Ejecutoria num. 2a./J. 70/2004 de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala - Jurisprudencia - VLEX 26824831

Ejecutoria num. 2a./J. 70/2004 de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala

Emisor:Segunda Sala
Número de Resolución:2a./J. 70/2004
Localizacion:JUAN DÍAZ ROMERO.
Materia:Suprema Corte de Justicia de México
Fecha de Publicación: 1 de Junio de 2004
RESUMEN

CONTRADICCIÓN DE TESIS 171/2003-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO DEL SÉPTIMO CIRCUITO, EL ANTERIOR PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO, ACTUALMENTE PRIMERO EN MATERIA CIVIL DEL MISMO CIRCUITO Y EL ANTERIOR TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL CUARTO CIRCUITO, ACTUALMENTE TERCERO EN MATERIA DE TRABAJO DEL MISMO CIRCUITO.LAUDO. LOS INTERESES A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 951, FRACCIÓN VI, DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, SON LOS QUE DERIVAN DE LA EJECUCIÓN TARDÍA DE AQUÉL, AUNQUE TAL PRECEPTO NO CONCEDE ACCIÓN PARA DEMANDARLOS.

 
ÍNDICE
CONTENIDO

CONTRADICCI�N DE TESIS 171/2003-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO DEL S�PTIMO CIRCUITO, EL ANTERIOR PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO, ACTUALMENTE PRIMERO EN MATERIA CIVIL DEL MISMO CIRCUITO Y EL ANTERIOR TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL CUARTO CIRCUITO, ACTUALMENTE TERCERO EN MATERIA DE TRABAJO DEL MISMO CIRCUITO.

MINISTRO PONENTE: JUAN D�AZ ROMERO.

SECRETARIO: R.R.M..

CONSIDERANDO:

TERCERO

Las consideraciones que sirvieron de sustento al Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del S�ptimo Circuito, al resolver el d�a veintitr�s de octubre de dos mil tres, por unanimidad de tres votos, el amparo en revisi�n n�mero 119/2003, en lo conducente, son las siguientes:

"CUARTO. Los agravios son ineficaces. En efecto, para una mejor comprensi�n del asunto es menester precisar que una vez que el actor obtuvo laudo a su favor, el diecisiete de octubre de dos mil dos (fojas 117 a 122), la Junta, despu�s de puntualizar las prestaciones acogidas, se limit� a dejar ?... firme y subsistente por lo dem�s la condena establecida en el laudo de fecha 22 de octubre de 2001, por no haber sido materia de la concesi�n, en t�rminos del considerando III de la presente resoluci�n?, con posterioridad se dio inicio a la etapa de ejecuci�n, dentro de la cual, el dieciocho de noviembre siguiente, se despach� auto de ejecuci�n con efecto de mandamiento en forma, para que el actuario requiriera a la empresa Pemex Exploraci�n y P.�n el cumplimiento de las obligaciones contenidas en el laudo de m�rito (fojas 123 y 124), con el apercibimiento que de no pagar lo dispuesto, ?se le embargar�n bienes de su propiedad que sirvan para cubrir el monto de lo ordenado, poni�ndolos en dep�sito de la persona y en el domicilio que bajo su responsabilidad designe el actor y si los bienes embargados recaen en dinero o documentos de f�cil realizaci�n, p�ngase de inmediato a disposici�n del actor?, sin que se advierta prueba alguna de que se hubiera dado cumplimiento a lo ordenado, mediante comparecencia de doce de diciembre del mismo a�o, R.L.G.�lez, apoderado de la empresa demandada, exhibi� el cheque n�mero 0000852, a nombre del actor y a cargo de B., Sociedad An�nima, as� como la constancia de retenci�n de impuestos que suman un total de $426,303.00. Aunado a lo anterior, el veinticuatro de febrero de dos mil tres, el citado apoderado de la demandada compareci� a exhibir el cheque n�mero 000116, expedido a cargo de la citada instituci�n de cr�dito para liquidar la cantidad de $77,862.46, documento que tambi�n fue entregado al apoderado del trabajador. Asimismo, el entonces actor solicit� el pago de los intereses a que consider� tener derecho, derivados del contenido del art�culo 951, fracci�n VI, de la Ley Federal del Trabajo, que dice: ?En la diligencia de requerimiento de pago y embargo se observar�n las normas siguientes: ... VI. El actuario, bajo su responsabilidad, embargar� �nicamente los bienes necesarios para garantizar el monto de la condena, de sus intereses y de los gastos de ejecuci�n.?; sin embargo, el presidente de la Junta basado en que del escrito inicial no se desprend�a que los haya demandado, en los laudos dictados el veintid�s de octubre de dos mil uno, veintis�is de marzo y diecisiete de octubre, ambos de dos mil dos, no conden� al respecto, pues acord� en la citada comparecencia de veinticuatro de febrero pasado, que no era ?... momento procesal para la condena de intereses, a mayor abundamiento de que no existe base legal para la condena de intereses, por tanto, no es aplicable el art�culo 951, fracci�n VI, de la Ley Federal del Trabajo, y deber� estarse al acuerdo de fecha 28 de enero de 2003 ...? (foja 133), prove�do contra el que interpuso el recurso de revisi�n (foja 134), aduciendo que los intereses que pretend�a son por el tiempo que tardaba en cumplir el reo con el laudo, y que por no estipular porcentaje la ley laboral deb�a atenderse al art�culo 2395 del C�digo Civil Federal que contempla el nueve por ciento de inter�s anual, para apoyarse cit� dos tesis aisladas emitidas por los entonces Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito y el Tercer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito (foja 135), y celebrada la audiencia relativa la Junta confirm� el prove�do impugnado (fojas 35 a 37) contra el cual, el aludido trabajador promovi� el juicio de amparo indirecto del que deriva el presente recurso de revisi�n. Puntualizado lo anterior, cabe decir que no le asiste raz�n al disconforme, al sostener que la sentencia recurrida le causa agravios porque la a quo omiti� considerar que los intereses a que se refiere el ya mencionado art�culo 951, fracci�n VI, de la ley obrera, son aquellos que se generan en caso de que no se cumpla con el laudo dentro de las setenta y dos horas siguientes a la fecha de su notificaci�n, aunado a que s� es factible reclamar tales intereses con posterioridad a la emisi�n del propio laudo. As� es, pues de una correcta intelecci�n de los art�culos 945, 950 y 951, fracci�n VI, del c�digo obrero que, en lo conducente, dicen: ?Art�culo 945. Los laudos deben cumplirse dentro de las setenta y dos horas siguientes a la en que surta efectos la notificaci�n. ...?, ?Art�culo 950. Transcurrido el t�rmino se�alado en el art�culo 945, el presidente, a petici�n de la parte que obtuvo, dictar� auto de requerimiento y embargo.? y ?Art�culo 951. En la diligencia de requerimiento de pago y embargo se observar�n las normas siguientes: ... VI. El actuario, bajo su responsabilidad, embargar� �nicamente los bienes necesarios para garantizar el monto de la condena, de sus intereses y de los gastos de ejecuci�n.?, se desprende que los laudos deben cumplirse dentro de las setenta y dos horas siguientes a la en que surta efectos la notificaci�n del mismo, y que transcurrido ese t�rmino el presidente de la Junta dictar� el auto de requerimiento y embargo correspondiente a petici�n de parte, cuya ejecuci�n corresponder� al actuario que se encuentra facultado para que en la diligencia respectiva proceda a embargar �nicamente los bienes necesarios que garanticen el monto de la condena, sus intereses y los gastos de ejecuci�n. Ahora bien, de los preceptos transcritos, espec�ficamente del repetido 951, fracci�n VI, adverso a lo que sostiene el recurrente, no se puede arribar a la conclusi�n de que los intereses a que hace alusi�n esa fracci�n sean la consecuencia del incumplimiento al laudo en el plazo de setenta y dos horas siguientes a la fecha en que surte efectos su notificaci�n, pues de haber sido esa la intenci�n del legislador, hubiere establecido de manera clara y precisa en el diverso art�culo 940 de la propia legislaci�n obrera, que una de las medidas para la ejecuci�n pronta y expedita consistir�a en el pago de los intereses correspondientes en caso de no dar cumplimiento en el lapso previsto, aunado a que la alusi�n a la palabra ?intereses?, en el primero de tales preceptos, debe interpretarse que corresponden a aquellos que de manera expresa se reclamaron como parte de las prestaciones en el juicio laboral o se establecieron como sanci�n en alg�n convenio que se hubiese celebrado en el juicio para el caso de que alguna de las partes no diera cumplimiento al mismo, pero de ninguna manera, se insiste, debe interpretarse como los que se generan en caso de no acatar el condenado el laudo respectivo en el plazo establecido por el art�culo 945 del mismo ordenamiento legal. En atenci�n a lo anterior, no se comparten los criterios sostenidos tanto por el entonces Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, cuanto por el entonces Tercer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, en las tesis de rubros: ?INTERESES EN MATERIA LABORAL, SE REFIERE AL INCUMPLIMIENTO DEL LAUDO, MAS NO A LAS PRESTACIONES RECLAMADAS.? y ?TRABAJADOR. LOS INTERESES SOBRE CANTIDADES QUE LE ADEUDE EL PATR�N, DEBEN SER RECLAMADOS A PARTIR DE QUE SURTA EFECTOS EL LAUDO.?, aludidas por el recurrente en el escrito de expresi�n de agravios, cuyos datos de localizaci�n se precisan en el propio ocurso. De consiguiente, ante la ineficacia de los agravios y no advirti�ndose deficiencia de la queja que suplir, lo que procede es confirmar la sentencia definitiva recurrida. QUINTO. En t�rminos de lo puntualizado en el anterior considerando y como el criterio ah� sustentando se encuentra en oposici�n a los sostenidos por los Tribunales Colegiados de Circuito mencionados en el pen�ltimo p�rrafo del propio considerando precedente en las citadas tesis, en los que se estima que los intereses a que se refiere el multicitado art�culo 951, fracci�n VI, de la ley laboral, son los que se generan en caso de que no se cumpla con el laudo de condena dentro de las setenta y dos horas siguientes a la fecha en que surte efectos su notificaci�n, en consecuencia, debe plantearse la denuncia de posible contradicci�n de tesis ante la Segunda S. de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, de conformidad con lo que dispone el art�culo 197-A de la Ley de Amparo. Por lo expuesto y fundado, se

resuelve: PRIMERO. Se confirma la sentencia definitiva autorizada el veintisiete de mayo de dos mil tres, por la Juez S�ptimo de Distrito en el Estado, con residencia en Tuxpan de R.C., Veracruz, en el juicio de amparo n�mero 343/2003, promovido por S.D.F.A., por conducto de su apoderado G.R.C., contra los actos y la autoridad que se puntualizan en el resultando primero de esta ejecutoria, mediante la que neg� la protecci�n de la Justicia Federal. SEGUNDO. Con fundamento en los art�culos 107, fracci�n XIII, p�rrafo primero, de la Constituci�n General de la Rep�blica, 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracci�n VIII y 25, fracci�n I, de la Ley Org�nica del Poder Judicial de la Federaci�n, y de acuerdo a lo puntualizado en el considerando quinto de esta ejecutoria, proc�dase a denunciar ante la Segunda S. de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n la posible contradicci�n entre los criterios sustentados por los entonces Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, al resolver el juicio de amparo directo n�mero 236/88, y el Tercer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, al resolver el juicio de amparo 113/90, y el sostenido por este Tribunal Colegiado en la propia sentencia. N.�quese; con testimonio de esta resoluci�n vuelvan los autos al lugar de origen y, en su oportunidad, arch�vese el expediente. As�, por unanimidad de votos de los Magistrados G.G.A.L., M.F.R.C.�s y E.E.F.G.�a, lo resolvi� el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del S�ptimo Circuito. Fue ponente la primera de los nombrados." (fojas 32 a 40 de la contradicci�n de tesis 171/2003-SS).

CUARTO

Las consideraciones que sirvieron de sustento al entonces Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, actualmente Primero en Materia Civil de esa circunscripci�n territorial, al resolver el d�a veintiuno de septiembre de mil novecientos ochenta y ocho el juicio de amparo directo n�mero D. 236/88, s�lo en la parte que trasciende a este asunto, son las siguientes:

"QUINTO. Los conceptos de violaci�n hechos valer son parcialmente fundados. ... El amparista aduce que al absolver a la demandada del pago de los intereses la Junta responsable viola en su perjuicio el art�culo 14 constitucional, pues de acuerdo con lo dispuesto por el art�culo 951, fracci�n VI, de la Ley Federal del Trabajo, en materia laboral s� se causan intereses, ya que ese precepto dice que al momento de embargar bienes suficientes ser�n para garantizar el monto de la condena y de los intereses, por ello �stos no pueden ser otros m�s los que se derivan de las prestaciones reclamadas. Al respecto debe se�alarse que si bien el art�culo 951, fracci�n VI, de la ley reglamentaria del art�culo 123, apartado A, de la Constituci�n General de la Rep�blica, determina que se faculta al actuario a embargar bienes para garantizar el monto de la condena, de sus intereses y de los gastos de ejecuci�n, esos intereses a que se refiere son los que se generan �nicamente en caso de que no se cumpla el laudo dentro de las setenta y dos horas siguientes a la fecha en que surta efectos su notificaci�n, debiendo entenderse una vez que ha quedado firme, mas no que esos intereses se generen con motivo de la condena como err�neamente lo pretende hacer valer el peticionario del amparo. Consecuentemente, es infundada la argumentaci�n del quejoso, pues como bien lo estima la Junta responsable, el pago de los intereses sobre la cantidad a que fue condenada la empresa demandada no lo contempla la Ley Federal del Trabajo, sino en la hip�tesis apuntada, por tanto, no puede ser materia del laudo, por lo que su concepto resulta infundado. ... As�, por unanimidad de votos lo resolvieron los se�ores Magistrados que integran el Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, licenciados E.R.S.P., C.G.R.C.�rdova y E.D.�as S., siendo ponente el primero de los nombrados, quienes firman con el secretario de Acuerdos que da fe." (fojas 64 vuelta a 69 y, 52 vuelta y frente de la contradicci�n de tesis 171/2003-SS).

