Ejecutoria num. 1a./J. 50/2005 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala - Jurisprudencia - VLEX 26823916

Ejecutoria num. 1a./J. 50/2005 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala

Emisor:Primera Sala
Número de Resolución:1a./J. 50/2005
Materia:Suprema Corte de Justicia de México
Fecha de Publicación: 1 de Julio de 2005
RESUMEN

CONTRADICCIÓN DE TESIS 95/2004-PS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DÉCIMO Y DÉCIMO SEGUNDO, AMBOS EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.EMBARGO JUDICIAL. EL TÉRMINO PARA QUE OPERE LA CADUCIDAD POR INACTIVIDAD PROCESAL QUE GENERA EL DERECHO A SOLICITAR LA CANCELACIÓN TOTAL DEL ASIENTO RELATIVO EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD, ÚNICAMENTE PUEDE INTERRUMPIRSE MEDIANTE LA PRESENTACIÓN DE PROMOCIONES QUE CONLLEVEN IMPULSO PROCESAL (LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL).

 
CONTENIDO

CONTRADICCI�N DE TESIS 95/2004-PS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS D�CIMO Y D�CIMO SEGUNDO, AMBOS EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.
CONSIDERANDO:
CUARTO. El criterio sustentado por el D�cimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que es materia de esta resoluci�n, proviene de la sentencia dictada el veintinueve de junio de dos mil cuatro en el recurso de revisi�n 238/2004, en la cual consider� en esencia lo siguiente:
"Ahora bien, en el caso, se trata de resolver, a la luz de lo que dispone el art�culo 3033, fracci�n VI, si es legalmente posible, en el caso que se analiza, proceder a la cancelaci�n de la inscripci�n del embargo trabado en autos, y en ese supuesto, interpretar si las promociones donde se autorizan personas, se solicitan copias, la devoluci�n de los autos del archivo, o se d� por notificada alguna de las partes de la llegada de los autos, sean o no a las que exige tal precepto para interrumpir la inactividad procesal. El citado precepto dispone: ?Art. 3033. Podr� pedirse y deber� ordenarse, en su caso, la cancelaci�n total: ... VI. Cuando trat�ndose de c�dula hipotecaria o de embargo hayan transcurrido dos a�os desde la fecha del asiento, sin que el interesado haya promovido en el juicio correspondiente.?. Ahora bien, considera la J. de Distrito que esa clase de promociones s� interrumpen el t�rmino de dos a�os previsto en el numeral citado para la cancelaci�n de la inscripci�n de embargo, en raz�n de que en el precepto mencionado no se establece qu� tipo de promociones interrumpen la inactividad procesal, apoy�ndose en la tesis del rubro: ?INSCRIPCI�N PREVENTIVA DE EMBARGO, PROMOCI�N QUE INTERRUMPE LA CADUCIDAD DE LA.?. Por su parte, el recurrente se apoya en la tesis por contradicci�n que se refiere a ?CADUCIDAD DE LA INSTANCIA. S�LO ES SUSCEPTIBLE DE INTERRUPCI�N A TRAV�S DE PROMOCIONES QUE TIENDAN A IMPULSAR EL PROCEDIMIENTO Y NO CON CUALQUIER ESCRITO (LEGISLACI�N PROCESAL DEL DISTRITO FEDERAL).?, manifestando que no confunde la caducidad de la instancia con la extinci�n del asiento registral y que, en el caso, no existi� impulso procesal, ya que la actora s�lo se concret� a autorizar personas y solicitar la devoluci�n de los autos del archivo. Ahora bien, le asiste la raz�n al quejoso y recurrente, ya que a trav�s de la tesis en que se apoya, en �sta se hace una interpretaci�n de un precepto donde tampoco hace referencia a qu� clase de promociones se refiere para interrumpir la caducidad de la instancia, que es el art�culo 137 bis del C�digo Civil, que si bien se refiere a los juicios civiles y a la caducidad de la instancia en tanto que el acto reclamado proviene de un juicio mercantil y se discute la cancelaci�n de un embargo por inactividad procesal, lo cierto es que se interpreta el precepto ah� citado, s�lo en el sentido de su parte final, del primer p�rrafo donde alude a que ?si transcurridos ciento veinte d�as contados a partir de la notificaci�n de la �ltima determinaci�n judicial no hubiere promoci�n de cualquiera de las partes?. En el caso, la similitud de la interpretaci�n para la interrupci�n del t�rmino, radica en que el art�culo 137 bis, fracci�n VI, del C�digo de Procedimientos Civiles dice: ?... no hubiere promoci�n de cualquiera de las �partes�?. Por su parte el art�culo 3033, fracci�n VI, del C�digo Civil expone: ?... sin que el interesado haya promovido en el juicio correspondiente?. Como puede observarse, ninguno de los dos preceptos establece la clase de promoci�n apta para interrumpir el t�rmino de actos para impulsar el procedimiento. En ese sentido, la jurisprudencia por contradicci�n de tesis en que se apoya el recurrente, interpreta a qu� clase de promociones se refiere ese numeral (y similar al que es materia del estudio), en el supuesto de que �stas deben ser en el sentido de manifestar su deseo o su voluntad de continuar el procedimiento y que la doctrina califica de impulso procesal, esto es, que tienen el efecto de hacer progresar el juicio y en tal supuesto, no se puede impedir la interrupci�n del t�rmino de la caducidad con promociones fr�volas o improcedentes, sino s�lo con aquellas que revelen o expresen el deseo o voluntad de las partes de mantener viva la instancia, esto es, que tuvieran como consecuencia activar el procedimiento y excitar al �rgano jurisdiccional a continuar hasta culminarlo, en el caso, hasta tener por satisfecho el pago de lo condenado por encontrarse el contradictorio en la etapa de ejecuci�n de sentencia. En ese sentido se utiliza la tesis de contradicci�n que se ha citado para apoyar la conclusi�n a que se llega, ya que donde existe la misma raz�n debe existir la misma disposici�n. Ahora bien, en concepto de este cuerpo colegiado, las promociones presentadas ante el J. de la causa autorizando personas, solicitando copias, pidiendo la devoluci�n de los autos del archivo, o se d� por notificada alguna de las partes de la llegada de los autos, no tienen el alcance que se les pretende atribuir, es decir, de conformidad a su contenido, no puede desprenderse que se trate de promociones con las caracter�sticas de impulsar el juicio en su etapa correspondiente, y de buscar su continuaci�n hasta dar por cumplida la sentencia, presupuestos que resultan necesarios para que pueda mantenerse viva una inscripci�n de embargo. En efecto, el impulso procesal, es lo que los procesalistas definen bajo el concepto de carga, o sea, implica un deber sine qua non para las partes litigantes, pues a ellas pertenece la obligaci�n de instar el procedimiento en busca de la tutela de sus intereses privados. As�, el actor tiene la obligaci�n entendida t�cnicamente como carga, de procurar dentro del menor tiempo posible exigir el pago de lo debido a trav�s de lo decretado en la sentencia, como el que se haga la petici�n del pago, promover los incidentes que logran el pago de los accesorios para ver satisfechas