Ejecutoria num. 1a./J. 78/2004 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala - Jurisprudencia - VLEX 26824460

Ejecutoria num. 1a./J. 78/2004 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala

Emisor:Primera Sala
Número de Resolución:1a./J. 78/2004
Materia:Suprema Corte de Justicia de México
Fecha de Publicación: 1 de Diciembre de 2004
RESUMEN

CONTRADICCIÓN DE TESIS 24/2004-PS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS OCTAVO Y DÉCIMO TERCERO, AMBOS EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.DIVORCIO. LA INDEMNIZACIÓN ESTABLECIDA EN EL ARTÍCULO 289 BIS DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL, VIGENTE A PARTIR DEL 1o. DE JUNIO DE 2000, PUEDE RECLAMARSE EN TODAS LAS DEMANDAS DE DIVORCIO PRESENTADAS A PARTIR DE SU ENTRADA EN VIGOR, CON INDEPENDENCIA DE QUE EL MATRIMONIO SE HUBIERA CELEBRADO CON ANTERIORIDAD A ESA FECHA.

 
ÍNDICE
CONTENIDO

CONTRADICCI�N DE TESIS 24/2004-PS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS OCTAVO Y D�CIMO TERCERO, AMBOS EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.

CONSIDERANDO:

TERCERO

Las consideraciones del Octavo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, al resolver el veintid�s de enero de dos mil dos el amparo directo 915/2001, son las siguientes:

"En el cuarto concepto de violaci�n la promovente del amparo aduce que resulta incorrecta la consideraci�n del tribunal responsable acerca de que no pod�a condenarse a la tercero perjudicada a pagar la indemnizaci�n prevista en el art�culo 289 bis del C�digo Civil para el Distrito Federal, porque se aplicar�a en forma retroactiva esa disposici�n legal.

"Manifiesta la quejosa que ese precepto legal contempla un derecho a favor de cualquiera de los c�nyuges, ya que podr�n demandar el pago de una indemnizaci�n de hasta el cincuenta por ciento del valor de los bienes que hubiera adquirido el otro c�nyuge, siempre y cuando se hubiera casado bajo el r�gimen de separaci�n de bienes, que el c�nyuge demandante se hubiera dedicado en forma preponderante a desempe�ar el trabajo del hogar y no hubiera adquirido bienes propios.

"Puntualiza la quejosa que la nueva disposici�n legal no suprime un derecho adquirido, sino que establece un derecho para ambos c�nyuges y que, por tal motivo, no puede sostenerse que pueda aplicarse en forma retroactiva.

"Son infundadas las argumentaciones anteriores.

"El p�rrafo primero del art�culo 14 constitucional, dispone:

"?A ninguna ley se dar� efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna.?

"Ahora bien, el art�culo 289 bis del C�digo Civil para el Distrito Federal, que entr� en vigor a partir del uno de junio del dos mil, establece el derecho de cualquiera de los c�nyuges de solicitar en casos de divorcio una indemnizaci�n de hasta el cincuenta por ciento de los bienes que hubiere adquirido el otro c�nyuge, cuando estuvieran casados bajo el r�gimen de separaci�n de bienes y el demandante se hubiera dedicado en el lapso que dur� el matrimonio, preponderantemente, al trabajo del hogar, no hubiera adquirido bienes propios durante el matrimonio o los que hubiera adquirido resulten notoriamente menores a los de su c�nyuge.

"La demanda principal de divorcio fue promovida el trece de julio de dos mil y la acci�n reconvencional intentada por la quejosa donde reclam� el pago de la indemnizaci�n prevista en la referida disposici�n legal fue presentada el cuatro de octubre de dos mil.

"El tribunal responsable consider� que resultaba improcedente reclamar el pago de la indemnizaci�n prevista en el art�culo 289 bis del C�digo Civil para el Distrito Federal, porque el v�nculo matrimonial se hab�a celebrado el ocho (sic) de marzo de mil novecientos setenta y nueve, y que la referida disposici�n jur�dica hab�a entrado en vigor el uno de (sic) dos mil, por lo que no pod�a aplicarse la norma al pasado, toda vez que su aplicaci�n ser�a retroactiva.

"Es de advertirse que la nueva figura jur�dica prevista en el art�culo 289 bis del C�digo Civil para el Distrito Federal modifica los efectos del r�gimen de separaci�n de bienes que se hubieran adoptado al celebrarse el matrimonio con anterioridad a la entrada en vigor de esa disposici�n jur�dica.

"En efecto, el texto del art�culo 212 del C�digo Civil vigente en la �poca en que las partes contrajeron nupcias, dispone:

"?Art�culo 212. En el r�gimen de separaci�n de bienes los c�nyuges conservar�n la propiedad y administraci�n de los bienes que respectivamente les pertenecen y, por consiguiente, todos los frutos y accesiones de dichos bienes no ser�n comunes, sino del dominio exclusivo del due�o de ellos.?

"De la transcripci�n anterior se pone de manifiesto que conforme al r�gimen de separaci�n de bienes adoptado por las partes en la �poca en que contrajeron nupcias, corresponde a cualquiera de los c�nyuges el dominio exclusivo de los bienes que adquirieron durante el matrimonio, salvo que existiera un pacto en contrario en las capitulaciones matrimoniales, lo que no ocurri� en la especie.

Con anterioridad a la entrada en vigor del art�culo 289 bis del C�digo Civil para el Distrito Federal no exist�a alg�n precepto que impusiera alguna modalidad a ese derecho de propiedad de los consortes, aunque se divorciaran. En consecuencia, si el v�nculo matrimonial fue celebrado el veintiocho de marzo de mil novecientos setenta y nueve, la nueva disposici�n jur�dica no puede aplicarse en el caso, ya que el r�gimen matrimonial de separaci�n de bienes se pact� bajo el imperio de la ley anterior, la cual no contemplaba alguna modalidad a dicho r�gimen aunque se divorciaran los c�nyuges; de ah� que resulte infundado el motivo de inconformidad.

La ejecutoria referida dio origen a la siguiente tesis:

"Novena �poca

"Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

"Fuente: Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta

"Tomo: XV, mayo de 2002

"Tesis: I.8o.C.229 C

"P�gina: 1210

"DIVORCIO. APLICACI�N RETROACTIVA DEL ART�CULO 289 BIS DEL C�DIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL. De acuerdo con lo dispuesto en el mencionado precepto, que entr� en vigor a partir del uno de junio de dos mil, en casos de divorcio cualquiera de los c�nyuges puede solicitar una indemnizaci�n de hasta el cincuenta por ciento de los bienes que hubiere adquirido el otro c�nyuge, cuando estuvieran casados bajo el r�gimen de separaci�n de bienes, el demandante se hubiera dedicado en el lapso que dur� el matrimonio, preponderantemente, al trabajo del hogar y no hubiera adquirido bienes propios durante el matrimonio o los que hubiera adquirido resulten notoriamente menores a los de su c�nyuge. Ahora bien, si el matrimonio fue celebrado con anterioridad a la entrada en vigor de la disposici�n jur�dica en comento y la disoluci�n del v�nculo matrimonial se promueve con posterioridad a la iniciaci�n de su vigencia, no podr� demandarse el pago de la indemnizaci�n correspondiente, porque esa nueva figura jur�dica modifica los efectos del r�gimen de separaci�n de bienes pactado bajo el imperio de la ley anterior, conforme al cual cada c�nyuge conserva la propiedad y administraci�n de sus bienes, aunque llegaran a divorciarse; de modo que si antes de la entrada en vigor de la supracitada norma no exist�a en el C�digo Civil para el Distrito Federal alg�n precepto que impusiera alguna modalidad al r�gimen de separaci�n de bienes aunque se divorciaran los c�nyuges, no pueden alterarse los efectos de ese r�gimen patrimonial del matrimonio que previeron los consortes, pues existir�a una aplicaci�n retroactiva en perjuicio del c�nyuge demandado y la consiguiente violaci�n a la garant�a de irretroactividad de la ley, prevista en el p�rrafo primero del art�culo 14 constitucional.

"OCTAVO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.

"Amparo directo 915/2001. Mar�a del R.A.T.. 22 de enero de 2002. Unanimidad de votos. Ponente: C.A.H.. Secretario: M.A.H.�ndez Tirado.

Conforme al mismo criterio fueron fallados los amparos directos 780/2002 y 153/2003, los d�as veintiocho de noviembre de dos mil dos y veintis�is de marzo de dos mil tres, respectivamente.

CUARTO

Las consideraciones del D�cimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, al resolver el amparo directo 656/2003-13, el trece de enero de dos mil cuatro, son, en lo que interesa, las siguientes:

"Resulta infundado lo aducido en el segundo concepto de violaci�n respecto a que es retroactiva en perjuicio del quejoso la aplicaci�n del art�culo 289 bis del C�digo Civil para el Distrito Federal, vigente a partir del uno de junio de dos mil, de conformidad con lo dispuesto por el art�culo primero transitorio del Decreto por el que se derogan, reforman y adicionan diversas disposiciones del C�digo Civil para el Distrito Federal en Materia Com�n y para toda la Rep�blica en Materia Federal y del C�digo de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el veinticinco de mayo del mismo a�o, pues dicho precepto s�lo es aplicable a aquellos matrimonios celebrados con posterioridad a la fecha primeramente mencionada, ya que modifica o altera los derechos patrimoniales adquiridos por los c�nyuges que contrajeron matrimonio bajo el r�gimen de separaci�n de bienes de acuerdo a la ley anterior.

