Ejecutoria num. 2a./J. 95/2004 de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala - Jurisprudencia - VLEX 26824546

Ejecutoria num. 2a./J. 95/2004 de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala

Emisor:Segunda Sala
Número de Resolución:2a./J. 95/2004
Localizacion:SERGIO SALVADOR AGUIRRE ANGUIANO.
Materia:Suprema Corte de Justicia de México
Fecha de Publicación: 1 de Octubre de 2004
RESUMEN

CONTRADICCIÓN DE TESIS 58/2004-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DÉCIMO Y SÉPTIMO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS IMPUGNABLES ANTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. PREVIO AL JUICIO DE GARANTÍAS NECESARIAMENTE DEBE AGOTARSE EL JUICIO DE NULIDAD, SALVO QUE SE ACTUALICE ALGUNA EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD PREVISTO EN LA FRACCIÓN XV DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO.

 
ÍNDICE
CONTENIDO

CONTRADICCI�N DE TESIS 58/2004-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS D�CIMO Y S�PTIMO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

MINISTRO PONENTE: S.S.A.A..

SECRETARIO: A.M.F..

CONSIDERANDO:

TERCERO

Las consideraciones de la ejecutoria pronunciada por el D�cimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito al resolver, en sesi�n de fecha cinco de marzo de dos mil cuatro, en el amparo en revisi�n RA. 556/2003, en la parte que nos interesa es del tenor siguiente:

"SEXTO. Al resultar el estudio de la improcedencia del juicio de garant�as una cuesti�n de orden p�blico cuyo an�lisis es preferente y que incluso debe valorarse de oficio en la revisi�n, este tribunal procede a verificar la actualizaci�n de una hip�tesis de improcedencia diversa a la desestimada por el Juez de Distrito en la sentencia que se revisa. ... Como se desprende del numeral transcrito, resulta que el Tribunal Federal de Justicia F. y Administrativa tiene competencia para conocer de los juicios que se promuevan contra las resoluciones dictadas por las autoridades administrativas, como lo es el organismo p�blico descentralizado Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, que pongan fin a un procedimiento administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente, en los t�rminos de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. Resulta aplicable, a contrario sensu, el criterio sustentado en la jurisprudencia 2a./J. 118/99, aprobada por la S.unda S. de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, publicada en el Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, Tomo X, octubre de 1999, p�gina 415, Novena �poca (antes de la reforma al art�culo 11 referido), en la parte relativa a que para que se actualice la causal de improcedencia prevista en el art�culo 73, fracci�n XV, de la Ley de Amparo, se requiere que el juicio de nulidad sea procedente para impugnar todas las determinaciones y consecuencias del acto reclamado y si en ninguna de las fracciones del art�culo 11 del Tribunal F. de la Federaci�n (ahora Tribunal Federal de Justicia F. y Administrativa) se consagra la procedencia respecto de diversas sanciones, la falta de promoci�n de dicho juicio no trae como consecuencia la improcedencia del amparo, jurisprudencia que establece: ?PROPIEDAD INDUSTRIAL. EL JUICIO DE NULIDAD ANTE EL TRIBUNAL FISCAL DE LA FEDERACI�N ES IMPROCEDENTE CONTRA LAS RESOLUCIONES QUE, ADEM�S DE IMPONER MULTA POR INFRACCIONES A DISPOSICIONES EN ESA MATERIA, DETERMINEN LA CLAUSURA DEL ESTABLECIMIENTO Y LA PUBLICACI�N DE LA RESOLUCI�N EN LA GACETA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. Los art�culos 213 y 214 de la Ley de la Propiedad Industrial establecen las hip�tesis de infracci�n en esa materia, as� como las sanciones aplicables a quienes incurran en ellas, las cuales pueden consistir en multa, clausura temporal o definitiva y arresto administrativo. Asimismo, el art�culo 8o. del propio ordenamiento legal dispone la publicaci�n, en la Gaceta de la Propiedad Industrial, de la informaci�n de inter�s para conocimiento de terceros. Por su parte, el art�culo 11, fracci�n III de la Ley Org�nica del Tribunal F. de la Federaci�n, prev� la procedencia del juicio de nulidad ante dicho �rgano jurisdiccional para impugnar las resoluciones definitivas que impongan multas por infracci�n a normas administrativas federales, sin que en ninguna de las diversas fracciones de dicho numeral se consagre la procedencia de ese juicio para impugnar sanciones y determinaciones diversas de la multa, como lo pueden ser la clausura temporal o definitiva, o la orden de publicaci�n de la resoluci�n sancionadora, pues las hip�tesis relativas no se refieren directa ni espec�ficamente a esas decisiones. En tales condiciones, si para que se actualice la causal de improcedencia prevista en el art�culo 73, fracci�n XV de la Ley de Amparo, se requiere que el recurso o medio ordinario de defensa previsto en la ley sea procedente para impugnar todas las determinaciones y consecuencias derivadas del acto reclamado, y el juicio de nulidad s�lo procede contra la multa impuesta por infracciones a las normas en materia de propiedad industrial, pero no respecto de las diversas sanciones o determinaciones destacadas, debe concluirse que la falta de promoci�n de dicho juicio no puede producir la improcedencia del amparo por falta de cumplimiento al principio de definitividad, m�xime si se toma en cuenta que las disposiciones del juicio contencioso administrativo no contemplan la suspensi�n de la clausura o de la publicaci�n de resoluciones determinadas por autoridades administrativas, con lo cual tambi�n se incumple con el requisito consistente en que el medio ordinario de defensa no debe exigir mayores requisitos para otorgar la suspensi�n que los se�alados para el juicio de garant�as.?. Ahora bien, una vez dilucidado el medio que debi� agotar la quejosa antes de acudir al juicio de garant�as, es necesario verificar si en el caso se actualiza alguna excepci�n al principio de definitividad que rige el juicio de garant�as. Tanto legal como jurisprudencialmente se han considerado una serie de presupuestos mediante los cuales no es necesario observar el indicado principio de definitividad. A dichas hip�tesis se les conoce como excepciones en las que descansan diversos impedimentos para buscar la modificaci�n, revocaci�n o nulificaci�n del acto que se reclame en amparo a trav�s de un medio ordinario de defensa. Lo antes narrado ha sido plenamente identificado por la S.unda S. de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, en la tesis 2a. LVI/2000, publicada en el Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, Tomo XII, julio de 2000, p�gina 156, Novena �poca, en donde se dijo lo siguiente: ?DEFINITIVIDAD. EXCEPCIONES A ESE PRINCIPIO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. De la interpretaci�n literal y teleol�gica del art�culo 107, fracciones III, IV, VII y XII de la Constituci�n Federal, as� como de los art�culos 37, 73, fracciones XII, XIII y XV y 114 de la Ley de Amparo y de los criterios jurisprudenciales emitidos al respecto por los tribunales del Poder Judicial de la Federaci�n, se deduce que no existe la obligaci�n de acatar el principio de definitividad que rige el juicio de amparo indirecto, cuando se reclaman los siguientes actos: I. Los que afectan a personas extra�as al juicio o al procedimiento del cual emanan; II. Los que dentro de un juicio su ejecuci�n sea de imposible reparaci�n; III. Los administrativos respecto de los cuales, la ley que los rige, exija mayores requisitos que los que prev� la Ley de Amparo, para suspender su ejecuci�n; IV. Los que importen una violaci�n a las garant�as consagradas en los art�culos 16, en materia penal, 19 y 20 de la Constituci�n Federal; V.L., cuando se impugnan con motivo del primer acto de aplicaci�n; VI. Los que importen peligro de la privaci�n de la vida, deportaci�n o destierro o cualquiera de los prohibidos por el art�culo 22 constitucional; VII. Actos o resoluciones respecto de los cuales, la ley que los rige no prev� la suspensi�n de su ejecuci�n con la interposici�n de los recursos o medios de defensa ordinarios que proceden en su contra; VIII. Los que carezcan de fundamentaci�n; IX. Aquellos en los que �nicamente se reclamen violaciones directas a la Constituci�n Federal, como lo es la garant�a de audiencia; y X. Aquellos respecto de los cuales los recursos ordinarios o medios de defensa legales, en virtud de los cuales se puede modificar, revocar o nulificar el acto reclamado, se encuentran previstos en un reglamento, y en la ley que �ste regula no se contempla su existencia.?. Esos supuestos a los que hacemos referencia, en materia administrativa, se pueden resumir de la siguiente manera: 1. Los actos que afectan a personas extra�as al juicio o al procedimiento del cual emanan; 2. Los actos que dentro de un juicio su ejecuci�n sea de imposible reparaci�n; 3. Actos administrativos respecto de los cuales, en la ley que los rige, no se establezca la figura de la suspensi�n o se exijan mayores requisitos que los que prev� la Ley de Amparo para suspender su ejecuci�n; 4. T.�ndose de leyes federales o locales, tratados internacionales, reglamentos (federales o locales), u otros decretos o acuerdos de observancia general, cuando se impugnan con motivo del primer acto de aplicaci�n; 5. Los actos que carezcan de fundamentaci�n; 6. Actos respecto de los cuales se hagan valer �nicamente violaciones directas a la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos; 7. Aquellos actos respecto de los cuales los recursos ordinarios o medios de defensa legales, se encuentren previstos en un reglamento y en la ley que �ste regula no se contemple su existencia. A.�ndose alguno de ellos no habr� necesidad de respetar el principio de definitividad que rige en el juicio de garant�as. En el caso concreto se advierte que no se satisface el extremo identificado con el numeral 1, pues la empresa quejosa form� parte del procedimiento que culmin� con la resoluci�n reclamada al ser quien solicit� la declaraci�n administrativa de infracci�n en materia de comercio. De igual forma no se actualiza el supuesto del n�mero 7, ya que el medio ordinario de impugnaci�n, que en el caso lo es el juicio de nulidad, se encuentra previsto en ley (Ley Org�nica del Tribunal Federal de Justicia F. y Administrativa). Sin que obste a lo anterior, el hecho de que no se le haga saber al gobernado que procede el juicio de nulidad conforme al art�culo 11, fracci�n XIII, de la Ley Org�nica del Tribunal Federal de Justicia F. y Administrativa, tal como lo sustenta en ese sentido el S�ptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en la tesis de rubro: ?INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (IMPI). SUPUESTO EN EL QUE PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN CONTRA DE SUS DETERMINACIONES, SIN NECESIDAD DE AGOTAR EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO ANTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA.?, puesto que de la ejecutoria que le dio origen a la jurisprudencia por contradicci�n de tesis en que se basa el citado tribunal, se advierte que la S.unda S. de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n desentra�� la intenci�n del legislador al emitir la Ley Federal de Procedimiento Administrativo (art�culos 1o. y 83), concluyendo en dos necesidades primordiales: a) Contar con un solo procedimiento para la impugnaci�n de los actos de la administraci�n, com�n para todos los �rganos de la administraci�n p�blica que se encuentren bajo el �mbito de aplicaci�n de esa ley, y b) La derogaci�n de los diversos recursos administrativos contemplados en las leyes especiales. De esta manera resulta incuestionable que en la redacci�n de dicho criterio obligatorio, nuestro M�ximo Tribunal adopt� la intenci�n del legislador que en todo momento enfoc� sus objetivos a un recurso en sede administrativa y no as� a una v�a jurisdiccional como lo es el juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia F. y Administrativa. De ah� que no se comparta el criterio analizado. A mayor abundamiento, debe decirse que ni en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo ni en el art�culo 11 de la Ley Org�nica del Tribunal Federal de Justicia F. y Administrativa, se exige como requisito de procedencia del juicio de nulidad, el que se haga saber a los afectados que contra los actos administrativos que regula la primera ley citada procede dicho juicio. En adici�n a lo anterior y en cuanto a la posibilidad de dilucidar el medio ordinario de defensa procedente no obstante que no se establezca en los ordenamientos que sirven de fundamento al acto reclamado en amparo, debe citarse el contenido de la jurisprudencia por contradicci�n de tesis 2a./J. 116/99, publicada en el Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, Tomo X, octubre de 1999, Novena �poca, p�gina 447, que indica: ?RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA ORDINARIOS. PUEDEN ESTABLECERSE EN ORDENAMIENTO LEGAL DIVERSO DEL QUE SIRVE DE FUNDAMENTO A LA EMISI�N DEL ACTO RECLAMADO (INTERPRETACI�N DE LOS ART�CULOS 107, FRACCI�N IV DE LA CONSTITUCI�N Y 73, F.X. DE LA LEY DE AMPARO). Para que opere la causal de improcedencia por incumplimiento al principio de definitividad que rige el juicio de amparo, basta con que en alguna ley, formal y material, se prevenga, de manera directa e inmediata, la procedencia de alg�n recurso o medio de defensa que posibilite la modificaci�n, revocaci�n o nulificaci�n del acto reclamado, cuya tramitaci�n permita la suspensi�n de sus efectos, sin exigir mayores requisitos que los consagrados en la Ley de Amparo. Ahora bien, el establecimiento de los aludidos medios de impugnaci�n no est� restringido solamente al ordenamiento del cual emane formalmente o en que encuentre su fundamento el acto de autoridad, puesto que ninguna de las disposiciones aplicables al juicio de garant�as establece esa limitante, m�xime que el legislador cuenta con plena libertad para instituir los recursos o medios ordinarios de defensa que estime pertinentes, sin quedar constre�ido a alg�n ordenamiento en particular.?. Tampoco se est� en el supuesto de que el acto reclamado carezca de fundamentaci�n, como se indica en el requisito identificado con el numeral 5, pues de la lectura el acto reclamado se deriva que los dispositivos invocados fueron, entre otros, los art�culos 1o., 2o., 231, fracci�n I, 234 de la Ley Federal del Derecho de Autor, 1o. y 174 de la Ley de la Propiedad Industrial, 1o., 3o., fracci�n IX, 6o. y 10 del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial, 129, 