Ejecutoria num. 1a./J. 4/2005 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala - Jurisprudencia - VLEX 26824122

Ejecutoria num. 1a./J. 4/2005 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala

Emisor:Primera Sala
Número de Resolución:1a./J. 4/2005
Materia:Suprema Corte de Justicia de México
Fecha de Publicación: 1 de Abril de 2005
RESUMEN

CONTRADICCIÓN DE TESIS 117/2003-PS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS ENTONCES PRIMER Y TERCER TRIBUNALES COLEGIADOS DEL SEXTO CIRCUITO, ACTUALMENTE AMBOS EN MATERIA CIVIL, TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO Y SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO CIRCUITO. DOCUMENTOS PRIVADOS PROVENIENTES DE LAS PARTES. LA CARGA PROBATORIA DE LA OBJECIÓN DE FIRMA CORRESPONDE A QUIEN LA PLANTEA (LEGISLACIONES DE CHIAPAS Y PUEBLA, ESTA ÚLTIMA ANTES DE LA REFORMA PUBLICADA EL 14 DE SEPTIEMBRE DE 1998).

 
ÍNDICE
CONTENIDO

CONTRADICCI�N DE TESIS 117/2003-PS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS ENTONCES PRIMER Y TERCER TRIBUNALES COLEGIADOS DEL SEXTO CIRCUITO, ACTUALMENTE AMBOS EN MATERIA CIVIL, TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO Y SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIG�SIMO CIRCUITO.

CONSIDERANDO:

CUARTO

Puntualizado lo anterior, procede analizar las consideraciones vertidas por los Tribunales Colegiados en cuesti�n para establecer si existe o no la contradicci�n de tesis denunciada, ya que s�lo en tal hip�tesis ser� posible efectuar pronunciamiento en relaci�n con el fondo del asunto.

Sobre el particular, esta Suprema C.e de Justicia de la Naci�n ha sustentado el criterio de que para que exista contradicci�n de criterios, es necesario que concurran los siguientes supuestos:

  1. Que al resolver los negocios jur�dicos se examinen cuestiones jur�dicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jur�dicos discrepantes;

  2. Que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jur�dicas de las sentencias respectivas; y,

  3. Que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos.

Al respecto, cabe citar la tesis jurisprudencial que se identifica y lee como sigue:

"Novena �poca

"Instancia: Pleno

"Fuente: Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta

"Tomo: XIII, abril de 2001

"Tesis: P./J. 26/2001

"P�gina: 76

CONTRADICCI�N DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA. De conformidad con lo que establecen los art�culos 107, fracci�n XIII, primer p�rrafo, de la Constituci�n Federal y 197-A de la Ley de Amparo, cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el Pleno de la Suprema C.e de Justicia de la Naci�n o la Sala que corresponda deben decidir cu�l tesis ha de prevalecer. Ahora bien, se entiende que existen tesis contradictorias cuando concurren los siguientes supuestos: a) que al resolver los negocios jur�dicos se examinen cuestiones jur�dicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jur�dicos discrepantes; b) que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jur�dicas de las sentencias respectivas; y, c) que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos.

QUINTO

El Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, el ocho de julio de mil novecientos noventa y tres, resolvi� el juicio de amparo directo 3403/93, promovido por J.R.S., cuya ejecutoria, en la parte que interesa, a la letra dice:

"El cuarto motivo de inconformidad deviene infundado, toda vez que no es exacto que el tribunal de alzada hubiese verificado una inexacta aplicaci�n del art�culo 335 del C�digo de Procedimientos Civiles, ni de la jurisprudencia que invoca en el fallo combatido sobre objeci�n a los documentos privados, toda vez que al desestimar el agravio alusivo en la sentencia impugnada, s�lo confirm� el correcto valor probatorio que la J. a quo concedi� al contrato de arrendamiento exhibido por el actor en el procedimiento natural, con el que se dio por acreditada la relaci�n contractual entre las partes, ya que el contrato de arrendamiento es el documento que leg�tima al accionante en una acci�n de desahucio como la que se trata en la especie, sin que sea suficiente la objeci�n que se haga del documento cuestionado y la admisi�n de esa objeci�n, ya que se requiere la aportaci�n de elementos de convicci�n suficientes que acrediten la invalidez del contrato, por no tratarse de un documento simple proveniente de tercero como aduce el quejoso, sino de un documento privado que se analiza al tenor de los art�culos 335 y 402 del C�digo de Procedimientos Civiles, conteniendo en s� mismo el valor probatorio suficiente y necesario que le concede la ley, en la medida en que el objetante no acredita la objeci�n que hace valer en relaci�n con ese documento con pruebas id�neas, siendo aplicable la tesis jurisprudencial que invoc� la Sala responsable en la sentencia definitiva combatida, y la diversa que aparece publicada en la p�gina 557 del volumen sobre precedentes de la Tercera Sala que no han integrado jurisprudencia correspondiente a los a�os 1969 a 1986, Cuarta Parte, cuyo sumario es el siguiente: ?DOCUMENTOS, OBJECI�N DE.? (se transcribe); por lo cual, de ninguna manera puede concluirse como quiere el quejoso, que corresponda al litigante contrario probar la autenticidad del documento privado en que funda su derecho ..." (fojas 79 a 82 del cuaderno de la contradicci�n en que se act�a).

Con base en esa resoluci�n sustent� la tesis que dice:

"Octava �poca

"Instancia: Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito

"Fuente: Semanario Judicial de la Federaci�n

"Tomo: XII, septiembre de 1993

"Tesis: I.3o.C.631 C

"P�gina: 215

DOCUMENTOS PRIVADOS, OBJECI�N NO DEMOSTRADA. No es suficiente la objeci�n de un documento privado exhibido en juicio para que �ste pierda su valor probatorio, sino que es necesario adem�s, que la objeci�n que haga el litigante, se funde en causas que puedan motivar la invalidez del documento y que dichas causas se acrediten con pruebas id�neas. No sucede lo mismo cuando se trata de un documento simple proveniente de tercero, que es objetado por la parte a quien perjudica, porque en este caso basta la objeci�n para que pierda su valor probatorio, arrojando la carga de la prueba de su contenido al oferente.

Posteriormente, el propio Tribunal Colegiado, con fechas treinta de junio de mil novecientos noventa y cuatro y diecis�is de mayo de mil novecientos noventa y seis, resolvi� los juicios de amparo directo 3333/94 y 2703/96, promovidos por M.R.B.�tez y la sucesi�n de C.A.M.M., respectivamente, y en los mismos reiter� el criterio que hab�a sustentado en la ejecutoria anteriormente transcrita, en su parte conducente, los cuales no se transcriben a fin de no incurrir en repeticiones innecesarias.

