Ejecutoria num. 1a./J. 52/2004 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala - Jurisprudencia - VLEX 26824722

Ejecutoria num. 1a./J. 52/2004 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala

Emisor:Primera Sala
Número de Resolución:1a./J. 52/2004
Materia:Suprema Corte de Justicia de México
Fecha de Publicación: 1 de Agosto de 2004
RESUMEN

CONTRADICCIÓN DE TESIS 80/2003-PS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO CIRCUITO, EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL TERCER CIRCUITO Y EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO.ORDEN DE BÚSQUEDA, LOCALIZACIÓN Y PRESENTACIÓN DEL INDICIADO PARA DECLARAR DENTRO DE LA AVERIGUACIÓN PREVIA. ES UNA DILIGENCIA QUE INTEGRA EL MATERIAL PROBATORIO EN DICHA FASE.ORDEN DE BÚSQUEDA, LOCALIZACIÓN Y PRESENTACIÓN DEL INDICIADO PARA DECLARAR DENTRO DE LA AVERIGUACIÓN PREVIA. NO ES RESTRICTIVA DE LA LIBERTAD, POR LO QUE NO SE TRADUCE EN UNA ORDEN DE DETENCIÓN.ORDEN DE BÚSQUEDA, LOCALIZACIÓN Y PRESENTACIÓN DEL INDICIADO PARA DECLARAR DENTRO DE LA AVERIGUACIÓN PREVIA. NO TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE NO AUTOINCRIMINACIÓN CONTENIDO EN LA FRACCIÓN II DEL APARTADO A DEL ARTÍCULO 20 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.

 
ÍNDICE
CONTENIDO

CONTRADICCI�N DE TESIS 80/2003-PS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIG�SIMO CIRCUITO, EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL TERCER CIRCUITO Y EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO.

CONSIDERANDO:

TERCERO

Las ejecutorias dictadas por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, al resolver el toca de revisi�n 95/2003 y el amparo directo en revisi�n 283/2003, en lo que a esta contradicci�n de tesis interesa, establecen:

R.�n principal 95/2003

"QUINTO. Los agravios expresados por el autorizado de la recurrente, en parte son infundados, en la otra, inatendibles y en lo restante fundados. Antes de continuar, es preciso dejar sentado que en la demanda de amparo la quejosa reclam� de manera destacada cuatro distintos actos, los que se hicieron consistir en: 1 ... y 4. La ejecuci�n de las �rdenes de presentaci�n giradas contra la quejosa por las autoridades responsables mencionadas anteriormente, dicho acto se reclam� de manera aut�noma al coordinador de la Polic�a Investigadora del Estado de Jalisco (denominaci�n correcta de quien en la demanda de amparo se se�al� como director de la Polic�a Investigadora). En virtud de lo anterior y, por razones de m�todo, se proceder� a realizar la revisi�n de la resoluci�n recurrida, separando cada uno de los actos reclamados que fueron materia de dicha sentencia de amparo. ... Partiendo de las anteriores premisas, se tiene que contrario a lo expresado en la resoluci�n recurrida, pese a la negativa formulada en el informe con justificaci�n, el acto reclamado al coordinador de la Polic�a Investigadora del Estado de Jalisco, s� es cierto; empero, con fundamento en lo dispuesto por el art�culo 91, fracci�n III, en relaci�n con los diversos art�culos 73, fracci�n V y 74, fracci�n III, todos de la Ley de A., lo procedente es confirmar, por diversas causas, el sobreseimiento decretado, toda vez que el acto reclamado lo constituye una orden de presentaci�n para que la quejosa acuda a declarar ante la autoridad ministerial, lo que en el mejor de los casos representa un acto de molestia, que no es privativo de libertad, por ello ese inter�s particular no puede estar por encima del inter�s p�blico, de ah� que para efectos del amparo debe estimarse que no afecta su esfera jur�dica, toda vez que la integraci�n de las averiguaciones previas constituye una facultad que constitucionalmente le confiere al Ministerio P�blico, misma que la sociedad est� interesada en que la cumpla cabalmente, puesto que por disposici�n del art�culo 21 constitucional el Ministerio P�blico debe avocarse a la investigaci�n de los hechos que pudieran ser constitutivos de delito, para lo cual tiene que practicar todas las diligencias tendientes a esclarecer los hechos; en efecto, el art�culo 21 de la Constituci�n General de la Rep�blica faculta al Ministerio P�blico para investigar los delitos, lo que implica el allegarse medios que acrediten la responsabilidad de los inculpados en la comisi�n de las conductas delictivas; as�, el valerse de medios para buscar pruebas es una facultad de origen reservada al Ministerio P�blico, pues de no ser as�, se obstaculizar�a la investigaci�n, aunado a que limitar�a esa funci�n, con graves consecuencias como ser�a la imposibilidad para acudir a los tribunales a ejercer la acci�n penal; por ende, si a dicha instituci�n, por disposici�n constitucional le est� permitido practicar toda clase de diligencias tendientes a acreditar la materialidad de un delito y la responsabilidad del inculpado, entonces es inconcuso que dentro de dicha facultad se comprende la de hacer comparecer al inculpado ante su presencia para exhortarlo a rendir, en v�a de declaraci�n ministerial, su versi�n de los hechos que se le imputan; as� es, la funci�n primordial del Ministerio P�blico es la de investigar, lo que se traduce en practicar diligencias para descubrir alguna cosa, en relaci�n con la comisi�n de un il�cito y del responsable del mismo; esa es la esencia de la funci�n del Ministerio P�blico quien tiene la obligaci�n ineludible de allegar al �rgano jurisdiccional todos los medios probatorios para acreditar la materialidad de los delitos y la responsabilidad de los inculpados, pues de lo contrario la autoridad jurisdiccional no estar�a en aptitud de resolver sobre la acci�n penal ejercida, la que en esas condiciones, no podr�a prosperar, lo que conllevar�a la correspondiente zozobra social, pues quedar�an impunes las conductas delictivas; por lo anterior, la presentaci�n de la inculpada que pretende hacer la autoridad responsable a la que se atribuye el acto reclamado que nos ocupa, no viola sus garant�as individuales, si se toma en cuenta que como ciudadana mexicana, se encuentra obligada a atender tal requerimiento, aun en el supuesto que con ello sufra una molestia, de tal suerte que, se insiste, la orden de presentaci�n reclamada no vulnera las garant�as individuales de la quejosa, puesto que su presentaci�n ante la autoridad ministerial, para darle oportunidad de rendir su declaraci�n, no puede considerarse en modo alguno como una detenci�n, pues con ella no se restringe la libertad de la peticionaria de garant�as, sino que �nicamente se le ocasiona una molestia, consistente en hacerla comparecer ante la representaci�n social para hacer de su conocimiento que existe una imputaci�n en su contra, as� como los datos que obran en apoyo de dicha imputaci�n, para el efecto de que de considerarlo necesario, exprese lo que a su derecho corresponda o manifieste su voluntad de no rendir su declaraci�n respecto de los hechos que se le imputan, luego de lo cual, sin custodia alguna, se le permite reintegrarse a sus actividades cotidianas, lo que no ocurre cuando se emite una orden de detenci�n, puesto que en dicho caso al inculpado se le aprehende mediante la fuerza p�blica y permanece bajo la custodia de la autoridad; adem�s, debe tenerse en cuenta que una orden de presentaci�n no puede implicar la restricci�n de la libertad del particular cuya comparecencia se dispone, pues dicha situaci�n �nicamente se da con la aprehensi�n, la detenci�n, la prisi�n preventiva o la pena, que constituyen sucesos distintos a la presentaci�n; por otra parte, es menester precisar que la actuaci�n emitida por la autoridad ministerial, en la que ordena la presentaci�n de un inculpado, no contraviene lo dispuesto por el art�culo 20, fracci�n II, de la Constituci�n General de la Rep�blica, toda vez que a virtud de la orden de presentaci�n, solamente se impele al inculpado a comparecer ante la fiscal�a, pero ello no implica que se le obligue a declarar, pues al encontrarse ante la autoridad ministerial, el presentado puede manifestar su voluntad de abstenerse de hacerlo; adem�s, con la orden de presentaci�n, lejos de coartarle alg�n derecho a la quejosa, la autoridad investigadora satisface sus garant�as constitucionales de audiencia y defensa, toda vez que al ordenar que la peticionaria de garant�as se apersone ante dicha autoridad, aqu�lla se encuentra en condiciones de conocer el nombre de su acusador, as� como el de las personas que hubieran testificado en su contra, la naturaleza y causa de la acusaci�n; asimismo, se le da la oportunidad de exponer lo que a su derecho corresponda, aparte, de que le sean facilitados todos los datos que solicite para su defensa y que consten en las actuaciones de la indagatoria, con lo que de considerarlo conveniente, estar� en posibilidad de ofrecer, por s� o por conducto de su defensor, pruebas de descargo; as� las cosas, por los motivos expuestos, resulta patente que una orden de presentaci�n no constituye un acto restrictivo de la libertad personal, m�xime que como se puso de manifiesto, todo ciudadano est� obligado a comparecer ante la autoridad ministerial que integra una indagatoria, sin que ello implique que se afecte su libertad, pues sostener lo contrario, implicar�a entorpecer el procedimiento, que es de orden p�blico, adem�s de contravenir lo dispuesto por el art�culo 21 constitucional, dado el inter�s de la sociedad en que el Ministerio P�blico cumpla con su funci�n investigadora a fin de que se persigan y castiguen los delitos. Al respecto, es aplicable, en lo conducente y por analog�a, la tesis de la S. Auxiliar de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, en su anterior integraci�n, publicada en el Semanario Judicial de la Federaci�n, S�ptima �poca, Volumen 56, S�ptima Parte, p�gina 36, que se transcribe a continuaci�n: ?MINISTERIO P�BLICO, FACULTADES DEL, PARA ALLEGARSE PRUEBAS. INSPECCI�N.? (se transcribe). No pasa inadvertido para este �rgano jurisdiccional, que el criterio plasmado en el p�rrafo que precede, se opone al sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado del V.�simo Circuito, en la tesis ... que es del rubro y texto siguientes: ?ORDEN DE B�SQUEDA, LOCALIZACI�N Y PRESENTACI�N DEL INDICIADO PARA OBTENER SU DECLARACI�N ANTE EL MINISTERIO P�BLICO EN RELACI�N CON LOS HECHOS QUE SE LE ATRIBUYEN Y QUE SON MATERIA DE INVESTIGACI�N. ES ILEGAL.? (se transcribe); en efecto, en dicha tesis se sostiene que una orden de b�squeda, localizaci�n y presentaci�n de un indiciado para que comparezca ante la representaci�n social a rendir su declaraci�n ministerial, implica una orden de detenci�n, pues el Ministerio P�blico est� impedido para obtener coactivamente la comparecencia a declarar del presunto implicado en la comisi�n de un delito, mientras que en la presente ejecutoria se sostiene que las �rdenes de presentaci�n no son violatorias de las garant�as constitucionales de los gobernados, pues aun cuando las mismas les causen molestias, no restringen su libertad, de ah� que ese inter�s particular de que se le incomode para que acuda forzosamente ante el Ministerio P�blico, no puede estar por encima del inter�s p�blico que tiene la sociedad de que los hechos investigados en una indagatoria no se entorpezcan o limiten la funci�n del �rgano competente en aras de lograr su esclarecimiento, m�xime, si dicha presentaci�n del inculpado no implica obligaci�n para declarar, porque durante su comparecencia, aquel puede manifestar su voluntad de no hacerlo, luego de lo cual, sin custodia alguna, se le permite reintegrarse a sus actividades cotidianas; por tanto, al advertirse la contraposici�n de criterios mencionada, lo que procede es denunciar dicha contradicci�n. ..." (fojas 4 a 34 del expediente en que se act�a).

