Ejecutoria num. 2a./J. 79/2005 de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala - Jurisprudencia - VLEX 26823790

Ejecutoria num. 2a./J. 79/2005 de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala

Emisor:Segunda Sala
Número de Resolución:2a./J. 79/2005
Localizacion:GUILLERMO I. ORTIZ MAYAGOITIA.
Materia:Suprema Corte de Justicia de México
Fecha de Publicación: 1 de Agosto de 2005
RESUMEN

CONTRADICCIÓN DE TESIS 30/2005-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO DEL SÉPTIMO CIRCUITO.DOCUMENTAL EN MATERIA LABORAL. NO ES NECESARIO QUE PARA SU RATIFICACIÓN SE PROPORCIONE EL DOMICILIO DEL SUSCRIPTOR, SI EL OFERENTE SE COMPROMETE A PRESENTARLO.DOCUMENTAL EN MATERIA LABORAL. SI EL OFERENTE SOLICITA QUE SE CITE AL SUSCRIPTOR PARA SU RATIFICACIÓN, POR CONDUCTO DE LA JUNTA, ES NECESARIO QUE PROPORCIONE EL DOMICILIO DE ÉSTE.DOCUMENTAL EN MATERIA LABORAL. SU RATIFICACIÓN Y LA PRUEBA TESTIMONIAL NO PUEDEN EQUIPARARSE.

 
ÍNDICE
CONTENIDO

CONTRADICCI�N DE TESIS 30/2005-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL S�PTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO DEL S�PTIMO CIRCUITO.

MINISTRO PONENTE: G.I.O.M..

SECRETARIO: ALBERTO D�AZ D�AZ.

CONSIDERANDO:

TERCERO

A fin de estar en aptitud de resolver esta denuncia de contradicci�n de tesis, es preciso tener presente las consideraciones sustentadas por los �rganos colegiados involucrados en las respectivas ejecutorias, siendo las que a continuaci�n se transcriben.

El S�ptimo Tribunal C.egiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, al resolver el amparo directo n�mero 10497/2004, sostuvo:

"CUARTO. Los conceptos de violaci�n que se esgrimen en la demanda de garant�as, resultan infundados, por lo siguiente:

"Mar�a del P.S.P.�rez, reclam� de Scotiabank Inverlat, S.A., Instituci�n de Banca M�ltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, el pago de indemnizaci�n constitucional y salarios ca�dos por el despido injustificado del que afirm� fue objeto el catorce de agosto de dos mil uno; asimismo, reclam� el pago de diecis�is horas extras a la semana, correspondientes al �ltimo a�o laborado, que van de las 14:41 a las 17:30 horas diarias, de martes a domingo (f. 1 a 8, 44, 48, 226 y 227).

"Scotiabank Inverlat, S.A., Instituci�n de Banca M�ltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, neg� el despido, bajo el argumento de que lo cierto es que el catorce de agosto del dos mil uno, rescindi� el contrato de trabajo por causas atribuibles a la trabajadora, con fundamento en el art�culo 47, fracciones II, XI y XV, de la Ley Federal del Trabajo, por haber incurrido durante el desempe�o y con motivo de sus funciones, en desobediencia, injurias y malos tratamientos en contra del patr�n o del personal directivo o administrativo de la empresa, toda vez que el primero de agosto de ese a�o, J.D.R., quien se ostenta como ?subdirector operaci�n sucursales? (sic) de la demandada, expres� a la actora las quejas que hab�a recibido de diversas sucursales, v�a telef�nica y confirmadas por escrito, en el sentido de que sal�a a fumar en horas de trabajo, dejando de proporcionar a diversos promotores, remesas y/o cotizaciones para comunic�rselas a los clientes de la instituci�n, as� como haber desatendido un problema que surgi� en la sucursal Monterrey, el treinta y uno de julio anterior; que la actora, enterada que fue de las quejas expuestas en su contra, se acerc� a otras compa�eras manifest�ndoles en voz alta, para que escuchara el citado J.D.R., ?... si a �l no le parece que suspendiera sus labores para salirse a fumar, que se fuera a la chingada ...?; por lo cual, se gir� un escrito al departamento de relaciones laborales, exponiendo los hechos sucedidos, lo que dio lugar a que se levantaran las actas administrativas de investigaci�n de fecha seis de agosto del dos mil uno, corrobor�ndose los hechos imputados a la trabajadora, por lo cual, aproximadamente a las 10:30 horas del catorce de agosto del dos mil uno, A.G.�lez D�az, en su car�cter de asesor de relaciones laborales de la demandada, en presencia de M. �ngel T.R.�os y R.E.�ritu Santo Raba, le notific� el aviso de rescisi�n, el cual le ley�, enter� de su alcance y contenido y se lo entreg� a la actora, neg�ndose a firmarlo de recibido, lo cual se hizo constar al reverso del aviso de rescisi�n y a efecto de dar cumplimiento a la parte final del art�culo 47 de la Ley Federal del Trabajo, dentro del t�rmino establecido, con fecha veintiuno de agosto del dos mil uno, se solicit� a la Junta Especial N�mero Catorce de la Federal de Conciliaci�n y Arbitraje, que por su conducto se notificara a la actora el aviso de rescisi�n, en el expediente paraprocesal PP-42/2001; por otra parte, neg� derecho a la actora para reclamar el pago de horas extras, dado que siempre labor� una jornada de 40 horas a la semana, comprendida de las 8:30 a las 14:30, de lunes a viernes de cada semana, con media hora para descansar y tomar alimentos fuera del centro de trabajo, adem�s de que para poder laborar tiempo extraordinario, requer�a previa orden por escrito de su jefe inmediato o de la persona facultada para ello, tal cual se pact� en la cl�usula d�cima del contrato individual de trabajo (f. 1184, 188 a 224, 227 y 228).

