hacienda P�blica y T.�a para su consideraci�n.

"?c) Si la Secretar�a de Hacienda P�blica y T.�a aprueba provisionalmente la propuesta, la enviar� al Consejo Consultivo Catastral para que �ste emita opini�n acerca de la propuesta. A la reuni�n en que el Consejo Consultivo Catastral analice y emita opini�n, deber� citarse por escrito a los miembros que lo integra cuando menos con 72 horas de anticipaci�n.

"?d) Cumplido lo anterior, el Consejo Consultivo Catastral, emitir� su opini�n, si �sta fuera favorable a la propuesta, pasar� de inmediato a la Secretar�a de Hacienda P�blica y T.�a del Estado para que �sta la env�e al C.G. para su aprobaci�n definitiva y la mande publicar en el �rgano oficial del Estado.

"?e) Si el Consejo Constitutivo Catastral emitiera opini�n negativa parcial o totalmente, el instituto deber� reconsiderar su propuesta, en el caso de modificar la propuesta original, se seguir� el procedimiento previsto en las fracciones anteriores, en el caso de que el instituto resuelva ratificar la propuesta, la turnar� a la Secretar�a de Hacienda P�blica y T.�a, quien discutir� con el C.G. que ser� quien resuelva en definitiva.?

"Dichos numerales ponen de manifiesto que la ley define diversos conceptos, se�ala los pasos que deben darse, los �ndices a que hay que atender e incluso prev� un recurso para el contribuyente que no est� de acuerdo con la valuaci�n.

"En efecto, la ley define, entre otros conceptos, el de predio no edificado, el de revaluaci�n, el de valor catastral y el de valor unitario. Se�ala con precisi�n qui�nes determinar�n el valor catastral, y especialmente la forma de la determinaci�n, mediante formulaci�n de planos y tablas generales de valores unitarios de zona, regi�n y subregi�n, tablas y planos que requieren de la aprobaci�n en primera instancia por la Secretar�a de Hacienda P�blica, previa opini�n favorable del Consejo Consultivo, y posteriormente, por el C.G., quien ordenar� su publicaci�n en el �rgano oficial del Estado de Sinaloa.

"Se precisa que los valores unitarios que proponga el instituto deber�n ser para el caso del terreno valor comercial, y para la construcci�n el valor f�sico al momento de elaborar el estudio correspondiente. Se establecen los casos en que podr� actualizarse el valor catastral, y se ordena que el valor se determinar� en forma separada para el terreno y las construcciones.

"Adem�s, se prev� el recurso de revocaci�n cuando existe inconformidad en relaci�n con la fijaci�n del valor definitivo, se otorgan facultades al instituto para la mejor valorizaci�n de los predios y se establece un procedimiento para el establecimiento de valores unitarios.

"De lo anterior se sigue que si bien el Instituto Catastral del Estado determinar� el valor catastral, no lo hace a su arbitrio, sino a trav�s del procedimiento que le marca la ley, y que no puede rebasar.

"Como se aduce, en la ley se dan los lineamientos que debe seguir el Instituto Catastral al realizar los estudios t�cnicos para determinar la propuesta de valores unitarios.

"El punto de discusi�n radica en la necesidad de que la ley establezca la forma de determinar los valores catastrales o si basta, para esa determinaci�n, la remisi�n a una fuente secundaria.

"Al efecto, no debe perderse de vista que, dada la naturaleza del impuesto, lo que se pretende es determinar el valor de los inmuebles de toda una ciudad.

"Pr�cticamente es imposible que el legislativo establezca una sola forma para determinarlo con precisi�n, sino que se requiere la remisi�n a fuentes secundarias que complementen la regulaci�n legal, remisi�n que en el caso no s�lo es necesaria sino indispensable por motivos t�cnicos y a fin de optimizar el cumplimiento de las finalidades propuestas por la Constituci�n y por la ley.

"En un fen�meno moderno, cotidiano de crecimiento de la poblaci�n, no puede exigirse al legislador, en ciertos casos, la regulaci�n detallada de la ley. Basta que se d�, como en el caso, un marco de acci�n dentro del cual deban moverse las autoridades, y que no puedan rebasar.

"Debe destacarse que el legislador se refiere a la base como el valor catastral, el cual, contra lo que podr�a suponerse, no se establece a trav�s de la emisi�n de las tablas de zonificaci�n catastral y de valores unitarios, toda vez que las mencionadas tablas s�lo son �ndices de referencia que servir�n para hacer la valuaci�n concreta de cada inmueble. Los referidos �ndices, para llevar a cabo la determinaci�n de la base, claramente establecida en la ley, no est�n sujetos al principio de reserva de la ley en tanto que no constituyen elementos esenciales del tributo.

"Las directrices del legislador est�n dadas, y si no se entra en detalles ello obedece a que estamos en presencia de un fen�meno din�mico que requiere de un cuerpo especializado que tenga experiencia en estas materias, quien al emitir las tablas de valores fija �ndices que dan una razonable certeza o justificaci�n racional para evitar arbitrariedades en contra de los gobernados.

"La remisi�n que se hace al art�culo 18 del reglamento no puede considerarse como una deslegalizaci�n de la materia reservada, toda vez que el procedimiento establecido en el reglamento est� claramente subordinado a la ley, y no se trata de una regulaci�n independiente. Dicho de otro modo, se evita que la autoridad administrativa a su arbitrio fije el valor de las bases para determinar el valor del inmueble objeto del tributo.

"Caso distinto ser�a el que, sin ning�n procedimiento preestablecido, se dejara al arbitrio de la autoridad administrativa la fijaci�n del valor catastral.

"En esas condiciones, la ley reclamada no viola el principio de legalidad establecido en el art�culo 31, fracci�n IV, constitucional.

"Resta hacer notar que con el criterio aqu� emitido se interrumpe el sustentado por este propio Tribunal Pleno sobre la misma ley reclamada, al fallar los amparos en revisi�n 1980/93, promovido por Concepci�n P�rez, viuda de L.�rraga y otras; 203/94, promovido por A.�s J.V.�or y otros; 1776/96, promovido por Arrendadora e Inmobiliaria Dolores, S.A. de C.V.; y especialmente el 385/94, promovido por Inmobiliaria Urbana Sinaloense, S.A. y coagraviados, con fechas veintiuno de enero, veintitr�s de enero, veintitr�s de enero y primero de abril, todas del a�o en curso, interrupci�n que se funda en las consideraciones que en esta sentencia se han emitido en l�neas precedentes.

"Al resultar fundados los agravios examinados, con fundamento en lo dispuesto por el art�culo 91, fracci�n I, de la Ley de Amparo, este tribunal aborda el examen de los conceptos de violaci�n cuyo estudio omiti� el juzgador en los t�rminos siguientes:

"De acuerdo con lo expuesto, no asiste la raz�n a la quejosa al reclamar la inconstitucionalidad del Reglamento de la Ley de Catastro del Estado de Sinaloa, pues aun cuando en el mismo, en sus art�culos del 16 al 18, se detalla el procedimiento para la valoraci�n catastral y la formaci�n de las tablas de valores del suelo y de las construcciones, esa regulaci�n no hace sino desarrollar lo establecido en la ley al respecto.

"Por lo que hace a la inconstitucionalidad de las tablas de valores catastrales, son infundados los conceptos en los que se aduce que resultan violatorias del principio de legalidad tributaria por cuanto a que no pueden jur�dicamente, seg�n la quejosa, proporcionar los elementos necesarios para la determinaci�n del valor catastral de los inmuebles, que constituye la base gravable del impuesto predial.

"Para estimar infundados los referidos conceptos, baste remitir a lo considerado sobre el particular en l�neas precedentes.

"Finalmente, tambi�n son infundados los conceptos de violaci�n en los que se sostiene que las mencionadas tablas de valores no se encuentran debidamente motivadas ni fundadas, toda vez que al respecto se considera aplicable por analog�a la d�cima tesis relacionada con la jurisprudencia 373, consultable en la p�gina 641 del Ap�ndice al Semanario Judicial de la Federaci�n 1917-1985, Tercera Parte, que es del siguiente tenor literal (resulta innecesaria su transcripci�n).

"La aplicaci�n anal�gica de dicho criterio deriva de que, aun asumiendo que la naturaleza de las tablas sea administrativa, al constituir disposiciones generales de car�cter t�cnico respecto del valor catastral de los inmuebles de toda una poblaci�n, por identidad de raz�n a los supuestos de las leyes y reglamentos, su fundamentaci�n y motivaci�n no puede entenderse en los mismos t�rminos que en la de otros actos de autoridad, y basta que la actuaci�n de la autoridad se ajuste a la ley en cuanto a sus facultades.

"Sin perjuicio de lo anterior, las mencionadas tablas contienen una exposici�n legal sobre su fundamentaci�n legal y motivaci�n. Por lo que hace a la fundamentaci�n se citan los textos legales que sirven para su elaboraci�n, a saber, los art�culos 2o., 5o., 8o., 9o., fracci�n I, 10, fracci�n VI, 17, 20, fracci�n I, 22, 23, 31, 32 y 55 de la Ley de Catastro del Estado de Sinaloa; y 17, 18, 22, 29 y 31 del Reglamento de la Ley de Catastro del Estado de Sinaloa.

"En cuanto a la motivaci�n, se se�ala lo siguiente (resulta innecesaria su transcripci�n).

"Como se advierte, las tablas mencionadas s� se encuentran motivadas en la medida en que expresan las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se tuvieron en cuenta para la emisi�n del acto, es decir, se externan las consideraciones relativas a las circunstancias de hecho que formul� la autoridad.

"Al efecto, se manifiesta que el instituto llev� a cabo los estudios t�cnicos para elaborar la propuesta de los valores del suelo y de las construcciones, que clasific� la poblaci�n por cuarteles o regiones, habi�ndose elaborado el plano indicado. Igualmente, se establece la adecuaci�n del caso concreto a la hip�tesis legal al se�alarse que de la inspecci�n general predio por predio se obtuvo la informaci�n de las modificaciones en las construcciones existentes, las nuevas construcciones y los cambios f�sicos que influyen en el valor, as� como que se recabaron los datos poblacionales, socio econ�micos y de infraestructura, describi�ndose los procedimientos que sirvieron de base para los valores asignados a cada predio.

