Ejecutoria num. 2a./J. 81/2004 de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala - Jurisprudencia - VLEX 26824771

Ejecutoria num. 2a./J. 81/2004 de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala

Emisor:Segunda Sala
Número de Resolución:2a./J. 81/2004
Materia:Suprema Corte de Justicia de México
Fecha de Publicación: 1 de Julio de 2004
RESUMEN

CONTRADICCIÓN DE TESIS 47/2004-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO NOVENO CIRCUITO, EN CONTRA DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO DEL VIGÉSIMO PRIMER CIRCUITO, EN MATERIA DE TRABAJO DEL TERCER CIRCUITO, SEGUNDO EN MATERIAS CIVIL Y DE TRABAJO DEL SEGUNDO CIRCUITO Y SEGUNDO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO.TESTIGOS. PARA EFECTOS DEL ARTÍCULO 813, FRACCIÓN II, DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, PUEDE SEÑALARSE EL DOMICILIO DE SU CENTRO DE TRABAJO, Y NO NECESARIAMENTE EL PARTICULAR.CONTRADICCIÓN DE TESIS. DEBE RESOLVERSE AUN ANTE LA IMPOSIBILIDAD DE TENER A LA VISTA LA EJECUTORIA DE LA QUE DERIVÓ ALGUNO DE LOS CRITERIOS QUE SE ESTIMAN DIVERGENTES, SI EL TEXTO DE LA TESIS PUBLICADA EN EL SEMANARIO JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN ES SUFICIENTEMENTE CLARO Y EL PUNTO DE DERECHO QUE EN ÉL SE ABORDA PUEDE PRESENTARSE EN SITUACIONES FUTURAS Y REITERADAS.

 
ÍNDICE
CONTENIDO

CONTRADICCI�N DE TESIS 47/2004-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIG�SIMO NOVENO CIRCUITO, EN CONTRA DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO DEL VIG�SIMO PRIMER CIRCUITO, EN MATERIA DE TRABAJO DEL TERCER CIRCUITO, SEGUNDO EN MATERIAS CIVIL Y DE TRABAJO DEL SEGUNDO CIRCUITO Y SEGUNDO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO.

CONSIDERANDO:

TERCERO

El Segundo Tribunal Colegiado del Vig�simo Noveno Circuito, al resolver el treinta de enero del a�o dos mil cuatro el juicio de amparo directo 524/2003, por unanimidad de votos, sostuvo, en lo que interesa, lo siguiente:

En relaci�n con el concepto de violaci�n tercero, en s�ntesis, el apoderado de la empresa quejosa se duele de que la Junta responsable conculc�, en perjuicio de su representada, las garant�as de legalidad, seguridad jur�dica y audiencia, se�alando como preceptos legales violados los art�culos 14, 16 y 17 constitucionales, por indebida aplicaci�n del art�culo 813 de la Ley Federal del Trabajo, al desechar la prueba testimonial que anunci� en el punto cinco de su escrito de ofrecimiento de pruebas, en los t�rminos siguientes: ?5. La testimonial a cargo de los se�ores R.T.L., R. de Le�n Ferrusca y A.L.V., todos ellos con domicilio ubicado en calle X.�ncatl, n�mero 14, colonia Centro, C.P. 42800, Municipio de Tula de A., Estado de H., personas a las que me comprometo a presentar el d�a y hora que para tal efecto se�ale esta autoridad?, aduciendo que esta prueba se relaciona con lo manifestado en su escrito de contestaci�n a la demanda, en especial respecto al hecho de que el actor manifest� su deseo de separarse del empleo, para concluir que, con lo anterior, se cumpliment� el mandato precisado por el precepto legal citado, ya que se estableci� de forma cierta y clara el nombre y domicilio de las personas ofrecidas como testigos, as� como la relaci�n que ten�a tal prueba con los hechos controvertidos. Que no obstante ello, la Junta responsable, al resolver sobre el ofrecimiento de probanzas de las partes -punto segundo del prove�do de fecha diez de junio de dos mil dos- desech� la referida prueba testimonial, argumentando que no fue se�alado el domicilio de cada testigo; estimando el expresante de conceptos de violaci�n que tal proceder fue incorrecto, ya que el precepto legal citado no obliga a tal extremo, para lo cual invoc� la tesis de rubro: ?TESTIGOS, DOMICILIO DE LOS. NO ES NECESARIO QUE AL OFRECERLOS SE INDIQUE EL PARTICULAR.?, S�ptima �poca, Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, misma que transcribi� en su texto, localizaci�n y precedentes. Resulta infundado el tercer concepto de violaci�n por las razones que se expondr�n enseguida. En primer t�rmino, es necesario tomar en cuenta la determinaci�n de la otrora Cuarta Sala de la honorable Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, al resolver la contradicci�n de tesis varios 4/89, criterio en el que se fund� la autoridad responsable para desechar la prueba testimonial, que puede consultarse bajo los siguientes datos de localizaci�n: tesis 4a./J. 22 VI/90, del Semanario Judicial de la Federaci�n, Octava �poca, Tomo V, Primera Parte, enero a junio de 1990, p�gina 284; y bajo el rubro y texto siguientes: ?PRUEBA TESTIMONIAL EN JUICIO LABORAL. OFRECIMIENTO.? (se transcribe). Como consta en el cuerpo considerativo de la ejecutoria, para resolverse la contradicci�n de tesis se realiz� el an�lisis comparativo del art�culo 760, fracci�n VII, de la Ley Federal del Trabajo de mil novecientos setenta, con el numeral 813, fracci�n II, de la actual Ley Federal del Trabajo, correlacionado �ste con el art�culo 780 de la propia ley vigente. El art�culo 760, fracci�n VII, de la ley laboral vigente hasta antes del primero de mayo de mil novecientos ochenta, preve�a: ?Art�culo 760.? (se transcribe). Ahora, los numerales 780 y 813, fracci�n II, de la vigente Ley Federal del Trabajo, disponen: ?Art�culo 780.? (se transcribe). ?Art�culo 813.? (se transcribe). Partiendo del examen realizado por la entonces Cuarta Sala de la honorable Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, este tribunal advierte que el oferente de la prueba testimonial indicar� el nombre de los testigos, y �nicamente para el caso de que se solicitara a la Junta su citaci�n, adem�s, deb�a se�alar el domicilio y los motivos que le impidieran presentarlos directamente. Es decir, la exigencia de indicar el domicilio de los testigos surg�a de la solicitud a la autoridad laboral para que los citase ante el impedimento de poderlos presentar el oferente de la testimonial, de lo cual se infiere, a contrario sensu, que si �ste precisaba su compromiso de presentar a los testigos, bastaba el se�alamiento de su nombre, ante la innecesidad del citatorio por parte de la Junta y, por tanto, del conocimiento de su domicilio. Ahora, de las disposiciones vigentes se concluye lo siguiente: a) En lo general, que los medios de prueba en el procedimiento laboral han de ser ofrecidos con el se�alamiento de todos los elementos necesarios para su desahogo; b) Para la prueba testimonial, espec�ficamente, el art�culo 813 dispone que el oferente deber� cumplir con los requisitos que se enuncian en sus diversas fracciones, entre ellos, el que prev� la fracci�n II, acerca de la indicaci�n de los nombres y domicilios de los testigos. c) Tal exigencia, de car�cter indefectible, debe cumplirse con independencia de que el oferente se comprometa a presentar a los testigos o, en su caso, solicite a la autoridad laboral sean citados por su conducto; y, d) Es as�, porque aunque se prev� en la misma fracci�n II que cuando existiere impedimento para presentar a los testigos deber� solicitarse a la Junta que los cite, debi�ndose en este caso se�alar la causa o motivos justificados de tal impedimento, �ste es un requisito adicional exigible para el particular supuesto. As� las cosas, a diferencia de lo previsto en la disposici�n legal derogada que ante la solicitud para que la Junta citase a los testigos impon�a al anunciante de la prueba la obligaci�n de manifestar los motivos que le impiden presentar a los testigos directamente, as� como el se�alamiento de su domicilio, en la legislaci�n vigente, dado que la indicaci�n del domicilio de los testigos es forzosa en todos los casos, obvio es que para el caso espec�fico s�lo se requiera adicionalmente la exposici�n de las causas de impedimento para su presentaci�n directa. En la especie, si bien es cierto que al ofrecer la prueba testimonial a cargo de R.T.L., R. de Le�n Ferrusca y A.L.V., la parte ahora quejosa se�al� como domicilio de todos ellos el ubicado en calle X.�ncatl, n�mero 14, colonia Centro, C.P. 42800, Municipio de Tula de A., Estado de H., �ste resulta ser el mismo domicilio que se�al� para o�r y recibir notificaciones, en t�rminos de lo dispuesto por el art�culo 739 de la Ley Federal del Trabajo, como se desprende de su escrito de contestaci�n a la demanda -foja 51 del expediente laboral-. Por tanto, el se�alado por la ahora quejosa no puede ser considerado como indicaci�n de los ?domicilios de los testigos?, que textual e imperativamente exige el primer enunciado del art�culo 813 del mismo ordenamiento laboral, dado que el uso del plural implica el se�alamiento del domicilio de cada uno de los testigos, como acertadamente lo consider� la Junta responsable. En tal virtud, este �rgano pluripersonal no comparte el criterio sostenido por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito en la tesis aislada de la S�ptima �poca, que invoca la impetrante en su tercer concepto de violaci�n, la que aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federaci�n, Vol�menes 193-198, Sexta Parte, p�gina 172, del tenor siguiente: ?TESTIGOS, DOMICILIO DE LOS. NO ES NECESARIO QUE AL OFRECERLOS SE INDIQUE EL PARTICULAR.? (se transcribe). El desacuerdo con el anterior criterio es sobre la interpretaci�n que se hace a la fracci�n II del art�culo 813 de la Ley Federal del Trabajo, respecto de ?los domicilios de los testigos?, aduci�ndose que no se exige que sea precisamente el particular, sino que puede ser el domicilio en el que trabaja el atestiguante. Este tribunal colegiado estima que, si bien es cierto que la disposici�n aludida no se�ala de manera espec�fica que deba ser el domicilio particular de los testigos, aqu� debe tomarse como referencia necesaria la connotaci�n legal de domicilio prevista por el art�culo 29 del C�digo Civil Federal, que a la letra establece: ?Art�culo 29.? (se transcribe). En tal virtud, ciertamente podr�a se�alarse como domicilio de un testigo el lugar de su centro de trabajo, siempre y cuando previamente se acredite la falta de un domicilio particular, es decir, de un lugar donde resida habitualmente, inclusive, podr�a hacerse el se�alamiento del lugar donde simplemente resida el testigo, o donde se encontrare, se insiste, previa acreditaci�n de la inexistencia de los supuestos anteriores que, en la prelaci�n espec�fica, determina el art�culo 29 del C�digo Civil Federal. Adem�s, este �rgano tripersonal estima que la indicaci�n de los domicilios de los testigos, que como requisito para el ofrecimiento de la prueba testimonial exige, ineludiblemente, la fracci�n II del art�culo 813 de la Ley Federal del Trabajo obedece a dar seguridad a las partes, a las autoridades laborales y al propio testigo en el procedimiento laboral. Seguridad para la contraparte del oferente de la prueba, a efecto de que tenga certeza de la identificaci�n del testigo y pueda localizarlo cuando fuere necesario; para el �rgano laboral, en virtud de que puede constituir un dato que sirva a la calificaci�n de la postura, veracidad y, por ende, la idoneidad del declarante; y, para el testigo mismo, que en caso de ser citado por la autoridad de trabajo lo sea precisamente en su domicilio y no en alg�n otro, en el cual pudiera no ser encontrado y, por ello, desconocer la cita y ser propicio a la ilegal imposici�n de alguno de los medios de apremio que establece el art�culo 731 de la multicitada ley laboral. As� las cosas, contrariamente a lo que alega la parte quejosa, la Junta responsable resolvi� correctamente al desechar la prueba testimonial que ofreci� y, por tanto, es inexistente la alegada violaci�n procedimental. Por otra parte, dado el desacuerdo de este tribunal, con la tesis invocada por la impetrante en su tercer concepto de violaci�n -cuya transcripci�n y datos de localizaci�n se han se�alado con anterioridad-, en atenci�n a lo establecido por los art�culos 196 y 197-A de la Ley de Amparo, es procedente hacer denuncia de la contradicci�n de tesis ante la honorable Suprema Corte de Justicia de la Naci�n. Asimismo, advirti�ndose que el criterio que se ha sostenido en la presente ejecutoria es opuesto a los que han sostenido otros Tribunales Colegiados, la denuncia se hace, adem�s, respecto a las siguientes tesis: La sustentada por el Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, con los siguientes datos de localizaci�n: Tesis III.T.27 L, Novena �poca, Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, T.V., febrero de 1998, p�gina 556, bajo rubro y texto que dicen: ?TESTIMONIAL, ILEGAL DESECHAMIENTO DE LA, SI SE SE�ALA COMO DOMICILIO PARA QUE SEAN CITADOS LOS TESTIGOS, EL DEL LUGAR EN QUE LABORAN.? (se transcribe). La tesis II.2o.C.T.5 L, del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Segundo Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, Novena �poca, T.I., noviembre de 1995, p�gina 620, de la literalidad siguiente: ?VIOLACI�N PROCESAL, DESECHAMIENTO DE LA PRUEBA TESTIMONIAL, POR NO PROPORCIONAR EL DOMICILIO PARTICULAR DE LOS TESTIGOS.? (se transcribe). Y la tesis XXI.1o.8 L, que sostiene el Primer Tribunal Colegiado del Vig�simo Primer Circuito, visible en la p�gina 1033, T.I.I, marzo de 1996, Novena �poca del Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, que se reproduce enseguida: ?TESTIGOS, DOMICILIO DE LOS. NO NECESARIAMENTE LO ES EL PARTICULAR.? (se transcribe).