197 y 202 del C�digo Federal de Procedimientos Civiles, 1o., 3o., 4o., 5o., 15, 18, fracciones II, VII y VIII, y 32 del Estatuto Org�nico del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. De la misma manera no se actualiza el supuesto del punto 4, ya que de la lectura efectuada a los conceptos de violaci�n como al cap�tulo de actos reclamados, se deriva que no se reclama la inconstitucionalidad de leyes federales o locales, tratados internacionales, reglamentos (federales o locales) u otros decretos o acuerdos de observancia general. En este punto es importante dejar en claro que si bien en los conceptos de violaci�n se pretende evidenciar la transgresi�n a diversos tratados internacionales, tal evento no puede considerarse como un argumento de inconstitucionalidad pues �ste deriva de la contraposici�n que exista de un dispositivo secundario, con lo que establece uno o varios art�culos de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, adem�s de que en concreto, lo que pretende la quejosa es evidenciar ?la inexacta aplicaci�n del art�culo 231, fracci�n I, de la Ley Federal del Derecho de Autor y el 11 del reglamento, al haber dejado de considerar las disposiciones de los instrumentos internacionales citados.?. Mucho menos puede hablarse de un acto cuya ejecuci�n sea de imposible reparaci�n, tal como se dispuso en el punto 2 de la relaci�n efectuada con antelaci�n, ya que, precisamente, a trav�s del juicio de nulidad, la posible ejecuci�n del acto puede ser reparada. En concordancia con los puntos relatados, de la misma manera se advierte la no actualizaci�n del requisito previsto en el punto 6, puesto que tambi�n del examen de los conceptos de violaci�n esgrimidos en la demanda se desprende que la quejosa adem�s de violaciones directas a preceptos constitucionales, indica que se violaron diversos dispositivos de normas secundarias, entre otros, el art�culo 231, fracci�n I, de la Ley Federal del Derecho de Autor al indicar que la conducta realizada por los terceros perjudicados se efectu� con fines de lucro directo o indirecto; los art�culos 95, 96, 197, 199, 201, 218 y 332 del C�digo Federal de Procedimientos Civiles y 192 de la Ley de la Propiedad Industrial al hacer referencia a la figura de ?confesi�n ficta?, art�culo 11 del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial al referirse a la existencia de un lucro indirecto y por ?inexacta aplicaci�n del art�culo 231, fracci�n I, de la Ley Federal del Derecho de Autor y el 11 del reglamento, al haber dejado de considerar las disposiciones de los instrumentos internacionales citados?; argumentos que evidentemente se traducen en violaciones indirectas a la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos. En tal virtud, la expresi�n conjunta de violaciones de legalidad y directas a la Constituci�n cuando es procedente un medio ordinario de defensa, implica la improcedencia del juicio en t�rminos del art�culo 73, fracci�n XV, de la Ley de Amparo, tal como puede apreciarse de la jurisprudencia sustentada por la S.unda S. de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, publicada en el Semanario Judicial de la Federaci�n, Vol�menes 175-180 Tercera Parte, p�gina 119, S�ptima �poca, que literalmente indica: ?RECURSOS ORDINARIOS. NO ES NECESARIO AGOTARLOS CUANDO �NICAMENTE SE ADUCEN VIOLACIONES DIRECTAS A LA CONSTITUCI�N.? (se transcribe). Finalmente, respecto al punto 3 en cuanto a que en el juicio de nulidad se establezca la figura de la suspensi�n y para concederla no se exijan mayores requisitos que los previstos en el juicio de amparo, debe decirse que la S.unda S. de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n con el car�cter obligatorio para este tribunal de conformidad con lo dispuesto por el art�culo 192 de la Ley de Amparo, ha resuelto que el C�digo F. de la Federaci�n establece la figura de la suspensi�n y no se exigen mayores requisitos que los establecidos en la Ley de Amparo para concederla. Los criterios comentados son los siguientes: jurisprudencia 2a./J. 155/2002, publicada en el Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, T.X., enero de 2003, p�gina 576, Novena �poca, que dispone: ?RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS IMPUGNABLES ANTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. EL JUICIO CORRESPONDIENTE DEBE AGOTARSE, PREVIAMENTE AL AMPARO, AL NO PREVER LA LEY DEL ACTO MAYORES REQUISITOS PARA CONCEDER LA SUSPENSI�N QUE LOS PREVISTOS EN LA LEY QUE RIGE EL JUICIO DE GARANT�AS.? (se transcribe). Y jurisprudencia 2a./J. 154/2002, publicada en el Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, T.X., enero de 2003, Novena �poca, p�gina 722, que se�ala: ?SUSPENSI�N CONTRA RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS IMPUGNABLES ANTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. EL ART�CULO 208-BIS DEL C�DIGO FISCAL DE LA FEDERACI�N QUE LA PREV�, NO EXIGE MAYORES REQUISITOS PARA CONCEDERLA, QUE LA LEY DE AMPARO.? (se transcribe). En consecuencia, al cumplirse en sus amplios t�rminos los requisitos previstos para la actualizaci�n de la causa de improcedencia establecida en el art�culo 73, fracci�n XV, de la Ley de Amparo, lo procedente es decretar el sobreseimiento en el juicio, con apoyo en lo dispuesto por el art�culo 74, fracci�n III, de la ley de la materia. En las relatadas condiciones, lo procedente es revocar la sentencia recurrida y sobreseer en el juicio. Dada la conclusi�n a la que se lleg�, este D�cimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito considera necesario denunciar ante la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, con fundamento en lo que establece el art�culo 197-A de la Ley de Amparo, la contradicci�n de tesis suscitada entre el criterio sustentado en la presente ejecutoria con el que se contiene en la tesis I.7o.A. 252 A, aprobada por el S�ptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito y publicada en el Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, T.X., noviembre de 2003, p�gina 977, Novena �poca, cuyo contenido es el siguiente: ?INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (IMPI). SUPUESTO EN EL QUE PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN CONTRA DE SUS DETERMINACIONES, SIN NECESIDAD DE AGOTAR EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO ANTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. La S.unda S. de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, al resolver lacontradicci�n de tesis 35/2002, emiti� el criterio jurisprudencial identificado con el n�mero 12 del Ap�ndice al Semanario Judicial de la Federaci�n 1917-2000, actualizaci�n 2002, Materia Administrativa, foja 22, con el rubro: �PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO. NO ES NECESARIO AGOTAR EL RECURSO DE REVISI�N PREVISTO EN EL ART�CULO 83 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, SI LA RESPONSABLE NO INFORMA DE DICHO RECURSO AL QUEJOSO, EN LOS T�RMINOS DEL ART�CULO 3o., F.X., DE ESA LEY.� Tal criterio, si bien es cierto alude al recurso de revisi�n en sede administrativa, tambi�n es aplicable al juicio contencioso administrativo, cuya competencia corresponde al Tribunal Federal de Justicia F. y Administrativa, de conformidad con el art�culo 11, fracci�n XIII, de su ley org�nica, en los casos en que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial no precise textualmente que en contra de sus determinaciones procede el recurso de revisi�n previsto en el art�culo 83 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, de conformidad con los siguientes razonamientos: a) Como lo dijo la S.unda S., la obligaci�n contenida en el art�culo 3o., fracci�n XV, de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, consistente en hacer menci�n expresa de los recursos que procedan en contra de las determinaciones recurribles, es un beneficio instituido a favor del gobernado para su defensa y no para confundirlo, por lo que no es jur�dico declarar la improcedencia del juicio de garant�as por inobservancia a dicha disposici�n; b) La omisi�n negligente o dolosa del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial de se�alar la procedencia de medios de impugnaci�n en contra de sus determinaciones, no puede convertirse en una trampa procesal para los gobernados, pues se har�a nugatoria su garant�a individual de acceso a la justicia, consagrada en el art�culo 17 de la Carta Magna; y, c) Atendiendo al car�cter vinculatorio de la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, en t�rminos del art�culo 192 de la Ley de Amparo y a un m�todo interpretativo por mayor�a de raz�n, se concluye que si no existe obligaci�n de agotar el recurso de revisi�n en sede administrativa, tampoco lo hay respecto del juicio contencioso administrativo, precisamente por esa misma falta de informaci�n. Las razones en las que se basa la presente denuncia son que mientras el S�ptimo Tribunal en la misma materia y residencia considera que si la autoridad administrativa no indica al gobernado que para combatir sus determinaciones procede el juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia F. y Administrativa (aplicando de manera an�loga el criterio jurisprudencial emitido por la S.unda S. de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, de rubro: ?PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO. NO ES NECESARIO AGOTAR EL RECURSO DE REVISI�N PREVISTO EN EL ART�CULO 83 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, SI LA RESPONSABLE NO INFORMA DE DICHO RECURSO AL QUEJOSO, EN LOS T�RMINOS DEL ART�CULO 3o., F.X., DE ESA LEY.?, se surte una excepci�n al principio de definitividad que rige el juicio de garant�as, este �rgano de control constitucional considera que dicho criterio no resulta aplicable al juicio de nulidad procedente conforme el art�culo 11, fracci�n XIII, de la Ley Org�nica del Tribunal Federal de Justicia F. y Administrativa, en atenci�n a las siguientes consideraciones. En la ejecutoria que motiv� la aprobaci�n de la jurisprudencia por contradicci�n de tesis 2a./J. 56/2002, por parte de la S.unda S. de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n y que sirvi� de sustento al S�ptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito para tomar su decisi�n, se plasmaron una serie de razonamientos que resulta necesario atender para identificar el origen de la redacci�n del texto que fue aprobado por la superioridad. Tales consideraciones, en la parte que interesa, son: (se hace la transcripci�n de las consideraciones relativas a la contradicci�n de tesis 35/2002-SS). S.�n podemos apreciar de la ejecutoria que ha quedado transcrita, la S.unda S. de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n desentra�� la intenci�n del legislador al crear y reformar la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, plante�ndose la necesidad de contar con un ordenamiento legal que previera un procedimiento para regular la actuaci�n de la administraci�n p�blica federal mediante principios aplicables a todos los �rganos que la integran, en el marco de un procedimiento general tipo, por lo que se propuso el establecimiento de un recurso �nico, ?el de revisi�n?, sugiriendo derogar los recursos administrativos contenidos en las diferentes leyes administrativas. En virtud de las disposiciones contenidas en los art�culos 83 y segundo transitorio de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, publicada en el Diario Oficial de la Federaci�n de cuatro de agosto de mil novecientos noventa y cuatro, continu� se�alando la superioridad, se concret� esa intenci�n con el establecimiento de un solo procedimiento de impugnaci�n de los actos administrativos (recurso de revisi�n), y la derogaci�n de los diversos recursos administrativos contemplados en las leyes especiales, es decir, ?el objetivo fue eliminar situaciones procesales dudosas que pudieran entorpecer la defensa de los derechos de los afectados, tales como la existencia de m�ltiples recursos que lejos de facilitar su defensa la obstaculizaba.?. Por �ltimo, indic� que la raz�n de su decisi�n fue que el art�culo 3o., fracci�n XV, de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, considera como requisito del acto administrativo el que se mencione los recursos que procedan en su contra, lo cual resulta un requisito imprescindible para brindar certeza jur�dica a los afectados y sobre todo si se toma en consideraci�n que en virtud del art�culo segundo transitorio de dicha legislaci�n publicada en el Diario Oficial de la Federaci�n el cuatro de agosto de mil novecientos noventa y cuatro, se derogaron los diversos recursos administrativos previstos en las diversas leyes especiales, instituy�ndose como �nico medio de impugnaci�n al recurso de revisi�n en sede administrativa. Como es de apreciarse, el an�lisis efectuado por la S.unda S. de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, en todo momento se refiri� a la derogaci�n de recursos y a su unificaci�n a trav�s del recurso de revisi�n en sede administrativa. Esta apreciaci�n permite considerar, contrario a lo sustentado por el S�ptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, que la decisi�n tomada por la superioridad en la jurisprudencia analizada, se refiri� en todo momento al sustento y objetivo del recurso de revisi�n previsto en el art�culo 83 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y no as�, ni siquiera por asomo, al juicio de nulidad tramitado ante el Tribunal Federal de Justicia F. y Administrativa como ?v�a jurisdiccional que corresponda?. Por ese simple motivo se considera que el criterio de la S.unda S. de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, no puede aplicarse al juicio de nulidad cuya competencia corresponde al referido tribunal conforme al art�culo 11, fracci�n XIII, de su ley org�nica (vigente en la fecha de emisi�n del acto reclamado en amparo). En adici�n a lo anterior podemos se�alar que el art�culo 3o., fracci�n XV, de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, que en esencia dispone como requisito del acto administrativo, el que trat�ndose de los recurribles, se haga menci�n de los recursos que procedan, �nica y exclusivamente se refiere al recurso de revisi�n en sede administrativa, puesto que de haber sido otra la intenci�n del legislador, seg�n se puede advertir de la ejecutoria analizada, hubiese incluido en su redacci�n a la ?v�a jurisdiccional que corresponda?, que en el caso de determinaciones del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, lo es el juicio de nulidad del que corresponde conocer al Tribunal Federal de Justicia F. y Administrativa."