sus pretensiones emanadas de la misma sentencia firme, pedir que se lleve a cabo el remate llenando los requisitos legales a trav�s de sus etapas; ese mismo deber opera para el demandado, puesto que igual obligaci�n tiene de dar contestaci�n a las incidencias propuestas as� como velar por sus intereses respecto del pago que tiene que realizar, ofrecer pruebas, etc�tera, dado que es propiamente a los contendientes a quienes beneficiar� o perjudicar� el procedimiento de ejecuci�n y en caso (sic) mantener viva la inscripci�n del embargo. Ahora bien, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n en sesi�n de veintinueve de noviembre de 1995, al resolver la contradicci�n de tesis 12/95 emiti� la jurisprudencia a que se ha hecho referencia, bajo el n�mero 1/96, que se encuentra publicada en el Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, Tomo III, correspondiente al mes de enero de 1996, p�gina 9, textualmente expresa: ?CADUCIDAD DE LA INSTANCIA. S�LO ES SUSCEPTIBLE DE INTERRUPCI�N A TRAV�S DE PROMOCIONES QUE TIENDAN A IMPULSAR EL PROCEDIMIENTO Y NO CON CUALQUIER ESCRITO (LEGISLACI�N PROCESAL DEL DISTRITO FEDERAL).? (la transcribe). Del estudio abordado por la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, se desprende que para interrumpir la caducidad se requiere de un acto procesal de las partes en donde manifiesten su deseo o su voluntad de continuar con el procedimiento, lo que en el fondo significaba impulsar el juicio mediante la promoci�n respectiva, limitando la posibilidad de impedir la interrupci�n del t�rmino de la caducidad con promociones fr�volas o improcedentes, sino s�lo con aquellas que revelen o expresen el deseo o voluntad de las partes de mantener viva la instancia, esto es, que tuvieran como consecuencia activar el procedimiento y excitar al �rgano jurisdiccional a continuar hasta dictar sentencia. As� tambi�n, conceptu�, que el impulso del proceso no revest�a un deber sino una carga en el sentido t�cnico procesal del vocablo, cuyo efecto es que la propia ley dispone el acto o actos que deben realizarse como una condici�n para que se desencadenen los efectos favorables al interesado para que el proceso no se extinga y se mantenga vivo, para ello, es una condici�n sine qua non, el que se promueva; finalmente, la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, dedujo que no resultaba cierto que bastara la promoci�n de cualquier escrito para interrumpir la caducidad de la instancia, y que no importara su contenido, siendo m�s que suficiente que se dirigiera al expediente por cualquiera de las partes, sino que de lo resuelto deber�a concluirse que la promoci�n indicada tuviera el efecto de impulsar el proceso judicial. Este cuerpo colegiado, estudiando el contenido de la jurisprudencia, en el texto propiamente de la misma, si bien por un lado advierte que la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n al analizar la instituci�n de la caducidad en el procedimiento civil conforme a la legislaci�n procesal del Distrito Federal, abord� diversos aspectos como lo son: a) la interrupci�n de la caducidad; b) el impulso procesal; c) el concepto de carga en su sentido t�cnico procesal; y d) que no era cierto que cualquier promoci�n presentada en juicio fuera bastante para interrumpir la caducidad; destac� que las promociones fr�volas e improcedentes no deben ser consideradas como interruptoras de la caducidad, sino s�lo aquellas que tendieran a poner en marcha el proceso para culminar a trav�s de una sentencia; sin embargo, acudiendo al texto de la ejecutoria, que por razones de econom�a y concentraci�n procesal en las resoluciones, no se trae a colaci�n �ntegramente, s�lo la parte final en donde se dijo lo siguiente: ?... Acorde con lo anterior, se considera que la tesis que debe prevalecer es la sustentada por el S�ptimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que dio origen a la denuncia de contradicci�n que nos ocupa, atento a los razonamientos que enseguida se expresan ... La interpretaci�n de una norma jur�dica significa determinar su sentido, su extensi�n o su alcance regulador, lo que se obtiene utilizando los m�todos id�neos como el l�gico, el sistem�tico, el aut�ntico o el causal-teleol�gico ... En el presente caso la interpretaci�n letr�stica del art�culo 37, fracci�n IX, del C�digo de Procedimientos Civiles podr�a llevar a conclusiones contradictorias, por las siguientes razones ... La caducidad, en el derecho procesal, es la extinci�n de la instancia judicial porque las dos partes abandonan el ejercicio de la acci�n respectiva. Este abandono se manifiesta en que ninguna de ellas hace en el proceso las promociones necesarias para que �ste llegue a su fin ... Conforme al principio dispositivo, el ejercicio de la acci�n procesal est� encomendado en sus dos formas, activa y pasiva, a las partes y no al J., es decir, en los juicios civiles las partes deben gestionar su tramitaci�n y luchar por concluirlo. El abandono de esta carga procesal se sanciona con la caducidad ... Ahora bien, es evidente que no toda promoci�n de las partes tiene el prop�sito de llevar el proceso a su fin, pues es dable formular promociones con otro objetivo que puede ser el contrario, es decir, el de entorpecer su avance ... Como puede f�cilmente advertirse de lo anterior la intenci�n del legislador fue la de fijar un t�rmino dentro del cual, si las partes dejaban de promover lo necesario para conducir el juicio hasta su fin natural operara de pleno derecho la caducidad de la instancia, de lo que se sigue, que cuando las partes promovieran lo necesario para conducir el juicio hasta su fin natural, entonces, se interrumpir�a dicho t�rmino y, por ende, no habr�a caducidad ... De tal suerte que, las partes deben impulsar el procedimiento, manifestando su inter�s en proseguirlo, a trav�s de promociones que activen el procedimiento y exciten al �rgano jurisdiccional hasta dictar sentencia, pero no de cualquier tipo y contenido, atendiendo �nicamente al texto de la norma, ya que de esta manera, la interpretaci�n de la misma quedar�a reducida a un campo de aplicaci�n literal sumamente restringido, con resultados distintos a los pretendidos por el legislador ... As� las cosas, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n estima que, las promociones cuya finalidad sea solamente de autorizar a determinadas personas para o�r notificaciones o la de que se reconozca a alguien el car�cter de abogado patrono o apoderado o la de se�alar nuevo domicilio para o�r notificaciones, no son id�neas para interrumpir la caducidad de la instancia, en tanto que no tienden a activar o a impulsar el procedimiento, pues si bien pudiera pensarse que, con dichas promociones, se evidenciara el inter�s del promovente en mantener vivo el procedimiento y continuar con el mismo, ello no deja de ser una apreciaci�n