Ejecutoria num. 1a./J. 53/2005 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala - Jurisprudencia - VLEX 26823877

Ejecutoria num. 1a./J. 53/2005 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala

Emisor:Primera Sala
Número de Resolución:1a./J. 53/2005
Materia:Suprema Corte de Justicia de México
Fecha de Publicación: 1 de Julio de 2005
RESUMEN

CONTRADICCIÓN DE TESIS 126/2004-PS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y SEGUNDO, AMBOS EN MATERIA CIVIL DEL SÉPTIMO CIRCUITO.SUSPENSIÓN DEFINITIVA DE LA REDUCCIÓN DE LA PENSIÓN ALIMENTICIA PROVISIONAL. EL JUEZ DEBE VALORAR EN CADA CASO SI PROCEDE OTORGAR LA GARANTÍA CORRESPONDIENTE, A FIN DE SALVAGUARDAR LA SUBSISTENCIA TANTO DEL ACREEDOR COMO DEL DEUDOR ALIMENTARIO.

 
ÍNDICE
CONTENIDO

CONTRADICCI�N DE TESIS 126/2004-PS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y SEGUNDO, AMBOS EN MATERIA CIVIL DEL S�PTIMO CIRCUITO.

CONSIDERANDO:

SEGUNDO

El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del S�ptimo Circuito al conocer del juicio de amparo n�mero 377/2003 consider�, en lo que interesa, lo siguiente:

Del argumento en estudio se desprende que lo pretendido por el recurrente es que se analice si al conceder la suspensi�n definitiva de los actos reclamados, el a quo consider� los da�os que se le causar�an. En relaci�n con ello, se tiene que al conceder la suspensi�n definitiva de los actos reclamados, el a quo estim� en relaci�n con el punto en estudio, que ?... La medida cautelar surte efectos de inmediato y sin necesidad de otorgar garant�a alguna dada la naturaleza del acto que en la especie se reclama.?. De ese razonamiento se advierte que la Juez Federal, ciertamente, dej� de considerar, al momento de pronunciarse respecto de si proced�a o no fianza para que se suspendiera el acto reclamado, si con la concesi�n de la medida se causaban da�os al tercero perjudicado, por lo que ante tal omisi�n, que se traduce en falta de motivaci�n s�lo en este punto cuestionado, este tribunal asume plenitud de jurisdicci�n para resolver. Es aplicable, por analog�a, el criterio sustentado por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, en la jurisprudencia n�mero 10/2001, publicada en la p�gina trece, T.X., enero de dos mil uno, correspondiente a la Novena �poca del Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: ?SUSPENSI�N PROVISIONAL. LA OMISI�N DE FUNDAR Y MOTIVAR EL AUTO EN QUE SE RESUELVE, DEBE REPARARSE POR EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO QUE EST� FACULTADO PARA ELLO, AL RESOLVER EL RECURSO DE QUEJA.? (se transcribe). En efecto, si como qued� establecido, es procedente la suspensi�n contra la resoluci�n que redujo el importe de la pensi�n alimenticia fijada a favor del quejoso, puesto que el inter�s social est� vinculado con la ministraci�n de las pensiones alimenticias, porque responden a una necesidad imperiosa e inaplazable, que tiende a la satisfacci�n urgente y actual de la subsistencia, y que de no concederse, expondr�a a la parte quejosa a demoras que causar�an da�os y perjuicios de dif�cil reparaci�n, con la ejecuci�n del acto reclamado; se estima, opuesto a lo que consider� la Juez Federal, que en t�rminos del art�culo 125 de la Ley de Amparo, debe exigirse, como requisito de efectividad de la medida cautelar, que el amparista garantice los posibles da�os y perjuicios que a su vez pueda resentir el tercero perjudicado de no obtener el quejoso sentencia favorable en el juicio de amparo, pues de ser ello as�, debe restitu�rsele la diferencia en el monto de las pensiones. El anterior criterio encuentra fundamento en la tesis sustentada por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, la cual se public� en la p�gina dos mil novecientos noventa y dos del Tomo LIX, correspondiente a la Quinta �poca del Semanario Judicial de la Federaci�n, seg�n la fuente oficial en consulta, de contenido siguiente: ?ALIMENTOS, SUSPENSI�N TRAT�NDOSE DE REDUCCI�N DE PENSI�N DE. Cuando se reclama la orden de la autoridad judicial, que disminuye el monto de una suspensi�n alimenticia, o bien, se libera el deudor de su cargo, la suspensi�n debe concederse, mediante fianza que garantice el monto de las pensiones entregadas desde la fecha de la orden, hasta que se falle el fondo del amparo; sin que pueda considerarse que la suspensi�n tiene efectos restitutorios, puesto que el pago de las pensiones es un acto de tracto sucesivo que se verifica de momento a momento, y la suspensi�n no tendr� por objeto que se haga el pago de las pensiones ca�das, sino que, a partir de la fecha en que sea notificada la resoluci�n del incidente, el deudor alimentista, deber� cubrir la pensi�n en la forma que antes lo hac�a, siempre que se otorgue fianza por la diferencia en el monto de las pensiones.?. Ahora bien, procede fijar el monto de la garant�a correspondiente, lo cual se hace teni�ndose en cuenta lo siguiente: a) Que el monto de la pensi�n alimenticia provisional fijada en un cuarenta por ciento del sueldo y dem�s prestaciones que percibe el recurrente, se redujo, en virtud del acto reclamado, al veinticinco por ciento; b) Que no existe constancia que revele la cantidad a que asciende el salario que percibe el deudor alimentario; y, c) Que el tiempo probable que se ha estimado para resolver el amparo promovido por el quejoso es de tres meses. As�, este �rgano colegiado, atendiendo a la facultad discrecional que establece el art�culo 125, p�rrafo segundo, de la Ley de Amparo, fija la cantidad de mil pesos como garant�a para que surta sus efectos la suspensi�n de los actos reclamados en el juicio de garant�as, con el objeto de reparar el da�o o indemnizar los posibles perjuicios ocasionados con la medida cautelar, misma que deber� cubrir el quejoso en cualquiera de las formas establecidas por la ley, exhibi�ndola ante y a satisfacci�n del Juez de Distrito, dentro del t�rmino de cinco d�as siguientes a la notificaci�n de esta resoluci�n, en la inteligencia que de no cubrirla en esos t�rminos, dejar� de surtir sus efectos la suspensi�n definitiva concedida, conforme lo dispuesto por los art�culos 138, primer p�rrafo y 139 de la Ley de Amparo. En conclusi�n, dado lo fundado del agravio aducido, lo que procede es modificar la interlocutoria recurrida y conceder la suspensi�n definitiva solicitada, previa fianza que deber� cubrirse en los t�rminos indicados en esta ejecutoria.

TERCERO

El Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del S�ptimo Circuito, el veinticinco de junio de dos mil tres, resolvi� el juicio de amparo n�mero 374/2003, considerando lo siguiente:

QUINTO. Los agravios que al caso expresa el recurrente, resultan ineficaces. En efecto, devienen de esa caracter�stica los razonamientos aducidos por el inconforme, en los que aduce, esencialmente, que el fundamento de su recurso lo hac�a derivar del hecho de que la quejosa se doli� del auto en el que se le disminuy� de dos salarios a uno el importe de la pensi�n alimenticia, lo que, seg�n su parecer, le causa agravios y la dejaba en estado de indefensi�n; que si bien los alimentos van en relaci�n con la necesidad de quien debe recibirlos, pero tambi�n en relaci�n con la posibilidad de quien debe otorgarlos; que lo anterior no fue tomado en cuenta en la interlocutoria, as� como que la quejosa resultaba una profesional, ya que trabajaba como maestra y ten�a una plaza que le era pagada por la Federaci�n con todas sus prerrogativas; que para la fijaci�n de los alimentos debi� tomarse en consideraci�n que la quejosa omiti� se�alar que pagara (sic) una renta o que las menores no tuvieran un lugar en donde vivir, lo que era un aspecto importante para establecer la necesidad de quien debe recibir alimentos, y s�lo exist�a la manifestaci�n de la quejosa en el sentido de que percib�a un buen salario, siendo que es un obrero y que por lo mismo se hab�a visto en la necesidad de emigrar a los Estados Unidos de Norteam�rica para poder subsistir, arriesgando su vida y violando disposiciones de orden p�blico de los Estados Unidos; que como obrero percib�a el equivalente a un salario m�nimo, y que ha cubierto y entregado diversas cantidades por concepto de pensi�n alimenticia en un diverso juicio que se encuentra pendiente de resoluci�n; que con la orden de pagar por concepto de pensi�n alimenticia, el equivalente a dos salarios m�nimos, lo induc�an a volverse un delincuente; que si tuviera un trabajo en donde ganara lo que le ped�a la quejosa, se lo dar�a; que la quejosa contaba con una casa y un terreno, producto de lo que hab�a ganado en los a�os que se fue a trabajar a los Estados Unidos; que al no tomarse en consideraci�n las anteriores circunstancias, le irrogaba agravios, por lo que solicitaba se consideraran en la revisi�n, porque lo que observ� la responsable en la parte procesal correspondiente dentro del juicio ordinario civil 230/2001, hab�an sido las simples manifestaciones de la quejosa, sin aportar prueba id�nea, sin manifestar que ella estaba en una situaci�n desahogada, por ser empleada federal. Lo anterior es as�, si se toma en cuenta que como se desprende de los agravios vertidos por el recurrente en contra de la resoluci�n emitida por el Juez de Distrito, en ellos no se exponen argumentos legales en contra de los fundamentos y consideraciones en que se sustent� aqu�lla, y que pudieran hacer variar su sentido; pues lo que en ellos se aduce se encamina a controvertir el fondo del asunto, lo que en todo caso pudiera ser materia del juicio principal de donde dimana el incidente de suspensi�n en donde se pronunci� el fallo motivo del presente recurso; por lo que la resoluci�n recurrida deber� quedar firme y seguir rigiendo ante la insuficiencia de los propios agravios. A mayor abundamiento, cabe precisar que los razonamientos vertidos en la interlocutoria dictada por el a quo, resultan ajustados a derecho; habida cuenta que, en el presente caso, se satisfacen los requisitos exigidos por el art�culo 124 de la Ley de Amparo, ya que quien la solicita es la directamente agraviada, con la resoluci�n que constituye el acto reclamado; adem�s, no se sigue perjuicio al inter�s social ni se contravienen disposiciones de orden p�blico y, finalmente, de no concederse dicha medida se estar�an causando perjuicios a la peticionaria de garant�as que ser�an de dif�cil reparaci�n, pues se le estar�a impidiendo recibir la protecci�n necesaria para su subsistencia, en contravenci�n de las disposiciones legales de orden p�blico que le han establecido y se afectar�a el inter�s social, sin que, como lo sostuvo el Juez Federal, se haga necesario el otorgamiento de garant�a alguna, al estar de por medio la subsistencia de esos acreedores alimentarios; de ah� que, ante tales circunstancias, resulte correcto el proceder del Juez Federal. Es aplicable al caso, la tesis emitida por este Tribunal Colegiado de Circuito, la que aparece publicada con el n�mero VII.1o.C.2 C, en el Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, Novena �poca, Tomo V, marzo de 1997, p�gina ochocientos cincuenta, que a la letra dice: ?SUSPENSI�N DEFINITIVA SIN OTORGAMIENTO DE GARANT�A. ALIMENTOS A MENORES DE EDAD.? (se transcribe). En consecuencia, ante lo ineficaz de los agravios y al no advertir transgresi�n expresa de la ley que hubiera dejado sin defensa al recurrente, en t�rminos del art�culo 76 bis, fracci�n VI, de la Ley de Amparo, procede confirmar la resoluci�n sujeta a revisi�n y conceder la suspensi�n definitiva solicitada.

En el mismo sentido, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del S�ptimo Circuito resolvi� los amparos en revisi�n 735/95 y 410/2003, el treinta y uno de enero de mil novecientos noventa y seis y el trece de agosto de dos mil tres, respectivamente.

