Ejecutoria num. 1a./J. 112/2004 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala - Jurisprudencia - VLEX 26824373

Ejecutoria num. 1a./J. 112/2004 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala

Emisor:Primera Sala
Número de Resolución:1a./J. 112/2004
Materia:Suprema Corte de Justicia de México
Fecha de Publicación: 1 de Enero de 2005
RESUMEN

CONTRADICCIÓN DE TESIS 29/2004-PS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEGUNDO CIRCUITO, AHORA PRIMERO EN MATERIA PENAL DEL MISMO CIRCUITO Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL TERCER CIRCUITO.DELITOS DE FALSEDAD EN DECLARACIONES Y FALSO TESTIMONIO RENDIDOS ANTE EL MINISTERIO PÚBLICO LOCAL (ARTÍCULOS 168 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE JALISCO Y 157 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE MÉXICO, RESPECTIVAMENTE), SE CONFIGURAN CUANDO EL SUJETO EN CALIDAD DE DENUNCIANTE DECLARA FALSAMENTE EN RELACIÓN CON LOS HECHOS DELICTIVOS EN LOS QUE ESTÁ INVOLUCRADO.DERECHO DE DEFENSA. SUS CARACTERÍSTICAS Y DIFERENCIAS CON LA GARANTÍA DE NO AUTOINCRIMINACIÓN.DERECHO DE NO AUTOINCRIMINACIÓN. ALCANCE DEL CONTENIDO EN EL ARTÍCULO 20, APARTADO A, FRACCIÓN II, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.

 
ÍNDICE
CONTENIDO

CONTRADICCI�N DE TESIS 29/2004-PS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEGUNDO CIRCUITO, AHORA PRIMERO EN MATERIA PENAL DEL MISMO CIRCUITO Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL TERCER CIRCUITO.

CONSIDERANDO:

TERCERO

El Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito (ahora en Materia Penal del mismo circuito) al resolver el amparo directo penal 55/93, promovido por ... de fecha diez de febrero de mil novecientos noventa y tres, sostuvo en sus consideraciones lo siguiente:

"QUINTO. Previo al examen de los conceptos de violaci�n formulados conviene se�alar que ... en escrito recibido en la oficial�a de partes del tribunal exhibi� el original del recurso de queja n�mero 13/93, tramitado ante el Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, derivado del amparo directo 357/91, a fin de ser tomado como prueba al resolver el presente juicio de agravios. Al respecto y contra lo pretendido, este �rgano de control constitucional advierte que aun cuando en los mencionados expedientes de amparo compareci� el mismo quejoso, en cambio, no existe impedimento legal para pronunciar la ejecutoria respectiva, al estar en presencia de distintos actos reclamados dictados con motivo de la instauraci�n de causas originadas por la comisi�n de delitos aut�nomos perpetrados en momentos diferentes uno de los otros. En efecto, como aparece de los autos del juicio 639/89-3, ... fueron encontrados culpables del robo indeterminado, en la modalidad de casa habitaci�n ocurrido el cuatro de agosto de mil novecientos ochenta y nueve e, incluso, al primero de los sentenciados le fue atribuido el il�cito de falso testimonio cometido en agravio de la administraci�n de justicia, habi�ndose confirmado la condena al resolverse el toca de apelaci�n 1058/91, intentado ante la Primera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de M�xico. En cuanto a las constancias exhibidas, de las mismas aparece que los sentenciados en menci�n, fueron declarados culpables del homicidio simple intencional cometido en agravio de ... y el diverso de robo en casa habitaci�n, cometido en perjuicio de ... efectuado el cuatro de octubre de mil novecientos ochenta y nueve, es decir dos meses despu�s del imputado en la causa penal de la cual conoce este tribunal. En este orden de ideas, se est� en presencia de causas distintas e independientes respecto de las cuales conocieron los Jueces Primero y Quinto Penal de Tlalnepantla, respectivamente y, en esa virtud, las actuaciones derivadas del juicio 605/89-2, no pueden considerarse vinculados para dictar la ejecutoria en el juicio de amparo 55/93, promovido ante este tribunal y, por ende, procede a examinar los conceptos de violaci�n formulados, los cuales son infundados. En efecto, ... se doli� de haber sido considerado culpable de la comisi�n de los delitos de robo indeterminado, en su modalidad de cometido en casa habitaci�n y del diverso de falso testimonio y, contra lo sostenido por el impetrante, en autos qued� acreditado el segundo de los il�citos. En efecto, de acuerdo con lo establecido en el art�culo 157, fracci�n I, del C�digo Penal, comete del delito (sic) de falso testimonio, quien al ser interrogado por alguna autoridad p�blica, en ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas, faltare a la verdad; ahora bien, los elementos materiales del tipo exigido, fueron acreditados seg�n lo establecido en la regla gen�rica contenida en el numeral 128 del C�digo Procesal de la materia, porque la acci�n prevista en el citado numeral 157, es aplicable a quienes son presentados como testigos ante una autoridad p�blica o judicial, a los que sobornen a un presencial de los hechos, o bien a los peritos o int�rpretes, cuando �stos afirman una falsedad, niegan o callen una verdad, al emitir su dictamen o traducci�n y en el caso a estudio, la autoridad al confirmar lo resuelto en la sentencia de primer grado, parti� de la base de que el inculpado, el cuatro de agosto de mil novecientos ochenta y nueve, denunci� hechos presumiblemente delictivos, cometidos en su propio perjuicio, demostr�ndose, con posterioridad, su intento de ocultar su responsabilidad, pues seg�n lo confes� �l mismo, hab�a perpetrado el injusto respecto del cual solicit� la intervenci�n del Ministerio P�blico. En este orden de ideas, no le asiste la raz�n al quejoso, porque no fue interrogado como inculpado en una causa, en cuyo caso no ser�a punible su mendacidad al formar parte de su defensa y no ocurre lo mismo cuando oficiosamente comparece ante una autoridad a denunciar un delito, como aconteci� en la especie, cuanto m�s que lo hizo para encubrirlo. En cuanto al delito de robo, previsto en el art�culo 295 del C�digo Penal, se encuentra acreditado de conformidad con la regla espec�fica prevista en el numeral 134, fracci�n I, del ordenamiento procesal de la materia, con la confesi�n de ... producida en acta de polic�a judicial y ratificada ante el Ministerio P�blico, as� como al emitir su declaraci�n preparatoria, en las cuales admiti� el haberse puesto de acuerdo con su amasia ... para llevar a cabo el desapoderamiento de cosas muebles, en el domicilio familiar tanto del inculpado, como de su suegro ... instruyendo a su amante para cometer el il�cito el tres de agosto de mil novecientos ochenta y nueve y luego acudi� ante el �rgano investigador a denunciar el robo previamente planeado. La anterior constancia, fue relacionada con el dictamen de valuaci�n de los objetos recuperados, cuyo monto ascendi� a ocho millones, ochocientos sesenta y cuatro mil, cuatrocientos pesos, as� como con la fe ministerial de los bienes asegurados. No es �bice a lo sostenido, el concepto de violaci�n encaminado a hacer valer la supuesta coacci�n f�sica ejercitada en contra del sentenciado, incomunicaci�n en los separos de la Polic�a Judicial durante cinco d�as, como tampoco ?el amparo 476/89, promovido ante la J. Quinto de Distrito en Tlalnepantla, M�xico? para corroborar su aserto, cuando en autos no existe constancia de haber promovido el citado juicio de amparo, con motivo de la pretendida incomunicaci�n de la cual dice sufri� y, en cambio, a fojas 14 a 30 vuelta, aparece demostrado que ... fue detenido por elementos de la Polic�a Judicial del Estado de M�xico el seis de octubre de mil novecientos ochenta y nueve y puesto a disposici�n en esa fecha ante la autoridad investigadora. Aunado a lo anterior, a foja 31 vuelta existe la fe ministerial del estado psicof�sico del indiciado, a quien no le fueron advertidas huellas de lesiones externas. Asimismo, es insuficiente para corroborar dicha coacci�n lo certificado por la secretar�a del juzgado instructor, quien dio fe de tener a la vista el cuerpo del detenido con hematoma de forma irregular en la porci�n extrema derecha del t�rax sobre la l�nea media de aproximadamente 7 cent�metros de di�metro, porque, como acertadamente lo estableci� la Sala, en la propia audiencia el inculpado acept� haber efectuado el robo. En lo tocante a que los agentes captores negaron haber participado en su detenci�n, prudentemente la autoridad sostuvo su fallo en el dicho de los testigos ... as� como de ... agentes de la Polic�a Judicial, como intervinientes en la investigaci�n efectuada en grupo, pero adem�s, ... al ratificar su informe sostuvieron el hecho de haber detenido personalmente al inodado, en cuyas condiciones la Sala legalmente lo tuvo por confeso de las imputaciones atribuidas y al adminicular lo confesado con las dem�s pruebas actu� ajust�ndose a las reglas contenidas en los art�culos 267 al 269 del c�digo adjetivo de la materia. Sirve de apoyo la jurisprudencia n�mero 472, publicada a foja 818 del �ltimo Ap�ndice al Semanario Judicial de la Federaci�n y la n�mero 482, visible en la p�gina 836 del mismo tomo, Segunda Parte con los rubros: ?CONFESI�N COACCIONADA, PRUEBA DE LA.? y ?CONFESI�N, VALOR DE LA.?, respectivamente. En cuanto a la responsabilidad penal de ... en la comisi�n de los delitos de robo indeterminado en la modalidad de casa habitaci�n y el diverso de falso testimonio, tambi�n se encuentra justificada con las probanzas enunciadas, especialmente con la confesi�n del sentenciado, producida en preparatoria, resultando ineficaz el argumento tendiente a hacer valer que no le fueron encontrados en su poder los objetos recuperados, cuando en indagatoria reconoci� parte de los bienes desapoderados e, incluso, su coinculpada ... al emitir sus deposados, lo relacion� con los sucesos. Por otra parte, no existi� falta de valoraci�n de las constancias procesales, pues en diligencia de quince de febrero de mil novecientos noventa el ofendido asegur� haber sido interrogado por el Ministerio P�blico sobre los objetos recuperados el cuatro de octubre de mil novecientos ochenta y nueve; empero, tal afirmaci�n es intrascendente para demostrar que la declaraci�n producida ante los agentes de la Polic�a Judicial hab�a sido previamente elaborada, cuando en realidad la comparecencia del denunciante ocurri� el siete de octubre del citado a�o y el acta de polic�a judicial, as� como la recuperaci�n de los bienes, ocurri� el d�a seis de ese mes y a�o. En lo relativo a la supuesta inobservancia del art�culo 17 bis del c�digo procesal de la materia, son inatendibles los argumentos formulados cuando la protesta de decir verdad en presencia de dos testigos, colocando al declarante de pie, frente a la bandera nacional y con la mano derecha sobre la Constituci�n General de la Rep�blica, s�lo le es aplicable al denunciante, querellante o a sus representantes legales, a los peritos, testigos y a quienes intervengan en alguna diligencia, mas no as� al inculpado, a quien s�lo debe exhort�rsele para conducirse con veracidad y no puede ser compelido a declarar en su contra, seg�n lo ordena el art�culo 20, fracci�n II, de la Constituci�n General de la Rep�blica y el art�culo 187 del C�digo de Procedimientos Penales para el Estado de M�xico, le otorga la facultad de abstenerse de declarar al momento de emitir su preparatoria; sin embargo, el peticionario decidi� no hacer uso de su derecho y acept� la comisi�n del il�cito. Finalmente, las sanciones aplicadas fueron acordes a lo dispuesto en los art�culos 299 y 301 del C�digo Penal, cuando el robo es indeterminado, su autor se hace acreedor de tres d�as a cinco a�os de prisi�n, debi�ndose aumentar de seis meses a diez a�os de c�rcel si se comete en casa habitaci�n, penas que en t�rminos del art�culo 69 del mismo ordenamiento son sumadas a la establecida para el delito de falso testimonio contemplado en el numeral 157 del c�digo aplicado, de seis meses a cinco a�os de prisi�n. En esas circunstancias la Sala hizo suyas las apreciaciones del J. instructor quien tom� en cuenta las circunstancias personales del inculpado, peligrosidad ubicada entre la m�nima y la media, con inclinaci�n a la segunda, los da�os morales y materiales causados y dem�s exigencias previstas en el art�culo 59 del c�digo sustantivo, para confirmar dos a�os de prisi�n y multa de quince d�as de salario por el delito de robo indeterminado, dos a�os seis meses de c�rcel y ciento cincuenta d�as multa en cuanto a la modalidad de casa habitaci�n y un a�o de c�rcel y cincuenta d�as multa, para que sumadas se le impusieran cinco a�os seis meses de privativa de libertad y doscientos quince d�as de multa." (fojas 135 vuelta a 139)