"A la conclusi�n apuntada se llega, porque si bien respecto a la aplicaci�n del art�culo 289 bis del C�digo Civil para el Distrito Federal vigente, en los casos de divorcio en que el matrimonio se celebr� bajo el r�gimen de separaci�n de bienes, este Tribunal Colegiado estableci� el criterio publicado en la p�gina 1365, T.X., octubre de 2002, del Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, que es como sigue:

"?DIVORCIO. LA INDEMNIZACI�N PREVISTA EN EL ART�CULO 289 BIS DEL C�DIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL EN FAVOR DE UNO DE LOS C�NYUGES, S�LO ES APLICABLE A AQUELLOS MATRIMONIOS CELEBRADOS A PARTIR DE SU ENTRADA EN VIGOR. Conforme a lo dispuesto en el primer p�rrafo del art�culo 14 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, as� como de los criterios adoptados por la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n en las tesis publicadas bajo los rubros: �CONTRATOS. LEY QUE LOS RIGE.� e �IRRETROACTIVIDAD DE LAS LEYES. NO SE VIOLA ESA GARANT�A CONSTITUCIONAL CUANDO LAS LEYES O ACTOS CONCRETOS DE APLICACI�N S�LO AFECTAN SIMPLES EXPECTATIVAS DE DERECHO, Y NO DERECHOS ADQUIRIDOS.�, esta �ltima interpretada en sentido contrario, se advierte que una norma transgrede el citado precepto constitucional cuando se aplica a actos jur�dicos celebrados antes de su vigencia, o bien, cuando modifica o destruye los derechos adquiridos que nacieron bajo la vigencia de una ley anterior. En congruencia con lo anterior, el derecho de uno de los c�nyuges para reclamar en el divorcio la indemnizaci�n prevista en el art�culo 289 bis del C�digo Civil para el Distrito Federal, vigente a partir del primero de junio de dos mil, que establece ese derecho en el caso en que el matrimonio se hubiere celebrado bajo el r�gimen de separaci�n de bienes y uno de los c�nyuges se haya dedicado preponderantemente al trabajo del hogar y al cuidado de los hijos y, por ende, no hubiere adquirido bienes propios o los adquiridos sean menores a los de su c�nyuge, �nicamente puede reclamarse en aquellos supuestos en donde no s�lo el divorcio se demanda con posterioridad a su entrada en vigor, sino en aquellos en donde el matrimonio se celebr� despu�s de que tal precepto entr� en vigor. Lo anterior es as�, porque el mencionado precepto modifica o altera los derechos adquiridos por los c�nyuges que contrajeron matrimonio y establecieron el r�gimen de separaci�n de bienes bajo la vigencia de la ley anterior.?; una nueva reflexi�n sobre el tema conlleva a este Tribunal Colegiado a apartarse del criterio adoptado con anterioridad, de acuerdo a las consideraciones que a continuaci�n se precisan:

"De conformidad con los art�culos 178, 208, 209, 212 y 213 del C�digo Civil para el Distrito Federal en Materia Com�n y para toda la Rep�blica en Materia Federal, vigente antes de la reforma de veinticinco de mayo de dos mil, que entr� en vigor el uno de junio ulterior, que contienen disposiciones similares a los mismos art�culos del C�digo Civil para el Distrito Federal vigente, el matrimonio debe celebrarse bajo los reg�menes patrimoniales de sociedad conyugal o de separaci�n de bienes, el �ltimo de los cuales puede ser absoluto o parcial, empero puede terminar o ser alterado por voluntad de los c�nyuges, quienes despu�s del divorcio conservar�n la propiedad y administraci�n de los bienes que, respectivamente, les pertenecen, y por consiguiente todos los frutos y accesiones de los mismos no ser�n comunes, sino del dominio exclusivo del due�o de ellos; adem�s, ser�n propios de cada uno de los consortes los salarios, sueldos, emolumentos y ganancias que obtuvieren por servicios profesionales, por el desempe�o de un empleo o el ejercicio de una profesi�n, comercio o industria.

"Ahora bien, el art�culo 289 bis del C�digo Civil para el Distrito Federal vigente establece:

"?Art�culo 289 bis. En la demanda de divorcio los c�nyuges podr�n demandar del otro, una indemnizaci�n de hasta el 50% del valor de los bienes que hubiere adquirido, durante el matrimonio, siempre que:

"?I.H. estado casados bajo el r�gimen de separaci�n de bienes;

"?II. El demandante se haya dedicado en el lapso en que dur� el matrimonio, preponderantemente al desempe�o del trabajo del hogar y, en su caso, al cuidado de los hijos; y

"?III. Durante el matrimonio el demandante no haya adquirido bienes propios o habi�ndolos adquirido, sean notoriamente menores a los de la contraparte.

"?El J. de lo F. en la sentencia de divorcio, habr� de resolver atendiendo las circunstancias especiales de cada caso.?

"La interpretaci�n arm�nica y sistem�tica del precepto transcrito permite establecer que en el mismo se establece la posibilidad de que en la demanda de divorcio, respecto a los matrimonios celebrados bajo el r�gimen de separaci�n de bienes, antes o despu�s de la reforma de veinticinco de mayo de dos mil, el c�nyuge que lo solicite demande del otro una indemnizaci�n de hasta el cincuenta por ciento del valor de los bienes que hubiere adquirido durante el matrimonio, siempre que se satisfagan los requisitos que el propio precepto establece en sus fracciones II y III, es decir, que el demandante, durante el lapso que dur� el matrimonio, se haya dedicado preponderantemente al desempe�o del trabajo del hogar y, en su caso, al cuidado de los hijos, y que por esos motivos durante dicho periodo no haya adquirido bienes propios o habi�ndolos adquirido sean notoriamente menores a los de su contraparte.

En tales condiciones, si la indemnizaci�n a que se refiere el precepto aludido debe ser decretada en la sentencia de divorcio por el J. de lo F., atendiendo a las circunstancias especiales de cada caso, es evidente que la condena al pago de la misma, de manera adversa a lo argumentado por el quejoso, no es retroactiva en perjuicio de persona alguna, porque no constituye una sanci�n o pena por alguna conducta il�cita del c�nyuge culpable que modifique o altere el derecho de propiedad de los bienes adquiridos por �ste, que contrajo matrimonio bajo el r�gimen de separaci�n de bienes de acuerdo a la ley anterior, sino que resulta en s� una compensaci�n al consorte inocente por la dedicaci�n preponderante que en el tiempo que dur� el matrimonio tuvo en el desempe�o del trabajo del hogar y, en su caso, el cuidado de los hijos, razones por las cuales se vio imposibilitado para adquirir bienes propios o habi�ndolos adquirido sean notoriamente menores a los de su contraparte, motivo por el cual es claro que con la citada indemnizaci�n, se reitera, no se modifica o altera el derecho de propiedad que tiene el c�nyuge culpable, respecto a los bienes adquiridos durante la vigencia del matrimonio celebrado en los t�rminos apuntados, aun cuando el matrimonio se haya celebrado de acuerdo a la ley anterior a las reformas de veinticinco de mayo de dos mil, ya que una vez disuelto el matrimonio cada uno de los consortes conserva la propiedad y administraci�n de los bienes que, respectivamente, les pertenecen, con sus frutos y accesiones, as� como de sus salarios, sueldos, emolumentos y ganancias que obtuvieren por servicios personales, por el desempe�o de un empleo o el ejercicio de una profesi�n, empero, de ser procedente, se condena al c�nyuge culpable a indemnizar al inocente atendiendo a las circunstancias especiales de cada caso, sin que el monto de tal indemnizaci�n sea mayor al cincuenta por ciento del valor de los bienes del primero; razones que conducen a este Tribunal Colegiado variar el criterio anteriormente adoptado para establecer que la aplicaci�n del art�culo 289 bis del C�digo Civil para el Distrito Federal en los juicios de divorcio iniciados despu�s del uno de junio de dos mil, respecto a matrimonios celebrados antes de esa fecha, al no ser retroactiva, no infringe el art�culo 14, p�rrafo primero, de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos.