La tesis sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del S�ptimo Circuito es del tenor literal siguiente:

"Novena �poca

"Instancia: Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del S�ptimo Circuito

"Fuente: Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta

"Tomo: V, marzo de 1997

"Tesis: VII.1o.C.2 C

"P�gina: 850

"SUSPENSI�N DEFINITIVA SIN OTORGAMIENTO DE GARANT�A. ALIMENTOS A MENORES DE EDAD. Aun cuando es verdad que el art�culo 125 de la Ley de Amparo ordena que en los casos en que pueda ocasionarse da�o o perjuicio a tercero con la suspensi�n del acto reclamado, se conceder� la medida si el quejoso otorga garant�a bastante para reparar el da�o e indemnizar los perjuicios que con aqu�lla se causaren si no se obtiene sentencia favorable en el juicio de garant�as, tambi�n es cierto que cuando el acto reclamado se hace consistir en la reducci�n de la pensi�n provisional en detrimento de menores de edad, la suspensi�n definitiva debe concederse sin garant�a, al estar de por medio la subsistencia de esos acreedores alimentarios."

CUARTO

Existe contradicci�n de tesis, pues los Tribunales Colegiados involucrados estudiaron la misma cuesti�n jur�dica, tomaron en cuenta similares elementos y, al resolver, llegaron a conclusiones opuestas.

Los antecedentes que informan a todos los asuntos que motivaron los criterios contradictorios son coincidentes, ya que en todos sucedieron los siguientes hechos:

? El acreedor alimentario interpuso juicio de amparo -y solicit� la suspensi�n definitiva- en contra de la resoluci�n en la que se determin� reducir la pensi�n alimentaria provisional.

? Se concedi� la suspensi�n definitiva sin otorgamiento de garant�a.

? Inconforme con tal resoluci�n, el deudor alimentario interpuso recurso de revisi�n.

? Para fundamentar el sentido de su resoluci�n analizaron el contenido del art�culo 124 de la Ley de Amparo.

La contradicci�n de criterios se present� al resolver los recursos de revisi�n, ya que mientras el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del S�ptimo Circuito determin� modificar la resoluci�n recurrida en el sentido de que se debe conceder la suspensi�n definitiva previa fianza, al estimar que "debe exigirse, como requisito de efectividad de la medida cautelar, que el amparista garantice los posibles da�os y perjuicios que a su vez pueda resentir el tercero perjudicado (deudor alimentario) de no obtener el quejoso (acreedor alimentario) sentencia favorable en el juicio de amparo, pues de ser ello as�, debe restitu�rsele la diferencia en el monto de las pensiones"; el Primer Tribunal Colegiado del mismo circuito y materia resolvi� que era correcto otorgar la suspensi�n definitiva sin garant�a, considerando que "quien la solicit� (acreedor alimentario) es la directamente agraviada con la resoluci�n que constituye el acto reclamado; adem�s, no se sigue perjuicio al inter�s social, ni se contravienen disposiciones de orden p�blico y, finalmente, de no concederse dicha medida se estar�an causando perjuicios a la peticionaria de garant�as que ser�an de dif�cil reparaci�n ... sin que se haga necesario el otorgamiento de garant�a alguna, al estar de por medio la subsistencia de esos acreedores alimentarios".

As�, el tema de la contradicci�n de criterios versa en precisar si es necesario otorgar garant�a respecto de la suspensi�n definitiva cuando el acto reclamado es la resoluci�n en la que se determin� la disminuci�n de la pensi�n alimenticia.

QUINTO

Debe prevalecer con car�cter de jurisprudencia el criterio sustentado por esta Primera Sala.

Como qued� expuesto, la materia de la presente contradicci�n estriba en precisar si es necesario otorgar garant�a respecto de la suspensi�n definitiva cuando el acto reclamado es la resoluci�n en la que se determin� la disminuci�n de la pensi�n alimenticia.

Para la resoluci�n del presente asunto, conviene efectuar algunas reflexiones sobre lo que debe entenderse por alimentos, su naturaleza jur�dica, los elementos que abarca, caracter�sticas y dem�s aspectos relacionados.