El criterio anterior origin� la tesis aislada XXIX.2o.1 L, aprobada por el Pleno del referido Tribunal Colegiado en sesi�n del diecisiete de febrero del a�o dos mil cuatro, que dice:

PRUEBA TESTIMONIAL EN EL JUICIO LABORAL, OFRECIMIENTO DE LA, E INDICACI�N DEL DOMICILIO. De conformidad con el criterio sustentado por la otrora Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, en la jurisprudencia n�mero 4a./J. 22 VI/90, derivada de la contradicci�n de tesis varios 4/89, de rubro: ?PRUEBA TESTIMONIAL EN JUICIO LABORAL. OFRECIMIENTO.?, corresponde al oferente de esta prueba la carga de se�alar tanto el domicilio como el nombre de los testigos, en todos los casos, con independencia de que se comprometa a presentarlos ante la Junta; por lo que la omisi�n de tales requisitos exigidos por la fracci�n II del art�culo 813 de la Ley Federal del Trabajo trae como consecuencia su inadmisi�n. Ahora, de la interpretaci�n correlacionada de los art�culos 760, fracci�n VII, de la Ley Federal del Trabajo de mil novecientos setenta; 780 y 813, fracci�n II, de la actual Ley Federal del Trabajo; y 29 del C�digo Civil Federal, se advierte que en la disposici�n derogada s�lo se requer�a que al ofrecerse la prueba testimonial se indicara el nombre de los testigos, y �nicamente para el caso de que se solicitara a la Junta su citaci�n, adem�s, deb�a se�alarse su domicilio y los motivos que impidieran presentarlos directamente. Sin embargo, de las disposiciones vigentes se concluye: a) En lo general, que los medios de prueba en el procedimiento laboral han de ser ofrecidos con el se�alamiento de todos los elementos necesarios para su desahogo; b) Para la prueba testimonial, espec�ficamente el art�culo 813 dispone que deber� cumplirse con los requisitos que se enuncian en sus diversas fracciones, entre ellos, el que prev� la fracci�n II, acerca de la indicaci�n de los nombres y domicilios de los testigos; c) Esta exigencia, de car�cter indefectible, debe cumplirse con independencia de que el oferente se comprometa a presentar a los testigos o, en su caso, solicite a la autoridad laboral sean citados por su conducto; y, d) Aunque se prev� en la misma fracci�n II que cuando existiere impedimento para presentar a los testigos deber� solicitarse a la Junta que los cite, debi�ndose, en este caso, se�alar la causa o motivos justificados de tal impedimento, �ste es un requisito adicional exigible para el particular supuesto. Adem�s, si bien es cierto que la disposici�n aludida no se�ala de manera espec�fica que deba ser el domicilio particular de los testigos, aqu� debe tomarse como referencia necesaria la connotaci�n legal de domicilio prevista por el art�culo 29 del C�digo Civil Federal, de la cual se obtiene que ciertamente podr�a se�alarse como domicilio de un testigo el lugar de su centro de trabajo, siempre y cuando previamente se acredite la falta de un domicilio particular, es decir, de un lugar donde resida habitualmente, inclusive, podr�a hacerse el se�alamiento del lugar donde simplemente resida el testigo, o donde se encontrare, se insiste, previa acreditaci�n de la inexistencia de los supuestos anteriores, que en la prelaci�n espec�fica determina la disposici�n civil ut supra citada. La indicaci�n de los domicilios de los testigos que como requisito para el ofrecimiento de la prueba testimonial exige, ineludiblemente, la fracci�n II del art�culo 813 de la Ley Federal del Trabajo, obedece a dar seguridad a las partes, a las autoridades laborales y al propio testigo en el procedimiento laboral; seguridad para la contraparte del oferente de la prueba, a efecto de que tenga certeza de la identificaci�n del testigo y pueda localizarlo cuando fuere necesario; para el �rgano laboral, en virtud de que puede constituir un dato que sirva a la calificaci�n de la postura, veracidad y, por ende, la idoneidad del declarante; y, para el testigo mismo, que en caso de ser citado por la autoridad del trabajo lo sea precisamente en su domicilio y no en alg�n otro en el cual pudiera no ser encontrado y, por ello, desconocer la cita y ser propicio a la ilegal imposici�n de alguno de los medios de apremio que establece el art�culo 731 del antedicho ordenamiento laboral.

