Ejecutoria num. 1a./J. 61/2005 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala - Jurisprudencia - VLEX 26823942

Ejecutoria num. 1a./J. 61/2005 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala

Emisor:Primera Sala
Número de Resolución:1a./J. 61/2005
Materia:Suprema Corte de Justicia de México
Fecha de Publicación: 1 de Julio de 2005
RESUMEN

CONTRADICCIÓN DE TESIS 162/2004-PS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y SEGUNDO, AMBOS EN MATERIA CIVIL DEL SÉPTIMO CIRCUITO.ALIMENTOS. PROCEDE LA ACCIÓN AUTÓNOMA PARA EXIGIR SU PAGO, INDEPENDIENTEMENTE DEL NOMBRE QUE SE LE DÉ, Y DE LA EXISTENCIA PREVIA DE UN CONVENIO CELEBRADO AL RESPECTO DENTRO DEL JUICIO DE DIVORCIO POR MUTUO CONSENTIMIENTO.

 
ÍNDICE
CONTENIDO

CONTRADICCI�N DE TESIS 162/2004-PS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y SEGUNDO, AMBOS EN MATERIA CIVIL DEL S�PTIMO CIRCUITO.

CONSIDERANDO:

TERCERO

El Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del S�ptimo Circuito, al resolver el amparo directo 68/2004, en sesi�n de veinticuatro de marzo de dos mil cuatro, integrado en ese entonces por los Magistrados A.G.A., C.G.O.C.� y E.R.G.�a Vasco, estableci�, en lo que se refiere al tema planteado, lo siguiente:

"... en la especie no es procedente la acci�n ejercitada por la actora, hoy quejosa, sobre pago de pensi�n alimenticia, en virtud de que previamente a dicha solicitud las partes contendientes mediante diligencias de jurisdicci�n voluntaria, presentaron ante el Juez Segundo de Primera Instancia de la ciudad de Veracruz, Veracruz, un convenio de fecha veintis�is de marzo de dos mil uno, en el cual pactaron su divorcio en forma voluntaria, as� como entre otras cosas, en la cl�usula quinta que: ?Convienen los se�ores ... que el se�or ... mensualmente dar� alimentaci�n y vestido de la menor ... la cantidad de $6,000.00 (seis mil pesos 00/100 M.N.), cantidad que se aumentar� en un 10% (diez por ciento) en forma anual, la cual la depositar� en una cuenta bancaria previamente establecida para tal efecto, siendo el n�mero de cuenta ... del Banco Scotrian (sic) Bank, sucursal Veracruz?; convenio que fue ratificado por sus celebrantes y luego aprobado judicialmente en todas y cada una de sus partes mediante resoluci�n de veintiuno de mayo de dos mil uno, seg�n se desprende del expediente formado con motivo de ellas, bajo el n�mero 775/2001 del �ndice del juzgado antes citado; de tal forma que si la actora en ese convenio patentiz� su voluntad y consentimiento para percibir la cantidad decretada por concepto de alimentos, tomando en cuenta que �stos eran equitativos a la posibilidad del deudor y a las necesidades de la menor acreedora alimentaria, de conformidad con lo previsto en el art�culo 242 del C�digo Civil vigente en el Estado, debe estarse a lo pactado en aquel momento ya que cada quien se obliga en la manera y t�rminos que aparezca que quiso obligarse, puesto que en materia de obligaciones es la intenci�n volitiva de los que intervienen en el acto lo que cuenta, de conformidad con lo establecido en el numeral 1729 del ordenamiento legal invocado; de ah� que si la peticionaria del amparo consideraba que lo pactado en aqu�l, no era conveniente para su menor hija, debi� intentar una acci�n distinta en la que se atacaran los vicios del consentimiento o causas ajenas que afectaron su voluntad; o bien, si lo que pretend�a con la acci�n ejercitada era un aumento de la pensi�n alimenticia por serle insuficiente la decretada, como ahora lo se�ala, igualmente la acci�n que ejercit�, no es la correcta, en raz�n de que como se ha venido insistiendo, las partes litigantes con anterioridad celebraron un convenio en el cual voluntariamente fijaron una cantidad de pensi�n alimenticia mensual, que como se desprende de los autos del juicio principal el deudor alimentario las ha cubierto, tal como lo demostr� con los recibos de dep�sito por distintas cantidades a la cuenta n�mero ... de la instituci�n de cr�dito Scotiabank-Inverlat, que es precisamente la que se menciona en la cl�usula quinta del convenio referido; lo cual se vio corroborado con la propia confesi�n de la hoy quejosa, quien al contestar a las posiciones que le fueron formuladas en tal sentido, respondi� que efectivamente recib�a diversas cantidades en esa cuenta bancaria, especificando incluso que: ?No, en mi favor no, era para alimentos y vestido de la ni�a?; de ah� que tal como lo sostuvo la ordenadora, si el demandado dej� de cubrir alguna mensualidad o no incluy� los incrementos convenidos, ello debi� reclamarlo la hoy inconforme en una acci�n distinta y no a trav�s del pago de una pensi�n alimenticia, puesto que de ser as� coexistir�an dos pensiones en contra del mismo deudor por la misma acreedora, trayendo como consecuencia una violaci�n manifiesta al art�culo 242 del C�digo Civil en vigor, ya que se romper�a con el principio de proporcionalidad que prev� dicho precepto; siguiendo la misma suerte que lo anterior, cualquier incumplimiento por parte del deudor alimentario al convenio pactado, ya que todos esos aspectos, se insiste, deben ventilarse a trav�s de una acci�n diversa al reclamo de pensi�n alimenticia, puesto que esta �ltima surge cuando no hay convenio expreso sobre ese concepto y quien se encuentra obligado a darlos se niega a hacerlo o lo realiza en forma deficiente ..." (fojas 56 a 59).

