Ejecutoria num. 2a./J. 69/2005 de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala - Jurisprudencia - VLEX 26823851

Ejecutoria num. 2a./J. 69/2005 de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala

Emisor:Segunda Sala
Número de Resolución:2a./J. 69/2005
Localizacion:SERGIO SALVADOR AGUIRRE ANGUIANO.
Materia:Suprema Corte de Justicia de México
Fecha de Publicación: 1 de Julio de 2005
RESUMEN

CONTRADICCIÓN DE TESIS 46/2005-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO, TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO CIRCUITO Y EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA (ANTES SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO) DEL DÉCIMO SÉPTIMO CIRCUITO.AMPARO. PUEDE PROMOVERSE POR EL MANDATARIO DEL TRABAJADOR, DESPUÉS DE LA MUERTE DE ÉSTE.

 
ÍNDICE
CONTENIDO

CONTRADICCI�N DE TESIS 46/2005-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO, TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL D�CIMO CIRCUITO Y EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA (ANTES SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO) DEL D�CIMO S�PTIMO CIRCUITO.

MINISTRO PONENTE: S.S.A.A..

SECRETARIO: A.M.F..

CONSIDERANDO:

TERCERO

Las consideraciones de la ejecutoria pronunciada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito al resolver, en sesi�n de fecha diez de febrero de dos mil cinco, en el amparo directo DT. 643/2005, cuyo quejoso fue P.S.M.�nez, en la parte que nos interesa, es del tenor siguiente:

SEXTO. Los conceptos de violaci�n son infundados e inoperantes en una parte y fundados en otra, aun cuando para apreciarlo as� este Tribunal Colegiado, con fundamento en el art�culo 76 bis, fracci�n IV, de la Ley de Amparo, supla la deficiencia de la queja. Los antecedentes que informan el asunto a tratar, son los siguientes: a) P.S.M.�nez, por conducto de sus apoderados, demand� de P.�leos Mexicanos, Sindicato de Trabajadores P.oleros de la Rep�blica Mexicana y S.�n 35 del Sindicato de Trabajadores P.oleros de la Rep�blica Mexicana el pago y cumplimiento de las prestaciones siguientes: 1) el reconocimiento de que el actor prest� servicios en la Refiner�a ?18 de Marzo? Azcapotzalco, a partir del dos de octubre de mil novecientos setenta hasta el siete de diciembre de mil novecientos noventa y dos, 2) reconocimiento y declaraci�n que el actor continu� laborando en la Refiner�a ?18 de Marzo? con posterioridad al dieciocho de marzo de mil novecientos noventa y uno, 3) cumplimiento de lo dispuesto por las cl�usulas 8a., 9a., 13, 14 y 45 del contrato colectivo vigente y aplicable en la industria petrolera, 4) cumplimiento de los convenios administrativos sindicales n�meros 1-5050/91 y 1-5066/91 respectivamente, por los que se da un trato preferencial a los trabajadores que prestaron trabajos en la Refiner�a ?18 de Marzo? Azcapotzalco, celebrados entre empresa y sindicato con motivo del cierre de ese centro de trabajo, por lo que debe otorgarse el beneficio de la jubilaci�n de acuerdo a los convenios citados, 5) prima de antig�edad y fijaci�n correcta de la pensi�n jubilatoria correspondiente, aplicaci�n de las cl�usulas 134 y 135 del contrato colectivo de trabajo y dem�s prestaciones dejadas de percibir, por causas imputables a la empresa demandada a partir del ocho de diciembre de mil novecientos noventa y dos, que debe incluir los aumentos que se han pactado por revisiones contractuales o de emergencia, 6) entrega al actor del n�mero de cuenta correspondiente del Sistema de Ahorro para el Retiro, 7) inscripci�n al Instituto Mexicano del Seguro Social, 8) nulidad de cualquier documento o convenio que contenga renuncia de derechos en t�rminos de los art�culos 1o., 3o., 4o., 5o., 6o., 16, 17, 18 y 33 de la Ley Federal del Trabajo, 9) reconocimiento de que es portador de una enfermedad de trabajo que le produce incapacidad total denominada cortipat�a bilateral mixta por trauma ac�stico cr�nico que condiciona hipoacusia bilateral combinada y bronquitis cr�nica industrial, padecimientos del orden profesional por guardar relaci�n directa de causa efecto con su ambiente laboral, 10) reconocimiento de que el actor hasta antes de la unilateral jubilaci�n de que fue objeto se desempe�� en el nivel 28 con categor�a pendiente de asignar, 11) diferencias de pensi�n jubilatoria de la que le otorgan los demandados con la que realmente le corresponde por $2,000.00 catorcenales, a partir de la unilateral jubilaci�n de la que fue objeto hasta que se cumplimentara el laudo y las mejoras correspondientes (fojas 1 y 2). b) De dicha demanda conoci� la Junta Especial N�mero Doce Bis de la Federal de Conciliaci�n y Arbitraje (foja 8). c) En la audiencia de treinta de mayo de dos mil, el actor enderez� la demanda contra P.R.�n (fojas 9 y 10), y en la audiencia de quince de agosto de dos mil, en t�rminos del escrito que corre glosado a fojas doce a quince, modific�, y adicion� el escrito inicial de demanda, modificando las prestaciones marcadas en los numerales cinco y nueve, del cap�tulo de prestaciones, reclamando adem�s los aumentos y ventajas econ�micas, que se llegaran a pactar en relaci�n a las pensiones jubilatorias en t�rminos del contrato colectivo de trabajo vigente y disminuci�n visual de un 50%, respectivamente, 12) la entrega del n�mero de cuenta del Sistema de Ahorro para el Retiro el pago de las diferencias por haberse manejado dicha cuenta con cantidades inferiores, 13) pago y expedici�n por escrito de la clave o n�mero de cuenta del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) y, 14) cuatro horas extras, por un a�o anterior a la separaci�n de su trabajo en t�rminos del art�culo 67 de la Ley Federal del Trabajo (fojas 53 a 55). d) La audiencia trif�sica inici� el veinticuatro de octubre del a�o dos mil, continu� el seis de febrero de dos mil uno, y finaliz� el nueve de abril de dos mil uno (fojas 206 a 209, 215 y 216). e) Seguido el proceso respectivo, el diecinueve de junio de dos mil tres, se emiti� un primer laudo en el que la Junta responsable absolvi� al demandado de las prestaciones reclamadas (fojas 277 a 282). f) Inconforme con esa determinaci�n P.S.M.�nez, por conducto de su apoderado promovi� el diverso juicio de amparo DT. 5163/2004, el cual por ejecutoria de veinte de mayo de dos mil cuatro se le concedi� el amparo al quejoso para el efecto de que: ?... I. Deje insubsistente el laudo reclamado y emita otro en el cual reitere la absoluci�n decretada a favor de P.R.�n de las prestaciones reclamadas y la absoluci�n que pronunci� en lo que ata�e al codemandado P.�leos Mexicanos, respecto de las prestaciones reclamadas consistentes en: el reconocimiento y pago de una pensi�n por las enfermedades profesionales (9), el pago de horas extras (14), prima de antig�edad (5) y la condena a entregar al actor el n�mero de cuenta del Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR), que reclam� en el numeral 6 del cap�tulo de prestaciones respectivo; II. De manera fundada y motivada resuelva lo procedente respecto de las prestaciones consistentes: 1) el reconocimiento de que prest� servicios en la Refiner�a �18 de Marzo� Azcapotzalco, a partir del dos de octubre de mil novecientos setenta hasta el siete de diciembre de mil novecientos noventa y dos, 2) reconocimiento y declaraci�n que el actor continu� laborando en la Refiner�a �18 de Marzo� con posterioridad al dieciocho de marzo de mil novecientos noventa y uno, 3) cumplimiento de lo dispuesto por las cl�usulas 8a., 9a., 13, 14 y 45 del contrato colectivo vigente y aplicable en la industria petrolera, 4) cumplimiento de los convenios administrativos sindicales n�meros 1-5050/91 y 1-5066/91, por los que se da un trato preferencial a los trabajadores que prestaron trabajos en la Refiner�a �18 de Marzo� Azcapotzalco, celebrados entre empresa y sindicato con motivo del cierre de ese centro de trabajo, por lo que debe otorgarse el beneficio de la jubilaci�n de acuerdo a los convenios citados, parte del 5 relativo a la fijaci�n correcta de la pensi�n jubilatoria correspondiente, aplicaci�n de las cl�usulas 134 y 135 del contrato colectivo de trabajo y dem�s prestaciones dejadas de percibir, a partir del ocho de diciembre de mil novecientos noventa y dos, 8) los aumentos que se hubiesen pactado por revisiones contractuales o de emergencia y mejoras que reclam� en ampliaci�n de demanda, 10) reconocimiento de que hasta antes de la unilateral jubilaci�n de que fue objeto se desempe�� en el nivel 28 con categor�a pendiente de asignar, 11) diferencias de pensi�n jubilatoria de la que le otorgan los demandados con la que realmente le corresponde por $2,000.00 catorcenales, a partir de la unilateral jubilaci�n y 13) la expedici�n de la clave o n�mero de cuenta del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit); y III. De igual forma al resolver la excepci�n de prescripci�n opuesta por el demando (sic) decrete la prescripci�n de la acci�n s�lo respecto de las diferencias de la pensi�n jubilatoria por un a�o anterior a la presentaci�n de la demanda; y hecho lo anterior, con libertad de jurisdicci�n resuelva lo que en derecho proceda ...?. g) En cumplimiento a ese fallo protector la Junta responsable emiti� el laudo de seis de agosto de dos mil cuatro, que constituye el laudo reclamado en el presente juicio de garant�as, en el cual conden� a P.�leos Mexicanos a otorgar a quien acreditara inter�s jur�dico con car�cter de beneficiario y derecho a recibir el n�mero de cuenta en que realiz� los dep�sitos correspondientes al Sistema de Ahorro para el Retiro del actor. Previo al estudio de los conceptos de violaci�n debe estudiarse el argumento que hacen valer los terceros perjudicados mediante escrito de fecha veintiuno de enero de dos mil cinco, por medio del cual solicita que con fundamento en los art�culos 73, fracci�n XVIII, en relaci�n con el diverso 4o. y 74 de la Ley de Amparo, se decrete el sobreseimiento del juicio de amparo, porque al haber fallecido el actor, el apoderado del demandado ces� en su funci�n, pues alegan que en t�rminos del art�culo 2595 del C�digo Civil, el mandato termina por muerte del mandante o del mandatario, apoyando su argumento adem�s en las tesis de rubros: ?JUICIO DE GARANT�AS PROMOVIDO POR APODERADO DE TRABAJADOR FALLECIDO, DEBE SOBRESEERSE.? y ?MANDATARIO NO EST� LEGITIMADO PARA PROMOVER JUICIO DE AMPARO, EN REPRESENTACI�N DE SU MANDANTE, SI �STE FALLECI� CON ANTERIORIDAD A LA PRESENTACI�N DE LA DEMANDA.?. A fin de dar contestaci�n al argumento que antecede, se estima conveniente transcribir los art�culos 15 y 74, fracci�n II, de la Ley de Amparo, los cuales respectivamente dicen: ?Art�culo 15. En caso de fallecimiento del agraviado o del tercero perjudicado, el representante de uno u otro continuar� en el desempe�o de su cometido cuando el acto reclamado no afecte derechos estrictamente personales, entretanto interviene la sucesi�n en el juicio de amparo.?-?Art�culo 74. Procede el sobreseimiento: ... II. Cuando el agraviado muera durante el juicio, si la garant�a reclamada s�lo afecta a su persona ...?. De lo anterior se colige, que en el caso, no asiste raz�n a P.�leos Mexicanos y P.R.�n, al afirmar que el juicio de amparo es improcedente, por haberse acreditado que el trabajador falleci� durante la secuela del juicio laboral, puesto que las garant�as reclamadas no afectan s�lo los derechos personal�simos del actor, como pueden ser la vida y la libertad. Sino que esta controversia natural versa sobre cuestiones de �ndole patrimonial o econ�mico que tienen que ser estudiadas, por no referirse a derechos inseparables de la persona. En tal raz�n, las violaciones en que hubiese incurrido la autoridad responsable son susceptibles de trascender a los derechos de los herederos o beneficiarios del quejoso, quienes pueden ser afectados en sus bienes patrimoniales al no recibir el pago de las prestaciones a que tuviese derecho el accionante. En consecuencia, a efecto de no dejar en estado de indefensi�n a los citados herederos o beneficiarios del actor, el representante del agraviado debe continuar en el desempe�o de su encargo hasta en tanto intervenga la sucesi�n en el juicio de amparo; de ah� que no sea conducente que se decrete el sobreseimiento del juicio de amparo, como incorrectamente lo alegan los terceros perjudicados. Sustenta la consideraci�n que antecede la tesis emitida por la entonces Segunda S. de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, visible en el Semanario Judicial de la Federaci�n, Vol�menes 103-108, Tercera Parte, p�gina 71, que dice: ?FALLECIMIENTO DEL AGRAVIADO COMO CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. NO OPERA EN CASO DE LESI�N A DERECHOS PATRIMONIALES. No se configura la causal de improcedencia por muerte del agraviado durante la tramitaci�n del juicio, establecida en el art�culo 74, fracci�n II, de la Ley de Amparo, en el caso de que los actos reclamados no afectaren derechos estrictamente personales del quejoso, sino de car�cter patrimonial, en cuyo caso no opera el sobreseimiento previsto en el precepto citado.?-En esas condiciones, este Tribunal Colegiado, considera que son inaplicables los criterios de rubros: ?JUICIO DE GARANT�AS PROMOVIDO POR APODERADO DE TRABAJADOR FALLECIDO, DEBE SOBRESEERSE.? y ?MANDATARIO NO EST� LEGITIMADO PARA PROMOVER JUICIO DE AMPARO, EN REPRESENTACI�N DE SU MANDANTE, SI �STE FALLECI� CON ANTERIORIDAD A LA PRESENTACI�N DE LA DEMANDA.?, que se citan al respecto, pues no (sic) comparte el criterio que en ellos sustentaron los Tribunales Colegiados que los emitieron, cuya observancia en t�rminos del art�culo 192 de la Ley de Amparo, no es obligatoria para este �rgano jurisdiccional, por tratarse de criterios emitidos por tribunales de igual jerarqu�a a �ste. ... Por �ltimo y, en virtud de que este �rgano colegiado en el presente asunto sostiene que el juicio de amparo es procedente, aun cuando haya sido promovido por un trabajador fallecido hasta en tanto comparezca el representante de la sucesi�n respectiva, el cual evidentemente difiere del que emiti� el Tercer Tribunal Colegiado del D�cimo Circuito, pronunciado al resolver el amparo directo 613/99, que dio lugar a la tesis de rubro: ?JUICIO DE GARANT�AS PROMOVIDO POR APODERADO DE TRABAJADOR FALLECIDO DEBE SOBRESEERSE.?; as� como tambi�n es diverso al que emiti� el Segundo Tribunal Colegiado del D�cimo S�ptimo Circuito, al resolver el amparo en revisi�n 10/96, en el cual sustent� la tesis cuyo ep�grafe dice: ?MANDATARIO. NO EST� LEGITIMADO PARA PROMOVER JUICIO DE AMPARO, EN REPRESENTACI�N DE SU MANDANTE SI �STE FALLECI� CON ANTERIORIDAD A LA PRESENTACI�N DE LA DEMANDA.?; en tal raz�n y con fundamento en el art�culo 197-A de la Ley de Amparo, h�gase la denuncia de posible contradicci�n de criterios ante la Segunda S. de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, para los efectos legales procedentes.