CUARTO

Por su parte, el S�ptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el amparo en revisi�n RA. 5207/2003, cuyo quejoso y recurrente fue Tard�n Hermanos Sucesores, Sociedad An�nima, en sesi�n de veintid�s de octubre de dos mil tres, se apoy� en las consideraciones siguientes:

"QUINTO. Son fundados los agravios hechos valer por la recurrente. Aduce la parte quejosa que de conformidad con la jurisprudencia 56/2002 de la S.unda S. de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, no estaba obligada a agotar ning�n recurso previo a la interposici�n del juicio de amparo indirecto, toda vez que la autoridad responsable, Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, no acat� lo dispuesto por el art�culo 3o., fracci�n XV, de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, al no haber plasmado en el acto reclamado cu�les eran los recursos procedentes para impugnar aquella. En la sentencia recurrida el a quo determin� que en el caso concreto se actualizaba la causa de improcedencia prevista en el art�culo 73, fracci�n XV, de la ley reglamentaria del juicio de garant�as, pues a su criterio, en contra del acto reclamado consistente en la resoluci�n emitida el treinta y uno de marzo de dos mil tres por la subdirectora divisional de P.�n de la Competencia Desleal del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial en el procedimiento administrativo PC. 227/2001 (I-221) 5436 I, proced�a el juicio contencioso administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia F. y Administrativa, de conformidad con el numeral 11, fracci�n XIII, de la ley org�nica de dicho tribunal. El art�culo 3o., fracci�n XV, de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo dispone que es un elemento y requisito del acto administrativo que trat�ndose de aquellos que sean recurribles, se haga menci�n expresa de los recursos que procedan. Por su parte, el art�culo 83 del ordenamiento legal en comento dispone que los interesados afectados por las autoridades que pongan fin al procedimiento administrativo, a una instancia, o resuelvan un expediente, podr�n interponer el recurso de revisi�n, o cuando proceda intentar la v�a jurisdiccional que corresponda. En relaci�n con lo anterior, este S�ptimo Tribunal Colegiado de Circuito ha reiterado que el recurso de revisi�n previsto en el art�culo 83 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo es aplicable a los procedimientos regulados en la Ley de la Propiedad Industrial, tomando en consideraci�n que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial es un organismo descentralizado con personalidad jur�dica y patrimonio propio, de conformidad con el art�culo 6o. de la Ley de la Propiedad Industrial. Por tanto, est� obligado a observar la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, seg�n lo ordenado por el art�culo 2o. de dicho ordenamiento legal. Resulta aplicable la tesis I.7o.A.131 A, sustentada por este S�ptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, Novena �poca, T.X., julio de 2001, p�gina 1140, que a la letra dice: ?RECURSO DE REVISI�N PREVISTO EN EL ART�CULO 83 DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO. TIENE APLICACI�N EN LOS PROCEDIMIENTOS REGULADOS EN LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. Son dos las razones que conducen a establecer lo anterior. La primera derivada de lo previsto en el art�culo 1o. de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, en relaci�n con lo dispuesto en el art�culo 6o. de la Ley de la Propiedad Industrial, en el sentido de que las disposiciones de la ley federal referida tambi�n se aplicar�n a los organismos descentralizados de la administraci�n p�blica federal paraestatal respecto a sus actos de autoridad, a los servicios que el Estado preste de manera exclusiva y a los contratos que los particulares s�lo podr�n celebrar con el mismo, con excepci�n de las materias especificadas; y que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial es un organismo descentralizado con personalidad jur�dica y patrimonio propio.?. La otra, inferida de lo plasmado en la jurisprudencia n�mero 2a./J. 116/99, publicada en la p�gina 447 del Tomo X del Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, relativo al mes de octubre de 1999, de rubro: ?RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA ORDINARIOS. PUEDEN ESTABLECERSE EN ORDENAMIENTO LEGAL DIVERSO DEL QUE SIRVE DE FUNDAMENTO A LA EMISI�N DEL ACTO RECLAMADO (INTERPRETACI�N DE LOS ART�CULOS 107, FRACCI�N IV DE LA CONSTITUCI�N Y 73, F.X. DE LA LEY DE AMPARO).?, en la que se advierte que basta con que en alguna ley formal y material se prevenga de manera directa e inmediata la procedencia de alg�n recurso o medio de defensa que posibilite la modificaci�n, revocaci�n o nulificaci�n del acto reclamado, para que opere la causal de improcedencia por incumplimiento al principio de definitividad que rige en el juicio de amparo. Los propios motivos hacen que resulte intrascendente la falta de regulaci�n del recurso de que se trata en la Ley de la Propiedad Industrial, as� como la circunstancia de que en ella se establezca que en ausencia de disposici�n en ese ordenamiento, se aplicar� de manera supletoria el C�digo Federal de Procedimientos Civiles. Como excepci�n a la obligaci�n procesal de interponer el recurso de revisi�n en procedimientos regidos por la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n determin� jurisprudencialmente que en los casos en que la autoridad administrativa no informe expresamente en la resoluci�n que ponga fin a un procedimiento, a una instancia o resuelvan un expediente, del recurso que proceda en su contra, el particular podr� optar por ocurrir directamente al juicio de amparo indirecto. Dicho criterio emanado de la contradicci�n de tesis 35/2002 y que fuera invocado por la parte quejosa en su demanda y escrito de expresi�n de agravios, est� identificado con el n�mero 12 del Ap�ndice al Semanario Judicial de la Federaci�n 1917-2000, actualizaci�n 2002, Materia Administrativa, a foja 22, a la letra dice: ?PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO. NO ES NECESARIO AGOTAR EL RECURSO DE REVISI�N PREVISTO EN EL ART�CULO 83 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, SI LA RESPONSABLE NO INFORMA DE DICHO RECURSO AL QUEJOSO, EN LOS T�RMINOS DEL ART�CULO 3o., F.X., DE ESA LEY. Si bien es cierto que esta S.unda S. de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n en la tesis de jurisprudencia 2a./J. 82/2000, publicada en el Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, Novena �poca, Tomo XII, septiembre de 2000, p�gina 49, de rubro: �AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS ADMINISTRATIVOS REGIDOS POR LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO. RESULTA IMPROCEDENTE SI NO SE AGOTA PREVIAMENTE EL RECURSO DE REVISI�N PREVISTO EN EL ART�CULO 83 DE DICHA LEY, AL NO EXIGIR �STA MAYORES REQUISITOS QUE LA LEY DE AMPARO PARA CONCEDER LA SUSPENSI�N.�, sostuvo que conforme a lo previsto en el art�culo 73, fracci�n XV de la Ley de Amparo, el juicio de garant�as es improcedente en contra de los actos administrativos regidos por la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, cuando previamente no se agota el recurso de revisi�n establecido en el art�culo 83 de este ordenamiento, tambi�n lo es que tal improcedencia debe entenderse condicionada a que en el acto administrativo se hubiera cumplido con el requisito exigido por el art�culo 3o., fracci�n XV de la ley �ltimamente citada, esto es, de mencionar los recursos que procedan, lo cual resulta imprescindible para brindar certeza jur�dica a los afectados acerca del medio de impugnaci�n pertinente, sobre todo si se toma en cuenta que por virtud del art�culo segundo transitorio de la propia Ley Federal de Procedimiento Administrativo, se derogaron los recursos administrativos previstos en las diversas leyes especiales y se instituy�, en el mencionado art�culo 83, el recurso de revisi�n como �nico medio de impugnaci�n de los actos administrativos regidos por dicha ley, con la finalidad de eliminar situaciones procesales confusas que pudieran entorpecer la defensa de los derechos de los gobernados; de lo contrario, es decir, de estimar que el juicio de amparo resulta improcedente cuando no se agota el medio de defensa ordinario, a pesar de que �ste no se haya mencionado en el acto administrativo, las disposiciones antes se�aladas, establecidas por el legislador para beneficiar a los afectados por esos actos, podr�an generarles m�s problemas y confusi�n sobre la pertinencia de la v�a por la multiplicidad de recursos administrativos que exist�an en las diversas leyes especiales, m�xime que la mayor�a de estas legislaciones no hacen remisi�n alguna a la referida ley adjetiva. Adem�s, si el aludido requisito del acto administrativo tiene por objeto informar al afectado sobre los medios de defensa legal que puede interponer, no ser�a jur�dico declarar la improcedencia del juicio motivado por la inobservancia de esa disposici�n que se estableci� en beneficio del administrado, para su defensa, y no para confundirlo.?. Ahora bien, el art�culo 11, fracci�n XIII, de la Ley Org�nica del Tribunal Federal de Justicia F. y Administrativa, prev� que ser�n competencia de dicho �rgano contencioso administrativo las resoluciones definitivas dictadas por autoridades que pongan fin a un procedimiento, instancia o resuelvan un expediente, en t�rminos de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. De lo anteriormente expuesto, este Tribunal Colegiado concluye que el supuesto de excepci�n previsto en la jurisprudencia 12, derivada de la contradicci�n de tesis 35/2002 de la S.unda S. de nuestro m�s Alto Tribunal, tambi�n es aplicable respecto del juicio contencioso administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia F. y Administrativa, en los casos en que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial no precise textualmente que en contra de sus determinaciones procede el recurso de revisi�n previsto en el art�culo 83 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, de conformidad con los siguientes razonamientos: a) Como lo dijo la S.unda S., la obligaci�n contenida en el art�culo 3o., fracci�n XV, de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, consistente en hacer menci�n expresa de los recursos que procedan en contra de las determinaciones recurribles, es un beneficio instituido a favor del gobernado para su defensa, y no para confundirlo, por lo que no es jur�dico declarar la improcedencia del juicio de garant�as por inobservancia a dicha disposici�n. b) La omisi�n negligente o dolosa del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial de se�alar la procedencia de medios de impugnaci�n en contra de sus determinaciones, no puede convertirse en una trampa procesal para los gobernados, pues se har�a nugatoria su garant�a individual de acceso a la justicia consagrada en el art�culo 17 de la Carta Magna. c) Atendiendo al car�cter vinculatorio de la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, en t�rminos del art�culo 192 de la Ley de Amparo y a un m�todo interpretativo por mayor�a de raz�n, se concluye que si no existe obligaci�n de agotar el recurso de revisi�n en sede administrativa, tampoco lo hay respecto del juicio contencioso administrativo. Al haber resultado fundados los agravios expuestos por la parte quejosa e infundada la causa de improcedencia invocada por el a quo, con fundamento en el art�culo 91, fracci�n III, de la Ley de Amparo, se impone revocar el sobreseimiento decretado en la sentencia en revisi�n y estudiar los conceptos de violaci�n hechos valer por la parte quejosa."

QUINTO

Atendiendo a los relacionados criterios, corresponde ahora verificar, previamente, si en el caso existe o no la contradicci�n denunciada entre las tesis sustentadas por los Tribunales Colegiados de Circuito que han quedado precisados.

Para ello esnecesario tener presente que la contradicci�n de tesis se presenta cuando los Tribunales Colegiados contendientes, al resolver los negocios jur�dicos que generan la denuncia, examinan cuestiones jur�dicamente iguales, adoptando posiciones o criterios jur�dicos discrepantes y que, adem�s, la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaci�n jur�dicas de las sentencias respectivas requiri�ndose, asimismo, que los criterios provengan del examen de elementos esencialmente id�nticos.

Es aplicable la jurisprudencia n�mero 22/92, de la extinta Cuarta S. de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, Octava �poca, N�mero 58, octubre de 1992, p�gina 22, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federaci�n, que enseguida se transcribe:

CONTRADICCI�N DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA. De conformidad con lo que establecen los art�culos 107, fracci�n XIII, primer p�rrafo de la Constituci�n Federal y 197-A de la Ley de Amparo, cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, o de la S. que corresponda deben decidir cu�l tesis ha de prevalecer. Ahora bien, se entiende que existen tesis contradictorias cuando concurren los siguientes supuestos: a) Que al resolver los negocios jur�dicos se examinen cuestiones jur�dicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jur�dicos discrepantes; b) Que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jur�dicas de las sentencias respectivas; y c) Que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos.

De igual manera cobran vigencia al respecto, la jurisprudencia n�mero P./J. 26/2001 sustentada por el Pleno de este M�ximo Tribunal de la Naci�n, la cual se transcribe a continuaci�n, cuyos datos de localizaci�n, rubro y texto son los siguientes:

"Novena �poca

"Instancia: Pleno

"Fuente: Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta

"Tomo: XIII, abril de 2001

"Tesis: P./J. 26/2001

"P�gina: 76

"CONTRADICCI�N DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA. De conformidad con lo que establecen los art�culos 107, fracci�n XIII, primer p�rrafo, de la Constituci�n Federal y 197-A de la Ley de Amparo, cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n o la S. que corresponda deben decidir cu�l tesis ha de prevalecer. Ahora bien, se entiende que existen tesis contradictorias cuando concurren los siguientes supuestos: a) que al resolver los negocios jur�dicos se examinen cuestiones jur�dicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jur�dicos discrepantes; b) que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jur�dicas de las sentencias respectivas; y, c) que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos."

SEXTO

Precisado lo anterior, para decidir sobre la existencia o inexistencia de la contradicci�n denunciada, se debe realizar un extracto de las consideraciones fundamentales en que se apoyaron los fallos sujetos a examen.

El D�cimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver por unanimidad de votos el amparo en revisi�n RA. 556/2003, derivado del juicio de amparo promovido por Plaza & Jan�s Editores, Sociedad An�nima, para arribar a la conclusi�n de que previamente a la tramitaci�n del juicio de amparo indirecto contra las resoluciones del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, relativas a las resoluciones de infracci�n en materia de comercio, se ten�a que agotar el juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia F. y Administrativa, consider� lo siguiente:

  1. Que el estudio de la improcedencia del juicio de garant�as es una cuesti�n de orden p�blico y de estudio preferente, y que atento a ello procede a verificar la actualizaci�n de una hip�tesis de improcedencia diversa a la desestimada por el Juez de Distrito.

  2. Que en el asunto sujeto a estudio se actualiza la causal de improcedencia prevista en el art�culo 73, fracci�n XV, de la Ley de Amparo, ya que la quejosa debi� acudir, previamente a la interposici�n del juicio de garant�as, al juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia F. y Administrativa, ya que el acto reclamado se hizo consistir en la resoluci�n definitiva de fecha diecisiete de octubre de dos mil dos, bajo el n�mero de folio 017462, firmada por la subdirectora divisional de Infracciones Administrativas en Materia de Comercio, en la que se neg� la infracci�n en materia de comercio contenida en la fracci�n I del art�culo 231 de la Ley Federal del Derecho de Autor, por parte de El Barz�n, A.C. y la se�ora L.F.B..

  3. Que la resoluci�n impugnada es una determinaci�n que puso fin a un procedimiento de declaraci�n administrativa de infracci�n en materia de comercio pronunciada por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, que constituye un organismo descentralizado de la administraci�n p�blica federal paraestatal, de conformidad con el texto de los art�culos 1o., tercer p�rrafo, 45 de la Ley Org�nica de la Administraci�n P�blica Federal y 6o. de la Ley de la Propiedad Industrial.

  4. Que al ser el instituto responsable un organismo descentralizado, le son aplicables a los actos que emita las disposiciones de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

  5. Que atento a ello la resoluci�n reclamada debi� impugnarse ante el Tribunal Federal de Justicia F. y Administrativa demandando la nulidad del acto reclamado.

  6. Que en t�rminos del art�culo 11, fracci�n XIII, de la Ley Org�nica del Tribunal Federal de Justicia F. y Administrativa, el Tribunal Federal de Justicia F. y Administrativa tiene competencia para conocer de los juicios que se promuevan contra las resoluciones dictadas por las autoridades administrativas, como lo es el organismo responsable, que pongan fin a un procedimiento administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente, en los t�rminos de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

  7. Que el juicio de garant�as es improcedente, ya que no se agot� el medio de impugnaci�n, que en el caso es el juicio de nulidad. Sin que obste para ello el hecho de que no se le haga saber al gobernado que procede el juicio de nulidad, conforme al art�culo 11, fracci�n XIII, de la Ley Org�nica del Tribunal Federal de Justicia F. y Administrativa, tal como lo sustenta en ese sentido el S�ptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito en la tesis de rubro: "INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (IMPI). SUPUESTO EN EL QUE PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN CONTRA DE SUS DETERMINACIONES, SIN NECESIDAD DE AGOTAR EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO ANTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA."

  8. Que la S.unda S. en la jurisprudencia 56/2002, de rubro: "PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO. NO ES NECESARIO AGOTAR EL RECURSO DE REVISI�N PREVISTO EN EL ART�CULO 83 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, SI LA RESPONSABLE NO INFORMA DE DICHO RECURSO AL QUEJOSO, EN LOS T�RMINOS DEL ART�CULO 3o., F.X., DE ESA LEY.", adopt� la intenci�n del legislador que en todo momento enfoc� sus objetivos a un recurso en sede administrativa y no as� a una v�a jurisdiccional como lo es el juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia F. y Administrativa.

  9. Que ni en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo ni en el art�culo 11 de la Ley Org�nica del Tribunal Federal de Justicia F. y Administrativa, se exige como requisito de procedencia del juicio de nulidad, el que se haga saber a los afectados que contra los actos administrativos que regula la primera ley citada procede dicho juicio de nulidad.

  10. Que la jurisprudencia de rubro: "PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO. NO ES NECESARIO AGOTAR EL RECURSO DE REVISI�N PREVISTO EN EL ART�CULO 83 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, SI LA RESPONSABLE NO INFORMA DE DICHO RECURSO AL QUEJOSO, EN LOS T�RMINOS DEL ART�CULO 3o., F.X., DE ESA LEY.", no resulta aplicable al juicio de nulidad procedente conforme al art�culo 11, fracci�n XIII, de la Ley Org�nica del Tribunal Federal de Justicia F. y Administrativa, toda vez que la S.unda S., en todo momento, se refiri� a la derogaci�n de recursos y a su unificaci�n a trav�s del recurso de revisi�n en sede administrativa, previsto en el art�culo 83 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, pero jam�s, ni por asomo, se refiri� al juicio de nulidad tramitado ante el Tribunal Federal de Justicia F. y Administrativa como "v�a jurisdiccional que corresponda", por lo que tal criterio no puede aplicarse al juicio de nulidad.

    Por su parte, el S�ptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver en sesi�n de veintid�s de octubre de dos mil tres, el amparo en revisi�n RA. 5207/2003, para arribar a la conclusi�n en el sentido de que para la tramitaci�n del juicio de amparo indirecto contra las resoluciones del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, relativas a las resoluciones de infracci�n en materia de comercio, no se ten�a que agotar previamente el juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia F. y Administrativa, consider� lo siguiente:

  11. Que la empresa quejosa en sus agravios aleg� que no estaba obligada a agotar ning�n recurso previo a la interposici�n del amparo indirecto, toda vez que la autoridad responsable no acat� lo dispuesto por el art�culo 3o., fracci�n XV, de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, al no haber hecho de su conocimiento cu�les eran los recursos procedentes para impugnar la resoluci�n emitida por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

  12. Que en la sentencia recurrida el a quo determin� que se actualiz� la causal de improcedencia prevista en el art�culo 73, fracci�n XV, de la Ley de Amparo, ya que la resoluci�n emitida por la autoridad responsable, subdirectora divisional de P.�n de la Competencia Desleal del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, admit�a el juicio contencioso administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia F. y Administrativa, de conformidad con el art�culo 11, fracci�n XIII, del la ley org�nica de dicho tribunal.

  13. Que el art�culo 3o., fracci�n XV, de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, dispone que es un elemento y requisito del acto administrativo que trat�ndose de aquellos que sean recurribles, se haga menci�n expresa de los recursos que procedan.

  14. Que el art�culo 83 de la ley invocada, dispone que los interesados afectados por las autoridades que pongan fin al procedimiento administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente, podr�n interponer el recurso de revisi�n, o cuando proceda, intentar la v�a jurisdiccional que corresponda.

  15. Que el recurso de revisi�n previsto en el art�culo 83 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo es aplicable a los procedimientos regulados en la Ley de la Propiedad Industrial, tomando en consideraci�n que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial es un organismo descentralizado con personalidad jur�dica y patrimonio propio, acorde con el art�culo 6o. de la Ley de la Propiedad Industrial y por ello est� obligado a observar la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, seg�n lo ordenado por el art�culo 2o. de ese ordenamiento.

  16. Que como excepci�n a la obligaci�n de interponer el recurso de revisi�n en procedimientos regidos por la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, la Suprema Corte determin� jurisprudencialmente que en los casos en que la autoridad administrativa no informe expresamente en la resoluci�n que ponga fin a un procedimiento, a una instancia o resuelva un expediente, el recurso que proceda en su contra, entonces el particular podr� optar por ocurrir directamente al juicio de amparo indirecto.