Criterio que reiter� al resolver los juicios de amparo directo n�meros 1549/2002 y 164/2004, as� como en el amparo en revisi�n 121/2004.

Por su parte, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del mismo circuito, integrado por los M.J.M. de Alba de Alba, A.�n R.M. e I.P.A.�ntara V.�s, al resolver el amparo directo 462/2004, en sesi�n de treinta de septiembre de dos mil cuatro, resolvi�, en lo conducente, lo que a continuaci�n se transcribe:

"... por regla general cuando existe convenio o transacci�n sobre determinada situaci�n y se origine incumplimiento sobre ese consenso de voluntades, la acci�n a seguir es la de cumplimiento de lo pactado. Empero, lo anterior no significa que opere sin excepci�n en trat�ndose de alimentos a favor de menores de edad, m�xime que el legislador estatal en el art�culo 252 del C�digo Civil, al negar la posibilidad de renunciar al derecho de alimentos, se considera tuvo como idea el que los convenios no fueran obst�culo, impedimento o retraso para satisfacer este concepto; ello, adem�s si se pondera que, retrasarse la ministraci�n de �stos por formalismos procesales o jurisdiccionales, se pone en juego la subsistencia de esas personas desvalidas. Esto significa que, si los interesados decidieran optar por las razones anteriores, declararse la improcedencia bajo el argumento de que debi� intentarse la de cumplimiento de convenio o la de aumento de la pensi�n convenida; pues se insiste, de hacerse se pone en peligro la subsistencia de los menores por el tiempo en el que se retrasar� el pronunciamiento de una decisi�n judicial en el juicio al que se dirige. Al margen de que, no debe soslayarse el hecho de que el convenio no emana de un juicio propiamente dicho sino de unas diligencias de jurisdicci�n voluntaria o v�a de autorizaci�n; y, como tal, no operar�a la aplicaci�n del principio a que hace alusi�n la S. responsable; esto es, no podr�a hablarse de dos acciones sobre una misma situaci�n ..." (fojas 205 y vuelta).

CUARTO

Por raz�n de m�todo, previo al estudio, precisa establecer si los criterios de las ejecutorias anteriormente transcritas que motivaron la denuncia de la posible contradicci�n de tesis son en efecto divergentes o contrarias, y para ello es conveniente establecer que los presupuestos requeridos para la procedencia de una contraposici�n de criterios, entre los Tribunales Colegiados, son los que se especifican a continuaci�n:

  1. Que al resolver los negocios jur�dicos, los Tribunales Colegiados examinen cuestiones jur�dicas esencialmente iguales.

  2. Que respecto de esas cuestiones, los citados �rganos jurisdiccionales adopten posiciones o criterios jur�dicos discrepantes.

  3. Que la divergencia de criterios provenga del examen de los mismos elementos.

Lo precedente as� se encuentra plasmado en la jurisprudencia cuyos datos de localizaci�n, rubro y texto se precisan a continuaci�n:

"Novena �poca

"Instancia: Pleno

"Fuente: Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta

"Tomo: XIII, abril de 2001

"Tesis: P./J. 26/2001

"P�gina: 76

CONTRADICCI�N DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA. De conformidad con lo que establecen los art�culos 107, fracci�n XIII, primer p�rrafo, de la Constituci�n Federal y 197-A de la Ley de Amparo, cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n o la S. que corresponda deben decidir cu�l tesis ha de prevalecer. Ahora bien, se entiende que existen tesis contradictorias cuando concurren los siguientes supuestos: a) que al resolver los negocios jur�dicos se examinen cuestiones jur�dicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jur�dicos discrepantes; b) que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jur�dicas de las sentencias respectivas; y, c) que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos.

A continuaci�n, cabe analizar si se satisfacen los requisitos exigidos para la contradicci�n de tesis y, para ello, es pertinente hacer referencia si en la especie los Tribunales Colegiados se refieren al mismo tema; de ser as�, es oportuno examinar si los puntos de vista son diversos y si parten de los mismos elementos.