CUARTO

Por su parte, el Tercer Tribunal Colegiado del D�cimo Circuito, al resolver por unanimidad de votos el amparo directo 613/99, cuyo quejoso fue R.O.R., en sesi�n de veinte de enero del a�o dos mil, se apoy� en las consideraciones siguientes:

VI. Es innecesario el estudio del laudo reclamado cuanto (sic) de los conceptos de violaci�n que en su contra se vierten, atento a las razones siguientes: En el caso justiciable es necesario transcribir los art�culos 2546, 2551, fracci�n III y 2595, fracci�n III, del C�digo Civil para el Distrito Federal en Materia Com�n y para toda la Rep�blica en Materia Federal de aplicaci�n supletoria a la ley de la materia. ?2546. El mandato es un contrato por el que el mandatario se obliga a ejecutar por cuenta del mandante los actos jur�dicos que �ste le encarga.?. ?2551. El mandato escrito puede otorgarse: ... III. En carta poder sin ratificaci�n de firmas.?. ?2595. El mandato termina: ... III. Por la muerte del mandante o del mandatario.?. As� tambi�n, es necesario transcribir los art�culos 4o. y 5o. de la Ley de Amparo. ?4o. El juicio de amparo �nicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique la ley, el tratado internacional, el reglamento o cualquier otro acto que se reclame, pudiendo hacerlo por s�, por su representante, por su defensor si se trata de un acto que corresponda a una causa criminal, por medio de alg�n pariente o persona extra�a en los casos en que esta ley lo permita expresamente; y s�lo podr� seguirse por el agraviado, por su representante legal o por su defensor.?. ?5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El agraviado o agraviados. II. La autoridad o autoridades responsables. III. El tercero o terceros perjudicados.?. Sentado lo anterior, la revisi�n de las constancias procesales que integran el expediente laboral n�mero 422/98, en el cual se encuentra pronunciado el acto reclamado se advierte que la demanda laboral la ejercit� el trabajador R.O.R., al trav�s de su apoderado legal licenciado J.M.A.S.�s, procurador auxiliar de la Defensa del Trabajo, personalidad que acredit� con la carta poder que obra a foja 3 del expediente, de la que se desprende que dicho mandato lo otorg� a favor de los CC. Procurador federal de la Defensa del Trabajo y/o procuradores auxiliares. Continuando la secuela procesal, en audiencia de ocho de febrero del a�o pr�ximo pasado (1999), el nombrado procurador auxiliar y apoderado del trabajador, exhibi� copia del acta de defunci�n de R.O.R., respecto de la cual la Junta sostuvo que no habiendo prueba pendiente por desahogar (excepto la confesional a su cargo ofrecida por la demandada) turn� los autos para proyecto de resoluci�n en forma de laudo. La Junta finalmente con fecha tres de mayo de mil novecientos noventa y nueve, dict� el laudo en el que resolvi� no probada la acci�n y justificadas las excepciones. Por otra parte, en el expediente de amparo en el que ahora se act�a, se advierte que la demanda de garant�as, se promovi� por el licenciado J.M.A.S.�s, ostent�ndose como procurador auxiliar federal de la Defensa del Trabajo y apoderado del actor. Dicho esto, y atendiendo precisamente a que el art�culo 2595, fracci�n III, del C�digo Civil Federal de aplicaci�n supletoria a la ley de la materia, prev� que el mandato termina con la muerte del mandatario o del mandante; es inconcuso, que en el caso de que se trata, el mandato en el que se apoya el licenciado A.S.�s, para promover el juicio constitucional ha fenecido, precisamente al ocurrir el fallecimiento del trabajador R.O.R., quien le dio el poder para que lo representara en el juicio, por lo que su muerte, conlleva a que el mandato concluya. Luego, si de acuerdo al art�culo 4o. de la Ley Reglamentaria de los Art�culos 103 y 107 Constitucionales, el juicio de amparo puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto que se reclame, por s�, por su representante o su defensor en materia penal, y conforme al diverso 4o. de la misma ley, -entre otros- es parte en el juicio de amparo, el agraviado o agraviados, ello significa que la acci�n de amparo para reclamar la inconstitucionalidad de un acto (laudo) queda limitado a instancia de parte agraviada, lo que se traduce en el inter�s jur�dico del quejoso para pretender iniciar el juicio de amparo; y entonces, es indudable que en este caso particular, al momento de presentarse la demanda de garant�as ya no exist�a parte agraviada que debiera representarse, pues al quedar sin efecto el mandato precisamente por la muerte del trabajador, su apoderado carece de facultades para promover el amparo a nombre de quien ya falleci�. Lo anterior lleva a este �rgano colegiado que como se dijo al inicio se actualiza la causal de improcedencia contenida en la fracci�n XVIII del art�culo 73, en relaci�n con el 4o., ambos de la Ley de Amparo, que conduce a sobreseer en este juicio constitucional acorde con lo establecido en el diverso art�culo 74, fracci�n III, de la propia ley. En lo conducente tiene aplicaci�n la tesis sustentada por la otrora Cuarta S. del m�s Alto Tribunal de justicia del pa�s, publicada en la p�gina cuatro mil ciento cuarenta y siete, Tomo LXXII, del Semanario Judicial de la Federaci�n, Quinta �poca, que dice: ?APODERADO, CESA SU PERSONALIDAD PARA EL AMPARO, SI MUERE SU PODERDANTE. Si el promovente del amparo se ostenta como apoderado de un trabajador fallecido, no siendo albacea de su sucesi�n, sino que su personalidad la hace derivar del hecho de que fue representante de aqu�l, en un juicio de trabajo entablado por el mismo, debe decirse que tal personalidad ces�, al menos para los efectos de la interposici�n del amparo, desde la fecha en que el trabajador falleci�, conforme a lo prevenido por la fracci�n III del art�culo2595 del C�digo Civil para el Distrito y Territorios Federales, aplicado supletoriamente, pues aun cuando es cierto que conforme al art�culo 2600 del propio c�digo, se prorroga el ejercicio del mandato a favor del mandatario, entretanto los herederos de la persona fallecida, provean por s� mismos a la atenci�n de sus negocios, tambi�n es verdad que ese ejercicio se relaciona con actos de administraci�n exclusivamente como en el mismo art�culo se expresa; y si no hay prueba alguna que demuestre que los interesados hayan promovido el juicio sucesorio correspondiente, ni tampoco se apersonaron en la tramitaci�n del juicio de trabajo, consiguientemente, y en atenci�n a que conforme a los cap�tulos I, II y III del t�tulo decimocuarto del C�digo de Procedimientos Civiles para el Distrito y Territorios Federales, aplicado tambi�n supletoriamente, existen disposiciones que obligan a la pronta denuncia y promoci�n de los juicios sucesorios, dentro de t�rminos considerablemente inferiores al que en el caso se dej� transcurrir sin hacer promoci�n alguna, es indudable que no puede aceptarse por ning�n concepto, la representaci�n con que el promovente del amparo pretende ostentarse; por todo lo cual, y teniendo en cuenta lo que previenen los art�culos 4o. y 5o., fracci�n I, de la Ley de Amparo, debe decirse que en el caso, al promoverse el amparo, ni exist�a agraviado, puesto que hab�a fallecido, ni la persona que en el juicio de trabajo lo represent�, ten�a ya el car�cter de mandatario del mismo, puesto que su representaci�n ces� con el fallecimiento de su mandante; y siendo esto as�, el amparo interpuesto debe declararse improcedente y sobreseerse en el mismo.?. As� tambi�n, en lo conducente y para normar el criterio anterior, este �rgano colegiado cita la tesis sustentada por el Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo del Primer Circuito, publicada en la p�gina veintinueve, de la fuente antes mencionada Vol�menes 91-96, S.P., que a la letra se transcribe: ?AMPARO IMPROCEDENTE POR INEXISTENCIA DEL QUEJOSO. El juicio de amparo tiene por objeto proteger las garant�as individuales contra actos de las autoridades que las violen, lo que presupone la existencia de una persona f�sica o moral que sea titular de esas garant�as, pudiendo promoverse �nicamente por la parte a quien perjudique el acto o ley que se reclama. Por lo mismo, si quien se ostenta como representante del sindicato solicitante de amparo, desde la demanda inicial asevera que la organizaci�n (sic) su representada desapareci� por haberse fusionado con otro sindicato y adem�s ofreci� prueba de que el registro del mismo qued� cancelado, es evidente que el juicio de garant�as debe estimarse improcedente y ser sobrese�do, por no existir una persona cuyas garant�as puedan haber sido afectadas por un acto de autoridad, es decir, que no pueden haberse violado garant�as de una persona moral que ya dej� de existir.?.