  17. Que la excepci�n prevista en la jurisprudencia 12, derivada de la contradicci�n de tesis 35/2002 de la S.unda S. de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, tambi�n es aplicable a los juicios contenciosos administrativos ante el Tribunal Federal de Justicia F. y Administrativa, en los casos que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial no precise textualmente que en contra de sus determinaciones procede el recurso de revisi�n a que se refiere el art�culo 83 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, ya que ese es un beneficio a favor del gobernado para su defensa y no para confundirlo, por lo que si no se re�ne tal exigencia no es jur�dico declarar improcedente el juicio de garant�as.

  18. Que ante la omisi�n del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial de se�alarle a la quejosa el medio de impugnaci�n en contra de sus determinaciones, es contrario al art�culo 17 constitucional.

  19. Que atendiendo al m�todo interpretativo por mayor�a de raz�n, se concluye que si no existe obligaci�n de agotar el recurso de revisi�n en sede administrativa cuando no se hace del conocimiento del afectado el recurso que procede, tampoco lo hay respecto del juicio contencioso administrativo y por ello no se actualiza la causal de improcedencia hecha valer por la recurrente (principio de definitividad en t�rminos de la fracci�n XV del art�culo 73 de la Ley de Amparo).

    Como se puede advertir, los tribunales contendientes no obstante que analizaron asuntos similares derivados del mismo supuesto jur�dico, adoptaron criterios jur�dicamente discrepantes, puesto que en la medida que el D�cimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito consider� que cuando se emita una resoluci�n por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, previamente a la interposici�n del juicio de amparo, se debe promover el juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia F. y Administrativa, tal como lo establece el art�culo 11, fracci�n XIII, de la ley org�nica de dicho tribunal, ya que no se est� en el caso de excepci�n establecido por la jurisprudencia 12 del Ap�ndice al Semanario Judicial de la Federaci�n 1917-2000, puesto que �sta se refiere exclusivamente al recurso de revisi�n en sede administrativa, pero no es aplicable al juicio contencioso administrativo (sede jurisdiccional).

    Por su parte, el otro tribunal contendiente, es decir, el S�ptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, contrariamente a lo antes precisado, consider� que cuando se emita una resoluci�n por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial y no se haga del conocimiento del afectado el medio de defensa que procede en contra de tal resoluci�n, no hay necesidad de promover el juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia F. y Administrativa antes de acudir al juicio de garant�as, ya que en tal situaci�n se actualiza el caso de excepci�n, relativo al principio de definitividad, establecido por la jurisprudencia 12, derivada de la contradicci�n de tesis 35/2002 de la S.unda S. de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, puesto que tal criterio tambi�n es aplicable en relaci�n con el juicio contencioso administrativo (juicio de nulidad), ante el Tribunal Federal de Justicia F. y Administrativa, atendiendo al m�todo interpretativo de mayor�a de raz�n, adem�s de que la procedencia de los medios de impugnaci�n en contra de las determinaciones del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial no puede convertirse en una trampa procesal para los gobernados, ya que se har�a nugatoria su garant�a individual de acceso a la justicia, consagrada en el art�culo 17 constitucional.

    De lo antes precisado, se desprende que el punto concreto de contradicci�n consiste en determinar si la jurisprudencia n�mero 56/2002, derivada de la contradicci�n de tesis 35/2002-SS, de rubro: "PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO. NO ES NECESARIO AGOTAR EL RECURSO DE REVISI�N PREVISTO EN EL ART�CULO 83 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, SI LA RESPONSABLE NO INFORMA DE DICHO RECURSO AL QUEJOSO, EN LOS T�RMINOS DEL ART�CULO 3o., F.X., DE ESA LEY.", resulta o no aplicable al juicio contencioso administrativo (juicio de nulidad), es decir, se debe determinar si en aquellos casos en que se emita una resoluci�n por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial y no se haga del conocimiento del afectado el medio de defensa que procede en contra de tal resoluci�n, existe o no necesidad de agotar el principio de definitividad a que se contrae la fracci�n XV del art�culo 73 de la Ley de Amparo, esto es, promover el juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia F. y Administrativa, previo a la tramitaci�n del juicio de amparo indirecto.

S�PTIMO

Delimitado el punto de contradicci�n en los t�rminos antes referidos, es decir, si en aquellos casos en que se emita una resoluci�n por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial y no se haga del conocimiento del afectado el medio de defensa que procede en contra de tal resoluci�n, existe o no necesidad de promoverse el juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia F. y Administrativa, previo al juicio de amparo, ahora procede determinar cu�l es el criterio que debe prevalecer con car�cter de jurisprudencia.

Para tales efectos, se hace indispensable hacer la transcripci�n de las consideraciones jur�dicas en que se apoy� la jurisprudencia interpretada por los tribunales contendientes, y que motiv� la presente contradicci�n de tesis, las cuales son del tenor siguiente:

"QUINTO. Del an�lisis de las ejecutorias que motivaron la presente contradicci�n de criterios, se advierte que en el caso s� se configura la divergencia de opiniones jur�dicas, por las siguientes razones:

"En primer t�rmino, es importante significar que el criterio sostenido en la ejecutoria pronunciada por el D�cimo S.undo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el amparo en revisi�n RA. 3752/2001, se refiere a una hip�tesis distinta de la que se analiz� en las emitidas en los amparos en revisi�n 3204/2001, 11312/2001 y 47/2002, pues, en el primer caso, el Tribunal Colegiado desech� el recurso de revisi�n que hizo valer la autoridad responsable por estimar que carec�a de legitimaci�n para interponerlo; en cambio, en las otras ejecutorias no trataron ese tema, sino que la litis vers� sobre la procedencia del juicio de amparo promovido en contra de un acto administrativo emitido por autoridades del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial, por ende, es evidente que no se da la contradicci�n de tesis entre el criterio sostenido en la aludida ejecutoria y los dem�s se�alados como contradictorios.

"Ahora bien, los Tribunales Colegiados Cuarto y D�cimo S.undo, ambos en Materia Administrativa del Primer Circuito, en las ejecutorias que pronunciaron en los amparos en revisi�n RA. 3204/2001 y RA. 11312/2001, respectivamente, ante el desechamiento de una demanda de amparo que se interpuso contra una resoluci�n administrativa emitida por una autoridad del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (�rgano descentralizado de la administraci�n p�blica federal), en la que no se inform� al interesado el recurso o medio de defensa que proced�a en su contra, como lo previene el art�culo 3o., fracci�n XV, de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, coincidieron al se�alar que dada esa omisi�n, el quejoso no estaba obligado a agotar el recurso de revisi�n que prev� el art�culo 83 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo antes de promover el juicio de garant�as, m�xime (se�al� el primero de los �rganos jurisdiccionales mencionados) que el acto administrativo de que se trata se rige pornormas especiales cuyas legislaciones no prev�n recurso alguno. Adem�s, el segundo de los �rganos colegiados mencionados consider� que el quejoso tampoco estaba obligado a hacer valer, antes de promover el juicio de garant�as, el juicio contencioso administrativo en t�rminos del art�culo 208 bis del C�digo F. de la Federaci�n, porque este numeral exige mayores requisitos que la Ley de Amparo para la procedencia de la suspensi�n. Por tales razones, los referidos �rganos colegiados concluyeron que el juzgador no debi� desechar la demanda de amparo con fundamento en el art�culo 73, fracci�n XV, de la Ley de Amparo. En cambio, en un caso igual al relatado, el S�ptimo Tribunal Colegiado de la misma materia y circuito, al resolver el amparo en revisi�n RA. 47/2002, consider� que fue correcto el desechamiento de la demanda por no haberse hecho valer previamente a la promoci�n del juicio de amparo, el recurso de revisi�n establecido en el art�culo 83 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, a pesar de que se encuentra regulado en una ley distinta de la que rige al acto, pues el legislador no est� obligado a establecer los medios ordinarios de defensa en la misma ley en que crea un procedimiento, admitiendo as�, impl�citamente, que la omisi�n del referido requisito en el acto administrativo reclamado no exim�a al quejoso de la obligaci�n de interponer el recurso en menci�n antes de ejercitar la acci�n constitucional.

"Debe observarse que aun cuando el S�ptimo Tribunal Colegiado no se refiri� expresamente a la hip�tesis contenida en la aludida fracci�n XV del art�culo 3o. de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, s� lo hizo impl�citamente al restarle importancia al hecho de que la autoridad no hubiera precisado en el acto administrativo reclamado, el medio legal de defensa que proced�a en su contra, pues a pesar de ello concluy� que el quejoso estaba obligado a interponer el recurso de revisi�n establecido en el art�culo 83 del referido ordenamiento legal antes de promover el juicio de garant�as, lo que es contrario a lo determinado por los otros dos �rganos colegiados, que consideraron que si no se cumpl�a con ese requisito en el acto administrativo cuando �ste fuera recurrible, el afectado no estaba obligado a interponer el medio de defensa ordinario antes de ejercer la acci�n constitucional; tal contrariedad se hace m�s evidente si se toma en cuenta que el D�cimo S.undo Tribunal Colegiado a pesar de que esa omisi�n no fue alegada por la parte recurrente, supli� la deficiencia de los agravios propuestos al advertir la falta de ese requisito, lo que lo llev� a revocar, por ese motivo, el auto que desech� la demanda.

"Sirve de apoyo a la anterior consideraci�n, las tesis aisladas que a continuaci�n se transcriben:

"?Novena �poca

"?Instancia: S.unda S.

"?Fuente: Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta

"?Tomo: II, septiembre de 1995

"?Tesis: 2a. LXXVIII/95

"?P�gina: 372

"?CONTRADICCI�N DE TESIS. PROCEDE SU AN�LISIS AUNQUE UNO DE LOS CRITERIOS DIVERGENTES SEA IMPL�CITO, SIEMPRE Y CUANDO EL SENTIDO DE �STE PUEDA DEDUCIRSE INDUBITABLEMENTE. El hecho de que uno de los criterios divergentes materia de la contradicci�n de tesis denunciada, sea impl�cito, no impide que pueda analizarse y resolverse la contradicci�n planteada, pero para que la divergencia tenga jur�dicamente los mismos efectos que un desacuerdo expreso al resolver cuestiones esencialmente iguales, se requiere que el sentido atribuido al criterio t�cito sea indubitable.?

"?Novena �poca

"?Instancia: S.unda S.

"?Fuente: Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta

"?Tomo: XV, marzo de 2002

"?Tesis: 2a. XXVIII/2002

"?P�gina: 427

"?CONTRADICCI�N DE TESIS. EXISTE DE MANERA IMPL�CITA CUANDO UNO DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO NO EXPRESA CONSIDERACIONES RESPECTO DEL CRITERIO CUESTIONADO, PERO ARRIBA A UNA CONCLUSI�N DIVERSA DE LA QUE ESTABLECE EL OTRO TRIBUNAL SOBRE EL MISMO PROBLEMA JUR�DICO. Aun cuando uno de los Tribunales Colegiados de Circuito no exponga en la ejecutoria respectiva las consideraciones en que sustenta el criterio jur�dico materia de la contradicci�n de tesis, �sta existe en forma impl�cita si tal ejecutoria contiene elementos suficientes para establecer un criterio contrario al del otro Tribunal Colegiado, pues si bien es cierto que la divergencia de criterios debe darse en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jur�dicas vertidas en las sentencias, ello no obsta para determinar que s� existe contradicci�n y decidir cu�l tesis debe prevalecer, cuando los �rganos jurisdiccionales arriban a conclusiones diversas respecto de la sustancia de un mismo problema jur�dico, mientras no se trate de aspectos accidentales o meramente secundarios, ya que para dilucidar cu�l tesis ha de prevalecer, debe existir, cuando menos formalmente, un criterio diverso sobre la misma cuesti�n jur�dica.?

"En esas circunstancias, debe concluirse que los fallos y tesis emitidos por los referidos Tribunales Colegiados de Circuito, s� re�nen los requisitos necesarios para generar una contradicci�n de tesis, pues al resolver los respectivos amparos en revisi�n, examinaron situaciones de hecho y cuestiones jur�dicas esencialmente iguales, adoptando criterios jur�dicos discrepantes.

"Ante ello, resulta que el punto concreto materia de la contradicci�n, se limita a determinar si es necesario o no, antes de promover el juicio de amparo, agotar los recursos o medios ordinarios de defensa en contra de un acto administrativo que se rige por la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, cuando la autoridad emisora no menciona en dicho acto los recursos que procedan en su contra, como lo establece la fracci�n XV del art�culo 3o. de ese ordenamiento legal.

"SEXTO. Conforme a los argumentos que a continuaci�n se exponen, el criterio que debe prevalecer es el que emite esta S.unda S., que coincide en lo sustancial con el sustentado por el del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito.

"Para una mejor comprensi�n del asunto, conviene hacer las siguientes precisiones:

"La Ley Federal de Procedimiento Administrativo se public� en el Diario Oficial de la Federaci�n el cuatro de agosto de mil novecientos noventa y cuatro, cobrando vigencia hasta el primero de junio de mil novecientos noventa y cinco, conforme a su art�culo primero transitorio.

"En la exposici�n de motivos de la iniciativa de esa ley (formulada por un grupo plural de trabajo formado por representantes de los tres Poderes de la Uni�n), que se present� ante la C�mara de Diputados del Congreso de la Uni�n, se propuso que fuera aplicable a toda la administraci�n p�blica federal, tanto centralizada como descentralizada, excluyendo de su aplicaci�n al Banco de M�xico, Procuradur�a General de la Rep�blica, C.�n Nacional de Derechos Humanos, Procuradur�a Agraria, Procuradur�a Federal del Consumidor, Instituto Federal Electoral, fideicomisos p�blicos y asociaciones y sociedades asimiladas a esas, as� como a las materias: fiscal, de responsabilidad de los servidores p�blicos y de competencia econ�mica, por raz�n de las funciones que se les tienen encomendadas por la propia Constituci�n, sus leyes org�nicas y diversos ordenamientos legales que se encuentran perfectamente definidas, desarrolladas y detalladas, las que se apartan del com�n denominador de las que son propias en el quehacer de la funci�n administrativa, as� como a las empresas de participaci�n estatal, en raz�n de que sus actividades quedan encuadradas m�s en el �mbito de las relaciones jur�dico privadas, de car�cter civil o mercantil, y no propiamente en actividades de funci�n administrativa.

"En el dictamen de origen formulado por la C�mara de Diputados el veintiocho de junio de mil novecientos noventa y cuatro, se consider� conveniente que se excluyera de la aplicaci�n de la ley a los organismos descentralizados, por tener �stos perfectamente definida su competencia en sus leyes org�nicas; adem�s, porque la mayor�a de ellos presta b�sicamente servicios p�blicos, o bien explota bienes del dominio p�blico de la Federaci�n; por tal motivo se propuso modificar la iniciativa, en cuanto se propon�a en el art�culo 1o. que la ley fuera aplicable a toda la administraci�n p�blica federal, modificaci�n que fue aceptada por la colegisladora, en su dictamen de catorce de julio de mil novecientos noventa y cuatro.

"Como consecuencia de lo anterior, el art�culo 1o. de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, en el texto que fue aprobado por ambas C�maras, excluy� de su aplicaci�n a la administraci�n p�blica descentralizada, quedando redactado de la siguiente manera:

"?Art�culo 1o. Las disposiciones de esta ley son de orden e inter�s p�blicos, y se aplicar�n a los actos, procedimientos y resoluciones de la administraci�n p�blica federal centralizada, sin perjuicio de lo dispuesto en los tratados internacionales de los que M�xico sea parte.