"En concepto de este tribunal, dadas las circunstancias del caso, en la especie no se requer�a que se precisara el procedimiento t�cnico para llegar al valor asignado a cada predio, ni que se dieran a conocer todos y cada uno de los datos que recopil� el instituto para concluir que la valuaci�n realizada se ajusta a los art�culos 30 y 55 de la Ley del Catastro, y 18 del reglamento, sin que tampoco fuese necesario que se acreditaran los trabajos realizados ni los resultados obtenidos de los mismos, pues tales exigencias rebasan lo que por motivaci�n debe entenderse en el particular, m�xime que, por s� solas las tablas no resuelven nada, sino que se trata de simples actos preparatorios que sirven para la valuaci�n final, la cual puede incluso ser impugnada, haci�ndose notar que la quejosa no alega ni demuestra a trav�s de sus conceptos, que sea incorrecto el valor asignado al bien de su propiedad."

Como se advierte de los p�rrafos destacados de la transcripci�n que antecede, es posible que la ley encomiende a la autoridad fiscal o a alguna otra de car�cter administrativo, la fijaci�n de uno o m�s componentes de la base imponible; sin embargo, de ser as�, la propia disposici�n legal deber� establecerlo de esa forma, as� como los lineamientos y principios que delimitar�n el margen de actuaci�n de aqu�llos, con la finalidad de proporcionar certeza jur�dica al gobernado respecto de la determinaci�n y cumplimiento de la obligaci�n tributaria de que se trate.

En otras palabras, de la ejecutoria precedente y la tesis relativa, se desprende que esta Suprema Corte de Justicia de la Naci�n ha reconocido que, si bien est� reservado a la ley establecer los diferentes m�todos a emplear para determinar la base gravable del impuesto de que se trate, no menos cierto es que, a su vez, la letra de la norma primaria puede depositar la determinaci�n de ciertos aspectos que inciden en la cuantificaci�n del hecho imponible a la autoridad administrativa, lo cual no implica violaci�n al principio de legalidad, en virtud de que dada la complejidad, especializaci�n y t�cnicas que se requieren para la idoneidad y objetividad de aqu�lla, pueden encontrarse regulados en disposiciones reglamentarias e, incluso, de �nfimo orden jer�rquico, puesto que no debe perderse de vista que la determinaci�n de la base gravable tiende a recoger la m�xima fidelidad de la capacidad econ�mica del contribuyente dentro del sistema tributario mexicano.

Al respecto, esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n ha sostenido el criterio de referencia en la tesis de jurisprudencia 2a./J. 111/2000, visible en la p�gina 392, Tomo XII, diciembre de 2000, del Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, Novena �poca, cuyos rubro y texto son los siguientes:

LEGALIDAD TRIBUTARIA. LA CIRCUNSTANCIA DE QUE EL C�LCULO DE ALG�N ELEMENTO DE LAS CONTRIBUCIONES CORRESPONDA REALIZARLO A UNA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA NO CONLLEVA, NECESARIAMENTE, UNA TRANSGRESI�N A ESA GARANT�A CONSTITUCIONAL. Conforme a la jurisprudencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, el principio de legalidad tributaria garantizado en el art�culo 31, fracci�n IV, constitucional, implica el que mediante un acto formal y materialmente legislativo se establezcan todos los elementos que sirven de base para realizar el c�lculo de una contribuci�n, fij�ndolos con la precisi�n necesaria que, por un lado, impida el comportamiento arbitrario o caprichoso de las autoridades que directa o indirectamente participen en su recaudaci�n y que, por otro, genere certidumbre al gobernado sobre qu� hecho o circunstancia se encuentra gravado; c�mo se calcular� la base del tributo; qu� tasa o tarifa debe aplicarse; c�mo, cu�ndo y d�nde se realizar� el entero respectivo y, en fin, todo aquello que le permita conocer qu� cargas tributarias le corresponden en virtud de la situaci�n jur�dica en que se encuentra o pretenda ubicarse. En ese tenor, la circunstancia de que la determinaci�n o c�lculo preciso de alguno de los elementos que repercuten en el monto al que ascender� una contribuci�n corresponda realizarlo a una autoridad administrativa, no conlleva, por s� misma, una transgresi�n al principio constitucional de referencia, pues para cumplir con �ste, en tal hip�tesis, bastar� que en las disposiciones formal y materialmente legislativas aplicables se prevea el procedimiento o mecanismo que aqu�lla debe seguir, con tal precisi�n que atendiendo al fen�meno que se pretende cuantificar, se impida su actuaci�n arbitraria y se genere certidumbre al gobernado sobre los factores que inciden en sus cargas tributarias.

En este orden de ideas, la falta de regulaci�n sobre el mecanismo que permita a la autoridad respectiva la obtenci�n del componente o componentes de la base gravable no origina por s� mismo la vulneraci�n al principio de legalidad tributaria, ya que puede ocurrir que la actividad encomendada al �rgano estatal se reduzca a la constataci�n de datos o indicadores econ�micos establecidos en la propia legislaci�n o normatividad de menor jerarqu�a estrictamente t�cnica.

Al respecto, es aplicable la tesis 2a. CLXX/2002 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, que se localiza en la p�gina doscientos ochenta y uno, Tomo XVI, diciembre de dos mil dos, del Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, Novena �poca, y establece:

LEGALIDAD TRIBUTARIA. SUALCANCE CUANDO EL LEGISLADOR FACULTA A UNA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA PARA ESTABLECER EL VALOR DE UN FACTOR QUE INCIDE EN EL MONTO DE LA BASE GRAVABLE O EN LA CUANT�A DE UNA OBLIGACI�N TRIBUTARIA ACCESORIA. Para verificar el apego al principio de legalidad tributaria de los actos formal y materialmente legislativos en los que se faculta a una autoridad administrativa para establecer el valor de un factor que incide en el monto de la base gravable o tiene alg�n efecto sobre una obligaci�n tributaria accesoria, pero constituye un par�metro que debe ser tomado en cuenta por todos los contribuyentes que se ubiquen en el supuesto normativo que ordena su aplicaci�n, de especial relevancia resulta distinguir si la actividad encomendada al respectivo �rgano del Estado se limita a levantar un dato que deriva del mercado o bien constituye un valor que por la naturaleza del fen�meno a cuantificar implica, necesariamente, que un �rgano t�cnico con base en los datos observados a lo largo del tiempo y, del an�lisis comparativo que realice de �stos, obtenga el valor que trasciende al monto de la respectiva obligaci�n tributaria. En la primera hip�tesis, que acontece cuando el legislador establece que un �rgano t�cnico obtendr� el valor que revele en un momento espec�fico a cu�nto asciende una variable econ�mica, debe concluirse que si la ley �nicamente dispone que ese valor o precio debe tomarse en cuenta para efectos tributarios, sin precisar el mecanismo que seguir� para conocerlo, ello no implica dejar al arbitrio de la autoridad el monto correspondiente, pues al se�alar que debe considerarse el valor que las fuerzas del mercado fijan en un momento espec�fico a un determinado bien o a un indicador econ�mico, la actividad t�cnica de la autoridad administrativa se limita a levantar de la realidad econ�mica ese valor, lo que no implica comparar datos observados en diversos momentos, sino simplemente acudir a lo que en un momento dado revela el mercado, por lo que en tal hip�tesis no queda al arbitrio de �rganos ajenos al Poder Legislativo la determinaci�n de los elementos que trascienden al monto de las cargas tributarias de los gobernados, pues ser� la realidad econ�mica que se ordena valorar y no la voluntad de las autoridades administrativas la que determine la afectaci�n patrimonial que una contribuci�n o una obligaci�n tributaria accesoria representa para los gobernados, sin desconocer que el �rgano t�cnico competente puede incurrir en una aplicaci�n incorrecta de la ley por una apreciaci�n equivocada de esa realidad. En cambio, en la segunda hip�tesis antes precisada, como sucede por ejemplo con el valor del �ndice Nacional de Precios al Consumidor, s� es necesario que el legislador prevea qu� procedimiento debe seguir el �rgano t�cnico para obtener dicho valor, pues �ste deriva de comparar el movimiento de los precios a lo largo del tiempo, para obtenerlo no basta levantar datos del mercado relativos a un mismo momento, sino que se comparan diversos valores (precios del mes base y del mes al que se refiere el �ndice), y es la necesidad de acotar el arbitrio para realizar tal comparaci�n, en aras de respetar el principio tributario de legalidad, lo que torna indispensable prever en un acto formal y materialmente legislativo el procedimiento al cual debe sujetarse el �rgano t�cnico que lleve a cabo la cuantificaci�n y comparaci�n de los valores observados en diversos momentos, de manera tal que se impida su actuaci�n arbitraria y, adem�s, se genere certidumbre a los gobernados sobre los factores que inciden en la cuant�a de sus cargas tributarias.

De una de las ejecutorias que dio lugar a esta tesis (amparo en revisi�n 425/2001, fallado en sesi�n de diecis�is de agosto de dos mil dos), interesa transcribir las siguientes consideraciones:

"Ahora bien, en abono a lo anterior, conviene se�alar que la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, en relaci�n al principio de legalidad tributaria, contemplado en el art�culo 31, fracci�n IV, de la Constituci�n General de la Rep�blica ha sostenido que �sta implica que mediante un acto formal y materialmente legislativo se establezcan todos los elementos que sirven de base para realizar el c�lculo de una contribuci�n, fij�ndolos con la precisi�n necesaria que, por un lado, impida el comportamiento arbitrario de las autoridades que directa o indirectamente participen en su recaudaci�n y que, por otro, genere certidumbre al gobernado sobre qu� hecho o circunstancia se encuentra gravado, c�mo se calcular� la base del tributo, qu� tasa o tarifa debe aplicarse, c�mo, cu�ndo y d�nde se realizar� el entero respectivo y, en fin, todo aquello que le permita conocer qu� cargas tributarias le corresponden en virtud de la situaci�n jur�dica en que se encuentra o pretenda ubicarse. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis jurisprudencial que lleva por rubro, texto y datos de identificaci�n:

"?LEGALIDAD TRIBUTARIA. LA CIRCUNSTANCIA DE QUE EL C�LCULO DE ALG�N ELEMENTO DE LAS CONTRIBUCIONES CORRESPONDA REALIZARLO A UNA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA NO CONLLEVA, NECESARIAMENTE, UNA TRANSGRESI�N A ESA GARANT�A CONSTITUCIONAL.? (resulta innecesaria su transcripci�n).

"En este contexto, cabe agregar que cuando el legislador faculta a la autoridad administrativa para establecer un valor que trasciende al monto de las cargas tributarias de los gobernados, para verificar el apego de la regulaci�n respectiva al principio de legalidad tributaria, es necesario distinguir si dicho valor constituye la base gravable del tributo, por lo que en cada caso concreto la autoridad administrativa realizar� su c�lculo, o bien, si se trata de un factor que incide en el monto de dicha base o tiene alg�n efecto sobre una obligaci�n tributaria accesoria, pero constituye un par�metro que debe ser tomado en cuenta por todos los gobernados que se ubiquen en el supuesto normativo que ordena su aplicaci�n.