QUINTO

Por su parte, el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa (antes Segundo Tribunal Colegiado) del D�cimo S�ptimo Circuito, al resolver el amparo en revisi�n administrativo n�mero 10/96, cuyo quejoso y recurrente fue A.�s G�mez A., en sesi�n de siete de marzo de mil novecientos noventa y seis, se apoy� en las consideraciones siguientes:

CUARTO. Resultan infundados los agravios hechos valer por la parte recurrente. Por raz�n de m�todo primero se analizar� el agravio relativo a que el J. del amparo no debi� sobreseer en el juicio, en virtud de que en el caso se actualizaba la excepci�n a que se refiere el art�culo 2499 del C�digo Civil vigente en el Estado, relativa a que aun cuando acontezca la muerte del mandante, debe el mandatario continuar en el ejercicio del poder hasta en tanto los herederos no provean por s� mismos a los negocios. El art�culo 2494, fracci�n III, del C�digo Civil vigente en el Estado a la letra expresa: ?El mandato termina: ... III. Por la muerte del mandante o del mandatario.?. Por su parte el numeral 2499 del precitado ordenamiento jur�dico establece que: ?Aunque el mandato termine por la muerte del mandante, debe el mandatario continuar en la administraci�n entretanto los herederos proveen par (sic) s� mismos a los negocios, siempre que de lo contrario pueda resultar alg�n perjuicio.?. De la interpretaci�n arm�nica del primero de los dispositivos legales se infiere que el mandato se extingue con la muerte de cualquiera de las dos partes contratantes, es decir, con la muerte del mandante o con la del mandatario. Por otro lado, el segundo de los preceptos legales hace referencia a la excepci�n del primer numeral citado, relativo a que aun cuando el mandato termine por la muerte del mandante, debe el mandatario continuar en la administraci�n, entretanto los herederos se hagan cargo de los negocios, y que tal consideraci�n depender� de que de no darse esa continuidad en el encargo se podr�a causar perjuicio a quien legalmente suceda en los derechos y bienes del de cujus, es decir que a efecto de que un mandatario pueda continuar con la administraci�n es menester que al momento de fallecer el mandante, el mandatario haya ejecutado actos jur�dicos que se encuentren pendientes de concluir, y que por encontrarse en etapa de tr�mite procesal tales actos no puedan abandonarse por no haberse designado albacea. Ahora bien, en el caso, si a la persona que se ostent� como mandatario en el juicio de amparo que nos ocupa, se le otorg� un poder por A.�s G�mez A., (finado), el cinco de octubre de mil novecientos noventa y dos (foja 19 de los autos del juicio laboral); a foja 218 de los autos del juicio principal aparece copia certificada del acta de defunci�n de A.�s G�mez A., quien falleci� el veintiocho de noviembre de mil novecientos noventa y tres, y quien es la persona que otorg� el poder general para pleitos y cobranzas con cl�usula especial al promovente del amparo M.G.D.�nguez, quien se ostent� con el car�cter de mandatario del quejoso, en virtud del referido poder otorgado por A.�s G�mez A.; la demanda de garant�as en cuesti�n fue presentada ante la Oficial�a de Partes Com�n a los Juzgados de Distrito, con residencia en esta ciudad, el veintinueve de junio del a�o pr�ximo pasado (1995), y con esa misma fecha se turn� al Juzgado Tercero de Distrito en el Estado; de lo anterior se advierte que si al momento de fallecer el poderdante, no se hab�a promovido el juicio de garant�as, es decir, no exist�a negocio pendiente del cual los herederos tuvieran que proveer, y obligaran al poderdante a continuar en su encargo a efecto de no causar perjuicios a la sucesi�n a bienes de A.�s G�mez A., sino que la demanda de garant�as se promovi� un a�o ocho meses despu�s de fallecido el poderdante, por tanto en la especie s� se actualiz� la hip�tesis a que se refiere la fracci�n III del art�culo 2494 del c�digo sustantivo de la materia, o sea el apoderado dej� de tener el encargo que se le confiri� a partir de la muerte del aqu� quejoso, pues en aquel tiempo a�n no se hab�a promovido juicio de garant�as alguno, o alg�n otro acto que impidiera que el poder no concluyera y por tanto no se dio la excepci�n a que se refiere el art�culo 2499 del C�digo Civil vigente en el Estado, como as� lo quiere hacer valer el recurrente, por ello, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el art�culo 73, fracci�n XVIII, en relaci�n con el 4o., ambos de la Ley de Amparo, debe sobreseerse en el juicio con fundamento en el art�culo 74, fracci�n III, del precitado ordenamiento jur�dico, tal como acertadamente lo razon� la J. a quo. En tal tesitura, cabe decir que tampoco le asiste la raz�n al recurrente al alegar que a diferencia de como lo afirm� la a quo, la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n al realizar una interpretaci�n acerca de la extinci�n del mandato por la muerte de su otorgante, determin� que mientras la sucesi�n de quien aparece como directamente quejoso en el juicio constitucional, no provee de representante leg�timo a la misma, el mandatario estaba obligado a continuar en el desempe�o del mismo y que al no estar acreditado en la especie de manera fehaciente de la existencia de un representante legal o albacea del de cujus, era evidente que el poderdante deb�a continuar en el ejercicio del mandato; lo anterior, en virtud de que como ya dijo la obligaci�n de continuar en el encargo por parte del mandatario, una vez fallecido el mandante, �nicamente se da cuando se actualiza la hip�tesis a que se refiere el art�culo 2499 del c�digo sustantivo de la materia. Atento a lo anterior y dado lo infundado de los agravios esgrimidos por la parte inconforme, se impone en el caso confirmar el auto recurrido y por ende, sobreseer en el juicio de garant�as a que este toca se refiere.

SEXTO

Atendiendo a los relacionados criterios, corresponde ahora verificar, previamente, si en el caso existe o no la contradicci�n denunciada entre las tesis sustentadas por los Tribunales Colegiados de Circuito que han quedado precisados.

Para ello es necesario tener presente que la contradicci�n de tesis se presenta cuando los Tribunales Colegiados contendientes, al resolver los negocios jur�dicos que generan la denuncia, examinan cuestiones jur�dicamente iguales, adoptando posiciones o criterios jur�dicos discrepantes y que, adem�s, la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jur�dicas de las sentencias respectivas, requiri�ndose asimismo que los criterios provengan del examen de elementos esencialmente id�nticos.

Es aplicable la jurisprudencia n�mero P./J. 26/2001 sustentada por el Pleno de este M�ximo Tribunal de la naci�n, la cual se transcribe a continuaci�n, cuyos datos de localizaci�n, rubro y texto son los siguientes:

"Novena �poca

"Instancia: Pleno

"Fuente: Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta

"Tomo: XIII, abril de 2001

"Tesis: P./J. 26/2001

"P�gina: 76

"CONTRADICCI�N DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA. De conformidad con lo que establecen los art�culos 107, fracci�n XIII, primer p�rrafo, de la Constituci�n Federal y 197-A de la Ley de Amparo, cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n o la S. que corresponda deben decidir cu�l tesis ha de prevalecer. Ahora bien, se entiende que existen tesis contradictorias cuando concurren los siguientes supuestos: a) que al resolver los negocios jur�dicos se examinen cuestiones jur�dicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jur�dicos discrepantes; b) que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jur�dicas de las sentencias respectivas; y, c) que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos."

S�PTIMO

Precisado lo anterior, para decidir sobre la existencia o inexistencia de la contradicci�n denunciada, se debe realizar un extracto de las consideraciones fundamentales en que se apoyaron los fallos sujetos a examen.

  1. El Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, al resolver en sesi�n del diez de febrero de dos mil cinco, por unanimidad de votos, el amparo directo DT. 643/2005, promovido por P.S.M.�nez, arrib� a la conclusi�n de que el juicio de amparo es procedente, aun cuando haya sido promovido por el mandatario de un trabajador fallecido hasta en tanto comparezca el representante de la sucesi�n respectiva, ya que en t�rminos de los art�culos 15 y 74, fracci�n II, de la Ley de Amparo, cuando las garant�as reclamadas no afecten s�lo los derechos personal�simos del quejoso, sino que versen sobre cuestiones de �ndole patrimonial o econ�mico, susceptibles de trascender a los derechos de los herederos o beneficiarios de aqu�l, el representante legal del agraviado debe continuar en el desempe�o de su encargo, hasta en tanto intervenga la sucesi�n en el juicio de amparo.

    El criterio de m�rito se apoy� en los antecedentes que se sintetizan a continuaci�n.

    1. Que P.S.M.�nez, por conducto de su apoderado, demand� de P.�leos Mexicanos, del Sindicato de Trabajadores P.oleros de la Rep�blica mexicana y S.�n 35 del Sindicato de Trabajadores P.oleros de la Rep�blica mexicana el pago y cumplimiento de diversas prestaciones, entre otras, el reconocimiento de que prest� servicios en la Refiner�a 18 de Marzo, Azcapotzalco, a partir del dos de octubre de mil novecientos setenta hasta el siete de diciembre de mil novecientos noventa y dos, otorgamiento del beneficio de jubilaci�n, pago de la prima de antig�edad y fijaci�n correcta de la pensi�n jubilatoria, aplicaci�n de las cl�usulas 134 y 135 del contrato colectivo de trabajo y dem�s prestaciones dejadas de cubrir por causas imputables a la empresa demandada a partir del ocho de diciembre de mil novecientos noventa y dos, que debe incluir los aumentos pactados por revisiones contractuales o de emergencia; pago correspondiente a diferencias de pensi�n jubilatoria.