meramente subjetiva y sin ning�n sustento legal, ya que de igual manera se podr�a sostener, que tales promociones se pudieran presentar, invariablemente, una y otra vez, con el �nico objeto de interrumpir la caducidad y evitar �sta, sin tener la intenci�n de proseguir el juicio.?. Conforme a lo anterior, si bien del texto de la jurisprudencia publicada pudiera desprenderse en forma meridiana, cu�les escritos no tienen la cualidad de ser interruptores de la caducidad, puesto que �nicamente se refiere a las ?promociones fr�volas o improcedentes?, el texto de la ejecutoria es claro al acotar una limitaci�n, sobre aquellas promociones cuya finalidad sea solamente autorizar a determinadas personas para o�r notificaciones, que se reconozca a alguien el car�cter de abogado patrono o apoderado o la de se�alar nuevo domicilio para o�r notificaciones, pues indica que no son id�neas para interrumpir la caducidad de la instancia, en tanto que no tienden a activar o a impulsar el procedimiento. Adem�s, que tales promociones se pueden presentar invariablemente, una y otra vez, con el �nico objeto de interrumpir la caducidad y evitar �sta, en el caso que se analiza, de interrumpir la inactividad procesal para evitar la cancelaci�n del embargo, sin tener la intenci�n de proseguir la ejecuci�n, tal vez con el fin de que pudieran seguir gener�ndose intereses y otros accesorios por el transcurso del tiempo en perjuicio del condenado; lo que pone de manifiesto, no �nicamente la circunstancia destacada por la Suprema Corte en cuanto a la categor�a que las peticiones por escrito de las partes deben revestir, por cuanto no deben considerarse aquellas cuyo contenido sea el de una mera frivolidad, tendente a permitir el retraso del juicio; sino que adem�s, claramente indica, que aquellas que se presentan con el �nimo de autorizar a alguien para o�r y recibir notificaciones no tienen el alcance jur�dico interruptor de la caducidad. A todo ello cabe agregar, que en materia mercantil, en el caso tomando como base la supletoriedad en materia sustantiva del C�digo Civil en su art�culo 3033, fracci�n VI, conforme al numeral 2o. del C�digo de Comercio, que establece la instituci�n de la cancelaci�n de las inscripciones preventivas por el hecho de que al transcurrir dos a�os desde la fecha de asiento sin que el interesado haya promovido en el juicio correspondiente, sin que las partes hubieran hecho promoci�n alguna tendente a mantener la marcha normal de la etapa de ejecuci�n hasta culminar con el pago de lo sentenciado, lo que supone la ausencia del impulso procesal conceptuado por la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, como una carga que recae t�cnicamente sobre el interesado que debe inducirlo a mantener viva la instancia, en el caso justiciable a culminar con la ejecuci�n de la sentencia; es inconcuso, que el escrito o promoci�n de cualquiera de los oponentes donde se autorice a determinadas personas para o�r notificaciones, la de que se reconozca a alguien su car�cter de abogado o la que se�ala nuevo domicilio para recibir notificaciones, solicitar copias, la devoluci�n de los autos del archivo, o se d� por notificada alguna parte de la llegada de los autos, no son id�neas para interrumpir la inactividad procesal, pues no son tendentes a impulsar la culminaci�n de la ejecuci�n del fallo, por virtud de que pueden presentarse en el juicio cuantas veces se quiera, no con la finalidad de continuar su tramitaci�n, sino �nicamente para interrumpir la cancelaci�n de la inscripci�n del embargo; por ello, s�lo cuentan con esa cualidad distintiva aquellas promociones cuyo contenido ponga de manifiesto que el juicio mantiene su din�mica natural con la finalidad de que sea finiquitado el adeudo con respecto de la condena en una sentencia firme, verbigracia, como aquellos en donde se solicita abrir el incidente de liquidaci�n de intereses, de costas, la petici�n del requerimiento de pago, los tr�mites para que tenga verificativo el remate, etc�tera. Si bien la jurisprudencia invocada no tiene aplicaci�n en el presente caso, porque no se refiere espec�ficamente a la materia mercantil, la misma sirve de apoyo por identidad jur�dica sustancial, ya que la Suprema Corte ha interpretado que los escritos de autorizaci�n, se�alamiento de nuevo domicilio, etc�tera no revelan un inter�s para la obtenci�n y prosecuci�n del juicio, lo que conduce a valorar la falta de certidumbre en la concepci�n efectuada por la J. de Distrito."
Cabe destacar que las anteriores consideraciones, no fueron plasmadas en alguna tesis que hubiese sido publicada en el Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, pero ello no es �bice para que esta Primera Sala se encuentre en aptitud de entrar al estudio de la cuesti�n planteada, ya que para la existencia de la contradicci�n de tesis s�lo se requieren criterios divergentes plasmados en diversas ejecutorias, sustentados por �rganos jurisdiccionales terminales, al examinar un punto concreto de derecho, cuya hip�tesis, con caracter�sticas de generalidad y abstracci�n, pueda actualizarse en otros asuntos, a pesar de que no se hayan redactado ni publicado en la forma establecida por la ley.
Sobre este particular, tiene aplicaci�n la jurisprudencia de la Segunda Sala, criterio que se comparte y que a la letra dice lo siguiente:
"Novena �poca
"Instancia: Segunda Sala
"Fuente: Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta
"Tomo: XII, noviembre de 2000
"Tesis: 2a./J. 94/2000
"P�gina: 319
"CONTRADICCI�N DE TESIS. SU EXISTENCIA REQUIERE DE CRITERIOS DIVERGENTES PLASMADOS EN DIVERSAS EJECUTORIAS, A PESAR DE QUE NO SE HAYAN REDACTADO NI PUBLICADO EN LA FORMA ESTABLECIDA POR LA LEY. Los art�culos 107, fracci�n XIII, de la Constituci�n General de la Rep�blica, 197 y 197-A de la Ley de Amparo, regulan la contradicci�n de tesis sobre una misma cuesti�n jur�dica como forma o sistema de integraci�n de jurisprudencia, desprendi�ndose que la tesis a que se refieren es el criterio jur�dico sustentado por un �rgano jurisdiccional al examinar un punto concreto de derecho, cuya hip�tesis, con caracter�sticas de generalidad y abstracci�n, puede actualizarse en otros asuntos; criterio que, adem�s, en t�rminos de lo establecido en el art�culo 195 de la citada legislaci�n, debe redactarse de manera sint�tica, controlarse y difundirse, formalidad que de no cumplirse no le priva del car�cter de tesis, en tanto que esta investidura la adquiere por el solo hecho de reunir los requisitos inicialmente enunciados de generalidad y abstracci�n. Por consiguiente, puede afirmarse que no existe tesis sin ejecutoria, pero que ya existiendo �sta, hay tesis a pesar de que no se haya redactado en la forma establecida ni publicado y, en tales condiciones, es susceptible de formar parte de la contradicci�n que establecen los preceptos citados."