Las anteriores consideraciones dieron origen a la siguiente tesis cuyos rubro y texto son los siguientes:

"Octava �poca

"Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

"Fuente: Semanario Judicial de la Federaci�n

"Tomo: XI, mayo de 1993

"P�gina: 331

"FALSO TESTIMONIO. CONFIGURACI�N DEL DELITO DE. CUANDO EL ACTIVO SE OSTENTA COMO DENUNCIANTE. El hecho de que el acusado rinda su declaraci�n como denunciante, no lo exonera de responsabilidad la emisi�n de hechos falsos, porque cuando fue interrogado no lo hizo como inculpado de un il�cito, en cuyo momento estaba obligado a decir la verdad y carec�a de la libertad de exponer los mismos, como quisiera.

"PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEGUNDO CIRCUITO.

Amparo directo 55/93. 10 de febrero de 1993. Unanimidad de votos. Ponente: S.B. G�mez. Secretario: J.A.C.O..

CUARTO

Por su parte, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, en el amparo directo 357/2003, promovido por ... resuelto el trece de febrero de dos mil cuatro, consider�:

"En cambio, son fundados los conceptos de violaci�n suplidos en su deficiencia de conformidad con el art�culo 76 bis, fracci�n II, de la Ley de Amparo, referentes a que la sentencia reclamada es violatoria de garant�as al considerar acreditado el delito de falsedad en declaraciones e informes dados a una autoridad, previsto en el art�culo 168 del C�digo Penal para el Estado de Jalisco, los cuales resultan suficientes para conceder el amparo y la protecci�n de la Justicia Federal al quejoso, para los efectos que m�s adelante se han de indicar. Para una mejor comprensi�n del asunto, es conveniente se�alar que de las constancias que obran en el expediente se aprecia que el d�a cuatro de junio de dos mil dos, a las catorce horas con un minuto, el quejoso ... se present� en la agencia del Ministerio P�blico n�mero tres, especializada para la investigaci�n de robo a veh�culos de carga pesada de la Procuradur�a General de Justicia del Estado de Jalisco, para declarar que se desempe�a como repartidor de la mercanc�a de la empresa de nombre Galletas Cu�tara, Sociedad An�nima de Capital V.able, que ese d�a aproximadamente a las tres horas, viajaba en compa��a de ... a bordo del cami�n marca Dina, tipo R.�n, color blanco, mil novecientos ochenta y cuatro, por la carretera a N., placas de circulaci�n JF29016 del Estado de Jalisco, porque iba a realizar la entrega de galletas a un cliente en Tepic, Nayarit, pero un veh�culo tipo Tsuru que lo adelant� en la marcha disminuy� la velocidad, por lo que tuvo que detenerse para evitar chocar con �l, entonces, dos sujetos que portaban armas de fuego bajaron del autom�vil, lo amagaron, abordaron el cami�n y luego se lo quitaron, dej�ndolo en un bald�o junto con su compa�ero ... que al dirigirse a una gasolinera, se enteraron de que estaban en la carretera que conduce a S.�n El Grande, cerca de Santa Mar�a Tequepexpan, en Tlaquepaque, Jalisco, que de ah� se comunic� con el gerente de la empresa ofendida, quien le indic� que se trasladara en un taxi a la negociaci�n, luego le dijo que ten�a que ir a presentar la denuncia correspondiente; por lo que acudi� a rendir la citada declaraci�n. Asimismo, aparece que a las dos horas con veinte minutos del cinco de junio de dos mil dos, el quejoso manifest� ante el propio representante social, con la asistencia de su defensor, que en la primera declaraci�n que rindi� minti� en cuanto al robo que supuestamente sufri�; que lo que sucedi� en realidad fue que �l se apoder� de los bienes que ten�a que entregar al cliente en Tepic, Nayarit, se los dio a sus c�mplices ... y un sujeto de apodo ... para que los vendieran; que por esa conducta iba a recibir veinte mil pesos, de los cuales ya hab�a obtenido dos mil novecientos pesos, posteriormente abandon� el cami�n marca Dina, color blanco, tipo rab�n, modelo mil novecientos ochenta y cuatro, en el cruce de las calles C.M.�rida y Paseo de las Lomas en la colonia El Colli; enseguida, comunic� al gerente que hab�a sido v�ctima de un robo; adem�s, se�al� que narr� hechos falsos en la primera declaraci�n para justificarse con su patr�n, es decir, para evitar que se descubriera que �l perpetr� el delito. De la misma forma, obra en autos la declaraci�n ministerial rendida por ... el cinco de junio de dos mil dos, en la que refiri� que no era verdad que hubiera acompa�ado a ... a realizar la entrega de la mercanc�a al cliente en Tepic, Nayarit, ni que hubiera presenciado que dos sujetos que portaban armas de fuego les robaron el cami�n con las galletas de la empresa ofendida, ni que los dejaron en un bald�o (como adujo el quejoso en su inicial deposado); asimismo, explic� que �l acudi� a rendir declaraci�n el cuatro de ese mes y a�o, en la que narr� que as� hab�a sucedido, pero lo hizo porque se lo orden� su jefe ... quien crey� que en realidad su compa�ero ... hab�a sido v�ctima de un robo. Ahora bien, el precepto legal que contempla y sanciona el delito de falsedad en declaraciones y en informes dados a una autoridad, vigente en la �poca de los acontecimientos, dispon�a que: ?Art�culo 168. Se impondr�n de tres meses a dos a�os de prisi�n: I.A. que, con cualquier car�cter, al declarar o informar ante alguna autoridad p�blica en ejercicio de sus funciones, o con motivo de ellas, faltare dolosamente a la verdad, excepto que sea el inculpado; ... .?. En principio, es conveniente destacar que el delito de falsedad en declaraciones y en informes dados a una autoridad, se refiere a conductas il�citas que comete cualquier persona -con excepci�n del inculpado- que dolosamente se conducen con falsedad, respecto del hecho que declaran o informan ante alguna autoridad p�blica, en ejercicio de sus funciones. Faltar a la verdad significa producirse con mentiras en la citada declaraci�n o informaci�n, es decir, manifestar hechos falsos, sea afirm�ndolos, neg�ndolos u ocult�ndolos dolosamente. Conforme a la definici�n legal del il�cito que nos ocupa, se advierte que el delito de falsedad en declaraciones e informes dados a una autoridad es de acci�n, puesto que para su configuraci�n requiere un comportamiento positivo voluntario, por ende, resulta configurable s�lo de manera dolosa, en t�rminos de lo previsto por el art�culo 6o., primer p�rrafo, del C�digo Penal para el Estado de Jalisco, puesto que la comisi�n del mismo supone necesariamente el conocimiento de que se quebranta la ley, as� como la voluntad de realizar el acto. El bien jur�dico tutelado por el art�culo 168 del C�digo Penal para el Estado de Jalisco lo es la fe p�blica y la justicia, pues afecta a la administraci�n de justicia, con la salvedad de que no son cometidos por autoridad, sino que se perpetran por particulares y el resultado se produce al momento de que el declarante afirme, niegue u oculte maliciosamente alguna circunstancia relevante ante una autoridad p�blica en ejercicio de sus funciones. Al respecto, de las constancias del expediente se aprecia que no se acredita la totalidad de los elementos constitutivos del delito de falsedad en declaraciones y en informes dados a una autoridad en cuesti�n pues aunque si bien es cierto que el quejoso ... dolosamente falt� a la verdad al rendir declaraci�n el cuatro de junio de dos mil dos ante una autoridad en ejercicio de sus funciones (agente del Ministerio P�blico del fuero com�n), lo que qued� plenamente demostrado con la propia declaraci�n ministerial que �ste rindi� el cinco del mismo mes y a�o, en la que reconoci� que hab�a declarado mentiras en su primera deposici�n, esto es, que fingi� haber sufrido el robo del cami�n marca Dina color blanco, modelo mil novecientos ochenta y cuatro, que ten�a asignado para su trabajo y de la mercanc�a que transportaba consistente en galletas propiedad de la empresa ofendida; mientras que lo que aconteci� fue que ... le propuso que se apoderara de los bienes que ten�a que entregar a un cliente, lo cual hizo el cuatro del mes de junio del a�o citado, proporcion�ndoselos a sus c�mplices ... adem�s, que llev� a cabo dicha conducta il�cita para obtener veinte mil pesos; lo cual se corrobora con la declaraci�n de ... quien afirm� que efectivamente invit� al quejoso a cometer el robo de la mercanc�a de la empresa, que ambos acordaron llevarlo a cabo en la madrugada del cuatro de junio del mencionado a�o, que tambi�n invit� a ... y �l a su vez convid� a un sujeto apodado ... asimismo, ... declar� ante el representante social el cinco de junio de dos mil dos, que era falso que �l hubiera acompa�ado al quejoso ... en el momento en el que supuestamente lo robaron dossujetos, y que acudi� a rendir declaraci�n ministerial en ese sentido, porque se lo orden� el gerente de la empresa ofendida; por lo que es evidente que el quejoso se condujo con falsedad en la primera declaraci�n, toda vez que se comprob� que �l aprovech� la relaci�n de trabajo existente con la negociaci�n ofendida para apoderarse de la mercanc�a que le hab�a sido entregada para transportarla al domicilio de un cliente en Tepic, Nayarit, lo cual perpetr� sin derecho y sin consentimiento de quien pod�a disponer de la misma con arreglo a la ley; la cual fue encontrada en una bodega de la que se dio fe ministerial y a la que hicieron referencia el quejoso y ... en sus deposados, pues adujeron que la mercanc�a fue guardada en una bodega que consigui� ... sin embargo, el delito que nos ocupa establece como elemento normativo que el sujeto activo sea cualquier persona, con excepci�n del inculpado, por ello, en el caso se considera que no puede tenerse por acreditado tal il�cito. Se afirma lo anterior, no obstante de que el aqu� quejoso cuando rindi� la declaraci�n imputada como falsa, no ten�a procesalmente hablando la calidad de inculpado, pues del an�lisis de las razones que dieron lugar a la excepci�n que contempla el numeral 168, fracci�n I, del C�digo Penal en cita, se aprecia que el inculpado est� exento de que su declaraci�n -aunque sea falsa- constituya el delito de falsedad en declaraciones e informes dados a una autoridad, en respeto a las garant�as individuales que consagra el art�culo 20 constitucional, las cuales constituyen derechos p�blicos subjetivos (derechos humanos), en favor de una categor�a de individuos (los inculpados), en determinada circunstancia o situaci�n jur�dica (el proceso penal); es decir, son facultades, derechos o prerrogativas que el hombre puede esgrimir frente al Estado y que �ste, en consecuencia, debe respetar; entre las cuales se indica que el inculpado no podr� ser obligado a declarar, acto seguido proh�be y sanciona la incomunicaci�n, la tortura y la intimidaci�n, �sta �ltima porque es una forma de tortura; lo anterior, debido a las declaraciones que puede rendir el indiciado en el procedimiento, particularmente la m�s relevante y comprometedora que es la confesi�n, a trav�s de la cual el sujeto admite ser autor o c�mplice del delito. As� tambi�n, dado que el aludido precepto constitucional se�ala que el inculpado no podr� ser obligado a declarar, no distingue entre los diversos sentidos que puede tener su declaraci�n (adversa o favorable al declarante); es decir, se reconoce el derecho al silencio e, inclusive, a negar su participaci�n en la comisi�n del delito, aunque no se conduzca con verdad, lo cual significa la garant�a del inculpado a no incriminarse; disposici�n que de infringirse constituir�a un delito contra la administraci�n de justicia, aun m�s, para fortalecer esa garant�a de no incriminaci�n, en la propia fracci�n se proh�be toda incomunicaci�n, intimidaci�n o tortura, incluso, de actualizarse esta conducta t�pica penal, la confesi�n o informaci�n que haya sido obtenida mediante tortura no podr� invocarse como prueba; siendo consecuentemente nula de pleno derecho esa probanza obtenida a trav�s de esos medios il�citos, aparte, constituye una violaci�n a las normas del procedimiento, que afectan al gobernado; por tanto, la citada disposici�n contiene la garant�a de defensa en la que el inculpado no est� obligado a incriminarse y previene la principal causa de nulidad de la prueba confesional. Entonces, si el aqu� quejoso acudi� ante el agente del Ministerio P�blico del fuero com�n, luego de haber cometido el delito de robo calificado de los bienes que son propiedad de la empresa ofendida (Galletas Cu�tara, Sociedad An�nima de Capital V.able), para la cual prestaba sus servicios en ese momento y declar� con falsedad que hab�a sido v�ctima del robo de los bienes aludidos, ello no puede ser constitutivo del delito de falsedad en declaraciones e informes dados a una autoridad, puesto que de haberse conducido con verdad en torno a los hechos en los que estaba involucrado, el quejoso tendr�a que haber aceptado su responsabilidad en la comisi�n del delito de robo calificado que horas antes hab�a cometido; por tanto, es inconcuso que aunque no exist�a a�n la imputaci�n directa en su contra como probable responsable del apoderamiento il�cito, por lo que no se tom� su declaraci�n en calidad de inculpado, ni se satisficieron las formalidades que para esas declaraciones exige la Constituci�n, inclusive se le protest� y advirti� para que se condujera con verdad; empero, dichas circunstancias no pod�an constre�ir al quejoso (como part�cipe del delito que se investigaba en la averiguaci�n previa 407/2002), a que confesara que cometi� el robo o, en caso contrario, a que sea merecedor de la sanci�n penal correspondiente al delito de falsedad en declaraciones e informes dados a una autoridad, pues ello contravendr�a la ampl�sima garant�a que al respecto establece a su favor el art�culo 20 de la Carta Magna, es decir, a ejercer el derecho a defender su libertad personal, m�xime que se recibi� su declaraci�n en esos t�rminos (como denunciante), porque �l dijo haber sido v�ctima del delito que �l cometi�, con el prop�sito de justificarse ante la empresa ofendida por la falta de los bienes, as� como para eludir su responsabilidad penal ante la autoridad encargada de la investigaci�n de los delitos. Al respecto, son aplicables, en lo conducente, las tesis sustentadas (las dos primeras) por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n y (la �ltima) por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Segundo Circuito, publicadas, respectivamente, en las p�ginas 1855, 1536 y 471, Tomos XCIII, CXXV y V, enero de 1997, del Semanario Judicial de la Federaci�n, Quinta y Novena �pocas, que en su orden dicen: ?FALSEDAD EN DECLARACIONES JUDICIALES, INEXISTENCIA DEL DELITO DE. Aunque el reo haya sido llamado al proceso que se instruy� en contra de otra persona, para que declarara como simple testigo, si tuvo que sentirse implicado en el hecho delictuoso que se trataba de investigar, por la intervenci�n directa que tuvo en la ejecuci�n del mismo, y en esa situaci�n, falt� a la verdad, su falta de veracidad no lo constituye en reo del delito de falsedad, en atenci�n a la garant�a que establece el art�culo 20 constitucional.?, ?FALSEDAD EN DECLARACIONES JUDICIALES, DELITO DE. La circunstancia de que quien declare ante la autoridad judicial tenga el car�cter de acusado, elimina la posibilidad legal, aunque se