  1. directo en revisi�n 283/2003

"QUINTO. Los conceptos de violaci�n expresados son infundados y uno de ellos inoperante, como enseguida se ver�. ... Resulta inoperante lo alegado en el sentido de que la declaraci�n que el peticionario de garant�as rindi� ante el Ministerio P�blico, resulta carente de todo valor jur�dico, pues se deriv� de una ilegal orden de b�squeda, localizaci�n y presentaci�n por parte del representante social; lo anterior es as�, si se tiene que contrario a ello, la orden de presentaci�n que gir� la representaci�n social no afect� su esfera jur�dica, toda vez que la integraci�n de las averiguaciones previas constituye una facultad que constitucionalmente le confiere al Ministerio P�blico, misma que la sociedad est� interesada en que la cumpla cabalmente, puesto que por disposici�n del art�culo 21 constitucional, el Ministerio P�blico debe avocarse a la investigaci�n de los hechos que pudieran ser constitutivos de delito, para lo cual tiene que practicar todas las diligencias tendientes a esclarecer los hechos; en efecto, el art�culo 21 de la Constituci�n General de la Rep�blica faculta al Ministerio P�blico para investigar los delitos, lo que implica el allegarse medios que acrediten la responsabilidad de los inculpados en la comisi�n de las conductas delictivas; as�, el valerse de medios para buscar pruebas es una facultad de origen reservada al Ministerio P�blico, pues de no ser as�, se obstaculizar�a la investigaci�n, aunado a que limitar�a esa funci�n, con graves consecuencias como ser�a la imposibilidad para acudir a los tribunales a ejercer la acci�n penal; por ende, si a dicha instituci�n, por disposici�n constitucional le est� permitido practicar toda clase de diligencias tendientes a acreditar la materialidad de un delito y la responsabilidad del inculpado, entonces es inconcuso que dentro de dicha facultad se comprende la de hacer comparecer al inculpado ante su presencia para exhortarlo a rendir, en v�a de declaraci�n ministerial, su versi�n de los hechos que se le imputan; as� es, la funci�n primordial del Ministerio P�blico es la de investigar, lo que se traduce en practicar diligencias para descubrir alguna cosa, en relaci�n con la comisi�n de un il�cito y del responsable del mismo; esa es la esencia de la funci�n del Ministerio P�blico, quien tiene la obligaci�n ineludible de allegar al �rgano jurisdiccional todos los medios probatorios para acreditar la materialidad de los delitos y la responsabilidad de los inculpados, pues de lo contrario la autoridad jurisdiccional no estar�a en aptitud de resolver sobre la acci�n penal ejercida, la que en esas condiciones, no podr�a prosperar, lo que conllevar�a la correspondiente zozobra social, pues quedar�an impunes las conductas delictivas; por lo anterior, la orden de presentaci�n que se gir� contra el ahora quejoso, por el agente del Ministerio P�blico, no viol� sus garant�as individuales, si se toma en cuenta que como ciudadano mexicano se encontraba obligado a atender tal requerimiento, aun en el supuesto que con ello sufr�a una molestia, de tal suerte que, se insiste, la citada orden de presentaci�n no vulner� las garant�as individuales del promovente del amparo, puesto que su presentaci�n ante la autoridad ministerial, en la que se le dio la oportunidad de rendir su declaraci�n, no puede considerarse en modo alguno como una detenci�n, pues con ella no se restringi� la libertad del peticionario de garant�as, sino que �nicamente se le ocasion� una molestia, consistente en hacerlo comparecer ante la representaci�n social, para hacer de su conocimiento que exist�a una imputaci�n en su contra, as� como los datos que obran en apoyo de dicha imputaci�n, para el efecto de que de considerarlo necesario, expresara lo que a su derecho correspondiera o manifestara su voluntad de no rendir su declaraci�n respecto de los hechos origen (sic) del presente asunto; adem�s, debe tenerse en cuenta que una orden de presentaci�n no puede implicar la restricci�n de la libertad del particular cuya comparecencia se dispone, pues dicha situaci�n �nicamente se da con la aprehensi�n, la detenci�n, la prisi�n preventiva o la pena, que constituyen sucesos distintos a la presentaci�n; por otra parte, es menester precisar que la actuaci�n emitida por la autoridad ministerial, en la que ordena la presentaci�n de un inculpado, no contraviene lo dispuesto por el art�culo 20, fracci�n II, de la Constituci�n General de la Rep�blica, toda vez que a virtud de la orden de presentaci�n, solamente se impele al inculpado a comparecer ante la fiscal�a, pero ello no implica que se le obligue a declarar, pues al encontrarse ante la autoridad ministerial, el presentado puede manifestar su voluntad de abstenerse de hacerlo; adem�s, con la orden de presentaci�n, lejos de coartarle alg�n derecho, la autoridad investigadora satisface sus garant�as constitucionales de audiencia y defensa, toda vez que al ordenar que el peticionario de garant�as se apersonara ante dicha autoridad, aquel se encuentra en condiciones de conocer el nombre de su acusador, as� como el de las personas que hubieran testificado en su contra, la naturaleza y causa de la acusaci�n; asimismo, se le da la oportunidad de exponer lo que a su derecho corresponda, aparte, de que le sean facilitados todos los datos que solicite para su defensa y que consten en las actuaciones de la indagatoria, con lo que de considerarlo conveniente, estuvo en posibilidad de ofrecer, por s� o por conducto de su defensor, pruebas de descargo; as� las cosas, por los motivos expuestos, resulta patente que una orden de presentaci�n no constituye un acto restrictivo de la libertad personal, m�xime que como se puso de manifiesto, todo ciudadano est� obligado a comparecer ante la autoridad ministerial que integra una indagatoria, sin que ello implique que se afecte su libertad, pues sostener lo contrario, implicar�a entorpecer el procedimiento que es de orden p�blico, adem�s de contravenir lo dispuesto por el art�culo 21 constitucional, dado el inter�s de la sociedad en que el Ministerio P�blico cumpla con su funci�n investigadora a fin de que se persigan y castiguen los delitos. Al respecto, es aplicable, en lo conducente y por analog�a, la tesis de la S. Auxiliar de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, en su anterior integraci�n, publicada en el Semanario Judicial de la Federaci�n, S�ptima �poca, Volumen 56, S�ptima Parte, p�gina 36, que se transcribe a continuaci�n: ?MINISTERIO P�BLICO, FACULTADES DEL, PARA ALLEGARSE PRUEBAS. INSPECCI�N.? (se transcribe). ... En tales condiciones, ante lo infundado e inoperante de los conceptos de violaci�n expresados y sin que exista queja deficiente que suplir, en t�rminos del art�culo 76 bis, fracci�n II, de la Ley de A., lo procedente es negar al quejoso el amparo solicitado ..." (fojas 302 a 343 del expediente en que se act�a).