"En el primer caso, si atendiendo a la naturaleza del hecho imponible y a las circunstancias que rodean la respectiva liquidaci�n tributaria, resulta necesario que la autoridad administrativa cuantifique el valor de la base gravable, para acatar el principio de legalidad tributaria ser� necesario que el legislador haya establecido con toda precisi�n el procedimiento que debe seguir aqu�lla para realizar el c�lculo respectivo, en tal forma que no quede lugar para su actuaci�n arbitraria.

"En el segundo caso, que acontece generalmente cuando a un �rgano t�cnico se encomienda el c�lculo de un valor que constituye un par�metro general que puede incidir en el monto de la base gravable o en el de una obligaci�n tributaria accesoria, de especial relevancia resulta reconocer si la actividad encomendada a la autoridad se limita a levantar un dato que deriva del mercado, o bien, constituye un valor que por la naturaleza del fen�meno a cuantificar implica, necesariamente, que un �rgano t�cnico levante diversos datos observados a lo largo del tiempo y, del an�lisis comparativo que realice de los mismos, obtenga el valor que trascender� al monto de la respectiva obligaci�n tributaria.

"En la primera hip�tesis, que se actualiza cuando el legislador establece que la autoridad administrativa debe obtener un valor que revele en un momento espec�fico a cu�nto asciende una variable econ�mica, debe concluirse que si la ley �nicamente dispone que ese valor o precio debe tomarse en cuenta para efectos tributarios, sin precisar el mecanismo que se seguir� para conocer su valor, ello no implica dejar al arbitrio de la autoridad el monto de aqu�l, pues al se�alar que debe considerarse el valor que las fuerzas del mercado fijan en un momento espec�fico a un determinado bien o a un indicador econ�mico, la actividad t�cnica de la autoridad administrativa se limitar� a levantar de la realidad econ�mica el valor respectivo, el cual se debe obtener conforme a los mecanismos id�neos que permitan conocerlo fehacientemente, lo que no implica comparar datos observados en diversos momentos, sino simplemente acudir a lo que en un momento dado revela la realidad econ�mica, por lo que en tal hip�tesis no queda al arbitrio de �rganos ajenos al Poder Legislativo la determinaci�n de los elementos que trascienden al monto de las cargas tributarias de los gobernados, pues ser� la realidad econ�mica que se pretende valorar y no la voluntad de las autoridades administrativas la que determine la afectaci�n patrimonial que una contribuci�n representa para los gobernados.

"En este supuesto, entonces, no es necesario que el legislador establezca el procedimiento que debe seguir la autoridad para conocer el referido valor. Para acatar el principio de legalidad tributaria bastar� que en un acto formal y materialmente legislativo se precise cu�l es el fen�meno econ�mico cuyo valor debe recogerse del mercado y que, por su naturaleza, no requiere de un procedimiento mediante el cual se comparen datos observados a lo largo del tiempo, sino simplemente atender a un espec�fico y determinado momento.

"Lo anterior sin desconocer que, en todo caso, el �rgano t�cnico respectivo puede incurrir en una aplicaci�n incorrecta de la ley por una apreciaci�n equivocada de la realidad econ�mica.

"En el segundo caso, como sucede por ejemplo con el valor del �ndice Nacional de Precios al Consumidor, s� es necesario que el legislador prevea qu� reglas regir�n la actividad del �rgano t�cnico, pues el valor que revela este instrumento estad�stico deriva de comparar el movimiento de los precios a lo largo del tiempo, para obtenerlo no basta levantar valores del mercado relativos a un mismo momento, sino que se comparan diversos valores (precios del mes base y del mes al que se refiere el �ndice), y es precisamente la necesidad de acotar el arbitrio para realizar tal comparaci�n, en aras de respetar el principio de legalidad tributaria, lo que torna indispensable la previsi�n en un acto formal y materialmente legislativo del procedimiento al cual se debe sujetar la entidad o dependencia del Estado que lleve a cabo la respectiva cuantificaci�n o comparaci�n de los valores observados en diversos momentos, de manera tal que se impida la actuaci�n caprichosa o arbitraria del respectivo �rgano t�cnico y que, adem�s, genere certidumbre a los gobernados sobre los factores que inciden en la cuant�a de sus cargas tributarias, lo que ha llevado a esta Suprema Corte de Justicia de la Naci�n a emitir, entre otras, las tesis jurisprudenciales que llevan los siguientes rubros, textos y datos de identificaci�n:

"?�NDICE NACIONAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR. EL ART�CULO 20 DEL C�DIGO FISCAL DE LA FEDERACI�N ES INCONSTITUCIONAL POR VIOLAR LA GARANT�A DE LEGALIDAD TRIBUTARIA (TEXTO VIGENTE EN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE).? (resulta innecesaria su transcripci�n).

"?�NDICE NACIONAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR. CONSTITUYE UN ELEMENTO NECESARIO PARA DETERMINAR EL MONTO DE LAS CONTRIBUCIONES Y, EN TANTO QUE ES CUANTIFICADO POR UN �RGANO DEL ESTADO, LAS DISPOSICIONES QUE REGULAN SU C�LCULO SE ENCUENTRAN SUJETAS AL PRINCIPIO DE LEGALIDAD TRIBUTARIA PREVISTO EN EL ART�CULO 31, FRACCI�N IV, DE LA CONSTITUCI�N FEDERAL.? (resulta innecesaria su transcripci�n).

"Como se advierte de las tesis jurisprudenciales antes transcritas, esta Suprema Corte de Justicia ha estimado que trat�ndose de los valores del �ndice Nacional de Precios al Consumidor, en virtud de que los mismos son cuantificados por un �rgano t�cnico del Estado, para acatar el principio de legalidad tributaria resulta necesario que se establezca en un acto formal y materialmente legislativo cu�l es el procedimiento que debe seguir la autoridad para comparar los valores observados en diferentes momentos en el tiempo; sin embargo, tales criterios no resultan aplicables respecto del procedimiento para obtener el precio estimado de las mercanc�as a importar, ya que, por una parte, la actividad que para tal fin desarrolla el �rgano t�cnico se limita a levantar, como su nombre lo indica, un valor que el mercado refleja en un momento preciso, sin necesidad de realizar comparaciones de valores reflejados a lo largo del tiempo.

En tal virtud, la circunstancia de que el legislador no haya establecido qu� procedimiento debe seguir la Secretar�a de Hacienda y Cr�dito P�blico para calcular los precios estimados de las mercanc�as que se importen al territorio nacional, los que sirven para la aplicaci�n del sistema de dep�sitos en cuentas aduaneras de garant�a y no trascienden en manera alguna a la base gravable del impuesto a la importaci�n, no conlleva una violaci�n al principio de legalidad tributaria, pues para obtener dichos valores la referida autoridad administrativa debe limitarse a recoger del mercado, atendiendo a los m�todos estad�sticos id�neos, el valor que corresponde a la mercanc�a respectiva y, en todo caso, la posibilidad de que se incurra en un incorrecto levantamiento de datos constituye una cuesti�n de indebida aplicaci�n de la ley que se traduce en una violaci�n a los derechos fundamentales garantizados en el art�culo 16 constitucional, pero no al principio tributario de legalidad tutelado en el diverso 31, fracci�n IV, de la propia N.F. ni a la reserva de ley que dicho principio conlleva.

A la luz de las consideraciones precedentes, corresponde analizar el impuesto sobre adquisici�n de inmuebles que se encuentra regulado en los art�culos 135, 138 y 139 del C�digo Financiero del Distrito F., vigente a partir del primero de enero de dos mil cuatro.

Los numerales 135, 138 y 139 del C�digo Financiero del Distrito F. establecen:

"Art�culo 135. El impuesto se calcular� aplicando, sobre el valor total del inmueble la siguiente tarifa: ..."

"Art�culo 138. El valor del inmueble que se considerar� para efectos del art�culo 135 de este c�digo, ser� el que resulte m�s alto entre el valor de adquisici�n, el valor catastral determinado con la aplicaci�n de los valores unitarios a que se refiere el art�culo 151 de este c�digo y el valor que resulte del aval�o practicado por la autoridad fiscal o por personas registradas o autorizadas por la misma. Cuando se trate de adquisici�n por causa de muerte, dicho valor deber� estar referido a la fecha de la adjudicaci�n de los bienes de la sucesi�n."

"Art�culo 139. Para determinar el valor del inmueble, se incluir�n las construcciones que en su caso tenga, independientemente de los derechos que sobre �stos tengan terceras personas, salvo que se demuestre fehacientemente ante la autoridad fiscal, que dichas construcciones se realizaron con recursos del adquirente. Para los fines de este impuesto, se considerar� que el usufructo y la nuda propiedad, tienen cada uno de ellos, el 50% del valor del inmueble.

"Cuando con motivo de la adquisici�n, el adquirente asuma la obligaci�n de pagar una o m�s deudas o de perdonarlas, el importe de ellas se considerar� parte del valor de adquisici�n.

"Cuando se adquiera s�lo una porci�n del inmueble, la base gravable que se considerar� para el c�lculo del impuesto, ser� el valor del inmueble en su totalidad. Al impuesto determinado se le aplicar� la proporci�n correspondiente a la parte que fue adquirida y el resultado ser� el monto del impuesto a pagar.

"Cuando se trate de adquisici�n por causa de muerte, el valor del inmueble que se considerar� ser� el que resulte m�s alto entre el valor de adquisici�n, el valor catastral y el valor que resulte del aval�o vigente al momento de otorgarse la escritura de adjudicaci�n de los bienes de la sucesi�n.

Cuando se trate de adquisici�n por fusi�n o escisi�n de sociedades, el valor del inmueble ser� el valor catastral vigente al momento de otorgarse la escritura de formalizaci�n de la transmisi�n de la propiedad de los inmuebles con motivo de dichos actos.

De la interpretaci�n literal de los preceptos transcritos se observa que el par�metro a considerar para determinar la cuant�a de la base gravable del impuesto en cuesti�n lo constituye el valor del inmueble, mismo que ser� el que resulte m�s alto de cualquiera de los tres siguientes m�todos o mecanismos:

  1. El valor de adquisici�n;

  2. El valor catastral determinado con la aplicaci�n de los valores unitarios a que se refiere el art�culo 151 del propio c�digo (que regula el diverso impuesto predial); y,

  3. El valor que resulte del aval�o practicado por la autoridad fiscal o por personas registradas o autorizadas por la misma.

El primer m�todo de determinaci�n de la base gravable corresponde realizarlo al sujeto pasivo, que considera, para tal efecto, la erogaci�n efectuada al realizar el hecho imponible del tributo (adquisici�n del bien ra�z).