En las resoluciones emitidas por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del S�ptimo Circuito, en los juicios de amparo directo n�meros 68/2004, 1549/2002 y 164/2004, as� como en el amparo en revisi�n 121/2004, se sostuvo, en suma, que no es procedente la acci�n de pago de pensi�n alimenticia cuando previamente las partes suscribieron, dentro de un juicio de divorcio voluntario, un convenio respecto de alimentos debidamente aprobado judicialmente; que si la accionante (quejosa) consideraba que lo establecido en ese convenio no era lo m�s ben�fico o que se incumpli�, debi� intentar un aumento en la pensi�n alimenticia u otra diversa a la ejercitada, puesto que aquella acci�n surge cuando no hay convenio expreso sobre ese concepto y quien se encuentra obligado a darlos se niega a hacerlo o lo realiza en forma deficiente.

Ahora, en la resoluci�n pronunciada por el Segundo Tribunal Colegiado de la misma materia y circuito, en el juicio de amparo directo civil 462/2004, se sostuvo que, si bien es cierto, cuando existe un convenio y �ste es incumplido, la acci�n correspondiente es la del cumplimiento de lo pactado; sin embargo, agreg�, si los interesados (quejosos) decidieran optar por la acci�n de fijaci�n de pensi�n, no puede declararse la improcedencia de la misma, bajo el argumento de que debi� intentarse la del cumplimiento de lo pactado en un convenio (celebrado tambi�n en un juicio de divorcio por mutuo consentimiento) o la de aumento de la pensi�n, pues si ello ocurriera se pondr�a en peligro la subsistencia de los menores por el tiempo en el que se retrasara la decisi�n judicial correspondiente, pues de ser as� se transgredir�a el art�culo 4o. constitucional, en perjuicio de los menores afectados, el cual se refiere a la satisfacci�n de las necesidades de alimentaci�n, salud, educaci�n y sano esparcimiento para su desarrollo integral, el cual debe ser velado por el Estado, am�n de que de acuerdo con el art�culo 252 del C�digo Civil para el Estado de Veracruz, al negar la posibilidad de renunciar al derecho a recibir alimentos, se considera que el legislador tuvo la idea de que los convenios no fueran obst�culo, impedimento o retraso para satisfacer este concepto, adem�s, si se pondera que de retrasarse la ministraci�n de los alimentos por formalismos procesales o jurisdiccionales se pondr�a en juego la subsistencia de las personas desvalidas.

De lo anterior se puede apreciar que en las consideraciones expuestas por los Tribunales Colegiados de Circuito en dichas ejecutorias se analizaron las mismas cuestiones jur�dicas, en la medida en que ambos resolvieron sobre la procedencia de la acci�n de pensi�n alimenticia cuando con anterioridad a su ejercicio, en juicio de divorcio voluntario, existe un convenio por ese concepto judicialmente aprobado; ambos adoptaron criterios jur�dicos discrepantes, toda vez que para el primero de ellos esta acci�n es improcedente cuando exista previamente un convenio sobre alimentos ratificado ante la presencia judicial, y que en tal caso, de estimarse incumplido, debe ejercerse la acci�n correspondiente, o bien, solicitar el aumento de pensi�n; mientras que el otro �rgano jurisdiccional determin� que si bien en la generalidad de los casos de incumplimiento de convenio la acci�n procedente es la acci�n de cumplimiento de lo pactado, lo cierto es que ello no puede operar sin excepci�n, y que por ello sea improcedente la acci�n de pensi�n alimenticia, por el contrario, resolvi� que en trat�ndose de alimentos s� procede tal acci�n, ante la necesidad apremiante de los mismos; adem�s, los criterios divergentes provienen del examen de los mismos elementos.

Ante tales circunstancias, es incuestionable que s� se da la contradicci�n de tesis, cuyo tema a dilucidar en esta instancia es determinar si, en trat�ndose de alimentos, el ejercicio de la acci�n para exigir su pago procede o no, con independencia del nombre que la actora le d� a la acci�n, o si necesariamente es procedente ejercer la diversa de cumplimiento de contrato, ante la existencia previa a aqu�lla de un convenio respecto de alimentos, formalizado ante la presencia judicial, entre el deudor alimentista y el representante del acreedor, dentro del juicio de divorcio por mutuo consentimiento.

Cabe precisar que a pesar de la existencia antag�nica de criterios de los �rganos colegiados en cuanto a ese tema, seg�n se indic�, sin embargo, ambos coinciden en que ante el incumplimiento de un convenio, lo que procede es una acci�n para hacer cumplir lo pactado.

QUINTO

Esta Primera S. de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n considera que debe prevalecer con car�cter de jurisprudencia el criterio que emitir� al respecto.

Antes de resolver el tema central de esta contradicci�n, conviene efectuar algunas reflexiones sobre lo que debe entenderse por alimentos, su naturaleza jur�dica, los elementos que abarca, caracter�sticas y dem�s aspectos relacionados, atendiendo tanto a la doctrina, a la jurisprudencia y a la legislaci�n com�n a los Tribunales Colegiados contendientes.

La doctrina y este Alto Tribunal han sido coincidentes en definir al derecho de alimentos como la facultad jur�dica que tiene una persona, denominada acreedor alimentista, para exigir a otra, deudor alimentario, lo necesario para vivir como consecuencia del parentesco consangu�neo, del matrimonio, del divorcio y, en determinados casos, del concubinato.