"La Junta responsable, al emitir el laudo, impuso a la demandada la carga de la prueba para acreditar sus excepciones y defensas; analiz� las pruebas ofrecidas de su parte y otorg� valor a la testimonial que estuvo a cargo de A.G.�lez D�az, M. �ngel T.R.�os y R.E.�ritu Santo Raba (f. 375 a 380), con la que tuvo por demostrado que el catorce de agosto del dos mil uno, se notific� a la actora el aviso de rescisi�n, neg�ndose a firmarlo, levantando el acta administrativa para hacer constar tal negativa; asimismo, otorg� valor a la documental consistente en el expediente paraprocesal PP-42/2001, radicado ante la Junta Especial N�mero Catorce de la Federal de Conciliaci�n y Arbitraje, que contiene el escrito del veintiuno de agosto del dos mil uno y el aviso de rescisi�n del catorce de agosto del mismo a�o, por anverso y reverso (anexo), con el que tuvo por demostrado que la demandada promovi� el paraprocesal en cita, a fin de notificar a la trabajadora la rescisi�n de la relaci�n laboral; con la prueba de ratificaci�n de contenido y firma del aviso de rescisi�n mencionado, que estuvo a cargo de Jos� Antonio D�az V., A.G.�lez D�az, M. �ngel T.R.�os y R.E.�ritu Santo Raba (f. 384 a 389), tuvo por demostrado que el catorce de agosto del dos mil uno, se rescindi� por escrito el contrato de trabajo de la actora, y que �sta se neg� a recibir tal escrito, por lo que en la misma fecha, se levant� el acta en que se hizo constar tal negativa, como fue declarado por los testigos M. �ngel T.R.�os y R.E.�ritu Santo Raba, en la testimonial a su cargo, corroborada con el perfeccionamiento de dicha acta, a trav�s de la ratificaci�n de su contenido y firma que tambi�n estuvo a su cargo (f. 384 a 389); con la documental consistente en dos actas administrativas de fecha seis de agosto del dos mil uno (f. 332 y 333), ratificadas en su contenido y firma por sus signantes M. �ngel L.M., R.E.�ritu Santo Raba, M. �ngel T.R.�os, Ver�nica C.�n C. y �ngeles Acosa (f. 433 a 442), tuvo por demostrados los motivos y causas que dieron lugar a que se diera por terminado el contrato de trabajo de la actora; con lo anterior, concluy� la Junta que la demandada dio cumplimiento a lo previsto por el art�culo 47 de la Ley Federal del Trabajo, al entregar a la actora el aviso de rescisi�n, quien se neg� a recibirlo, por lo cual, promovi� el paraprocesal a fin de notificarle la rescisi�n de la relaci�n laboral, de lo que concluy� la Junta en la inexistencia del despido, por terminada la relaci�n de trabajo en forma justificada, al haber incurrido en desobediencia, injurias y malos tratamientos en contra del patr�n o del personal directivo o administrativo de la instituci�n bancaria, como se asent� en las actas administrativas del seis de agosto del dos mil uno, ratificadas por sus signantes y por ello, absolvi� a la demandada de la indemnizaci�n constitucional y salarios ca�dos reclamados; por otra parte, en cuanto al tiempo extraordinario, estim� la responsable que en la cl�usula d�cima del contrato individual de trabajo (f. 256 a 257), reconocido por la actora en su contenido y firma en las posiciones 43, 44 y 45 de la confesional a su cargo (f. 256 a 257), donde acept� que en dicho contrato se estipul� que para el evento de laborar tiempo extraordinario, deb�a obtener una orden por escrito de su jefe inmediato o del encargado de la oficina, lo que se corrobora con las documentales consistentes en dos autorizaciones para trabajar tiempo extra, de fechas veintis�is de marzo y diecinueve de junio del dos mil uno, signadas por E.B.P.C. y G.U.C. (f. 258 y 259), que fueron perfeccionadas con la ratificaci�n de su contenido y firma, por parte de sus signantes (f. 381 a 383), con la que tuvo por demostrado que en la empresa, para laborar tiempo extra, se requiere autorizaci�n por escrito; sin que la demandante lograra demostrar que labor� tiempo extraordinario, dado que la inspecci�n que ofreci� al efecto (f. 390), s�lo demuestra presuntivamente que a partir del veinticuatro de mayo del dos mil, la actora labor� una jornada comprendida de las 8:00 a las 18:00 horas, de martes a domingo de cada semana y que labor� tiempo extra dentro de esa jornada, de las 14:41 a las 17:30 horas, de martes a domingo de cada semana, presunci�n que se ve desvirtuada con las pruebas directas antes mencionadas; por lo cual, absolvi� a la demandada del tiempo extra reclamado (f. 494 a 509).

"Aduce la quejosa una violaci�n en el procedimiento, que hizo consistir en el hecho de que la Junta responsable, en el acuerdo del diez de julio del dos mil tres, se�al� nuevas fechas para la recepci�n de las pruebas ofrecidas en juicio, no obstante que en prove�do del treinta de mayo del mismo a�o, ya hab�a se�alado fechas para su desahogo.

"Es infundado el anterior concepto de violaci�n, en raz�n de que si bien es cierto que la autoridad responsable, en prove�do del treinta de mayo del dos mil tres (f. 344 a 346), admiti� las pruebas ofrecidas por las partes del juicio y respecto de aquellas que dada su naturaleza requer�an desahogarse, se�al� hora y fecha para tal efecto; sin embargo, inconforme con dicho acuerdo, Mar�a del P.S.P.�rez, promovi� demanda de amparo indirecto (f. 350 a 357), de la que toc� conocer a la Juez Segundo de Distrito en Materia del Trabajo en el Distrito Federal, quien en sentencia del veinticuatro de junio del dos mil tres, emitida en el expediente n�mero PRAL 996/2002, otorg� la protecci�n constitucional a la quejosa, para el efecto de que la responsable dejara insubsistentes todas y cada una de las fechas que se�al� para la continuaci�n del procedimiento, en su etapa de ofrecimiento y admisi�n de pruebas, y en su lugar, se�alara fechas para el desahogo de las pruebas, dentro del t�rmino previsto en los art�culos 878, fracci�n VIII, 880 fracci�n II, 883 y 884 de la Ley Federal del Trabajo; por considerar que las fechas se�aladas para el desahogo de pruebas, exced�an en demas�a lo dispuesto por la ley (f. 362 a 364); por lo cual, en cumplimiento a la sentencia anterior, la autoridad responsable, dict� el acuerdo del diez de julio del dos mil tres, en el que dej� sin efecto las fechas se�aladas para el desahogo de pruebas y se�al� otras m�s cercanas (f. 365 a 367); de lo que se sigue que es inexacto lo alegado por la amparista, en el sentido de que la responsable se�al� doblemente d�as para el desahogo de pruebas, ya que lo cierto es que a virtud de una sentencia de amparo, dej� insubsistentes las fechas primeramente se�aladas y dict� un nuevo acuerdo en el que se�al� fechas m�s cercanas para el desahogo de pruebas, por lo que deviene infundado el concepto en estudio.

"Arguye la quejosa una violaci�n en el procedimiento, consistente en que la Junta responsable, en acuerdo del diez de julio del dos mil tres, se�al� hora y fecha para la recepci�n de la ratificaci�n del contenido del acta administrativa del catorce de agosto del dos mil uno, referente a la supuesta negativa de la trabajadora de firmar el aviso de rescisi�n; ratificaci�n que estuvo a cargo de M. �ngel T.R.�os y R.E.S.R., diligencia que fue desahogada el siete de agosto del dos mil tres, sin que se haya ofrecido acta administrativa alguna de esa fecha, dado que la demandada s�lo ofreci� un escrito paraprocesal y un aviso de rescisi�n (por anverso y reverso), signado exclusivamente por A.G.�lez D�az, sin que se advierta que dicho aviso, se encuentre firmado por los ratificantes mencionados, adem�s, de que si bien es cierto que al reverso de dicho documento, aparece un acta fechada el catorce de marzo (sic) del dos mil uno, tambi�n lo es que esta acta no fue ofrecida como prueba en juicio y ni siquiera guarda continuidad alguna con el aviso de rescisi�n, tal cual lo aleg� al objetar las pruebas de la demandada, lo que no fue tomado en consideraci�n por la autoridad.