"?El presente ordenamiento no ser� aplicable a las materias de car�cter fiscal, financiero, responsabilidades de los servidores p�blicos, electoral, competencia econ�mica, justicia agraria y laboral, as� como al Ministerio P�blico en ejercicio de sus funciones constitucionales.

"?Para los efectos de esta ley s�lo queda excluida la materia fiscal trat�ndose de las contribuciones y los accesorios que deriven directamente de aqu�llas.?

"Fue hasta el a�o dos mil, con motivo de la adici�n que sufri� el referido art�culo 1o. del mencionado cuerpo legal (mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federaci�n el diecinueve de abril de dos mil, que entr� en vigor al mes siguiente de su publicaci�n en t�rminos de su art�culo primero transitorio), cuando el �mbito de aplicaci�n de la ley abarc� tambi�n a los organismos descentralizados de la administraci�n p�blica federal paraestatal �nicamente respecto a sus actos de autoridad, a los servicios que el Estado preste de manera exclusiva, y a los contratos que los particulares s�lo pueden celebrar con el mismo. As� el art�culo 1o. en cita, actualmente en vigor, se�ala:

"?Art�culo 1o. Las disposiciones de esta ley son de orden e inter�s p�blicos, y se aplicar�n a los actos, procedimientos y resoluciones de la administraci�n p�blica federal centralizada, sin perjuicio de lo dispuesto en los tratados internacionales de los que M�xico sea parte.

"?El presente ordenamiento tambi�n se aplicar� a los organismos descentralizados de la administraci�n p�blica federal paraestatal respecto a sus actos de autoridad, a los servicios que el Estado preste de manera exclusiva, y a los contratos que los particulares s�lo puedan celebrar con el mismo.

"?Este ordenamiento no ser� aplicable a las materias de car�cter fiscal, responsabilidades de los servidores p�blicos, justicia agraria y laboral, ni al Ministerio P�blico en ejercicio de sus funciones constitucionales. En relaci�n con las materias de competencia econ�mica, pr�cticas desleales de comercio internacional y financiera, �nicamente les ser� aplicable el t�tulo tercero A.

"?Para los efectos de esta ley s�lo queda excluida la materia fiscal trat�ndose de las contribuciones y los accesorios que deriven directamente de aqu�llas.?

"A partir de entonces quedaron bajo el imperio de esta ley los organismos descentralizados de la administraci�n p�blica federal paraestatal, respecto a sus actos de autoridad, a los servicios que el Estado preste de manera exclusiva y a los contratos que los particulares s�lo puedan celebrar con el mismo, como es el Instituto de la Propiedad Industrial, el cual es un organismo descentralizado de la administraci�n p�blica federal paraestatal, en t�rminos de lo dispuesto por el art�culo 45 de la Ley Org�nica de la Administraci�n P�blica Federal en relaci�n con los art�culos 6o., primer p�rrafo y 7o., de la Ley de Propiedad Industrial.

"Dichos preceptos disponen:

"(Ley Org�nica de la Administraci�n P�blica Federal)

"?Art�culo 45. Son organismos descentralizados las entidades creadas por ley o decreto del Congreso de la Uni�n o por decreto del Ejecutivo Federal, con personalidad jur�dica y patrimonio propios, cualquiera que sea la estructura legal que adopten.?

"(Ley de la Propiedad Industrial)

"?Art�culo 6o. El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, autoridad administrativa en materia de propiedad industrial, es un organismo descentralizado, con personalidad jur�dica y patrimonio propio, el cual tendr� las siguientes facultades: ...?

"?Art�culo 7o. Los �rganos de administraci�n del instituto ser�n la Junta de Gobierno y un director general, quienes tendr�n las facultades previstas en la Ley Federal de las Entidades Paraestatales y en el ordenamiento legal de su creaci�n, sin perjuicio de lo previsto en los art�culos 6o. y 7o. bis 2 de esta ley.?

"Por otra parte, en la exposici�n de motivos a que se ha hecho referencia, se plante� la necesidad de contar con un ordenamiento legal que previera un procedimiento para regular la actuaci�n de la administraci�n p�blica federal mediante principios aplicables a todos los �rganos que la integran, en el marco de un procedimiento general tipo, a fin de asegurar un m�nimo de unidad de principios y lograr as� la justicia administrativa que se hab�a visto menguada por la anarqu�a legislativa que privaba en el �mbito administrativo, principalmente por la pluralidad de procedimientos establecidos en las diversas leyes, muchas veces contradictorios, provocando con ello inseguridad jur�dica en los gobernados.

"En congruencia con lo anterior, se propuso el establecimiento de un recurso �nico, el de revisi�n, del que pudieran prevalerse los afectados por las resoluciones o actos administrativos que se rigen, entre otras disposiciones, por las de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. Para hacer factible lo anterior, se sugiri� derogar los recursos administrativos contenidos en las diferentes leyes administrativas.

"Sobre el particular, en la exposici�n de motivos se dijo:

"?Ciertamente que se ha avanzado, fundamentalmente a partir de la d�cada de los 60, un cuanto a una reforma administrativa integral, pero tal avance ha sido, b�sicamente, en el �mbito interno de la administraci�n, conforme a los principios de la ciencia de la administraci�n, mas no en el establecimiento de principios legales que rijan toda la actuaci�n de la administraci�n p�blica. Es menester, en consecuencia, un ordenamiento legal que unifique lo que se encuentra disperso en algunas leyes en lo que se refiere a los principios fundamentales atinentes a definir principios de competencia, elementos del acto administrativo, que constituye la forma como se expresa la voluntad del Estado en su funci�n administrativa para aplicar y concretar la ley a casos particulares, afectos por la ausencia de uno o m�s elementos del acto administrativo y principios relativos al procedimiento administrativo.

"?Salvo la fiscal, hoy en d�a existe una anarqu�a legislativa en el �mbito administrativo respecto a tales principios, de suerte que cada ley administrativa, con su procedimiento especial, fija sus propios principios, muchas veces contradictorios con otras leyes, dando lugar con ello a una inseguridad jur�dica. Es tambi�n innegable que por la pluralidad de actividades que puede y debe desarrollar la administraci�n p�blica, es a veces necesario tener procedimientos especiales. No obstante ello, tambi�n es cierto que es necesario contar con un ordenamiento legal que instituya un solo procedimiento que regule la actuaci�n de la administraci�n p�blica, mediante principios aplicables a todos los �rganos que la integran, en un marco de un procedimiento general tipo, para asegurar un m�nimo de unidad de principios y lograr as� la justicia administrativa.

"?Hablar de justicia administrativa es concretar, en su especie, una rama de la justicia en general. No puede significar m�s que una clase de justicia que queda individualizada o concretada por su relaci�n con la actividad p�blica.

"?La presente administraci�n ha continuado y profundizado la reforma administrativa, que se ha concretado en una reestructuraci�n de la propia administraci�n p�blica; ha intensificado en m�ltiples �reas de la actividad de la administraci�n un proceso de desregulaci�n en su actuaci�n. Empero, dicha reforma quedar�a inacabada, por muchos esfuerzos que se hagan si no va acompa�ada de un ordenamiento legal que venga a llenar el vac�o que impera hoy en d�a en nuestro sistema jur�dico, mediante una Ley Federal de Procedimiento Administrativo que cumpla con los objetivos y metas antes se�alados ...?

"La intenci�n del legislador de contar con un solo ordenamiento legal que instituyera un procedimiento �nico que regulara la actuaci�n de la administraci�n p�blica federal en sus relaciones con los particulares para la mejor administraci�n de justicia, se concret� en las disposiciones contenidas en los art�culos 83 y segundo transitorio de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, publicada en el Diario Oficial de la Federaci�n de cuatro de agosto de mil novecientos noventa y cuatro, que prev�n, el primero de ellos, un solo procedimiento de impugnaci�n (el recurso de revisi�n) de los actos de la administraci�n, com�n para todos los �rganos de la administraci�n p�blica que se encuentren bajo el �mbito de aplicaci�n de esa ley; y el segundo, la derogaci�n de los diversos recursos administrativos contemplados en las leyes especiales. Los preceptos legales respectivos fueron aprobados en los siguientes t�rminos:

"?Art�culo 83. Los interesados afectados por los actos y resoluciones de las autoridades administrativas que pongan fin al procedimiento administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente, podr�n interponer recurso de revisi�n o intentar las v�as judiciales correspondientes.? (texto vigente hasta el dieciocho de mayo de dos mil).

"Dicho precepto ha sido reformado en dos ocasiones mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federaci�n de diecinueve de abril de dos mil (que entr� en vigor al mes siguiente salvo las excepciones precisadas en su art�culo primero transitorio) y, por �ltima vez, por decreto publicado en ese �rgano de publicaci�n oficial el treinta de mayo de dos mil, quedando redactado de la siguiente manera:

"?Art�culo 83. Los interesados afectados por los actos y resoluciones de las autoridades administrativas que pongan fin al procedimiento administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente, podr�n interponer el recurso de revisi�n o, cuando proceda, intentar la v�a jurisdiccional que corresponda.

"?En los casos de actos de autoridad de los organismos descentralizados federales, de los servicios que el Estado presta de manera exclusiva a trav�s de dichos organismos y de los contratos que los particulares s�lo pueden celebrar con aquellos, que no se refieran a las materias excluidas de la aplicaci�n de esta ley, el recurso de revisi�n previsto en el p�rrafo anterior tambi�n podr� interponerse en contra de actos y resoluciones que pongan fin al procedimiento administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente.? (texto actualmente en vigor).

"Por su parte, el art�culo segundo transitorio de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo antes precisado, dispone:

"?S.undo (transitorio). Se derogan todas las disposiciones que se opongan a lo establecido en esta ley, en particular los diversos recursos administrativos de las diferentes leyes administrativas en las materias reguladas por este ordenamiento. Los recursos administrativos en tr�mite a la entrada en vigor de esta ley, se resolver�n conforme a la ley de la materia.?

"Sobre la instauraci�n de un recurso �nico del que pudieran valerse los afectados por las resoluciones o actos administrativos regidos por las disposiciones de esa ley, se hicieron las siguientes consideraciones:

"En la exposici�n de motivos:

"?m) Los recursosadministrativos.

"?El t�tulo cuarto est� dedicado a los recursos administrativos, contempl�ndose como �nico recurso el de revisi�n, proponi�ndose derogar todos los recursos administrativos contemplados en las diferentes leyes administrativas que regula esta iniciativa. Se opt� por un �nico recurso, el de revisi�n, en virtud de que las causas que pueden dar lugar a su interposici�n comprenden todas las resoluciones que pongan fin al procedimiento administrativo y los actos de tr�mite que determinen la imposibilidad de continuar un procedimiento o dejen en estado de indefensi�n a los administrados, incluyendo los actos administrativos presuntos. Se admite que contra los actos administrativos de car�cter general pueda interponerse el referido recurso, limit�ndolo �nicamente en aquellos casos en que tales actos sean autoaplicativos. Dicho cap�tulo se�ala, con detalle y precisi�n, el plazo para su interposici�n, los requisitos que debe reunir el escrito en que se interponga, la suspensi�n de la ejecuci�n del acto impugnado y el plazo en que debe dictarse la resoluci�n que ponga fin al recurso.?

"En la discusi�n del dictamen de origen relativo a esa ley:

"?Otro t�tulo que es muy importante destacar, es el relativo a los recursos administrativos. Cada ley administrativa prev� en el �mbito de su aplicaci�n diversos recursos administrativos. En este sentido s� se derogan en la iniciativa en comento, todos los dem�s recursos que no sean los que prev� esta ley; es decir, se deja exclusivamente el recurso de revisi�n para todos los actos administrativos que causen agravio al particular. Esto tiene muchos efectos positivos en cuanto que simplifica el ejercicio de defensa del particular frente a la actuaci�n de los �rganos de la administraci�n, al uniformarse todos los recursos en uno solo y esto no afecta en nada otras formas de defensa que tiene el particular, como son la defensa v�a amparo o v�a contencioso administrativo, que se dan con posterioridad a la realizaci�n del acto, a trav�s de la aplicaci�n de otras normas.?

"En el dictamen de la Revisora (formulado por la C.�n de Justicia de la C�mara de Senadores):

"?Ahora bien, los diversos ordenamientos legales que regulan el funcionamiento de la administraci�n p�blica federal establecen recursos, interpuestos ante la misma dependencia productora del acto reclamado, a trav�s de los cuales dicha dependencia revisa la legalidad de sus propios actos pudiendo llegar a revocarlos, modificarlos o confirmarlos, seg�n el caso. De conformidad con la doctrina, esta etapa de controversia cuando la propia autoridad resuelve sobre la legalidad de sus actos corresponde al procedimiento administrativo.

"?Sin dem�rito de las dem�s aportaciones que materializan en un mismo ordenamiento las garant�as del gobernado en su trato con la administraci�n, las dos innovaciones fundamentales que recorren la iniciativa, el dictamen aprobado por la colegisladora y la minuta a discusi�n, consisten, por una parte, en establecer los elementos b�sicos comunes del procedimiento administrativo, entendido como �la actuaci�n de los particulares ante la administraci�n p�blica federal, as� como los actos a trav�s de los cuales se desenvuelve la funci�n administrativa.�

"?La otra, consiste en la adopci�n de un recurso �nico, el recurso de revisi�n, que podr�n interponer los interesados afectados por los actos y resoluciones de las autoridades administrativas, en el �mbito de aplicaci�n de la ley, aunque les queda la opci�n de impugnarlos por la v�a judicial.?

"De lo anterior se sigue que la sustituci�n de los diversos recursos contemplados en las leyes administrativas en las materias reguladas por la Ley Federal de Procedimiento Administrativo por un recurso �nico, el de revisi�n (contemplado en el art�culo 83 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo), en contra de los actos y resoluciones de las autoridades administrativas que pongan fin al procedimiento administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente, tuvo por objeto eliminar situaciones procesales dudosas que pudieran entorpecer la defensa de los derechos de los afectados, tales como la existencia de m�ltiples recursos que lejos de facilitar su defensa la obstaculizaba.

"Por otra parte, se estableci� en el art�culo 3o., fracci�n XV, de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, como elemento y requisito del acto administrativo recurrible, la menci�n ?... de los recursos que procedan ...?, lo cual ante la derogaci�n de los recursos establecidos en las leyes especiales y la regulaci�n de un medio �nico de defensa en un solo ordenamiento legal distinto de aqu�llas, resulta ser un elemento imprescindible para brindar certeza jur�dica a los gobernados sobre el medio de impugnaci�n procedente; de lo contrario, tales disposiciones que estableci� el legislador para beneficiar a los afectados por los actos administrativos podr�an generar a �stos m�s problemas y confusi�n sobre la pertinencia de la v�a, cuando no se cumpla con el aludido requisito, que la multiplicidad de recursos administrativos existentes en las diversas leyes especiales.

"El art�culo 3o., fracci�n XV, de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo dispone:

"?Art�culo 3o. Son elementos y requisitos del acto administrativo:

"?...

"?XV. T.�ndose de actos administrativos recurribles deber� hacerse menci�n de los recursos que procedan.?

"El cumplimiento de ese requisito adquiere mayor relevancia si se toma en consideraci�n que la mayor�a de las leyes administrativas no hacen remisi�n alguna a la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, que es la que contempla en su art�culo 83 el recurso de revisi�n como �nico medio de impugnaci�n de los actos administrativos que se encuentran comprendidos en los supuestos de esa normatividad, en t�rminos de su art�culo 1o., como sucede con la Ley de la Propiedad Industrial que, adem�s, no prev� recurso alguno del que puedan servirse los particulares para impugnar los actos que se dicten conforme a ella, m�xime que como ya se dijo, todos los recursos existentes en las leyes especiales fueron derogados en virtud del art�culo segundo transitorio en menci�n.