En ese contexto, los alimentos se hacen consistir en proporcionar la asistencia debida para el adecuado sustento de una o varias personas por disposici�n imperativa de la ley, caracteriz�ndose esta obligatoriedad legal por ser rec�proca.

Esto es, el derecho de alimentaci�n proviene de la ley y no de causas contractuales, por tanto, quien ejerce ese derecho para reclamarlos judicialmente �nicamente debe acreditar que es el titular del derecho para que su acci�n alimenticia prospere.

Lo anterior, en base a que el legislador ordinario reconoce que la obligaci�n legal de proporcionar los alimentos reposa en el v�nculo de solidaridad que enlaza a todos los miembros de una familia y en la comuni�n de intereses, pues su causa obedece a que las personas pertenecientes de un mismo grupo se deben rec�proca asistencia.

Esto es as�, dado que la obligaci�n alimenticia proviene o tiene su origen en un deber �tico, el cual con posterioridad fue acogido por el derecho y se eleva a la categor�a de una obligaci�n jur�dica provista de sanci�n, la cual, como ya qued� anotado, tiene como prop�sito fundamental proporcionar al familiar ca�do en desgracia lo suficiente y necesario para su manutenci�n o subsistencia; debiendo entenderse este deber en su connotaci�n m�s amplia, esto es, la de asegurar al deudor alimentista los medios de vida suficientes cuando �ste carezca de la forma de obtenerlos y se encuentre en la imposibilidad real de procur�rselos.

De ah� que este Alto Tribunal en reiteradas ocasiones haya considerado a los alimentos como de inter�s social y orden p�blico, lo cual se corrobora, en lo conducente, con el contenido de las tesis cuyos datos de identificaci�n, rubro y texto son del tenor literal siguiente:

"Sexta �poca

"Instancia: Tercera S.

"Fuente: Semanario Judicial de la Federaci�n

"Volumen: LX, Cuarta Parte

"P�gina: 20

"ALIMENTOS. CONTRA LA RESOLUCI�N QUE LOS CONCEDE, ES IMPROCEDENTE OTORGAR LA SUSPENSI�N. La Tercera S. de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n ha estimado que los alimentos son de orden p�blico, porque tienden a proteger la subsistencia del acreedor alimentario, y por ello, de concederse la suspensi�n contra la resoluci�n que los concede, se atacar�a al orden p�blico y se afectar�a al inter�s social.

"Queja 214/61. P.C.P.. 21 de junio de 1962. Unanimidad de 4 votos. Ponente: J.C.E.."

"Sexta �poca

"Instancia: Tercera S.

"Fuente: Ap�ndice de 1995

"Tomo: IV, Parte SCJN

"Tesis: 39

"P�gina: 26

"ALIMENTOS, IMPROCEDENCIA DE LA SUSPENSI�N CONTRA EL PAGO DE. Es improcedente conceder la suspensi�n contra el pago de alimentos porque, de concederse, se impedir�a al acreedor alimentario recibir la protecci�n necesaria para su subsistencia, en contravenci�n de las disposiciones legales de orden p�blico que la han establecido y se afectar�a el inter�s social; de donde resulta que se surte el requisito negativo exigido por la fracci�n II del art�culo 124 de la Ley de Amparo para negarla.

"Sexta �poca:

"Queja 16/60. R.�n S.�n. 2 de agosto de 1960. Unanimidad de cuatro votos.

"Queja 241/60. M.G.�a T.�o. 15 de febrero de 1961. Cinco votos.

"Queja 118/61. R.F.R.. 23 de agosto de 1961. Unanimidad de cuatro votos.

"Queja 84/61. F.R.I.. 31 de agosto de 1961. Unanimidad de cuatro votos.

Queja 64/63. I.M.M.. 11 de marzo de 1964. Cinco votos.

No se soslaya que en la mayor�a de las legislaciones de los Estados, como en el art�culo 252 del C�digo Civil para el Estado de Veracruz, se establece que:

Art�culo 252. El derecho de recibir alimentos no es renunciable, ni puede ser objeto de transacci�n.

Lo anterior, dado que al nacer esta obligaci�n, como ya se dijo, del estado de necesidad del acreedor alimentista y ser de orden p�blico e inter�s general, e implicar todo convenio de transacci�n el que las partes tengan que otorgarse mutuas concesiones para llegar a un entendimiento, no es dable arriesgar esa situaci�n autorizando la celebraci�n de esta clase de acuerdos de voluntades, puesto que por su conducto podr�a llegar a aceptarse por el acreedor alimentista condiciones inferiores a las m�nimas contenidas en la legislaci�n como un derecho adquirido, o bien, dar concesiones sobre el monto y exigibilidad de la deuda derivada de esta clase de relaci�n, renunciando en forma parcial a ese derecho, lo cual se encuentra expresamente prohibido por el legislador en este articulado.

Y ello no puede ser de otra forma, dado que en esta clase de relaci�n jur�dica predomina ese orden p�blico e inter�s social con el prop�sito de que la persona necesitada est� auxiliada en su sustento.

De ah� que tambi�n se comprenda el porqu� el legislador ordinario regul� a los alimentos como un derecho protegido de la persona, incluso en contra de la voluntad del propio titular, y les hubiese otorgado las caracter�sticas de ser personal�simos, irrenunciables, imprescriptibles e intransferibles.