"Es infundado el anterior concepto de violaci�n, toda vez que la parte demandada, bajo el apartado 10 de su escrito relativo (f. 252), ofreci� la documental, consistente en el aviso de rescisi�n de fecha catorce de agosto del dos mil uno, por anverso y reverso, con el prop�sito de demostrar lo narrado en el hecho diez de la contestaci�n de la demanda, esto es, que en la citada fecha, A.G.�lez D�az, en su car�cter de asesor de relaciones laborales de la demandada, en presencia de M. �ngel T.R.�os y R.E.�ritu Santo Raba, notific� a la actora el aviso de rescisi�n del que fue objeto, neg�ndose a firmarlo de recibido; lo cual se hizo constar al reverso del aviso de rescisi�n (f. 321 vta.), del que se advierte que en la misma fecha, las personas referidas, hicieron constar tal negativa; asimismo, la demandada ofreci� como medio de perfeccionamiento, la ratificaci�n de contenido y firma a cargo de las citadas personas; de lo que se sigue que, contrariamente a lo alegado por la amparista, la demandada s� ofreci� el documento en el que se hizo constar la negativa de la trabajadora de firmar el aviso de rescisi�n, as� como el medio de perfeccionamiento respecto del mismo, consistente en la ratificaci�n de su contenido y firma a cargo de las personas que hicieron constar tal negativa, por lo que se afirma que no irroga violaci�n alguna en perjuicio de la quejosa, el prove�do dictado por la responsable del diez de julio del dos mil tres, en el que se�al� hora y fecha para el desahogo del medio de perfeccionamiento solicitado y por ende, tampoco representa ilegalidad alguna, el hecho de que desahogara la diligencia de ratificaci�n del contenido y firma del documento de fecha catorce de agosto del dos mil uno, en el que se hizo constar la negativa de la trabajadora de firmar de recibido el aviso de rescisi�n, razones por las cuales deviene infundado este concepto de violaci�n.

"Alega la quejosa que es ilegal la determinaci�n de la responsable, en el sentido de admitir la ratificaci�n de contenido y firma de los documentos ofrecidos por la demandada, consistentes en los escritos del veintis�is de marzo y diecinueve de junio del dos mil uno, as� como las actas administrativas de fechas seis y catorce de agosto del dos mil uno, no obstante que el medio de perfeccionamiento ofrecido, no reun�a los requisitos de ley para su admisi�n, dado que al equipararse a una prueba testimonial, la oferente de las pruebas, debi� proporcionar a la Junta los domicilios de los ratificantes, acorde a lo dispuesto por el art�culo 813, fracci�n II, de la Ley Federal del Trabajo, sin que as� lo haya hecho, por lo cual, la responsable debi� desechar el medio de perfeccionamiento solicitado.

"Es infundado el anterior concepto de violaci�n, por lo siguiente.

"El art�culo 780 de la Ley Federal del Trabajo, establece:

"?Art�culo 780. Las pruebas se acompa�ar�n de todos los elementos necesarios para su desahogo.?

"Por su parte, el art�culo 800 del mismo ordenamiento, dispone en lo conducente:

"?Art�culo 800. Cuando un documento que provenga de un tercero ajeno a juicio, resulta impugnado, deber� ser ratificado en su contenido y firma por el suscriptor, ...?

"Ahora bien, no asiste raz�n a la quejosa, ya que si bien la demandada, al ofrecer la ratificaci�n de contenido y firma de los documentos ofrecidos bajo el apartado 5 de su escrito relativo, consistentes en dos autorizaciones para trabajar tiempo extraordinario, de fechas veintis�is de marzo y diecinueve de junio (f. 258 y 259); as� como las ofrecidas bajo el apartado 16, consistentes en dos actas administrativas de fechas seis de agosto, en que se hacen constar los hechos que motivaron la rescisi�n de la trabajadora (f. 332 y 333); y la ofrecida bajo el apartado 10, consistente en el aviso de rescisi�n del catorce de agosto (f. 321); todas ellas del dos mil uno; no se�al� el domicilio de los ratificantes, esto es, el domicilio de las personas que firmaron dichos documentos y a cargo de quienes deb�a estar la ratificaci�n de su contenido y firma, sin embargo, tal circunstancia no pod�a traer como consecuencia el que la autoridad responsable desechara los medios de perfeccionamiento solicitados, como lo pretende la peticionaria de garant�as, en virtud de que el art�culo 800 de la ley laboral, anteriormente transcrito, no exige expresamente que para obtener la ratificaci�n del contenido y firma de un documento que provenga de una persona ajena a juicio, el oferente de ese medio de perfeccionamiento, se encuentre obligado a proporcionar a la Junta el domicilio del suscriptor o de las personas que fungieron como testigos, a cargo de quienes se ofrezca la ratificaci�n, m�xime que la demandada, al ofrecer los medios de perfeccionamiento en cuesti�n, se comprometi� a presentar a los ratificantes ante la Junta, en la hora y fecha se�aladas para el desahogo de las diligencias, de lo que se infiere su obligaci�n de dar a conocer a los ratificantes, el d�a y la hora en que ten�an que comparecer ante la autoridad a desahogar la diligencia a su cargo y el deber de presentarlos ante la Junta en la fecha se�alada para tal efecto, de lo que se sigue que resultaba innecesario que se�alara en autos los domicilios de los ratificantes, para que se llevaran a cabo los medios de perfeccionamiento solicitados, pues �ste no era un elemento necesario para el desahogo de la prueba de ratificaci�n, m�xime que la parte actora aqu� quejosa, compareci� a todas y cada una de las diligencias de ratificaci�n y tuvo oportunidad de realizar las repreguntas que consider� pertinentes a los ratificantes, por lo que deviene infundado el concepto en estudio.

"En cuanto a la tesis aislada n�mero VII.2o.A.T.31 L, sustentada por el Segundo Tribunal C.egiado en Materia Administrativa y del Trabajo del S�ptimo Circuito, que aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, Tomo X, agosto de 1999, p�gina 729, del rubro: ?AVISO DE RESCISI�N. EL ACTA PARA HACER CONSTAR LA NEGATIVA A RECIBIRLO, DEBE SER RATIFICADA CON LOS REQUISITOS DE UNA TESTIMONIAL.?, invocada por la amparista; debe decirse que este �rgano colegiado, no comparte el criterio de su similar, en el sentido de que el oferente de un medio de perfeccionamiento, como lo es la ratificaci�n de contenido y firma de un acta administrativa en la que se hace constar la negativa de un trabajador a recibir el aviso de rescisi�n, deba proporcionar a la Junta el domicilio de los signantes que fungieron como testigos de tal hecho, toda vez que como ya qued� establecido, ese requisito no se encuentra expresamente contemplado en el art�culo 800 de la Ley Federal del Trabajo, que prev� ese medio de prueba y exigir al oferente de la ratificaci�n de contenido y firma de un documento proveniente de un tercero ajeno a juicio, que se�ale el domicilio del suscriptor del documento, ser�a tanto como exigirle un requisito no previsto por la ley.

"Por las razones expuestas, no se comparte el criterio que sostiene el Segundo Tribunal C.egiado en Materia Administrativa y del Trabajo del S�ptimo Circuito, en la tesis aislada n�mero VII.2o.A.T.31 L, publicada en el Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, Tomo X, agosto de 1999, p�gina 729, de rubro: ?AVISO DE RESCISI�N. EL ACTA PARA HACER CONSTAR LA NEGATIVA A RECIBIRLO, DEBE SER RATIFICADA CON LOS REQUISITOS DE UNA TESTIMONIAL.?, motivo por el cual, con fundamento en el art�culo 197-A de la Ley de Amparo, mediante atento oficio que se dirija a la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, al que se adjunte, copiacertificada y diskette de esta ejecutoria, se denuncie la posible contradicci�n de criterios en el aspecto analizado.