El Primer Tribunal Colegiado del Vig�simo Primer Circuito, al resolver el amparo directo 271/95, el veintid�s de junio de mil novecientos noventa y cinco, por unanimidad de votos, sostuvo el criterio que a continuaci�n se transcribe en la parte que interesa:

Otro argumento se hace consistir en que la ratificaci�n de documentos por parte de los suscriptores se equipara a una prueba testimonial, por lo que su ofrecimiento debe ser acorde a las reglas establecidas por el art�culo 813, fracci�n III, del c�digo obrero, y como al ofrecerse la ratificaci�n a cargo de J.L.B.A., R.J.�s V.B. y M.R.D. se omiti� se�alar los domicilios de estas personas, se debi� desechar la ratificaci�n propuesta; que se transgrede tambi�n en su perjuicio el art�culo 848 de la Ley Federal del Trabajo, porque las Juntas no pueden revocar sus propias determinaciones, por lo que si mediante acuerdo del dieciocho de octubre de mil novecientos noventa y uno obligan a la parte demandada para que presentara a sus ratificantes, bajo el apercibimiento de que de no hacerlo se le tendr�a por no perfeccionada la documental, la Junta no se encontraba facultada para revocar su determinaci�n, adem�s de que en t�rminos del art�culo 735 de la ley laboral, el derecho de la demandada para comunicar a la responsable sobre la circunstancia de que hab�a dado por terminada la relaci�n de trabajo con los ratificantes el d�a veintis�is de febrero y cuatro de marzo de mil novecientos noventa y uno, precluy� por haber fenecido el t�rmino de tres d�as; que igualmente atendiendo a que la ratificaci�n de documentos se equipara a una prueba testimonial, que deber� desahogarse en t�rminos de lo que disponen los art�culos 781, 815 y 802 de la Ley Federal del Trabajo, cuyo desahogo es indivisible, la ratificaci�n imputable a varias personas tambi�n resulta indivisible, por tanto, si la demandada acept� desahogar la ratificaci�n de dos de ellos sin la comparecencia del tercero, la Junta en su perjuicio debi� haberle tenido por desistida de la ratificaci�n con cargo al �ltimo; en contestaci�n a estos temas, se considera que es verdad que el perfeccionamiento de un documento mediante la ratificaci�n de sus firmantes, su ofrecimiento y recepci�n, debe ajustarse a las reglas procesales de la prueba testimonial; sin embargo, es desacertada la afirmaci�n en el sentido de que la parte demandada omiti� se�alar los domicilios de los ratificantes pues, al respecto, el oferente de la prueba solicit� que fueran citados en el centro de trabajo demandado, en el que prestan sus servicios, con lo cual se dio cumplimiento a lo ordenado por el art�culo 813, fracci�n II, de la Ley Federal del Trabajo, en raz�n de que no exige que necesariamente se trate del domicilio particular del testigo; ahora bien, el hecho de que la Junta responsable en un principio acordara que los ratificantes deb�an ser presentados por el oferente de la prueba, apercibi�ndole que de no hacerlo se le tendr�a por no perfeccionada la prueba, y que posteriormente ordenara su situaci�n por conducto del actuario de la Junta en los nuevos domicilios se�alados por el oferente, de ning�n modo puede tenerse como una revocaci�n de determinadas resoluciones por un cambio de opini�n del tribunal laboral al no existir la sustentaci�n que las fundaba, ya que desde el ofrecimiento de dicha ratificaci�n la parte demandada pidi� su citaci�n protestando carecer de potestad para presentarlos, y por haber sido compa�eros de labores de la actora, volviendo a insistir despu�s en la imposibilidad de presentarlos, pero ahora con el argumento de que ya no prestaban susservicios en la empresa demandada, por ende, la modificaci�n del acuerdo anterior debe entenderse como regularizaci�n del procedimiento, en t�rminos de los art�culos 686 y 800 del c�digo obrero. ...

El fallo anterior dio lugar al establecimiento de la tesis aislada XXI.1o.8 L, publicada en la p�gina 1033 del T.I.I, marzo de 1996, de la Novena �poca, compilada en el Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, con el siguiente ep�grafe y sinopsis:

TESTIGOS, DOMICILIO DE LOS. NO NECESARIAMENTE LO ES EL PARTICULAR. Si una de las partes en el procedimiento laboral ofrece las declaraciones de unos testigos y se se�ala el nombre de cada uno de ellos, as� como el domicilio del lugar donde trabajan, con esto no se incumple lo ordenado por el art�culo 813, fracci�n II de la Ley Federal del Trabajo, que dispone que la parte que ofrezca prueba testimonial deber� cumplir con los requisitos siguientes: ?... fracci�n II. Indicar� los nombres y domicilios de los testigos ...?, en raz�n de que no se exige que necesariamente se trate del domicilio particular de aqu�llos, pues los prop�sitos de esta disposici�n son entre otros, dar seguridad a las partes en el proceso, permitir la localizaci�n del testigo y su citaci�n cuando proceda, contribuir a su identificaci�n, servir de base para hacer repreguntas y en general, puede constituir un dato para calificar su posici�n, veracidad y por ende su idoneidad.

El Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, por su parte, al fallar el amparo directo 381/97, el veintiuno de enero de mil novecientos noventa y ocho, por unanimidad de votos, sostuvo lo que a continuaci�n se transcribe en la parte que informa el asunto:

TERCERO. El estudio de los anteriores conceptos de violaci�n permite arribar a las siguientes consideraciones: Como bien lo sostiene el impetrante del amparo, durante la tramitaci�n del juicio natural, se cometi� una violaci�n procesal en su perjuicio, aunque, como se ver� con posterioridad, a la postre result� intrascendente; ello es as� tomando en consideraci�n que ofreci� la testimonial a cargo de V�ctor P.G., Jes�s G.B. y C.V. �valos, como sigue: Testimonial. Consistente en las respuestas a los interrogatorios que en forma verbal y directa se formular�n a los se�ores profesores V�ctor P.G., Jes�s G.B. y C.V. �valos, quienes deber�n ser citados por conducto de esta H. Junta en el domicilio de la demandada en 1a. Av. Tonantzin 1263 de la colonia Jardines del Bosque, de esta ciudad, toda vez que la parte actora est� imposibilitada para presentarlos, en virtud de ser dependientes (profesores) a las �rdenes de la demandada, y l�gicamente si �sta no les da permiso o no quiere que se presenten, no podr�n hacerlo motu proprio, lo anterior a efecto de que se presenten en la fecha que para tal efecto se fije, toda vez que �stas personas estuvieron presentes en la junta acad�mica celebrada el d�a 12 de enero del a�o en curso y se dieron cuenta de lo que all� ocurri�, independientemente de que ellos pertenecen a la coordinaci�n acad�mica de la escuela demandada. Esta prueba se encuentra relacionada con los puntos 2 y 3 de la demanda y su aplicaci�n. Para el caso de que se le cite en el domicilio de la demandada y no comparezcan oportunamente, se har� del conocimiento de esta H. Junta los domicilios particulares de cada uno de ellos para los efectos legales a que haya lugar (folio 47). Dicho medio de convicci�n se objet� por la demandada bajo el siguiente tenor: ?... se objeta la admisi�n de la misma, en virtud de que las personas se�aladas en dicho apartado nunca, ni en ning�n momento, fueron relacionadas o se�aladas dentro de los hechos que la actora en su escrito de demanda, en los puntos 2 y 3 y en donde refiere la citada junta acad�mica del d�a 12 de enero del a�o en curso, se�ala que estuvieran presentes, por lo que, en consecuencia, al no haber sido relacionada dentro de los hechos del cap�tulo mencionado y al ofrecerla para acreditar la actora los puntos 2 y 3 de su escrito de demanda, del que no se desprende en ning�n momento que dichas personas hubieran estado presentes al no imput�rseles hechos propios, deber� desecharse su admisi�n. ...? (folios 53 vuelta y 54). La Junta responsable, resolvi� la admisi�n de las pruebas ofrecidas por el actor, en los siguientes t�rminos: ?Vistas y analizadas las pruebas ofrecidas por la parte actora se le admiten en su totalidad por encontrarse ajustadas a derecho y formar parte de los puntos controvertidos en la presente litis, con excepci�n de la prueba testimonial marcada con el n�mero 2 de su escrito de ofrecimiento de pruebas, dado que la misma no re�ne los requisitos se�alados por el art�culo 813, fracci�n II, del c�digo obrero, toda vez que la parte oferente no se�ala los domicilios de los testigos y en caso de que �stos fueron (sic) citados por el C. Actuario notificador de esta Junta dejen en imposibilidad jur�dica a esta autoridad para ordenar tal citaci�n, ya que en donde ser�an citados los testigos, por lo que se le desecha la prueba por pleno derecho ...?. Luego entonces, como bien lo ha sostenido el peticionario de garant�as, tal desechamiento de la referida prueba fue ilegal, debido a que el actor cumpli� con el requisito de se�alar el domicilio en el cual pod�an ser citados los testigos propuestos (el de la demandada), ya que el dispositivo 813, en su fracci�n II, no impone la obligaci�n de precisar el domicilio de �stos, sino que de manera gen�rica obliga a que el oferente indique el domicilio de los testigos, sin precisar cu�l; de ah� que pueda darse, como en el caso, el domicilio de la demandada, que es en donde puedan ser localizados, ya que en �l laboran y ah� puede llevarse a cabo la notificaci�n respectiva, as� que en el caso como el que nos ocupa, el oferente no est� obligado a conocer el domicilio particular de los testigos (que son sus compa�eros), de modo que facilita la actuaci�n de la Junta con el hecho de indicar la ubicaci�n del domicilio de la demandada. As�, resulta ilegal el desechamiento de la prueba testimonial, si �ste se sustenta en el hecho de que el actor se�al� como domicilio en el cual pod�an ser citados los testigos propuestos el del lugar donde laboran, ya que el dispositivo 813 de la Ley Federal del Trabajo, en su fracci�n II, s�lo impone la obligaci�n de precisar el domicilio de �stos, es decir, que de manera gen�rica obliga a que el oferente indique el domicilio de los testigos, sin precisar cu�l, de ah� que pueda darse el domicilio donde desempe�an su trabajo, por ser uno de los lugares donde normalmente y con facilidad pueden ser localizados.

Dicha ejecutoria dio origen a la tesis aislada III.T.27 L, visible a foja 556, T.V., febrero de 1998, Novena �poca, compilada en el Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, que se�ala:

TESTIMONIAL, ILEGAL DESECHAMIENTO DE LA, SI SE SE�ALA COMO DOMICILIO PARA QUE SEAN CITADOS LOS TESTIGOS, EL DEL LUGAR EN QUE LABORAN. Resulta ilegal el desechamiento de la prueba testimonial, si �ste se sustenta en el hecho de que el actor se�al� como domicilio en el cual pod�an ser citados los testigos propuestos el del lugar donde laboran, ya que el dispositivo 813 de la Ley Federal del Trabajo, en su fracci�n II, s�lo impone la obligaci�n de precisar el domicilio de �stos, es decir, que de manera gen�rica obliga a que el oferente indique el domicilio de los testigos, sin precisar cu�l; de ah� que pueda darse el domicilio donde desempe�an su trabajo, por ser uno de los lugares donde, normalmente y con facilidad, pueden ser localizados.

El Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Segundo Circuito, al resolver el amparo directo 841/95, el treinta de agosto de mil novecientos noventa y cinco, por unanimidad de votos, precis�, en la parte que informa el asunto, lo siguiente:

CUARTO. El primer concepto de violaci�n es fundado y suficiente para otorgar el amparo. En efecto, de lo dispuesto por los art�culos 158, 159 y 161 de la Ley de Amparo se desprende que en los juicios de amparo directo, a prop�sito del estudio de las violaciones procesales, el �rgano de control constitucional debe examinar si la violaci�n al procedimiento que propone el quejoso es de aquellas comprendidas en las diferentes fracciones de los art�culos 159 y 160 del ordenamiento legal citado, seg�n sea el caso civil o penal, respectivamente, si as� fuera, el �rgano de control constitucional debe a continuaci�n determinar si el hecho en el que se hace consistir la violaci�n procesal es cierto o no; si la respuesta es positiva, debe despu�s establecer si el amparo por la materia del acto reclamado debi� o no prepararse en t�rminos del art�culo 161 de la ley de la materia, y si fue observado este precepto legal, acto seguido, el �rgano de control constitucional debe estudiar si la violaci�n procesal es contraria a la ley y a las garant�as que al efecto haga valer el quejoso aplicando las reglas de estricto derecho o suplencia de la queja, seg�n el caso, previo constatar si la violaci�n trasciende al resultado del fallo. No debiendo olvidarse que el estudio de las violaciones procesales es previo al de las violaciones de fondo, y que si prosperan las primeras ya no procede el estudio de estas �ltimas, porque deber� invalidarse la sentencia y reponerse el procedimiento para reparar las violaciones procesales. En el caso concreto, el quejoso en su primer concepto de violaci�n propone como violaci�n procesal que la prueba testimonial a cargo de A.M. le fue desechada indebidamente. El art�culo 159, fracci�n III, de la Ley de Amparo dice: ?En los juicios seguidos ante tribunales civiles, administrativos o de trabajo, se considerar�n violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso: ... III. Cuando no se le reciban las pruebas que legalmente haya ofrecido, o cuando no se reciban conforme a la ley.?. Como se ve del precepto parcialmente transcrito, la violaci�n procesal est� prevista como reclamable en amparo directo. La violaci�n al procedimiento es cierta, pues del examen de autos aparece que en la audiencia de conciliaci�n, demanda, excepciones, ofrecimiento y admisi�n de pruebas, de fecha veintiocho de junio de mil novecientos noventa y cuatro, la Junta acord� desechar la prueba testimonial ofrecida por la parte actora. Por ser un asunto de car�cter laboral no es necesaria la reparaci�n de la violaci�n procesal en t�rminos de lo previsto en el art�culo 161 de la Ley de Amparo. Ahora bien, la violaci�n al procedimiento es fundada. Ciertamente, en la �ltima etapa de la audiencia de conciliaci�n, demanda, excepciones, ofrecimiento y admisi�n de pruebas, la parte actora, hoy quejosa, ofreci� la prueba testimonial a cargo de A.M., solicitando a la Junta que al encontrarse imposibilitada para presentarlo, y toda vez que es un empleado de la parte patronal sea citado por conducto de la Junta y se le notifique en el domicilio de la demandada. Por su parte, la Junta para desechar la prueba aludida arguy� que no re�ne los requisitos que establece la fracci�n II del art�culo 813 de la Ley Federal del Trabajo, al no proporcionar el domicilio de su testigo. El art�culo 815, fracci�n I, de la Ley Federal del Trabajo establece que el oferente de la prueba testimonial presentar� directamente a sus testigos, salvo lo dispuesto en el art�culo 815, fracci�n II, conforme al cual la oferente pueda solicitar a la Junta que cite a sus testigos, se�alando sus nombres, domicilios y motivos que le impidan presentarlos directamente. Luego, la quejosa manifest�, al ofrecer la prueba testimonial, que se encontraba imposibilitada para presentar a su testigo por ser una persona que presta sus servicios a la parte demandada y requiri� se citara por conducto de la Junta en el domicilio de la parte patronal, por lo que no incurre en la omisi�n de los requisitos del art�culo 813 de la referida ley laboral, pues se�al� el lugar donde se le pod�a citar legalmente para que compareciera ante la Junta a expresar los hechos que le constan en relaci�n con la controversia laboral, por ende, no es motivo para desechar tal probanza la omisi�n de indicar el domicilio particular del testigo, cuando se solicita se le notifique en el domicilio de la empresa demandada, lugar donde presta sus servicios. Ciertamente, no hay obligaci�n de se�alar el domicilio particular del testigo, porque la ley laboral no alude a ello, sino simplemente al domicilio donde pueda ser localizada la persona que va a deponer sobre los hechos, y ese domicilio puede ser el de la empresa demandada donde presta sus servicios dicho testigo, para que la Junta lo haga citar, por tanto, la Junta responsable, al no considerarlo as�, viol� las normas del procedimiento a que se refiere la fracci�n II del art�culo 813 de la Ley Federal del Trabajo y, por tanto, el precepto 14 constitucional y procede otorgar el amparo y protecci�n solicitados, para el efecto de que se invalide el laudo reclamado y se reponga el procedimiento y considere que en el ofrecimiento de la prueba testimonial en cuesti�n no es necesario indicar el domicilio particular del testigo, si �ste presta sus servicios a la empresa demandada, hecho lo cual y con plenitud de jurisdicci�n resuelve lo conducente; teniendo aplicabilidad la tesis aislada sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, que comparte este �rgano colegiado, visible en el Semanario Judicial de la Federaci�n, Octava �poca, T.I., Segunda Parte-2, p�gina 434, que dice: ?PRUEBA TESTIMONIAL, ILEGAL DESECHAMIENTO DE LA, POR NO PROPORCIONAR DOMICILIOS PARTICULARES DE TESTIGOS. La Junta viola las normas del procedimiento a que se refiere la fracci�n III del art�culo 159 de la Ley de Amparo, al desechar la prueba de testigos por no haberse proporcionado su domicilio particular, si en el ofrecimiento la parte actora manifest� desconocerlo, se�alando en cambio el domicilio de la empresa por ser empleados de la misma, dado que el art�culo 813 fracci�n II de la Ley Federal del Trabajo, no particulariza cuando alude al domicilio de los testigos.?.

El criterio anterior origin� la tesis aislada II.2o.C.T.5 L, visible a foja 620, T.I., noviembre de 1995, Novena �poca, publicada en el Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, que indica:

VIOLACI�N PROCESAL, DESECHAMIENTO DE LA PRUEBA TESTIMONIAL, POR NO PROPORCIONAR EL DOMICILIO PARTICULAR DE LOS TESTIGOS. El art�culo 813 fracci�n II de la Ley Federal del Trabajo se�ala: ?Art�culo 813. La parte que ofrezca prueba testimonial deber� cumplir con los requisitos siguientes: II. Indicar� los nombres y domicilios de los testigos; cuando exista impedimento para presentar directamente a los testigos deber� solicitar a la Junta que los cite, se�alando la causa o motivos justificados que le impidan presentarlos directamente.? Luego, si la quejosa manifest�, al ofrecer la prueba testimonial, que se encontraba imposibilitada para presentar a su testigo y se�al� que �ste presta sus servicios para la parte demandada y pidi� se le citara por conducto de la Junta en el domicilio de la patronal, no se incurre en la omisi�n de los requisitos que previene el art�culo 813 de la ley laboral, pues se�al� el lugar donde se le pod�a citar para que compareciera ante la Junta a expresar los hechos que le constaban en relaci�n a la controversia laboral, por ende, en tal caso no es motivo para desechar la probanza la omisi�n de indicar el domicilio particular del testigo. Ciertamente, no hay obligaci�n de se�alar el domicilio particular del testigo, porque la ley laboral no alude a ello sino simplemente al domicilio donde pueda ser localizada la persona que va a deponer sobre los hechos y ese domicilio puede ser el de la empresa demandada donde presta sus servicios el testigo, para que la Junta lo haga citar, por lo tanto, la Junta responsable al no considerarlo as� viol� las normas del procedimiento a que se refiere la fracci�n II del art�culo 813 de la Ley Federal del Trabajo y por tanto, el precepto 14 constitucional y debe ampararse.

Finalmente, al resolver por unanimidad de votos el amparo directo 2918/84, en sesi�n del veinticinco de enero de mil novecientos ochenta y cinco, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito emiti� el criterio que se contiene en la tesis aislada visible a foja 172, Vol�menes 193-198, Sexta Parte, S�ptima �poca, publicada en el Semanario Judicial de la Federaci�n, que a continuaci�n se transcribe pues, como antes se expuso, el secretario de Acuerdos de dicho Tribunal Colegiado manifest� su imposibilidad para remitir copia certificada de la ejecutoria de la que deriva la tesis publicada tambi�n en el Semanario Judicial de la Federaci�n, S�ptima �poca, Tribunales Colegiados, 1969-1987, T.X., p�gina 6368, motivo por el cual el presidente de la Sala orden� que el secretario de Acuerdos de la misma certificara la tesis de referencia, lo que realiz� el treinta y uno de marzo del a�o dos mil cuatro a trav�s de la copia que corre agregada en la p�gina 167 de autos, que es del tenor literal siguiente:

TESTIGOS, DOMICILIO DE LOS. NO ES NECESARIO QUE AL OFRECERLOS SE INDIQUE EL PARTICULAR. El art�culo 813, fracci�n II, de la Ley Federal del Trabajo, establece que la parte que ofrezca prueba testimonial deber� indicar los nombres y domicilios de los testigos, pero no exige que ese domicilio sea precisamente el particular. Por lo tanto, si quien ofrece un testigo y pide que sea citado por la Junta se�alada para ese efecto el domicilio en el que trabaja, la prueba debe admitirse.