La ejecutoria referida dio origen a la siguiente tesis:

"Novena �poca

"Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

"Fuente: Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta

"Tomo: XIX, febrero de 2004

"Tesis: I.13.C.23 C

"P�gina: 1049

"DIVORCIO. LA INDEMNIZACI�N ESTABLECIDA EN EL ART�CULO 289 BIS DEL C�DIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL, VIGENTE A PARTIR DEL UNO DE JUNIO DE DOS MIL, NO ES RETROACTIVA NI MODIFICA EL R�GIMEN PATRIMONIAL DE LOS C�NYUGES RESPECTO DE MATRIMONIOS CELEBRADOS CON ANTERIORIDAD BAJO EL R�GIMEN DE SEPARACI�N DE BIENES (MODIFICACI�N DEL CRITERIO ANTERIORMENTE SOSTENIDO POR ESTE TRIBUNAL). De conformidad con los art�culos 178, 208, 209, 212 y 213 del C�digo Civil para el Distrito Federal en Materia Com�n y para toda la Rep�blica en Materia Federal, vigentes antes de la reforma de veinticinco de mayo de dos mil, que entr� en vigor el uno de junio ulterior, que contienen disposiciones similares a los art�culos del C�digo Civil para el Distrito Federal vigente, el matrimonio debe celebrarse bajo los reg�menes patrimoniales de sociedad conyugal o de separaci�n de bienes, el �ltimo de los cuales puede ser absoluto o parcial, empero, puede terminar o ser alterado por voluntad de los c�nyuges, los que despu�s del divorcio conservar�n la propiedad y administraci�n de los bienes que, respectivamente, les pertenecen y, por consiguiente, todos los frutos y accesiones de los mismos no ser�n comunes, sino del dominio exclusivo del due�o de ellos; adem�s, ser�n propios de cada uno de los consortes los salarios, sueldos, emolumentos y ganancias que obtuvieren por servicios profesionales por el desempe�o de un empleo o el ejercicio de una profesi�n, comercio o industria. La interpretaci�n arm�nica y sistem�tica del art�culo 289 bis del C�digo Civil para el Distrito Federal, vigente a partir del uno de junio de dos mil, permite concluir que en el mismo se establece la posibilidad de que en la demanda de divorcio, respecto de los matrimonios celebrados bajo el r�gimen de separaci�n de bienes, antes o despu�s de la reforma de veinticinco de mayo de dos mil, el c�nyuge que lo solicite, demande del otro una indemnizaci�n hasta del cincuenta por ciento del valor de los bienes que hubiere adquirido durante el matrimonio, siempre que se satisfagan los requisitos que el propio precepto establece en sus fracciones II y III, es decir, que la demandante, durante el lapso que dur� el matrimonio, se haya dedicado preponderantemente al desempe�o del trabajo del hogar y, en su caso, al cuidado de los hijos y que por esos motivos durante dicho periodo no haya adquirido bienes propios o habi�ndolos adquirido sean notoriamente menores a los de su contraparte. En tales condiciones, si la indemnizaci�n a que se refiere el precepto aludido debe ser decretada en la sentencia de divorcio por el J. de lo F., atendiendo a las circunstancias especiales de cada caso, es evidente que la condena al pago de la misma no es retroactiva en cuanto al r�gimen patrimonial de separaci�n de bienes, porque no constituye una sanci�n o pena por alguna conducta il�cita del c�nyuge culpable, en todos los casos que modifique o altere el derecho de propiedad de los bienes adquiridos por �ste, que contrajo matrimonio bajo el r�gimen de separaci�n de bienes de acuerdo con la ley anterior, sino que resulta en s� una compensaci�n a la consorte inocente por la dedicaci�n preponderante que durante el tiempo que dur� el matrimonio, tuvo en el desempe�o del trabajo, del hogar y, en su caso, el cuidado de los hijos, razones por las cuales se vio imposibilitada para adquirir bienes propios o habi�ndolos adquirido sean notoriamente menoresa los de su contraparte, motivo por el cual es claro que con la citada indemnizaci�n, se reitera, no se modifica o altera el derecho de propiedad que tiene el c�nyuge culpable respecto de los bienes adquiridos durante la vigencia del matrimonio celebrado en los t�rminos apuntados, aun cuando �ste se haya celebrado de acuerdo a la ley anterior a las reformas de veinticinco de mayo de dos mil, ya que exclusivamente va a proceder la condena al c�nyuge culpable de indemnizar al inocente cuando se acrediten los requisitos establecidos en las fracciones II y III del art�culo 289 bis citado, sin que el monto de tal indemnizaci�n sea mayor al cincuenta por ciento del valor de los bienes del primero; razones que conducen a este Tribunal Colegiado a variar el criterio anteriormente adoptado respecto de la indemnizaci�n de que se trata, con el rubro de: ?DIVORCIO. LA INDEMNIZACI�N PREVISTA EN EL ART�CULO 289 BIS DEL C�DIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL A FAVOR DE UNO DE LOS C�NYUGES, S�LO ES APLICABLE A AQUELLOS MATRIMONIOS CELEBRADOS A PARTIR DE SU ENTRADA EN VIGOR.?, para establecer que la aplicaci�n del art�culo 289 bis del C�digo Civil para el Distrito Federal en los juicios de divorcio iniciados despu�s del uno de junio de dos mil, respecto de matrimonios celebrados antes de esa fecha, al no ser retroactiva no infringe el art�culo 14, p�rrafo primero, de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos.

"D�CIMO TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.

"Amparo directo 657/2003. 13 de enero de 2004. Unanimidad de votos. Ponente: M.�n A. R�os. Secretario: G.D.G. L�pez.

Nota: Esta tesis se aparta del criterio sostenido por el propio tribunal en la tesis I.13.C.11 C, publicada en el Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, Novena �poca, T.X., octubre de 2002, p�gina 1365, de rubro: ?DIVORCIO. LA INDEMNIZACI�N PREVISTA EN EL ART�CULO 289 BIS DEL C�DIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL EN FAVOR DE UNO DE LOS C�NYUGES, S�LO ES APLICABLE A AQUELLOS MATRIMONIOS CELEBRADOS A PARTIR DE SU ENTRADA EN VIGOR.?.

Hay que precisar que aunque la tesis transcrita menciona al amparo directo 657/2003 como juicio del cual deriva, por oficio n�mero 1663, fechado el doce de marzo del dos mil cuatro, el secretario de tesis del D�cimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito inform� a esta Suprema Corte que del an�lisis de la copia certificada del amparo directo mencionado se desprend�a que el mismo no versaba sobre el tema al que se refiere la tesis; por ello, remiti� a esta Corte copia certificada y disquete del amparo directo 656/2003-13, ejecutoria que s� contiene los razonamientos de los que deriva la tesis en cuesti�n.

QUINTO

Para que sea procedente entrar al an�lisis del fondo del asunto es necesario que las posiciones opuestas, origen de la probable contradicci�n de tesis, se encuentren en un mismo plano de an�lisis; no basta, por tanto, atender a la conclusi�n del razonamiento, sino que es necesario tener en cuenta las circunstancias f�cticas y jur�dicas que, por su enlace l�gico, son fundamento del criterio asumido. �nicamente cuando existe tal coincidencia puede presentarse una contradicci�n de tesis.

Asimismo, al estudiar las circunstancias aludidas, es necesario distinguir entre las que sirven de fundamento a los criterios emitidos y aquellas que, aun cuando aparentemente son sustento de las consideraciones respectivas, no constituyen un presupuesto l�gico del razonamiento. La contradicci�n de tesis puede actualizarse, en otras palabras, s�lo cuando concurren los siguientes supuestos:

a) Al resolver los asuntos, los �rganos jurisdiccionales examinan cuestiones jur�dicas esencialmente iguales y adoptan criterios discrepantes;

b) La diferencia de criterios se da respecto de las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jur�dicas de las sentencias respectivas; y,

c) Los distintos criterios provienen del examen de los mismos elementos.

As� lo ha afirmado el Pleno de esta Suprema Corte en la tesis jurisprudencial que a continuaci�n se transcribe:

"Novena �poca

"Instancia: Pleno

"Fuente: Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta

"Tomo: XIII, abril de 2001

"Tesis: P./J. 26/2001

"P�gina: 76

"CONTRADICCI�N DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA. De conformidad con lo que establecen los art�culos 107, fracci�n XIII, primer p�rrafo, de la Constituci�n Federal y 197-A de la Ley de Amparo, cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n o la S. que corresponda deben decidir cu�l tesis ha de prevalecer. Ahora bien, se entiende que existen tesis contradictorias cuando concurren los siguientes supuestos: a) que al resolver los negocios jur�dicos se examinen cuestiones jur�dicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jur�dicos discrepantes; b) que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jur�dicas de las sentencias respectivas; y, c) que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos.

"...

"El Tribunal Pleno, en su sesi�n privada celebrada hoy veintinueve de marzo en curso, aprob�, con el n�mero 26/2001, la tesis jurisprudencial que antecede. M�xico, Distrito Federal, a veintinueve de marzo de dos mil uno."

Precisado lo anterior, debe se�alarse que de la comparaci�n entre el criterio sustentado por el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito y el emitido por el D�cimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, se deriva que los requisitos mencionados quedan cumplidos en el presente caso. Ello puede apreciarse con facilidad recurriendo a la siguiente relaci�n:

A.A. directo civil 915/2001, resuelto por el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Civil. Quejosa: ...

Acto reclamado: La sentencia definitiva emitida por la Tercera S. F. del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, dictada en el toca n�mero 2472/2001, formado con motivo del recurso de apelaci�n hecho valer por la quejosa contra la sentencia dictada por el J.T.�simo Segundo de lo F. del Distrito Federal, en relaci�n al juicio ordinario civil de divorcio necesario promovido por el tercero perjudicado. La Tercera S. F. confirm� la determinaci�n del J. de no condenar al tercero perjudicado a pagar la indemnizaci�n prevista en el art�culo 289 bis del C�digo Civil para el Distrito Federal, por considerar que dicha disposici�n se aplicar�a en forma retroactiva en un caso no permitido, pues el v�nculo matrimonial y el r�gimen de separaci�n de bienes se adoptaron con anterioridad a la entrada en vigor del art�culo 289 bis.

R.�n del Tribunal Colegiado: El veintid�s de enero de dos mil dos declar� infundados los conceptos de violaci�n esgrimidos en relaci�n a lo que aqu� interesa.