En ese orden, es comprensible entonces que los alimentos abarquen, en t�rminos de la legislaci�n civil, tanto a la comida como al vestido, a la habitaci�n y a la asistencia en caso de enfermedad, y que adem�s, en relaci�n con los menores, comprenda tambi�n ese concepto a los gastos necesarios para la educaci�n primaria del acreedor alimentario y el de proporcionarle alg�n oficio, arte o profesi�n honestos y adecuados a su sexo y circunstancias personales.

As�, elart�culo 239 del C�digo Civil para el Estado de Veracruz, al respecto, dispone:

Art�culo 239. Los alimentos comprenden la comida, el vestido, la habitaci�n y la asistencia en casos de enfermedad. Respecto de los menores, los alimentos comprenden, adem�s, los gastos necesarios para la educaci�n primaria del alimentario, y para proporcionarle alg�n oficio, arte o profesi�n honestos y adecuados a su sexo y circunstancias personales.

Al respecto, esta S. ha arribado a la consideraci�n de que en esta obligaci�n alimentaria derivada de la ley deben imperar los principios de equidad y justicia, por ende, en su fijaci�n se deber� atender a las condiciones reales prevalecientes en ese v�nculo familiar del que surge este derecho de alimentos. Esto es, en su fijaci�n, adem�s de atender a estos dos principios fundamentales a que hemos aludido: estado de necesidad del acreedor y a las posibilidades reales del obligado, tambi�n deber�n ser consideradas y evaluadas las circunstancias o caracter�sticas particulares que prevalecen o representa esa relaci�n familiar, como sin duda lo constituyen: el medio social en que se desenvuelven tanto el acreedor como el deudor alimentario, las costumbres y las circunstancias propias en que se desenvuelve cada familia, desde luego, comprendiendo en �sta al c�nyuge, a los hijos y dem�s que resulten beneficiarios conforme lo se�ala la ley sustantiva aplicable al caso concreto.

Resulta oportuno citar la jurisprudencia que contiene los siguientes datos de localizaci�n, rubro y texto:

"Novena �poca

"Instancia: Primera S.

"Fuente: Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta

"Tomo: XIV, agosto de 2001

"Tesis: 1a./J. 44/2001

"P�gina: 11

ALIMENTOS. REQUISITOS QUE DEBEN OBSERVARSE PARA FIJAR EL MONTO DE LA PENSI�N POR ESE CONCEPTO (LEGISLACIONES DEL DISTRITO FEDERAL Y DEL ESTADO DE CHIAPAS).-De lo dispuesto en los art�culos 308, 309, 311 y 314 del C�digo Civil para el Distrito Federal y sus correlativos 304, 305, 307 y 310 del Estado de Chiapas, se advierte que los legisladores establecieron las bases para determinar el monto de la pensi�n alimenticia, las cuales obedecen fundamentalmente a los principios de proporcionalidad y equidad que debe revestir toda resoluci�n judicial, sea �sta provisional o definitiva, lo que significa que para fijar el monto de esta obligaci�n alimentaria debe atenderse al estado de necesidad del acreedor y a las posibilidades reales del deudor para cumplirla, pero, adem�s, debe tomarse en consideraci�n el entorno social en que �stos se desenvuelven, sus costumbres y dem�s particularidades que representa la familia a la que pertenecen, pues los alimentos no s�lo abarcan el poder cubrir las necesidades vitales o precarias del acreedor, sino el solventarle una vida decorosa, sin lujos, pero suficiente para desenvolverse en el status aludido; de ah� que no sea dable atender para tales efectos a un criterio estrictamente matem�tico, bajo pena de violentar la garant�a de debida fundamentaci�n y motivaci�n consagrada en el art�culo 16 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos y, eventualmente, hacer nugatorio este derecho de orden p�blico e inter�s social.

Es en base a estas particularidades y a los requerimientos cotidianos surgidos en la vida moderna que el legislador ordinario, con el fin de establecer formas pr�cticas de poder cumplir con efectividad esa obligaci�n alimenticia, autoriza al deudor para que pueda cumplirla mediante la asignaci�n de una pensi�n suficiente al acreedor, o bien, incorpor�ndolo a su familia; y s�lo ante la eventualidad de que exista oposici�n a esta incorporaci�n corresponde entonces al juzgador, tomando en cuenta esas particularidades, fijar la forma en que deber�n suministrarse dichos alimentos, conforme al art�culo 240 del C�digo Civil para el Estado de Veracruz, del siguiente tenor:

Art�culo 240. El obligado a dar alimentos cumple la obligaci�n asignando una pensi�n competente al acreedor alimentario, o incorpor�ndolo a la familia. Si el acreedor se opone a ser incorporado, compete al Juez, seg�n las circunstancias, fijar la manera de ministrar los alimentos.

Por consiguiente, se insiste que si los alimentos cumplen una funci�n social y tienen su fundamento en la solidaridad humana, este derecho debe recaer necesariamente en quienes carecen de lo necesario y se encuentran en ese estado de necesidad, y la obligaci�n de otorgarlos sea en quienes tienen la posibilidad econ�mica para satisfacerlos, sea en forma total o parcial.