SEXTO

El entonces Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, actualmente en Materia Civil, con base en las ejecutorias que emiti� al resolver los juicios de amparo directo 27/88, 90/89, 407/90, 64/91 y 74/91, promovidos por L.G.�a Zempoalt�catl, R. �ngel L.G.�lez y otro, Delikatessen, Sociedad An�nima de Capital Variable, E.M.�as R. y C.T.T. y otra, respectivamente, con fechas diecisiete de mayo de mil novecientos ochenta y ocho, veintitr�s de agosto y cuatro de octubre de mil novecientos noventa, siete y catorce de marzo de mil novecientos noventa y uno, sustent� la tesis jurisprudencial que a la letra dice:

"Octava �poca

"Instancia: Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito

"Fuente: Semanario Judicial de la Federaci�n

"Tomo: VII, mayo de 1991

"Tesis: VI.1o. J/53

"P�gina: 88

DOCUMENTOS PRIVADOS OBJETADOS. SURTEN PLENOS EFECTOS SI NO SE DEMUESTRA LA OBJECI�N (LEGISLACI�N DEL ESTADO DE PUEBLA). De conformidad con el art�culo 427 del C�digo de Procedimientos Civiles, los documentos privados har�n prueba plena cuando no fueren objetados o cuando fueren legalmente reconocidos, de tal manera que si se objeta uno de esos documentos, es a cargo de quien plantea la cuesti�n demostrar los extremos en que apoye su aserto, pero si no lo hace, devendr� en una simple afirmaci�n sin base que la sustente y por lo mismo la probanza debe surtir efectos plenos.

En virtud de que los cinco precedentes con base en los cuales se sustent� la tesis transcrita con anterioridad son de similar redacci�n, a fin de evitar repeticiones innecesarias, solamente se transcribir� el primero de ellos que, en la parte que interesa, a la letra dice:

"En efecto, el entonces actor acompa�� a su demanda como base de la acci�n una copia al carb�n de un contrato de compraventa celebrado el once de noviembre de mil novecientos setenta y nueve, entre I.R.�guez viuda de Vega, como vendedora, y S.Z.�catl, L.G.�a y F.S.�nchez, como compradores. La materia de ese instrumento fue un terreno denominado El Barrial, ubicado en el pueblo de San Pablo Xochimihuac�n, con las medidas y colindancias que en otra parte de esta ejecutoria quedaron especificadas, habiendo sido el monto de la operaci�n, la cantidad de cien pesos. La copia de referencia contiene las firmas aut�grafas de la vendedora y una huella digital que aparece como de �sta, pero adem�s las firmas aut�grafas tanto de los compradores como de los testigos que intervinieron en el acto. Al contestar la demanda, este documento fue tachado de alterado y de falso, no obstante, ninguna prueba se ofreci� para acreditar tales aseveraciones a pesar de que la demandada estuvo en posibilidad de hacerlo y de esta suerte demostrar que la firma de la vendedora no fue estampada por el pu�o y letra de la persona que aparece como tal, y que la huella no le pertenece. Es pertinente hacer notar que aunque no se dijo expresamente, lo relacionado con la falsificaci�n o alteraci�n de ese documento constituye una verdadera objeci�n, y como tal debi� probarse, ya que no basta decir que un documento se objeta sino que es necesario acreditar la causa en que se apoye la objeci�n, porque de lo contrario devendr� una simple afirmaci�n sin base que la sustente. Como corolario de lo que ha quedado expuesto, debe se�alarse que de acuerdo con el art�culo 427 del C�digo de Procedimientos Civiles del Estado, los documentos privados provenientes de las partes har�n prueba plena cuando no fueren objetados o cuando fueren legalmente reconocidos, de esta disposici�n se sigue que si habiendo sido objetado uno de ellos, la parte interesada no demuestra los extremos en que apoya su redarguci�n, la probanza debe surtir efectos plenos para comprobar los hechos de que se trate ..." (fojas 178 reverso a 179 del cuaderno de la contradicci�n en que se act�a).

S�PTIMO

El entonces Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, actualmente con la misma denominaci�n pero en Materia Civil, con base en las ejecutorias que emiti� al resolver los juicios de amparo directo 380/88, 417/88, 454/88, 497/88 y 8/89, promovidos por J.� El�as Pi�a C.�s, J.L.H.M., J.L.C. y otra, J.R.�n M�ndez y D.H.�ndez Cruz, con fechas once de octubre y dieciocho de noviembre de mil novecientos ochenta y ocho, diez, trece de enero y nueve de marzo de mil novecientos ochenta y nueve, sustent� la tesis jurisprudencial que a la letra dice:

"Octava �poca

"Instancia: Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito

"Fuente: Semanario Judicial de la Federaci�n

"Tomo: III, Segunda Parte-2, enero a junio de 1989

"Tesis: VI. 3o. J/6

"P�gina: 911

DOCUMENTOS PRIVADOS OBJETADOS. NECESIDAD DE PROBAR LA OBJECI�N (LEGISLACI�N DEL ESTADO DE PUEBLA). El art�culo 427 del C�digo de Procedimientos Civiles del Estado de Puebla contempla dos hip�tesis, en las que el documento privado proveniente de las partes tiene pleno valor probatorio: Cuando no es objetado, o bien, cuando es legalmente reconocido. Ahora bien, aun cuando una de las partes objete un documento privado, expresando que lo hace en cuanto a su contenido y firma, tales manifestaciones por s� solas son insuficientes para tener por justificada la objeci�n, pues el objetante debe probar las causas en que funda su oposici�n, dado que es un principio general de derecho, el que la buena fe se presuma en todo caso, de manera que debe considerarse que el oferente de la prueba act�a rectamente, al atribuir a su contraparte el documento que exhibe, por lo que es a �sta a quien toca demostrar las circunstancias no manifestadas por aqu�l, que restan o privan eficacia probatoria al documento.

En virtud de que los cinco precedentes con base en los cuales se sustent� la tesis transcrita con anterioridad, son de similar redacci�n, a fin de evitar repeticiones innecesarias solamente se transcribir� el tercero de ellos, por ser el m�s expl�cito que, en la parte que interesa, a la letra dice:

"T.�n son infundadas las argumentaciones que se encaminan a controvertir el valor del contrato de arrendamiento de fecha primero de julio de mil novecientos ochenta y cinco, base de la acci�n que intent� la se�ora Romana Huerta Tob�n. En efecto, el art�culo 427 del C�digo de Procedimientos Civiles del Estado dispone (se transcribe). El precepto transcrito contempla dos hip�tesis en las que los documentos privados provenientes de las partes tienen pleno valor probatorio cuando no se objetan, o bien, cuando son legalmente reconocidos. En la especie, aun cuando los hoy quejosos objetaron el contrato de referencia, al sostener la falsedad de su contenido y firmas, tales manifestaciones por s� solas son insuficientes para tener por justificada la objeci�n, pues los propios quejosos debieron probar las causas en que fundaron su oposici�n, porque es un principio general de derecho el que la buena fe se presuma en todo caso, de manera que debe considerarse que el oferente de la prueba act�a rectamente al atribuir a su contraparte el documento que exhibe, por lo que es a �sta a quien toca demostrar las circunstancias no manifestadas por aqu�l, que restan o privan de eficacia probatoria al documento. Consecuentemente, aun cuando los quejosos objetaron el contrato, se repite, dado que no aportaron prueba alguna para acreditar su objeci�n, es inconcuso que al propio contrato debi� otorg�rsele, como se hizo, pleno valor probatorio. La anterior conclusi�n no se desvirt�a por el hecho de que los quejosos en escrito de fecha cuatro de abril de mil novecientos ochenta y seis, hayan interpuesto incidente penal, pues �ste fue desechado mediante acuerdo de fecha veinticuatro del mismo mes y a�o; por lo que ante este desechamiento debieron interponer el recurso de revocaci�n previsto en el art�culo 305 del C�digo de Procedimientos Civiles del Estado aplicable, de tal manera que al no hacerlo as�, ese prove�do caus� estado, y en atenci�n al principio de preclusi�n procesal que impera en materia civil, perdieron su derecho para formular cualquier impugnaci�n acerca de ese documento. Por lo anterior, es inexacto que al multicitado contrato deba rest�rsele validez porque, seg�n se dijo, no se justificaron las objeciones, el incidente fue desechado y en t�rminos del art�culo 427 del C�digo de Procedimientos Civiles del Estado, era innecesario que se reconociera expresamente, seg�n qued� precisado ..." (fojas 318 reverso a 319 reverso del expediente de la presente contradicci�n).