"Por otra parte, el recurso administrativo ha sido definido por la doctrina de la siguiente manera:

"?El acto administrativo puede ser injusto o inconveniente, o adolecer de una ilegalidad de fondo o de forma. Aun la administraci�n mejor organizada e intencionada, es susceptible de incurrir en error y dictar actos objetables por cualquiera de las causales mencionadas. De ah� que sea necesario establecer los medios adecuados para que la administraci�n pueda revisar sus propios actos, sin obligar a que los interesados lleguen a la v�a contenciosa. Para ese fin existen los recursos administrativos.

"?Estos recursos pueden definirse como los distintos medios que el derecho establece para obtener que la administraci�n, en v�a administrativa, revise un acto y lo confirme, modifique o revoque.? (E.S.L., T.ado de Derecho Administrativo, tomo I).

"?El recurso administrativo constituye un medio legal de que dispone el particular, afectado en sus derechos o intereses por un acto administrativo determinado, para obtener en los t�rminos legales de la autoridad administrativa una revisi�n del propio acto, a fin de que dicha autoridad lo revoque, lo anule o lo reforme en caso de encontrar comprobada la ilegalidad o la inoportunidad del mismo.? (G.F., Derecho Administrativo, 1982, Editorial Porr�a).

"?Es la denominaci�n que la ley da a los procedimientos de impugnaci�n de los actos administrativos a fin de que los administrados defiendan sus derechos o intereses jur�dicos ante la administraci�n, generadora de los actos impugnados. Siempre deben estar previstos en la ley, no pueden en consecuencia tener ese car�cter las secuelas o pr�cticas de instancias que se presenten y tramiten ante las autoridades administrativas si aqu�lla no las autoriza como medios de impugnaci�n.? (Instituto de Investigaciones Jur�dicas, Diccionario Jur�dico Mexicano, edici�n 1994, Editorial Porr�a).

"De acuerdo con esos criterios doctrinarios, los recursos administrativos tienen por objeto proveer a los gobernados de los medios de defensa necesarios para obtener de las autoridades administrativas la revocaci�n, modificaci�n o anulaci�n de sus propios actos.

"Desde otra perspectiva, para la soluci�n del presente asunto, debe atenderse tambi�n a lo dispuesto por el art�culo 73, fracci�n XV, de la Ley de Amparo, que a la letra dice:

"?Art�culo 73. El juicio de amparo es improcedente:

"?...

"?XV. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos alg�n recurso, juicio o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos mediante la interposici�n del recurso o medio de defensa legal que haga valer el agraviado, sin exigir mayores requisitos que los que la presente ley consigna para conceder la suspensi�n definitiva, independientemente de que el acto en s� mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta ley.

"?No existe obligaci�n de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentaci�n.?

"La fracci�n XV del art�culo 73 de la Ley de Amparo consagra el principio de definitividad del juicio de garant�as, conforme al cual ese medio extraordinario de defensa s�lo ser� procedente, cuando previamente a su promoci�n se hayan agotado los recursos o medios de defensa establecidos en las leyes que rigen los actos reclamados, en virtud de los cuales puedan ser modificados, revocados o nulificados. Conforme a dicho numeral, este principio admite dos excepciones: 1. Cuando dichas leyes exijan mayores requisitos que la Ley de Amparo para conceder la suspensi�n definitiva y 2. Cuando el acto reclamado carece de fundamentaci�n.

"Sobre la primera excepci�n, esta S.unda S. ha sostenido que el juicio de amparo es improcedente contra actos administrativos que se rigen por la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, cuando previamente a su promoci�n no se agota el recurso que establece el art�culo 83 de ese ordenamiento legal, en virtud de que dicha normatividad no exige mayores requisitos que la Ley de Amparo para la procedencia de la suspensi�n.

"As� se sostiene en la tesis de jurisprudencia que a la letra dice:

"?Novena �poca

"?Instancia: S.unda S.

"?Fuente: Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta

"?Tomo: XII, septiembre de 2000

"?Tesis: 2a./J. 82/2000

"?P�gina: 49

"?AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS ADMINISTRATIVOS REGIDOS POR LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO. RESULTA IMPROCEDENTE SI NO SE AGOTA PREVIAMENTE EL RECURSO DE REVISI�N PREVISTO EN EL ART�CULO 83 DE DICHA LEY, AL NO EXIGIR �STA MAYORES REQUISITOS QUE LA LEY DE AMPARO PARA CONCEDER LA SUSPENSI�N. De conformidad con lo dispuesto por los art�culos 107, fracci�n IV, constitucional y 73, fracci�n XV, de la Ley de Amparo, el juicio de garant�as en materia administrativa es improcedente cuando la parte quejosa no agota, previamente, los medios o recursos ordinarios que establezca la ley del acto, por aplicaci�n del principio de definitividad, excepto cuando la mencionada ley que rige el acto exija, para conceder la suspensi�n, mayores requisitos que la Ley de Amparo. En estas condiciones, debe decirse que el juicio de amparo indirecto resulta improcedente contra los actos administrativos regidos por la Ley Federal de Procedimiento Administrativo cuando no se ha agotado, previamente, el recurso de revisi�n previsto en el art�culo 83 de la propia ley. Ello es as�, porque al establecerse en el diverso art�culo 87 de la citada ley, la posibilidad de suspender la ejecuci�n del acto impugnado a trav�s de dicho recurso, no se imponen mayores requisitos para otorgar la suspensi�n que los previstos en la Ley de Amparo, pues la circunstancia de que se condicione la medida cautelar a que el recurso sea procedente, no constituye un requisito adicional a los se�alados por el art�culo 124 de la ley �ltimamente citada para su concesi�n, ya que aun cuando en este numeral no se exige que la demanda de garant�as sea procedente para conceder la suspensi�n, el Juez de Distrito al recibirla est� obligado, en t�rminos de lo dispuesto en el art�culo 145 de la ley de la materia, a atender previamente a cualquier otra cuesti�n, a su procedencia y despu�s a la medida suspensional, pues de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, deber� desecharla de plano, sin suspender el acto reclamado.?

"En relaci�n con las leyes que rigen al acto, el Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Naci�n ha sostenido que son aquellas que se encuentran estrechamente vinculadas con el mismo, porque establezcan su instauraci�n o determinen su creaci�n, lo desarrollen, precisen sus efectos y terminaci�n, o contengan los medios o instrumentos que los gobernados tienen a su alcance para impugnarlo, modificarlo, revocarlo o nulificarlo.

"Dicho criterio se contiene en la tesis de jurisprudencia siguiente:

"?Novena �poca

"?Instancia: Pleno

"?Fuente: Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta

"?Tomo: XIII, enero de 2001

"?Tesis: P./J. 3/2001

"?P�gina: 8

"?DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESI�N �LEYES QUE RIGEN LOS ACTOS� A QUE SE REFIERE EL ART�CULO 73, F.X., DE LA LEY DE LA MATERIA. El art�culo 73, fracci�n XV, de la Ley de Amparo previene que el juicio de amparo es improcedente: �Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos alg�n recurso, juicio o medio de defensa legal ... que haga valer el agraviado, sin exigir mayores requisitos que los que la presente ley consigna para conceder la suspensi�n definitiva, independientemente de que el acto en s� mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta ley. ...�. Ahora bien, del contenido de este precepto, se advierte que no se indica qu� debe entenderse por �leyes que rijan los actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo�, a fin de establecer si es necesario o no agotar el recurso, juicio o medio de defensa legal procedente, siempre que proceda la suspensi�n definitiva, sin exigirse mayores requisitos que los que la propia Ley de Amparo establece para conceder dicha medida, independientemente que el acto en s� mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido conforme a dicha ley. Sin embargo, la intenci�n del legislador al referirse a �leyes que rigen los actos�, no pudo ser otra, m�s que la de considerar, a aquellos ordenamientos legales (entendiendo por �stos a las leyes propiamente), que guardan relaci�n con dichos actos, ya sea por haber establecido su nacimiento o instauraci�n, su regulaci�n, efectos, o bien, sus formas de impugnaci�n, en la inteligencia que no siempre tales actos ser�n normados por un solo cuerpo legal, sino que puede darse el caso de que lo sea por varios, e incluso s�lo en uno se prevenga lo relativo al recurso, juicio o medio de impugnaci�n que proceda contra ellos, en virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados. Es decir, para determinar cu�les son las leyes que rigen el acto y as� tener pleno conocimiento sobre el recurso, juicio o medio de defensa legal que en contra del mismo se debe agotar previamente al amparo, debe atenderse a la relaci�n que guardan esas leyes con dicho acto, sobre todo aquella que establece propiamente el medio de defensa en cuesti�n y, si adem�s se cumplen los dem�s requisitos previstos en el citado art�culo 73, fracci�n XV, para as� estimar que es obligatorio agotarlo.?

"Por lo que hace a la diversa excepci�n al principio de definitividad a que se refiere la fracci�n XV del art�culo 73 de la Ley de Amparo, relativa a la falta de fundamentaci�n del acto reclamado, en la ejecutoria que dio origen a la tesis de jurisprudencia que se acaba de reproducir, se estableci� lo siguiente:

"?El hecho de que en un acto de autoridad no se funden o citen todos los ordenamientos legales que lo rigen, inclusive aquel que prev� el recurso, juicio o medio de defensa legal que en su contra se puede interponer, no es motivo para estimar que no existe obligaci�n de agotarlo previamente a la promoci�n del amparo, pues el estricto cumplimiento del principio de definitividad que en �l rige, no puede quedar sujeto a esa eventualidad, m�xime que el an�lisis de las causales de improcedencia es una cuesti�n que se hace valer de oficio y es de orden p�blico. ... La obligaci�n de agotar �nicamente los recursos o medios de defensa que prev� y regula la ley que rige el acto, se patentiza a�n m�s, si se tiene en cuenta que el �ltimo p�rrafo de la fracci�n XV del art�culo 73 de la Ley de Amparo, exime al gobernado de dicha carga procesal cuando el acto carece de fundamentaci�n, pues se entiende que la falta de referencia de la ley en que se apoya, imposibilita al quejoso para impugnarlo a trav�s de los medios ordinarios de defensa, en tanto que al no conocer la ley aplicable, por razones obvias debe entenderse que tambi�n ignora los recursos procedentes para impugnarlo, es decir, el p�rrafo en comento lleva a entender que la intenci�n del legislador fue clara en cuanto a que se debe citar el fundamento del acto a efecto de no dejar en estado de indefensi�n al gobernado, pues al conocer el ordenamiento legal en que la autoridad apoy� su determinaci�n, estar� en condiciones de revisar si esa ley le otorga alg�n recurso para combatirlo, o bien, alguna otra que tambi�n lo rija por estar directamente regulado, o relacionada con el acto. Ahora, la falta de fundamentaci�n que exime al gobernado de agotar los recursos ordinarios antes de acudir al juicio de amparo, no debe confundirse con la indebida fundamentaci�n, pues por la primera se entiende la ausencia total de la cita de la norma en que se apoya la resoluci�n o acto reclamado, mientras que la diversa hip�tesis se actualiza cuando en el acto reclamado s� se citan preceptos legales, pero no son aplicables al caso concreto; en este �ltimo supuesto s� es necesario recurrir el acto mediante los recursos, juicios o medios de defensa ordinarios antes de ejercitar la acci�n de amparo. M�s a�n, debe tenerse presente que los recursos o medios de defensa tienen como finalidad brindar al gobernado la oportunidad legal de defender sus derechos y no el crear situaciones procesales confusas; por tanto, cuando la procedencia de un recurso administrativo es dudosa por no estar expresamente previsto en la ley que rige el acto, no puede exigirse que tal medio ordinario de defensa se promueva antes de acudir al amparo, pues la protecci�n del orden constitucional y legal es m�s valiosa para la conservaci�n del Estado de derecho que los tecnicismos legales que puedan resolver cuestiones ambiguas de improcedencia del juicio de amparo. As�, no debe obligarse al quejoso a constatar en diversas leyes si el acto que reclama puede tener un remedio a trav�s de la interposici�n de un medio ordinario de defensa, sino �nicamente aquellas que lo rigen ...?

"Como se advierte de la anterior transcripci�n, el Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Naci�n ha sostenido que la falta de fundamentaci�n del acto a que se refiere la fracci�n XV del art�culo 73 de la Ley de Amparo, que exime al gobernado de la obligaci�n de agotar los recursos ordinarios antes de acudir al juicio de amparo, consiste en la ausencia total en la cita de la norma que sirvi� de apoyo al acto, de tal manera que si se invocan algunos de los ordenamientos legales que rigen alacto, pero se omite se�alar el que prev� el recurso que se puede interponer en su contra, tal fundamentaci�n, aunque pudiera resultar deficiente, no es motivo para estimar que no existe obligaci�n de agotar los recursos legales procedentes.

"De todo lo hasta aqu� expuesto, cabe concluir que si bien esta S.unda S. en la tesis de jurisprudencia n�mero 82/2000 intitulada: ?AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS ADMINISTRATIVOS REGIDOS POR LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO. RESULTA IMPROCEDENTE SI NO SE AGOTA PREVIAMENTE EL RECURSO DE REVISI�N PREVISTO EN EL ART�CULO 83 DE DICHA LEY, AL NO EXIGIR �STA MAYORES REQUISITOS QUE LA LEY DE AMPARO PARA CONCEDER LA SUSPENSI�N.?, sostuvo que conforme a lo previsto por el art�culo 73, fracci�n XV, de la Ley de Amparo, el juicio de garant�as resulta improcedente en contra de los actos administrativos regidos por la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, cuando previamente no se agota el recurso de revisi�n establecido en el art�culo 83 de ese cuerpo legal, tal improcedencia debe entenderse condicionada a que en el acto administrativo se hubiera cumplido con el requisito exigido por el art�culo 3o., fracci�n XV, de la misma normatividad, de mencionar los recursos que procedan, lo cual resulta imprescindible para brindar certeza jur�dica a los afectados acerca del medio de impugnaci�n pertinente, sobre todo si se toma en cuenta que en virtud del art�culo segundo transitorio de la propia Ley Federal de Procedimiento Administrativo, publicada en el Diario Oficial de la Federaci�n el cuatro de agosto de mil novecientos noventa y cuatro, se derogaron los recursos administrativos previstos en las diversas leyes especiales, y que se instituy� en el mencionado art�culo 83, el recurso de revisi�n como �nico medio de impugnaci�n de los actos administrativos regidos por dicha ley, con la finalidad de eliminar situaciones procesales confusas que pudieran entorpecer la defensa de los derechos de los gobernados, de lo contrario, es decir, de estimarse que el juicio de amparo resulta improcedente cuando no se agota el medio de defensa ordinario a pesar de no haberse hecho menci�n del mismo en el acto administrativo, las disposiciones antes se�aladas que estableci� el legislador para beneficiar a los afectados por esos actos podr�an generar a �stos m�s problemas y confusi�n sobre la pertinencia de la v�a que la multiplicidad de recursos administrativos existentes en las diversas leyes especiales, m�xime que la mayor�a de estas legislaciones no hacen remisi�n alguna a la referida ley adjetiva.

"No pasa inadvertido para esta S.unda S., lo sostenido por el Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Naci�n en el sentido de que el hecho de que en un acto de autoridad no se funden o citen todos los ordenamientos legales que lo rigen, inclusive aquel que prev� el recurso, juicio o medio de defensa legal que en su contra se puede interponer, no es motivo para estimar que no existe obligaci�n de agotarlo previamente a la promoci�n del juicio de amparo, porque el principio de definitividad que en �l rige no puede quedar sujeto a esa eventualidad; sin embargo, cabe destacar que tales consideraciones se sostuvieron en la contradicci�n de tesis 43/98, entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado del D�cimo Quinto Circuito y el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que se resolvi� a la luz de las ejecutorias pronunciadas en los amparos en revisi�n 162/95-I y 2007/87, promovidos en contra de actos emitidos por el director de Administraci�n Urbana de la Secretar�a de Asentamientos Humanos y Obras P�blicas del Estado de Baja California (el diez de mayo de mil novecientos noventa y cuatro) y por el procurador federal del Consumidor, respectivamente, en las que, por una parte, se analizaron actos administrativos en los que no se invoc� como fundamento, el ordenamiento legal que preve�a el recurso procedente; por otra parte, dichos actos no se encontraban regulados por la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, pues independientemente de que el que se enjuici� en la ejecutoria mencionada en primer lugar fue emitido por una autoridad local y, por ende, no podr�a sujetarse a esa normatividad en t�rminos de su art�culo 1o., lo cierto es que en la �poca en que ambos actos se emitieron, a�n no se hab�a expedido el indicado ordenamiento legal y, por ende, sus disposiciones no pudieron haberse tomado en cuenta al dictar las resoluciones correspondientes.

