Ejecutoria num. 1a./J. 94/2004 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala - Jurisprudencia - VLEX 26824364

Ejecutoria num. 1a./J. 94/2004 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala

Emisor:Primera Sala
Número de Resolución:1a./J. 94/2004
Materia:Suprema Corte de Justicia de México
Fecha de Publicación: 1 de Enero de 2005
RESUMEN

CONTRADICCIÓN DE TESIS 103/2003-PS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO CIRCUITO Y EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO CIRCUITO.FORMAL PRISIÓN, AUTO DE. DICTADO POR UN DELITO DISTINTO, CON BASE EN LOS MISMOS HECHOS Y PRUEBAS TOMADAS EN CUENTA EN OTRO QUE FUE MOTIVO DE UN AMPARO DIVERSO, ES PROCEDENTE EL JUICIO DE GARANTÍAS QUE SE PROMUEVE EN SU CONTRA.

 
ÍNDICE
CONTENIDO

CONTRADICCI�N DE TESIS 103/2003-PS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIG�SIMO CIRCUITO Y EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL D�CIMO CIRCUITO.

CONSIDERANDO:

TERCERO

El Segundo Tribunal Colegiado del Vig�simo Circuito, al fallar por unanimidad de votos el amparo en revisi�n penal 157/2003, en sesi�n de veinticinco de junio de dos mil tres, en la parte que interesa, sostuvo lo siguiente:

QUINTO. Los agravios suplidos en su deficiencia, son fundados, como a continuaci�n se ver�. En efecto, contrario a lo que sostiene la Juez de Distrito, el acto por el cual se promovi� el juicio de amparo que se revisa, no puede considerarse como resultado del exceso o defecto en el cumplimiento de la ejecutoria de veinticuatro de diciembre de dos mil dos, dictada en el juicio de amparo n�mero 627/2002, del �ndice del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado, toda vez que se est� en presencia de un acto diverso al que con anterioridad se concedi� el amparo y protecci�n de la Justicia Federal impetrada. Se afirma lo anterior, puesto que si bien por ejecutoria de veinticuatro de diciembre de dos mil dos, se concedi� el amparo y protecci�n federal a la recurrente contra el auto de formal prisi�n dictado en su contra por el delito de robo, en dicha ejecutoria se determin� que para que se tenga por cumplida la misma, la autoridad responsable deber�a de dejar insubsistente el acto reclamado y decretar la libertad en favor de la inconforme ... por falta de elementos para procesarla por el delito de robo que se le sigui� en la causa penal 372/2002, del �ndice del Juzgado del Ramo Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tonal�, Chiapas. En cumplimiento a la referida ejecutoria, el diecisiete de enero del presente a�o la responsable emiti� un nuevo auto constitucional en donde declar� insubsistente el auto de formal prisi�n de catorce de octubre de dos mil dos y decret� auto de libertad en favor de la inconforme por el delito de robo; sin embargo, dicha autoridad consider� reclasificar el delito por el cual se ejercit� acci�n penal en t�rminos del art�culo 301 del C�digo de Procedimientos Penales para el Estado de Chiapas y, con los mismos elementos de prueba dict� auto de formal prisi�n en contra de la inconforme por el delito de abuso de confianza, previsto y sancionado por el art�culo 194, fracci�n I, del C�digo Penal para esta entidad federativa. Atento a lo anterior, como la quejosa no manifest� expresamente en los conceptos de violaci�n que haya existido exceso o defecto en el cumplimiento de la ejecutoria de veinticuatro de diciembre de dos mil dos, pues la Juez responsable una vez que dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo, pronunci� un nuevo auto de formal prisi�n pero por el delito de abuso de confianza y, frente a tal circunstancia, la segunda resoluci�n constituye un acto diverso por el cual se concedi� el amparo y protecci�n de la Justicia Federal, pues en el nuevo auto de bien preso, se invocaron diferentes fundamentos y motivaciones. Lo anterior es as�, pues cuando el amparo es liso y llano, su cumplimentaci�n se satisface con la simple declaraci�n de la responsable de insubsistencia del acto reclamado, o sea, en la forma natural que previene la primera hip�tesis del art�culo 80 de la Ley de Amparo, si se trata de actos de car�cter positivo; en cambio, si la concesi�n es ?para efectos?, no basta suprimir el acto inconstitucional, sino que la responsable queda vinculada a realizar uno o varios actos restauradores de las garant�as afectadas. Bajo esa perspectiva, la procedencia del recurso de queja por defecto o exceso en el cumplimiento de la sentencia de amparo, presupone que �sta no ha sido debidamente satisfecha, en esas condiciones, si se concede el amparo en forma lisa y llana, su ejecuci�n se satisface cuando la responsable acuerda que en acatamiento de la sentencia de amparo, queda insubsistente la resoluci�n que constituy� el acto reclamado, pero si el Juez responsable dicta, con base en los mismos hechos y medios de prueba, un nuevo auto de formal prisi�n por diverso delito, tal acto no corresponde a la cumplimentaci�n del fallo protector, sino al ejercicio de su respectiva jurisdicci�n y, por tanto, ajeno al juicio de garant�as, en consecuencia, la v�a adecuada para combatirlo no es la queja, sino la interposici�n del recurso adecuado dentro del juicio natural o, en su caso, la promoci�n de un nuevo juicio constitucional. Sin que obste a lo anterior, el hecho de que la Juez de Distrito considere que en la primer ejecutoria no se le dej� libertad de jurisdicci�n a la responsable, pues tal como se precis� en p�rrafos precedentes, el nuevo acto de la autoridad responsable queda fuera de la materia del amparo que le fue concedido a la recurrente. No pasa inadvertido para este tribunal el criterio sustentado por el Primer Tribunal Colegiado del D�cimo Circuito, en la tesis visible en la p�gina 1171, T.V., septiembre de 1998, Novena �poca del Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, que dice: ?IMPROCEDENCIA DE LA ACCI�N CONSTITUCIONAL EN CONTRA DE LA EJECUCI�N INCORRECTA DE SENTENCIAS DE AMPARO. En virtud de que el correcto cumplimiento de una sentencia de amparo que otorga la protecci�n constitucional en forma lisa y llana, se obtiene dejando insubsistente el acto reclamado, la actitud del Juez responsable de dictar con base en los mismos hechos un nuevo auto de formal prisi�n por diverso delito, pretendiendo con ello cumplir con dicha ejecutoria, no puede ser combatida a trav�s de otro juicio constitucional, pues si as� fuera, �ste devendr�a improcedente en los t�rminos del art�culo 73 fracci�n II de la Ley Reglamentaria de los Art�culos 103 y 107 de la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos.?. Sin embargo, el referido criterio no se comparte, pues como se estableci� en p�rrafos anteriores, si bien cuando se concede el amparo en forma lisa y llana, su ejecuci�n se satisface cuando la responsable acuerda que en acatamiento de la sentencia de amparo, queda insubsistente la resoluci�n que constituy� el acto reclamado, el hecho de que el Juez responsable dicte, con base en los mismos hechos y medios de prueba, un nuevo auto de formal prisi�n por diverso delito, tal acto no corresponde a la cumplimentaci�n del fallo protector, sino en ejercicio de su respectiva jurisdicci�n y, por tanto, ajeno a la materia del juicio de garant�as, en consecuencia, la legalidad del nuevo acto s� puede ser analizada en un nuevo juicio de amparo; razones por las cuales no es aplicable la fracci�n II del art�culo 73 de la Ley de Amparo. Por consiguiente, con fundamento en el art�culo 197-A de la Ley de Amparo, procede denunciar la posible contradicci�n de criterios ante la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, para los efectos consecuentes. Atento a las anteriores consideraciones, en t�rminos del art�culo 91, fracci�n III, de la Ley de Amparo, procede revocar la sentencia recurrida y entrar al fondo del asunto ...