QUINTO. Por su parte, el D�cimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, al resolver el recurso de revisi�n 28/2000, sostuvo, en la parte que interesa, lo siguiente:
"CUARTO. Los agravios hechos valer por la parte recurrente son ineficaces. En el presente caso el acto reclamado se hizo consistir en la resoluci�n de fecha quince de diciembre de mil novecientos noventa y nueve,dictada por la Primera Sala del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, en el juicio ejecutivo mercantil, seguido por Internacional Bank of Commerce, en contra de G.B.K., mediante la cual se resolvi� el recurso de apelaci�n interpuesto en contra de la interlocutoria que resolvi� la solicitud de cancelaci�n de inscripci�n de embargo promovida por la demandada. La sentencia dictada por la Sala responsable declar� improcedente la solicitud de cancelaci�n de la inscripci�n de embargo trabado sobre el inmueble de la casa habitaci�n y terreno trece de la calle S.J., Barrio de Cantarranas, Colonia Chapultepec, de Cuernavaca, M.. Con base en la sentencia referida, el demandado promovi� amparo indirecto, el cual se resolvi� en fecha veinticinco de febrero del presente a�o, en el sentido de negar el amparo y protecci�n de la Justicia Federal a G.B.K., contra actos de la Magistrada Alicia P�rez, de la Primera Sala del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. El recurrente al interponer el recurso de revisi�n en contra de la sentencia dictada por el C. J. Cuarto de Distrito en Materia Civil, expone como agravios que dicho J. Federal al igual que la Sala, considera que un escrito autorizando a personas para o�r y recibir notificaciones, interrumpe la inactividad procesal, lo cual es incorrecto, porque la autorizaci�n de una persona en el procedimiento respectivo no impulsa el procedimiento ni conduce o encausa el juicio. Agrega que, aun cuando de la interpretaci�n del art�culo 3033, fracci�n VI, del C�digo Civil, se advierta que no hace distinci�n de qu� tipo de promociones interrumpen la inactividad procesal para la cancelaci�n de la anotaci�n registral, una ex�gesis jur�dica permite establecer que �nicamente aquellas promociones que impulsan el procedimiento son las que tienen ese efecto, ya que si se interpretara a su letra se concluir�a que toda promoci�n sin importar su contenido, ser�a eficaz para interrumpir la caducidad. Por lo que, si alguna de las partes tiene inter�s en que no opere la caducidad debe impulsar el juicio mediante promociones que tengan como consecuencia activar el procedimiento, dando el impulso correspondiente y como una carga procesal a las partes, la promoci�n presentada en el juicio correspondiente en donde se autoriza a personas para o�r y recibir notificaciones, no es suficiente para interrumpir la caducidad de la anotaci�n registral. Asimismo, expresa que el criterio jurisprudencial en el que el J. de Distrito fundamenta su negativa para conceder el amparo solicitado no es aplicable, ya que se trata de instituciones diferentes, reguladas en ordenamientos jur�dicos distintos y que sustancial y procesalmente son diversos, ya que la jurisprudencia se refiere a la caducidad en el juicio de amparo y no a la caducidad de la anotaci�n registral que prev� el art�culo 3033, fracci�n VI, del C�digo Civil del Distrito Federal. Por lo que, a partir del catorce de mayo de mil novecientos noventa y siete, fecha en que se inscribi� el embargo en el Registro P�blico, hasta el siete de julio de mil novecientos noventa y nueve, fecha en que se solicit� la devoluci�n del expediente de archivo; transcurrieron m�s de dos a�os a que se refiere el precepto legal referido. Adem�s, el recurrente menciona que la figura jur�dica de la caducidad de la instancia no fue solicitada por �l y menos a�n fue analizada por el J. de origen, ya que es una cuesti�n totalmente diferente con la cancelaci�n del asiento registral. Por �ltimo hace referencia a que el exhorto que se gir� para llevar a cabo la diligencia de embargo, fue recogido por la parte actora el d�a veintitr�s de mayo de mil novecientos noventa y siete, y que desde entonces debi� haberlo exhibido ante el juzgado original y al no haberlo hecho, resulta su desinter�s en la prosecuci�n del procedimiento. Adem�s indica que la responsable reitera que la caducidad de la instancia no opera en materia mercantil. Ahora bien, el art�culo 3033, fracci�n VI, del C�digo Civil para el Distrito Federal en Materia Com�n y para toda la Rep�blica en Materia Federal, establece: ?Art�culo 3033? (lo transcribe). El J. Federal sustancialmente determin� que en el caso no proced�a la cancelaci�n de la inscripci�n registral solicitada por el agraviado, porque los dos a�os a que se refiere el art�culo 1033, fracci�n VI, del C�digo Civil aludido, se hab�a interrumpido por haber presentado la actora un escrito de autorizaci�n de personas para o�r notificaciones, promoci�n �sta que, dice, interrumpe el plazo de inactividad procesal, apoyando su criterio en la tesis de Pleno VIII/96, Tomo III, p�gina 163, Novena �poca del Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, la cual se transcribe: ?CADUCIDAD DE LA INSTANCIA EN AMPARO. PROMOCIONES ID�NEAS PARA INTERRUMPIRLA.? (la transcribe). Contrariamente a lo alegado por el quejoso, fue correcta la apreciaci�n del J. Federal al considerar que las promociones presentadas por las partes en donde se autorizan a personas para o�r y recibir notificaciones, s� interrumpen la inactividad procesal. De manera que, en el presente caso la promoci�n presentada en el juicio con la finalidad de autorizar a personas para o�r y recibir notificaciones interrumpi� el t�rmino de dos a�os que el art�culo 3033, fracci�n VI, del C�digo Civil se�ala para pedir la cancelaci�n de la inscripci�n preventiva, y el hecho que sostenga el quejoso que los escritos en que se autorizan a personas para o�r y recibir notificaciones no impulsan el procedimiento, es irrelevante, precisamente, porque al no precisar el citado art�culo 3033 del C�digo Civil, cu�les son las promociones que interrumpen la inactividad procesal, cabe concluir que las promociones en donde se autoriza a una persona par o�r y recibir notificaciones s� interrumpen el t�rmino. Por tanto, carece de relevancia que el J. haya citado un criterio del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n declarado en un juicio de amparo, porque de todos modos analizando propiamente la legislaci�n civil aplicable, la promoci�n autorizando a una persona para o�r notificaciones, es interruptora del t�rmino de la inactividad procesal a que alude el citado art�culo 3033 del C�digo Civil. Por otro lado, es cierto que la caducidad de la instancia y la cancelaci�n de la inscripci�n registral son diferentes, pero tambi�n es cierto que el J. Federal, no confundi� dichas formas jur�dicas, sino que s�lo habl� de lo que se intent� en el juicio, consistente en la cancelaci�n de la inscripci�n registral, nada m�s que el juzgador lo que dijo fue que para decretar la cancelaci�n de una inscripci�n registral, se requiere el transcurso de dos a�os sin actividad procesal en el juicio donde se dispuso la inscripci�n, de tal forma que no hubo la confusi�n aludida."