El segundo mecanismo que se prev� para determinar la base gravable corre a cargo de la colaboraci�n del contribuyente y de la autoridad administrativa, puesto que el propio sujeto pasivo realiza la estimaci�n directa de la cuantificaci�n del hecho imponible con base en los valores unitarios que son establecidos por la Asamblea Legislativa, que es el �rgano facultado para emitir leyes locales en el Distrito F., a quien, inclusive, se le sujeta a la observancia de diversas variables, seg�n se desprende del art�culo 151, al cual remite el diverso numeral 138, ambos del C�digo Financiero citado, que dispone:

"Art�culo 151. Para los efectos de lo establecido en los p�rrafos segundo y tercero de la fracci�n I del art�culo 149 de este c�digo, la asamblea emitir� la relaci�n de valores unitarios del suelo, construcciones adheridas a �l, instalaciones especiales de tipo com�n, elementos accesorios u obras complementarias, que servir�n de base a los contribuyentes para determinar el valor catastral de sus inmuebles y el impuesto predial a su cargo.

"Dichos valores unitarios atender�n a los precios de mercado del suelo y de las construcciones en el Distrito F., as� como a las caracter�sticas comunes de los inmuebles que se ubiquen en las distintas zonas del mismo, refiri�ndolos a colonias catastrales de condiciones homog�neas, tipo �rea de valor y tipo corredor de valor.

"La asamblea podr� modificar la configuraci�n y n�mero de las colonias catastrales.

"Trat�ndose de inmuebles cuya regi�n, manzana y valores unitarios de suelo no se encuentren contenidos en la relaci�n respectiva a que se refiere el primer p�rrafo de este art�culo, los contribuyentes podr�n considerar como valor del metro cuadrado del suelo, el que les proponga la autoridad, previa solicitud que al efecto formulen o el que determinen a trav�s de la pr�ctica de aval�o conforme a la opci�n prevista en el art�culo 149 de este c�digo.

Las autoridades fiscales formular�n las propuestas de determinaci�n de valor a que se refiere el p�rrafo anterior, atendiendo a los valores fijados en la zona de que se trate y de acuerdo a las definiciones que respecto de las colonias catastrales se establecen en las relaciones de valores unitarios del suelo, de las construcciones, de las instalaciones especiales, elementos accesorios u obras complementarias contenidas en este c�digo.

El tercer sistema para fijar la base gravable del impuesto sobre adquisici�n de bienes inmuebles deriva de la determinaci�n directa que realiza la autoridad fiscal o personas registradas o autorizadas por la misma para practicar aval�os del bien inmueble objeto de adquisici�n.

El aval�o se define como una operaci�n de tasaci�n o justiprecio de bienes, realizada con el objeto de servir de base para la venta o divisi�n de los mismos, o para la liquidaci�n de ciertos impuestos, que se realiza por personas que revisten la caracter�stica de ser peritos en la materia, que en el caso del impuesto sobre adquisici�n de bienes inmuebles, en v�a de consecuencia, debe tratarse de aquellas que posean conocimientos te�ricos, pr�cticos, t�cnicos y especializados en la rama sobre la que versa el objeto del tributo (Gran Diccionario Jur�dico de los Grandes Juristas, Editorial Editores Libres T�cnicos, M�xico, 1998).

En este tenor, la finalidadde este �ltimo sistema o procedimiento para determinar la base gravable del impuesto en cuesti�n reside en establecer objetivamente y de acuerdo a la realidad econ�mica la medici�n de la capacidad contributiva del sujeto pasivo en la realizaci�n del hecho imponible.

Sobre el particular, los art�culos 44, 45 y 141 del C�digo Financiero del Distrito F. prev�n:

"Art�culo 44. Para efectos fiscales los aval�os vinculados con las contribuciones establecidas en este c�digo, s�lo podr�n ser practicados adem�s de la autoridad fiscal, por:

"I. Peritos valuadores debidamente registrados ante la autoridad fiscal, que cumplan con los mismos requisitos que se exigen a quienes se consideran en las dem�s fracciones de este art�culo;

"II. Instituciones de cr�dito;

"III. Sociedades civiles o mercantiles cuyo objeto espec�fico sea la realizaci�n de aval�os;

"IV. D.�n General de Patrimonio Inmobiliario, y

"V. Corredores p�blicos.

"Las instituciones de cr�dito, as� como las sociedades civiles o mercantiles a que se hace menci�n, deber�n auxiliarse para la suscripci�n y realizaci�n de los aval�os de personas f�sicas registradas ante la autoridad fiscal, debiendo acreditar ante ella los siguientes requisitos, mismos que ser�n aplicables a los corredores p�blicos:

"a) Que tengan la acreditaci�n de perito valuador de bienes inmuebles otorgada por el colegio profesional respectivo, en concordancia con la ley de la materia, o registro de la D.�n General de Patrimonio Inmobiliario;

"b) Que tengan como m�nimo una experiencia de dos a�os en valuaci�n inmobiliaria;

"c) Que tengan conocimientos suficientes de los procedimientos y lineamientos t�cnicos, as� como del mercado de inmuebles del Distrito F., para lo cual se someter� a los aspirantes a los ex�menes te�ricos-pr�cticos que la propia autoridad fiscal estime conveniente, y

"d) Que tengan t�tulo profesional en alg�n ramo relacionado con la materia valuatoria, registrado ante la autoridad competente, o que legalmente se encuentren habilitados para ejercer como corredores, y que figuren en la lista anual de peritos autorizados del colegio profesional respectivo, en concordancia con la ley de la materia.

"Los corredores p�blicos deber�n acreditar ante la autoridad fiscal que cumplen con los requisitos de los incisos b), c) y d) de este art�culo.

"Las personas a que se refieren las fracciones I a V de este art�culo, deber�n presentar ante la secretar�a, a m�s tardar el d�a 15 de cada mes, copia de los aval�os que suscriban realizados en el mes inmediato anterior, respecto de inmuebles ubicados en el Distrito F.."

"Art�culo 45. En caso de que las personas autorizadas por la autoridad fiscal o registradas ante ella, practiquen aval�os sin ajustarse a los procedimientos y lineamientos t�cnicos y a los manuales de valuaci�n t�cnicos emitidos por la misma, dicha autorizaci�n o registro, podr�n ser suspendidos de seis a treinta y seis meses. Si hubiere reincidencia o participaci�n en la comisi�n de alg�n delito fiscal, se podr� cancelar en forma definitiva dicha autorizaci�n o registro, sin perjuicio de las dem�s sanciones administrativas o penales en que pudieran llegar a incurrir, y se notificar� al colegio respectivo.

"...

"La revisi�n de los aval�os practicados por las personas autorizadas por la autoridad fiscal o registrada ante ella, se podr� efectuar en forma independiente al ejercicio de otras facultades de comprobaci�n de la autoridad fiscal.

"Los aval�os que no re�nan los requisitos a que se refiere este c�digo, no producir�n efectos fiscales."

Art�culo 141. En inmuebles destinados a vivienda, los propios contribuyentes podr�n determinar el valor del inmueble, aplicando el procedimiento y los valores de referencia del Manual de Procedimientos y Lineamientos T�cnicos de Valuaci�n Inmobiliaria y de Autorizaci�n de Sociedades y Registro de Peritos Valuadores, utilizando los formatos que para tal efecto sean aprobados por la autoridad fiscal.

Como puede observarse de lo precedente, el aval�o que practica la autoridad fiscal respecto del bien inmueble correspondiente, las personas autorizadas o registradas por y ante ella, deben reunir ciertos requisitos que los acrediten como especialistas y conocedores de la materia; asimismo, ajustarse a los procedimientos, lineamientos t�cnicos y manuales de valuaci�n, cuya emisi�n, por disposici�n expresa del C�digo Financiero del Distrito F., le es atribuida a la propia autoridad.

El Manual de Procedimientos y Lineamientos T�cnicos de Valuaci�n Inmobiliaria, as� como de Autorizaci�n y Registro de Personas para practicar Aval�os expedido por el secretario de Finanzas del Gobierno del Distrito F., publicado en la Gaceta Oficial del Distrito F. el diecinueve de febrero de dos mil cuatro, en la parte considerativa, establece:

"Considerando

"Que el C�digo Financiero del Distrito F. vigente, establece que la autoridad fiscal debe emitir los procedimientos y lineamientos t�cnicos a los que deber� ajustarse la pr�ctica de aval�os;

Que el dinamismo del desarrollo econ�mico, social y urbano que vive la Ciudad de M�xico, reclama el mejoramiento de los procedimientos y lineamientos t�cnicos sobre los cuales se realizan los aval�os para efectos fiscales, con el prop�sito de regular el mercado inmobiliario y que el cobro de los impuestos ligados a la propiedad inmobiliaria sea proporcional y equitativo;

"Que deben simplificarse los requisitos para la autorizaci�n de instituciones de cr�dito, sociedades civiles o mercantiles, as� como el registro de peritos valuadores y corredores p�blicos;

"Que es importante normar y controlar la pr�ctica valuatoria mediante los procedimientos y lineamientos t�cnicos correspondientes, por lo que he tenido a bien expedir el siguiente:

Manual de Procedimientos y Lineamientos T�cnicos de Valuaci�n Inmobiliaria, as� como de Autorizaci�n y Registro de Personas para practicar Aval�os.

El manual de referencia, en los numerales que interesa al caso a estudio, establece:

"Cap�tulo I

"Disposiciones generales

"Art�culo 1o. Este manual tiene por objeto sentar las bases para la autorizaci�n de personas morales y el registro de personas f�sicas para la pr�ctica de aval�os para efectos fiscales; establecer las normas y lineamientos para la pr�ctica de aval�os, su forma, contenido y revisi�n, as� como definir el procedimiento para la aplicaci�n de sanciones."

"Art�culo 2o. Para efectos de este manual, se entender� por:

"...

"VI. Aval�o: el dictamen t�cnico practicado por persona autorizada o registrada ante la autoridad fiscal, que permite determinar el valor comercial de un inmueble, con base en su uso, ubicaci�n, y caracter�sticas f�sicas y urbanas, as� como en la investigaci�n, an�lisis y ponderaci�n del mercado inmobiliario, y que plasmada en un documento que re�na los requisitos de forma y contenido establecidos en el presente manual, sirve como base para determinar alguna de las contribuciones establecidas en el c�digo; cuando la contribuci�n que se determine con base a dicho aval�o sea el impuesto sobre adquisici�n de inmuebles, deber� acompa�arse del anexo de la declaraci�n para el pago de dicho impuesto;

"VII. Personas autorizadas: aquellas personas morales constituidas como instituciones de cr�dito, sociedades civiles o mercantiles, con autorizaci�n vigente ante la tesorer�a para practicar aval�os inmobiliarios determinados en el c�digo, con auxilio de perito valuador;

"VIII. Personas registradas: los peritos valuadores y corredores p�blicos debidamente registrados ante la tesorer�a para practicar aval�os inmobiliarios determinados en el c�digo;

"IX. Peritos valuadores: las personas f�sicas registradas ante la T.�a que practiquen aval�os o auxilien a instituciones de cr�dito y sociedades civiles o mercantiles en la pr�ctica de los mismos;

"X. Corredores p�blicos: las personas f�sicas acreditadas y debidamente registradas ante la T.�a para practicar aval�os."