CUARTO

Por su parte, el Primer Tribunal Colegiado del D�cimo Circuito, al resolver por unanimidad de votos, en sesi�n de veinte de marzo de mil novecientos noventa y ocho, el amparo en revisi�n penal 294/97, dio origen a la tesis cuyos datos de localizaci�n, rubro y texto son los siguientes:

"Novena �poca

"Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

"Fuente: Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta

"Tomo: VIII, septiembre de 1998

"Tesis: X.1o.21 K

"P�gina: 1171

"IMPROCEDENCIA DE LA ACCI�N CONSTITUCIONAL EN CONTRA DE LA EJECUCI�N INCORRECTA DE SENTENCIAS DE AMPARO. En virtud de que el correcto cumplimiento de una sentencia de amparo que otorga la protecci�n constitucional en forma lisa y llana, se obtiene dejando insubsistente el acto reclamado, la actitud del Juez responsable de dictar con base en los mismos hechos un nuevo auto de formal prisi�n por diverso delito, pretendiendo con ello cumplir con dicha ejecutoria, no puede ser combatida a trav�s de otro juicio constitucional, pues si as� fuera, �ste devendr�a improcedente en los t�rminos del art�culo 73 fracci�n II de la Ley Reglamentaria de los Art�culos 103 y 107 de la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos.

"PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL D�CIMO CIRCUITO.

Amparo en revisi�n 294/97. R.C. �lvarez y otro. 20 de marzo de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: A.S.M.�nez. Secretaria: L.M.C.�a.

QUINTO

La Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, ha establecido que en trat�ndose de la figura de contradicci�n de tesis, para que exista materia a dilucidar respecto de cu�l criterio prevalecer�, debe existir oposici�n de criterios jur�dicos en los que se controvierta la misma cuesti�n y se adopten criterios discrepantes; que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jur�dicas vertidas dentro de la parte considerativa de las sentencias respectivas; y que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos.

En otras palabras, existe contradicci�n de criterios cuando concurren los siguientes supuestos:

  1. Que al resolver los negocios se examinen cuestiones jur�dicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jur�dicos discrepantes;

  2. Que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jur�dicas de las sentencias respectivas, y

  3. Que los diferentes criterios provengan del examen de los mismos elementos.

En esencia, para que exista contradicci�n de tesis, se requiere que un tribunal niegue lo que otro afirme respecto de un mismo tema.

Apoya lo anterior, el criterio jurisprudencial del Pleno de este Alto Tribunal, cuyo contenido es:

"Novena �poca

"Instancia: Pleno

"Fuente: Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta

"Tomo: XIII, abril de 2001

"Tesis: P./J. 26/2001

"P�gina: 76

"CONTRADICCI�N DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA. De conformidad con lo que establecen los art�culos 107, fracci�n XIII, primer p�rrafo, de la C.�n Federal y 197-A de la Ley de Amparo, cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n o la Sala que corresponda deben decidir cu�l tesis ha de prevalecer. Ahora bien, se entiende que existen tesis contradictorias cuando concurren los siguientes supuestos: a) que al resolver los negocios jur�dicos se examinen cuestiones jur�dicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jur�dicos discrepantes; b) que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jur�dicas de las sentencias respectivas; y, c) que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos."

Ahora bien, en el presente asunto se estima que los tribunales contendientes coinciden en analizar un mismo problema jur�dico, pero siguiendo posiciones o criterios discrepantes.

En efecto, el Segundo Tribunal Colegiado del Vig�simo Circuito sostiene en la parte que interesa, que s� es procedente el juicio de amparo que se promueve en contra de un auto de formal prisi�n por un delito diferente del que originalmente se emiti�, y que fue motivo de un amparo "liso y llano". Sin que obste el hecho de que el nuevo auto de formal prisi�n se haya dictado tomando como base los mismos hechos y medios de prueba que el primero, pues tal acto corresponde al ejercicio de la respectiva jurisdicci�n de la autoridad emisora y, por ende, ajeno al juicio de garant�as; por lo que concluye que no se surte la causal de improcedencia prevista en el art�culo 73, fracci�n II, de la Ley de Amparo.

En cambio, el Primer Tribunal Colegiado del D�cimo Circuito en lo conducente, sostiene lo contrario, esto es, que un nuevo auto de formal prisi�n emitido por delito diverso con base en los mismos hechos del primero no puede ser combatido a trav�s de otro juicio constitucional, cuando el dictado primeramente fue motivo de un amparo otorgado en forma "lisa y llana", es decir, que en tal supuesto se actualiza la improcedencia de la acci�n constitucional, en t�rminos del art�culo 73, fracci�n II, de la Ley de Amparo, estimando que lo procedente era el recurso de queja por exceso en la ejecuci�n de sentencia, conforme a lo previsto en el art�culo 95, fracci�n IV, de la Ley de Amparo.

Por otro lado, ambos Tribunales Colegiados plantean la diferencia de sus criterios en las consideraciones, razonamientos e interpretaciones jur�dicas que se contienen en las sentencias respectivas, y finalmente los distintos criterios provienen del examen de los mismos elementos, particularmente por lo que se refiere a los efectos de un amparo liso y llano, as� como la causal de improcedencia prevista en el art�culo 73, fracci�n II, de la Ley de Amparo.