OCTAVO

La resoluci�n del Segundo Tribunal Colegiado del Vig�simo Circuito, cuyo presidente denunci� la contradicci�n de tesis a estudio, en la parte conducente, es del tenor siguiente:

Asimismo, lo alegado por el impetrante de garant�as en el sentido de que a los terceros perjudicados les correspond�a la carga de probar que no eran suyas las firmas que en calidad de vendedores aparecen en el contrato privado de compraventa en comento, resulta infundado. Lo anterior se estima as�, en atenci�n a la interpretaci�n de lo dispuesto por los art�culos 342 y 401, ambos del C�digo de Procedimientos Civiles del Estado de Chiapas, los cuales son del tenor siguiente: ?Art�culo 342.? (se transcribe). ?Art�culo 401.? (se transcribe). De los preceptos legales transcritos se desprende que los documentos privados son pruebas imperfectas, esto es, originariamente llegan a juicio sin que la ley reconozca que por s� mismos demuestran su autenticidad, pues para ello se requiere que sean reconocidos por su suscriptor o suscriptores, ya sea en forma expresa o t�cita derivada de su no objeci�n, de tal forma que cuando no existe dicho reconocimiento, su autenticidad debe ser reforzada a trav�s de otro u otros medios convictivos de los establecidos en la ley para que se perfeccionen, pues de lo contrario �nicamente tienen el valor de un indicio. Ahora bien, en el caso concreto, el documento exhibido por el quejoso como base de su acci�n reconvencional es un contrato privado, y como tal constituye una prueba imperfecta, por lo que, contrario a lo aducido por el impetrante del amparo, no goza, por s� mismo, de la presunci�n de autenticidad, y dado que no fue reconocido por los hoy terceros perjudicados ni expresa ni t�citamente, pues lo objetaron argumentando que no eran suyas las firmas que aparecen en �l, resulta inconcuso que al hoy quejoso, como oferente de la prueba, le correspond�a demostrar su autenticidad, reforz�ndolo con otros medios convictivos de los establecidos en la ley, ya que no fue perfeccionado por el reconocimiento expreso o t�cito de los terceros perjudicados. En tal virtud, los objetantes no tienen la carga de demostrar su objeci�n para impedir que el contrato privado de compraventa surta plenos efectos probatorios, pues la simple objeci�n es suficiente para que �nicamente tenga el valor de indicio, de conformidad con lo dispuesto en los preceptos legales transcritos en p�rrafos precedentes, ya que expresamente se establece que los documentos privados s�lo har�n prueba plena contra su autor cuando sean reconocidos legalmente, y ello solamente se obtiene mediante el reconocimiento expreso o t�cito del mismo; de manera que si en la especie los terceros perjudicados objetaron el contrato base de la acci�n, al tratarse de un documento privado, su objeci�n, sin necesidad de demostrarla, es suficiente para que la documental de m�rito carezca de pleno valor convictivo. Caso contrario sucede con los documentos p�blicos, ya que al respecto el art�culo 398 del C�digo de Procedimientos Civiles del Estado de Chiapas establece: ?Los documentos p�blicos hacen prueba plena y no se perjudicar�n en cuanto a su validez por las excepciones que se aleguen para destruir la acci�n que en ellos se funde.?. De lo que se desprende que �stos llegan a juicio con la calidad de pruebas perfectas, pues no requieren del reconocimiento expreso o t�cito de la persona a quien se atribuye su autor�a para que tengan el valor de prueba plena, por ende, la simple objeci�n no es suficiente para restarles eficacia probatoria, sino que la misma debe ser demostrada por su objetante para que pueda desvirtuarse el valor convictivo del que por disposici�n legal gozan dichas documentales. Sin que sea �bice a lo sustentado en p�rrafos anteriores lo que el inconforme alega en el sentido de que la manifestaci�n de los demandados reconvencionistas en cuanto a la negativa de reconocimiento de las firmas que aparecen en la documental en comento envuelve la afirmaci�n expresa de un hecho, consistente en que ?afirman que las firmas no son de ellos? y que, por tanto, a �stos les correspond�a demostrar la falsedad de las mencionadas r�bricas; pues dicho argumento en forma alguna pone de manifiesto la existencia de una negativa que envuelva la afirmaci�n expresa de un hecho, dado que la citada objeci�n constituye una negativa lisa y llana en el sentido de que las firmas que calza el documento base de la acci�n reconvencional no son de ellos. Adem�s, como ya se dijo, dicho documento originariamente llega a juicio como una prueba imperfecta, por lo que aun cuando se estimara que la objeci�n en comento constituyera una negativa que envuelve la afirmaci�n de un hecho, ello en forma alguna revertir�a la carga probatoria, cuando, como en el caso, la autenticidad del contrato de m�rito no est� reforzada con otros medios convictivos pues, por las razones apuntadas, es al oferente del documento privado a quien le corresponde perfeccionarlo y, por tanto, la simple objeci�n es suficiente para que �nicamente tenga el valor de un indicio. Es aplicable al caso, en lo conducente, la jurisprudencia por contradicci�n de tesis n�mero 86/2001, sustentada por la Primera Sala de la Suprema C.e de Justicia de la Naci�n, visible en la p�gina 11, T.X., noviembre de 2001, del Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, Novena�poca, que es del tenor siguiente: ?DOCUMENTOS PRIVADOS. PUEDEN PERFECCIONARSE, ENTRE OTROS MEDIOS, A TRAV�S DE SU RECONOCIMIENTO EXPRESO O T�CITO, TENIENDO EN AMBOS CASOS LA MISMA EFICACIA PROBATORIA PARA DEMOSTRAR LOS EXTREMOS PLANTEADOS (LEGISLACI�N DEL DISTRITO FEDERAL).? (se transcribe). Sin que sea obst�culo a lo precisado en esta ejecutoria, las tesis citadas por el quejoso, que a continuaci�n se especifican: jurisprudencia n�mero 53, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la p�gina 88, T.V., mayo de 1991, del Semanario Judicial de la Federaci�n, Octava �poca, que a la letra dice: ?DOCUMENTOS PRIVADOS OBJETADOS. SURTEN PLENOS EFECTOS SI NO SE DEMUESTRA LA OBJECI�N (LEGISLACI�N DEL ESTADO DE PUEBLA).? (se transcribe). Tesis I.3o.C.631, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, consultable en la foja 215, Tomo XII, septiembre de 1993, del Semanario Judicial de la Federaci�n, Octava �poca, que literalmente dice: ?DOCUMENTOS PRIVADOS, OBJECI�N NO DEMOSTRADA.? (se transcribe). Jurisprudencia n�mero 6, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la p�gina 911, Tomo III, Segunda Parte-2, enero a junio de 1989, del Semanario Judicial de la Federaci�n, Octava �poca, que es del tenor siguiente: ?DOCUMENTOS PRIVADOS OBJETADOS. NECESIDAD DE PROBAR LA OBJECI�N (LEGISLACI�N DEL ESTADO DE PUEBLA).? (se transcribe). Ahora bien, se estima que dichos criterios no son obst�culo a lo sustentado en esta sentencia, en virtud de que por las razones que quedaron expuestas en p�rrafos anteriores, este �rgano de control de legalidad no los comparte. Ello es as�, en atenci�n a que en los criterios transcritos sustancialmente se sostiene que no es suficiente la objeci�n de un documento privado exhibido en juicio para que �ste pierda su pleno valor convictivo, sino que es necesario que el objetante demuestre su objeci�n para restarle eficacia probatoria, pues de lo contrario surte plenos efectos; y este Tribunal Colegiado considera, en esencia, que los documentos privados son pruebas imperfectas, por lo que originalmente llegan a juicio sin que la ley reconozca que por s� mismos demuestran su autenticidad, pues para ello se requiere que sean reconocidos por su suscriptor o suscriptores, ya sea en forma expresa o t�cita, por lo que cuando no existe dicho reconocimiento su veracidad debe ser reforzada a trav�s de otro u otros medios convictivos de los establecidos en la ley para que se perfeccionen, por ende, en estos casos el objetante no tiene la carga de acreditar su objeci�n para evitar que un documento privado surta plenos efectos, ya que la simple objeci�n sin demostrarla es suficiente para tal fin, en consecuencia, es al oferente a quien le corresponde la carga probatoria a fin de reforzar la autenticidad de ese tipo de documentales.