De ah� el porqu� las legislaciones civiles vigentes en las diversas entidades federativas del pa�s optaron en su inmensa mayor�a por regular el qui�n o qui�nes, el c�mo y el cu�ndo deben darse, sin limitarse a situaciones derivadas del matrimonio, porque esta obligaci�n debe recaer no s�lo en los c�nyuges, sino tambi�n tiene su base en el parentesco dentro de los l�mites que los propios legisladores fijan para esta obligatoriedad civil familiar.

Finalmente, es de destacarse que los alimentos suelen ser clasificados con base en lo establecido en estos ordenamientos civiles en: provisionales y ordinarios, debiendo entenderse que ni los unos ni los otros son fijos o definitivos, pues pueden modificarse en su cuant�a, atendiendo a las circunstancias en que originalmente fueron otorgados o en las que se encuentren los acreedores alimenticios o el deudor al momento de resolver.

Expuesto lo anterior, y a fin de establecer el criterio que debe prevalecer, debe tomarse en cuenta que en los casos de donde deriva la presente contradicci�n de tesis se colige que las partes acreedoras, por conducto de sus representantes, ejercitaron la acci�n de pago de pensi�n alimenticia posterior a la existencia de un convenio sobre alimentos firmado tanto por el deudor alimentista como por el representante del acreedor alimentario, dentro de un juicio de divorcio por mutuo consentimiento.

La transacci�n sobre alimentos, pero �nicamente en lo concerniente a las cantidades o porcentajes, est� debidamente aceptada en el C�digo Civil para el Estado de Veracruz, precisamente en su art�culo 2884, que dice:

"Art�culo 2884. Podr� haber transacci�n sobre las cantidades que ya sean debidas por alimentos."

Es necesario establecer tambi�n que en materia de alimentos no puede operar el principio de cosa juzgada, as� que lo que se decida en un juicio de divorcio, verbigracia, respecto de alimentos, no puede causar estado, porque ello no es una cuesti�n principal en esa clase de juicios, sino una subsidiaria, pues es bien sabido que los alimentos podr�n aumentarse o disminuirse en cualquier momento en que lo acrediten las partes, ya que pudieran variar las posibilidades de quien los da y las mayores o menores necesidades de quien los recibe.

Sobre el tema, es de citarse la tesis siguiente:

"S�ptima �poca

"Instancia: Tercera S.

"Fuente: Semanario Judicial de la Federaci�n

"Volumen: 58, Cuarta Parte

"P�gina: 13

"ALIMENTOS, EN MATERIA DE, NO SE CONSTITUYE COSA JUZGADA.-No existe cosa juzgada en los juicios sobre alimentos, porque la fijaci�n del monto de los mismos siempre es susceptible de aumento o disminuci�n, conforme sea la posibilidad econ�mica del deudor y la necesidad del acreedor, que es la regla reguladora de la proporcionalidad de los alimentos.

"Amparo directo 5863/68. I.V.D.. 15 de octubre de 1973. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: M.R.�rez V�zquez.

"S�ptima �poca, Cuarta Parte:

"Volumen 25, p�gina 13. Amparo directo 5244/69. �ngel R.�guez F.�ndez. 14 de enero de 1971. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: E.M.U..

"Sexta �poca, Cuarta Parte:

"Volumen CXXIX, p�gina 17. Amparo directo 1220/67. F.Q.R.. 28 de mayo de 1968. Cinco votos. Ponente: M.A.."

De la misma manera, debe precisarse que lo relativo a pensiones alimentistas no s�lo est� relacionado con casos de divorcio, sino que es una instituci�n que tiene un rango especial dentro del campo del derecho familiar, de ah� que baste que quien la pide acredite que tiene derecho a recibirla a trav�s de cualquiera de los medios probatorios que establece la ley procesal respectiva, particularmente, a trav�s del documento que contenga las partidas del Registro Civil, si el derecho descansa en el parentesco, debi�ndose demostrar de la misma manera, como ya se indic�: a) Que quien deba proporcionarlos (deudor alimentista) tenga posibilidad econ�mica para hacerlo y b) Que quien deba recibirlos tenga necesidad de ello. Es decir, para decretar los alimentos debe observarse esta dualidad, que el deudor pueda proporcionarlos y el deudor tenga la necesidad de recibirlos, pues si faltare alguno de esos requisitos, no ser� posible ordenar se den alimentos.

En tal virtud, la necesidad de los alimentos requiere, por tanto, de acciones adecuadas e inmediatas que permitan su pronta satisfacci�n, esto es, el pago de la pensi�n alimentaria no puede ni debe retardarse, porque se funda com�nmente en una necesidad apremiante y perentoria, como es la conservaci�n de la vida, por eso, en nuestra legislaci�n se ordena que los juicios que tengan por objeto los alimentos sean breves y sumarios.