Por consiguiente, esta Primera Sala advierte que s� existe contradicci�n entre los criterios sostenidos por los Tribunales Colegiados a que se ha hecho referencia, al haber analizado los mismos elementos y por haber adoptado posiciones jur�dicas distintas, dado que el Segundo Tribunal Colegiado del Vig�simo Circuito, sostuvo, en el supuesto antes indicado, que es procedente el juicio de amparo indirecto y, por su parte, el diverso Primer Tribunal Colegiado del D�cimo Circuito, sostuvo lo contrario, agregando que lo que realmente proced�a era el recurso de queja por exceso en el cumplimiento de la sentencia, en t�rminos del art�culo 95, fracci�n IV, de la Ley de Amparo.

SEXTO

Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n considera que debe prevalecer, con el car�cter de jurisprudencia, el criterio que se sustenta en la presente resoluci�n, en atenci�n a los siguientes razonamientos.

En primer lugar, es preciso advertir que en este asunto se plantea un problema de v�a, que consiste en determinar si ante una misma situaci�n jur�dica es procedente el juicio de amparo, o bien, el recurso de queja previsto en el art�culo 95, fracci�n IV, de la ley de la materia.

Para resolver el problema anterior, ser� preciso definir cu�les son los efectos de un amparo penal otorgado de manera "lisa y llana" (expresi�n com�n a la que hacen alusi�n ambos Tribunales Colegiados), para concluir si la emisi�n de un nuevo auto de formal prisi�n con base en los mismos hechos que el primero, es consecuencia natural del cumplimiento de ese tipo de amparos, o bien, si se trata de una exceso o defecto en la ejecuci�n de la sentencia. Asimismo, ser� importante calificar la vinculaci�n que existe entre ese nuevo auto de formal prisi�n y las consideraciones de la ejecutoria de garant�as. Con la informaci�n anterior, podr� determinarse la v�a que resulta adecuada para su impugnaci�n.

En relaci�n con el tema del amparo liso y llano, debe decirse que esta �ltima es una expresi�n com�nmente utilizada en el �mbito jur�dico para referirse, en t�rminos generales, a aquella sentencia cuyos efectos consisten en declarar la plena anulaci�n del acto reclamado, la cual abarcar�, por su propia naturaleza, a todas aquellas consecuencias jur�dicas y materiales que hubiere generado el propio acto reclamado, pues de otra manera la sentencia de amparo no cumplir�a su prop�sito protector de restituir al quejoso en el pleno goce de la garant�a individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violaci�n, cuando el acto es de car�cter positivo, en t�rminos del art�culo 80 de la Ley de Amparo.

Sobre el particular, resulta ilustrativo transcribir una tesis aislada que sustenta la consideraci�n anterior:

"Quinta �poca

"Instancia: Tercera Sala

"Fuente: Semanario Judicial de la Federaci�n

"Tomo: CXIX

"P�gina: 288

"EJECUCI�N DE SENTENCIAS DE AMPARO. Atentos los t�rminos del art�culo 80 de la Ley de Amparo, la restituci�n en el goce de la garant�a violada debe limitarse a restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violaci�n, o sea a dejar sin efecto el acto reclamado; por lo cual, si la protecci�n constitucional concedida al quejoso fue lisa y llana, es decir, se limit� a ordenar la anulaci�n del acuerdo reclamado, sin disponer que se llevaran a efecto deslindes o rectificaciones de linderos, es exceso de ejecuci�n pretender aclarar situaciones de propiedad de terrenos de terceros y decidir cuestiones que no son de la competencia de la autoridad ejecutora, ni materia de la queja misma, por tratarse de cuestiones jur�dicas ajenas al juicio de amparo, que deben ser materia del ejercicio de otra clase de acciones.

"Queja en materia administrativa 207/53. Delegado del Departamento Agrario en Jalisco. 11 de enero de 1954. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: A.F.R.�rez. Ponente: O.M.G.�lez."

Por supuesto, la nulidad "lisa y llana" parte de la premisa de que el acto reclamado es de car�cter positivo, pues de otro modo no ser�a factible declarar su anulaci�n.

Con lo anterior queda confirmado que cuando el amparo se concede de manera "lisa y llana" es porque a trav�s de la protecci�n constitucional deber� quedar anulado de manera total el acto impugnado, as� como las consecuencias de hecho y de derecho que pudiere haber generado; de tal suerte que se actualice su inexistencia y, por tanto, pueda considerarse que el quejoso se encontrar� en la misma situaci�n en la que se hallaba antes de la violaci�n de garant�as.

Sin embargo, esta declaratoria de nulidad adquiere matices muy importantes en materia penal, pues como se ver� a continuaci�n, cuando el acto reclamado es un auto de formal prisi�n y se concedi� el amparo por una incorrecta fundamentaci�n y motivaci�n, no es suficiente declarar su insubsistencia, sino que es preciso realizar otras actuaciones para que pueda considerarse cumplida la sentencia de amparo.

En efecto, en los casos a estudio, se advierte que el amparo se concedi� porque el supuesto previsto en la norma penal no se ajustaba a la conducta desplegada por el sujeto activo, lo que se traduce en una indebida fundamentaci�n y motivaci�n del acto reclamado. Por tanto, en principio es posible concluir que la sentencia de amparo quedar� debidamente cumplida si la autoridad responsable deja insubsistente el auto de formal prisi�n impugnado, no obstante lo anterior, este Alto Tribunal, en jurisprudencia firme, ha sostenido que cuando el auto de formal prisi�n adolece de una indebida fundamentaci�n y motivaci�n, la autoridad responsable tambi�n est� obligada a dictar otra resoluci�n, en la que analice de nueva cuenta los hechos y material probatorio existente y decida lo que en derecho corresponda. Agrega la jurisprudencia que esa nueva actuaci�n se dicta en plenitud de jurisdicci�n y debe considerarse como parte de los efectos de la sentencia de amparo, por lo que s�lo habi�ndose dictado esa nueva actuaci�n podr� tenerse por cumplida la ejecutoria.