Consideraciones fundamentales de dicho fallo: La nueva figura jur�dica prevista en el art�culo 289 bis del C�digo Civil para el Distrito Federal establece el derecho de cualquiera de los c�nyuges a solicitar, en caso de divorcio, una indemnizaci�n de hasta el cincuenta por ciento de los bienes que hubiera adquirido el otro c�nyuge cuando estuvieran casados bajo el r�gimen de separaci�n de bienes y se cumplan adem�s las siguientes condiciones: que el demandante se hubiera dedicado preponderantemente, en el lapso que haya durado el matrimonio, al trabajo del hogar; y que no hubiera adquirido bienes propios o los que hubiera adquirido resulten notoriamente menores a los del otro c�nyuge. Lo anterior, en opini�n del Tribunal Colegiado, modifica los efectos del r�gimen de separaci�n de bienes adoptado en el momento de celebrar un matrimonio anterior a la entrada en vigor de dicha disposici�n legal. El Colegiado se�ala que de la lectura del art�culo 212 del citado C�digo Civil se desprende que, bajo el r�gimen de separaci�n al cual se sometieron las partes al momento de contraer nupcias, corresponde a cualquiera de ellos el dominio exclusivo de los bienes que hubieran adquirido durante el matrimonio, con sus frutos y accesiones, salvo que exista pacto en contrario en las capitulaciones matrimoniales, lo que no ocurre en el caso concreto. Por tanto, concluye, si antes de la entrada en vigor del art�culo mencionado no exist�a precepto alguno que modalizara el derecho de propiedad de los consortes casados bajo el r�gimen de separaci�n de bienes, ni en el caso de que se divorciaran, lo dispuesto por el art�culo 289 bis del C�digo Civil para el Distrito Federal no puede aplicarse retroactivamente a matrimonios celebrados con anterioridad a su entrada en vigor.

En el mismo sentido resolvi� el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito los juicios de amparo directo 780/2002 y 153/2003, tomando como base la tesis que se origin� con el anterior caso, cuyo rubro es: "DIVORCIO. APLICACI�N RETROACTIVA DEL ART�CULO 289 BIS DEL C�DIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL.". Las consideraciones esenciales de las citadas ejecutorias son, en lo que interesa, las siguientes:

A?. Amparo directo 780/2002. Quejosa: ...

Acto reclamado: La sentencia definitiva emitida por la Tercera S. F. del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal de fecha veintisiete de septiembre de dos mil uno, dictada en el toca 1289/2002, formado con motivo del recurso de apelaci�n hecho valer por la quejosa contra la resoluci�n emitida por el J. Vig�simo Noveno de lo F. del Distrito Federal en el juicio ordinario civil de divorcio promovido por la quejosa. La Tercera S. de lo F. determin� improcedente la solicitud del pago de la indemnizaci�n establecida en el art�culo 289 bis del C�digo Civil para el Distrito Federal. A diferencia de lo sostenido por el J., que hab�a considerado que no quedaban acreditados los supuestos materiales necesarios para la concesi�n de tal indemnizaci�n, la Tercera S. concluy� que el art�culo 289 bis s�lo es aplicable a los matrimonios contra�dos con posterioridad a su entrada en vigor.

R.�n emitida por el Tribunal Colegiado: El veintiocho de noviembre de dos mil dos, declar� infundados los conceptos de violaci�n formulados por la quejosa.

Consideraciones fundamentales de dicho fallo: Resulta equivocada la premisa en la que se basa la quejosa para sustentar su inconformidad. La quejosa parte de la premisa de que el art�culo 289 bis del C�digo Civil para el Distrito Federal es aplicable a matrimonios celebrados con anterioridad a su entrada en vigor. Dicho art�culo, sin embargo, no puede ser aplicado en el caso de autos, porque modifica los efectos del r�gimen de separaci�n de bienes adoptado con anterioridad a la entrada en vigor del precepto en estudio. Bajo el r�gimen de separaci�n de bienes pactado, a cada uno de los c�nyuges le corresponde el dominio exclusivo de los bienes que hayan adquirido durante el matrimonio, salvo pacto en contrario establecido en las respectivas capitulaciones, pacto que no se realiz� en el caso concreto. Por tanto, la disposici�n jur�dica contenida en el art�culo 289 bis no puede aplicarse en este caso, ya que el r�gimen de separaci�n de bienes se adopt� bajo el imperio de la ley anterior, la cual no contemplaba ninguna modalidad al citado r�gimen, aunque las partes se divorciaran. Por otra parte, no se puede argumentar que ambos consortes aceptaran la aplicaci�n de las reformas aducidas, porque no es a ellos a quien corresponde aplicar el derecho, sino a la autoridad jurisdiccional. Tampoco es relevante, para estos efectos, el que se hayan estimado o no procedentes las causales de divorcio introducidas por leyes que entraron en vigor con posterioridad al referido matrimonio, pues las mismas no tienen efectos patrimoniales que trasciendan al divorcio, sino que s�lo establecen los casos en que es procedente la disoluci�n de tal v�nculo matrimonial.

A??. Amparo directo 153/2003. Quejosa: ... por su propio derecho y en representaci�n de su hija menor ...

Acto reclamado: La sentencia definitiva de fecha treinta y uno de enero del dos mil tres, en el toca 3079/02, dictada por la Primera S. F. del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, por la que se resolvi� el recurso de apelaci�n interpuesto por ambas partes en contra de la sentencia definitiva pronunciada por el J. Primero de lo F. del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, en los autos del juicio ordinario civil de divorcio necesario promovido por la quejosa. La Primera S. F. determin� que era incorrecta la resoluci�n del J. que condenaba al tercero perjudicado al pago de la indemnizaci�n prevista en el art�culo 289 bis del C�digo Civil para el Distrito Federal, ya que el v�nculo matrimonial al cual se someti� se hab�a celebrado con anterioridad a la entrada en vigor del referido art�culo, raz�n por la que no pod�a aplicarse al pasado por prohibirlo el principio de no aplicaci�n retroactiva de la ley en perjuicio de persona alguna.

R.�n emitida por el Tribunal Colegiado: El veintis�is de marzo de dos mil tres declar� infundados los conceptos de violaci�n hechos valer por la quejosa.

Consideraciones fundamentales de dicho fallo: Le asiste la raz�n al tribunal natural que determin� improcedente reclamar el pago de la indemnizaci�n prevista en el art�culo 289 bis del C�digo Civil, cuando el v�nculo matrimonial haya sido celebrado con anterioridad a la entrada en vigor de la referida disposici�n, ya que �sta no se puede aplicar al pasado de manera retroactiva. La nueva figura jur�dica prevista en dicho art�culo modifica los efectos del r�gimen de separaci�n de bienes que se hubiera adoptado al celebrarse un matrimonio con anterioridad a su entrada en vigor, pues antes de tal momento correspond�a a cada uno de los c�nyuges el dominio exclusivo de los bienes adquiridos durante el matrimonio, salvo pacto en contrario en las capitulaciones, que no exist�a en el caso de autos. Por tanto, al no haberse establecido modalizaci�n alguna a los derechos de propiedad de los consortes en el momento de contraer matrimonio, ni para el caso de que se divorciaran, no puede aplicarse el art�culo 289 bis, afectando derechos ya adquiridos, ya que el r�gimen de separaci�n de bienes se pact� bajo el imperio de la ley anterior.

Contrario a lo aducido por la quejosa, la figura del divorcio no es totalmente independiente de la instituci�n del matrimonio, pues para promover el primero habr� que considerar los t�rminos en que se pact� el segundo. Por otra parte, y como lo afirma la quejosa, es cierto que no puede pretenderse que el statu quo jur�dico de los gobernados quede inalterado e inalterable hacia el futuro. Pero tampoco puede pretenderse que la nueva normatividad que va emiti�ndose altere o desconozca situaciones jur�dicas adquiridas con anterioridad. En el caso, las partes contendientes aceptaron contraer nupcias bajo el r�gimen de separaci�n de bienes a fin de conservar la propiedad y administraci�n de los bienes que respectivamente les pertenecen y, por ello, aplicar el art�culo 289 bis atentar�a contra la garant�a de irretroactividad de la ley.

Tampoco es fundado el argumento en el que la quejosa afirma que la lectura del art�culo estudiado demuestra que lo regulado es simplemente una indemnizaci�n por un acto il�cito, pues ello no es necesariamente as� en todos los casos: existen hip�tesis en las cuales se promueve un divorcio y no hay c�nyuge culpable ni inocente. Por ello, el tribunal concluye que el art�culo 289 bis opera una modificaci�n al r�gimen de separaci�n de bienes.

B.S. un criterio distinto, est� el amparo directo civil 656/2003-13, resuelto por el D�cimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. Quejoso: ...

Acto reclamado: La sentencia definitiva del doce de agosto de dos mil tres, pronunciada por la Primera S. F. del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, en el toca n�mero 1294/2002, relativo a la apelaci�n del juicio ordinario civil promovido contra el quejoso y resuelto por el J. Vig�simo S�ptimo de lo F. del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. La Primera S. F. consider� err�nea la decisi�n del J. de declarar improcedente condenar al demandado al pago de la indemnizaci�n prevista en el art�culo 289 bis del C�digo Civil para el Distrito Federal, por considerar que su aplicaci�n equivaldr�a a una aplicaci�n retroactiva prohibida. En contraste, la Primera S. F. concluy� que la aplicaci�n de dicho art�culo no resultar�a retroactiva al caso, aunque el matrimonio se hubiera contra�do con anterioridad a la entrada en vigor del mismo. En su opini�n, el art�culo 289 bis no regula una modificaci�n al r�gimen de separaci�n de bienes ni al matrimonio como tal, sino que introduce una sanci�n aplicable a quien haya disuelto el matrimonio.