CUARTO

El Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, al resolver el amparo en revisi�n 143/2003, sobre la materia de este asunto dijo:

R.�n principal 143/2003

"QUINTO. ... En teor�a la orden de localizaci�n y presentaci�n es un mandato escrito expedido por autoridad competente para que la persona a la cual va dirigida sea llevada ante su presencia con cierta finalidad legal, tal como rendir declaraci�n sobre los hechos investigados en una averiguaci�n previa, sea con el car�cter de probable responsable, ofendido o testigo, en t�rminos del art�culo 44 del C�digo Federal de Procedimientos Penales y para su cumplimiento es imprescindible la intervenci�n de los elementos de la Polic�a Judicial que reciben dicha orden, quedando a cargo de �stos implementar los m�todos conducentes a esa finalidad, sin trasgresi�n de la normatividad, considerando que en ciertos casos sus destinatarios est�n implicados en hechos delictivos que deciden evadir, lo cual no constituye una violaci�n a la seguridad y fe de las personas, ante la justificada orden escrita de autoridad competente en la investigaci�n de delitos. De otro modo, el ejercicio de las funciones p�blicas se ver�a seriamente estorbado y la credibilidad del dicho de los funcionarios quedar�a en escala inferior al de los particulares; adem�s, en autos obran dos declaraciones en el sentido de que se solicit� al pasivo acompa�ara al quejoso ante la autoridad investigadora, accediendo �ste voluntariamente, abordando un veh�culo, del cual descendi� al poco tiempo para intentar abordar otro, pero decidi� no hacerlo a �ltimo tiempo e intent� huir, posiblemente eludiendo la responsabilidad que ten�a en los sucesos que dieron origen a la orden de localizaci�n y presentaci�n, lo que motiv� que ... lo sometiera con la �nica finalidad de cumplir su cometido, con el conocido desenlace ... Consecuentemente, procede confirmar, en lo impugnado, la sentencia que pronunci� la Juez Tercero de Distrito ?B? de A. en Materia Penal en el Distrito Federal, en el juicio de garant�as 710/2002, que concedi� el amparo y protecci�n de la Justicia de la Uni�n solicitado, contra el auto de formal prisi�n de siete de abril de dos mil dos y su consecuencia legal, consistente en el acuerdo de la misma fecha, que revoc� el beneficio de la libertad provisional y orden� la reaprehensi�n de ... por ser grave el delito de homicidio simple intencional, materia de la reclasificaci�n, as� como la ejecuci�n de ese mandato de captura." (fojas 47 a 245 �dem).

QUINTO

Por su parte, el Tercer Tribunal Colegiado del V.�simo Circuito, al resolver el amparo en revisi�n309/2002, en lo que a esta contradicci�n de tesis interesa, manifest� lo siguiente:

  1. en revisi�n 309/2002

"QUINTO. Los agravios que hacen valer las recurrentes son por una parte infundados y por otra fundados, aunque para ello sea necesario suplir su deficiencia. ... En otro aspecto cabe destacar que de las constancias que acompa�� a su informe justificado el agente del Ministerio P�blico adscrito a la Direcci�n de Asuntos Especiales y Relevantes de la Procuradur�a General de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad capital, se aprecia que �ste gir� el oficio DAR.M3.254.2002 al jefe de grupo de la Agencia Estatal de Investigaci�n de la citada Procuradur�a General de Justicia del Estado, para efecto de que se avocara a la b�squeda, localizaci�n y presentaci�n, entre otras personas, de ... todas de apellidos ... as� como de ... para ser escuchadas en declaraci�n ministerial en relaci�n a los hechos que se investigan y que le son atribuidos (fojas 11 y 22). Por otra parte, el art�culo 16 constitucional, establece que nadie puede ser molestado en su persona, domicilio, familia, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento y que s�lo cuando se trate de casos urgentes, de delitos graves as� calificados por la ley y ante el riesgo fundado de que el indiciado pueda sustraerse de la acci�n de la justicia y siempre y cuando no se pueda ocurrir ante la autoridad judicial por raz�n de la hora, lugar o circunstancia, el Ministerio P�blico podr� ordenar su detenci�n, fundando y expresando los indicios que motiven su proceder. Asimismo, los dispositivos legales 3o., fracci�n III, 269 y 269 bis a del C�digo de Procedimientos Penales del Estado de Chiapas, se�alan lo siguiente: ?Art�culo 3o.? (se transcribe). ?Art�culo 269.? (se transcribe). ?Art�culo 269 bis a.? (se transcribe). De los preceptos anteriormente mencionados se advierte que el agente del Ministerio P�blico no se encuentra facultado para ordenar la detenci�n de una persona, sin que previamente medie la orden escrita de la autoridad judicial correspondiente, salvo los casos que la propia ley establece, esto es, cuando exista flagrancia delictiva o en casos de notoria urgencia, cuando no hay en el lugar la autoridad judicial, pero fuera de estos supuestos, la ley no autoriza al representante social a ordenar la detenci�n de persona alguna. En ese orden de ideas, del oficio DAR.M3.254.2002 al cual se hizo referencia en p�rrafos precedentes, se aprecia que el citado fiscal orden� al jefe de grupo de la Agencia Estatal de Investigaci�n de la citada Procuradur�a General de Justicia del Estado la b�squeda, localizaci�n y presentaci�n de las quejosas, ahora recurrentes, para obtener su declaraci�n en relaci�n a los hechos que se les atribuyen, lo que implica una orden de detenci�n, pues si bien no se trata de una privaci�n total de la libertad, sin embargo, s� trae consigo cierta restricci�n de ella, m�xime que para integrar una averiguaci�n previa no es requisito sine qua non que obre la declaraci�n del indiciado y menos que se le constri�a a comparecer ante la autoridad investigadora a rendirla, extremo que se encuentra consagrado como garant�a constitucional en nuestra Ley Suprema, en el art�culo 20, apartado A, fracci�n II y �ltimo p�rrafo del citado precepto legal que dice: ?Art�culo 20.? (se transcribe), por ende, acorde con lo previsto por el invocado art�culo 16 de nuestra Carta Magna, el Ministerio P�blico, est� impedido para obtener coactivamente la comparecencia a declarar del presunto implicado en los hechos que investiga, aun cuando aduzca que sea para ?hacer efectiva su garant�a de defensa?, ya que ello es contrario al esp�ritu del legislador constitucional. De ah� que contrario con lo sostenido por el Juez federal, en el caso en an�lisis, la diligencia de b�squeda, localizaci�n y presentaci�n de las quejosas no se refiere a una simple diligencia para el esclarecimiento de los hechos, sino que se trata, como ya se dijo, de una orden de detenci�n, puesto que su finalidad es cierta restricci�n de la libertad de aqu�llas, independientemente del lapso que comprenda, o de las razones que tuvo la autoridad investigadora de los hechos para ordenarla, por ese motivo, esa orden es violatoria de las garant�as de legalidad y seguridad jur�dica que a favor de las impetrantes de garant�as consagra el art�culo 16 constitucional antes invocado. ... Como corolario de lo anterior, atento al estudio que antecede, lo que procede es modificar la sentencia recurrida y conceder a las peticionarias de garant�as, el amparo y protecci�n de la Justicia Federal ..." (fojas 264 a 275 �dem).