CUARTO

Ahora bien, como cuesti�n previa debe determinarse si la contradicci�n de tesis re�ne o no los requisitos para su existencia, conforme lo dispone la jurisprudencia P./J. 26/2001, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, publicada en el Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, T.X., abril de 2001, Novena �poca, p�gina 76, que dice:

CONTRADICCI�N DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA. De conformidad con lo que establecen los art�culos 107, fracci�n XIII, primer p�rrafo, de la Constituci�n Federal y 197-A de la Ley de Amparo, cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n o la Sala que corresponda deben decidir cu�l tesis ha de prevalecer. Ahora bien, se entiende que existen tesis contradictorias cuando concurren los siguientes supuestos: a) que al resolver los negocios jur�dicos se examinen cuestiones jur�dicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jur�dicos discrepantes; b) que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jur�dicas de las sentencias respectivas; y, c) que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos.

Tambi�n se citan los art�culos 107, fracci�n XIII, primer p�rrafo, de la Constituci�n Federal y 197-A de la Ley de Amparo que, junto con la jurisprudencia antes transcrita, sirven como marco jur�dico para dilucidar si en el presente caso existe o no la contradicci�n de tesis denunciada. Dichos numerales dicen:

"Art�culo 107. Todas las controversias de que habla el art�culo 103 se sujetar�n a los procedimientos y formas del orden jur�dico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes:

"...

"XIII. Cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, el procurador general de la Rep�blica, los mencionados tribunales o las partes que intervinieron en los juicios en que dichas tesis fueron sustentadas, podr�n denunciar la contradicci�n ante la Suprema Corte de Justicia, a fin de que el Pleno o la Sala respectiva,seg�n corresponda, decidan la tesis que debe prevalecer como jurisprudencia."

Art�culo 197-A. Cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, el procurador general de la Rep�blica, los mencionados tribunales o los Magistrados que los integren, o las partes que intervinieron en los juicios en que tales tesis hubieran sido sustentadas, podr�n denunciar la contradicci�n ante la Suprema Corte de Justicia, la que decidir� cu�l tesis debe prevalecer. El procurador general de la Rep�blica, por s� o por conducto del agente que al efecto designe, podr�, si lo estima pertinente, exponer su parecer dentro del plazo de treinta d�as. La resoluci�n que se dicte no afectar� las situaciones jur�dicas concretas derivadas de los juicios en los cuales se hubiesen dictado las sentencias contradictorias. La Suprema Corte deber� dictar la resoluci�n dentro del t�rmino de tres meses y ordenar su publicaci�n y remisi�n en los t�rminos previstos por el art�culo 195.

Los preceptos constitucional y reglamentario, as� como el criterio jurisprudencial transcritos, establecen la figura jur�dica de la contradicci�n de tesis como medio para integrar jurisprudencia. Tal mecanismo se activa cuando existen dos o m�s criterios discrepantes, divergentes u opuestos en torno a la interpretaci�n de una misma norma jur�dica o punto concreto de derecho y que por seguridad jur�dica deben uniformarse a trav�s de la resoluci�n que proponga la jurisprudencia que debe prevalecer y, dada su generalidad, pueda aplicarse para resolver otros asuntos de id�ntica o similar naturaleza.

En la jurisprudencia aludida se precisan los requisitos de existencia que debe reunir la contradicci�n de tesis, como son: a) que en las ejecutorias materia de la contradicci�n se examinen cuestiones jur�dicas esencialmente iguales y se adopten criterios discrepantes; b) que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, argumentaciones o razonamientos que sustentan las sentencias respectivas; y, c) que los criterios discrepantes provengan del examen de los mismos elementos.

De lo anterior cabe destacar que la existencia de la contradicci�n de tesis requiere de manera indispensable que la oposici�n de criterios surja de entre las consideraciones, argumentaciones o razonamientos que sustentan la interpretaci�n de un mismo precepto legal o tema concreto de derecho, ya que, precisamente, como antes se dijo, esas consideraciones justifican el criterio jur�dico que adopta cada uno de los �rganos jurisdiccionales para decidir la controversia planteada, a trav�s de las ejecutorias de amparo materia de la contradicci�n de tesis.

Conforme a las premisas anteriores, procede examinar si se re�nen o no los requisitos de existencia de la presente contradicci�n de tesis, que se precisan en la jurisprudencia antes invocada.

  1. Examen de las mismas cuestiones jur�dicas y adopci�n de criterios discrepantes.

    De las ejecutorias reproducidas en el considerando tercero de este fallo se desprende lo siguiente:

    El Segundo Tribunal Colegiado del Vig�simo Noveno Circuito:

    ? Consider� que despu�s de realizar el examen hist�rico y exeg�tico del art�culo 813, fracci�n II, de la Ley Federal del Trabajo advirti� que al usar el plural, la norma exige el se�alamiento del domicilio de cada uno de los testigos propuestos, por ello, no puede aceptarse la idea de que el domicilio se�alado sea el del centro de trabajo de los deponentes, porque si bien es cierto que la disposici�n aludida no se�ala de manera espec�fica el domicilio particular, debe tomarse como connotaci�n legal necesaria de domicilio la prevista en el art�culo 29 del C�digo Civil Federal, que refiere que el domicilio de las personas es donde habitualmente residen y, a falta de �ste, el lugar del centro principal de sus negocios; en ausencia de �stos, el lugar donde simplemente residan y, en su defecto, el lugar donde se encontraren; en ese tenor, s� podr�a se�alarse como domicilio de un testigo el lugar de su centro de trabajo, siempre y cuando previamente se acreditase la falta de un domicilio particular, es decir, de un lugar donde se resida habitualmente; inclusive, podr�a hacerse el se�alamiento del lugar donde simplemente se encuentre al testigo; ello, previa inexistencia de los supuestos anteriores en la prelaci�n determinada por el art�culo 29 citado, pues el se�alamiento del domicilio de los testigos obedece a dar seguridad a las partes, a las autoridades laborales y al propio testigo; para la contraparte del oferente al tener certeza de la identificaci�n del testigo; para el �rgano laboral, en virtud de que puede constituir un dato que sirva a la calificaci�n de la postura, veracidad y, por ende, idoneidad del declarante; y, para el testigo mismo, en caso de ser citado por la autoridad de trabajo, lo sea en su domicilio y no en alg�n otro en el que pudiera no ser encontrado.

    Por su parte, el Primer Tribunal Colegiado del Vig�simo Primer Circuito:

    ? Se�al� que es incorrecto lo sostenido en el sentido de que la parte demandada omiti� se�alar los domicilios de los ratificantes de un documento cuyo ofrecimiento y recepci�n se rige por las reglas procesales de la prueba testimonial, pues al respecto el oferente precis� que su citaci�n se llevar� al cabo en el centro de trabajo del demandado, en el que aqu�llos prestan sus servicios, con lo cual se dio cumplimiento a lo ordenado por el art�culo 813, fracci�n II, de la Ley Federal del Trabajo, en raz�n de que no se exige que necesariamente se trate de su domicilio particular.

    El Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito:

    ? Consider� que el desechamiento de la prueba testimonial fue ilegal, pues su ofrecimiento cumpli� con el requisito de se�alar el domicilio en el que pod�an ser citados los testigos propuestos, ello en atenci�n a que el art�culo 813, fracci�n II, de la Ley Federal del Trabajo, no impone la obligaci�n de precisar el domicilio de �stos, sino que de manera gen�rica obliga a que el oferente indique el domicilio de los testigos sin precisar cu�l, de all� que puede darse el domicilio de la demandada, que es en donde previsiblemente son localizados, ya que en �l laboran, facilit�ndose as� la actuaci�n de la Junta al indicar aquel domicilio.

    El Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Segundo Circuito:

    ? Estim� que el desechamiento de la prueba testimonial fue ilegal, debido a que se precis� como domicilio del testigo el de la demandada, por ser su lugar de trabajo, con lo cual se cumpli� con el requisito de se�alar el domicilio en el que pod�a ser citado el deponente, pues el art�culo 813, fracci�n II, de la Ley Federal del Trabajo no impone la obligaci�n de precisar el domicilio particular de aqu�l, sino simplemente el domicilio donde pueda ser localizada la persona que va a deponer sobre los hechos, por lo que ese domicilio puede ser el de la empresa demandada donde presta sus servicios.

    Finalmente, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito:

    ? Precis� que el art�culo 813, fracci�n II, de la Ley Federal del Trabajo establece que la parte que ofrezca la prueba testimonial deber� indicar los nombres y domicilios de los testigos, pero no exige que ese domicilio sea precisamente el particular, por tanto, si quien ofrece dicha prueba y pide que sea citado el testigo por parte de la Junta se�alando para ese efecto el domicilio en el que trabaja, la prueba debe admitirse.

    Lo antes expuesto pone de manifiesto que los cinco Tribunales Colegiados de Circuito se pronunciaron en torno a la misma cuesti�n jur�dica, esto es, sobre el alcance de lo dispuesto por la fracci�n II del art�culo 813 de la Ley Federal del Trabajo, en relaci�n con la connotaci�n que debe darse al requisito de precisar en el escrito de ofrecimiento de la prueba testimonial el domicilio de los testigos, es decir, si la norma exige necesariamente que se se�ale el domicilio particular de aqu�llos o puede ser alg�n otro como el de su centro de trabajo; empero, cuatro sostuvieron lo que otro neg�.