QUINTO

Las consideraciones que sirvieron de sustento al entonces Tercer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, en la actualidad Tercero en Materia de Trabajo de esa demarcaci�n territorial, al resolver el d�a dos de mayo de mil novecientos noventa, por unanimidad de tres votos, el juicio de amparo directo n�mero 113/90, en lo conducente, son las siguientes:

"CUARTO. El primero y tercer conceptos de violaci�n son infundados, y el segundo infundado en una parte y fundado en otra, atento las siguientes consideraciones. ... En el tercer concepto de violaci�n, se alega que la autoridad responsable en forma err�nea absolvi� a la parte demandada del pago de los intereses causados y que se siguieran causando sobre el importe de la prima de antig�edad, ya que el art�culo 951, fracci�n VI, de la Ley Federal del Trabajo contempla este rengl�n, por lo que debieron calcularse dichos dividendos sobre la tasa porcentual que en forma m�xima cubren las instituciones bancarias a los inversionistas. La anterior argumentaci�n se estima incorrecta por este Tribunal Colegiado, ya que la Cuarta S. de la H. Suprema Corte de Justicia de la Naci�n en las tesis visibles en las p�ginas 19 y 20, de los Vol�menes 70 y 72, respectivamente, correspondientes a la Sexta �poca del Semanario Judicial de la Federaci�n, ha sustentado criterio en el sentido de que en la ley laboral no existe disposici�n alguna que establezca el pago de da�os y perjuicios consistentes en los intereses legales sobre las cantidades que adeude el patr�n al trabajador, por lo que resulta improcedente reclamar dicha prestaci�n conjuntamente con las que se demanden en un juicio laboral, y si bien es cierto que el art�culo 951, fracci�n VI, de la rey reglamentaria del art�culo 123, apartado A, de la Constituci�n General de la Rep�blica, en la que el ahora quejoso sustenta su alegaci�n, determina que se faculta al actuario a embargar bienes para garantizar el monto de la condena, de sus intereses y de los gastos de ejecuci�n, indudablemente debe interpretarse dicha disposici�n legal en el sentido de que los intereses a que se refiere, son aquellos que se generan �nicamente en caso de que no se cumpla el laudo dentro de las setenta y dos horas siguientes a la fecha en que surta efectos su notificaci�n a la parte condenada, debiendo entenderse una vez que ha adquirido firmeza dicho laudo, por lo que si en el caso concreto esto �ltimo no ha sucedido, es decir, no ha quedado firme el fallo reclamado, la sola condena a cargo de la parte demandada a fin de que cubra al ahora quejoso la prima de antig�edad correspondiente, de ninguna manera puede generar intereses, am�n de que la pretensi�n del peticionario de garant�as en el sentido de que los perjuicios deben calcularse de acuerdo al porcentaje m�ximo que las instituciones nacionales de cr�dito hayan cubierto a los inversionistas desde que tuvo derecho a reclamar la prestaci�n por la que se instaur� el juicio hasta la fecha en que se cumpla con su pago, carece totalmente de sustentaci�n legal, en tanto que de estimarse procedente la condena por concepto de intereses como se pretende, se incurrir�a en una franca violaci�n al art�culo 16 de la Carta Magna, en raz�n de que la Ley Federal del Trabajo no prev� esa situaci�n. ... As�, por unanimidad de votos lo resolvieron y firman los CC. Magistrados que integran el Tercer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, licenciados J.M.G.�a S., R.B.P. y J.A.H.�ndez M.�nez, siendo ponente el segundo de los nombrados. Doy fe." (fojas 80 a 84 vuelta de la contradicci�n de tesis 171/2003-SS).

SEXTO

Corresponde ahora verificar si existe o no la contradicci�n entre los criterios sustentados por los Tribunales Colegiados implicados en la denuncia, contenidos en las ejecutorias acabadas de reproducir.

Con ese prop�sito es necesario establecer que la contradicci�n de tesis se suscita cuando los Tribunales Colegiados contendientes, al resolver los negocios jur�dicos implicados en la denuncia, examinan cuestiones jur�dicamente iguales, ante las cuales adoptan criterios discrepantes; esa diferencia de opiniones se presenta en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jur�dicas de las sentencias respectivas, siempre que provengan del examen de los mismos elementos.

As� se ha establecido en la jurisprudencia n�mero P./J. 26/2001, del Tribunal Pleno, cuyos contenido y datos de publicaci�n son los siguientes:

"Novena �poca

"Instancia: Pleno

"Fuente: Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta

"Tomo: XIII, abril de 2001

"Tesis: P./J. 26/2001

"P�gina: 76

CONTRADICCI�N DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA. De conformidad con lo que establecen los art�culos 107, fracci�n XIII, primer p�rrafo, de la Constituci�n Federal y 197-A de la Ley de Amparo, cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n o la S. que corresponda deben decidir cu�l tesis ha de prevalecer. Ahora bien, se entiende que existen tesis contradictorias cuando concurren los siguientes supuestos: a) que al resolver los negocios jur�dicos se examinen cuestiones jur�dicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jur�dicos discrepantes; b) que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jur�dicas de las sentencias respectivas; y, c) que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos.

Para efectuar el an�lisis comparativo entre las ejecutorias concernientes a la denuncia de contradicci�n de criterios, se destacar�n los aspectos relevantes en que exista coincidencia respecto a las cuestiones jur�dicas examinadas y aquellos en los que se advierta la diferencia de opini�n, pues ello permitir� conocer si en efecto incurren en la divergencia acusada.

Trazado este plan de estudio, debe decirse lo siguiente:

En principio, es pertinente acotar que en todos los asuntos de los cuales derivaron las ejecutorias respectivas, los actores pertenecieron a la clase trabajadora y dedujeron sus acciones en contra de quienes fueron sus patrones, obteniendo cada uno de ellos en laudo favorable, el derecho al pago de diversas prestaciones de �ndole laboral.

Ahora bien, el punto jur�dico com�n a todos los Tribunales Colegiados, se refiere a la interpretaci�n de la fracci�n VI del art�culo 951 de la Ley Federal del Trabajo, que es del tenor siguiente:

"Art�culo 951. En la diligencia de requerimiento de pago y embargo se observar�n las normas siguientes:

"...

VI. El actuario, bajosu responsabilidad, embargar� �nicamente los bienes necesarios para garantizar el monto de la condena, de sus intereses y de los gastos de ejecuci�n.

El an�lisis jur�dico de ese precepto y fracci�n legales condujo a los Tribunales Colegiados a conclusiones diversas, como se ver� enseguida.

El Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del S�ptimo Circuito, al resolver el veintitr�s de octubre de dos mil tres, por unanimidad de tres votos, el amparo en revisi�n n�mero 119/2003, sostuvo, esencialmente, que los intereses a los que se refiere el citado precepto y fracci�n de la ley de la materia, no son aquellos que se generen en caso de que no se cumpla el laudo dentro de las setenta y dos horas siguientes a la fecha de su notificaci�n, en t�rminos del art�culo 945 de la citada normatividad, pues de haber sido esa la intenci�n del legislador, habr�a establecido de manera clara y precisa, en el diverso numeral 940, que una de las medidas para la ejecuci�n pronta y expedita consistir�a en el pago de los intereses correspondientes en caso de no darse el cumplimiento en el lapso previsto, sino que tales intereses corresponden a aquellos que de manera expresa se reclamaron como parte de las prestaciones en el juicio laboral, o se establecieron como sanci�n en alg�n convenio celebrado en el juicio para el evento de que alguna de las partes no lo cumpliera.

Es importante precisar que en el laudo de cuya ejecuci�n se trat�, la parte demandada, Pemex Exploraci�n y P.�n, fue condenada a pagar al actor en forma correcta su pensi�n jubilatoria, sus diferencias e incrementos, as� como tambi�n las diferencias en el pago de la prima de antig�edad, que fueron demandadas en t�rminos del Reglamento de Trabajo de Personal de Confianza de Petr�leos Mexicanos, es decir, como prestaciones extralegales o contractuales.

Por su parte, el entonces Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, actualmente Primero en Materia Civil de dicha circunscripci�n territorial, al resolver el veintiuno de septiembre de mil novecientos noventa y ocho, por unanimidad de tres votos, el amparo directo n�mero 236/88, sostuvo, esencialmente, que los intereses a los que se refiere el citado precepto y fracci�n de la ley de la materia, son aquellos que se generen en caso de que no se cumpla el laudo dentro de las setenta y dos horas siguientes a la fecha de su notificaci�n, una vez que ha quedado firme, pero que esos intereses no se generan con motivo de la condena, pues ello no lo contempla la Ley Federal del Trabajo m�s que en la hip�tesis anunciada.

De esta ejecutoria deriv� la tesis del rubro y tenor siguientes:

"Octava �poca

"Instancia: Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito

"Fuente: Semanario Judicial de la Federaci�n

"Tomo: XV-II, febrero de 1995

"Tesis: VI.1o.39 L

"P�gina: 381

"INTERESES EN MATERIA LABORAL, SE REFIERE AL INCUMPLIMIENTO DEL LAUDO, MAS NO A LAS PRESTACIONES RECLAMADAS. Si bien el art�culo 951, fracci�n VI de la ley reglamentaria del art�culo 123, apartado A de la Constituci�n General de la Rep�blica, determina que se faculta al actuario a embargar bienes para garantizar el monto de la condena, de sus intereses y de los gastos de ejecuci�n, esos intereses a que se refiere son los que se generan �nicamente en caso de que no se cumpla el laudo dentro de las setenta y dos horas siguientes a la fecha en que surta efectos su notificaci�n, debiendo entenderse una vez que ha quedado firme, mas no que esos intereses se generen con motivo de la condena a cubrir las prestaciones reclamadas.

"PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO.

Amparo directo 236/88. S.�n R.E.�a. 21 de septiembre de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: E.R.S.P.. Secretario: M.A.T..

En el laudo correspondiente, la parte demandada fue condenada a pagar al actor su indemnizaci�n constitucional por despido injustificado consistente en tres meses de salario y veinte d�as por cada a�o de servicios prestados, prima de antig�edad, salarios vencidos desde la �poca de la rescisi�n y hasta que se cumpla el laudo, aguinaldo, vacaciones y prima vacacional, una semana de salarios retenidos, a enterar al Instituto Mexicano del Seguro Social y al Infonavit las cuotas relativas por todo el tiempo que dur� la relaci�n de trabajo, prestaciones de car�cter eminentemente constitucional y legal.

Finalmente, el entonces Tercer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, en la actualidad Tercero en Materia de Trabajo de la misma demarcaci�n territorial, al resolver el dos de mayo de mil novecientos noventa, por unanimidad de tres votos, el amparo directo n�mero 113/90, sostuvo, esencialmente, que la Cuarta S. de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, en la Sexta �poca del Semanario Judicial de la Federaci�n, estableci� el criterio de que en la ley laboral no existe disposici�n alguna que establezca el pago de da�os y perjuicios consistentes en los intereses legales sobre las cantidades que adeude el patr�n al trabajador, por lo que es improcedente reclamar dicha prestaci�n conjuntamente con las que se demanden en un juicio laboral. Que si bien es cierto el art�culo 951, fracci�n VI, de la ley reglamentaria del art�culo 123, apartado A, de la Constituci�n General de la Rep�blica faculta al actuario a embargar bienes para garantizar el monto de la condena, de sus intereses y de los gastos de ejecuci�n, tales intereses son aquellos que se generen en caso de que no se cumpla el laudo dentro de las setenta y dos horas siguientes a la fecha en que surta efectos su notificaci�n a la parte condenada, una vez que ha adquirido firmeza el mismo, lo que en el caso no ha sucedido, de modo que la simple condena a cargo de la parte demandada al pago de la prima de antig�edad correspondiente no puede generar intereses de ninguna manera. Asimismo, este �rgano colegiado determin� que la pretensi�n de que los perjuicios deben calcularse de acuerdo al porcentaje m�ximo que las instituciones nacionales de cr�dito hayan cubierto a los inversionistas desde que se tuvo el derecho a reclamar la prestaci�n por la que se instaur� el juicio hasta la fecha en que se efect�e el pago, carece de sustento legal pues implicar�a violaci�n al art�culo 16 de la Carta Magna en raz�n de que la Ley Federal del Trabajo no prev� esa situaci�n.