Por lo que en el evento que impera en la presente contradicci�n debe establecerse, en primer t�rmino, que la existencia de un convenio sobre alimentos signado por las partes dentro del juicio de divorcio no representa ning�n obst�culo ni impedimento legal alguno para que el acreedor alimentario pueda ejercer la acci�n aut�noma de pago de aqu�llos, pues si bien es cierto que en los casos de incumplimiento de todo contrato procede la acci�n relativa para exigir su cumplimiento, empero, carecer�a de sentido el condicionar el ejercicio de aquella acci�n a un procedimiento previo en el que el deudor pudiera hacer valer recursos o medios legales de defensa que por su tramitaci�n, en muchos casos prolongada har�a inoportuna la atenci�n de esa necesidad que en s� misma implica la subsistencia de la persona, m�xime que en la acci�n de pensi�n alimenticia puede exigirse la fijaci�n de una pensi�n provisional como una medida urgente.

En segundo t�rmino, en atenci�n a esas mismas razones de prioridad, la acci�n de pago proceder� en todo tiempo con independencia del nombre que la parte actora le d�, e independientemente si la acci�n deriva o no de casos de divorcio, toda vez que lo relativo a pensiones alimentistas no s�lo procede por derivaci�n de dicha clase de casos, sino que es una instituci�n que est� inmersa en el campo del derecho familiar en general, que prospera siempre que se satisfagan los requisitos de posibilidad-necesidad, por lo que de retrasarse la ministraci�n de los alimentos por formalismos procesales o jurisdiccionales se pondr�a en peligro la subsistencia del acreedor y, en tal caso, corresponder� al juzgador atender la acci�n que tienda al cumplimiento pronto de tan apremiante necesidad vital.

Todo ello a la luz del principio garantista de acceso efectivo a la justicia contenido en el art�culo 17, segundo p�rrafo, de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, m�xime que en materia de alimentos debe prevalecer tal garant�a constitucional, la cual se ver�a violentada al hacer nugatorio el derecho del acreedor alimentario a que se resuelva la cuesti�n efectivamente planteada ante la exigencia del ejercicio de acciones ajenas a la obtenci�n inmediata de aqu�llos, lo anterior en atenci�n a los valores fundamentales que se encuentran en juego, como es la satisfacci�n del menor de esa necesidad elemental elevada a rango constitucional precisamente en el art�culo 4o. de la Carta Magna, en cuanto establece: "Los ni�os y las ni�as tienen derecho a la satisfacci�n de sus necesidades de alimentaci�n, salud, educaci�n y sano esparcimiento para su desarrollo integral."; lo cual s�lo podr� tutelarse mediante el respeto de esa garant�a de acceso a la justicia; estimar lo contrario, atentar�a contra el derecho del gobernado a instar en su defensa la acci�n de los tribunales, as� como contra el fin del legislador de permitir un acceso flexible y libre de tecnicismos, sobre todo en el tema que nos ocupa en esta resoluci�n.

En apoyo de lo anterior, se cita la siguiente tesis:

"Novena �poca

"Instancia: Primera S.

"Fuente: Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta

"Tomo: XIX, mayo de 2004

"Tesis: 1a. LIII/2004

"P�gina: 513

"GARANT�A A LA TUTELA JURISDICCIONAL PREVISTA EN EL ART�CULO 17 DE LA CONSTITUCI�N FEDERAL. SUS ALCANCES.-El citado precepto constitucional establece cinco garant�as, a saber: 1) la prohibici�n de la autotutela o ?hacerse justicia por propia mano?; 2) el derecho a la tutela jurisdiccional; 3) la abolici�n de costas judiciales; 4) la independencia judicial, y 5) la prohibici�n de la prisi�n por deudas del orden civil. La segunda de dichas garant�as puede definirse como el derecho p�blico subjetivo que toda persona tiene, dentro de los plazos y t�rminos que fijen las leyes, para acceder de manera expedita a tribunales independientes e imparciales, a plantear una pretensi�n o defenderse de ella, con el fin de que a trav�s de un proceso en el que se respeten ciertas formalidades, se decida sobre la pretensi�n o la defensa y, en su caso, se ejecute esa decisi�n. Ahora bien, si se atiende a que la prevenci�n de que los �rganos jurisdiccionales deben estar expeditos -adjetivo con que se designa lo desembarazado, lo que est� libre de todo estorbo- para impartir justicia en los plazos y t�rminos que fijen las leyes, significa que el poder p�blico -en cualquiera de sus manifestaciones: Ejecutivo, Legislativo o Judicial- no puede supeditar el acceso a los tribunales a condici�n alguna, pues de establecer cualquiera, �sta constituir�a un obst�culo entre los gobernados y los tribunales, es indudable que tal derecho a la tutela judicial puede verse conculcado por normas que impongan requisitos impeditivos u obstaculizadores del acceso a la jurisdicci�n, si tales trabas resultan innecesarias, excesivas y carecen de razonabilidad o proporcionalidad respecto de los fines que l�citamente puede perseguir el legislador. Sin embargo, no todos los requisitos para el acceso al proceso pueden considerarse inconstitucionales, como ocurre con aquellos que, respetando el contenido de ese derecho fundamental, est�n enderezados a preservar otros derechos, bienes o intereses constitucionalmente protegidos y guardan la adecuada proporcionalidad con la finalidad perseguida, como es el caso del cumplimiento de los plazos legales, el de agotar los recursos ordinarios previos antes de ejercer cierto tipo de acciones o el de la previa consignaci�n de fianzas o dep�sitos.