La jurisprudencia de m�rito se transcribe a continuaci�n:

"Novena �poca

"Instancia: Pleno

"Fuente: Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta

"Tomo: IV, octubre de 1996

"Tesis: P./J. 59/96

"P�gina: 74

ORDEN DE APREHENSI�N Y AUTO DE FORMAL PRISI�N. EFECTOS DEL AMPARO QUE SE CONCEDE POR FALTA O DEFICIENCIA DE FUNDAMENTACI�N Y MOTIVACI�N DE ESAS RESOLUCIONES. Trat�ndose de �rdenes de aprehensi�n y de autos de formal prisi�n, el amparo que se concede por las indicadas irregularidades formales, no produce el efecto de dejar en libertad al probable responsable, ni tampoco el de anular actuaciones posteriores, sino que en estos casos, el efecto del amparo consiste en que la autoridad responsable deje insubsistente el acto reclamado y con plenitud de jurisdicci�n dicte una nueva resoluci�n, la cual podr� ser en el mismo sentido de la anterior, purgando los vicios formales que la afectaban, o en sentido diverso, con lo cual queda cumplido el amparo. De ah� que en la primera de esas hip�tesis las irregularidades formales puedenpurgarse sin restituir en su libertad al quejoso y sin dem�rito de las actuaciones posteriores, porque no estando afectado el fondo de la orden de aprehensi�n o de la formal prisi�n, deben producir todos los efectos y consecuencias jur�dicas a que est�n destinadas.

A juicio de esta Primera Sala, lo anterior encuentra su explicaci�n en el hecho de que en el primer juicio de amparo no se analiz� una cuesti�n de fondo, consistente en determinar si hay o no delito que perseguir, sino simplemente se advirti� que la autoridad responsable no cumpli� con una formalidad esencial para iniciar el proceso penal, que consiste en la debida fundamentaci�n y motivaci�n del auto de formal prisi�n, la cual se actualiza al no haberse adecuado el supuesto de la norma invocada a la conducta desplegada por el sujeto activo.

Ahora bien, como lo sostiene la jurisprudencia antes transcrita, la autoridad responsable puede dictar una nueva resoluci�n con plenitud de jurisdicci�n, en el mismo sentido o en uno diverso. Lo anterior se traduce, en t�rminos generales, en la posibilidad de dictar otro auto de formal prisi�n purgando los vicios de fundamentaci�n o motivaci�n que le afectaban, o bien, un auto de sujeci�n a proceso e, inclusive, un auto de libertad.

En el supuesto que ocupa a la presente contradicci�n de criterios, las autoridades responsables optaron por dictar un nuevo auto de formal prisi�n, reclasificando el delito. En este sentido, resulta ilustrativo referir que, por lo general, las legislaciones procesales penales facultan al �rgano jurisdiccional correspondiente a cambiar la clasificaci�n del delito en el auto de formal prisi�n, siempre que de los hechos y pruebas aparezca comprobado el mismo. En los Estados de Chiapas y Tabasco, en los cuales ejercen jurisdicci�n los tribunales contendientes, la legislaci�n aplicable dispone lo siguiente:

  1. C�digo de Procedimientos Penales del Estado de Chiapas.

    Art�culo 301. El auto de formal prisi�n o el de sujeci�n a proceso, en su caso, se dictar�n por el delito que realmente aparezca comprobado, tomando en cuenta s�lo los hechos materia de la consignaci�n, y considerando el cuerpo del delito y la probable responsabilidad correspondiente, aun cuando con ello se cambie la clasificaci�n del delito por el que se ejercit� la acci�n penal. Dichos autos ser�n notificados, en forma personal a las partes.

  2. C�digo de Procedimientos Penales para el Estado de Tabasco.

    Art�culo 171. En los casos mencionados en los dos art�culos precedentes, el auto de procesamiento que corresponda se dictar� por los tipos de los delitos que aparezcan comprobados, tomando en cuenta los hechos materia de la consignaci�n y considerando el cuerpo del delito y la probable responsabilidad correspondientes, aun cuando con ello se modifique la clasificaci�n hecha en promociones o resoluciones anteriores.

    Queda claro que en uso de las atribuciones que les confieren las leyes, los juzgadores penales pueden emitir un nuevo auto de formal prisi�n, con base en los mismos elementos con los cuales dictaron el primero.

    Ahora bien, esta Primera Sala considera que el nuevo auto de formal prisi�n se dicta con plenitud de jurisdicci�n, pues, por una parte, la autoridad responsable lo emite en ejercicio de una facultad que le ha sido reconocida por la ley y la jurisprudencia para tal efecto y, sobre todo, porque la sentencia de amparo, al haber declarado la anulaci�n lisa y llana del acto reclamado, no vincul� a la responsable a emitir precisamente un nuevo auto de formal prisi�n, porque como qued� sentado con anterioridad, bien pudo haber sido de sujeci�n a proceso o de libertad, ni mucho menos le se�al� los lineamientos para tal emisi�n.

    As�, aunque el nuevo auto de formal prisi�n tenga la misma naturaleza, finalidad y consecuencias que el auto por el cual se otorg� el amparo, a saber, el inicio del proceso penal por la presunta comisi�n de un hecho que la ley castiga con pena privativa de libertad, los fundamentos y motivos de uno y otro acto son diversos, dada la reclasificaci�n del delito; y si la sentencia de amparo otorg� la protecci�n constitucional por indebida fundamentaci�n y motivaci�n, entonces nada impedir�a a la autoridad judicial emitir un nuevo auto con diversos fundamentos y motivos que presumiblemente lo justifique.

    De lo anterior se concluye que si la autoridad responsable, en cumplimiento de una ejecutoria de amparo, dicta un nuevo auto de formal prisi�n resolviendo nuevamente y con plenitud de jurisdicci�n sobre la acci�n penal ejercitada, este nuevo auto de formal prisi�n es un acto totalmente diferente al primero, pues el hecho de que el sentido de ambas resoluciones sea id�ntico, no quiere decir que los actos sean los mismos, pues como ya se dijo antes, el juzgador de amparo le reserv� a la autoridad responsable el ejercicio de su libre arbitrio para aplicar nuevamente la ley y resolver lo conducente.