De esta ejecutoria deriv� la tesis de rubro y tenor siguientes:

"Octava �poca

"Instancia: Tercer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito

"Fuente: Semanario Judicial de la Federaci�n

"Tomo: VII, enero de 1991

"P�gina: 509

"TRABAJADOR. LOS INTERESES SOBRE CANTIDADES QUE LE ADEUDE EL PATR�N, DEBEN SER RECLAMADOS A PARTIR DE QUE SURTA EFECTOS EL LAUDO. En la Ley Federal del Trabajo, no existe disposici�n alguna que establezca el pago de da�os y perjuicios consistente en los intereses legales sobre las cantidades que adeude el patr�n al trabajador, por lo que resulta improcedente reclamar dicha prestaci�n, y si bien es cierto que el art�culo 951, fracci�n VI, del ordenamiento legal en cita, determina que se faculta al actuario a embargar bienes para garantizar el monto de la condena, de sus intereses y de los gastos de ejecuci�n, indudablemente debe interpretarse dicha disposici�n legal en el sentido de que los intereses a que se refiere son aquellos que se generan en caso de que no se cumpla el laudo dentro de las setenta y dos horas siguientes a la fecha en que surte efectos la notificaci�n.

"TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL CUARTO CIRCUITO.

Amparo directo 113/90. R.G.�rrez L�pez. 2 de mayo de 1990. Unanimidad de votos. Ponente: R.B.P.. Secretaria: G.F.C.�s.

En el laudo relativo la parte demandada fue condenada a pagar al actor su prima de antig�edad legal y dem�s prestaciones contractuales consistentes en ayuda para renta, alto costo de vida y ayuda para despensa.

Tales son, en s�ntesis, los criterios de los Tribunales Colegiados ante la problem�tica planteada.

Antes de precisar los t�rminos en que se suscita la contradicci�n, en sentido estricto, es pertinente destacar que al tenor de la rese�a efectuada con antelaci�n se advierte que existe divergencia en las prestaciones laborales demandadas en los juicios de origen, hasta el punto en que difieren de uno a otro, como tambi�n su causa, pues en algunos casos se trat� de pretensiones extralegales o contractuales, mientras que otros fueron de car�cter eminentemente legal.

Sin embargo, tal circunstancia no ser�a trascendente a la existencia de la contradicci�n, pues esa diferencia se suscit� en los juicios laborales correspondientes, mas no impidi� que los Tribunales Colegiados interpretaran el mismo dispositivo legal, el art�culo 951, fracci�n VI, de la Ley Federal del Trabajo, a fin de establecer su sentido y alcance en torno a los intereses que deben quedar asegurados o garantizados con el embargo, hasta el punto en que la divergencia de opiniones se suscit� en las consideraciones, razonamientos e interpretaciones jur�dicas de las sentencias respectivas, como resultado del examen de ese precepto y fracci�n legales, concluyendo as� en el an�lisis de la misma cuesti�n jur�dica, de aqu� que exista materia para la oposici�n de los criterios.

Precisado lo anterior y en atenci�n a las consideraciones sustentadas por cada Tribunal Colegiado, debe decirse que la contradicci�n de tesis consiste en dilucidar lo siguiente:

  1. Si los intereses a los que se refiere la fracci�n VI del art�culo 951 de la Ley Federal del Trabajo:

    ? son aquellos que expresamente se demandaron como prestaciones en el juicio laboral y, por tanto, se causan con motivo de la condena, o se establecieron como sanci�n en alg�n convenio celebrado en el juicio para el caso de que alguna de las partes no lo cumpliera, o bien,

    ? corresponden a aquellos que se generen en caso de que la parte demandada no cumpla el laudo dentro de las setenta y dos horas siguientes a su notificaci�n.

    Concomitantemente a lo anterior:

  2. Si conforme a dicho precepto y fracci�n es posible reclamar como prestaci�n en juicio laboral el pago de intereses o tal pretensi�n es improcedente.

    �sta es, pues, la materia y contenido de la contradicci�n de tesis.

    Es aplicable al caso la jurisprudencia n�mero P./J. 27/2001, del Tribunal Pleno, de rubro y tenor siguientes:

    "Novena �poca

    "Instancia: Pleno

    "Fuente: Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta

    "Tomo: XIII, abril de 2001

    "Tesis: P./J. 27/2001

    "P�gina: 77

    CONTRADICCI�N DE TESIS. PARA QUE PROCEDA LA DENUNCIA BASTA QUE EN LAS SENTENCIAS SE SUSTENTEN CRITERIOS DISCREPANTES. Los art�culos 107, fracci�n XIII, de la Constituci�n Federal, 197 y 197-A de la Ley de Amparo establecen el procedimiento para dirimir las contradicciones de tesis que sustenten los Tribunales Colegiados de Circuito o las S.s de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n. El vocablo ?tesis? que se emplea en dichos dispositivos debe entenderse en un sentido amplio, o sea, como la expresi�n de un criterio que se sustenta en relaci�n con un tema determinado por los �rganos jurisdiccionales en su quehacer legal de resolver los asuntos que se someten a su consideraci�n, sin que sea necesario que est� expuesta de manera formal, mediante una redacci�n especial, en la que se distinga un rubro, un texto, los datos de identificaci�n del asunto en donde se sostuvo y, menos a�n, que constituya jurisprudencia obligatoria en los t�rminos previstos por los art�culos 192 y 193 de la Ley de Amparo, porque ni la Ley Fundamental ni la ordinaria establecen esos requisitos. Por tanto, para denunciar una contradicci�n de tesis, basta con que se hayan sustentado criterios discrepantes sobre la misma cuesti�n por S. de la Suprema Corte o Tribunales Colegiados de Circuito, en resoluciones dictadas en asuntos de su competencia.

    No obsta a la existencia de la contradicci�n de tesis que las ejecutorias de los Tribunales Colegiados involucrados deriven de asuntos de diversa �ndole, en tanto que el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del S�ptimo Circuito resolvi� un amparo en revisi�n, mientras que el entonces Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, actualmente Primero en Materia Civil de dicha circunscripci�n territorial y el actual Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito, antes Tercero de esa misma demarcaci�n, resolvieron juicios de amparo directo, pues al respecto, este Alto Tribunal ha establecido que los criterios opositores pueden provenir de cualquier asunto de la competencia de los Tribunales Colegiados de Circuito, aun cuando �stos sean de naturaleza diferente, tal como lo ilustran los criterios que a continuaci�n se citan:

    "Octava �poca

    "Instancia: Pleno

    "Fuente: Semanario Judicial de la Federaci�n

    "Tomo: VII, mayo de 1991

    "Tesis: P. XXIII/91

    "P�gina: 10

    "CONTRADICCI�N DE TESIS. LOS CRITERIOS CONTRADICTORIOS PUEDEN PROVENIR DE JUICIOS DE DIFERENTE NATURALEZA. La circunstancia de que una contradicci�n de tesis tenga su origen en criterios sustentados en sentencias dictadas por Tribunales Colegiados de Circuito, habi�ndose pronunciado una de ellas con motivo de un juicio de amparo indirecto en revisi�n, en tanto que la otra se emiti� con motivo de un juicio de amparo directo, no es obst�culo para que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia conozca de la contradicci�n, aunque los juicios en los cuales los criterios hayan sido sustentados sean de diferente naturaleza, ya que el art�culo 11, fracci�n XV, de la Ley Org�nica del Poder Judicial Federal, establece la competencia del Pleno de este Alto Tribunal para conocer de todos los asuntos de la competencia de la Suprema Corte cuya competencia no corresponda a las S. de la misma, quedando comprendidos dentro de dichos asuntos las contradicciones entre tesis que, en amparos que no versen exclusivamente sobre la misma materia, sustenten dos o m�s Tribunales Colegiados de Circuito, para los efectos a que se refiere el p�rrafo final del art�culo 196 y 197-A de la Ley de Amparo."

    "Novena �poca

    "Instancia: Segunda S.

    "Fuente: Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta

    "Tomo: XIV, noviembre de 2001

    "Tesis: 2a. CCXVII/2001

    "P�gina: 42

    "CONTRADICCI�N DE TESIS. ES PROCEDENTE QUE ESTA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACI�N LA DIRIMA, RESPECTO DE CRITERIOS DIVERGENTES SUSTENTADOS POR TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO AL RESOLVER ASUNTOS DE CUALQUIER NATURALEZA QUE SEAN DE SU COMPETENCIA. El art�culo 177 de la Ley Org�nica del Poder Judicial de la Federaci�n previene que ?la jurisprudencia que deban establecer la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n en Pleno, las S.s de la misma y los Tribunales Colegiados de Circuito en las ejecutorias que pronuncien en los asuntos de su competencia distintos del juicio de amparo, se regir�n por las disposiciones de la Ley de Amparo, salvo en los casos en que la ley de la materia contuviera disposici�n expresa en otro sentido?, sin que esto �ltimo ocurra respecto de la hip�tesis que se examina. Del texto literal anterior se sigue que se refiere directamente s�lo a la Suprema Corte y a los Tribunales Colegiados de Circuito cuando son �rganos competentes para sustentar jurisprudencia lo que podr�n hacer no s�lo en juicios de amparo sino en cualquier asunto del que deban conocer, aplicando en �stos la Ley de Amparo. Sin embargo, la regla debe extenderse, por analog�a, a aquellos casos en que la situaci�n se presenta, no respecto del �rgano que debe resolver el conflicto de criterios, defini�ndolo jurisprudencialmente, sino en cuanto a los Tribunales Colegiados de Circuito que sustentaron las tesis divergentes, debiendo interpretarse, por consiguiente, que proceder� resolver la contradicci�n no s�lo cuando los hayan establecido en juicios de amparo sino en todos los asuntos de su competencia. Por otra parte, si bien es cierto que los art�culos 107, fracci�n XIII, de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos y 197-A de la Ley de Amparo, se refieren a la contradicci�n de tesis sustentadas por los Tribunales Colegiados de Circuito al resolver los juicios de amparo de su competencia, tambi�n lo es que no debe hacerse una interpretaci�n y una aplicaci�n literal de esas normas para estimar improcedente cualquier denuncia de criterios opuestos que no provenga de los mencionados juicios. Ello, porque si el sistema de denuncia de contradicci�n de tesis tiene por objeto que la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, a trav�s de la sustentaci�n de un criterio jurisprudencial y, por tanto, obligatorio, supere la inseguridad jur�dica derivada de la aplicaci�n de posturas divergentes sobre un mismo problema o punto de derecho, m�xime cuando respecto de �l los mencionados tribunales act�en como �rganos terminales, debe estimarse procedente la que derive de criterios opuestos que se hayan sustentado al resolverse cualquier tipo de asunto del que deban conocer, entre ellos los conflictos competenciales y no s�lo juicios de amparo, ya que de lo contrario no se cumplir�a con el prop�sito que inspir� tanto al Constituyente como al legislador ordinario al establecer la denuncia de contradicci�n de tesis como un sistema de integraci�n de jurisprudencia. Lo anterior se robustece si se toma en consideraci�n, adem�s, que desde la emisi�n del Acuerdo General Plenario 6/1999, publicado en el Diario Oficial de la Federaci�n, el veintitr�s de junio de mil novecientos noventa y nueve, se determin� en el punto tercero, fracci�n V, que de los asuntos iniciados con posterioridad a la publicaci�n del acuerdo, de la competencia originaria de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, se remitir�an para su resoluci�n a los Tribunales Colegiados de Circuito, los conflictos de competencia, con excepci�n de los que se suscitaran entre los Tribunales Colegiados, los cuales ser�an resueltos por las S.s de la Suprema Corte de Justicia, de suerte tal que respecto de los conflictos competenciales que corresponde conocer a los Tribunales Colegiados, �stos act�an como �rganos terminales."

    "Octava �poca

    "Instancia: Segunda S.

    "Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federaci�n

    "N�mero: 75, marzo de 1994

    "Tesis: 2a./J. 12/93

    "P�gina: 17

    CONTRADICCI�N DE TESIS, EL PROCEDIMIENTO PARA DIRIMIRLA ES APLICABLE CUANDO UNA DE ELLAS SE HA SUSTENTADO EN AMPARO Y LA OTRA EN REVISI�N FISCAL. El r�gimen que establecen los art�culos 197 y 197 A de la Ley de Amparo, para decidir cu�l es el criterio que en lo futuro ha de prevalecer, no s�lo debe aplicarse al caso de contradicci�n entre dos tesis sustentadas en juicios constitucionales, sino tambi�n cuando una de las tesis se ha emitido al resolver uno de amparo, y la otra, al fallar un recurso de revisi�n fiscal. En efecto, debe tomarse en cuenta la �ntima conexi�n que en ciertas hip�tesis puede presentarse entre los temas que propone el recurso de revisi�n fiscal y los problemas planteados en el juicio de garant�as.