produzca con falsedad, de considerarlo responsable del delito de falsedad en declaraciones judiciales. La falta a la verdad no es un integrante de dicho delito, si se refiere al medio empleado para consumar el diverso delito denunciado, pues la relaci�n entre el medio y el fin perseguido en �l, es tan estrecha que, de pretender que el acusado diga la verdad, se le obligar�a, con desacato de los m�s elementales principios de derecho y desconocimiento de la ampl�sima garant�a de defensa, o bien a confesar el delito o a sufrir, en caso contrario, las sanciones correspondientes a la falsedad en declaraciones judiciales.? y ?La fracci�n II del art�culo 20 constitucional contiene el llamado derecho de �no autoincriminaci�n� que, en relaci�n con la garant�a de plenitud de defensa, significa la facultad que tiene todo inculpado de abstenerse de declarar, o de hacerlo en los t�rminos que estime pertinentes, aun cuando con ello se faltare a la verdad; por tanto, resulta violatorio de garant�as el sostener lo contrario y pretender que, en tal hip�tesis, el faltar a la verdad por parte del incriminado constituya el delito de falso testimonio de acuerdo con aquellas legislaciones en las que, para la configuraci�n de dicho il�cito, no se haga distinci�n alguna en cuanto a la calidad espec�fica del sujeto activo, pues aun admitiendo que �ste hubiere declarado con falsedad, es inconcuso que tal actitud representa el ejercicio del citado derecho a no autoincriminarse y de declarar, en su caso, como considere adecuado, lo que constituye, en materia penal, un motivo de justificaci�n consagrado como causa de exclusi�n del delito en la generalidad de las legislaciones punitivas del pa�s, independientemente de que el derecho ejercitado est� previsto en la propia Constituci�n General de la Rep�blica, en este caso en la citada fracci�n II de su art�culo 20, pues de las causas de justificaci�n, la conocida como �ejercicio de un derecho�, entre otras, al ser una proposici�n permisiva abierta, requiere una labor judicial de complementaci�n que hace necesario acudir a diversos dispositivos u ordenamientos legales y no exclusivamente al C�digo Penal, siendo incluso mayor la trascendencia e irrefutabilidad de esa excluyente cuando el derecho ejercido est� elevado al rango de garant�a constitucional.?. De esta manera, no puede tenerse por acreditado el delito de falsedad en declaraciones e informes dados a una autoridad, previsto y sancionado por el art�culo 168 del C�digo Penal para el Estado de Jalisco, cuando el sujeto activo, ostent�ndose como denunciante, declar� falsamente en relaci�n con hechos delictuosos en los que �l estaba involucrado por la intervenci�n directa que tuvo en la ejecuci�n del delito de robo de los bienes propiedad de la empresa ofendida, para la cual prestaba sus servicios; en atenci�n a la garant�a individual que consagra en su favor el art�culo 20 constitucional, la cual protege su derecho a no incriminarse en defensa a su libertad personal, pues aunque procesalmente hablando a�n no ten�a la calidad de inculpado, falt� a la verdad para evadir su responsabilidad penal por la conducta il�cita que cometi�, y de obligar al quejoso a que se hubiera conducido con veracidad en esa declaraci�n, o de lo contrario ser�a merecedor de las sanciones correspondientes al delito de falsedad en declaraciones e informes dados a una autoridad, se le habr�a constre�ido a declararse culpable del delito de robo, lo cual infringir�a la garant�a de defensa apuntada. Por otro lado, este Tribunal Colegiado advierte la existencia de la tesis aislada sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito publicada en la p�gina 331, Tomo XI, mayo de 1993 del Semanario Judicial de la Federaci�n, Octava �poca, que dice lo siguiente: ?FALSO TESTIMONIO. CONFIGURACI�N DEL DELITO DE. CUANDO EL ACTIVO SE OSTENTA COMO DENUNCIANTE. El hecho de que el acusado rinda su declaraci�n como denunciante, no lo exonera de responsabilidad la emisi�n de hechos falsos, porque cuando fue interrogado no lo hizo como inculpado de un il�cito, en cuyo momento estaba obligado a decir la verdad y carec�a de la libertad de exponer los mismos, como quisiera.?. La anterior tesis se contrapone con lo sustentado por este Tribunal Colegiado en la presente sentencia, puesto que en ella se dispone que cuando el activo comparece a denunciar un delito, no obstante de que tenga responsabilidad en su comisi�n, est� obligado a conducirse con verdad, en virtud de que carece de la calidad de inculpado del il�cito sobre el que declara y, de no hacerlo, incurre en el delito de falso testimonio. Por tanto, al advertirse la contraposici�n de criterios mencionada, lo que procede es denunciar dicha contradicci�n de tesis, por lo que se ordena remitir a la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n copia autorizada de esta resoluci�n y el diskette respectivo, para los efectos del art�culo 197-A de la Ley de Amparo. De tal suerte que al no acreditarse uno de los elementos del delito de falsedad en declaraciones e informes dados a una autoridad, es suficiente para estimar que no se acredit� la corporeidad del il�cito, lo que conlleva a que resulte innecesario analizar si se acredit� la plena responsabilidad del peticionario en su comisi�n, as� como los restantes conceptos de violaci�n que se hicieron valer en relaci�n con el mencionado delito. Es aplicable, en lo conducente, la tesis sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, Publicada en la p�gina 2685, Tomo LIX del Semanario Judicial de la Federaci�n, que dice: ?CUERPO DEL DELITO, LA COMPROBACI�N DEL, ES LA BASE DEL PROCEDIMIENTO JUDICIAL Y SIN ELLA NO PUEDE DECLARARSE LA RESPONSABILIDAD DEL ACUSADO. La comprobaci�n del cuerpo del delito constituye la base del procedimiento judicial, y sin ella no puede declararse la responsabilidad del acusado ni imponerle pena. Ahora bien, por cuerpo del delito, debe entenderse el conjunto de elementos objetivos o externos que lo constituyen, es decir, la realidad del mismo, y comprobarlo no es m�s que demostrar la existencia de un hecho con todos sus elementos constitutivos, tal como lo define la ley, al considerarlo como delito y se�alar la pena correspondiente. El art�culo 465 del C�digo de Justicia Militar previene que en caso de homicidio o lesiones, adem�s de la descripci�n que de las lesiones hagan el J. o el agente de la Polic�a J.M., que intervenga en las diligencias, es de gran importancia el informe de dos peritos y aun de uno s�lo, si no hubiere otro disponible, y el curso r�pido de las actuaciones no permitiere separar. Los peritos dar�n por medio de certificados que ratificar�n personalmente ante el J. respectivo, la esencia de las lesiones, dentro de 48 horas, despu�s de haberse encargado de la curaci�n de un herido. Al cumplirse con este precepto, tomar�n siempre en consideraci�n el arma empleada para inferir las lesiones, la regi�n en que �stas est�n situadas, sus dimensiones, los �rganos interesados, y, en resumen, har�n la clasificaci�n con toda la claridad posible a fin de que pueda conocerse f�cilmente en cu�l precepto del libro segundo de dicho c�digo, est� comprendido el acto; y si de las constancias de autos aparece que ni la Polic�a J.M. ni el J. de la causa, dieron fe de las lesiones que sufri� el ofendido, y existe �nicamente el certificado m�dico provisional, que no fue ratificado ante la presencia judicial, y no se rindi� el certificado de sanidad, para poder saber en definitiva, la clasificaci�n de las lesiones, no se acredit� el cuerpo del delito de lesiones; m�xime, si el ofendido niega rotundamente haber sufrido la lesi�n a que se refiere el dictamen pericial; y debe concederse el amparo contra la sentencia definitiva que impuso pena al quejoso.?. En otro aspecto, al imponerse del cap�tulo de la individualizaci�n de la pena de la sentencia reclamada, tambi�n se advierte que la Sala responsable no se ajust� adecuadamente a lo dispuesto en el art�culo 16 constitucional, violentando con ello, en perjuicio del quejoso, la garant�a de legalidad y seguridad jur�dica, relativa a la fundamentaci�n y motivaci�n, contenida en dicho numeral. Lo anterior se estima as�, porque la Sala de apelaci�n para estimar el grado de culpabilidad del hoy quejoso e imponerle la pena de diez a�os nueve meses de prisi�n, expres� lo siguiente: ?Con objeto de dar cabal cumplimiento a los art�culos 40 y 41 del C�digo Penal Estatal, se considera que los delitos cometidos por los encausados son dolosos por naturaleza y, por su parte, ... dijo ser mexicano, casado, de 30 a�os de edad, de ocupaci�n chofer, originario y vecino de Guadalajara, Jalisco, con domicilio ... que sabe leer y escribir porque curs� segundo a�o de educaci�n secundaria, es hijo de ... y de ... que viven, tiene un haber econ�mico de $1,600.00 pesos por quincena y dependen econ�micamente de su salario su esposa y dos menores hijos, no tiene bienes de su propiedad, fuma cigarros de tabaco, toma bebidas embriagantes, pero no consume drogas, no tiene apodo conocido, tampoco se cambia de nombre y no tiene tatuajes. ... dijo ser mexicana, soltera, con edad de 24 a�os, es originaria y vecina de Guadalajara Jalisco, con domicilio particular en la calle ... y sabe leer y escribir, porque curs� primer semestre de preparatoria, es hija de ... (viven), que es comerciante de bi�nicos, con un haber econ�mico aproximado de $300.00 (trescientos pesos diarios), de cuyo ganancial no depende econ�micamente ninguna persona, tiene por apodo ... pero no acostumbra cambiarse de nombre, es la primera vez que se encuentra detenida, s� acostumbra las bebidas embriagantes y el tabaco y tambi�n el consumo de coca�na, pero no acostumbra el consumo de enervantes, no tiene bienes inmuebles en propiedad y tampoco tatuajes en su anatom�a corporal. ... se�al� ser mexicano, casado, de 32 a�os de edad, originario y vecino de Guadalajara, Jalisco, con domicilio en la finca marcada con el n�mero ... sabe leer y escribir por haber cursado el ciclo de educaci�n primaria, que es hijo de ... (viven), tiene un haber econ�mico de $1,650.00 pesos a la quincena de cuya percepci�n dependen econ�micamente su esposa y dos menores hijos, no tiene bienes de su propiedad, no fuma cigarros de tabaco, no toma bebidas embriagantes, no consume drogas, no tiene apodo, tiene cinco tatuajes, no se cambia de nombre y es la primera vez que se encuentra detenido; por tanto, se considera que son delincuentes primarios, confirmando su versi�n los reportes de no antecedentes que obran agregados a fojas 281, 295 y 296 por lo que se refiere al primero y a la segunda, mientras que el tercero registr� un ingreso el 26 de junio de 2001 a disposici�n del J. Sexto de lo criminal en el proceso 298/01-C, por el delito de robo calificado y obtuvo su libertad el 8 de enero del a�o 2002, por falta de elementos para procesar, luego el 22 de agosto del 2001 ingres� a disposici�n del J. D�cimo de lo criminal en el proceso 355/01-C por robo calificado y obtuvo su libertad en la misma fecha por detenci�n ilegal y, finalmente, ingres� el 12 de octubre de 2000 dos mil a disposici�n del J. Noveno Penal, en el proceso 421/00-A, por robo calificado y fue liberado el 13 de octubre de 2000 dos mil, por detenci�n ilegal, observando que no es posible considerarlo reincidente o habitual, porque s�lo son antecedentes no as� sentencia condenatoria ejecutoriada por lo que es posible considerarlo como delincuente primario y solamente se le incrementar� la sanci�n corporal en forma proporcional y equitativa; en consecuencia se considera la peligrosidad del primero y tercero entre m�nima y media m�s cercana a la primera y la segunda con peligrosidad m�nima y atendiendo al pliego acusatorio del representante social, es de imponer a ... la pena corporal de 10 diez a�os de prisi�n, por lo que se refiere al delito de robo m�s 9 meses por el delito de falsedad en declaraciones e informes dados a una autoridad cuya suma total es de 10 diez a�os 9 nueve meses de prisi�n; ...?. Como se ve, la Sala del conocimiento �nicamente se limit� a decir que los delitos en cuesti�n eran dolosos, a describir las caracter�sticas del inculpado, as� como su condici�n de delincuente primario; para luego determinar de manera dogm�tica que se consideraba que revelaba un grado de peligrosidad entre m�nima y media m�s cercana a la primera y que por ello le correspond�an las penas de prisi�n de diez a�os por el delito de robo calificado y nueve meses por el de falsedad en declaraciones e informes dados a una autoridad, en t�rminos de lo solicitado por el agente del Ministerio P�blico (numeral 236, inciso b), fracci�n III, del C�digo Penal para el Estado de Jalisco); todo lo cual resulta, como ya se dijo, indebido y violatorio de las garant�as del quejoso, puesto que la Sala de apelaci�n no especific� cu�les circunstancias de las que refiri� le perjudican al acusado para estimar que su grado de culpabilidad es entre la m�nima y media m�s cercano a la primera, ni mucho menos explic� las razones por las que consider� que, en el caso, la conducta del sentenciado encuadraba en la fracci�n e inciso indicados y no en otra u otro; m�xime que en ese apartado no tom� en consideraci�n la prueba pericial de aval�o que obra en el expediente penal respectivo, emitida respecto de los bienes en los que recay� el apoderamiento, para determinar que lapena a imponer por el delito de robo calificado es la prevista en el art�culo 236 bis, inciso b), fracci�n III, del C�digo Penal sustantivo local, no obstante que ello es indispensable para establecer el monto de lo robado y situar la pena en el art�culo, inciso y fracci�n correspondientes; en m�rito de lo anterior, procede conceder a ... el amparo solicitado, para el efecto de que la Sala responsable dicte una nueva resoluci�n en la que reitere lo relativo a la demostraci�n del delito de robo calificado, previsto y sancionado en los art�culos 233, en relaci�n con el 236, fracciones III y XIII del C�digo Penal para el Estado de Jalisco, as� como respecto de la plena responsabilidad penal del hoy agraviado en la comisi�n de dicho il�cito; realice un verdadero an�lisis, fundado y motivado, de las circunstancias que se se�alan en los art�culos 40 y 41 del ordenamiento penal citado y precise el grado de culpabilidad del inculpado; se�alando, desde luego, las circunstancias, razones o causas que, de ser el caso, perjudiquen al reo; explique adem�s en qu� fracci�n e inciso del art�culo 236 bis del C�digo Penal para el Estado de Jalisco encuadra la conducta del acusado, apoy�ndose en el dictamen pericial de aval�o respectivo, as� le imponga la pena condigna al grado de culpabilidad en el que se le ubique; asimismo, absuelva a ... de la acusaci�n formulada en su contra, en relaci�n con el delito de falsedad en declaraciones e informes dados a una autoridad, previsto y sancionado por el art�culo 168, fracci�n I, del C�digo Penal para el Estado de Jalisco, por no acreditarse los elementos de dicho antijur�dico. En la inteligencia de que en la nueva sentencia que se dicte no podr� agravarse la situaci�n jur�dica del inculpado." (fojas 99 vuelta a 111 vuelta)