    En efecto, mientras que los Tribunales Colegiados Primero del Vig�simo Primer Circuito, en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, Segundo en Materias Civil y de Trabajo del Segundo Circuito y Segundo en Materia de Trabajo del Primer Circuito, expresaron que el precepto en comento establece como requisito que la parte oferente de la prueba testimonial indique los nombres y domicilios de los testigos, sin exigir que ese domicilio sea precisamente el particular, quien ofrezca dicha probanza se�alando el domicilio en el que trabajan aqu�llos, �sta debe admitirse; el Segundo Tribunal Colegiado del Vig�simo Noveno Circuito precis� que en tal evento no se cumple el imperativo previsto en el precepto mencionado, pues el se�alamiento del domicilio particular de los testigos trae consigo la seguridad jur�dica para las partes en el proceso, al tener la certeza de su identificaci�n, lo cual influye en la calificaci�n que se realice de dicha probanza en relaci�n con la postura, veracidad e idoneidad del deponente, adem�s, favorece la presencia del testigo ante la Junta pues, de ser designado el centro del trabajo, pudiera no ser encontrado en �l.

    En tales condiciones, es claro que se surte el primero de los requisitos a que se refiere la jurisprudencia reproducida con antelaci�n, pues se examin� la misma cuesti�n jur�dica y se adoptaron criterios discrepantes.

  2. La diferencia de criterios se presenta en las consideraciones, argumentaciones o razonamientos que sustentan las sentencias respectivas.

    Lo anterior es as�, pues la discrepancia de los rese�ados criterios se plasm� en las consideraciones o razonamientos jur�dicos que sustentan los fallos que originaron esta denuncia de contradicci�n de tesis, como se aprecia de su transcripci�n hecha en el considerando tercero de esta resoluci�n.

  3. Los criterios divergentes provienen del examen de los mismos elementos.

    A fin de corroborar lo anterior, es conveniente conocer los antecedentes de los asuntos que informan el tema propuesto.

    1. De la ejecutoria pronunciada por el Segundo Tribunal Colegiado del Vig�simo Noveno Circuito se desprende lo siguiente:

      1. Mediante escrito de cinco de octubre del a�o dos mil uno, presentado ante la Junta Especial N�mero 51 de la Federal de Conciliaci�n y Arbitraje en el Estado de H., �lvaro B.P.T. demand� de A.V.d.M., S. de C.V., el cumplimiento de diversas prestaciones.

      2. Mediante laudo dictado en el juicio laboral 623/2001 el treinta y uno de enero del a�o dos mil tres, previa la emisi�n de un primer laudo que se dej� sin efectos en cumplimiento a una ejecutoria de amparo, la Junta en comento resolvi� que el actor prob� su acci�n consistente en el despido injustificado y la demandada no prob� sus excepciones, por lo que la conden� a pagar al actor varias cantidades por concepto de indemnizaci�n constitucional, pago de salarios ca�dos, prima de antig�edad, vacaciones, prima vacacional y aguinaldo.

      3. Inconforme, A.V.d.M., S. de C.V. promovi� juicio de amparo directo del que correspondi� conocer al Tribunal Colegiado en cita. En los conceptos de violaci�n la quejosa adujo que indebidamente la Junta responsable, al emitir el acuerdo admisorio de pruebas, desech� la prueba testimonial anunciada, argumentando que no fue se�alado el domicilio de cada testigo conforme lo dispuesto por el art�culo 813 de la Ley Federal del Trabajo, sin que el precepto de m�rito obligue a precisar ese extremo.

    2. De la ejecutoria pronunciada por el Primer Tribunal Colegiado del Vig�simo Primer Circuito se desprende lo siguiente:

      1. Mediante escrito presentado ante la Junta Local de Conciliaci�n y Arbitraje de Acapulco Guerrero, Mar�a L.B.S.�s demand� de Nueva Icacos, S. de C.V. diversas prestaciones laborales.

      2. La autoridad laboral antes mencionada dict� laudo en el expediente 724/95 el diecis�is de marzo de mil novecientos noventa y cinco, en el que resolvi� condenar a la demandada a pagar a la actora dieciocho horas laboradas semanalmente por el �ltimo a�o, prima de antig�edad, vacaciones, prima vacacional, aguinaldo proporcional y salarios devengados.

      3. En contra del fallo anterior, Mar�a L.B.S.�s promovi� juicio de amparo directo mediante escrito de veintitr�s de mayo de mil novecientos noventa y cinco, presentado ante la Junta se�alada. En dicha demanda la quejosa expuso, entre otros conceptos de violaci�n, que atendiendo a que la ratificaci�n de documentos se equipara a una prueba testimonial que se desahoga en t�rminos de la ley, la Junta debi� requerir al oferente de la prueba su presentaci�n directa con el apercibimiento de tener por desierta la probanza en caso de incumplimiento, y no ordenar su citaci�n por conducto del actuario.

    3. De la ejecutoria pronunciada por el Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito se advierten los siguientes hechos:

      1. Por escrito de siete de marzo de mil novecientos noventa y seis, L.O.J.�nez demand� de la Escuela Preparatoria Maestro Jos� G.Z.H.�ndez, Asociaci�n Civil, el cumplimiento y pago de diversas prestaciones.

      2. Mediante laudo del diecinueve de marzo de mil novecientos noventa y siete, dictado en el juicio laboral 118/96-E, la Quinta Junta Especial de la Local de Conciliaci�n y Arbitraje del Estado de Jalisco resolvi� declarar extinguida la acci�n de pago de indemnizaci�n constitucional, condenar a la demandada a pagar al actor prima de antig�edad; aguinaldo y gastos m�dicos mayores; absolvi� a la demandada de pagar al trabajador actor salarios vencidos, primas vacacionales y ayuda para despensa.

      3. En contra del fallo anterior, L.O.J.�nez promovi� juicio de amparo directo mediante escrito presentado ante la Junta se�alada. En dicha demanda la quejosa adujo violaci�n procesal consistente en que indebidamente la Junta responsable, en el auto correspondiente, no admiti� la prueba testimonial ofrecida por el actor al precisar que su ofrecimiento no cumpli� con lo previsto por el art�culo 813, fracci�n II, de la Ley Federal del Trabajo, no obstante que el oferente se�al� el domicilio del lugar donde laboran los testigos.

    4. De la ejecutoria pronunciada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Segundo Circuito, se advierten los siguientes eventos:

      1. �ngel G.A.C.�rdenas demand� de Jergal, S. de C.V., el reconocimiento y pago de diversas prestaciones laborales.

      2. Mediante laudo del ocho de mayo de mil novecientos noventa y cinco, la Junta Especial N�mero 6 de la Local de Conciliaci�n y Arbitraje, que conoci� de la demanda anterior, resolvi� declarar improcedente la acci�n rescisoria del actor y, por tanto, absolvi� a la demandada de pagar al actor la indemnizaci�n constitucional y salarios ca�dos devengados; as� tambi�n conden� al demandado al pago de aguinaldo, pago de vacaciones y prima vacacional y absolvi� al demandado a pagarle al actor las prestaciones reclamadas que no se encuentran en la Ley Federal del Trabajo.

      3. Inconforme, �ngel G.A.C.�rdenas promovi� juicio de amparo directo contra el laudo anterior mediante escrito presentado ante la Junta se�alada el seis de junio de mil novecientos noventa y cinco. En dicha demanda la quejosa adujo violaci�n procesal consistente en que indebidamente la Junta responsable, en el auto correspondiente, desech� la prueba testimonial ofrecida por el actor, pues precis� que el ofrecimiento no cumpli� con lo previsto por el art�culo 813, fracci�n II, de la Ley Federal del Trabajo, no obstante que el oferente se�al� el domicilio del lugar donde labora el testigo, que es el domicilio de la demandada.

    5. No se tiene a la vista la ejecutoria dictada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito debido al inconveniente material destacado en el resultando tercero de este fallo; sin embargo, en atenci�n al criterio sostenido por dicho �rgano jurisdiccional en la tesis antes transcrita, previsiblemente los antecedentes que la informan debieron ser similares a los ya sintetizados, pues el criterio jur�dico del mencionado Tribunal Colegiado contiene los mismos elementos precisados por los otros �rganos jurisdiccionales, esto es, el examen de lo dispuesto por el art�culo 813, fracci�n II, de la Ley Federal del Trabajo, y la conclusi�n de que tal precepto no exige concretamente la designaci�n del domicilio particular de los testigos, por lo que v�lidamente puede ser el de su centro de trabajo.

      Lo anterior pone de manifiesto la concurrencia de elementos comunes o semejantes en los casos aludidos, que fueron examinados por los Tribunales Colegiados de Circuito en los fallos que emitieron, a saber: a) el sentido y alcance del art�culo 813, fracci�n II, de la Ley Federal del Trabajo y, b) el desechamiento por parte de la Junta de Conciliaci�n y Arbitraje de la prueba testimonial, al no contener el domicilio particular de los testigos propuestos como lo exige aquella disposici�n.

      En esas condiciones, es claro que la presente contradicci�n de tesis re�ne los requisitos de existencia mencionados en la precitada jurisprudencia.

      Luego, el tema de contradicci�n de tesis consiste en dilucidar si el mandato previsto por la fracci�n II del art�culo 813 de la Ley Federal del Trabajo, relativo a la obligaci�n del oferente de la prueba testimonial de se�alar el domicilio de los testigos propuestos es �nicamente el particular o no estrictamente �ste, ya que puede ser alg�n otro como el de su centro de trabajo.