    De la misma manera, tampoco es �bice para la existencia de la contradicci�n de tesis, la circunstancia de que ninguno de los criterios divergentes constituyan jurisprudencia, pues ni la Constituci�n General de la Rep�blica ni la Ley de Amparo imponen que deban tener necesariamente esa categor�a, como lo informa la tesis plenaria n�mero P.L., de rubro y tenor:

    "Octava �poca

    "Instancia: Pleno

    "Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federaci�n

    "N�mero: 83, noviembre de 1994

    "Tesis: P.L.

    "P�gina: 35

    CONTRADICCI�N DE TESIS. PARA SU INTEGRACI�N NO ES NECESARIO QUE SE TRATE DE JURISPRUDENCIAS. Para la procedencia de una denuncia de contradicci�n de tesis no es presupuesto el que los criterios contendientes tengan la naturaleza de jurisprudencias, puesto que ni el art�culo 107, fracci�n XIII, de la Constituci�n Federal ni el art�culo 197-A de la Ley de Amparo, lo establecen as�.

    En concordancia con lo anterior, tampoco obsta a la existencia de la acusadadivergencia de opiniones, la circunstancia de que el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del S�ptimo Circuito no haya redactado una tesis en sentido formal que difunda su criterio jur�dico, a diferencia de los otros dos tribunales quienes s� lo hicieron expresamente, pues sobre el particular debe decirse que es en la ejecutoria, primordialmente, donde se contiene la opini�n correspondiente que d� lugar a la disidencia, con independencia de que se hubiera o no redactado tesis alguna, tal como lo ilustra la jurisprudencia de rubro y tenor siguientes:

    "Novena �poca

    "Instancia: Segunda S.

    "Fuente: Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta

    "Tomo: XII, noviembre de 2000

    "Tesis: 2a./J. 94/2000

    "P�gina: 319

    CONTRADICCI�N DE TESIS. SU EXISTENCIA REQUIERE DE CRITERIOS DIVERGENTES PLASMADOS EN DIVERSAS EJECUTORIAS, A PESAR DE QUE NO SE HAYAN REDACTADO NI PUBLICADO EN LA FORMA ESTABLECIDA POR LA LEY. Los art�culos 107, fracci�n XIII, de la Constituci�n General de la Rep�blica, 197 y 197-A de la Ley de Amparo, regulan la contradicci�n de tesis sobre una misma cuesti�n jur�dica como forma o sistema de integraci�n de jurisprudencia, desprendi�ndose que la tesis a que se refieren es el criterio jur�dico sustentado por un �rgano jurisdiccional al examinar un punto concreto de derecho, cuya hip�tesis, con caracter�sticas de generalidad y abstracci�n, puede actualizarse en otros asuntos; criterio que, adem�s, en t�rminos de lo establecido en el art�culo 195 de la citada legislaci�n, debe redactarse de manera sint�tica, controlarse y difundirse, formalidad que de no cumplirse no le priva del car�cter de tesis, en tanto que esta investidura la adquiere por el solo hecho de reunir los requisitos inicialmente enunciados de generalidad y abstracci�n. Por consiguiente, puede afirmarse que no existe tesis sin ejecutoria, pero que ya existiendo �sta, hay tesis a pesar de que no se haya redactado en la forma establecida ni publicado y, en tales condiciones, es susceptible de formar parte de la contradicci�n que establecen los preceptos citados.

S�PTIMO

Esta Segunda S. de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n considera que en relaci�n con el tema de contradicci�n, debe prevalecer con el car�cter de jurisprudencia el criterio que establecer� al tenor de las siguientes consideraciones.

El precepto y fracci�n de la Ley Federal del Trabajo, de cuya interpretaci�n se trata, establecen:

"Art�culo 951. En la diligencia de requerimiento de pago y embargo se observar�n las normas siguientes:

"...

"VI. El actuario, bajo su responsabilidad, embargar� �nicamente los bienes necesarios para garantizar el monto de la condena, de sus intereses y de los gastos de ejecuci�n."

Conforme a tales dispositivos, en la diligencia de requerimiento de pago y embargo, el actuario adscrito a la Junta del conocimiento, bajo su responsabilidad, embargar� �nicamente los bienes necesarios para garantizar el monto de la condena, de sus intereses y de los gastos de ejecuci�n.

La porci�n normativa que suscita la materia de la contradicci�n de tesis, esencialmente, se refiere a la frase "de sus intereses", pues debe determinarse cu�les son esos intereses que deben quedar garantizados con el embargo en bienes del patr�n o deudor.

Para entrar en materia, es pertinente acotar que el precepto y fracci�n en estudio, se ubican dentro del t�tulo quince de la Ley Federal del Trabajo que bajo el rubro "Procedimientos de ejecuci�n", regula las v�as de apremio previstas por el legislador para lograr el eficaz cumplimiento de los laudos o resoluciones laborales.

En la doctrina laboral procesal mexicana, a prop�sito de la ejecuci�n de los laudos se ha dicho lo siguiente:

"Podemos definir la ejecuci�n como: El conjunto de actos dirigidos a asegurar la eficacia pr�ctica del laudo jur�dico y econ�mico o de cualquiera otra resoluci�n de las Juntas de Conciliaci�n o de Conciliaci�n y Arbitraje. La finalidad de los procedimientos ejecutivos consiste en lograr el cumplimiento efectivo de la resoluci�n jurisdiccional de car�cter definitivo y firme. Y es por esto que los laudos son coercibles. La doctrina procesal mexicana del trabajo distingue por un lado el procedimiento de conocimiento del procedimiento de ejecuci�n. Esta distinci�n es importante porque revela la transformaci�n de la actividad jurisdiccional social de teor�a en pr�ctica. El periodo de conocimiento est� constituido por la serie de actos procesales que se llevan a cabo en las audiencias de conciliaci�n, demanda y excepciones y de pruebas y alegatos, culminando con el laudo, en tanto que el procedimiento de ejecuci�n est� encaminado a hacer efectivo pr�cticamente el laudo o resoluci�n dictada. El complemento de todo juicio es sin duda la ejecuci�n del fallo. El procedimiento de ejecuci�n tiene por objeto la realizaci�n del fin procesal, esto es, asegurar eficazmente la pr�ctica del laudo o resoluci�n. Los principios fundamentales del procedimiento de ejecuci�n son la definitividad o ejecutoriedad de las resoluciones.", T.U., A.. Nuevo Derecho Procesal del Trabajo. Teor�a Integral. M�xico, editorial P.�a, segunda edici�n actualizada, 1973, p�gina 567.

Sobre la conveniencia de acudir a la doctrina como elemento de apoyo para la resoluci�n del asunto, resulta aplicable la tesis n�mero 2a. LXIII/2001 de esta Segunda, cuyos contenido y datos de publicaci�n son los siguientes:

"Novena �poca

"Instancia: Segunda S.

"Fuente: Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta

"Tomo: XIII, mayo de 2001

"Tesis: 2a. LXIII/2001

"P�gina: 448

DOCTRINA. PUEDE ACUDIRSE A ELLA COMO ELEMENTO DE AN�LISIS Y APOYO EN LA FORMULACI�N DE SENTENCIAS, CON LA CONDICI�N DE ATENDER, OBJETIVA Y RACIONALMENTE, A SUS ARGUMENTACIONES JUR�DICAS. En el sistema jur�dico mexicano por regla general, no se reconoce formalmente que la doctrina pueda servir de sustento de una sentencia, pues el art�culo 14 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos que establece las reglas respectivas, en su �ltimo p�rrafo, s�lo ofrece un criterio orientador, al se�alar que ?En los juicios del orden civil, la sentencia definitiva deber� ser conforme a la letra o la interpretaci�n jur�dica de la ley, y a falta de �sta se fundar� en los principios generales del derecho.?; mientras que en su p�rrafo tercero dispone que ?En los juicios del orden criminal queda prohibido imponer, por simple analog�a, y aun por mayor�a de raz�n, pena alguna que no est� decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se trata.?. Sin embargo, es pr�ctica reiterada en la formulaci�n de sentencias, acudir a la doctrina como elemento de an�lisis y apoyo, as� como interpretar que la regla relativa a la materia penal de car�cter restrictivo s�lo debe circunscribirse a ella, permitiendo que en todas las dem�s, con variaciones propias de cada una, se atienda a la regla que el texto constitucional menciona con literalidad como propia de los juicios del orden civil. Ahora bien, tomando en cuenta lo anterior y que la funci�n jurisdiccional, por naturaleza, exige un trabajo de l�gica jur�dica, que busca aplicar correctamente las normas, interpretarlas con sustento y, aun, desentra�ar de los textos legales los principios generales del derecho para resolver las cuestiones controvertidas en el caso concreto que se somete a su conocimiento, considerando que todo sistema jur�dico responde a la intenci�n del legislador de que sea expresi�n de justicia, de acuerdo con la visi�n que de ese valor se tenga en el sitio y �poca en que se emitan los preceptos que lo vayan integrando, debe concluirse que cuando se acude a la doctrina mediante la referencia al pensamiento de un tratadista e, incluso, a trav�s de la transcripci�n del texto en el que lo expresa, el juzgador, en lugar de hacerlo de manera dogm�tica, debe analizar, objetiva y racionalmente, las argumentaciones jur�dicas correspondientes, asumiendo personalmente las que le resulten convincentes y expresando, a su vez, las consideraciones que lo justifiquen.

Establecida as� desde la perspectiva de la doctrina, la definici�n y finalidad del procedimiento de ejecuci�n de los laudos, debe decirse que en una primera intenci�n de cumplimiento voluntario, la Ley Federal del Trabajo establece en su art�culo 945, lo siguiente:

Los laudos deben cumplirse dentro de las setenta y dos horas siguientes a la en que surta efectos la notificaci�n. Las partes pueden convenir en las modalidades de su cumplimiento.

De este dispositivo legal derivan dos reglas de ejecuci�n esenciales.

La primera prev� la oportunidad de que la parte demandada y vencida en juicio, sin la intervenci�n de las autoridades encargadas de la ejecuci�n, que en t�rminos de lo dispuesto por el art�culo 940 de la legislaci�n en cita, son los presidentes de las Juntas de Conciliaci�n Permanente y los de las de Conciliaci�n y Arbitraje, voluntariamente cumpla el laudo.

No obstante este cumplimiento no se encuentra irrestricto en el tiempo, sino que est� acotado necesariamente por �ste, pues a m�s tardar debe darse dentro de las setenta y dos horas siguientes a la en que surta efectos la notificaci�n del laudo.

Como segunda alternativa, el dispositivo en comento permite, inclusive, que sean las partes quienes acuerden las modalidades, es decir, la forma y t�rminos del cumplimiento.

Este precepto recoge el principio de sencillez que caracteriza a los procedimientos en materia de trabajo, pues su finalidad es la de simplificar la ejecuci�n de los laudos a trav�s del breve t�rmino que establece para el cumplimiento y permitiendo tambi�n, a su vez, que la ejecuci�n pueda darse a instancia y por acuerdo de las partes.

�sta, desde luego, es la forma ideal del cumplimiento de los laudos, pues a quien ha sido o�do y vencido en juicio definitivo no le queda m�s posibilidad jur�dica que acatar voluntariamente la condena o en defecto de ello convenir sobre �sta.

Sin embargo, puede suceder que la parte condenada no cumpla el laudo en el t�rmino referido e inclusive que las partes tampoco concertaran acuerdo alguno sobre la forma y t�rminos del cumplimiento.

En este caso, operar�a la v�a de apremio prevista en las secciones segunda y tercera del t�tulo en an�lisis, la cual comprende, esencialmente, las tres etapas siguientes:

  1. Requerimiento de pago.

  2. Embargo.

  3. R..

    Para efectos de este estudio, son relevantes las dos primeras etapas.

    Efectivamente, el art�culo 951, fracciones I, II y III, dispone que la diligencia de ejecuci�n relativa se efectuar� en el lugar donde se presta o prest� el servicio, en el nuevo domicilio del deudor, en la habitaci�n, oficina, establecimiento o locaci�n se�alada por el actuario en el acta de notificaci�n y aun no encontr�ndose el deudor, la practicar� con cualquier persona que est� presente, requiriendo el pago y si �ste no se efect�a proceder� al embargo.

    Para esta acci�n, la fracci�n VI del art�culo 951 de la Ley Federal del Trabajo dispone que el actuario, bajo su responsabilidad, embargar� �nicamente los bienes necesarios para garantizar: a) el monto de la condena; b) de sus intereses; y, c) de los gastos de ejecuci�n.

    Para desentra�ar el sentido de este dispositivo legal, es pertinente acudir, en primer t�rmino, a su interpretaci�n literal, esto es, aquella que se efect�a conforme a la letra del texto, atribuyendo a las palabras su sentido l�gico y propio.

    Ello, porque la interpretaci�n literal es la forma primaria de ex�gesis jur�dica y, por tanto, tiene preeminencia sobre los otros m�todos de hermen�utica jur�dica.