La S. mencionada concluy� que debe prevalecer el inter�s p�blico vinculado con la imposici�n de una sanci�n pecuniaria por el il�cito cometido, por encima de la pretensi�n del consorte culpable de no ver afectado su patrimonio aun en el caso de que cometa il�citos. En todo caso, se�al�, para abordar certeramente la cuesti�n de la retroactividad lo que hay que considerar es si el il�cito se cometi� durante el periodo de vigencia de la disposici�n que prev� la sanci�n, no si el mismo se cometi� en la �poca en la que se contrajo el matrimonio.

R.�n emitida por el Tribunal Colegiado: El trece de enero de dos mil cuatro declar� infundados los conceptos de violaci�n esgrimidos.

Consideraciones fundamentales de dicha resoluci�n: Es infundado el argumento en el que el quejoso se�ala que es v�ctima de una aplicaci�n retroactiva del art�culo 289 bis del C�digo Civil para el Distrito Federal. Aunque es cierto que los tribunales ven�an sosteniendo el criterio aducido por el quejoso, de la interpretaci�n sistem�tica y arm�nica del precepto analizado se desprende que su aplicaci�n no puede equipararse a una aplicaci�n retroactiva de la ley violatoria de lo dispuesto en el art�culo 14 de la Constituci�n Federal.

Lo previsto en el art�culo 289 bis no constituye una sanci�n o una pena asociada a una conducta il�cita del c�nyuge culpable que modifique o altere el derecho de propiedad sobre los bienes adquiridos por �ste, casado en su d�a bajo el r�gimen de separaci�n de bienes. Lo que dicho art�culo prev� es una compensaci�n al consorte inocente por la dedicaci�n preponderante que tuvo durante el tiempo que dur� el matrimonio al cuidado del hogar y de los hijos, dedicaci�n que le anul� la oportunidad de adquirir bienes o le permiti� solamente adquirir bienes notoriamente menores a los de su contraparte. Con ello no se modifica el derecho de propiedad adquirido antes de las reformas, pues cualquiera de los consortes, una vez disuelto el v�nculo matrimonial, conserva la propiedad y administraci�n de los bienes que respectivamente le pertenecen. Simplemente se condena al c�nyuge culpable a indemnizar al inocente atendiendo a las circunstancias del caso concreto.

De la lectura de los aspectos destacados en las ejecutorias mencionadas en los p�rrafos anteriores se desprende que el Octavo y el D�cimo Tercer Tribunales Colegiados en Materia Civil del Primer Circuito se pronunciaron en torno a un problema jur�dico cuyas caracter�sticas y antecedentes resultan ser esencialmente id�nticos, en los t�rminos siguientes:

a) El antecedente com�n de los criterios de los Tribunales Colegiados, ahora en pugna, son juicios de amparo directo interpuestos contra sentencias dictadas en apelaci�n por las S.s F.es del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. En estas sentencias, las S.s F.es decretaban o declaraban improcedente el pago de la indemnizaci�n establecida en elart�culo 289 bis del C�digo Civil para el Distrito Federal. Su decisi�n en todos los casos, y con independencia de que consideren que quedan acreditados o no en el caso concreto los requisitos que el art�culo 289 bis enumera como presupuesto para que un J. pueda acordar tal indemnizaci�n, se pronuncia acerca de si el art�culo 289 bis puede o no aplicarse a divorcios que provienen de matrimonios celebrados antes de su entrada en vigor. Las S.s F.es, por tanto, se pronunciaron en todos los casos acerca de si la aplicaci�n de este art�culo a matrimonios celebrados antes de su entrada en vigor constitu�a o no una aplicaci�n retroactiva de la ley en los t�rminos prohibidos por el art�culo 14 de la Constituci�n Federal.

b) En los juicios de amparo directo, los Tribunales Colegiados tuvieron que pronunciarse sobre la misma cuesti�n y adoptaron criterios divergentes:

i) As�, el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito consider� que condenar a uno de los c�nyuges al pago de la indemnizaci�n prevista en el art�culo 289 bis, en un juicio de divorcio que deriva de un matrimonio contra�do con anterioridad a la entrada en vigor del mismo, equivaldr�a a incurrir en una aplicaci�n retroactiva de la ley prohibida por el art�culo 14 de la Constituci�n Federal. El tribunal considera que la indemnizaci�n prevista en el art�culo 289 bis modifica los efectos del r�gimen de separaci�n de bienes adoptado con anterioridad, en perjuicio de aquel que puede ser condenado al pago de la misma: si antes de la entrada en vigor de la supracitada norma no exist�a en el C�digo Civil para el Distrito Federal precepto alguno que modalizara los derechos de propiedad de aquellas personas casadas bajo el r�gimen de separaci�n de bienes, ni en el caso de que se divorciaran, tales derechos no pueden alterarse en el momento del divorcio, pues ello supondr�a una aplicaci�n retroactiva en perjuicio del c�nyuge demandado, viol�ndose la garant�a de irretroactividad de la ley, prevista en el p�rrafo primero del art�culo 14 constitucional.

ii) Por su parte, el D�cimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito determin� que la aplicaci�n de la indemnizaci�n del art�culo 289 bis del C�digo Civil para el Distrito Federal en los juicios de divorcio iniciados despu�s del uno de junio de dos mil, respecto de matrimonios celebrados antes de esa fecha, no equivale a una aplicaci�n retroactiva de la ley en perjuicio de alguien, prohibida por el primer p�rrafo del art�culo 14 de la Constituci�n Federal. La aplicaci�n de la indemnizaci�n prevista en dicho art�culo no modifica el r�gimen econ�mico matrimonial de separaci�n de bienes: dicha indemnizaci�n no constituye una sanci�n ni una pena asociada a una conducta il�cita del c�nyuge culpable que modifique o altere el derecho de propiedad sobre los bienes adquiridos por �ste, casado en su momento bajo el r�gimen de separaci�n de bienes. Lo que dicho art�culo prev� es una compensaci�n al consorte inocente por la dedicaci�n preponderante que tuvo, durante el tiempo que dur� el matrimonio, al cuidado del hogar y de los hijos, dedicaci�n que le anul� la oportunidad de adquirir bienes o le permiti� solamente adquirir bienes notoriamente menores a los de su contraparte. Con ello no se modifica el derecho de propiedad adquirido antes de las reformas, pues cualquiera de los consortes, una vez disuelto el v�nculo matrimonial, conserva la propiedad y administraci�n de los bienes que respectivamente les pertenece. Simplemente, se condena al c�nyuge culpable a indemnizar al inocente atendiendo a las circunstancias del caso concreto.

La citada indemnizaci�n no modifica o altera el derecho de propiedad del c�nyuge culpable respecto a los bienes adquiridos durante la vigencia del matrimonio celebrado en los t�rminos apuntados, aun cuando el matrimonio se haya celebrado de acuerdo a la ley anterior a las reformas de veinticinco de mayo de dos mil, ya que una vez disuelto el matrimonio cada uno de consortes conserva la propiedad y administraci�n de los bienes que, respectivamente, le pertenecen, con sus frutos y accesiones, as� como de sus salarios, sueldos, emolumentos y ganancias que obtuvo por servicios personales, por el desempe�o de un empleo, o por el ejercicio de una profesi�n. Simplemente, en el caso de que resulte procedente, se condena al c�nyuge culpable a indemnizar al inocente atendiendo a las circunstancias de cada caso, sin que el monto de tal indemnizaci�n sea mayor al cincuenta por ciento del valor de los bienes del primero (sic).

c) La contradicci�n de criterios entre los dos Tribunales Colegiados citados, por tanto, tiene su origen en el modo en que conciben los contenidos del r�gimen patrimonial de separaci�n de bienes, y en el modo en que entienden que la garant�a de irretroactividad de la ley contenida en el primer p�rrafo del art�culo 14 de la Constituci�n Federal se proyecta sobre ese �mbito. Las diferencias de entendimiento en torno a estas dos cuestiones les llevan a dar respuestas distintas y opuestas a la pregunta de si es posible aplicar lo previsto por el art�culo 289 bis del C�digo Civil para el Distrito Federal en los juicios de divorcio iniciados mediante demandas presentadas despu�s de la fecha de entrada en vigor de dicho art�culo (uno de junio del a�o dos mil) pero respecto de matrimonios contra�dos antes de esta fecha. Mientras que el Octavo Tribunal considera que dicho art�culo no puede aplicarse a los matrimonios anteriores a la reforma porque el mismo modifica los derechos de propiedad asegurados bajo el r�gimen de separaci�n de bienes que adoptaron los c�nyuges antes de la entrada en vigor del art�culo 289 bis, raz�n por la cual la aplicaci�n de ese art�culo resultar�a retroactiva en perjuicio del potencial obligado a su pago; el D�cimo Tercer Tribunal considera que la indemnizaci�n prevista en el art�culo 289 bis no constituye una pena o sanci�n para el c�nyuge condenado a pagarla ni modifica los derechos adquiridos bajo el r�gimen de separaci�n de bienes, raz�n por la cual su aplicaci�n a matrimonios contra�dos con anterioridad a su entrada en vigor no plantea problemas desde el punto de vista de la garant�a de irretroactividad consagrada en el art�culo 14 de la Constituci�n.