      No pasa inadvertido para esta Segunda Sala la circunstancia de que el criterio del Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito s�lo se contiene en una tesis aislada publicada en la S�ptima �poca del Semanario Judicial de la Federaci�n, Vol�menes 193-198, Sexta Parte, p�gina 172, y no se tiene a la vista copia autorizada de la sentencia que le dio origen, debido a que el expediente respectivo se extravi� con motivo del sismo del d�a diecinueve de septiembre de mil novecientos ochenta y cinco; sin embargo, ello no impide el estudio de la contradicci�n materia de este expediente, pues como los elementos allegados al expediente de la contradicci�n son suficientes para advertir por un lado que efectivamente existe oposici�n de criterios, que los �rganos jurisdiccionales examinaron cuestiones jur�dicas esencialmente iguales y que provienen del examen de los mismos elementos, no hay raz�n que impida el estudio de la denuncia correspondiente.

      Lo anterior conforme a la tesis aislada 2a. CXI/2001, visible a foja 506, T.X., julio de 2001, Novena �poca, sustentada por esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, publicada en el Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, que dice:

      CONTRADICCI�N DE TESIS. DEBE RESOLVERSE, AUN ANTE LA IMPOSIBILIDAD DE TENER A LA VISTA LA EJECUTORIA DE LA QUE DERIV� ALGUNO DE LOS CRITERIOS QUE SE ESTIMAN DIVERGENTES, SI EL TEXTO DE LA TESIS PUBLICADA EN EL SEMANARIO JUDICIAL DE LA FEDERACI�N ES SUFICIENTEMENTE CLARO Y EL PUNTO DE DERECHO QUE EN �L SE ABORDA PUEDE PRESENTARSE EN SITUACIONES FUTURAS Y REITERADAS. La Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, por un principio de seguridad jur�dica, debe resolver las denuncias de contradicci�n de tesis formuladas por parte leg�tima aun en aquellos casos en que no se tenga a la vista la ejecutoria de la que deriv� alguno de los criterios que se estiman divergentes, por alguna raz�n justificada como ser�a el extrav�o del expediente, siempre y cuando la redacci�n de la tesis publicada en el Semanario Judicial de la Federaci�n sea lo suficientemente clara como para desprender de ella la opini�n jur�dica que el tribunal sostuvo sobre unpunto de derecho y, adem�s, �ste sea de tal manera general que pueda presentarse en situaciones futuras y reiteradas. Ello es as�, porque el vocablo ?tesis? a que aluden los art�culos 107, fracci�n XIII, de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, 197 y 197-A de la Ley de Amparo, debe entenderse en sentido amplio, es decir, como la opini�n que formulan de un tema jur�dico determinado los �rganos jurisdiccionales que resuelven los asuntos sometidos a su consideraci�n, por lo que cuando el texto de la tesis cuente con los elementos jur�dicos necesarios para fijar con nitidez cu�l fue la postura adoptada por aqu�llos, la imposibilidad material de recabar la ejecutoria de la que deriv� constituye un elemento secundario en la contradicci�n, que no impide que el m�s Alto Tribunal del pa�s realice el an�lisis de la denuncia respectiva.

QUINTO

En la resoluci�n de la presente contradicci�n de tesis debe prevalecer el criterio sustentado por esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n.

Los art�culos 780 y 813, fracci�n II, de la Ley Federal del Trabajo, precisan:

"Art�culo 780. Las pruebas se ofrecer�n acompa�adas de todos los elementos necesarios para su desahogo."

"Art�culo 813. La parte que ofrezca prueba testimonial deber� cumplir con los requisitos siguientes:

"...

"II. Indicar� los nombres y domicilios de los testigos; cuando exista impedimento para presentar directamente a los testigos, deber� solicitarse a la Junta que los cite, se�alando la causa o motivo justificados que le impidan presentarlos directamente."

Deriva de lo anterior que uno de los requisitos formales exigidos para el ofrecimiento de la prueba testimonial es el domicilio de los testigos.

Debido a que en la Ley Federal del Trabajo no se define el concepto de domicilio para los efectos de la prueba testimonial, debe acudirse a la interpretaci�n de la norma precisando cu�l es su significado, para lo cual puede acudirse a su an�lisis gramatical, sistem�tico, hist�rico, causal y teleol�gico, entre otros, lo que permite determinar con precisi�n qu� dice la norma, cu�l es la proposici�n que ella contiene, cu�l es su exacto significado y, por ende, descubrir la voluntad e intenci�n del legislador, individualizando la norma en funci�n de la realidad humana, porque el derecho del trabajo es referente a los hombres antes que a las cosas.

En esa guisa, el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Espa�ola, vig�sima primera edici�n, Madrid, Espa�a, 1992, define domicilio de la siguiente manera:

(Del lat. domicilium, de domus, casa) m. M. fija y permanente. // 2. Lugar en que legalmente se considera establecida una persona para el cumplimiento de sus obligaciones y el ejercicio de sus derechos. // 3. Casa en que uno habita o se hospeda. // 4. Sede de una entidad. ...

Por su parte, el vocablo residir es delimitado por el mismo glosario como:

(Del lat. residere) intr. Estar establecido en un lugar // 2. Asistir uno personalmente en determinado lugar por raz�n de su empleo, dignidad o beneficio, ejerci�ndolo. // 3. fig. Estar en una persona cualquier cosa inmaterial, como derechos, facultades, etc. // 4. fig. Estar o radicar en un punto o en una cosa el quid de aquello de que se trata.

Esta etimolog�a determina una acepci�n del domicilio equivalente a la habitaci�n, casa, lugar en que se habita, esto es, implica una situaci�n de hecho, aspecto que constituye s�lo uno de los elementos del concepto jur�dico de domicilio como a continuaci�n se precisa.

El Diccionario Jur�dico Mexicano, del Instituto de Investigaciones Jur�dicas de la Universidad Nacional Aut�noma de M�xico, Editorial Porr�a, S., M�xico, 1992, precisa los elementos del domicilio:

"II. El concepto jur�dico comprende dos elementos: uno objetivo y el otro subjetivo. El primero est� constituido por la residencia de una persona en un lugar determinado, y el segundo por el prop�sito de dicha persona de radicarse en ese lugar. La ley presupone que se conjuntan estos dos elementos cuando una persona reside por m�s de seis meses en ese lugar.

"...

"Este atributo de las personas tiene por objeto: a) determinar el lugar para recibir todo tipo de notificaciones y emplazamientos (art�culo 305 del C.F.P.C.) (sic); b) precisar el lugar donde debe cumplir sus obligaciones (34 y 2028 del C.F.P.C.) (sic); c) fijar la competencia del Juez (24, fracciones IV y V).

"III. Existen varios tipos de domicilio: real es en el que radica una persona con el prop�sito de establecerse en �l; legal, es aquel que la ley se�ala como lugar para el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones aunque de hecho no se encuentre all� presente (31 y 32 del C.C.F.) (sic); voluntario es aquel que surge cuando una persona, a pesar de residir en un lugar por m�s de seis meses, desea conservar su domicilio anterior, para ello debe hacer la declaraci�n correspondiente dentro del t�rmino de 15 d�as, tanto a la autoridad municipal de su residencia anterior como a la de la nueva; convencional, es el lugar que una persona se�ala para el cumplimiento de determinadas obligaciones (34 C.C.F.) (sic); y, de origen, que se refiere al lugar donde se ha nacido.

Adem�s, el C.C.F. (sic) se refiere al domicilio conyugal (163) y al domicilio familiar (723). ...

A los diferentes tipos de domicilio antes referidos por el Diccionario Jur�dico en cita cabr�a agregar el fiscal, se�alado por la fracci�n I del art�culo 10 del C�digo Fiscal de la Federaci�n para las personas f�sicas, todo lo anterior como ejemplo de los conceptos que del vocablo domicilio precisa la legislaci�n vigente.

Por su parte, en relaci�n con la expresi�n que se comenta, el Diccionario Jur�dico Omeba, D., S., Buenos Aires, Argentina, 1993, tomo XI, precisa que en la doctrina:

"... desde tiempos inmemorables, el ser humano se desplaza, bajo acci�n de fuerzas internas irresistibles o de factores exteriores, y probablemente pocas veces termina sus d�as en el mismo lugar que le vio nacer (por ello), siempre se ha cuidado de localizarle, real o ficticiamente, de fijar un punto cualquiera donde verdadera o presuntamente puede ser hallado, cuando la mano de la ley, o el negocio jur�dico, lo requieren. ... A esta necesidad, a tal concepci�n responde la creaci�n de la noci�n jur�dico-legal del domicilio. Y siempre ha respondido, en todos los tiempos, a tal necesidad y exigencia. ... entre los juristas actuales, (se) define el domicilio como el lugar que la ley fija como asiento o sede de la persona, para la producci�n de efectos jur�dicos ... El domicilio, ... siempre est� determinado o fijado por la ley. A veces, �sta toma en cuenta la residencia real de las personas; otras veces, su profesi�n, las funciones que desempe�a, su dependencia de un representante legal. De ah� que sea impropio hablar de un domicilio aparente o an�malo, como lo hacen algunos autores refiri�ndose a los que no coinciden con el verdadero centro de la residencia o de los negocios de una persona. Porque si en el concepto com�n por domicilio se entiende el lugar en donde una persona vive, desde el punto de vista jur�dico es aquel lugar en que la ley la ubica para el cumplimiento de sus obligaciones. ...

Esa ?localizaci�n? o ?centralizaci�n? de la actividad jur�dica de la persona como nota caracter�stica del domicilio, pone de resalto su aut�ntica esencia. Cabe pues afirmar que el domicilio es en ese sentido figurado, ?el punto central de las relaciones y actividades humanas.?.

Conforme a lo anterior, se tiene que el domicilio exige tanto la concepci�n de un lugar como la idea de un enlace jur�dico entre el lugar y las personas, sin que por ello el domicilio sea una relaci�n jur�dica. La residencia, en cambio, es un mero hecho, es el lugar en que cada individuo se halla indudablemente, sin �nimo de permanecer; en otras palabras, el domicilio perdura como prop�sito, aunque no haya residencia efectiva, mientras que la residencia cesa cuando se abandona el lugar de �sta.