"En atenci�n a lo considerado, debe prevalecer con car�cter de jurisprudencia el criterio que sustenta esta S.unda S. de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, debiendo quedar redactado con los siguientes rubro y texto:

"?PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO. NO ES NECESARIO AGOTAR EL RECURSO DE REVISI�N PREVISTO EN EL ART�CULO 83 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, SI LA RESPONSABLE NO INFORMA DE DICHO RECURSO AL QUEJOSO, EN LOS T�RMINOS DEL ART�CULO 3o., F.X., DE ESA LEY. Si bien es cierto que esta S.unda S. de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n en la tesis de jurisprudencia 2a./J. 82/2000, publicada en el Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, Novena �poca, Tomo XII, septiembre de 2000, p�gina 49, de rubro: �AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS ADMINISTRATIVOS REGIDOS POR LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO. RESULTA IMPROCEDENTE SI NO SE AGOTA PREVIAMENTE EL RECURSO DE REVISI�N PREVISTO EN EL ART�CULO 83 DE DICHA LEY, AL NO EXIGIR �STA MAYORES REQUISITOS QUE LA LEY DE AMPARO PARA CONCEDER LA SUSPENSI�N.�, sostuvo que conforme a lo previsto en el art�culo 73, fracci�n XV, de la Ley de Amparo, el juicio de garant�as es improcedente en contra de los actos administrativos regidos por la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, cuando previamente no se agota el recurso de revisi�n establecido en el art�culo 83 de este ordenamiento, tambi�n lo es que tal improcedencia debe entenderse condicionada a que en el acto administrativo se hubiera cumplido con el requisito exigido por el art�culo 3o., fracci�n XV, de la ley �ltimamente citada, esto es, de mencionar los recursos que procedan, lo cual resulta imprescindible para brindar certeza jur�dica a los afectados acerca del medio de impugnaci�n pertinente, sobre todo si se toma en cuenta que por virtud del art�culo segundo transitorio de la propia Ley Federal de Procedimiento Administrativo, se derogaron los recursos administrativos previstos en las diversas leyes especiales y se instituy�, en el mencionado art�culo 83, el recurso de revisi�n como �nico medio de impugnaci�n de los actos administrativos regidos por dicha ley, con la finalidad de eliminar situaciones procesales confusas que pudieran entorpecer la defensa de los derechos de los gobernados; de lo contrario, es decir, de estimar que el juicio de amparo resulta improcedente cuando no se agota el medio de defensa ordinario, a pesar de que �ste no se haya mencionado en el acto administrativo, las disposiciones antes se�aladas, establecidas por el legislador para beneficiar a los afectados por esos actos, podr�an generarles m�s problemas y confusi�n sobre la pertinencia de la v�a por la multiplicidad de recursos administrativos que exist�an en las diversas leyes especiales, m�xime que la mayor�a de estas legislaciones no hacen remisi�n alguna a la referida ley adjetiva. Adem�s, si el aludido requisito del acto administrativo tiene por objeto informar al afectado sobre los medios de defensa legal que puede interponer, no ser�a jur�dico declarar la improcedencia del juicio motivado por la inobservancia de esa disposici�n que se estableci� en beneficio del administrado, para su defensa, y no para confundirlo."

Atendiendo a los antecedentes que dieron origen a la jurisprudencia que motivo la presente contradicci�n de tesis, debe manifestarse que el criterio que debe prevalecer con car�cter de jurisprudencia es el que sustenta esta S.unda S., el cual se aparta del criterio que dio origen a la contradicci�n de tesis que nos ocupa, atendiendo a las reflexiones siguientes:

Como se puede advertir de la transcripci�n que antecede, las consideraciones legales en que descansa la jurisprudencia materia de la contradicci�n de tesis que nos ocupa, est�n referidas �nica y exclusivamente al recurso de revisi�n procedente en sede administrativa, en contra de los actos administrativos regidos por Ley Federal de Procedimiento Administrativo y no as� en relaci�n con el juicio de nulidad, tal como lo adujo el D�cimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito.

En efecto, tal como se explic� en las consideraciones legales que le dan sustento legal a la jurisprudencia 2a./J. 56/2002, de rubro: "PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO. NO ES NECESARIO AGOTAR EL RECURSO DE REVISI�N PREVISTO EN EL ART�CULO 83 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, SI LA RESPONSABLE NO INFORMA DE DICHO RECURSO AL QUEJOSO, EN LOS T�RMINOS DEL ART�CULO 3o., F.X., DE ESA LEY.", atendiendo a la raz�n de que los recursos en materia administrativa se encontraban diseminados en las diversas leyes administrativas, hubo necesidad de establecer un ordenamiento legal que previera un procedimiento para regular la actuaci�n de la administraci�n p�blica federal mediante principios aplicables a todos los �rganos que la integran en el marco de un procedimiento general tipo, a fin de asegurar un m�nimo de unidad de principios y lograr as� la justicia administrativa.

Derivado de la existencia de infinidad de recursos en las diversas leyes administrativas, hubo necesidad de establecer un recurso �nico, el de revisi�n, del que pudieran prevalerse los afectados por las resoluciones o actos administrativos que se rigen, entre otras disposiciones, por las de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y, desde luego, para hacer factible lo anterior, tambi�n hubo necesidad de derogar los recursos administrativos contenidos en las diferentes leyes administrativas.

Tales actos se hicieron posibles a trav�s de los art�culos 83 y segundo transitorio de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, publicada en el Diario Oficial de la Federaci�n de cuatro de agosto de mil novecientos noventa y cuatro, cuyo tenor literal vigente a esta fecha, es el siguiente:

"Art�culo 83. Los interesados afectados por los actos y resoluciones de las autoridades administrativas que pongan fin al procedimiento administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente, podr�n interponer el recurso de revisi�n o, cuando proceda, intentar la v�a jurisdiccional que corresponda.

"En los casos de actos de autoridad de los organismos descentralizados federales, de los servicios que el Estado presta de manera exclusiva a trav�s de dichos organismos y de los contratos que los particulares s�lo pueden celebrar con aqu�llos, que no se refieran a las materias excluidas de la aplicaci�n de esta ley, el recurso de revisi�n previsto en el p�rrafo anterior tambi�n podr� interponerse en contra de actos y resoluciones que pongan fin al procedimiento administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente."

S.undo (transitorio). Se derogan todas las disposiciones que se opongan a lo establecido en esta ley, en particular los diversos recursos administrativos de las diferentes leyes administrativas en las materias reguladas por este ordenamiento. Los recursos administrativos en tr�mite a la entrada en vigor de esta ley, se resolver�n conforme a la ley de la materia.

De lo anterior se desprende que la sustituci�n de los diversos recursos contemplados en las leyes administrativas en las materias reguladas por la Ley Federal de Procedimiento Administrativo por un recurso �nico, el de revisi�n (contemplado en el antes citado art�culo 83 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo), en contra de los actos y resoluciones de las autoridades administrativas que pongan fin al procedimiento administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente, el cual tuvo como finalidad eliminar situaciones procesales dudosas que pudieran entorpecer la defensa de los derechos de los afectados, derivado de la incertidumbre que provocaba la existencia de m�ltiples recursos en las leyes administrativas, lo que desde luego no acontece con el juicio de nulidad, cuya competencia corresponde, conforme al art�culo 11, fracci�n XIII, de la Ley Org�nica del Tribunal Federal de Justicia F. y Administrativa a dicho tribunal, ya que respecto de tal juicio no existe la incertidumbre antes anotada, pues se prev� su procedencia ante dicho �rgano jurisdiccional para impugnar las resoluciones definitivas dictadas por las autoridades administrativas que pongan fin a un procedimiento administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente, en los t�rminos de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

Luego entonces, si en el caso que nos ocupa, en la Ley Org�nica del Tribunal Federal de Justicia F. y Administrativa, de manera expresa se establece como medio de defensa contra las resoluciones emitidas por la autoridad administrativa el juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia F. y Administrativa, es inconcuso que tal supuesto de modo alguno puede equipararse al recurso de revisi�n en sede administrativa, ya que en estos casos no existe la incertidumbre del recurso que procede para su impugnaci�n, como acontece en la sede administrativa, por lo que asiste raz�n al D�cimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al manifestar que la decisi�n tomada en la jurisprudencia analizada se refiri� en todo momento al sustento y objetivo del recurso de revisi�n en sede administrativa, previsto en el art�culo 83 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y no al juicio de nulidad procedente ante el Tribunal Federal de Justicia F. y Administrativa, en t�rminos del art�culo 11, fracci�n XIII, de la Ley Org�nica del Tribunal Federal de Justicia F. y Administrativa, el cual a la letra dice:

"Art�culo 11. El Tribunal Federal de Justicia F. y Administrativa conocer� de los juicios que se promuevan contra las resoluciones definitivas que se indican a continuaci�n:

"...

"XIII. Las dictadas por las autoridades administrativas que pongan fin a un procedimiento administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente, en los t�rminos de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo."

De conformidad con lo antes anotado, no existe justificaci�n jur�dica para concluir que la excepci�n descrita en la tesis interpretada por los tribunales contendientes, se debe hacer extensiva acorde con el sistema interpretativo de mayor�a de raz�n al juicio de nulidad, como lo sostiene el S�ptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito.

Lo anterior es as�, ya que ni de la exposici�n de motivos (la cual fue transcrita en las consideraciones que dieron sustento a la jurisprudencia interpretada por los tribunales contendientes), ni del texto de la ley (art�culos 3o., fracci�n XV y 83 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y 11, fracci�n XIII, de la Ley Org�nica del Tribunal Federal de Justicia F. y Administrativa), se desprende que el legislador hubiese tenido tambi�n la intenci�n de que se hiciera del conocimiento del gobernado el medio de defensa procedente en contra de las resoluciones dictadas por las autoridades administrativas que pongan fin a un procedimiento administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente, en los t�rminos de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, es decir, el juicio de nulidad, a fin de que aqu�l agotara tal medio de defensa antes de acudir al juicio de amparo indirecto, por lo que de modo alguno se puede hacer una interpretaci�n extensiva hacia el juicio contencioso, como lo pretende el S�ptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito.

Atento a lo anterior, es indudable que previamente a la interposici�n de la demanda de garant�as en contra de la resoluci�n emitida por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, la parte quejosa tiene que agotar el juicio de nulidad.

Tambi�n es importante se�alar, que esta Suprema Corte de Justicia de la Naci�n ha establecido jurisprudencia en el sentido de que la interposici�n del recurso de revisi�n en sede administrativa, es optativa, pudiendo impugnar la resoluci�n administrativa a trav�s del recurso de revisi�n o mediante el juicio contencioso administrativo (juicio de nulidad) ante el Tribunal Federal de Justicia F. y Administrativa, pero ello de modo alguno implica que el juicio de nulidad no tenga que ser agotado previamente a la interposici�n del juicio de amparo, por la circunstancia de que no se haya hecho del conocimiento del gobernado el recurso que proced�a en contra de la resoluci�n emitida por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, en t�rminos de la fracci�n XV del art�culo 3o. de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

Cobra vigencia, en lo conducente, la jurisprudencia n�mero 2a./J. 139/99, sustentada por esta S.unda S., publicada en la p�gina 61 del Tomo XI, junio de 2000, del Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, cuyo tenor es el siguiente:

REVISI�N EN SEDE ADMINISTRATIVA. EL ART�CULO 83 DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO ESTABLECE LA OPCI�N DE IMPUGNAR LOS ACTOS QUE SE RIGEN POR TAL ORDENAMIENTO A TRAV�S DE ESE RECURSO O MEDIANTE EL JUICIO SEGUIDO ANTE EL TRIBUNAL FISCAL DE LA FEDERACI�N. De la interpretaci�n literal y sistem�tica de lo dispuesto en los art�culos 83 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y 11, fracci�n XIII, de la Ley Org�nica del Tribunal F. de la Federaci�n, as� como de los antecedentes hist�ricos que informan a este �ltimo numeral, se colige que al hacerse referencia en el primero de los preceptos mencionados a las ?v�as judiciales correspondientes? como instancia para impugnar los actos emitidos por las respectivas autoridades administrativas, el legislador tuvo la intenci�n de aludir a un procedimiento seguido ante un �rgano jurisdiccional, con independencia de que �ste sea de naturaleza judicial, y cuyo objeto tenga afinidad con el recurso de revisi�n en sede administrativa, el cual se traduce en verificar que los actos de tales autoridades se apeguen a las diversas disposiciones aplicables; por otra parte, de lo establecido en el citado precepto de la Ley Org�nica del Tribunal F. de la Federaci�n, se deduce que a trav�s de �l se incluy� dentro del �mbito competencial del referido tribunal el conocimiento de las controversias que surjan entre los gobernados y las autoridades administrativas cuya actuaci�n se rige por la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, sin que se condicionara la procedencia del juicio contencioso administrativo al agotamiento del citado recurso, m�xime que la interposici�n de �ste es optativa. En ese contexto, se impone concluir que los afectados por los actos y resoluciones de las autoridades administrativas que se rijan por ese ordenamiento, que pongan fin al procedimiento administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente, tienen la opci�n de impugnarlos a trav�s del recurso de revisi�n en sede administrativa o mediante el juicio contencioso administrativo ante el Tribunal F. de la Federaci�n; destacando que dentro de las v�as judiciales correspondientes a que hizo referencia el legislador en el mencionado art�culo 83 no se encuentra el juicio de garant�as dado que, en abono a lo anterior, constituye un principio derivado del diverso de supremac�a constitucional que las hip�tesis de procedencia de los medios de control de constitucionalidad de los actos de autoridad, �nicamente pueden regularse en la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos o en la ley reglamentaria que para desarrollar y pormenorizar esos medios emita el legislador ordinario.