La doctrina y este Alto Tribunal han sido coincidentes en definir el derecho de alimentos como la facultad jur�dica que tiene una persona denominada acreedor alimentista para exigir a otra, deudor alimentario, lo necesario para vivir como consecuencia del parentesco consangu�neo, del matrimonio, del divorcio y, en determinados casos, del concubinato.

En ese contexto, los alimentos se hacen consistir en proporcionar la asistencia debida para el adecuado sustento de una o varias personas por disposici�n imperativa de la ley, caracteriz�ndose esta obligatoriedad legal por ser rec�proca.

Esto es, este derecho de alimentaci�n proviene de la ley y no de causas contractuales, por tanto, quien ejerce ese derecho para reclamarlo judicialmente, �nicamente debe acreditar que es el titular del derecho para que su acci�n alimenticia prospere.

Lo anterior tiene como base que el legislador ordinario reconoce que la obligaci�n legal de proporcionar los alimentos se funda en el v�nculo de solidaridad que enlaza a todos los miembros de una familia y en la comuni�n de intereses, pues su causa obedece a que las personas pertenecientes de un mismo grupo se deben rec�proca asistencia.

Esto es as�, dado que la obligaci�n alimenticia proviene o tiene su origen en un deber �tico, el cual con posterioridad fue acogido por el derecho y se eleva a la categor�a de una obligaci�n jur�dica provista de sanci�n, la cual, como ya qued� anotado, tiene como prop�sito fundamental proporcionar al familiar lo suficiente y necesario para su manutenci�n o subsistencia; debiendo entenderse este deber en su connotaci�n m�s amplia, esto es, el de asegurar al deudor alimentista los medios de vida suficientes cuando �ste carezca de la forma de obtenerlos y se encuentre en la imposibilidad real de procur�rselos.

El legislador ordinario regul� los alimentos de una persona como un derecho protegido, incluso en contra de la voluntad del propio titular, y le otorg� las caracter�sticas de ser personal�simo, irrenunciable, imprescriptible e intransferible.

Esta Primera Sala ha sostenido que en la obligaci�n alimentaria derivada de la ley, deben imperar los principios de equidad y justicia, por ende, en su fijaci�n se deber� atender a las condiciones reales prevalecientes en ese v�nculo familiar de la que surge este derecho de alimentos.

Esto es, en su fijaci�n adem�s de atender a dos principios fundamentales: estado de necesidad del acreedor y a las posibilidades reales del obligado, tambi�n deber�n ser consideradas y evaluadas las circunstancias o caracter�sticas particulares que prevalecen o representan esa relaci�n familiar, como sin duda lo constituyen: el medio social en que se desenvuelven tanto el acreedor como el deudor alimentario, las costumbres y las circunstancias propias en que se desarrolla cada familia, desde luego, comprendiendo en �sta al c�nyuge, a los hijos y dem�s que resulten beneficiarios conforme lo se�ala la ley sustantiva aplicable al caso en concreto.

Pues es con base en estas particularidades y a los requerimientos cotidianos surgidos de la vida moderna, que el legislador ordinario con el fin de establecer formas pr�cticas de poder cumplir con efectividad esa obligaci�n alimenticia, autoriza al deudor para que pueda cumplirla mediante la asignaci�n de una pensi�n suficiente al acreedor, o bien, incorpor�ndolo a su familia; y s�lo ante la eventualidad de que exista oposici�n a esta incorporaci�n, corresponde entonces al juzgador, tomando en cuenta esas particularidades, fijar la forma en que deber�n suministrarse dichos alimentos.

No se omite mencionar que estas dos formas legales establecidas para cumplir con esta clase de deber alimentario, tambi�n obedecen a que en ocasiones el deudor no tiene posibilidades econ�micas de cumplir con una pensi�n y le es m�s f�cil compartir su casa con el acreedor que desprenderse de recursos, los cuales, incluso pueden hacerle falta para cubrir sus propias necesidades; por ello, el legislador previendo estas inconveniencias, estableci� para tales casos la incorporaci�n que se menciona.