NOVENO

Despu�s de analizar los criterios precedentemente transcritos, esta Primera Sala de la Suprema C.e de Justicia de la Naci�n arriba a la conclusi�n de que s� existe la contradicci�n de tesis denunciada en lo que corresponde a los criterios sostenidos por el Primer y Tercer Tribunales Colegiados del Sexto Circuito, actualmente en Materia Civil, en relaci�n con el del Segundo Tribunal Colegiado del Vig�simo Circuito, sin participar en dicha contradicci�n de tesis el criterio sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito.

Igualmente, esta Primera Sala tambi�n advierte que la materia de la contradicci�n de tesis a estudio se constri�e a determinar a qui�n corresponde la carga de la prueba cuando en un juicio civil se objeta en cuanto a su firma un documento privado proveniente de una de las partes, esto es, si corresponde al oferente de la prueba desvirtuar la objeci�n planteada por su contraparte a fin de otorgarle valor probatorio a la documental privada por �l ofrecida, o corresponde al objetante demostrar los hechos en los que funda su objeci�n de firma.

Ciertamente, los entonces Primer y Tercer Tribunales Colegiados del Sexto Circuito, actualmente en Materia Civil, en lo que corresponde al tema de la contradicci�n de tesis, sostuvieron un criterio coincidente en el sentido de que del art�culo 427 del C�digo de Procedimientos Civiles del Estado de Puebla, se desprend�an dos hip�tesis en las que el documento privado proveniente de las partes ten�a pleno valor probatorio, a saber, cuando no es objetado o cuando fuera legalmente reconocido, que en la primera hip�tesis aun cuando las partes objetaran un documento privado, expresando que lo hac�an en cuanto a su contenido y firma, tales manifestaciones por s� mismas eran insuficientes para tener por justificada la objeci�n, porque el objetante deb�a probar las causas en que fundara su oposici�n, dado que era un principio general de derecho, el que la buena fe se presumiera en todo caso, de tal manera que deb�a considerarse que el oferente de la prueba actuaba rectamente al atribuir a su contraparte el documento que exhib�a, por lo que era al objetante a quien tocaba demostrar las circunstancias no manifestadas en el documento que restaran o privaran de eficacia probatoria al mismo.

Por su parte, el Segundo Tribunal Colegiado del Vig�simo Circuito, al resolver el amparo indicado con anterioridad, en lo que corresponde a la materia de la contradicci�n de tesis, sostuvo el criterio de que los documentos privados eran pruebas imperfectas, por lo que originalmente llegaban a juicio sin que la ley reconociera que por s� mismos demostraban su autenticidad, por lo que era necesario que fueran reconocidos por su suscriptor o suscriptores, ya fuese en forma expresa o t�cita, y que cuando no exist�a dicho reconocimiento, su veracidad deb�a ser reforzada a trav�s de otro u otros medios convictivos de los establecidos en la ley, motivos por los cuales consider� que el objetante no ten�a la carga de acreditar su objeci�n para evitar que un documento privado surtiera plenos efectos, ya que la simple objeci�n sin demostrarla era suficiente para tal fin y que, por ello, correspond�a al oferente de la prueba la carga de probar la autenticidad de esa documental.

De lo anteriormente expuesto se desprende inobjetablemente que s� existe la contradicci�n de tesis denunciada entre los criterios precisados en los p�rrafos anteriores, ya que los Tribunales Colegiados contendientes analizaron cuestiones jur�dicas esencialmente iguales y adoptaron criterios jur�dicos discrepantes, porque mientras los entonces Primer y Tercer Tribunales Colegiados del Sexto Circuito, actualmente en Materia Civil, sostienen el criterio de que corresponde al objetante de una prueba documental privada en cuanto a la autenticidad de la firma la carga de probar los hechos en que funde su objeci�n; el Segundo Tribunal Colegiado del Vig�simo Circuito sostiene un criterio opuesto en el sentido de que corresponde al oferente de la prueba la carga probatoria de desvirtuar la objeci�n formulada por su contraria a fin de perfeccionar la documental privada ofrecida de su parte.

Adem�s, la diferencia de criterios se presenta en las consideraciones, razonamientos e interpretaciones jur�dicas de las sentencias que emitieron al respecto y los distintos criterios provienen del examen de los mismos elementos, ya que ambos Tribunales Colegiados analizaron juicios de amparo derivados de juicios civiles en los cuales se ofrecieron documentales privadas provenientes de las mismas partes litigantes que fueron objetadas en cuanto a su firma, arrib�ndose a conclusiones contradictorias en cuanto a qui�n correspond�a la carga probatoria, y aun cuando se apoyaron en legislaciones diferentes, de su lectura se advierte que contienen disposiciones similares en lo que corresponde al tema materia de la contradicci�n de tesis.

Ciertamente, los Tribunales Colegiados del Sexto Circuito para arribar a la conclusi�n de que correspond�a a la parte promovente de una objeci�n formulada en contra de una documental privada proveniente de las mismas partes litigantes, demostrar los hechos en que apoyaba su objeci�n, interpretaron el art�culo 427 del C�digo de Procedimientos Civiles del Estado de Puebla, que a la letra dice:

"Los documentos privados provenientes de las partes, har�n prueba plena cuando no fueren objetados o cuando fueren legalmente reconocidos."