"Art�culo 3o. La pr�ctica de los aval�os a que se refiere el c�digo, se regir� por las normas, procedimientos y lineamientos establecidos en este manual, as� como en las dem�s disposiciones aplicables en materia de valuaci�n inmobiliaria."

"Art�culo 4o. Corresponde a las autoridades fiscales para efectos de este manual:

"I.R. y autorizar a las personas f�sicas y morales, respectivamente, para la pr�ctica de aval�os;

"II.R. los aval�os elaborados y presentados para efectos fiscales, as� como realizar los an�lisis y comprobaciones que se estimen pertinentes;

"III. Requerir informaci�n relacionada con la pr�ctica de aval�os a las personas autorizadas y/o registradas;

"IV. Determinar, actualizar y difundir los valores de referencia y los factores de eficiencia de las caracter�sticas de los inmuebles, a los cuales deber� sujetarse la pr�ctica valuatoria, y que ser�n necesarios para la revisi�n de aval�os;

".A. ex�menes de conocimientos en materia de valuaci�n inmobiliaria, a los aspirantes a obtener registro para practicar aval�os y a las personas ya registradas;

"VI. Sancionar a las personas autorizadas y registradas que no se sujeten a los procedimientos y lineamientos t�cnicos establecidos en el c�digo y en el presente manual;

"VII. Mantener las relaciones institucionales con las autoridades y agrupaciones pertinentes en lo relativo a la valuaci�n inmobiliaria;

"VIII. Evaluar el programa y contenido de los cursos de capacitaci�n de instituciones de educaci�n superior, a fin de comprobar que los peritos valuadores o corredores p�blicos tienen los conocimientos suficientes de los procedimientos y lineamientos t�cnicos, as� como de los manuales de valuaci�n;

"IX. Expedir las constancias de registro y de autorizaci�n, as� como de revalidaci�n anual de las mismas; y

"X. Adoptar las dem�s medidas necesarias para la debida aplicaci�n de este manual."

"Art�culo 5o. S�lo surtir�n efectos fiscales los aval�os que sean practicados por instituciones de cr�dito, sociedades civiles o mercantiles, peritos valuadores y corredores p�blicos con autorizaci�n o registro vigente, seg�n se trate, en los t�rminos de este manual; en el caso de instituciones de cr�dito y sociedades civiles o mercantiles, s�lo surtir�n efectos fiscales los aval�os que sean practicados con el auxilio de peritos valuadores con registro y sin impedimento legal para hacerlo."

"Cap�tulo II

"De la autorizaci�n y registro para la pr�ctica de aval�os

"Art�culo 6o. Las instituciones de cr�dito y las sociedades civiles o mercantiles interesadas en obtener autorizaci�n para practicar aval�os deber�n presentar ante la Subtesorer�a la siguiente documentaci�n y requisitos: ..."

"Art�culo 8o. Las personas f�sicas interesadas en obtener el registro, deber�n presentar ante la Subtesorer�a la siguiente documentaci�n y requisitos a m�s tardar 15 d�as h�biles previos a los periodos a que hace referencia el art�culo 9o.:

"A. Peritos valuadores auxiliares

"...

"B. Peritos valuadores independientes

"...

"C. Corredores p�blicos ..."

"Art�culo 9o. El examen a que se refiere el art�culo anterior, se deber� presentar exclusivamente dentro de los siguientes periodos:

"I. Primer periodo: se llevar� a cabo en los meses de marzo y abril; y

"II. Segundo periodo: se llevar� a cabo en los meses de septiembre y octubre.

"Una vez aprobado el examen te�rico-pr�ctico la tesorer�a expedir�, dentro de los 10 d�as h�biles siguientes, el registro correspondiente que acredite que el perito valuador o corredor p�blico, en su caso puede ejercer la pr�ctica valuatoria con fines fiscales. De no ser expedido el registro referido en dicho t�rmino, se entender�n como no satisfechos los requisitos."

"Art�culo 10. Para acreditar el examen y as� obtener el registro como perito valuador, se deber�n observar los siguientes requisitos:

"I.P. en el lugar, fecha y hora designados por la autoridad fiscal para sustentar el examen correspondiente;

"II. Demostrar pleno conocimiento de los aspectos vinculados con la valuaci�n inmobiliaria, las leyes relacionadas con las contribuciones en que se requieran c�lculos relacionados con la materia valuatoria, as� como tener amplio conocimiento y dominio del presente manual;

"III. Tener conocimiento de m�todos alternativos de valuaci�n;

"IV. Conocer el mercado inmobiliario actualizado en el Distrito F.; y

"V.D. pleno dominio de la pr�ctica valuatoria con por lo menos dos aval�os, practicados por el interesado, uno de un inmueble de uso habitacional y otro de uso distinto a �ste, que se encuentren ubicados en el Distrito F. y que no est�n inscritos bajo el r�gimen de propiedad en condominio, en los que adem�s, cumplan con los requisitos de forma y contenido, mismos que deber�n ser acompa�ados de planos de plantas, cortes y fachadas a escala de 1:50, debidamente acotados, fotograf�as y los elementos que se consideren necesarios para el soporte de los aval�os."

"Cap�tulo III

"De la pr�ctica de aval�os

"Art�culo 16. Los aval�os a que se refiere este manual deber�n satisfacer los requisitos de forma y contenido, as� como los administrativos que prev� el propio manual."

"Art�culo 17. Todo aval�o deber� reunir como m�nimo los siguientes elementos:

"I.D. de identificaci�n y autentificaci�n del inmueble:

"a. N�mero de cuenta catastral y el o los n�meros de cuenta correspondientes al pago de los derechos por el suministro de agua.

"b. Ubicaci�n del inmueble, anexando croquis de localizaci�n.

"c. Nombre del propietario o poseedor del inmueble y su domicilio para o�r y recibir notificaciones.

"d. El nombre y n�mero de autorizaci�n de la instituci�n de cr�dito o sociedad civil o mercantil que practic� el aval�o, en su caso.

"e. El nombre y n�mero de registro del perito valuador que practic� o auxili� en la pr�ctica del aval�o, en su caso.

"f. El nombre y n�mero de registro del corredor p�blico que practic� el aval�o, en su caso.

"g. En cada hoja el sello de la instituci�n de cr�dito, sociedad civil o mercantil, y la firma de su representante legal ante la autoridad fiscal, as� como la firma del perito valuador que auxili� en la pr�ctica del aval�o, en su caso.

"h. En cada hoja el sello y firma del perito valuador o corredor p�blico que haya practicado el aval�o, seg�n se trate.

"i. Fecha en la que se practic� el aval�o y, en su caso, la fecha a la que se retrotrae el valor.

"j. Claves correspondientes a: �rea o corredor de valor; uso; rango de nivel y clase de cada porci�n de la construcci�n; denominaci�n, y factores de eficiencia que identifican al inmueble o a porciones del mismo.

"k. Nombre y domicilio de la persona que directamente solicit� el aval�o, independientemente de la persona que hubiese pagado los honorarios respectivos.

"l. Motivo del aval�o.

"II. Caracter�sticas del inmueble:

"a. D.�n de los elementos urbanos significativos del �rea o corredor en que se ubique el inmueble, destacando, en su caso, aquellos que lo distinguen de otras �reas de valor o corredor de valor del Distrito F..

"b. D.�n del inmueble y su uso actual.

"c. D.�n del terreno en forma tal que permita identificarlo y, en su caso, distinguir los elementos que lo hacen diferente de otros terrenos del �rea o corredor de valor en que se ubica.

"d. D.�n de cada porci�n de construcci�n que permita reconocerla y, en su caso, los elementos que la hacen diferente de las clases similares.

"e. D.�n de cada instalaci�n especial, elementos accesorios u obras complementarias que posea el inmueble.

"f. Superficies correctas de terreno, construcci�n, instalaciones especiales, elementos accesorios u obras complementarias y, en el caso de condominios, del indiviso que corresponda.

"g. Fotograf�as del inmueble referentes a: fachadas, interiores, estructura, instalaciones y acabados.

"III. Valor del inmueble:

"a. D.�n y justificaci�n del m�todo o m�todos y factores de eficiencia que se aplicaron para determinar el valor del inmueble.

"b. Investigaci�n exhaustiva del mercado inmobiliario, reconociendo en cada oferta las caracter�sticas particulares que fundamentan el valor de la misma, as� como las relaciones num�ricas o factores de homologaci�n necesarios para establecer, a partir del an�lisis pormenorizado respectivo, los valores unitarios correspondientes al �rea de valor o corredor de valor aplicables en la determinaci�n del valor del terreno del inmueble, as� como los valores unitarios de reposici�n nuevos correspondientes al tipo de edificaciones existentes aplicables en la determinaci�n del valor de las construcciones del mismo.

"c. Las operaciones necesarias que permitan reconocer los c�lculos hechos para determinar el valor del inmueble.

"d. El valor de mercado del inmueble.

"e. Las aclaraciones metodol�gicas pertinentes.

"Los valores de referencia que la autoridad fiscal publique ser�n los que se utilizar�n para la revisi�n de los aval�os."

"Cap�tulo IV

"De los procedimientos y lineamientos t�cnicos para la pr�ctica y revisi�n de aval�os

"Art�culo 23. La autoridad fiscal aplicar� para la revisi�n de los aval�os, el m�todo de comprobaci�n establecido en este cap�tulo, as� como los indicadores del mercado inmobiliario reflejados en los valores unitarios de referencia y en los factores de eficiencia.

"En cuanto a la aplicaci�n de valores de suelo y de construcci�n, as� como de los dem�ritos de las construcciones en aval�os catastrales, se atender� a los valores unitarios y dem�ritos contenidos en el c�digo vigente en la �poca en que se practique el aval�o."