As� las cosas, resulta evidente que en el caso se re�nen las condiciones que permiten afirmar la existencia de una contradicci�n de tesis, resultando de aplicaci�n la siguiente tesis jurisprudencial:

"Novena �poca

"Instancia: Pleno

"Fuente: Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta

"Tomo: XIII, abril de 2001

"Tesis: P./J. 27/2001

"P�gina: 77

CONTRADICCI�N DE TESIS. PARA QUE PROCEDA LA DENUNCIA BASTA QUE EN LAS SENTENCIAS SE SUSTENTEN CRITERIOS DISCREPANTES. Los art�culos 107, fracci�n XIII, de la Constituci�n Federal, 197 y 197-A de la Ley de Amparo establecen el procedimiento para dirimir las contradicciones de tesis que sustenten los Tribunales Colegiados de Circuito o las S.s de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n. El vocablo ?tesis? que se emplea en dichos dispositivos debe entenderse en un sentido amplio, o sea, como la expresi�n de un criterio que se sustenta en relaci�n con un tema determinado por los �rganos jurisdiccionales en su quehacer legal de resolver los asuntos que se someten a su consideraci�n, sin que sea necesario que est� expuesta de manera formal, mediante una redacci�n especial, en la que se distinga un rubro, un texto, los datos de identificaci�n del asunto en donde se sostuvo y, menos a�n, que constituya jurisprudencia obligatoria en los t�rminos previstos por los art�culos 192 y 193 de la Ley de Amparo, porque ni la Ley Fundamental ni la ordinaria establecen esos requisitos. Por tanto, para denunciar una contradicci�n de tesis, basta con que se hayan sustentado criterios discrepantes sobre la misma cuesti�n por S. de la Suprema Corte o Tribunales Colegiados de Circuito, en resoluciones dictadas en asuntos de su competencia.

Y lo que a esta Primera S. corresponde determinar para resolverla es si la indemnizaci�n prevista en el art�culo 289 bis del C�digo Civil para el Distrito Federal puede reclamarse y ser acordada por un J. en juicios de divorcio iniciados despu�s de la entrada en vigor de dicho precepto, pero derivados de matrimonios celebrados con anterioridad a esa fecha. Todo ello a la luz de la garant�a de irretroactividad de leyes desfavorables contenida en el art�culo 14 de la Constituci�n Federal.

SEXTO

En opini�n de esta Primera S., debe prevalecer en lo esencial lo sustentado por el D�cimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito: no viola la garant�a de irretroactividad de la ley consagrada en el art�culo 14 de la Constituci�n Federal el que el art�culo 289 bis del C�digo Civil para el Distrito Federal se aplique en juicios de divorcio vinculados con matrimonios contra�dos antes de la entrada en vigor de dicho art�culo legal. Las consideraciones que sustentan la posici�n de esta Primera S., sin embargo, son s�lo parcialmente coincidentes con las desarrolladas por dicho tribunal en apoyo de su criterio. Por ello, el criterio que debe prevalecer ser� oportunamente sintetizado por esta S. en la tesis que m�s adelante se expresa.

El art�culo 289 bis del C�digo Civil para el Distrito Federal, cuyo posible �mbito de aplicaci�n temporal constituye el objeto de la presente contradicci�n de tesis, dispone textualmente lo siguiente:

"Art�culo 289 bis. En la demanda de divorcio los c�nyuges podr�n demandar del otro, una indemnizaci�n de hasta el 50% del valor de los bienes que hubiere adquirido, durante el matrimonio, siempre que:

"I.H. estado casados bajo el r�gimen de separaci�n de bienes;

"II. El demandante se haya dedicado en el lapso que dur� el matrimonio, preponderantemente al desempe�o del trabajo del hogar y, en su caso, al cuidado de los hijos; y

"III. Durante el matrimonio el demandante no haya adquirido bienes propios o habi�ndolos adquirido, sean notoriamente menores a los de la contraparte.

"El J. de lo F. en la sentencia de divorcio, habr� de resolver atendiendo a las circunstancias especiales de cada caso."

Este art�culo establece la posibilidad de que los c�nyuges -cualquiera de ellos, tanto el que interpone la demanda de divorcio como aquel contra el cual la demanda de divorcio es dirigida- soliciten ante el J. de lo F., en la demanda de divorcio y ante la perspectiva de disolver el r�gimen de separaci�n de bienes que disciplinaba sus relaciones patrimoniales, una indemnizaci�n de hasta el 50% del valor de los bienes adquiridos por el otro c�nyuge durante el matrimonio.

Como evidencia la lectura del art�culo transcrito, se trata de una indemnizaci�n que se solicita y se declara procedente o improcedente por un J. en el momento en que se presenta la demanda de divorcio y se celebra el consiguiente juicio. �ste es el momento al que la norma refiere su aplicaci�n. Desde la perspectiva del primer p�rrafo del art�culo 14 de la Constituci�n, que proh�be la retroactividad de las leyes en perjuicio de persona alguna, lo que podr�a plantearse es si la compensaci�n prevista en el art�culo citado puede o no aplicarse a las demandas de divorcio presentadas con anterioridad a la fecha de entrada en vigor del mismo (el d�a uno de junio del a�o dos mil), caso en el cual la respuesta deber�a ser posiblemente negativa -�ste es un extremo respecto del cual no existe contradicci�n entre los Tribunales Colegiados en pugna-. Pero sentado esto, desde la perspectiva de la garant�a constitucional de la irretroactividad perjudicial de la ley, la aplicaci�n del art�culo 289 bis del C�digo Civil para el Distrito Federal a los matrimonios contra�dos con anterioridad a su entrada en vigor no plantea, en puridad, problema alguno: se trata de una norma sobre liquidaci�n de un r�gimen econ�mico matrimonial que se aplica exclusivamente a las liquidaciones que se realizan despu�s de la entrada en vigor del mismo. No hay, por tanto, aplicaci�n retroactiva de norma alguna.

El Octavo Tribunal en Materia Civil del Primer Circuito considera que se incurre en una aplicaci�n retroactiva de la ley prohibida por el art�culo 14 constitucional, porque parte de un entendimiento inexacto acerca de los dos siguientes aspectos: la naturaleza de los reg�menes econ�micos matrimoniales y de su regulaci�n legal, y la naturaleza de la compensaci�n prevista en el art�culo 289 bis del C�digo Civil para el Distrito Federal. Veamos por qu�.

La instituci�n y el funcionamiento pr�ctico del matrimonio se asientan sobre unas determinadas bases econ�micas, que originan el denominado r�gimen econ�mico del matrimonio, el cual puede definirse como la soluci�n que el ordenamiento jur�dico ofrece respecto de la manera en que se responde a las necesidades del grupo familiar originado en el matrimonio, tanto en el aspecto interno, referente a la contribuci�n de cada uno de los c�nyuges al sostenimiento de las cargas familiares, como en el externo, referente a la responsabilidad de los dos c�nyuges frente a terceros acreedores por las deudas familiares.

Esta naturaleza b�sica de los reg�menes econ�micos patrimoniales no puede ser soslayada a la hora de entender e interpretar la regulaci�n de las distintas opciones y modalidades que, en relaci�n con los mismos, la ley pone a disposici�n de los particulares. Los art�culos 178 y siguientes del C�digo Civil para el Distrito Federal, tanto antes como despu�s de la reforma del a�o dos mil, estipulan que el matrimonio debe celebrarse bajo los reg�menes patrimoniales de sociedad conyugal o de separaci�n de bienes, pero permite a los c�nyuges modular con amplia libertad, en las capitulaciones matrimoniales, los aspectos espec�ficos de estos reg�menes que habr�n de aplicarse en su caso. Para el caso de que los particulares no hagan uso, total o parcialmente, de su autonom�a de la voluntad, el c�digo establece previsiones de aplicaci�n supletoria.

Seg�n los art�culos 208, 212 y 213 del C�digo Civil para el Distrito Federal, vigentes tanto ahora como antes de la reforma que entr� en vigor en junio de dos mil, el r�gimen de separaci�n de bienes es un r�gimen en el que los c�nyuges conservan la propiedad y la administraci�n de los bienes que, respectivamente, les pertenecen; todos los frutos y accesiones de los mismos no son comunes, sino del dominio exclusivo del due�o de ellos. Adem�s, la ley establece que ser�n propios de cada uno de los consortes los salarios, sueldos, emolumentos y ganancias que obtuvieren por servicios profesionales, por el desempe�o de un empleo, o por el ejercicio de una profesi�n, comercio o industria. El criterio que parece orientar la organizaci�n legal del r�gimen de separaci�n de bienes -que puede ser absoluto o parcial- es, por tanto, el mantenimiento de la independencia de las masas patrimoniales de las personas que contraen matrimonio.

Ser�a err�neo, sin embargo, considerar que el r�gimen de separaci�n de bienes asegura a las personas un derecho subjetivo definitivo e inamovible a que sus masas patrimoniales se mantengan intactas en el futuro, a menos que ellas tomen una decisi�n expresa en contrario. El r�gimen de separaci�n de bienes no describe una situaci�n propia de dos personas extra�as cuyos patrimonios se yuxtaponen y se comparan en un determinado momento: el r�gimen de separaci�n de bienes es, antes que nada, un r�gimen econ�mico matrimonial y, por tanto, un esquema en el que los derechos de propiedad son necesariamente modulados por la necesidad de atender a los fines b�sicos e indispensables de esta instituci�n.