No se soslaya el hecho de que por decreto publicado el catorce de septiembre de mil novecientos noventa y ocho en el Diario Oficial del Estado de Puebla, el C�digo de Procedimientos Civiles de esa entidad federativa, fue adicionado, entre otros, con el art�culo 248 bis, en el cual expresamente se estableci� que: "De existir objeci�n a los documentos exhibidos por el actor en su demanda, al contestarse �sta, el demandado habr� de expresar el motivo o causa de su objeci�n, debiendo anunciar las pruebas tendientes a justificarla.", misma regla que se recoge en el art�culo 275 del nuevo C�digo de Procedimientos Civiles del mismo Estado publicado en su Diario Oficial el nueve de agosto de dos mil cuatro y entrar� en vigor el primero de enero de dos mil cinco que dispone: "Los documentos privados, podr�n ser objetados tanto en su contenido como en su firma y quien as� lo haga, deber� manifestar expresamente la parte que objeta, la causa en que se funda, la que a su vez deber� probar."; porque esta Suprema C.e de Justicia de la Naci�n ha sustentado el criterio reiterado de que los procedimientos judiciales se encuentran formados por actos sucesivos que no se desarrollan en un solo momento y que, por ello, deben regirse por las disposiciones vigentes en la �poca en que tienen verificativo, de tal manera que si la reforma legislativa en cuesti�n data de septiembre de mil novecientos noventa y ocho, es claro que s�lo las objeciones formuladas con posterioridad a esa fecha en contra de documentales exhibidas en juicio, en el Estado de Puebla, se encuentran regidas por esa disposici�n, ya que los iniciados con anterioridad deben regirse por las disposiciones legales que se encontraban vigentes cuando �stos ocurrieron, de tal manera que el criterio que se sustente en la presente resoluci�n solamente resultar� aplicable en el Estado de Puebla, a los asuntos iniciados con anterioridad a la reforma en cuesti�n, ya que los posteriores deben regirse conforme a esa nueva disposici�n legal.

Por su parte, el Segundo Tribunal Colegiado del Vig�simo Circuito, para arribar a la conclusi�n de que correspond�a al oferente de una documental privada la carga de la prueba a fin de desvirtuar la objeci�n formulada por su contraparte y perfeccionar la misma, interpret� los art�culos 342 y 401 del C�digo de Procedimientos Civiles del Estado de Chiapas, que a la letra dicen:

"Art�culo 342. Los documentos privados y la correspondencia procedente de uno de los interesados, presentados en juicio por v�a de prueba y no objetados por la parte contraria, se tendr�n por admitidos y surtir�n sus efectos como si hubieren sido reconocidos expresamente. Puede exigirse el reconocimiento expreso si el que los presente as� lo pidiere; con este objeto se manifestar�n los originales, a quien deba reconocerlos y se les dejar� ver todo el documento, no s�lo la firma."

Art�culo 401. Los documentos privados s�lo har�n prueba plena, y contra su autor, cuando fueren reconocidos legalmente. ...

Como puede observarse, aun cuando la redacci�n de los preceptos legales en los cuales los tribunales contendientes en cuesti�n fundan los criterios materia de la contradicci�n es diferente, su contenido es similar en cuanto a que las documentales privadas provenientes de las partes litigantes surtir�n sus efectos legales cuando sean expresamente reconocidas o no fueren objetadas, parte esta �ltima que motiv� los criterios materia de la contradicci�n en cuanto a qui�n corresponde la carga de la prueba de demostrar la objeci�n formulada en contra de una documental privada en cuanto a la autenticidad de la firma o, en su caso, el perfeccionamiento de la misma.

D�CIMO

Al respecto debe decirse que no participa de la contradicci�n de tesis a estudio el criterio sostenido por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, porque aun cuando �ste se pronunci� sobre el mismo tema materia de la contradicci�n, no lo hizo analizando los mismos elementos que tuvieron en consideraci�n los Tribunales Colegiados citados en el considerando anterior.

Ciertamente, el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, para arribar a la conclusi�n de que no era suficiente la objeci�n de un documento privado exhibido en juicio para que �ste perdiera su valor probatorio, sino que era necesario adem�s que la objeci�n se fundara en causas que pudieran motivar la invalidez del documento y que dichas causas se acreditaran con pruebas id�neas, se apoy� principalmente en lo dispuesto en el art�culo 386 del C�digo de Procedimientos Civiles del Distrito Federal, que a la letra dice:

La impugnaci�n de falsedad de un documento puede hacerse desde la contestaci�n de la demanda hasta seis d�as antes de la celebraci�n de la audiencia de pruebas y alegatos. La parte que redarguye de falso un documento debe indicar espec�ficamente los motivos y las pruebas; cuando se impugne la autenticidad del documento privado o p�blico sin matriz, deben se�alarse los documentos indubitables para el cotejo y promoverse la prueba pericial correspondiente. Sin estos requisitos se tiene por no redarg�ido o impugnado el instrumento. ...

Como puede observarse, en la legislaci�n adjetiva civil del Distrito Federal existe disposici�n expresa en el sentido de que cuando se impugne de falso un documento, corresponde al objetante la carga de probar su objeci�n.

Motivos por los cuales debe concluirse que en lo que a dicho Tribunal Colegiado corresponde no existe la contradicci�n de tesis denunciada por basar su criterio en disposiciones legales distintas y no coincidentes con los dem�s criterios materia de la contradicci�n de tesis a estudio.

Sobre el particular, tiene aplicaci�n la tesis que dice:

"Octava �poca

"Instancia: Tercera Sala

"Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federaci�n

"N�mero: 85, enero de 1995

"Tesis: 3a./J. 35/94

"P�gina: 45

CONTRADICCI�N DE TESIS. ES INEXISTENTE CUANDO LOS CRITERIOS JUR�DICOS SE BASAN EN DISPOSICIONES LEGALES DISTINTAS. Es inexistente la contradicci�n de tesis cuando los Tribunales Colegiados examinan el mismo problema jur�dico pero lo hacen fund�ndose e interpretando disposiciones legales distintas y no coincidentes, de tal suerte, que de lo sostenido por uno y otro tribunales no puede surgir contradicci�n, pues para ello ser�a necesario que hubieran examinado el problema jur�dico a la luz de un mismo dispositivo legal o de preceptos distintos pero que coincidan en cuanto a lo que establecen, y que hubieran sostenido criterios diversos.

D�CIMO PRIMERO

Precisada la existencia y el tema de la contradicci�n de tesis y examinadas las resoluciones que dieron origen a la misma, esta Primera Sala considera que debe prevalecer la tesis jurisprudencial sustentada en la presente resoluci�n.

El documento -en t�rminos procesales- es el escrito que ense�a la voluntad de quien lo suscribe por estar redactado con caracteres inteligibles y que puede ser p�blico o privado dependiendo de qui�n lo expida o suscriba.

Por su parte, la doctrina ha establecido que en un documento se debe distinguir el contenido y el continente, es decir, la declaraci�n expresada en el documento y el documento mismo, pudiendo resultar falso lo uno y verdadero lo otro o viceversa, ya que la finalidad del documento es probar la existencia de la declaraci�n, no su eficacia.

Por tanto, la objeci�n de falsedad de un documento puede estar referida bien a lo manifestado en �l, o bien; a su autenticidad; en cuanto al cumplimiento de los requisitos de forma que el mismo debe contener, entre otros, se encuentra la firma del suscriptor.

Ahora bien, ha quedado precisado en el anterior considerando que el punto espec�fico de contradicci�n consiste en determinar a qui�n corresponde la carga de la prueba cuando en un juicio civil una de las partes presenta como fundamento de su pretensi�n, un documento privado firmado por su contraparte, quien a su vez objeta en su oportunidad la suscripci�n del mismo.