"Se duele la quejosa de la determinaci�n de la responsable, en el sentido de admitir y permitir el desahogo de duplicidad de testimonios de la misma naturaleza, toda vez que recibi� la ratificaci�n de contenido y firma del acta administrativa del catorce de agosto del dos mil uno, a cargo de A.G.�lez D�az, M. �ngel T.R.�os y R.E.�ritu Santo Raba, ofrecida por la demandada para acreditar el hecho diez de su contestaci�n y tambi�n desahog� la prueba testimonial a cargo de las mismas personas, que fue ofrecida para acreditar el mismo hecho, infringiendo con su actuar lo dispuesto por el art�culo 83, fracci�n I, de la ley laboral, que dispone que por cada hecho controvertido que se pretenda probar, se podr�n ofrecer �nicamente tres testigos.

Es infundado este concepto de violaci�n, toda vez que es inexacto que la prueba testimonial sea de la misma naturaleza que la prueba de ratificaci�n, dado que la testimonial, se encuentra regulada en el t�tulo catorce, cap�tulo XII, secci�n cuarta, de la Ley Federal del Trabajo, y tiene por objeto que las personas ajenas al juicio, que tengan conocimiento de los hechos controvertidos que se pretendan probar, declaren ante las Juntas de Conciliaci�n y Arbitraje sobre los mismos; en tanto que la ratificaci�n, es un medio por el cual puede perfeccionarse una prueba documental privada, a trav�s del reconocimiento del contenido y firma del documento por parte de sus suscriptores y se encuentra previsto en el art�culo 800 del mismo ordenamiento; de manera que la circunstancia de que la autoridad responsable, en el acuerdo del diez de julio del dos mil tres (f. 365 y 366), admitiera la ratificaci�n del contenido y firma de la documental ofrecida por la demandada bajo el apartado 10 de su escrito relativo (f. 252), a cargo de A.G.�lez D�az, M. �ngel T.R.�os y R.E.�ritu Santo Raba y se�alara hora y fecha para su recepci�n, y que en el mismo prove�do, admitiera la prueba testimonial ofrecida por la demandada bajo el apartado 8 (f. 251), a cargo de las mismas personas y se�alara d�a y hora para su desahogo, no implica ilegalidad alguna ni duplicidad de testimonios, aun cuando ambas fueron ofrecidas con el prop�sito de demostrar que se notific� a la actora el aviso de rescisi�n y que �sta se neg� a recibirlo, toda vez que se trata de medios de prueba de distinta naturaleza, adem�s de que la ley laboral, en su art�culo 776, establece que son admisibles todos los medios de prueba que no sean contrarios a la moral y al derecho, razones por las cuales deviene infundado el concepto de violaci�n aqu� analizado. ...

CUARTO

Por su parte, el Segundo Tribunal C.egiado en Materias Administrativa y de Trabajo del S�ptimo Circuito, al emitir su fallo en el amparo directo AD. 200/99, expres�:

"QUINTO. Los conceptos de violaci�n expuestos por el quejoso resultan infundados, en parte, y fundados, pero inoperantes, en otra.

"Es infundado lo manifestado en el sentido de que: ?... la responsable pasa por alto que, si bien es claro que es obligaci�n del patr�n ofrecer el perfeccionamiento del acta administrativa donde el trabajador es notificado de la relaci�n individual de trabajo, no menos cierto es que el acta administrativa que nos ocupa, de fecha 29 de abril de 1998, al reverso del escrito de aviso de rescisi�n de misma fecha, no fue objetado por la parte contraria en forma alguna, por lo que en tales condiciones debe otorg�rsele pleno valor probatorio ...?

"En efecto, si se parte de la base de que dicha acta constituye un documento privado que no conlleva intr�nsecamente la prueba plena de su contenido, es de concluirse que para alcanzar tal fuerza se requiere de su perfeccionamiento, lo que se logra a trav�s de la comparecencia, ante el �rgano jurisdiccional, de quienes lo firmaron, dando as� oportunidad al trabajador de repreguntarles, sin que obste para ello el que no sea objetada por el trabajador, pues de no ser as� y concluir que su ratificaci�n s�lo procede cuando se objeta, implicar�a otorgar al patr�n, aun en forma eventual, el poder formular pruebas indubitables ante s� y por su orden, sin carga alguna de perfeccionamiento.

"Es aplicable la tesis sustentada por el Sexto Tribunal C.egiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, que este Tribunal C.egiado comparte, consultable en la p�gina ciento veinte, Tomo I, correspondiente al mes de abril de mil novecientos noventa y cinco, del Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, Novena �poca, que dice: ?ACTAS LEVANTADAS PARA HACER CONSTAR LA NEGATIVA A RECIBIR EL AVISO RESCISORIO, DEBEN SER RATIFICADAS. Los principios en que se fundamenta la jurisprudencia de la Cuarta S. de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, publicada bajo el rubro de �ACTAS ADMINISTRATIVAS, EN INVESTIGACI�N DE FALTAS DE LOS TRABAJADORES. DEBEN SER RATIFICADAS.�, en la p�gina 80 de la Segunda Parte del Ap�ndice al Semanario Judicial de la Federaci�n, 1917-1988, son aplicables tambi�n respecto de las actas que los patrones levantan para hacer constar la negativa de los trabajadores a recibir el aviso rescisorio, puesto que son actuaciones extrajudiciales que se equiparan a una testimonial rendida sin las formalidades de ley, de ah� que, para evitar que se presente un estado de indefensi�n que requiera dar oportunidad a la contraparte de repreguntar a quienes las suscriben; consecuentemente, cuando no sean ratificadas carecer�n de valor, con independencia de que hayan o no sido objetadas.?

"Por �ltimo, es de considerarse que aun y cuando es fundado lo aducido por el quejoso, en el sentido de que en el punto tres de su escrito de ofrecimiento de pruebas, ofreci� como medio de perfeccionamiento de la referida acta levantada el veintinueve de abril de mil novecientos noventa y ocho, en la que se hizo constar que el trabajador no quiso recibir ni firmar de recibido el aviso de rescisi�n de la relaci�n laboral realizado por el patr�n, la ratificaci�n de sus signantes M.�.V.�zquez L�pez y M.A.E.G. (foja 42 del expediente laboral), ello resulta inoperante para otorgar el amparo de la Justicia Federal solicitado, porque tal medio de perfeccionamiento fue ofrecido en forma deficiente.

"El art�culo 780 de la Ley Federal del Trabajo, establece: ?Art�culo 780. Las pruebas se ofrecer�n acompa�adas de todos los elementos necesarios para su desahogo.?

"El Quinto Tribunal C.egiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito en la tesis visible en la p�gina ciento cuarenta y dos del Tomo II, Segunda Parte-1, del Semanario Judicial de la Federaci�n, Octava �poca, que este Tribunal C.egiado comparte, estableci� el criterio siguiente: ?AVISO DE RESCISI�N DE LA RELACI�N LABORAL, ACTA ADMINISTRATIVA QUE HACE CONSTAR LA NEGATIVA DEL TRABAJADOR A RECIBIR EL. VALOR PROBATORIO. Si el acta elaborada con el objeto de hacer constar la negativa del trabajador para recibir el oficio rescisorio, no fue ratificada por quienes en ella intervinieron, carece de valor probatorio, pues al contener aquella una testimonial irregular, es necesario que los testigos ocurran ante la responsable a ratificar, a fin de poderle otorgar valor probatorio.?