    2. Que de tal demanda conoci� la Junta Especial N�mero Doce Bis de la Federal de Conciliaci�n y Arbitraje, y en audiencia de treinta de mayo de dos mil, el actor enderez� la demanda contra P.R.�n, y en la audiencia de quince de agosto de ese mismo a�o (dos mil), modific� y adicion� el escrito inicial de demanda, incluyendo las prestaciones marcadas en los numerales cinco y nueve del cap�tulo relativo, reclamando adem�s los aumentos y ventajas econ�micas que se llegaran a pactar en relaci�n a las pensiones jubilatorias en t�rminos del contrato colectivo de trabajo vigente, y disminuci�n visual de un 50%, respectivamente; entrega del n�mero de cuenta del Sistema de Ahorro para el Retiro, el pago de las diferencias por haberse manejado dicha cuenta con cantidades inferiores; pago y expedici�n por escrito de la clave o n�mero de cuenta del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y el pago de cuatro horas extras, por un a�o anterior a la separaci�n de su trabajo en t�rminos del art�culo 67 de la Ley Federal del Trabajo.

    3. La audiencia trif�sica inici� el veinticuatro de octubre del a�o dos mil, continu� el seis de febrero de dos mil uno y finaliz� el nueve de abril de ese mismo a�o (dos mil uno), y el diecinueve de junio de dos mil tres se emiti� laudo en el que se absolvi� a las demandadas de las prestaciones reclamadas.

    4. En contra de tal laudo la parte trabajadora, por conducto de su apoderado, promovi� demanda de amparo, la cual fue registrada con el n�mero DT. 5263/2004, que concluy� con la ejecutoria emitida el veinte de mayo de dos mil cuatro, en la que se concedi� el amparo para diversos efectos.

    5. En cumplimiento a la ejecutoria de amparo antes referida, la Junta responsable emiti� un nuevo laudo con fecha seis de agosto de dos mil cuatro, en el que conden� a P.�leos Mexicanos a otorgar a quien acreditara inter�s jur�dico con car�cter de beneficiario y derecho a recibir el n�mero de cuenta en que realiz� los dep�sitos correspondientes al Sistema de Ahorro para el Retiro del actor, laudo que fue el que se impugn� en el juicio de garant�as en que se emiti� el criterio denunciado como contradictorio.

    6. Al pronunciar la ejecutoria correspondiente el Tribunal Colegiado del conocimiento, previo al estudio de los conceptos de violaci�n que se hicieron valer en la demanda de amparo, analiz� el argumento esgrimido por los terceros perjudicados en el sentido de que el juicio de garant�as era improcedente con fundamento en el art�culo 73, fracci�n XVIII, en relaci�n con los diversos 4o. y 74 de la Ley de Amparo, en virtud de que falleci� el actor y, por ello, el apoderado del demandado (debe decir, del actor) ces� en su funci�n, en t�rminos del art�culo 2595 del C�digo Civil, ya que el mandato termina por muerte del mandante o del mandatario.

    7. El tribunal resolutor desestim� la alegaci�n esgrimida por los terceros perjudicados, con apoyo en los art�culos 15 y 74, fracci�n II, de la Ley de Amparo, sobre la base de que las garant�as reclamadas no afectan s�lo los derechos personal�simos del actor, sino que la controversia versa sobre cuestiones de �ndole patrimonial o econ�mico, por lo que las violaciones en que hubiese incurrido la autoridad responsable son susceptibles de trascender a los derechos de los herederos o beneficiarios del quejoso, quienes pueden ser afectados en sus bienes patrimoniales al no recibir el pago de las prestaciones a que tuviere derecho el actor, por lo que a fin de no dejar en estado de indefensi�n a los herederos o beneficiarios del actor, el representante que concurri� al juicio de garant�as debe continuar en el desempe�o de su encargo hasta en tanto intervenga la sucesi�n en el juicio de amparo, por lo que arrib� a la conclusi�n de que no era procedente el sobreseimiento solicitado por los terceros perjudicados.

    8. I.� como apoyo de su resoluci�n la tesis emitida por la entonces Segunda S. de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, publicada en el Semanario Judicial de la Federaci�n, Vol�menes 103-108, Tercera Parte, p�gina 71, con el rubro: "FALLECIMIENTO DEL AGRAVIADO COMO CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. NO OPERA EN CASO DE LESI�N A DERECHOS PATRIMONIALES."

    9. De igual manera, en la ejecutoria a que se alude, el Tribunal Colegiado hizo menci�n de que no resultaban aplicables los criterios de los rubros: "JUICIO DE GARANT�AS PROMOVIDO POR APODERADO DE TRABAJADOR FALLECIDO, DEBE SOBRESEERSE." y "MANDATARIO. NO EST� LEGITIMADO PARA PROMOVER JUICIO DE AMPARO, EN REPRESENTACI�N DE SU MANDANTE, SI �STE FALLECI� CON ANTERIORIDAD A LA PRESENTACI�N DE LA DEMANDA.", invocados por los terceros perjudicados, ya que no comparte los criterios ah� sustentados, cuya observancia no le es obligatoria en t�rminos del art�culo 192 de la Ley de Amparo.

  2. Por su parte, el Tercer Tribunal Colegiado del D�cimo Circuito, al resolver por unanimidad de votos en sesi�n de veinte de enero del a�o dos mil el amparo 613/99, promovido por R.O.R., lleg� a la conclusi�n de que debe decretarse el sobreseimiento en el juicio de amparo cuando haya fallecido el otorgante del poder, ya que el mandato queda sin efecto precisamente por la muerte del trabajador, y si para la fecha en que se promovi� el juicio de amparo ya hab�a fallecido el trabajador que otorg� el poder para que lo representaran en el juicio, ello conlleva a la conclusi�n del mandato.

    Las consideraciones que le dan sustento jur�dico al criterio antes referido pueden sintetizarse en los t�rminos siguientes.

    1. El tribunal en su resoluci�n hace la transcripci�n del contenido de los art�culos 2546, 2551, fracci�n III y 2595, fracci�n III, del C�digo Civil para el Distrito Federal en Materia Com�n y para toda la Rep�blica en Materia Federal, de aplicaci�n supletoria a la Ley de Amparo, as� como de los art�culos 4o. y 5o. de la Ley de Amparo.

    2. Manifiesta el Tribunal Colegiado que de las constancias que integran el expediente laboral n�mero 422/98, de donde deriva el acto reclamado, se advierte que la demanda laboral la ejercit� el trabajador R.O.R., por conducto de su apoderado legal licenciado J.M.A.S.�s, procurador auxiliar de la Defensa del Trabajo, personalidad que fue acreditada con carta poder, de la que se desprende que el mandato fue otorgado a favor del procurador de la Defensa del Trabajo y/o procuradores auxiliares.

    3. Que en la audiencia de ocho de febrero de mil novecientos noventa y ocho, el procurador auxiliar y apoderado del trabajador exhibi� copia del acta de defunci�n de R.O.R. y al estar pendiente de desahogar exclusivamente la confesional a cargo del trabajador, la Junta turn� los autos para proyecto de resoluci�n en forma de laudo.

    4. En el laudo de referencia se declar� no probada la acci�n ejercitada y justificadas las excepciones que sehicieron valer.

    5. Inconforme con el laudo, el licenciado J.M.A.S.�s, ostent�ndose como procurador auxiliar federal de la Defensa del Trabajo y apoderado del actor en el juicio natural, promovi� demanda de amparo.

    6. El Tribunal Colegiado del conocimiento, atendiendo al texto del art�culo 2595, fracci�n III, del C�digo Civil Federal, de aplicaci�n supletoria a la Ley de Amparo, que dispone que el mandato termina con la muerte del mandatario o del mandante, determin� que aquel en que se apoy� el licenciado A.S.�s, para promover el juicio constitucional, feneci� al ocurrir el fallecimiento del trabajador R.O.R., quien le dio el poder al promovente, pues la muerte del otorgante conlleva a que el mandato concluya, por lo que si en t�rminos del art�culo 4o. de la Ley de Amparo el juicio puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto que se reclame, por s�, por su representante o su defensor en materia penal, y si conforme al referido precepto -entre otros- es parte en el juicio de amparo el agraviado o agraviados, ello significa que la acci�n de amparo queda limitada a instancia de la parte agraviada, lo que se traduce en el inter�s jur�dico del quejoso.

    7. Que en el caso en particular, al momento de presentarse la demanda de garant�as, ya no exist�a la parte agraviada que debiera representarse, pues al quedar sin efecto el mandato por la muerte del trabajador, su apoderado carece de facultades para promover el amparo a nombre de quien ya falleci�.

    8. Que lo anterior provoca que se actualice la causal de improcedencia contenida en la fracci�n XVIII del art�culo 73, en relaci�n con el 4o., ambos de la Ley de Amparo, que conduce a sobreseer en el juicio acorde con lo establecido en el art�culo 74, fracci�n III, de la propia Ley de Amparo.

    9. Que al respecto tiene aplicaci�n, en lo conducente, la tesis sustentada por la otrora Cuarta S. de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, publicada en la p�gina cuatro mil ciento cuarenta y siete, Tomo LXXII, del Semanario Judicial de la Federaci�n, Quinta �poca, de rubro: "APODERADO, CESA SU PERSONALIDAD PARA EL AMPARO, SI MUERE SU PODERDANTE.". Que tambi�n es aplicable en lo conducente la tesis sustentada por el Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo del Primer Circuito, publicada en la p�gina veintinueve, de la fuente antes mencionada, Vol�menes 91-96, S.P., identificable con el rubro: "AMPARO IMPROCEDENTE POR INEXISTENCIA DEL QUEJOSO."

  3. Por su parte, el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa (antes Segundo Tribunal Colegiado) del D�cimo S�ptimo Circuito, al resolver por unanimidad de votos en sesi�n de siete de marzo de mil novecientos noventa y seis el amparo en revisi�n 10/96, arrib� a la conclusi�n de que si al momento de fallecer el poderdante no se hab�a promovido el juicio de garant�as, es decir, no exist�a negocio pendiente del cual los herederos tuvieran que proveer, y obligaran al poderdante a continuar en su encargo a efecto de no causar perjuicio a la sucesi�n, sino que la demanda de garant�as se promovi� un a�o ocho meses despu�s de fallecido el poderdante, se actualiza la hip�tesis a que se refiere la fracci�n III del art�culo 2494 del c�digo sustantivo de la materia, o sea, que el apoderado dej� de tener el encargo que le fue conferido a partir de la muerte del quejoso y atento a ello se actualiza la causal de improcedencia prevista en el art�culo 73, fracci�n XVIII, en relaci�n con el 4o., ambos de la Ley de Amparo, por lo que debe sobreseerse en el juicio con fundamento en el art�culo 74, fracci�n III, de la referida Ley de Amparo.