En primer lugar, debe decirse que, como ya se expuso con anterioridad, las legislaciones de los Estados de Chiapas y Puebla con base en las cuales se emitieron los criterios materia de la contradicci�n, son coincidentes al establecer que los documentos privados provenientes de las partes deben ser reconocidos expresa o t�citamente a fin de perfeccionarlos para que adquieran el valor probatorio que las propias legislaciones les otorgan.

El anterior criterio tambi�n se encuentra establecido en la legislaci�n adjetiva civil del Distrito Federal, como ya lo determin� esta Primera Sala, al sustentar la tesis que dice:

"Novena �poca

"Instancia: Primera Sala

"Fuente: Ap�ndice Actualizaci�n 2001

"Tomo: IV, Civil, Jurisprudencia SCJN

"Tesis: 33

"P�gina: 37

DOCUMENTOS PRIVADOS. PUEDEN PERFECCIONARSE, ENTRE OTROS MEDIOS, A TRAV�S DE SU RECONOCIMIENTO EXPRESO O T�CITO, TENIENDO EN AMBOS CASOS LA MISMA EFICACIA PROBATORIA PARA DEMOSTRAR LOS EXTREMOS PLANTEADOS (LEGISLACI�N DEL DISTRITO FEDERAL). Del contenido de los art�culos 334, 335 y 338 al 344 del C�digo de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, se desprende el car�cter de pruebas imperfectas de los documentos privados, que pueden ser perfeccionados, entre otros medios, a trav�s del reconocimiento expreso del autor del documento, o por medio de su reconocimiento t�cito derivado de su no objeci�n, teniendo en ambos casos la misma eficacia probatoria para demostrar los extremos planteados. Ello es as�, porque de conformidad con lo dispuesto en el citado art�culo 335, los documentos privados presentados en juicio como prueba y no objetados por la parte contraria, surtir�n sus efectos como si hubieran sido reconocidos expresamente, siendo correcto que se les otorgue un valor indiciario �nicamente cuando no sean reconocidos, expresa o t�citamente, ni su autenticidad sea reforzada a trav�s de alg�n otro medio probatorio de los establecidos en la ley, sin que ello atente contra el principio de valoraci�n de las pruebas consagrado en el art�culo 402 del mencionado c�digo adjetivo, toda vez que este precepto �nicamente obliga al juzgador a valorar en su conjunto los medios de prueba aportados y admitidos, atendiendo a las reglas de la l�gica y de la experiencia, exponiendo los fundamentos de su valoraci�n y de su decisi�n, por lo que, independientemente de que la prueba documental privada se haya perfeccionado a trav�s de su reconocimiento expreso, de su reconocimiento t�cito derivado de su no objeci�n, o de alg�n otro medio probatorio, se valorar� en conjunto con las dem�s probanzas, atendiendo a las se�aladas reglas, exponiendo el juzgador los fundamentos de su valoraci�n y de su decisi�n.

En segundo lugar, debe decirse que esta Suprema C.e de Justicia de la Naci�n ha sostenido el criterio reiterado de que no basta decir que se objeta un documento privado para que �ste carezca de valor probatorio, sino que es necesario se�alar las causas o motivos en que se funde la objeci�n.

Al respecto, por el sentido que las informan, tienen aplicaci�n las tesis que a la letra dicen:

"S�ptima �poca

"Instancia: Tercera Sala

"Fuente: Semanario Judicial de la Federaci�n

"Volumen: 52, Cuarta Parte

"P�gina: 30

"DOCUMENTOS PRIVADOS, OBJECIONES A LOS. No basta que solamente se impugne de falsedad un documento privado para que �ste deje de probar los hechos a que se refiere, esto es, para que deje de tener validez, sino que es necesario, adem�s, que la objeci�n se funde en causas que puedan motivar la invalidez de la documental, por falsedad, alteraci�n, o por cualquier otro motivo, esdecir, que es de todo punto necesario que se motive la falsedad que se atribuye al documento as� impugnado.

"Amparo directo 1155/68. J.� L�pez Prado, sucesi�n. 6 de abril de 1973. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: E.S.�s L�pez.

"Sexta �poca, Cuarta Parte:

"Volumen CXXXIII, p�gina 59. Amparo directo 415/67. P.V.. 8 de julio de 1968. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: M.R.�rez V�zquez.

"Volumen LXXXII, p�gina 95. Amparo directo 1043/63. J.T.. 10 de abril de 1964. Cinco votos. Ponente: M.R.�rez V�zquez."

"Quinta �poca

"Instancia: Tercera Sala

"Fuente: Ap�ndice de 1954

"Tesis: 388

"P�gina: 721

"DOCUMENTOS PRIVADOS, OBJECIONES A LOS.-No basta que se objete un documento para que deje de comprobar los hechos a que se refiere, sino que es necesario, adem�s, que la objeci�n se funde en causas que puedan motivar la invalidez del documento y que dichas causas se comprueben."

"Sexta �poca

"Instancia: Tercera Sala

"Fuente: Semanario Judicial de la Federaci�n

"Volumen: CXXXIII, Cuarta Parte

"P�gina: 59

"DOCUMENTOS PRIVADOS OBJETADOS INSUFICIENTEMENTE, VALOR PROBATORIO DE LOS.-Para que la objeci�n a los documentos privados d� motivo para negarles valor probatorio, no basta con que una de las partes se limite a decir "objeto el documento", pues como se trata de invalidarlo, deben se�alarse las causas en que se funde la objeci�n y demostrarse para que carezca de eficacia como elemento probatorio, al aparecer alg�n vicio que lo haga in�til para acreditar el hecho a que se refiere. Entonces, si la objeci�n no se justifica, no puede tenerse por hecha legalmente y el documento conserva el valor probatorio que le corresponda, aunque no haya sido reconocido.

Amparo directo 415/67. P.V.. 8 de julio de 1968. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: M.R.�rez V�zquez.

Por otra parte, debe se�alarse que la actividad probatoria, en tanto integrada por actos jur�dicos procesales de las partes, tiene especial trascendencia en el desenvolvimiento de la relaci�n procesal, pues es a trav�s de dicha actividad que las partes contendientes van a aportar al juzgador los elementos tendentes a lograr su convicci�n sobre los hechos alegados por las mismas.

Resulta l�gico entonces, establecer que la actividad probatoria es una carga procesal que las partes deber�n cumplir en los momentos procesales oportunos, pero siempre en inter�s propio, pues a cada una de ellas es a quien interesa que el J. llegue a la convicci�n de que los hechos alegados a favor de sus intereses o en contra del opuesto, han quedado acreditados por medio de las pruebas rendidas para ese efecto.

En este sentido, es que la carga de la prueba onus probandi, en tanto carga procesal de las partes, debe entenderse como un deber de realizaci�n facultativa que aqu�llas han de asumir en beneficio de sus propios intereses, pues es a trav�s de la actividad probatoria que la ley faculta a las partes para que aporten al juzgador los elementos de convicci�n para que sea estimada por �ste la pretensi�n que hayan formulado al ejercer una acci�n o al oponer una excepci�n. As� lo establece la legislaci�n adjetiva civil de los Estados de Chiapas y Puebla en los art�culos 289 y 263, respectivamente, que se�alan:

"Art�culo 289. El actor debe probar los hechos constitutivos de su acci�n y el reo los de sus excepciones."

Art�culo 263. El actor debe probar los hechos constitutivos de sus acciones y el demandado los de sus excepciones.