"Art�culo 24. Para efectos de elaboraci�n y revisi�n de los aval�os, se entender� por:

"I.V. unitarios de suelo. Al valor expresado en pesos por metro cuadrado, enlistados y organizados en una tabla por �rea y corredor de valor;

"II. �rea de valor. Al grupo de manzanas con caracter�sticas similares en infraestructura, equipamiento urbano, tipo de inmuebles y din�mica inmobiliaria;

"III. Corredor de valor. Al conjunto de inmuebles que por las caracter�sticas de uso al que se destinan, principalmente no habitacional (tales como: comercial, industrial, servicios, oficinas, entre otros, y/o mixtos), y cuyo frente o frentes colindan con una vialidad p�blica del Distrito F., independientemente de su acceso o entrada principal, se ha convertido en un corredor de valor con mayor actividad econ�mica y mayor valor comercial del suelo respecto del predominante en la zona. Tal valor de referencia es aplicable como punto de partida para revisar los valores de los terrenos que poseen los inmuebles antes se�alados;

"IV.F.es de eficiencia del suelo. A los m�ritos y dem�ritos que se pueden aplicar a la revisi�n del valor de un terreno seg�n sus caracter�sticas, una vez determinado el valor unitario de referencia que le corresponde."

"Art�culo 25. Los factores de eficiencia del suelo que ser�n aplicables para la elaboraci�n y revisi�n de los valores de referencia de las �reas y corredores de valor seg�n las caracter�sticas del terreno respectivo son:

"I.F. de zona (FZo): Factor que influye en el valor de un predio seg�n su ubicaci�n dentro de un �rea de valor espec�fica, para la aplicaci�n de este factor se entender� por:

"a. Calle moda, aquella cuyas caracter�sticas de tr�fico vehicular, anchura, calidad de carpetas, mobiliario urbano de aceras, y camellones se presenta con mayor frecuencia en el �rea de valor en donde se ubique el inmueble.

"II.F. de ubicaci�n (FUb): Factor que influye en el valor unitario medio correspondiente al �rea o corredor de valor en su aplicaci�n a un predio, en funci�n de la posici�n del mismo en la manzana en que se ubica;

"III.F. de frente (FFr): Factor que influye en el valor unitario del �rea ocorredor de valor al aplicarse a predios con menor frente del que autorizan los reglamentos correspondientes;

"IV.F. de forma (FFo): Factor que influye en el valor unitario del �rea o corredor de valor, en su aplicaci�n a un predio de forma irregular, es decir, que no es de forma rectangular. Se entender� por:

"a. Rect�ngulo inscrito (Ri): El mayor rect�ngulo que puede inscribirse en un predio haciendo coincidir su frente con �l, o uno de los frentes del predio.

"b. �reas restantes (Ar): Las �reas del predio que quedan fuera del rect�ngulo inscrito.

"c. Porci�n anterior (Pa): La parte del rect�ngulo inscrito cuyo fondo no es mayor que tres veces el frente. Incluye adem�s todos los rect�ngulos que pueden inscribirse en las �reas restantes que tengan frente a alguna v�a de acceso.

"d. Porci�n posterior (Pp): La parte del rect�ngulo inscrito que no es porci�n anterior. Incluye adem�s todos los rect�ngulos que pueden inscribirse en las �reas restantes sin frente a una v�a de acceso.

"e. �reas irregulares con frente a la calle (Ac): Las �reas restantes con frente a alguna v�a de acceso que no forman parte de la porci�n anterior.

"f. �reas irregulares interiores (Ai): Las �reas restantes sin frente a alguna v�a de acceso que no forman parte de la porci�n posterior.

"El cuadrado se entender� como un caso particular del rect�ngulo.

"V.F. de superficie (FSu): Factor que afecta al valor unitario del �rea o corredor, al aplicarse a un predio mayor de dos veces la superficie del lote moda, para la determinaci�n de este factor se entender� por:

"a. Lote moda, al lote cuyo tama�o se repite m�s en el �rea o en el corredor del valor.

"VI.F. resultante de tierra (FRe): Factor que se obtiene de multiplicar los cinco factores se�alados en este art�culo."

"Art�culo 26. Para la elaboraci�n y revisi�n del valor de la construcci�n de los aval�os, se entender� por:

"I.V. unitarios de construcci�n, al valor expresado en pesos por metro cuadrado, de acuerdo al uso, rango de niveles y clase;

"II. Porci�n de construcci�n, a la parte de la construcci�n que por su uso, rango de niveles, clase y factores de eficiencia es distinta del resto de las edificaciones;

"III. Uso, al aprovechamiento gen�rico que tiene cada porci�n de construcci�n diferente al momento de valuarse un inmueble. Dicho aprovechamiento gen�rico se define b�sicamente a partir de la actividad principal que se desarrolla dentro de ella, indistintamente del tipo y cantidad de actividades que la complementan, de acuerdo con la tipolog�a predeterminada de usos que establece este manual;

"IV. Rango de nivel, al rango de n�mero de plantas cubiertas dentro del que puede encontrarse cada porci�n de construcci�n. Incluye s�tanos, cobertizos, vest�bulos, accesos y todo aquel elemento con techumbre de una edificaci�n de acuerdo con la tipolog�a predeterminada de rangos de nivel que establece este manual;

"V. Clase, al grupo al que pertenece una construcci�n de acuerdo con las caracter�sticas propias de sus espacios, servicios, estructura e instalaciones b�sicas, as� como de los acabados t�picos que le corresponden, la cual tiene asignado un valor unitario de construcci�n. Se divide en habitacional y no habitacional;

"VI.F.es de eficiencia de la construcci�n, a los m�ritos y dem�ritos que podr�n aplicarse a la revisi�n del valor de una porci�n de construcci�n seg�n sus caracter�sticas, una vez identificado el valor de referencia de la construcci�n que le corresponde."

"Art�culo 27. Se aplicar�n para la elaboraci�n y revisi�n a los valores de referencia de cada porci�n de construcci�n, los siguientes factores de eficiencia de la construcci�n:

"I.F. de grado de conservaci�n (FCo): refleja la reducci�n o incremento del valor con relaci�n al mantenimiento que se le ha dado a la construcci�n;

"II.F. de edad de las construcciones (FEd): sirve para aplicar el dem�rito al valor de las construcciones por la edad del inmueble expresada en a�os."

"Art�culo 28. La elaboraci�n y revisi�n de aval�os de inmuebles bajo el r�gimen de propiedad en condominio se calcular� como sigue: al valor total del terreno se aplicar� el indiviso respectivo, se desglosar� cada porci�n de construcci�n de las edificaciones e instalaciones comunes, se calcular� su valor y se aplicar� el indiviso correspondiente."

"Art�culo 29. En la elaboraci�n y revisi�n del valor unitario de suelo s�lo se llegar� a aplicar un factor resultante que disminuya hasta en un 40% el valor unitario de suelo correspondiente al �rea o corredor al que pertenece; asimismo, en la revisi�n del valor unitario de cada porci�n de construcci�n s�lo se llegar�n a aplicar factores de eficiencia tales que conjunta o separadamente disminuyan hasta en un 40% el valor unitario correspondiente al uso, rango y clase de la construcci�n."

"Art�culo 30. La valuaci�n y revisi�n de las instalaciones especiales, elementos, accesorios y obras complementarias de un inmueble se realizar� por separado. Las autoridades fiscales podr�n realizar an�lisis espec�ficos para dise�ar coeficientes para la revisi�n."

"Art�culo 31. Las autoridades fiscales realizar�n investigaciones del mercado inmobiliario y con base en ellas elaborar�n las siguientes tablas:

"I. Tabla A ?valores de referencia de suelo por �rea de valor regi�n-manzana?. Su organizaci�n ser� por cada delegaci�n del Distrito F. y comprender� las regiones y manzanas catastrales que la conforman. Su clave se integra por la letra ?A?, que significa ?�rea de valor?, seguida de dos n�meros iniciales que identifican a la delegaci�n y de tres n�meros finales correspondientes a una secuencia de �rea dentro de la delegaci�n. Cada �rea de valor estar� relacionada con el valor unitario de suelo que le corresponda, expresado en pesos;

"II. Tabla B ?valores de referencia de suelo por corredor de valor?. Est� organizada por delegaci�n del Distrito F. en la que cada corredor est� descrito por el nombre principal de la v�a y el tramo que comprende. La clave est� compuesta por la letra inicial ?C? que significa ?corredor de valor?, los n�meros que identifican a la delegaci�n y las letras que identifican a una secuencia de corredores dentro de la misma delegaci�n. La misma tabla vincular� cada corredor con el valor unitario de suelo que le corresponde, expresado en pesos;

"III. Tabla C ?factores de eficiencia de suelo?. Especifica los factores referidos en el art�culo 25 de este manual;

"IV. Tabla D ?usos de la construcci�n?. Indica la clave alfab�tica correspondiente y desglosa los usos espec�ficos que comprende;

"V. Tabla E ?rango de niveles de la construcci�n?. Se�ala la clave num�rica o alfab�tica que corresponde a cada rango, seg�n el n�mero de niveles de cada porci�n de las construcciones;

"VI. Tabla F ?clase de la construcci�n?. Se�ala los valores unitarios y nombre gen�rico que corresponde a cada clase, seg�n las caracter�sticas y calidad de cada porci�n de las construcciones;

"VII. Tabla G ?valores de referencia de la construcci�n por uso, rango de niveles y clase?. Se�ala los valores unitarios expresados en pesos, correspondientes a cada uno;

"VIII. Tabla H ?factores de eficiencia de la construcci�n?. Especifica los factores referidos en el art�culo 27 de este manual;

"IX. Tabla I ?instalaciones especiales, elementos accesorios u obras complementarias?. Se refiere a:

"a. Instalaciones especiales (IE): Son aquellas que se consideran necesarias para cada tipo de inmueble.

"b. Elementos accesorios (EA): Son aquellos que se consideran indispensables para el funcionamiento de un inmueble de uso especializado, es decir, que se convierten en elementos caracter�sticos del bien analizado.

"c. Obras complementarias (OC): Son aquellas que proporcionan amenidades o beneficios al inmueble.

"X. Las tablas complementarias que se requieran para la revisi�n de los aval�os."

"Art�culo 32. Las autoridades fiscales difundir�n las tablas de revisi�n a que se refiere este manual semestralmente o cuando el mercado inmobiliario refleje un comportamiento que as� lo amerite. Las modificaciones a las tablas a que se refiere el presente art�culo, se publicar�n en la Gaceta Oficial del Distrito F..

"En tanto no se den a conocer las nuevas tablas, seguir�n utiliz�ndose para la revisi�n las �ltimas que se hubiesen difundido."

"Art�culo 33. Cuando una instituci�n de cr�dito, sociedad civil o mercantil, o un perito valuador o corredor p�blico considere que alguno de los datos de las tablas de revisi�n es inapropiado o inexacto deber� comunicarlo por escrito a la Subtesorer�a anexando la investigaci�n de mercado, con datos completos de los inmuebles investigados, fotograf�as y el sustento anal�tico necesario para que se eval�e y, en su caso, se modifique y difunda.