El anterior criterio se apoy� en la tesis siguiente:

"Novena �poca

"Instancia: Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Segundo Circuito

"Fuente: Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta

"Tomo: V, enero de 1997

"Tesis: II.2o.P.A.44 P

"P�gina: 471

"FALSO TESTIMONIO, DELITO DE, Y GARANT�A DE PLENITUD DE DEFENSA. La fracci�n II del art�culo 20 constitucional contiene el llamado derecho de ?no autoincriminaci�n? que, en relaci�n con la garant�a de plenitud de defensa, significa la facultad que tiene todo inculpado de abstenerse de declarar, o de hacerlo en los t�rminos que estime pertinentes, aun cuando con ello se faltare a la verdad; por tanto, resulta violatorio de garant�as el sostener lo contrario y pretender que, en tal hip�tesis, el faltar a la verdad por parte del incriminado constituya el delito de falso testimonio de acuerdo con aquellas legislaciones en las que, para la configuraci�n de dicho il�cito, no se haga distinci�n alguna en cuanto a la calidad espec�fica del sujeto activo, pues aun admitiendo que �ste hubiere declarado con falsedad, es inconcuso que tal actitud representa el ejercicio del citado derecho a no autoincriminarse y de declarar, en su caso, como considere adecuado, lo que constituye, en materia penal, un motivo de justificaci�n consagrado como causa de exclusi�n del delito en la generalidad de las legislaciones punitivas del pa�s, independientemente de que el derecho ejercitado est� previsto en la propia Constituci�n General de la Rep�blica, en este caso en la citada fracci�n II de su art�culo 20, pues de las causas de justificaci�n, la conocida como ?ejercicio de un derecho?, entre otras, al ser una proposici�n permisiva abierta, requiere una labor judicial de complementaci�n que hace necesario acudir a diversos dispositivos u ordenamientos legales y no exclusivamente al C�digo Penal, siendo incluso mayor la trascendencia e irrefutabilidad de esa excluyente cuando el derecho ejercido est� elevado al rango de garant�a constitucional.

"SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL SEGUNDO CIRCUITO.

"Amparo en revisi�n 276/96. 21 de agosto de 1996. Unanimidad de votos. Ponente: J.M.V.S.�nchez. Secretario: J.N.L.C..

"Nota: Por ejecutoria de fecha 27 de septiembre de 2000, la Primera Sala declar� inexistente la contradicci�n de tesis 64/99 en que hab�a participado el presente criterio."

QUINTO

Previamente al estudio de la cuesti�n planteada, por raz�n de m�todo, debe determinarse si en el caso existe la contradicci�n de tesis entre los Tribunales Colegiados de Circuito de que se trata.

Como antecedentes de los criterios denunciados tenemos los siguientes:

Juicio 55/93

  1. ... y otra persona fueron encontradas culpables del robo indeterminado en la modalidad de casa habitaci�n e, incluso, al primero le fue atribuido el il�cito de falso testimonio cometido en agravio de la administraci�n de justicia.

  2. Los sentenciados en menci�n fueron declarados culpables de homicidio simple intencional y el diverso de robo en casa habitaci�n, il�citos cometidos dos meses despu�s a los primeros mencionados.

  3. En el primer caso y por lo que respecta al delito de falso testimonio, se parti� de la base de que el inculpado denunci� hechos presumiblemente delictuosos cometidos en su propio perjuicio, demostr�ndose con posterioridad su inter�s de ocultar su responsabilidad, pues seg�n lo confes� �l mismo hab�a perpetrado el injusto respecto del cual solicit� la intervenci�n del Ministerio P�blico.

  4. El Tribunal Colegiado del conocimiento declar� infundados los conceptos de violaci�n del quejoso, por considerarlo culpable del delito de falso testimonio.

    Juicio 357/2003

  5. El quejoso se present� ante la agencia del Ministerio P�blico para declarar que se desempe�aba como repartidor de mercanc�a de la empresa denominada Galletas Cu�tara, S.A. de C.V., denunciando que le robaron el cami�n con que circulaba.

  6. Posteriormente, el mismo quejoso ante el propio representante social, con asistencia de su defensor, manifest� que en la primera declaraci�n que rindi� minti� en cuanto al robo que supuestamente sufri�, ya que en realidad �l se hab�a apoderado de los bienes que ten�a que entregar, abandonando el veh�culo.

  7. El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito apreci� que no se acreditaba la totalidad de los elementos constitutivos del delito de falsedad de declaraciones e informes dados a una autoridad, por lo que orden� a la Sala Penal responsable absolviera al procesado de este delito.

    De los antecedentes resumidos con anterioridad se aprecia que son similares ya que ambos quejosos antes de ser inculpados declararon con falsedad ante el Ministerio P�blico, para encubrir otro(s) delitos cometidos con anterioridad.

SEXTO

De los criterios sustentados por los Tribunales Colegiados motivo de la presente denuncia, as� como de los antecedentes de los casos que dieron motivo a los juicios que nos ocupan se desprende que s� existe contradicci�n de criterios.

Los antecedentes del caso son similares, como se establece en el considerando que antecede, sin embargo, aunque los criterios provienen del examen de cuestiones jur�dicas iguales, las resoluciones emitidas por cada uno de los Tribunales Colegiados se emitieron en sentido contrario.

La materia de la presente denuncia de contradicci�n de criterios consiste en determinar si se configura o no el delito de falsedad de declaraciones dados a una autoridad, cuando el sujeto activo en calidad de denunciante declara falsamente en relaci�n con los hechos delictuosos en los que est� involucrado por la intervenci�n directa que tuvo en la ejecuci�n del delito.

Mientras el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, al resolver el amparo en revisi�n 357/2003, sostiene el criterio que en esencia no puede tenerse por acreditado el delito de falsedad en declaraciones e informes dados a una autoridad cuando el sujeto activo, ostent�ndose como denunciante, declar� falsamente en relaci�n con hechos delictuosos en los que �l estaba involucrado por la intervenci�n directa que tuvo en la ejecuci�n del delito; en atenci�n a la garant�a individual que consagra el art�culo 20 constitucional, que protege su derecho de no incriminarse en defensa de su libertad personal, el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, al resolver el amparo en revisi�n 55/93, sostuvo lo contrario, aunque no invoc� el referido art�culo 20 constitucional.

En este sentido, el Segundo Tribunal Colegiado parte del presupuesto de que el "denunciante" puede ser equiparado al "inculpado" a que se refiere el art�culo 20 constitucional. Por otra parte, el Primer Tribunal Colegiado parte de la premisa contraria, esto es, que el denunciante no puede considerarse desde ese momento inculpado y, consecuentemente, no le benefician las garant�as del art�culo 20 constitucional.

Al caso, cobra aplicaci�n la tesis de jurisprudencia cuyos rubro y texto son los siguientes:

"Novena �poca

"Instancia: Pleno

"Fuente: Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta

"Tomo: XIII, abril de 2001

"Tesis: P./J. 26/2001

"P�gina: 76

CONTRADICCI�N DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA. De conformidad con lo que establecen los art�culos 107, fracci�n XIII, primer p�rrafo, de la Constituci�n Federal y 197-A de la Ley de Amparo, cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n o la Sala que corresponda deben decidir cu�l tesis ha de prevalecer. Ahora bien, se entiende que existen tesis contradictorias cuando concurren los siguientes supuestos: a) que al resolver los negocios jur�dicos se examinen cuestiones jur�dicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jur�dicos discrepantes; b) que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jur�dicas de las sentencias respectivas; y, c) que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos.

S�PTIMO

A juicio de esta Primera Sala el criterio que debe de prevalecer es el que sustenta �sta y que es coincidente con el sostenido por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito.

Este �rgano colegiado considera que debe configurarse el delito de falsedad en declaraciones e informes dados a una autoridad, cuando el sujeto activo comparece ante el agente del Ministerio P�blico, a denunciar hechos constitutivos de un delito, donde particip� en la ejecuci�n del mismo y declara con falsedad para evadir su responsabilidad penal, puesto que no opera en su favor las garant�as contenidas en el art�culo 20, fracci�n II, de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, ya que en este caso el sujeto activo todav�a no es inculpado, por tanto, las referidas garant�as s�lo corresponden al inculpado y que consisten en no incriminarse en los hechos il�citos que cometi�, ya que de lo contrario se estar�a declarando culpable.

Por consecuencia, los quejosos en los juicios de amparo que dieron motivo a la presunta denuncia de contradicci�n de criterios al haberse conducido con falsedad, ocultando que hab�an participado en el il�cito que denunciaban, se debe integrar el delito que nos ocupa, en tanto que �stos acudieron como denunciantes, por lo que no se les exonera de responsabilidad, porque cuando fueron interrogados estaban obligados a decir la verdad.

Lo anterior cobra mayor relevancia porque los quejosos acudieron a denunciar otros injustos para encubrir los que ya hab�an cometido.

Tampoco es impedimento que los Tribunales Colegiados denunciados hayan interpretado disposiciones jur�dicas de diversos c�digos punitivos.

El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, al resolver el juicio de amparo directo 357/2003 el trece de febrero de dos mil cuatro, interpret� el art�culo 168 del C�digo Penal para el Estado de Jalisco, el cual establec�a:

"Art�culo 168. Se impondr�n de tres meses a dos a�os de prisi�n:

I.A. que, con cualquier car�cter, al declarar o informar ante alguna autoridad p�blica en ejercicio de sus funciones, o con motivo de ellas, faltare dolosamente a la verdad, excepto que sea el inculpado; ...

Por su parte, el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito al resolver el amparo directo n�mero 55/93, el diez de febrero de mil novecientos noventa y tres, analiz� el diverso 157, fracci�n I, del C�digo Penal para el Estado de M�xico, vigente en la �poca de los hechos, mismo que a la letra dice:

"Cap�tulo III

"Falso testimonio

"157. Se impondr�n de seis meses a cinco a�os de prisi�n y de treinta a setecientos cincuenta d�as multa, al que:

I. Interrogado por alguna autoridad p�blica en ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas, faltare a la verdad.

Si bien ambos dispositivos establecen el tipo penal del delito de falsedad de declaraciones y falso testimonio, el primero de ellos excluye de la modalidad del delito de falsedad en declaraciones al inculpado. Por otra parte, los dos art�culos contienen la misma hip�tesis respecto de la declaraci�n de falsedad ante una autoridad p�blica y lo interpretan en sentido contrario en relaci�n con las personas que denuncian hechos constitutivos de un delito, donde participaron en su ejecuci�n declarando con falsedad para evadir su responsabilidad penal, m�xime que de manera oficiosa denunciaron un hecho il�cito para cubrirse de otro.

Ambos Tribunales Colegiados denunciados se pronunciaron respecto del mismo tema, pero de manera contraria, por lo que es intrascendente para resolver la presente denuncia que se excluya del injusto al inculpado, ya que en ambos casos se trat�, en primer lugar, que los quejosos actuaron como denunciantes y, en segundo, que lo hicieron de manera voluntaria para encubrir un diverso il�cito.

Para comprender mejor el asunto que nos ocupa, hay que distinguir entre denunciante e inculpado.

El denunciante es la persona que hace del conocimiento del Ministerio P�blico, lo que sabe acerca del delito, ya sea por haber sido afectado, o bien, que se trate de un tercero.

La denuncia es el acto mediante el cual las personas hacen del conocimiento del Ministerio P�blico la comisi�n de hechos que puedan constituir un delito y, en caso de urgencia, ante cualquier funcionario o agente de la Polic�a Judicial. La denuncia puede presentarla cualquier persona en cumplimiento de un deber impuesto por la ley.

Denunciar los delitos es de inter�s general.

Por consecuencia la naturaleza de la denuncia es un deber de toda persona y su justificaci�n est� en el inter�s general para conservar la paz social.

Por otra parte, el inculpado es aquella persona a la que se le atribuye la realizaci�n de la conducta il�cita. Sin embargo, no es considerado como responsable del delito en tanto no se pronuncie sentencia ejecutoria, donde se establezca la existencia del delito y la responsabilidad en su comisi�n, sin que medie causa de justificaci�n o excluyente en su favor.

Debe advertirse que durante las distintas etapas de los procedimientos penales la situaci�n jur�dica del sujeto activo del delito cambia, por lo cual se le identifica con diferentes nombres, como son:

  1. Indiciado. Es el sujeto en contra de quien existe sospecha de que cometi� alg�n delito. Esta denominaci�n se da en la etapa de averiguaci�n previa.