Ahora bien, de un an�lisis pormenorizado de las legislaciones adjetivas civiles de Chiapas y Puebla, que estuvieron vigentes al tiempo en que se resolvieron los asuntos que participan en la presente contradicci�n, esta Primera Sala no advierte que en las mismas se estableciera una regla espec�fica sobre la carga probatoria cuando se objeta en cuanto a su autenticidad la firma en documentos privados provenientes de las partes, mas cabe hacer referencia a lo establecido a este respecto por las que fueran Tercera y Cuarta Salas de la Suprema C.e de Justicia de la Naci�n, en las tesis de jurisprudencia y aisladas siguientes:

"S�ptima �poca

"Instancia: Cuarta Sala

"Fuente: Ap�ndice 2000

"Volumen: V, Trabajo, Jurisprudencia SCJN

"Tesis: 178

"P�gina: 144

"DOCUMENTOS OBJETADOS POR EL PROPIO FIRMANTE, VALOR PROBATORIO DE LOS.-En caso de objeci�n de documentos que aparecen firmados por el propio objetante, corresponde a �ste acreditar la causa que invoque como fundamento de su objeci�n, y si no lo hace as�, dichos documentos merecen credibilidad plena."

"S�ptima �poca

"Instancia: Cuarta Sala

"Tomo: Informe 1974, Parte II

"P�gina: 20

"DOCUMENTOS OBJETADOS, VALOR PROBATORIO DE LOS.-En caso de objeci�n en cuanto a autenticidad de documentos que aparecen firmados por el propio objetante, al mismo corresponde demostrar la falsedad que invoque como fundamento de su objeci�n, y si no lo hace as� tales documentos merecen credibilidad plena de los hechos que consignan."

"S�ptima �poca

"Instancia: Cuarta Sala

"Fuente: Semanario Judicial de la Federaci�n

"Vol�menes: 217-228, Quinta Parte

"P�gina: 24

"DOCUMENTOS PRIVADOS, TIENEN VALOR PROBATORIO SI LA PARTE A QUIEN SE ATRIBUYEN LOS OBJETA EN SU AUTENTICIDAD Y NO DEMUESTRA LA OBJECI�N.-Los documentos privados que se atribuyen a una de las partes, conservan eficacia probatoria, aunque hayan sido objetados en su autenticidad, si la parte que hizo la objeci�n no rindi� pruebas suficientes para acreditarla.

"Amparo directo 2287/87. M.M.�nez �lvarez. 30 de septiembre de 1987. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: J.M.D.. Secretario: R.R.R.�os V�zquez.

"S�ptima �poca, Quinta Parte:

"Vol�menes 193-198, p�gina 16. Amparo directo 1032/85. J.M.F.. 24 de junio de 1985. Cinco votos. Ponente: U.S.O.��ez. Secretario: A.P.C..

"Volumen 74, p�gina 21. Amparo directo 3534/74. R.S.�nchez y otros. 21 de febrero de 1975. Cinco votos. Ponente: Mar�a C.S.�n de T..

"Volumen 30, p�gina 16. Amparo directo 5306/70. D.H.�ndez C.. 25 de junio de 1971. Cinco votos. Ponente: S.M.�n Guerra. Secretario: J.G.J.�nez."

"Sexta �poca

"Instancia: Tercera Sala

"Fuente: Semanario Judicial de la Federaci�n

"Volumen: LVIII, Cuarta Parte

"P�gina: 136

"DOCUMENTOS PRIVADOS, OBJECIONES A LOS (LEGISLACI�N DEL ESTADO DE TAMAULIPAS).-La objeci�n a un documento privado debe tener como raz�n la de la invalidez que se atribuya a ese documento y tienen que probarse las causas en que se funde, lo que significa, que no basta afirmar que carece de valor probatorio, sino que debe demostrarse que es ineficaz como elemento probatorio, por contener alg�n vicio que lo invalide, es decir, que lo haga in�til para acreditar el hecho a que se refiere. No justific�ndose la objeci�n, no puede tenerse por hecha y, en esas condiciones, no objetado el documento privado debe admitirse y concederse el valor probatorio que merezca, aunque no haya sido reconocido, de conformidad con lo dispuesto por el art�culo 336 del C�digo de Procedimientos Civiles del Estado de Tamaulipas, que dispone que "los documentos privados har�n prueba plena contra su autor, cuando no fueren objetados o quedaren legalmente reconocidos".

"Amparo directo 3260/59. L.H.�ctor y F.J.�.G.. 12 de abril de 1962. Cinco votos. Ponente: M.R.�rez V�zquez."

"Sexta �poca

"Instancia: Tercera Sala

"Fuente: Ap�ndice de 1995

"Volumen: IV, Parte SCJN

"Tesis: 236

"P�gina: 161

DOCUMENTOS PRIVADOS, EFECTOS DEL RECONOCIMIENTO DE LA FIRMA DE LOS.-Basta que se reconozca la firma de los documentos privados, para que se consideren aut�nticos en su integridad salvo prueba en contrario; en la inteligencia de que la carga de la prueba de la objeci�n pesa sobre quien trata de destruir esa presunci�n.

Del contenido de las tesis de jurisprudencia y aisladas citadas en este considerando, queda de manifiesto que el criterio de la Suprema C.e de Justicia de la Naci�n, se ha orientado en el sentido general de que no basta una objeci�n irrazonable e inmotivada para hacer nugatorio el valor probatorio de un documento privado procedente de una de las partes aportado al juicio como fundatorio de la acci�n, sino que deben se�alarse las causas en que se funde la objeci�n y demostrarse, y que la carga de la prueba de la objeci�n que verse sobre la autenticidad del documento al desconocer la firma corresponde al propio objetante, y no existe raz�n suficiente que pueda conducir a variar ese criterio que resulta v�lido para las legislaciones procesales civiles de los Estados de Chiapas y Puebla que aqu� se analizan, ante la falta de disposici�n expresa sobre la carga de la prueba en este caso preciso al tiempo en que se resolvieron los asuntos que participan de la contradicci�n, como se dijo antes.

En efecto, corresponde la carga de probar un hecho a la parte cuya petici�n (pretensi�n o excepci�n) lo tiene como presupuesto necesario, de acuerdo con la norma jur�dica aplicable o, expresado de otra manera, a cada parte le corresponde la carga de probar los hechos que sirven de presupuesto al efecto jur�dico perseguido, cualquiera que sea su posici�n procesal.

En estas condiciones, aplic�ndose las reglas gen�ricas sobre la carga probatoria anteriormente precisadas, es claro que cuando la objeci�n de un documento privado proveniente de los interesados se funda en la circunstancia de no haber suscrito dicho documento, corresponde la carga de la prueba al propio objetante.

En efecto, es de precisar cu�les son los hechos que debe probar el actor y el demandado, o qui�n afirma o niega, o qui�n pretende o excepciona, seg�n el efecto jur�dico perseguido, sin que su posici�n procesal modifique la regla; por lo que corresponde probarlos siempre a quien pretende la aplicaci�n en su favor de la norma que los contempla como supuestos necesarios o simplemente a quien favorece dicha norma; esto es, que corresponde la carga a quien tiene inter�s en deducir del hecho los efectos jur�dicos que contempla la norma de la cual es presupuesto para su aplicaci�n.