    Ahora bien, este Alto Tribunal ha sostenido el criterio de que cuando el juzgador de garant�as deja a la autoridad responsable en aptitud de emitir una nueva resoluci�n, subsanando las irregularidades procesales o formales que dieron lugar a la protecci�n constitucional, esa nueva resoluci�n es susceptible de combatirse a trav�s del juicio de amparo. Lo anterior ha sido sustentado por la Segunda Sala de este Alto Tribunal en un precedente cuyo contenido comparte esta Primera Sala, el cual se transcribe a continuaci�n:

    "Novena �poca

    "Instancia: Segunda Sala

    "Fuente: Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta

    "Tomo: XIV, octubre de 2001

    "Tesis: 2a./J. 9/2001

    "P�gina: 366

    "CUMPLIMIENTO DE EJECUTORIAS DE AMPARO. PRINCIPIOS QUE HA ESTABLECIDO LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACI�N EN RELACI�N CON LOS TR�MITES, DETERMINACIONES Y MEDIOS PROCEDENTES DE DEFENSA. Del contenido de las jurisprudencias y tesis aisladas que la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n ha establecido en relaci�n con el sistema legal sobre el cumplimiento de las sentencias de amparo, derivan los siguientes principios: 1. Cuando causa ejecutoria una sentencia de amparo la autoridad judicial correspondiente debe vigilar su cumplimiento, sin que pueda acordar el archivo del expediente, mientras aqu�l no ocurra. 2. En tanto no se cumpla con la sentencia de amparo debe requerir a la autoridad o autoridades responsables, a fin de que realicen los actos necesarios para ello. 3. Si no se logra el cumplimiento tendr� que acudir al superior o superiores, a fin de que intervengan para lograrlo. 4. Si no se consigue, de oficio o a instancia de parte, deber� abrir el incidente de inejecuci�n de sentencia, acordando que, en virtud de no haberse cumplido con la sentencia que otorg� la protecci�n constitucional, se remita el asunto a la Suprema Corte, para los efectos previstos en la fracci�n XVI del art�culo 107 de la C.�n Federal, a saber: que cese en sus funciones a la autoridad contumaz y se le consigne penalmente ante el Juez de Distrito que corresponda. 5. Si durante el tr�mite ante la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, la responsable demuestra el cumplimiento, se declarar� sin materia el incidente. 6. Si la responsable no demuestra haber cumplido, el Pleno del m�s Alto Tribunal emitir� resoluci�n en t�rminos de lo dispuesto en la fracci�n XVI del art�culo 107 constitucional, en relaci�n con el funcionario o funcionarios que desacataron la sentencia de amparo. 7. En la hip�tesis de que ante una sentencia ejecutoria que otorg� el amparo y, en su caso, ante las gestiones de la autoridad judicial federal correspondiente, para lograr su cumplimiento, la autoridad o autoridades responsables comuniquen que acataron la sentencia, el Juez de Distrito, el Magistrado del Tribunal Unitario de Circuito o el presidente del Tribunal Colegiado de Circuito, seg�n corresponda, deber�n dictar un acuerdo dando vista al quejoso con ese informe, apercibi�ndolo de que, de no desahogarlo dentro de un determinado plazo, se resolver� si se dio o no el cumplimiento al fallo protector, con apoyo en el referido informe y con los dem�s elementos con los que se cuente. 8. Vencido el plazo otorgado, en el supuesto de que no se haya desahogado la vista, el Juez de Distrito, el Tribunal Unitario de Circuito o el Tribunal Colegiado de Circuito, dictar�n un acuerdo, debidamente fundado y motivado, en el que decidan si la sentencia de amparo fue cumplida o no. 9. En el caso de que la determinaci�n sea en el sentido de que no se ha cumplido la sentencia, remitir�n el asunto a la Suprema Corte, sigui�ndose las reglas previstas en los puntos 4 a 6 anteriores. 10. Por el contrario, si resuelven que la sentencia de amparo se cumpli�, deber�n ordenar la notificaci�n personal al quejoso del acuerdo respectivo, a fin de que est� en aptitud de hacer valer el medio de defensa procedente. 11. Para efectos del inciso 8, el juzgador de amparo se limitar�, exclusivamente, a verificar si se cumpli� o no la ejecutoria (inclusive si s�lo fue el n�cleo esencial del amparo), cotejando dicha ejecutoria con el acto de la responsable, pero absteni�ndose de hacer pronunciamiento sobre cualquiera otra cuesti�n ajena. 12. Ante la determinaci�n del Juez de Distrito, del Tribunal Unitario de Circuito o del Tribunal Colegiado de Circuito, correspondientes, podr�n presentarse para el quejoso cuatro diferentes situaciones, respecto de las cuales estar� en aptitud de hacer valer diferentes medios de defensa, en caso de que no est� de acuerdo con el pronunciamiento de cumplimiento: A. Que estime que no se dio en absoluto el cumplimiento, en cuyo caso proceder� la inconformidad prevista en el art�culo 105 de la Ley de Amparo, la que se interpondr� ante la Suprema Corte de Justicia, impugn�ndose, obviamente, el acuerdo del Juez o del tribunal que tuvo por cumplida la sentencia; B.Q. considere que si bien se dio el cumplimiento, �ste fue con exceso o defecto, procediendo el recurso de queja ante la autoridad jurisdiccional que corresponda; C.Q. estime que habi�ndose otorgado un amparo para efectos, que dej� plenitud de jurisdicci�n al �rgano jurisdiccional responsable o dej� a la autoridad administrativa responsable en aptitud de emitir una nueva resoluci�n, subsanando las irregularidades procesales o formales que dieron lugar a la protecci�n constitucional, al emitirse la nueva resoluci�n se trat� de un acto nuevo, proceder� el amparo, en relaci�n con lo que resulte ajeno a la sentencia cumplimentada; D.Q. llegue a la conclusi�n de que no obstante que se dio el cumplimiento, formalmente, al emitirse una nueva resoluci�n �sta fue esencialmente id�ntica al acto reclamado en el juicio de amparo en el que se pronunci� la sentencia que se pretendi� cumplimentar; en este supuesto podr� promover el incidente de repetici�n del acto reclamado. 13. Si lo que se interpone es la inconformidad y �sta resulta procedente se estar� en las mismas condiciones especificadas en los puntos 5 y 6 mencionados. 14. Si despu�s de haber causado ejecutoria una sentencia que concede el amparo e, incluso, despu�s de haberse cumplido, el quejoso estima que las autoridades responsables realizaron un nuevo acto en el que incurrieron en repetici�n del reclamado, proceder� plantear ante el �rgano jurisdiccional competente que corresponda el incidente respectivo, sigui�ndose id�ntico tr�mite al se�alado en los puntos 4 a 6 anteriores, relativos al incidente de inejecuci�n de sentencia.