  2. Procesado. Es quien est� sujeto a proceso. Usualmente se le designa as�, a partir del auto de radicaci�n, es decir, cuando el J. conoce del asunto.

  3. Acusado. Aquel en contra de quien se ha formulado una acusaci�n. Se utiliza el t�rmino cuando el Ministerio P�blico, en sus conclusiones, formula ante el J. una acusaci�n concreta, por estimarlo culpable de la ejecuci�n de un delito.

  4. Sentenciado. Se le da este nombre a partir de que el J. pronuncia la sentencia respectiva, independientemente de si es condenatoria o absolutoria.

  5. Reo o condenado. Aquel cuya sentencia ha causado ejecutoria y se encuentra en el cumplimiento de la sanci�n determinada por la sentencia.

    Es importante precisar que en el art�culo 20, apartado A, de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos se consagran diversas garant�as exclusivamente a favor del inculpado, entre otras: la de obtener libertad provisional bajo cauci�n, la de no autoincriminaci�n, la de audiencia, la de defensa, la de justicia pronta y expedita, etc�tera. Si bien es cierto que todas estas garant�as se podr�an comprender gen�ricamente en la garant�a de defensa lato sensu, cada una de ellas en lo individual tiene sus respectivos alcances.

    La Constituci�n Espa�ola contempla en su art�culo 17, numeral 3, el derecho fundamental de toda persona detenida de no ser obligada a declarar:

    "Constituci�n Espa�ola

    "T�tulo I.

    "Cap�tulo segundo.

    "S.�n 1a. De los derechos fundamentales y de las libertades p�blicas.

    "Art�culo 17. ...

    "3. Toda persona detenida debe ser informada de forma inmediata, y de modo que le sea comprensible, de sus derechos y de las razones de su detenci�n, no pudiendo ser obligada a declarar. Se garantiza la asistencia de abogado al detenido en las diligencias policiales y judiciales, en los t�rminos que la ley establezca."

    El Tribunal Constitucional de Espa�a, al resolver el recurso de amparo n�mero 2037/99, dict� el veintisiete de febrero de dos mil tres la sentencia STC 38/2003 en la cual se define la garant�a individual de "toda persona detenida" de no declarar contra s� mismo:

    ... En primer t�rmino, el derecho a no declarar contra s� mismo y a no confesarse culpable constituyen ?garant�as o derechos instrumentales del gen�rico derecho de defensa, al que prestan cobertura en su manifestaci�n pasiva, esto es, la que se ejerce precisamente con la inactividad del sujeto sobre el que recae o puede recaer una imputaci�n, quien, en consecuencia, puede optar por defenderse en el proceso en la forma que estime m�s conveniente para sus intereses, sin que en ning�n caso pueda ser forzado o inducido, bajo constricci�n o compulsi�n alguna, a declarar contra s� mismo o a confesarse culpable (SSTC 36/1983, de 11 de mayo, FJ 2; 127/1992, de 28 de septiembre, FJ 2)? (STC 197/1995, de 21 de diciembre, FJ 6) ...

    En este orden de ideas, debe precisarse que la garant�a de no autoincriminaci�n, establecida en la fracci�n II del art�culo 20 constitucional, es una especie de la garant�a gen�rica de defensa establecida en dicho precepto, en cuyas fracciones IV, V, VII y IX se contienen las garant�as de defensa en estricto sentido, como se aprecia de la transcripci�n de la norma, en la parte que interesa:

    (Reformado primer p�rrafo, D.O.F. 21 de septiembre de 2000)

    "Art�culo 20. En todo proceso de orden penal, el inculpado, la v�ctima o el ofendido, tendr�n las siguientes garant�as:

    (Adicionado, D.O.F. 21 de septiembre de 2000)

    "A.D. inculpado:

    "...

    (Reformada, D.O.F. 3 de septiembre de 1993)

    "II. No podr� ser obligado a declarar. Queda prohibida y ser� sancionada por la ley penal, toda incomunicaci�n, intimidaci�n o tortura. La confesi�n rendida ante cualquier autoridad distinta del Ministerio P�blico o del J., o ante �stos sin la asistencia de su defensor carecer� de todo valor probatorio;

    "...

    (Reformada, D.O.F. 21 de septiembre de 2000)

    "IV. Cuando as� lo solicite, ser� careado, en presencia del J., con quien deponga en su contra, salvo lo dispuesto en la fracci�n V del apartado B de este art�culo;

    "V. Se le recibir�n los testigos y dem�s pruebas que ofrezca, concedi�ndosele el tiempo que la ley estime necesario al efecto y auxili�ndosele para obtener la comparecencia de las personas cuyo testimonio solicite, siempre que se encuentren en el lugar del proceso.

    "VI. Ser� juzgado en audiencia p�blica por un J. o jurado de ciudadanos que sepan leer y escribir, vecinos del lugar y partido en que se cometiere el delito, siempre que �ste pueda ser castigado con una pena mayor de un a�o de prisi�n. En todo caso ser�n juzgados porun jurado los delitos cometidos por medio de la prensa contra el orden p�blico o la seguridad exterior o interior de la naci�n.

    "VII. Le ser�n facilitados todos los datos que solicite para su defensa y que consten en el proceso.

    "...

    (Reformada, D.O.F. 3 de septiembre de 1993)

    IX. Desde el inicio de su proceso ser� informado de los derechos que en su favor consigna esta Constituci�n y tendr� derecho a una defensa adecuada, por s�, por abogado, o por persona de su confianza. Si no quiere o no puede nombrar defensor, despu�s de haber sido requerido para hacerlo, el J. le designar� un defensor de oficio. Tambi�n tendr� derecho a que su defensor comparezca en todos los actos del proceso y �ste tendr� obligaci�n de hacerlo cuantas veces se le requiera; y, ...

    Las garant�as antes transcritas se pueden conceptualizar en los siguientes t�rminos:

    1) G.�a de no autoincriminaci�n.

    El derecho a la no autoincriminaci�n es un derecho espec�fico de la garant�a gen�rica de defensa que supone la libertad del inculpado para declarar o no, sin que de su pasividad oral o escrita se infiera su culpabilidad, es decir, sin que su derecho a guardar silencio sea utilizado como un indicio de responsabilidad en los hechos il�citos que le son imputados.

    En otras palabras, el derecho de no autoincriminaci�n debe ser entendido como el derecho que tiene todo inculpado a no ser obligado a declarar, ya sea confesando o negando los hechos que se le imputan; raz�n por la cual se proh�ben la incomunicaci�n, la intimidaci�n y la tortura e, incluso, se especifica que la confesi�n rendida ante cualquier autoridad distinta del Ministerio P�blico o del J., o ante �stos sin la presencia de su defensor, carecer� de valor probatorio. Sin embargo, de dicha garant�a no se desprende que el inculpado est� autorizado a declarar con falsedad ante la autoridad, sino solamente a no ser obligado a declarar.

    En relaci�n con la garant�a de no autoincriminaci�n se encuentran las garant�as que rigen la declaraci�n preparatoria, establecidas en el art�culo 20, fracci�n III, constitucional que es del siguiente tenor:

    (Reformado primer p�rrafo, D.O.F. 21 de septiembre de 2000)

    "Art�culo 20. En todo proceso de orden penal, el inculpado, la v�ctima o el ofendido, tendr�n las siguientes garant�as:

    (Adicionado, D.O.F. 21 de septiembre de 2000)

    "A.D. inculpado:

    "...

    III. Se le har� saber en audiencia p�blica, y dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a su consignaci�n a la justicia, el nombre de su acusador y la naturaleza y causa de la acusaci�n, a fin de que conozca bien el hecho punible que se le atribuye y pueda contestar el cargo, rindiendo en este acto su declaraci�n preparatoria.

    La declaraci�n preparatoria es el acto a trav�s del cual comparece el procesado ante el �rgano jurisdiccional, con el objeto de hacerle conocer el hecho punible por el que el Ministerio P�blico ejercit� la acci�n penal en su contra para que pueda llevar a cabo sus actos de defensa, y que el J. resuelva su situaci�n jur�dica dentro del t�rmino constitucional.

    De conformidad con el art�culo 20 constitucional, fracci�n III, esta declaraci�n preparatoria se da en las cuarenta y ocho horas siguientes en que el inculpado queda a disposici�n del J., es decir, a partir de la consignaci�n, debiendo, adem�s, llevarse a cabo en audiencia p�blica.

    Por otra parte, la fracci�n II del art�culo 20 de la Carta Magna contiene el derecho constitucional del procesado de no ser compelido a declarar en su contra.

    El art�culo y la fracci�n en cuesti�n establecen lo siguiente:

    "Art�culo 20. En todo proceso de orden penal, el inculpado, la v�ctima o el ofendido, tendr�n las siguientes garant�as:

    "...

    II. No podr� ser obligado a declarar. Queda prohibida y ser� sancionada por la ley penal, toda incomunicaci�n, intimidaci�n o tortura. La confesi�n rendida ante cualquier autoridad distinta del Ministerio P�blico o del J., o ante �stos sin la asistencia de su defensor carecer� de todo valor probatorio.

    Dicha fracci�n ha sufrido s�lo una reforma. En la exposici�n de motivos de dos y ocho de julio de mil novecientos noventa y tres, se dijo lo siguiente:

    Con la propuesta a la fracci�n II se reafirma la obligaci�n de las diversas autoridades de respetar los derechos humanos que aquellas personas sujetas a procedimiento penal. V.�ndose la redacci�n que se�ala: ?No podr� ser compelido a declarar en su contra? por la de: ?No podr� ser obligado a declarar en su contra; adem�s que la ley secundaria sancionar� toda incomunicaci�n, intimidaci�n o tortura; as� mismo, las confesiones que realice el inculpado deber�n ser voluntarias, ante el Ministerio P�blico o el J., y al momento de realizarlas debe estar presente su defensor, ya que de darse este �ltimo supuesto las mismas carecer�n de todo valor probatorio.

    En los dict�menes y discusi�n de la aludida reforma de fecha diecinueve y veintis�is de agosto, de mil novecientos noventa y tres, se consider� lo siguiente:

    "F.�n II. Respecto a la fracci�n II del art�culo 20 constitucional, la reforma que se propone clarifica la garant�a de que ning�n inculpado podr� ser obligado a declarar, por lo que se elimina la expresi�n ?en su contra?, a fin de evitar que la autoridad trate de menoscabar dicha garant�a bajo pretexto de que s�lo hasta conocer el contenido de la declaraci�n se podr� definir si �sta es autoincriminatoria o no. Adem�s, se busca dejar atr�s la pr�ctica nociva de interpretar el silencio del inculpado como autoincriminaci�n t�cita bajo la l�gica de que quien calla esconde.

    "Nuestra sociedad ha desarrollado acciones tendientes a consolidar la protecci�n de los derechos humanos. Ante tal situaci�n, la reforma establece la prohibici�n de incomunicar, intimidar o torturar al inculpado, por lo que se prev� que la ley secundaria contemple sanciones penales para autoridades que, por s� o por terceros realicen dichos actos.