"Por �ltimo, el diverso numeral 813 de la referida ley de la materia, en lo que interesa, dispone: ?La parte que ofrezca prueba testimonial deber� cumplir con los requisitos siguientes: ... II. Indicar� los nombra (sic) y domicilios de los testigos; cuando existe impedimento para presentar directamente a los testigos, deber� solicitarse a la Junta que los cite, se�alando la causa o motivo justificada que le impida presentarlos directamente; III. Si el testigo radica fuera del lugar de residencia de la Junta, el oferente deber�, al ofrecer la prueba, acompa�ar interrogatorio por escrito, al tenor del cual deber� ser examinado el testigo; de no hacerlo, se declarar� desierta. Asimismo, exhibir� copias del interrogatorio, las que se pondr�n a disposici�n de las dem�s partes, para que dentro del t�rmino de tres d�as presenten su pliego de repreguntas en sobre cerrado ...?

"Del contenido de los preceptos legales y tesis jurisprudenciales referidos, se concluye que por ser el acta administrativa en cuesti�n un documento privado que no conlleva intr�nsecamente la prueba plena de su contenido, debi� ser perfeccionada, lo que se logra a trav�s de la comparecencia, ante el �rgano jurisdiccional, de quienes la firmaron, dando as� oportunidad al trabajador de repreguntarles, lo que equipara a tal diligencia con una testimonial y, por ende, �sta debi� ofrecerse por el hoy quejoso acompa�ada de todos los elementos necesarios para su desahogo, proporcionando a la Junta responsable los domicilios de los signantes que fungieron como testigos en el acta de m�rito y, para el caso de que residieran fuera de la jurisdicci�n de la Junta del conocimiento, tambi�n debi� exhibir el correlativo interrogatorio, seg�n lo prev� el �ltimo precepto legal tr�nsito (sic) que se aplica por analog�a; por lo que si al ofrecer tal medio de perfeccionamiento el demandado, hoy quejoso, no proporcion� ni el domicilio de los ratificantes, ni tampoco exhibi� el interrogatorio necesario para que se llevara a cabo la ratificaci�n de m�rito, en su caso, es de concluirse que no se perfeccion� debidamente el acta administrativa de que se trata y, en consecuencia, que fue correcto que no se otorgara eficacia demostrativa, y se considerara que el despido fue injustificado en t�rminos de lo dispuesto por el art�culo 47, in fine, de la Ley Federal del Trabajo.

En las relatadas consideraciones, habiendo resultado infundados e inoperantes los conceptos de violaci�n expuestos por el quejoso, lo que procede es negar la protecci�n de la Justicia Federal solicitada.

De las anteriores consideraciones deriv� la tesis de rubro, texto y datos de identificaci�n siguientes:

"AVISO DE RESCISI�N. EL ACTA PARA HACER CONSTAR LA NEGATIVA A RECIBIRLO, DEBE SER RATIFICADA CON LOS REQUISITOS DE UNA TESTIMONIAL. Del contenido de los art�culos 780 y 813 de la Ley Federal del Trabajo se infiere que por ser el acta que se elabora con objeto de hacer constar la negativa del trabajador para recibir el aviso rescisorio un documento privado que no conlleva intr�nsecamente la prueba plena de su contenido, debe ser perfeccionada, lo que se logra a trav�s de la comparecencia, ante el �rgano jurisdiccional, de quienes la firmaron, dando as� oportunidad al trabajador de repreguntarles, lo que equipara a tal diligencia con una testimonial y, por ende, �sta debi� ofrecerse por el quejoso acompa�ada de todos los elementos necesarios para su desahogo, proporcionando a la Junta responsable los domicilios de los signantes que fungieron como testigos y, para el caso de que residieran fuera de la jurisdicci�n de la Junta del conocimiento, tambi�n debi� de exhibir el correlativo interrogatorio, por lo que si al ofrecerse tal medio de perfeccionamiento no se cumple con lo dispuesto por el precepto citado en �ltimo t�rmino, para que se lleve a cabo la ratificaci�n de m�rito, es de concluirse que no se perfeccion� debidamente el acta administrativa de que se trata y, en consecuencia, es correcto que no se le otorgue eficacia demostrativa, y se considere que el despido fue injustificado en t�rminos de lo dispuesto por el art�culo 47, in fine, de la mencionada ley." (Novena �poca. Instancia: Segundo Tribunal C.egiado en Materias Administrativa y de Trabajo del S�ptimo Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, Tomo X, agosto de 1999, tesis VII.2o.A.T.31 L, p�gina 729).

QUINTO

Con el fin de corroborar si existe la contradicci�n de tesis denunciada, es necesario constatar que se encuentran cumplidos todos los requisitos que determinan la existencia de una contradicci�n de tesis trat�ndose de criterios emanados de Tribunales C.egiados de Circuito, a saber:

  1. Que al resolver los negocios jur�dicos, se hayan examinado cuestiones de derecho esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jur�dicos discrepantes;

  2. Que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jur�dicas de las resoluciones respectivas; y,

  3. Que los criterios discrepantes provengan del examen de los mismos elementos.

Lo anterior deriva de la naturaleza y caracter�sticas propias de los conflictos de contradicci�n de tesis, as� como de la tesis de jurisprudencia del Tribunal Pleno, cuyos rubro, texto y datos de identificaci�n son los siguientes:

"CONTRADICCI�N DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA. De conformidad con lo que establecen los art�culos 107, fracci�n XIII, primer p�rrafo, de la Constituci�n Federal y 197-A de la Ley de Amparo, cuando los Tribunales C.egiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n o la S. que corresponda deben decidir cu�l tesis ha de prevalecer. Ahora bien, se entiende que existen tesis contradictorias cuando concurren los siguientes supuestos: a) que al resolver los negocios jur�dicos se examinen cuestiones jur�dicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jur�dicos discrepantes; b) que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jur�dicas de las sentencias respectivas; y, c) que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos." (Novena �poca. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, T.X., abril de 2001, tesis P./J. 26/2001, p�gina 76).

Los requisitos enunciados se surten en la especie.

Por principio, debe precisarse que el pronunciamiento de ambos Tribunales C.egiados versa sobre la forma en que debe promoverse en el juicio laboral la ratificaci�n de un documento para lograr su perfeccionamiento, concretamente respecto a si constituye o no un requisito y, por ende, una obligaci�n para el oferente, el proporcionar el domicilio del suscriptor.

De lo anterior se desprende que los referidos �rganos emitieron sus respectivas resoluciones examinando cuestiones jur�dicas iguales, por tratarse de los mismos elementos, como son los siguientes:

? La ratificaci�n de un documento en el juicio laboral para lograr su perfeccionamiento.

? El domicilio del suscriptor del documento, como un requisito para que la diligencia respectiva se pudiera llevar a cabo.

Ahora bien, la valoraci�n de los anteriores elementos, condujo a los �rganos jurisdiccionales a conclusiones opuestas, en tanto el S�ptimo Tribunal C.egiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, consider� que resultaba innecesario que se se�alara en autos el domicilio del ratificante, en virtud de que aqu�l "no es un elemento necesario para el desahogo de la prueba de ratificaci�n"; mientras que el Segundo Tribunal C.egiado en Materias Administrativa y de Trabajo del S�ptimo Circuito, estim� que el aludido medio de perfeccionamiento "debi� ofrecerse ... acompa�ada de todos los elementos necesarios para su desahogo, proporcionando a la Junta responsable los domicilios de los signantes que fungieron como testigos."