    Varios 3/2001-SS. Relativo a la solicitud de aclaraci�n de jurisprudencia formulada por el Presidente del Tercer Tribunal Colegiado del Octavo Circuito. 28 de septiembre de 2001. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: S.S.A.A.. Ponente: M.A.G.�itr�n. Secretaria: Mar�a E.F.M.G.P..

    Como ha quedado sentado, en estos casos el nuevo auto de formal prisi�n se emite con plenitud de jurisdicci�n, lo cual quiere decir que se trata de un acto aut�nomo de lo ya juzgado en el juicio de garant�as, pues est� basado en hechos que no calific� en definitiva el juzgador de amparo y en consideraciones de derecho que este �ltimo no conoci�, todo lo cual los hace impugnables mediante un nuevo juicio de garant�as.

    Para reforzar las consideraciones anteriores y dar respuesta al problema jur�dico planteado, es preciso retomar el contenido de los numerosos precedentes que ha emitido este Alto Tribunal para diferenciar los casos en los que procede el juicio de amparo o el recurso de queja para impugnar las determinaciones que se dicten en cumplimiento de una diversa sentencia de amparo. En ellos se establece que la segunda resoluci�n que dicta la autoridad responsable al cumplir con la ejecutoria de garant�as puede tener vinculaci�n total, parcial o ninguna vinculaci�n con tal ejecutoria. Si la ejecutoria de amparo se�ala los puntos resolutivos y los fundamentos que deba observar la autoridad responsable, habr� vinculaci�n total del reenv�o a la ejecutoria. Si en otro aspecto, �sta remueve impedimentos o dilatorias, para que la resoluci�n reclamada entre al fondo del negocio y lo resuelva la autoridad responsable ejercitando la plenitud de su jurisdicci�n, existe vinculaci�n parcial. Si la autoridad responsable viol� el procedimiento legal, la segunda resoluci�n estar� desvinculada totalmente de la ejecutoria en cuanto al fondo sustancial del negocio.

    Asimismo, este Alto Tribunal ha considerado que esta diferenciaci�n no es s�lo doctrinaria, sino de una gran trascendencia material para las partes, porque en los puntos desvinculados, la autoridad responsable al dictar la nueva resoluci�n reasume plenamente su jurisdicci�n, y cualesquiera violaciones que se cometieren en ella no ser�n en desobediencia de la ejecutoria de amparo, porque tendr�n el car�cter de actos aut�nomos de los juzgados por dicha ejecutoria y, por tanto, ser�n impugnables mediante un nuevo juicio de amparo. S�lo en el caso de que la autoridad responsable no se ajuste a la vinculaci�n determinada por la ejecutoria, y persista en su actitud anterior, juzgada ya por el tribunal o J.F., se estar� frente a un caso de desobediencia que podr� ser intencional o por defecto de interpretaci�n, evento en el que el remedio est� en la queja y no en el amparo, que en este caso ser�a improcedente.

    A continuaci�n se transcribe un criterio jurisprudencial y uno aislado que sustentan lo anteriormente expresado:

    "Sexta �poca

    "Instancia: Cuarta Sala

    "Fuente: Semanario Judicial de la Federaci�n

    "Volumen: XVI, Quinta Parte

    "P�gina: 114

    "SENTENCIAS DE AMPARO VINCULATORIAS (QUEJA Y AMPARO). Las ejecutorias que dicte la Suprema Corte de Justicia en amparos interpuestos contra laudos pronunciados por las Juntas de Conciliaci�n y Arbitraje, en las que se ordene que se dicten nuevos laudos, pueden ser vinculatorias total o parcialmente de �stos. Si las ejecutorias marcan los puntos resolutivos y los fundamentos que debe tener el nuevo laudo, hay vinculaci�n total de �ste a la ejecutoria. Si la ejecutoria de amparo da puntos y fundamentos parciales, bien sea porque remueva impedimentos o dilatorias para que el laudo de reenv�o entre al fondo del negocio y las Juntas lo resuelvan ejercitando la plenitud de jurisdicci�n, entonces el segundo laudo estar� parcialmente vinculado con la ejecutoria. Por �ltimo, cuando la Junta responsable omiti� el examen de pruebas o la calificaci�n de las mismas y el amparo se concede exclusivamente para que se dicte nuevo laudo reparando esa violaci�n, entonces ese nuevo laudo estar� desvinculado totalmente de la ejecutoria en cuanto al fondo sustancial del negocio. Tanto en la desvinculaci�n total, como en la parcial en los puntos no vinculados, la Junta responsable, al dictar el segundo laudo, goza de plena jurisdicci�n y por consecuencia las violaciones que en �l se cometan no ser�n de desobediencia de la ejecutoria de amparo, sino que ser�n actos aut�nomos de lo juzgado por la ejecutoria, y, por tanto, impugnables mediante un nuevo amparo. Pero si la Junta responsable, al dictar el segundo laudo no acata la vinculaci�n determinada por la ejecutoria y da m�s o menos de lo que en la propia ejecutoria se orden�, entonces se est� en el caso previsto por la fracci�n IX del art�culo 95 de la Ley de Amparo, por haber incurrido dicha autoridad en exceso o defecto en el cumplimiento de la ejecutoria, y, en tal evento, el remedio se halla en la queja y no en el amparo que ser�a improcedente.

    "Queja 147/58. R.T.. 27 de octubre de 1958. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: M.G.R. F.

    "Sexta �poca, Quinta Parte:

    "Volumen XIV, p�gina 145. Queja 70/58. Sindicato �nico de Alba�iles, Trabajadores y Conexos y Ayudantes del Estado de Tamaulipas. 29 de agosto de 1958. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: G.V..

    "Volumen III, p�gina 51. Amparo directo 7186/56. I.O.�n E.. 25 de septiembre de 1957. Cinco votos. Ponente: G.V..

    "Quinta �poca:

    "Tomo CXXVII, p�gina 725. Amparo 167/55. P.�leos Mexicanos. 27 de febrero de 1956. Cinco votos. Ponente: M.G.R..

    "Tomo CXXIII, p�gina 1435. Queja en materia de trabajo 150/54. R.P. y coagraviados. 7 de marzo de 1955. Unanimidad de cinco votos. La publicaci�n no menciona el nombre del ponente.

    "Tomo CXVII, p�gina 1221. Queja en materia de trabajo 2/53. Fuentes M.J. y coagraviados. 27 de marzo de 1953. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: A.M.A.. La publicaci�n no menciona el nombre del ponente."