    "Se precisa que toda confesi�n rendida ante el Ministerio P�blico o el J., o bien, ante autoridad diferente, pero sin la presencia de su defensor, carecer�n de todo valor probatorio. De esta manera, se busca privilegiar otros medios distintos de prueba al de la confesi�n, adem�s de establecer condiciones legales que garanticen los requisitos de libertad y conciencia del inculpado al rendir su declaraci�n.

    "...

    En el caso de la fracci�n II del mismo art�culo, se ampli� el �mbito de la reforma propuesta al precisarse que nadie puede ser obligado a declarar; es decir, que este derecho no solo se aplica para el caso de la declaraci�n en contra de quien la hace. Adem�s, se proh�be expresamente toda incomunicaci�n, intimidaci�n o tortura, las que ser�n sancionadas por la ley secundaria. A su vez, se introduce el principio de que carecer� de valor probatorio toda confesi�n rendida por el indiciado sin la asistencia de su defensor.

    El texto primigenio del art�culo 20, fracci�n II, constitucional, es:

    "En todo juicio del orden criminal tendr� el acusado las siguientes garant�as:

    "...

    II. No podr� ser compelido a declarar en su contra, por lo cual queda rigurosamente prohibida toda incomunicaci�n o cualquier otro medio que tienda a aquel objeto.

    El art�culo en comento en la parte que interesa no ha cambiado, en el sentido de que se conserva la garant�a de no autoincriminaci�n del inculpado, de que no podr� ser obligado a declarar en su contra.

    El indiciado en la averiguaci�n previa posee el derecho constitucional de no declarar. Cualquier acto de incomunicaci�n, intimidaci�n o tortura, invalida su declaraci�n careciendo de valor la prueba confesional. Esto independientemente de la responsabilidad penal en que incurra la autoridad que act�e con exceso.

    En el proceso penal, el derecho a no declarar por parte del acusado, subsiste. El J. y las partes en el juicio no podr�n obligar al procesado a declarar en su contra, aun cuando se le cite como testigo por sus coprocesados. La violaci�n del mandamiento constitucional le quita a la declaraci�n del acusado el valor de prueba confesional y de testimonio de calidad.

    En este orden de ideas, la garant�a de no autoincriminaci�n del inculpado rige todo el proceso penal, incluida la averiguaci�n previa, y sin que existan limitaciones a este derecho por parte de la ley secundaria, como lo establece el art�culo 20 constitucional en su �ltimo p�rrafo:

    "Las garant�as previstas en las fracciones I, V, VII y IX tambi�n ser�n observadas durante la averiguaci�n previa, en los t�rminos y con los requisitos y l�mites que las leyes establezcan; lo previsto en la fracci�n II no estar� sujeto a condici�n alguna."

    Sin embargo, en el caso del denunciante, �ste no goza de los beneficios del art�culo 20 constitucional puesto que no tiene la calidad de inculpado y, por tanto, su conducta no encuadra en ninguna de las hip�tesis a las que se ha hecho referencia.

    Alg�n sector de la doctrina ha sostenido que el precepto analizado se refiere al derecho constitucional de todo procesado de no confesar, prueba que ha ca�do en descr�dito, ya que algunas personas confiesan con el prop�sito de adquirir notoriedad o favorecer a terceros y en otros casos la confesi�n ha sido obtenida por medios reprobables como la violencia f�sica o moral.

    Por �ltimo, cuando la Constituci�n establece que el inculpado "no podr� ser obligado a declarar" no distingue entre los diversos sentidos que puede tener su declaraci�n: adversa o favorable al inculpado, esto es, a lo que se le llama derecho al silencio.

    El derecho al silencio es un acto de defensa del inculpado que presupone su libertad de declarar y del cual no se deduce su culpabilidad en los hechos il�citos, tampoco debe ser apreciado como una retractaci�n de sus declaraciones anteriores.

    Es importante precisar que el derecho a la no autoincriminaci�n no conlleva la posibilidad de imputar hechos falsos en contra de otro, pues este derecho �nicamente es respecto del propio inculpado.

    2) G.�a de defensa adecuada.

    Por otra parte, la garant�a espec�fica de defensa se distingue del derecho a la no autoincriminaci�n, ya que otorga al inculpado el derecho a una defensa adecuada mediante actos positivos, es decir, mientras que el derecho a la no autoincriminaci�n supone la inactividad del sujeto sobre el que recae la imputaci�n (el derecho frente a la autoridad de no confesar o confesarse culpable), el derecho de defensa recae en otros derechos subjetivos comprendidos en las fracciones IV, V, VI, VII y IX del mismo art�culo 20 y que consisten en la facultad para carearse con quien deponga en su contra, ofrecer pruebas para comprobar su inocencia, se le faciliten los datos que constan en el expediente, sea informado de los derechos que a su favor consigna la Constituci�n, ser asistido por un defensor o persona de confianza, y ser juzgado en audiencia p�blica.

    As� las cosas, el derecho de defensa comprende derechos espec�ficos en los que el inculpado puede manifestarse activamente para probar su inocencia y las correlativas obligaciones de la autoridad de proveer la informaci�n necesaria para una defensa adecuada, as� como de desahogar las pruebas que ofrezca.

    La disposici�n constitucional de m�rito consagra la garant�a de defensa, la cual puede ejercerse por s� o mediante asesor, para probar la inocencia de la acusaci�n.

    La garant�a de defensa constituye una formalidad en el proceso penal, tanto en la averiguaci�n previa como en el juicio.

    En este orden de ideas, el sentido y alcance de las garant�as espec�ficas de defensa contenidas en el apartado A, fracciones IV, V, VI, VII y IX del art�culo 20 constitucional, se infieren de lo establecido en la propia norma constitucional:

  6. C.. La garant�a contenida en la fracci�n IV del art�culo 20 constitucional se refiere a que el inculpado podr� ser careado, siempre que lo solicite, con quien deponga en su contra, es decir, admite la confrontaci�n del acusado con los testigos de cargo. Dicho careo tiene por objeto que el inculpado vea y conozca a las personas que declaran en su contra, para que no se puedan formar artificiosamente testimonios en su perjuicio y para permitirle que formule todas las preguntas que estime pertinentes para su defensa. El ofrecimiento de esta prueba procesal ha sido interpretado como un acto procesal complementario que requiere para su realizaci�n la solicitud del procesado de que se lleve a cabo, como se puede apreciar del siguiente criterio del Pleno de esta Suprema Corte:

    "Novena �poca

    "Instancia: Pleno

    "Fuente: Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta

    "Tomo: VIII, diciembre de 1998

    "Tesis: P. XCIV/98

    "P�gina: 223

    "CAREOS CONSTITUCIONALES. CU�NDO ES OBLIGATORIA SU CELEBRACI�N. Conforme a la fracci�n IV del art�culo 20 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, reformada por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federaci�n de 3 de septiembre de 1993, la pr�ctica de los careos constitucionales es una garant�a del inculpado que procede ?siempre que lo solicite?, por lo que se trata de un acto procesal complementario de prueba que requiere, para que pueda darse su pr�ctica en forma obligatoria, de la solicitud del inculpado; independientemente de que las declaraciones de los testigos de cargo y aqu�l resulten contradictorias.

    Amparo directo en revisi�n 263/96. 7 de noviembre de 1996. Once votos. Ponente: J.V.C. y C.. Secretario: H.S.C.�s.

  7. Ofrecimiento de pruebas. En la fracci�n V se establece la garant�a de ofrecer pruebas para probar su inocencia, con la correlativa obligaci�n de la autoridad de recibirlas y desahogarlas. El sistema previsto en dicha garant�a es un sistema de prueba libre, en el sentido de que el inculpado podr� presentar todas las pruebas que quiera, as� como valerse de los testigos que necesite para apoyar su defensa. Estos �ltimos, incluso, pueden ser constre�idos a comparecer al lugar del proceso a trav�s de medios de apremio y siempre que de hecho se ubiquen en donde el proceso se lleve a cabo. Durante la Quinta �poca del Semanario Judicial de la Federaci�n, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n emiti� un criterio en el que estableci� que si el acusado se encuentra pr�fugo de la justicia, no puede gozar de esta garant�a, pues su ausencia le har�a imposible practicar cualquier diligencia de las que a su favor establece el art�culo 20. Dicha tesis es del siguiente tenor:

    "Quinta �poca

    "Instancia: Primera Sala

    "Fuente: Semanario Judicial de la Federaci�n

    "Tomo: CI

    "P�gina: 929

    "PR�FUGOS, GARANT�AS DE LOS. Basta con que el indiciado se encuentre pr�fugo, para que la omisi�n de la pr�ctica de las diligencias que promueva ante la autoridad judicial, no sea violatoria de garant�as. Debe tenerse en cuenta que, seg�n el art�culo 20 de la Constituci�n Federal: ?En todo juicio del orden criminal tendr� el acusado las siguientes garant�as. ... V. Se le recibir�n los testigos y dem�s pruebas que ofrezca, concedi�ndosele el tiempo que la ley estime necesario al efecto y auxili�ndosele para obtener la comparecencia de las personas cuyo testimonio solicite, siempre que se encuentren en el lugar del proceso.?, y conforme a la interpretaci�n que ha dado esta Suprema Corte a la disposici�n transcrita, por acusado se entiende el que, habiendo sido aprehendido, queda o debe quedar sujeto a un procedimiento penal; por lo que el indiciado en una averiguaci�n de esa �ndole no goza, en tanto no se le captura, de las garant�as que otorga el art�culo 20 constitucional.

    Amparo penal en revisi�n 7276/48. 28 de julio de 1949. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Te�filo O. y Leyva. Relator: L.G.C..

  8. Audiencia. El car�cter p�blico del proceso penal se advierte de lo dispuesto en la fracci�n VI que contiene el derecho de ser juzgado en audiencia p�blica por un J. o por un jurado de ciudadanos en caso de que sean delitos cometidos por medio de la prensa contra el orden p�blico o la seguridad de la naci�n. Esta necesidad de publicidad de los juicios se da precisamente para evitar los juicios secretos y la comisi�n de injusticias, pues el proceso se lleva a cabo abiertamente, es decir, con la presencia del p�blico que supervisa c�mo act�an las autoridades judiciales ante los inculpados. La garant�a de audiencia p�blica consagrada en esta fracci�n est� relacionada con el art�culo 14 de la Constituci�n, ya que es una formalidad esencial del proceso penal sin la cual no puede privarse legalmente de sus derechos a ninguna persona.