Amparo directo en revisi�n 1670/2003. Fianzas M�xico Bital, S.A., Grupo Financiero Bital. 10 de marzo de 2004. Cinco votos. Ponente: Jos� de Jes�s G.�o P.. Secretario: M.B. L�pez.

De las relatadas consideraciones, y en base a lo dispuesto por el art�culo 195 de la Ley de Amparo, la tesis que debe prevalecer, con car�cter de jurisprudencia, es la sustentada por esta S. colegiada, cuyos rubro y texto son del tenor literal siguiente:

ALIMENTOS. PROCEDE LA ACCI�N AUT�NOMA PARA EXIGIR SU PAGO, INDEPENDIENTEMENTE DEL NOMBRE QUE SE LE D�, Y DE LA EXISTENCIA PREVIA DE UN CONVENIO CELEBRADO AL RESPECTO DENTRO DEL JUICIO DE DIVORCIO POR MUTUO CONSENTIMIENTO.-El art�culo 252 del C�digo Civil para el Estado de Veracruz dispone que el derecho de recibir alimentos no es renunciable ni puede ser objeto de transacci�n; sin embargo, el numeral 2884 del referido c�digo establece una excepci�n en el sentido de que podr� haber transacci�n, pero �nicamente sobre las cantidades debidas por alimentos, lo cual significa que es factible celebrar convenio entre acreedor alimentario, o su representante, y el deudor alimentista conforme a esa excepci�n. Ahora bien, la existencia de dicho acuerdo de voluntades respecto de los alimentos de los hijos habidos en el matrimonio, dentro de un juicio de divorcio por mutuo consentimiento, debidamente juzgado, no representa obst�culo o impedimento legal alguno para que el acreedor alimentario reclame del deudor, mediante acci�n aut�noma, el pago de la pensi�n alimenticia a que se encuentra obligado legalmente, pues si bien es cierto que ante el incumplimiento de los contratos procede la acci�n relativa para exigir su cumplimiento, tambi�n lo es que carecer�a de sentido condicionar el ejercicio de aquella acci�n a un procedimiento previo en el que se hicieran valer otros recursos o medios legales de defensa, ya que ello tornar�a inoportuna la atenci�n de esa necesidad que en s� misma implica la subsistencia de la persona, adem�s de que por tales razones de prioridad, la acci�n de pago proceder� en todo tiempo con independencia del nombre que la parte actora le d�, y de si la acci�n deriva o no de un juicio de divorcio, toda vez que la aludida pensi�n no s�lo procede por derivaci�n de la separaci�n matrimonial, sino que es una instituci�n de derecho familiar que prospera siempre que se satisfagan los requisitos de posibilidad-necesidad, por lo que retrasar su ministraci�n por formalismos procesales pondr�a en peligro la subsistencia del acreedor y, en tal caso, corresponder� al juzgador atender la acci�n ejercida para exigir el cumplimiento inmediato de tan apremiante necesidad. Ello, en congruencia con la garant�a de acceso a la justicia prevista en el art�culo 17 de la Constituci�n Federal, la cual se violar�a al hacer nugatorio el derecho del acreedor alimentario a que se resuelva la cuesti�n efectivamente planteada, ante la exigencia del ejercicio de acciones ajenas a la obtenci�n inmediata de los alimentos, en virtud del valor fundamental que implica la satisfacci�n de tal necesidad de los menores, elevada a rango constitucional en el art�culo 4o. de la Ley Fundamental.

Por lo expuesto y fundado se

resuelve:

PRIMERO

S� existe contradicci�n entre las tesis sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero y Segundo, ambos en Materia Civil del S�ptimo Circuito, en las ejecutorias precisadas en el considerando tercero de este fallo.

SEGUNDO

Debe prevalecer, con car�cter de jurisprudencia, el criterio sustentado por esta Primera S. de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, conforme a la tesis que ha quedado redactada en la parte final del �ltimo considerando de esta resoluci�n.

TERCERO

Rem�tase de inmediato la tesis jurisprudencial precisada en la presente resoluci�n a la Direcci�n General de la Coordinaci�n de Compilaci�n y S.�n de Tesis para su publicaci�n en el Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, as� como al Tribunal Pleno y Segunda S. de esta Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, a los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y Jueces de Distrito, en acatamiento a lo previsto en el art�culo 195 de la Ley de Amparo.

N.�quese, con testimonio de la presente resoluci�n a los Tribunales Colegiados contendientes y, en su oportunidad, arch�vese el toca.

As� lo resolvi� la Primera S. de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, por unanimidad de cuatro votos de los se�ores Ministros: Jos� de Jes�s G.�o P., S.A.V.H.�ndez (ponente), J.R.�n C.�o D�az y presidenta O.S.C. de G.�a V.. Ausente el M.J.N.S.M..