    "Sexta �poca

    "Instancia: Tercera Sala

    "Fuente: Semanario Judicial de la Federaci�n

    "Volumen: XXXII, Cuarta Parte

    "P�gina: 258

    "SENTENCIAS DE REENV�O, VINCULACI�N DE LAS. AMPARO Y QUEJA. La segunda sentencia que una autoridad responsable pronuncia al cumplir con la ejecutoria de un amparo, puede tener, bien vinculaci�n total, parcial o ninguna vinculaci�n con tal ejecutoria. Si la ejecutoria se�ala los puntos resolutivos y los fundamentos que deba observar la autoridad responsable, habr� vinculaci�n total del reenv�o a la ejecutoria. Si en otro aspecto, �sta remueve impedimentos o dilatorias, para que la resoluci�n reclamada entre al fondo del negocio y lo resuelva la autoridad responsable ejercitando la plenitud de su jurisdicci�n, existe vinculaci�n parcial. Si la autoridad responsable viol� el procedimiento por omisi�n de examen, de calificaci�n o enlace de pruebas, como lo manda la ley, la segunda sentencia estar� desvinculada totalmente de la ejecutoria en cuanto al fondo sustancial del negocio. Esta diferenciaci�n no es s�lo doctrinaria, sino de una gran trascendencia material para las partes, porque en la vinculaci�n parcial y total, en los puntos desvinculados, la autoridad responsable al dictar la sentencia de reenv�o reasume plenamente su jurisdicci�n, y cualesquiera violaciones que se cometieren, no ser�n en desobediencia de la ejecutoria de amparo, porque tendr�n el car�cter de actos aut�nomos de los juzgados por dicha ejecutoria y, por tanto, ser�n impugnables mediante nuevo amparo. S�lo en el caso de que la autoridad responsable no se ajuste a la vinculaci�n determinada por la ejecutoria, y persista en su actitud anterior, juzgada ya por la Suprema Corte, se estar� frente a un caso de desobediencia que podr� ser intencional o por defecto de interpretaci�n, evento en el que, el remedio est� en la queja, y no en el amparo que ser�a improcedente.

    "Queja 127/59. Banco de Jalisco, S.A. 2 de febrero de 1960. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: J.C.E..

    "Sexta �poca, Cuarta Parte:

    Volumen XXI, p�gina 151. Queja 204/58. Banco de Guadalajara, S.A. 18 de marzo de 1959. Cinco votos. Ponente: Jos� L�pez L..

    En calidad de corolario, puede sostenerse hasta este momento lo siguiente:

    1. En t�rminos generales, los efectos de un amparo liso y llano consisten en declarar la plena anulaci�n del acto reclamado, incluyendo las consecuencias que �ste hubiere generado, con el prop�sito derestituir al quejoso en el goce de la garant�a individual violada, en t�rminos del art�culo 80 de la Ley de Amparo.

    2. Sin embargo, cuando el acto reclamado es un auto de formal prisi�n y se concede el amparo por una incorrecta fundamentaci�n y motivaci�n, como cuando no existe correlaci�n entre la conducta desplegada y el tipo penal, no basta con declarar la insubsistencia del acto para tener por cumplida la ejecutoria, sino que es preciso emitir una nueva actuaci�n, que puede consistir en otro auto de formal prisi�n, debidamente fundado y motivado, un auto de sujeci�n a proceso, o bien, un auto de libertad.

    3. Se dice que al emitir el nuevo auto la responsable act�a con plenitud de jurisdicci�n porque por una parte, lo hace en ejercicio de una facultad que le ha sido reconocida por la ley y la jurisprudencia de este Alto Tribunal y, sobre todo, porque la sentencia de amparo, al haber declarado la anulaci�n lisa y llana del acto reclamado, no vincula a la responsable a emitir un auto en espec�fico, pues como qued� sentado con anterioridad, bien puede dictar un auto de formal prisi�n, de sujeci�n a proceso o de libertad, y tampoco le se�ala los lineamientos que debe seguir para tal emisi�n.

    4. Ahora bien, es criterio reiterado de este Alto Tribunal que cuando una autoridad dicta otra resoluci�n en cumplimiento de una sentencia de amparo y lo hace en plenitud de jurisdicci�n, entonces puede impugnarla a trav�s del juicio de amparo.

    Por tanto, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n concluye que cuando el �rgano jurisdiccional responsable, en cumplimiento de una sentencia de amparo, dicta un nuevo auto de formal prisi�n por un delito diverso, con motivo de los mismos hechos y elementos de prueba que fundamentaron al diverso auto por el que se concedi� el amparo liso y llano, act�a con plenitud de jurisdicci�n y, por tanto, este segundo auto es impugnable a trav�s del juicio de amparo y no del recurso de queja.

    Dicho en otras palabras, en el caso no puede estimarse fundada la causa de improcedencia que se haga consistir en que el medio de impugnaci�n respectivo era la queja prevista en el art�culo 95, fracci�n IV, de la Ley de Amparo, lo que tambi�n trae como consecuencia que resulte inaplicable el supuesto previsto en el art�culo 73, fracci�n II, de la ley de la materia, el cual dispone que el juicio de amparo es improcedente en contra de resoluciones dictadas en ejecuci�n de sentencias de amparo, pues como ya ha quedado sustentado a lo largo de la presente ejecutoria, el nuevo auto de formal prisi�n se dict� en plenitud de jurisdicci�n y, por tanto, se trata de un nuevo acto de autoridad.

    Sirve de apoyo a la conclusi�n alcanzada por esta Primera Sala, la tesis aislada que se transcribe a continuaci�n:

    "Sexta �poca

    "Instancia: Tercera Sala

    "Fuente: Semanario Judicial de la Federaci�n

    "Volumen: XXI, Cuarta Parte

    "P�gina: 162

    "SENTENCIAS DESVINCULADAS. AMPARO Y QUEJA.-Cuando la autoridad responsable, al cumplimentar una sentencia de amparo obr� con plenitud de jurisdicci�n, no puede estimarse fundada la causa de improcedencia que se haga consistir en que el medio de impugnaci�n respectivo sea la queja, y no el amparo, de conformidad con la fracci�n IX, del art�culo 97 de la citada ley.

    Amparo directo 5294/58. L.A.�n. 4 de marzo de 1959. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: J.C.E..