Las consideraciones vertidas en la anterior ejecutoria dieron lugar al siguiente criterio aislado:

ORDEN DE B�SQUEDA, LOCALIZACI�N Y PRESENTACI�N DEL INDICIADO PARA OBTENER SU DECLARACI�N ANTE EL MINISTERIO P�BLICO EN RELACI�N CON LOS HECHOS QUE SE LE ATRIBUYEN Y QUE SON MATERIA DE INVESTIGACI�N. ES ILEGAL. La b�squeda, localizaci�n y presentaci�n del indiciado para obtener su declaraci�n ante el Ministerio P�blico en relaci�n con los hechos que se le atribuyen, implica una orden de detenci�n, pues si bien no se trata de una privaci�n total de la libertad, sin embargo, s� trae consigo cierta restricci�n de ella, m�xime que para integrar una averiguaci�n previa no es requisito sine qua non que obre la declaraci�n del indiciado y menos que se le constri�a a comparecer ante la autoridad investigadora a rendirla, extremo que se encuentra consagrado como garant�a constitucional en nuestra Ley Suprema, en el art�culo 20, apartado A, fracci�n II y �ltimo p�rrafo del citado apartado; por ende, acorde a lo previsto por el art�culo 16 de nuestra Carta Magna, el Ministerio P�blico est� impedido para obtener coactivamente la comparecencia a declarar del presunto implicado en los hechos que investiga, aun cuando aduzca que sea para ?hacer efectiva su garant�a de defensa?, ya que ello es contrario al esp�ritu del legislador constitucional.

SEXTO

Primeramente debe analizarse si en el caso concurren los supuestos para que se actualice la contradicci�n de criterios, pues s�lo de esa manera habr� materia para resolver esta denuncia.

Existe contradicci�n de tesis cuando se evidencia, al menos formalmente, oposici�n de criterios jur�dicos en los que se controvierte la misma cuesti�n, consiguientemente, la procedencia de �sta depender� de lo vertido en la parte considerativa de las sentencias, y se estima que ello acontece cuando concurren los siguientes supuestos:

  1. Que las cuestiones jur�dicas que se examinen al resolver los negocios jur�dicos, sean esencialmente iguales y se adopten criterios discrepantes;

  2. Que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jur�dicas de las sentencias; y,

  3. Que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos.

Lo anterior, con fundamento en la siguiente tesis jurisprudencial:

"Novena �poca

"Instancia: Pleno

"Fuente: Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta

"Tomo: XIII, abril de 2001

"Tesis: P./J. 26/2001

"P�gina: 76

CONTRADICCI�N DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA. De conformidad con lo que establecen los art�culos 107, fracci�n XIII, primer p�rrafo, de la Constituci�n Federal y 197-A de la Ley de A., cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n o la S. que corresponda deben decidir cu�l tesis ha de prevalecer. Ahora bien, se entiende que existen tesis contradictorias cuando concurren los siguientes supuestos: a) que al resolver los negocios jur�dicos se examinen cuestiones jur�dicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jur�dicos discrepantes; b) que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jur�dicas de las sentencias respectivas; y, c) que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos.

Ahora bien, las transcripciones de las sentencias (l�neas arriba efectuadas), evidencian que s� existe la contradicci�n de tesis que se denuncia entre los criterios sostenidos por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito y el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, con el sostenido por el Tercer Tribunal Colegiado del V.�simo Circuito, pues los requisitos que prescribe la ley para que �sta se d�, se colman, como enseguida se ver�.

En efecto, al resolver los asuntos puestos a su consideraci�n, los tribunales contendientes examinaron la misma cuesti�n jur�dica y adoptaron criterios discrepantes.

Los Tribunales Segundo y Tercero ambos en Materia Penal del Tercer y Primer Circuito respectivamente, resolvieron que la orden de b�squeda, localizaci�n y presentaci�n para que el inculpado se presente dentro de la averiguaci�n previa a declarar no es violatoria de garant�as, espec�ficamente de la contenida de la fracci�n II del art�culo 20 constitucional, puesto que su presentaci�n ante la autoridad ministerial, para darle oportunidad de rendir su declaraci�n, no es posible considerarla en modo alguno, como una detenci�n, pues con ella no se restringe la libertad de la peticionaria de garant�as, sino que �nicamente se le ocasiona una molestia, consistente en hacerla comparecer ante la representaci�n social, para hacer de su conocimiento que existe una imputaci�n en su contra, as� como para que exprese lo que a su derecho corresponda, y con posterioridad se le permite reintegrarse a sus actividades cotidianas, lo que no ocurre cuando se emite una orden de detenci�n; adem�s de que con la orden de presentaci�n, solamente se impele al inculpado a comparecer ante la fiscal�a, pero ello no implica que se le obligue a declarar, pues el citado puede manifestar su voluntad de abstenerse de hacerlo.

Por su parte, el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del V.�simo Circuito, sostuvo criterio diverso, pues se�al� que esa orden de b�squeda, localizaci�n y presentaci�n del indiciado para obtener su declaraci�n ante el Ministerio P�blico en relaci�n con los hechos que se le atribuyen, implica una orden de detenci�n, ya que si bien no se le priva totalmente de su libertad, lleva aparejada cierta restricci�n de ella. Adem�s de que para integrar una averiguaci�n previa no es requisito sine qua non que obre la declaraci�n del indiciado, lo que finalmente constituye una garant�a constitucional seg�n se desprende del art�culo 20, apartado A, fracci�n II y �ltimo p�rrafo de la Carta Magna. Que de conformidad con lo dispuesto en el art�culo 16 de la Carta Magna el Ministerio P�blico est� impedido para obtener coactivamente la comparecencia a declarar del indiciado.

Como se ve, los tribunales examinaron la misma cuesti�n jur�dica, ya que coincidieron en el estudio del tema relativo a si la orden de b�squeda, localizaci�n y presentaci�n del indiciado dentro de la averiguaci�n previa, para que comparezca a declarar es violatoria de garant�as.

El segundo elemento relativo a que la diferencia de criterios debe actualizarse en las consideraciones de las sentencias, tambi�n se actualiza, ya que las transcripciones de las resoluciones relativas, muestran que ello aconteci� as�, y

El �ltimo requisito igualmente se colma, porque los criterios discrepantes que asumieron los tribunales contendientes derivaron del examen de los mismos elementos, esto es, el an�lisis de los art�culos 20, fracci�n II y 21 constitucionales.