    Los razonamientos legales en que se sustent� el fallo de referencia pueden sintetizarse en los t�rminos siguientes:

    1. Que resultan infundados los agravios hechos valer por la parte recurrente, en el sentido de que el J. de Distrito no debi� sobreseer en el juicio, en virtud de que en el caso no se actualizaba la excepci�n a que se refiere el art�culo 2499 del C�digo Civil vigente en el Estado (Chihuahua), relativa a que aun cuando acontezca la muerte del mandante, debe el mandatario continuar en el ejercicio del poder hasta en tanto los herederos no provean por s� mismos a los negocios.

    2. Que de la interpretaci�n de los art�culos 2494, fracci�n III y 2499 del C�digo Civil vigente en el Estado, se infiere que el mandato se extingue con la muerte de cualquiera de las partes contratantes, es decir, con la muerte del mandante o con la del mandatario.

    3. Que la excepci�n contenida en el segundo de los preceptos, relativa a que aun cuando el mandato termine por la muerte del mandante debe el mandatario continuar en la administraci�n, entretanto los herederos se hagan cargo de los negocios, y que tal consideraci�n depender� de que al no darse continuidad en el encargo se podr�a causar perjuicio a quien legalmente suceda en los derechos y bienes del de cujus, es menester que al momento de fallecer el mandante, el mandatario haya ejecutado actos jur�dicos que se encuentren pendientes de concluir, y que por encontrarse en etapa de tr�mite procesal tales actos no pueden abandonarse por no haberse designado albacea.

    4. Que en el caso, si al mandatario se le otorg� un poder el cinco de octubre de mil novecientos noventa y dos, y del juicio natural aparece copia certificada del acta de defunci�n del mandante quien falleci� el veintiocho de noviembre de mil novecientos noventa y tres, y la demanda de amparo de garant�as cuestionada fue presentada el veintinueve de junio de mil novecientos noventa y cinco, y con esa misma fecha se turn� al Juzgado Tercero de Distrito en el Estado (Chihuahua), se advierte que si al momento de fallecer el poderdante no se hab�a promovido el juicio de garant�as, es decir, no exist�a negocio pendiente del cual los herederos tuvieran que proveer, y obligaran al poderdante a continuar en su encargo a efecto de no causar perjuicios a la sucesi�n, sino que la demanda de garant�as se promovi� un a�o ocho meses despu�s de fallecido el poderdante, por lo que no se actualiz� la hip�tesis a que se refiere la fracci�n III del art�culo 2494 del C�digo Civil, o sea el apoderado dej� de tener el encargo que se le confiri� a partir de la muerte del quejoso, pues en aquel tiempo a�n no se hab�a promovido juicio de garant�as alguno, o alg�n otro acto que impidiera que el poder no concluyera y, por tanto, no se dio la excepci�n aludida, como lo aleg� el recurrente.

    5. Que en consecuencia, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el art�culo 73, fracci�n XVIII, en relaci�n con el 4o., ambos de la Ley de Amparo, por lo que debe sobreseerse en el juicio con fundamento en el art�culo 74, fracci�n III, de la Ley de Amparo, tal como lo razon� el J. de Distrito.

    6. Que tampoco le asiste la raz�n al recurrente al alegar que a diferencia de como lo afirm� el a quo, la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, al realizar una interpretaci�n acerca de la extinci�n del mandato por la muerte de su otorgante, determin� que mientras la sucesi�n de quien aparece como directamente quejoso en el juicio constitucional, no provee de representante leg�timo a la misma, el mandatario estaba obligado a continuar en el desempe�o del mismo y que al no estar acreditado en la especie de manera fehaciente de la existencia de un representante legal o albacea del de cujus, era evidente que el poderdante deb�a continuar en el ejercicio del mandato, ya que la obligaci�n de continuar en el cargo por parte del mandatario, una vez fallecido el mandante, �nicamente se da cuanto se actualiza la hip�tesis a que se refiere el art�culo 2499 del c�digo sustantivo de la materia.

OCTAVO

Del an�lisis de las ejecutorias de los asuntos que motivaron la presente contradicci�n se advierte que debe excluirse de la contradicci�n denunciada el criterio sustentado por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa (antes Segundo Tribunal Colegiado) del D�cimo S�ptimo Circuito, ya que tal tribunal al resolver el amparo en revisi�n administrativo n�mero 10/96 sometido a su jurisdicci�n, si bien hizo pronunciamiento en relaci�n con la improcedencia del juicio de garant�as promovido por el apoderado del quejoso, una vez que �ste haya fallecido, para arribar a tal conclusi�n, entre otros elementos, tom� en cuenta que de la fecha en que falleci� el quejoso a la en que fue presentada la demanda de amparo transcurri� un a�o con ocho meses, por lo que no se actualiz� la excepci�n a que se refiere el art�culo 2499 del C�digo Civil para el Estado de Chihuahua, es decir, que no exist�a negocio pendiente en el cual los herederos tuvieran que proveer.

El elemento de temporalidad a que se alude y la circunstancia de que no hab�a negocio pendiente de administrar por parte del mandatario son aspectos que no fueron tomados en consideraci�n por ninguno de los otros dos tribunales contendientes. Lo anterior, aunado a la circunstancia de que dicho Tribunal Colegiado tambi�n atendi� en su fallo a un ordenamiento distinto al que fue tomado en consideraci�n por los otros dos Tribunales Colegiados, puesto que �ste atendi� a la legislaci�n local (C�digo Civil para el Estado de Chihuahua), y los otros dos tribunales se apoyaron para resolver en los t�rminos en que lo hicieron en la legislaci�n federal, o sea, al C�digo Civil para el Distrito Federal en Materia Com�n y para toda la Rep�blica en Materia Federal, en aquel entonces, actualmente C�digo Civil Federal, adem�s de que el juicio natural de donde eman� el acto reclamado se refiere a la materia administrativa (agraria) y los asuntos resueltos por los otros dos tribunales contendientes est�n vinculados con la materia de trabajo.

De lo anterior se evidencia que al contener el amparo en revisi�n administrativo n�mero 10/96 elementos diversos a los tomados en consideraci�n al resolver los amparos directos DT. 643/2005 y 613/99 laboral, deber� excluirse de la contradicci�n denunciada el criterio sustentado por el aludido Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del D�cimo S�ptimo Circuito.

Atento a lo anterior, no existe contradicci�n de tesis por lo que respecta al criterio sustentado por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del D�cimo S�ptimo Circuito, en relaci�n con los criterios sustentados por los Tribunales Colegiados Tercero en Materia de Trabajo del Primer Circuito y Tercero del D�cimo Circuito.

NOVENO

En cambio, de las propias consideraciones se advierte que s� se actualiza la contradicci�n de tesis entre el criterio sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito y el sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado del D�cimo Circuito, atendiendo a lo siguiente:

El Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, al resolver el amparo directo DT. 643/2005, con apoyo en lo dispuesto por los art�culos 15 y 74, fracci�n II, de la Ley de Amparo desestim� la causal de improcedencia que hizo valer la tercera perjudicada; en el sentido de que el juicio de garant�as es improcedente con apoyo en los art�culos 73, fracci�n XVIII, en relaci�n con los diversos 4o. y 74, fracci�n III, de la Ley de Amparo, por haber fallecido el trabajador durante la secuela del juicio laboral y que en t�rminos del art�culo 2595 del C�digo Civil el mandato termina por la muerte del mandante o mandatario, por lo que al haber fallecido el trabajador quejoso se extingui� el mandato con el que el mandante acudi� a representarlo en el juicio de garant�as, bajo la consideraci�n que las garant�as reclamadas no afectan s�lo los derechos personal�simos del actor, sino que versa sobre cuestiones de �ndole patrimonial o econ�mico, por lo que son susceptibles de trascender a los derechos de los herederos o beneficiarios del quejoso, quienes pueden ser afectados en su bienes patrimoniales al no recibir el pago de las prestaciones a que tuviese derecho el actor.

Por su parte, el Tercer Tribunal Colegiado del D�cimo Circuito, al resolver el amparo directo n�mero 613/99 laboral, decret� el sobreseimiento bajo la consideraci�n de que se actualiz� la causal de improcedencia contenida en la fracci�n XVIII del art�culo 73, en relaci�n con el 4o., ambos de la Ley de Amparo, en relaci�n con el diverso art�culo 74, fracci�n III, de la propia Ley de Amparo, en virtud de que el trabajador quejoso muri� durante la secuela procedimental y para la fecha en que fue presentada la demanda de amparo ya se hab�a extinguido el poder con el que acudi� a instar la acci�n constitucional el apoderado, en virtud de que en t�rminos del art�culo 2595, fracci�n III, del C�digo Civil para el Distrito Federal en Materia Com�n y para toda la Rep�blica en Materia Federal, el mandato termina por la muerte del mandante o del mandatario. Luego, si en t�rminos del art�culo 4o. de la ley de la materia, el juicio de amparo s�lo puede ser promovido por la parte a quien perjudica el acto reclamado, por s�, o por su representante o su defensor, ello significa que al momento de presentarse la demanda ya no exist�a parte agraviada que debiera representarse, pues al quedar sin efecto el mandato por la muerte del trabajador, su apoderado carece de facultades para promover el amparo a nombre de quien ya falleci�.

De lo expuesto se advierte que los tribunales contendientes s� se pronunciaron sobre la misma cuesti�n jur�dica, es decir, si la muerte del trabajador, durante la tramitaci�n del juicio laboral, trae consigo la extinci�n del poder que haya otorgado para que lo representen en juicio, o si tal poder debe seguir surtiendo sus efectos jur�dicos y faculta al apoderado para que acuda en nombre del poderdante a instar el juicio de garant�as.

Se debe destacar que los aspectos comunes en ambos asuntos son los siguientes:

  1. Ambos asuntos se refieren a la materia laboral.

  2. En ambos asuntos los actores (trabajador) nombraron apoderado para que los representara en juicio.

  3. En ambos asuntos el actor (trabajador) muri� durante la tramitaci�n del juicio y antes de que se dictara el laudo impugnado en el respectivo juicio de amparo.

  4. En ambos asuntos el laudo fue contrario a los intereses del trabajador actor.

  5. En ambos asuntos fue impugnado el laudo, en amparo directo, por conducto del apoderado designado por el trabajador para que lo representara en juicio.

Las diferencias son las siguientes:

En un asunto se declar� procedente la acci�n de amparo ejercitada por el apoderado de la parte quejosa, no obstante que para la fecha en que fue presentada la demanda de amparo ya hubiese fallecido el otorgante del poder, ya que la acci�n de amparo versa sobre aspectos patrimoniales que no solamente afectan a los intereses del trabajador, sino tambi�n a sus beneficiarios.

En el otro negocio, por el contrario, se determin� que la acci�n de amparo result� improcedente, ya que el mandato se extingue con la muerte del mandante y, por ello, al haberse presentado la demanda de amparo con posterioridad a la muerte del otorgante del poder, �ste ya no puede surtir efecto alguno.

Por tanto, al haberse pronunciado los Tribunales Colegiados contendientes sobre el mismo tema jur�dico y haber arribado a conclusiones opuestas en la parte considerativa, es inconcuso que s� se actualiza la contradicci�n de tesis denunciada.

En consecuencia, el punto espec�fico de contradicci�n consiste en determinar si el poder que haya otorgado el trabajador para ser representado en el juicio laboral se extingue con su muerte, o si subsiste despu�s de �sta, y autoriza al apoderado para que con apoyo en �l siga actuando y promueva, inclusive, el juicio de amparo.