    Al respecto, son aplicables las tesis de rubro y tenor siguientes:

    "Quinta �poca

    "Instancia: Pleno

    "Fuente: Semanario Judicial de la Federaci�n

    "Tomo: XVIII

    "P�gina: 894

    "INTERPRETACI�N DE LA LEY. La interpretaci�n literal de la ley, es la primera forma de interpretaci�n jur�dica, siendo las de otro orden, de car�cter secundario, inclusive las que pudieran llamarse de orden moral o filos�fico."

    "Quinta �poca

    "Instancia: Primera S.

    "Fuente: Semanario Judicial de la Federaci�n

    "Tomo: CXI

    "P�gina: 2244

    "LEY INTERPRETACI�N DE LA. De acuerdo con B.L., la primera de las reglas de la interpretaci�n de la ley crea la exigencia de que aqu�lla est� regida, en primer lugar, por la interpretaci�n gramatical del texto, ya que s�lo cuando la redacci�n del precepto que el operador del derecho se ve constre�ido a verificar, es oscuro o dudoso, atender� para su interpretaci�n a los principios de la l�gica y en �ltimo extremo, a los principios generales del derecho. De ah� que el mejor medio es el de atenerse a la idea que el texto expresa claramente; pues s�lo por excepci�n, el int�rprete tiene el derecho y el deber de apartarse del sentido literal de la ley; y es cuando se demuestra claramente que el legislador ha dicho una cosa distinta de la que quiere decir, ya que como consecuencia del car�cter imperativo de la ley, debe interpretarse seg�n la voluntad que ha precedido a su origen."

    "Quinta �poca

    "Instancia: S. Auxiliar

    "Fuente: Semanario Judicial de la Federaci�n

    "Tomo: CXI

    "P�gina: 1404

    "LEYES DE ORDEN P�BLICO, INTERPRETACI�N DE LAS. El hecho de que un precepto sea de derecho p�blico y de naturaleza prohibitiva, no quiere decir que no sea interpretable, puesto que teniendo toda ley, de la naturaleza que sea, un sentido que le imprime el legislador, la interpretaci�n consistir� en escudri�ar y determinar ese sentido, fund�ndose para ello en las reglas que gobiernan la palabra y el pensamiento, toda vez que la ley tiene un contenido sobre el que obliga a que la interpretaci�n sea a un tiempo literal y l�gica."

    Conforme a la ex�gesis gramatical o literal de la disposici�n legal en comento, se obtiene lo siguiente:

    La acci�n que efectuar� el actuario conforme a la autorizaci�n del precepto ser� embargar bienes del deudor.

    La finalidad de dicha acci�n o efecto de embargar ser� garantizar:

  4. El monto de la condena;

  5. De sus intereses; y,

  6. De los gastos de ejecuci�n.

    En este caso, el sujeto o sustantivo esencial en el que recae la acci�n es el monto de la condena, pues sobre ella se enuncia precisamente el embargo.

    A continuaci�n e inmediatamente despu�s a la frase el "monto de la condena", el precepto refiere "de sus intereses".

    Las palabras "de" y "sus" son fundamentales para comprender la pertenencia de los intereses a los cuales se refiere el texto de la norma.

    Dentro de las m�ltiples acepciones de la palabra de las que resultan acordes con el contexto en que se utiliza son las siguientes:

    "De ... denota posesi�n o pertenencia ... Manifiesta de d�nde son, vienen o salen las cosas o las personas ... denota origen, procedencia ... se�ala el agente, causa u origen ...", M.�n A.. Enciclopedia del Idioma. Diccionario H.�rico y Moderno de la Lengua Espa�ola (siglos XII al XX). E.�gico, Tecnol�gico, Regional e Hispanoamericano, tomo II, D-M. M�xico, editorial A., 1998, quinta reimpresi�n, p�ginas 1393 y 1394.

    El vocablo "sus" es el plural de su y se define de la siguiente manera:

    "Su, sus (ap�cope de suyo, suya, suyos, suyas) ... pronombre posesivo de tercera persona en g�nero masculino y femenino y en ambos n�meros singular y plural.", M.�n A.. Enciclopedia del Idioma. Diccionario H.�rico y Moderno de la Lengua Espa�ola (siglos XII al XX). E.�gico, Tecnol�gico, Regional e Hispanoamericano, tomo III, N-Z. M�xico, editorial A., 1998, quinta reimpresi�n, p�gina 3833.

    Siendo un ap�cope de suyo, es pertinente acotar que este pronombre posesivo:

    "Establece relaci�n de posesi�n o pertenencia.", L.D. de la Lengua Espa�ola Esencial. M�xico, Larousse Editorial, Sociedad An�nima, 2001, primera edici�n, cuadrag�sima quinta reimpresi�n, p�gina 626.

    Conforme a lo anterior se advierte que en la frase de cuya interpretaci�n se trata, las palabras "de" y "sus" est�n utilizadas en un sentido de pertenencia en relaci�n con "el monto de la condena", y si adem�s el antedicho pronombre sustituye al nombre o se inserta en lugar de �ste, entonces es claro que los intereses que deben garantizarse son los que se generen o causen despu�s de la condena.

    Siendo as�, la interpretaci�n literal de dicho dispositivo legal no puede conducir a establecer que en su virtud se autorice a las partes en los juicios laborales a demandar el pago de intereses sobre las prestaciones reclamadas ni, por tanto, que bajo la prescripci�n de dicho numeral, una condena de esa naturaleza pueda establecerse en el propio laudo, pues no lo se�ala as� expresamente, sino tan s�lo que los bienes embargados por el actuario deben ser los necesarios para garantizar, entre otras cosas, los intereses que genere la condena.

    La ex�gesis literal del precepto en cuesti�n, si bien es clara, no es suficiente para agotar cabalmente el estudio del tema; por tanto, es conveniente que se complemente con otros m�todos interpretativos, como el hist�rico-tradicional e hist�rico-progresivo, a trav�s de los cuales se tomar�n en cuenta, sustancialmente, los antecedentes normativos con el prop�sito de conocer c�mo se regul� anteriormente la figura jur�dica en an�lisis.

    Sobre esta metodolog�a de interpretaci�n es aplicable, en lo conducente, la tesis de rubro y tenor siguientes:

    "Novena �poca

    "Instancia: Pleno

    "Fuente: Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta

    "Tomo: XI, junio de 2000

    "Tesis: P./J. 61/2000

    "P�gina: 13

    INTERPRETACI�N HIST�RICA TRADICIONAL E HIST�RICA PROGRESIVA DE LA CONSTITUCI�N. Para fijar el justo alcance de una disposici�n contenida en la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, ante la insuficiencia de elementos que derivan de su an�lisis literal, sistem�tico, causal y teleol�gico, es factible acudir tanto a su interpretaci�n hist�rica tradicional como hist�rica progresiva. En la primera de ellas, con el fin de averiguar los prop�sitos que tuvo el Constituyente para establecer una determinada norma constitucional, resulta necesario analizar los antecedentes legislativos que reflejan con mayor claridad en qu� t�rminos se regul� anteriormente una situaci�n an�loga y cu�l fue el objeto de tales disposiciones, dado que por lo regular existe una conexi�n entre la ley vigente y la anterior; m�xime, si a trav�s de los diversos m�todos de interpretaci�n del precepto constitucional en estudio se advierte que fue intenci�n de su creador plasmar en �l un principio regulado en una disposici�n antes vigente, pues en tales circunstancias, la verdadera intenci�n del Constituyente se puede ubicar en el mantenimiento del criterio que se sosten�a en el ayer, ya que todo aquello que la nueva regulaci�n no var�a o suprime de lo que entonces era dado, conlleva la voluntad de mantener su vigencia. Ahora bien, de resultar insuficientes los elementos que derivan de esta interpretaci�n, ser� posible acudir a la diversa hist�rica progresiva, para lo cual deben tomarse en cuenta tanto las condiciones y necesidades existentes al momento de la sanci�n del precepto constitucional, como las que se advierten al llevar a cabo su interpretaci�n y aplicaci�n, ya que toda N.F. constituye un instrumento permanente de gobierno, cuyos preceptos aseguran la estabilidad y certeza necesarias para la existencia del Estado y del orden jur�dico; por tanto, ante un precepto constitucional que por su redacci�n permite la adecuaci�n de su sentido a determinadas circunstancias, ya sea jur�dicas, o de otra �ndole, para fijar su alcance, sin imprimirle un cambio sustancial, debe atenderse precisamente a la estabilidad o modificaci�n que han sufrido esas circunstancias, sin que con ello sea v�lido desconocer o desnaturalizar los prop�sitos que llevaron al Constituyente a establecer la disposici�n en estudio.

    Pues bien, sobre el particular debe decirse que existen algunos precedentes hist�ricosde este Alto Tribunal correspondientes a la Sexta y S�ptima �pocas del Semanario Judicial de la Federaci�n, que han abordado o tratado aspectos relacionados con el tema en estudio desde dos perspectivas, una de ellas eminentemente laboral en estricto sentido y otra en materia penal, relacionada con il�citos de esta �ndole previstos en la Ley Federal del Trabajo.

    En esos precedentes se consider� lo siguiente:

    La Cuarta S. de la anterior integraci�n de este Alto Tribunal, al resolver el primero de abril de mil novecientos sesenta y cuatro el amparo directo n�mero 6487/63, bajo la ponencia del se�or Ministro A.P., sostuvo la tesis siguiente:

    "Sexta �poca

    "Instancia: Cuarta S.

    "Fuente: Semanario Judicial de la Federaci�n

    "Volumen: LXXXII, Quinta Parte

    "P�gina: 20

    "INTERESES MORATORIOS EN MATERIA LABORAL. La Cuarta S. de la Suprema Corte ha sostenido el criterio de que en materia laboral no existe disposici�n legal alguna que autorice el pago de intereses moratorios.

    Amparo directo 6487/63. A.C.�rdenas C.. 1o. de abril de 1964. Cinco votos. Ponente: A.P..

    Esta tesis deriv� de la ejecutoria que a continuaci�n se transcribe en la parte conducente:

    SEGUNDO. Son infundados los conceptos de violaci�n. En efecto, seg�n aparece de las constancias de autos en el expediente 511/59 relativo a la reclamaci�n formulada por el quejoso sobre el pago de la indemnizaci�n por accidente de trabajo, se dict� laudo el once de noviembre de mil novecientos sesenta, conden�ndose al Ferrocarril del Pac�fico, S.A. de C.V., a cubrir tal indemnizaci�n, cuyo monto fue de doscientos dos mil treinta y ocho pesos cuarenta y cinco centavos; que el ferrocarril demandado inconforme con dicho laudo lo impugn� en la v�a de amparo (358/61) y que se le concedi� la suspensi�n del acto reclamado, pero a la postre le fue negada la protecci�n constitucional, raz�n por la que el mencionado Ferrocarril del Pac�fico, S.A. de C.V., con fecha veintiocho de noviembre de mil novecientos sesenta y uno hizo el pago de la suma a que result� condenado, por lo cual entre la fecha del laudo que conden� a pagar la referida indemnizaci�n y el d�a en que �sta se cubri� transcurri� m�s de un a�o. Sin embargo, tambi�n resulta exacto, como lo sostiene la Junta en su laudo, que esta S. ha sostenido el criterio de que en materia laboral no existe disposici�n legal alguna que autorice el pago de intereses moratorios; y aun que en los conceptos de violaci�n que se analizan el trabajador quejoso expres� que esta S. en diversas ejecutorias ha sostenido la opini�n contraria, como no precisa cu�les son esas ejecutorias, esta propia S. se encuentra imposibilitada para determinar si son aplicables al caso. En consecuencia, por las consideraciones precedentes, cabe concluir que no existe la violaci�n que se alega de los art�culos 550 y 551 de la ley laboral ni la de los art�culos 14 y 16 constitucionales, por lo que procede negar el amparo solicitado. Por lo expuesto y con fundamento adem�s en los art�culos 103, fracci�n I y 107, fracciones II, III, inciso a) y V, de la Constituci�n Federal, 45, 158 y 190 de la Ley de Amparo y 27, fracci�n I, de la Ley Org�nica del Poder Judicial de la Federaci�n, se resuelve: �NICO. La Justicia de la Uni�n no ampara ni protege al se�or A.C.�rdenas C., contra el acto del Grupo Especial N�mero Dos de la Junta Federal de Conciliaci�n y Arbitraje, que hizo consistir en el laudo dictado el cinco de julio de mil novecientos sesenta y tres, en el expediente laboral 295/61, relativo a la reclamaci�n formulada por el quejoso en contra del Ferrocarril del Pac�fico, S.A. de C.V.

    Atendiendo a la �poca en que se emiti� esta ejecutoria, primero de abril de mil novecientos sesenta y cuatro, es evidente que el contenido de la Ley Federal del Trabajo era distinto a la que actualmente se encuentra en vigor, considerando las m�ltiples reformas y adiciones de las que ha sido objeto, de aqu� que dicho criterio haya sido v�lido en un tiempo y bajo una condici�n, mientras no existiera disposici�n alguna en la Ley Federal del Trabajo que autorizara el pago de intereses, pues tal interpretaci�n necesariamente est� circunscrita a la permanencia de la norma, de modo que su validez depende de la estabilidad de �sta.