En consecuencia, el punto de derecho en el que se centra la presente contradicci�n de tesis consiste en:

? Determinar si al promover en el juicio laboral, el perfeccionamiento de una documental a trav�s de la ratificaci�n, es necesario que se proporcione el domicilio del suscriptor, tal como se exige trat�ndose de los testigos, o por el contrario, dicho domicilio no es un elemento necesario para que se admita y realice la diligencia de ratificaci�n.

SEXTO

La presente contradicci�n ha de resolverse conforme a los criterios que sobre el tema a debate sienta esta S. al tenor de las consideraciones que enseguida se expresan.

A fin de elucidar el punto de divergencia de criterios se impone atender, en primer t�rmino, a lo dispuesto por el art�culo 800 de la norma en cita que prev� la figura de la ratificaci�n:

"Art�culo 800. Cuando un documento que provenga de tercero ajeno al juicio, resulta impugnado, deber� ser ratificado en su contenido y firma por el suscriptor, para lo cual deber� ser citado en los t�rminos de la fracci�n VII del art�culo 742 de esta ley. ..."

Del precepto anterior se obtiene que si un documento ofrecido en el juicio laboral resulta impugnado, entonces deber� ser ratificado tanto en su contenido como en su firma por el suscriptor, para lo cual �ste deber� ser citado mediante notificaci�n personal.

Cabe precisar que el propio legislador puntualiza, en el art�culo 802, que "se reputa autor de un documento privado al que lo suscribe" y que "se entiende por suscripci�n, la colocaci�n al pie del escrito de la firma o huella digital que sean id�neas, para identificar a la persona que suscribe".

As�, establecido qui�n es la persona que debe efectuar la ratificaci�n del documento, es importante destacar que el alcance probatorio de la misma se puntualiza n�tidamente en el tercer p�rrafo del numeral en comento:

"La suscripci�n hace plena fe de la formulaci�n del documento por cuenta del suscriptor cuando sea ratificado en su contenido y firma o huella digital; ..."

Lo anterior se corrobora con el se�alamiento de que la regla anterior encuentra como excepci�n "los casos en que el contenido no se repute proveniente del autor, circunstancia que deber� justificarse con prueba id�nea y del se�alado en el art�culo 33 de esta ley".

De las normas jur�dicas invocadas se advierte que una prueba documental puede perfeccionarse a trav�s de su ratificaci�n a cargo del suscriptor, de tal manera que es el oferente de la probanza que ha sido objetada quien tiene el inter�s de que se lleve a cabo esa ratificaci�n, pues en caso de que no se realice el documento no har� plena fe sobre la formulaci�n por cuenta del suscriptor, es decir, no se dar� la consecuencia prevista en el art�culo 802 inserto.

Asimismo, de las disposiciones examinadas, particularmente del art�culo 800 de la ley laboral, no se advierte que se establezca que para obtener la ratificaci�n del contenido y firma de un documento, el oferente de su perfeccionamiento tenga la obligaci�n de proporcionar a la Junta el domicilio del suscriptor, es decir, que ning�n precepto establece que este dato constituya un requisito para la pr�ctica del aludido medio de perfeccionamiento.

Lo anterior encuentra justificaci�n en la circunstancia de que el oferente puede comprometerse a presentar en la diligencia de ratificaci�n al suscriptor, en la inteligencia de que si �ste no comparece, constituye un aspecto procesal que corre en perjuicio del alcance demostrativo de la documental materia de perfeccionamiento.

Por tanto, si bien el art�culo 780 de la ley laboral dispone que "las pruebas se ofrecer�n acompa�adas de todos los elementos necesarios para su desahogo", lo cierto es que en el supuesto analizado debe concluirse que el domicilio del ratificante no constituye un elemento necesario para que se lleve a cabo el desahogo del aludido medio de perfeccionamiento de la prueba documental, pues no se trata de un dato indispensable para que se efect�e la diligencia correspondiente.

Al caso resulta aplicable, en la parte conducente y por las razones que la informan, la tesis de jurisprudencia de esta Segunda S. cuyos rubro, texto y datos de identificaci�n son los siguientes:

"INFORME DE LA AUTORIDAD OFRECIDO COMO PRUEBA EN EL JUICIO LABORAL. LA FALTA O IMPRECISI�N DE SU DOMICILIO NO DA LUGAR A SU DESECHAMIENTO. El art�culo 780 de la Ley Federal del Trabajo establece, como regla general de las pruebas, el que �stas ?... se ofrecer�n acompa�adas de todos los elementos necesarios para su desahogo.?. El incumplimiento de esta regla puede, por tanto, dar lugar al desechamiento de la pruebaofrecida. Sin embargo, debe advertirse que el legislador utiliz� el t�rmino ?necesarios? para calificar a los elementos cuyo acompa�amiento se exige, es decir, aquellos que son indispensables para el desahogo de la prueba relativa, precisamente para que el fin de celeridad del juicio laboral perseguido por esta regla no se contraponga con el fin de justicia y verdad legal que inspira a la legislaci�n procesal laboral para llegar al esclarecimiento de los hechos. Para la determinaci�n de los elementos que deben ser considerados como indispensables o necesarios para el desahogo de las pruebas, es preciso atender a la naturaleza propia de la prueba propuesta y, trat�ndose de los informes de autoridad, que el art�culo 803 de la ley relativa establece deber�n ser solicitados directamente por la Junta, han de considerarse como elementos necesarios que deben aportarse al momento de su ofrecimiento, todos aquellos datos que permitan a la autoridad solicitarlo, a saber, la precisi�n de la autoridad obligada a rendir el informe y los aspectos sobre los que �ste versar�. El domicilio de la autoridad no puede ser considerado como un elemento necesario, porque su falta o imprecisi�n no imposibilita a la Junta para solicitar el informe, por ser del conocimiento p�blico, precisamente porque en su car�cter de autoridad realiza funciones p�blicas que est�n al servicio de la sociedad en general, raz�n por la cual, la falta de se�alamiento del domicilio de la autoridad de quien se ofrece el informe como prueba, no puede dar lugar a su desechamiento." (Novena �poca. Instancia: Segunda S.. Fuente: Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, T.V., noviembre de 1997, tesis 2a./J. 61/97, p�gina 170).

En relaci�n al tema tratado, resulta conveniente destacar que el Segundo Tribunal C.egiado en Materias Administrativa y de Trabajo del S�ptimo Circuito argument�: "por ser el acta administrativa en cuesti�n un documento privado que no conlleva intr�nsecamente la prueba plena de su contenido, debi� ser perfeccionada, lo que se logra a trav�s de la comparecencia, ante el �rgano jurisdiccional, de quienes la firmaron, dando as� oportunidad al trabajador de repreguntarles".

Al respecto, debe decirse que con el criterio hasta ahora vertido por esta Segunda S., si el oferente se compromete a presentar al suscriptor del documento e incumple, la consecuencia ser� que no se logre el perfeccionamiento de dicha probanza y, por ende, que no se actualice a su favor la hip�tesis prevista en el p�rrafo tercero del art�culo 802, que para mayor claridad se inserta nuevamente:

La suscripci�n hace plena fe de la formulaci�n del documento por cuenta del suscriptor cuando sea ratificado en su contenido y firma o huella digital; ...