Tambi�n cabe se�alar, que estaS.unda S. de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, al resolver la contradicci�n de tesis 57/2004-SS, en sesi�n de fecha once de junio de dos mil cuatro, consider� lo siguiente:

Conforme al sistema de control administrativo regulado en t�rminos los aludidos art�culos 108 y 128 de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, as� como 29 de la Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, los particulares afectados por los actos de autoridad de la administraci�n p�blica del Distrito Federal, pueden proceder en cualquiera de las siguientes formas: 1) Acudir en primer lugar al recurso de inconformidad y, en contra de la resoluci�n que en �ste se pronuncie, promover juicio de nulidad ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, cuya sentencia podr�, en su caso, reclamarse en amparo. 2) Acudir directamente al juicio de nulidad y, en su caso, promover el juicio de amparo contra la sentencia que pronuncie el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal.-Lo anterior pone de manifiesto la naturaleza opcional del recurso de inconformidad, el cual puede agotarse o no, antes de acudir al juicio de nulidad ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, en el entendido de que este �ltimo siempre ser� procedente, ya sea en forma directa, o con posterioridad a la resoluci�n del recurso de inconformidad.-En ese sentido, el recurso de inconformidad y el juicio contencioso administrativo forman parte de un mismo sistema de impugnaci�n en la v�a ordinaria, conforme al cual, los actos de autoridad regidos por la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal pueden impugnarse en el citado recurso a elecci�n del interesado y contra la resoluci�n que se dicte procede el juicio de nulidad, el que tambi�n puede promoverse directamente si se decide no agotar el recurso de inconformidad.-Por tanto, si el interesado elige el mencionado recurso en la v�a ordinaria, necesariamente tendr� que agotar tambi�n el juicio de nulidad previamente al juicio de amparo, o s�lo el segundo si prescinde del primero, pero en modo alguno podr�a promover desde luego el amparo indirecto (contra la resoluci�n de origen), si decide no agotar el mencionado recurso, dada la procedencia del juicio contencioso administrativo, excepto los casos en que este �ltimo no deba agotarse por tratarse de una excepci�n al principio de definitividad.-Ahora bien, por cuanto hace al juicio de nulidad ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, esta S.unda S., al resolver la contradicci�n de tesis 92/2001-SS, estableci� que no es necesario agotarlo antes de acudir al juicio de garant�as, dado que el art�culo 59 de la ley que lo regula establece mayores requisitos que la Ley de Amparo para conceder la suspensi�n del acto reclamado, al involucrar otra voluntad entre la del peticionario de la medida suspensional y la de la autoridad competente para otorgarla. Lo anterior, en t�rminos de la jurisprudencia 2a./J. 71/2002, visible en el Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, Novena �poca, tomo XVI, julio de 2002, p�gina 153, que a la letra dice: ?CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL. NO ES NECESARIO AGOTAR EL JUICIO DE NULIDAD ANTE EL TRIBUNAL CORRESPONDIENTE ANTES DE ACUDIR AL AMPARO.-El art�culo 59, primer p�rrafo, de la Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, al establecer que s�lo el presidente de la S. respectiva puede conceder la suspensi�n de la ejecuci�n de los actos que se impugnen mediante el juicio de nulidad, previa petici�n del Magistrado instructor a quien, a su vez, le fue solicitada por el actor, exige un requisito adicional a los previstos en la Ley de Amparo para la concesi�n de tal medida precautoria, ya que el �nico requisito que contempla este �ltimo ordenamiento, en relaci�n con la instancia de parte, es el previsto en la fracci�n I de su art�culo 124, consistente en que el agraviado solicite expresamente al �rgano de amparo la concesi�n de la medida suspensional, por lo que entre el agraviado y la autoridad facultada para proveer sobre la suspensi�n solicitada no interviene otra voluntad. Por el contrario, en el supuesto del citado art�culo 59, la suspensi�n de la ejecuci�n de los actos impugnados involucra otra voluntad entre la del peticionario de la medida suspensional y la de la autoridad competente para otorgarla, lo cual se traduce en una exigencia adicional, no prevista en la Ley Reglamentaria de los Art�culos 103 y 107 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, para el otorgamiento de la suspensi�n del acto reclamado. Consecuentemente, debe estimarse que en el caso en cita resulta procedente el juicio de garant�as, conforme a lo previsto en el primer p�rrafo de la fracci�n XV del art�culo 73 de la ley reglamentaria de referencia, como excepci�n al principio de definitividad que lo rige, sin necesidad de agotar previamente el juicio de nulidad ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal.?.-De lo anterior, se advierte que este Alto Tribunal ya ha determinado que no es necesario agotar el juicio de nulidad antes de acudir al juicio de garant�as, lo que lleva necesariamente a considerar que la interposici�n del recurso de inconformidad tampoco puede exigirse en forma obligatoria previamente a la promoci�n del juicio de amparo, pues dada su naturaleza optativa, independientemente de que cumpliera con todos los requisitos para que operara el principio de definitividad, no podr�a dot�rsele de una obligatoriedad que no lo caracteriza.-Efectivamente, ha quedado establecido que el recurso de inconformidad constituye un medio de defensa opcional en la v�a ordinaria, que puede agotarse o no, previamente al juicio de nulidad, de modo que si la promoci�n de este �ltimo no es necesaria previamente a la del juicio de amparo, por surtirse una excepci�n al principio de definitividad, debe considerarse que tampoco es obligatorio agotar el mencionado recurso, dada su naturaleza optativa.-As�, debe concluirse que resulta innecesario el an�lisis de los requisitos que consagra la ley que rige el recurso de inconformidad, para la procedencia de la suspensi�n del acto recurrido, pues independientemente de lo que arroje tal an�lisis, lo cierto es que no es obligatorio para los particulares agotar ese recurso, antes de acudir al juicio contencioso administrativo en la v�a ordinaria, y si respecto de este �ltimo se ha establecido por esta S.unda S. que no es necesario agotarlo antes de promover el juicio de garant�as, entonces es claro que tampoco puede ser obligatorio el agotamiento del recurso administrativo optativo.-De esta manera, esta S. sostiene que, trat�ndose de legislaciones que prev�n la interposici�n optativa de alg�n recurso administrativo antes de acudir al juicio contencioso administrativo, el an�lisis del principio de definitividad s�lo cabe respecto de este �ltimo, puesto que jam�s podr�a llegar a ser obligatorio el recurso administrativo, dada su optatividad frente al juicio contencioso.

Traducido lo anterior al �mbito federal, debe se�alarse que si en t�rminos del art�culo 83 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo los interesados afectados por los actos y resoluciones de las autoridades administrativas que pongan fin al procedimiento administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente, podr�n interponer el recurso de revisi�n o, cuando proceda, intentar la v�a jurisdiccional que corresponda (juicio de nulidad), es indudable que tal opci�n implica que la resoluci�n relativa podr� impugnarse a trav�s del recurso de revisi�n o mediante el juicio de nulidad, con la salvedad de que habiendo optado por el primero, una vez resuelto �ste, con posterioridad, se tendr� que impugnar tal resoluci�n a trav�s del juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia F. y Administrativa, previamente al juicio de amparo, salvo que se actualice alguna excepci�n al principio de definitividad.

En las condiciones antes anotadas, se desprende que previo a la impugnaci�n de las resoluciones administrativas emitidas por los organismos que integran la administraci�n p�blica federal, a trav�s del juicio de amparo, necesariamente se tendr� que agotar el juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia F. y Administrativa, ya sea de manera directa o con posterioridad a que se haya resuelto el recurso de revisi�n administrativa, si se opt� por agotar tal instancia.

Para robustecer lo antes anotado, debe hacerse menci�n que esta S.unda S., ya con anterioridad, ha emitido criterio en el sentido de que las resoluciones administrativas impugnables ante el Tribunal Federal de Justicia F. y Administrativa, deben ser combatidas necesariamente a trav�s del juicio contencioso (juicio de nulidad), en t�rminos del art�culo 83 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, antes de acudir a la instancia constitucional, sin que sea �bice para ello el hecho de que el criterio a que se har� m�rito, involucre la circunstancia de que en tal ley no se exijan mayores requisitos que en la Ley de Amparo para conceder la suspensi�n del acto reclamado, toda vez que lo que importa destacar, es que los actos administrativos regidos por la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, deben ser impugnados a trav�s del juicio de nulidad previo al juicio de amparo, salvo que se actualice alguna de las excepciones a que se contrae la propia fracci�n XV del art�culo 73 de la Ley de Amparo.

Sirve de apoyo a la consideraci�n anterior, la jurisprudencia n�mero 2a./J. 155/2002, sustentada por esta propia S.unda S., cuyo tenor es el siguiente:

"Novena �poca

"Instancia: S.unda S.

"Fuente: Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta

"Tomo: XVII, enero de 2003

"Tesis: 2a./J. 155/2002

"P�gina: 576

"RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS IMPUGNABLES ANTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. EL JUICIO CORRESPONDIENTE DEBE AGOTARSE, PREVIAMENTE AL AMPARO, AL NO PREVER LA LEY DEL ACTO MAYORES REQUISITOS PARA CONCEDER LA SUSPENSI�N QUE LOS PREVISTOS EN LA LEY QUE RIGE EL JUICIO DE GARANT�AS.-De conformidad con lo dispuesto en los art�culos 107, fracci�n IV, de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos y 73, fracci�n XV, de la Ley de Amparo, el juicio de garant�as en materia administrativa es improcedente cuando la parte quejosa no agota, previamente, los medios o recursos ordinarios que establezca la ley del acto, por aplicaci�n del principio de definitividad, excepto cuando esta ley exija mayores requisitos que los que se�ala la Ley de Amparo para conceder la suspensi�n; en ese sentido, si el art�culo 208-Bis del C�digo F. de la Federaci�n no exige mayores requisitos para conceder la suspensi�n contra resoluciones administrativas impugnables ante el Tribunal Federal de Justicia F. y Administrativa, que los que establece la Ley Reglamentaria de los Art�culos 103 y 107 Constitucionales, debe concluirse que el juicio de amparo indirecto resulta improcedente contra esa clase de resoluciones cuando no se ha agotado, previamente, el juicio de nulidad."

Derivado de lo anterior, se llega a la conclusi�n que debe prevalecer con car�cter de jurisprudencia la tesis sustentada por esta S.unda S., en el sentido de que previamente a la sustanciaci�n del juicio de amparo, debe agotarse el juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia F. y Administrativa, en t�rminos del art�culo 11, fracci�n XIII, de la Ley Org�nica del Tribunal Federal de Justicia F. y Administrativa, salvo que se actualice alguna de las causas de excepci�n a que se refiere la fracci�n XV del art�culo 73 de la Ley Reglamentaria de los Art�culos 103 y 107 Constitucionales.

Dicho criterio en t�rminos del art�culo 197 de la Ley de Amparo, interrumpe la jurisprudencia interpretada por los tribunales contendientes, en el sentido de que no era necesario agotar el recurso de revisi�n previsto en el art�culo 83 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, antes de acudir al juicio de amparo indirecto, si la responsable no informa de dicho recurso al quejoso, en los t�rminos del art�culo 3o., fracci�n XV, de la ley antes mencionada, ya que como se ha visto, esta exigencia legal solamente ten�a el prop�sito de darle seguridad al gobernado ante la diversidad de recursos que exist�an en las leyes federales administrativas, sin embargo, no obstante de que en t�rminos del art�culo antes citado deba hacerse saber a los gobernados la procedencia del recurso de revisi�n en sede administrativa, lo cierto es que no es necesario agotarlo en la v�a ordinaria, por la simple raz�n de que es opcional, y tal opci�n les permite agotar o no tal medio de defensa, seg�n sea su conveniencia o voluntad.

Conforme lo anterior y derivado de una nueva reflexi�n sobre el tema cuestionado, se desprende que si la resoluci�n administrativa en t�rminos del art�culo 83 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo es impugnable de manera optativa para el gobernado a trav�s del recurso de revisi�n o a trav�s del juicio de nulidad, este �ltimo s� debe agotarse necesariamente, previo al juicio de garant�as, por ser procedente en t�rminos de la fracci�n XIII del art�culo 11 de la Ley Org�nica del Tribunal Federal de Justicia F. y Administrativa, puesto que la opci�n consiste precisamente en agotar la v�a administrativa o la jurisdiccional de manera directa, pero si se opta por la primera, necesariamente debe agotarse la segunda, en t�rminos del numeral antes precisado, m�xime que en relaci�n con la tramitaci�n del juicio de nulidad, el C�digo F. de la Federaci�n no exige mayores requisitos que los que contempla la Ley de Amparo para conceder la suspensi�n del acto reclamado, seg�n se desprende del texto de la jurisprudencia n�mero 2a./J. 155/2002, que antecede.

De lo expuesto con anterioridad, se arriba a la conclusi�n que por ninguna circunstancia se debe eximir al gobernado de impugnar las resoluciones administrativas emitidas por las autoridades federales en la v�a ordinaria, pues la circunstancia de que en la v�a ordinaria pueda elegir entre agotar el recurso administrativo o el juicio de nulidad, lo cierto es que una vez elegido por el recurso administrativo, resulta procedente el juicio de nulidad el cual debe agotarse necesariamente, previamente al juicio de amparo, salvo los casos de excepci�n al principio de definitividad.

En las relatadas condiciones, es inconcuso que el presente criterio conduce a esta S. a interrumpir, en t�rminos del art�culo 197 de la Ley de Amparo, el criterio que sosten�a en la jurisprudencia que dio origen a la presente contradicci�n de tesis, ya que como se ha visto, el gobernado en ninguna de las situaciones queda eximido de instar el juicio de nulidad, previo al juicio de amparo, salvo que se actualice alguna de las causas de excepci�n establecidas en la fracci�n XV del art�culo 73 de la Ley de Amparo.

Por tanto, el criterio que debe prevalecer con car�cter de jurisprudencia es el que se contiene en la tesis que se redacta a continuaci�n, en los siguientes t�rminos:

RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS IMPUGNABLES ANTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. PREVIO AL JUICIO DE GARANT�AS NECESARIAMENTE DEBE AGOTARSE EL JUICIO DE NULIDAD, SALVO QUE SE ACTUALICE ALGUNA EXCEPCI�N AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD PREVISTO EN LA F.X. DEL ART�CULO 73 DE LA LEY DE AMPARO.-La S.unda S. de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n en la tesis de jurisprudencia 2a./J. 56/2002, publicada en el Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, Novena �poca, T.X., julio de 2002, p�gina 351, con el rubro: "PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO. NO ES NECESARIO AGOTAR EL RECURSO DE REVISI�N PREVISTO EN EL ART�CULO 83 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, SI LA RESPONSABLE NO INFORMA DE DICHO RECURSO AL QUEJOSO, EN LOS T�RMINOS DEL ART�CULO 3o., F.X., DE ESA LEY.", sostuvo el criterio de que es innecesario agotar el recurso de revisi�n previsto en el art�culo 83 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo antes de acudir al juicio de amparo indirecto, en los casos en que no se haga del conocimiento del gobernado el recurso que proceda en contra de tal resoluci�n. Sin embargo, una nueva reflexi�n sobre el tema conduce a apartarse de tal criterio a fin de establecer que las resoluciones administrativas que en t�rminos del referido art�culo 83 son impugnables ante el Tribunal Federal de Justicia F. y Administrativa, de manera optativa a trav�s del recurso de revisi�n o del juicio de nulidad, necesariamente deber�n impugnarse a trav�s de este �ltimo, previo al juicio de garant�as, en t�rminos del art�culo 11, fracci�n XIII, de la Ley Org�nica del Tribunal Federal de Justicia F. y Administrativa, ya que no obstante que se haya optado por sustanciar el recurso de revisi�n, con posterioridad a �ste siempre deber� agotarse el juicio de nulidad. Apoya lo anterior la circunstancia de que en relaci�n con la tramitaci�n del juicio contencioso administrativo, el C�digo F. de la Federaci�n no exige mayores requisitos que los que contempla la Ley de Amparo para conceder la suspensi�n del acto reclamado, seg�n se advierte de la tesis de jurisprudencia 2a./J. 155/2002, publicada en el Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, Novena �poca, T.X., enero de 2003, p�gina 576, con la salvedad de que no habr� obligaci�n de agotar el juicio de nulidad en los casos en que se actualice alguna excepci�n al principio de definitividad previsto en la fracci�n XV del art�culo 73 de la Ley Reglamentaria de los Art�culos 103 y 107 Constitucionales.

Por lo expuesto y fundado, se

resuelve:

PRIMERO

S� existe la contradicci�n de tesis a que este toca se refiere.

SEGUNDO

Debe prevalecer con car�cter de jurisprudencia el criterio sustentado por esta S.unda S. de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, en los t�rminos que han quedado precisados en el �ltimo considerando de esta resoluci�n.

Notif�quese; con testimonio de esta resoluci�n a los Tribunales Colegiados contendientes y, en su oportunidad, arch�vese el toca.

As� lo resolvi� la S.unda S. de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, por unanimidad de cinco votos de los se�ores Ministros: M.B.L.R., G.D.G.�ngora P., S.S.A.A., G.I.O.M. y presidente J.D.R.. Fue ponente el se�or M.S.S.A.A..

Nota: Esta ejecutoria apareci� publicada en el Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, Novena �poca, Tomo XX, septiembre de 2004, p�gina 383; se publica nuevamente a efecto de enmendar la errata contenida en la p�gina 429 de ese libro.