    En esa l�nea, se advierte un cambio de criterio en el otro asunto al que se ha hecho referencia el cual, aunque se relaciona con una disposici�n de la Ley Federal del Trabajo, se emiti� en un juicio de naturaleza punitiva.

    Efectivamente, la Primera S. de la anterior integraci�n de este Alto Tribunal, al resolver el veintid�s de octubre de mil novecientos ochenta, el amparo directo n�mero 3565/79, bajo la ponencia del se�or Ministro M.R.S., sostuvo la tesis siguiente:

    "S�ptima �poca

    "Instancia: Primera S.

    "Fuente: Semanario Judicial de la Federaci�n

    "Vol�menes: 145-150, Segunda Parte

    "P�gina: 179

    "SALARIO M�NIMO, DELITO DE FALTA DE PAGO DEL, CUANDO HAY CONSIGNACI�N DE LO ADEUDADO. PENALIDAD. Si bien es cierto que la fracci�n III del art�culo 891 de la Ley Federal del Trabajo establece en su primer p�rrafo, que se impondr� pena de prisi�n de tres meses a dos a�os y multa hasta de diez mil pesos, al patr�n que no cumpla con la obligaci�n de pagar el salario m�nimo general de la zona correspondiente, tambi�n lo es que, en su segundo p�rrafo, prev� la posibilidad de que el inculpado se libere de la pena privativa de libertad si cubre al trabajador lo que le adeuda, m�s los intereses moratorios, antes de que el Ministerio P�blico formule sus conclusiones, en cuyo caso el hecho imputado se sancionar� �nicamente con multa. Por tanto, si el patr�n hace la consignaci�n de determinadas cantidades ante la autoridad judicial instructora, dentro del t�rmino que la ley concede, y si con ella se cubren totalmente los salarios adeudados, as� como los intereses moratorios correspondientes, tal consignaci�n debe estimarse como pago para los efectos legales correspondientes y, por ello, s�lo quedar� a criterio del juzgador la imposici�n de la multa prevista en el segundo p�rrafo de la fracci�n III del art�culo mencionado.

    "Amparo directo 3565/79. A.L.C.�eda. 22 de octubre de 1980. Cinco votos. Ponente: M.R.S.. Secretaria: Ma. de L.R.M..

    Nota: En el Informe de 1981, la tesis aparece bajo el rubro ?DELITOS LABORALES. VIOLACI�N AL ART�CULO 891, F.I., DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO.?.

    La ejecutoria que dio origen a dicho criterio es del tenor siguiente:

    CUARTO. Previo al an�lisis de las pruebas anteriormente relacionadas, se llega al convencimiento de que son fundados los conceptos de violaci�n que hace valer el quejoso A.L.C.�eda, porque es verdad, como lo alega, que la autoridad responsable hizo una inexacta interpretaci�n jur�dica del p�rrafo segundo, fracci�n III del precepto 891 de la Ley Federal de Trabajo, porque aqu�lla, en efecto, en la sentencia reclamada sostuvo: ?... que si bien es cierto, que en otras materias pudiera considerarse como liberatorio de adeudos las consignaciones, en el caso no puede estimarse eso como �el pago� a que se refiere la Ley Federal del Trabajo, cuanto menos que en la especie los trabajadores se opusieron a los ofrecimientos del acusado, por lo que debe inferirse que en el caso no existi� el pago que la ley exige para dejar satisfecho el inter�s de los perjudicados.?. De la anterior transcripci�n, se desprende que la autoridad responsable considera que el hecho de que el quejoso consignara la cantidad que en su concepto adeudaba a los trabajadores, no pod�a considerarse como el pago a que se refiere la Ley Federal del Trabajo; tal estimativa de la autoridad sentenciadora es desacertada, pues el simple hecho de que A.L.C.�eda realizara la consignaci�n de la cantidad que en su concepto, equivocado o no, adeudaba a los trabajadores, demuestra la intenci�n de �ste, de cumplir con lo establecido en la segunda parte de la fracci�n III del art�culo 891 de la Ley Federal del Trabajo, puesto que consignar en derecho, es precisamente depositar a disposici�n de la autoridad judicial la cosa debida, y si los trabajadores recurrieron a esta �ltima para hacer valer sus derechos violados, la consignaci�n (antes de que el Ministerio P�blico Federal formulara conclusiones), hecha por el quejoso con el objeto de satisfacer los intereses de los ofendidos y l�gicamente tambi�n para evitarse la pena de prisi�n establecida por la ley y hacerse acreedor �nicamente a la de multa, debe considerarse que dicha consignaci�n es correcta y eficaz, por lo que s� puede tenerse como el pago a que se refiere la Ley Federal del Trabajo. No siendo �bice para la anterior conclusi�n, lo considerado por el tribunal responsable en su sentencia, respecto a que en la especie los trabajadores se opusieron a la cantidad consignada por el quejoso, pues bien se pudo rectificar o ejecutar nuevamente la operaci�n aritm�tica sobre la base del salario correspondiente a la actividad de los denunciantes, las cantidades que se dijeron eran incompletas y el tiempo durante el cual se percibieron estas �ltimas, para obtener la suma omitida en forma exacta; pues no hay que olvidar que el quejoso, cuando los trabajadores se opusieron a la primer consignaci�n que efectu�, consign� otra cantidad, y en esa forma trat� de cumplir a lo que estaba obligado por el citado precepto de la Ley Federal del Trabajo; as� que, como ya se dijo, con una simple operaci�n aritm�tica, hubiera podido quedar aclarado cualquier error en la cantidad pagada por A.L.C.�eda a los trabajadores por medio de otra consignaci�n que efectuara ante la autoridad sentenciadora, en la cual se incluyera la suma exacta de la diferencia entre los salarios que pag� a los denunciantes y el salario m�nimo legalmente fijado, desde la fecha en que omiti� cubrirlo, as� como los intereses moratorios de la misma. Porque como el tribunal responsable lo asienta en su sentencia, para precisar la suma adeudada por el inculpado por concepto de la falta de pago del salario m�nimo a los trabajadores ofendidos, carece de importancia el que se hubiesen producido o no diversos dict�menes para ubicar t�cnicamente el monto de tal suma, pues para ello, basta efectuar una simple operaci�n aritm�tica ya que existen publicaciones legales determinantes de los salarios m�nimos correspondientes a cada regi�n y actividad laboral en particular. Por tales razones, cabe concluir que la sentencia reclamada al imponer al quejoso la sanci�n de un a�o ocho meses y multa de ocho mil pesos, viol� en su perjuicio las garant�as individuales, motivo por el cual, la autoridad responsable deber� dictar nueva sentencia, en la cual las consignaciones hechas por el quejoso se tomen como pago, determine si con ellas se cubren los salarios que adeuda el quejoso a los trabajadores, y de acuerdo con el resultado, de conformidad con lo previsto en la fracci�n III del art�culo 891 de la Ley Federal del Trabajo, imponga a A.L.C.�eda la sanci�n que proceda. Por lo expuesto y con fundamento en los art�culos 103 y 107 de la Constituci�n Federal y 24, fracci�n III, inciso b), de la Ley Org�nica del Poder Judicial de la Federaci�n, se

    resuelve: �NICO. Para el exclusivo efecto que se precisa en la parte final del considerando cuarto, la Justicia de la Uni�n ampara y protege a A.L.C.�eda contra los actos que reclama del Magistrado del Tribunal Unitario del Tercer Circuito y Juez Tercero de Distrito en el Estado de Jalisco, precisados en el resultando primero de esta ejecutoria.

    En esta ejecutoria se interpret� el art�culo 891, fracci�n III, de la Ley Federal del Trabajo, vigente en la �poca en que se cometieron los hechos juzgados, que era del tenor siguiente:

    "Al patr�n de cualquier negociaci�n industrial, agr�cola, minera, comercial o de servicios que haga entrega a uno o varios de sus trabajadores de cantidades inferiores al salario fijado como m�nimo general o haya entregado comprobantes de pago que amparen sumas de dinero superiores de las que efectivamente hizo entrega, se le castigar� con las penas siguientes:

    "...

    "III. Con prisi�n de tres meses a dos a�os y multa que equivalga hasta 100 veces el salario m�nimo general, conforme a lo establecido por el art�culo 876, si la omisi�n excede a los tres meses de salario m�nimo general de la zona correspondiente.

    Si el patr�n de la negociaci�n industrial, agr�cola, minera, comercial o de servicio paga al trabajador lo que le adeuda, m�s los intereses moratorios, antes de formular conclusiones el Ministerio P�blico, se le condenar� �nicamente al pago de la multa.

    Este precepto, sin embargo, fue reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federaci�n del cuatro de enero de mil novecientos ochenta, para quedar como se encuentra actualmente redactado en los t�rminos siguientes:

    Si la Junta estima que alguna de las partes obr� con dolo o mala fe, podr� imponerle en el laudo una multa hasta de siete veces el salario m�nimo general, vigente en el tiempo y lugar de residencia de la Junta. La misma multa podr� imponerse a los representantes de las partes.

    Como se aprecia en este nuevo precedente, se interpret� una disposici�n de la Ley Federal del Trabajo cuya vigencia era posible para efectos de liberar al inculpado de la pena de prisi�n y que se le impusiera s�lo la pecuniaria consistente en multa, que pagara al trabajador las cantidades que le adeudara m�s los intereses moratorios correspondientes sobre dicha obligaci�n principal.

    Este dispositivo ten�a esencialmente naturaleza liberatoria de la pena de prisi�n a la que era merecedor el patr�n que cometiera el delito consistente en entregar a uno o varios de sus trabajadores cantidades inferiores al salario fijado como m�nimo general o comprobantes de pago que amparen sumas de dinero superiores a las que efectivamente hizo entrega.

    Como se aprecia, los diferentes criterios sostenidos en las ejecutorias de garant�as a las que se ha hecho referencia, corresponden a los textos legales que en su momento interpretaron; as�, su sentido se rigi� necesariamente por el contenido de las disposiciones legales sobre las cuales versaron esas interpretaciones jur�dicas, ninguna de las cuales coincide con la descripci�n legal del precepto que da materia a esta contradicci�n, es por ello que el principio interpretativo que se ha venido desarrollando en este caso, el hist�rico-progresivo, debe aplicarse a este asunto, referido a la presente �poca, considerando la norma laboral actual y vigente en el contexto en que se inserta en el derecho.

    Ello implica acudir tambi�n al mismo tiempo a su interpretaci�n sistem�tica, es decir, al m�todo en virtud del cual el precepto en cuesti�n debe considerarse en funci�n de los dem�s que integran el ordenamiento al que pertenece y que se relacionan con la figura jur�dica de que se trata, como lo ilustran las tesis que enseguida se transcriben, la segunda de ellas aplicada por analog�a:

    "Quinta �poca

    "Instancia: Segunda S.

    "Fuente: Semanario Judicial de la Federaci�n

    "Tomo: CXIII

    "P�gina: 495

    "INTERPRETACI�N DE LAS LEYES. La funci�n interpretativa del juzgador no se limita a la aplicaci�n servil e inconsulta de la letra del dispositivo legal. La interpretaci�n ha de ir a desentra�ar la intenci�n normativa del precepto, del cual la letra no es siempre la expresi�n cabal del prop�sito del legislador. De ah� que sea obligatorio para el juzgador que interprete en forma sistem�tica la totalidad del ordenamiento y que no fraccione �ste en forma que, por la aplicaci�n servil de un precepto, se violara el sistema normativo estatuido en el ordenamiento legal."

    "Octava �poca

    "Instancia: Tercera S.

    "Fuente: Semanario Judicial de la Federaci�n

    "Tomo: VII, abril de 1991

    "Tesis: 3a./J. 18/91

    "P�gina: 24

    "LEYES FISCALES. LA INTERPRETACI�N SISTEM�TICA DE SUS NORMAS NO CONTRAVIENE LOS PRINCIPIOS DE INTERPRETACI�N Y APLICACI�N ESTRICTA Y DE LEGALIDAD QUE RIGEN EN DICHA MATERIA. Si bien es cierto que la interpretaci�n y aplicaci�n de las normas impositivas es estricta, tambi�n es cierto que resultar�a imposible interpretar cada precepto consider�ndolo fuera del contexto normativo del que forma parte, ya que de ser as�, cualquier intento estricto de interpretaci�n resultar�a infructuoso para determinar el sentido y alcance de las normas. Toda norma requiere de una interpretaci�n, aunque sea literal, sin importar su rango, ya sea constitucional, legal, reglamentario, contractual o de cualquier otra �ndole, y un principio de hermen�utica obliga a interpretar los preceptos jur�dicos en funci�n a los dem�s que integran el ordenamiento al que pertenecen, y en funci�n a los dem�s ordenamientos que integran un determinado r�gimen jur�dico; sin que ello implique que en materia impositiva una interpretaci�n estricta pero al fin y al cabo interpretaci�n, vaya a obligar al sujeto pasivo de la norma tributaria al pago de contribuciones no establecidas en las leyes fiscales. En consecuencia, interrelacionar las normas de manera sistem�tica no viola el principio de interpretaci�n y aplicaci�n estricta que rige la materia fiscal, ni el principio de legalidad que prevalece en dicha materia, de acuerdo con el art�culo 31, fracci�n IV, constitucional."