Ahora bien, lograda la comparecencia del suscriptor, el derecho de la contraparte para formularle las interrogantes que estime pertinentes en relaci�n con los hechos contenidos en el documento impugnado, obviamente no depende de que en su momento se haya proporcionado o no el domicilio de aqu�l, sino que se encuentra salvaguardado en forma expresa por el p�rrafo segundo del art�culo 800 de la ley en cita:

"Art�culo 800. Cuando un documento que provenga de tercero ajeno al juicio, resulta impugnado, deber� ser ratificado en su contenido y firma por el suscriptor, para lo cual deber� ser citado en los t�rminos de la fracci�n VII del art�culo 742 de esta ley.

"La contraparte podr� formular las preguntas en relaci�n con los hechos contenidos en el documento."

En conclusi�n, si en el juicio laboral se ofrece el perfeccionamiento de un documento a trav�s de la ratificaci�n y el promovente se compromete a presentar al suscriptor, el domicilio de �ste no constituye un elemento necesario para que pueda acordarse favorablemente lo solicitado.

Por otra parte, un supuesto distinto se actualiza cuando el oferente de la ratificaci�n pretende que por conducto de la Junta se cite al suscriptor del documento, pues en este caso su domicilio s� constituye un elemento necesario para el desahogo correspondiente, en t�rminos del invocado art�culo 780 de la ley laboral.

Sobre el particular merece precisarse que el art�culo 800 contempla que el suscriptor "deber� ser citado en los t�rminos de la fracci�n VII del art�culo 742 de esta ley", numeral que a su vez dispone: "Se har�n personalmente las notificaciones siguientes: ... VII. La resoluci�n que deban conocer los terceros extra�os al juicio; ...", lo cual corrobora que s� as� lo solicita el oferente, la persona a cargo de quien est� la ratificaci�n deber� ser citado mediante notificaci�n personal, en su domicilio; siendo oportuno reiterar que ello no implica que esa sea la �nica v�a por la cual pueda lograrse la comparecencia del suscriptor y, por ende, que forzosamente deba efectuarse aquel tipo de notificaci�n, ya que el promovente tambi�n est� facultado para presentar directamente al suscriptor, como se precis� con antelaci�n.

Por tanto, cuando se pretenda que el suscriptor del documento materia de ratificaci�n sea citado por conducto de la Junta, s� deber� proporcionarse el domicilio del suscriptor de que se trate, por ser un elemento necesario, atento a lo previsto por el art�culo 800 y el diverso 741, primera parte, de la norma en consulta, del tenor siguiente:

Las notificaciones personales se har�n en el domicilio se�alado en autos, ...

Acorde a lo expuesto, debe concluirse que trat�ndose del ofrecimiento en juicio de la ratificaci�n de un documento a cargo del suscriptor, no puede dicha diligencia equipararse con una testimonial, como lo sostiene el Segundo Tribunal C.egiado en Materias Administrativa y de Trabajo del S�ptimo Circuito, pues el elemento relativo al domicilio del compareciente, no constituye un requisito formal.

En ese sentido resulta ilustrativa la tesis de jurisprudencia de esta Segunda S. del tenor siguiente:

"TESTIGOS. PARA EFECTOS DEL ART�CULO 813, FRACCI�N II, DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, PUEDE SE�ALARSE EL DOMICILIO DE SU CENTRO DE TRABAJO, Y NO NECESARIAMENTE EL PARTICULAR.-El precepto citado establece como requisito formal para el ofrecimiento de la prueba testimonial, que se se�ale el domicilio de los testigos. Ahora bien, del an�lisis del art�culo 29 del C�digo Civil Federal, se advierte que el elemento trascendente para que el �rgano jurisdiccional encuentre a una persona para hacerla responsable de sus deberes, es la indicaci�n del lugar donde se ubique de manera cotidiana; por tanto, si en el derecho laboral el centro de trabajo del actor en el juicio es la empresa patrona donde ocurrieron los hechos cuya existencia se pretende demostrar con la testimonial, es claro que ese es el lugar donde pueden ser localizados efectivamente los testigos, sin que ello produzca inseguridad jur�dica, pues su localizaci�n en dicho sitio es de gran confiabilidad por su concurrencia rutinaria; no obstante lo anterior, de no ubicarse al testigo en el domicilio as� se�alado, la Junta Federal de Conciliaci�n y Arbitraje debe tomar las medidas necesarias para su localizaci�n en el lugar en el que resida o para que se le pueda ubicar conforme a lo dispuesto en el indicado art�culo." (Novena �poca. Instancia: Segunda S.. Fuente: Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, Tomo XX, julio de 2004, tesis 2a./J. 81/2004, p�gina 485).

Respecto a la no equiparaci�n entre la prueba testimonial y la ratificaci�n de un documento, en lo atinente a los requisitos que en cada caso se exigen para su admisi�n, debe tenerse en cuenta que el art�culo 776 de la Ley Federal del Trabajo dispone que son admisibles en el proceso todos los medios de prueba que no sean contrarios a la moral y al derecho, y en especial los siguientes:

"I. Confesional;

"II. Documental;

"III. Testimonial;

"IV. Pericial;

".I.�n;

"VI. Presuncional;

"VII. Instrumental de actuaciones; y

"VIII. F.�as y, en general, aquellos medios aportados por los descubrimientos de la ciencia."

Como puede verse, el precepto en cita establece los diversos medios de prueba que pueden ofrecerse en materia laboral, mereciendo destacarse que los establece en apartados diferentes, atendiendo a que se trata de elementos probatorios distintos, entre ellos, desde luego, la documental y la testimonial. En relaci�n a estas �ltimas, en el t�tulo catorce de la ley de la materia, intitulado "Derecho procesal del trabajo", cap�tulo XII, denominado "De las pruebas", la secci�n tercera se ocupa de las documentales, art�culos 795 a 812, y la secci�n cuarta, de la testimonial, art�culos 813 a 820.

Sobre la naturaleza de la prueba testimonial, resulta ilustrativa la siguiente cita del tratadista cl�sico G.C.:

"El testigo es una persona, distinta de los sujetos procesales, a quien se llama para exponer al Juez las observaciones propias de hechos ocurridos importantes para el proceso. Esta exposici�n puede comprender, el efecto inmediato que sobre los sentidos del testigo ha producido el hecho ocurrido en su presencia, o las conclusiones l�gicas que ha sacado de aquella impresi�n; pero en los dos casos, las observaciones del testigo son relatadas como hechos subjetivos, es decir, personales, y nunca como expresi�n de lo que objetivamente debe considerarse como consecuencia de determinados hechos seg�n las ense�anzas de una ciencia o un arte, lo que es funci�n propia del perito. Por lo mismo, la obligaci�n de declarar del testigo se limita a las observaciones que efectivamente tenga sobre los hechos ocurridos." (Curso de Derecho Procesal Civil. M�xico, 1999, Oxford, tomo 6, p�gina 452).

De lo anterior se obtiene, en esencia, que testigo es aquel que declara sobre los hechos ocurridos materia del proceso, de los cuales tuvo conocimiento a trav�s de los sentidos, lo cual marca una diferencia con los comparecientes en el juicio laboral con la finalidad de ratificar un documento que suscribieron, pues su participaci�n se limita precisamente al contenido de la documental, es decir, no se refiere a los hechos materia del proceso.