Por otro lado, se debe precisar que una pensi�n alimenticia no s�lo debe circunscribirse a cubrir las necesidades indispensables para la subsistencia del acreedor alimentario, sino tambi�n debe comprender lo necesario para que sobreviva y tenga lo suficiente, acorde a la situaci�n econ�mico-social a la que se encuentra acostumbrado y se desarrolle la familia de la que forma parte, esto es, que si bien en tal asignaci�n no debe existir procuraci�n de lujos ni gastos superfluos, tampoco debe ser tan precaria que s�lo cubra las necesidades m�s apremiantes o de subsistencia del acreedor.

La instituci�n de alimentos no fue creada por el legislador para enriquecer al acreedor o para darle una vida holgada y dedicada al ocio, sino simplemente para que pueda vivir con decoro y pueda atender a sus necesidades sin que,necesariamente, como ya qued� anotado, sean limitadas a aquellas consideradas como apremiantes o vitales para su subsistencia.

Es ilustrativa -en lo conducente- la siguiente tesis de jurisprudencia:

"Novena �poca

"Instancia: Primera Sala

"Fuente: Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta

"Tomo: XIV, agosto de 2001

"Tesis: 1a./J. 44/2001

"P�gina: 11

ALIMENTOS. REQUISITOS QUE DEBEN OBSERVARSE PARA FIJAR EL MONTO DE LA PENSI�N POR ESE CONCEPTO (LEGISLACIONES DEL DISTRITO FEDERAL Y DEL ESTADO DE CHIAPAS).-De lo dispuesto en los art�culos 308, 309, 311 y 314 del C�digo Civil para el Distrito Federal y sus correlativos 304, 305, 307 y 310 del Estado de Chiapas, se advierte que los legisladores establecieron las bases para determinar el monto de la pensi�n alimenticia, las cuales obedecen fundamentalmente a los principios de proporcionalidad y equidad que debe revestir toda resoluci�n judicial, sea �sta provisional o definitiva, lo que significa que para fijar el monto de esta obligaci�n alimentaria debe atenderse al estado de necesidad del acreedor y a las posibilidades reales del deudor para cumplirla, pero, adem�s, debe tomarse en consideraci�n el entorno social en que �stos se desenvuelven, sus costumbres y dem�s particularidades que representa la familia a la que pertenecen, pues los alimentos no s�lo abarcan el poder cubrir las necesidades vitales o precarias del acreedor, sino el solventarle una vida decorosa, sin lujos, pero suficiente para desenvolverse en el status aludido; de ah� que no sea dable atender para tales efectos a un criterio estrictamente matem�tico, bajo pena de violentar la garant�a de debida fundamentaci�n y motivaci�n consagrada en el art�culo 16 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos y, eventualmente, hacer nugatorio este derecho de orden p�blico e inter�s social.

Por otro lado, tambi�n es importante destacar las caracter�sticas esenciales de la suspensi�n:

De conformidad con la fracci�n X del art�culo 107 constitucional, para resolver si procede la suspensi�n del acto reclamado el juzgador debe tomar en cuenta los siguientes elementos:

? La naturaleza de la violaci�n alegada;

? La dificultad para la reparaci�n de los da�os y perjuicios que pueda sufrir el agraviado o el tercero perjudicado con la suspensi�n;

? El inter�s p�blico; y,

? Se deber� otorgar garant�a bastante para reparar el da�o e indemnizar los perjuicios que con la suspensi�n se causaren de no obtenerse resoluci�n favorable en el juicio de garant�as.

La suspensi�n a petici�n de parte requiere la solicitud del agraviado, y tambi�n que se acredite la dif�cil reparaci�n de los da�os y perjuicios que se causen al agraviado con la ejecuci�n del acto. Si se cumplen tales requisitos y no se sigue perjuicio al inter�s social ni se contravienen disposiciones de orden p�blico, la medida debe concederse en los t�rminos establecidos por la Ley de Amparo.

El objetivo de la suspensi�n a petici�n de parte es el de evitar perjuicios al agraviado con la ejecuci�n del acto reclamado, en tanto se resuelve la sentencia definitiva; la ley condiciona la concesi�n del beneficio a la voluntad del interesado.