En este sentido, el p�rrafo primero del art�culo 29 del C�digo Civil Federal dispone que el domicilio de las personas f�sicas es el lugar donde residen habitualmente; en ausencia de �ste, la sede de sus negocios y, en inexistencia de �stos, el lugar donde se encuentren; por su parte, en el p�rrafo segundo del propio dispositivo se precisa que se presume que una persona vive rutinariamente en un sitio cuando se queda en aqu�l por m�s de seis meses.

De lo anterior se sigue que, si bien el elemento subjetivo (voluntad, prop�sito) de permanecer en un lugar no desaparece, pierde trascendencia ante el elemento objetivo, frente a la necesidad de que el �rgano jurisdiccional encuentre a una persona para hacerla responsable de sus deberes para con la sociedad, subsistiendo en ese contexto la significaci�n de la residencia para su localizaci�n inmediata, esto es, el lugar donde la persona se ubique de manera cotidiana.

As� se desprende del dictamen de origen de la C�mara de Senadores emitido el veinticinco de noviembre de mil novecientos ochenta y siete en relaci�n con la iniciativa enviada por el Ejecutivo Federal para modificar diversos art�culos del C�digo Civil Federal, entre los que se incluy� el precepto antes destacado.

El art�culo 29 que se propone elimina el contenido subjetivo que ha venido incluyendo en la determinaci�n del domicilio de una persona f�sica el prop�sito que �sta tenga de establecerse en �l. De esta manera la norma se hace m�s objetiva y se incorpora, en el segundo p�rrafo, la presunci�n hasta ahora incluido en el art�culo 30 de que una persona reside habitualmente en un lugar cuando permanezca en �l m�s de seis meses.

En relaci�n con el proceso legislativo de reformas a la Ley Federal del Trabajo, en la exposici�n de motivos enviada por el Ejecutivo Federal a la C�mara de Diputados el veinte de diciembre de mil novecientos setenta y nueve, con la cual se dio inicio al proceso legislativo que culmin� no s�lo con la modificaci�n sino incluso con la reestructuraci�n sustancial de ese ordenamiento, cambiando, en la especie, tanto la redacci�n como el lugar num�rico en que se encontraban regulados los requisitos para el ofrecimiento de la prueba testimonial (del 760, fracci�n VII, pas� al 813, fracci�n II), destaca lo siguiente:

"El esfuerzo debe concentrarse en evitar que los conflictos presentados ante las Juntas de Conciliaci�n y Arbitraje se rezaguen, y, adem�s, procurar que lleguen puntualmente a la cita con la justicia; de lo contrario, las circunstancias podr�an ser avasalladoras, y la recuperaci�n exigir� cada vez esfuerzos superiores a los que se requieren ahora.

"El proyecto que presento a la consideraci�n del Poder Legislativo procura ofrecer m�s claridad en la estructura procesal, para lo cual se incluyen hip�tesis normativas tendientes a la celeridad, eliminando etapas y actos procesales que en nada alteran la equidad jur�dica de las partes. ...

"...

"Las Juntas de Conciliaci�n y Arbitraje tendr�n la obligaci�n de tomar las medidas necesarias para lograr la mayor econom�a, concentraci�n y sencillez del proceso. Estos principios se encuentran relacionados con los de oralidad e inmediatez, aun cuando no pueden considerarse como equivalentes.

"...

"El ofrecimiento, la admisi�n, el desahogo y la valoraci�n de las pruebas, constituyen un periodo de especial trascendencia en los procedimientos, ya sean �stos administrativos o judiciales. Los hechos que constituyen la base de la acci�n, as� como los que puedan fundar las excepciones, deben ser claramente expuestos y demostrados a los tribunales; es precisamente esta etapa del proceso la que da la oportunidad de hacerlo. ..."

Se desprende de la lectura de lo antes reproducido que la intenci�n del legislador al reordenar el cap�tulo de pruebas en la Ley Federal del Trabajo fue ofrecer mayor claridad en el orden procesal, de tal forma que las Juntas de Conciliaci�n y Arbitraje cuenten con los elementos necesarios para lograr la celeridad, econom�a y sencillez del proceso, pues ello redunda en la efectiva administraci�n de justicia. En el caso, los principios anteriores son aplicables en relaci�n con el ofrecimiento, admisi�n, desahogo y valoraci�n de las probanzas, de especial trascendencia para las partes, ya que la confirmaci�n de la existencia de los hechos constitutivos de la acci�n y de las excepciones son determinantes en el sentido del laudo.

En relaci�n con la prueba testimonial, cabe destacar que en la relaci�n laboral los testigos de su existencia, del despido, del accidente de trabajo, etc�tera, esto es, de los hechos jur�dicos que se pueden producir en la empresa como centro de trabajo del trabajador actor, cuyas consecuencias pueden otorgar el derecho al trabajador para demandar el cumplimiento y pago de las contraprestaciones correspondientes, son sus compa�eros trabajadores quienes a la postre son las personas que depondr�n por designaci�n de aqu�l al ofrecer la prueba testimonial relativa, por tanto, la designaci�n del lugar donde se encuentra la empresa patrona como domicilio de los testigos, es razonablemente correcto por ser el espacio donde residen en virtud del empleo que desempe�an y donde pueden ser localizados por la autoridad jurisdiccional, para efectos de su presentaci�n ante ella el d�a que se fije para el desahogo de dicha prueba.

Efectivamente, como deriva de lo expuesto a lo largo de este fallo, el fin de la menci�n del domicilio para efectos legales es el precisar el lugar donde se encuentra la persona que se busca para los efectos correspondientes, por tanto, si en el derecho laboral el centro de trabajo del actor en el juicio es la empresa patrona donde ocurrieron los hechos cuya existencia se pretende demostrar con la prueba testimonial, es claro que ese es el lugar donde pueden ser localizados efectivamente los testigos, sin que ello produzca inseguridad jur�dica, pues su localizaci�n en dicho punto es de gran confiabilidad por su concurrencia rutinaria a dicho sitio, no obstante lo anterior, de no ubicarse al testigo en el domicilio as� se�alado, la Junta Federal de Conciliaci�n y Arbitraje debe tomar las medidas necesarias para su localizaci�n en el lugar en que residan o se puedan ubicar conforme a lo dispuesto por el art�culo 29 del C�digo Civil Federal.

En tales condiciones, el criterio que debe prevalecer con el car�cter de jurisprudencia, en t�rminos de lo dispuesto por el art�culo 192 de la Ley de Amparo, es el que a continuaci�n se redacta con el rubro y texto siguiente:

TESTIGOS. PARA EFECTOS DEL ART�CULO 813, FRACCI�N II, DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, PUEDE SE�ALARSE EL DOMICILIO DE SU CENTRO DE TRABAJO, Y NO NECESARIAMENTE EL PARTICULAR.-El precepto citado establece como requisito formal para el ofrecimiento de la prueba testimonial, que se se�ale el domicilio de los testigos. Ahora bien, del an�lisis del art�culo 29 del C�digo Civil Federal, se advierte que el elemento trascendente para que el �rgano jurisdiccional encuentre a una persona para hacerla responsable de sus deberes, es la indicaci�n del lugar donde se ubique de manera cotidiana; por tanto, si en el derecho laboral el centro de trabajo del actor en el juicio es la empresa patrona donde ocurrieron los hechos cuya existencia se pretende demostrar con la testimonial, es claro que ese es el lugar donde pueden ser localizados efectivamente los testigos, sin que ello produzca inseguridad jur�dica, pues su localizaci�n en dicho sitio es de gran confiabilidad por su concurrencia rutinaria; no obstante lo anterior, de no ubicarse al testigo en el domicilio as� se�alado, la Junta Federal de Conciliaci�n y Arbitraje debe tomar las medidas necesarias para su localizaci�n en el lugar en el que resida o para que se le pueda ubicar conforme a lo dispuesto en el indicado art�culo.

Por lo expuesto y fundado se

resuelve:

PRIMERO

S� existe contradicci�n de criterios entre los sustentados por el Segundo Tribunal Colegiado del Vig�simo Noveno Circuito en contra del pronunciado por los Tribunales Colegiados Primero del Vig�simo Primer Circuito, en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, Segundo en Materias Civil y de Trabajo del Segundo Circuito y Segundo en Materia de Trabajo del Primer Circuito, al resolver los amparos directos 524/2003, 271/95, 381/97, 841/95 y 2918/84, respectivamente.

SEGUNDO

El criterio que debe prevalecer con car�cter de jurisprudencia es el sustentado en la tesis de esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, precisada en el �ltimo considerando de esta resoluci�n.

Notif�quese; env�ese testimonio de esta resoluci�n a los tribunales contendientes; env�ese copia de la tesis jurisprudencial a los Tribunales Colegiados de Circuito y a los Juzgados de Distrito; publ�quese en el Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, envi�ndose para ello copia de la resoluci�n a la Coordinaci�n General de Compilaci�n y S.�n de Tesis y, en su oportunidad, arch�vese el toca como asunto concluido.

As� lo resolvi� la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, por unanimidad de cinco votos de los se�ores Ministros: M.B.L.R., G.D.G.�ngora P., S.S.A., G.I.O.M. y presidente Ministro Juan D�az R.. Fue ponente el se�or M.G.I.O.M..

Nota: La tesis de rubro: "PRUEBA TESTIMONIAL EN EL JUICIO LABORAL, OFRECIMIENTO DE LA, E INDICACI�N DEL DOMICILIO." citada en esta ejecutoria, aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, Novena �poca, T.X., abril de 2004, p�gina 1460.