Actualizados los presupuestos necesarios para determinar que s� existe la contradicci�n de criterios, lo que procede es entrar a su estudio.

S�PTIMO

Esta Primera S. de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, considera que debe prevalecer con car�cter de jurisprudencia el criterio que se sustenta en esta resoluci�n por las consideraciones que enseguida se expresan:

Como ya se precis�, el tema de contradicci�n radica en elucidar si la orden de b�squeda, localizaci�n y presentaci�n del inculpado para que declare dentro de la averiguaci�n previa es violatoria de garant�as.

Para estar en posibilidad de elucidar esta controversia, es conveniente transcribir el texto del art�culo 21 constitucional.

"Art�culo 21. La imposici�n de las penas es propia y exclusiva de la autoridad judicial. La investigaci�n y persecuci�n de los delitos incumbe al Ministerio P�blico, el cual se auxiliar� con una polic�a que estar� bajo su autoridad y mando inmediato. Compete a la autoridad administrativa la aplicaci�n de sanciones por las infracciones de los reglamentos gubernativos y de polic�a, las que �nicamente consistir�n en multa o arresto hasta por treinta y seis horas; pero si el infractor no pagare la multa que se le hubiese impuesto, se permutar� �sta por el arresto correspondiente, que no exceder� en ning�n caso de treinta y seis horas.

"Si el infractor fuese jornalero, obrero o trabajador, no podr� ser sancionado con multa mayor del importe de su jornal o salario de un d�a.

"Trat�ndose de trabajadores no asalariados, la multa no exceder� del equivalente a un d�a de su ingreso.

"Las resoluciones del Ministerio P�blico sobre el no ejercicio y desistimiento de la acci�n penal, podr�n ser impugnadas por v�a jurisdiccional en los t�rminos que establezca la ley.

"La seguridad p�blica es una funci�n a cargo de la Federaci�n, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, en las respectivas competencias que esta Constituci�n se�ala. La actuaci�n de las instituciones policiales se regir� por los principios de legalidad, eficiencia, profesionalismo y honradez.

"La Federaci�n, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios se coordinar�n, en los t�rminos que la ley se�ale, para establecer un sistema nacional de seguridad p�blica."

Ahora bien, la norma transcrita hace referencia a las facultades de investigador que constitucionalmente se otorgan al Ministerio P�blico en la fase de la averiguaci�n previa; en esencia, este art�culo delimita las obligaciones y prerrogativas que durante esta etapa del proceso penal le confiere la Constituci�n a esta instituci�n p�blica.

Ese precepto consagra el principio acusatorio en el que descansa el sistema penal mexicano, que consiste en la obligaci�n que constitucionalmente se impone al Ministerio P�blico de acreditar dentro de la fase del proceso penal, denominada averiguaci�n previa, los elementos del delito y la probable responsabilidad del imputado.

As� pues, en cualquier caso dentro del proceso penal y en la etapa de averiguaci�n previa el representante social debe acreditar determinados hechos para demostrar los elementos del cuerpo del delito que se imputa al indiciado, que, concatenados entre s�, den como resultado una presunci�n iuris tantum que demuestre los elementos del il�cito en cuesti�n y la probable responsabilidad del inculpado.

En esas condiciones y dado que corresponde a esa instituci�n p�blica el acreditamiento de la actualizaci�n del delito, por imperativo constitucional, en todos los casos se le constri�e a realizar "la investigaci�n y persecuci�n de los delitos", debiendo para ello, necesariamente "buscar y presentar las pruebas que acrediten la responsabilidad de los inculpados".

Lo anterior se corrobora si se atiende que el art�culo 19 constitucional dispone que el auto de formal prisi�n deber� expresar "los datos que arroje la averiguaci�n previa, los que deben ser bastantes para comprobar el cuerpo del delito y hacer probable la responsabilidad del acusado". En esas condiciones, es evidente que si el auto de formal prisi�n requiere de datos que deben constar o derivarse de la averiguaci�n previa, los cuales tienen que ser de tal naturaleza que comprueben el cuerpo del delito y que adem�s hagan probable la responsabilidad del acusado, es evidente que, por eso es que constitucionalmente se faculta al Ministerio P�blico para que realice las indagaciones necesarias y suficientes que tengan como consecuencia, precisamente, la existencia de datos bastantes que comprueben el cuerpo del delito y la probable responsabilidad.

As� pues, el art�culo 21, primer p�rrafo, como ya se dijo impone al Ministerio P�blico la obligaci�n de aportar las pruebas que acrediten la existencia de un delito, en contraposici�n a ello, el inculpado goza del derecho de defensa que se le otorga para acreditar la inexistencia del delito, desvaneciendo las pruebas aportadas por el representante social, lo cual, no constituye una obligaci�n sino una mera facultad potestativa, ya que en todo momento subsiste la carga al Ministerio P�blico, en todos los delitos, de acreditar la actualizaci�n de los mismos.

Con base en lo antes descrito, v�lidamente es posible concluir que la orden de localizaci�n, b�squeda y presentaci�n del inculpado para que declare dentro de la averiguaci�n previa, si bien no se traduce en un requisito indispensable para que esa se integre (averiguaci�n previa), porque el precepto 21 en cita no lo dispone de tal forma, s� constituye un elemento m�s de prueba que puede tener en cuenta el Ministerio P�blico para efectos de la integraci�n de la averiguaci�n previa correspondiente, en ejercicio de la facultad antes referida que le concede la propia Carta Magna.

Consiguientemente, el Ministerio P�blico al tener conocimiento de la existencia de un delito y en la etapa de averiguaci�n previa del proceso pueda llevar a cabo todas aquellas diligencias dirigidas a la investigaci�n del mismo y la comprobaci�n de la responsabilidad que exige la Constituci�n para estar en posibilidad de ejercer la acci�n constitucional, la cual depende necesariamente del acervo probatorio que en ejercicio de sus funciones recabe el Ministerio P�blico y con el cual habr�n de constituirse todos los elementos integradores del delito.

Por su parte, al inculpado corresponde justificar su inocencia a trav�s del desvanecimiento de los datos que integran la averiguaci�n previa y solamente ante la comprobaci�n por parte del representante social de que se ha perpetrado el hecho catalogado como delito y establecido el nexo causal entre la conducta humana y ese tipo, toca al acusado la demostraci�n de que falta una de las condiciones de incriminaci�n.