Dicho de otra forma, quien invoca una situaci�n jur�dica est� obligado a probar los hechos fundatorios en que aqu�lla descansa. Por lo contrario, quien s�lo quiere que las cosas se mantengan en el estado que existen en el momento en que se inicia el juicio, no tiene la carga de la prueba. Desde el punto de vista racional y de la l�gica, es evidente que quien pretende innovar y cambiar una situaci�n actual, debe soportar la carga de la prueba. La presunci�n es que la situaci�n presente, situaci�n ya adquirida de una parte y de otra, es conforme a la verdad. El statu quo es en lo que debe consistir la regla para la distribuci�n de las atribuciones en la instancia.

Resulta as� que es cierto que al demandante le corresponde probar los hechos que alega como fundamento de su pretensi�n y, por tanto, los constitutivos de �sta, pero s�lo en el sentido de que se trata o que le es favorable como supuestos de su aplicaci�n; tambi�n es cierto que al demandado le corresponde probar los hechos que alega como fundamento de su excepci�n y defensa, en consecuencia, como impeditivos o extintivos de la pretensi�n del demandante, s�lo en cuanto se trata de los que sirven de presupuesto a la norma cuya aplicaci�n lo favorece, sea que la invoque o no.

As�, la prueba que corresponde al demandante no se limita a los hechos cuya naturaleza en abstracto sea constitutiva, porque cuando alegue hechos extintivos o impeditivos de una situaci�n o un derecho reclamados por el demandado, le corresponder� al primero demostrarlo o le resulta favorable, tal como ocurre en las pretensiones de declaraci�n negativa o para que se declare que no se tiene una obligaci�n determinada; tampoco se limita la prueba a cargo del demandado a los hechos extintivos, impeditivos o modificativos de la pretensi�n del demandante, porque tales hechos pueden tener el car�cter de constitutivos de un derecho o una relaci�n jur�dica que aqu�l reclame en oposici�n a los pretendidos por �ste, como cuando propone la excepci�n de compensaci�n o de prescripci�n adquisitiva, o alega mejor derecho para ocupar la herencia reclamada por el demandante o para poseer el bien que �ste reivindica, o retener la tenencia que se le reclama o la excepci�n de falsedad del documento fundatorio de la acci�n. Igualmente, se resuelve el problema de catalogar la oposici�n del demandado como simple negaci�n de un hecho constitutivo de la pretensi�n del demandante o como circunstancia impeditiva para determinar a qui�n corresponde la carga de su prueba, pues basta examinar la norma que contempla como presupuesto y la parte que la invoca o que resultar�a favorecida con su aplicaci�n oficiosa para gravar a �sta con esa carga, cualquiera que sea la denominaci�n que a dicho hecho corresponda.

Por consiguiente, atendiendo el contenido de los preceptos transcritos de las legislaciones procedimentales de Chiapas y de Puebla, es claro que la carga probatoria compete a las partes, atendiendo su problem�tica de hacer prosperar sus acciones o excepciones, seg�n corresponda, y en el caso espec�fico, cuando en un juicio civil una de las partes presenta como fundamento de su pretensi�n, un documento privado firmado por su contraparte, quien a su vez objeta en su oportunidad la suscripci�n del mismo lo que se traduce en la excepci�n de falsedad, la carga de la prueba de los hechos en que funda la objeci�n corresponde al propio objetante.

En las relatadas condiciones, esta Primera Sala de la Suprema C.e de Justicia de la Naci�n considera que debe prevalecer con car�cter de jurisprudencia la tesis que dice:

DOCUMENTOS PRIVADOS PROVENIENTES DE LAS PARTES. LA CARGA PROBATORIA DE LA OBJECI�N DE FIRMA CORRESPONDE A QUIEN LA PLANTEA (LEGISLACIONES DE CHIAPAS Y PUEBLA, ESTA �LTIMA ANTES DE LA REFORMA PUBLICADA EL 14 DE SEPTIEMBRE DE 1998).-En t�rminos de lo dispuesto por los art�culos 324 del C�digo de Procedimientos Civiles de Chiapas y 330 del C�digo de Procedimientos Civiles de Puebla, los documentos privados provenientes de las partes deben ser reconocidos expresa o t�citamente para que adquieran el valor probatorio que las propias legislaciones les otorgan. Ahora bien, esta Suprema C.e de Justicia de la Naci�n ha sostenido el criterio reiterado de que no basta decir que se objeta un documento privado para que �ste carezca de valor probatorio, sino que es necesario probar las causas o motivos en que se funde la objeci�n. Debido a que en las legislaciones adjetivas en cuesti�n no se establece ninguna regla espec�fica sobre la carga probatoria en la hip�tesis apuntada, para saber a qui�n corresponde dicha carga de la prueba sobre la objeci�n formulada, deben atenderse los hechos en que se funde la misma, aplic�ndose las reglas gen�ricas establecidas en los art�culos 289 del C�digo de Procedimientos Civiles de Chiapas y 263 del C�digo de Procedimientos Civiles de Puebla, en cuanto a que a cada parte corresponde probar los hechos de sus pretensiones. Por tanto, si la objeci�n de un documento privado proveniente de los interesados base de sus pretensiones se funda en la circunstancia de no haber suscrito el documento el objetante, a �l corresponde la carga de la prueba. Dicho de otra forma, quien invoca una situaci�n jur�dica est� obligado a probar los hechos fundatorios en que aqu�lla descansa; por lo contrario, quien s�lo quiere que las cosas se mantengan en el estado que existen en el momento en que se inicia el juicio, no tiene la carga de la prueba, pues desde el punto de vista racional y de la l�gica es evidente que quien pretende innovar y cambiar una situaci�n actual, debe soportar la carga de la prueba.

Lo resuelto no afecta las situaciones jur�dicas concretas derivadas de los juicios de amparos directos en los cuales se dictaron las ejecutorias materia de la contradicci�n, por as� ordenarlo el art�culo 197-A, p�rrafo segundo, de la Ley de Amparo.

Por lo expuesto y fundado, se

resuelve:

PRIMERO

No existe contradicci�n de criterios entre los sustentados por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito y los entonces Primer y Tercer Tribunales Colegiados del Sexto Circuito, actualmente en Materia Civil y el sostenido por el Segundo Tribunal Colegiado del Vig�simo Circuito.

SEGUNDO

S� existe contradicci�n de tesis entre los criterios sostenidos por los entonces Primer y Tercer Tribunales Colegiados del Sexto Circuito, actualmente en Materia Civil, en contra del sostenido por el Segundo Tribunal Colegiado del Vig�simo Circuito.

TERCERO

Se declara que debe prevalecer con car�cter de jurisprudencia la tesis sustentada en la parte final del �ltimo considerando de esta resoluci�n.

CUARTO

D�se publicidad a la tesis sustentada en esta ejecutoria en t�rminos de lo dispuesto por el art�culo 195 de la Ley de Amparo.

N.�quese; rem�tase testimonio de este fallo a los Tribunales Colegiados de Circuito que sostuvieron las tesis contradictorias y, en su oportunidad, arch�vese el expediente.

As� lo resolvi� la Primera Sala de la Suprema C.e de Justicia de la Naci�n, por unanimidad de cinco votos de los se�ores Ministros: J.� de Jes�s G.�o P., S.A.V.H.�ndez, J.N.S.M. (ponente), J.R.�n C.�o D�az y presidenta O.S.C. de G.�a V..