"Las tablas se pondr�n a la venta en la Subtesorer�a, semestralmente. Cuando amerite poner a la venta nuevas tablas en un periodo extraordinario, se notificar� por escrito a las instituciones de cr�dito y a las sociedades civiles o mercantiles con autorizaci�n vigente, adem�s de difundir tal hecho a los peritos valuadores y corredores p�blicos registrados."

"Cap�tulo V

"De las sanciones aplicables

"Art�culo 34. Cuando las personas autorizadas o registradas para practicar aval�os no se sujeten a las disposiciones del c�digo, as� como a los procedimientos y lineamientos t�cnicos establecidos en este manual, se har�n acreedores a una o m�s de las siguientes sanciones: amonestaci�n, suspensi�n o cancelaci�n de la autorizaci�n o del registro, as� como a las multas previstas en la normatividad aplicable."

En este tenor, el aval�o como base alternativa del impuesto sobre adquisici�n de bienes inmuebles que establece el art�culo 138 del C�digo Financiero del Distrito F. vigente a partir del primero de enero de dos mil cuatro, constituye un m�todo cuya previsi�n se encuentra dispuesta en el propio ordenamiento jur�dico; que las personas que llevan a cabo el aval�o (autoridad fiscal, autorizados o registrados por aqu�lla), por disposici�n legal, deben ajustarse a los procedimientos y lineamientos t�cnicos que emita la autoridad a fin de impedir cualquier actuaci�n arbitraria de �sta y, al propio tiempo, generar certidumbre al gobernado sobre los elementos que inciden en la cuantificaci�n del hecho imponible; que estos procedimientos y lineamientos se fundamentan, en esencia, en la objetividad del m�todo, atendiendo al dinamismo del desarrollo econ�mico, social y urbano que vive la Ciudad de M�xico, con el prop�sito de conocer exhaustivamente el mercado inmobiliario, reconociendo en cada operaci�n las caracter�sticas particulares que dan sustento al valor de la misma, as� como las relaciones num�ricas o factores de homologaci�n necesarios para establecer, a partir del an�lisis pormenorizado, los valores unitarios correspondientes al �rea de valor o corredor aplicables a la determinaci�n del valor del terreno y construcci�n del inmueble.

As� las cosas, esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n considera que la base gravable alternativa para determinar el impuesto sobre adquisici�n de bienes inmuebles, que establece el art�culo 138 del C�digo Financiero del Distrito F., consistente en el aval�o practicado por la autoridad fiscal o personas registradas o autorizadas por la misma, no transgrede el principio tributario de legalidad que consagra el art�culo 31, fracci�n IV, de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, en atenci�n a que aquello que est� reservado a la ley son los diferentes m�todos a emplear para la concreci�n de esta magnitud (la base gravable), misma que conforma el eje sustancial en la cuantificaci�n de la obligaci�n tributaria; no obstante lo anterior, es jur�dicamente v�lido que una vez predeterminado en la ley el m�todo a utilizar se deposite en la letra de disposiciones de menor jerarqu�a normativa, emitidas por la autoridad fiscal, los criterios, principios y procedimientos que sean m�s id�neos para medir la base, en funci�n del m�todo escogido, tomando en cuenta aspectos t�cnicos, especializados, datos y factores econ�micos, entre otros, que incidan en aqu�lla, que por virtud de la naturaleza y din�mica de estas cuestiones requieren de una actualizaci�n permanente y conocimiento de las circunstancias que operan en el mercado inmobiliario, los cuales deben ser observados tanto por la autoridad como por las personas registradas o autorizadas por la misma, situaci�n que se traduce en un mecanismo uniforme y general para los gobernados que se ubiquen dentro de este supuesto.

En efecto, como qued� asentado en las ejecutorias de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n insertadas con antelaci�n, en materia tributaria rige el principio de reserva legal relativa, seg�n el cual es posible que la ley formal no contenga la regulaci�n en detalle de los elementos de los tributos, pues basta que fije los m�todos, las reglas generales, los principios y los par�metros dentro de los cuales puede actuar la autoridad exactora.

De las mismas ejecutorias y tesis invocadas se desprende tambi�n que no cualquier remisi�n de la ley a la autoridad administrativa para que determine un sistema o mecanismo necesario para la cuantificaci�n del tributo debe entenderse contrario a los principios de legalidad y reserva de ley, pues es aceptable desde el punto de vista constitucional que se le permita intervenir en el se�alamiento de directrices o principios para fijar la base del impuesto, cuando se trata de materias t�cnicas o de indicadores econ�micos o financieros cuya expresi�n aritm�tica no pueda incorporarse al texto legal porque dependa de diversas variables y circunstancias propias del momento y lugar en que se realiza el hecho imponible o generador de la obligaci�n fiscal.

Estos fen�menos que tienen particular incidencia en la determinaci�n de la base gravable de los tributos, por cuanto �sta aspira a ser la expresi�n econ�mica de fidelidad y exactitud de la cuantificaci�n del hecho imponible, que a su vez representa una concreci�n espec�fica de la capacidad contributiva del sujeto del impuesto, explican que, en la especie, trat�ndose del impuesto sobre adquisici�n de inmuebles, el legislador haya establecido diversos mecanismos, a fin de desentra�ar el valor real del objeto del impuesto, fijar cierta uniformidad y otorgar certeza al contribuyente, al se�alar que la base de dicha contribuci�n ser� el valor m�s alto entre: el valor de adquisici�n del inmueble, el valor catastral, o el aval�o que realice la autoridad o las personas registradas o autorizadas por ella, conforme al manual y los lineamientos expedidos por la propia administraci�n.

En este sentido, la circunstancia de que la ley no contenga los criterios t�cnicos conforme a los cuales deba practicarse el aval�o de los inmuebles no implica una transgresi�n al principio de legalidad ni al diverso de reserva de ley, pues el acto de valuar un inmueble no es m�s que la acci�n de constatar, en un momento y lugar determinado, la dimensi�n econ�mica de un bien, conforme a una t�cnica cuyos principios y reglas, por supuesto, no son propias, en principio, del contenido de una ley tributaria, pues el objeto de �sta no es en s� regular la t�cnica de valuaci�n, sino establecer los elementos a partir de los cuales debe medirse la capacidad contributiva en raz�n de su posici�n frente al objeto gravado.

Debe tenerse en cuenta que la realizaci�n de un aval�o es una actividad de car�cter t�cnico o pericial, entendiendo por ello "... lo propio del perito, es decir, lo referente al perito ...", en la inteligencia de que un perito es una persona "... versada en una ciencia o arte ...", y que la "... posesi�n de conocimientos espec�ficos que no todo mundo posee es lo que le da a un sujeto el car�cter de perito ..." (A.G.�a, C., en Derecho Procesal Civil, P.�a, M�xico, 1987, p�gina 331).

Por ende, al prever el C�digo Financiero que para determinar la base gravable del impuesto sobre adquisici�n de inmuebles se acudir�, entre otra, al aval�o, est� disponiendo que se tome en cuenta una opini�n pericial, del cuerpo t�cnico integrado por la autoridad fiscal o de las personas autorizadas o registradas por �sta, en suma, de quienes poseen conocimientos espec�ficos en una ciencia y, por tanto, tienen la sapiencia t�cnica suficiente para obtener precios de mercado, valores por zona, valores comerciales, en fin, los diversos lineamientos que, por disposici�n del legislador, deben observarse en los aval�os o dict�menes periciales, sin que para entender y aplicar esos elementos de car�cter t�cnico sea menester una definici�n legal de los mismos por ser propios de una ciencia en la que existen personas versadas a cuyo alcance est� su comprensi�n y utilizaci�n en un aval�o espec�fico.

Es aplicable a lo precedente, por identidad de raz�n, el criterio que informa la tesis P. LXXXVIII/98 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, publicada en el Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, Novena �poca, T.V., diciembre de mil novecientos noventa y ocho, p�gina 215, que se�ala:

ACTIVO. LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO NO VIOLA LA GARANT�A DE LEGALIDAD TRIBUTARIA, POR DISPONER, PARA LA ACTUALIZACI�N DE LOS INVENTARIOS, LA POSIBILIDAD DE APLICAR LOS PRINCIPIOS DE CONTABILIDAD GENERALMENTE ACEPTADOS. La garant�a de legalidad tributaria consagrada en el art�culo 31, fracci�n IV, de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, no resulta infringida porque el art�culo 3o., p�rrafo cuarto, de la Ley del Impuesto al Activo, en relaci�n con la determinaci�n de la base del tributo, establezca la posibilidad de que los inventarios se actualicen conforme a los principios de contabilidad generalmente aceptados, pues se advierte que hace referencia a esos principios, no como reglas o normas de conducta obligatoria, sino como bases consuetudinarias de una t�cnica como es la contabilidad que resulta auxiliar en el manejo de las empresas, es decir, como un m�todo de valuaci�n propio de las empresas que aporta resultados uniformes y que permite ex�menes de comprobaci�n, de seguimiento aconsejable mas no obligatorio, tan es as� que ese art�culo no prev� una sanci�n por la falta de actualizaci�n de los inventarios conforme a los citados principios, sino otorga otras opciones para efectuar esa actualizaci�n, de ah� que no resulta indispensable que esos principios se encuentren precisados en ley, m�xime que no es la funci�n de �sta determinar el contenido y alcance de las t�cnicas contables, sino tomar en cuenta sus resultados para poder determinar la situaci�n fiscal del contribuyente; a lo que debe agregarse que, de cualquier manera, es inconcuso que el conocimiento de esos principios se encuentra al alcance de los contribuyentes, lo que permite su aplicaci�n.

No es �bice a lo que se ha se�alado con antelaci�n que conforme al art�culo 45 del C�digo Financiero del Distrito F. el manual de valuaci�n y los lineamientos t�cnicos sean emitidos por la autoridad fiscal, ni tampoco que los aval�os puedan practicarse por la autoridad fiscal o por terceros autorizados por ella, toda vez que, se reitera, por una parte, no puede pretenderse que el legislador establezca en la ley las reglas de valuaci�n de un predio, ni tampoco evitar que sea la autoridad administrativa, por s� o por un tercero perito en la materia, quien aplicando la t�cnica de la valuaci�n determine el valor de un inmueble, pues naturalmente, en cada caso concreto, ser� menester que exista un sujeto aplicador del procedimiento de valoraci�n.