No es �bice para arribar a la anterior conclusi�n la circunstancia de que en el criterio adoptado por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito no se haya hecho pronunciamiento espec�fico en relaci�n con el planteamiento que le fue formulado por la empresa tercera perjudicada en el sentido de que el poder se extingui� con la muerte del trabajador, acorde con lo dispuesto en el art�culo 2595 del C�digo Civil, ya que la sola circunstancia de que haya arribado a la conclusi�n de que los art�culos 15 y 74, fracci�n II, de la Ley de Amparo permiten la tramitaci�n del juicio de garant�as cuando las garant�as reclamadas no afecten s�lo los derechos personal�simos del actor, pues ello implica que impl�citamente desestim� el argumento hecho valer en esos t�rminos, los cuales desde luego le sirvieron de sustento al Tercer Tribunal Colegiado del D�cimo Circuito para llegar a la conclusi�n de que el juicio de garant�as era improcedente, dado que con la muerte del poderdante se extingue el poder.

Cobra vigencia al respecto la tesis sustentada por esta Segunda S., cuyos datos de localizaci�n, rubro y texto son los siguientes:

"Novena �poca

"Instancia: Segunda S.

"Fuente: Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta

"Tomo: XV, marzo de 2002

"Tesis: 2a. XXVIII/2002

"P�gina: 427

CONTRADICCI�N DE TESIS. EXISTE DE MANERA IMPL�CITA CUANDO UNO DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO NO EXPRESA CONSIDERACIONES RESPECTO DEL CRITERIO CUESTIONADO, PERO ARRIBA A UNA CONCLUSI�N DIVERSA DE LA QUE ESTABLECE EL OTRO TRIBUNAL SOBRE EL MISMO PROBLEMA JUR�DICO. Aun cuando uno de los Tribunales Colegiados de Circuito no exponga en la ejecutoria respectiva las consideraciones en que sustenta el criterio jur�dico materia de la contradicci�n de tesis, �sta existe en forma impl�cita si tal ejecutoria contiene elementos suficientes para establecer un criterio contrario al del otro Tribunal Colegiado, pues si bien es cierto que la divergencia de criterios debe darse en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jur�dicas vertidas en las sentencias, ello no obsta para determinar que s� existe contradicci�n y decidir cu�l tesis debe prevalecer, cuando los �rganos jurisdiccionales arriban a conclusiones diversas respecto de la sustancia de un mismo problema jur�dico, mientras no se trate de aspectos accidentales o meramente secundarios, ya que para dilucidar cu�l tesis ha de prevalecer, debe existir, cuando menos formalmente, un criterio diverso sobre la misma cuesti�n jur�dica.

D�CIMO

Conforme a lo anterior, corresponde ahora resolver el punto de contradicci�n que ha quedado precisado, es decir, determinar si el poder que haya otorgado el trabajador para que lo representen en el juicio laboral se extingue con su muerte, o bien, si subsiste autorizando al apoderado para que con apoyo en �l siga actuando y promueva en nombre del trabajador, inclusive el juicio de amparo.

Debe prevalecer, con car�cter de jurisprudencia, el criterio que sustentar� esta Segunda S. de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n en la presente resoluci�n, el cual es coincidente con el criterio emitido por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito.

Debe se�alarse que acorde con lo dispuesto en la Ley Federal del Trabajo, la personalidad se acredita en los t�rminos siguientes:

"Art�culo 692. Las partes podr�n comparecer a juicio en forma directa o por conducto de apoderado legalmente autorizado.

"Trat�ndose de apoderado, la personalidad se acreditar� conforme a las siguientes reglas:

"I. Cuando el compareciente act�e como apoderado de persona f�sica, podr� hacerlo mediante poder notarial o carta poder firmada por el otorgante y ante dos testigos, sin necesidad de ser ratificada ante la Junta;

"II. Cuando el apoderado act�e como representante legal de persona moral, deber� exhibir el testimonio notarial respectivo que as� lo acredite;

"III. Cuando el compareciente act�e como apoderado de persona moral, podr� acreditar su personalidad mediante testimonio notarial o carta poder otorgada ante dos testigos, previa comprobaci�n de que quien le otorga el poder est� legalmente autorizado para ello; y

"IV. Los representantes de los sindicatos acreditar�n su personalidad con lacertificaci�n que les extienda la Secretar�a del Trabajo y Previsi�n Social, o la Junta Local de Conciliaci�n y Arbitraje, de haber quedado registrada la directiva del sindicato."

"Art�culo 693. Las Juntas podr�n tener por acreditada la personalidad de los representantes de los trabajadores o sindicatos, sin sujetarse a las reglas del art�culo anterior, siempre que de los documentos exhibidos lleguen al convencimiento de que efectivamente se representa a la parte interesada."

"Art�culo 694. Los trabajadores, los patrones y las organizaciones sindicales, podr�n otorgar poder mediante simple comparecencia, previa identificaci�n, ante las Juntas del lugar de su residencia, para que los representen ante cualquier autoridad del trabajo; la personalidad se acreditar� con la copia certificada que se expida de la misma."

"Art�culo 695. Los representantes o apoderados podr�n acreditar su personalidad conforme a los lineamientos anteriores, en cada uno de los juicios en que comparezcan, exhibiendo copia simple fotost�tica para su cotejo con el documento original o certificado por autoridad, el cual les ser� devuelto de inmediato, quedando en autos la copia debidamente certificada."

"Art�culo 696. El poder que otorgue el trabajador para ser representado en juicio, se entender� conferido para demandar todas las prestaciones principales y accesorias que correspondan, aunque no se exprese en el mismo."

"Art�culo 697. Siempre que dos o m�s personas ejerciten la misma acci�n u opongan la misma excepci�n en un mismo juicio, deben litigar unidas y con una representaci�n com�n, salvo que los colitigantes tengan intereses opuestos.

"Si se trata de las partes actoras, el nombramiento de representante com�n deber� hacerse en el escrito de demanda, o en la audiencia de conciliaci�n, demanda y excepciones y ofrecimiento y admisi�n de pruebas; si se trata de las demandadas, el nombramiento se har� en el escrito de contestaci�n o en la audiencia a que se ha hecho menci�n. Si el nombramiento no lo hicieran los interesados dentro de los t�rminos se�alados, la Junta de Conciliaci�n y Arbitraje lo har� escogi�ndolo de entre los propios interesados.

El representante com�n tendr� los derechos, obligaciones y responsabilidad inherentes a un mandatario judicial.

Ahora bien, de lo anterior se desprende que por lo que se refiere a las personas f�sicas podr�n acudir al juicio mediante poder notarial o carta poder firmada por el otorgante ante dos testigos, sin necesidad de ser ratificada ante la Junta.

De igual manera, se desprende que cuando el poder sea otorgado por la parte trabajadora se entender� conferido para demandar todas las prestaciones principales y accesorias que correspondan, aunque no se exprese en el mismo.

Por otro lado, en t�rminos del art�culo 13 de la Ley de Amparo, se desprende que la personalidad en ese tipo de juicios ser� acreditada en los mismos t�rminos de la ley que rige el acto reclamado.

En efecto, el art�culo 13 antes aludido es del tenor siguiente:

Art�culo 13. Cuando alguno de los interesados tenga reconocida su personalidad ante la autoridad responsable, tal personalidad ser� admitida en el juicio de amparo para todos los efectos legales, siempre que compruebe tal circunstancia con las constancias respectivas.

Ahora bien, como en la Ley Federal del Trabajo no se regulan con amplitud los aspectos vinculados con el mandato, ni en la Ley de Amparo se habla sobre tal aspecto, partiendo de la base que �sta es una figura jur�dica de orden netamente civil, para su an�lisis, necesariamente se deber� acudir al ordenamiento legal que lo regula, es decir, al C�digo Civil.

Como se ha externado, el contrato de mandato se encuentra regulado en el T�tulo Noveno del C�digo Civil Federal, en los art�culos 2546 al 2604; sin embargo, solamente haremos referencia a aquellos que interesan para la resoluci�n de la presente contradicci�n, los cuales a la letra dicen:

"T�tulo noveno

"Del mandato

"Cap�tulo I

"Disposiciones generales

"Art�culo 2546. El mandato es un contrato por el que el mandatario se obliga a ejecutar por cuenta del mandante los actos jur�dicos que �ste le encarga."

"Art�culo 2547. El contrato de mandato se reputa perfecto por la aceptaci�n del mandatario.

"El mandato que implica el ejercicio de una profesi�n se presume aceptado cuando es conferido a personas que ofrecen al p�blico el ejercicio de su profesi�n, por el solo hecho de que no lo rehusen dentro de los tres d�as siguientes.

"La aceptaci�n puede ser expresa o t�cita. Aceptaci�n t�cita es todo acto en ejecuci�n de un mandato."

"Art�culo 2548. Pueden ser objeto del mandato todos los actos l�citos para los que la ley no exige la intervenci�n personal del interesado."

"Art�culo 2550. El mandato puede ser escrito o verbal."

"Art�culo 2551. El mandato escrito puede otorgarse:

"I. En escritura p�blica;

"II. En escrito privado, firmado por el otorgante y dos testigos y ratificadas las firmas ante notario p�blico, J. de primera instancia, Jueces menores o de Paz, o ante el correspondiente funcionario o empleado administrativo, cuando el mandato se otorgue para asuntos administrativos;

"III. En carta poder sin ratificaci�n de firmas."

"Art�culo 2555. El mandato debe otorgarse en escritura p�blica o en carta poder firmada ante dos testigos y ratificadas las firmas del otorgante y testigos ante notario, ante los Jueces o autoridades administrativas correspondientes:

"I. Cuando sea general;

"(Reformada, D.O.F. 6 de enero de 1994)

"II. Cuando el inter�s del negocio para el que se confiere sea superior al equivalente a mil veces el salario m�nimo general vigente en el Distrito Federal al momento de otorgarse; o

"III. Cuando en virtud de �l haya de ejecutar el mandatario, a nombre del mandante, alg�n acto que conforme a la ley debe constar en instrumento p�blico."

"Cap�tulo II

"De las obligaciones del mandatario con respecto al mandante

"Art�culo 2562. El mandatario, en el desempe�o de su encargo, se sujetar� a las instrucciones recibidas del mandante y en ning�n caso podr� proceder contra disposiciones expresas del mismo."

"Art�culo 2563. En lo no previsto y prescrito expresamente por el mandante, deber� el mandatario consultarle, siempre que lo permita la naturaleza del negocio. Si no fuere posible la consulta o estuviere el mandatario autorizado para obrar a su arbitrio, har� lo que la prudencia dicte, cuidando del negocio como propio."

"Art�culo 2566. El mandatario est� obligado a dar oportunamente noticia al mandante, de todos los hechos o circunstancias que puedan determinarlo a revocar o modificar el encargo. Asimismo debe d�rsela sin demora de la ejecuci�n de dicho encargo."

"Art�culo 2574. El mandatario puede encomendar a un tercero el desempe�o del mandato si tiene facultades expresas para ello."

"Cap�tulo IV

"De las obligaciones y derechos del mandante y del mandatario con relaci�n a tercero

"Art�culo 2581. El mandante debe cumplir todas las obligaciones que el mandatario haya contra�do dentro de los l�mites del mandato."