Dicho criterio est� reflejado en la tesis que enseguida se transcribe:
"Novena �poca
"Instancia: D�cimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito
"Fuente: Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta
"Tomo: XII, agosto de 2000
"Tesis: I.12o.C.1 C
"P�gina: 1198
"INSCRIPCI�N PREVENTIVA DE EMBARGO, PROMOCI�N QUE INTERRUMPE LA CADUCIDAD DE LA. La promoci�n que presenta la parte actora en un juicio ejecutivo mercantil en que autoriza a personas para o�r y recibir notificaciones, interrumpe el t�rmino de dos a�os previsto en el art�culo 3033, fracci�n VI, del C�digo Civil para el Distrito Federal, para pedir la cancelaci�n de la inscripci�n preventiva de un embargo, en virtud de que el citado precepto legal no precisa cu�les son las promociones que interrumpen la inactividad procesal."
SEXTO. Por raz�n de m�todo, en primer lugar debe determinarse si efectivamente existe la contradicci�n de criterios denunciada, pues ello constituye un presupuesto necesario para estar en posibilidad de resolver cu�l de las posturas contendientes debe prevalecer.
Para que exista contradicci�n de tesis se requiere que los Tribunales Colegiados, al resolver los asuntos materia de la denuncia, hayan examinado cuestiones jur�dicas esencialmente iguales, pero hayan llegado a conclusiones distintas respecto a la soluci�n de la controversia planteada. En ese sentido se ha pronunciado el Pleno de este Alto Tribunal en la jurisprudencia que se transcribe a continuaci�n:
"Novena �poca
"Instancia: Pleno
"Fuente: Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta
"Tomo: XIII, abril de 2001
"Tesis: P./J. 26/2001
"P�gina: 76
"CONTRADICCI�N DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA. De conformidad con lo que establecen los art�culos 107, fracci�n XIII, primer p�rrafo, de la Constituci�n Federal y 197-A de la Ley de Amparo, cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n o la Sala que corresponda deben decidir cu�l tesis ha de prevalecer. Ahora bien, se entiende que existen tesis contradictorias cuando concurren los siguientes supuestos: a) que al resolver los negocios jur�dicos se examinen cuestiones jur�dicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jur�dicos discrepantes; b) que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jur�dicas de las sentencias respectivas; y, c) que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos."
Del an�lisis de las ejecutorias transcritas con anterioridad se advierte que s� se cumplen los requisitos de existencia de la contradicci�n de tesis entre Tribunales Colegiados, porque en el caso a estudio la diferencia de criterios se presenta en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jur�dicas de las sentencias respectivas, respecto a cuestiones jur�dicas esencialmente iguales, y los distintos criterios provienen del examen de los mismos elementos.
As�, el D�cimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, al conocer del recurso de revisi�n derivado de un juicio de amparo indirecto, promovido contra la resoluci�n de segunda instancia, respecto de actos cometidos durante la tramitaci�n de un juicio ejecutivo mercantil, analiz� el art�culo 3033, fracci�n VI, del C�digo Civil para el Distrito Federal en Materia Com�n y para toda la Rep�blica en Materia Federal, y sostuvo que las promociones en que se autoriza a personas para o�r y recibir notificaciones, s� pueden considerarse como de aquellas que interrumpen el t�rmino de dos a�os de inactividad procesal a que se refiere el citado art�culo, para pedir la cancelaci�n del asiento registral de embargo judicial. Lo anterior lo afirm� bajo la idea de que el art�culo en cuesti�n no precisa cu�les son las promociones que interrumpen la inactividad procesal.
Por su parte, el D�cimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, al conocer del recurso de revisi�n derivado de un juicio de amparo indirecto, promovido contra la resoluci�n de segunda instancia, respecto de actos cometidos en etapa de ejecuci�n de sentencia, dictada en un juicio ejecutivo mercantil, interpret� el mismo numeral, pero del actual C�digo Civil para el Distrito Federal, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el veinticinco de mayo de dos mil, sostuvo, entre otras cosas, el criterio de que las promociones donde se autorizan personas para o�r notificaciones no interrumpen la inactividad procesal, al no tener la caracter�stica de dar impulso procesal, es decir, que hagan progresar el desarrollo de la etapa en que se encuentre el juicio. Por lo cual consider� que ese tipo de promociones no pueden interrumpir el t�rmino de dos a�os de inactividad procesal a que se refiere el art�culo 3033, fracci�n VI, del C�digo Civil para el Distrito Federal para pedir la cancelaci�n del asiento registral de embargo judicial.
Cabe destacar que no resulta �bice para que exista contradicci�n, el hecho de que el D�cimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito haya realizado la interpretaci�n de la referida hip�tesis normativa, en un caso que se encontraba en etapa de ejecuci�n de sentencia; y que, por otra parte, el diverso D�cimo Segundo Tribunal Colegiado de la misma materia y circuito haya conocido del tema, respecto de un acto realizado durante la tramitaci�n de un juicio. Lo anterior, en virtud de que de la lectura de las ejecutorias de m�rito no se advierte que dicha situaci�n hubiera incidido en la postura que asumi� cada tribunal, es decir, dicho factor no result� relevante para determinar el sentido de sus respectivos fallos.
Asimismo, debe puntualizarse que tampoco es �bice para arribar a la conclusi�n referida el que los Tribunales Colegiados involucrados en el presente asunto hubieran interpretado disposiciones pertenecientes a legislaciones formalmente distintas, puesto que las hip�tesis normativas que prev�n los art�culos analizados por los tribunales involucrados son esencialmente iguales.