    No pasa inadvertido para esta Primera Sala que las legislaciones ordinarias pueden prever la procedencia de recursos ordinarios en contra de los autos de formal prisi�n; sin embargo, ello tampoco impide la procedencia del juicio de amparo, pues existe la excepci�n al principio de definitividad prevista por la fracci�n XII del art�culo 107 de la C.�n Federal, la cual no supedita su procedencia al hecho de que el acto reclamado afecte la libertad del quejoso, sino a la violaci�n de cualquiera de las garant�as tuteladas por los art�culos 16, en materia penal, 19 y 20 de la propia C.�n.

    Es aplicable a este respecto el contenido de la tesis de jurisprudencia sostenida por la anterior integraci�n de esta Primera Sala, cuyos datos de identificaci�n, rubro y texto, son los siguientes:

    "Octava �poca

    "Instancia: Primera Sala

    "Fuente: Semanario Judicial de la Federaci�n

    "Tomo: VIII, agosto de 1991

    "Tesis: 1a./J. 4/91

    "P�gina: 64

    AUTO DE SUJECI�N A PROCESO, NO ES NECESARIO AGOTAR EL RECURSO DE APELACI�N PARA LA PROCEDENCIA DEL AMPARO QUE SE INTERPONE EN SU CONTRA.-A las excepciones al principio de definitividad espec�ficamente previstas por el art�culo 73, fracci�n XII, de la Ley de Amparo, consistentes en que no existe obligaci�n de agotar recursos, dentro del procedimiento, trat�ndose de terceros extra�os y de actos que importen peligro de privaci�n de la vida, deportaci�n o destierro o de cualquiera de los prohibidos por el art�culo 22 de la C.�n de la Rep�blica, debe a�adirse la diversa excepci�n que se desprende de la fracci�n XII del art�culo 107 de la Carta Magna reproducida, en esencia, en el art�culo 37 de la Ley de Amparo en el sentido de que ?la violaci�n de las garant�as de los art�culos 16, en materia penal, 19 y 20 se reclamar� ante el superior del tribunal que la cometa o ante el Juez de Distrito que corresponda?, pues resulta claro que tampoco en esos casos se exige el agotamiento previo de recursos. Ahora bien, para que proceda el amparo en contra del auto de sujeci�n a proceso no es necesario que se agote el recurso de apelaci�n, pues tanto ese auto como el de formal prisi�n se encuentran regulados por el art�culo 19 constitucional en virtud de que no difieren, en lo esencial, uno del otro, ya que ambos constituyen la base del proceso, que no puede seguirse sino por el delito o delitos en ellos se�alados, y no pueden pronunciarse si no existen elementos suficientes para comprobar el cuerpo del delito y para hacer probable la responsabilidad del inculpado. La �nica diferencia existente entre ambas determinaciones radica en que el auto de sujeci�n a proceso no restringe la libertad sino s�lo la perturba al obligar al procesado a comparecer peri�dicamente ante el Juez instructor y a no salir de su jurisdicci�n territorial si no es con su autorizaci�n. Independientemente de ello, la excepci�n al principio de definitividad prevista por la fracci�n XII del art�culo 107 de la Norma Fundamental, no supedita su procedencia al hecho de que el acto reclamado afecte la libertad del quejoso, sino que la hace depender de la violaci�n de cualquiera de las garant�as tuteladas por los art�culos 16, en materia penal, 19 y 20 de la propia C.�n.

    Por tanto, el criterio que debe prevalecer en la presente contradicci�n de tesis es el que sustenta esta Primera Sala y que es del tenor siguiente:

    FORMAL PRISI�N, AUTO DE. DICTADO POR UN DELITO DISTINTO, CON BASE EN LOS MISMOS HECHOS Y PRUEBAS TOMADAS EN CUENTA EN OTRO QUE FUE MOTIVO DE UN AMPARO DIVERSO, ES PROCEDENTE EL JUICIO DE GARANT�AS QUE SE PROMUEVE EN SU CONTRA.-Si se concedi� el amparo en contra de un auto de formal prisi�n por indebida fundamentaci�n y motivaci�n, como acontece cuando no se adecu� la conducta desplegada por el sujeto activo al supuesto de la norma, y el �rgano jurisdiccional responsable, en cumplimiento de la ejecutoria de garant�as que declara su plena nulidad, con motivo de los mismos hechos y material probatorio que fundamentaron al auto anterior, dicta un nuevo auto por un delito diverso, ello constituir� un acto de plena jurisdicci�n, porque su contenido est� desvinculado totalmente de las consideraciones que rigieron a la ejecutoria de amparo en cuanto al fondo sustancial del negocio, por lo que en su contra procede el juicio de amparo y no el recurso de queja previsto en el art�culo 95, fracci�n IV, de la Ley de Amparo y, en consecuencia, no se actualiza la causal de improcedencia prevista en el art�culo 73, fracci�n II, de la ley de la materia.

    Por tanto, en t�rminos de lo dispuesto en el art�culo 195 de la Ley de Amparo, la jurisprudencia que se sustenta en este fallo deber� identificarse con el n�mero que le corresponda y remitirse a la Direcci�n General de la Coordinaci�n de Compilaci�n y S.�n de Tesis para su publicaci�n en el Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, as� como al Tribunal Pleno y a la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, a los Tribunales de Circuito y a los Juzgados de Distrito para su conocimiento.

    Por lo expuesto y fundado, se

    resuelve:

PRIMERO

Existe contradicci�n entre las tesis sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado del Vig�simo Circuito y el Primer Tribunal Colegiado del D�cimo Circuito, en los t�rminos que se precisan en el quinto considerando de esta resoluci�n.

SEGUNDO

Debe prevalecer, con car�cter de jurisprudencia, el criterio sustentado por esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, conforme a la tesis que ha quedado redactada en la parte final del �ltimo considerando de esta misma resoluci�n.

TERCERO

Rem�tase de inmediato la tesis de jurisprudencia que se sustenta en la presente resoluci�n a la Direcci�n General de la Coordinaci�n de Compilaci�n y S.�n de Tesis, para su publicaci�n en el Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, a las Salas de este Alto Tribunal, as� como a los Tribunales de Circuito y Jueces de Distrito en acatamiento a lo previsto en el art�culo 195 de la Ley de Amparo.

N.�quese; con testimonio de la presente resoluci�n a los Tribunales Colegiados contendientes y, en su oportunidad, arch�vese este expediente como asunto concluido.

As� lo resolvi� la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, por unanimidad de cuatro votos de los se�ores Ministros: Jos� de Jes�s G.�o P. (ponente), J.N.S.M., J.R.�n C.�o D�az y presidenta O.S.C. de G.�a V..