"Cap�tulo V

"Del mandato judicial

"Art�culo 2586. El mandato judicial ser� otorgado en escritura p�blica, o en escrito presentado y ratificado por el otorgante ante el J. de los autos. Si el J. no conoce al otorgante, exigir� testigos de identificaci�n.

"La sustituci�n del mandato judicial se har� en la misma forma que su otorgamiento."

"Art�culo 2588. El procurador, aceptado el poder, est� obligado:

"I. A seguir el juicio por todas sus instancias mientras no haya cesado en su encargo por alguna de las causas expresadas en el art�culo 2595;

"II. A pagar los gastos que se causen a su instancia, salvo el derecho que tiene de que el mandante se los reembolse;

"III. A practicar, bajo la responsabilidad que este c�digo impone al mandatario, cuanto sea necesario para la defensa de su poderdante, arregl�ndose al efecto a las instrucciones que �ste le hubiere dado, y si no las tuviere, a lo que exija la naturaleza e �ndole del litigio."

"Art�culo 2591. El procurador que tuviere justo impedimento para desempe�ar su encargo, no podr� abandonarlo sin sustituir el mandato, teniendo facultades para ello o sin avisar a su mandante, para que nombre a otra persona."

"Art�culo 2592. La representaci�n del procurador, cesa adem�s de los casos expresados en el art�culo 2595:

"I. Por separarse el poderdante de la acci�n u oposici�n que haya formulado;

"II. Por haber terminado la personalidad del poderdante;

"III. Por haber transmitido el mandante a otro sus derechos sobre la cosa litigiosa, luego que la transmisi�n o cesi�n sea debidamente notificada y se haga constar en autos;

"IV. Por hacer el due�o del negocio alguna gesti�n en el juicio, manifestando que revoca el mandato;

"V. Por nombrar el mandante otro procurador para el mismo negocio."

"Art�culo 2594. La parte puede ratificar antes de la sentencia que cause ejecutoria, lo que el procurador hubiere hecho excedi�ndose del poder."

"Cap�tulo VI

"De los diversos modos de terminar el mandato

"Art�culo 2595. El mandato termina:

"I. Por la revocaci�n;

"II. Por la renuncia del mandatario;

"III. Por la muerte del mandante o del mandatario;

"IV. Por la interdicci�n de uno u otro;

"V. Por el vencimiento del plazo y por la conclusi�n del negocio para el que fue concedido;

"VI. En los casos previstos por los art�culos 670, 671 y 672."

"Art�culo 2600. Aunque el mandato termine por la muerte del mandante, debe el mandatario continuar en la administraci�n, entretanto los herederos proveen por s� mismos a los negocios, siempre que de lo contrario pueda resultar alg�n perjuicio."

"Art�culo 2601. En el caso del art�culo anterior, tiene derecho el mandatario para pedir al J. que se�ale un t�rmino corto a los herederos a fin de que se presenten a encargarse de sus negocios."

"Art�culo 2602. Si el mandato termina por muerte del mandatario, deben sus herederos dar aviso al mandante y practicar, mientras �ste resuelve, solamente las diligencias que sean indispensables para evitar cualquier perjuicio."

Art�culo 2603. El mandatario que renuncie tiene obligaci�n de seguir el negocio mientras el mandante no provee a la procuraci�n, si de lo contrario se sigue alg�n perjuicio.

Del contenido de los preceptos antes insertados, se puede afirmar que el mandato es un contrato por el cual el mandatario se obliga con el mandante a ejecutar por su cuenta los actos jur�dicos que �ste le encargue.

Que el mandato se reputa perfecto por la sola aceptaci�n del mandatario y puede ser verbal o por escrito.

Que una vez aceptado el mandato el mandatario debe cumplir con todas las obligaciones que haya contra�do dentro de los l�mites del mandato.

Que si se trata de mandato judicial el mandato ser� otorgado en escritura p�blica, o en escrito presentado y ratificado por el otorgante ante el J. de los autos. Si el J. no conoce al otorgante, exigir� testigos de identificaci�n. La sustituci�n del mandato judicial se har� en la misma forma que su otorgamiento.

Con la salvedad de que en la materia laboral, como ha quedado precisado, el mandato por lo que se refiere a las personas f�sicas podr� otorgarse mediante poder notarial o carta poder, firmada por el otorgante ante dos testigos, sin necesidad de ser ratificada ante la Junta.

Que aceptado el poder se est� obligado, entre otras cosas, a seguir el juicio por todas sus instancias mientras no haya cesado en su encargo por alguna de las causas expresadas en el art�culo 2595.

Que el mandato termina, entre otras causas, por la muerte del mandante o mandatario.

Que aunque el mandato termine por la muerte del mandante, debe el mandatario continuar en la administraci�n, entretanto los herederos proveen por s� mismos a los negocios, siempre que de lo contrario pueda resultar alg�n perjuicio.

Que en caso de la muerte del mandante tiene derecho el mandatario para pedir al J. que se�ale un t�rmino corto a los herederos a fin de que se presenten a encargarse de sus negocios.

De lo anterior destaca que aun cuando por regla general el mandato termina con la muerte del mandante, existe disposici�n expresa en el C�digo Civil (art�culo 2600), en el sentido de que el mandatario contin�e en la gesti�n de su encargo mientras los herederos del mandante provean por s� mismos a la administraci�n de los negocios y siempre que de lo contrario puedan resultar perjuicios para sus intereses.

Desde luego, debe manifestarse que el Tribunal Pleno en sus integraciones anteriores consider� que el art�culo 2600 del C�digo Civil Federal es aplicable, por analog�a, al mandato judicial, por lo que el amparo que se pida por el mandatario para impedir que se perjudiquen los bienes del mandante, mientras sus herederos proveen lo conveniente, debe ser tramitado.

La afirmaci�n anterior tiene apoyo en la tesis sustentada por el Tribunal Pleno, que se transcribe a continuaci�n con los datos de localizaci�n, rubro y texto siguientes.

"Quinta �poca

"Instancia: Pleno

"Fuente: Semanario Judicial de la Federaci�n

"Tomo: XIII

"P�gina: 281

MANDATO. Aun cuando el mandato termine por la muerte del mandante, debe el mandatario continuar en la administraci�n entretanto los herederos proveen por s� mismos a los negocios, siempre que, de lo contrario, pueda resultar alg�n perjuicio; y tal disposici�n es aplicable por analog�a, al mandato judicial; por lo que el amparo que se pida por el mandatario para impedir que se perjudiquen los bienes del mandante, mientras sus herederos proveen lo conveniente, debe ser tramitado.

De igual manera, debe hacerse menci�n que el propio Pleno determin� que, en caso de muerte del mandante, el mandatario est� capacitado para promover amparo contra actos de los cuales pueden seguirse perjuicio a la sucesi�n de su mandante, ya que es notorio que entre los actos de administraci�n deben contarse aquellos que tienden a la conservaci�n de los derechos del mandante, tales como la promoci�n de recursos que proceden con arreglo a la ley.

Al respecto, cobra vigencia la tesis que se transcribe a continuaci�n.

"Quinta �poca

"Instancia: Pleno

"Fuente: Semanario Judicial de la Federaci�n

"Tomo: XVII

"P�gina: 1311

MANDATO. Aun cuando el mandato termina por la muerte del mandante, como el mandatario debe continuar en la administraci�n, en tanto que los herederos provean por s� mismos a los negocios, siempre que de lo contrario pueda resultar alg�n perjuicio, es incuestionable que el mandatario est� capacitado para promover amparo contra actos de los cuales pueden seguirse perjuicios a la sucesi�n de su mandante, pues es notorio que entre los actos de administraci�n, deben contarse aquellos que tienden a la conservaci�n de los derechos del mandante, tales como la promoci�n de recursos que procedan con arreglos a la ley.

Conforme a lo anterior, es incuestionable que aun cuando es verdad que el mandato concluye con la muerte del mandante o del mandatario, no es menos cierto que tal regla admite excepci�n en trat�ndose de la tramitaci�n de procedimientos jurisdiccionales, ya que ante el fallecimiento del mandante, el mandatario debe continuar con su tramitaci�n hasta en tanto no se apersone a juicio la sucesi�n por conducto del albacea o se promueva la sustituci�n de la parte correspondiente, ya que tomando en consideraci�n que en ese tipo de procedimientos los t�rminos son perentorios y si no se desahogan los requerimientos o no se hacen valer los recursos o derechos que la ley concede de manera oportuna precluyen los derechos correspondientes, con lo que se pueden causar perjuicios al patrimonio del mandante de los que con posterioridad deber� responder el mandatario, por lo que a fin de no incurrir en tales responsabilidades, este �ltimo debe continuar en la administraci�n del negocio (juicio), ya que conforme a lo antes precisado es indudable que el contenido del art�culo 2600 del C�digo Civil Federal es aplicable a los actos de procuraci�n judicial, que tienden a conservar los derechos del mandante fallecido.

Es aplicable al respecto, por analog�a, el criterio sustentado por la extinta Tercera S. de esta Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, que se transcribe a continuaci�n, aun cuando su texto se refiere al c�digo anterior, es decir, al de 1884, ya que la figura relativa no sufri� modificaci�n alguna.

"Quinta �poca

"Instancia: Tercera S.

"Fuente: Semanario Judicial de la Federaci�n

"Tomo: XLII

"P�gina: 2801

MANDATARIO, FACULTADES DEL, EN CASO DE MUERTE DEL MANDANTE. De acuerdo con la disposici�n contenida en el art�culo 2401 del C�digo Civil de 1884, para el Distrito Federal, aun cuando el mandato termina por la muerte del mandante, debe el mandatario continuar en la administraci�n, entretanto los herederos proveen, por s� mismos, a los negocios, siempre que de lo contrario pueda resultar alg�n perjuicio, y esta disposici�n es aplicable a los actos de procuraci�n judicial, que tienden a conservar los derechos del mandante.

Por otro lado, debe enfatizarse que la otrora Cuarta S. de esta Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, ya con anterioridad hab�a establecido criterio en el sentido que no procede suspender el procedimiento laboral por muerte del trabajador, ya que en t�rminos del art�culo 2600 del C�digo Civil para el Distrito Federal en Materia Com�n y para toda la Rep�blica en Materia Federal, ante la muerte del trabajador el mandatario debe continuar en su encargo, en tanto los herederos proveen por s� mismos en los negocios, siempre que de lo contrario pueda resultar un perjuicio.

Lo antes considerado tiene sustento en la tesis que se transcribe a continuaci�n.

"S�ptima �poca

"Instancia: Cuarta S.