Lo anterior se advierte con toda claridad de la comparaci�n de los referidos preceptos, que se anotan en el siguiente cuadro:


Al respecto, resulta aplicable la tesis que a continuaci�n se transcribe:
"Novena �poca
"Instancia: Segunda Sala
"Fuente: Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta
"Tomo: XII, septiembre de 2000
"Tesis: 2a./J. 87/2000
"P�gina: 70
"CONTRADICCI�N DE TESIS. DEBE RESOLVERSE, AUNQUE DIMANE DE LA INTERPRETACI�N DE PRECEPTOS LEGALES DEROGADOS, SI SU CONTENIDO SE REPITI� EN LOS VIGENTES. A pesar de que los criterios divergentes deriven del examen de disposiciones legales o reglamentarias que ya no se encuentren en vigor, por haber sido derogados o abrogados los ordenamientos a que pertenecen, es necesario resolver la contradicci�n de tesis denunciada en el caso de que los ordenamientos vigentes, que sustituyeron a aqu�llos repitan, en lo esencial, las hip�tesis normativas cuya interpretaci�n por los Tribunales Colegiados de Circuito o por las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, dio lugar a la contradicci�n de tesis, puesto que este proceder tiende a fijar criterios que conservan vigencia y utilidad en la preservaci�n de la seguridad jur�dica."
S�PTIMO. Respecto del tema, materia de la presente contradicci�n de tesis, debe prevalecer con car�cter de jurisprudencia el criterio que sustenta esta Primera Sala, en atenci�n a lo siguiente:
Como se mencion�, la materia de la presente contradicci�n se constri�e a determinar qu� tipo de promociones interrumpen la inactividad procesal que genera el derecho a pedir la cancelaci�n total del asiento registral de embargo judicial regulado tanto en el art�culo 3033, fracci�n VI, del entonces C�digo Civil para el Distrito Federal en Materia Com�n y para toda la Rep�blica en Materia Federal, en vigor desde el primero de octubre de mil novecientos treinta y dos, hasta el treinta y uno de mayo de dos mil dos, como su correlativo 3033, fracci�n VI, del C�digo Civil para el Distrito Federal, vigente a partir del primero de junio de dos mil dos, antes transcritos.
Cabe destacar que debido a la identidad de los preceptos citados, que se ha destacado en este estudio, para hacer referencia a los mismos en esta sentencia se aludir� al C�digo Civil, en el entendido de que lo considerado al respecto ata�e a ambas legislaciones.
Previo a continuar con el desarrollo de esta resoluci�n, resulta importante destacar que esta Primera Sala, al resolver el veintinueve de noviembre de mil novecientos noventa y cinco la diversa contradicci�n de tesis 12/95, relativa a la interpretaci�n del art�culo 137-bis del C�digo de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, sostuvo el criterio de que no todas las promociones presentadas en juicio resultan adecuadas para interrumpir la caducidad de la instancia, estimando que las promociones fr�volas e improcedentes no interrumpen la caducidad, sino s�lo aquellas que tiendan a poner en marcha el proceso para culminar a trav�s de una sentencia.
En la parte conducente de dicha ejecutoria se dijo lo siguiente:
"La interpretaci�n de una norma jur�dica significa determinar su sentido, su extensi�n o su alcance regulador, lo que se obtiene utilizando los m�todos id�neos como el l�gico, el sistem�tico, el aut�ntico o el causal-teleol�gico. En el presente caso la interpretaci�n letr�stica del art�culo 37, fracci�n IX, del C�digo de Procedimientos Civiles podr�a llevar a conclusiones contradictorias, por las siguientes razones: La caducidad, en el derecho procesal, es la extinci�n de la instancia judicial porque las dos partes abandonan el ejercicio de la acci�n respectiva. Este abandono se manifiesta en que ninguna de ellas hace en el proceso las promociones necesarias para que �ste llegue a su fin. Conforme al principio dispositivo, el ejercicio de la acci�n procesal est� encomendado en sus dos formas, activa y pasiva, a las partes y no al J., es decir, en los juicios civiles las partes deben gestionar su tramitaci�n y luchar por concluirlo. El abandono de esta carga procesal se sanciona con la caducidad. Ahora bien, es evidente que no toda promoci�n de las partes tiene el prop�sito de llevar el proceso a su fin, pues es dable formular promociones con otro objetivo que puede ser el contrario, es decir, el de entorpecer su avance. ... Como puede f�cilmente advertirse de lo anterior la intenci�n del legislador fue la de fijar un t�rmino dentro del cual, si las partes dejaban de promover lo necesario para conducir el juicio hasta su fin natural operara de pleno derecho la caducidad de la instancia, de lo que se sigue, que cuando las partes promovieran lo necesario para conducir el juicio hasta su fin natural, entonces, se interrumpir�a dicho t�rmino y, por ende, no habr�a caducidad. De tal suerte que, las partes deben impulsar el procedimiento, manifestando su inter�s en proseguirlo, a trav�s de promociones que activen el procedimiento y exciten al �rgano jurisdiccional hasta dictar sentencia, pero no de cualquier tipo y contenido, atendiendo �nicamente al texto de la norma, ya que de esta manera, la interpretaci�n de la misma quedar�a reducida a un campo de aplicaci�n literal sumamente restringido, con resultados distintos a los pretendidos por el legislador. As� las cosas, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n estima que, las promociones cuya finalidad sea solamente de autorizar a determinadas personas para o�r notificaciones o la de que se reconozca a alguien el car�cter de abogado patrono o apoderado o la de se�alar nuevo domicilio para o�r notificaciones, no son id�neas para interrumpir la caducidad de la instancia, en tanto que no tienden a activar o a impulsar el procedimiento, pues si bien pudiera pensarse que, con dichas promociones, se evidenciara el inter�s del promovente en mantener vivo el procedimiento y continuar con el mismo, ello no deja de ser una apreciaci�n meramente subjetiva y sin ning�n sustento legal, ya que de igual manera se podr�a sostener, que tales promociones se pudieran presentar, invariablemente, una y otra vez, con el �nico objeto de interrumpir la caducidad y evitar �sta, sin tener la intenci�n de proseguir el juicio."
No obstante lo anterior, debe considerarse que la resoluci�n aludida no resuelve el tema de la presente contradicci�n, puesto que la figura de la cancelaci�n total del asiento registral de embargo judicial por inactividad procesal, a que se refiere esta contradicci�n de tesis, es una figura jur�dica que opera de manera independiente a la caducidad de la instancia. En efecto, si bien ambas dependen de la inactividad procesal, lo cierto es que cada una tiene su origen en preceptos distintos y producen consecuencias jur�dicas tambi�n distintas.
As�, la caducidad de la instancia tiene como consecuencia la extinci�n anticipada del proceso debido a la inactividad de las partes en el mismo, por un periodo de ciento veinte d�as -art�culos1076 del C�digo de Comercio y 137 bis del C�digo de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, respectivamente- y de un a�o -art�culo 373, fracci�n IV, del C�digo Federal de Procedimientos Civiles-.
Se trata de una sanci�n por el abandono de la instancia que tiene por objeto evitar que un juicio est� pendiente por tiempo indefinido, y cuya consecuencia principal es la extinci�n de la instancia, pero no de la acci�n, convirtiendo en ineficaces la actuaciones del juicio y volviendo las cosas al estado que ten�an antes de la presentaci�n de la demanda.