Entonces, la suspensi�n de los actos reclamados participa de la naturaleza de una medida cautelar, cuya consecuencia natural es que el acto reclamado no se ejecute y que las autoridades responsables se abstengan de continuar con los procedimientos que tienden a ejecutarlo.

Consecuentemente, se procede al examen del requisito de garant�a que, para conceder la suspensi�n del acto reclamado, exige el art�culo 125 de la Ley de Amparo, cuyo texto es el siguiente:

"Art�culo 125. En los casos en que es procedente la suspensi�n pero pueda ocasionar da�o o perjuicio a tercero, se conceder� si el quejoso otorga garant�a bastante para reparar el da�o e indemnizar los perjuicios que con aqu�lla se causaron si no obtiene sentencia favorable en el juicio de amparo.

Cuando con la suspensi�n puedan afectarse derechos del tercero perjudicado que no sean estimables en dinero, la autoridad que conozca del amparo fijar� discrecionalmente el importe de la garant�a.

De la lectura del art�culo transcrito se advierte que es necesario que la parte quejosa otorgue garant�a bastante para reparar el da�o e indemnizar los perjuicios que pudieran ocasionarse al tercero perjudicado, por el hecho de suspenderse el acto reclamado en el caso de no obtener la protecci�n constitucional.

Ahora bien, por garant�a entendemos los diferentes medios de aseguramiento referidos en la Ley de Amparo, tales como la cauci�n, dep�sito, fianza, contrafianza y garant�a hipotecaria; dichos medios deben ser asequibles y otorgarse para que se mantenga la efectividad de la suspensi�n concedida.

Para efectos de la estimaci�n de su monto, el �rgano jurisdiccional en forma discrecional y tomando en cuenta las prestaciones reclamadas, las circunstancias del caso y las pruebas existentes en el amparo, determinar� el importe l�quido o cantidad exacta de la garant�a; en la causa penal atender� a la naturaleza, modalidades y caracter�sticas del delito, la situaci�n econ�mica del quejoso y la posibilidad de que se sustraiga a la acci�n de la justicia.

Por otro lado, conviene hacer la siguiente precisi�n: dada la naturaleza del proceso de amparo, enfrente de la parte quejosa -que pretende que se declare inconstitucional el acto reclamado-, se encuentra el tercero perjudicado. Consecuentemente, en lo que se refiere a la suspensi�n del acto reclamado, se da una oposici�n entre la parte quejosa -que busca se mantengan las cosas en el estado en que se encuentran, paralizando o deteniendo su ejecuci�n- y el tercero perjudicado -que tiene la pretensi�n de que, sin demora, se lleve a cabo la ejecuci�n del acto reclamado-.

Respecto a este conflicto de intereses, la ley contempla normas que buscan mantener el equilibrio sin favorecer ni al quejoso, ni al tercero perjudicado; salvo que se ponga en riesgo la subsistencia de una de las partes o los derechos superiores de un menor.

As�, la Ley de Amparo establece que cuando de acuerdo con lo dispuesto en el art�culo 124 se han satisfecho los requisitos legales respectivos y debe decretarse la suspensi�n del acto reclamado, si existe un tercero interesado en la ejecuci�n de tal acto, la suspensi�n deber� concederse mediante garant�a que el quejoso otorgue para reparar el da�o e indemnizar los perjuicios que con aqu�lla se pudieran causar al tercero, para el caso de que el quejoso no obtuviere sentencia favorable en el juicio de amparo.

En los antecedentes que informan la presente contradicci�n de criterios, la suspensi�n se otorg� respecto de la resoluci�n en la que se determin� reducir la pensi�n alimentaria provisional.

Por tanto, frente al inter�s del acreedor alimentario de seguir recibiendo su pensi�n �ntegra, est� el del deudor alimentario quien consigui� que se redujera tal pensi�n.

Ahora bien, es conveniente precisar que en este tipo de asuntos, puede estar de por medio la subsistencia de una de las partes. Por ello, el juzgador debe valorar en cada caso si ello es as� y determinar, seg�n las particularidades del asunto, si se debe o no otorgar garant�a.