  9. Defensa adecuada. En las fracciones VII y IX se encuentra la garant�a de una defensa adecuada que comprende los derechos del inculpado de que se le faciliten todos los datos que solicite para su defensa y que consten en el proceso, as� como de ser informado de las garant�as que a su favor contiene la Constituci�n y a tener derecho a un defensor, ya sea nombrado por �l o, en caso de no hacerlo, designado de oficio por el J.. De acuerdo a lo establecido en el �ltimo p�rrafo del apartado A del art�culo 20 constitucional, dichas garant�as deben hacerse extensivas a la averiguaci�n previa. En este sentido la Suprema Corte ha interpretado que dichas garant�as deben entenderse y adaptarse a la naturaleza administrativa de la averiguaci�n previa, como se advierte de la siguiente jurisprudencia:

    "Novena �poca

    "Instancia: Primera Sala

    "Fuente: Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta

    "Tomo: XIX, mayo de 2004

    "Tesis: 1a./J. 31/2004

    "P�gina: 325

    DEFENSA ADECUADA EN LA AVERIGUACI�N PREVIA. SU EJERCICIO NO EST� SUBORDINADO A QUE EL MINISTERIO P�BLICO TENGA QUE DESAHOGAR TODAS LAS DILIGENCIAS QUE PRACTIQUE CON LA PRESENCIA DEL INCULPADO O SU DEFENSOR (INTERPRETACI�N DE LAS FRACCIONES IX Y X DEL ART�CULO 20 DE LA CONSTITUCI�N FEDERAL). Del an�lisis sistem�tico y teleol�gico del contenido de la exposici�n de motivos que dio origen a las reformas al art�culo 20 de la Constituci�n Federal, publicadas en el Diario Oficial de la Federaci�n de tres de septiembre de mil novecientos noventa y tres, as� como de los dict�menes de las comisiones del Congreso de la Uni�n y de sus debates, se advierte que con la finalidad de regir las necesidades sociales y econ�micas imperantes en nuestro pa�s y erradicar viejas pr�cticas vejatorias e infamantes a que se encontraba sujeta una persona en la investigaci�n de los delitos, el Poder Constituyente sent� las bases para que en la fase jurisdiccional el presunto responsable de un delito contara con una defensa adecuada consistente en dar oportunidad a todo inculpado de aportar pruebas, promover los medios de impugnaci�n frente a los actos de autoridad que afecten los intereses leg�timos de la defensa, exponer la argumentaci�n sistem�tica del derecho aplicable al caso concreto y utilizar todos los beneficios que la legislaci�n procesal establece para la defensa, pero adem�s hizo extensiva las garant�as del procesado en esa fase a la etapa de la averiguaci�n previa, con la salvedad de que debe ser ?en lo que se adapta a la naturaleza administrativa de la misma?, lo que significa que seg�n lo permita la naturaleza de las actuaciones o diligencias que deban desahogarse en la averiguaci�n previa, podr�n observarse cabalmente las garant�as que el inculpado tiene en la fase jurisdiccional. Ahora bien, si se toma en consideraci�n, de acuerdo a lo anterior, que dentro de la averiguaci�n previa la garant�a de defensa adecuada deber� observarse en todas aquellas diligencias o actuaciones en las que directa y f�sicamente participe o deba participar la persona involucrada en la investigaci�n, siempre y cuando as� lo permita la naturaleza de las citadas diligencias, es inconcuso que el debido cumplimiento de tal garant�a no est� subordinado a que el Ministerio P�blico forzosamente y de manera ineludible tenga que desahogar todas las diligencias que practique en la mencionada etapainvestigatoria con la presencia del inculpado o su defensor y menos a�n que si no lo hace as� sus actuaciones carecer�n de valor probatorio. Lo anterior, porque de estimar lo contrario se llegar�a al extremo de transgredir el art�culo 16 de la Constituci�n Federal, en el que se considera al Ministerio P�blico en la averiguaci�n previa como una autoridad con imperio a quien exclusivamente le corresponde resolver si ejerce o no la acci�n penal en la investigaci�n que practique, as� como consignar los hechos ante el juzgado competente de su adscripci�n, en el perentorio t�rmino de 48 horas, si encuentra que se re�nen los elementos del cuerpo del delito y la probable responsabilidad del inculpado.

    De todo lo anteriormente expuesto se puede concluir que se tipifica el delito de falsedad de declaraciones e informes dados ante una autoridad, cuando el sujeto comparece ante el Ministerio P�blico a denunciar hechos constitutivos de un delito, donde particip� en la ejecuci�n del mismo, para evadir su responsabilidad penal, en tanto que la denuncia es un deber ciudadano que tiene toda persona de hacer del conocimiento del Ministerio P�blico, la posible comisi�n de un delito en beneficio del inter�s social y para conservar la paz social y si la persona acude como denunciante de un delito que �l mismo cometi�, se entiende que est� actuando de manera dolosa ya que nadie est� obligando a declarar y si lo hace es de manera voluntaria y para pronunciarse con verdad, por tanto no operan en su favor las garant�as o derechos humanos contenidas en el art�culo 20, fracci�n II, constitucional, ya que �stos se aplican a favor de los inculpados.

    Caso muy diferente es el del inculpado, que es la persona a la que se le atribuye el delito y que pasa por diferentes etapas del proceso penal, siendo una persona sujeta a proceso cuando se ejercita la acci�n penal en su contra por un hecho punible y, en su caso, s� opera en su favor la garant�a de no autoincriminaci�n contenida en el art�culo 20, fracci�n II, constitucional, que consiste en el derecho del procesado de no ser compelido a declarar en su contra.

    Lo que pretendi� el Constituyente es que no confesara el procesado de un delito que no cometi� por motivos de conveniencia o que su confesi�n fuera arrancada por tortura de parte de las autoridades, tratando que dicha prueba confesional rendida ante el J. sea ver�dica o, en su caso, que el procesado tuviera el derecho de guardar silencio.

    Por tales motivos, no le asiste la raz�n al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito al sostener, en esencia, que opera la garant�a de plenitud de defensa a favor del denunciante que declara con falsedad conforme al art�culo 20, fracci�n II, constitucional, toda vez que como ha quedado precisado, cuando la persona acude como denunciante ante el Ministerio P�blico para hacer de su conocimiento que se cometi� un il�cito que �l mismo cometi� para encubrir otro, es decir, act�a dolosamente ante la autoridad, no se surte en su favor la garant�a de defensa y, por tanto, comete el delito de falsedad en declaraciones en tanto que, como qued� precisado, s�lo opera a favor del inculpado, ya que �ste es acusado de haber cometido un delito respecto del cual tiene el derecho constitucional de defensa y no opera a favor de quien denuncia con dolo.

    Consecuentemente, no es posible establecer que con base en las garant�as de defensa se autoriza a faltar a la verdad cuando se declara ante una autoridad en calidad de inculpado o procesado, ya que esto implicar�a que constitucionalmente se permitiera la comisi�n de un delito. Por lo anterior, con mayor raz�n, el delito en cuesti�n no queda excluido cuando el que declare con falsedad lo haga en calidad de denunciante, con el prop�sito de exculparse respecto de hechos delictuosos en los que est� involucrado.

    Apoyan la anterior consideraci�n los siguientes criterios:

    "Quinta �poca

    "Instancia: Primera Sala

    "Fuente: Semanario Judicial de la Federaci�n

    "Tomo: CXXV

    "P�gina: 1536

    "FALSEDAD EN DECLARACIONES JUDICIALES, DELITO DE.-La circunstancia de que quien declare ante la autoridad judicial tenga el car�cter de acusado, elimina la posibilidad legal, aunque se produzca con falsedad, de considerarlo responsable del delito de falsedad en declaraciones judiciales. La falta a la verdad no es un integrante de dicho delito, si se refiere al medio empleado para consumar el diverso delito denunciado, pues la relaci�n entre el medio y el fin perseguido en �l, es tan estrecha que, de pretender que el acusado diga la verdad, se le obligar�a, con desacato de los m�s elementales principios de derecho y desconocimiento de la ampl�sima garant�a de defensa, o bien a confesar el delito o a sufrir, en caso contrario, las sanciones correspondientes a la falsedad en declaraciones judiciales.

    "Amparo penal directo 3381/54. Por acuerdo de la Primera Sala, de fecha 8 de junio de 1953, no se menciona el nombre del promovente. 19 de agosto de 1955. Unanimidad de cinco votos. Relator: R.C.�vez S�nchez."

    "Quinta �poca

    "Instancia: Primera Sala

    "Fuente: Semanario Judicial de la Federaci�n

    "Tomo: XCIII

    "P�gina: 1855

    "FALSEDAD EN DECLARACIONES JUDICIALES, INEXISTENCIA DEL DELITO DE.-Aunque el reo haya sido llamado al proceso que se instruy� en contra de otra persona, para que declarara como simple testigo, si tuvo que sentirse implicado en el hecho delictuoso que se trataba de investigar, por la intervenci�n directa que tuvo en la ejecuci�n del mismo, y en esa situaci�n, falt� a la verdad, su falta de veracidad no lo constituye el reo de delito de falsedad, en atenci�n a la garant�a que establece el art�culo 20 constitucional.

    Amparo penal directo 1686/46. 27 de agosto de 1947. Cinco votos. Unanimidad de cinco votos. La publicaci�n no menciona el nombre del ponente.

    En tal virtud y como qued� precisado en p�rrafos precedentes, debe prevalecer el criterio sustentado por esta Primera Sala, por lo que con fundamento en lo dispuesto en el art�culo 195 de la Ley de Amparo la tesis correspondiente debe quedar redactada con los siguientes rubro y texto:

    DELITOS DE FALSEDAD EN DECLARACIONES Y FALSO TESTIMONIO RENDIDOS ANTE EL MINISTERIO P�BLICO LOCAL (ART�CULOS 168 DEL C�DIGO PENAL PARA EL ESTADO DE JALISCO Y 157 DEL C�DIGO PENAL PARA EL ESTADO DE M�XICO, RESPECTIVAMENTE), SE CONFIGURAN CUANDO EL SUJETO EN CALIDAD DE DENUNCIANTE DECLARA FALSAMENTE EN RELACI�N CON LOS HECHOS DELICTIVOS EN LOS QUE EST� INVOLUCRADO.-Se configuran los delitos de falsedad en declaraciones y de falso testimonio, ante el Ministerio P�blico cuando el sujeto en calidad de denunciante declara falsamente en relaci�n con los hechos delictuosos en los que est� involucrado por la intervenci�n directa que tuvo en la ejecuci�n del delito, caso diferente al del inculpado, en tanto que de conformidad con la fracci�n II, del art�culo 20 constitucional se establecen a su favor las garant�as de no autoincriminaci�n, de silencio y de defensa, por hab�rsele acusado de la comisi�n de un delito, por lo que no se le puede exigir que declare bajo protesta aun cuando incurra en falsedad o falso testimonio ante dicha autoridad, pues de lo contrario se le compeler�a a declarar en su contra.

    Por lo expuesto y con fundamento en el art�culo 197-A de la Ley de Amparo, se

    resuelve:

PRIMERO

S� existe contradicci�n de tesis entre los criterios sustentados por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, ahora Primero en Materia Penal del mismo circuito y Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito.

SEGUNDO

Se declara que debe prevalecer la tesis sustentada por esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, que se especifica en el �ltimo considerando de este fallo.

TERCERO

D�se publicidad a esta ejecutoria, en t�rminos del art�culo 195 de la Ley de Amparo.

N.�quese; con testimonio de esta resoluci�n, comun�quese a los Tribunales Colegiados sustentantes, y en su oportunidad arch�vese el expediente.

As� lo resolvi� la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, por unanimidad de cuatro votos, de los se�ores Ministros: Jos� de Jes�s G.�o P., J.N.S.M., J.R.�n C.�o D�az y presidenta O.S.C. de G.�a V. (ponente).