En cambio, en la hip�tesis a que se refiere el art�culo 3033, fracci�n VI, del C�digo Civil, la inactividad procesal de dos a�os s�lo genera la extinci�n del asiento registral del embargo judicial en el Registro P�blico de la Propiedad, sin afectar en modo alguno otra actuaci�n.
Dicho art�culo se�ala a la letra lo siguiente:
"Art�culo 3033. Podr� pedirse y deber� ordenarse, en su caso, la cancelaci�n total: ... VI. Cuando trat�ndose de c�dula hipotecaria o de embargo, hayan transcurrido dos a�os desde la fecha del asiento, sin que el interesado haya promovido en el juicio correspondiente."
Ahora bien, el tema central de esta contradicci�n, como ya se ha mencionado, consiste en determinar qu� promociones pueden interrumpir la inactividad procesal a que se refiere la hip�tesis normativa en cuesti�n, de la que surge la posibilidad de pedir la cancelaci�n del asiento registral de embargo judicial.
Al respecto, debe destacarse que, como se anot� con anterioridad, esta Primera Sala al resolver la diversa contradicci�n de tesis 12/95, relativa a la interpretaci�n del art�culo 137-bis del C�digo de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, sostuvo el criterio de que no todas las promociones presentadas en juicio resultan adecuadas para interrumpir la caducidad de la instancia, estimando que las promociones fr�volas e improcedentes no interrumpen la caducidad, sino s�lo aquellas que tiendan a poner en marcha el proceso para culminar a trav�s de una sentencia.
En el caso, la materia de esta contradicci�n puede ser resuelta con la aplicaci�n anal�gica del criterio de referencia, toda vez que tanto en aqu�l caso como en �ste, se analiza en lo esencial el mismo problema jur�dico: determinar qu� promociones pueden interrumpir la inactividad procesal para efectos de la caducidad, con independencia de que dicha inactividad tenga efectos distintos en el caso de la caducidad de la instancia y en el de la caducidad del asiento registral de embargo, puesto que esta �ltima cuesti�n -que es lo que diferencia ambos asuntos- no resulta relevante para resolver qu� tipo de promociones interrumpen la inactividad procesal.
Por tanto, si respecto a la caducidad de la instancia se sostuvo el criterio de que no todas las promociones presentadas en juicio resultan adecuadas para interrumpir la inactividad que la genera, sino s�lo aquellas que tiendan a poner en marcha el proceso, es v�lido concluir en el presente caso que aquellas promociones cuya finalidad sea solamente autorizar a determinadas personas para o�r notificaciones, reconocer a alguien el car�cter de abogado patrono o apoderado o la de se�alar nuevo domicilio para o�r notificaciones, solicitar copias, la devoluci�n de los autos del archivo, o se d� por notificada alguna parte de la llegada de los autos, no resultan id�neas para interrumpir la inactividad procesal a que se refieren los art�culos analizados en esta resoluci�n, en virtud de que s�lo cuentan con dicha capacidad aquellas promociones que conlleven impulso procesal, es decir, promociones de cuyo contenido se desprenda la intenci�n de la parte interesada de continuar la marcha normal de la etapa en que se encuentre el juicio.
Sin que sea �bice para considerar lo anterior, el que la hip�tesis normativa en cuesti�n, no se�ale expresamente qu� tipo de promociones interrumpen la inactividad procesal a que se refiere, ya que ello es insuficiente para considerar que cualquier tipo de promoci�n puede interrumpirla, toda vez que la carga de impulsar el procedimiento la tienen las partes en atenci�n a los principios dispositivo y de impulso procesal que rigen en nuestro sistema jur�dico.
Cabe destacar que la figura jur�dica que se analiza en esta resoluci�n s�lo puede ser aplicable en etapa de ejecuci�n de sentencia y no durante el juicio.
Lo anterior se puede advertir del an�lisis de los efectos de la caducidad de la instancia, regulados en los art�culos 137 bis del C�digo de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, 1076 del C�digo de Comercio, as� como en el art�culo 373, fracci�n IV, del C�digo Federal de Procedimientos Civiles, este �ltimo en relaci�n con el diverso art�culo 378 del propio ordenamiento legal.
Los art�culos antes mencionados son del tenor siguiente:
"Art�culo 137 bis. Operar� de pleno derecho la caducidad de la primera instancia cualquiera que sea el estado del juicio desde el emplazamiento hasta antes de que concluya la audiencia de pruebas, alegatos, y sentencia, si transcurridos ciento veinte d�as contados a partir de la notificaci�n de la �ltima determinaci�n judicial no hubiere promoci�n de cualquiera de las partes.-Los efectos y formas de su declaraci�n se sujetar�n a las siguientes normas: ... II. La caducidad extingue el proceso pero no la acci�n; en consecuencia se puede iniciar un nuevo juicio, sin perjuicio de lo dispuesto en la fracci�n V de este art�culo; III. La caducidad de la primera instancia convierte en ineficaces las actuaciones del juicio y las cosas deben volver al estado que ten�an antes de la presentaci�n de la demanda y se levantar�n los embargos preventivos y cautelares. ..."
"Art�culo 1076. ... La caducidad de la instancia operar� de pleno derecho, sea porque se decrete de oficio o a petici�n de parte, cualquiera que sea el estado del juicio, desde el primer auto que se dicte en el mismo y hasta la citaci�n para o�r sentencia, en aquellos casos en que concurran las siguientes circunstancias: ... Los efectos de la caducidad ser�n los siguientes: I. Extingue la instancia pero no la acci�n, convirtiendo en ineficaces las actuaciones del juicio y volviendo las cosas al estado que ten�an antes de la presentaci�n de la demanda y se levantar�n los embargos, mand�ndose cancelar su inscripci�n en los Registros P�blicos correspondientes; ..."
"Art�culo 373. El proceso caduca en los siguientes casos: ... IV. Fuera de los casos previstos en los dos art�culos precedentes, cuando cualquiera que sea el estado del procedimiento, no se haya efectuado ning�n acto procesal ni promoci�n durante un t�rmino mayor de un a�o, as� sea con el solo fin de pedir el dictado de la resoluci�n pendiente. ..."
"Art�culo 378. La caducidad, en los casos de las fracciones II y IV, tiene por efecto anular todos los actos procesales verificados y sus consecuencias; entendi�ndose como no presentada la demanda, y, en cualquier juicio futuro sobre la misma controversia, no puede invocarse lo actuado en el proceso caduco. ..."
Es decir, del contenido de los art�culos transcritos se puede evidenciar que dentro de los efectos de la caducidad de la instancia est� el de que se levantar�n los embargos, mand�ndose cancelar su inscripci�n en los Registros P�blicos correspondientes.