Cuando acontece ello, esto es, que el Ministerio P�blico no prueba los elementos constitutivos del delito y la responsabilidad del inculpado, carece de relevancia que �ste (el inculpado) ofrezca pruebas para desvanecer la imputaci�n que obra en su contra; sin embargo, el representante social jam�s por imperativo constitucional queda relevado de la carga probatoria por el delito que se sigue en el proceso pues, en cualquier caso, debe recabar el acervo probatorio que acredite la existencia del delito y la presunta responsabilidad del sujeto del il�cito.

En esa tesitura, es dable concluir que esa orden de localizaci�n, b�squeda y presentaci�n, se trata de una acci�n m�s por parte del Ministerio P�blico que forma parte de la investigaci�n y persecuci�n de los delitos que exclusivamente le compete para que durante la averiguaci�n justifique a trav�s de la carga probatoria que se le impone, que el hecho tipificado por la ley como delito, ha sido perpetrado.

Debe precisarse que la orden en comento (localizaci�n, b�squeda y presentaci�n del inculpado dentro de la averiguaci�n previa) no transgrede la garant�a contenida en la fracci�n II del apartado A del art�culo 20 constitucional, porque esa citaci�n no constri�e al citado a declarar. El precepto citado dispone:

"Art�culo 20. En todo proceso de orden penal, el inculpado, la v�ctima o el ofendido, tendr�n las siguientes garant�as:

"A. Del inculpado:

"...

"II. No podr� ser obligado a declarar. Queda prohibida y ser� sancionada por la ley penal, toda incomunicaci�n, intimidaci�n o tortura. L.�n rendida ante cualquier autoridad distinta del Ministerio P�blico o del Juez, o ante �stos sin la asistencia de su defensor carecer� de todo valor probatorio."

La fracci�n citada consagra el principio de no autoincriminaci�n, que consiste en que el inculpado no podr� ser obligado a declarar en su contra.

Este principio, entre otros, regula el procedimiento penal, lo que conduce a establecer que trat�ndose de cualquier delito el Ministerio P�blico en la averiguaci�n previa y con posterioridad el Juez de la causa, durante el proceso respectivo, deben ajustar sus actos a las reglas y principios que regulan el procedimiento penal a fin de no dejar en estado de indefensi�n al imputado.

De lo antes narrado, se puede determinar que la orden de localizaci�n, b�squeda y presentaci�n del inculpado dentro de la averiguaci�n previa, no infringe dicha garant�a, pues en momento alguno se obliga al inculpado a que declare en su contra, lo �nico que se pretende con ella (orden) es colmar los extremos de la investigaci�n a la que est� obligado a llevar a cabo constitucionalmente el Ministerio P�blico; contrariamente a ello, la referida orden tiene como consecuencia otorgar al inculpado la oportunidad de declarar, es decir, manifestar lo que a su derecho convenga dentro de la averiguaci�n, compareciendo a defenderse desvirtuando los hechos que se le imputan (garant�a de audiencia), pero tal acto no implica que el inculpado no pueda abstenerse de declarar o hacerlo en los t�rminos que estime pertinentes y que a su entender favorezca a sus intereses.

Efectivamente, debe desestimarse el anterior planteamiento, ya que en primer lugar, como ha quedado aseverado, es inexacto que se obligue al inculpado a declarar en su contra.

Adem�s, debe resaltarse el hecho de que la fracci�n II del apartado A del art�culo 20 constitucional contiene el llamado derecho de "no autoincriminaci�n" que, en relaci�n con la garant�a de plenitud de defensa, se traduce en la facultad que tiene todo inculpado de abstenerse de declarar, o de hacerlo en los t�rminos que estime pertinentes, aun cuando con ello se faltare a la verdad; sin que para el caso sea quebrantado tal principio de no autoincriminaci�n s� puede ser obligado el gobernado a soportar pasivamente, esto es, sin exigirle colaboraci�n activa, todos aquellos actos tendentes al acreditamiento de su conducta delictiva, los cuales pueden recaer en su persona o bienes.

En s�ntesis, debe precisarse que el derecho de no autoincriminaci�n, no significa que el inculpado no tenga que soportar la investigaci�n dirigida al acreditamiento de su culpabilidad; sin embargo de ello no se sigue que est� imposibilitado para ejercer su derecho de acreditar su inocencia, lo cual de modo alguno significa que tenga que declarar en su contra.

En acatamiento a las reglas que rigen el proceso penal, el Ministerio P�blico debe acreditar a trav�s del acervo probatorio a su alcance la actualizaci�n de la conducta delictiva, por parte del procesado, que puede ser precisamente la declaraci�n del inculpado, pero ello de ninguna manera implica que el indiciado quede compelido con esa orden de declarar en su contra, ya que, como antes se dijo, incluso puede, si as� lo desea, hacer uso de su derecho constitucional y negarse a declarar.

Adem�s, debe precisarse que esa orden que se analiza tampoco se traduce en una orden de detenci�n, pues si bien es cierto que se le cita al indiciado para que comparezca dentro de la averiguaci�n previa a declarar, ello �nicamente constituye un acto de molestia que se contempla en el art�culo 16 constitucional, el cual tiene como requisitos de validez que sea (I) emitido por la autoridad competente y (II) que se funde la causa legal del procedimiento.

En efecto, si como ya se dijo, esa orden no es otra cosa que un elemento m�s del acervo probatorio que debe allegar el Ministerio P�blico dentro de la averiguaci�n previa y que tiene como finalidad otorgar el derecho de defensa al indiciado, adem�s de obtener su declaraci�n para reunir mayores elementos que, concatenados entre s� evidencien los elementos del cuerpo del delito y la probable responsabilidad o, en su caso la falta de elementos para ejercer la acci�n constitucional, es evidente que no se trata de una orden de detenci�n, pues no tiene como objeto privar de la libertad al inculpado, y si bien resulta cierto que moment�neamente estar� sujeto a las diligencias correspondientes a la presentaci�n ante el Ministerio P�blico y la correspondiente declaraci�n en su caso, de ello no se sigue que se le est� coartando su libertad, pues la naturaleza de esa orden y la actuaci�n respectiva, tienen como consecuencia que en cuanto se lleven a cabo, la persona citada pueda reintegrarse a sus actividades cotidianas.