Esto es as�, en virtud de que el derecho a percibir alimentos debe considerarse como un derecho fundamental reconocido y tutelado en la ley, a favor de los menores y de aquellas personas a quienes la propia ley les otorga el car�cter de acreedores alimentarios, en virtud de la relaci�n que tienen o tuvieron con quien debe suministrarlos. Entonces, la autoridad judicial tiene tanto la obligaci�n de salvaguardar el derecho a recibir alimentos del acreedor como la de garantizar la subsistencia del deudor alimentario; en el caso de que se pusiera en riesgo la subsistencia del deudor alimentario, se podr�a decretar que se otorgue la suspensi�n sin garant�a correspondiente.

En la pr�ctica se puede dar el caso de que -como ocurri� en uno de los antecedentes que informan al presente asunto-, es indispensable que se otorgue la garant�a correspondiente a la suspensi�n, pues de no hacerlo se pondr�a en riesgo la subsistencia del deudor, ya que �ste se encontraba obligado a dar una pensi�n que superaba sus ingresos, por lo que no le quedaba nada para su subsistencia.

En tal caso, con el otorgamiento de la garant�a se est� previendo que el amparista garantice los posibles da�os y perjuicios que pudiera resentir el tercero perjudicado, pues en el caso de que no obtenga una sentencia de amparo favorable, deber� restitu�rsele al acreedor alimentario -tercero perjudicado- la diferencia en el monto de las pensiones que, en algunos casos, representa su subsistencia.

Por tanto, es el juzgador el que debe determinar en cada caso si con la suspensi�n de la reducci�n de la pensi�n alimenticia provisional no se est� poniendo en riesgo la subsistencia del acreedor -de acuerdo a sus necesidades- ni del deudor alimentario -de acuerdo a sus posibilidades reales- y resolver lo conducente respecto al otorgamiento de la garant�a.

Por las razones que se expresan y con fundamento en lo dispuesto en el art�culo 195 de la Ley de Amparo, debe prevalecer con car�cter de jurisprudencia el criterio sustentado por esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, al tenor de la tesis redactada con los siguientes rubro y texto:

SUSPENSI�N DEFINITIVA DE LA REDUCCI�N DE LA PENSI�N ALIMENTICIA PROVISIONAL. EL JUEZ DEBE VALORAR EN CADA CASO SI PROCEDE OTORGAR LA GARANT�A CORRESPONDIENTE, A FIN DE SALVAGUARDAR LA SUBSISTENCIA TANTO DEL ACREEDOR COMO DEL DEUDOR ALIMENTARIO.-El art�culo 125 de la Ley de Amparo dispone que en los casos en que la suspensi�n del acto reclamado pueda ocasionar da�o o perjuicio a tercero, dicha medida se conceder� si el quejoso otorga garant�a bastante para reparar el da�o e indemnizar los perjuicios que con ella pudieran causarse si no se obtiene sentencia favorable en el juicio de garant�as. Ahora bien, cuando el acto reclamado consiste en la resoluci�n que decide reducir la pensi�n alimenticia provisional, para determinar si procede el otorgamiento de alguna garant�a, el juzgador debe valorar cada situaci�n particular, ya que debe verificar que con su resoluci�n no se ponga en riesgo la subsistencia del acreedor -de acuerdo a sus necesidades- ni tampoco la del deudor alimentario -seg�n sus posibilidades reales-.

Por lo expuesto y fundado, se

resuelve:

PRIMERO

Existe la contradicci�n de tesis a que se refiere este expediente.

SEGUNDO

Debe prevalecer con el car�cter de jurisprudencia la tesis sustentada por esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n.

TERCERO

D�se publicidad a la tesis en los t�rminos del art�culo 195 de la Ley de Amparo.

N.�quese; con testimonio de esta resoluci�n a los tribunales contendientes y, en su oportunidad, arch�vese este asunto como concluido.

As� lo resolvi� la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, por mayor�a de cuatro votos de los se�ores Ministros: Jos� de Jes�s G.�o P. (ponente), S.A.V.H.�ndez, J.N.S.M. y presidenta O.S.C. de G.�a V.. En contra del voto emitido por el Ministro Jos� Ram�n C.�o D�az.