Por tanto, no resulta factible que durante el juicio se actualice la hip�tesis a que se refiere el multicitado art�culo 3033, fracci�n VI, del C�digo Civil, toda vez que al necesitar la caducidad de la instancia de un plazo de inactividad inferior a los dos a�os que se requieren en el citado art�culo 3033, fracci�n VI, siempre se actualizar� antes la caducidad de la instancia y con �sta se puede solicitar que se levanten los embargos decretados en el juicio.
No obstante lo anterior, la figura de la cancelaci�n total del asiento registral por inactividad procesal de dos a�os s� se puede actualizar en etapa de ejecuci�n de sentencia, teniendo en este caso efectos exclusivos en lo relativo a la extinci�n del asiento registral de embargo judicial en el Registro P�blico de la Propiedad, sin afectar en modo alguno el derecho para pedir la acci�n de ejecuci�n, pues tal derecho se rige por disposiciones legales diversas en las que se precisan los plazos en que se puede ejecutar una sentencia, seg�n el tipo de juicio, por citar algunos: art�culo 529 del C�digo de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal -diez a�os para juicios de naturaleza civil en los que la ley no prevea un t�rmino diverso-; art�culo 1079, fracci�n IV, del C�digo de Comercio -tres a�os en juicios ejecutivos mercantiles y juicios especiales previstos por leyes mercantiles-; y fracci�n V del mencionado art�culo 1079 -cinco a�os en juicios ordinarios mercantiles-.
Es decir, el hecho de que con apoyo en la hip�tesis materia de este asunto se ordene en etapa de ejecuci�n de sentencia la cancelaci�n total del asiento registral de embargo judicial por haber transcurrido dos a�os de inactividad s�lo genera la extinci�n del referido asiento, sin afectar en modo alguno el derecho a ejecutar la sentencia, ya que del an�lisis de la figura en cuesti�n no se advierte que pueda tener consecuencias en este aspecto.
Cabe destacar que la afirmaci�n de que la referida hip�tesis s�lo es aplicable en etapa de ejecuci�n, no significa que �sta s�lo opere respecto de embargos practicados en dicha etapa.
Lo anterior, toda vez que tanto el embargo ordenado en juicio como el que se ordena en ejecuci�n son actos procesales a trav�s de los cuales se embargan bienes propiedad del demandado, con el objeto de garantizar las prestaciones que reclama el actor, para que en un momento dado y, en su oportunidad, con el producto de dichos bienes se haga el pago correspondiente de lo requerido, y tiene como finalidad evitar que el deudor oculte los bienes de su propiedad para eludir sus obligaciones y hacer nugatorio el derecho del acreedor a recibir el pago por la obligaci�n contra�da. El embargo en ambos casos (durante el juicio y en ejecuci�n) nace con el fin de garantizar el cumplimiento de la sentencia de condena; y adem�s, debe tenerse en cuenta que la emisi�n de la sentencia en un juicio en el que se orden� un embargo no genera por s� que se extinga el embargo, pues ello no constituye el fondo de la resoluci�n, ni �ste sirve de sustento para la resoluci�n definitiva. Siendo que el embargo subsiste en el Registro P�blico de la Propiedad aun despu�s de que se emite la sentencia, y �nicamente en el caso de que el deudor se niegue a realizar el pago en el plazo que se fije en la propia sentencia tiene lugar el trance y remate de los bienes embargados.
Por todo lo antes considerado, con apoyo en lo dispuesto por el art�culo 192, �ltimo p�rrafo, de la Ley de Amparo debe regir, con car�cter jurisprudencial, la siguiente tesis:
EMBARGO JUDICIAL. EL T�RMINO PARA QUE OPERE LA CADUCIDAD POR INACTIVIDAD PROCESAL QUE GENERA EL DERECHO A SOLICITAR LA CANCELACI�N TOTAL DEL ASIENTO RELATIVO EN EL REGISTRO P�BLICO DE LA PROPIEDAD, �NICAMENTE PUEDE INTERRUMPIRSE MEDIANTE LA PRESENTACI�N DE PROMOCIONES QUE CONLLEVEN IMPULSO PROCESAL (LEGISLACI�N DEL DISTRITO FEDERAL).-Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n ha establecido que, las promociones cuya finalidad sea solamente de autorizar a determinadas personas para o�r notificaciones o la de que se reconozca a alguien el car�cter de abogado patrono o apoderado o la de se�alar nuevo domicilio para o�r notificaciones, no son id�neas para interrumpir la caducidad de la instancia, en tanto que no tienden a activar o a impulsar el procedimiento. En consecuencia, trat�ndose de la caducidad por inactividad procesal que genera el derecho a solicitar la cancelaci�n total en el Registro P�blico de la Propiedad del asiento de embargo judicial a que se refiere el C�digo Civil para el Distrito Federal en Materia Com�n y para toda la Rep�blica en Materia Federal, vigente hasta el 31 de mayo de 2000, as� como el C�digo Civil para el Distrito Federal, en vigor a partir del 1o. de junio de 2000, ambos en su numeral 3033, fracci�n VI, s�lo podr� interrumpirse con aquellas promociones que presenten las partes en etapa de ejecuci�n de sentencia de juicios ejecutivos, ordinarios (civiles o mercantiles), o bien en juicios especiales, �nicamente cuando se trate de promociones que conlleven impulso procesal, pues �ste constituye una carga que t�cnicamente recae sobre el interesado; es decir, para que una promoci�n pueda interrumpir el t�rmino de dos a�os de inactividad procesal a que se refiere la hip�tesis normativa se�alada, se requiere que se trate de un acto procesal en el cual las partes manifiesten su voluntad de continuar la marcha normal de la etapa de ejecuci�n de sentencia.
Por lo expuesto y fundado, se resuelve:
PRIMERO.-Existe contradicci�n de tesis entre los criterios sustentados por el D�cimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito y el D�cimo Segundo Tribunal Colegiado de la misma materia y circuito, en los t�rminos precisados en el sexto considerando de esta resoluci�n.
SEGUNDO-Debe prevalecer, con car�cter de jurisprudencia, el criterio que sustenta esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, que aparece en el �ltimo considerando de esta sentencia.
TERCERO.-Rem�tase testimonio de esta ejecutoria a los Tribunales Colegiados de Circuito que intervinieron y a la Direcci�n General de la Coordinaci�n de Compilaci�n y S.�n de Tesis de este Alto Tribunal para los efectos de los art�culos 192, 195, fracciones II y III, y 197-B de la Ley de Amparo.
N.�quese, c�mplase y, en su oportunidad, arch�vese como asunto concluido.
As� lo resolvi� la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, por unanimidad de cinco votos de los se�ores Ministros: Jos� de Jes�s G.�o P. (ponente), S.A.V.H.�ndez, J.N.S.M., J.R.�n C.�o D�az y presidenta O.S.C. de G.�a V..