Sostener lo contrario har�a nugatoria la posibilidad de que cualquier autoridad (jurisdiccional, administrativa) solicitara la presencia de las partes en un juicio o de terceros a declarar, porque esa citaci�n, de concluir en forma contraria a como se hace, llevar�a inmersa una orden de detenci�n, lo que imposibilitar�a de manera exorbitante el desarrollo de los procesos y se traducir�a en una denegaci�n de justicia, ya que dif�cilmente se lograr�a la integraci�n de los expedientes y el dictado de las resoluciones no contendr�a, en el mayor de los casos, los elementos necesarios para acercarse lo mayormente posible a la verdad y, por ende, a la justicia.

Lo antes precisado encuentra mayor sustento si se considera que en tal caso, el legislador no hubiera previsto en ninguna legislaci�n la facultad del juzgador para citar a personas a declarar, porque todas estas �rdenes, constituir�an una orden de detenci�n.

Debe precisarse que no resulta materia de esta contradicci�n la afirmaci�n que realiza el Tercer Tribunal Colegiado del V.�simo Circuito, tanto en la tesis que emiti� como en las consideraciones de la sentencia que le dieron origen, en el sentido de que la instituci�n p�blica del Ministerio P�blico est� impedido para obtener coactivamente la comparecencia a declarar del presunto implicado en los hechos que investiga, pues esa afirmaci�n la realiza �nicamente ese �rgano colegiado y no se advierte que los otros dos tribunales contendientes hubieran afirmado lo contrario para estimar que s� se actualiza el supuesto de contradicci�n.

En consecuencia, procede declarar que debe prevalecer el criterio sostenido por esta S., el que se reproduce en las siguientes tesis:

ORDEN DE B�SQUEDA, LOCALIZACI�N Y PRESENTACI�N DEL INDICIADO PARA DECLARAR DENTRO DE LA AVERIGUACI�N PREVIA. ES UNA DILIGENCIA QUE INTEGRA EL MATERIAL PROBATORIO EN DICHA FASE.-El principio acusatorio contenido en el art�culo 21 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos obliga al Ministerio P�blico a que antes de ejercer la acci�n penal, esto es, hacer la acusaci�n correspondiente, realice la investigaci�n y persecuci�n del delito, lo que se traduce en una facultad y una obligaci�n consistente en recabar el acervo probatorio suficiente para demostrar el cuerpo del delito y la responsabilidad del inculpado. En esas circunstancias, la orden de localizaci�n, b�squeda y presentaci�n del indiciado para que declare dentro de la averiguaci�n previa no es otra cosa que una diligencia m�s para integrar el material probatorio que el Ministerio P�blico debe allegar dentro de esta fase procesal, para obtener los elementos suficientes para ejercer la acci�n penal.

ORDEN DE B�SQUEDA, LOCALIZACI�N Y PRESENTACI�N DEL INDICIADO PARA DECLARAR DENTRO DE LA AVERIGUACI�N PREVIA. NO TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE NO AUTOINCRIMINACI�N CONTENIDO EN LA FRACCI�N II DEL APARTADO A DEL ART�CULO 20 DE LA CONSTITUCI�N FEDERAL.-El citado numeral concede al indiciado, entre otros, el derecho de no declarar si lo estima conveniente, lo que conduce a establecer que menos a�n est� obligado a declarar en su contra. Luego, la orden de localizaci�n, b�squeda y presentaci�n del indiciado para que declare dentro de la averiguaci�n previa no transgrede el principio de no autoincriminaci�n contenido en el art�culo 20 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, porque �nicamente se cita al indiciado a que comparezca dentro de esta fase procesal para declarar, sin que tal acto implique que no est� facultado para no hacerlo, de manera que esa citaci�n, lejos de violentar alg�n derecho, le protege el de defensa dentro del proceso, porque lo posibilita para comparecer y manifestar lo que a su derecho convenga.

ORDEN DE B�SQUEDA, LOCALIZACI�N Y PRESENTACI�N DEL INDICIADO PARA DECLARAR DENTRO DE LA AVERIGUACI�N PREVIA. NO ES RESTRICTIVA DE LA LIBERTAD, POR LO QUE NO SE TRADUCE EN UNA ORDEN DE DETENCI�N.-La finalidad de la orden de detenci�n es privar de la libertad a una persona, a diferencia de la orden de localizaci�n, b�squeda y presentaci�n del indiciado para que declare dentro de la averiguaci�n previa, cuyo objeto no es restringir su libertad, sino lograr su comparecencia dentro de esta fase procesal para que declare si as� lo estima conveniente, ya que incluso puede abstenerse de hacerlo, adem�s de que una vez terminada la diligencia para la que fue citado, puede reincorporarse a sus actividades cotidianas, por lo que no puede considerarse que se le priva de su libertad.

Por lo expuesto y fundado, se

resuelve:

PRIMERO

S� existe contradicci�n de tesis entre el criterio que sostienen el Segundo y Tercer Tribunales Colegiados en Materia Penal del Tercero y Primer Circuito, respectivamente, y el que sostiene el Tercer Tribunal Colegiado del V.�simo Circuito.

SEGUNDO

Debe prevalecer con car�cter de jurisprudencia el criterio sustentado por esta Primera S. de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n en las tesis precisadas en el considerando �ltimo de esta resoluci�n.

TERCERO

Rem�tanse copias de las tesis jurisprudenciales que se sustentan en esta resoluci�n, a la Direcci�n General de la Coordinaci�n de Compilaci�n y S.�n de Tesis para su publicaci�n en el Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, as� como a los �rganos jurisdiccionales que se mencionan en la fracci�n III del art�culo 195 de la Ley de A..

N.�quese; con testimonio de esta resoluci�n, comun�quese a los Tribunales Colegiados sustentantes, y en su oportunidad arch�vese el expediente.

As� lo resolvi� la Primera S. de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, por unanimidad de cuatro votos de los se�ores Ministros: Jos� de Jes�s G.�o P. (ponente), J.N.S.M., J.R.�n C.�o D�az y presidenta O.S.C. de G.�a V.. Ausente el M.H.R.P..

Nota: La tesis de rubro: "ORDEN DE B�SQUEDA, LOCALIZACI�N Y PRESENTACI�N DEL INDICIADO PARA OBTENER SU DECLARACI�N ANTE EL MINISTERIO P�BLICO EN RELACI�N CON LOS HECHOS QUE SE LE ATRIBUYEN Y QUE SON MATERIA DE INVESTIGACI�N. ES ILEGAL.", citada en esta ejecutoria, aparece publicada con el n�mero XX.3o.4 P, en el Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, Novena �poca, T.X., enero de 2003, p�gina 1822.