El segundo p�rrafo del art�culo 212 del C�digo Civil para el Distrito Federal, por ejemplo, establece que los bienes de los c�nyuges casados por separaci�n de bienes deber�n ser empleados preponderantemente para la satisfacci�n de los alimentos de su c�nyuge y los de sus hijos, si los hubiere. En caso de que se dejen de proporcionar injustificadamente los mismos, las personas mencionadas podr�n recurrir al J. de lo F. para que autorice la venta, gravamen o renta de dichos bienes, para satisfacer sus necesidades alimentarias. De modo similar, el r�gimen de separaci�n de bienes no dispensa a los c�nyuges de la necesidad, explicitada en el art�culo 164, de contribuir econ�micamente al sostenimiento del hogar, a la alimentaci�n de ellos y de sus hijos, y a la educaci�n de estos �ltimos en los t�rminos que la ley establece. El patrimonio de los c�nyuges casados bajo separaci�n de bienes est�, en otras palabras, sujeto a variaciones cuyo impacto final es imposible de determinar ex ante.

El criterio del Octavo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que detecta una aplicaci�n retroactiva perjudicial de la ley all� donde, en sentido estricto, no la hay, parte de un entendimiento demasiado exigente de cu�les son los l�mites del legislador en una materia como la regulaci�n del matrimonio. Por los intereses que entran en juego en dicho �mbito, no puede entenderse que la Constituci�n "blinda" a los particulares contra toda modificaci�n legislativa; no puede decirse, en otras palabras, que la Constituci�n otorga un derecho subjetivo a los particulares al mantenimiento del statu quo que deriva de la aplicaci�n de las normas bajo las cuales se casaron.

En efecto, la regulaci�n jur�dica del matrimonio, en sus diferentes vertientes, intenta conjugar dos necesidades igualmente importantes e irrenunciables: por un lado, la necesidad de ser un instrumento al servicio de la autonom�a de la voluntad de las dos personas que desean contraerlo y, por otro, la necesidad de someter esta autonom�a de la voluntad a l�mites derivados del inter�s p�blico y social que tiene el Estado en proteger la organizaci�n y el desarrollo integral de los miembros de la familia y en asegurar que la regulaci�n jur�dica que les afecta est� orientada a asegurar el respeto de su dignidad, as� como de otros valores y principios constitucionales, como se deriva, entre otros, del art�culo 4o. de la Constituci�n Federal, y tal como lo explicita actualmente el art�culo 138 ter del C�digo Civil para el Distrito Federal.

Por ello, no puede considerarse que dos personas que se casan bajo una determinada ley tengan un derecho adquirido a que su situaci�n personal y patrimonial se rija perpetuamente por lo dispuesto en las normas vigentes en el momento en que contraen matrimonio. Dada la naturaleza del derecho de familia y, en particular, la de las normas reguladoras del matrimonio, no es posible que las partes pacten inmunizarse completamente de los cambios legislativos que inciden en su status personal, en su patrimonio, o en el conjunto de derechos y obligaciones que derivan del matrimonio, del mismo modo que no es posible asumir que las personas adquieren, cuando se casan, un derecho a que dichos efectos sean invariables con respecto a ellos, porque el matrimonio es una instituci�n jur�dica que se sit�a en un �mbito en que quedan inseparablemente vinculados el inter�s privado y el p�blico.

Es importante destacar que las personas que acudieron ante los Tribunales Colegiados cuyas resoluciones estamos analizando en el presente caso provienen de juicios de divorcio en los que se pudieron alegar todas las causales de divorcio enumeradas por la ley vigente en el momento en que se inici� el juicio de divorcio. Si -precisamente por los intereses a que debe atender la regulaci�n del matrimonio- es constitucional, leg�timo y no retroactivo que en las demandas de divorcio se puedan alegar todas las causales de divorcio contenidas en la ley vigente en el momento del juicio, y no solamente aquellas contenidas en la ley que estaba en vigor cuando las personas implicadas se casaron, no parece haber raz�n para considerar retroactivo y constitucionalmente ileg�timo tomar en consideraci�n las reglas sobre disoluci�n del r�gimen econ�mico matrimonial vigente en el momento deljuicio. En opini�n de esta Suprema Corte, no hay motivo para hacer una distinci�n tal entre lo que podr�amos llamar los efectos "personales" del matrimonio y del divorcio, y los efectos "econ�micos" de los mismos.

En conclusi�n: esta Primera S. de la Suprema Corte no puede respaldar el criterio del Octavo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, seg�n el cual aplicar el art�culo 289 bis del C�digo Civil para el Distrito Federal a los matrimonios contra�dos con anterioridad a su entrada en vigor supone incurrir en una aplicaci�n retroactiva prohibida por la Constituci�n. Las previsiones del art�culo 289 bis se aplican a los juicios de divorcio iniciados a partir de su entrada en vigor, y las mismas operan una modificaci�n en la regulaci�n jur�dica de la liquidaci�n del r�gimen de separaci�n de bienes que no afecta a derechos patrimoniales adquiridos de los c�nyuges.

La argumentaci�n desarrollada hasta el momento deja tambi�n fuera de duda que no es obst�culo para lo que aqu� se sostiene la regla general seg�n la cual los contratos se rigen por la ley vigente al momento de su celebraci�n (v�ase, por ejemplo, la tesis 1a./J. 56/2003, de rubro: "CONTRATOS. SUS EFECTOS SE RIGEN POR LA LEY VIGENTE AL MOMENTO DE SU CELEBRACI�N."). El matrimonio es una instituci�n que en ning�n modo puede ser equiparada a un contrato t�pico. El matrimonio es una instituci�n que, aunque tiene un trasfondo contractual relacionado con el encuentro de voluntades entre dos individuos, est� rodeado de normas mediante las cuales impone numerosos l�mites a la misma, normas que se extienden a toda la regulaci�n del matrimonio entendida en sentido amplio, incluyendo, por tanto, el divorcio y la disoluci�n de los reg�menes econ�micos matrimoniales. Como lo ha se�alado la Segunda S. de esta Suprema Corte en la tesis que a continuaci�n se transcribe, la naturaleza jur�dica del matrimonio no es la de un acto contractual, sino la de un acto-condici�n, que coloca un caso individual dentro de una situaci�n jur�dica general ya creada de antemano por la ley, la cual conlleva una serie de derechos y deberes que esa ley (atendiendo tanto a la voluntad de los contrayentes como a otros bienes e intereses jur�dicos) establece y moldea:

"Quinta �poca

"Instancia: Segunda S.

"Fuente: Semanario Judicial de la Federaci�n

"Tomo: XLVIII

"P�gina: 3297

"MATRIMONIO, NATURALEZA JUR�DICA DEL.-Gast�n J�ze, en su estudio acerca de los actos jur�dicos, los clasifica, por raz�n de su contenido, en cuatro categor�as, y los comprendidos en la tercera de ellas, a los que denomina actos-condici�n, por referirse a casos individuales, han sido y son confundidos frecuentemente con los actos contractuales, a pesar de existir profunda diferencia jur�dica en la esencia de ambos; pues mientras los primeros pertenecen al campo del derecho p�blico, los segundos se rigen esencialmente por la voluntad de las partes que los crean y pertenecen al derecho privado. El acto-condici�n consiste en colocar un caso individual dentro de una situaci�n jur�dica general, ya creada de antemano por la ley, y como ejemplo t�pico de estos actos, puede citarse el del matrimonio, que consiste en colocar a los contrayentes dentro de la situaci�n jur�dica general de c�nyuges, ya establecida por el C�digo Civil. El matrimonio no crea la situaci�n jur�dica de que va a ser investido el individuo; esta situaci�n ya existe y han sido las leyes las que la han creado y reconocido, y el matrimonio no hace otra cosa que investir a un individuo determinado, de los poderes y deberes generales reconocidos por las leyes. Ahora bien, los oficiales del registro civil no tienen funciones semejantes a las de los notarios, sino que son los funcionarios investidos por la ley, del poder necesario para colocar, por medio del acto-condici�n del matrimonio, los casos individuales de los pretendientes, dentro de la situaci�n jur�dica general, ya creada por la ley.

"Amparo administrativo en revisi�n 1432/36. H.�ndez R.J.�s. 25 de junio de 1936. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: A.�n A.G.. La publicaci�n no menciona el nombre del ponente."

Ello explica por qu� el r�gimen jur�dico del matrimonio se aparta en tantas y tan importantes dimensiones del r�gimen jur�dico aplicable a los contratos t�picos; como acabamos de subrayar a modo de ejemplo, en un juicio de divorcio se pueden alegar todas las causales contempladas por la ley en el momento del juicio, con independencia de que la misma no las contemplara en el momento de celebraci�n del matrimonio.

Pasando ahora a la segunda parte de la argumentaci�n con la que esta S. se propone mostrar la debilidad �ltima del criterio sostenido por el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, hay que precisar que tampoco es posible sostener que la aplicaci�n del art�culo 289 bis del C�digo Civil para el Distrito Federal a los matrimonios contra�dos con anterioridad a su entrada en vigor equivale a una aplicaci�n retroactiva de la ley en perjuicio de alguien por contener dicho art�culo una sanci�n, por las razones siguientes.