    Siguiendo esta forma de interpretaci�n progresiva y sistem�tica, debe decirse lo siguiente.

    El precepto de cuya ex�gesis se trata se ubica en un t�tulo tanto independiente como posterior al que bajo el rubro "Derecho procesal del trabajo", agrupa, inclusive, los cap�tulos relativos a los diversos procedimientos susceptibles de tramitarse ante la jurisdicci�n laboral, entre ellos, el procedimiento ordinario ante las Juntas de Conciliaci�n y Arbitraje, como el que se promovi� en cada uno de los juicios laborales de los que derivaron ulteriormente los asuntos implicados en esta contradicci�n de tesis.

    As�, atendiendo al contexto en el que se inserta el precepto controvertido, ya transcurrieron y se agotaron todas las etapas previstas en la Ley Federal del Trabajo que conforman dicho procedimiento o v�a ordinaria, a saber: audiencia de conciliaci�n, demanda y excepciones, ofrecimiento y admisi�n de pruebas (art�culo 875), alegatos (art�culo 881), discusi�n y votaci�n del proyecto del laudo (art�culos 887 y 888), aprobaci�n y engrose de �ste (art�culos 889 y 890), fases todas que la doctrina procesal ha admitido conforman en estricto sentido el procedimiento de conocimiento.

    De todas estas fases inherentes a la etapa cognoscitiva del juicio, la relativa a la demanda introduce o abre la instancia, en ella el actor expresar� los hechos en que funde sus peticiones (art�culo 872), la cual podr� ratificar o modificar en la audiencia relativa, precisando los puntos petitorios (art�culo 878, fracci�n II).

    A la demanda y su exposici�n le sigue la contestaci�n de la parte enjuiciada (art�culo 878, fracci�n IV) con la cual se complementa y cierra la litis.

    Por tanto, si el art�culo 951, fracci�n VI, de la Ley Federal del Trabajo se ubica varios cap�tulos despu�s de los que regulan la fase expositiva del juicio laboral dentro de los que quedaron comprendidas las etapas de demanda y excepciones (d�gase tambi�n contestaci�n) con las que se cerr� la litis, es palmario que cuando dicho precepto dispone que el actuario embargar� bienes para garantizar los intereses de la condena, no est� autorizando que bajo sus prescripciones puedan demandarse �stos en el juicio, pues ello ya no es posible ni oportuno en la fase de ejecuci�n, en virtud de que la litis ya qued� planteada y resuelta, de modo que dicho numeral tiende s�lo a lograr la efectividad del laudo que se ocup� precisamente de decidir las cuestiones litigiosas deducidas oportunamente en el juicio.

    Si bien la Ley Federal del Trabajo otorga a la clase trabajadora derecho de acci�n paraacudir ante la jurisdicci�n laboral, sin embargo, en el dispositivo de cuya ex�gesis se trata no prev� el pago de intereses sobre las prestaciones laborales deducidas en juicio, de modo que ese precepto no da sustento jur�dico a esa pretensi�n.

    Cuesti�n distinta es que ya en el periodo de ejecuci�n del laudo, en t�rminos de la fracci�n VI del art�culo 951 de la Ley Federal del Trabajo que se viene acotando, ante la falta: a) De cumplimiento del laudo dentro de las setenta y dos horas siguientes a la en que surta efectos su notificaci�n; y, b) Del pago requerido, el actuario deba proceder al embargo de los bienes necesarios para garantizar, entre otras cosas, el monto de los intereses de la condena, pues considerando la fase del procedimiento en que se ubica tal disposici�n, una vez superadas y concluidas todas las etapas previas de la contienda donde se definieron los derechos litigiosos, debe entenderse que esos intereses son los que se generan por la ejecuci�n tard�a del laudo, en virtud de que tal dispositivo se inserta, precisamente, dentro de las reglas que prev�n el sistema de ejecuci�n de los laudos.

    Tal conclusi�n se funda, adem�s, en el hecho de que el art�culo 945 de la Ley Federal del Trabajo s�lo dispone, en lo conducente, que los laudos deben cumplirse dentro de las setenta y dos horas siguientes a la en que surta efectos su notificaci�n, pero no establece que aun cumpli�ndose dentro de dicho t�rmino deban pagarse adem�s los intereses generados por la condena o cualesquiera otra prestaci�n o gasto, como s� lo hace el precepto en estudio, lo que implica que si la parte condenada cumple dentro del t�rmino concedido por aquel precepto, s�lo debe acatar lo que le manda u ordena el laudo, sin accesorio o prestaci�n adicional alguna, como los intereses apuntados.

    En cambio, si el laudo no se acata en ese t�rmino, habr� lugar a su ejecuci�n forzosa, caso en que el art�culo 944 de la Ley Federal del Trabajo establece categ�ricamente que los gastos que se originen con ese motivo, ser�n a cargo de la parte que no cumpla, precepto en el cual subyace un principio de responsabilidad pecuniaria de la parte morosa.

    Por eso, se afirma que los intereses a los que se refiere la fracci�n VI del art�culo 951 de la Ley Federal del Trabajo, son los que se generen con motivo de la ejecuci�n tard�a del laudo, en el entendido de que s�lo habr� lugar a su pago cuando la parte obligada sea el patr�n y no el trabajador, ya que en relaci�n con �ste existen normas protectoras y privilegios, tales como el art�culo 111 de la Ley Federal del Trabajo, conforme al cual las deudas contra�das por los trabajadores con sus patrones, en ning�n caso devengar�n intereses.

    Esta interpretaci�n es acorde con los principios entronizados por los art�culos 2o. y 18 de la Ley Federal del Trabajo, conforme a los cuales las normas laborales tienden a conseguir el equilibrio, as� como la justicia social en las relaciones trabajadores-patrones y en su interpretaci�n se tomar� en cuenta esa finalidad, prevaleciendo siempre la m�s favorable al trabajador.

    En este sentido, es m�s favorable al operario, quien generalmente para subsistir s�lo dispone de su fuerza de trabajo y de los recursos materiales que �sta le genera, que el patr�n, due�o del capital y de los medios de producci�n, le pague los intereses causados por la ejecuci�n tard�a del laudo, pues s�lo de esa forma podr� ser resarcido del impacto negativo y riesgoso para su subsistencia ocasionado por la falta de cumplimiento oportuno del d�bito a cargo del patr�n.

    En esa virtud, la circunstancia de que no sea procedente conforme al art�culo 951, fracci�n VI, de la Ley Federal del Trabajo, reclamar el pago de intereses sobre las prestaciones adeudadas al operario, con miras a que se dilucide su procedencia en la secuela del juicio contradictoria y establezca su condena en el laudo que decida el juicio laboral, no implica que no deban pagarse al trabajador, a prop�sito de la ejecuci�n tard�a del laudo, pues al tenor de esta exposici�n queda patentizado que el cumplimiento extempor�neo del laudo s� genera intereses, los cuales deben quedar garantizados, precisamente, con el embargo respectivo.

    Lo anterior, desde luego, no significa que en otros preceptos distintos al analizado, la Ley Federal del Trabajo no permita la posibilidad de que pueda demandarse en juicio laboral el pago de intereses.

    Tal es el caso, por ejemplo, del art�culo 145, que establece:

    "Art�culo 145. Los cr�ditos que se otorguen por el organismo que administre el Fondo Nacional de la Vivienda, estar�n cubiertos por un seguro, para los casos de incapacidad total permanente o de muerte, que libere al trabajador o a sus beneficiarios de las obligaciones, grav�menes o limitaciones de dominio a favor del citado organismo, derivadas de esos cr�ditos.

    "Para tales efectos, se entender� por incapacidad total permanente la p�rdida de facultades o aptitudes de una persona, que la imposibiliten para desempe�ar cualquier trabajo por el resto de su vida, cualquiera que sea la naturaleza del riesgo que la haya producido.

    "Trat�ndose de los casos de incapacidad parcial permanente, cuando �sta sea del 50% o m�s, o invalidez definitiva, se liberar� al trabajador acreditado del adeudo, los grav�menes o limitaciones de dominio a favor del instituto, siempre y cuando no sea sujeto de una nueva relaci�n de trabajo por un periodo m�nimo de dos a�os, lapso durante el cual gozar� de una pr�rroga sin causa de intereses, para el pago de su cr�dito. La existencia de cualquiera de estos supuestos deber� comprobarse ante el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, dentro del mes siguiente a la fecha en que se determinen. ..."

    Conforme a este precepto, trat�ndose de los casos de incapacidad parcial permanente, cuando �sta sea del cincuenta por ciento o m�s, o invalidez definitiva, se liberar� al trabajador acreditado del adeudo, los grav�menes o limitaciones de dominio que tuviera a favor del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, siempre y cuando no sea sujeto de una nueva relaci�n de trabajo por un periodo m�nimo de dos a�os, lapso durante el cual gozar� de una pr�rroga sin causa de intereses para el pago de su cr�dito, lo cual constituye una norma protectora para el trabajador que se coloque en alguna de esas hip�tesis.

    Pero, en contrapartida, el trabajador incapacitado o inv�lido que teniendo adeudos pendientes con el instituto sea sujeto de una nueva relaci�n laboral, pagar� intereses sobre su cr�dito, despu�s de transcurridos dos a�os de la nueva contrataci�n, de donde deriva que en este supuesto normativo ser� procedente el pago de esos r�ditos y la falta de �ste otorgar�a acci�n al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores como acreedor, para demandarlos en juicio contradictorio.

    En otro caso, el art�culo 985 de la Ley Federal del Trabajo dispone:

    "Art�culo 985. Cuando la Secretar�a de Hacienda y Cr�dito P�blico, sin haber mediado objeci�n de los trabajadores, modifique el ingreso global gravable declarado por el causante, y �ste haya impugnado dicha resoluci�n, podr� solicitar a la Junta de Conciliaci�n y Arbitraje, dentro de los 3 d�as siguientes al recibo de la notificaci�n, la suspensi�n del reparto adicional de utilidades a los trabajadores, para lo cual adjuntar�:

    "I. La garant�a que otorgue en favor de los trabajadores que ser� por:

    "a) La cantidad adicional a repartir a los trabajadores.

    "b) Los intereses legales computados por un a�o.

    "II. Copia de la resoluci�n dictada por la Secretar�a de Hacienda y Cr�dito P�blico."

    En un hipot�tico ejemplo derivado de este precepto, si el patr�n conforme a dicho numeral solicitara la suspensi�n del reparto adicional de utilidades sin garantizar los intereses legales respectivos, desde luego que los trabajadores tendr�an acci�n para solicitar no s�lo esa garant�a, sino tambi�n para ejecutarla en su oportunidad, en cuyo caso, el pago de tales intereses podr�a ser demandado en juicio.

    La alusi�n a estos preceptos, que -aclarado sea- no fueron materia de la litis en los juicios laborales de origen y, por ende, no suscitan controversia judicial sobre su interpretaci�n, s�lo tiene la finalidad de demostrar que en otros preceptos diversos a la fracci�n VI del art�culo 951, que s� es materia de esta contradicci�n de criterios, la Ley Federal del Trabajo prev� el pago de intereses, derivando as� la posibilidad de demandar su pago en juicio, a t�tulo de pretensi�n litigiosa, respecto de la que debe existir pronunciamiento en el laudo respectivo.

    As�, para determinar la procedencia del pago de intereses como prestaci�n reclamada en un juicio laboral, habr� de atenderse indefectiblemente a lo que determine la ley respecto de las pretensiones deducidas en los casos concretos.

    Con independencia de ello, es importante reconocer que en el �ltimo precepto transcrito, el legislador eligi� los intereses legales. Si se considera que la Ley Federal del Trabajo, en su esencia de norma protectora de una clase social d�bil, establece derechos m�nimos a favor de los trabajadores que pueden mejorarse o ampliarse, entonces habr� de concluirse que los intereses a aplicar ser�n, por lo menos, los legales, que en t�rminos del art�culo 2395 del C�digo Civil son del nueve por ciento anual.

    En estrecha vinculaci�n con lo anterior, cabe decir que trat�ndose de convenios en los que tiene un papel preponderante la voluntad de las partes, quienes en uso de la libertad que les asiste para determinar el contenido de ese acto jur�dico, �stas pueden determinar pago alguno de intereses, con las �nicas limitantes de que no sean inferiores a los legales y, como ya se dijo precedentemente, pero conviene reiterar, jam�s se establezcan a cargo de la parte trabajadora.

    Todav�a m�s, para reafirmar el criterio aqu� postulado, es pertinente acudir a otras materias que el legislador seleccion� para desarrollar con mayor amplitud la figura en an�lisis, concretamente la civil, lo cual permitir� comprender mejor su naturaleza jur�dica y entenderla como un principio general del derecho que como tal puede tambi�n ser v�lido en la materia laboral.