"Fuente: Semanario Judicial de la Federaci�n

"Vol�men: 16, Quinta Parte

"P�gina: 21

SUSPENSI�N IMPROCEDENTE DEL PROCEDIMIENTO POR MUERTE DEL TRABAJADOR. Si el demandado en un proceso laboral, al tener conocimiento de la muerte del trabajador actor solicit� que con apoyo en los art�culos 370 y siguientes del C�digo Federal de Procedimientos Civiles, se interrumpiera el procedimiento por todo el tiempo indispensable para que se apersonaran en el juicio los causahabientes del actor, esto indica que el demandado reconoci� que no es necesario el ejercicio de una acci�n independiente a la intentada por el actor, para que el procedimiento pueda continuar despu�s del fallecimiento de �ste, por la intervenci�n de los causahabientes. Y no ha lugar a la suspensi�n del procedimiento, en virtud de que, en t�rminos del art�culo 2600 del C�digo Civil para el Distrito y Territorios Federales, y teniendo mandatario el actor, aun cuando el mandato termina por muerte del mandante, el mandatario debe continuar en su encargo, en tanto los herederos proveen por s� mismos en los negocios, siempre que de lo contrario pueda resultar un perjuicio. Por otra parte, conforme al art�culo 300 reformado de la Ley Federal del Trabajo, aplicable por analog�a, si un trabajador muere antes de hacer efectivos los derechos que dicho precepto se�ala, ese derecho corresponde a quienes dependen econ�micamente de �l.

De lo antes precisado, es indudable que debe arribarse a la conclusi�n que si fallecido el trabajador durante la tramitaci�n del juicio laboral se emite laudo sin que para esa fecha se haya tramitado la sucesi�n relativa, a fin de que se designe albacea, o se promueva la sustituci�n procesal, el mandatario podr� continuar con la tramitaci�n del juicio por todas sus instancias, incluyendo el juicio de garant�as, hasta en tanto no se apersone a juicio la sucesi�n a defender sus intereses por s�, o en su defecto se provea lo conducente a la sustituci�n procesal, ya que de no hacerlo, es evidente que se le pueden ocasionar perjuicios de relevancia a los intereses de tal sucesi�n, provocando de esa manera estado de indefensi�n, por la preclusi�n de derechosprocesales, m�xime que el plazo para promover el juicio de garant�as es breve (quince d�as).

Adem�s, no se debe pasar por alto la circunstancia de que en t�rminos del art�culo 774 de la Ley Federal del Trabajo se establece que en caso de muerte del trabajador, mientras tanto comparecen a juicio sus beneficiarios, la Junta har� la solicitud al procurador de la Defensa del Trabajo, en los t�rminos y para los efectos a que se refiere el art�culo 772 de esta ley; es decir, para que se hagan gestiones tendentes a la continuaci�n del juicio, ya que de no existir actuaciones dentro de un t�rmino de tres meses, se decretar� la caducidad de la instancia.

Lo anterior pone de manifiesto que la propia ley laboral permite que el mandatario contin�e con el mandato a fin de evitar que se cause da�os de dif�cil reparaci�n a la parte trabajadora, que provoque su estado de indefensi�n, como ser�a la propia caducidad, antes precisada.

Son aplicables al caso, en lo conducente, los criterios que se transcriben a continuaci�n.

"Quinta �poca

"Instancia: Tercera S.

"Fuente: Semanario Judicial de la Federaci�n

"Tomo: CVII

"P�gina: 41

"MANDATARIO, REVISI�N INTERPUESTA POR EL, DESPU�S DE LA MUERTE DEL MANDANTE.-Si bien es cierto que la muerte del mandante extingue el mandato, de acuerdo con la fracci�n II del art�culo 2592 del C�digo Civil para el Distrito y Territorios Federales, tambi�n lo es que el mandatario est� obligado a continuar en la administraci�n, entretanto los herederos proveen por s� mismos a los negocios, siempre que de lo contrario pueda resultar alg�n perjuicio, conforme al art�culo 2600 del mismo ordenamiento. Por tanto, la gesti�n por la cual interpuso el mandatario el recurso de revisi�n en un juicio de amparo, con posterioridad a la muerte del mandante, debe considerarse leg�tima, si de autos no consta que hubiera un representante legal de la sucesi�n, esto es, que los herederos hubieren prove�do por s� mismos a los negocios del autor de la herencia, ya que de otro modo, si el mandatario hubiera consentido la sentencia cuya revisi�n solicit�, se perjudicar�an los intereses de la sucesi�n."

"Sexta �poca

"Instancia: Tercera S.

"Fuente: Semanario Judicial de la Federaci�n

"Tomo: LXXIV, Cuarta Parte

"P�gina: 31

MANDATO. ACTOS EJECUTADOS POR UN MANDATARIO CON POSTERIORIDAD A LA MUERTE DEL MANDANTE PARA EVITAR LA CADUCIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO.-Si habiendo fallecido el quejoso de un amparo, su mandatario sigue promoviendo para evitar la caducidad del juicio, no procede el sobreseimiento del propio juicio de amparo, pues resultar�a evidentemente un perjuicio para los intereses del quejoso si su mandatario no siguiera agitando para evitar la caducidad y por lo tanto es aplicable lo dispuesto en el art�culo 2480 del C�digo Civil que establece que aunque el mandato termina por la muerte del mandante, debe el apoderado continuar en la administraci�n entretanto los herederos proveen por s� mismos a los negocios, siempre que de lo contrario pueda resultar alg�n perjuicio.

Desde luego, tambi�n debe hacerse notar que si bien es cierto que el art�culo 15 de la Ley de Amparo permite la continuaci�n del juicio por parte del representante y se refiere exclusivamente al caso del fallecimiento del quejoso o del tercero perjudicado, una vez instado el juicio constitucional, no es menos cierto que el esp�ritu que inspira tal determinaci�n es el no dejar indefensa alguna de las partes contendientes, admitiendo la pr�rroga del mandato, en caso de fallecimiento del agraviado o del tercero perjudicado, esp�ritu que desde luego debe ser trasladado a aquellos asuntos como los que dieron origen a la presente contradicci�n de tesis.

Es aplicable al caso, la tesis que se transcribe a continuaci�n.

"Quinta �poca

"Instancia: Tercera S.

"Fuente: Semanario Judicial de la Federaci�n

"Tomo: LXXX

"P�gina: 4116

"FALLECIMIENTO DEL QUEJOSO, CONTINUACI�N DEL MANDATO EN CASO DE.-Si bien es verdad que conforme al art�culo 2595 del C�digo Civil del Distrito Federal, el mandato termina entre otras causas, por la muerte del mandante, tambi�n lo es que el art�culo 2600 del mismo c�digo dispone que en tales casos debe el mandatario continuar en la administraci�n, entretanto los herederos proveen por s� mismos a los negocios, siempre que de lo contrario pueda resultar alg�n perjuicio; y el art�culo 15 de la Ley de Amparo, admite tambi�n esa pr�rroga del mandato, en caso de fallecimiento del agraviado o del tercer perjudicado. Por tanto, si habiendo fallecido el quejoso, no hay pruebas de que se haya provisto de representante legal a su sucesi�n, se est� en el caso de la excepci�n consignada en el citado art�culo 2600, y debe admitirse la personalidad del mandatario del agraviado, promovente del amparo."

De ello se concluye que cuando existe designado un mandatario en un juicio laboral, ante la muerte de un trabajador, aqu�l deber� continuar con las gestiones correspondientes, hasta en tanto no se apersone a juicio la sucesi�n, ya que de lo contrario incurrir� en las responsabilidades que establece la ley civil, gestiones dentro de las cuales se debe incluir al juicio de garant�as, ya que este medio de control constitucional debe ser considerado dentro de las gestiones conducentes a la continuaci�n del juicio, ya que tiene por objeto la conservaci�n de los derechos de la sucesi�n del mandante e impedir su estado de indefensi�n, por la preclusi�n de derechos procesales, que deben ser ejercidos perentoriamente.

Por �ltimo, tampoco se debe pasar por alto la circunstancia de que los criterios en que el Tercer Tribunal Colegiado del D�cimo Circuito apoy� su fallo, no eran estrictamente aplicables al caso sujeto a estudio, ya que el primero de ellos, es decir, la tesis del rubro: "APODERADO, CESA SU PERSONALIDAD PARA EL AMPARO, SI MUERE SU PODERDANTE.", fue sostenido por la extinta Cuarta S., en la Quinta �poca y tal criterio debe entenderse superado por el diverso criterio sustentado por esa misma S., en la S�ptima �poca, a trav�s de la tesis transcrita en apartados precedentes (foja 66 de la presente ejecutoria), bajo el rubro: "SUSPENSI�N IMPROCEDENTE DEL PROCEDIMIENTO POR MUERTE DEL TRABAJADOR.", ya que en esta tesis se sostuvo el criterio de que en t�rminos del art�culo 2600 del C�digo Civil para el Distrito Federal, teniendo mandatario el actor, aun cuando el mandato termina por muerte del mandante, el mandatario debe continuar en su encargo, en tanto los herederos proveen por s� mismos en los negocios, siempre que de lo contrario pueda resultar un perjuicio.

Por otro lado, el segundo de los criterios en que se apoy� dicho Tribunal Colegiado, de rubro: "AMPARO IMPROCEDENTE POR INEXISTENCIA DEL QUEJOSO.", se refiere a la desaparici�n de un sindicato por haberse fusionado con otro, por lo que tal criterio no atiende a la situaci�n que concretamente analiz� en el juicio de garant�as, es decir, a la muerte de una persona f�sica.

Conforme a todo lo antes relatado el criterio que debe prevalecer con car�cter de jurisprudencia es el que se redacta a continuaci�n.

AMPARO. PUEDE PROMOVERSE POR EL MANDATARIO DEL TRABAJADOR, DESPU�S DE LA MUERTE DE �STE.-Aunque por regla general el mandato termina por la muerte del mandante, existe disposici�n expresa en el art�culo 2600 del C�digo Civil Federal, en el sentido de que el mandatario deber� continuar en la gesti�n de su encargo entretanto los herederos provean por s� mismos a la administraci�n de los negocios, siempre que de lo contrario pueda resultar alg�n perjuicio para sus intereses. En consecuencia, si durante la tramitaci�n de un juicio laboral muere el trabajador y se dicta el laudo relativo, el mandatario podr� promover el juicio de garant�as en su representaci�n, ya que este medio de control constitucional debe considerarse dentro de las gestiones conducentes a la continuaci�n del juicio, pues tiene por objeto la conservaci�n de los derechos de la sucesi�n del mandante; de manera que en tanto no se apersone a juicio dicha sucesi�n a trav�s del albacea, el mandatario deber� continuar en el ejercicio de su encargo con el fin de no provocar estado de indefensi�n por la preclusi�n de los derechos procesales de aqu�lla.

Por lo expuesto y fundado, se

resuelve:

PRIMERO

No existe la contradicci�n de tesis denunciada, por lo que respecta al criterio sustentado por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del D�cimo S�ptimo Circuito, antes Segundo Tribunal Colegiado del mismo circuito, en los t�rminos precisados en el considerando octavo de esta ejecutoria.

SEGUNDO

S� existe la contradicci�n de tesis denunciada por lo que respecta al criterio sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, en relaci�n con el criterio sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado del D�cimo Circuito.

TERCERO

Debe prevalecer, con car�cter de jurisprudencia, el criterio sustentado por esta Segunda S. de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, el cual qued� redactado en la parte final del considerando �ltimo de este fallo.

N.�quese; con testimonio de esta resoluci�n a los Tribunales Colegiados contendientes y, en su oportunidad, arch�vese el toca.

As� lo resolvi� la Segunda S. de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, por unanimidad de cinco votos de los se�ores Ministros: M.B.L.R., G.D.G.�ngora P., S.S.A.A., G.I.O.M. y presidente J.D.R.. Fue ponente el se�or M.S.S.A.A..