El origen de la compensaci�n prevista en el art�culo 289 bis del C�digo Civil para el Distrito Federal se halla en la necesidad de encontrar un mecanismo paliativo de la inequidad que puede producirse cuando se liquida el r�gimen econ�mico de separaci�n de bienes, que es un sistema de organizaci�n econ�mica que no permite la comunicaci�n entre las masas patrimoniales de los c�nyuges. Esta indemnizaci�n, a la que podemos llamar "compensaci�n econ�mica por raz�n de trabajo", es concebida por el c�digo como una compensaci�n cuyo otorgamiento por el J. es simplemente posible, no obligatoria, en el caso de que concurran una serie de circunstancias expresamente fijadas por la ley.

La indemnizaci�n por trabajo es una compensaci�n determinada por el perjuicio econ�mico sufrido por el c�nyuge que se ha dedicado a las actividades descritas en el art�culo en comento, lo cual le ha reportado unos costos de oportunidad cuyos efectos desequilibradores se evidencian como especialmente graves en un caso concreto. La misma se complementa con (pero es t�cnicamente independiente de) la obligaci�n de los c�nyuges de contribuir al sostenimiento de las cargas familiares, plasmada en el art�culo 164 del C�digo Civil para el Distrito Federal. En efecto, que dos personas se casen bajo el r�gimen de separaci�n de bienes no les libera, como ya hemos dicho, de la obligaci�n de contribuir a sostener las cargas econ�micas familiares, y uno lo puede hacer con dinero y el otro mediante el trabajo, como lo reconoce expresamente ahora el art�culo 164 bis del C�digo Civil: "El desempe�o del trabajo en el hogar o el cuidado de los hijos se estimar� como contribuci�n econ�mica al sostenimiento del hogar.". El c�nyuge que no trabaja fuera del hogar cumple con las cargas econ�micas familiares con una contribuci�n no monetaria. Lo que ocurre es que el desarrollo de esta actividad dentro del hogar le impide dedicar su fuerza de trabajo a obtener ingresos propios por otras v�as. Por esta raz�n, la ley entiende que la forma en la que contribuye al sostenimiento de las cargas matrimoniales y familiares le perjudica en una medida que puede verse como desproporcionada al momento de disolver un r�gimen econ�mico de separaci�n de bienes. En t�rminos econ�micos, y como ya se ha dicho, se trata de compensar el costo de oportunidad asociado a no haber podido desarrollar la misma actividad en el mercado de trabajo convencional, en donde habr�a obtenido la compensaci�n econ�mica correspondiente. Y la ley establece como baremo de c�lculo de esta compensaci�n hasta el cincuenta por ciento de los bienes adquiridos por el c�nyuge durante el matrimonio.

Es evidente, por tanto, que la compensaci�n prevista por el art�culo 289 bis no tiene un car�cter sancionador, sino estrictamente reparador. A diferencia de lo que deja entender la tesis del D�cimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, la misma puede solicitarse y ser acordada tanto a favor del c�nyuge inocente como del c�nyuge culpable en un caso de divorcio necesario -es l�gico que su procedencia o improcedencia no se plantee en los casos de divorcio voluntario, porque en ellos los c�nyuges acuerdan todo lo relativo a sus relaciones econ�micas en el convenio de divorcio-. Se trata de un instrumento que corrige la intensidad de la l�gica motora del r�gimen de separaci�n de bienes en casos en los que, a juicio del J., ello es necesario para reaccionar ante situaciones de enriquecimiento y empobrecimiento injusto perceptibles en el momento de la disoluci�n de un determinado r�gimen econ�mico patrimonial. En consonancia con esto, el l�mite m�ximo de la compensaci�n es del 50% de los bienes que el c�nyuge que trabaja fuera del hogar ha adquirido durante el tiempo de subsistencia del matrimonio, porque ese es el periodo de tiempo en el que se ha dado la interacci�n entre los dos tipos de trabajo de los c�nyuges cuyos efectos en el patrimonio de los esposos puede llegar a ser necesario corregir.

Por todo lo dicho, esta Primera S. de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n llega a la conclusi�n de que la compensaci�n prevista y regulada en el art�culo 289 bis del C�digo Civil para el Distrito Federal puede solicitarse y, si en el caso, ser acordada por un J., en todos los juicios de divorcio iniciados con una demanda interpuesta despu�s del momento de la entrada en vigor de dicho precepto, con independencia de que el matrimonio de las personas que se encuentran en proceso de divorcio se hubiera celebrado antes o despu�s de la entrada en vigor del mismo -el d�a uno de junio del a�o dos mil-.

El criterio que debe prevalecer con car�cter de jurisprudencia, por encima de la divisi�n de opiniones existente entre el Octavo y el D�cimo Tercer Tribunales Colegiados en Materia Civil del Primer Circuito, queda redactado con el siguiente rubro y texto:

DIVORCIO. LA INDEMNIZACI�N ESTABLECIDA EN EL ART�CULO 289 BIS DEL C�DIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL, VIGENTE A PARTIR DEL 1o. DE JUNIO DE 2000, PUEDE RECLAMARSE EN TODAS LAS DEMANDAS DE DIVORCIO PRESENTADAS A PARTIR DE SU ENTRADA EN VIGOR, CON INDEPENDENCIA DE QUE EL MATRIMONIO SE HUBIERA CELEBRADO CON ANTERIORIDAD A ESA FECHA.-La aplicaci�n del citado art�culo, que prev� que los c�nyuges pueden demandar del otro, bajo ciertas condiciones, una indemnizaci�n de hasta el 50% del valor de los bienes que el c�nyuge que trabaja fuera del hogar hubiere adquirido durante el matrimonio, no plantea problema alguno desde la perspectiva de la garant�a de irretroactividad de la ley contenida en el art�culo 14 de la Constituci�n Federal, cuando la misma se reclama en demandas de divorcio presentadas a partir de la entrada en vigor del mencionado precepto legal, con independencia de que el matrimonio se haya celebrado con anterioridad a esa fecha. El art�culo en cuesti�n constituye una norma de liquidaci�n de un r�gimen econ�mico matrimonial que se aplica exclusivamente a las liquidaciones realizadas despu�s de su entrada en vigor y, aunque modifica la regulaci�n del r�gimen de separaci�n de bienes, no afecta derechos adquiridos de los que se casaron bajo el mismo. Ello es as� porque, aunque dicho r�gimen reconoce a los c�nyuges la propiedad y la administraci�n de los bienes que, respectivamente, les pertenecen, con sus frutos y accesiones, no les confiere un derecho subjetivo definitivo e inamovible a que sus masas patrimoniales se mantengan intactas en el futuro, sino que constituye un esquema en el que los derechos de propiedad son necesariamente modulados por la necesidad de atender a los fines b�sicos e indispensables de la instituci�n patrimonial, la cual vincula inseparablemente el inter�s privado con el p�blico. Tampoco puede considerarse una sanci�n cuya imposici�n retroactiva proh�ba la Constituci�n, sino que se trata de una compensaci�n que el J., a la luz del caso concreto, pueda considerar necesaria para paliar la inequidad que puede producirse cuando se liquida el r�gimen de separaci�n de bienes. El art�culo citado responde al hecho de que, cuando un c�nyuge se dedica preponderante o exclusivamente a cumplir con sus cargas familiares mediante el trabajo en el hogar, ello le impide dedicar su trabajo a obtener ingresos propios por otras v�as, as� como obtener la compensaci�n econ�mica que le corresponder�a si desarrollara su actividad en el mercado laboral; por eso la ley entiende que su actividad le puede perjudicar en una medida que parezca desproporcionada al momento de disolver el r�gimen de separaci�n de bienes.

Lo establecido en la presente sentencia no afecta las situaciones jur�dicas concretas establecidas en los juicios de amparo que dieron origen a las sentencias contradictorias, de conformidad con el art�culo 197-A, p�rrafo segundo, de la Ley de Amparo.

Finalmente, en t�rminos de lo dispuesto en el art�culo 195 de la Ley de Amparo, la tesis jurisprudencial que resume el argumento resolutorio de este fallo deber� identificarse con el n�mero que le corresponda y remitirse a la Coordinaci�n General de Compilaci�n y S.�n de Tesis para su publicaci�n en el Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, as� como al Pleno y a la Segunda S. de esta Suprema Corte, a los Tribunales Colegiados de Circuito y a los Juzgados de Distrito para su conocimiento.

Por lo expuesto y fundado se

resuelve:

PRIMERO

S� existe contradicci�n entre la tesis sustentada por el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, al resolver el juicio de amparo directo 915/2001, y la sustentada por el D�cimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, al resolver el amparo directo 656/2003-13.

SEGUNDO

Se declara que debe prevalecer, con el car�cter de jurisprudencia, la tesis sustentada por esta Primera S. de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, en los t�rminos precisados en el �ltimo considerando de esta resoluci�n, sin que queden afectadas las situaciones jur�dicas concretas derivadas de los juicios de los cuales emergi� la contradicci�n.

TERCERO

Rem�tase el texto de la tesis jurisprudencial que se encuentra en la parte final del �ltimo considerando de esta resoluci�n, para su publicaci�n, al Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta; as� como a los �rganos jurisdiccionales que menciona la fracci�n III del art�culo 195 de la Ley de Amparo, para su conocimiento.

N.�quese y c�mplase. Con testimonio de la presente ejecutoria, vuelvan los autos al lugar de su origen y, en su oportunidad, arch�vese el expediente.

As�, lo resolvi� la Primera S. de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n por unanimidad de cuatro votos de los se�ores Ministros: Jos� de Jes�s G.�o P., J.N.S.M., J.R.�n C.�o D�az (ponente) y presidenta O.S.C. de G.�a V..