    En esta l�nea de pensamiento, cabe decir que los art�culos 2104, fracci�n I y 2105, primer p�rrafo, del C�digo Civil para el Distrito Federal, ubicados en el cap�tulo I denominado "Consecuencias del incumplimiento de las obligaciones", que a su vez forma parte del t�tulo cuarto que lleva por rubro "Incumplimiento de las obligaciones", establecen respectivamente:

    "Art�culo 2104. El que estuviere obligado a prestar un hecho y dejare de prestarlo o no lo prestare conforme a lo convenido, ser� responsable de los da�os y perjuicios en los t�rminos siguientes:

    "I. Si la obligaci�n fuere a plazo, comenzar� la responsabilidad desde el vencimiento de �ste."

    Art�culo 2105. En las obligaciones de dar que tengan plazo fijo, se observar� lo dispuesto en la fracci�n I del art�culo anterior.

    De estos preceptos deriva un deber fundamental a cargo del obligado que incurre en mora o retardo en el cumplimiento de una obligaci�n.

    Efectivamente, quien tiene a su cargo una obligaci�n de dar, como lo ser�a por ejemplo entregar una suma de dinero, pero no lo hace y fenece el plazo con que contaba para ello, a partir de su vencimiento es responsable de los da�os y perjuicios causados.

    Al interpretar dichos numerales de la legislaci�n com�n, en la doctrina civilista mexicana, concretamente el ahora extinto Ministro de este Alto Tribunal, don R.R.V., se�al� lo siguiente:

    "Cuando el deudor no paga y la obligaci�n se hace exigible por tener un plazo determinado, o bien porque se cumplan los requisitos legales para ello, se incurre en mora, que tiene en el derecho las siguientes consecuencias: 1a. Exigir el cumplimiento exacto de la prestaci�n no cumplida, con el pago, en su caso, de la indemnizaci�n moratoria, que comprende los da�os y perjuicios que sufra el acreedor por el simple retardo en el cumplimiento de la obligaci�n ... Cuando el deudor incurre en mora, da derecho al acreedor a exigirle el pago de una indemnizaci�n ... moratoria por el retardo en el pago ... Las principales consecuencias de la mora son las siguientes: a) Constituye al deudor en responsable de los da�os y perjuicios, pues...los art�culos 2104 y 2105, lo obligan a pagar dichas prestaciones bien sea desde el vencimiento del plazo o a partir del momento en que la deuda se haga exigible.", R.R.V.. Compendio de Derecho Civil, tomo III, Teor�a General de las Obligaciones. M�xico, editorial P.�a, 1983, d�cima segunda edici�n aumentada, p�ginas 351 y 355.

    En la doctrina extranjera se han expresado ideas afines a las anteriores, como se ilustra a continuaci�n:

    "... no habiendo podido tener el acreedor el objeto de la obligaci�n, se repara el perjuicio que ha sufrido mediante una suma de dinero, llamada indemnizaci�n de da�os y perjuicios. Se distinguen dos categor�as de da�os y perjuicios: los moratorios y los compensatorios. El objeto de los primeros es reparar las consecuencias perjudiciales de un retardo en el incumplimiento (sic) (debe decir cumplimiento) de las obligaciones. Los da�os y perjuicios compensatorios se refieren a las consecuencias perjudiciales de un incumplimiento definitivo de la obligaci�n...", J.B.. Tratado Elemental de Derecho Civil. Biblioteca Cl�sicos del Derecho, volumen 1. T.�n del t�tulo original en franc�s Trait� �l�mentaire du Droit Civile a cargo de E.F.A.. M�xico, editorial H., Sociedad An�nima de Capital Variable, 1997, p�gina 891.

    Luego, en la materia com�n, quien incurre en mora en el cumplimiento de una obligaci�n por no prestarla dentro del t�rmino que la ley le concede para ello, se encuentra obligado a resarcir al acreedor, pues debe pagarle una indemnizaci�n moratoria que lo restituya de los da�os y perjuicios ocasionados.

    Si se traslada este principio a la materia laboral, se reforzar� la conclusi�n previamente apuntada en el sentido de que los intereses a los que se refiere el art�culo 951, fracci�n VI, tienen la funci�n y naturaleza de resarcir al trabajador, con motivo del retardo en el cumplimiento del laudo.

    As�, este principio fundamental del cap�tulo de las obligaciones civiles opera de manera similar en el derecho laboral.

    Inclusive, esta noci�n es acorde con la teleolog�a de las reformas a la Ley Federal del Trabajo del a�o de mil novecientos ochenta, de la que deriv� el precepto que se ha venido interpretando, pues en la exposici�n de motivos de la iniciativa presidencial, de veintiuno de diciembre de mil novecientos setenta y nueve, se expuso lo siguiente:

    "En el t�tulo quince de la Ley Federal del Trabajo se encuentran las disposiciones relativas a los procedimientos de ejecuci�n. Su art�culo forma parte del Derecho Procesal del Trabajo y regula el ejercicio de la facultad del Estado de hacer cumplir las resoluciones emanadas de los tribunales laborales, cuando los obligados por ellas se nieguen a cumplirlas espont�neamente. Tambi�n se aplican estas normas a los laudos arbitrales, a los convenios celebrados ante las Juntas y a las resoluciones dictadas en los conflictos colectivos de naturaleza econ�mica que, contemplado desde el punto de vista legal, no difieren de las dem�s decisiones de los tribunales laborales.

    "Las disposiciones generales en materia de procedimiento de ejecuci�n, no difieren sustancialmente de las vigentes, aun cuando se introducen en �l algunas modificaciones y ajustes, as� como la supresi�n del actual art�culo 844, por estimar que el mecanismo que establece, usual en el derecho procesal, se encuentra suficientemente regulado en la ley.

    En el procedimiento de embargo, de la misma manera que en el texto vigente, se cuida que las normas concuerden con los principios generales sobre embargos y remates, contenidos en diversas leyes procesales y que derivan de la doctrina y de las interpretaciones jurisprudenciales; se da a la ejecuci�n de las resoluciones laborales la mayor celeridad posible, para evitar que los trabajadores favorecidos por el laudo, tengan que esperar un largo tiempo para recibir las prestaciones que derivaron de su desempe�o, o la compensaci�n por los perjuicios que les causaron los hechos fundamento de su acci�n ...

    De la exposici�n de motivos en la parte acotada, se advierte que el legislador, al regular el embargo en materia laboral, cuid� que tales normas concordaran con los principios generales sobre embargos y remates contenidos en diversas leyes procesales, as� como aquellos que derivaran de la doctrina y de las interpretaciones jurisprudenciales, con miras a dar la mayor celeridad posible a la ejecuci�n de los laudos para evitar que los trabajadores favorecidos por el laudo tengan que esperar un largo tiempo para recibir las prestaciones que derivaron de su desempe�o, o la compensaci�n por los perjuicios que les causaron los hechos fundamento de su acci�n.

    De esta manera, la teleolog�a de las disposiciones laborales en materia de embargo, es compatible, por disposici�n expresa de la propia iniciativa legal, con los principios generales contenidos en las diversas leyes que lo prev�n, como es el caso del derecho com�n, respecto del que, se ha visto, opera igual en el derecho laboral el principio obligacional del pago de intereses, a t�tulo de indemnizaci�n o resarcimiento, con motivo de la falta oportuna del cumplimiento de un deber jur�dico, como el que deriva de la condena impuesta en un laudo.

    Conocer la ratio legis del precepto en an�lisis, permite tener un acercamiento a los valores que el legislador pretendi� salvaguardar, mismos que se erigieron sobre la premisa de que las disposiciones relativas a los embargos laborales concordaran con los principios generales ya aceptados, tanto en el derecho como en la doctrina, lo que adem�s de ser conveniente para reforzar el criterio que aqu� se postula, se encuentra autorizado por la tesis plenaria n�mero P.X., de rubro y tenor siguientes:

    "Novena �poca

    "Instancia: Pleno

    "Fuente: Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta

    "Tomo: VII, abril de 1998

    "Tesis: P.X.

    "P�gina: 117

    "INTERPRETACI�N DE LA CONSTITUCI�N. ANTE LA OSCURIDAD O INSUFICIENCIA DE SU LETRA DEBE ACUDIRSE A LOS MECANISMOS QUE PERMITAN CONOCER LOS VALORES O INSTITUCIONES QUE SE PRETENDIERON SALVAGUARDAR POR EL CONSTITUYENTE O EL PODER REVISOR. El propio art�culo 14 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos autoriza, frente a la insuficiencia u oscuridad de la letra de la ley, utilizar mecanismos de interpretaci�n jur�dica. Al desentra�ar el sentido y alcance de un mandato constitucional deben privilegiarse aquellos que permitan conocer los valores o instituciones que se quisieron salvaguardar por el Constituyente o el Poder Revisor. As�, el m�todo gen�tico-teleol�gico permite, al analizar la exposici�n de motivos de determinada iniciativa de reforma constitucional, los dict�menes de las Comisiones del Congreso de la Uni�n y el propio debate, descubrir las causas que generaron determinada enmienda al C�digo Pol�tico, as� como la finalidad de su inclusi�n, lo que constituye un m�todo que puede utilizarse al analizar un art�culo de la Constituci�n, ya que en ella se cristalizan los m�s altos principios y valores de la vida democr�tica y republicana reconocidos en nuestro sistema jur�dico."

    Por tanto, como resultado racional de las interpretaciones literal, hist�rica-tradicional e hist�rica-progresiva, sistem�tica, comparada y gen�tico-teleol�gica del art�culo 951, fracci�n VI, de la Ley Federal del Trabajo, no queda sino concluir que los intereses legales que deben quedar garantizados con el embargo efectuado por el actuario adscrito a la Junta responsable no son otros, sino los que deriven de la ejecuci�n tard�a del laudo, esto es,cuando se cumple fuera del t�rmino de setenta y dos horas siguientes a la en que surta efectos su notificaci�n y que dicho precepto no concede acci�n para reclamarlos como prestaci�n en el juicio laboral, con la pretensi�n de obtener una condena en el laudo que resuelva un conflicto de intereses.

    Con apoyo en las anteriores consideraciones, esta Segunda S. determina que debe prevalecer con el car�cter de jurisprudencia la tesis que a continuaci�n se redacta:

    LAUDO. LOS INTERESES A QUE SE REFIERE EL ART�CULO 951, F.V., DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, SON LOS QUE DERIVAN DE LA EJECUCI�N TARD�A DE AQU�L, AUNQUE TAL PRECEPTO NO CONCEDE ACCI�N PARA DEMANDARLOS.-La interpretaci�n del citado precepto permite establecer que los intereses que deben garantizarse en el embargo ordenado por la Junta de Conciliaci�n y Arbitraje, cuando el patr�n no efect�e el pago de las prestaciones a que fue condenado, son aquellos que deriven de la ejecuci�n tard�a del laudo, esto es, cuando no lo cumpla voluntariamente dentro de las setenta y dos horas siguientes a la en que surta efectos su notificaci�n. Ahora bien, el hecho de que el art�culo 951, fracci�n VI, de la Ley Federal del Trabajo no conceda acci�n para reclamarlos como prestaci�n en el juicio laboral y obtener una condena a su pago en el laudo que decida el litigio, no significa que tales intereses se encuentran proscritos por la ley en otros supuestos, de modo que habr� de atenderse a lo que dicha legislaci�n establezca en cada caso con relaci�n a las prestaciones espec�ficas que se reclamen, as� como a los acuerdos o convenios de las partes en los que tiene un lugar preponderante su voluntad, quienes en uso de la libertad que les asiste para determinar el contenido de estos actos jur�dicos, pueden acordar el pago de intereses, con las limitantes legales, ya que a favor del trabajador existen dispositivos protectores como el que establece, entre otros, el art�culo 111 de esa ley.

    Por lo expuesto, fundado y con apoyo en el art�culo 197-A de la Ley de Amparo, se

    resuelve:

PRIMERO

Existe la contradicci�n de tesis entre los criterios sustentados por los Tribunales Colegiados Primero en Materias Administrativa y de Trabajo del S�ptimo Circuito, el anterior Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, actualmente Primero en Materia Civil de ese circuito y el antes Tercer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, en la actualidad Tercero en Materia de Trabajo de esa demarcaci�n territorial.

SEGUNDO

Debe prevalecer con car�cter de jurisprudencia la tesis establecida por esta Segunda S. en el considerando s�ptimo de esta resoluci�n.

N.�quese; rem�tase la tesis jurisprudencial aprobada por esta Segunda S. al Pleno y a la Primera S. de esta Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, a los Tribunales Colegiados de Circuito que no intervinieron en la contradicci�n y al Semanario Judicial de la Federaci�n para su correspondiente publicaci�n, env�ese testimonio de la presente resoluci�n a los Tribunales Colegiados de Circuito que intervinieron en esta contradicci�n y, en su oportunidad, arch�vese este expediente como asunto concluido.

As� lo resolvi� la Segunda S. de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, por unanimidad de cuatro votos de los se�ores Ministros: G.D.G.�ngora P., S.S.A.A., G.I.O.M. y presidente J.D.R.. Ausente la se�ora M.M.B.L.R., por atender comisi�n oficial. Fue ponente el se�or Ministro Juan D�az R..