En efecto, el p�rrafo segundo del art�culo 800 dispone: "la contraparte podr� formular las preguntas en relaci�n con los hechos contenidos en el documento", precepto que pone de manifiesto que la ratificaci�n no puede equipararse a la testimonial, porque el tercero ajeno s�lo debe pronunciarse sobre el contenido y firma del documento materia de perfeccionamiento, es decir, que la declaraci�n que se rinda se encuentra vinculada exclusivamente a esos aspectos; por tanto, la actuaci�n del suscriptor se encuentra circunscrita al �mbito de la prueba documental, quedando excluidos los dem�s t�picos materia de la litis, lo cual -de ser el caso- s� podr�a ser abordado por cualquier testigo.

A mayor abundamiento, debe recordarse que el Segundo Tribunal C.egiado en Materias Administrativa y de Trabajo del S�ptimo Circuito argument�: "por ser el acta administrativa en cuesti�n un documento privado que no conlleva intr�nsecamente la prueba plena de su contenido, debi� ser perfeccionada, lo que se logra a trav�s de la comparecencia, ante el �rgano jurisdiccional, de quienes la firmaron, dando as� oportunidad al trabajador de repreguntarles, lo que equipara a tal diligencia con una testimonial".

Del argumento final, se aprecia que dicho �rgano colegiado aduce que la equiparaci�n a la que alude encuentra sustento en la oportunidad que la contraparte tiene de formular preguntas al ratificante.

Al respecto, debe tenerse en cuenta que esa no es raz�n suficiente para la equiparaci�n propuesta, dado que la facultad de interrogar al compareciente no es exclusiva de la prueba testimonial.

Ciertamente, el art�culo 781 de la Ley Federal del Trabajo dispone:

"Art�culo 781. Las partes podr�n interrogar libremente a las personas que intervengan en el desahogo de las pruebas sobre los hechos controvertidos, hacerse mutuamente las preguntas que juzguen convenientes, y examinar los documentos y objetos que se exhiban."

Por principio, es menester destacar que dicho precepto se ubica en la secci�n primera intitulada "Reglas generales", del cap�tulo XII denominado "De las pruebas"; por tanto, se trata de una disposici�n que rige para el desahogo de todos los medios probatorios; en consecuencia, del numeral en comento se desprende claramente la facultad o derecho de las partes para "interrogar libremente a las personas que intervengan en el desahogo de las pruebas sobre los hechos controvertidos"; por tanto, esa facultad de las partes excluye la posibilidad de que todos los destinatarios del interrogatorio deban considerarse como testigos.

La veracidad de la afirmaci�n anterior queda de manifiesto, por ejemplo, en el art�culo 825 del ordenamiento en consulta, que contempla:

"Art�culo 825. En el desahogo de la prueba pericial se observar�n las disposiciones siguientes:

"...

"IV. Las partes y los miembros de la Junta podr�n hacer a los peritos las preguntas que juzguen conveniente; ..."

En ese orden, trat�ndose de la ratificaci�n de documento, si bien, como ya se precis�, es posible que se formulen interrogantes al suscriptor de un documento, ello no puede motivar que ese medio de perfeccionamiento se equipare a la testimonial, en virtud de que las preguntas dirigidas al ratificante deben ser "en relaci�n con los hechos contenidos en el documento", por mandato expreso del segundo p�rrafo del art�culo 800 de la ley en cita.

Todo lo cual reitera que respecto al ofrecimiento de la ratificaci�n, no puede sujetarse a las mismas reglas que la testimonial, lo cual adem�s no encuentra fundamento legal.

Por todo lo expuesto, las tesis que deben prevalecer son las sustentadas por esta Segunda S., que de acuerdo con lo dispuesto por el art�culo 195 de la Ley de Amparo deben regir con car�cter jurisprudencial, de los rubros y textos siguientes:

DOCUMENTAL EN MATERIA LABORAL. NO ES NECESARIO QUE PARA SU RATIFICACI�N SE PROPORCIONE EL DOMICILIO DEL SUSCRIPTOR, SI EL OFERENTE SE COMPROMETE A PRESENTARLO.-De los art�culos 800 y 802 de la Ley Federal del Trabajo se desprende que una prueba documental puede perfeccionarse a trav�s de la ratificaci�n del suscriptor, de manera que ser� el oferente de la probanza objetada quien tendr� inter�s de que se efect�e esa ratificaci�n, pues en caso de no realizarse el documento no har� plena fe sobre su formulaci�n. Asimismo, de los referidos preceptos no se advierte que, en todo caso, el oferente del perfeccionamiento del documento tenga la carga de proporcionar a la Junta el domicilio del suscriptor, ya que aqu�l puede comprometerse a presentarlo en la diligencia de ratificaci�n, en la inteligencia de que si el suscriptor no comparece, ello constituye un aspecto procesal que corre en perjuicio del alcance demostrativo de la documental. Por tanto, si bien es cierto que el art�culo 780 de la ley laboral dispone que "las pruebas se ofrecer�n acompa�adas de todos los elementos necesarios para su desahogo", tambi�n lo es que en el supuesto analizado el se�alamiento del domicilio del ratificante no constituye un elemento necesario para que se lleve a cabo su desahogo, pues no se trata de un dato indispensable para que se efect�e la diligencia correspondiente.

DOCUMENTAL EN MATERIA LABORAL. SI EL OFERENTE SOLICITA QUE SE CITE AL SUSCRIPTOR PARA SU RATIFICACI�N, POR CONDUCTO DE LA JUNTA, ES NECESARIO QUE PROPORCIONE EL DOMICILIO DE �STE.-Cuando el oferente de la ratificaci�n pretenda que por conducto de la Junta se cite al suscriptor del documento, el domicilio de �ste constituye un elemento necesario para el desahogo correspondiente, en virtud de que el art�culo 800 de la Ley Federal del Trabajo prev� que el suscriptor deber� citarse en los t�rminos de la fracci�n VII del art�culo 742 de la ley citada, numeral que a su vez dispone que se har� personalmente la notificaci�n de la resoluci�n que deban conocer los terceros extra�os al juicio, lo cual denota que si el oferente solicita que se cite al suscriptor, �ste deber� ser citado mediante notificaci�n personal, para lo cual es necesario contar con su domicilio, aunado a que conforme al art�culo 741 del ordenamiento indicado las notificaciones personales se har�n en el domicilio se�alado en autos.

Por lo expuesto y fundado, se

resuelve:

PRIMERO

S� existe contradicci�n de tesis entre las sustentadas por el S�ptimo Tribunal C.egiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito y el Segundo Tribunal C.egiado en Materias Administrativa y de Trabajo del S�ptimo Circuito.

SEGUNDO

Deben prevalecer, con el car�cter de jurisprudencia, los criterios que en esta resoluci�n se sustentan.

N.�quese; rem�tanse de inmediato al Semanario Judicial de la Federaci�n las tesis de jurisprudencia que se sustentan, h�ganse del conocimiento de los Tribunales C.egiados de Circuito de la Rep�blica, para los efectos establecidos en el art�culo 195 de la Ley de Amparo, y env�ese copia de esta ejecutoria a los Tribunales C.egiados participantes; en su oportunidad, arch�vese el expediente como asunto concluido.

As� lo resolvi� la Segunda S. de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, por unanimidad de cuatro votos de los se�ores Ministros: M.B.L.R., S.S.A.A., G.I.O.M. y presidente J.D.R.. Ausente el se�or Ministro G.D.G.�ngora P. por atender comisi�n oficial.