Desde luego, esta apreciaci�n no implica desconocer que los aval�os pueden no corresponder a la exacta expresi�n del valor econ�mico del inmueble, pero esta eventualidad no puede atribuirse a un quebrantamiento del principio de legalidad tributaria, sino, en su caso, a los vicios en quepudiera incurrirse al llevarse a cabo el aval�o conforme a la t�cnica pericial, o los propios lineamientos o el manual de la autoridad como actos administrativos considerados en s� mismos.

Por consiguiente, el art�culo 138 del C�digo Financiero del Distrito F., vigente a partir del primero de enero de dos mil cuatro, que regula la base gravable del impuesto sobre adquisici�n de inmuebles, no vulnera el principio de legalidad que consagra la fracci�n IV del art�culo 31 constitucional, al establecer como un m�todo alternativo para su determinaci�n la pr�ctica de un aval�o realizado por la autoridad fiscal o persona registrada o autorizada por la misma.

Asimismo, es menester se�alar que al respecto es aplicable, por analog�a, el criterio que se ha sustentado en la tesis P. CXLIX/97 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, consultable en el Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, Novena �poca, T.V., noviembre de mil novecientos noventa y siete, p�gina 74, que dice:

CATASTRO. LOS ART�CULOS 30 Y 55 DE LA LEY CORRESPONDIENTE DEL ESTADO DE SINALOA, AS� COMO EL 18 DE SU REGLAMENTO, NO SON VIOLATORIOS DEL PRINCIPIO DE LEGALIDAD TRIBUTARIA.-La interpretaci�n arm�nica del art�culo 51 de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Sinaloa, as� como de los inmersos en la Ley de Catastro de ese Estado, pone de manifiesto que los art�culos 30 y 55 de �sta no son violatorios del principio de legalidad previsto en el art�culo 31, fracci�n IV, constitucional. El primero de ellos establece, como base para la determinaci�n del impuesto predial en trat�ndose de predios r�sticos o fincas urbanas, el valor catastral determinado conforme a la Ley de Catastro. A su vez, en los art�culos 30 y 55 de esta ley se faculta al Instituto Catastral de dicha entidad para que, a trav�s del implemento de las tablas de valores unitarios, obtenga el aval�o de los inmuebles practicado por peritos, tambi�n autorizados por el instituto, y determine as� el valor catastral. Si bien de tales art�culos se desprende que una autoridad administrativa, como lo es el Instituto Catastral, determinar� el valor catastral, tal determinaci�n no la hace a su arbitrio, sino de acuerdo con los lineamientos previstos en la propia ley, especialmente en los art�culos 6o., 26, 30, 31, 32, 33, 34, 50, 52, 54 y 55, entre otros, de los que se desprende que la ley define diversos conceptos, se�ala los pasos que deben darse, los �ndices a que hay que atender e incluso prev� un recurso a favor del contribuyente que no est� de acuerdo con la valuaci�n. Es decir, en la ley se dan los lineamientos que debe seguir el Instituto Catastral al realizar los estudios t�cnicos para determinar la propuesta de valores unitarios. Si el legislador no entra en detalles, ello obedece a que se est� en presencia de un fen�meno din�mico que requiere de un cuerpo especializado que tenga experiencia en esas materias, quien al emitir las tablas de valores fija �ndices que dan una razonable certeza o justificaci�n racional para evitar arbitrariedades en contra de los gobernados. De ah� que, atendiendo al principio de reserva relativa que rige en materia de legalidad tributaria, la remisi�n que se hace al art�culo 18 del reglamento para que fije el procedimiento al que dicho instituto deba sujetarse para la elaboraci�n de las mencionadas tablas, no pueda considerarse como una deslegalizaci�n de la materia reservada, toda vez que el procedimiento establecido en el reglamento est� claramente subordinado a la ley, y no se trata de una regulaci�n independiente, con lo que se evita que la autoridad administrativa a su arbitrio fije el valor de las bases para determinar el valor del inmueble objeto del tributo.

Tambi�n sirve de apoyo a lo anterior, por identidad de raz�n, el criterio sustentado en la jurisprudencia P./J. 113/99, por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, visible en el Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, Novena �poca, Tomo X, noviembre de mil novecientos noventa y nueve, p�gina 6, que establece:

"ACTIVO DE LAS EMPRESAS. EL M�TODO DE VALUACI�N ESTABLECIDO EN LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO NO FORMA PARTE DE LA BASE.-Aun cuando el m�todo de valuaci�n sirve para la determinaci�n del valor de los activos, ello no significa que constituya tambi�n un elemento integrador de la base del tributo. Lo anterior es as� porque de conformidad con el art�culo 2o. de la Ley del Impuesto al Activo de las Empresas el tributo se determina aplicando la tasa del 2% al valor de los activos en el ejercicio, obteni�ndose �ste de las reglas que para su c�lculo se establecen en el procedimiento previsto por las distintas fracciones de ese numeral, que toma en cuenta promedios mensuales de activos financieros (fracci�n I); la actualizaci�n del saldo por deducir en el impuesto sobre la renta de activos fijos y gastos y cargos diferidos (fracci�n II); el monto original de la inversi�n de los terrenos (fracci�n III); y los inventarios de materias primas, productos semiterminados o terminados (fracci�n IV). Es decir, con esas reglas contenidas en la ley impugnada o, en su caso, con las que se obtienen de la remisi�n que la misma hace a otros ordenamientos legales, se determina la base del impuesto de una manera general y abstracta, aplicable, por ende, a todos los causantes del impuesto; en tanto que con la aplicaci�n a esa base del m�todo de valuaci�n que el contribuyente utilice, se obtiene el valor de los activos afectos al pago del gravamen, pero de una manera particularizada que, por tanto, regir� exclusivamente a su propia situaci�n, raz�n por la que ese resultado no puede integrar la base del impuesto que es de determinaci�n previa a la aplicaci�n del m�todo de valuaci�n para la fijaci�n del monto del gravamen."

SEXTO

Con base en lo expuesto, la tesis que debe prevalecer es la sustentada por esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, que de acuerdo con lo dispuesto por el art�culo 195 de la Ley de Amparo debe regir con car�cter jurisprudencial, la cual quedar� redactada con el siguiente rubro y texto:

ADQUISICI�N DE BIENES INMUEBLES. EL ART�CULO 138 DEL C�DIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL, AL ESTABLECER COMO SISTEMA DE DETERMINACI�N ALTERNATIVA DE LA BASE GRAVABLE DEL IMPUESTO RELATIVO EL AVAL�O PRACTICADO POR LA AUTORIDAD FISCAL O POR PERSONAS REGISTRADAS O AUTORIZADAS POR ELLA, NO TRANSGREDE EL PRINCIPIO TRIBUTARIO DE LEGALIDAD.-De lo dispuesto en el numeral de referencia se advierte que el legislador estableci� un sistema de determinaci�n alternativa de la base gravable del gravamen en cuesti�n, en el que se prev� que el valor del inmueble que se considerar� para tal efecto ser� el que resulte m�s alto entre el valor de la adquisici�n, el valor catastral determinado con la aplicaci�n de los valores unitarios a que se refiere el art�culo 151 del mismo ordenamiento jur�dico o el valor que resulte del aval�o practicado por la autoridad fiscal o por personas registradas o autorizadas por ella; ahora bien, el aval�o constituye un m�todo que no viola el principio tributario de legalidad, en atenci�n a que en debida observancia a dicho principio, aquello que est� reservado a la ley son los diferentes m�todos para la fijaci�n de la base gravable del impuesto, misma que conforma el eje sustancial en la cuantificaci�n de la obligaci�n tributaria, no obstante es jur�dicamente v�lido que una vez predeterminado en la ley el m�todo a utilizar, se deposite en la letra de menor jerarqu�a normativa emitidos por la autoridad fiscal los criterios, principios y procedimientos que sean m�s id�neos para medir la base, tomando en cuenta aspectos t�cnicos, especializados, datos y factores econ�micos, entre otros, que incidan en aquella en virtud del lugar y momento en que se lleve a cabo el hecho imponible de la contribuci�n, toda vez que por virtud de la naturaleza y din�mica de estos aspectos, requieren de una actualizaci�n permanente y conocimiento de las circunstancias que operan en el mercado inmobiliario; adem�s, el hecho de que el C�digo Financiero del Distrito F. encomiende la elaboraci�n del manual de valuaci�n y los lineamientos t�cnicos a la autoridad fiscal no implica, por s� mismo, que quede al arbitrio de �sta la determinaci�n de la base del tributo, ya que aqu�llos se realizan por peritos en la materia y deben ser observados por los entes p�blicos locales y cualquier otra persona autorizada o registrada para realizar los aval�os, al tratarse de par�metros generales que se fundamentan en esencia, en la objetividad del m�todo, atendiendo al desarrollo econ�mico, social y urbano que vive la Ciudad de M�xico y sustentados en an�lisis exhaustivos de las caracter�sticas particulares del objeto del tributo, as� como a las relaciones num�ricas y factores de homologaci�n necesarios para establecer, el valor del terreno y construcci�n del inmueble de que se trate, luego, la debida observancia de las directrices de m�rito, incluso impiden la actuaci�n arbitraria de la autoridad y, por ende, generan certidumbre al gobernado sobre los elementos que inciden en la cuantificaci�n del hecho imponible que se realice bajo este m�todo de determinaci�n.

Por lo expuesto y fundado se

resuelve:

PRIMERO

S� existe contradicci�n entre los criterios sustentados por los Tribunales Colegiados Cuarto y Octavo, ambos en Materia Administrativa del Primer Circuito.

SEGUNDO

Debe prevalecer, con car�cter de jurisprudencia, el criterio sustentado por esta Segunda Sala, conforme a la tesis que ha quedado redactada en la parte final del �ltimo considerando de esta resoluci�n.

Notif�quese; rem�tase testimonio de esta resoluci�n a los Tribunales Colegiados contendientes y, en su oportunidad, arch�vese este expediente como asunto concluido.

As� lo resolvi� la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n por unanimidad de cuatro votos de los se�ores Ministros M.B.L.R., S.S.A.A., G.I.O.M. y presidente J.D.R.. Ausente el se�or Ministro G.D.G.�ngora P., por atender comisi�n oficial. Fue ponente el M.G.I.O.M..

Nota: La tesis de rubro: "LEGALIDAD TRIBUTARIA. SU ALCANCE CUANDO EL LEGISLADOR FACULTA A UNA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA PARA ESTABLECER EL VALOR DE UN FACTOR QUE INCIDE EN EL MONTO DE LA BASE GRAVABLE O EN LA CUANT�A DE UNA OBLIGACI�N TRIBUTARIA ACCESORIA." citada en esta ejecutoria, se public� nuevamente con los precedentes correctos en el Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, Novena �poca, Tomo XX, agosto de 2004, p�gina 428.